Un México para todos by Fundación para la democracia, alternativa y debate

UN MÉXICO PARA TODOS Construyamos un país de iguales, con justicia, libertad y soberanía

Coordinación: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Enrique Calderón Alzati · Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano · René Coulomb Bosc · Roberto Eibenschutz Hartman · Carlos Lavore Herrera Jorge Martínez Almaraz · Julio Moguel Viveros Salvador Nava Calvillo · Telésforo Nava Vázquez Francisco Pérez Arce · Emilio Pradilla Cobos Carlos San Juan Victoria · Iris Santacruz Fabila

Fundación para la Democracia Alternativa y Debate A.C. Cuauhtémoc Cárdenas Presidente Víctor García Zapata Director Jorge Linares Ortíz Coordinador académico Ivonne G. Villalón Pérez Coordinadora de Edición, Publicaciones y Divulgación Montserrat Castillo Portillo Logística y Administración

Consejo Consultivo: Alicia Ziccardi, Carlos Lavore, Dolores González Saravia Félix Hernández Gamundi, Javier Esguevillas, Jorge Cadena-Roa Sergio Benito Osorio Romero, Eduardo Vázquez Martín

fundaciondemocracia.org

Construyamos un país de iguales, con justicia, libertad y soberanía

Coordinación: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Enrique Calderón Alzati · Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano · René Coulomb Bosc · Roberto Eibenschutz Hartman · Carlos Lavore Herrera Jorge Martínez Almaraz · Julio Moguel Viveros Salvador Nava Calvillo · Telésforo Nava Vázquez Francisco Pérez Arce · Emilio Pradilla Cobos Carlos San Juan Victoria · Iris Santacruz Fabila

Diseño de Portada: Fernanda Arnaut © 2005, Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate A.C. Diego Rivera 140, Col. San Ángel Inn. Del. Álvaro Obregón CP 01060, Ciudad de México. Derechos Reservados Primera edición enero de 2005 Primera reimpresión marzo de 2015 ISBN: 970-37-0261-9 Impreso en México En los talleres de Editores Buena Onda S.A. de C.V. Suiza 14, Col. Portales Oriente, Del. Benito Juárez, C.P. 03570, México, D.F.

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Presentación

La primera versión de Un México para todos, elaborada a lo largo de 2003, fue presentada para su discusión a los medios de comunicación y a la opinión pública el 24 de febrero de 2004 en la ciudad de México. El texto que publicamos ahora es una elaboración colectiva, no sólo de quienes firmamos como autores, sino de muchas más personas que participaron en los distintos foros en los que se presentó el documento inicial, y de quienes elaboraron los documentos críticos y propositivos que recibimos sobre temas diversos, que nos fueron de gran utilidad para llegar a la segunda versión de este proyecto nacional, que ofrecemos ahora a la opinión pública del país. El documento fue presentado en más de cuarenta foros: en varias universidades, en colegios profesionales, ante organizaciones campesinas, grupos empresariales y en reuniones políticas. Entre quienes a petición de los autores hicieron comentarios en los distintos eventos, se encuentran más de setenta profesionales, investigadores, dirigentes sociales y políticos, y fueron muchas más las personas que con diferentes visiones políticas y procedentes de los más variados sectores de actividad intervinieron en esos foros haciendo comentarios, señalando omisiones, enriqueciendo, en lo general, el documento. Por otra parte, se recibieron documentos sobre temas específicos: salud, educación, cuestiones de género, fiscales, problemas de los jóvenes, seguridad pública, ciencia y tecnología, economía, que permitieron complementar y en muchos casos revisar los contenidos del documento preliminar. En Un México para todos se presenta la propuesta de un proyecto de nación muy distinto al que se ha venido imponiendo por las últimas cuatro administraciones neoliberales, incluyendo a la actual, que al llevarse a la práctica dará como consecuencia que México deje de ser una

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nación subordinada a intereses del exterior y pueda ejercer sin trabas y a cabalidad su soberanía, que pase del estancamiento y la desintegración al crecimiento sostenido de su economía, y que de ser un país que sólo brinda un presente y ofrece un futuro de bienestar y progreso para unos cuatos, se transforme en un país de equidad y oportunidades para todos. Un México para todos no es la propuesta de un partido o hacia un partido político. La mayor parte de quienes suscribimos este documento tenemos una militancia partidaria; varios no se encuadran en ningún partido político. En él, no se desconoce la importancia que han jugado y juegan los partidos políticos en la vida del país y la necesaria y puede decirse indispensable participación que deben tener para lograr los cambios que hoy día demanda y por los que lucha la sociedad. Un México para todos está concebido para ser realizado por todos aquellos mexicanos que sientan compromiso con el país y que se sientan solidarios con los demás mexicanos, una propuesta entonces para ser impulsada y realizada en la práctica por un amplio abanico de fuerzas sociales y políticas, partidarias y no partidarias, por organizaciones y ciudadanos en lo individual, que asuman un compromiso patriótico, democrático y con visión de futuro con México y los mexicanos. El estudio y discusión de Un México para todos, que debe continuar y profundizarse a partir de esta publicación, ha empezado a generar el desarrollo de redes de ciudadanos que se coordinan y articulan, preparándose para la acción política en común. Por los tiempos políticos que corren, en los que verá la luz esta nueva versión de Un México para todos, confiamos que el proyecto que en él se delinea sea adoptado total o particialmente por distintas fuerzas electorales y que de plataforma electoral se convierta en la base para formular los programas de gobierno de nuestro futuro inmediato y mediato. Tenemos también la ambiciosa pretensión que se convierta en punto de convergencia y en eje articulador de la acción de la nueva mayoría política, la que haga de nuestra patria, efectivamente, “Un México para todos”. CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO México, D.F., enero de 2005.

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Introducción

El proyecto neoliberal que han impulsado los cuatro últimos gobiernos federales del PRI y el PAN, no ha cumplido las promesas de llevar a México al primer mundo, lograr un crecimiento económico sostenido y durable, garantizar el bienestar para todos los mexicanos y erradicar la pobreza, entre otras muchas que sus propagandistas nos hicieron. El neoliberalismo ha mostrado, en cambio, que no tiene nada bueno que ofrecer a la sociedad mexicana. México se debate hoy en el estancamiento y la creciente subordinación económica, el atraso y la dependencia tecnológica, el desempleo y la generalización de la informalidad, la creciente pobreza, la carencia de la infraestructura y los servicios públicos esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo social, la ausencia de estado de derecho, la violación de los derechos humanos y sociales, la violencia asfixiante, la corrupción, la impunidad, y los escándalos políticos. Los ciudadanos desconfían de los partidos políticos, los órganos legislativos y judiciales y los gobiernos, y lo demuestran con la cotidiana protesta social y el abstencionismo electoral, entre otras muchas manifestaciones. Cientos de miles de mexicanos tienen que atravesar ilegalmente la frontera con Estados Unidos y sufrir vejaciones, exclusión, represión y aun el riesgo de perder la vida, para buscar en el vecino país los empleos e ingresos que no pueden obtener en México para su propia supervivencia y la de sus familias. Paradójicamente, las remesas de estos emigrantes se han convertido en la mayor fuente de divisas del país y la condición de subsistencia de millones de mexicanos pobres. México es objeto de una ofensiva de los sectores más reaccionarios que lograron ya desmantelar una parte de las capacidades económicas, culturales, sociales y políticas de la nación para imponer el proyecto

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neoliberal, inserto en una globalización excluyente e inequitativa, y buscan ahora privatizar nuevas áreas del patrimonio público, desconocer derechos legítimamente ganados por los trabajadores, atacar la memoria histórica, y debilitar aún más la soberanía e identidad nacionales. Sin ningún sustento objetivo, el gobierno de Vicente Fox insiste en que sus propuestas de reforma estructural –energética, laboral y fiscal–, antipopulares, privatizadoras y desnacionalizadoras del patrimonio de la nación, son condición necesaria y suficiente del crecimiento económico y el desarrollo social. Su única meta es profundizar el proyecto neoliberal de inserción subordinada en una globalización inequitativa y polarizada, contraria a la soberanía nacional y a los intereses del pueblo mexicano. El contexto internacional de este empeño globalizador se manifiesta en las evidencias del fracaso del modelo: la fragmentación y creciente desigualdad entre las naciones; el hambre y la pobreza extrema en los países atrasados; el terrorismo y las guerras focalizadas; la exacerbación del poder mundial unipolar y de su intervensionismo; y, como respuesta necesaria, la emergencia de nuevos movimientos políticos y sociales que postulan que un mundo diferente es posible. Concientes de estas realidades, proponemos a las organizaciones políticas y sociales, a los empresarios y trabajadores del campo y la ciudad, a los intelectuales y técnicos, y a los ciudadanos democráticos y progresistas, este proyecto para la nación, que postula un nuevo rumbo para el México del futuro, para que el diálogo plural, la formación de consensos, el logro de acuerdos y la acción concertada lo conviertan en el programa que sirva de referente para la formación de una nueva mayoría política nacional, y que oriente la lucha de los mexicanos por satisfacer sus reivindicaciones históricas y construir una sociedad equitativa, justa, incluyente y sustentable para las generaciones presentes y futuras. La visión del México futuro a la que se orienta esta propuesta supone construir en el mediano y largo plazos una sociedad diferente a la actual. Un país soberano que participe en igualdad de condiciones y con oportunidades equivalentes en una globalización equitativa e incluyente, en un orden mundial dotado de instituciones democráticas e igualitarias, donde impere la resolución pacífica de los conflictos y se erradi-

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INTRODUCCIÓN

quen el terrorismo y la guerra; donde la integración económica, social y política sean factores de equilibrio y solidaridad en una Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe. Un México donde los derechos a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indios que forman parte de su identidad histórica y de su composición pluriétnica y pluricultural, sean reconocidos constitucionalmente en los términos asentados en los Acuerdos de San Andrés. Una sociedad igualitaria, incluyente y sin pobreza, donde el Estado socialmente responsable garantice el respeto y ejercicio pleno de las garantías individuales y sociales a todos los mexicanos, donde todos los trabajadores rurales y urbanos sean sujetos activos del derecho laboral, la justicia social y la solidaridad. Un patrón de desarrollo económico distinto al neoliberal que garantice el crecimiento sostenido y sustentable de la economía productiva, lo mismo la rural que la urbana; que dote a esta economía de un núcleo endógeno de adaptación e innovación científica y tecnológica; que impulse la reconstrucción de las economías regionales y locales; que ofrezca oportunidades de trabajo digno e ingreso suficiente a todos; que promueva al mercado interno y a la economía popular, e integre al sector informal; que cuente con finanzas públicas sanas y suficientes para promover el crecimiento económico y sustentar el desarrollo social, y que distribuya equitativamente sus beneficios. Una sociedad donde impere la igualdad de género y se respeten y garanticen los derechos de la mujer, en particular los de procreación y acceso a la salud reproductiva, se erradique la violencia de género, y se apliquen políticas y presupuestos públicos con visión de equidad de género; una sociedad que incluya a los adolescentes y jóvenes, les ofrezca oportunidades y opciones de realización y desarrollo respetando su diversidad e intereses propios, les garantice el derecho a la salud y los eduque en la prevención, y cree las condiciones para que se formen hoy como el futuro de la nación. Una educación integral, democrática, plural y de calidad para todos los mexicanos, como pilar del desarrollo humano, social y económico, articulada a una cultura que integre, difunda y proteja las múl-

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tiples formas de la identidad nacional y promueva la apropiación social de lo mejor de la cultura universal. Un sistema integrado de salud pública, descentralizado en el ámbito estatal y local, que garantice a todos los mexicanos el derecho a la salud y a la asistencia social de calidad, fácilmente accesible a todos los habitantes del país; y un sistema de pensiones, actividades y apoyos que garantice una vida segura, digna y plena a las personas de la tercera edad. Una democracia participativa basada en el estricto respeto al derecho, dotada de una constitucionalidad renovada, sustentada en un Estado socialmente responsable, promotor y regulador del desarrollo, donde no tengan cabida la corrupción ni la impunidad; con procesos electorales transparentes y creíbles, y un sistema democrático de partidos políticos arraigados en la sociedad, que le rindan cuentas, cuyo instrumento de competencia sea la propuesta de alternativas de solución a los problemas nacionales. Un federalismo equitativo sustentado en el municipio libre, que distribuya equitativamente las responsabilidades, funciones y recursos entre las entidades, que facilite la asociación para el desarrollo y promueva activamente la reversión de las desigualdades y desequilibrios regionales. Un territorio integrado en su diversidad, ordenado y ambientalmente sustentable con ciudades incluyentes y habitables para las generaciones de hoy y mañana; que incorporen viviendas suficientes y dignas para los mexicanos del campo y la ciudad, que estén al alcance de su capacidad económica y respondan a sus necesidades de espacio y calidad. Una sociedad segura, con justicia y sin corrupción sustentada en una administración pública honesta y sometida a la ley; la vigencia plena del estado de derecho, una justicia equitativa, autónoma, sin orientación partidista, eficaz para todos los mexicanos, y el combate frontal contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Una comunicación democrática que extienda el conocimiento y la utilización de la tecnología de la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos ámbitos de gobierno y a todos los habitantes; que se desarrolle para que fluya información abierta y veraz a través de espacios mediáticos diversos y plurales, alineados con el

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interés público y accesibles a todos los mexicanos; que difunda la cultura y la identidad nacionales, impulse la solidaridad de los pueblos, promueva la participación ciudadana y sea instrumento de la educación y el desarrollo humano y social. Una nueva constitucionalidad, resultado de una revisión democrática e integral de la Constitución vigente, que preserve las conquistas sociales consagradas en la Carta Magna de 1917, revierta los cambios contrarios al interés nacional y popular introducidos en ella durante las últimas dos décadas, integre las nuevas garantías individuales y derechos sociales reclamados por los ciudadanos, y enfrente los nuevos problemas planteados por el desarrollo económico, social y político, y por la construcción de este proyecto de nación. En síntesis, proponemos construir un país de iguales, con justicia, libertad y soberanía. México cuenta con las fuerzas sociales necesarias y suficientes para dar contenido, hacer viable y construir este proyecto alternativo para la nación. Múltiples y persistentes movimientos gremiales y sociales, de trabajadores del campo y de la ciudad en diversos lugares y ámbitos de la vida nacional, de mujeres, jóvenes, colonos pobres o ecologistas, han criticado el actual proyecto neoliberal; han puesto en evidencia sus contradicciones e injusticias; han demandado cambios y propuesto alternativas. Muchos intelectuales, académicos, profesionales y técnicos han participado en esta crítica propositiva y son un enorme recurso del conocimiento para el cambio. La juventud, calladamente o a gritos, exige oportunidades y clama por un México diferente que le permita construir su futuro desde hoy. En los partidos políticos, no obstante estar sumidos en una profunda crisis interna, de credibilidad y de planteamientos, existen sectores, corrientes y militantes que postulan diferentes caminos para el cambio social y político y están dispuestos a trabajar por él. El movimiento altermundista internacional junta, aún en forma inorgánica y heterogénea, las voces nacionales e internacionales de la protesta y la propuesta contra el neoliberalismo y su globalización. Paso a paso, por la vía electoral y la protesta social, surgen gobiernos nacionales y locales en América Latina que se oponen a los efectos más nocivos del patrón de crecimiento vigente en el mundo y de su inequitativa

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globalización, proponen caminos distintos de acción y políticas diversas para el desarrollo de sus naciones. Estas experiencias emergentes entrañan un enorme potencial para fortalecer la tendencia al cambio en México y la capacidad de negociación conjunta frente a los países desarrollados y los organismos internacionales. Estas son las fuerzas del cambio cuya acción, democráticamente concertada, puede transformar a la nación mexicana.

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La globalización, fase actual del proceso multisecular de mundialización del capitalismo, ha tomado desde hace más de dos decenios un rumbo cuyos efectos han sido profundizar la hegemonía mundial de Estados Unidos, incrementar la desigualdad entre países, anular las fortalezas propias de la integración internacional y acentuar los conflictos sociales y políticos entre las naciones y entre los grupos sociales en los ámbitos nacionales y mundial. Un puñado de países con el más alto grado de desarrollo capitalista definen e imponen al resto del mundo las políticas económicas, sociales, culturales y de relación internacional según sus intereses. A nombre del libre mercado y el flujo sin restricciones de mercancías y capitales, la democracia parlamentaria y la lucha contra el terrorismo, se arrogan el derecho a intervenir política o militarmente en cualquier país del mundo, a imponerle el régimen político que consideran adecuado y a fijar la orientación de su política económica. Las expresiones cruciales de esta búsqueda de hegemonía planetaria las encontramos en las más recientes guerras preventivas que Estados Unidos y sus aliados han emprendido contra Afganistán e Irak, y las amenazas que se ciernen sobre Corea del Norte, Irán, Siria, Libia y Cuba, entre otros países. Los instrumentos operativos “multilaterales” de la hegemonía de las grandes potencias, en particular de Estados Unidos, se focalizan en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, respecto de América

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Latina, en el orden político; en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el militar; en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, y en el creciente control de la economía mundial ejercido por empresas trasnacionales cada vez más concentradas, en el plano económico; y en el dominio que sus empresas mediáticas e instituciones de difusión detentan cotidianamente sobre la información, la cultura y el entretenimiento. En todos estos campos domina la desigualdad entre naciones, la falta de democracia y el autoritarismo de los poderosos. Lejos de integrarse igualitariamente, el mundo se organiza hoy en tres grandes bloques económicos y políticos: el norteamericano, bajo la hegemonía de Estados Unidos, país que pretende integrar a todo el continente mediante el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); el europeo, articulado económica y políticamente en la Comunidad Europea de Naciones, dominado por Inglaterra, Francia y Alemania; y el asiático, encabezado por el Japón. Al interior de cada bloque existen notorias asimetrías de desarrollo entre los países que lo forman. Muchos países de África, Asia y América Latina, están excluidos de los posibles beneficios de la integración global, y sólo padecen sus impactos negativos y empobrecedores. Rusia y China, los dos grandes países del derruido socialismo real, en su retorno al capitalismo buscan reconstruir sus espacios de dominio mediante la apertura irrestricta al gran capital, el control de la fuerza de trabajo mal pagada y, en el segundo caso, una agresiva política comercial. En ese intento, mantienen una política zigzagueante, en general condescendiente frente a Estados Unidos. La globalización, así entendida, limita o destruye paulatinamente la soberanía económica, política, cultural y territorial de las naciones, y tiende a eliminar su derecho a la autodeterminación. A pesar de su historia, situación e intereses comunes, América Latina está muy fragmentada, y los vínculos económicos y políticos entre sus países y gobiernos se debilitan debido a las imposiciones de los organismos multilaterales y el predominio de sus relaciones bilaterales de dependencia con Estados Unidos. El proyecto del ALCA aparece como un instrumento para institucionalizar y ampliar el control que la economía hegemónica y las trasnacionales ejercen sobre los mercados lati-

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noamericanos, y tiende a nulificar los esfuerzos, aún parciales y limitados, de integración latinoamericana: MERCOSUR, Grupo Andino, Grupo de los Tres, etcétera. De otra parte, Estados Unidos mantiene el agresivo e inhumano bloqueo económico y político contra Cuba, a pesar de la reiterada condena por la ONU. La extensa frontera común con Estados Unidos, las ataduras que implica el inequitativo y desfavorable Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como la política de los últimos gobiernos mexicanos, han aislado cada vez más a México del resto de América Latina. Debido a estos factores, nuestro país resiente doblemente los efectos nocivos de la globalización. Su economía se ha vuelto totalmente dependiente de la estadunidense y de sus ciclos, y está dominada por las grandes empresas trasnacionales; y las políticas internacional y nacional se subordinan crecientemente a las orientaciones del gobierno de Estados Unidos, a costa de la soberanía y la autodeterminación del país. Los millones de mexicanos que viven en el país vecino o que cruzan anualmente la frontera para obtener sus medios de subsistencia, perseguidos, excluidos, sobreexplotados y periódicamente expulsados, son rehenes permanentes del chantaje y los condicionamientos del gobierno estadunidense. En este marco, México no está en condiciones de impulsar un crecimiento económico sostenido y sustentable con equidad distributiva, ni de llevar a cabo una transición política autónoma hacia una democracia participativa. La recuperación plena de la soberanía nacional y de la capacidad de autodeterminación en todos los niveles supone reivindicar una integración mundial equitativa, distributiva, incluyente y democrática, tendiente a la igualdad y respetuosa de las diferencias; una integración mundial que busque superar las desigualdades nacionales y regionales, donde no quepan el unilateralismo ni el recurso de la guerra preventiva, y donde impere la paz entre las naciones. Esta búsqueda es una condición necesaria de la construcción de un proyecto de nación diferente al que las fuerzas de la derecha y el neoliberalismo impulsan en la actualidad. Los temas que derivan de estas ideas son múltiples y están íntimamente relacionados, entre sí y con todos los demás aspectos de la trans-

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formación socio económica y política de México. Entre tales aspectos destacan los siguientes: La promoción internacional de la reforma democrática e igualitaria de la Organización de las Naciones Unidas, en particular de su Consejo de Seguridad, en el cual deben eliminarse el derecho de veto y la presencia de miembros permanentes. De igual forma, deben revisarse las premisas bajo las cuales operan los organismos sectoriales dependientes de ella: entre otros, UNESCO, PNUMA, OMS, FAO, UNCTAD, UNRICHS. En el mismo sentido, debe reformarse la Organización de Estados Americanos. La demanda de una reestructuración global que forje condiciones de igualdad y equidad en el funcionamiento de los organismos económicos multinacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial de Comercio, y regule con equidad los flujos mundiales de capital, mercancías e información. El rechazo a cualquier forma de intervención militar unilateral o multilateral en países soberanos, sin excepciones ni justificaciones por fuera de la normatividad de la ONU, respaldado en el respeto a la autodeterminación de los pueblos; la no-participación de México en acciones militares de este tipo; el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional según el Acuerdo de Roma; y la lucha coordinada pero soberana de cada país contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen globalizado. El reclamo en todos los foros internacionales de la supresión del bloqueo económico como recurso de presión sobre cualquier régimen político, sea el de Cuba hoy o de otro país en el futuro, en atención al impacto negativo que este instrumento tiene sobre los derechos humanos y las condiciones de vida de sus habitantes. La promoción activa del proyecto para erigir la Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe, como instrumento regional de integración para el desarrollo económico y social, con una política de elección por voto nacional, universal y directo de los miembros de un Parlamento Latinoamericano. En ese marco, el impulso de una nacionalidad latinoamericana común, del libre tránsito de sus ciudadanos, y, en su caso, de la doble o múltiple ciudadanía y nacionalidad. Con ese objetivo, México debe vincularse a la discusión y ejecución de la iniciativa en curso para formar la Comunidad de Naciones de América del

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Sur, y promover que se amplíe para incluir a todos los países latinoamericanos y del Caribe. El abandono del proyecto del ALCA, impulsado por el gobierno estadunidense, nocivo para las economías y las sociedades latinoamericanas, y el establecimiento de relaciones equitativas e igualitarias de cooperación económica, tecnológica y ambiental entre la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, como medio común de interlocución, negociación y diálogo con los países del norte y otros bloques económicos y políticos. La revisión de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y con la Unión Europea, en busca de: la equidad e igualdad de condiciones en las relaciones económicas; la validación del concepto de nación menos favorecida bajo un criterio de trato equitativo; la creación de fondos compensatorios de desarrollo regional; la libre circulación de la fuerza laboral; la igualdad de derechos laborales, sociales y políticos para los migrantes; el respeto a las diferencias culturales; la corresponsabilidad ambiental; y la formación de instancias ciudadanas de evaluación del desempeño de los tratados y de propuesta de reformas. La aplicación de los mismos criterios en la negociación de cualquier tratado comercial con los países con mayor grado de desarrollo y, sobre todo, con los latinoamericanos. El sometimiento a referendo universal vinculatorio de los proyectos de tratados internacionales que modifiquen el ejercicio de la soberanía económica, política, cultural y ambiental de la nación, o afecten significativamente el desarrollo económico y social de los mexicanos. La salvaguarda de los intereses laborales, sociales, económicos, ambientales y estratégicos nacionales al aplicar el sistema de patentes y la salvaguarda de la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio, sobre todo en el ámbito de los medicamentos para la atención de pandemias como el SIDA. La defensa irrestricta de los derechos humanos, civiles y sociales de los mexicanos residentes en el exterior, así como el respeto pleno de quienes son inmigrantes en tránsito, temporales o permanentes en México. El apoyo a las iniciativas de creación internacional del Impuesto Tobin sobre las ganancias obtenidas en las transacciones financieras

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internacionales, y del Impuesto Lula sobre las transacciones mundiales de armamento. La promoción de la aprobación de reglas internacionales de conducta para las empresas trasnacionales, sobre todo en los ámbitos de la calidad del trabajo según las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la conservación del patrimonio histórico, la creación artística y la producción cultural, la información y la protección ambiental, dotadas de mecanismos eficaces de vigilancia y tribunales internacionales que juzguen las trasgresiones, que se expresen y sustenten en las regulaciones internas de cada país, y se apliquen estrictamente en México. En años recientes se han impulsado tratados de libre comercio con diferentes regiones del mundo sin considerar al mismo tiempo la exacerbación de las desigualdades geográficas y sectoriales que el proceso de liberalización económica ha generado hacia adentro del país. Es necesario articular una estrategia de desarrollo nacional que se haga cargo de dichas desigualdades, promoviendo políticas públicas que busquen la cohesión económica y social de la sociedad mexicana, la convergencia entre las regiones geográficas y la integración del mercado interno. Sólo podremos ser auténticamente competitivos hacia fuera si somos fuertes hacia adentro. Ese y no otro es el significado del título de este apartado: país soberano en un mundo en integración. Finalmente, el fortalecimiento de la política exterior mexicana debe descansar en una puesta al día de la definición de los intereses nacionales. México debe trabajar por la recuperación de su capacidad negociadora en el escenario internacional. Sin menoscabo de la facultad del titular del Ejecutivo para decidir en materia de política exterior, es necesario institucionalizar la contribución del poder legislativo y de los organismos de la sociedad civil para la construcción de una política exterior de Estado, cuya columna vertebral debe ser justamente la prolongación de los intereses nacionales hacia el plano internacional.

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Nación pluriétnica y pluricultural

El México de hoy es resultante de un proceso histórico signado por la pluriculturalidad, manchado desde la conquista por la violencia, la opresión y la discriminación. En dicho proceso, los pueblos indígenas lucharon por mantener su tierra y territorios, culturas, condiciones de vida y producción, generando una resistencia secular que les ha permitido sostener y reproducir, así sea con modalidades diversas a su lógica originaria, espacios o hábitat en los que ejercen formas propias de gestión y de organización comunitaria. México es, por ello, una nación pluricultural, condición que fue reconocida finalmente en el ámbito constitucional a partir de 1991. Pero la Constitución y las leyes, las políticas estatales y sectores importantes de la ciudadanía no respetan plenamente esta pluralidad. Las reformas constitucionales que siguieron a los Acuerdos de San Andrés, en el 2001, no integraron elementos esenciales de dichos acuerdos. Entre otros, se hizo a un lado el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como “entidades de derecho público”, en condiciones en que con ello pudieran hacer valer su autonomía en “sus tierras y territorios”; se escatimó la fórmula planteada en los acuerdos referidos sobre el reconocimiento de formas propias de organización social y política de los indígenas “sin la necesaria participación de los partidos políticos”; se evitó señalar que el acceso al uso y disfrute de recursos naturales se daría en sus tierras y territorios; se obviaron los planteamientos sobre una remunicipalización y redistritación que permitieran una mejor y más justa participación y representación indígena en los gobiernos locales y en los Congresos; se anularon fórmulas asociativas entre municipios de go-

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bierno indígena (municipios al interior de una sola entidad, o municipios colindantes de dos entidades vecinas), dirigidas a permitir la integración regional de espacios “pluriétnicos” de gobierno. En pocas palabras, las reformas constitucionales aprobadas en el 2001 quedaron “atrás” no sólo de los Acuerdos de San Andrés, sino de lo que en nuestro país ya era ley reconocida: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Debemos mantener firmemente la exigencia de construir una nación pluriétnica y pluricultural basada en el respeto, defensa y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El Estado mexicano tiene que honrar estrictamente los Acuerdos de San Andrés, generando las condiciones para que los indígenas de México puedan ejercer su autonomía en un marco de libre autodeterminación. Hay que erradicar de la sociedad toda práctica discriminatoria y racista, desarrollando políticas públicas que ayuden a reducir y eliminar los grandes rezagos y desigualdades sociales y económicos existentes en los espacios indígenas. La población indígena rural es depositaria de una enorme y rica cultura agrícola y de protección y manejo de los recursos naturales. Se requiere, en consecuencia, ir más allá del reconocimiento y respeto a su identidad, derechos y autonomía, para generar políticas públicas coherentes y consistentes de apoyo y fomento productivo que se adecuen a sus formas particulares de organización y de gestión económicas.

