Diálgo 9/ Guatemala ¿es aún posible?

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO SEDE-ACADÉMICA GUATEMALA

No. 9 Tercera época

Guatemala, enero de 2010

Guatemala ¿es aún posible?

FLACSO-Guatemala 1987-2010, más de dos décadas al servicio de la investigación y la docencia en ciencias sociales

Guatemala ¿es aún posible?* La crisis mundial y el conflicto regional

L

a crisis económica y financiera mundial tuvo en 2009, posiblemente, su máxima expresión, irradiando recesión, contracción y decrecimiento económico, con el cierre del crédito internacional, de empresas medianas y pequeñas, y si bien la multimillonaria intervención estatal en los centros económicos mundiales ha logrado aliviar en algo la debacle generada por las empresas financieras en Estados Unidos, Europa y Asia, es aún prematuro predecir la finalización de esta crisis.

En Latinoamérica el crecimiento económico sólo tuvo lugar en diez países y, en todos los casos, por debajo del 3%. En Guatemala, aunque aún no hay datos definitivos, el crecimiento estaría ubicado entre el 0.4% y el 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, en concordancia con la inequidad que caracteriza a América Latina, el impacto de la crisis se ha manifestado en el incremento de población en situación de pobreza general y extrema, y en sectores de capas medias que pasaron a esa condición y a engrosar las filas del desempleo.

Las inversiones Estatales de salvamento de las grandes economías mundiales se concentraron en sus bancos, empresas y territorios, y las pequeñas muestras de crecimiento económico en América Latina no se reflejan en los contingentes de población afectados por la crisis. Ante la desconfianza y la incertidumbre, y por el resguardo de sus intereses, varios empresarios han cerrado sus negocios y detenido las inversiones, enviando al desempleo a miles de trabajadores. Si bien es cierto que algunos especialistas prevén, optimistamente, que en 2010 se tengan expresiones de crecimiento económico más alto, los efectos de la crisis continuarán invariables más allá de ese horizonte, en la medida en que la desigualdad continúe siendo el sello de esta región. * Documento de carácter institucional, aprobado por el Consejo Académico de FLACSO-Guatemala

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América Latina enfrenta aún la controversia entre las políticas neoliberales y el ensayo de nuevas expresiones que persiguen alejarse de aquel fracasado paradigma que privilegió al mercado sobre el Estado y al individuo sobre el interés social. En el panorama geopolítico esta controversia se expresa en posicionamientos y polarizaciones.

El armamentismo asoma nuevamente como amenaza a la paz regional. Desde el despliegue de bases militares estadounidenses en Colombia, la adquisición de aviones militares en Brasil y Venezuela, hasta el golpe militar en Honduras y la solapada ocupación militar estadounidense en Haití tras la catástrofe, refuerzan la imagen de contendientes, que se expresa también en las variaciones político

versal. Su desempeño en la presidencia, sin embargo, ha evidenciado la distancia ineludible entre la política real y el discurso electoral, como elocuentemente se notó en los entretelones del golpe de Estado en Honduras.

El caso hondureño es, por su vecindad con Guatemala, el que más repercusión política tiene actualmente para nuestro país y, como precedente histórico, es verdaderamente nefasto para la región de Centro y Sudamérica. La bandera de los golpistas contra un presidente que supuestamente excedió su mandato y violó la Constitución de República, quedó por los suelos con la designación vitalicia al parlamento de quien presidió la administración de gobierno

electorales en Panamá y Chile, por un lado, y en Uruguay y Bolivia por otro, contiendas y cambios que no son de por sí ajenas al libre juego democrático, siempre y cuando no estuviesen siendo enmarcadas por los poderes hegemónicos transnacionales en las disputas por las fuentes energéticas, de recursos naturales y de las fuentes de agua.

hasta la toma de posesión del nuevo presidente electo, en un proceso anómalo y sin observación nacional e internacional representativa e imparcial. El perdón a los militares golpistas y la permanencia del Jefe de las Fuerzas Armadas auguran el tutelaje que tendrá el nuevo gobierno.

