[REVISTA FONRES] 2017 - Agosto -Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

#67 AGOSTO 2017 REVISTA $70 ISSN 2250-6179

JORGE CHOLVIS y EDUARDO BARCESAT INSTITUTO SAMPAY El Derecho al servicio de Los Derechos

editorial:

LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTADO DE DERECHO

Creo que es interesante, al conocer un poco más sobre el Instituto Sampay, que hagamos una mirada hacia atrás en el tiempo, desde la revisión, para poder incluir a muchas generaciones que hoy tienen obligaciones y derechos como ciudadanos pero que no participaron como actores por ejemplo de lo ocurrido en 1957 .

En ese año una “Convención Constituyente”, puso en vigencia la Constitución de 1853/60 y las reformas de 1866 y 1889, y dejo atrás la Constitución de 1949. Muchos no nos sentimos identificados con ese momento histórico, por muchas razones además de la violencia que la situación de facto desató en nuestro país, y porque además borrar de la faz de la patria a la Constitución de 1949 no encuadra en un verdadero Estado de Derecho.

Por la gravedad del momento histórico, no hubo una movilización ciudadana en defensa de esa Constitución y fue nulo el entusiasmo, por lograr una auténtica institucionalización del país.

Desde la recuperación de la democracia en 1983 tampoco hubo, aun cuando se modificó la Constitución en 1994, un ejercicio pleno de las instituciones que permitiera hablar de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho en la forma imaginada por esa Constitución. Si así hubiera sido, muy distinto sería nuestro actual panorama.

Pensando en ese país que prometía serlo, y en lo poco que efectivamente se ha hecho para lograrlo, y en los peligros que aún nos acechan, resulta entonces menester, en el contexto de ideas y de experiencias vividas, focalizar el estudio de la Constitución de 1949 desde el prisma que brinda el Derecho Administrativo actual, y analizar así el marco de interés público y de salvaguarda de los derechos fundamentales.

Son esas, a mi entender, las premisas, y postulados, bajo las cuales se podrá aspirar a suministrar enfoques novedosos o nuevas lecturas a categorías clásicas a los necesarios conceptos que deben formularse desde la Carta Magna tales como interés público, responsabilidad de los agentes públicos y del Estado, empleo público, eficacia y eficiencia, con incidencia en otras gravitantes cuestiones para el Derecho Público contemporáneo como la constitucionalización del ordenamiento jurídico en general, la apertura de nuevas fuentes de producción

Edición N° 67 | AGOSTO 2017

normativa oriundas del Derecho Comunitario (máxime a partir del Tratado de Lisboa), los desafíos de la descentralización territorial y los mayores niveles de participación de la sociedad civil, que exige y reclama crecientes márgenes de información y de protagonismo.

No cabe duda, en este marco, de la relevancia que debe asumir la actividad administrativa del Estado, cómo incide en toda ella la constitucionalización del principio de eficacia, la influencia de las llamadas “leyes-medida” y la actuación de la denominada “jurisdicción administrativa”, como instrumentos idóneos en la tutela de los derechos de los administrados.

La defensa de la libertad y del derecho, la educacion, la lealtad y el compromiso con los principios éticos son los ejes de reflexión que nos ayudarán en el camino que nos toca recorrer para reconocer y plasmar la función social a cargo del Estado, Couture decía : “Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz”.

Por estas razones hoy dedicamos nuestra revista al Instituto Sampay, a su Obra y pensamiento, a sus dos referentes, los Dres. Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis y a la Constitución del 1949.

Alessandra Minnicelli

STAFF

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Suscripción y contacto: revista@fonres.com

Hecho el depósito previsto por la ley 11.723. Registro de propiedad intelectual Nro. 5342444. ©Fonres S.A., 2012. Revista Nro. 67. Distribuye Distruibuidora Sanabria S.R.L Baigorri 103 C.A.B.A. Queda prohibida su distribución por otros medios. Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción parcial o total del contenido, el alquiler o la transformación de esta revista, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11723 y 25446. Queda prohibida su venta en todo el territorio de la República Argentina. “Fonres RSE” es marca registrada de FONRES S.A.

A nuestros lectores... ¿Es necesario una nueva constitución? ¿Son los tiempos adecuados para plantear este dilema? Para Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat, referentes del Instituto Sampay y abanderados del constitucionalismo social, si lo es.

Ellos y el Instituto al cual representan son los protagonistas de nuestra tapa de agosto y allí, profundizan sobre la plena efectividad y vigencia de derechos.

También investigamos cómo continua en el resto del año, la agenda internacional de Responsabilidad Social, una agenda con el foco puesto en los derechos humanos y el impacto de las empresas y los gobiernos en la materia.

Por otra parte, explicamos si los millennials tienen una inclinación natural hacia la sustentabilidad y la RSE o si esta ha sido adquirida por hábitos, educación y cambios

de paradigmas de generaciones anteriores. Contamos también el trabajo que FADAM, la Federación de Argentina de Amigos de Museos, que de norte a sur, y de este a oeste del país se encarga de proteger y promocionar nuestro patrimonio cultural y natural, con el concepto de que se trata de bienes sociales.

Además explicamos qué acciones lleva adelante la empresa San Miguel y su iniciativa concentrada en la preservación de las yungas y los bosques nativos de Tucumán, provincia donde tiene la mayor cantidad de plantaciones.

Publicamos también artículos e informes de prestigiosos autores y organizaciones y recorremos el mundo, la región y nuestro país para saber qué está pasando en materia de RS y sustentabilidad.

El Equipo de Revista FONRES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

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ENTREVISTA Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat

EN DEFENSA Y RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

IENTAL

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AGENDA INTERNACIONAL DE RS

MITOS Y REALIDADES Millennials

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AL CUIDADO Y LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL FADAM

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MEDICIÓN AMBIENTAL

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Revista

FONRES

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MÁS QUE 1000 PALABRAS Derechos Humanos

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CON EJE EN LA BIODIVERSIDAD San Miguel

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ENTREVISTA Sergio Rengifo

Responsabilidad Social EMPRESARIA

arAgosto 2017

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MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL SIGLO XXI

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BIO Gro Harlem Brundtland

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CON LA LUPA EN EL MUNDO

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MISCELÁNEAS

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EN DEFENSA Y RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

El 9 de agosto se celebra su Día Internacional. El objetivo: reconocer su aporte en el cuidado del medio ambiente y lograr, a través de los ODS, poner fin a su vulnerabilidad y que “nadie quede atrás”.

Los pueblos originarios están presente en 90 países, pertenecen a más de 5 mil grupos diferentes y hablan unas 7 mil lenguas. Se calcula, además, que forman parte de ellos unos 370 millones de personas, equivalente al 5 por ciento de la población mundial. Sin embargo, siguen desfavorecidos y vulnerables ya que representan el 15 por ciento de los más pobres del planeta.

Para contrarrestar estos últimos datos y reconocer su valor y aporte, la Organización de Naciones Unidas (ONU)

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Sufren discriminació estigmatización, neg su tierra, acceso insu esenciales; barreras de costumbres e idio

Día internacional de los pueblos originarios

estableció, hace más de 20 años, al 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Pero este año tiene una cualidad especial: se cumplen 10 años de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007, que es el punto de referencia definitivo para el reconocimiento, promoción y protección de sus derechos.

Según la ONU, la Declaración es el instrumento internacional más completo sobre la materia y establece un marco universal de normas mínimas para su supervivencia, dignidad y bienestar.

Además, expone en detalle cómo se aplican a la situación particular de los pueblos indígenas las normas existentes de derechos humanos y las liber-

tades fundamentales. Y, de acuerdo al organismo internacional, en la última década, la aplicación de la Declaración ha logrado algunos éxitos importantes a nivel nacional, regional e internacional. Sin embargo, sigue habiendo una la brecha entre su reconocimiento formal y el ejercicio de sus derechos en la práctica. Sufren discriminación sistemática y estigmatización, negación de derechos a su tierra, acceso insuficiente a servicios esenciales; barreras lingüísticas, imposición de costumbres e idiomas, entre otros.

Detrás de la celebración, Naciones Unidas también quiere reconocer atributos fundamentales. “Han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente”. Por otra parte, la fecha

se asocia directamente con los ODS y su intento de no “dejar a nadie atrás”, en el camino “hacia un mundo de paz, dignidad, oportunidades y prosperidad.

Entre los más vulnerables a quedarse atrás están los pueblos indígenas”, afirmó en la celebración de 2016, el ex Secretario General de Naciones Unidas Ban K-moon. Varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se aplican de forma total a los pueblos originarios.

A su vez, además de la Declaración de 2007, la ONU cuenta actualmente con tres mecanismos específicos para promover su causa: el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

ón sistemática y gación de derechos a uficiente a servicios lingüísticas, imposición omas, entre otros.

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LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CADENA DE PROVEEDORES MARCAN LA AGENDA GLOBAL DE RSE DEL SEGUNDO SEMESTRE Una conferencia organizada por la OCDE en París a fines de junio sentó las bases para la discusión de la temática, que se trasladó al G-20 y volverá a retomarse en septiembre en Johannesburgo y en noviembre en Ginebra.

La agenda internacional de debate sobre Responsabilidad Social Empresaria (RSE) para 2017 tuvo un punto de quiebre a fines de junio último en la conferencia Responsible Business Forum, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. Si bien este evento tendrá su continuación formal en septiembre próximo en Johannesburgo, Sudáfrica (los días 31 de agosto y 1° de septiembre), el encuentro en la Ciudad de la Luz logró ciertos avances que ya se reflejaron en otras discusiones de RSE a nivel mundial.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue una de las entidades de re-

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nombre que dijo presente en la conferencia de la OCDE, con un planteo clave que relacionó el respeto a los derechos humanos en el ámbito laboral con la contribución que se espera del sector privado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030. Desde el Grupo de Trabajo sobre Negocios y Derechos Humanos de la ONU se alertó que, a menos que los aportes de las corporaciones se basen en reportes y respeto por los derechos humanos, el sector privado podría socavar, en lugar de apoyar, el desarrollo sostenible. En cambio, una actividad empresarial que elige respetar los derechos de las personas puede producir

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Agenda internacional de RS

No sólo es “no hacer daño”, sino que tiene un tremendo potencial para contribuir hacia un cambio positivo para cientos de millones de personas pobres y marginadas en el mundo. el efecto contrario. Los gobiernos no deben mirar para otro lado en estos esfuerzos del segmento privado. Para la ONU, es necesario que los Estados se ubiquen “en el asiento del conductor” a la hora de establecer las prioridades de desarrollo en línea con los ODS, y trabajen en asociación con las firmas para asegurarse que éstas estén avanzando hacia la puesta en práctica de los derechos humanos en todas sus operaciones, así como en sus cadenas de valor.

En el encuentro de París, el Grupo de Trabajo presentó una serie de recomendaciones, basadas en los pilares “Proteger, Respetar y Remediar” para la conducta de las empresas, y aclaró: “El rol de los negocios en la implementación de los ODS es diferente, y va mucho más allá, de la RSE tradicional.

La filantropía o la empresa social son bienvenidas, pero no pueden sustituir a la responsabilidad de respetar los derechos humanos, que todas las compañías –sin importar su tamaño, sector o localización en el mundo-, deben respetar. Esto implica evitar impactos adver-

sos en los derechos humanos del otro, y atender los impactos en que se haya visto involucrado el negocio. No sólo es “no hacer daño”, sino que tiene un tremendo potencial para contribuir hacia un cambio positivo para cientos de millones de personas pobres y marginadas en el mundo, para quienes de otra manera, el término “desarrollo sostenible” sería vacío de sentido”.

