Nueva época, No. 67
Guatemala, agosto de 2008
Dos miradas sobre la reforma fiscal
INTRODUCCIÓN
L
a cuestión fiscal es uno de los temas nacionales cuya sola mención provoca inmediatamente reacciones contradictorias, opuestas, frecuentemente ideologizadas. Similar cuestión ocurre, por ejemplo, con la mención de la problemática agraria. En ambos casos, aunque son temas de diferente nivel y tratamiento, se revela su complejidad, por la trama de intereses económicos y políticos que se ponen en juego. El tema de si los funcionarios recién electos para la nueva gestión gubernamental, tienen o no los fondos suficientes para la inversión en bienes y servicios, es recurrente al inicio de cada ciclo gubernativo. En cada nuevo gobierno nos encontramos con la misma preocupación de los funcionarios de turno, el mismo discurso se repite: la capacidad de disponer recursos públicos para realizar obras depende de la cantidad de ingresos que llegue a recaudar el Estado y esto, a su vez depende
de muchos factores como la estructura de los impuestos, las formas de recaudación, la falta de cultura tributaria, la ineficiencia y la corrupción en la administración del gasto público, y otros argumentos que se esgrimen, según el caso y la fuente. En ese orden de cosas, cada nuevo gobierno ensaya diversas propuestas para incrementar la recaudación fiscal. Aunque hay antecedentes, podemos decir que desde los Acuerdos de paz se ha insistido en la necesidad de realizar modificaciones profundas en la estructura tributaria del país, teniendo como referencia la búsqueda de la equidad socioeconómica, la reducción de la pobreza y de la exclusión social. Por ello, en su momento, diversos sectores sociales confluyeron en identificar a las grandes asimetrías económicas y sociales como las responsables
de la situación de pobreza y del alarmante rezago en el desarrollo humano y social del país. Esta confluencia de ideas hizo posible el esfuerzo societario que se cristalizó en el Pacto Fiscal durante el gobierno de Alfonso Portillo. Éste, a pesar del esfuerzo de construcción social realizado por los diferentes actores y sectores sociales, no pudo aplicarse, quedó simplemente como un referente. Posteriormente se recurrió a las tradicionales medidas de pequeñas e insustanciales reformas o ajustes a la legislación tributaria, tal el caso de poner o de quitar algunos impuestos. La administración Colom/Espada ha planteado una Reforma Fiscal que trasciende esos parches, a partir de tomar en cuenta a los Acuerdos de Paz y el espíritu del Pacto Fiscal. El Gobierno ha acogido la propuesta elaborada por la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz la que, en síntesis, plantea entre otras las siguientes acciones.1 Sustituir en su totalidad a la Ley del Impuestos Sobre la Renta (ISR), cambios a la Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) y la de los de vehículos, entre otros. Se afectará los ingresos de las empresas, rentas de capital y los dividendos de empresas y personas. En los próximos cuatro años se eliminará la deducción del IVA de los empleados en relación de dependencia, que ganen más de Q3 mil al mes. Siempre quedarán exentos el bono 14 y el aguinaldo. El ISR para empresas disminuirá del 31% al 25 %, y de forma paralela se gravará la distribución de dividendos, con tasas de 5% a 10% en los próximos años. Se eliminarán los aranceles a la importación de vehículos. En su lugar se pagará un derecho a matrícula nueva, por lo que se pagará el impuesto, sin tomar en cuenta el precio del automóvil importado.