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Sociedad igualitaria, incluyente y sin pobreza

La larga noche neoliberal iniciada en 1983 y aún no concluida, arroja un saldo muy negativo, en los órdenes económico y social, para la mayoría de los mexicanos: crecimiento de la pobreza y la indigencia, mayor desigualdad y exclusión social, e inseguridad generalizada; en su conjunto, el resultado ha sido un deterioro alarmante del tejido social. Este es el producto de las políticas que han concentrado la riqueza en pocas manos, destruido millones de empleos e impuesto salarios muy bajos, situación que se agrava con la decisión de los gobiernos neoliberales de abandonar la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos sociales consagrados en la Carta Magna. Nos urge construir condiciones que satisfagan las necesidades básicas de todos los mexicanos. Para cumplir este imperativo es preciso edificar un Estado que asuma su responsabilidad social, que respete y haga que se cumplan los derechos sociales. Para lograrlo se requiere que el Estado y la sociedad emprendan, en corresponsabilidad, un conjunto integral de políticas y acciones en diversos campos de la vida económica y social, empezando por aquellas que transformen, fortalezcan y consoliden las instituciones sociales dirigidas a enfrentar los graves problemas de la pobreza, dejando a un lado las políticas focalizadoras y meramente asistencialistas. Debemos destinar el presupuesto necesario para lograr estos objetivos. Existen recursos, como lo demuestra la creciente transferencia de sumas multimillonarias a las cuentas de los banqueros a través del IPAB y a los antiguos concesionarios de autopistas de peaje, o el descomunal

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monto destinado al servicio de la deuda externa. Los recursos que el Estado necesita, no sólo para esta política, pueden obtenerse a través de una reforma fiscal equitativa. El combate y la aniquilación de la corrupción en la administración pública también puede ser una abundante fuente de recursos. Ciertamente las garantías individuales y los derechos sociales están protegidos en la Constitución Política, pero no existe un mecanismo que le permita a la ciudadanía exigir su cumplimiento. Es preciso crearlo. Para ello, habría que transformar la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un organismo que pudiera también vigilar y garantizar su cumplimiento.

DERECHO AL TRABAJO CON SALARIO DIGNO Una política que combata realmente la desigualdad y la pobreza debe, por principio, fomentar un crecimiento económico sostenido que tienda a garantizar a todos los mexicanos empleos o actividades económicas estables y salarios e ingresos suficientes para satisfacer las necesidades esenciales y permitir una vida digna. A partir de diciembre de 1982 y con mayor intensidad en los últimos años, la política estatal se ha caracterizado por la destrucción masiva de empleos, aunque formalmente los gobiernos prometen la creación de muchos nuevos puestos de trabajo. Así no se respeta el derecho constitucional al trabajo. Para enfrentar esta problemática debemos diseñar una política de Estado que asegure la creación de empleos productivos, tanto en el sector privado como en el público. Luego de 20 años de reducción continua y acumulativa de los salarios reales, debemos recuperar paulatinamente la participación de los trabajadores en la riqueza generada mediante incrementos al salario real por arriba de la inflación y de los aumentos de la productividad del trabajo. Es una falacia asegurar que la recuperación de los salarios es una amenaza inflacionaria; en una economía sana, en expansión, es un factor que dinamiza el mercado interno y estimula la productividad, además de ser un elemento básico de justicia social.

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Debemos cambiar la orientación de los programas asistenciales de “combate a la pobreza” para la población en condiciones de marginación social e indigencia. Tales programas deben ser complemento temporal de las políticas económicas antes mencionadas, y elemento compensador de las desventajas económicas y sociales, mientras los cambios estructurales aseguran transformaciones equitativas definitivas. La asistencia social debe dejar de ser objeto de manipulación política y de humillación para quienes la necesitan, y pasar a ser un derecho de quienes la reciben y, por lo tanto, una obligación del Estado prestarla con calidad y oportunidad.

DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA LAICA Y GRATUITA La educación pública en México enfrenta como problema fundamental la incompatibilidad entre los principios constitucionales originarios y la realidad, donde la política neoliberal la asfixia. La Constitución la consideraba como derecho social y factor crucial del desarrollo nacional, y la definía como obligatoria, gratuita, incluyente, laica y pilar en la construcción de la identidad nacional. La práctica neoliberal, cuya expresión más clara es económica, le reduce el presupuesto y le niega financiamiento. La educación pública en todos los niveles acusa el abandono estatal, y la oferta educativa es insuficiente para cubrir la demanda. Estos factores han deteriorado notoriamente la calidad de toda la educación pública. Las deficiencias en la educación, que comienzan desde la primaria, explican el rechazo de los estudiantes en las escuelas de educación media y superior. Es obligación del Estado garantizar a todos los mexicanos el derecho social a la educación en todos los niveles, y que toda la educación, incluida la tecnológica, tenga un carácter formativo y humanista que genere espíritus críticos para coadyuvar al desarrollo nacional independiente. Para cumplir tales objetivos el Estado debe destinar recursos suficientes a la educación pública. Asimismo tiene que reivindicar su carácter laico, pluricultural, democrático y gratuito en todos los niveles; y enfatizar su carácter universal, incluyente, científico, crítico, humanista, social.

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DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL El acceso a la salud y a la seguridad social forma parte de los derechos constitucionales que configuran la plena satisfacción de las necesidades humanas. Empero, el principal problema de la seguridad social, como vía para universalizar la protección integral a la sociedad, es que no se ha extendido a toda la población, lo cual se ha agravado con la reducción del ritmo de incorporación de derechohabientes, la caída de los aportes derivada de la continua contracción del salario real y de la privatización. Ante la gravedad del rezago social y sus implicaciones de inestabilidad política, el Estado se ha visto obligado a poner en marcha programas asistenciales de salud, nutrición, vivienda, y apoyos a la familia, para la población pobre no asegurada. En los hechos, y apoyándose en las contrarreformas realizadas, los gobiernos neoliberales están culminando el abandono del proyecto constitucional normativo de bienestar social, sustituyéndolo con programas asistenciales. Estos programas, en todo caso, debieran tener un carácter temporal, que sin desconocer las responsabilidades sociales del Estado, no consideren la situación de marginación de grupos sociales determinados como una situación permanente y sin remedio, sino como situaciones que pueden y deben ser modificadas y corregidas con otros programas gubernamentales, aplicados en paralelo, como pueden ser programas de generación de empleo, proyectos productivos de carácter comunitario, etcétera. Por ello nos urge revisar las leyes de seguridad social del IMSS y del ISSSTE para recuperar su carácter público, solidario, redistributivo e integral, y frenar y revertir el desmantelamiento a que están sometiendo a estas instituciones los gobiernos neoliberales. También debemos revertir la grave tendencia menguante de los ingresos de ambas instituciones, debida al creciente desempleo y a la reducción de los salarios. Requerimos de una política que comprometa al gobierno y a los patrones, para que de común acuerdo recapitalicen a ambas instituciones. Para avanzar en esta dinámica debemos impulsar un proyecto de Ley de seguridad social. También urge construir un servicio único de salud;

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revisar el sistema de pensiones para que estas recuperen su capacidad adquisitiva y ampliar el número de beneficiarios.

DERECHO A LA CIUDAD Y A LA VIVIENDA DIGNA En la actualidad, son todavía millones de mexicanos los que viven en asentamientos precarios segregados que no cuentan con los servicios y equipamientos mínimos, donde los tiempos y costos del transporte para acceder al trabajo, la educación y el abasto son crecientes. Casi 10 millones de personas carecen todavía del servicio de agua potable en la vivienda, 22 millones no disponen de un sistema adecuado de eliminación de aguas negras en su vivienda (drenaje o fosa séptica), 14 millones viven todavía en espacios donde el piso es de tierra y casi 22 millones de personas viven en una vivienda de un solo cuarto. Estas carencias no son homogéneas; se acentúan en las periferias de las grandes ciudades, así como en las de menor tamaño y en los medios rurales. Ni el Estado ni la empresa privada han podido satisfacer la demanda de vivienda y servicios públicos; los fondos “solidarios” de vivienda como el Infonavit y el Fovissste han sido usados inadecuadamente o saqueados por la corrupción. La vivienda que el sector privado produce es cada vez más inaccesible para los sectores populares y medios. Los requisitos para obtener crédito público y privado son excesivos y excluyentes, en consecuencia, pocas familias obtienen este financiamiento. Frente a estas carencias, tiene que reafirmarse que el disfrute de una vivienda adecuada es una necesidad básica, que no se limita al espacio que ocupa cada familia, es un derecho social con el cual está comprometido el Estado mexicano al suscribir y ratificar varios tratados y convenios internacionales. Para ser efectivo, el derecho a la ciudad y a la vivienda requiere del compromiso del gobierno y de la participación solidaria del conjunto de la sociedad. El derecho a la ciudad y a la vivienda involucra aspectos fundamentales del hábitat como son la seguridad jurídica, la disponibilidad de infraestructura, servicios y equipamientos, la habitabilidad, la adecuación de los precios de la vivienda con la realidad económica de la población, la cercanía con los empleos y los equipamientos de salud,

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educación, cultura y administración pública. Es responsabilidad del Estado fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, promover el acceso equitativo a la ciudad y la producción de vivienda de interés social y sistemas accesibles de financiamiento a largo plazo, así como apoyar formas asociativas de producción social de la ciudad y la vivienda.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN El derecho a la alimentación ha sido violentado total y arbitrariamente con las políticas que han reducido los salarios y desmantelado los programas e instituciones que otorgan bienestar a la población. Al no existir una alimentación adecuada se coarta el desarrollo armónico de las potencialidades biológicas y síquicas del ser humano, se incrementa la incidencia de la enfermedad y la mortalidad, y se ataca la base fundamental del desarrollo de las fuerzas productivas. Con más de dos tercios de la población ubicada en algún rubro de pobreza, es indispensable aplicar un Programa Nacional de Nutrición que garantice la alimentación de todos los mexicanos, especialmente de los lactantes, niños, jóvenes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Un programa de esta naturaleza debe estar articulado con una política de desarrollo rural que recupere la autosuficiencia alimentaria del país. Para enfrentar el problema de la nutrición necesitamos un nuevo marco institucional, legislativo y presupuestal, vinculado al abasto y a la alimentación. Asimismo requerimos una política que impulse la organización de productores y consumidores y permita a las organizaciones sociales gestionar y regular el abasto y la alimentación en cada zona del país.

DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En lo fundamental, las políticas sociales destinadas a las personas con discapacidad tienen un enfoque asistencialista, pues no ven a sus beneficiarios como sujetos de derecho. El Estado mexicano no cuenta con una

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política integral de promoción de los derechos y oportunidades para las personas con necesidades especiales. La atención de las necesidades de estas personas recae fundamentalmente en las familias, las que en su mayoría tienen un ingreso más precario cada día, y la presencia de algún miembro con discapacidad agrava la pobreza y crea fricciones en su seno. La discapacidad en nuestro medio tiende a agravarse. Además de carecer de una política efectiva de atención y rehabilitación, al sistema de salud le falta una política de prevención que detenga y revierta el incremento de la población con discapacidad. La inequidad hacia estas personas también acusa la ausencia de los recursos necesarios para que las políticas públicas de salud, educación y ordenamiento territorial incorporen la problemática integral de la discapacidad y aseguren el respeto, cuidado e inclusión social de estos mexicanos. Para integrar a la vida económica y social a las personas con discapacidad es necesario impulsar proyectos económicos que les provean de empleo; promover que la legislación laboral establezca como obligación de las empresas reservar para ellas un porcentaje de los puestos de trabajo; fortalecer y democratizar las instituciones públicas de servicios sociales dirigidos a estos sectores; adecuar la infraestructura urbana y los servicios públicos a las necesidades y condiciones de vida de las personas con discapacidad; y construir una nueva ética social hacia la discapacidad.

DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS ADULTOS MAYORES La mayoría de los adultos mayores enfrenta la inseguridad económica y graves carencias por la falta de políticas públicas adecuadas. Tal carencia les impide disfrutar de esta etapa de su vida. Dos tercios de esta población carecen de una pensión, y quienes la reciben no garantizan con ella una vida digna debido a su reducido monto y a los procesos inflacionarios. A esto se añade el deterioro del nivel de vida familiar y los cambios en los patrones tradicionales de cuidado, atención y respeto a los adultos mayores. Es necesario fomentar una cultura social en materia de gerontología en todas las instituciones; introducir, validar y expandir los servicios

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de atención geriátrica en el sistema nacional de salud; el sistema educativo debe otorgar oportunidades de capacitación a los adultos mayores; la legislación laboral tiene que establecer nuevas modalidades de jubilación y eliminar las formas de discriminación laboral por razones de edad. El eje de una política democrática hacia los adultos mayores debe partir del reconocimiento de que son sujetos de derecho, y que constituyen una de las más importantes reservas morales y productivas de la sociedad mexicana. Como acto de solidaridad social y de dignificación de los adultos mayores debemos recurrir a las finanzas públicas, especialmente a través de una reforma fiscal, para operar un programa que tienda a establecer una pensión universal para ellos, a partir de cierta edad que en su momento se establezca. Pero lo que de inmediato debemos impulsar es que estos sectores reciban atención preferente en programas institucionales de vivienda, salud y educación.

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Otro patrón de desarrollo económico

Al inicio del siglo XX, México era una nación esencialmente rural; su principal actividad económica se ubicaba en el sector primario y estaba integrada básicamente por economías regionales autosustentables y relativamente autónomas. A partir de la segunda guerra mundial, se implantó en el país un nuevo esquema de desarrollo, supuestamente para modernizarlo y para mejorar las condiciones de vida de la población, en su mayoría de campesinos. El proyecto estuvo orientado a instaurar un esquema de industrialización similar al seguido por las naciones europeas durante los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX, que permitiría generar un gran número de empleos y que de país productor y exportador de materias primas convertiría a México en productor de manufacturas mediante una industria propia. Algunos de estos objetivos se fueron cubriendo entre 1950 y 1976, con una secuela de mejoría social insuficiente y un alto crecimiento de expectativas, pero sus efectos secundarios resultaron desastrosos, hecho por demás previsible luego de las experiencias europeas de siglos y decenios anteriores. Este esquema de desarrollo impulsó la concentración de la población. Así se formaron los grandes conglomerados urbanos actuales, caracterizados por un crecimiento caótico ante la incapacidad gubernamental para establecer y vigilar el cumplimiento de planes y normas de desarrollo urbano, así como para crear los empleos y servicios públicos que esa población requería. La focalización de la actividad económica en

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unos cuantos centros urbanos llevó a la disolución de la mayor parte de los sistemas económicos regionales autosustentables, e imposibilitó el surgimiento de otros. Al mismo tiempo, se produjo la concentración creciente de la riqueza económica en una minoría privilegiada, estrechamente vinculada con los intereses transnacionales y con el poder político. Otra de las consecuencias fue la destrucción irracional de recursos naturales –principalmente los renovables, como los bosques y selvas–, para alimentar de materias primas a las industrias mineras y manufactureras, con la correlativa alteración extrema del medio ambiente, comenzando por las zonas cercanas a las ciudades, por la contaminación del agua, el suelo y la atmósfera con desechos biológicos e industriales. La descomposición de las formas campesinas de producción que ocasionó el patrón de crecimiento económico, condujo a la pérdida de la capacidad para la autosuficiencia alimentaria y a la creciente importación de alimentos. El relativo equilibrio económico existente entre las diferentes regiones del país quedó trastocado y generó diferencias económicas y sociales crecientes entre ellas y al interior de ellas. El resultado general fue un empobrecimiento creciente de la población, así como un incremento inusitado de la migración –a las grandes ciudades y a Estados Unidos– y de la economía informal. Al terminar el siglo XX, este esquema de desarrollo había generado un país donde más de 60% de la población se concentraba en 150 municipios (7% del total), mismos que generaban más del 80% de la producción no agrícola y concentraban el 85% de las inversiones. Al mismo tiempo, la industria instalada sólo parcialmente tenía sello nacional: hoy, en el 95% de los casos, las grandes empresas establecidas en el país son extranjeras, incluidas las del sector financiero, con una oferta total de empleo menor al 40%, lo cual ha tenido como consecuencia que la economía informal ocupe a más de la mitad de la población económicamente activa. La transformación de las formas de producción y el surgimiento de las llamadas sociedades postindustriales dominadas por el sector terciario, a lo largo de los años 80, dio lugar al establecimiento de un nuevo esquema de dominación económica, el patrón neoliberal de acumulación a escala global, mediante el cual las naciones más desarrolladas, en combinación con sus empresas, han logrado imponer su control

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sobre los mercados financieros y económicos, generando mayores desequilibrios nacionales y nuevos fenómenos de empobrecimiento y concentración de la riqueza, con la colaboración disciplinada y sumisa de gobiernos como los que ha padecido el país durante los últimos 20 años. En las últimas dos décadas, la antigua estructura de desarrollo industrial, sobre todo en su segmento de micro, pequeña y mediana empresa, ha sido golpeada seriamente por la apertura comercial indiscriminada y la eliminación de las políticas estatales de fomento; la única innovación ha sido el establecimiento de plantas maquiladoras y ensambladoras –una de las variantes industriales más primitivas y desquiciantes–, que hoy también se encuentran en crisis. Los sectores de servicios, incluyendo el turismo, el comercio, las comunicaciones, las finanzas y el ejercicio profesional independiente, han sido deformados y en su mayor parte entregados al capital extranjero. A las viejas deficiencias del esquema de industrialización y concentración urbana, se han agregado otras igualmente destructivas en el largo plazo: la reducción de la participación gubernamental del 40% al 15% del PIB; el incremento de las exportaciones sin importar que el valor agregado de origen nacional sea mínimo; la desprotección total de la producción nacional, sobre todo la agropecuaria; la reducción significativa de las inversiones públicas en infraestructura para las comunicaciones, el transporte, la salud y la educación, crecientemente privatizadas; y el debilitamiento de la cohesión y la cultura nacional. El paliativo al problema de desempleo a través de maquiladoras ha constituido una estrategia de alto riesgo pues con la misma facilidad con la que los empleos se crean, son destruidos o desaparecidos. La estrategia no crea ventajas competitivas, elemento central de los proyectos de desarrollo de las economías avanzadas. Anualmente, cientos de miles de mexicanos emigran legal o ilegalmente a Estados Unidos, para obtener el trabajo y los ingresos que no encuentran en sus regiones de origen. Los migrantes arriesgan su salud y vida en el tránsito, son esquilmados por los polleros, sufren la opresión, represión, exclusión y sobreexplotación aplicada por la policía de migración, los contratistas y los xenófobos norteños. Allá no se les reconocen derechos civiles ni sociales, ni pueden ejercer los que tienen como mexicanos.

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Pero las remesas enviadas por los migrantes, que en 2004 superaron los 15 mil millones de dólares –convirtiéndose en una de las mayores fuentes de divisas de México–, sostienen a núcleos extensos de la población rural y urbana mexicana, introduciendo en ella patrones de consumo distintos a los originarios y minando las identidades culturales. Alimentan en divisas el proceso de acumulación, pero no sirven en la mayoría de los casos para generar ahorro y actividades económicas sustentables para el empleo y la subsistencia de las familias de migrantes. De esta manera México es cada día menos el país que necesitamos y anhelamos, y más el que otros quieren que sea: uno con mano de obra barata para la producción de sus manufacturas, en el territorio mexicano o en el de Estados Unidos, y un mercado complementario pero importante para sus productos y servicios. Por lo anterior, proponemos un cambio estructural del patrón de desarrollo económico, como columna fundamental de un nuevo proyecto de nación. Los aspectos mas relevantes de este nuevo patrón de desarrollo económico se derivan naturalmente del diagnóstico anterior. La recuperación e incorporación de las zonas rurales al desarrollo nacional, mediante la reconstrucción gradual de las economías regionales como economías sustentables y equilibradas, y la ejecución de proyectos que consoliden ventajas competitivas a través de cadenas integradas de valor agregado. La reestructuración e impulso al sector agropecuario, para alcanzar la soberanía alimentaria mediante programas de crédito, subsidios e incentivos a la producción agrícola, ganadera y forestal, y el establecimiento de esquemas de distribución de sus productos que los liberen de intermediaciones expoliadoras, hasta lograr el equilibrio e incluso ventajas competitivas en el mercado interior y en el exterior. El diseño y promoción pública, privada y comunitaria de una política de largo plazo de fomento a la artesanía, la manufactura y la gran industria, sustentada en los recursos y factores productivos, ventajas comparativas y competitivas existentes en el país y sus regiones, crecientemente integrada en los ámbitos regionales y el nacional, orientada en primer lugar a la satisfacción de las necesidades del mercado interno –como base para el esfuerzo exportador–, tecnológica, ambiental y socialmente sustentable, creadora de empleo estable y bien remunerado.

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Como parte de esta política, deben diseñarse mecanismos para que la industria maquiladora de exportación se integre crecientemente en la estructura productiva local, regional y nacional. El fortalecimiento del sector terciario de la economía, a través de su inducción en el proceso de formación de cadenas productivas de bienes y servicios, con alto contenido intelectual, así como por la identificación y consolidación de ventajas competitivas en la industria y los servicios dando lugar a más y mejores empleos. La conformación de esquemas locales de producción asociativa competitiva y el establecimiento de normas que estimulen la competencia, eliminando las ventajas de las grandes empresas monopólicas de origen extranjero, así como sus prácticas indebidas, impulsando la creación de empleos adecuados y mejorando la capacidad de compra de la población. La restitución de la capacidad del gobierno para asegurar su papel en la conducción económica del país, en la planeación y promoción real del desarrollo y en el cumplimiento de sus compromisos sociales de acuerdo con la Constitución, a través de una reforma fiscal equitativa y de la explotación patriótica, inteligente y sustentable de nuestros recursos energéticos. El estímulo a los capitales privados nacionales y extranjeros para realizar inversiones que incrementen la capacidad productiva del país, el número y la productividad de los trabajadores mexicanos, así como la competitividad de la economía nacional en un marco de crecimiento económico sostenido y sustentable. La promoción de la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, como factores fundamentales del crecimiento económico, y de la creación de empleos adecuados para quienes concluyen su formación profesional y de posgrado dentro y fuera del país. Para este fin será preciso promover que las grandes empresas del sector energético (PEMEX, CFE Y LFC) desarrollen una red de empresas proveedoras de bienes y servicios con alto contenido tecnológico, de manera que en el corto plazo comiencen a disminuir significativamente los niveles actuales de dependencia tecnológica. Es decir, se requiere que estas empresas se conviertan en el eje de una estrategia de industrialización. Adicionalmente, será necesario buscar que las dependencias del gobierno en todos sus niveles, contraten empresas nacionales o

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con altos valores de integración nacional para satisfacer sus requerimientos tecnológicos, como lo hacen los países más desarrollados. Debemos impulsar estos cambios tomando en cuenta los escenarios globales que dominan el planeta, especialmente los intereses económicos que confluyen actualmente en el ámbito nacional, con el objetivo de eliminar o reducir en lo posible riesgos de enfrentamiento que lleven a la desestabilización o al retroceso económico. El éxito dependerá fundamentalmente del apoyo popular que este proyecto obtenga.

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La estrategia económica que el régimen ha aplicado los últimos 20 años ha privilegiado los equilibrios financieros en la balanza de pagos y las finanzas públicas, a costa del desarrollo productivo. Además, el régimen abandonó toda política de fomento a la producción agropecuaria e industrial. Con la apertura comercial indiscriminada ha desprotegido a la producción nacional y, al mercado interno, afectado por la reducción drástica del salario real, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas orientadas hacia él. Estos efectos han desestructurado las cadenas productivas y las economías regionales, y han abierto un proceso severo de desindustrialización. Solo un puñado de grandes empresas monopólicas, sobre todo trasnacionales, sin encadenamientos con el resto de la estructura productiva, se ha articulado al mercado externo, considerado como el único motor del crecimiento. El dinamismo de la maquila, única política de industrialización de los gobiernos neoliberales, ha venido debilitándose e incluso ha empezado a registrar tasas de crecimiento negativas con los consecuentes efectos sobre el empleo. A partir del 2003, los efectos de las últimas fases de la liberalización del comercio agropecuario previstas en el TLCAN han afectado gravemente al sector agropecuario mexicano, que ha visto reducida en el extremo su capacidad competitiva frente a los productores comerciales del extranjero.

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De este modo, la capacidad privada y pública para financiar el desarrollo y mantener el nivel de inversión se ha estrechado. Predominan tendencias tales como la escasez de crédito y las elevadas tasas de interés, que limitan la inversión privada, así como la restringida recaudación del gobierno federal. Las altas tasas afectan sus finanzas y con ello el nivel de inversión pública y los montos de las participaciones a las entidades del país, por lo que el impacto del gasto en el desarrollo es exiguo y muy diferenciado territorialmente. En este marco, los gobiernos neoliberales han considerado a la inversión extranjera como la fuente principal de financiamiento interno; pero los inversionistas han orientado la mayor parte de esos recursos hacia la inversión especulativa de portafolio, y los que dirigieron hacia la actividad económica directa los destinaron a la compra de activos ya existentes –sobre todo en la banca, el comercio y los servicios– y no a la generación de nuevas empresas productivas. La banca, hoy casi totalmente desnacionalizada, no financia el crecimiento mediante el crédito a la inversión. El ciclo económico de México está estrechamente asociado con el comportamiento de la demanda externa, en especial la de Estados Unidos, por la elevada proporción de comercio y otros factores asociados a las corrientes comerciales y al comportamiento de la tasa de crecimiento del país vecino. El desempleo creció en toda la economía y las cifras serían peores si una gran parte de la fuerza de trabajo no se hubiera incorporado al sector informal o no hubiera emigrado ilegalmente a Estados Unidos, y no financiara a sus familias con sus remesas –convertidas en los últimos años en el segundo rubro de ingreso de divisas. La política económica fracasó porque no generó crecimiento y contribuyó a incrementar la desigualdad y la pobreza y en general, a empeorar los indicadores de bienestar como los de educación y salud. Indicadores de la CEPAL demuestran que en los últimos 10 años, la relación entre la proporción del ingreso del 20% de la población que recibe el más alto y la del 20% que menos ingreso obtiene, ha empeorado, al pasar de 16.9% a 18.5 por ciento. Además, expuso a la economía a nuevas causas de volatilidad, debido a que las corrientes de capital, pro-

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venientes en su mayoría de la privatización de las empresas estatales, no se destinaron a inversiones de largo plazo. A pesar de todo lo anterior, es necesario reconocer las fortalezas de la economía mexicana: el potencial de las miles de pequeñas y micro industrias que aportan un porcentaje significativo del empleo y de la producción manufacturera, y que son un factor de articulación en economías locales y regionales y que a pesar de todo han desarrollado una capacidad exportadora. Un sector energético nacional con un enorme potencial para sustentar una estrategia endógena de industrialización. Una amplia oferta laboral con creciente grado de escolaridad y calificación. Un amplio y diversificado sistema educativo, con presencia en las diversas regiones del país. Una elevada capacidad de generación de divisas y de ahorro interno que, bajo una política orientada al crecimiento, puede ser utilizada para financiar proyectos productivos y de infraestructura estratégicos. La propuesta de una reforma económica debe tener como hilo conductor la reorientación del desarrollo económico cuyos objetivos no pueden centrarse sólo en el aumento del crecimiento; deben incluir la dinamización de la economía, aprovechando las capacidades y factores endógenos, el desarrollo democrático, equitativo y sostenible, un desarrollo en que el Estado desempeñe un papel importante. La política de estabilización debe dar lugar a una expansión sostenida y generalizada de la economía sobre la base de un proceso dinámico de formación de capital. La presencia del Estado en la economía se efectúa a través de tres vías: la normativa, la presupuestaria y la producción directa de bienes y servicios. El proyecto neoliberal ha planteado un falso debate entre la necesidad de adelgazamiento del Estado o más Estado. A partir del reconocimiento de la necesidad de mantener el control del Estado sobre infraestructuras, empresas y áreas estratégicas de la economía como la electricidad y el petróleo, hay que avanzar en la discusión del tipo de Estado que requerimos para impulsar otro patrón de desarrollo económico y social, que no se limite a mantener el control público de las empresas estratégicas sino que sirvan para sustentar una estrategia de industrialización. Impulsar acuerdos políticos sobre la naturaleza –más que el tamaño– del Estado que resulta necesario para asegurar una so-

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ciedad más justa e incluyente, con la capacidad de respetar y hacer cumplir las garantías individuales y los derechos sociales de los mexicanos. Una agenda de reforma económica para construir otro patrón de crecimiento con equidad distributiva, debe abarcar diversos aspectos: una reforma del Estado; una nueva relación entre el Estado y la sociedad; la liberación de las fuerzas sociales y la apertura de espacios para facilitar una mayor intervención ciudadana en los asuntos públicos. Debe plantearse en los siguientes niveles: el orden mundial, el plano nacional, que implica medidas de mediano y largo plazo, y un programa urgente de reactivación económica en el corto plazo. Una reforma del orden económico mundial resulta indispensable para avanzar en una alternativa nacional distinta. Se trata de aprovechar las ventajas de la globalización, pero adaptándolas a las exigencias propias de nuestro país: promover la reforma democrática de las instituciones multilaterales –FMI, Banco Mundial, BID, OMC– y sus reglas de operación; impulsar una renegociación de los tratados de libre comercio existentes para buscar una mayor equidad en el sistema de comercio mundial; oponerse firmemente a la iniciativa norteamericana del ALCA; promover alternativamente el establecimiento de un Área de libre comercio entre los países de América Latina y el Caribe, en el marco de la conformación de una Comunidad de Naciones; e impulsar la definición del marco regulatorio adecuado para el control de los flujos financieros, en especial del capital especulativo. En el plano nacional, la recuperación del mercado interno y la consolidación de las empresas que trabajan en él y para él son condiciones insustituibles de una inserción más equitativa en la economía globalizada. Un mercado interno sólido debe ser la base de la recuperación del crecimiento y la plataforma del esfuerzo exportador. Esta reorientación del desarrollo requiere el diseño y establecimiento de una política industrial plenamente coordinada con los gobiernos estatales, que oriente y fomente el desarrollo regional, armonizando la producción competitiva para los mercados interno y exterior. Requerimos diseñar una política económica integrada en torno a un proyecto estratégico nacional, que enfatice resueltamente la producción agropecuaria, pesquera, forestal e industrial, y la equitativa distribución de sus beneficios.

