Declaratoria del Encuentro de Internacional de las juezas de las Altas Cortes para Juzgar con Perspectiva de Género para la prevención, detección, atención, sanción y reparación la violencia basada en género contra las mujeres magistradas y juezas de la Región Latinoamericana y el Caribe
Presentación
El día 4 de marzo en la Ciudad de México, en el Encuentro Internacional de las juezas de las Altas Cortes para Juzgar con Perspectiva de Género, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el marco del Día Internacional de las Juezas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2021, con la Resolución 75/274 que proclamó el 10 de marzo como el Día Internacional de las Juezas, con el objetivo de poner en manifiesto que la participación de las mujeres en igualdad con los hombres, en todos los niveles de la adopción de la toma decisiones, es indispensable “para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia”, por lo que se insta a que los Estados Parte establezcan estrategias eficaces para el adelanto de las mujeres en los sistemas de justicia. Este día marca un hito, reconociendo la importancia y relevancia de la inclusión de las mujeres en los puestos más altos de la judicatura.
Teniendo este Encuentro el objetivo de visibilizar que una representación de género justa refuerza al poder judicial y que por ello es que las juezas aportan significativamente a la calidad de la toma de decisiones y, por tanto, de la propia justicia, pues contribuyen desde la mirada femenina con las experiencias vividas a sus acciones judiciales, consideraciones que no se habrían tenido en cuenta en su ausencia.
De esta forma, se ha evidenciado que la perspectiva de género evidentemente mejora la imparcialidad de las resoluciones, al figurar otros puntos de vista, no solamente el tradicionalmente androcéntrico, lo que en última instancia beneficia tanto a hombres como a mujeres. Así, las juezas, al ser parte y ejercer el liderazgo en sus instituciones, ayudan a generar confianza en el propio poder judicial.
Conjuntamente, este encuentro ponderó el diálogo con las mujeres participantes de la comunidad internacional y nacional de juezas y magistradas, exmagistradas y expertas internacionales con el objetivo fortalecer los vínculos de la justicia y la defensa del ejercicio de sus derechos humanos en la vida pública y política con perspectiva de género interseccional.
Finalmente, en el marco de este Encuentro se reconoció la necesidad de emitir la presente Declaratoria y la importancia de la función jurisdiccional para incidir en el empoderamiento de las juezas y magistradas para el ejercicio pleno de sus derechos políticos, con una perspectiva amplia de los derechos que redunden en la construcción de sociedades más democráticas e incluyentes.
Introducción
Nosotras, las mujeres integrantes y exintegrantes de los más Altos Órganos de la Jurisdicción de la Región Latinoamericana y del Caribe, considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 proclama que su contenido se aplica a todos los seres humanos incondicionalmente “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o cualquier otra condición” y establece el derecho a participar en el gobierno de su Estado en condiciones de igualdad;
Conscientes de que los Estados de la región han ratificado la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
Considerando que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos cuenta con una serie de tratados internacionales que sirven de fundamento para la protección de los derechos humanos de las mujeres y en especial el derecho a una vida libre de violencia y discriminación;
Teniendo presente que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina la obligación de los Estados de garantizar los derechos políticos para el hombre y la mujer en condiciones de igualdad y reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, así como tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas;
Reconociendo la Recomendación General No. 23 propuesta por el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 1997, refiere en el punto 30, que de los informes de los Estados Partes, se pone de manifiesto que la mujer está excluida del desempeño de altos cargos en la judicatura y en los sistemas judiciales y que constituyen una reducida minoría en los cargos que entrañan la solución de conflictos y la interpretación y determinación de normas establecidas en cada país;
Reafirmando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente al progreso en relación con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas y que la incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la Agenda 2030 es crucial, Observando el número relativamente pequeño de mujeres que han sido jueces, en particular, en cargos directivos superiores de la judicatura, a todos los niveles;
Reconociendo los reiterados recordatorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la obligación de los Estados a cumplir con la debida diligencia en la prevención, detección, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres.
Tomando en cuenta que el ejercicio de la labor jurisdiccional de las magistradas y juezas no ha sido registrada adecuadamente por las instituciones correspondientes, e incluso es evidente la falta de datos cuantitativos e información cualitativa que sigue minimizando la violencia política de género que llegan a enfrentar en el ejercicio de sus cargos, cuando logran alcanzar estos; y la violencia que viven las mujeres en los espacios públicos desde donde se movilizan para luchar contra la discriminación racial, el racismo, el sexismo, el clasismo e incluso la etnicidad, todas son categorías poco contempladas en los informes oficiales.