En particular, desde la ONU se hizo énfasis en las cadenas de suministro y proveedores de las corporaciones multinacionales. “El comercio internacional y las cadenas de valor han contribuido positivamente al desarrollo económico, pero también se las ha relacionado con impactos negativos sobre los derechos humanos. Los negocios que son parte de cadenas globales de suministro pueden virtualmente afectar todos los derechos reconocidos internacionalmente.

El riesgo de un abuso es frecuentemente exacerbado por la manera en que estas cadenas son estructuradas y administradas (e incluso no administradas).

Si se coloca a los derechos humanos en

el centro de las actividades de cadenas de suministro, las empresas pueden hacer una contribución sólida al desarrollo sostenible”, establecieron en sus recomendaciones. Esta cuestión, junto al resto de los consejos del grupo de trabajo, será retomada en el Foro Anual de Negocios y Derechos Humanos de la ONU, que se hará entre el 27 y el 29 de noviembre en Ginebra.

“Efecto contagio” en el G-20 A pocos días de celebrada la reunión en París, el debate se trasladó a Hamburgo, Alemania, en ocasión del encuentro del G-20. Los líderes mundiales convocados a la ciudad germana presentaron una declaración en que se comprometieron a promover la implementación de estándares de trabajo, sociales y medioambientales y derechos humanos en línea con marcos reconocidos internacionalmente, como los Principios Guía de la ONU de Negocios y Derechos Humanos. Este pronunciamiento reforzó otra declaración anterior del G-20,

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Agenda internacional de RS

emitida en mayo, que llamó a tomar medidas “efectivas e inmediatas” para erradicar la esclavitud, el trabajo forzoso y el tráfico de personas en las cadenas de suministro globales.

Estos pronunciamientos fueron en cierto sentido una respuesta a una misiva del grupo de trabajo de Derechos Humanos de la ONU, que en marzo había enviado al G-20 sus propias recomendaciones sobre cómo transformar a estas cadenas de proveedores en “sostenibles”.

Fábricas en Bangladesh como ejemplo para el mundo Desde la Unión Europea indicaron a Revista Fonres que la cuestión de cadenas de suministro es un eje central en los esfuerzos del sector privado por cumplimentar los ODS, y por eso tomaron protagonismo en los encuentros mundiales mencionados y en los de-

SI SE COLOCA A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO, LAS EMPRESAS PUEDEN HACER UNA CONTRIBUCIÓN SÓLIDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE. bates que restan para 2017, centrados justamente –y como se anticipó en anteriores ediciones de esta publicaciónen las metas fijadas para 2030.

Al fin y al cabo, el párrafo 67 de la Agenda 2030 llama a “todos los negocios a aplicar su creatividad e innovación para resolver desafíos de desarrollo sostenible” y a los Estados a “promover un sector empresarial dinámico y de buen funcionamiento, protegiendo los derechos laborales y medioambientales, así como los estándares de salud en correspondencia con los estándares y acuerdos internacionales”.

Un ejemplo concreto que tuvo su propio avance en la conferencia de la OCDE en París es el ACCORD, un acuerdo que rige para Bangladesh pero es tomado como referente a nivel mun-

dial, ya que no existe otro de su tipo para cadenas de suministro. En junio último se firmó un acuerdo sucesorio para el ACCORD original, de 2014, y se ampliaron algunas de sus consideraciones, ligadas a la seguridad de las fábricas textiles (estructural, de incendios y eléctrica, y las medidas de remediación en caso de un incidente).

En diálogo con este medio, Rob Wayss, director ejecutivo de ACCORD, recordó el origen del acuerdo en varios accidentes ocurridos en fábricas de Bangladesh, por incendios o colapso de las estructuras (el país es el segundo después de China en la industria textil mundial, con aproximadamente 3.500 establecimientos de este tipo y 4,5 millones de empleados). “Desde los sindicatos se decidió que había que hacer un cambio. Había que tomar otro enfoque en relación al cumplimiento de las reglas para estas fábricas. Tras semanas de negociaciones sobre los requerimientos de inspección y los programas de remediación de incidentes, se firmó el primer ACCORD, en el que los firmantes debían listar todas las fábricas que producían para ellos, ya sea propias o tercerizadas”, relató Wayss.

Cada uno de estos establecimientos fue inspeccionado por ingenieros independientes, siguiendo estándares de ingeniería industrial, y se fijaron requisitos de seguridad para las estructuras de las edificaciones, la prevención de incendios y las conexiones eléctricas. A esto se sumó un plan para corregir aquellos activos de seguridad defectuosos, e iniciativas de remediación que fueran via-

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Agenda internacional de RS

Para la ONU, es necesario que los Estados se ubiquen “en el asiento del conductor” a la hora de establecer las prioridades de desarrollo en línea con los ODS.

bles. Toda esta información pasó a ser pública en el sitio web de ACCORD. Un total de 217 empresas suscribieron este convenio hasta el momento. “Al integrarlo, las firmas a su vez se comprometen a ser parte de comités de entrenamiento y empoderamiento, de manera que exista un cuerpo de técnicos capacitado para evaluar el estado de las fábricas. También se fijó un mecanismo para que los empleados reporten amenazas a la seguridad que observen en su trabajo cotidiano”, explicó el directivo de ACCORD. Entre las más de 200 firmas que acatan la iniciativa hay compañías de Europa, Australia, Estados Unidos, Canadá y una de Sudamérica (la chilena Cencosud), que cuentan con proveedores en Bangladesh. Entre ellas se encuentran Adidas, Benetton, El Corte Inglés, Mango, Carrefour, Abercrombie, Hugo Boss y Puma.

Con el acuerdo sucesorio alcanzado en junio pasado, se garantizó la continuidad de estas premisas, porque el ACCORD de 2014 expira en abril de 2018: ahora estas reglas para las fábricas establecidas en Bangladesh tendrán una duración adicional de tres años, a partir de mayo de 2018.

“Si bien ACCORD rige solamente en el país asiático, es icónico para la industria textil, porque avanzó sobre la implementación de medidas de segu-

ridad, y los derechos de los trabajadores. Una novedad importante que se incorporó este año es que en 2018, el acuerdo podría extenderse a fábricas de otras industrias, que tendrán la posibilidad de sumarse como firmantes, con lo que estas medidas de seguridad podrán ampliarse más allá del mundo textil”, anticipó Wayss.

Compromiso con la transparencia En relación con el origen de los productos fabricados, el Foro de la OCDE de junio pasado fue también ocasión de la firma de otro compromiso, el Transparency Pledge, que se había anunciado originalmente en abril y ya consiguió la firma de 17 compañías. En este caso, el acuerdo apunta a transparentar dónde se fabrican los productos, aspecto que permitiría mejorar la situación de las fuerzas laborales (se cree que un 94% de la planta dedicada a cadenas de suministro globales aún está “escondida”, especialmente en Bangladesh y Camboya, según datos de la International Trade Union Confederation –ITUC-).

Suscribieron el Transparency Pledge firmas como Levi Strauss, H&M, Esprit y Adidas, que para fin de año deberán haber cumplido con la difusión pública de los detalles sobre sus fábricas repartidas en el mundo, así como aquellas que tienen sub-contratadas.

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AL CUIDADO Y LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL La Federación Argentina de Amigos de Museos lo entiende como un bien social que toca a todos por igual y que se transmite de generación en generación. Identidad, memoria colectiva, raíces y diversidad.

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“El patrimonio cultural es lo que van a heredar nuestros hijos y nietos. Si no lo protegemos, lo promocionamos y lo divulgamos se muere y nos quedamos sin pasado. Es como si una familia no transmitiera a los suyos quiénes son, de dónde vienen y que hacían sus abuelos y bisabuelos. Lo mismo pasa a nivel país.

Es una cuestión de supervivencia”, dice Alfredo Corti, presidente de la Federación Argentina de Amigos de Museos, entidad no gubernamental, sin fines de lucro, presente en el territorio argentino, y que se creó, hace 35 años, para propiciar la formación de Asociaciones de Amigos de Museos y para reunir, apoyar y fortalecer a las existentes. Su finalidad principal es poner en valor el patrimonio cultural y natural del país difundiéndolo y promoviendo su conservación para las nuevas generaciones. FADAM cuenta con más de 100 asociaciones de la Ciu-

dad de Buenos Aires y 14 provincias, desde Salta a Ushuaia, pasando por Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Tucumán, y Santiago del Estero, entre otras.

En conjunto suman aproximadamente 12 mil amigos que colaboran con sus respectivos museos. Su sede se encuentra en un antiguo edificio, en el casco histórico de la ciudad, en el tradicional barrio porteño de San Telmo.

A la hora de analizar la toma de conciencia sobre la importancia de la herencia y la riqueza cultural, Corti cree que se ha progresado mucho pero aún falta mucho más por hacer. Y ese progreso está vinculado a la tarea de las asociaciones de amigos, y a las actividades de FADAM. Corti destaca el Certamen Escolar Nacional que realizan desde hace 25 años para escuelas de todo el país

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Al cuidado y la difusión del patrimonio cultural > Fadam

LOS MUSEOS YA NO SON DEPÓSITOS DE COSAS VIEJAS, SINO QUE SE HAN CONVERTIDO EN CENTROS CULTURALES URBANOS.

como una forma de hacer que los chicos conozcan su entorno cultural y natural, “sepan porque son de un lugar y no de otro. Es impresionante y conmovedor ver el trabajo que hacen las escuelas y las cosas que presentan para el certamen”, confiesa Corti. “Recibimos cientos de proyectos, principalmente de todos lados menos de la Capital Federal.

Premiamos a 10 por año. Y en general, cuanto más lejana es una provincia más trabaja la escuela en el tema y más apego sienten sus alumnos por la naturaleza y a cultura”, detalla. (Ver recuadro).

Asegura que para que haya un mayor valor ciudadano con respecto a la temática, hay que seguir insistiendo, y convenciendo a la gente para que vaya a los museos y descubra cosas. “Nos cruzamos por ejemplo con personas de 30 o 40 años que nos dicen, “trabajo o vivo en este barrio desde hace 15 años y nunca antes había visitado el museo”. Se maravillan con cosas que tuvieron siempre acá, a la vuelta”, explica y repite la importancia de insistir en toda clase social y nivel educativo. “No tenemos tanto la

costumbre de ir a los museos y estos ya no son depósitos de cosas viejas, sino que se han convertido en centros culturales urbanos, en salas de conciertos, de formación. Realizan una cantidad impresionante de actividades y justamente la tarea de FADAM y de sus asociaciones es servir de vínculo entre el museo y la comunidad, atraerla hacia las actividades que lleva adelante, y hacer al museo partícipe de las necesidades de la comunidad, porque cada vez atienden más a sus públicos, y muchas exposiciones se hacen por necesidad o sugerencia de la comunidad”, revela. Justamente las asociaciones de amigos son el vehículo que atiende esa demanda.

También aportan ideas, apoyan al director y funcionarios, divulgan las obras y las tareas, atraen gente, juntan recursos financieros y económicos, hacen presentaciones para el mecenazgo y puesta en valor de los edificios y sedes, arman certámenes, entre otros roles. Explica el caso del Museo de Arte Decorativo que lleva adelante el concurso MAD, Moda, Arte y Diseño,

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Al cuidado y la difusión del patrimonio cultural > Fadam

creado por su asociación de amigos, abierto a jóvenes de todo el país. En cuanto a la Responsabilidad Social, asegura que como el Estado cada vez dispone de menos recursos, se acude al empresariado y se busca involucrar a las compañías que tengan particular interés en el arte, la cultura y el patrimonio. Y se las involucra en el patrocinio de muestras, premios y otros trabajos.

Y destaca el compromiso en general de los bancos. “Tienen una gran sensibilidad para participar en este tipo de actividades” Valor de las entradas El valor de las entradas a los museos oficiales puede prestarse a polémicas. Corti hace una comparación internacional: en Londres son gratis. En Nueva York también, aunque piden una contribución “voluntaria” de 25 dólares que observan cuidadosamente si el ingresante la ha abonado. En París son caros. Cada país presenta una realidad diferente.