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Sin afectar el control de la inflación, es necesario recuperar paulatinamente la capacidad de compra real de los salarios, para dinamizar la demanda interna y crear un círculo virtuoso entre recuperación del salario, crecimiento de la demanda, impulso a la producción y el comercio, creación de empleo bien remunerado y estable y aumento del ingreso de los hogares. Debemos diseñar la política agropecuaria teniendo en cuenta el potencial de cada región, articularla con la industrial en cadenas productivas regionales, tender a la recuperación de la autosuficiencia alimentaria, e integrar equitativamente a los distintos sectores productivos, en particular a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. La idea no es destruir lo ya construido ni frenar a los grandes conglomerados exportadores, sino establecer esquemas más amplios de participación para incorporar a micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones competitivas. Debemos apoyar preferentemente a micro, pequeñas y medianas empresas, alentando la constitución de redes de economías regionales que se vinculen con las ramas y empresas de mayor dinamismo, mediante esquemas de financiamiento, subcontratación y desarrollo de proveedores, apoyo tecnológico y capacitación de la mano de obra. Habrá que identificar productos con alto valor económico y factibilidad técnica de manufactura local, y alentar la incorporación de nuevos bienes a la exportación, propiciando encadenamientos industriales. La reactivación de la economía nacional y en particular la creación y el fortalecimiento de las empresas que el país necesita para satisfacer las necesidades básicas de su mercado interno e insertarse en el mercado mundial, con un nivel adecuado de competitividad, requiere contar con una banca moderna, eficiente y altamente comprometida con el desarrollo nacional. Esto no fue así a lo largo del siglo XX, y menos lo es hoy, cuando la mayoría de los bancos que operan en México son de capital extranjero. Las cuantiosas utilidades que esos bancos, subsidiados abusivamente por la nación a través del IPAB, reportan a sus casas matrices, tienen necesariamente como contraparte un alto costo para nuestro país. En cualquiera de las naciones modernas la banca constituye el mecanismo canalizador del ahorro de los trabajadores y las empresas, hacia el fi-

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nanciamiento de los procesos productivos; en ello, el interés nacional debe estar por encima de los intereses particulares. La banca debe recuperar su función fundamental de promotora del crecimiento a través del crédito. Un elemento principal de este proyecto de nación es desarrollar una nueva banca comercial en manos de mexicanos, bajo una nueva normatividad de servicio y un compromiso con el desarrollo nacional. Se requiere también reestructurar e impulsar de nuevo la desmantelada banca pública de desarrollo como instrumento fundamental del Estado para promover y orientar el crecimiento económico; y su reincorporación a la operación crediticia de primer piso, para otorgar financiamiento directo sin pasar por los bancos comerciales, con un propósito regional y sectorial. El servicio de banca y crédito es un bien público y estratégico para el desarrollo nacional, por lo que su manejo no debe quedar al arbitrio del mercado, sino que debe ser supervisado y regulado por el Estado. Una fuente adicional de financiamiento a la economía popular productiva puede obtenerse de la orientación de los excedentes de las remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior, mediante sistemas de ahorro y crédito adecuados a las redes de flujos hasta los familiares en México, hacia la creación y operación de empresas asociativas y cooperativas en el marco de las economías regionales, que generen empleo e ingresos estables para sus miembros. Por otra parte, para descargar al conjunto de la población de los costos que le representa el que se haya hecho pública la deuda privada del IPAB, habría que considerar la creación de un impuesto a las ganancias de la banca involucrada con este mecanismo financiero, que estaría vigente hasta que la deuda que el IPAB representa quede saldada. La solución a los problemas del sistema financiero debe ser parte integral de la política económica alternativa. Lograr un cambio estructural de la economía nacional requiere un nuevo modelo de financiamiento del desarrollo sustentado en tres grandes vertientes de acción: reformar la Ley orgánica del Banco de México a fin de restituir su obligación de contribuir a través de una política monetaria activa no sólo a la estabilidad sino al crecimiento económico mediante el fomento de las actividades productivas; reorientar el funcionamiento de los distintos intermediarios financieros –bancarios

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y no bancarios– hacia el apoyo de los proyectos productivos y de infraestructura de las distintas regiones del país; y reorientar, también, la utilización del ahorro interno y la disponibilidad de divisas hacia la reactivación económica y el financiamiento de proyectos estratégicos para la modernización y crecimiento de la economía. La obra pública, programada integralmente en el ámbito nacional, debería orientarse hacia la integración territorial interna, la reversión de la desigualdad entre regiones, la generación de infraestructura para el crecimiento económico –en particular de la economía popular y sus redes regionales–, la oferta de servicios públicos de calidad y el ordenamiento territorial con prioridad a los sectores y áreas populares excluidas y empobrecidas. Debemos impulsar estas propuestas, indispensables para modernizar la economía, generar empleos y mejorar la distribución de la riqueza, pero sus resultados serán a mediano y largo plazo. Por ello y dada la situación de la gran mayoría de los mexicanos, proponemos también un programa emergente de reactivación económica, con los siguientes instrumentos prioritarios: la inversión pública, considerando sus efectos multiplicadores en la demanda y en la inversión total nacional: una inversión que se canalice a través de un Programa de obra pública necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo social; planes de micro crédito, focalizados hacia formas asociativas y cooperativas, complementados con programas de educación y capacitación, que apunten principalmente a la formación productiva de la mujer; incremento de las partidas destinadas a la educación, salud y seguridad social para superar el rezago nacional en estas materias, pues el fomento de la equidad y la lucha contra la pobreza deben empezar con programas educativos y de salud para los niños; aumento de las partidas destinadas al desarrollo rural, en particular las orientadas al otorgamiento de créditos, la infraestructura productiva, el acceso a la tecnología y a enfrentar los riesgos de la apertura comercial del sector; y la elevación de los fondos participables a estados y municipios. El centro de una estrategia de este tipo es relanzar al Estado, levantarlo de su postración y de su arrinconamiento para volverlo promotor económico y redistribuidor del ingreso. La inversión pública tiene que ponerse en el centro.

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En el proceso de reforma económica, el Estado tiene un papel preponderante que desempeñar: en la conducción del desarrollo; en la producción y gestión de la infraestructura económica básica; en la definición e impulso de una nueva política agraria e industrial que busque fortalecer el mercado interno y reconstruir el aparato productivo; y en el establecimiento de políticas regulatorias para el mercado de valores y el sistema bancario. Requeriremos más gasto para desarrollar nuevas políticas públicas. Será necesario definir cómo obtendrá el Estado mayores recursos y, en consecuencia, cómo se aumentará el gasto público y cuál será la normatividad que la economía requiera para impulsar un desarrollo con equidad. La política fiscal en los últimos tiempos se ha limitado a mantener un déficit fiscal bajo, independientemente de las circunstancias. El debate debe centrarse en la composición del ingreso y el gasto público. Hoy, la política y la práctica de programación del ingreso y del gasto público mantienen la hegemonía y discrecionalidad del poder ejecutivo. La ciudadanía no tiene ninguna participación en su elaboración y mucho menos en la vigilancia de la forma en que se aplica. La importancia del compromiso social con los servicios de salud, seguridad social, educación y prevención de la pobreza no debe verse empañada por el hecho de que los fondos para atender esos graves rezagos tengan que competir con los que se dedican a otros propósitos. Sin embargo, habrá que aceptar la moderación presupuestal y el hecho innegable de que existe un escaso margen de maniobra para las finanzas pú-

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blicas. Esto supone y exige el establecimiento de prioridades de la política pública y, en consecuencia, el debate abierto sobre todas las demandas que compiten entre sí por fondos públicos, para buscar el consenso. Debemos debatir también las condicionantes financieras, identificar las prioridades sociales y jerarquizarlas con criterios de equidad y eficiencia. El presupuesto de ingresos y egresos debe ser entendido como instrumento de crecimiento económico, desarrollo social y redistribución del ingreso. Debemos luchar continua y decididamente contra la discrecionalidad y la corrupción de la alta burocracia en el manejo del erario público. Durante los últimos años, las finanzas públicas de México han experimentado un fuerte deterioro estructural. Uno de los factores de este deterioro ha sido la pequeña base de ingresos presupuestarios que el país sigue teniendo, parte de la cual es altamente volátil, porque depende de los ingresos petroleros. Según datos del Banco de México, el nuestro es uno de los países con menor carga fiscal del mundo. La recaudación como porcentaje del producto se ha mantenido muy por debajo de países desarrollados y de otros países con un nivel de desarrollo similar al de México. La carga fiscal total, como porcentaje del PIB fue en el año 2000 equivalente a 15.4%, mientras que el promedio entre los países de la OCDE fue de 27.9% y en países como Bolivia, de 16.2%; Chile, 17.9%; Argentina, 18.1%, y Brasil, 21.2%. Desde hace más de dos decenios se ha hecho patente la necesidad de fortalecer los ingresos recurrentes. Los ingresos fiscales han caído por el alto grado de evasión fiscal, permitido por los vericuetos de la ley o por situaciones de ilegalidad, como las que ejemplifica la existencia de empresas informales; por exenciones legales, tales como el régimen simplificado y, de manera muy relevante, por los subsidios fiscales al sector financiero, como es el caso de las ventas de los bancos nacionales a bancos extranjeros sin pagar un centavo de impuestos. Se agregan, entre otros factores, las recesiones, el estancamiento económico que ha durado ya dos decenios, y la profunda caída de los salarios que afecta el monto de lo pagado en el Impuesto sobre la Renta del Trabajo (ISR). La posibilidad de compensar la ausencia de ingresos estables con otras fuentes de recursos se ha venido agotando por diversas razones, entre otras: se ha reducido el número de empresas públicas susceptibles de ser desincorporadas; ante la globalización de los mercados, el pre-

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cio del petróleo es inferior al promedio del decenio de los 80; y la sistemática pérdida de ingresos arancelarios que deriva de los acuerdos de libre comercio. Mientras que el promedio OCDE del impuesto sobre la renta en el año 2000 fue de 13.6%, y el promedio de los impuestos al consumo fue de 6.9%, la estructura de la carga fiscal total como porcentaje del PIB en ese mismo año en nuestro país fue de 4.7% de impuestos al ingreso, 3.5% de impuestos al consumo general, 6.3% de impuestos específicos y del 0.9% de otros impuestos como el de nómina, predial, derechos estatales y municipales y aprovechamientos por rendimientos excedentes de PEMEX. Esta baja tributación tiene que ver, fundamentalmente, con la precaria participación del impuesto sobre la renta, que a su vez se asocia al menos a dos factores: la estrecha base de contribuyentes directos, y el conjunto de transacciones económicas que no son gravadas y que dan origen a prácticas de evasión y elusión fiscales favorables a quienes concentran el ingreso en México. Cabe hacer mención al absurdo régimen fiscal de PEMEX, ya que entre más caro está el petróleo se le cobra más dinero bajo la forma del Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes, lo que acarrea que el saldo de la empresa sea negativo y su endeudamiento cada vez sea mayor. La recaudación por ámbito de gobierno para el año 2000 fue de 14.9% del gobierno federal, 0.4% de los gobiernos estatales y de sólo 0.1% de los gobiernos locales. Esto significó que 96.6% de la recaudación correspondió al gobierno federal, mientras que el promedio OCDE es de 77.4% para esa instancia de gobierno. La recaudación tributaria no es un fin en sí misma; el objetivo es dotar al Estado de los recursos para cumplir con sus responsabilidades. México es uno de los países con menor gasto público en infraestructura, salud, educación, capacitación y combate a la pobreza, lo que limita el potencial de crecimiento y fomenta una desigual distribución del ingreso. El gasto total del gobierno de México, como porcentaje del PIB, fue de 14.6% en comparación con el promedio OCDE de 31.8% y de América Latina del 20.8 por ciento. Estos elementos resaltan el imperativo de efectuar una reforma hacendaria estructural que eleve la recaudación e incremente el gasto público en inversión física y humana.

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Requerimos un incremento en la recaudación tributaria para estimular el crecimiento económico y la creación de empleos. Mejorar la recaudación debe ser un propósito compartido por todos los ordenes de gobierno. Para ello, las reformas tendrán que orientarse hacia una mayor descentralización de los recursos públicos, así como hacia la atribución de mayores potestades tributarias locales. Es preciso asignar con más equidad la recaudación federal participable y fortalecer la captación tributaria de estados y municipios. Junto a la mayor participación y mayores responsabilidades en materia de funciones y ejecución presupuestal, debemos incluir disposiciones para reducir ordenadamente el aparato administrativo del gobierno central, cuidando no debilitar su capacidad para atender las responsabilidades del gobierno federal. Un mayor nivel de ingresos y gastos del gobierno con relación al PIB podría favorecer el crecimiento a través de dos mecanismos: un gasto mayor en educación, salud y en general mayor gasto social, ya que contribuye de manera inmediata a mejorar la calidad de vida de la población y en el largo plazo es, sin duda, un factor de desarrollo; el otro mecanismo es la recuperación de la capacidad de inversión del Estado en proyectos de infraestructura. Inversión pública y gasto social son las dos vías para instrumentar una política fiscal que garantice la estabilidad, pero sin abandonar los objetivos de crecimiento económico. El modelo fiscal vigente recurre cada vez más a impuestos sobre las rentas recibidas por nómina. A la vez, existe un tratamiento diferenciado para las rentas del capital frente a las del trabajo. Los grandes patrimonios disfrutan en la práctica de una inexistencia de impuestos y de un alto grado de evasión y fraude. El sistema tributario es ineficaz, incierto e inequitativo. Adicionalmente, en los intentos de regulación y de reformas fiscales no podremos olvidar la existencia de alternativas relacionadas con paraísos fiscales y la liberalización de los movimientos del capital. Para las rentas más altas existen, casi siempre, vías de escape más o menos legales: mecanismos de deducción, tratamientos especiales y evasión legal, aparte del recurso del fraude. En la práctica resulta muy difícil gravar al capital. El Estado debe actuar a favor de una distribución posterior de la renta y la riqueza mediante la universalización efectiva del acceso a

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bienes sociales como educación y servicios de salud. Para financiar todas las actuaciones públicas necesarias para la consecución de una sociedad más justa, hace falta una política impositiva que contribuya a corregir las desigualdades sociales. La reforma fiscal tiene que incentivar al trabajo como fuente de riqueza. Tal reforma debe incluir los siguientes principios: hacer equitativa la relación entre las rentas del trabajo y las del capital; reducir la tributación del trabajo e incrementar la del patrimonio; incentivar la inversión productiva y el trabajo profesional y autónomo; e introducir principios de progresividad impositiva, equidad y suficiencia financiera del Estado para hacer efectivas las tareas de redistribución. Proponemos una reforma integral del sistema tributario con los siguientes elementos: simplificar, dar certidumbre y proporcionalidad; eliminar la evasión fiscal, y regular la fiscalidad de la actividad empresarial informal o por cuenta propia; ampliar la base tributaria para obtener más ingresos públicos; buscar equidad y progresividad, gravando más a quien más posee y más gana; modificar diferencialmente las tasas del IVA, aplicando, por ejemplo, las tasas más altas a un amplio rubro de bienes suntuarios; gravar las diversas formas de ingreso derivadas de ganancias de capital, donaciones y herencias; introducir un impuesto progresivo al patrimonio; gravar las ganancias resultantes de transacciones financieras; deducir tributariamente una parte de las plusvalías o rentas obtenidas por la inversión pública en infraestructuras y servicios –impuesto de valorización–; revisar el sistema de tarifas de infraestructura y servicios públicos para que sean equitativas y sustentadas en criterios técnicos y económicos. La reforma fiscal no puede dejar de lado la situación de PEMEX. Guardando, por lo pronto, la magnitud de sus aportes, es conveniente que existan gravámenes diferenciados según la productividad de los campos de petróleo y gas como estímulo a una explotación más racional de los yacimientos; es urgente establecer una contabilidad individual de los campos, como también lo es sobre las actividades industriales; PEMEX debe hacer frente a sus compromisos fiscales municipales y estatales dentro de un acuerdo que ubique el monto de su red fiscal en el 60 % de sus ingresos presupuestales. En cambio, la empresa debe tener la posibilidad de disponer, con mandato adelantado del Congreso, los re-

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cursos excedentes que obtenga durante los periodos de precios altos en el mercado. El mayor problema de la fiscalidad de PEMEX es la aleatoriedad de sus ingresos. Por eso es indispensable contar con un mecanismo de reserva que permita atenuar los cambios y garantice estabilidad en los ingresos que deben ser entregados a la hacienda pública. Es necesario que el fondo de estabilización petrolero que existe desde 1999 se legisle adecuadamente para que su funcionamiento sea transparente y controlado por el Congreso. En paralelo a la modificación de su régimen fiscal, PEMEX –y la CFE– debe tener un vínculo presupuestal distinto con el Estado que le permita hacer de su rendimiento económico, así como de su habilidad como empresa, la fuente principal de su financiamiento; bajo un sistema moderno de fiscalización y transparencia. Por el lado de los egresos: introducir programas de desarrollo dotados de presupuestos multianuales; aplicar la austeridad republicana entendida como recorte de lo superfluo y ostentoso, buscar la eficiencia y eficacia del gasto, no como debilitamiento del aparato estatal; y orientar el gasto hacia las prioridades sociales. Estas reformas deben aplicarse en los tres ámbitos de gobierno, según el caso, para reforzar integral y armónicamente el erario público. Todo esto requiere un nuevo pacto social en torno al Estado sobre bases que permitan impulsar esta reforma fiscal, repartiendo la carga tributaria con criterios socialmente aceptables y más equitativos.

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Integración de la informalidad y promoción de la economía popular

En los dos últimos decenios, el continuo estancamiento económico con su secuela de desempleo, y las políticas neoliberales de apertura comercial incondicional y de reducción del salario real, produjeron una contracción violenta del mercado interno; llevaron a la quiebra a miles de pequeñas y medianas empresas orientadas a éste; desarticularon las cadenas productivas y de comercialización preexistentes; polarizaron la actividad económica entre un puñado de grandes empresas, sobre todo trasnacionales, vinculadas a la economía mundial, y una masa de PyMES que sobreviven difícilmente en los resquicios de la economía pero que proveen la mayor parte de los empleos, crecientemente precarios. La desindustrialización resultante ha conducido a una terciarización espuria, polarizada entre un pequeño sector financiero, comercial y de servicios trasnacionalizado y concentrado, que empuja a la ruina a las PyMES, y un enorme sector informal, atrasado y de baja productividad, donde sobrevive una porción importante de la fuerza laboral y muchos pequeños y medianos empresarios. En este contexto y el de la laxa aplicación del estado de derecho y la corrupción, ha crecido un sector empresarial ilegal, situado por fuera del sistema fiscal y/o aduanal, con amplias relaciones internacionales amafiadas, que se dedica a la piratería de marca, al narcotráfico y el contrabando, al comercio de mercancías robadas –automóviles sobre todo– y al tráfico humano, que mantiene a sus asalariados al margen de la legislación laboral y la seguridad social. Al amparo de la impunidad, estos empresarios acumulan grandes riquezas fuera de la ley, no tributan al

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erario público, tienen estrechos vínculos con la delincuencia organizada y globalizada, y están ligados a la corrupción de las autoridades y usan normalmente la violencia. En el otro polo de la sociedad, cerca del 50% de la población ocupada labora y sobrevive en el sector informal popular –en la actividad agropecuaria y forestal, la artesanía y la reparación de objetos, el comercio callejero, los servicios personales, etcétera–, al margen del sistema fiscal, de la legislación laboral cuando trabaja para otros, excluida de la seguridad social, con ingresos bajos e inestables y que trabaja en condiciones inadecuadas o infrahumanas. El sector laboral informal de subsistencia, sobre todo el comercio callejero, se relaciona estrechamente con el empresarial ilegal, que lo controla, se queda con la ganancia y afecta seriamente la habitabilidad y la seguridad pública en todas las grandes ciudades del país; pero al mismo tiempo, constituye una forma de subsistencia para la parte de la población que no puede absorber el contraído sector formal de la economía. En este marco se han multiplicado también formas de trabajo precario en las empresas formales de todas las ramas, aun en las de mayor talla, caracterizadas por bajos salarios, ausencia de prestaciones sociales, jornadas de trabajo por fuera de la ley y condiciones laborales inadecuadas. Por el origen estructural de la informalidad, las políticas coyunturales de erradicación del sector informal en sus dos vertientes han tenido resultados muy limitados. Han privilegiado la acción sobre la informalidad popular, dejando actuar más libremente a los empresarios ilegales. En general, hacen tabla rasa de las diferencias al interior del sector y golpean por igual a las formas tradicionales –tianguis, mercados callejeros, prestadores callejeros de servicios legales– que a los distribuidores de mercancía ilegal. Pero el sector sirve de canal de comercialización de productos de baja calidad, accesibles para la población pauperizada. Al mismo tiempo, ante el desempleo creciente, la política compensatoria del gobierno federal y de muchos gobiernos locales ha tomado el camino de promover la ampliación del empleo informal mediante los créditos individuales al auto-empleo o para la creación de changarros, sin atender otros aspectos del fenómeno, con el resultado contradictorio de ampliar el sector que se pretende controlar.

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La paulatina formalización del sector informal en el mediano plazo deberá atender a fondo sus causas estructurales, y resolver a la vez su carácter sectorial dual y contradictorio. La lucha contra la evasión fiscal y de las obligaciones establecidas por la ley –integración de sus trabajadores al IMSS y al Infonavit–, que practican las empresas legales pero informales en este aspecto, deberá ser uno de los ejes de la reforma hacendaria propuesta, creando las mejores condiciones viables para que todas ellas entren a la legalidad en el término más breve posible. En el caso de las empresas informales ilegales, que significan un problema de seguridad nacional, externa e interna, la política de largo plazo deberá consistir en combatirlas mediante la aplicación estricta de la ley, la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, de arriba hacia abajo. Al mismo tiempo, habrá que cortar sus vínculos con el sector informal popular, de arriba hacia abajo, para liberarlo de la carga de explotación, ilegalidad y violencia que conlleva esa relación. Para el amplio mundo del trabajo precario e informal, habrá que promover y apoyar el desarrollo e integración de la economía popular, en el marco de un crecimiento económico sostenido de largo plazo y de la expansión del mercado interno. Los ejes de esta política deben ser múltiples y articulados, sustentados en un análisis riguroso de sus características, particularidades y problemas. No es posible eliminar el trabajo precario e informal mientras el patrón de acumulación vigente actúe como una gran fábrica de desempleados y pobres. Hay que promover formas asociativas –cooperativas o comunitarias autogestivas entre ellas– entre los micro y pequeños productores agropecuarios, forestales, artesanales y manufactureros, comerciales y de servicios, y orientar hacia tales formas asociativas los apoyos y créditos. Los ámbitos prioritarios para promover la asociación deben ser: el financiamiento preferencial para la inversión asociativa, la formación de cadenas de adquisición de insumos y equipo y de comercialización de productos, la publicidad y la relación directa con los compradores, la innovación y adaptación de tecnología blanda y adecuada, la capacitación de la fuerza laboral y la elevación de la productividad. Una alternativa puede ser la promoción de comunidades productivas rurales y urbanas, que combinen el uso habitacional del suelo con el

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económico, toda vez que sea compatible y ambientalmente sustentable; que reduzcan la excesiva dispersión y generen economías de aglomeración; que potencien la cooperación entre los participantes y aprovechen las ventajas de localización, las ventajas comparativas, los recursos naturales y humanos y las tradiciones culturales y de servicio locales. Mediante regulaciones adecuadas, el Estado y los gobiernos deben proteger efectivamente a las empresas micro, pequeñas, medianas, cooperativas y comunitarias autogestivas mediante el control de las prácticas monopólicas de las grandes cadenas trasnacionales, la reserva de áreas de trabajo protegidas, los estímulos fiscales y arancelarios, las compras gubernamentales y la promoción entre los usuarios, a quienes las autoridades garantizarán la legalidad y la calidad controlada de los bienes y servicios que estas empresas produzcan o comercialicen. Habrá que regular, ordenar y mejorar la operación, erradicar las prácticas ilegales, dotar servicios urbanos adecuados, mantener control sobre el funcionamiento empresarial y la calidad e higiene de la oferta, para integrar paulatinamente a la economía formal a ciertas formas tradicionales de economía popular –ventas callejeras fijas y controladas de flores, periódicos y otros productos, tianguis o mercados sobre ruedas, ferias locales y regionales, por ejemplo–, o necesarias a la vida cotidiana de los sectores populares, tales como la oferta de servicios de mantenimiento en la banqueta, actividades que no afectan la legalidad o la seguridad, como el comercio callejero lícito, y que sirven a la subsistencia de quienes las practican y de sus usuarios. Los mercados sobre ruedas, tianguis, mercados públicos, ferias locales, mercados abiertos municipales y regionales, que forman parte de nuestra identidad económica y cultural, que absorben fuerza laboral y dan salida a los pequeños productores, deben promoverse y multiplicarse, al tiempo que los ordenemos y mejoremos. Al mismo tiempo, habremos de impulsar que los consumidores recurran a ellos, como ocurre hoy en la Europa comunitaria. La lucha contra la impunidad y la corrupción en el sector informal popular pasa por la eliminación de los liderazgos corporativos corruptos, impuestos por la violencia y el clientelismo, coludidos con las autoridades y las policías, para avanzar hacia formas democráticas y legales de representación asociativa.

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Al tiempo que la actividad del sector popular informal se integra al sistema fiscal, según su ingreso real, sus integrantes deberán tener acceso a beneficios sociales como los servicios de salud y seguridad social, los programas institucionales de vivienda, el cuidado y educación de los niños dependientes, y otras prestaciones sociales con que cuentan los demás trabajadores asalariados. Así promoveremos y premiaremos la formalización.

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Desarrollo rural equilibrado, justo y sustentable

En los últimos años se han desarrollado diversos y pujantes movimientos rurales en el país contra las políticas de corte neoliberal. Los planteamientos y exigencias adelantados por estos movimientos han recogido demandas populares que vienen de lejos, pero han logrado a la vez, confrontados con las realidades de nuestros días, conformar una serie de exigencias y propuestas que apuntan hacia un marco programático de cambios de fondo que aquí reivindicamos y queremos recoger. Entre otras líneas programáticas planteadas por las más recientes luchas rurales, destacan: 1) la declaración de una moratoria al apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); 2) el desarrollo de programas emergentes para el campo, de mediano y largo plazos; 3) la realización de una verdadera reforma financiera rural; 4) la asignación anual de 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo social y ambiental del sector rural; 5) la garantía de inocuidad y calidad agroalimentaria para los consumidores mexicanos; y 6) el reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de México. Más allá de estas exigencias centrales, en el decurso de las luchas rurales de los últimos tiempos se han agregado otras demandas o exigencias importantes, entre las que destaca la revisión de las reformas agrarias salinistas de principios del decenio de los noventa, la conocida contrarreforma agraria neoliberal expresada en la modificación del artículo 27 de la Constitución.