Más democracia, mejor política fiscal Fernando Carrera Castro*
La democracia es la necesidad de inclinarse de cuando en cuando ante la opinión de los demás. Winston Churchill
L
a Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Paz y el gobierno del presidente Álvaro Colom han propuesto una iniciativa denominada “Modernización Fiscal”, cuya arista más visible y debatida ha sido un proyecto de cambios en las reglas de tributación. En la base de la justificación de la propuesta, se encuentra la necesidad de alcanzar una meta de carga tributaria de 13% del PIB, correspondiente a los objetivos trazados en los Acuerdos de Paz (ratificados posteriormente en el proceso del Pacto Fiscal) así como garantizar el financiamiento para los temas prioritarios en la agenda del Gobierno. * Director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Licenciado en ciencias económicas por la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene una maestría en economía y políticas de desarrollo de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
FLACSO-Guatemala, con el propósito de contribuir
al conocimiento, difusión y debate sobre esta nueva propuesta de Reforma Fiscal, consideró importante dedicar este número de diálogo al tema. Para ello, invitó a colaborar a dos distinguidos especialistas, Fernando Carrera Castro, director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) quien presenta una colaboración titulada “ Más democracia, mejor Política Fiscal”, y Wilson Romero, director del Instituto de investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar (IDIESURL) quien nos ofrece el artículo titulado “ De los Acuerdos de Paz a la Reforma Fiscal”. Como los lectores y lectoras notarán, las perspectivas analíticas son diferentes, pero después de leer y discutirlas la visión global sobre tan delicado tema se enriquece. 1
Tomado de “Difunden iniciativa del Pacto Fiscal”, Prensa Libre, 10 de junio de 2008.
Publicación mensual de FLACSO-Guatemala y elPeriódico Secretario general de FLACSO Francisco Rojas Aravena San José, Costa Rica CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Virgilio Álvarez Aragón- director Oscar López / Santiago Bastos/Marcel Arévalo Claudia Donis / Paola Ortiz/ Virgilio Reyes / Simona V. Yagenova Edgar F. Montúfar Corrección: Mario Maldonado Coordinación y diagramación: Hugo de León P.
Tel. PBX (502) 24147444 Fax: (502) 24147440 Correo electrónico: flacsoguate@flacso.edu.gt Página web: http://www.flacso.edu.gt Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero de ASDI/SAREC LAS
IDEAS EXPRESADAS EN ESTA PUBLICACIÓN NO NECESARIAMENTE SON COMPARTIDAS POR
FLACSO-GUATEMALA
Y SU PATROCINADOR
30,000 ejemplares 2/ No. 67, agosto de 2008
Frente a esta propuesta, ha salido una oposición que articula tres voces de un mismo cuerpo: las expresiones organizadas del empresariado, la opinión editorial de los medios de comunicación y el criterio de analistas económicos cercanos a los intereses corporativos. Por tanto, la oposición está representada principalmente por el empresariado e intelectuales cercanos a sus intereses. Y el resto de ciudadanos ¿qué pensamos? Tomando en consideración la nula expresión de las universidades, las Iglesias, los centros de investigación no articulados al empresariado, los grupos de derechos humanos, los movimientos comunitarios, los sindicatos del sector público, y las expresiones organizadas de los campesinos y los indígenas, podemos decir con certeza que nuestra opinión es desconocida tanto por el Gobierno como por el empresariado. Esto es lamentable, ya que, en la práctica, el silencio ciudadano ha provocado que el diálogo fiscal vuelva al punto dónde se encontraba hace diez años, antes del fallido proceso del Pacto Fiscal: una conversación de élites de gobierno y empresarios. En esa conversación de élites, la política fiscal ha perdido mucho. Para empezar, nuevamente se discute la fiscalidad sin una perspectiva integral que articule los desafíos de la tributación con la compleja tarea de asegurar equidad, efectividad y transparencia del gasto público. Si bien algunos sectores empresariales han procurado retomar el tema de la calidad del gasto, pareciera que esto es sólo una cortina de humo para evadir el tema de la necesaria reforma tributaria, particularmente en relación con el Impuesto sobre la Renta. Sin integralidad, es difícil responder para qué se desea incrementar la recaudación tributaria, cómo podemos hacer más transparente y efectivo el gasto o qué mecanismos de financiamiento complementario vamos a buscar para poder alcanzar metas estratégicas de inversión pública como, por lo menos, 5% del PIB para educación, o 3% para salud y nutrición (metas inalcanzables con sólo incrementar la carga tributaria a 13%). Además, se ha perdido visión de largo plazo. Tal parece que las medidas tributarias demuestran su bondad o perjuicio en razón de sus implicaciones de corto plazo. Esto es particularmente cierto para el sector privado, que ha demandado el retiro de la propuesta dado el posible impacto recesivo que conllevaría aplicarla en el contexto actual de alta inflación y desaceleración económica. El Gobierno ha presentado una