Diálogo 7/ Hambre… de desarrollo rural integral by FLACSO Guatemala

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO SEDE-ACADÉMICA GUATEMALA

No. 7 Tercera época Guatemala, octubre de 2009

Hambre… de desarrollo rural integral

2. L os

nudos teóricos y políticos del debate

Nos parece que podemos ubicar los nudos centrales del debate sobre el tema del hambre y la desnutrición en los cuatro tipos de elementos que a continuación se refieren, los cuales tienen tanto una dimensión teórica como política.

Hambre... de desarrollo rural integral Adrián Zapata*

1. Introducción

n un artículo periodístico que escribimos recientemente decíamos que el hambre en nuestro país, por cruel que sea decirlo, cada cierto tiempo se pone de moda. Recordábamos que hace pocos años, un conocido empresario con una tan respetable como intrascendente caridad, se fotografiaba con los niños desnutridos del oriente del país, impactado por la desnutrición que se expresaba en sus cuerpos deteriorados. Hoy, una vez más, se hacen colectas, se forman Frentes contra el * Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario, por la Universidad de San Carlos de Guatemala; maestría en políticas públicas por la Universidad Rafael Landívar; y doctor en ciencias sociales por flacso. Es Profesor titular de la Subárea de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la usac, Coordinador del Seminario de tesis de la Maestría de Desarrollo Rural de flacso-Guatemala y actualmente Director del Instituto de Investigación y Análisis de los Problemas Nacionales de la usac. Es también columnista semanal de Siglo XXI. Su última publicación es “El proceso de formación de la política pública de desarrollo rural en Guatemala, período 1996-2006, publicado por Flacso-Guatemala en 2009.

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Hambre, se lanzan campañas mediáticas, escuchándose dramáticos anuncios llamando a la solidaridad con los niños desnutridos y sus angustiadas madres. Intereses políticos contradictorios emergen en este escenario de precariedad, unos acusando a los privilegiados por su supuesta indolencia ante el sufrimiento de los pobres, y otros señalando la incapacidad de quienes gobiernan y la ineficacia de sus políticas. Las discusiones se instalan, abriéndose debates que difícilmente trascienden el ámbito intelectual de quienes en ellos participamos, reivindicando conceptos, haciendo interpretaciones diversas, expresando visiones distintas, todo ello distante de la miseria cotidiana de quienes sufren la realidad que en el alejado abordaje teórico se intenta. Y no es que queramos desvalorizar la construcción teórica que pretende explicar la realidad y contribuir a transformarla mediante una práctica acertada. Por el contrario, entendemos su valor estratégico. Sólo queremos en esta introducción afirmar que nuestro esfuerzo de abstracción expresado en el presente trabajo está dirigido a aportar en la cimentación de un pensamiento que motive la acción social y política en esta materia, sin la cual la realidad no se transforma.

En primer lugar hay que señalar la relación que existe entre tres distintos niveles de análisis y práctica, que consideramos deben ser articulados y no sujetos a una discusión que los contraponga. Estos son los que corresponden al corto, mediano y el largo plazo. En ellos se manifiesta la relación existente entre lo coyuntural y lo estructural. La tentación, en el debate político, es convertirlos en contradictorios, con el propósito de ubicar las responsabilidades por acción u omisión, en uno o en otro extremo. El Gobierno busca en la historia y las condiciones estructurales la explicación que lo exonere de la responsabilidad principal (siempre echándole la culpa al pasado), mientras que los sectores de oposición aprovechan la crisis coyuntural para señalar las incapacidades y fracasos gubernamentales, en la angustia, realmente irrelevante, por desgastar a quien siempre ven como oponente, en un irresponsable juego que le da permanencia electoral a la política partidista. Derivado de lo anterior está el tema de las urgencias políticas. Lo urgente suele terminar anulando lo importante, argumentando la relevancia de salvar vidas que el corto plazo requiere, así como la exigencia de la rendición de cuentas, todo lo cual es para hoy. En esta vorágine de acciones y reacciones políticas se invisibiliza la necesidad de impulsar procesos cuyos resultados sólo son perceptibles después de un lapso más o menos prolongado, que suele no coincidir con los apremios de los tiempos políticos, se esté en el gobierno o en la oposición. En segundo lugar está el tema de la pertinencia y viabilidad de las posibles respuestas. Mientras que unos exigen cambios estructurales, otros no rebasan el asistencialismo. A la acción mal intencionada o ingenua de centrarse en la caridad puede contraponerse una visión subjetiva que se expresa en un voluntarismo radi-