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El alcance de estas exigencias señala un horizonte de transformaciones que, de llevarse a cabo, modificarían toda la lógica sobre la que en los últimos decenios se ha ido construyendo el edificio de la “modernidad neoliberal”. Y es que, a los multiplicados agravios históricos, se han sumado definiciones y acciones de política gubernamental que han llevado a la población rural al agotamiento de sus capacidades productivas y a la destrucción de una parte importante de sus tejidos sociales. La contrarreforma agraria neoliberal, expresada en la modificación del artículo 27 constitucional y en la aprobación de una nueva ley agraria a principios del decenio de los noventa, tuvo como idea rectora la definición del carácter protagónico del propietario o de la empresa privada, la desaparición del ejido, la minimización y/o desaparición del papel regulador del Estado y la exaltación de los mercados y de sus leyes como única racionalidad productiva y como nueva ética social. El fin del reparto agrario coronó la contrarreforma neoliberal, a pesar de que se aceptaba la existencia de un rezago significativo y de propiedades privadas cuya magnitud rebasaba los límites legales. El modelo neoliberal de reformas completó sus nuevas líneas de recomposición de la estructura de la propiedad rural, abriendo la posibilidad legal de que ejidos y tierras comunales se privatizaran y de que las sociedades mercantiles por acciones pudieran apropiarse de terrenos rústicos. La venta de tierras de propiedad social se ha incrementado, sobre todo en áreas de riego con un alto potencial productivo, así como en las áreas turísticas y en los espacios rurales conurbados. Esta línea de acciones no se basó en una disminución del intervencionismo estatal, sino en el despliegue de nuevos mecanismos de intervención dirigidos a desmontar las formas organizativas ejidales, comunitarias y cooperativas, y a favorecer la participación de un capital privado que muchas veces tiene más inclinación a la depredación y al pillaje de las áreas y sujetos productivos que al desarrollo y la reconstrucción sustentable del entorno. Los males que tales reformas pretendían enfrentar se han profundizado, entre ellos el minifundismo, que no es causa sino efecto de las políticas públicas hacia el sector rural de los últimos sexenios. Otros problemas se han multiplicado o agravado. El sector ejidal ha envejecido:

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cerca de la mitad de los ejidatarios supera los 50 años y casi 20 % de estos tienen más de 65 años. También se ha incrementado exponencialmente el número de ejidatarias, sin que tal feminización de la propiedad ejidal signifique un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Otro fenómeno al que no se ha dado respuesta ha sido la presencia creciente de posesionarios y avecinados, ligados directa o indirectamente a la vida económica de los núcleos agrarios, cuya calidad de productores carece de reconocimiento y de derechos y que abren a la ilegalidad creciente el asentamiento irregular en la periferia de las ciudades. En el plano económico, social y ambiental el México rural vive la peor crisis de su historia. De conformidad con el supuesto de las ventajas comparativas, se han deprimido la producción y la productividad agropecuaria y forestal. A cambio, los gobiernos neoliberales han privilegiado las importaciones agroalimentarias para satisfacer la creciente demanda nacional. La mayoría de los sectores productivos de la economía rural han sido afectados negativamente por la apertura comercial abrupta, unilateral y sin proyecto nacional de competitividad. Unos cuantos agroexportadores mexicanos y las corporaciones agroalimentarias norteamericanas han sido los grandes beneficiarios de esta vía de liberalización comercial. La lógica en la que se negoció el TLCAN partía de considerar como posible “aprovechar las asimetrías” existentes entre México y sus vecinos del norte. Pero los resultados, a más de 10 años de vida del tratado comercial, subrayan otras verdades. Con 100 millones de habitantes, México tiene una población agrícola de 23 millones, mientras que Estados Unidos tiene 286 millones de habitantes, de los cuales sólo 6 millones son agrícolas: 23 % frente al 2 %. Nuestra superficie arable es de 27 millones de hectáreas, de las que 6.5 millones tienen riego; mientras que el vecino del norte dispone de 179 millones de hectáreas arables y 22.4 millones irrigadas. En nuestro país contamos con 20 tractores por cada mil trabajadores, mientras en Estados Unidos se registran 1.5 tractores por cada trabajador. En estas condiciones, nuestra productividad medida en dólares por trabajador es de 2,100, mientras la suya es de 39,000. A estas diferencias abismales se agregan los subsidios, que en Estados Unidos se mueven alrededor del 36 % del valor de la producción, y en México del 22 %. Con siete veces más tierras agrícolas y una pro-

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ductividad por trabajador 19 veces mayor que la nuestra, el vecino del norte es un gran exportador de sus cosechas, y su balanza comercial agroalimentaria arroja un superávit anual del orden de los 12 mil millones de dólares, en tanto nosotros tenemos un déficit de 1,700 millones por el mismo concepto. Con la nueva Ley de seguridad e inversión rural estadunidense del 2002, la vertiginosa asimetría se tiende a profundizar, pues supone subsidios adicionales que han sido destinados principalmente a arroz, algodón, trigo, cebada y maíz. El gobierno ha justificado la inclusión del maíz en el TLCAN como parte de una estrategia para reorganizar al sector agrícola, desarrollando los cultivos en los que México tenía ventajas comparativas y reduciendo el costo fiscal de los subsidios a productores y consumidores en la cadena maíz-tortilla. Pero esta estrategia ha llevado, entre otros efectos, a la destrucción a mediano plazo de la base de recursos genéticos asociada a los productores. El desplazamiento del uso de semillas criollas por híbridos de altos rendimientos genera la erosión genética que, además del efecto negativo sobre el medio ambiente y los recursos, produce la desaparición o un daño fuerte en el tejido social y cultural donde florece la diversidad genética del cultivo, así como la destrucción del acervo de conocimientos relacionados con el uso y destino de las semillas en cuestión. En el periodo 1994-1998 los precios reales de los productos agropecuarios y forestales cayeron entre 40 y 70 %, desplome que agravó la crisis de rentabilidad y generó descapitalización y disminución del ingreso y el empleo en el sector rural. Este hecho ha sido consecuencia del desmantelamiento de instituciones y programas de apoyo a la producción y el abasto social, de la disminución de subsidios al ingreso de los productores y al consumo popular, y de la competencia desleal y en ocasiones ilegal de las importaciones masivas de Estados Unidos. Tales importaciones acusan asimetrías productivas y económicas insoslayables, y un sistema dumping de precios al productor y volúmenes de exportación norteamericanas que el gobierno mexicano no ha querido reconocer. Con la desaparición de Conasupo el gobierno anterior cumplió a cabalidad los dictados de organismos internacionales para entregar el mercado agropecuario del país a las grandes corporaciones trasnacionales.

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Algunas de estas corporaciones controlan más del 70 % del mercado internacional de granos y determinan las políticas agrícolas y comerciales de múltiples países del mundo. La reestructuración que Zedillo dispuso de la deuda de más de 2 mil 500 millones de dólares que los empresarios azucareros acumularon desde la reprivatización del sector, fue un capítulo más de la transferencia de deuda privada a pública operada a través de mecanismos como el Fobaproa-IPAB; sin embargo, ello no resolvió el problema y Fox tuvo que proceder a una nueva expropiación parcial de los ingenios, golpeados por la importación masiva de fructosa. Los tiempos exigen cambios de fondo en el sector rural. El artículo 27 constitucional tiene que ser revisado y reformado escrupulosamente. La parcela ejidal y la tierra comunal deben restituirse, devolviéndoles su carácter de bienes inembargables, a fin de preservarlos en la calidad de patrimonio familiar. Los límites legales de la denominada pequeña propiedad tienen que someterse a revisión, a fin de ajustarlos tanto a un criterio de justicia como a una lógica de sustentabilidad agro-ecológica y de modernización productiva. Es indispensable recuperar el espíritu que el Constituyente de 1917 dio al concepto de propiedad social, en el marco de un ejercicio pleno de nuestra soberanía. Ello presupone, entre otras definiciones, el establecimiento de límites precisos a la posibilidad de que las sociedades mercantiles se apropien de tierras ejidales y comunales. Un programa alternativo frente al desastre rural debe plantear, entre sus principales objetivos, la soberanía alimentaria. Debe establecer a la vez, como metas fundamentales, la recuperación del crecimiento económico sectorial y el superávit en la balanza comercial agropecuaria, la protección e impulso del empleo rural agropecuario y no agropecuario, la promoción de un desarrollo con sustentabilidad, el abatimiento de la pobreza extrema y la disminución de la pobreza rural. Es indispensable reconocer la contribución del campo al mejoramiento del nivel de vida de la población urbana: alimentación sana, aire limpio, disponibilidad de agua, estabilización de los flujos migratorios campo-ciudad, amortiguamiento y regulación climática, educación y recreación. Es necesario, por otra parte, reconocer a plenitud el derecho y la capacidad de la agricultura campesina, las comunidades indígenas y, en

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general, de los pobres rurales, para construir e impulsar alternativas de desarrollo productivo, social y ambiental, y contribuir sustancialmente al desarrollo general de la nación. No hay estrategia viable de desarrollo en el campo mexicano sin la construcción de un sólido sistema de financiamiento que incluya a los sectores productivos mayoritarios. Se requieren nuevas instituciones de financiamiento local en manos de la sociedad rural. Son necesarias, al mismo tiempo, reformas jurídicas e institucionales para propiciar un marco regulatorio y normativo adaptado a este tipo de instituciones. Recuperar la soberanía alimentaria debe ser una prioridad nacional. Para lograr este objetivo requerimos reconstruir –a la vez que reformar e innovar– la arquitectura institucional involucrada en la seguridad alimentaria y el ordenamiento de los mercados agroalimentarios. En este marco, debemos alentar un sistema de precios agrícolas remunerativos que incentive la producción nacional y reduzca la incertidumbre de los mercados. El apartado agrícola del TLCAN debe ser revisado en un marco que reconozca asimetrías y prioridades nacionales, introduciendo principios de complementación y cooperación. Dada la incertidumbre científica actual respecto de los efectos de los cultivos transgénicos sobre la biodiversidad y la salud humana, nuestro país deberá adoptar el principio de precaución respecto a la investigación, producción, comercio y consumo de organismos genéticamente modificados, para lo cual debemos promover iniciativas legislativas pertinentes. Finalmente, debemos rechazar el proyecto del gobierno de Fox de desincorporar las instituciones de educación de posgrado e investigación agropecuaria dependientes del gobierno federal; y, en cambio, promover que las consoliden y amplíen como pilares del avance tecnológico, social y ambientalmente sustentable, y del incremento de la productividad y la competitividad del sector.

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Desarrollo tecnológico con sustentabilidad ambiental y social

En un mundo donde la economía, la cultura y la vida social se desarrollan crecientemente a partir del conocimiento científico y la aplicación de nuevas tecnologías, México mantiene un atraso considerable en ambos campos. Si exceptuamos las ciencias sociales y humanísticas, los demás campos del conocimiento científico no alcanzan el nivel de consolidación que el desarrollo requiere. El país usa mayoritariamente tecnología importada de los países dominantes, bajo la forma de máquinas, diseños de productos, paquetes de insumos y procedimientos, importados a un alto costo. Muchas de estas tecnologías son destructoras del medio ambiente o de alto riesgo –alimentos transgénicos, por ejemplo–, no corresponden a las condiciones ambientales propias, no son adecuadas a la relación entre capital y fuerza de trabajo disponible, ni aprovechan el saber tradicional propio o lo suplantan inadecuadamente. México carece de un núcleo endógeno de adaptación e innovación tecnológica. El aporte de la empresa privada, donde se ubicaría básicamente el potencial en este campo, es casi nulo, pues privilegia la compra e importación, desde las casas matrices trasnacionales, a costa de onerosas regalías sobre el uso de marcas, diseño de productos o “franquicias” de imagen sobre bienes de consumo simples. La distribución social del conocimiento y de los productos de la nueva tecnología es significativamente desigual. Las micro, pequeñas y medianas empresas, y organizaciones como los municipios, base de la estructura administrativa en los diversos ámbitos de actividad económica, cultural y social, carecen de condiciones para tener acceso al

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cambio tecnológico. Por tanto, en la desigual competencia con los grandes monopolios, sobre todo trasnacionales, se vuelven progresivamente más vulnerables. Sólo una minoría de la población tiene acceso al sistema educativo o al ámbito laboral donde la nueva tecnología se ha extendido en la vida cotidiana, y es menor aún la que se beneficia de avances tan importantes como la computación y el internet, controlados monopólicamente por los centros productores y emisores de información. Los investigadores y técnicos universitarios, sometidos a un sistema de remuneraciones con base en un productivismo formal, individualizado y de corto plazo, operan en condiciones de inestabilidad y carencia de instrumentos y recursos adecuados de trabajo. Los grupos de investigación y desarrollo consolidados son escasos e inestables, y se concentran casi exclusivamente en unos cuantos centros urbanos del país. Los medios nacionales para la difusión social de la ciencia son restringidos, y en el sistema educativo no existen las condiciones necesarias y suficientes para impulsar una apropiación social amplia de los productos del avance científico nacional e internacional. México enfrenta el desafío de dar un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo científico y tecnológico. El estímulo al desarrollo científico debe atender los siguientes objetivos principales: difundir la ciencia desarrollada mundialmente en la sociedad, en especial entre niños y jóvenes, mediante el sistema educativo, generando medios apropiados y pertinentes para ello; mantener y ampliar la masa de recursos humanos capaz de entender y seguir el avance de las ciencias –físicas, biológicas, sociales y humanísticas– y sus posibles implicaciones para el presente y el futuro de la humanidad y del país, y desarrollar la capacidad científica en todas las regiones para asegurar el basamento del desarrollo tecnológico nacional. El cambio tecnológico social y ambientalmente sustentable debe convertirse en el mediano plazo en una de las palancas esenciales del crecimiento económico de México y del mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes. Este cambio debe preservar los recursos naturales y humanos del país para las generaciones presentes y futuras; responder a la combinación concreta de disponibilidad de recursos naturales, capitales y fuerza de trabajo prevaleciente, dando prioridad al empleo estable y adecuadamente remunerado de la fuerza de trabajo;

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DESARROLLO TECNOLÓGICO CON SUSTENTABILIDAD…

orientarse hacia los distintos sectores de la actividad económica y social, y a las diferentes formas y niveles de producción de bienes y servicios, desde las instituciones, organizaciones y empresas menores y mayores, sean sociales, públicas o privadas; atender integralmente toda la cadena de la actividad productiva, y ser difundido y accesible a todos los estratos y capas sociales, empezando por los trabajadores del sector popular. El Estado mexicano debe asumir con urgencia el múltiple papel de promover, impulsar, financiar y concertar socialmente el desarrollo de un núcleo endógeno de adaptación e innovación tecnológica ambiental y socialmente sustentable. Para ello, se requiere elevar en el corto plazo el gasto en ciencia y tecnología al menos a un 1.5% del producto interno bruto. El eje rector y estructurador de este núcleo debe ser el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, reestructurado en dos áreas distintas: desarrollo científico, e innovación tecnológica. El núcleo científico debe ubicarse en las universidades y centros de investigación del sector público y privado, y estar bajo la dirección de los propios investigadores y técnicos académicos, transformado de instancia evaluadora formal de la productividad individual de corto plazo, en estructura de promoción, impulso, coordinación, financiamiento y concertación del esfuerzo de mediano y largo plazos con otros sectores, sin exclusión de áreas del conocimiento, y con prioridades establecidas a partir del debate público. El financiamiento debe incluir armónicamente la cobertura de los recursos materiales, la infraestructura y los recursos humanos necesarios. La adaptación e innovación tecnológica tienen como ámbito fundamental a las empresas, aunque debemos promover su relación con los centros universitarios de investigación científica. La política económica puede inducir la liga entre la producción y adaptación de nuevas tecnologías sustentables con los servicios conexos, para que se convierta en una rama motriz y articuladora del proyecto de crecimiento económico sostenido. En México requerimos un proyecto tecnológico que pase por el impulso al desarrollo de empresas mexicanas, y por la utilización de la capacidad de compra del mercado nacional, y muy especialmente la del

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gobierno, para condicionar esas compras e impulsar el desarrollo tecnológico nacional. Podemos fijar exenciones y estímulos arancelarios, aduanales y fiscales para promover tal actividad; y una parte de los recursos deben ser aportados directamente o a través del pago de costos y regalías, por las empresas u organizaciones receptoras del conocimiento. En la planeación y reordenamiento territorial es necesario introducir sistemáticamente el cambio tecnológico sustentable en todos los ámbitos, poniendo énfasis en el desarrollo de nuevas formas de organización territorial adecuadas a la competitividad y calidad de las actividades, y al mejoramiento de la calidad de vida de todos los agentes sociales en las distintas actividades; en ellas, debemos establecer la relación entre los centros de investigación universitaria y las empresas involucradas en la adaptación e innovación tecnológica. La investigación y desarrollo científico y tecnológico en los estados requiere de un impulso prioritario específico, con recursos, funciones y estímulos especiales a instituciones e investigadores. La difusión del conocimiento científico y tecnológico debe formar parte de los programas de estudio de todos los niveles educativos, sobre todo en la educación pública, mediante el impulso de los programas de financiamiento, adecuación física de los locales, y formación de personal calificado, necesarios para garantizarlo realmente.

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Justicia y solidaridad para los trabajadores

Un signo distintivo del neoliberalismo es su enorme menosprecio por el trabajo y los trabajadores. Durante todos estos años en que el PRI y el PAN han impuesto estas políticas al pueblo de México, los asuntos del trabajo y los trabajadores mismos han sido desplazados de las prioridades nacionales. En nombre de la competitividad y la eficiencia se eliminaron contratos colectivos, se suprimieron prestaciones sociales, se negó la bilateralidad y se inició la privatización de la seguridad social. Con ello, han pretendido acabar con la estabilidad en el empleo e imponer como norma general los contratos a tiempo parcial. Los resultados han sido desastrosos: se acentuaron el desempleo y el subempleo; se generalizó el empleo en condiciones precarias; la flexibilización se convirtió en norma de las grandes empresas y los salarios bajaron permanentemente hasta perder casi 100% de su valor con relación a 1977. Sólo basta un dato para tener una idea de la catástrofe: en la actualidad cerca del 50% de la población económicamente activa obtiene ingresos de la economía informal. Adicionalmente, han surgido nuevos problemas. La participación de la mujer en el mercado de trabajo, vista a la luz de las tendencias más recientes que el neoliberalismo ha impuesto, nos muestra la presencia de mucho más mujeres que hace 20 o 30 años en las ocupaciones remuneradas, mas esta incorporación no ha ocurrido en condiciones de equidad sino al contrario: las mujeres ocupan, en mayor medida que los hombres, los puestos de trabajo más precarios y peor pagados. Además, son objeto

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de formas de explotación, violencia y exclusión particulares, como el hostigamiento y la violación sexual en el centro de trabajo o los despidos por embarazo. De igual manera, el neoliberalismo ha intentado acabar poco a poco con la seguridad social y ha empezado por la privatización de las pensiones. Los fondos de jubilación se convirtieron en lucrativo negocio privado, que no garantiza el futuro de los beneficiarios. Con este sistema se ponen en riesgo el presente y el futuro de las y los trabajadores mexicanos en aras de dar mayor rentabilidad al capital financiero. El nuevo sistema presupone también mayores costos para la sociedad. Resulta por ello indispensable reformar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para rescatar y desarrollar sus bases solidarias; reestructurar los sistemas de jubilación, para garantizar su solidez financiera, defender las pensiones de los efectos inflacionarios y lograr un monto digno; y crear mecanismos para asegurar que el manejo privado de estos recursos no signifique un riesgo para los derechohabientes. Desde hace ya un largo periodo, la legislación laboral en sus diferentes aspectos –trabajo, seguridad social, vivienda, prestaciones sociales, pensiones, salarios, etcétera– no se cumple, y se violan los derechos de los trabajadores, sobre todo los rurales. La mitad de los trabajadores mexicanos, que sobrevive en la informalidad, no esta protegida por esta legislación. Los sindicatos del Congreso del Trabajo siguen actuando corporativamente como en el pasado, mantienen la afiliación forzosa a un determinado partido político, y no rinden cuentas a sus afiliados. El sindicalismo oficial, autoritario y burocrático, en estos tiempos del neoliberalismo se convirtió en un aparato de administración de contratos de protección, vendiendo sus servicios al mejor postor e impidiendo que los trabajadores construyeran desde abajo organizaciones sindicales democráticas y representativas. En una agenda laboral alternativa debemos incluir: la paulatina recuperación real de los salarios, la capacitación y la estabilidad en el empleo, la defensa de la contratación colectiva; el mejoramiento de la salud en el trabajo, el fomento de políticas de equidad de género, la protección a menores y adolescentes trabajadores; la impartición de justicia laboral

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JUSTICIA Y SOLIDARIDAD PARA LOS TRABAJADORES

pronta y expedita y el rescate y fortalecimiento del derecho a la seguridad social y sus instituciones. Esta agenda requiere de un sindicalismo fuerte, vigoroso, pero también renovado. La renovación de los sindicatos implica el cambio de su vida interna. Ello supone: la elección democrática de sus dirigentes mediante el voto secreto y directo de las bases; la rendición puntual de cuentas ante los trabajadores agremiados sobre las cuotas y los bienes muebles e inmuebles que los sindicatos administran; el rechazo a cualquier intento de control corporativo, de imposición de afiliaciones forzosas a un partido político o de veto a otras corrientes o dirigencias por causa de su afiliación política. Debemos reformar la legislación laboral en su conjunto, con la participación democrática de los trabajadores de todos los sectores, preservando las conquistas resultantes de una lucha histórica, adecuándola a la realidad actual, ampliando su cobertura a todos los trabajadores, democratizándola y eliminando las desviaciones que el viejo régimen de partido de Estado introdujo, primero a favor de sus intereses y después de la política neoliberal. En materia de democracia y libertad sindical, con estas reformas debemos crear el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo titular sea nombrado por la Cámara de Diputados. Al crear este registro público, la Ley deberá eliminar la facultad de la Secretaría de Trabajo y de las juntas locales para reconocer o negar los registros sindicales y reconocer personalidad jurídica a los sindicatos por el sólo hecho de depositar la documentación requerida ante el registro. Con la reforma a la legislación laboral suprimiremos los apartados de excepción, tales como la legislación burocrática, la laboral universitaria y diversos decretos y leyes especiales que privan a muchos trabajadores del pleno goce de sus derechos colectivos, sin eliminar sus conquistas; y reconoceremos los temas laborales como competencia de la comisión nacional y las comisiones estatales de derechos humanos, como postulado de rango constitucional. Debemos avanzar hacia la creación del salario y el seguro de desempleo y la reducción de la jornada laboral, sin disminución del salario. Igualmente, hay que eliminar la Comisión Nacional de Salarios

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Mínimos: la Cámara de Diputados deberá ser el poder que decrete los salarios mínimos para todo el país. Ello permitirá vincular el análisis, estudio y dictamen del Presupuesto de egresos y la Ley de ingresos con el aumento de los salarios mínimos. Asimismo, hará congruente la política salarial con las expectativas de la economía. Proponemos crear un Instituto Público de Salarios Mínimos, Reparto de Utilidades y Productividad, con el fin de hacer vigente el precepto constitucional del salario remunerador, y poner fin a la simulación en el reparto de utilidades y estimular la productividad y la competitividad de las empresas. Un instituto cuyos titulares sean nombrados por la Cámara de Diputados, que esté dotado de independencia, que se encargue de realizar los estudios sobre estas materias y haga las recomendaciones necesarias a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Con base en estas, la Cámara de Diputados podrá decretar modificaciones a los salarios que mejoren el poder adquisitivo de los trabajadores de acuerdo con los índices de productividad y los niveles de inflación observados y previstos. Estos ajustes podrán ser trimestrales, semestrales o anuales, según la marcha de la economía y el comportamiento del salario real. Adicionalmente, proponemos reformar la legislación sobre el seguro social (IMSS) y los fondos de vivienda para los trabajadores (INFONAVIT, FOVISSSTE), para evitar la evasión patronal de las obligaciones y aumentar su aporte, estableciendo una participación adecuada de los derechohabientes en su administración. En el segundo caso, debemos prever que la legislación garantice el retorno de las cuotas a los trabajadores que no utilicen sus derechos, así como la cobertura para todos los asalariados del campo y la ciudad. Finalmente, la legislación deberá propiciar formas de cobertura para los trabajadores informales, como beneficio en caso de regularización fiscal.

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Garantías individuales y sociales efectivas

En México, los derechos fundamentales del individuo están plasmados en la Constitución de 1917 donde, además de las garantías individuales, se reconocieron derechos colectivos. De entonces a este principio del siglo XXI, el cuerpo de leyes vigentes se ha enriquecido con acuerdos y declaraciones internacionales que nuestro país ha signado. Sin embargo, por acción u omisión de las autoridades, los derechos humanos son violados cotidianamente. La lista de crímenes contra la humanidad que los gobernantes mexicanos han cometido impunemente es larga. La historia reciente ha registrado hechos como los asesinatos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; los cientos de secuestros de personas que siguen desaparecidas ordenados por la fuerza pública en el decenio de los setenta, y sobre los cuales existen evidencias documentales de la responsabilidad gubernamental; el asesinato de cientos de militantes del PRD durante los sexenios de Salinas y Zedillo, que luchaban pacífica y legalmente por la democracia; la matanza de Acteal, Chiapas; la masacre de un grupo de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero; las masacres de El Charco y El Bosque, durante el gobierno de Zedillo; los asesinatos de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que empezaron a cometerse en el periodo zedillista, pero que se han prolongado en los tres años del gobierno de Vicente Fox. Sólo consignamos algunos de los hechos más notorios, pero no son los únicos. La constante en casi todos estos casos es la impunidad. En la sociedad mexicana, donde imperan grandes desigualdades sociales, los derechos de los ciudadanos no se miden con el mismo rasero.

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Los derechos de indígenas, campesinos, obreros, empleados, y en general de ciudadanos pertenecientes a los grupos más desprotegidos, son violados cotidianamente, y en esos casos las instituciones encargadas de procurar justicia incumplen su función o proceden con lentitud. Queremos un México donde podamos exigir respeto a los derechos humanos a un poder ejecutivo responsable. Queremos un aparato de procuración de justicia capacitado y profesional, cuyo personal se forme en el estudio de los derechos humanos; un poder judicial independiente, libre de presiones del poder ejecutivo. Queremos una comisión nacional y comisiones estatales de derechos humanos totalmente independientes y plenamente ciudadanizadas. El Estado debe tener presentes los derechos humanos económicos, sociales, ambientales y culturales: vivienda, salud, educación, trabajo, medio ambiente, alimentación y cultura. El modelo vigente para insertar al país en la globalización económica tiende a reducir las obligaciones sociales del Estado y lo induce a eludir su responsabilidad de garantizar, proteger, defender y promover los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Las condiciones políticas del México actual, con un gobierno derechista de corte empresarial, favorecen esta violenta inserción en la globalización económica. Mientras el Estado mexicano se desentiende de la protección social a la que estaría obligado, el empobrecimiento crece y las desigualdades se acentúan. En cifras oficiales, 53.7% de la población mexicana vive en la pobreza, lo que representa 45.9% de los hogares en el país. De estos últimos, 60.7% está ubicado en las zonas rurales y 37.4% en las zonas urbanas. La promoción del conocimiento y la defensa de los derechos humanos son tareas que concebimos como responsabilidad de todas las áreas del gobierno en sus tres ámbitos –federal, estatal y municipal–, en particular las relacionadas con educación, cultura y procuración de justicia. A la lucha por la igualdad de la mujer en el orden laboral, en las oportunidades educativas y de participación política, y en todos los ámbitos de la vida social le reconocemos una importancia tal, que haremos que el Estado adopte medidas afirmativas para compensar la desigualdad existente; para combatir la violencia sexual e intrafamiliar, consagrar legalmente y proteger los derechos reproductivos de las mujeres.

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GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES EFECTIVAS

Luchemos porque la sociedad en su conjunto sea corresponsable en el cuidado, nutrición y educación de los niños. Actualmente el Estado ignora los derechos elementales de los niños. El Estado y la sociedad en su conjunto no pueden cerrar los ojos ante los altísimos niveles de desnutrición infantil. El desarrollo físico e intelectual pleno de los niños es también responsabilidad estatal, para lo cual debe contar con instituciones y programas que garanticen su derecho a la vida, la alimentación, la educación, la salud, a un medio ambiente sano y a la recreación y esparcimiento. Asumir responsablemente el derecho a la diferencia, significa no limitarse a declarar la tolerancia como recurso retórico. Ante la evidencia de expresiones y prácticas discriminatorias contra los pueblos indígenas y otros grupos de la población, hacen falta políticas públicas y acciones positivas que propicien un trato igualitario y combatan el racismo. El gobierno de México en manos de la derecha ha impulsado una cultura de condena a los homosexuales. Reivindicamos la libertad de hombres y mujeres de elegir y practicar libremente su sexualidad. Las instituciones del Estado deben reconocer legalmente las sociedades de convivencia libremente decididas. Concebimos el derecho laboral y el derecho a un medio ambiente sano como partes inalienables de las garantías individuales y sociales. El Estado debe defender enérgicamente los derechos humanos de los trabajadores mexicanos migrantes ante las autoridades de otros países, en particular de Estados Unidos y Canadá, y en los organismos y foros internacionales, apegándose en las leyes internacionales y rechazando cualquier chantaje económico; igualmente, debe garantizar los derechos humanos de los trabajadores que emigran a México, provenientes de otros países, sobre todo de Centro y Sudamérica, o que transitan por el país, respetando escrupulosamente la legislación internacional en la materia. En síntesis, el Estado debe asumir su responsabilidad como garante y promotor de los derechos humanos en su acepción más amplia, incluyendo los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales.

