15 junio 2021
Frente Socialista - Puerto Rico Apartado Postal 71325 Buzón 69, San Juan, Puerto Rico 00936 frentespuertorico@gmail.com
Ponencia del Frente Socialista frente a Comité especial de los 24 Organización de Naciones Unidas 18 de junio de 2021 De:
Frente Socialista de Puerto Rico
A:
Comité Especial de 24 - Organización de Naciones Unidas Audiencias sobre Puerto Rico Naciones Unidas, Nueva York
Honorables miembros del Comité Especial: Señores Embajadores, Señoras Embajadoras, Señora Presidenta del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, reciban un cordial saludo a nombre del pueblo trabajador puertorriqueño. Mi nombre es Estelí Capote Maldonado, y me presento ante ustedes con una ponencia que recoge las voces de las organizaciones: Frente Socialista de Puerto Rico, Movimiento Ñín Negrón, Jornada se Acabaron las Promesas, Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales, Fundación OLR Libertá y el Movimiento 20.9. Comparecemos ante este foro para denunciar las múltiples instancias en las que se ha implementado e implementa en la actualidad una política para destruir la nación puertorriqueña. La estrategia de genocidio que se practica de forma macabra contra el pueblo Palestino y el pueblo Kurdo, entre otros, no dista demasiado de la práctica histórica y presente mediante la cual el sistema estadounidense promueve el desplazamiento de los puertorriqueños y puertorriqueñas expulsándonos de nuestra geografía nacional. Mientras les palestinos y les kurdos sufren de acciones tradicionales de invasión, bombardeo y aniquilación de su población, los puertorriqueños y puertorriqueñas somos víctimas más sofisticadas de prácticas que privilegian forzar la emigración de la población nacional, la paulatina invasión del territorio a través de la sustitución de la población o gentrificación y el robo de nuestros recursos. A diferencia de nuestros hermanos y hermanas caribeñas y latinoamericanas, que migran a Estados Unidos a vivir ilegalmente y a trabajar en condiciones de semiesclavitud y son deportados como delincuentes a conveniencia de sus patronos, las y los puertorriqueños
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transitamos “libremente” como ciudadanos estadounidenses de tercera categoría. Se debe entender la imposición de esta ciudadanía estadounidense en 1917 a nuestros nacionales como (1) un despojo de la identidad nacional hacia el extranjero, (2) un permiso legal para reclutar a nuestra juventud para morir en sus guerras y, (3) un mecanismo para acelerar el traslado rápido y masivo de nuestra fuerza de trabajo a necesidad de la economía del imperio. Esto ha ocasionado un éxodo tan grande que en el 2021 se estima que en el territorio de EEUUAA viven casi 8 millones de nacionales boricuas -y con mayorías en niveles bajos de ingreso- mientras que en nuestro espacio territorial de tres islas vivimos unos 3 millones 600 mil personas. Este éxodo ha tenido y mantiene como origen esquemas de más de un siglo de expropiación contra un pueblo dominado: incluyendo la expropiación del 50% de los ahorros en los bancos tras la invasión en 1898, el reclutamiento de mano de obra con pagas minúsculas, explotación y privatizaciones de recursos naturales, impedimentos legales y financieros al acceso a la tierra y ahora a la privatización y desmantelamiento del acceso popular a servicios básicos como el agua, la luz, las telecomunicaciones y la educación, entre otros. Para mencionar algunas de las acciones más recientes de este esquema, tan cerca como el pasado 1ro de junio del corriente, el gobierno de los EEUUAA impulsó y autorizó la privatización la Autoridad de Energía Eléctrica -coporación pública- a una empresa privada recién fundada de nombre LUMA Energy. Esta compañía fue registrada como corporación apenas días después de que el gobierno federal de Estados Unidos autorizara reembolsar unos $18 mil millones de dólares EUA confiscados por ese mismo gobierno de nuestros pagos en impuestos, para restaurar la infraestructura eléctrica afectada luego del paso del huracán María en 2017. Esta transacción coloca bajo el control de una empresa extranjera el 100% de la distribución comercial de energía eléctrica, el 68% de nuestros embalses de agua dulce, la generación de cerca de la mitad de nuestra electricidad junto a la red de fibra óptica más extensa del Caribe; además de dejar sin empleo a 4,000 trabajadores especializados y eliminar los subsidios al costo de la electricidad a las poblaciones de escasos recursos y envejecientes. Y a diferencia de las luchas contra el neoliberalismo en países soberanos, en Puerto Rico son cortes, milicias y policías extranjeras las que directamente sostienen y