cal, a veces panfletero, que reivindica cambios estructurales abstraídos de las condiciones concretas que objetivamente determinan las posibilidades de su viabilidad/inviabilidad inmediata. En tercer lugar está la relevancia que se le asigna a las condiciones internas y externas como orígenes del problema, priorizando las causas que están ubicadas en el ámbito nacional o bien aquellas correspondientes al contexto mundial. Un último elemento es el relacionado con explicaciones que enfatizan los fenómenos de orden natural, sean estos climáticos, biológicos, etcétera, como los causantes de la problemática, versus aquellos que, asumiendo abordajes sociales, plantean las condiciones de orden económico, social o política como las determinantes. Todos estos elementos se clasifican de esa manera diferenciada sólo para facilitar su análisis, pero, como todo en la realidad, están vinculados entre sí. La razón de esta separación es para intentar distinguir cuáles son los aspectos esenciales y, lo más importante, para encontrar los caminos de solución al problema que enfrentamos: el hambre y la desnutrición.

3. Algunas consideraciones sobre los elementos señalados

El corto, el mediano y el largo plazo; lo urgente y lo importante; el asistencialismo y la radicalidad; y la pertinencia y la viabilidad… El corto, el mediano y largo plazo deben ser concebidos en una lógica de continuum. En el corto plazo, la relevancia de lo urgente se justifica plenamente, ante la imposibilidad de asignarle un valor específico a la vida de cualquier persona. Evitar el paso de la vida a la muerte en un niño o niña es un hecho concreto que no permite comparación alguna. El fundamento de este argumento es absolutamente ético, ya que la vida humana es, en sí misma, de un valor infinito, al punto que las vidas de un conjunto de personas no pueden ser concebidas como la sumatoria de las vidas de los individuos que lo conforman. La aritmética acá es impertinente.

el ejercicio de los derechos ciudadanos. La alimentación es un derecho humano, constitutivo de la ciudadanía que el Estado tiene la obligación de asegurar.

Por consiguiente, empecemos por afirmar contundentemente que frente al hambre y la desnutrición, máxime en circunstancias de agudización, no cabe duda alguna sobre la prioridad de las acciones de emergencia, que son apremiantes y de cuya ejecución depende evitar muertes; esta prioridad hace improcedente cualquier intención descalificadora que pretenda estimarlas como asistencialistas o desvalorizar la caridad que pueda inspirarlas. La sequía sufrida en las recientes semanas, principalmente en el llamado “corredor seco”, es una clara situación en que se tipifica esta necesidad y ante la cual el Estado debe responder con premura y eficacia, con el apoyo de la sociedad civil y la cooperación internacional. La transparencia y la auditoría social respecto a este accionar es fundamental, ya que así se contribuirá a lograr los objetivos perseguidos con la mayor eficiencia posible. Pero la emergencia, como tal, es temporal, lo que permanece es la situación crónica de desnutrición que padecen amplios sectores de la población guatemalteca. Y es acá donde debe pensarse en el mediano y largo plazo. Surgen así los necios indicadores que reflejan las condiciones estructurales prevalecientes. Salta entonces a la palestra la pobreza que aflige a más de la mitad de la población, la pobreza extrema que agobia a más del 15%. Se nos viene encima la vergüenza nacional de contar con la mitad de la población infantil en estado de desnutrición crónica, con los efectos irreversibles que en los ámbi-