contrapropuesta que plantea una entrada gradual de las medidas a partir de 2009, pero la coyuntura económica parece continuar siendo la manzana de la discordia. Los ciudadanos, sin embargo, deberíamos hacernos algunas preguntas estratégicas: ¿cómo podemos garantizar un financiamiento adecuado y sostenible para prioridades fundamentales de desarrollo en el siglo XXI, tales como acceso universal a una educación pública de calidad hasta los 18 años de edad; seguridad ciudadana suficiente para, como mínimo, garantizar el derecho a la vida; eliminación del hambre y la desnutrición crónica; o la construcción de un sistema de salud universal basado en un enfoque preventivo? ¿Y, cómo debemos hacerlo en un contexto de alta inflación y desaceleración económica que empobrece aún más a los ya excluidos, incrementando los riesgos nutricionales, de salud y de abandono temprano del sistema educativo? También: la política fiscal ha perdido su fundamento democrático. La Democracia orienta las finanzas públicas hacia el bien común, pero los diálogos elitistas lo hacen hacia los intereses creados de grupos (muchas veces minoritarios). Un debate a puertas cerradas, sin participación ciudadana, es un debate limitado, en el que las preocupaciones del ciudadano común se encuentran pobremente representadas (preocupaciones tales como la inseguridad en la colonia y en los buses; alimentos caros y nutrición inadecuada; mala calidad de los servicios de transporte; escuelas inseguras y muy limitadas en recursos; servicios de salud caros y de mala calidad; y dificultad para asegurar la propiedad de los pocos bienes que se tienen).
(
La modernización fiscal debe ser, por el contrario, un programa integral que: (i) establezca prioridades de gasto para los siguientes cuatro años de gobierno; (ii) organice una estricta disciplina presupuestaria en torno de esas prioridades; (iii) defina mecanismos para asegurar una mayor transparencia, evaluación y efectividad en las finanzas públicas; y (iv) discuta mecanismos de financiamiento más equitativos y más costoefectivos (tales como la reforma integral al Impuesto sobre la Renta; o estrategias de financiamiento externo de bajo costo como Petrocaribe) que permitan un manejo sostenible y responsable de las finanzas públicas. No abordar de manera integral la política fiscal genera dudas sobre la efectividad global de las finanzas públicas en un contexto en que necesitamos aprovechar de la mejor manera posible tanto el gasto como el financiamiento disponible. Debemos actuar responsablemente como país y enfrentar los desafíos históricos de la política fiscal con la profundidad y complejidad que se requiere.
Es estratégico priorizar Un diálogo fiscal estratégico debe significar un diálogo para priorizar los qués y los cómos de las finanzas públicas para los siguientes cuatro años. En relación con los qués, no cabe duda que ninguna propuesta estratégica puede ignorar la necesidad de invertir decididamente en seguridad, educación y nutrición, sobretodo en tiempos de dificultades económicas y crecientes amenazas a la vida para las familias guatemaltecas. En cuanto a la seguridad, debemos dirigir los recursos públicos a un resultado muy concreto: acabar con la impunidad en homicidios y
Los bueyes adelante, la carreta atrás ¿Cómo hacer para recuperar el sentido integral, estratégico y democrático que debe tener el diálogo fiscal? Para empezar, es importante colocar los bueyes adelante y la carreta atrás. Es decir, se necesita primero discutir los qués y porqués de una política fiscal, para luego discutir los cómos. La modernización fiscal no puede ser sólo una propuesta de cambio en las reglas tributarias, ya que eso en sí mismo no moderniza ni hace más efectivas las finanzas públicas. No. 67, agosto de 2008/3
Un diálogo democrático desde el Congreso debe, además, garantizar una propuesta de modernización fiscal integral y estratégica. Los diputados deben reflexionar junto a la ciudadanía organizada sobre los qués y los cómos de las finanzas públicas en los siguientes cuatro años, así como sobre las prioridades estratégicas que deben orientar el gasto y los ingresos del Estado en el mediano plazo. Los empresarios y el Poder Ejecutivo deben ser parte activa en este diálogo. Pero las reglas de la democracia también los deben afectar a ambos. No debe crearse la expectativa de que la democracia puede obviarse cuando se trata el tema de las finanzas públicas; y que, de alguna manera, la sociedad política representada en los diputados y la sociedad civil organizada estamos sólo para refrendar los acuerdos alcanzados por la cúpula empresarial junto al gobierno. Finalmente, el diálogo democrático en torno de la política fiscal debe arrojar un resultado muy concreto para los próximos cuatro años: que los que menos tienen en la sociedad sean los principales beneficiarios de las finanzas públicas. Ya es hora de comprender que el bienestar de Guatemala depende de las oportunidades que ofrezcamos a nuestros compatriotas menos favorecidos económicamente. Sólo comprendiendo esta verdad, podremos construir verdaderamente una Guatemala con menos pobreza, más educación, más nutrición y mayor seguridad.