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Igualdad de género y derechos de la mujer

La igualdad de géneros no está plenamente reconocida en la ley ni aplicada en la práctica social. En las últimas décadas, las mujeres se han incorporado crecientemente al trabajo y a la economía informal en condiciones en que las tareas domésticas y el cuidado de los hijos siguen siendo su responsabilidad exclusiva. Cada vez en mayor medida, una cantidad significativa de mujeres ha tenido que asumir la manutención de una familia ante el desempleo, subempleo o abandono masculinos. Los procesos de reducción de la familia extensa y el desplazamiento de la mujer hacia el trabajo extra-doméstico no ha sido acompañado por programas institucionales que apoyen las labores domésticas ni las responsabilidades maternas. La mujer vive en nuestra época una triple condición de sometimiento y, en su caso, explotación: en su calidad de trabajadora, en su situación de género, y por el hecho de pertenecer a grupos sociales que son discriminados y marginados, como los indígenas. Al mismo tiempo que han tenido que redoblar sus esfuerzos para obtener ingresos en un mercado de trabajo desigual y discriminatorio donde persisten grandes diferencias salariales entre hombres y mujeres, sobre todo en ocupaciones económico-administrativas, las mujeres se han convertido en el amortiguador de las políticas de ajuste, al compensar con su trabajo la falta de inversión social de los últimos gobiernos. Las políticas privatizadoras, el abandono de la función social del Estado y las restricciones presupuestales, las han obligado a transformarse en gestoras comunitarias para hacer frente a las carencias y al re-

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corte del gasto social. No obstante, las mujeres parecen invisibles a la hora en que se toman decisiones en materia de políticas públicas, que siguen correspondiendo en lo fundamental a una lógica que considera al varón como cabeza de la familia, proveedor más importante y principal destinatario y beneficiario de esas mismas decisiones políticas. Las mujeres, por el contrario, siguen apareciendo en lo sustancial vinculadas a políticas asistencialistas y marginales. La violencia sexual e intrafamiliar es otro problema que afecta principalmente a las mujeres y a las hijas: más del 90% de los delitos sexuales denunciados se cometen contra mujeres, y la mitad de las víctimas son menores de edad agredidas por un familiar o conocido. Los feminicidios de Ciudad Juárez son la más extrema expresión de la violencia de género.

IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE LOS SEXOS La valoración del papel de las mujeres para el ejercicio de sus derechos humanos civiles y políticos y su articulación con los derechos sociales, económicos y culturales impactó positivamente el enfoque de los programas sociales en México y fue determinante para que se comprendiera, de manera instrumental, que el avance en los derechos de las mujeres redunda en beneficio de toda la población. Sin embargo, la jerarquía de la iglesia católica se ha posicionado como actor político visible con un discurso e influencia muy directa contra la equidad de género y los derechos de las mujeres. Funcionarios y legisladores reciben presiones para desplazar leyes y presupuestos que reforzarían estos compromisos. Los principales cambios logrados están en la letra de los programas y las leyes, pero no significan el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. La equidad de género ha cambiado en el discurso y no ha sido una política prioritaria. Ningún político actual hablaría contra la equidad de género, y sin embargo, la transversalidad de unidades de género en todas las secretarías de Estado no se ha logrado. La institucionalización de la equidad de género en los institutos de las mujeres no se dio en el momento co-

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yuntural y hoy hay que preguntarse si realmente son necesarios. La participación de consejeras de las organizaciones civiles en los Inmujeres ha sido muy limitada y está visto que no influye en las políticas y programas. El Inmujeres nacional no tiene claridad en su línea política. El sector privado ha estado prácticamente ausente en los compromisos de género, y algunas empresas apoyan organizaciones que trabajan en líneas contrarias a los derechos de las mujeres y al plan de acción de la Conferencia internacional sobre población y desarrollo. Los mecanismos igualadores para aplicar las cuotas de género se han pervertido para convertirse en guetos y nichos de poder. De poco sirve tener funcionarias con cuerpos femeninos; lo que se necesita son funcionarios y funcionarias con compromiso de género, políticos y políticas que se aboquen a cruzarlo en todos los programas de gobierno y que se avance con hechos hacia la equidad. El movimiento amplio de mujeres insiste en la necesidad de aumentar la cantidad de mujeres en el Congreso, pero, sobre todo, de transformar la práctica parlamentaria y el quehacer político para que líderes comprometidos con la equidad mejoren la situación de las mujeres y reconozcan la necesidad de transformar las relaciones entre los sexos, convirtiendo así la equidad de género en una noción elemental de democracia. El reconocimiento a la diferencia de género debe ser un principio rector del cambio democrático, y debe aparecer plenamente delimitado en la legislación y en los contenidos sustantivos de las políticas públicas. De igual forma, deben impulsarse medidas afirmativas que permitan compensar desigualdades y fincar las bases para un trato igualitario entre mujeres y hombres. El género atraviesa todas las relaciones sociales. Por ello, una política de igualdad de oportunidades implica programas y acciones de gobierno que crucen todas las instancias y niveles de gobierno. Deberán impulsarse políticas públicas e iniciativas legislativas que permitan que las tareas asumidas hasta ahora individualmente por las mujeres se compartan equitativa y solidariamente por toda la sociedad, impulsando la creación de centros de desarrollo infantil en cantidad y calidad suficientes, promoviendo la organización comunitaria de programas de abasto popular, de comedores, etcétera. Es indispensable eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres hacer uso pleno de su

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derecho al trabajo, entre ellos las normas relacionadas con el sexo y el examen de ingravidez como requisito para ingresar a un empleo. En la Secretaría del Trabajo es necesario que la unidad de género busque armonizar el papel de la mujer trabajadora con el de madre de familia, se necesitan más guarderías y que las escuelas sean de horario prolongado –tiempo completo–, falta una política de apoyo a la reproducción doméstica, y se requiere la formación de una instancia para que atienda las denuncias de violación a los derechos laborales de las mujeres. En el renglón educativo es necesario contrarrestar la desigualdad de oportunidades, pues basta con señalar que por cada analfabeta hombre hay tres mujeres analfabetas. Es imperioso hacer valer los distintos convenios internacionales que ha firmado y ratificado México, tales como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, de 1980, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –“Convención de Belem Do Pará”–, de 1994, así como las diversas recomendaciones emitidas por la UNESCO en la materia. Para garantizar la efectividad de estas políticas, es necesario que la mujer participe y se integre en todas las fases de planeación, realización y evaluación de programas multisectoriales.

DERECHOS DE PROCREACIÓN Y SALUD REPRODUCTIVA El concepto emergente de salud reproductiva es producto del movimiento feminista y democratizador de organizaciones de la sociedad civil, y se acordó en la Conferencia internacional sobre población y desarrollo celebrada en el Cairo. El vocablo descentró el interés demografista para enfocarse en la salud y los derechos humanos de las mujeres. En la definición de salud reproductiva y en las recomendaciones y compromisos que firmaron los gobiernos, quedó contemplada una visión que busca articular las políticas de población a los programas de desarrollo, reconocer la equidad de género, empoderar a las mujeres como una condición para mejorar los niveles de bienestar, y comprender la salud reproductiva como un conjunto de esfuerzos para ofrecer

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servicios de salud sexual y reproductiva integrales y de calidad en todas las etapas del ciclo de la mujer, incluyendo programas para responsabilizar a los hombres y para atender a los adolescentes, como parte de la lucha contra la morbi-mortalidad materna y el VIH/SIDA. Es igualmente importante proteger los derechos reproductivos de las mujeres e impulsar una política que garantice el derecho constitucional de la mujer y su pareja a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos, que provea los medios para hacer efectiva esta decisión, que asegure información oportuna y confiable sobre los diversos métodos de planificación familiar, y que impulse campañas de educación sexual en la juventud para prevenir los embarazos no deseados. El sector público tendría que comprometer al sector empresarial, pues los empresarios una vez que pagan su cuota al IMSS desatienden el problema. En el ejercicio de seguimiento de la asignación de recursos se reporta una reducción importante del gasto social en salud. El aumento de usuarios en las instituciones de salud y de seguridad social no se refleja en un aumento correspondiente en el personal que necesitan. Todavía hoy, no existen especialistas de atención especial a mujeres en las clínicas del sector salud. La creación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en el que se agrupa el Programa de arranque parejo en la vida, salud reproductiva y equidad de género, tiene como propósito coordinar esfuerzos. Pero hasta ahora no se observa cómo se dará la integración de los diferentes programas tanto en lo conceptual como en la operación de los servicios. La descentralización de los servicios de salud ha generado avances heterogéneos en la instrumentación de los programas ya que se presentan diferencias entre los lineamientos de los programas nacionales y su aplicación de acuerdo a las prioridades establecidas por los gobiernos estatales con diferentes ideologías. El reto es llevar a cabo estrategias que permitan impulsar el avance y reducir la desigualdad que se presentan en las poblaciones más marginadas. Se requiere un cambio de actitud frente al respeto de los derechos sexuales y reproductivos, una alta capacidad técnica y una significativa sensibilización sobre las relaciones interculturales, eliminando las

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prácticas despóticas o discriminadoras, principalmente con las mujeres indígenas. Si bien es meritorio el incremento de la cobertura en la detección de cáncer cérvico-uterino, en las áreas rurales y, sobre todo, en las poblaciones indígenas, se enfrenta el reto de tomar las muestras para el papanicolau acompañadas de un proceso educativo y de información, pues de otro modo las mujeres lo viven como una imposición en contra de sus derechos reproductivos. Esta situación se acentúa cuando no se les informa de los resultados de la prueba. Por otro lado, en los casos en los que se presentan problemas, se necesitan de mayores apoyos para facilitar el acceso a los servicios que requieren de traslados y de recursos. El abatimiento de la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos es un reto que se enfrenta en el ámbito nacional y que se acentúa en algunos grupos de población como los adolescentes, la población rural y la población indígena. En este último grupo se estima que la demanda insatisfecha de las mujeres indígenas es similar a la de nivel nacional de hace 30 años; para disminuirla es necesario ofrecer servicios de planificación familiar acompañados de un programa integral de información que ayude a transformar las concepciones de ser mujer y de ser madre, tanto en las mujeres como en los varones. Deberá darse prioridad a la salud de la mujer, llevando a cabo campañas permanentes de información y acciones efectivas para prevenir las enfermedades y reducir los índices de mortalidad, ampliando los servicios de detección de cáncer, así como de las enfermedades transmisibles sexualmente. Deberán fortalecerse también los programas de nutrición y atención médica durante el embarazo y la lactancia, garantizando que tengan acceso a ellos de manera importante las mujeres solas, desempleadas y de escasos recursos. Deben mejorarse los servicios de las agencias especializadas en atención a víctimas de la violencia familiar, en particular a la mujer maltratada, y proporcionar los recursos que permitan la instalación de albergues temporales para la asistencia a las víctimas, en los que se proporcione asesoría en lo jurídico, sicológico y familiar. Es necesario incorporar dentro de las políticas y programas de salud reproductiva acciones para propiciar la participación de los varones en

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el cuidado de su salud y la de su pareja, así como la promoción de su responsabilidad en la crianza de los hijos. La mortalidad materna continúa siendo un grave problema de salud pública en México y no ha disminuido como se ha planteado. La mortalidad materna tiene una relación directa con la pobreza, y es el indicador más nítido de las condiciones de vida de las mujeres. Los índices nacionales no reflejan la heterogeneidad del país y esconden niveles alarmantes en municipios marginados y en poblaciones indígenas. Es necesario reconocer los factores socioculturales que afectan la mortalidad materna. Los retos que se enfrentan con respecto a la atención del aborto son la reglamentación de los servicios de aborto legal de acuerdo a la legislación de cada estado, y la ampliación de las causales de aborto homologándolas al código del Distrito Federal. Se requiere cambiar la imagen de los servicios de aborto y convertirlos en servicios integrales y sensibles a las necesidades de las mujeres. Incentivar a los prestadores de servicios de salud y del ministerio público en este cambio de actitud mediante estrategias de capacitación y sensibilización. Difundir ampliamente entre las mujeres la legislación vigente para promover el conocimiento y ejercicio de sus derechos para denunciar y acceder a servicios de alta calidad para la atención del aborto legal. Debe afrontarse con decisión el rezago importante en materia de control del VIH/SIDA. Esta pandemia se mantiene en tercer lugar como causa de muerte entre hombres de 25 a 34 años, y está en sexto lugar en las mujeres de ese mismo grupo de edad. De ahí la necesidad de ampliar el trabajo dirigido a jóvenes y a mujeres, sobre todo en términos preventivos. Es necesario fortalecer las campañas en los medios electrónicos de comunicación y en el sistema educativo, fortalecer la sensibilización y capacitación de comunicadores sociales y productores de radio y televisión, así como de maestros a todos los niveles educativos. El estigma hacia quienes viven con VIH y particularmente hacia los grupos de HSH sigue siendo una barrera cultural en el país, y es a veces un dique que ha contenido la extensión de las campañas y la efectividad de la lucha contra esta infección.

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En términos de la salud reproductiva es importante revisar el papel de las iglesias y las organizaciones católicas, las cuales han jugado un papel relevante en América Latina como defensoras de los derechos humanos, pero que en este tema quedan atrapadas en una contradicción estructural con los preceptos y regulaciones religiosas. Por eso es importante comprender que el perfeccionamiento de la democracia en América Latina exige, más que nunca, el respeto al Estado laico, la necesidad de mantener separados al Estado y a las iglesias para favorecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la gente, en un ambiente que reconozca la secularización y la diversidad de estilos de vida religiosa, como condiciones que han favorecido la tolerancia y la convivencia pacífica.

PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON EQUIDAD DE GÉNERO La aplicación de las políticas de ajuste estructural desde la década de los ochenta ha tenido un impacto importante en la vida de las mujeres; el recorte del gasto público, especialmente en los servicios públicos, trasladó a la sociedad una parte importante de su costo y lo hicieron recaer de modo particular en las mujeres, mediante cargas adicionales de trabajo y la pérdida o disminución de ciertos servicios públicos. Estos hechos terminaron de mostrar la situación de desventaja en que viven las mujeres y su posición de desigualdad frente a los hombres, y ponen en evidencia que las políticas públicas no tienen un efecto neutral ni homogéneo sobre mujeres y hombres. El análisis de los presupuestos públicos desde una perspectiva de equidad de género ha mostrado la existencia de una relación de poder desigual entre mujeres y hombres en la organización macro y micro social, en la que las mujeres se encuentran en situación de desventaja debido a la cultura hegemónica, lo que impide que el trabajo que ellas realizan, tanto en la esfera del mercado de trabajo como en el ámbito doméstico, sea valorado. Es necesario incorporar la perspectiva de la equidad de género en las políticas públicas, específicamente en los procesos de programación y presupuestación, por lo que habrá que aplicar en todos los niveles de

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gobierno los Presupuestos públicos con perspectiva de equidad de género, que buscan una distribución equitativa de los recursos, para atender las necesidades específicas de mujeres y hombres, con el propósito de revertir las condiciones de desigualdad e inequidad entre los géneros. Se trata de convertirlos en un elemento sustantivo de los procesos de planeación, programación y presupuestación. Estos presupuestos implican, para un mejor diseño, la realización de presupuestos multianuales o de mediano plazo, con el propósito de darle mayor continuidad a las políticas públicas y lograr mejores resultados en el proceso de avanzar en la equidad entre mujeres y hombres.

COLABORACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON EL ESTADO Al hablar de organizaciones de la sociedad civil (OSC), se tiene que hablar del Estado, pues ellas tratan de lanzar reformas políticas necesarias para la gobernabilidad, de crear un espacio de formación de la conciencia colectiva en el cual nuevos actores sociales quieren influir con sus ideas en las políticas públicas, en una relación compleja y muy ambigua con el poder. La sociedad civil se reconstruye con nuevos lazos de relación que buscan formas de articulación entre actores sociales, partidos, instituciones públicas, empresas privadas y líderes de opinión. Las organizaciones civiles han jugado un papel de mediadoras entre el sector público y los grupos sociales que debe fortalecerse. Es necesario ampliar los espacios de colaboración para abarcar desde la conceptualización de los programas hasta la forma de ponerlos en operación y evaluarlos. La necesidad de robustecer la sociedad civil se reconoce hoy sobre todo ante su potencial para fortalecer la mediación democrática en la relación contradictoria entre Estado y mercado. El plan de acción de la Conferencia internacional sobre planeación y desarrollo y la resolución aprobada en 1999 conocida como Cairo +5 señalan la importancia de proporcionar apoyo al sector no gubernamental para reforzar su participación en la elaboración, ejecución y evaluación de programas y políticas de población, así como en los ámbitos del logro de la igualdad de género y el respeto a los derechos de la mujer.

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El apoyo del gobierno de México al sostenimiento de las ONG es mínimo comparado con otros países; las organizaciones siguen viviendo de la cooperación internacional. El Fondo de las Naciones Unidas para las actividades en Población ha sido clave para instrumentar la equidad de género, pero hoy se está reduciendo significativamente el apoyo internacional. En México, algunos movimientos conservadores de larga trayectoria han fortalecido su capacidad de reacción contra la agenda de El Cairo. Los avances de la última década en materia de política de población y sobre todo de cultura preventiva de las mujeres más pobres, adolescentes y jóvenes, confirman la secularización de nuestras sociedades contemporáneas y el vínculo de las políticas dirigidas a fortalecer los derechos sexuales y reproductivos con las condiciones institucionales de un Estado laico. Factor estructural, la separación del Estado y las iglesias mantenida en México es un elemento que ha favorecido el ejercicio de los derechos humanos y creado un ambiente de tolerancia y diálogo, de reconocimiento a la diversidad de estilos de vida y de creencias religiosas.

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Oportunidades para los jóvenes

En esta fase de transición demográfica, los adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de la población mexicana. Aunque son el futuro de la nación, en el presente carecen de condiciones y oportunidades para realizarse plenamente y desarrollarse adecuadamente para asumirlo. El déficit cuantitativo y cualitativo en la oferta de educación media y superior, y la pobreza de las familias de la mayoría de los adolescentes y jóvenes impide a muchos de ellos avanzar y concluir su formación en el sistema educativo formal. La oferta de empleo para jóvenes con bajo nivel educativo y sin experiencia laboral es muy limitada en el sector formal de la economía, lo que los obliga a buscar alternativas de trabajo en la informalidad o, en sus extremos, a delinquir. En todos los estratos sociales se manifiesta la insuficiencia y falta de pertinencia social de las oportunidades recreativas, culturales y deportivas para los jóvenes. Los conflictos generacionales, las expectativas diversas, la incomprensión de los diversos estilos de vida, y la desconfianza mutua al interior de la familia y en la vida social, son otros tantos factores de inconformidad de los adolescentes y jóvenes con la sociedad. La depresión, el alcoholismo y la drogadicción avanzan entre los jóvenes, ante la pasividad del Estado y la sociedad que no logran resolver la contradicción entre la economía de mercado –comercio de bebidas alcohólicas, tranquilizantes, drogas enervantes, etcétera–, y la protección de la salud. El conservadurismo dominante en la mayor parte de las instituciones educativas y en las familias, tanto como el activismo de las jerarquías religiosas, dificulta el esfuerzo de educación sexual e información sobre

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salud reproductiva a los adolescentes y jóvenes y su acceso a los medios de control natal y protección sexual, lo que da lugar a crecientes números e índices de infección por VIH Sida y de otras enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Durante muchos años las políticas públicas para la juventud han mostrado fuertes inconsistencias. Las instancias gubernamentales que tienen como función la generación de políticas específicas para los jóvenes datan de 1950 cuando se creó el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJM). Sin embargo, desde entonces se han registrado numerosos cambios de siglas y de objetivos, rompiendo la continuidad en las políticas y, sobre todo, impidiendo que los jóvenes de nuestro país tengan una referencia institucional sólida. Otra característica de las instancias gubernamentales para jóvenes ha sido un enfoque de políticas públicas basado en caracterizaciones del joven como delincuente potencial o como sujeto de políticas asistencialistas. En este marco, las políticas han sido en su mayoría de corte preventivo y han tenido en las actividades deportivas su principal curso de acción. Este encuadramiento ha servido, en el mejor de los casos, para paliar algunas necesidades inmediatas de los jóvenes (ayuda para transporte, servicio médico, espacios deportivos) que, siendo importantes, no modifican su situación como sujeto social y, en muchos casos, son utilizadas como medio de control social o corporativo. Por su lado, y ajenos a la acción gubernamental, los jóvenes han producido nuevos signos y formas simbólicas de expresión y desarrollo en la sociedad. Se han convertido en el principal actor de inserción de nuevos códigos en sus comunidades y no han dejado de generar expresiones culturales basadas en infinidad de representaciones artísticas, formas de vestir, códigos de lenguaje, entre otras, mediante las cuales buscan hacer valer su identidad y contrarrestar los efectos de la globalización homogeneizante. El altermundismo, el movimiento estudiantil y la infinidad de creaciones colectivas e independientes, son la muestra de que, a fuerza de organizarse y expresarse, los jóvenes han vuelto creativo su periodo de moratoria social y, así, se han hecho valer como sujetos estratégicos para el desarrollo de la sociedad. Tales formas de organización y de expresión presuponen otra caracterización del joven como actor social.

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No en pocas ocasiones esta convicción les ha costado ser reprimidos y acallados por sectores conservadores, quienes sienten que la diversidad juvenil trastoca sus patrones convencionales de lo que debiera ser un joven “emprendedor”. Una política juvenil debe atravesar los diferentes sectores de las administraciones públicas en sus tres instancias, y corresponderse con una política social que garantice a los jóvenes oportunidades igualitarias de desarrollo como el empleo, la salud, la educación y la vivienda. Así mismo, deben sentarse las bases para que todos los jóvenes, independientemente de su situación socioeconómica, gocen plenamente de su periodo de moratoria social, concebida como la etapa vital dedicada a la autorrealización, a la instrucción y al desarrollo integral como seres humanos en los campos de las artes, el deporte, la reflexión y la creación. Debe garantizarse el fortalecimiento de una instancia pública, que puede ser el actual IMJ, que cuente con autonomía jurídica y recursos institucionales y financieros para poder responder a las aspiraciones de los jóvenes mexicanos, con la aplicación de una política juvenil en cuya elaboración, aplicación y evaluación participen los mismos jóvenes y sus organizaciones. Por ello, el proyecto alternativo de nación debe difundir entre todos los sectores sociales la concepción de los jóvenes como sujetos estratégicos para el desarrollo, comenzando por incorporar esta caracterización a las instancias y políticas públicas dirigidas a dicho sector de la población. El llamado “bono demográfico”, que reconoce como oportunidad el momento único e histórico de una gran mayoría de jóvenes en la población, debe ser un mandato para redoblar esfuerzos encaminados a empoderarlos, para que puedan ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y concretar programas que se traduzcan en mejoras en su calidad de vida. Son las OSC las que han dado un mayor impulso a los derechos sexuales de los adolescentes. Desde las organizaciones civiles se ha logrado incorporar el nuevo paradigma y aunque prácticamente a cuenta gotas, la nueva perspectiva ha influenciado las políticas públicas.

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En el ámbito de los derechos sexuales de los jóvenes, el seguimiento de los nuevos programas y avances en el sector educativo y de salud del fin de la década de los 90 requiere para su aterrizaje un gran esfuerzo de sensibilización y capacitación de maestros, padres de familia y proveedores de servicios en todas las regiones y municipios del país. Con excepción del Distrito Federal, en cuanto a la atención al aborto legal está todo por hacer; las cosas se complican más cuando se trata de mujeres jóvenes sin recursos, que no tienen los medios para denunciar una violación y seguir el proceso para acceder a una interrupción del embarazo. El Distrito Federal es también el único lugar donde hay programas para prevenir la violencia dentro del noviazgo y para apoyar sicológicamente a adolescentes gay y lesbianas. Habría que desmedicalizar la distribución de los métodos de control natal para adolescentes y jóvenes; el sector gubernamental podría apoyar estrategias construidas por las OSC juveniles, como son el condomóvil, las condonerías y los puestos en plazas comerciales. Hay que desarrollar programas para jóvenes indígenas. Solamente los Caras del IMSS-Oportunidades las atienden, aunque quienes reciben una mayor atención son las campesinas mestizas; cada grupo étnico tiene una cultura sexual particular y son necesarios programas específicos, pues se trata de grupos con importante rezago en cuanto a embarazos no deseados, equidad de género y servicios de salud sexual y reproductiva. Es necesario abrir un debate serio y un diálogo constructivo, una reflexión creativa que tome en cuenta todos los logros positivos de 30 años de educación sexual, que reactive los programas actuales e impulse más directamente y sin rodeos los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.

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Educación integral para todos

La Constitución de 1917 señaló el acceso a la educación como un derecho fundamental de los mexicanos, asignando al Estado la responsabilidad de su cumplimiento. Desde entonces, los requerimientos de educación y conocimiento se han incrementado significativamente, como consecuencia natural del crecimiento demográfico, de los avances científicos y tecnológicos, así como de los procesos económicos y sociales de mundialización. Estudios comparativos entre naciones demuestran que hasta hoy –en especial durante los cuatro últimos sexenios– la educación en México se ha deteriorado, tanto en cobertura como en calidad y relevancia; el sistema educativo parece ir de la mano con el modelo de país que exporta mano de obra barata y de escasos conocimientos, o productos maquilados por ella. A pesar de que existe un alto índice de inscripción a la escuela primaria, 8.4% de la población mexicana es aún analfabeta; hay cerca de un millón de niñas y niños sin acceso a la escuela; la deserción es alta: apenas la mitad de los niños termina la primaria, no obstante el carácter obligatorio que la Constitución prescribe para la primaria y la secundaria. La reducción de la cobertura educativa en el nivel medio superior continúa, y la educación superior sólo atiende a cerca del 16% de la población en el rango de edad correspondiente, proporción muy inferior a la de otros países e insuficiente para sustentar un desarrollo sostenido. Este hecho indica la magnitud del fracaso educativo, que, además, sirve de pretexto para sostener que la educación superior es un privilegio que el estudiante y su familia deben pagar.

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El grado de atención educativa en las distintas regiones del país varía notoriamente según su grado de desarrollo. Por ende, es desigual y coloca a los estados pobres del sur en una situación de desventaja que reproduce su atraso. Al lado de estos problemas de injusticia social y territorial en la atención educativa existe otra forma de inequidad: la discriminación por situación económica, género, identidad étnica y cultural que prevalece en las escuelas. El número de horas diarias en el que los estudiantes de educación básica son atendidos por el sistema educativo es sumamente reducido cuando se compara con el de otras naciones, lo que limita los contenidos y actividades formativas incluidas en los programas. En muchas regiones rurales, la dispersión de la población impone la escuela de maestro único, de baja calidad, o dificulta el acceso a la educación, sobre todo en los niveles de secundaria y preparatoria. En las áreas rurales o urbanas marginadas y excluidas, las generalizadas condiciones de pobreza familiar minan la asistencia de los menores a la escuela, y las deficiencias de alimentación dificultan el aprendizaje cuando no anulan el rendimiento. De igual manera resultan preocupantes los altos porcentajes de estudiantes que abandonan la secundaria por diferentes razones, muchas de las cuales están vinculadas a los rígidos esquemas de evaluación y certificación prevalecientes en ese sistema. Las remuneraciones a los profesores, sobre todo en los niveles básico y medio, que los obliga a duplicar los turnos o a llevar a cabo otras actividades remuneradas complementarias, aun de tipo informal, no contribuyen a mejorar la calidad de la educación que los estudiantes reciben, ni incentivan el mejoramiento de los niveles de calificación de los maestros. En la universidad pública, el sistema de becas y estímulos, otorgados por puntaje, compensatorio de la caída del salario básico real, deforma la actividad docente e investigativa en un sentido productivista; y al no repercutir en las prestaciones sociales y la jubilación, es causa de incertidumbre sobre el futuro. Algunas estadísticas confiables revelan que los adultos mexicanos leemos en promedio menos de un libro cada año y medio, en comparación con los 18 o 20 libros que constituyen la media anual en algunas naciones europeas. Ello nos lleva a pensar en la necesidad de una revi-

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sión completa de los programas educativos y particularmente del correspondiente al programa de libros de texto gratuitos. Como en otros muchos campos, la educación está siendo revolucionada ante la presencia de nuevos métodos de enseñanza y por la influencia de la tecnología. Pero el sistema educativo ha demostrado ser profundamente reactivo y refractario al cambio y a las innovaciones; esta característica deberá ser superada para mejorar la calidad de la educación y los resultados actuales. Los recursos públicos que el modelo neoliberal admite destinar a la educación son insuficientes para garantizar cobertura y calidad, y no permiten mejorarla y expandirla para alcanzar el nivel de los países desarrollados ni equipararla a la de los países de América Latina con desarrollo similar al nuestro. Ante este panorama, surge como una prioridad nacional ineludible un cambio sustantivo en las políticas educativas actuales, y una revisión crítica de los esquemas de educación imperantes. Debemos fortalecer un sistema educativo público que garantice efectivamente a todos los mexicanos el derecho a la educación, en todos los niveles, de tal forma que se convierta en motor de un desarrollo nacional integral y regionalmente equitativo. El problema en esta materia no se reduce a superar las limitaciones de la oferta de servicios educativos; se requiere mejorar todos los aspectos que conforman el sistema, y, en particular, lograr la equidad distributiva del servicio en términos de estratos sociales y ámbitos territoriales, así como la elevación sustancial de su calidad. Hay que afrontar la lucha contra la pobreza, la inasistencia y la deserción escolar como aspectos diversos de un mismo proceso. Para cumplir este compromiso es necesario redefinir el proyecto educativo nacional, sus valores, sus objetivos y su forma de operación. Deberemos tomar todas las medidas, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, para que la obligatoriedad de la primaria y la secundaria deje de ser declarativa y se convierta en realidad. Es preciso hacer explícita en la ley la obligación del Estado de impartir gratuitamente la educación en todos sus niveles y, en consecuencia, garantizar la asignación de recursos suficientes a los programas educativos.