Un segundo propósito es garantizar que las políticas relativas al combate a la pobreza y sus efectos directos e inmediatos se caractericen por la coherencia y la coordinación. Scartascini y Olivera relacionan estas características con “… el grado de consistencia entre las acciones realizadas por los varios agentes involucrados en la misma arena de formulación de políticas. La premisa básica para formular políticas coherentes es que las diferentes políticas que funcionan para las mismas realidades deben tener un alto grado de consistencia lógica y operativa”.1 tos individuales y sociales tiene esta pesadilla. Se hace patente el rostro rural, campesino, femenino e indígena de esa pobreza, ya que en esos territorios habita más del 70% de los pobres, entre los cuales más de dos tercios son indígenas. Por lo tanto, el mediano plazo nos plantea un reto crítico, consistente en garantizar que se podrá responder cada vez mejor a las crisis, que indiscutiblemente se repetirá, para lo cual debe aprenderse significativamente del corto plazo; pero que, al mismo tiempo, las políticas públicas que en este período intermedio se formulen e implementen deben ser de calidad y tener una clara orientación hacia el largo plazo. En términos concretos, el mediano plazo corresponde en gran medida al gobierno actual, por lo tanto, este período es su responsabilidad fundamental, en función de la cual tiene, a nuestro juicio, que corregir el rumbo. El primer propósito a lograr en esta rectificación del rumbo es el abordaje de derechos que debe inspirar las políticas sociales, particularmente las relacionadas con la lucha contra la pobreza. Éstas no pueden concebirse desde una perspectiva limitada de “prestación de servicios” y, menos aún, de una circunscrita proyección asistencialista. Las políticas sociales deben asumirse como la obligada respuesta que da un Estado ante

En este ámbito, debemos reconocer que la invocación que hace el actual gobierno del concepto de Cohesión Social expresa una voluntad que debe ser valorada, ya que subyace el tema de la necesaria inclusión que posibilita a una sociedad aspirar a estar cohesionada. Sin embargo, esa voluntad no se traduce adecuadamente en la práctica, ya que al identificar ese concepto tan amplio y profundo con las políticas sociales de transferencias económi1 Scartascini, Carlos y Mauricio Olivera, “Instituciones políticas, procesos de formación de políticas públicas y resultados de las políticas. Una guía a los módulos teóricos y posibles empirismos”, Departamento de Investigación del bid, Estados Unidos de América, 2003.

cas condicionadas lo está limitando, hasta el punto de castrar su significado profundo. Este reduccionismo resulta una perversión del meritorio concepto, porque nada más contrario a su espíritu que la visión asistencialista de esta política gubernamental. A esta crítica de fondo, hay que agregar la evidente utilización clientelar de estos programas y la resistencia a la transparencia. El señor De Schutter, Relator Especial de la onu sobre el derecho a la alimentación, recientemente pidió la institucionalización de estos programas de transferencias económicas condicionadas.2 Pero además, en este gobierno la integralidad a la que deben responder las políticas públicas que luchan contra la pobreza también es, por lo menos, insuficiente, ya que la dimensión productiva no está contemplada con la relevancia que le corresponde. La iniciativa gubernamental conocida como Pro Rural difícilmente rebasa el mérito de contar con un “portafolio” de proyectos productivos, tal como ha sido la práctica recurrente de una parte de la bien intencionada cooperación internacional, que en los últimos años ha apoyado este tipo de iniciativas a través de diversas ong, sin que se logren efectos positivos más allá del período en que el proyecto se implementó. Hasta ahora, el impacto de la articulación de diversas políticas sociales, como salud, educación y seguridad alimentaria (que confluyen 2 De Schutter, Oliver, “Conclusiones preliminares del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. Misión a Guatemala, 3-5 Septiembre de 2009”, Guatemala, Sept. 2009.