El arribo al gobierno estadounidense de Barak Obama significó ciertamente un hito en la historia de aquel país y, por su connotación, también para la historia contemporánea uni-

Desde otra perspectiva, la lección hondureña evidencia que fueron fuerzas internas conservadoras, con apoyos cercanos y oportunos de fuerzas del mismo signo en Estados

Unidos, Guatemala y El Salvador, las que dieron el curso decisorio en el desenlace; no obstante, el desgaste de la forma de gobierno y el crecimiento de una conciencia sociopolítica, plantean un desafío enorme para la construcción de la democracia en ese país.

Sin embargo, es innegable el crecimiento y fortalecimiento que el movimiento popular alcanzó durante la crisis, permitiendo imaginar que podrá ser un importante dique a las tendencias autoritarias y absolutistas que militares y civiles conservadores puedan manifestar en el vecino país.

Al sur del continente la reelección de Evo Morales, con amplia mayoría en las votaciones presidenciales y en el parlamento, le permitirá gobernar con más holgura, aunque no por ello ajeno a los retos que las mismas expectativas creadas en sus electores le plantea, constituye un nuevo paradigma sui géneris para los países latinoamericanos, en donde los pueblos indígenas son mayoritarios, o constituyen la más importante minoría étnica, históricamente discriminados y empobrecidos. El caso de Bolivia es especial además, porque lo que se intenta es una refundación del Estado, un Estado multicultural, incluyente y nacionalista.

Los grandes retos regionales, con matices diversos en los países latinoamericanos, son las acciones para el ensanchamiento de la democracia, pero especialmente, de una democracia que además de régimen político satisfaga las expectativas de quienes participan electoralmente en la búsqueda del bienestar de las grandes mayorías, el cual paradójicamente, no aparece en el horizonte cercano.

El que los regímenes democráticos latinoamericanos atiendan y resuelvan los graves rezagos y problemáticas sociales, es quizás el principal valladar en la consolidación democrática en la región.

La agenda social en primera línea ante la crisis

En nuestro país, posiblemente la originalidad del gobierno de Álvaro Colom –si lo comparamos con los anteriores, con la excepción quizás de la Democracia Cristiana (1986-1990)– consiste en la prioridad que le otorga

(mayor demanda de docentes, aulas, escritorios, materiales, útiles, servicios, etc.), como en lo que tiene que ver con el sustento a mediano y largo plazo de dicha política, con las correspondientes medidas presupuestarias y fiscales que garanticen los recursos necesarios para ese efecto.

a las políticas sociales, a los programas y medidas dirigidas a redistribuir la riqueza nacional y ampliar la ciudadanía social, en particular todas las acciones que se realizan bajo el Programa de Cohesión Social.

Esta disposición de aliviar las condiciones de vida de muchos conciudadanos adquiere particular relevancia en un país como Guatemala, en donde los niveles de desigualdad y exclusión son muy altos, aún en un contexto del subcontinente latinoamericano. Debido a ello, estas políticas reciben un alto apoyo nacional e internacional, pues atender los municipios y a las poblaciones con altos niveles de pobreza es un imperativo ético que, además de realizar el principio de la justicia social, podría garantizar en el futuro menos niveles de conflictividad social y demás calamidades; entre otras, el crimen común y el organizado.

Las medidas redistributivas, como las transferencias condicionadas, no son exclusivas de gobiernos de izquierda, pues Colombia y México con gobiernos conservadores se distinguen por su aplicación eficiente y efectiva. Lo que distingue a un gobierno socialdemócrata es el alcance de estas políticas, el número de personas beneficiadas y su sostenibilidad en el tiempo. En Guatemala, estas políticas gubernamentales todavía son tímidas, bastante limitadas en cuanto a sus alcances, y con el agravante de que se realizan en el marco de un Estado con serias limitaciones en las esferas de la eficacia administrativa y, sobre todo, con insuficiencias en el área de la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta prioridad dada a las políticas sociales se enfrenta al desafío que afrontaron los acuerdos de paz –en general todos los gobiernos que sucedieron al de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970)– la falta de recursos para tener un impacto profundo y sostenible para alcanzar los objetivos de mayor equidad, para tener un enfoque integral que resuelva al mismo tiempo la calidad de la oferta educativa y de salud.