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La asignación de presupuestos mayores de los que actualmente asigna el gobierno a la educación debe constituir una prioridad al distribuir los recursos públicos: el objetivo es un gasto educativo federal por lo menos equivalente al 8% del PIB, según la recomendación de la UNESCO. Este monto debiera ser una meta a mediano plazo, entre otros propósitos para asegurar el acceso a la educación superior a los jóvenes que aspiren a la formación profesional y a la especialización. Desde la educación básica hasta la superior, diversos factores y principios deben constituir el eje rector del proceso educativo: el respeto a los valores universales; el amor y lealtad a la patria; la conciencia de la responsabilidad individual al mismo tiempo que la solidaridad social; la búsqueda de la felicidad y el bienestar personal, familiar y comunitario sin afectar los derechos y el patrimonio de terceros; el desarrollo de la capacidad intelectual y el interés por el conocimiento, de manera que el estudio sea un hábito permanente a lo largo de la vida, y un método para enfrentarla; el conocimiento del entorno físico que nos rodea, y del cuerpo humano y su funcionamiento, orientados a preservar la salud; la comprensión de la sociedad, su historia, y su relación con las organizaciones que conforman el entorno social; la preparación para obtener un trabajo digno o desarrollar una actividad productiva que asegure el bienestar del individuo y su familia a partir de las decisiones personales, y que contribuyan a la producción y el desarrollo nacional; la apropiación del conocimiento de la historia y la cultura nacional y universal; y la formación de valores y prácticas de defensa del patrimonio histórico y cultural de la humanidad. La educación debe contribuir a la construcción de una nueva ciudadanía basada en valores cívicos que inculquen el respeto y la solidaridad con las causas sociales emergentes, como requisito de un proceso incluyente, extensivo y profundo de democratización. Debe asimismo ser pertinente y relevante para los grandes cambios que buscamos promover en México y para enfrentar la nueva realidad regional y mundial. La escuela pública, por tanto, deberá preparar a nuestros hijos para la comprensión, el estudio y el dominio de las tecnologías modernas y de sus principios generales, a través de programas que los incluyan de manera gradual. Es necesario tender puentes entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento abstracto y la experimentación. En particular

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es necesario que las escuelas de educación básica y media se conviertan en escuelas de tiempo completo, lo que permitirá que se incorporen actividades culturales, artísticas, deportivas y lúdicas al quehacer escolar, como una alternativa a la deformación actual, derivada de la contemplación televisual cotidiana o de actividades de carácter antisocial, por aislante, a las que dedican su tiempo libre una buena parte de los adolescentes. El cultivo de la historia y de la cultura mexicanas debe estar presente en la vida pública, en los medios de comunicación y en la actividad cotidiana de los mexicanos, para reconocer en ellas elementos de identidad y la fuente de cohesión fundamental de la nación. Será fundamental que elevemos la calidad de la enseñanza en los diversos niveles educativos mediante contenidos, programas y herramientas adecuadas, con la participación de maestros bien preparados y altamente motivados. El recurso fundamental de los procesos educativos son los maestros; a ellos, la nación les asigna la gran responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Esta delicada responsabilidad debe estar reconocida en mejores condiciones de trabajo, en programas de actualización como parte integral de la actividad docente, y en salarios dignos que hoy no existen y sin los cuales la tarea de los maestros difícilmente podrá superar los niveles actuales de desempeño. Debemos asignar una parte de los recursos adicionales para educación a la recuperación salarial de los maestros, a los programas de actualización profesional dirigidos a ellos y a brindarles apoyos para revalorar su misión docente. En este contexto debemos emprender una revisión profunda del sistema de formación de maestros, pues esta no debe sustituirse por la simple actualización en el manejo de nuevos contenidos. Habremos de recuperar como responsabilidad del Estado el aseguramiento permanente de la calidad de la educación pública o privada. La Secretaría de Educación Pública debe vigilar que las escuelas particulares de diferente tipo y en todos los niveles de enseñanza, cumplan con la normatividad establecida y ofrezcan una educación de calidad. Será necesario vincular las instituciones y programas de educación superior con el desarrollo económico –agropecuario, industrial, comercial y de servicios–, para lograr un equilibrio entre fuentes de trabajo y especialidad de los jóvenes.

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La población indígena constituye un grupo especial, al cual el Estado mexicano debe otorgar facilidades y oportunidades educativas similares a las del resto de la población, tanto en materia de educación básica y media como en la educación superior. La participación democrática de los maestros, los padres de familia y los alumnos es esencial para que opinen y decidan en su ámbito territorial y en su nivel, sobre los contenidos y la orientación que debe tener el proceso educativo, así como para que evalúen el proceso y sus resultados. Este esquema participativo elevará el nivel de exigencia a profesores y estudiantes para que juntos contribuyan al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El considerable rezago educativo que registra el bajo índice de escolaridad de nuestro país lo deberemos superar con energía mediante las instituciones y programas de educación para adultos que ya existen, con el fin de que en el menor tiempo posible obtengan educación básica y media completas, y nazca su interés por la lectura, de manera que asegure su capacidad futura para adquirir mayores conocimientos. El programa de educación para adultos, establecido para abatir el rezago educativo y brindar oportunidades de mejoría en las condiciones de vida de la población adulta, requiere ser fortalecido en sus aspectos financieros, logísticos y académicos para incrementar sus niveles de desempeño. Pese a los programas de dotación de libros de texto para los niños que cursan la educación primaria y la existencia de una amplia red de bibliotecas públicas, los patrones de lectura de los mexicanos están considerados entre los más bajos del mundo. Para revertir la amplitud del problema de la lecto-escritura será necesario que establezcamos programas de promoción de la lectura, así como de mejoramiento y multiplicación de las bibliotecas, con el fin de incrementar sustantivamente este hábito y, con ello, la capacidad para escribir y comunicar ideas, experiencias y opiniones. La agudeza del problema demanda recursos adicionales para fortalecer la industria editorial mexicana, como un sector estratégico para nuestro desarrollo. En el mundo actual, el cine, la televisión y las comunicaciones digitales constituyen instrumentos para promover y vincular la cultura. Será preciso que establezcamos políticas claras de fomento para crear una industria de la comunicación que se oriente hacia propósitos edu-

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cativos y de difusión de la cultura. La educación rebasa los aspectos formales vinculados con la escuela, para incluir el despliegue de información entre los diferentes sectores de la sociedad por los medios de comunicación. En este sentido, las prácticas y orientación de las cadenas televisoras deben ser modificadas radicalmente. Para lograr la equidad en el acceso a la educación, y hacer realidad el precepto constitucional y el derecho social, habrá que llevar a cabo un esfuerzo de largo plazo para revertir las desigualdades de oferta y calidad de la educación en los distintos ámbitos territoriales, mediante el diseño de infraestructuras, sistemas y procesos que permitan que los habitantes de cualquier asentamiento rural, o de cualquier colonia urbana, puedan acceder sin dificultad a los diversos niveles del sistema educativo.

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Derecho a la salud y la seguridad social

En México, la Constitución señala claramente el derecho de los mexicanos a la protección de la salud y a la seguridad social, y asigna al Estado la responsabilidad de garantizarlo y de mantener y mejorar la salud de la población. Para ello, el Estado debe desarrollar un sistema de salud que garantice la cobertura total y el acceso a sus servicios mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo –económicas, sociales, sicológicas, culturales, de transporte–, para que la población sea atendida con oportunidad y eficiencia. Esta concepción constitucional no se ha traducido en una realidad acabada. El principal problema de la seguridad social, como vía elegida para universalizar la protección integral a la sociedad, consiste en que no se ha extendido a toda la población. Y ello no se ha logrado porque el ritmo de incorporación de derechohabientes disminuyó drásticamente a partir de la aplicación de las políticas neoliberales: hoy, sectores como el campesino o el informal urbano no tienen la posibilidad de beneficiarse del seguro social. La escasa creación de empleo formal durante más de 20 años, tanto como la caída del salario real, han debilitado seriamente las finanzas del IMSS y el ISSSTE. De allí que el Estado se haya visto obligado a complementar los programas de seguridad social con políticas asistenciales de salud, nutrición, vivienda y apoyos a la familia, para la población pobre no asegurada. Con la reforma neoliberal se está abandonando, de derecho y en los hechos, el proyecto constitucional normativo de bienestar social, sustituyéndolo por otro basado en la distinción entre la asistencia social, con

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programas para los pobres como responsabilidad pública, y los servicios sociales regidos por el mercado como responsabilidad individual o familiar. Ejemplos de ello son las reformas al sistema de salud y seguridad social que, por un lado, reducen las obligaciones públicas en salud a un paquete de servicios esenciales muy insuficiente para la población pobre y, por el otro, privatizan e individualizan la gestión de los fondos de pensiones y promueven el mercado y la competencia en la gestión de los fondos y la prestación de servicios de salud. Al mismo tiempo, se ha promovido la formación de seguros privados de gastos médicos mayores para los sectores de altos ingresos, hoy con participación mayoritaria de capital trasnacional. Esta nueva concepción elimina la noción del derecho a la seguridad social y a la protección de la salud; incrementa la desigualdad en el acceso a los servicios de salud; reduce, para la mayoría de la población, los servicios de salud, el monto de la futura pensión y otros beneficios; y genera una redistribución regresiva del gasto público en salud y seguridad social. México es uno de los países de América que aplica más bajos porcientos del PIB a la salud. A los retos acumulados en salud se agregan los desafíos de ampliar y fortalecer las políticas públicas para enfrentar el envejecimiento de la población, y la prevención y atención del VIH-SIDA, así como de impulsar aquellas políticas que permitan atender padecimientos especiales, como Alzheimer, Parkinson y salud mental. Un problema mayor del sistema mexicano de salud es su fragmentación, pues existe una multiplicidad de instituciones públicas, privadas y sociales que atienden fragmentariamente diversos campos y aspectos de la misma, regidos por normas y valores diversos. La desigualdad en la distribución social de la infraestructura y los servicios de atención a la salud es otro factor de inequidad, pobreza y exclusión. Mientras las grandes metrópolis mexicanas concentran la mayor parte de la infraestructura y del equipo moderno y el personal más calificado, las áreas de población campesina e indígena carecen prácticamente de todo o apenas alcanzan a acceder a servicios limitados, insuficientes y de baja calidad. Para dar contenido real al derecho a la salud definido por la Constitución, se requiere del desarrollo de políticas públicas y sectoriales que

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DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL

frenen el deterioro de las instituciones públicas de salud y de seguridad social, reviertan su fragmentación y posibiliten la construcción de un sistema universal de salud y de seguridad social. Es necesario revisar la Ley del seguro social y las leyes derivadas de esta, así como la Ley del ISSSTE, recuperando en sus bases y principios el carácter público, solidario, redistributivo e integral de la seguridad social; suprimir la “reversión de cuotas” en el IMSS, e incrementar las cuotas de trabajadores y empresarios, en su proporción y mediante una recuperación general de los salarios reales; hacer transparente y racionalizar el gasto. Al mismo tiempo, hay que promover la aprobación de una nueva Ley de seguridad social. Cumplir el compromiso de universalizar el acceso a servicios integrales de salud requiere de una estrategia concreta para la construcción de un servicio único de salud con un modelo de atención integral que ponga énfasis en el primer nivel de atención, particularmente en la promoción de la salud y la prevención, pero con acceso al tipo de atención requerido en el segundo y el tercer nivel. El núcleo central de dicho sistema único serían los servicios de seguridad social, a los cuales se integrarían los servicios asistenciales de la federación, estados y municipios. La descentralización del sistema referido deberá posibilitar la conformación de subsistemas regionales y locales que recuperen la dimensión política, de autonomía, de gestión y de control ciudadano del quehacer en la materia, más allá de la atención médica; así como la distribución de competencias y recursos para acercar la toma de decisiones a los ámbitos concretos en donde ocurren los problemas y participan los ciudadanos. En el ámbito de la organización regional de los servicios de salud, estos deben considerar la articulación de los sistemas de salud comunitarios con los servicios no gubernamentales, con el sistema público de salud y la atención privada; garantizando redes de servicios de distinto nivel de complejidad y la inclusión de diversas opciones de atención (tradicional, alopática, homeopática, etcétera), con énfasis en la promoción de la salud y la prevención estructural que modifique los determinantes sociales que provocan enfermedad y muerte. Las precondiciones para la constitución del sistema son el refinanciamiento, fortalecimiento y democratización de los servicios de seguridad social, con un esfuerzo especial dirigido a ampliar los recursos

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físicos y humanos de los servicios asistenciales en los estados, regiones y áreas de mayor rezago. La viabilidad financiera de esta propuesta depende de un incremento moderado y de una redistribución del gasto público en salud, así como de la supresión del sacrifico fiscal en apoyo a los servicios privados. El apoyo financiero adicional deberá dirigirse: a mejorar los salarios de los trabajadores de la salud, para que, entre otras cosas, se hagan viables los programas de mejoramiento de la calidad y calidez de la atención; a ampliar, modernizar y aumentar la infraestructura de salud (nuevas instalaciones, mantenimiento y renovación de equipos, material de consumo, medicamentos, tecnología y recursos humanos) de todo el sistema; a garantizar el abasto de medicamentos a bajos precios de un cuadro básico, para toda la población, mediante un adecuado control de calidad; y, en particular, asegurar la disponibilidad de medicamentos para el control del SIDA, a precios accesibles para todos los pacientes. El Estado socialmente responsable tendrá que llevar a cabo, con la participación de todos los actores involucrados, una profunda revisión del sistema de pensiones actualmente vigente, tendiente a elevar progresivamente su monto y a que se garantice la subsistencia digna de los pensionados; se tendrá que avanzar, a la vez, en la generalización de sus beneficios a todos los ciudadanos. Deberá darse particular atención a la evaluación de las actuales administraciones privadas de fondos públicos. La adecuada educación profesional de médicos y enfermeras obliga a mejorar el sistema educativo en la materia, con base en programas de estudio que sean consecuencia de una planeación educativa, con maestros capacitados y con campos clínicos para un aprendizaje efectivo.

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Cultura democrática

La cultura tiene un lugar central en este proyecto de nación, en el diseño y organización de los modelos de desarrollo y en la formación de un nuevo sistema democrático. La cultura mexicana actual es resultante de un complejo proceso histórico de hibridación, donde están presentes, combinados y en oposición, entre otros, componentes culturales provenientes de los pueblos indígenas precolombinos, de los colonizadores españoles que impusieron su lengua y religión, arquitectura y urbanismo, de la influencia europea del virreinato, la guerra de intervención y el dominio comercial del siglo XIX, de la lucha revolucionaria de principios del siglo XX y las ideas nacionalistas posteriores, de la modernidad del capitalismo industrial, de la migración española y latinoamericana del siglo XX, de la hegemonía estadunidense de la posguerra mundial y de la globalización neoliberal. Sus rasgos están presentes en la arquitectura, las artes plásticas, la literatura, la música, y en las tradiciones y prácticas de la vida cotidiana. A lo largo del siglo XX la sociedad mexicana se formó una identidad nacional sólida. En ella influyó el esfuerzo educativo de los gobiernos surgidos de la revolución, que llevaron escuelas a todo el país. El establecimiento de los libros de texto gratuitos para la educación primaria a mediados del siglo, apuntaló este proceso. Hacia el final del siglo XX, fue evidente que el proceso homogeneizador de la modernidad encontró sus límites en la condición pluricultural de la nación, pues los pueblos y comunidades indígenas, sometidos a esquemas de dominio y discriminación, conservaron y reafirmaron sus propias lenguas, cosmovisiones, tradiciones y sistemas normativos. Las

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culturas indígenas son parte de la cultura nacional. Es compromiso de la sociedad y del Estado reconocer y defender sus derechos, en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y de los Acuerdos de San Andrés. En el siglo XX, México transitó de una sociedad rural a una mayoritariamente urbana. En dicho tránsito, la educación, la investigación y difusión de la historia, y la producción artística y literaria fueron factores definitivos en la formación y consolidación de la identidad nacional. El pasado prehispánico, la historia de la lucha de independencia contra España, las guerras contra los ejércitos extranjeros invasores en el siglo XIX, la épica de 1910 –la primera revolución social del siglo en el mundo–, la arquitectura del periodo colonial y el siglo XIX, el arte y la literatura de dos siglos, en especial del periodo posrevolucionario del siglo XX, se convirtieron en elementos de un nacionalismo defensivo. La autovaloración de las raíces, la historia y la cultura por la sociedad constituye la pieza esencial para reivindicar derechos iguales ante otros países, especialmente frente a Estados Unidos. La idea de cultura propia es parte esencial de la idea de “nación”; la sensibilidad contenida en ciertas expresiones artísticas relacionadas con la geografía y con la historia de los grupos humanos asentados en nuestro territorio, aporta íconos identitarios. Somos una nación porque además de compartir un territorio, nos reconocemos en una cultura pluralmente formada. México tiene frontera al norte con el país más poderoso de la Tierra, pero lingüística e históricamente tiene mayor cercanía con los países del sur. Las fuerzas económicas dominantes y la penetración de los medios de comunicación, ejercen una poderosa atracción hacia el norte. Pero nuestras lenguas, origen, historia y realidad socioeconómica nos hacen mirar al sur. México, como nación soberana, debe dialogar con los dos frentes. Sin dejarse imponer el patrón dominante de Estados Unidos, con su poderío comercial y comunicacional, abriendo puentes con su pueblo y su cultura, debemos pugnar por mantener relaciones de respeto e igualdad. En la otra dirección, debemos fortalecer más que nunca los nexos de afinidad fraterna con los países latinoamericanos. En la escala de valores del neoliberalismo, la actividad artística e intelectual, parte esencial de la cultura, es considerada como un tema de

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segunda importancia. Por ello, los gobiernos recientes le han dedicado espacios y recursos marginales. La empresa privada también se ha ocupado de ella de una manera marginal, o en el marco de una lógica mercantilista. Los medios de comunicación más poderosos, los dos grandes grupos televisivos, adoptan criterios mercantiles ante los cuales la difusión cultural y artística se presenta como un costo que debe ser minimizado. Los partidos políticos, dedicados exclusivamente a las tareas electorales, no se ocupan de la cultura y las artes, ni tienen propuestas para su desarrollo. Esta deformidad se refleja en buena medida en el sector educativo, reduciendo o eliminando de los contenidos de enseñanza temas relevantes como la apreciación artística, la visión humanista del país y del mundo, la educación para interpretar y no sólo para observar, medir y predecir. Reducir a su mínima expresión a la historia, la geografía, las ciencias sociales y el arte en los programas de educación básica, reducir o cancelar la formación media y superior en artes, suprimir los programas para formar nuevos públicos y dejar que la oferta cultural y artística subsista mediante subsidios residuales y sostenida sólo por el entusiasmo y el esfuerzo de los propios artistas, son factores que expresan de otro modo la injusticia reinante en el país. Las universidades públicas, cuyos presupuestos acotados limitan sus proyectos, tampoco cumplen suficientemente su tarea de difusión cultural. Bajo estas condiciones, las expresiones artísticas universales y la difusión de manifestaciones culturales de vanguardia se concentran en algunos centros urbanos, y aun en estos sólo quedan al alcance de sectores minoritarios de la población. La ausencia de una política cultural activa y de largo plazo lastra el desarrollo y amenaza nuestra viabilidad como nación. El gobierno actual entiende a la cultura y al arte como complementos decorativos a los que se destinan recursos mínimos, y no como fundamento de la convivencia de la sociedad y componente sustancial de la educación. En una nación pluriétnica y pluricultural, el acceso a las diversas manifestaciones de la cultura y las artes universales y nacionales debe ser un derecho democrático de todos sus habitantes. El país democrático que deseamos construir debe ofrecer espacios adecuados y suficientes

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para su producción y su disfrute. El Estado debe garantizar a todos el acceso equitativo e incluyente a la cultura y las artes. Para garantizarlo se necesita restablecer su natural relación con el sistema de educación pública, con las responsabilidades y los derechos a que nos compromete el artículo 3° constitucional. En este proyecto de nación asociamos las ideas de cultura e identidad con las de nación y soberanía. La interacción cultural entre los mexicanos no debe estar sometida a criterios burocráticos que obstaculicen la libre manifestación de las más diversas expresiones; tampoco por los intentos privatizadores que pretenden hacer de la cultura universal un privilegio y de la nacional un simple artículo folclórico de exportación. Al Estado no le corresponde monopolizar la vida cultural. Sí le compete, en cambio, fomentar y hacer viables los proyectos que nacen de la sociedad. Es responsabilidad del Estado apoyar la producción de bienes y servicios culturales; de estimular y subsidiar las industrias cinematográfica, editorial, del espectáculo y, en general, las llamadas industrias culturales. Y, todo ello, con la premisa fundamental de garantizar plenamente la libertad de opinión de los creadores. Será fundamental que las políticas públicas en materia cultural mantengan el compromiso de estimular la creación artística con distintos sistemas de becas y premios. Desde el momento en que marchemos sobre el nuevo rumbo urgirá redefinir los criterios de asignación de recursos a la cultura, en aras de extender los beneficios del apoyo gubernamental a un número mayor de creadores, donde los criterios de equidad y descentralización sean determinantes. No se trata únicamente de premiar el trabajo y el talento individual, sino de propiciar el desarrollo de las expresiones y actividades culturales colectivas. Tendremos que encontrar los mecanismos adecuados y necesarios para que a los creadores originales –entre ellos los pueblos y comunidades indígenas– les sea reconocida y respetada su propiedad intelectual. Hasta ahora los pueblos indígenas no ha tenido medios para divulgar su mensaje, habilidades y saberes más allá de un ámbito limitado. El Estado deberá poner énfasis en acciones positivas que den un vuelco a tales carencias. Las culturas e identidades originarias y populares, amenazadas por la homogeneización globalizadora, deben recibir un apoyo

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particular para preservarse y desarrollarse como parte importante de la cultura universal. Es necesario fortalecer la industria editorial, tanto pública como privada, fomentar el comercio del libro mediante las distintas redes de voceadores, la instalación de módulos de venta a precios populares, impulsar las ferias nacionales e internacionales y propiciar su promoción a través de los diferentes medios de comunicación e información. Se requiere también reforzar la red nacional de bibliotecas, para que además de apoyar la formación educativa se convierta en un sistema de promoción y divulgación de la literatura, las artes plásticas, las humanidades, las ciencias y el conocimiento en general. Es indispensable motivar la producción de historietas (comic), folletos y libros de divulgación científica y tecnológica. La oferta cultural debe recibir estímulos fiscales y contar con programas de formación de públicos y espectáculos en espacios abiertos. Se requiere crear un Sistema Nacional de Información Cultural, que promueva la oferta pública y privada del país como instrumento para la promoción de la vida cultural en México y en el extranjero. Es necesario poner al día nuestra infraestructura teatral y buscar un equilibrio entre el teatro público y el comercial, así como promover la producción mixta de proyectos, programas y espectáculos, para que la colaboración entre entidades públicas y privadas estimule un teatro de calidad capaz de convocar al público a las salas, con el apoyo de la televisión. El teatro popular y callejero deberá contar con un espacio privilegiado en nuestro quehacer cultural. Las plazas y otros lugares públicos constituyen un escenario de diversas e imaginativas manifestaciones artísticas del pueblo; propiciemos este uso mediante apoyo y estímulos suficientes para que florezcan y se multipliquen. La danza en todas sus vertientes, folclórica, popular, clásica y contemporánea puede compartir con el teatro la promoción, los espacios, criterios de difusión y apoyos, para que llegue a toda la población como forma de recrearnos, de preservar la identidad mexicana y latina, y de integrarnos a la cultura universal. Las artes plásticas –pintura, escultura, gráfica, diseño–, cuya producción y disfrute se han mercantilizado y elitlizado a pesar de sus creadores, deben penetrar profundamente en

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todos los ámbitos, desde el sistema escolar hasta las calles y plazas, con pluralidad y sin censuras. Podremos alcanzar estas metas si reestructuramos y damos mayor autonomía y recursos al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, si los artistas dinamizan las actividades del Centro Nacional de las Artes en la capital y se promueve la creación de otros en los estados; si ampliamos la cobertura y abrimos el Sistema Nacional de Creadores; Y si aumentamos progresivamente la cooperación cultural entre el Estado, la empresa privada y las organizaciones sociales y comunitarias. El cine mexicano está esperando el momento de una vigorosa recuperación. El Estado debe establecer un sistema de subvenciones y apoyos que lo doten de una nueva infraestructura, de una red de distribución competitiva y eficiente en México y el extranjero, y de recursos suficientes para estimular la creación independiente y de alta calidad. Será necesario revisar los tratados de libre comercio –sobre todo el TLCAN– en materia de productos culturales para proteger al cine mexicano, la producción televisual y la industria editorial y discográfica. El gobierno debe utilizar sus facultades legales para que los medios de comunicación destinen tiempo y recursos a la producción artística nacional y a la difusión del arte y la cultura universales, y buscar mecanismos que induzcan a las universidades privadas a destinar parte de sus ingresos a la extensión universitaria y a la difusión cultural. Las materias artísticas y culturales deben incorporarse en los programas de enseñanza de todos los niveles educativos, garantizando su calidad mediante personal calificado y el desarrollo de la infraestructura suficiente y adecuada. Debemos superar la concepción que supone que únicamente los bienes monumentales anteriores al siglo XX constituyen nuestro patrimonio cultural, e incluir en nuestras nociones culturales obras que provienen del quehacer antropológico, ecológico, arquitectónico y urbanístico, turístico y social. En este marco, debemos considerar como parte de nuestro patrimonio a las obras sobresalientes de la arquitectura e ingeniería civil, doméstica e industrial, pública y privada del siglo que terminó. Las políticas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta el valor de nuestro patrimonio histórico y cultural como un elemento ordenador de la vida de las ciudades.

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Habremos de fortalecer a instituciones como el INAH y el INBA para que cumplan con plenitud sus funciones de protección, investigación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico, patrimonio intangible, arquitectónico y artístico; y promover la acción concertada entre estos organismos, los tres ámbitos de gobierno, las empresas privadas y las comunidades locales. Las manifestaciones de la cultura y las artes deben servir para el disfrute y la apropiación de todos los mexicanos, no sólo de una élite culta, como parte de la democracia real. El Estado mexicano debe crear las condiciones para mejorar la accesibilidad y ampliar la infraestructura y la oferta cultural en los pueblos rurales y las áreas urbanas populares que hoy carecen de ella.

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Hoy en México no existe un cabal Estado democrático. La alternancia en la presidencia que se logró en las elecciones del 2000, y el hecho de que el PRI haya perdido el poder ejecutivo federal, fueron acontecimientos cuya importancia no bastó para garantizar el tránsito a la democracia plena; satisficieron una condición necesaria pero resultaron insuficientes, pues no significaron la transformación del viejo régimen político, cuya legalidad sigue en pie, lo mismo que muchas de sus instituciones. Los significativos avances que la república ha logrado para garantizar elecciones libres y equitativas contrastan con las contradicciones del sistema de partidos, ahora sumidos en una profunda crisis cuyos rasgos comunes son la burocratización y falta de democracia interna, la ausencia de propuestas de solución a los graves problemas que enfrenta el país, el alejamiento de los ciudadanos, la desconfianza que estos les tienen y que expresan, entre otras formas, con la abstención en los procesos electorales. Resultan insatisfactorios también aspectos tales como el alto costo que la operación de los partidos y los procesos electorales tiene para los contribuyentes, y el manejo poco transparente de los recursos. El Código Federal Electoral aún es imperfecto e insuficiente. La república está definida constitucionalmente como una democracia representativa, pero funciona con múltiples limitaciones que incluyen la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas de los legisladores y de administradores públicos, de exigibilidad de los derechos y de evaluación ciudadana de las políticas. En este marco, los ciudadanos padecen

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fuertes restricciones en el ejercicio de sus derechos humanos, sociales y políticos, y carecen de instancias y procesos adecuados y suficientes para participar en las decisiones fundamentales que los afectan. México dista mucho de ser una república federal como lo establece la Constitución: persiste la preeminencia del ejecutivo federal, la carencia de mecanismos de participación de los estados y municipios en la definición de las políticas federales, la inequidad del desarrollo entre regiones, el centralismo fiscal y presupuestal y la debilidad de los municipios. En las últimas décadas, los gobiernos permitieron o propiciaron que algunas de las áreas de la administración pública fueran penetradas desde arriba por la corrupción y prácticas cuyo fin es el enriquecimiento ilícito de quienes detentan los principales cargos; mantuvieron en lo fundamental una relación con los gobernados caracterizada por prácticas burocráticas, autoritarias, patrimonialistas y clientelares, prácticas cuyo costo es muy elevado con relación a sus resultados y a su ínfimo grado de eficiencia. Los gobiernos conforman los mandos superiores con criterios personalistas y partidistas, mas no de aptitud ni capacidad, y los funcionarios medios carecen de estabilidad, seguridad y posibilidades de calificación y mejoramiento laboral. El poder legislativo, cuyo mayor avance es la conformación política plural que le permite servir de contrapeso al ejecutivo, no cuenta con la confianza plena de los ciudadanos debido a la débil relación entre electores y elegidos y a la ausencia de rendición de cuentas, el limitado tiempo de trabajo anual de los órganos legislativos, su falta de iniciativa para legislar autónomamente sobre los problemas nacionales fundamentales, y la inexistencia de capacidad popular para impulsar iniciativas legislativas. La actual crisis del sistema político mexicano se refleja de manera natural e incluso ejemplar en el Congreso. Siendo los congresistas los representantes legítimos del pueblo mexicano, con toda la diversidad que ello implica, sus niveles de ingresos y prestaciones, sus pautas de conducta, sus intereses particulares y de grupo, nos indican de manera clara que tal representatividad no existe, ni puede existir en las condiciones actuales.