La crisis como oportunidad para renovar espacios de diálogo y concertación amenazas de muerte. Dispersar nuestros recursos en perseguir toda clase de crímenes, pero sin poder garantizar plenamente el derecho a la vida, es un despilfarro injustificable. Por otra parte, no debemos olvidar que sólo con una mejor educación y una mejor nutrición lograremos construir las ventajas competitivas de largo plazo, que necesitamos para enfrentar la economía de la información y el conocimiento del siglo XXI, cuando tendremos que competir crecientemente en razón de la calidad de los bienes y servicios que produzcamos (calidad que depende críticamente de las inversiones hechas en el capital humano). Elevar la productividad en el largo plazo es la principal responsabilidad económica de cualquier sociedad, y los bajos niveles de educación y los deplorables índices de desnutrición son el principal lastre que nos impide cumplir con dicha responsabilidad. Igualmente, del lado de los ingresos, debemos priorizar algunos mecanismos de financiamiento, a fin de asegurar sostenibilidad y efectividad en el largo plazo para nuestras finanzas públicas, eliminando diversos tributos de difícil monitoreo y baja efectividad. En este marco, la propuesta del Gobierno de revisar el Impuesto sobre la Renta debe ser analizada responsablemente, procurando evitar que el diálogo se vea contaminado por aquellos sectores que tienen intereses creados en continuar evadiendo sus responsabilidades tributarias, aprovechándose de las imprecisiones y vacíos de nuestra legislación. Desde una perspectiva estratégica, el Impuesto sobre la Renta debe convertirse en un firme pilar de nuestro sistema tributario, que compense la menor recaudación por motivo de (i) la apertura comercial y (ii) la eliminación de pequeñas cargas que sólo encarecen el costo de cobrar tributos.
Un diálogo democrático, un diálogo desde el Congreso El Gobierno debe promover un debate amplio de sus propuestas, enviándolas al foro democrático por excelencia: el Congreso. Desde el Congreso, es posible organizar un diálogo más amplio en el que se consulte a diversos sectores de la sociedad su opinión sobre la modernización fiscal. Los diputados deben actuar como garantes del interés público, estableciendo un delicado balance entre aquellos sectores que ostentan el poder económico y aquellos que poseen únicamente el poder ciudadano de la voz y el voto. 4/ No. 67, agosto de 2008
Las altas tasas de inflación y la desaceleración económica, producto de desbalances en la economía global, deben servirnos como acicate para buscar el diálogo y no para evadirlo. En tiempos de dificultad es cuando se torna más importante mantener el espíritu de cuerpo como país, a fin de enfrentar de manera conjunta los desafíos que traen las épocas de vacas flacas. Desconocer el valor del diálogo fiscal es malo para todos: para los empresarios, que se arriesgan a reglas del juego menos estables; para el Gobierno, que puede perder legitimidad y distanciarse de la ciudadanía; para los partidos políticos representados en el Congreso, cuya función legislativa parece convertirse en un simple trámite administrativo; y para la ciudadanía en general, que cargará los costos de las propuestas sin haber asumido la responsabilidad de expresar su opinión. Hagamos del diálogo fiscal un espacio para fortalecer nuestra incipiente democracia. Actuar con este nivel de responsabilidad histórica nos será profundamente agradecido tanto por los guatemaltecos de hoy, como por los que vendrán en el siglo que recién inicia.