La implementación de la política de gratuidad, mediante el Acuerdo Gubernativo No. 226-2008, se constituyó en la medida de política educativa más impactante del año 2009, tanto por lo positivo como por los aspectos negativos que se le señalaron a la misma. Al constituirse en la práctica la supresión de todos los cobros que tradicionalmente se hacían en las escuelas públicas del país y la asignación de recursos para cubrir sus gastos de funcionamiento, significó, por un lado, la vigencia real de un derecho constitucional históricamente violentado y, por otro, un incremento sustantivo de la cobertura en preprimaria y primaria.

Otro punto destacado en la crítica está vinculado a que el efecto positivo en el aumento de la cobertura produjo, a su vez, un efecto negativo en la ya deteriorada calidad de la educación, debido al hacinamiento en las aulas, la falta de edificios y de servicios y la irregularidad e insuficiencia de los recursos asignados a los aspectos cubiertos por la gratuidad y a los servicios de apoyo como alimentación, útiles y textos.

Es necesario destacar que, a pesar de la inestabilidad que han supuesto los frecuentes cambios en la administración central del Ministerio de Educación (MINEDUC), no ha provocado inestabilidad en el sistema, ya que las políticas han continuado su desarrollo. Esto si bien es cierto puede ser positivo, reafirma la centralización de la toma de decisiones en el país. También debe decirse que el más reciente cambio en el titular del mismo ha supuesto un mayor impulso a los programas de cohesión social que le han sido asignados al MINEDUC. Varios temas importantes siguen pendientes en la Agenda o muy poco atendidos. La educación bilingüe y la interculturalidad siguen sin recibir

la atención prioritaria que deberían tener en una realidad multicultural como la de Guatemala. Las decisiones políticas, económicas y técnicas que hace rato son urgentes de tomar siguen postergadas o no se implementan más allá del discurso. La reforma de la formación inicial de los docentes sigue sin ser retomada sistemáticamente, a pesar del innegable impacto que tendría en el mejoramiento de la calidad de la educación en el mediano plazo. En este punto solamente se está comenzando a atender la formación en servicio, a través del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente, en un histórico acuerdo entre el MINEDUC, la Universidad de San Carlos (a través de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFPEM) y el magisterio organizado en la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM).

La nueva realidad y los viejos problemas configuran un escenario en el que la necesidad de impulsar y concretar un gran Acuerdo Nacional por la Educación se hace más imperiosa. No es posible para el futuro del país que se continúe con la misma situación año tras año. Los avances que suponen la implementación de la gratuidad y de los programas de cohesión social y las necesidades no atendidas que generan requieren de estabilidad política, técnica y financiera, en el mediano y en el largo plazos.

Sin embargo, se han identificado aspectos negativos que hacen referencia a la falta de planificación, tanto en lo relacionado con la previsión de los efectos que tendría un incremento sustantivo de la matrícula No. 9/enero 2010

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Seguridad y justicia: la otra cara de la moneda

Si bien es cierto que hay reconocimiento al esfuerzo para enfrentar la problemática social, la percepción respecto de los temas de seguridad y justicia, es que el Estado está rebasado por la criminalidad. El gobierno actual muestra una gran discontinuidad, tanto en planes de seguridad que van y vienen, así como por el cambio de funcionarios. Pareciera ser que el Estado es incapaz de responder ante fenómenos criminales que se repiten con una impunidad que aterra, como el asesinato de pilotos y ayudantes del servicio de transporte.

La falta de recursos y la cultura de violencia (un Estado represor y violento, la solución violenta de conflictos, el negocio de la seguridad), pero fundamentalmente la debilidad histórica del Estado, son parte de la complejidad de los problemas a enfrentar.

Sin embargo, hay luces que asoman para orientar la dinámica de gobierno y de la sociedad ante el grave problema de la seguridad y la justicia.

Una de ellas lo constituye el arribo al Acuerdo Nacional sobre Seguridad y Justicia (ANASJ), signado por los presidentes de los tres poderes, que tiene el acompañamiento de cuatro entes garantes: la Iglesia católica y la evangélica, la Universidad de San Carlos y el Procurador de los Derechos Humanos. Otra, es la intervención de la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales en Guate4

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mala (CICIG), cuyos primeros hitos plantean la perspectiva que sí es posible avanzar en la investigación y persecución penal y en la lucha contra la impunidad. El rol de la CICIG ha sido crucial en la vigilancia de los procesos de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, así como en el desenlace de la investigación sobre el caso Rosenberg, el cual ha significado una conmoción ante la historia de impunidad y oscuridad en que suelen quedar muchos de los casos paradigmáticos en este país. En la misma dimensión la solicitud de extradición y captura del ex presidente Alfonso Portillo, constituye una buena señal contra la impunidad y anuncia la perspectiva de investigación sobre casos similares.