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en el Consejo de Cohesión Social) es todavía limitado, aunque también hay que tomar en cuenta que es poco el tiempo de su implementación. Se han mejorado indicadores sociales, lo que parece exitoso, pero todavía no se puede asegurar sus sustentabilidad y, en el caso de salud y educación, el éxito no van más allá de extender una cobertura que no es acompañada de calidad. Otro elemento sustancial en las política públicas de mediano plazo es avanzar en la necesaria articulación entre las sociales y las económicas. La vinculación más obvia es con la política fiscal, dados los recursos financieros que se requieren para implementar las políticas sociales, lo cual hasta ahora no se ha logrado (ni siquiera la tímida “reforma fiscal” se ha podido impulsar). La política tributaria y fiscal continúa siendo insuficiente para fortalecer al Estado y ponerlo en condiciones de cumplir su rol constitucional; la ansiada meta del 12% de carga tributaria en relación con el pib sigue siendo inalcanzable, este año disminuida a apenas un poco menos del diez por ciento. Sin embargo, el tema de mayor profundidad y polémica que ubica adecuadamente esta articulación entre políticas sociales y económicas es el de la relación entre el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza. El propio Banco Mundial, en un informe reciente, ha reconocido la necesidad de esta articulación, al afirmar que aunque tradicionalmente se ha dicho que “… el aumento de los niveles de ingreso mitiga la pobreza y que el crecimiento económico puede ser más o menos eficaz para lograrlo (…) se ha estudiado mucho menos el canal inverso –quizá la pobreza sea, en realidad, parte de la No. 7 /octubre 2009 4

razón del desempeño bajo de una región en cuanto a su crecimiento–, lo que crea círculos viciosos en los cuales el crecimiento bajo genera mayor pobreza y la mayor pobreza, a su vez, ocasiona un crecimiento bajo”.4 Las responsabilidades del Ejecutivo y del Legislativo... Todas las observaciones críticas que hemos hecho a las políticas del mediano plazo, que son correspondientes al gobierno actual y al desempeño de la presente legislatura, están dirigidas no a descalificar las intenciones de los gobernantes, sino que a señalar que en los términos en que están concebidas e implementadas, no pueden cumplir el rol que les correspondería, en términos de ser los puentes que unan el corto con el largo plazo, además de construir los diques que preparen al Estado para enfrentar las esperadas inundaciones, que sin duda se producirán cuando ocurran las nuevas crisis, es decir las siguientes agudizaciones de la situación crónica prevaleciente. El Ejecutivo ha logrado aprobar por los órganos correspondientes la política de desarrollo rural integral que durante el año pasado consensuó con las organizaciones campesinas y sus aliados. El mediano plazo debería ser, en términos de política pública, el lapso en el cual se implemente dicha política consensuada, en lugar de tenerla como discurso, mientras en la práctica ejecuta esa sumatoria mecánica de Cohesión Social y Pro Rural. 4 Banco Mundial, “Reducción de la pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y círculos viciosos. Resumen Ejecutivo”, Washington, 2006. Págs. 23 y 1.

Cabe aclarar que la responsabilidad por el mediano plazo no corresponde sólo al Gobierno, sino que al Estado en su conjunto. En ese sentido se pronunció recientemente Oliver De Schutter, Relator Especial de la onu para el Derecho a la Alimentación, cuando en la ciudad de Panamá, el pasado 14 de Septiembre, criticó al Legislativo ante la crisis alimentaria que sufrimos, responsabilizándolo de ser “obstáculo para reformas sustanciales”.5 Esta crítica está fundada en sus conclusiones preliminares formuladas luego de su visita a Guatemala a principios de septiembre, cuando afirmó que en 2009 los impuestos representan el 9.9% del pib, cifra que calificó de ser la expresión de uno de los niveles más bajos de tributación de América Latina, lo cual, a su juicio “…constituye una violación de la obligación que tiene Guatemala de realizar de manera progresiva el derecho a la alimentación.”, añadiendo con contundencia, que “El Congreso de Guatemala, en calidad de órgano estatal, debe aceptar su responsabilidad en esta situación”.6 Pero la mayor responsabilidad que tiene el legislativo de cara al mediano y largo plazo es promulgar una ley de desarrollo rural integral que sea la correspondiente con las necesidades del país, contenido al cual nos referiremos brevemente más adelante. Las condiciones internas y las externas; lo natural y lo social... La otra discusión contradictoria que a veces aparece con irreal relevancia en relación con el hambre y la desnutrición es la que tiene que ver con los elementos de orden interno o externo que la provocan, como pueden ser las sequías prolongadas ocurridas en el país o la subida de los precios de los alimentos y de los combustibles a nivel mundial. 5 Prensa Libre, Guatemala, 14 de Septiembre de 2009. Págs. 1 y 8. 6 De Schutter, Oliver, Ob. Cit.