Teniendo presente que el día internacional de las mujeres juezas declarado por la Asamblea de las Naciones Unidas es el 10 de marzo
Reunidas en la Ciudad de México, México, el día 4 de marzo de 2024, para realizar este Encuentro con el objetivo de difundir y promover el ejercicio de los derechos humanos de las juezas, magistradas y exjuezas en la vida pública y política y el ejercicio de la justicia con perspectiva de género interseccional, adoptamos la siguiente Declaración:
DECLARACIÓN
1. Exhortar a los Estados de la Región de Latinoamérica y del Caribe, así como a los órganos de los sistemas de justicia y las instituciones jurisdiccionales, a garantizar, respetar y aplicar los derechos humanos de las magistradas y juezas;
2. Instar a establecer las condiciones adecuadas para asegurar que las mujeres impartidoras de justicia gocen de las mismas posibilidades de ocupar los cargos de magistradas y juezas que los hombres, en igualdad de oportunidades y sin violencia de género;
3. Reconocer la necesidad de utilizar políticas de igualdad y medidas especiales de carácter temporal para acelerar, profundizar y consolidar los avances logrados hasta la fecha y superar los obstáculos que se presentan en prácticas políticas, sociales y culturales, que impiden el goce y disfrute de los derechos políticos para las mujeres que ocupan los cargos de magistradas y juezas;
4. Promover políticas y planes de igualdad de género en los sistemas de justicia y las instituciones jurisdiccionales dirigidos a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres basadas en las creencias y estereotipos de género para avanzar en la igualdad sustantiva y el verdadero goce y disfrute de los derechos políticos de las mujeres que ocupan los cargos de magistradas y juezas;
5. Fortalecer las políticas de igualdad sustantiva de los departamentos áreas de gestión del talento humano de las instituciones que imparten justicia en la región;
6. Incorporar mayor número de juezas y magistradas en todas las materias de orden jurisdiccional;
7. Visibilizar a las mujeres que ocupan los cargos de magistradas y juezas, a través de elaborar diagnósticos con perspectiva de género interseccional y dar seguimiento sobre su participación y labor jurisdiccional en cada país de la Región;
8. Realizar la selección, análisis, sistematizar y divulgar de las sentencias o resoluciones relevantes que incorporen la perspectiva de género y de derechos humanos, con especial énfasis aquellas resoluciones dirigidas a prevenir y sancionar la violencia contra las juezas, dictada por los órganos jurisdiccionales que involucran a las mujeres que ocupan los cargos de magistradas y juezas;
9. Conformar una comisión con el TEPJF y la Fundación Justicia y Género para la redacción de un documento como pudiese ser una guía o una ley modelo y un diagnóstico sobre la temática de la violencia política institucional que sufren las mujeres juezas;
10. Promover ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fundación de Justicia y Género, una audiencia para las mujeres juezas de la región y otras asociaciones, con convocatoria de las personas relatoras, para tratar sobre los temas de independencia judicial, violencia de género y libertad de expresión;
11. Reconocer e Impulsar el derecho de las magistradas y juezas a formar grupos gremiales que luchan por sus derechos y promuevan espacios libres de violencia para las impartidoras de justicia;
12. Incorporar la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres en la aplicación e interpretación de las normas jurídicas; así como, transversalizar la perspectiva de género al interior de los órganos que conforman los sistemas de justicia y las instituciones jurisdiccionales;
13. Fortalecer los mecanismos internos dirigidos prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las impartidoras de justicia;
14. Procurar especial atención a la participación de las magistradas y juezas respecto a la doble o triple discriminación a la que pueden estar sujetas en la sociedad, algunos medios de comunicación y al interior de los sistemas de justicia y las instituciones jurisdiccionales de cada país;
15. Condenar todos los actos de violencia y discriminación de género en contra de las mujeres que ocupan los cargos de magistradas y juezas, por razones políticas, tal y como lo dispone la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer;
16. Instar a los Estados de la Región de Latinoamérica y del Caribe y a sus órganos que conforman los sistemas de justicia y las instituciones jurisdiccionales a generar lineamientos básicos para promover cambios y ajustes normativos claros orientados hacia el conocimiento y resolución de denuncias de violencia política ejercida contra autoridades de órganos jurisdiccionales y a luchar por una justicia de género que garantice el goce y disfrute de los derechos políticos y laborales de las mujeres que ocupan los cargos de magistradas y juezas;
17. Promover el intercambio de experiencias entre las mujeres que ocupan los cargos de magistradas y juezas, de los diversos países que conforman la Región para lograr una justicia con perspectiva de género dentro del marco del Encuentro Internacional de las juezas de las Altas Cortes para Juzgar con Perspectiva de Género, e instar a extender esta cooperación a todos los países de la región.
18. Diseñar y Divulgar campañas de sensibilización sobre la prevención, detección, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres impartidoras de justicia;
19. Instar a la Cumbre Judicial Iberoamericana a desarrollar acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las magistradas y juezas;
20. Instar la cooperación de los sistemas de justicia y las instituciones jurisdiccionales de la Región Latinoamericana y el Caribe, para que se comprometan en promover el debate y el diálogo y fomenten el seguimiento de esta declaratoria;
21. Agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, a las Asociaciones de Juezas de la región de todas las materias y a la Fundación Justicia Justicia y Género organizar el evento que evidencia la violencia que sufren las magistradas y juezas en el ejercicio de sus funciones.
4 de marzo de 2024
Ciudad de México, México