La aparición de un vídeo hecho público nacional e internacionalmente, en donde el abogado Rodrigo Rosenberg acusó al Presidente, a la Primera Dama, al Secretario Privado de la Presidencia y a financistas de la campaña electoral, de su asesinato, un día después de que efectivamente lo asesinaran, nos exhibió ante el mundo como un país donde la barbarie se ha generalizado a todos los niveles de la vida pública, como ya lo hicieran durante el gobierno de Oscar Berger los asesinatos de los parlamentarios salvadoreños y de sus supuestos victimarios, miembros de la propia Policía Nacional Civil.

Tras el asesinato de Rosenberg se desencadenó la llamada “crisis de mayo”, una crisis de inestabilidad en la que se alzaron voces para pedir, sin fundamento, la renuncia del Presidente, tras las cuales hubo acciones

dirigidas a estimular la ingobernabilidad y la desestabilización. Si el caso fue o no una conspiración todavía queda por establecerse, pero lo que sí debe llamar la atención, es la capacidad de sectores conservadores para movilizar una base social amplia, como recurso de presión anti Estado, anti gobierno y anti políticas sociales. La “gente de blanco”, como se la conoce en toda América Latina, es una clase media con fuertes intereses en la defensa del statu quo, comprometida con el orden vigente.

El caso Rosenberg generó cambios en diversos entes señalados por el abogado en su vídeo. Se dieron movimientos en la junta directiva de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), se evidenciaron conflictos entre los cooperativistas y los grandes cafetaleros. En el Banco, Banrural, también integrado por cooperativistas, surgieron señalamientos de corrupción y se generó el pánico financiero que dio como resultado que grandes sumas de dinero fueran retiradas de sus depósitos. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió la realización de una auditoría forense y los Bancos Industrial (BI) y Agromercantil (BAM), pretendieron la cartera del Banrural en caso se concretara la perspectiva de quiebra o intervención.

En Honduras, el golpe de Estado se consolidó con el apoyo de los sectores medios, espantados por el vínculo del derrocado presidente Manuel Zelaya

con el presidente venezolano Hugo Chávez. Este imaginario ronda también en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Como ha quedado señalado, en Guatemala el caso Rosenberg le dio la oportunidad a la “gente de blanco” para protestar contra un gobierno que ha iniciado tímidas medidas de redistribución, y que se siente amenazada con la perspectiva de que pueda repetir en el gobierno a través de la hipotética candidatura de la esposa del Presidente.

A pesar de los criterios y sentimientos contrarios al ejercicio del gobierno, que según las encuestas de opinión lo ubican entre el 51% y el 57% de desaprobación, la defensa de la institucionalidad debe formar parte del libre juego democrático. En su momento FLACSO-Guatemala se expresó en ese sentido.1

Rezagos y vacíos en materia agroambiental

En materia agroambiental se tuvo pocos avances y significativos retrocesos. Uno de los avances en la problemática del desarrollo rural, fue la aprobación de la Política de Desarrollo Rural Integral que abre la posibilidad de atender las demandas de un fuerte sector de la población que se ha visto históricamente excluida de 1 “Guatemala atraviesa de nuevo una crisis que pone en riesgo nuestro orden institucional y democrático”. Pronunciamiento de FLACSO-Guatemala, publicado en elPeriódico, mayo de 2009.

la escasa visión de conjunto, que al privilegiar mecanismos clientelistas, se produce en la construcción de infraestructura pública. Por otra parte, los ataques a activistas ambientalistas siguen bajo el amparo de la impunidad, con éstos, sectores de interés tratan de amedrentar las acciones que las organizaciones ambientales impulsan para evitar la depredación del patrimonio natural público y conservar una biodiversidad estratégica para el desarrollo del país.

los beneficios del desarrollo y de la participación en la toma de decisiones.

Dicha política traía como telón de fondo, la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral (con el Número de Registro 4084), la cual fue consensuada entre el gobierno y las organizaciones sociales aglutinadas en la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI).