De los Acuerdos de Paz a la propuesta de modernización tributaria Wilson Romero Alvarado* Guatemala se encuentra ante el grave riesgo de incrementar la pobreza y la extrema pobreza y con ello llegar a situaciones de hambruna con mayor amplitud que las que se produjeron en Jocotán, Camotán y Olopa, donde, en 2001, murieron de hambre 125 personas.1 Según las nuevas cuentas nacionales, la economía nacional tuvo un crecimiento promedio del 3.3% anual en el período de 2000 a 2006;2 sin embargo, en el oriente del país y en el mismo periodo, la pobreza extrema creció 11%.3 Se podría continuar con el listado de indicadores de altas tasas de mortalidad infantil, analfabetismo, etcétera, que reflejan el drama de la pobreza y el abandono en que se encuentra un alto porcentaje de la población guatemalteca. Las razones de un empeoramiento de la situación social de las y los guatemaltecos se fundamenta, entre otras razones, por la desaceleración del crecimiento económico, el incremento de las deportaciones de los compatriotas que laboran en Estados Unidos, la reducción de las remesas que han constituido un alivio para los precarios ingresos de los hogares pobres, el impacto del incremento de los precios de los combustibles en los hogares pobres y la enorme debilidad institucional y financiera del Estado. Al hablar de debilidad financiera nos estamos refiriendo a los bajos niveles de recaudación tributaria y, como consecuencia de ello, la raquítica inversión y gasto en salud, educación, vivienda, promoción del empleo y, en general, la incapacidad de la política fiscal como instrumento de promoción del desarrollo, la expansión de las capacidades humanas y la reducción de las inequidades sociales. No es un hecho nuevo la necesidad de que el Estado cuente con recursos mínimos para el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República en materia de promoción del desarrollo. En la historia reciente, fue uno de los principales tema de los Acuerdos de Paz, en los que se enfatizan principios de política fiscal, tales como la creación de un sistema globalmente progresivo, así como la descentralización y desconcentración de la política fiscal; se establecen prioridades para el gasto social, financiamiento de los servicios públicos, infraestructura básica, y se definen líneas de acción para combatir la evasión, elusión y defraudación fiscal; también: la necesidad de evaluar y regular la excensiones tributarias, programas especiales para los grandes contribuyentec, etcétera. 4 En resumen, los Acuerdos de Paz definieron una política fiscal para la democratización, el desarrollo social participativo, la educación y capacitación, la salud, la seguridad social, la vivienda, el trabajo, la situación agraria y el desarrollo rural, en la que la recaudación tributaria no es el fin sino un instrumento de desarrollo.
*Wilson Romero, Administrador de Empresas por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Tiene una maestría y estudios de doctorado en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar (IDIES). 1 Ver “Revista Domingo”, No. 1099, Prensa Libre, 23 de junio 2002. 2 Banco de Guatemala. 14 de julio de 2008. www.banguat.gob.gt 3 INE, 2006. Según estimaciones propias con base en la ENCOVI 2006, la región tuvo un crecimiento del ingreso global de 8.2% entre 2000 y 2006. 4 Gobierno de la República y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG., Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. México, mayo 1966.