apoyan la usurpación. Tan directo es ese control de parte del imperio, que desde el 2016 el presupuesto de gastos del gobierno colonial es diseñado y aprobado o vetado por una Junta de Control Fiscal, creada por el Congreso de EEUUAA y firmada por el presidente Obama. Esta Junta tiene siete miembros nombrados desde Washington DC, ninguno electo por el pueblo de Puerto Rico. Su funcionamiento ha costado sobre 150 millones de dólares EEUUAA, pagados de los tributos de Puerto Rico. Además esta Junta ha acordado que le paguemos más de 100 millones anuales a la empresa LUMA por administrar la energía eléctrica cuando a su vez ha aprobado el recorte del 8% de las pensiones a decenas de miles de trabajadores y le ha recortado a la universidad pública sobre 333 millones de dólares EEUUAA. En el área de la educación, el Departamento de Educación fracasó en manejar y garantizar el aprendizaje bajo condiciones especiales de cuarentena para evitar el contagio del COVID19. Los planteles escolares públicos desde pre escolar a universitario y cientos de los planteles privados permanecen cerrados desde hace más de 15 meses, malogrando ya dos
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años escolares. Solo aquellos estudiantes con acceso personal a algún tipo de tecnología moderna tanto de computadora como de comunicación por internet tuvieron la oportunidad de recibir unos menoscabados servicios educativos. El gobierno acaba de admitir que el 8% del sistema público (24 mil estudiantes) tendrá que repetir el grado. Sin mencionar que en diez años ha cerrado un 43% de los planteles y que su población actual, la fuerza intelectual y productiva futura de la nación, representa solo el 60% de lo que era su matrícula para el año 2010.1 Tras un huracán sin precedentes durante el 2017 y una cadena de terremotos en 2019, la inacción gubernamental ante las pérdidas materiales más esenciales para la existencia, como agua, alimento, vivienda y el acceso al trabajo, miles de familias puertorriqueñas de bajos y medianos recursos se vieron forzados a emigrar a los Estados Unidos. El huracán María nada más provocó la pérdida del 4% de nuestra población por éxodo, sin incluir las más de 4,000 personas que murieron durante el desastre de mal manejo público y corrupción.2 Otro de los ejes de acción por parte del sistema imperial contra nuestra nación ocurre con las Leyes 20 y 22, que proveen paraísos de exención contributiva para millonarios y privilegian el establecimiento de poblaciones estadounidenses, para que inviertan en Puerto Rico a cambio de concesiones especiales, rejuveneciendo una política de más de 70 años, que pone en desventaja el desarrollo de empresas locales. Además estimula el lavado de dinero de elementos criminales, como pasó en la primera mitad del siglo XX en la Cuba batistiana y las mafias estadounidenses. La consecuencia más latente de esta política es el desarrollo de nodos de gentrificación con crecimiento radial a lo largo y ancho de Puerto Rico. Municipios costeros y de tierras vírgenes como Culebra, Vieques, Rincón, Aguada, Aguadilla, San Juan, Las Marías, Isabela, Maricao, Dorado y Utuado cada vez reciben una población mayor de estadounidenses. En el caso de las islas municipios de Culebra y Vieques el panorama es aterrador. No solo siguen contaminadas por el intenso bombardeo militar que sufrieron por prácticas bélicas del ejército de Estados Unidos y por los cuales nunca han recibido las reparaciones que merecen, hoy día, tienen zonas donde una de cada tres viviendas se utiliza de forma exclusiva para alquileres a corto plazo, y de nuevo, con énfasis en población extranjera que tiene poder adquisitivo para comprar propiedades. Esto ha conllevado la remoción del 33% hasta el 50% de la población de varios sectores. Aún peor, nuestros cuerpos de agua potable, tales como ríos y manantiales, han sido poco a poco privatizados en la medida en que extranjeros se han apropiado de fincas linderas a los ríos y manantiales limitando el acceso público y controlando el recurso para fines privados. Situación similar está ocurriendo con nuestras playas, donde decenas de ellas han sido compradas con enormes exenciones contributivas a fortunas extranjeras, en violación de la llamada Constitución del Estado Libre Asociado, documento que sirvió de pantalla para que este organismo de las Naciones Unidas retirara a Puerto Rico de la lista de los países que aún no hemos alcanzado nuestra descolonización. 1
https://de.pr.gov/directorio-escuelas/ https://www.noticel.com/educacion/ahora/top-stories/20201002/educacion-registra-16105-estudiantes-menos-que-el-anopasado/
2