“Acá en la Argentina había entradas a valores bajos hasta hace unos pocos meses. Pero el gobierno, en una actitud demagógica y poco amistosa con las asociaciones de amigos las retiró.

Esto perjudica en especial a pequeños museos nacionales y municipales del interior. El precio no era caro, además siempre hay un día de acceso gratuito, descuento permanente para jubilados y estudiantes, etc. Pero con eso que recaudaban, se pagaban gastos como la luz, entre otros. Esos 20 pesos del valor de la entrada servían para algo. Quienes hoy manejan el área de cultura, desgraciadamente, no saben nada de museos.

Esta medida se trató de establecer con anteriores ministros y administraciones ahora la concretaron”, se lamenta.

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CERTAMEN ESCOLAR FADAM promueve el rescate y valoración del patrimonio cultural y natural, entendido como bien social que toca a todos por igual y se transmite de generación en generación, fortaleciendo la identidad, la memoria colectiva, las raíces y la diversidad. Así organiza desde 1993 el certamen escolar para concientizar a niños, jóvenes y docentes en el conocimiento y cuidado del patrimonio.

La edición 2017 se titula “El museo en la Escuela. Una experiencia viva”. Ya que lo conciben como escenario para el desarrollo educativo por medio de actividades que propicien una interacción y una exploración creativa en el marco de la escuela.

La propuesta implica la elaboración de un proyecto viable de creación de un Espacio-Museo Escolar; o la actualización del ya existente.

El concurso cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, ICOM Argentina y CECA-LAC –Comité Internacional de Educación y Acción Cultural para América Latina y El Caribe y los ganadores se darán a conocer el 29 de septiembre.

Y si bien reconoce que han establecido la posibilidad de que el público colabore con bonos voluntarios, no existe en nuestro país la costumbre arraigada de aportar. Incluso a las asociaciones les cuesta conseguir que la gente se haga amiga y pague una “cuota” que puede ser mínima porque hay varias opciones de precios y cada asociación maneja su propia tarifa. Lo que sí es igual a todas las asociaciones es su funcionamiento, aunque en algunas provincias o ciudades y localidades del interior, trabajan en red. Se unen para hacer actividades en conjunto, muestras complementarias, eventos de recaudación y así sumar y no restar esfuerzos.

Por otra parte, Corti comenta que, entre los logros más grandes de FADAM

figura el permanecer 35 años, siendo una entidad sin apoyo estatal. También menciona el Certamen para Escuelas, la revista que imprimen, un programa semanal en Radio Cultura donde difunden itinerarios culturales y le cuentan al público que ir a ver y recorrer, cursos y capacitaciones, el taller de restauración para obras de los museos, ciclos de conferencias nacionales e internacionales y el estar vinculados a la Federación Mundial de Amigos de Museos, dónde FADAM cuenta con un lugar destacado. Y como desafió, señala el conseguir más asociaciones y mantener a las que ya tienen, intensificar el diálogo, y convencer a los funcionarios de turno que no sean un palo en la rueda de sus actividades.

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Los derechos se realizan. Si no se puede realizar, no es un derecho. La exigiblidad es un elemento esencial y hay que empoderar al pueblo para que sepa que es titular de esos derechos.

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Entrevista con JORGE CHOLVIS Y EDUARDO BARCESAT

PILARES DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL El Instituto Arturo E. Sampay de la mano de los juristas Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat defiende una plena vigencia de los derechos. Una Carta Magna que refleje el verdadero sentir del pueblo.

“Si los derechos no pueden realizarse, entonces no son derechos” enfatizan Eduardo Barcesat y Jorge Chovlis, destacados abogados y constitucionalistas. Ambos abrevan en el Instituto Arturo E. Sampay, una organización de la sociedad civil creada en septiembre de 2015 hace dos años que busca “crear un ámbito de estudio, debate, análisis y difusión de la Constitución Nacional Argentina, su relación con la Constitución real contemporánea y, a efectos de coadyuvar con la elaboración de un proyecto Nacional a fin de ser institucionalizado al más elevado rango normativo como proyecto socio-político compartido por la Nación”. El Instituto es uno de los espacios de pensamiento del constitucionalismo social de la Argentina, en homenaje a Sampay, el primer referente del país en la materia.

Instituto

SAMPAY

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En el Instituto Sampay participamos de la idea de que la Constitución debe ser obra de todo el pueblo. No se trata de que se siente un cenáculo de especialistas a redactar un texto sino que participen todos los sectores sociales.

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La Dra. Alessandra Minnicelli dialogó con estos hombres del derecho, de reconocida trayectoria, constitucionalistas de peso, que trabajan desde el pensamiento nacional y desde la búsqueda del interés público, además de transmitir el legado y hacer público el reconocimiento al jurista Sampay. El objetivo: reflexionar sobre la realidad argentina y sobre la necesidad o no de hacer una nueva constitución. ¿Cuál es el trabajo que están realizando desde el Instituto Arturo E. Sampay?

JC: Planteamos un constitucionalismo que sea reflejo de las aspiraciones como pueblo y que, en una futura Constitución definamos cuáles son los fines que nos propongamos como nación y los medios que vamos a institucionalizar al pasar, del rango normativo, para hacer efectivos los derechos.

Prácticamente, el mayor problema jurídico radica en darle eficacia a esos derechos, no solo a nivel nacional sino también internacional. Éstos ya tienen

raigambre en el conocimiento y la doctrina pero lo importante es superar el condicionamiento socioeconómico que impide su plena vigencia.

Porque, según el lugar en la escala social al que uno pertenezca, se puede llegar a tener salud, vivienda, educación. Con el neoliberalismo los derechos se compran y se venden. En cambio, en la concepción constitucional del ’49, los derechos hacen a la plena dignidad humana y la Constitución de ese año, fue diseñada para hacer eficaz ese proyecto de independencia económica, cultural y nacional.

Todos estos conceptos están directamente relacionados y tienen una vigencia enorme en nuestra realidad. Por eso es necesario debatir sus principios básicos y saber cuáles fueron las causas y consecuencias de su derogación por el bando militar que tomó el poder en el ’55.

Eduardo, fuiste constitucionalista en el ‘94, ¿qué paso allí con la Constitución del ‘49 cuando se plantea la reforma?

EB: Finalizando la Convención Constituyente, se decide hacer un prólogo que establezca la historia de las Constituciones argentinas. Por una extraña razón se le encarga la tarea a una arquitecta, Elva Roulet. Ella presenta un texto donde suprime la del ’49 y no se dió ninguna razón.

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Entrevista > Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat

Arturo Sampay Arturo Sampay (Entre Ríos, 1911- La Plata, 1977) fue un gran constitucionalista argentino del Siglo XX, el padre intelectual de la Asamblea Constituyente de 1949 y que dio vida a la Constitución de ese año.

Era un hombre brillante, con un gran dominio de conceptos filosóficos y jurídicos quien además hablaba varios idiomas. “En mi caso pude conocerlo. Fui su alumno, lo acompañé en el período de 1973 a 1976 como adjunto en su catedra, y así pude seguir lo que el cotidianamente nos enseñaba en sus innumerables textos. El año pasado se editaron sus obras selectas, donde tuve la posibilidad de intervenir en la coordinación”, afirma Jorge Cholvis, presidente del Instituto Arturo E. Sampay.

En su primer libro, escrito en 1936 y referido a la Constitución del ’33 de Entre Ríos, abunda en la temática del constitucionalismo social y también de los derechos de los trabajadores, de la tierra y señala una problemática que es contemporánea: cómo las provincias, en sus textos constitucionales, se encuentran limitadas en la posibilidad de su desarrollo si no se enmarcan en un proyecto nacional.

“Y hoy, las naciones de Sudamérica se ven limitadas si no nos integramos a la Patria Grande, tal como lo señalaban Artigas y Belgrano, entre otros”, afirma Cholvis.

Me llama la atención que las fuerzas del Pacto de Olivos, es decir el peronismo de ese entonces y el radicalismo consintieran ese avasallamiento. Esto se dio sobre el final de la Convención y no tuvo mayor debate, pero implicó homologar a un usurpador del poder, la llamada la Revolución Libertadora, que suprimió una Constitución legítima para reestablecer la otra.

Porque la nueva había respetado todos los pasos legales y legítimos. Fue un episodio penoso. Yo no provengo de formación política del peronismo pero tengo un enorme respeto por él y me pareció una afrenta. Es más, en el inicio del debate sobre el reglamento, señalé que había dos maculas en la historia institucional argentina. La primera: que una Constitución con legitimidad histórica, como la del ’53, hubiera sido

repuesta por un usurpador del poder político y la segunda, que la del ’49, que marcó un antecedente importantísimo del constitucionalismo social hubiese sido suprimida por ese mismo usurpador.

En 1970, otro usurpador, Onganía, y sus sucesores Levingston y Lanusse, forjaron un nuevo intento, con la idea de que el que toca algo grande hace algo grande. Así, instrumentaron un proyecto que presentaron en el Congreso de Abogados de la Argentina, que se hace cada cuatro años, y tuvimos una larga lucha. La abogacía se dividió al mejor estilo Montescos y Capuletos.

Estaban los que querían favorecer la idea, los que querían redactar una letra y los que nos opusimos a la idea de que un usurpante del poder reformara una Constitución legítima. Triunfó esta pos-

tura, aunque hubo escenas de pugilato, volaron sillas y fueron debates calurosos. Pero logramos sacar una sola resolución que dice que una constitución sólo puede ser reformada por las autoridades y conforme al Artículo 30. ¿Existe la necesidad de una nueva constitución?

EB: En el Instituto Sampay participamos de la idea de que la Constitución debe ser obra de todo el pueblo. No se trata de que se siente un cenáculo de especialistas a redactar un texto sino que participen todos los sectores sociales. Porque si el pueblo no participa difícilmente la viva como socialmente obligatoria. Aunque debemos decir que nos dio alegría saber que la ex presidenta haya dicho que se necesita

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Entrevista > Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat

LA PALABRA CLAVE EN ESTE TEMA ES: ACCESO. PORQUE ESO SIGNIFICA QUE HAY DESPOSEÍDOS Y QUE HAY QUIEN TIENE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR ESTO Y DE ADOPTAR UN CATÁLOGO DE DERECHOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES. ESTO ESTÁ EN EL ÁNIMO Y EN EL ESTATUTO DEL INSTITUTO SAMPAY.

efectivamente una nueva Constitución.

Debimos haberlo hecho antes cuando había que consolidar logros y derechos que se hicieron bajo esa década. A pesar de lo aciago, son los tiempos propicios para este debate conjugados con iniciativa de conformar un frente cívico de amplio espectro nacional, popular, latinoamericanista y con un profundo espectro de las políticas de derechos humanos y en la tutela de recursos y derechos naturales.

presentativo ni republicano. Y tienen un mandato vitalicio. Es un tema a pensar.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el Poder Judicial no es parte del gobierno, pero contrariamente a lo que dice, si lo es. Eso está en el texto constitucional.

¿Eso va a poner en valor todo este reconocimiento de derechos y legitimización de los últimos 12 años atrás, que hoy brillan por su ausencia?

EB: Fuimos los primeros en denunciar cosas como el acuerdo de los fondos buitres, la situación de los “Panamá Papers” y el primer decreto de emergencia de seguridad pública de 2016 que fue un escándalo. Es el que determina el derribo de aviones, o “vectores hostiles” como los han llamado. Esto equivale a volver a poner en un escenario extra normativo la pena de muerte, que ya tuvo su ensayo en el hundimiento de un barco chino en marzo del año pasado.