Dicha iniciativa venía siendo discutida desde el gobierno anterior, durante el cual no hubo mayor interés por apoyar este proceso, no obstante la participación de la sociedad civil en las mesas que para el efecto fueron constituidas.

Con el gobierno de Álvaro Colom y con la mesa de diálogo instalada para el efecto, llegó a proponerse en el Congreso de la República, la citada propuesta de ley, la cual contó con el apoyo de varios partidos de oposición; sin embargo, la misma no llegó a discutirse, relegándola a la comisión respectiva para su discusión. Las movilizaciones campesinas tuvieron como saldo trágico un muerto, en cuyo caso no se han dilucidado responsabilidades. A través de varios medios de comunicación fue evidente la criminalización de la expresión popular, centrando la atención en la acción en sí y no en las demandas promovidas por las organizaciones sociales.

Las hambrunas en el denominado corredor seco de Guatemala, que comprende varios departamentos del oriente de su territorio, refleja cómo una problemática histórica de acceso a la tierra, al trabajo y a los instrumentos económicos y financieros para el desarrollo, agravados con el cambio climático, pone en juego la vida de la población rural más vulnerable. La escasa relación interinstitucional y el desfinanciamiento del

Estado provocan que las crisis de hambruna sean potencialmente un factor de crisis social.

En el tema ambiental, la mayor preocupación de la población y de los medios de comunicación fue la aparición de la denominada cianobacteria, que cubrió la mayor parte del Lago de Atitlán y que puso al descubierto la debilidad crónica del Estado para atender este tipo de problemáticas, y

Adicional a las hambrunas y a la contaminación del Lago de Atitlán hay que plantear la importancia del cambio climático, ya que ello es un agravante en estos temas. Respecto de dicho fenómeno tampoco se observaron avances significativos, únicamente se pueden mencionar los siguientes: participación del Gobierno, por medio del vicepresidente y el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en diciembre en Copenhague, cuyos resultados aún no han sido divulgados para el caso de Guatemala; la conformación de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, que depende de la Presidencia (Acuerdo Gubernativo 253-2009); y la aprobación de la Política Nacional de Cambio Climático (Acuerdo Gubernativo 329-2009), a instancias de la Mesas Nacional de Cambio Climático.

Demandas sociales bajo la criminalización y sin respuestas

Durante 2009 las demandas sociales relevantes han continuado expresándose por parte de las comunidades locales en los temas de oposición a la minería y a las hidroeléctricas, dos problemáticas que afectan localidades del altiplano occidental, pero también de comunidades al norte y al nor oriente de país. De forma más localizada continuaron las protestas contra la planta cementera en San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, mientras que en el departamento de San Marcos emergió la lucha contra las empresas generadoras de electricidad. El conflicto entre Unión Fenosa y las comunidades del occidente del país se origina por la No. 9/enero 2010

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Esos recursos son cruciales si lo que se quiere es ampliar y sostener en el tiempo la principal estrategia de gobierno. El promedio de tributación en relación con el PIB de 1954 a 1996, fue de 7%, el más bajo del hemisferio occidental y con seguridad entre los más bajos del mundo.

Ese fue el legado de la contrarrevolución liberacionista, haber hecho a Guatemala un paraíso fiscal para los grandes capitales nacionales y extranjeros.

deficiencia en el servicio que dicha empresa otorga y en los abusos traducidos en los cobros arbitrarios que impone al mismo.

Las consultas populares en el ámbito local y las constantes manifestaciones contra la minería, la cementera, las hidroeléctricas y las empresas de distribución de energía, han sido reprimidas por la Policía Nacional Civil, por agentes de empresas de seguridad particular y han sido criminalizadas en los medios de comunicación. Por su parte, las mesas de diálogo son desventajosas para las organizaciones comunitarias y sociales. En ambas dinámicas se evidencia la estrecha relación entre autoridades y transnacionales. Ante las movilizaciones populares la respuesta estatal ha sido desproporcionada al acudir frecuentemente al abuso de la fuerza.