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Un proyecto de nación incluyente, que propone nuevos esquemas de trabajo y vida social, de justicia y responsabilidad de los servidores públicos, no puede ni debe pasar por alto la necesidad de modificar sensiblemente la estructura del Congreso, así como las responsabilidades mínimas de sus miembros, disminuyendo las prorrogativas e ingresos que estos hombres y mujeres disfrutan. Debemos lograr una democracia representativa plena y transitar de ella hacia una democracia participativa, en la cual los ciudadanos participen activa y libremente, en forma institucionalizada o autónoma, en las decisiones fundamentales que les conciernen; tengan el derecho y el deber de evaluar el desempeño de sus gobernantes, legisladores y representantes políticos y en su caso revocar su mandato, así como la posibilidad legal de impulsar desde la sociedad iniciativas legislativas. Construir esta democracia supone una profunda transformación del viejo régimen político, proceso que no puede lograrse en el marco de la actual Constitución Política. Será preciso, por tanto, que la revisemos y modifiquemos a fondo con la participación y aprobación directa de los ciudadanos. Habrá que reformar la legislación electoral y el sistema de partidos políticos para garantizar la equidad en la competencia; eliminar restricciones a las alianzas y coaliciones, incorporando las candidaturas ciudadanas a la legislación electoral; regular las precampañas; suprimir la cláusula de gobernabilidad en la formación de los órganos legislativos; reducir el costo de la operación de los partidos y de la realización de los procesos electorales; prohibir la venta libre de tiempos para propaganda política en los medios electrónicos de comunicación, y conferir al Estado la facultad de asignar tiempos equitativos para todos los partidos y candidatos contendientes; y reglamentar el uso de materiales no biodegradables como el plástico en la publicidad electoral. Es necesario consolidar un sistema plural de partidos políticos; facilitar el registro de partidos políticos nacionales, estatales y municipales, estableciendo en la ley los requisitos para que tengan acceso al financiamiento público, el que no debe concederse por el simple hecho de obtener un registro, sino cuando el nuevo partido obtenga el porcentaje que marque la ley para conservar el registro; cuidar que la legislación no propicie la intromisión del Estado en la vida y en las decisiones internas

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de los partidos; garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y erradicar las prácticas electorales fraudulentas. Finalmente, hay que legislar y crear las condiciones operativas necesarias para garantizar que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero o que se encuentren en otro país el día de las elecciones, puedan ejercitar su derecho constitucional al voto. Necesitamos alcanzar una verdadera autonomía municipal y, al mismo tiempo, una efectiva soberanía estatal, en el marco de un federalismo equitativo; realizar una reforma hacendaria que garantice más equidad en la distribución de los recursos entre federación, estados y municipios; establecer criterios redistributivos de las funciones y responsabilidades, así como del gasto público entre las regiones; renegociar la deuda interna y externa de los estados; programar y promover el desarrollo regional equitativo; planear el desarrollo con la participación de todos los ámbitos de gobierno; y coordinar las acciones concurrentes entre estados y federación. Habremos de impulsar también una profunda reforma de las instituciones del Estado, condición imperativa para tornarlo efectivamente democrático, eficiente y transparente. Un criterio rector de esta reforma debe ser garantizar por todos los medios la separación real y plena de los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Esta reforma debe considerar la democratización del poder ejecutivo y del ejercicio mismo del poder, para lo cual proponemos se lleven a cabo los cambios constitucionales necesarios para establecer un régimen de gobierno de gabinete o semipresidencial, en el que un jefe de gabinete propuesto por el presidente y aprobado por el Congreso, coordine las actividades del gabinete de secretarios de Estado, lleve la relación del ejecutivo con el legislativo y sea, al igual que los secretarios de Estado, responsable ante el Congreso. Debemos combatir la corrupción en las instituciones públicas y privadas de arriba hacia abajo, al exigir y reglamentar la rendición de cuentas, la transparencia de la información y las contralorías y auditorias ciudadanas; someter a los funcionarios, desde el presidente, a la ley, creando mecanismos judiciales y políticos que lo garanticen; asegurar la autonomía e independencia del ministerio público con relación al poder ejecutivo, partiendo de la elección directa de sus titulares –procura-

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dor general de la república y procuradores estatales de justicia– por los ciudadanos, lo que sería un paso hacia la despolitización de la persecución del delito. Es necesario erradicar el patrimonialismo y el clientelismo en el funcionamiento de los poderes del Estado; lograr que este actúe al servicio de los ciudadanos y no de sí mismo; y procurar que toda la administración pública sea eficiente y transparente, rinda cuentas periódicamente a la sociedad y sea vigilada por ella. Con estas premisas podremos consolidar el servicio civil de carrera para construir una estructura administrativa estable, despartidizada y profesional. Los órganos legislativos federales y estatales deberán reformarse para ampliar sus periodos de sesiones; recuperar la capacidad de iniciativa legal propia e incorporar a la ley la iniciativa ciudadana; ampliar la participación de los ciudadanos en los procesos legislativos federales y locales; conseguir que los legisladores consulten y rindan cuentas periódicamente a sus electores; acotar el fuero de los legisladores a su espíritu de salvaguarda de la libertad de opinión y acción política, y normar su actividad para evitar el influyentismo y los conflictos de interés y lograr que se dediquen exclusivamente a la función legislativa. La modificación de la Constitución y de las leyes debe garantizar que el amparo tenga efecto general y reconocer la defensa colectiva; que la Suprema Corte de Justicia se integre como un tribunal constitucional; que los jueces rindan cuentas a los ciudadanos; que haya mecanismos de resolución de controversias y arbitraje, y que se combata eficazmente la corrupción de jueces y policías.

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Estado socialmente responsable y promotor del desarrollo

En aras del dominio del “libre mercado”, es decir, de los intereses de las grandes empresas nacionales y trasnacionales, el proyecto neoliberal de los últimos cuatro gobiernos federales ha impulsado un profundo debilitamiento del Estado mexicano, sobre todo del poder ejecutivo. La Constitución ha sido reformada cientos de veces para adecuarla al proyecto neoliberal y a su globalización asimétrica. Tales reformas han desmantelado la regulación social –por lo demás imperfecta y mal aplicada– de los procesos socioeconómicos, para permitir la libre acción del gran capital nacional y trasnacional a nombre del “adelgazamiento del Estado” y la eficiencia, lo que ha reducido y debilitado la estructura operativa del poder ejecutivo. Paulatinamente, los gobiernos de corte neoliberal han entregado parcial o totalmente al capital nacional o extranjero infraestructura, servicios sociales, empresas públicas y recursos naturales no renovables propiedad de la nación, que son estratégicos para la salvaguarda de la soberanía, la promoción del crecimiento económico y el desarrollo social, y hoy pretenden entregarle el sector energético –petróleo, energía eléctrica, gas y energía renovable–, mediante instrumentos nocivos y reñidos con la Constitución y la ley –Contratos de servicios múltiples y Pidiregas–, al tiempo que se presiona por todos los medios para lograr una reforma legal que les dé cobertura. La banca, sucesivamente estatizada y luego privatizada, está hoy casi totalmente en manos del capital bancario trasnacional, y no cumple su función de otorgar crédito al sector productivo, en particular a las

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empresas asociativas, micro, pequeñas y medianas. La banca estatal de desarrollo se encuentra en crisis y descapitalizada, por lo que no responde a las necesidades de la promoción del desarrollo económico y su desconcentración territorial. La base financiera del Estado está minada y carece de los fondos presupuestales necesarios para cumplir su función social, por que se exime del pago de impuestos a los grandes actores económicos o se les permite, legal o extralegalmente, la evasión de su pago. También afecta gravemente a la base financiera estatal la práctica de comprometer recursos públicos multimillonarios en los rescates bancario (FOBAPROA e IPAB), carretero, o azucarero; en suma, rescates de empresarios ineficientes y aun dolosos. Mediante la aplicación del mismo proyecto, los gobiernos federales recientes y las mayorías legislativas han reducido el gasto social, desmantelado o entregado al capital privado servicios sociales públicos esenciales, abandonando la responsabilidad estatal de garantizar los derechos humanos y sociales básicos de todos los mexicanos, sustituyéndola por el asistencialismo compensatorio impulsado por los organismos multinacionales, insuficiente e ineficaz para revertir los negativos efectos sociales del neoliberalismo. El Estado mexicano se ha convertido en un apéndice e instrumento del gran capital nacional y trasnacional, el cual opera sin reglas conocidas y democráticamente concertadas, y sin obligación alguna de retribuir a la sociedad parte de los beneficios que obtiene. Se pretende justificar esta renuncia a las funciones estatales con la ideología neoliberal del Estado facilitador. El Estado neoliberal mexicano ha renunciado en la práctica a sus funciones de orientar, promover y regular el crecimiento económico, la distribución equitativa de sus beneficios y el desarrollo social, mediante el instrumento anticipador de la planeación democrática, y las ha transferido a la “libre iniciativa” de los grandes capitales, encubierta bajo el fetiche del mercado; actúa pragmáticamente, en ausencia de un proyecto de futuro para la nación mexicana. Durante decenios ha abandonado la aplicación de políticas agrarias, industriales y de empleo, dejándolas al libre albedrío de las mal llamadas “fuerzas del mercado”.

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En aras de insertar al país en la globalización –una inserción subordinada e inequitativa–, el Estado mexicano ha cedido parte sustantiva de la soberanía y la autodeterminación nacional a organismos multilaterales poco democráticos, controlados por las potencias mundiales, y ha claudicado ante sus imposiciones en los órdenes económico y político. Sin embargo, estas dos décadas de “adelgazamiento” no han hecho ágiles y eficientes a los poderes del Estado. La administración pública sigue siendo atrasada y burocrática; los trámites se multiplican o superponen, lo que acentúa la lentitud de la maquinaria administrativa y eleva los costos para los gobernados; los funcionarios medios y altos se seleccionan con estrechos criterios políticos, y hay millones de trabajadores eventuales sin seguridad laboral ni prestaciones sociales. Debemos construir un Estado democrático sólido, eficiente, que asuma la responsabilidad de garantizar los derechos sociales a todos los mexicanos, que sea promotor y orientador del crecimiento económico sustentable y el desarrollo social equitativo; un estado con capacidad real de actuar en las emergencias económicas, y sometido a la vigilancia y control permanente del poder legislativo y de la ciudadanía. Es necesario reconstruir, fortalecer y hacer eficiente la estructura institucional operativa del poder ejecutivo, sobre todo de las instituciones y empresas que gestionan los recursos naturales, los bienes y servicios estratégicos para la salvaguarda de la soberanía, el crecimiento económico sustentable y la garantía de los derechos humanos y sociales de todos los mexicanos. Hay que mantener bajo control público el sector energético –petróleo, gas, energía eléctrica y energías renovables–; el manejo del agua para usos domésticos, riego, usos industriales y servicios urbanos; los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y las vías de comunicación, sin excluir la asociación regulada con el capital privado o las empresas comunitarias. Se dotaría a las empresas públicas de autonomía operativa cuando sea necesario, de un régimen fiscal que les permita un desarrollo competitivo, y de una estructura operativa vigilada que prevenga e impida la corrupción y la ineficiencia. Sin embargo, no es suficiente mantener el control público. Es indispensable un cambio radical en la política petrolera. México debe pasar de ser un país casi monoproductor de petróleo crudo destinado a la expor-

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tación, a uno que industrialice el recurso en su territorio y se convierta en un importante exportador de petroquímicos, con el mayor contenido tecnológico y el mayor valor agregado posibles. Debemos, por tanto, ampliar la capacidad de refinación para eliminar las importaciones de productos destilados que ascienden a más de 2.5 millones de dólares anuales, recuperar la producción petroquímica y aumentar de manera urgente la producción de gas natural. Con ello se estará contribuyendo al impulso de nuevas industrias enlazadas, a la generación de empleos estables y bien remunerados, y a impactar económicamente en el desarrollo regional. Hay que establecer legalmente la plataforma de extracción de petróleo crudo y gas en función de un rango de reposición de reservas que garantice la seguridad energética del país en el largo plazo, y contribuir a mantener precios internacionales remuneradores. El manejo de las reservas de hidrocarburos debe enfocarse a prolongar su vida lo más posible –a lo que también contribuirá la disminución hasta eliminar la exportación de crudo–, con objeto de hacer menos difícil el cambio de la base energética del país. En materia de energía debe cumplirse estrictamente con la ley. Los contratos de servicios múltiples, firmados por Pemex con consorcios extranjeros para la explotación de gas en la Cuenca de Burgos –que son violatorios de la Constitución pues esta establece la exclusividad del Estado en la explotación de los hidrocarburos– deben ser cancelados. La generación privada de energía eléctrica debe ajustarse a lo establecido por la ley, y ponerse límite a la participación de particulares, para que las empresas eléctricas del Estado no pierdan el control operativo del sistema eléctrico, y los organismos rectores y reguladores mantengan las decisiones estratégicas. Las tarifas deben determinarse en función de los costos y deben ser equitativas, sustentadas en criterios técnicos y económicos, formuladas por nivel de tensión y tipo de suministro, y sin favorecer o discriminar a sectores específicos de consumidores. Para esto debe transferirse al Congreso la potestad de fijar los subsidios sin cargo a las empresas eléctricas. En el sector eléctrico se requiere mejorar la calidad del servicio, fortalecer la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización. Se requiere, en particular, modernizar a Luz y Fuerza del Centro.

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Resulta urgente aprovechar y desarrollar las fuentes de energías alternativas o no convencionales, como la solar, eólica, la obtenida de la biomasa, las basuras, y las mareas, abriendo la posibilidad, mediante reformas constitucionales, para la inversión asociada de todo tipo: pública, privada y mixta. Se debe reforzar la vinculación de los institutos especializados de investigación (IIE, ININ e IMP) con las empresas del sector energético. Los poderes legislativo y ejecutivo deberán asumir la función de promover, orientar y regular el crecimiento económico sostenido y sustentable. El objetivo fundamental de este crecimiento debe ser la creación de empleos estables, durables, bien remunerados y dotados de seguridad social, para todos los mexicanos, mediante: la creación de infraestructura y servicios públicos adecuados cuantitativa y cualitativamente; la aplicación sostenida en el largo plazo de políticas sectoriales integradas de crecimiento; la concertación de proyectos de desarrollo compartido con las empresas privadas y comunitarias, con reglas claras de dominio público; el financiamiento preferencial a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante una banca de desarrollo saneada, reestructurada y fortalecida; y la promoción y apoyo a la innovación tecnológica sustentable social y ambientalmente. Bajo la pauta de un proyecto alternativo, el Estado podrá hacer que los derechos sociales esenciales –alimentación, educación, salud y asistencia social, vivienda, agua potable y saneamiento, y recreación–, salvaguardados integralmente en la Constitución y reglamentados en las leyes, sean progresivamente una garantía para toda la población, prioritariamente para los sectores de más bajos ingresos, mediante instituciones sólidas y eficientes, con los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para asegurar la cobertura universal. Debemos mantener a las instituciones de seguridad social en la esfera pública, dirigidas por los representantes de los asegurados y de la administración pública. Debemos construir una planeación estratégica integral del desarrollo, con visión de largo plazo, como proceso permanente a cargo de instituciones públicas autónomas con amplia participación ciudadana y de los distintos ámbitos de gobierno, que sea sometida a aprobación legislativa y a la evaluación y vigilancia ciudadana de su cumplimiento.

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Esa forma de planeación servirá de marco a la acción gubernamental y de orientación y regulación de los diversos actores sociales. La información transparente y la contraloría ciudadanizada de la administración pública debe convertirse en el instrumento social de lucha contra la corrupción y el despilfarro en la función gubernamental y legislativa. La construcción de una estructura administrativa eficiente deberá reposar sobre la profesionalización de la función pública –servicio civil de carrera–, la eliminación del trabajo eventual hecho permanente, la calificación continua del personal, la simplificación administrativa y su modernización, la democratización plena del sindicalismo estatal y la lucha contra la corrupción y el despilfarro. La nación necesita de sus fuerzas armadas. De ellas debe recibir garantías para su seguridad ante amenazas externas y desastres naturales, la seguridad de la permanencia de las instituciones nacionales definidas por el Congreso, y la garantía de la soberanía nacional. Estas responsabilidades son y deben ser exclusivas de nuestro ejército y armada. Sus responsabilidades son las más altas e implican la integridad misma de la nación. Por ello, las fuerzas armadas no debieran ser inmiscuidas en actividades que son propias de otras instituciones de naturaleza civil, como es el caso de la investigación y lucha contra el crimen organizado, incluido el narcotráfico. La participación del ejército en actividades de investigación y seguimiento de narcotraficantes, independientemente de sus logros, ha dado lugar a su propia contaminación. La participación de altos jefes militares en las actividades que ellos deberían impedir, nos muestra la gravedad del problema.

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Regulación social de lo público, lo privado y lo comunitario

Los poderes estatales neoliberales han abandonado las funciones de orientación, promoción y regulación con visión social de la actividad económica. Del Estado interventor transitamos abruptamente al predominio de la “mano invisible del mercado”, como metáfora de las relaciones entre grandes empresarios. Ahora son las grandes corporaciones, empresas monopólicas nacionales y extranjeras y los organismos multinacionales quienes rigen libremente la economía en función de sus propios intereses; a su servicio trabaja discrecionalmente el sector público y su presupuesto, sin reglas claras ni transparentes, sin participación ciudadana ni retribución de beneficios a la sociedad o a los sectores sociales locales directamente involucrados. Dos décadas de fundamentalismo privatizador y desnacionalizador han entregado al sector privado los recursos naturales y desmantelado a las empresas estratégicas y prioritarias de propiedad de la nación, que permitían que el Estado cumpliera la función de rectoría económica y promoción del desarrollo. Hoy se pretende continuar este proceso, con la reforma privatizante del sector energético: el petróleo y la electricidad. Los poderes del Estado democrático, como institución de la sociedad, tienen la obligación y la responsabilidad de intervenir en las relaciones económicas y sociales entre los sectores y actores diferenciados, en función de los intereses colectivos, función que debe comenzar por establecer una regulación socialmente concertada que tienda a superar

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las desigualdades, la inequidad y la exclusión, privilegiando los intereses de los sectores mayoritarios, los más vulnerados socialmente. La construcción de un patrón alternativo de desarrollo con equidad distributiva y justicia social exige la regulación pública equitativa de las relaciones mercantiles, laborales, salariales, ambientales y territoriales entre el capital privado, en particular el gran capital nacional y trasnacional, y los trabajadores, los consumidores y los sectores mayoritarios de la sociedad, establecidas por consenso social institucionalizado en la constitución y las leyes, la planeación democrática, el sistema fiscal federal y local, las políticas gubernamentales y la gestión pública cotidiana. Esta regulación democrática debe aplicarse en forma transparente mediante los poderes del Estado y sus instituciones, y debe ser vigilada a través de los órganos legislativos y la contraloría ciudadana. Debemos avanzar hacia una gestión estatal responsable y eficiente de los recursos naturales propiedad de la nación, la infraestructura y los servicios públicos estratégicos para el desarrollo social y el crecimiento económico sostenido, los cuales deben permanecer bajo control del sector público. Los casos donde el uso de estos bienes públicos sea otorgado en concesión a las empresas deben significar el retorno de parte de los beneficios a la sociedad mediante impuestos sobre las rentas del suelo y las ecológicas, de valorización por obras públicas y sobre la plusvalía generada colectivamente; tarifas de servicios públicos cobradas a las empresas privadas y los sectores de altos ingresos que recuperen el precio de producción –costo y ganancia media– y cubran el subsidio que el Estado otorgue a los sectores empobrecidos; y transferencias especiales de fondos para el desarrollo a las regiones y municipios que aportan los recursos naturales esenciales. Para promover y llevar a cabo los grandes proyectos de desarrollo se deben formar sociedades de economía mixta –pública, privada y social– con distribución equitativa de beneficios y/o contratos o acuerdos de desarrollo –regional, metropolitano, municipal, urbano–, con reglas claras y públicamente conocidas, sometidos a contraloría ciudadana, que especifiquen la retribución empresarial a la sociedad en general y a los sectores sociales locales directamente involucrados, con parte de los beneficios obtenidos.

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En el marco de la soberanía nacional, los poderes del Estado están obligados a proteger y promover, mediante la ley y la gestión, los ámbitos estratégicos y las empresas e instituciones internas, sobre todo las autogestivas, micro, pequeñas y medianas (AMPyMEs) frente a los países, sectores, empresas e instituciones económicas externas. Este debe ser un supuesto toral de toda negociación de libre comercio internacional. Debemos también garantizar la igualdad de posibilidades y de acceso a los recursos y las tecnologías a las empresas orientadas al mercado interno y a las diferentes jerarquías y niveles de la actividad empresarial y autogestionaria interna, sobre todo las AMPyMEs, frente a los monopolios. Los sistemas de crédito y de asistencia técnica que la banca de desarrollo brinda, así como el sistema de compras estatales deberán dar prioridad a las AMPyMEs y a su articulación en cadenas productivas y de proveeduría. El combate a las prácticas monopólicas de cualquier tipo y origen es una condición de la libre competencia.

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Federalismo equitativo y municipio libre

México sigue teniendo una inercia centralista que es necesario combatir. Sin embargo, han surgido condiciones para avanzar hacia la construcción de un verdadero federalismo, con hechos como el de la formación y operación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde participan gobernadores de los distintos partidos políticos, que buscan asociarse para presentar un frente común ante el gobierno federal; ello ha generado una correlación de fuerzas distinta con la administración central. La presencia de gobernadores de partidos distintos al del presidente y de un Congreso de composición plural, sin mayoría para ninguno de ellos, crea condiciones para lograr una distribución más equitativa de los recursos fiscales. En los años recientes ha aumentado la proporción de recursos fiscales asignados a los gobiernos estatales –en 2003 fue del orden del 20%–, lo que, sin embargo, es aún insuficiente. Las conclusiones de la Convención nacional hacendaria del 2004, poco conocidas ni discutidas por los ciudadanos, también son un avance importante en este camino, pero no fueron tomadas en cuenta por el gobierno federal ni por el Congreso en el diseño del presupuesto para el 2005. La distribución de los recursos fiscales es un tema de interés nacional que es preciso discutir permanentemente en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, pero involucrando a los ciudadanos; lo que está a discusión es la justicia distributiva nacional, en su expresión territorial. El interés por un desarrollo equitativo y por el combate a las desigualdades profundas que existen entre regiones pobres y marginadas y

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regiones ricas con mejores posiciones estratégicas, debe ocupar un lugar prioritario en la política nacional. Un instrumento estratégico para revertir estas desigualdades, es una planeación del desarrollo socioeconómico y territorial de mediano y largo plazo –Plan nacional de desarrollo–, que se elabore con la participación efectiva de los tres ordenes de gobierno y los ciudadanos, y que cuente con elementos efectivos de acción como los presupuestos multianuales de inversión, federales, estatales y municipales, y la territorialización en ellos de las inversiones federales. Las asociaciones de estados o municipios de uno o varios estados son también herramientas necesarias para el desarrollo compartido y solidario. Procesos similares deben ocurrir en la planeación estatal del desarrollo, donde deben participar activamente los gobiernos y los ciudadanos de los municipios. La descentralización del poder político y la desconcentración territorial del desarrollo requieren de la distribución democrática, concertada y equitativa de las funciones, así como los recursos suficientes para cumplirlas. El mayor énfasis en el fortalecimiento del federalismo debe dirigirse hacia los municipios. Si en el orden estatal ya se está alcanzando un fortalecimiento real, en el municipal sigue imperando una subordinación casi total a los poderes centrales. Presupuestalmente los municipios en su conjunto no han logrado siquiera una asignación que supere el 5% de la recaudación nacional. En el pasado se ha propuesto como meta de largo plazo una participación del 20% del total nacional destinado a los gobiernos municipales; hoy, debería ser posible alcanzar esa meta en un plazo relativamente corto. Las idea de fortalecer a los gobiernos municipales va más allá de la cuestión fiscal o presupuestal. Se trata de proponer una manera distinta de propiciar el desarrollo económico, pensándolo de abajo hacia arriba, del nivel básico de gobierno, el municipal, hacia los ámbitos estatales y federal. Ello requiere cambios en las legislaciones estatales que apunten en la dirección de darle más atribuciones a los ayuntamientos, y que abran la posibilidad de contar con planes integrados de desarrollo para más de un municipio en razón de sus características como región. Debemos impulsar la democratización municipal buscando que las figuras de consulta pública, plebiscito y referéndum se integren en las leyes orgánicas municipales que aún no las consideran.

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La posición municipalista es clave en este proyecto para la nación. En primer lugar, porque desde ese ámbito de gobierno es posible propiciar más eficazmente la participación ciudadana, que es la base para construir una democracia más amplia y de mayor vigor. Los pueblos indígenas han reivindicado la autonomía municipal creando municipios autónomos en algunas regiones del país, y, en Chiapas, con el impulso del EZLN, se han formado las Juntas de buen Gobierno, estructuras de gestión que buscan dar respuesta a las necesidades y exigencias de las comunidades. Se trata de una forma de gobierno democrática peculiar que cabe en el marco constitucional vigente. Los gobiernos federal y estatales deben respetar estas formas nuevas de organización que los pueblos indígenas están desarrollando. La nación que concebimos, y por la que luchamos, tendrá una base sólida en sus municipios libres democráticos, con capacidad legal y económica para participar activamente en el desarrollo nacional.

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Sociedad segura, con justicia y sin corrupción

La crisis de seguridad pública que aflige a México es resultado de la conjunción de condiciones de pobreza, desempleo y exclusión de la población, con la corrupción e ineficiencia que impera en los cuerpos policiales y el aparato judicial, parte de cuyos integrantes se coluden con el crimen organizado. A estos factores los potencia la incorporación abrupta del país, sin regulaciones y condiciones adecuadas, a una globalidad económica que permite al crimen internacional moverse con facilidad por el mundo y obtener ganancias enormes. Con la mundialización del capital también se consolidan los grandes negocios ilícitos y las mafias transnacionales. El narcotráfico se ha convertido en una de las actividades económicas más lucrativas del planeta. Para construir un México diferente, seguro y justo, es necesario erradicar de raíz, de arriba hacia abajo, estas lacras sociales. Dos condiciones fundamentales para la recuperación de la seguridad pública en general son: la superación de la pobreza, la situación de desempleo y desesperanza que lleva a muchos mexicanos a ejercer la delincuencia individual para subsistir o a convertirse en carne de cañón del crimen organizado; y la colaboración amplia, decidida y consecuente de todos los sectores e instituciones sociales en la prevención y denuncia del delito y de los actos de corrupción policial, judicial o administrativa que lo encubren.

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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HONESTA A pesar de la alternancia en el gobierno federal, la administración pública mantiene la mayor parte de los vicios que ha tenido durante decenios. La deshonestidad continúa operando de manera irrestricta; no existe transparencia ni rendición real y periódica de cuentas a la ciudadanía, y se carece de responsabilidad social. El marco jurídico general permitió y sigue permitiendo una administración pública penetrada desde arriba por la corrupción. Propicia el uso de los recursos públicos con fines políticos y personales, el enriquecimiento ilícito, la manipulación de la ley, el tráfico de información reservada y el comercio de influencias políticas. Hoy esas prácticas siguen siendo corrientes en el llamado gobierno del cambio. Los vicios que dominan aún las esferas más altas de la administración pública hacen que los ciudadanos veamos obstaculizada y muchas veces frustrada la gestión de nuestras demandas. A pesar de las iniciativas para moralizar, sanear y hacer eficiente la administración, esta mantiene formas de funcionamiento que le impiden estar a tono con las exigencias del desarrollo económico y social actual. Es impostergable someter plenamente la administración pública a las normas y al derecho para asegurar que cumpla su función y responsabilidades sociales. Debemos reconstruir una administración al servicio de los ciudadanos, que sea responsable en el manejo de las finanzas, que rinda cuentas periódicamente ante la ciudadanía y se someta a su vigilancia. Tenemos que combatir la corrupción en todos los niveles y establecer controles para evitarla. Las prácticas clientelares que han prevalecido en la administración deben ser erradicadas. Todos los funcionarios públicos tienen que estar sujetos a la evaluación de los ciudadanos y cumplir con un perfil profesional que garantice la eficacia de su gestión. Para combatir la corrupción habrá que sujetar a la ley el comportamiento de los funcionarios y trabajadores públicos, someter a juicio penal a quienes no la respeten y obligarlos a devolver el patrimonio público sustraído, sean funcionarios públicos o empresarios beneficiados por esos actos, como ocurrió en el Fobaproa. Igualmente debemos

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vigilar que los representantes populares y funcionarios con fuero no abusen de él, que este mantenga el sentido que le dio origen, y que no sea usado para solapar abusos o actos delictivos. Es indispensable mantener una campaña permanente contra la cultura de la corrupción, para que la población comprenda que se trata de un cáncer que corroe a la sociedad, que todos debemos evitarla y no participar de ella.