El protocolo establece que hay que llevarlo a puerto, decomisar la mercadería.

Pero pusieron en riesgo la vida de 38 tripulantes. Esto tiene ribetes que podrían haber terminado en un escándalo internacional. Si hubiera sido un buque de bandera norteamericana o de algún país europeo, ¿hubiesen tenido la misma conducta? Abusan de los decretos simples con el propósito de evitar que sea revisto por el Congreso.

EB: Creo que hay un derrumbe institucional que es parejo al derrumbe económico. El primero se inicia en el propio día de la transmisión de mando donde el Poder Judicial se doblega y quebranta el texto claro de la Constitución, establecido en dos cláusulas que no dan lugar a dudas y a debates, que determina que la fecha de fin del mandato debería haber sido el 10 de diciembre y no el 9.

Eso demostró que el Poder Judicial tiene obsecuencia con el poder de turno, y fue la primera entrega.

Ese doblegarse marcó el rumbo y hace pensar en otros de los grandes capítulos de la futura Constitución: hacer un Poder Judicial sea representativo y republicano en base al Artículo 1º de la Constitución, porque hoy no es ni re-

¿Qué han hecho desde el Instituto Sampay en torno a este derrumbe jurídico?

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Con el neoliberalismo los derechos se compran y se venden. En cambio, en la concepción constitucional del ’49, los derechos hacen a la plena dignidad humana.

Fue diseñada para hacer eficaz ese proyecto de independencia económica, cultural y nacional.

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Este derrumbe se vio con la Ley de Tierras. Aplicaron un decreto simple, ¿no cierto?

EB: Es algo tremendo y lo hizo el estudio de abogados del señor Lewis, propietarios de la ribera de los lagos del sur y socio del señor Mauricio Macri. Ese decreto, de julio de 2016, rompió con los dos pilares de la Ley de Tierras. Por un lado, el que fija una limitación de domino extranjero y el segundo que establece que la compraventa no es inversión, porque es un recurso natural que aporta a la Argentina. En los Tratados Bilaterales que el país firmó con Estados Unidos, que son recíprocos, el gobierno norteamericano establece que las propiedades rurales no son inversiones. Ellos lo tienen muy claro, en cambio, los, lacayos, cuando tenemos que enfrentar esto, salen con estos decretos, que nosotros llevamos al ámbito judicial.

JC: El derrumbe institucional también se vio en la negociación con los fondos buitres y en el endeudamiento. De acuerdo a la Ley de Administración del Estado, que es la base que permite el endeudamiento público, cada dos meses el Poder Ejecutivo debería decir cuál es el estado de avance. Y no lo hicieron.

En el arreglo con los fondos buitres, desconocieron información esencial y dejaron de lado principios que estableció la Corte Suprema en 2014. Hay serias y sólidas razones -aún cuando se ignoren y no sean tenidas en cuenta- para señalar la ilegalidad y la actuación casi delictual en la que incurrieron al poco tiempo de asumir el mando. Hicieron arreglos espurios, con los cuales llevaron adelante acuerdos que perjudican al erario y al pueblo argentino.

EB: Recuerdo que cuando la ex presidenta al volver de un viaje hizo una escala en las Islas Seychelles, los medios hegemónicos empezaron a decir que había ido a ver sus cuentas. Pero apenas regresó, con un enojo previsible, le pidió a Juliana Di Tullio, en ese entonces presidenta del bloque del Frente Para la Victoria, que presentara una denuncia contra todos los fondos de los paraísos fiscales. Yo patrociné esa denuncia. Porque esos fondos fugados son producto de la explotación de recursos y riquezas naturales, que, de acuerdo a pactos de Naciones Unidas, son de titularidad del pueblo y no de los Estados ni del gobierno. Ese dinero debería haber estado dispuesto al desarrollo autóctono e independiente. Pero se destinó a alimentar a guaridas fiscales que no preguntan ni el origen ni dónde

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Entrevista > Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat

se aplican, tampoco cobran impuestos.

Este ha sido un tema tan enorme que en el Instituto Sampay encaramos una propuesta de convención internacional para la prevención y sanción de guaridas de capitales, que se definen como crimen económico y de jurisdicción universal. Es un crimen contra los pueblos que tipifica a los responsables, que no son sólo los que colocan el dinero sino también aquellos que los reciben, los cubren y los estudios jurídicos y contables que arman estas estructuras.

En FORS hemos trabajado esta temática desde el lado de la irresponsabilidad social de los empresarios que no sólo lavan dinero sino que no pagan impuestos que deberían ser usados para el desarrollo local. ¿Qué posibilidades tiene esta propuesta normativa de plasmarse, de hacerse real?

EB: En el Seminario Sur Sur Nueva Estructura Financiera, que se realizó el año pasado en Ecuador, este país propició un pacto ético para combatir esto. ¿Proponían un derecho más liviano y no penal?

EB: Si, cuando en realidad los que fugan capitales no son muy éticos. Nosotros preferíamos una norma sancionadora.

Pero para nuestra sorpresa, en ese seminario, la UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, pidió nuestro proyecto para tratarlo en la Comisión de Derechos Humanos. Luego quieren lle-

varlo a la Asamblea General y redactar, después, un Proyecto de Convención.

Todo esto llevará su tiempo pero desde el año pasado ya está en marcha. ¿Se universalizó el tema a partir de la pésima experiencia argentina?

EB: En realidad fue tomada como la propuesta más operativa del seminario.

Tenemos que resolver nuestros problemas. No necesitamos endeudarnos. Necesitamos que nuestros capitales vuelvan a nuestros pueblos para lograr un desarrollo independiente y tecnológico.

Porque lo que tenemos es una alta deuda externa, fuga de capitales y dependencia tecnológica, que es la otra pata de la opresión del pueblo y de la falta de soberanía. En toda la transición democrática, desde Alfonsín en adelante, recién en 2010, en el Bicentenario del 25 de mayo, la presidenta habló de que no hay derecho de autodeterminación plena sin independencia económica.

Creo que esa es la senda que hay tomar, en vez pagar intereses usureros entregando la soberanía legislativa y judicial a órganos supranacionales, que los pueblos de Sudamérica, en alianza Sur Sur con naciones de Asia y África recuperen enormes dineros que fueron sustraídos de riquezas naturales de sus países y que les pertenecen a sus pueblos.

JC: Hoy día 67 familias son las que dominan la mayor riqueza mundial y 7 mil millones de habitantes que sufren. Este lucha puede valerse del derecho pero el derecho también puede someter a los pueblos.

¿Qué opinión les merece el alto endeudamiento?

JC: El endeudamiento posterga criterios axiológicos de hacer efectivos los derechos humanos básicos de vivienda, salud, tecnología.

EB: Hacemos una distinción, una cosa son los catálogos de derechos humanos y otra, las políticas de derechos humanos. La Nación Argentina ha incorporado -con novedosos mecanismos que habilitan la incorporación de sucesivos y nuevos convenios- tratados internacionales de derechos humanos si logra los 2 /3 de integrantes de ambas cámaras. Pero eso requiere de políticas porque si no, los derechos humanos son títulos, o meras señales que indican el acceso. Pero el cartel no es la obra de ingeniería social que posibilite la satisfacción de los derechos. Esos son los ejes esenciales de una nueva Constitución, donde no sólo demos corporeidad a los derechos sino que se establezca una ingeniería social para desarrollarlos.

La palabra clave en este tema es: acceso. Porque eso significa que hay desposeídos y que hay quien tiene la obligación de responder por esto y de adoptar un catálogo de derechos humanos, económicos y sociales. Esto está en el ánimo y en el estatuto del Instituto Sampay. Y se plasma en la idea de que los derechos se realizan porque, si no se puede realizar, no es un derecho. La exigiblidad es un elemento esencial y hay que empoderar al pueblo para que sepa que es titular de esos derechos.

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MITOS Y REALIDADES

MILLENNIALS ¿RESPONSABLES DE NACIMIENTO O POR ADQUISICIÓN?

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Mitos y realidades > Millennials

Embarazadas que fuman, familias que luego de realizar un picnic en un parque dejan toda la basura allí, niños jugando con bolsas plásticas en sus cabezas, acoso sexual y machismo recalcitrante en las empresas, racismo, discriminación. Todo esto muestra la serie Mad Men, que retrata el mundo publicitario a fines de los ’50 y principios de los ’60 en Nueva York como una gran radiografía sociológica de esa época.

Cinco décadas después, la realidad es distinta. Y si bien los jóvenes actuales tienen mayor conciencia ecológica y social que sus abuelos y bisabuelos, ¿lo son más que sus padres u otros contemporáneos? ¿Tienen ya internalizados estos conceptos? ¿Nacen con un ADN imbuido en sustentabilidad? Todas estas son preguntas que pueden tener o no una única respuesta.

comprar una marca asociada a una causa social (versus 85 por ciento). Y el 66 por ciento se vale de las redes sociales para promocionar este tipo de acciones (frente al 58 por ciento). El 70 por ciento está dispuesto a pagar más por un producto, el 87 por ciento adquiriría un bien o servicio con beneficio social y ambiental.

De todas formas, quienes no son millennials también presentan porcentajes elevados de compromiso sustentable. Con lo cual, se podría caer en generalizaciones al decir que “los jóvenes son socialmente más responsables”.

Porque, ¿más responsables en comparación a quién? Por supuesto que más que hace 50 o 60 años pero no necesariamente más ni menos que sus contemporáneos de mayor edad.

Creen en el cambio climático.

Son per se más responsables que otros congéneres.

FALSO Si bien hay diversas encuestas y estudios que muestran el interés por causas socioambientales, esto no vino sólo, ni surgió por arte de magia o desde la cuna. Fue producto de la educación, de la creciente toma de conciencia de sus antecesores, de la evolución del pensamiento, de un cambio de paradigma gestado con anterioridad, de una nueva forma de educarlos y de enseñarles principios ecológicos y de sustentabilidad.

A la hora de hablar de conciliación entre vida familiar y vida laboral, tienen una mayor conciencia con respecto a la corresponsabilidad.

VERDADERO Los jóvenes tienen una mayor predisposición a pensar que la dificultad de conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos es algo que afecta tanto a hombres y mujeres y que la búsqueda de flexibilidad para atender esto es algo fundamental para ambos. Así lo refleja, por ejemplo una encuesta que realizó Fundación Mashumana, en 2014 a más de 4 mil jóvenes entre 18 y 30 años de toda España.

No creen en el rol de las empresas para liderar el cambio.

FALSO De acuerdo a la última encuesta de Cone Communication CRS Study, consultora norteamericana que mide estas temáticas, el 71 por ciento de los milennians piensa que las empresas iniciaran el cambio hacia la sustentabilidad y tienen esperanza de que lo logren frente a un 63 por ciento del promedio general. A su vez, 91 por ciento pasaría a

VERDADERO De acuerdo a la misma encuesta, el 66 por ciento piensa que lo provoca el accionar del hombre frente al 58 por ciento de los norteamericanos en general. Pero surge una contradicción, no eligen al medio ambiente como la principal causa a considerar. En los primeros lugares ubican su propia comodidad y conveniencia. Y, si bien dicen “estar dispuestos a comprar productos socialmente responsables”, en la práctica no lo hacen. Por ejemplo, su promedio de adquisiciones ecológicas es de 11,4 por ciento, frente a 12, 6 del resto de la población y tampoco manifestaron adoptar hábitos sencillos, cotidianos y poco engorrosos que hacen al cuidado del ambiente.

Otras encuestas dividen a los millennials en dos grupos, de entre 18 y 24 y de 25 a 33, asegurando que los segundos están más comprometidos con acciones de reciclaje y voluntariado que los otros, que aún esperan que las empresas tomen todas las iniciativas.