De igual manera, se plantea una desgastante discusión que enfrenta las causas naturales con las sociales al querer encontrar las razones que expliquen la desnutrición y el hambre, ignorando que en última instancia las condiciones sociales son las determinantes, aunque haya condiciones naturales que pueden provocar crisis. Por eso, a nuestro juicio, no hay que confundirse y desenfocar el análisis del lugar en que debe centrarse, ya que lo realmente relevante es la vulnerabilidad de la población que es víctima de estos fenómenos y no su origen interno o externo, de orden natural o social. La articulación del corto, del mediano y del largo plazo… Ahora bien, avanzando en el análisis hacia las raíces profundas de la situación que nos preocupa, todo apunta a la necesidad de pensar en el largo plazo para transformar las condiciones estructurales, históricamente construidas, que en última instancia explican el hambre y la desnutrición, sea en su expresión crónica o grave. Nos referimos tanto a elementos de índole económica, como política. Con un modelo económico concentrador y un Estado débil y excluyente no hay posibilidades reales de caminar por el rumbo de los cambios estructurales que el país necesita. Es indispensable, por lo tanto, partir del corto plazo, pero pensando en ese largo plazo, al cual se debe transitar en el mediano plazo, concebido en los términos anteriormente referidos y que planteábamos con la figura metafórica de los puentes que unan el hoy urgente con el futuro deseado.

4. El desarrollo rural integral, el único camino Como en todas las cosas trascendentales de la realidad (la social, la natural y la del pensamiento), no hay atajos, debe seguirse un camino, por cierto prolongado. La desnutrición, sea la crónica o la grave, es la expresión del hambre que tiene este pueblo por el desarrollo rural. Por ello, insistimos en que el corto y el mediano plazo deben apuntar en una dirección estratégica, la cual debe orientarse a superar las determinaciones históricas y estructurales que subyacen de manera permanente en la situación de hambre y desnutrición, y que se manifiestan de forma coyuntural a través de una crisis como la actual. Esta dirección estratégica es la correspondiente a una política nacional de desarrollo rural integral, concebida con una proyección intertemporal, que convierta la acción gubernamental en política de Estado. A nuestro juicio, una definición normativa del desarrollo rural integral y de una política nacional que le sea correspondiente, podría ser la siguiente: “… se conceptualiza el desarrollo rural integral como un proceso fundado en una visión territorial del espacio rural, construido a partir de determinadas dinámicas territoriales (que obviamente son sociales y contradictorias) y en donde el Estado, en sus distintos niveles, se pone al centro del mismo para impulsar y favorecer, no sólo el crecimiento económico, sino también, las políticas públicas integralmente concebidas que lo viabilicen (articulación de políticas sociales y económicas), así como la distribución de activos productivos, para que la población esté en condiciones de aprovechar, de manera equitativa, las oportunidades de desarrollo humano, en un contexto nacional caracterizado por la multiculturalidad y con garantía de la sostenibilidad ambiental”.7 En coherencia con esta definición, planteamos que una política nacional de desarrollo rural integral y una ley en la materia que le dé intertemporalidad no puede ignorar temas cruciales, como los siguientes: la 7 Zapata, Adrián, “El proceso de formación de la política pública de desarrollo rural en Guatemala. Período 1996 a 2006”, flacsoGuatemala, 2009. Pág. 18.