El magisterio organizado ha constituido históricamente una fuerza social crítica a los distintos gobiernos y en no pocas ocasiones ha sido la mayor fuerza de oposición y/o de movilización social. Por esa razón, ha sido motivo de crítica de algunos sectores el relativo apoyo que le ha brindado el movimiento magisterial a la actual administración pública. La firma del pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cierre del PRONADE y la regularización de la situación laboral de los docentes que trabajaban en dicho programa, así como la de los docentes por contrato, la política de gratuidad, la creación de institutos básicos y de diversificado en todos los municipios del país y el impulso del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (PADEP), 6

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constituyen los argumentos que explican la buena relación que a ojos de algunos sectores de la opinión pública existe entre el Gobierno y el magisterio.

El convencimiento de la dirigencia magisterial sobre la necesidad de que sean realizadas reformas tributarias para obtener los recursos públicos que aseguren la continuidad y el mejoramiento de las políticas que han considerado beneficiosas, así como para que se hagan efectivos los compromisos de mejoramiento salarial contenidos en el pacto colectivo, la llevó a impulsar movilizaciones y paros para presionar al Legislativo a tomar las decisiones correspondientes. Cabe destacar el desgaste que en términos de credibilidad ha significado para la dirigencia esta decisión, desgaste que incluso ha afectado al propio interior de las bases magisteriales, ya que la intensidad de la campaña mediática en su contra como sus propias contradicciones internas y sus dificultades de comunicación, generaron varios focos de rechazo interno, así como variadas manifestaciones de oposición a las acciones magisteriales.

Un Estado débil y sin recursos: el sempiterno tema de los recursos fiscales

El Gobierno tiene que obtener los recursos fiscales necesarios para aplicar las políticas públicas y lograr que Guatemala enfrente los históricos niveles de desigualdad y exclusión.

Trece años después de la firma de los acuerdos de paz, el Estado guatemalteco no ha logrado cumplir el compromiso contenido en dichos acuerdos de alcanzar el 12% de tributación del PIB (actualmente en el 10.4%) y de hacerlo a través de una tributación progresiva. Ahora bien, el 12% de tributación se encuentra aún muy por debajo de lo que se requiere para proporcionar los recursos que hagan viables las políticas, programas y proyectos sociales que se requieren para responder ante las necesidades actuales, pues, como lo sostuvo la Democracia Cristiana a finales de los años 80, se debe pagar, además, la deuda social que este país

tiene con la mayoría de la población, sobre todo rural, en donde la desnutrición, el analfabetismo, la falta de vivienda y salud tienen desde hace décadas niveles inaceptables, y han condenado a varias generaciones a la total marginación.

El presidente Álvaro Colom está enfrentándose con el mismo obstáculo que la mayoría de sus antecesores encontraron cuando trataron de realizar alguna modalidad de reforma fiscal. El “ciclo de hierro” siempre se repite: una nueva administración llega al poder con la idea de aumentar las capacidades del Estado ante las necesidades sociales existentes, pero sus intentos chocan una y otra vez contra el mismo muro. “La facción ´honorable´ del sector privado, representada por las cámaras empresariales; otro sector dedicado a negocios no tan ‘honestos’ y un grupo de diputados con intereses poco claros, se convierten en una barrera infranqueable para cualquier modernización tributaria” (Inforpress).

En las actuales circunstancias, las consecuencias de no aprobar la reforma fiscal podrían provocar problemas financieros muy serios, al estar

desfinanciado el presupuesto actual, como el aumento desmesurado del déficit fiscal y caer en una espiral inflacionaria sin control. Asimismo, en un contexto de crisis y caída de la inversión pública y el gasto social, la mayoría empobrecida y desempleada de la población podría ver su situación empeorar aún más, lo que provocaría un escenario de agudización de la violencia, y acaso de ingobernabilidad.

La redistribución necesaria de la riqueza y la extensión de los derechos de la ciudadanía social (servicios de salud, educación, vivienda para la mayoría de la población) requieren más recursos que no pueden venir sino de una profunda reforma fiscal. Ésta se hace más necesaria ahora por la crisis económica-financiera mundial y por sus efectos negativos sobre nuestra situación económica (disminución drástica de las remesas, menos exportaciones hacia Estados Unidos y Centroamérica, nuestros principales socios comerciales), lo que demanda medidas del Estado para reactivar la economía por el lado de la demanda (políticas anti cíclicas), pero también

para paliar los efectos de la contracción económica en la población, tal como el desempleo.