No se consideran parte del cambio.

FALSO De acuerdo a una investigación de la consultora Intelligence Group, el 64% de los jóvenes buscan ser protagonistas del cambio y lograr un mundo mejor a través de sus propias acciones. Suelen tener un fuerte activismo involucradas en causas sociales pero ajenas a la política propiamente dicha.

Según el Millennial Impact Report, publicado en 2015 y uno de los principales estudios a jóvenes del mundo (la edición de 2016 estuvo más concentrado en el impacto de la campaña presidencial norteamericana) mostró que el 84% de esta generación hizo al menos una donación a una causa social, mientras que el 70% participó en algún voluntariado.

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Medición ambiental “Indicadores de producción verde”, una guía de CEPAL para alcanzar el desarrollo sostenible.

“Indicadores de producción verde. Una guía para avanzar hacia el desarrollo sostenible” es un documento presentado recientemente por CEPAL resultado del proyecto “Hacia un conjunto de indicadores para una producción más verde” cofinanciado por el organismo latinoamericano y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID). Su objetivo: desarrollar conocimientos específicos para impulsar el diseño y la recolección de indicadores regionales armonizados sobre producción sostenible e incorporación de tecnologías verdes en empresas de América Latina y el Caribe.

La guía presenta 56 indicadores que conforman el conjunto ampliado de Indicadores sobre Producción Verde (IPV) propuesto. Los autores afirman que debe entenderse como un conjunto de recomendaciones metodológicas,

de aplicación voluntaria. “No obstante, se espera que el seguimiento de estos lineamientos facilite la producción de datos (proporcionando instrumentos de fácil adaptación por parte de los países) y aumente su comparabilidad.

La producción y difusión de datos armonizados internacionalmente sobre producción verde ayudará a los responsables de las políticas industriales y medioambientales, además de a las empresas y a la sociedad en general, a comprender mejor los procesos y las prácticas medioambientales de las compañías y a tomar decisiones adecuadas para reducir los efectos nocivos de la industrialización, favorecer un crecimiento respetuoso con el medio ambiente, y aprovechar nuevas oportunidades económicas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, determinan.

Según la guía, la producción sostenible deberá

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La producción y difusión de datos sobre producción verde ayudará a los responsables de las políticas industriales y medioambientales, a las empresas y a la sociedad en general, a comprender mejor los procesos y las prácticas medioambientales de las compañías.

estar, por tanto, en el centro de atención de autoridades nacionales y organismos internacionales, motivando a su vez la necesidad de cuantificar los progresos en este ámbito. “La estadística oficial, como herramienta fundamental para la toma de decisiones basadas en evidencia, no ignora esta importante necesidad de información, como puede comprobarse en el intenso trabajo de discusión de indicadores para el seguimiento de los ODS”, determinan sus autores.

El documento está dirigido especialmente a los productores de información estadística oficial de la región y de forma particular, a las Oficinas Nacionales de Estadística (ONEs). “También puede ser útil para otros productores de datos, como ministerios y agencias relacionadas con las políticas industriales y de medio ambiente. Por otra parte, también es recomendable para usuarios de datos tanto responsables de políticas como sectores empresariales y las organizaciones no gubernamentales de defensa del medio ambiente. Éstos encontrarán información para comprender mejor los elementos que componen una producción más sostenible, revisando también el alcance de los indicadores propuestos, y contribuir de forma continua a la mejora de los sistemas de información”, detallan los autores de la guía.

A su vez, aclaran que algunos países de

la región ya han incluido, en sus encuestas a empresas, preguntas que permiten calcular indicadores relacionados con la adopción de tecnologías verdes, las inversiones y gastos en protección ambiental y la creación de empleos asociados a estas actividades. Pero advierten sobre una realidad: dado que la mayoría de las estimaciones estadísticas realizadas a nivel regional e internacional se basan en los datos ofrecidos por las instituciones nacionales, es necesario garantizar la coherencia estadística y la comparabilidad internacional, considerando también la importancia de evitar una carga excesiva para los productores de información. Justamente para eludir esto, la guía busca dotar de referencias que ayuden en la producción de indicadores y su forma de cálculo.

Para su elaboración se han tomado en cuenta diversas iniciativas internacionales, relacionadas con la medición estadística medioambiental y económica.

Ejemplos: el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) de Naciones Unidas; debates técnico entre un conjunto de Oficinas Estadísticas Nacionales de la región, en donde se discutieron los indicadores de la guía y el instrumento de recolección de información.

Por otra parte, la guía se propone, en primer lugar, armar un conjunto básico de indicadores, que permita dar una idea

general de la evolución de la producción verde en las industrias manufactureras, especialmente en aquellos países que actualmente tienen restricciones para la obtener una cantidad mayor de información. En segundo lugar, se presenta un conjunto ampliado de indicadores que permita apoyar la toma de decisiones a nivel político sobre los distintos aspectos relacionados con la producción verde. De este modo, los países que en una primera etapa puedan abordar solamente el cálculo del conjunto básico de indicadores podrían comenzar a orientar y evaluar sus políticas relacionadas con la producción verde, mientras que constituyen las herramientas necesarias para el cálculo del conjunto ampliado de éstos.

Posibles mediciones La guía presenta un Sistema de indicadores sobre producción verde (SIPV) que pueda ser calculado por los países latinoamericanos.

Según detallan los autores, el SIPV está referido a la actividad industrial manufacturera, de forma que la obtención de información estadística para su cálculo requerirá la recolección de datos de las empresas (y sus establecimientos).

También aseguran que el alcance de los indicadores de producción verde

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Medición ambiental

LOS INDICADORES VERDES PERMITEN TOMAR DECISIONES ADECUADAS PARA REDUCIR LOS EFECTOS NOCIVOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, FAVORECER UN CRECIMIENTO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, Y APROVECHAR NUEVAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS, EN LÍNEA CON LOS ODS.

está limitado a lo que se conoce como el modelo “puerta a puerta” (gate-togate). ¿Qué significa esto? La primera “puerta”, está limitada por los recursos (energía, agua y materias primas) que se compran, los que se generan (energías renovables) o los que se recuperan en la instalación, por lo que cualquier actividad previa y externa está excluida

de dicho alcance. De este modo, en el alcance de los indicadores no está incluidos ni la extracción, ni el procesado ni el transporte de las materias primas que entran como insumo en la empresa.

La segunda está definida por el límite de los productos, que incluyen tanto los manufacturados, los servicios, los desechos, las aguas residuales y las emisiones atmosféricas. Así, quedan fuera del alcance todas las actividades de transporte de los productos, su uso por parte de los consumidores y el fin de vida de los productos, al igual, que el almacenamiento, transporte y eventual tratamiento de los desechos, las aguas residuales y las emisiones atmosféricas cuando estos se realicen fuera del ámbito de la instalación. “Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, de acuerdo con este esquema, el tratamiento de aguas residuales realizado antes del vertido a la red de saneamiento está dentro del alcance de los indicadores propuestos, mientras que el tratamiento realizado por las municipalidades

a las aguas residuales ya vertidas no entra dentro del alcance de éstos”, determina el informe. Los indicadores que agrupa este sistema “se estructuran como un sistema, más que una simple lista, ya que se puede considerar que existen relaciones estructurales entre ellos, relacionadas con las etapas del proceso productivo. Para profundizar en la comprensión de las relaciones entre los indicadores, sería necesario llevar a cabo estudios estadísticos (correlación y regresión, otros métodos multivariantes) para detectar posibles relaciones que ayuden a diseñar políticas con un enfoque sistémico”, dice el documento que acompaña la guía.

Determina además, que el SIPV se estructura como un conjunto básico de indicadores, incluido en uno ampliado.

Además asegura que la clasificación de un indicador en una u otra categoría se basa en las discusiones que se mantuvieron en los talleres regionales realizados con la participación de las ONEs y bajo la coordinación de la CEPAL.

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CON EJE EN LA BIODIVERSIDAD A través del Programa ProYungas, San Miguel protege el bosque nativo tucumano al mismo tiempo que asegura la sustentabilidad de su producción.

“En San Miguel gestionamos recursos naturales y eso implica una responsabilidad con la comunidad y el medio ambiente. Entendemos la sustentabilidad como un eje transversal de nuestra estrategia y gestión del negocio.

Estamos comprometidos a hacer un aporte relevante en nuestras áreas de influencia para contribuir junto a todo el sector privado global a situar al planeta en una senda de desarrollo y sostenibilidad”, asegura Lucas Méndez Trongé, director de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de San Miguel, una de las principales compañías fruti-hortícolas del mundo, y principal exportadora de limones de Argentina y del hemisferio sur.

“Sabemos que nuestro éxito perdurable debe alcanzarse y mantenerse a

partir del desarrollo sustentable, donde sus tres componentes –el económico, el social y la protección del medio ambiente– constituyen pilares interdependientes que se articulan y refuerzan mutuamente”, asevera.

Así, en materia de sustentabilidad la firma se basa en tres ejes principales: nutrición, educación y conservación de la biodiversidad, tomando a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas como guía central y brújula para las acciones. “Así, proteger la biodiversidad, promover la educación de calidad, contribuir al hambre cero, difundir la agricultura sostenible y ser protagonistas del desarrollo económico, son algunos de las principales tareas que asumimos diariamente en nuestra gestión”, enfatiza el ejecutivo.

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Con el eje en la biodiversidad > San Miguel

ProYungas

REALIZAMOS ALIANZAS CON NUESTROS CLIENTES PARA DAR VISIBILIDAD A LAS INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDAD QUE TENEMOS Y DESARROLLAR NUEVAS EN CONJUNTO.

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Una de las acciones más destacadas de San Miguel es el Proyecto ProYungas.

La empresa cuenta con 14 mil hectáreas propias en la provincia de Tucumán, distribuidas en tres fincas que se encuentran inmersas en las yungas. Para fortalecer la integración la producción con la biodiversidad y los servicios del ecosistema, San Miguel trabaja desde hace 3 años junto a especialistas de Fundación ProYungas, en el programa “Paisaje Productivo Protegido” destinado a preservar los bosques nativos y asegurar la sustentabilidad futura de la actividad de la compañía.

Para llevar a cabo la iniciativa, en una primera instancia, se realizó un relevamiento y zonificación del territorio de la empresa para definir pautas de manejo en función de áreas de conservación y áreas productivas.

Luego se avanzó en el diseño e implementación de un Plan de Conservación de la Biodiversidad, a través del cual la ONG ProYungas instala periódicamente cámaras para el monitoreo de las especies silvestres en las áreas de bosque de San Miguel y analiza la interacción de los sistemas productivos con los ambientes naturales. Además, se confeccionó un mapa interactivo online que permite recorrer el paisaje y acceder al registro de plantas, mamíferos, aves e insectos que habitan el área.

“Somos conscientes de que cuidar nuestra tierra es cuidar el futuro. Con el

Programa Paisaje Productivo Protegido estudiamos y preservamos los bosques nativos en nuestras fincas de Tucumán, haciendo un uso responsable del suelo y produciendo de un modo sustentable.

Este es el compromiso que asumimos con la naturaleza y con las comunidades donde estamos presentes”, dice Méndez Trongé.

Diversas acciones La actividad de la firma en materia de RS no se agota en este proyecto. En materia ambiental, por ejemplo, mejoraron sus tecnologías para reducir el consumo de agua y volumen de efluentes. También despliegan el programa Nutrición Rural para promover la alimentación saludable de más de 1.400 alumnos de Tucumán junto a Banco de Alimentos; y el Programa Cre-Ser, que llevan a cabo con Asociación Conciencia para brindar apoyo pedagógico a los chicos con dificultades de aprendizaje, de manera de mitigar la deserción escolar en esas escuelas tucumanas.