situación agraria prevaleciente; el modelo económico predominante; la sostenibilidad ambiental; la necesaria articulación de las políticas económicas y las sociales; el sujeto económico que tenga la capacidad de dinamizar las economías de los territorios rurales y provocar el desarrollo humano de dichas poblaciones hasta ahora pobres y excluidas; el rol promotor del Estado en el desarrollo rural y su fortalecimiento, lo cual incluye una reforma tributaria y fiscal globalmente progresiva para que pueda cumplirlo; y la institucionalidad que sea la correspondiente a dicho contenido de políticas públicas. Es inaplazable el trazo de este camino, pero también es urgente que se inicie el tránsito por el mismo. Su ausencia equivale a la perpetuación de la realidad predominante que mantiene el hambre y la desnutrición como endémicas, imposibilitando el desarrollo, lo que más temprano que tarde afectará sustancialmente la democracia, concebida en su dimensión profunda, de contenido y no sólo procedimental, reducida a un conjunto de reglas que rigen el acceso al poder político. El informe del pnud sobre la Democracia en América Latina claramente establece que “…el desarrollo de la democracia depende de que se amplíe de manera decidida la ciudadanía social, sobre todo a partir de la lucha contra la pobreza y la desigualdad”.8 El elemento de mayor profundidad estructural que subyace en toda esta discusión es el relacionado con el modelo de desarrollo. Por muchos años, inhibida por el auge ideológico del discurso neoliberal que había dado por concluida la Historia; la teoría del Desarrollo se metió en el closet. Pero ahora, con la crisis mundial, que es la primera crisis generalizada de la globalización hegemonizada por el neoliberalismo, el debate se vuelve a legitimar, no sólo porque el planeta sin duda ya no podría soportar la continuidad del modelo hasta ahora hegemónico, sino que también porque su fracaso es ya obvio.

términos trillados de los merolicos que nos suben la autoestima cada vez que estamos en problemas, sino porque estamos en condiciones de atrevernos a repensar el modelo de desarrollo, sin tener que pagar el costo de la herejía, que a tantos intelectuales progresistas inhibió en los últimos años del reinado intelectual del pensamiento dominante en las ciencias sociales. La pertinencia de evocar este entorno de pensamiento crítico, ahora posible social, política y académicamente, es porque constituye un ambiente adecuado para discutir el tema del desarrollo rural integral en Guatemala, aunque entendemos que el futuro del debate rebasa nuestras limitadas perspectivas nacionales y que será fruto de amplias convergencias planetarias, que logren expresar la elaboración teórica que surja de los intereses de los pobres, miserables y excluidos, así como de aquellos que, sin serlo, se subleven ante el pensamiento hegemónico.

5. Un escenario nacional favorable

Aun con el riesgo de ser voluntaristas, confundiendo nuestras aspiraciones, obviamente subjetivas, con las condiciones objetivas existentes, nos parece que hay un escenario nacional favorable para la discusión del tema del desarrollo rural integral, como el camino a recorrer para superar la situación de hambre y desnutrición que prevalece y que es de naturaleza histórico estructural. Las cúpulas oligárquicas, que históricamente han concentrado el poder económico y político, tienen suficientes elementos para entender que este poder vigente desde que Guatemala fue la patria del criollo se encuentra en crisis, retado, además, por intereses que, aunque no son los correspondientes a los sectores populares, orgánica y programáticamente elaborados, tienen las posibilidades reales de avanzar en disputarles su tradicional hegemonía. Nos referi-

La crisis, efectivamente, es una oportunidad, pero no en los 8 pnud, “La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, Mayo, 2004, Pág. 26. No. 7/octubre 2009

mos al poder económico y político construido desde los llamados poderes paralelos, transnacionalizados, de orden criminal. La oligarquía guatemalteca debería comprender la magnitud de este reto para sus pretensiones hegemónicas y no andar angustiada por ese fantasma del populismo que su imaginario teme. Por su parte, la clase política ha dado muestras, aun incipientes pero esperanzadoras, de que pretenden

reivindicar su autonomía. El Acuerdo Político sobre Desarrollo Rural firmado por los secretarios generales de los partidos políticos en 2006, en el marco del llamado “Plan Visión de País” así lo demuestra. En él, entre otras valiosas afirmaciones, dijeron que “Como visión de la política de Desarrollo Rural: El Estado guatemalteco