Para darle continuidad a los Acuerdos de Paz, el 25 de mayo de 2000 se firmó el Pacto Fiscal. Fue un esfuerzo que difícilmente se podrá repetir, por sus antecedentes inmediatos del proceso de negociación y firma de los Acuerdos de Paz, así como la articulación de la sociedad civil, el papel de la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, la Comisión Preparatoria del Facto Fiscal y la Misión de Verificación de las Naciones Unidad en Guatemala, MINUGUA. Para efectos de comparación con la actual reforma tributaria propuesta por el Gobierno, es importante recordar que en el Pacto Fiscal hay una visión integral que parte de una visión de Estado que se funda en el principio de justicia social y que “permite al Estado promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución del ingreso y contribuir, por medio del gasto social, a aliviar la situación de los sectores más empobrecidos.”5 Para ello se plantearon ocho grandes áreas de acción con sus respectivos principios y compromisos: 1) Balance fiscal, en el que el equilibrio entre ingresos y gastos se da, principalmente, como resultado de un aumento de la recaudación tributaria y no de una disminución del gasto público. 2) Respecto de los ingresos del Estado, el fin es obtener recursos para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz, limitando el otorgamiento de exenciones y exoneraciones que distorsionan la asignación eficiente de los recursos del Estado, la progresividad, estabilidad, certeza y simplicidad. 3) La administración financiera, para el buen cumplimiento de las obligaciones tributarias, la eficiencia y eficacia del cobro, el ataque a la economía subterránea, la evasión fiscal y la transparencia. 4) En el Pacto Fiscal, se consigna el amplio debate sobre la importancia de la calidad, transparencia y equidad del gasto público, para lo cual se requiere de prioridades claras dentro de una visión de largo plazo, progresividad de gasto público,6 en la que la inversión no puede ser inferior a 4% del PIB, transparencia e indicadores de gestión para evaluar la calidad del gasto público. 5) También en el Pacto Fiscal se abordaron las áreas de la deuda pública, la cual no debe ser sustituta de los ingresos corrientes del Estado y debe manejarse con transparencia. 6) El patrimonio púlbico referido a los derechos de la propiedad del público, el uso de los bienes del Estado en función del interés social y el adecuado registro del patrimonio nacional. 7) Un capítulo especial fue la evaluación y el control de la gestión pública dentro de una concepción de desempeño ético del funcionario, orientación de servicio a la ciudadanía, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción y a la impunidad. 8) Finalmente, se tomó en cuenta la descentralización fiscal. A partir de estos criterios que han logrado un amplio consenso, es como debe evaluarse la actual reforma presentada por el Gobierno a través del Ministerio de Finanzas. Una primera aproximación, a la luz de lo expuesto arriba y la información proporcionada por el Ministerio de Finanzas, permite afirmar que, a diferencia de los Acuerdos de Paz y el Pacto Fiscal, no puede hablarse con propiedad de una reforma de la política fiscal si no se hace, esencialmente, de una reforma tributaria. En ese sentido, la propuesta, aunque pertinente y necesaria como lo 5 Pacto Fiscal para un Futuro con Paz y Desarrollo. Guatemala, mayo de 2000. 6 “Esto significa que al tramo más bajo del nivel de ingreso, le corresponderá una mayor proporción del gasto”. Pacto Fiscal para un Futuro con Paz y Desarrollo. Guatemala, mayo de 2000. No. 67, agosto de 2008/5
veremos más adelante, es incompleta e insuficiente y, por lo tanto, tendrá un limitado impacto en la recaudación, en la promoción del desarrollo y como medio para la redistribución del ingreso, y, por ende, para la reducción de la pobreza. Aunque sí puede detener la caída de la carga tributaria y aliviar la deuda pública y el déficit fiscal. Los objetivos no dejan duda de que la prioridad es la reforma tributaria:
• •