Además, al estar inmersa en localidades donde todavía persiste en forma fuerte el trabajo infantil, la empresa ha asumido como propias tareas de “erradicación de esta problemática en las cadenas de producción. Por eso, lideramos iniciativas dentro del sector para combatir el trabajo infantil y concientizar a nuestros colaboradores y a la comunidad en general en la temática”, asegura.

Según el directivo, la gestión responsable de los recursos y el cuidado del medio ambiente están inscriptos en el

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SOMOS CONSCIENTES DE QUE CUIDAR NUESTRA TIERRA ES CUIDAR EL FUTURO.

ADN de San Miguel. Desde sus inicios, la compañía desarrolló su modelo de negocio pensando en el largo plazo y en las próximas generaciones. “Sabemos que no hay verdadero crecimiento sustentable, sin la participación de todos los actores de la comunidad. Por eso, en este recorrido de más de 60 años, hemos ido potenciando nuestro modelo de gestión a partir del intercambio con el sector citrícola, socios estratégicos, autoridades y vecinos.

Hoy, la sustentabilidad está en la agenda de todos. El consumidor final exige cada vez más la responsabilidad de las compañías a la hora de elegir sus productos. Por eso, hemos comenzado a realizar alianzas con nuestros clientes para dar visibilidad a las iniciativas de sustentabilidad que tenemos y desarrollar nuevas en conjunto”, resalta.

Y, a la hora de analizar dificultades y formas de afrontarlas y sortearlas, Méndez Trongé cuenta que, cuando relevaron las necesidades de las comu-

nidades, identificaron una gran cantidad y diversidad de problemáticas que deben ser atendidas. “Para focalizar estratégicamente los esfuerzos y realizar un aporte sostenible, planteamos la estrategia de sustentabilidad en ejes. Así, orientamos la gestión a la resolución de problemas específicos que aquejan a nuestras comunidades y tienen una vinculación con nuestro negocio”, cuenta.

También comenta que otro gran desafío fue el pasaje de un modelo de asistencialismo a uno de desarrollo, cuyo foco está en la promoción de capacidades que potencien a las personas y las ayuden a ser protagonistas de su propio crecimiento. Para ello, la clave fue generar alianzas con socios estratégicos que además de aportar su expertise, estén inmersos en el territorio y les ayudan a trabajar articuladamente junto con las comunidades.

Para la empresa, estas alianzas son fundamentales porque “la consecución de

acciones realmente transformadoras requiere de la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos para asegurarnos que dejaremos un mejor planeta a las generaciones futuras”, dice Méndez Trongé.

“Cada uno de estos agentes tiene mucho para aportar. A la hora de implementar iniciativas buscamos socios estratégicos que nos ayuden a potenciar el proyecto y alcanzar los objetivos planteados de manera más eficiente”.

En el caso del Programa Paisaje Productivo Protegido, trabajan con Fundación ProYungas como socio técnico y realizaron intercambios con las autoridades de medio ambiente provinciales y locales. Junto a Banco de Alimentos, el INTA y Pro Huerta implementan el programa Nutrición Rural y de la mano de Asociación Conciencoa el programa Cre-Ser. En estos dos proyectos, trabajan con docentes, directivos, Inspección Escolar y otras autoridades educativas de Tucumán.

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mas que

1000 palabras Los Derechos Humanos son sin duda un asunto impostergable en la agenda global actual. Sin embargo, todavia es necesario un nuevo llamado de atención para despertar la conciencia de todos los ciudadanos.

LOS DERECHOS HUMANOS NECESITAN TU LLAMA

Campaña de Amnisty International de Bélgica para alentar el apoyo a la institución

LA REPRESIÓN LAMENTABLEMENTE SIGUE DE MODA La brutalidad policial no escapa a ningún país tal como lo demuestra esta campaña impactante de Aminstiy Internacional. .36

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Más que mil palabras > Derechos humanos

LUJO SIN SENTIDO

Contrasentido y perplejidad, se gasta más en artículos suntuosos que en comida para quien lo necesita. Así lo refleja esta cruda imagen de People in Need que llama a tomar conciencia.

EL TECLADO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Campaña de Amnisty Internacional para fomentar la armonía, la tolerancia y la aceptación como principal herramienta de reivinidación de derechos

DEFENDER LOS DERECHOS DE TODOS En condena de tradiciones machistas muy arraigadas esta campaña del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Mexico, alienta a las mujeres a alzar la voz.

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Entrevista con SERGIO RENGIFO

PERSPECTIVA PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL El Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible trabaja para asentar y hacer realidad estos conceptos. Sergio Rengifo, directivo de la entidad analiza variables y tendencias.

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El Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES-Desarrollo Sostenible) es un centro de pensamiento conformado por un grupo de empresas de los sectores más importantes de la economía del país: energía, minería, agro-industria, manufactura, construcción y financiero. Buscan incentivar el Desarrollo Sostenible como una opción para lograr una mayor rentabilidad, mejorar la calidad de vida de las personas y utilizar racionalmente los recursos naturales.

Además, es el capítulo colombiano del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que reúne a 200 compañías líderes en el mundo, unidas por el compromiso con el desarrollo sostenible a través de sus tres pilares: crecimiento económico,

balance ecológico y progreso social.

Revista Fonres dialogó con Sergio Rengifo, director de Capital Social de la entidad, que tiene más de 20 años de experiencia en temáticas relacionadas con la sustentabilidad. Allí analiza la situación de la región y de su país. ¿Cuál es el estadio hoy de la RS y la sustentabilidad en Colombia?

Prefiero hablar de desarrollo sostenible con foco en las personas y el planeta.

Porque la RSE y la sostenibilidad es lo que le toca a cada organización y a cada actor para contribuir a lograr ese gran fin que es el desarrollo sostenible.

Veo a Brasil Colombia y México trabajando en la temática. Argentina bajó un poco la guardia en los últimos años.

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Perspectiva para la Responsabilidad Social > Sergio Rengifo

El tema surgió con las grandes empresas pero en nuestros países, donde el 85 por ciento de las compañías son pymes, hay mucho trabajo allí, sobre todo en la cadena de valor de las firmas de mayor envergadura.

En Colombia, el proceso camina, aunque faltan muchas cosas por hacer como fortalecer e involucrar a más actores y encontrar las estrategias para que haya más pymes, con efecto bola de nieve. Debemos poder mostrar impactos de esta forma de hacer negocios.

De todas formas siguen habiendo déficits: Aún no se muestra que esto es una oportunidad de hacer negocios, y de gestionar riesgos sociales y ambientales. Acá hay gente que habla de RSE y trata mal a sus empleados, esa concientización existe. Falta pasar de la política y de la idea a la práctica, y bajar a la realidad. Se ha hecho una labor, pero todavía hay que capacitar y sensibilizar a muchos más.

¿Qué país ves cómo modelo en materia de RS y sostenibilidad?

No se puedo hablar de un modelo porque no hay países modelos pero si hay políticas públicas, empresas, líderes a nivel mundial que pueden transferir esto y replicar en otros lugares.

Frente al proceso de paz en Colombia, ¿cuál es el nuevo escenario para las empresas y otras organizaciones y cuál crees que debe ser su rol en el marco de la RSE? Como empresa, si haces las cosas bien, con tus impactos ya contribuyes al proceso de paz, porque la guerra es un tema de desigualdad. Si todos se ponen de acuerdo en generar condiciones para que existan las mismas oportunidades, si bajas los riesgos se bajan los focos de violencia.

Hoy estamos en una etapa de post conflicto pero persiste la corrupción. Son temas intangibles que no siempre se men-

FALTA QUE HAYA OPORTUNIDADES PARA PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y FALTAN ACCIONES CONCRETAS PARA QUE CUALQUIER CIUDADANO DE LA REGIÓN, CUANDO NACE EN ESTOS PAÍSES, TENGA LAS MISMAS OPORTUNIDADES. .40

cionan. A través de los ODS, las empresas tienen la oportunidad para construir la paz, invierten en esto por sus estados financieros, la minimización de riesgos, la licencia social para operar, la imagen y la reputación. Si ven esto, van a invertir.

Con paz o sin paz, las empresas hacen negocios, pero la pobreza en el país es alta. Hoy el mundo analiza nuestro caso, nuestro proceso que involucra a 40 mil guerrilleros. Pero aún tenemos un nivel de pobreza de 15 millones de habitantes, y 4 millones en extrema pobreza. Eso equivale a tres Costa Ricas. La mejor forma de contribuir es haciendo buenos negocios que generen impacto social en territorios donde no hay infraestructura y altos niveles de necesidades básicas insatisfechas.

Que todos tengan las mismas oportunidades no sólo es una responsabilidad de las empresas, sino también de la academia y

PERFIL

de la sociedad en general. Pero las compañías pueden apalancar para que la paz sea una realidad, además de contribuir a recuperar al país como destino turístico.

Desde hace más de 20 años que Sergio Rengifo trabaja en sustentabilidad y Responsabilidad Social. Es ingeniero industrial, y tiene un Master en Responsabilidad Social Corporativa, de la Universidad Pontificia de Salamanca (España). Es especialista en temas como negocios inclusivos, desarrollo sostenible, ODS, ISO 26000, sistemas de gestión, mejoramiento continuo, reportes sustentables, indicadores, RSE, entre otros. Dirigió y elaboró la publicación “Negocios Inclusivos una Estrategia Empresarial para Reducir la Pobreza – Avances y Lineamientos”, como así también la investigación “La Sostenibilidad da que hablar”, que implicó entrevistas a periodistas de todas las regiones de Colombia. Es director de Capital Social del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, CECODES y preside la Red de Periodistas por el Desarrollo Sostenible de Colombia.

¿De qué forma están trabajando los ODS? La letra de los ODS es ambigua pero generan una hoja de ruta. En Colombia, lo sostenible se está dando más en lo ambiental que en otros países.

Hay un marco regulatorio fuerte para el sector privado en la materia. Aún no se ha sancionado una ley de RSE pero generamos un marco conceptual para hacer negocios teniendo en cuenta asuntos que antes no eran considerados. Para que aparezcan en la mente dilemas cómo: “si mi negocio es fabricar bebidas, no lo voy a poder llevar adelante si no hay agua. Entonces, ¿qué puedo aportar?”.

Hoy hay casos de éxito, eventos, iniciativas como el Pacto Global. Todo esto ha sido muy interesante y se está logrando la articulación de los actores para trabajar en la cadena de valor.

Ya no estamos en la etapa de que un actor debía convencer a otros sino que hoy muchos hablan el mismo lenguaje.

Para esto se hicieron congresos, iniciativas de negocios inclusivos, se construyeron espacios de transferencia de conocimientos, y se dio visibilidad a iniciativas que son un buen negocio.

Cuando empezamos en 1993, éramos los extraterrestres. En 2001 seguíamos siendo los únicos en el tema. A partir de 2006,

Cuando encaramos los ODS hay una cantidad de variables que si no se manejan bien pueden servir para el “greenwashing”.

2007, hubo una proliferación de empresas dispuestas a abordar el tema. Se ha avanzado y en los últimos cinco años, con el Pacto Global se ha hecho más.

No importa en este punto, cuántas adhesiones tenga sino el resultado de su impacto, el cambio positivo o negativo que mi empresa generó. ¿En qué cambió la vida de la comunidad con mi compañía? ¿En qué estadio está Colombia y la región en materia de capital social?

La dinámica que generaron hace unos años China e India ayudó a reducir la

pobreza en muchos territorios, incluido América Latina. Pero falta mucho, falta que haya oportunidades para personas de bajos ingresos, faltan acciones concretas. En cuanto al tema social, nos falta apalancar que cualquier ciudadano de la región, cuando nace en estos países, tenga las mismas oportunidades.