https://estadisticas.pr/index.php/en/inventario-de-estadisticas/perfil-de-escuelas-publicas-y-privadas https://www.latimes.com/espanol/eeuu/la-es-pierde-puerto-rico-casi-el-4-de-su-poblacion-tras-el-huracan-maria20190418-story.html
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Mientras esto ocurre, en el Congreso de Washington, DC, hay ahora mismo dos proyectos radicados relacionados con nuestra situación colonial. Uno pretende convertir a Puerto Rico en un estado del país interventor, el otro pretende crear un mecanismo tipo asamblea a ser electa por ciudadanos y ciudadanas del imperio radicados en Puerto Rico para someter al Congreso estadounidense enmiendas a los actuales estatutos. A pesar de que ambos se venden a la opinión pública como fórmulas para eliminar el colonialismo, la existencia de ambos proyectos demuestra una vez más todo lo contrario. Ambas medidas comprueban que el gobierno de Estados Unidos reconoce que mantiene un control imperial sobre Puerto Rico mientras a la vez mantiene su postura de tratarnos como una posesión. No empece el derecho internacional vigente, el gobierno de Estados Unidos pretende imponer su voluntad imperial de tratar a Puerto Rico como un caso doméstico, y no como un pueblo invadido con armas en 1898 y atropellado con una cadena interminable de actos de violencia desde entonces. Exhortamos a este comité a tomar nota de que las presentes propuestas presentadas ante el Congreso de los Estados Unidos no constituyen herramientas descolonizadoras. Por eso hoy solicitamos a este cuerpo que, de acuerdo con la Declaración de la Independencia a los países y pueblos coloniales de este organismo, –o Resolución 1514 XV del 1960– y con la Resolución 75/123 que declara que en este año 2021 comienza el Cuarto Decenio para la Eliminacion del Colonialismo; colabore con el pueblo de Puerto Rico a exigir: 1. El reconocimiendo de que la necesidad de la descolonización de Puerto Rico es un asunto internacional que compete a las Naciones Unidas y no es un asunto de una minoría exigiendo sus derechos dentro del sistema de Estados Unidos, mucho menos un diferendo doméstico entre ciudadanos de esa potencia interventora. 2. El reconocimiento de que cualquier acción o medida que promueva la resolución de la inhumana y anacrónica colonización de Puerto Rico cumpla con los preceptos internacionales definidos en la 1514 XV. Y, de acuerdo con la resolución 1514 XV, insistir en que la primera condición para garantizar un proceso verdaderamente descolonizador debe ser el traspaso de poder plenarios a los y las puertorriqueñas. 3. Que cualquier proceso de descolonización incorpore la participación activa de la ONU, en particular, el Comité de los 24. 4. Que este cuerpo condene la violación crasa del derecho internacional por parte de EEUUAA al dejar de rendir informes sobre la administración de un territorio bajo su control por más de 66 años, provocando la quiebra nacional que enfrentamos. 5. Que fije responsabilidad por los 123 años de explotación colonial y exija reparaciones al pueblo de Puerto Rico como parte de un proceso de transferencia de poderes.
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6. Que se declare nulo todo proyecto relacionado con la situación colonial puertorriqueña que designe como electores hábiles a los ciudadanos estadounidenses residentes de Puerto Rico, cuando los llamados a votar son los nacionales puertorriqueños. Incluyendo el que divulgue como aplicable a Puerto Rico el principio de no anexión reafirmado por la Corte Internacional de Justicia en el caso de Namibia, del 1971. 7. Que conjuntamente se declare nula la aplicabilidad de los mecanismos de integración contemplados en la Resolución 1514 (XVI) del 1960 para Puerto Rico, dado que nuestro pueblo nunca ha podido ejercer su soberanía para que libremente podamos decidir asociarnos o no con otro país; mucho menos con la potencia interventora que -contrario a derecho y la Resolución 1514 (XV)- por ya 123 años ha reprimido al movimiento de liberación nacional mientras que a la vez reclama que son sus ciudadanos los hábiles para votar en una consulta al respecto del destino de un pueblo ocupado por ellos. 8. Que ante la amenaza constante y urgente a la nación puertorriqueña y sus ciudadanos, provocada por la aceleración de acciones de expropiación apoyadas por la potencia interventora, se eleve el caso de descolonización de Puerto Rico ante la Asamblea General de los Naciones Unidas. In memoriam a Fermín Arraiza Miranda Gracias, Estelí Capote Maldonado Frente Socialista de Puerto Rico Movimiento Ñín Negrón Jornada se Acabaron las Promesas Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales Fundación OLR Libertá Movimiento 20.9 18 de junio de 2021 Nueva York, Nueva York