Contribuir a lograr la reducción de la carga tributaria a 13.2%. Nueva legislación, aumentando la claridad, certeza y generalidad. • Reducir tasas y ampliar bases, estimulando el ahorro y la inversión. • Hacer que paguen quienes evaden o eluden impuestos.7 Dentro del marco de la reforma tributaria, es acertado ampliar el número de contribuyentes y el volumen de la renta imponible sin afectar a los asalariados y pequeños contribuyentes. Sin entrar al detalle de las distintas formas que adopta el impuesto sobre la renta, es correcto el conjunto de medidas para reducir la elusión fiscal y combatir los diversos mecanismos fraudulentos y de corrupción en que incurren algunas empresas. Mencionamos algunas medidas que son adecuadas: limitar y regular deducciones, tales como aceptar solamente 50% de las inversiones en vivienda, regular las depreciaciones y amortizaciones y deducir solamente los sueldos y salarios de trabajadores inscritos en el IGSS. Para la equidad y la transparencia, son correctos gravar la distribución de dividendos, las disposiciones para el control del incremento del capital no justificado y el apoyo a la detección y control de lavado de dinero y narcotráfico, así como las medidas relacionadas con el Código tributario en materia de fiscalización (permitir a la SAT obtener información necesaria para la fiscalización, la exigencia que los notarios informen el pago del IVA y timbre, y papel sellado para protocolos en contratos de sus clientes, etcétera); además: la eliminación de la planilla del IVA, ya que como está actualmente es regresiva al favorecer principalmente a las personas de altos ingresos. La reducción de la tasa impositiva del ISR de 31% a 25% es una concesión injustificada ante la insuficiencia de medidas para ampliar la renta imponible de las grandes contribuyentes. Según el Ministerio de Finanzas y el estudio preparado para el grupo promotor del diálogo sobre el Pacto Fiscal,8 en Guatemala las empresas en promedio tienen un margen de utilidades de alrededor de 26%, por lo que la propuesta del MINFIN de ajustar el límite de costos y gastos de 97 a 95% significa, sencillamente, adecuarse a la información
7 Presentación realizada por el Ministro de Finanzas a los centros e institutos de investigación. Guatemala, junio de 2008. 8 Díaz de Sarralde, Santiago, Propuesta de medidas para incrementar la recaudación en impuesto sobre la renta -ISR-, Guatemala, octubre 2007. 6/ No. 67, agosto de 2008
Foto Luis Alejandro de León Soto
que declararon las empresas sobre sus costos y gastos que restados de sus ingresos brutos dan una utilidad promedio de 4.2% (ver consecuencias en tabla 1). Asimismo, mantener el régimen optativo para las rentas de las actividades lucrativas con una tasa de 7% sobre ingresos brutos o 25% sobre renta neta permite un amplio margen de maniobra. En la tabla siguiente se puede observar que una empresa que declare 95% de costos y gastos optará por el régimen del pago del ISR sobre utilidadades de 25%. Por ejemplo: suponiendo que dicha empresa obtenga Q100.00 de ingresos brutos, su ganancia será de Q5.00 que, multiplicados por 25% de impuesto sobre utilidades, da un impuesto equivalente a 1.25% de impuesto sobre ingresos brutos. Es decir, que aquellas empresas que declaren ganancias inferiores a 28% optarán por el régimen del pago del ISR sobre utilidades, y sobre ese pequeño margen de ganancia –que el promedio se situará alrededor de 5%– pagarán 25% y no 31% como está previsto actualmente. Aún considerando que es una reforma moderada, se están escuchando voces en su contra. Los argumentos, más ideológicos que reales o verdades a medias, son los mismos: que la situación económica no es la propicia; que desestimula la inversión; que afecta el empleo y a los trabajadores; que propicia la economía informal; etcétera. A la luz de la historia económica y más concretamente fiscal, dichos planteamientos son insostenibles. En el caso de Guatemala, la tasa de inversión, la proliferación de la economía informal, el desempleo, los bajos salarios y otros problemas que padece la economía, tienen otros factores, entre de ellos los bajos niveles de tributación, que no permiten una adecuada inversión social en educación, salud, seguridad social y, en general, limitan el pleno desarrollo del país y el bienestar de las y los guatemaltecos. En resumen, la actual reforma, además de moderada, es incompleta a luz de los Acuerdos de Paz y del Pacto Fiscal; pero, lo propuesto en materia tributaria es correcto, especialmente por la posibilidad de aumentar la base imponible y atacar diversos mecanismos que se han utilizado para evadir el pago de los impuestos y, con ello, cumplir la responsabilidad social que tienen las empresas. De ahí que la propuesta realizada por el Ministerio de Finanzas constituye el techo mínimo, a partir del cual debe darse el debate para fortalecer los mecanismos que impidan que los que deben pagar más evadan su responsabilidad social de contribuir al desarrollo del país. Junto a la política tributaria, es necesario y urgente desarrollar la agenda de la inversión pública, el gasto social, la transparencia y la evaluación y control del gasto público. Sólo así se podrá evitar que haya más brotes de hambruna en el país y se profundice la exclusión, la pobreza y la extrema pobreza. Sólo así, la política fiscal podrá cumplir el mandato constituciónal de promoción del desarrollo y el bienestar social.