En la región, la pobreza y la desigualdad son altas. Colombia es muy desigual. La sostenibilidad y los ODS no sólo atacan la pobreza, también abordan temas de educación y de igualdad. Porque, cuando encaramos los ODS hay una cantidad de variables que si no se manejan bien pueden servir para el “greenwashing”.

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MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL SIGLO XXI Por Mahmoud Mohieldin y Nancy Vandycke Mahmoud Mohieldin, primer vicepresidente Agenda de Desarrollo 2030, Relaciones ONU y Alianzas, Grupo Banco Mundial, y Nancy Vandycke, economista principal y asesora económica del Departamento de Prácticas Mundiales de Transporte y TIC, Grupo Banco Mundial. Este artículo ha sido publicado originalmente por el Grupo Banco Mundial en sus distintos medios.

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Nuevo enfoque para las políticas de transporte, una de las actividades con mayor impacto ambiental y social. Su vínculo con los ODS. Uno de los desafíos ambientales y sociales más difíciles de nuestro tiempo es la gestión de la movilidad de las personas y los bienes. En 2030, el tráfico de pasajeros superará los 80 mil millones de pasajeros-kilómetros —un aumento de 50 %— y el volumen de carga crecerá en 70 % a nivel mundial.

En lugares de rápido crecimiento, como India, China, África al sur del Sahara y Asia sudoriental, miles de millones de personas tendrán expectativas de estilo de vida más altas y nuevas aspiraciones en materia de movilidad. Megaproyectos como la Iniciativa Un Cinturón, Una Ruta conectarán a más de la mitad de la población mundial y a aproximadamente un cuarto de los bienes y servicios que se desplazan alrededor del mundo a través de vías marítimas y carreteras. A nivel mundial, se espera que el número de vehículos en las carreteras se duplique en 2050.

Tener una perspectiva a largo plazo que se centre en la sostenibilidad es un factor decisivo en el futuro de la movilidad. Sin embargo, el transporte no fue aprobado como un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) independiente, en gran medida porque el sector no tuvo una sola voz para influir en este proceso mundial.

Algunos elementos del transporte fueron

incluidos en diversos ODS (por ejemplo, seguridad vial, emisiones de carbono, etc.) y, durante los últimos dos años, la comunidad internacional asumió varios compromisos relacionados con el transporte. Por ejemplo, el transporte es un componente normativo clave del programa de acción que han acordado los Estados en desarrollo sin litoral, permitiéndoles transformarse en países con conexiones terrestres. También, la comunidad internacional aprobó la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia Hábitat III celebrada en Quito, Ecuador, que delineó la importancia y la necesidad de mejorar la sostenibilidad de los sistemas de transporte para mitigar los desafíos de la rápida urbanización.

El transporte proporciona un entorno crítico que permite apoyar el desarro-

Movilidad sustentable para el siglo XXI

llo económico y social necesario para alcanzar los ODS. Por ejemplo, es un consumidor primario de energía de combustibles fósiles, de modo que es crucial el logro del ODS 7 sobre energía.

Asimismo, es indispensable parar conseguir el ODS 9 (construir infraestructuras resilientes) y el ODS 11 (lograr que las ciudades y las comunidades sean sostenibles, mediante mejoras en la seguridad vial y la ampliación del transporte público). Además, el acceso a los caminos rurales está muy relacionado con la incidencia de la pobreza y existe una fuerte relación entre la actividad del transporte y el desarrollo económico.

El sector del transporte tiene el potencial de mejorar las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas —su salud, su ambiente, su calidad de vida— y de estabilizar el cambio climático. Pero hoy en día, va en la dirección equivocada, contribuyendo a grandes desigualdades en el acceso a oportunidades económicas y sociales, aumentando el número de muertes debido a accidentes de tráfico, el uso intensivo de combustibles fósiles, las emisiones masivas de gases de efecto invernadero, así como también la contaminación atmosférica y acústica. Los desafíos sociales, ambientales y económicos son evidentes. Sin embargo, todavía se registra

un vacío de liderazgo a nivel mundial; no existe un conjunto claro de principios que permita transformar el sector. Hay una manera de avanzar, pero será necesario que todas las partes interesadas trabajen juntas para lograrlo: Primero, el sector no puede seguir aplicando un enfoque fragmentado. Es hora de lograr una mayor coherencia y tener una sola voz para influir en los procesos mundiales y nacionales. El enfoque adoptado hasta ahora, en el cual una gran cantidad de actores —organismos de las Naciones Unidas, bancos multilaterales de desarrollo, industria fabril, la sociedad civil, etc.— actúan de manera independiente, no han logrado aportar las acciones y el financiamiento necesarios para transformar la movilidad. No es imposible reunir a estos diferentes actores.

Los asociados del sector de energía emprendieron esta misma travesía en 2010: conseguir que la energía se convirtiera en un activo habitual en todos los acuerdos mundiales de desarrollo sostenible y poseer la credibilidad y la confiabilidad que se requieren para atraer a asociados privados y asociados que proporcionan financiamiento para el desarrollo. Segundo, es necesario definir claramente los objetivos que sustentan la movilidad sostenible. En esta línea, el marco de los ODS no proporciona una trayectoria bien definida para la movilidad, sino que más bien incluye elementos que sirven de base. Por ejemplo, incorporan los conceptos de “acceso universal”, seguridad vial, eficiencia energética y muertes debidas a la contaminación atmosférica. A partir de ahí, es posible definir una visión para la movilidad sostenible, en torno a cuatro metas mundiales: 1) acceso equitativo; 2) seguridad y protección; 3) eficiencia, y 4) contaminación y capacidad

de respuesta a problemas climáticos.

Bajo esta visión, la movilidad sostenible incluiría una mejor provisión de infraestructura y prestación de servicios para apoyar el movimiento de mercancías y de personas. Este resultado se alcanzaría solo porque las cuatro metas se persiguen simultáneamente y se establecen soluciones de compromiso entre ellas.

Tercero, se debe transformar radicalmente la evaluación económica de los proyectos de transporte. Los análisis de costos y beneficios tradicionales de tales proyectos se centran en la reducción del tiempo de viaje, un indicador de la eficiencia. Sin embargo, hay una solución de compromiso entre la velocidad y las muertes violentas, por ejemplo. Los costos de los accidentes pueden realmente revertir los beneficios esperados de la eficacia al aumentar las velocidades Integrar otras dimensiones de la sostenibilidad, como la seguridad, las características ecológicas y la inclusión, afectarán de manera perceptible la evaluación de los proyectos y, por lo tanto, transformarán el diseño y este es el camino correcto. Por ejemplo, no se debe financiar ningún proyecto de carreteras sin tomar debidamente en cuenta la seguridad, la equidad y el impacto climático. ¿Cómo puede la tecnología ayudar al futuro de la movilidad?

La tecnología será el pilar de la movilidad en el futuro. En 2020, una gran porción de conexiones y dispositivos móviles se encontrarán en Asia y el Pacífico, Oriente Medio y África. Una mayor cantidad de datos y una mayor conectividad pueden conducir a una movilidad más eficiente y conveniente, ofreciendo grandes oportunidades

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Movilidad sustentable para el siglo XXI

EL TRANSPORTE NO FUE APROBADO COMO UN ODS INDEPENDIENTE, EN GRAN MEDIDA PORQUE EL SECTOR NO TUVO UNA SOLA VOZ PARA INFLUIR EN ESTE PROCESO MUNDIAL.

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para que los países en desarrollo dejen atrás tecnologías y prácticas anteriores.

Por ejemplo, los avances en el análisis, la automatización y la “internet de las cosas” ya están mostrando grandes promesas en la reducción del consumo, incluido el consumo de energía. Los servicios de movilidad adicionales que se ofrecen a los usuarios de los teléfonos inteligentes ya han comenzado a acercarse al uso compartido de vehículos en muchas megaciudades, en la medida que se vuelven más comunes servicios basados en la tecnología, como el carsharing (compartir un vehículo) y el ride-hailing (transporte privado mediante una red de contactos directos entre particulares). La tecnología de vehículos conectados y autónomos podría ayudar a optimizar la utilización de las carreteras, ahorrando potencialmente miles de millones de dólares en expansión de infraestructura futura.

Pero se deben considerar los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías junto con los beneficios potenciales. Fundamentalmente, el auto sigue siendo el elemento base del futuro inmediato de la movilidad. El mundo podría de este modo poner fin a ciudades congestionadas que tienen una escasez de ingresos fiscales para mantener las carreteras, junto con masivas pérdidas de empleos vinculadas a la automatización. Mientras los responsables de tomar las decisiones se han centrado hasta ahora en cómo mejorar la movilidad y cambiar hacia modos de transporte públicos, la próxima frontera será definida por acciones que eviten movimientos físicos innecesarios de las personas

y las mercancías, mediante el uso de la tecnología.

A nivel mundial, el Grupo Banco Mundial está ayudando al sector del transporte a compaginar las acciones y el financiamiento tras una visión común acerca de la movilidad sostenible. En el marco de la plataforma Movilidad Sostenible para Todos, ha reunido a un grupo diverso y de alto nivel de partes interesadas del transporte que se han comprometido a transformar la movilidad. Esta plataforma incluye bancos multilaterales de desarrollo, organismos de las Naciones Unidas, gobiernos donantes, la sociedad civil mundial y la comunidad académica. Estos asociados se reunirán en torno a una visión común, con objetivos bien definidos; desarrollarán un mecanismo de rendición de cuentas para el sector, con indicadores que permitan medir los avances, y enunciarán un programa de acción y de financiamiento para transformar el sector. El Banco Mundial ya está incorporando esta visión de la movilidad sostenible en sus préstamos del sector del transporte.

Además, se deben considerar evaluaciones de seguridad en el diseño de todos los nuevos proyectos de transporte como parte del nuevo marco de salvaguardias ambientales y sociales.

Todos los asociados pueden aportar sus experiencias y perspectivas únicas para mejorar el transporte. Si estas partes interesadas trabajan juntas, pueden configurar el futuro de la movilidad, asegurando a la vez que todos los ODS se muevan en la dirección de poner fin a la pobreza e impulsar la prosperidad compartida.

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GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar responsabilidades a un grupo de personas.

Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la Información, basando su generación en buenas prácticas.

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Av. Córdoba 6060 – 5º Piso Of. 501 – C.A.B.A. – Tel: (54 11) 5032 2327 info@minnicelli.com - info@renzetti.net

BIO

EL MÁRTIR DE LOS SIN VOZ

Monseñor Romero

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A 37 años de su asesinato, el salvadoreño Monseñor Romero es reconocido internacionalmente por su defensa de los derechos humanos. Una defensa que le valió su propia vida.

Lo llaman “El Mártir de la justicia”. Y en cierta forma lo fue. Monseñor Oscar Romero (1917-1980), arzobispo de San Salvador, capital de El Salvador fue asesinado por su defensa de los más desprotegidos y sus intentos de apaciguamiento en la antesala de una sangrienta guerra civil que azotaría durante 12 años y hasta 1992 al país centroamericano.

Romero nació en Ciudad Barrios, a 160 km de San Salvador en un hogar humilde. De carácter reservado y tímido, y con cierta aprensión a la exposición pública, su fi-

gura y su compromiso fueron creciendo al agravarse la situación de violencia y desigualdad en la nación. Como arzobispo de San Salvador, designado en 1977 a los 59 años, comenzó a alzar la voz frente a la injusticia condenando no sólo los abusos del gobierno y los militares sino también de agrupaciones de izquierda radicalizada. Ambos extremos lo consideraron un enemigo a combatir.

En un principio Romero no intervenía en cuestiones políticas, pero la matanza de campesinos, de sacerdotes y religiosos le hizo abrir los ojos. Durante todo su ministerio fue un protector incansable de la dignidad de las personas, en especial de los más desprotegidos por quienes se animó a denunciar la violencia y a enfrentar a quienes detentaban el poder.