Sin embargo, a estas alturas el actual gobierno, como sus antecesores, no ha tenido la fuerza ni la habilidad política para aprobar su moderada propuesta de reforma fiscal en el seno del Congreso. La historia parlamentaria en Guatemala se resume en un proceso que va de un Congreso subordinado a los designios de los gobiernos militares, por la vía de la corrupción o la imposición, a uno caracterizado por la oposición desleal y obstruccionista, por la corrupción y el clientelismo. Haber promovido el voto cruzado para evitar las aplanadoras en el Congreso y promover la transparencia, la negociación de los múltiples intereses que coexisten en Guatemala y que se expresan en el Congreso, así como promover la rendición de cuentas, nos llevó a la configuración de una oposición desleal, a la parálisis parlamentaria y, desafortunadamente, a más corrupción, más clientelismo, y sobre todo menos transparencia.

Por suerte, hasta el día de hoy se ha conjurado el desenlace de la administración de Jorge Serrano, es decir, de crisis e intento de ruptura institucional, y a marchas forzadas la vida parlamentaria ha adquirido una dinámica de baja productividad legislativa, pero con algunos logros a través de la negociación. Ha habido acuerdos a pesar del factor extraparlamentario; a saber: la actuación de los poderes fácticos que actúan a través del control de algunos partidos, promoviendo la parálisis, la riña y las dilaciones interminables, usando como recurso las interpelaciones con tal de bloquear las leyes que afectan sus poderosos intereses.

Porque, a decir verdad, los actores en el Parlamento no son sólo los diputados, son los partidos políticos y aquellos que controlan los partidos, aquellos que financian a los partidos y que los controlan por medio de ese mecanismo que distorsiona la democracia: la corrupción. Dos ejemplos de la ineficacia del Congreso saltan a la vista: la no aprobación del presupuesto para el 2010 y la incapacidad hasta ahora de aprobar la reforma fiscal.

La no aprobación del presupuesto se debió, entre otros factores, a la falta de acuerdo con montos y financiamiento, a la resistencia de quienes se benefician con la vigencia del presupuesto del año anterior, pero sobre todo por la obstinada oposición que percibe el fracaso del Gobierno como una ventaja política para las próximas elecciones, sin importarle si con ello afecta los intereses generales del país. Más allá de las especulaciones sobre quiénes en el gobierno querían y no querían la aprobación del nuevo presupuesto, lo que queda claro es que tendremos un presupuesto desfinanciado, lo que implica consecuencias negativas, si no logra el Gobierno la aprobación de la “tímida” reforma fiscal. Pasado un mes del nuevo año se vislumbran en el horizonte nubarrones que inquietan, y no es para menos, pues tendremos con mucha probabilidad un Estado con un abultado déficit, o con falta de liquidez para sufragar los gastos básicos para que funcione aquello que apretadamente todavía nos define como una sociedad moderna civilizada.

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Biblioteca y Centro de Documentación “Edelberto Torres-Rivas” de FLACSO-Guatemala La Biblioteca y Centro de Documentación “Edelberto Torres-Rivas” (BCD-ETR), funciona desde 1990. Es depositaria de varias colecciones especializadas en ciencias sociales, donadas por los académicos Edelberto Torres-Rivas, René Poitevin, Víctor Gálvez Borrell, Gabriel Aguilera Peralta, Alfonso Figueroa y Carlos Enrique Centeno. A las colecciones anteriores se le suman otros importantes acervos bibliográficos. Además cuenta con material documental de la desaparecida oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Guatemala (ACNUR), cedido a FLACSO en 1999.

El acervo bibliográfico de la BCD-ETR está disponible para los sectores estudiantiles de nivel medio y universitario, investigadores sociales y público en general, interesado en los temas de ciencias sociales. Facilita el acceso a internet inalámbrico, a la plataforma FLACSO-ANDES y la consulta en sala de artículos de diversas revistas electrónicas, entre éstas:

• BLACKWELL SYNERGY

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• Enciclopedias de Thomson Gale

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El BCD-ETR ofrece también servicio de fotocopiado y consulta de catálogo de documentos y artículos en cds.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Guatemala La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Guatemala, inició sus actividades en 1987 y fue reconocida formalmente por el Estado guatemalteco ese mismo año, por medio del Decreto 96-87 del Congreso de la República.

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