El Área de estudios de pobreza dio a conocer cuatro nuevas publicaciones
E
l 9 y 15 de julio, dentro del marco del Programa de formación de investigadores que ejecutó el Área de estudios de pobreza y con el apoyo del Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI), tuvo lugar la presentación de cuatro libros, correspondientes a cuatro de los mejores trabajos de investigación realizados por los becados durante dicho programa. Los cuatro libros presentados son: Entre mundos ajenos: Encuentro de percepciones de jóvenes pandilleros, ex pandilleros y acompañantes sobre la sociedad guatemalteca, de Anneliza Tobar, comentado por Mario Alfonso Bravo; La insoportable levedad del empleo: informalidad y precariedad laboral. El caso del parque “La Parroquia”, de Jorge Alberto Medina, con los comentarios de Santiago Bastos; “La Lupita” y su lucha contra la pobreza. Estudio del proceso de desarrollo socioeconómico de una comunidad de retornados de Santo Domingo Suchitepéquez, de Camlin Fuentes, estudio analizado por Luis Raúl Salvadó; Participación ciudadana y construcción de ciudadanía desde los consejos de desarrollo. El caso de Chichicastenango, de Claudia Barrientos, y que tuvo como comentarista a Luis Fernando Mack.
Calendario cultural de FLACSO-Guatemala
E
l pasado 4 de julio dio inicio el Calendario Cultural de FLACSO-GUATEMALA con el conversatorio “La contracultura como consumo”, a cargo del historiador y antropólogo Mario Palomo. En un animado debate se discutió sobre cómo, hoy en día, la lógica del mercado hace que incluso aquello que era una manera de ser “revolucionario”, es hoy una mercancía más. Aquello que pareció ser una manera “alternativa” y “rebelde” de estar en el mundo, el mercado lo ha enlatado en distintos tamaños y formas para ofrecerlo a nosotros, consumidores. El jueves 10 de julio, prosiguiendo con el calendario de actividades del Calendario Cultural, se presentó el libro “El Espejo Irreverente”, del escritor y psicólogo Raúl de la Horra. Este libro es producto de la columna sabatina de De la Horra, columna que se titula “follarismos”. En la presentación se habló de cuatro elementos que resaltan en lo que el autor ofrece a los lectores con sus mapas de la realidad sobre Guatemala; primero: el juego, el humor, la ironía, y la imaginación en esa “selva de palabras”, con la que Raúl se exhibe cada sábado. Dijo Marcela Gereda al presentar el libro: “Este conjunto de ensayos constituyen una mirada crítica, y a la vez humorística, a la sociedad guatemalteca, a cómo nos hemos construido desde lo que guardamos en los conservadurismos y en las ‘buenas consciencias’, a esa indolencia y colapso de nuestra imaginación en la que vivimos sin conocernos y vernos de frente unos con otros”. El libro de De la Horra está a la venta en la Librería de Ciencias Sociales de esta Facultad. No. 67, agosto de 2008/7
LIBRERÍA EN LÍNEA: http://www.promociencia.com
Curso “Análisis de la pobreza y la exclusión social” Segunda convocatoria a inscribirse. Último día de inscripción e inicio de clases: 7 de agosto de 2008 Más información: Vivian Gil (tel: 24147444; email: vgil@flacso.edu.gt) www.flacso.edu.gt 8/ No. 67, agosto de 2008