Sus sermones fueron famosos y eran escuchados por miles de habitantes. Desde la prédica y su lugar de líder responsable, no callaba lo que otros silenciaban al mismo

tiempo que daba esperanzas a los feligreses de que era posible cambiar, por métodos pacíficos, las estructuras de terror que reinaba en el país. Con el poder de la palabra y de su ejemplo de vida al servicio de los demás, acusaba a los grupos económicos más poderosos, a los militares que institucionalizaban la violencia y a las organizaciones extremas que querían instaurar una revolución con derramamiento de sangre.

Esta actitud de denuncia le valió ser víctima de fuertes campañas para desacreditarlo.

De esta forma se publicaban notas falsas, editoriales, y panfletos donde se lo insultaba, calumniaba e incluso se lo amenazaba de muerte. A pesar de estos intentos, la figura de Romero trascendió el país y se lo denominaba “la voz de los sin voz”. ¿Sobre qué alertaba? Sobre ejecuciones sumarias, secuestros, desapariciones y torturas. No era para nada ingenuo: conocía el peligro que lo acechaba y solía referirse a él, pero, un fallido atentado con dinamita no lo calló y redobló la apuesta.

El domingo 23 de marzo de 1980 Mons.

Romero pronunció su última homilía, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte debido a la dureza de sus palabras: “en nombre de Dios y

de este pueblo sufrido... les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión”.

Al día siguiente, a las 6.30 de la tarde mientras rezaba misa, justo antes de comulgar, fue asesinado. La terrible noticia fue comunicada por Monseñor Ricardo Urioste con las siguientes palabras: “El pueblo bueno

MIL es el número de víctimas de la guerra civil salvadoreña de El Salvador está de luto, han matado a Monseñor Romero”. Fue enterrado el 30 de marzo y a su funeral acudieron miles de personas, en especial todos aquellos que se sintieron representados, defendidos y escuchados por él.

El crimen, que aún sigue impune y cuya causa se reabrió en mayo de 2017, es atribuido a un grupo paramilitar de ultra derecha, a las órdenes de uno de los fundadores del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Después de su asesinato, era común ver calcomanías y paredes pintadas con la frase: “haga patria, mate a un cura. Es que su muerte fue sólo el preludio de una atroz guerra civil que llevó a más matanzas, desapariciones y torturas, con un cálculo estimado de 75 mil víctimas fatales.

En 1994 su sucesor en la archidiócesis de San Salvador, inició su proceso de canonización. En 2015, el Papa Francisco lo reconoció como mártir de manera oficial y lo declaró beato. Y Naciones Unidas lo considera referente universal de la lucha por los Derechos Humanos.

Algunas de sus frases célebres reflejan mensajes profundos: “La persecución es algo necesario en la Iglesia. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida”; “No me consideren juez o enemigo. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo”; “Este es el pensamiento fundamental de mi predicación: nada me importa tanto como la vida humana... “; “Si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño”; “Me duele mucho el alma de saber cómo se tortura a nuestra gente, de saber cómo se atropellan los derechos de la imagen de Dios”; “Queremos ser la voz de lo que no tienen voz para gritar contra tanto atropello de los derechos humanos”; “Un bienestar personal, una seguridad de mi vida no me interesa mientras mire en mi pueblo un sistema económico, social y político que tiende cada vez más a abrir esas diferencias sociales”.

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CON LA LUPA EN EL MUNDO

Las noticias internacionales en materia de RSE...

Bancos con el clima Junto con la Iniciativa de Financiación para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP FI), once de los principales bancos del mundo que juntos representan más de 7 billones de dólares, anunciaron un compromiso con el organismo internacional para desarrollar herramientas e indicadores analíticos que fortalezcan la evaluación y divulgación de riesgos y oportunidades relacionados con el clima.

Entre las entidades figuran ANZ,

Barclays, Bradesco, Citi, Itaú, Banco Nacional de Australia, Banco Real de Canadá, Santander, Standard Chartered, Grupo TD Bank y UBS. El acuerdo de promoción de la transparencia climática fue parte de las recomendaciones finales presentadas el mes pasado por el Grupo de Tareas sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) que indicaba la necesidad de diseñar un marco innovador de trabajo.

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2 Tren solar en la India La compañía estatal Indian Railways presentó el primer tren local alimentado con energía solar Este tren se enmarca dentro del Plan Solar Mision, del gobierno indio cuyo objetivo es generar mil megavatios de energía solar para 2020. De esta forma, 2 mil estaciones pronto se sumarán al proyecto.

El nuevo tren se denomina DEMU (unidad múltiple eléctrica diésel) y se alimenta por completo de paneles solares que se instalaron en su techo. Desde el motor, hasta las luces, ventiladores y sistemas de información se abastecerán de energía solar.

El servicio estará, por el momento, disponible en la zona de Delhi y costará lo mismo que uno convencional en breve, pero la ruta específica aún no se ha decidido. La tarifa del servicio será el mismo que en un tren convencional. Además, es capaz de generar un ahorro de 21.000 litros de combustible y más de 9 toneladas de C02. En 2016, la compañía se asoció al Programa de las Naciones Unidas para llevar adelante esta iniciativa.

Por otra parte, países como Holanda ya cuentan con 100 por ciento de la flota de trenes eléctricos funcionando con energía eólica.

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Con la lupa en el mundo

Avances con los ODS El “SDG Index and Dashboards Report” es el primer estudio global que muestra cómo está ubicado cada uno de los 157 países en un ranking general de avance en el cumplimiento de los ODS. Está realizado por encargo de la ONU a la Fundación Bertelsmann y a la Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

El reporte, coordinado por el economista Jeffrey Sachs, fue presentado durante el G20 y muestra que el giro hacia los nacionalismos y el proteccionismo no está ayudando al cumplimiento de las metas.

En la cima del ranking, figuran Suecia, Dinamarca y Finlandia. La República

Centroafricana, Chad y la República Democrática del Congo están en la parte inferior del Índice. En la región se destacan Cuba y Argentina.

Entre los países del G7, solo Alemania y Francia forman parte del TOP 10.

Estados Unidos aparece en la posición 42, mientras que Rusia y China están en el 62 y 71 respectivamente. Uno de los principales obstáculos que tienen los grandes países ricos en alcanzar mejores resultados tienen que ver con consumo sustentable y producción.

Todos los países que tienen bajos puntajes en generación de residuos electrónicos son los de altos ingresos.

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Principales culpables

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Carbon Disclosure Project (CDP) y el Climate Accountability Institute publicaron un informe donde muestra que, entre 1988 y 2015, 100 grandes productores de petróleo, entre los que figuran ExxonMobil, Shell, Total, Chevron, BHP Billiton y Gazprom, han sido las responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esas 100, 25 son responsables del 51 por ciento.

Todas juntas registran la cifra de 635 mil millones de toneladas de gases en ese período de tiempo. Se suman al listado firmas estatales como Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil, Coal India, Pemex, y CNPC.

“Si la tendencia en la extracción de combustibles fósiles continúa durante los próximos 28 años, como lo ha hecho en los últimos 28, las temperaturas mundiales promedio estarían en camino de subir 4ºC para finales del siglo, lo cual podría implicar extinción sustancial de especies y grandes riesgos de escasez de alimentos en todo el mundo”, advierte el reporte de CDP. A su vez, los datos del documento revelan que el 32% de estas emisiones provienen de empresas que son propiedad de los inversores públicos, destacando el poder de los inversores en la transición hacia una economía sostenible.

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Misceláneas

ETIQUETADO ENERGÉTICO Las normas IRAM de etiquetado de eficiencia energética (EE) en televisores (tanto en modo encendido como en el modo espera -stand by-) y motores, hasta el momento de aplicación voluntaria, han pasado a ser obligatorias a partir de una serie de disposiciones de la Dirección Nacional de Comercio Interior. De esta manera, para poder comercializar estos productos, los fabricantes deberán aplicar las etiquetas que informan al usuario su nivel de EE, entre otras características. Esta información les permite saber si ahorran o no energía.

IRAM ha comenzado a trabajar en este campo desde hace ya 20 años, a lo largo de los cuales elaboró diversas normas de etiquetado de EE relativas a productos tales como lavarropas, acondicionadores de aire, lámparas, heladeras, entre muchas otras. IRAM, es una asociación civil sin fines de lucro, de carácter privado, dirigida por organizaciones que representan a los sectores de la producción, el consumo y el interés general, y es el único organismo nacional dedicado a la normalización y ofrece servicios de certificación y formación de recursos humanos. Representa y defiende la posición argentina en organismos de normalización y certificación regionales e internacionales.

CONCURSO DE AGUA Fundación Vida Silvestre Argentina y Coca-Cola de Argentina anuncian el lanzamiento de la 11° edición del Concurso de Agua junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Esta iniciativa ya lleva más de diez años apoyando a organizaciones sociales sin fines de lucro para que desplieguen actividades relacionadas con el acceso al agua y la protección de cuencas en todo el país. En esta edición tres proyectos serán premiados con 260 mil pesos para financiar sus iniciativas. La fecha límite para la presentación es el 11 de septiembre de 2017. En sus diez años de historia, el Concurso ya ha financiado con más de 4 millones de pesos a 24 proyectos, que han beneficiado de manera directa a más de 118 mil personas y otras 50 mil indirectamente.

Además de la relevancia, viabilidad e innovación del proyecto, se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las diferentes propuestas, el beneficio social y ambiental, la cobertura y la participación de los beneficiaros en la formulación e implementación de la iniciativa y la posibilidad de replicarlo en otras áreas geográficas.

ACUERDO DE COOPERACIÓN Banco Supervielle firmó un acuerdo de cooperación institucional con la Universidad Católica Argentina (UCA) para apoyar el trabajo de investigación que desarrolla el Observatorio de la Deuda Social de esa casa de altos estudios a través del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores. De esta manera, la entidad financiera asume junto a la Fundación Navarro Viola el compromiso estratégico de dar visibilidad, instalar en agenda y desarrollar acciones que atiendan a la situación que atraviesan los individuos de la tercera edad en nuestra sociedad así como a su integración comunitaria.

Los fondos serán destinados al desarrollo de estudios sobre las condiciones de vida de este grupo etario en Argentina a partir del relevamiento de la Encuesta de la Deuda Social Argentina que se lleva a cabo anualmente en centros urbanos de más de 80 mil habitantes. Entre otros objetivos, el material buscará brindar datos sobre situaciones específicas de vulnerabilidad que estén viviendo los adultos mayores en la actualidad. Además, el banco participará en talleres de trabajo que reunirán a distintos investigadores y especialistas en la temática.

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AGENDA 21 de septiembre Sustainable Brands BA 2017: Redefiniendo las bases para una nueva convivencia.

Lugar: La Rural, Palermo, Buenos Aires.

Para mayor información: http:/sustainablebrandsbacom/2017es/

30 de octubre FOROMIC Organiza. BID y FOMIN. Lugar. Hotel Sheraton de Buenos Aires.

Para mayor información: www.fomin-events.com/foromic/2017/ web/index.php

4 al 7 de

septiembre

31 de agosto VII Foro Empresarial del Pacto Mundial en América Latina y

V Foro de Responsabilidad Social Territorial. Título: “La Responsabilidad Social Territorial como Educación de Calidad: De Córdoba 1918 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Balance y Perspectivas”.

Lugar: Lima, Perú.

Organiza: Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC) Unesco.

Para mayor información: www.vfororst.com

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el Caribe: Responsabilidad y Sostenibilidad.

Lugar: Hotel Intercontinental de Medellín, Colombia.

Organiza: Centro Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe.

Para mayor información: http://centroregionalpmal.org/

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