Foto: Luis Alejandro de León Soto

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impulsa una Política de Desarrollo Rural que coloca al centro y prioriza el objetivo del desarrollo humano de la población rural; que ha superado la inequidad, la desigualdad y las exclusiones económicas, sociales, culturales, étnica, de género y etárea; que impulsa un nuevo modelo económico de desarrollo basado en 1) Generar condiciones de inversión, para el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas organizaciones productivas y empresas rurales en sectores diversificados, respondiendo a las ventajas comparativas y competitivas que los diferentes territorios rurales presenten; y 2) Apoyar a la economía campesina para que encuentre movilidad desde el segmento de la

producción de subsistencia hacia la producción excedentaria, mediante su vinculación con los mercados, promocionando formas de organización apropiadas.”9 Lamentablemente, este acuerdo político no tuvo una afortunada expresión jurídica, ya que la iniciativa de ley de desarrollo rural integral que actualmente se tramita en el legislativo y que es conocida como correspondiente al Plan Visión de País, no fue consensuada por los partidos políticos en ese ejercicio de construcción de consensos y, a nuestro juicio, no refleja adecuadamente el pacto político firmado. De igual manera, es muy importante que el gobierno actual haya logrado, después de un año de discusiones,

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consensuar con las organizaciones campesinas y sus aliados, una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual ya fue aprobada por la institucionalidad correspondiente y se ha convertido, formalmente, en una política de gobierno. Decimos formalmente, porque el rumbo real de las intervenciones gubernamentales va por los caminos que referimos de manera crítica anteriormente en el presente trabajo, y que, como ya lo expresamos, pareciera reducirse a una sumatoria de políticas sociales de transferencias condicionadas impulsadas a partir del Consejo de Cohesión Social y el impulso de proyectos productivos a través de ese extraño ente llamado Pro Rural, ahora en proceso de ubicación institucional en el maga. Pero además, también consiguieron consensuar una iniciativa de ley de desarrollo rural que sería la expresión jurídica del acuerdo alcanzado, con lo cual se tiene la pretensión de lograr la intertemporaldiad de la política concertada y la construcción de la institucionalidad que le sea correspondiente. Actualmente este esfuerzo ya es una iniciativa de ley que sigue el trámite legislativo respectivo. Y todo lo anterior, en un contexto mundial que, como ya se refirió previamente, está caracterizado por una crisis integral que permite re pensar el modelo de desarrollo, sin ser calificado de subversivo.

6. El reto La crisis de hambre y de desnutrición que actualmente vivimos puede ser un episodio mediático más, que en algunas semanas podría salir del foco noticioso, hasta que cíclicamente, y

cada vez con mayor frecuencia, el cambio climático, la crisis mundial o determinados hechos naturales o sociales nacionales, se encarguen de volverlos agudos, muriendo cada vez más los mismos de toda la vida. Puede ser que la desesperación se generalice a tal punto en la población pobre y excluida, que son la mayoría de habitantes de este país, irrumpa en el escenario nacional provocando un rebase de la gobernabilidad, lo que, sin conducción definida, puede crear situaciones caóticas, sin salidas constructivas.

Árbenz.11 Habrá que buscar nuevos paradigmas, porque sin transformar la estructura agraria prevaleciente, el desarrollo rural no es viable. 11 Guerra Borges, Alfredo, “La Cuestión Agraria 50 años después”, en DESC, Informe Guatemala, Número 80, Guatemala, Septiembre de 2009.

De igual manera, el tema de la indispensable reforma tributaria y fiscal globalmente progresiva, tampoco puede obviarse, ya que sin ella el papel del Estado es ilusorio y realizar su fin primordial, lograr el bien común, es tan sólo una bella poesía.

Pero también podría haber un acuerdo nacional, motivado por el hambre de desarrollo rural integral que tienen los pobres y excluidos y por el interés nacional. La oportunidad está dada y el Congreso de la República tiene la llave, con la promulgación de una ley de desarrollo rural integral que realmente se ubique en el rumbo de las transformaciones estructurales requeridas, a las cuales hemos hecho una breve y exagerada síntesis anteriormente.10 Para el efecto, en las Comisiones del Congreso ya se discuten dos iniciativas de ley de desarrollo rural integral, la que se concertó entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales y la conocida como del Plan Visión de País. Es importante resaltar que las transformaciones estructurales que el desarrollo rural requiere no podrán ignorar el tema agrario, aunque como bien lo dice Alfredo Guerra Borges, en Guatemala ya no puede plantearse desde la perspectiva del mercado, como lo ha reconocido hasta el Banco Mundial, ni en los términos de la Reforma Agraria del gobierno de 10 Ver cuarto párrafo del numeral cuatro del presente trabajo.

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