ESTADO DE DERECHO Y JUSTICIA EQUITATIVA Y EFICAZ En México no existe un cabal estado democrático de derecho: hay la tendencia a no respetar las leyes, lo que explica la debilidad a la hora de impartir justicia y la inclinación de sentencias y resoluciones a favor del que más tiene o paga más. El ejercicio discrecional y abusivo de la autoridad y la impunidad de los agentes del poder público colocan a los ciudadanos en total indefensión. La ausencia de frenos y contrapesos en los órganos representativos del poder deriva en injusticia e inseguridad jurídica de los ciudadanos. La mayor parte de la población carece de un acceso efectivo al amparo y a la protección de la justicia debido a las diversas formas de corrupción. Los sectores más desprotegidos, sobre todo los indígenas, son aquellos cuyos derechos resultan vejados con mayor frecuencia. La cantidad de procedimientos administrativos necesarios para alcanzar la protección de la justicia, el costo y el desconocimiento que muchos tienen de los trámites también obstaculizan la vigencia del estado de derecho. Los efectos de las sentencias de amparos solamente alcanzan a las partes que concurren al juicio; una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede seguirse aplicando a quienes no promuevan el juicio de amparo. El congestionamiento de casos presentados en los tribunales federales y el consecuente rezago de resoluciones muestran las grandes ineficiencias al impartir la justicia. Urge que promovamos reformas al artículo 107 de la Constitución, así como a la Ley de amparo para que las resoluciones judiciales tengan efectos generales y no particulares, y para que el juicio de amparo sea accesible, efectivo y suficiente, como sucede en la mayoría de las

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democracias desarrolladas. La ley debe reconocer acciones y defensas colectivas en contra de grandes empresas, de modo que los reclamos de los afectados no requieran ni signifiquen una multiplicidad de juicios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe convertirse en un tribunal constitucional, para lo cual es necesario reestructurarla y establecer su competencia para garantizar la responsabilidad y coherencia del orden jurídico en su conjunto. Los tribunales administrativos que dependen del ejecutivo federal deben ser adscritos al poder judicial. El presidente de la república no debe participar en la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consejeros del Consejo de la Judicatura Federal; en su lugar deberá tomarse en cuenta la opinión de la ciudadanía mediante mecanismos de consulta directa. Es necesario que los jueces, magistrados y ministros del poder judicial rindan a la nación, por mandato legal, cuentas claras y pormenorizadas de su conducta, para que la sociedad pueda calificar su actuación.

Policía preventiva La inseguridad pública tiene como una de sus fuentes principales los graves problemas que afligen a las corporaciones preventivas de seguridad pública en todo el país, los cuales se originan en: improvisación por falta de capacitación profesional, sueldos y prestaciones insuficientes, falta de revisión de antecedentes, influyentismo, estructura y métodos militares o paramilitares de mando, pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía. Para enfrentar estos problemas y empezar a recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía, debe crearse una verdadera carrera policial, con la garantía adicional de establecer un servicio civil de carrera. Para profesionalizar la policía se necesita que el aspirante a ingresar a una Academia de Policía cuente al menos con bachillerato, para que después de dos años de estudio opte por el título de técnico policial, y después de cinco años de estudio pueda obtener la licenciatura en seguridad pública o investigación policial. Para completar el esquema de profesionalización debe establecerse una Academia Nacional de Policía que otorgue títulos de posgrado. De esta forma también se pondrá un alto al influyentismo para el ingreso a

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los cuerpos policiales, lo cual tendrá que complementarse con una disposición legal que estipule que ninguna persona podrá ingresar a un cuerpo de seguridad pública, judicial o ministerial, sin tener el título correspondiente, expedido por las academias estatales, regionales o nacional de policía. Está demostrado que un policía altamente capacitado es tan eficiente como diez improvisados. Menos policías con mejores salarios y prestaciones –posibilidad de adquirir vivienda, contar con seguro de vida e incapacidad, becas para estudios de sus hijos, atención hospitalaria especial, centros de recreación, deportivos y culturales– les garantizaría una vida digna que los haría más responsables en su trabajo. Debe evitarse nombrar en los mandos superiores y medios de corporaciones policíacas a militares o ex militares, porque el desarrollo actual de las técnicas policíacas y el grado de especialización que ha alcanzado dicha labor, nada tiene que ver con los esquemas rígidos de los procedimientos y concepciones de la carrera militar.

Procuración de justicia En la procuración de justicia el gran problema del Ministerio Público es su integración y dependencia del poder ejecutivo, lo cual lo convierte en instrumento al servicio de los gobernantes en turno y, por ende, en impulsor permanente de injusticias y violaciones del estado de derecho. Bajo esta práctica el Ministerio Público nunca podrá ser autónomo y determinar con independencia y probidad. Debemos impulsar que los procuradores de justicia, tanto federal como estatales, sean electos directamente por los ciudadanos, sin intervención de los partidos políticos, para que así respondan al interés ciudadano; de esta forma se daría garantía de legalidad y seguridad pública sin interferencias de quienes ejercen el poder político o económico. Para complementar lo antes propuesto, también debemos pugnar porque se instrumente las siguientes medidas: a) Establecer un auténtico servicio civil de carrera, a través de la profesionalización y actualización permanentes. Para fortalecer esta medida sería conveniente que las facultades y escuelas de

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derecho incluyeran como materia el tema del Ministerio Público, y como especialización en los programas de posgrado. Celebrar convenios de las procuradurías con barras y colegios de abogados, así como con organizaciones ciudadanas, para llevar a cabo una supervisión permanente de las agencias del Ministerio Público. También mediante convenios, establecer una vinculación estrecha con los vecinos, a través de las organizaciones con que se cuente en cada entidad federativa, que relacionen a las autoridades con los ciudadanos y fijen los compromisos de aquellas con estos, sobre todo en materia de prevención del delito. Atención al público esmerada, cordial, respetuosa y eficiente en las agencias del Ministerio Público, con funcionarios responsables de esa atención y con facultades para sancionar a quienes no cumplan esta encomienda. Supervisión de todas las consignaciones y determinaciones de archivo por funcionarios exclusivamente dedicados a esta responsabilidad.

Administración de justicia El poder judicial forma parte de la trilogía que constituye un gobierno democrático y, por lo tanto, debería ser totalmente independiente de los otros poderes. Sin embargo el presidencialismo autoritario llevó al poder ejecutivo a subordinar a los otros poderes. En los últimos años se ha avanzado en el ámbito federal en la autonomía e independencia de los jueces y tribunales de este fuero, pero en la mayoría de los estados los gobernadores siguen influyendo o interviniendo directamente en el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia local y de jueces y magistrados, quedando convertido aquél en una entidad más al servicio del gobernador en turno. Un avance importante en la solución de este grave problema lo ha dado el poder judicial de la Federación al establecer un verdadero Servicio Civil de Carrera. De esta forma se ha evitado la improvisación, y también que en la materia impere el influyentismo. Para fortalecer esta medida se requiere que en las carreras de derecho se agreguen materias

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relacionadas con el área de administración de justicia, y maestrías en dicha especialidad en los posgrados. La impunidad es uno de los graves problemas que enfrenta la impartición de justicia, y la experiencia demuestra que es el factor que más impulsa la corrupción. La solución está en manos del poder judicial, y si se integra con jueces preparados y honorables, la impunidad tendería a desparecer respecto al delincuente común. Pero cuando los servidores públicos y abogados de las partes cometen delitos dentro del procedimiento, en la detención de una persona, dentro de la averiguación previa o durante el desarrollo del proceso penal, los jueces o magistrados lo único que pueden hacer es dar vista al Ministerio Público para que este inicie la averiguación correspondiente, en virtud del monopolio que el Ministerio Público tiene del ejercicio de la acción penal. El resultado es que, por lo regular, nada sucede. Esto es posible debido a que existe una gran laguna en la legislación, que debe ser resuelta concediendo a los jueces y magistrados la facultad de iniciar directamente y de inmediato un proceso en contra de aquellas personas o servidores públicos que hayan cometido delitos, como acusaciones falsas, declaraciones manipuladas u obtenidas por presiones físicas o morales, falsificación de pruebas documentales o parciales, presentación de testigos falsos, etcétera. Igualmente, para garantizar los derechos de las víctimas de delitos es necesario establecer que las propias víctimas sean parte integral del proceso penal y no tan solo actúen como coadyuvantes del Ministerio Público, como está establecido actualmente. De esta forma las víctimas podrán defender mejor sus derechos y obtener la reparación justa de los daños que se les causaron; podrían, además, vigilar la actuación del Ministerio Público en el proceso y denunciar irregularidades que cometan los servidores públicos y hasta los abogados defensores del inculpado, en su agravio y desvío de la justicia.

COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y AL NARCOTRÁFICO El Estado mexicano ha fracasado en la lucha contra el crimen organizado. Políticos y funcionarios importantes se han aliado con las mafias o fueron impulsados por ellas, construyendo poderosas redes de com-

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plicidad institucional. Asimismo, grandes empresarios nacionales y extranjeros se han coludido con funcionarios de alto nivel, de ayer y hoy, para beneficiarse con la privatización de empresas paraestatales, como en el caso de Fobaproa, para saquear a la nación. Es necesario combatir al crimen organizado, la corrupción y la expansión de la violencia social porque amenazan la soberanía, la democracia, el bienestar social y la seguridad pública. Hay que evitar que México se consolide como un narco Estado y un paraíso para las mafias de todo tipo. Es indispensable que transparentemos las zonas más opacas de los sistemas financieros con los que operan los mercados de drogas, autos robados, armas y seres humanos, integrados en una gigantesca red global de crimen organizado que penetra y corroe gobiernos y sociedades. El combate al narcotráfico no debe limitarse a una cuestión policial o militar; debe enfocarse también como problema de salud pública, de consumo y de cultura; por ello, hay que exigir una acción más decidida para combatir la distribución y reducir el consumo. También hay que atacar los motivos que llevan a que sectores de la población se dediquen a tal actividad, como la miseria de la economía campesina, cuyos integrantes se ven orillados en ocasiones a dedicarse al cultivo de estupefacientes por la falta de rentabilidad de sus cultivos. Es urgente que establezcamos acuerdos internacionales para diversificar las vías de financiamiento de la guerra contra las drogas, donde participen los países más interesados en detener el flujo de sustancias prohibidas, y emplear los recursos decomisados a los criminales para combatirlos; hay que impulsar la firma de una convención internacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, con una Corte que conozca y juzgue las violaciones al instrumento normativo generado para tal efecto. Urge concluir la modernización del marco jurídico nacional contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. El despliegue de personal militar y policial en las fronteras y vías de comunicación para detectar y combatir el narcotráfico no puede seguir realizándose a costa de las garantías de tránsito y los derechos humanos de los mexicanos.

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Centros de reclusión Es ley general el hecho de que a mayores enfermedades sociales existan más delincuentes y mayor población en los centros de reclusión. México está agobiado por una sobrepoblación carcelaria galopante que implica mayor hacinamiento, genera conflictos, violencia, inestabilidad, corrupción y una dificultad creciente para alcanzar la readaptación social de los internos, tal como lo ordena el artículo 18 constitucional. Una falsa alternativa al crecimiento de la delincuencia sería construir más reclusorios y aplicar penas más severas. Mas es bien sabido que las cárceles no ayudan a reducir los márgenes del delito ni a la regeneración de los reos. La solución más adecuada, justa, humana y razonable, sería establecer penas sustitutivas de prisión, para que no todos los que cometan un delito necesariamente tengan que parar en la cárcel, sobre todo tratándose de primo delincuentes de delitos menores, poniendo énfasis en los jóvenes primo delincuentes, quienes constituyen el sector que más atención debe recibir. En segundo término, debe establecerse el procedimiento de mediación, que dispone actualmente de una metodología y un procedimiento muy acabados, en donde el mediador sea un profesional altamente técnico y perfectamente capacitado, integrado al poder judicial. Este procedimiento de mediación se aplica fundamentalmente en todos aquellos delitos de carácter imprudencial y en los que se persiguen por querella necesaria. El resultado final de este procedimiento consiste en que la víctima obtiene la satisfacción de los agravios que le hubiere causado el delito, y el sujeto activo del mismo no tiene que pisar la cárcel. En tercer lugar, como alivio inmediato al problema de la sobrepoblación, el gobierno federal debe trasladar a todos los internos que cometieron delitos de este fuero a sus propios reclusorios, ya que actualmente la mayor parte de estos internos están recluidos en centros estatales que deberían albergar exclusivamente a reos del fuero común. Por último, para disminuir la sobrepoblación, hay que aplicar la adición final que se hizo al artículo 18 constitucional, que establece que los internos sen-

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tenciados podrán purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilios, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social.

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Territorio integrado y sustentable

El territorio, dimensión geográfica de la nación que integra junto con la sociedad y su forma de organización al Estado mexicano, ha sido ocupado y explotado obedeciendo las consignas de los intereses económicos dominantes en los distintos momentos de la historia, sin la menor conciencia del valor que entraña conservar la diversidad biológica ni de la importancia de contar con un orden elemental en el asentamiento de los grupos sociales. México está conformado por tres grandes regiones que muestran un grave desequilibrio: el norte, que concentra inversiones y ofrece condiciones de modernidad; el centro, estancado, donde se concentra la mayoría de la población urbana y se agudiza el desempleo; y el sur, caracterizado por el abandono, la ausencia de inversiones, la pobreza extrema y la sobre explotación de los recursos naturales. A pesar de estar entre los de mayor biodiversidad en el mundo, el territorio mexicano está devastado, con muchas especies de flora y fauna en peligro de extinción, alto grado de contaminación en la mayoría de sus cuencas hidráulicas, acuíferos sobre explotados, extensas zonas deforestadas y erosionadas, desertificación creciente y una distribución de la población que agudiza los desequilibrios regionales. La crisis ambiental plantea un cuestionamiento de los fundamentos de la racionalidad económica. De allí han surgido diferentes respuestas, desde las filosofías de la naturaleza hasta los nuevos movimientos sociales que buscan integrar la democracia participativa, la descentralización económica y la reapropiación de la naturaleza como un sistema ambiental productivo. En cambio, para los actores económicos domi-

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nantes, la protección del ambiente es considerada como un costo y condición del proceso económico, cuya “sostenibilidad” gravita sobre los principios de su racionalidad mecanicista y su valorización de corto plazo. Sin una nueva concepción para orientar el desarrollo sustentable, las políticas ambientales seguirán siendo subsidiarias de las políticas neoliberales. Al interior de las ciudades, la polarización económica y social contrasta los barrios residenciales, bien dotados de infraestructura y servicios, con amplias zonas donde se hacina la población empobrecida y desempleada, sin recursos ni servicios, donde se pierde la cohesión social y se incuban la delincuencia y la drogadicción. En la actualidad, 60% de la población habita en 150 municipios ocupando 5% del territorio, donde se genera 80% de la producción nacional no agropecuaria y se concentran las inversiones y la riqueza, pero también la carencia de vivienda, empleo y servicios, altos índices de congestión vial, contaminación y delincuencia, que se alejan de cualquier normatividad establecida y generan graves problemas ambientales. En nueve zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes, se produce más del 60% de la riqueza nacional, habita la tercera parte de la población del país y se enfrentan problemas que ponen en riesgo la gobernabilidad, ante la ausencia de coordinación metropolitana y el abandono de la planeación como forma de orientar y ordenar la ocupación del espacio, para dejarla en manos del mercado. Otro 30% de la población vive en ciudades medias y sobre todo pequeñas, entre 2,500 y un millón de habitantes, que en su mayoría carecen de la masa crítica para generar un desarrollo propio y subsisten de una mezcla de actividades comerciales y de servicios, complementadas con algunos enclaves industriales y turísticos que aprovechan y destruyen los recursos naturales sin generar una derrama de empleos ni beneficios para la población local y donde las cadenas de empresas transnacionales obtienen y exportan las ganancias. En el otro extremo, otra tercera parte de la población está asentada en más de 150 mil localidades menores de 2,500 habitantes, con importante presencia de población indígena, dispersas en el amplio territorio nacional, que presentan patrones de economía de subsistencia, que no disponen de la infraestructura ni de los equipamientos o los servicios más

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elementales; que subsisten del cultivo temporalero de pequeñas parcelas con muy baja productividad, sin acceso a la nueva tecnología y cuyos pequeños excedentes son comercializados por intermediarios que se quedan con la mayor parte de las ganancias. Aunque para ordenar el uso y aprovechamiento del territorio el país cuenta con un marco jurídico amplio, éste acusa limitaciones y lagunas importantes y en su puesta en práctica los gobiernos han sido rebasados por la velocidad y magnitud del poblamiento. Avasallados por la expansión urbana y sujetos a las políticas neoliberales, muchas administraciones locales y la federal han abandonando su papel normativo y regulador para hacer ciudad con sentido social y colectivo, al propiciar los negocios inmobiliarios especulativos que no asumen los costos de las externalidades ni los impactos en el medio ambiente, y al permitir y con frecuencia promover con los partidos los asentamientos irregulares, de cuya regularización obtienen importantes dividendos políticos. Por su parte, la estructura sectorial, tradicional en la administración pública mexicana, impide la visión territorial integrada, de manera que cada sector establece sus propias políticas y acciones, invierte sus recursos, y toma decisiones de carácter territorial que se contraponen o duplican con las de otros sectores, dando por resultado ciudades desestructuradas, ineficientes y costosas y un medio ambiente en deterioro creciente que pone en peligro la sustentabilidad futura del país. En este contexto, la planeación se considera un ejercicio inútil que estorba las decisiones políticas e impide el libre juego de las fuerzas del mercado. Remontar esta situación exige un esfuerzo planificado y sostenido que parta de una sociedad conciente, informada y capacitada para asumir la defensa de sus derechos y cumplir con sus obligaciones y responsabilidades sociales, y un gobierno que entienda y asuma su función de conductor y coordinador del proceso de desarrollo, dispuesto a rendir cuentas a la sociedad sobre su desempeño. Para lograrlo es necesario promover modificaciones a la Constitución para establecer instancias de gobierno metropolitano que permitan la acción coordinada en las áreas urbanas de mayor complejidad del país, cuya existencia no era previsible en 1917; revisar el artículo 27 constitucional para garantizar el acceso legal de la población al suelo urbano; revisar la legislación sobre Asentamientos humanos y equi-

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librio ecológico para lograr una visión territorial integrada que evite la duplicación y superposición de acciones y la falsa separación entre medio natural y medio urbano. Así mismo, requerimos ajustar la legislación sobre Planeación democrática, asentamientos humanos, y programación y presupuesto, para garantizar que la asignación territorial del gasto obedezca a una visión integral del desarrollo y no a enfoques pragmáticos y parciales resultantes de la división sectorial de la administración pública, reglamentando la participación social en estos procesos al incorporar la figura de presupuesto participativo. Debemos modificar los sistemas catastrales y la forma de aplicarlos para detectar y sancionar la evasión fiscal, haciendo coincidir los criterios impositivos con la política de desarrollo urbano y regional, y establecer el catastro con base en el uso autorizado del suelo para castigar la especulación y hacer más eficiente la operación urbana. Los esquemas de tarifas aplicados a los servicios públicos de agua y energía eléctrica deben garantizar su progresividad en función de la magnitud y el tipo de consumo, y establecer subsidios cruzados para lograr la autosuficiencia y la equidad. Por otra parte, es indispensable crear instrumentos que capten la plusvalía del suelo que la sociedad en su conjunto genera, incrementando en estos casos los costos de permisos y licencias y el valor del impuesto a la compra-venta de inmuebles aplicado al diferencial entre el precio de compra y el de venta; así mismo, es necesario distribuir los costos de la construcción de infraestructura entre los predios beneficiados y aplicar un impuesto creciente a los lotes baldíos en función de los usos del suelo permitidos en los planes correspondientes. Es necesario elaborar y aplicar una política estratégica de largo plazo para revertir paulatinamente las desigualdades del desarrollo regional y urbano, con la participación concertada de los tres ámbitos de gobierno, los órganos legislativos y las sociedades locales. Ella es parte esencial de la construcción del federalismo equitativo y de la equidad distributiva en su expresión territorial. Una reforma fiscal con equidad y sentido social deberá fortalecer las finanzas locales para permitir que los municipios cumplan con las funciones que la legislación les confiere; es prioritario también establecer

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fondos compensatorios para las regiones y los municipios con menor desarrollo relativo y aportaciones económicas a los estados y municipios por el aprovechamiento y explotación de sus recursos naturales. Fortalecer la aplicación de impuestos locales mejorará la captación de recursos y las finanzas y por ende la autonomía municipal. Es imprescindible aprovechar el territorio nacional y los recursos naturales para garantizar la autosuficiencia alimentaria, la producción agropecuaria y forestal, y elevar el nivel de bienestar de los campesinos, sin poner en peligro el equilibrio ecológico y la preservación de la biodiversidad para las generaciones futuras; mantener los recursos energéticos bajo el control del Estado explotándolos racionalmente, sustituir paulatinamente la exportación de crudo por la de productos elaborados y desarrollar la utilización de fuentes alternas de energía. De los países tropicales del tercer mundo emerge un nuevo paradigma productivo, basado en el potencial ecológico de su geografía y en la pluralidad de sus identidades étnicas. Este paradigma ambiental promueve la sustentabilidad desde sus bases ecológicas y culturales, a través de la descentralización de la economía hacia las regiones y la diversificación de los estilos de desarrollo, movilizando a la sociedad por la reapropiación de su patrimonio de recursos naturales y la autogestión de sus procesos productivos. El manejo eficiente del agua evitará el desperdicio y disminuirá la contaminación, introduciendo sistemas de riego con tecnología avanzada y reduciendo la sobreexplotación de los acuíferos mediante la captación y aprovechamiento de la precipitación pluvial, la separación y tratamiento de aguas negras y pluviales, el reuso de aguas tratadas, la eliminación de fugas en las redes y el establecimiento de volúmenes máximos de consumo. Para lograr el equilibrio regional es necesario aprovechar el potencial propio de las diversas regiones del país en beneficio de la población local, capitalizando las ventajas de su localización estratégica; promover la integración sustentable de las economías regionales y locales; revisar y rediseñar la estructura carretera, ferroviaria y aeroportuaria en función de las necesidades de comunicación interna y de distribución de la producción nacional. El establecimiento de asociaciones regio-

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nales de desarrollo podrá compensar las debilidades de los gobiernos locales y hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos. En muchos casos, los movimientos ambientales son luchas de resistencia y protesta por la marginación y la opresión, la defensa de los derechos culturales, el control de los recursos naturales, la autogestión de los procesos productivos y la autodeterminación de las condiciones de existencia. Estas luchas vinculan la erradicación de la pobreza, la sustentabilidad y la democracia; se enlazan con la reivindicación de sus identidades culturales, la reapropiación de conocimientos y prácticas tradicionales y el derecho de las comunidades a establecer estilos alternativos de desarrollo. Son, por tanto, una fuerza social que debe ser apoyada y vinculada a los procesos de cambio que se proponen. El Estado debe anticiparse al intenso proceso de metropolización, para ordenar el crecimiento de las ciudades y ofrecer condiciones adecuadas a la producción, la convivencia y la reproducción social, aplicando una política preventiva que disminuya la vulnerabilidad y los efectos de los desastres en el territorio. Para garantizar el sano desarrollo de las ciudades es necesario disponer de tierra para el crecimiento urbano a través de oferta legal al alcance económico de los pobladores, aplicando para ello los recursos legales y administrativos de que dispone el gobierno. Será preciso vigilar que las dependencias públicas y los particulares cumplan los planes y normas que prevén el uso del suelo. Es urgente lograr el equilibrio entre los usos urbanos y las áreas verdes, del cual depende la capacidad de recarga de los acuíferos. Debemos igualmente dar valor a la prestación de servicios ambientales para proteger el equilibrio ecológico y evitar la expansión de la frontera urbana. La práctica de densificar las áreas ya urbanizadas permitirá reducir la presión sobre el suelo de conservación, necesario para mantener la sustentabilidad ambiental. El control del uso del subsuelo y del espacio aéreo es también indispensable, tanto por sus implicaciones operativas como por su necesaria aportación fiscal. Debemos transitar de la voluntad ciega de capitalizar a la naturaleza a través del mercado, a la descentralización basada en principios no mercantiles (potencial ecológico, equidad transgeneracional, justicia social,

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diversidad cultural y democracia); la sustentabilidad se define a través de significados y practicas sociales y de estrategias políticas diferenciadas. La política de transportes y comunicaciones tiene que ser componente fundamental de una estrategia integrada de desarrollo, que no se circunscriba a lo sectorial o a las competencias locales y regionales. Privilegiar el transporte colectivo sobre el individual implica, además de canalizar los recursos disponibles a la construcción de sistemas de transporte colectivo rápido, eficiente, cómodo y seguro, aplicar costos crecientes al uso privado de la vialidad, para evitar el estacionamiento en la vía pública y la congestión de las calles, a lo que contribuirá también la peatonalización de áreas comerciales de actividad intensa y el uso de la bicicleta y otros modos de transporte no contaminante, como el tranvía y el trolebús. Para ordenar el territorio no basta con la inversión pública, es necesario inducir y estimular la inversión privada de acuerdo con los planes establecidos legalmente, y buscar esquemas de inversión mixta cuando esta implique el beneficio social. El desarrollo urbano es compatible con la preservación ambiental; es posible controlar y disminuir sus impactos mediante la aplicación estricta de una normatividad adecuada y socialmente concertada. Una forma de alcanzar la equidad en las ciudades consiste en garantizar el acceso de toda la población a los servicios públicos, haciendo una distribución equilibrada de ellos en el territorio urbano, y en revertir la privatización del espacio público para hacer vigente la garantía constitucional de libre tránsito. La reivindicación, promoción y fortalecimiento cultural y patrimonial constituyen una de las palancas y ventajas competitivas más apreciadas dentro de la concurrencia globalizada; pero esta reivindicación resulta crucial no sólo por los banales objetivos de la promoción económica, sino por su significado en el fortalecimiento de la identidad local y de la apropiación y uso de los espacios y monumentos comunitarios. Si aspiramos a contar con una sociedad conciente, comprometida, responsable y participativa es urgente que establezcamos programas de información y capacitación para lograr que un número progresivamente mayor de ciudadanos participe en las decisiones que les afectan. Estos

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programas deberán implantarse tanto en el ámbito escolar como en los lugares públicos y a través de los medios, para que los mensajes sean accesibles a la población abierta. La formación de servidores públicos es otro factor clave para mejorar la calidad, eficiencia y honestidad en la prestación de los servicios.

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Vivienda digna y suficiente

La vivienda adecuada es una necesidad básica de las familias y los individuos, un derecho humano y social consagrado en la Constitución, y una condición para garantizar los derechos a la alimentación y la salud. Al mismo tiempo, es una parte sustantiva e inseparable del desarrollo urbano. La vivienda ocupa la mayor parte del suelo urbano y para que cumpla su función social depende de la disponibilidad de infraestructura y servicios públicos: vialidad y transporte, agua y drenaje, electricidad y otros energéticos, educación, salud y recreación. La penuria cuantitativa y cualitativa de vivienda ha sido una de las constantes del proceso de urbanización vivido por el país desde mediados del siglo pasado, lo cual la ha colocado como uno de los factores más importantes de organización y movilización ciudadana y de conflicto político. Todo ello coloca a la vivienda en el centro de los problemas a enfrentar por el Estado y la sociedad mexicanos en la construcción de un nuevo proyecto de nación. En la actualidad, las dos terceras partes de los nuevos hogares que se forman en México se ven excluidos, por su nivel de ingreso o la precariedad de su empleo, de los programas públicos de adquisición de vivienda de interés social. En las ciudades, la mayor parte de ellos se encuentran orillados a la auto-producción de sus viviendas, durante largos años, muchas veces sin normas mínimas de seguridad y habitabilidad, en asentamientos altamente precarios, ilegales o irregulares, sin servicios y en lugares con graves problemas medioambientales, de accesibilidad y riesgo. Los demás, en el marco de una escasez crónica de oferta de vivienda en renta,

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alquilan a precios especulativos, ya sea viviendas en lugares centrales con numerosos tugurios, cuartos en colonias populares periféricas, o viviendas de interés social adquiridas por acaparadores que trafican con el subsidio público. En el campo, la situación de la vivienda es más deplorable aún, por lo precario de su construcción: –espacio insuficiente y hacinamiento, materiales inadecuados y falta de equipo–, la carencia o mala calidad de la infraestructura y los servicios básicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica, y la ausencia o mala calidad de los servicios sociales de educación y salud en los miles de pequeñas localidades rurales dispersas. Además, no existen políticas gubernamentales adecuadas y suficientes de vivienda y equipamiento para enfrentar esta situación. La política habitacional, asimismo, se inscribe dentro de las políticas privatizadoras muchas veces inducidas por instancias internacionales que promueven el abandono de la acción pública, en pro de un “Estado facilitador” de la iniciativa de los particulares. Se deja a las fuerzas del mercado la oferta de suelo para vivienda y a los desarrolladores inmobiliarios capitalistas la oferta habitacional, limitándose los organismos nacionales de vivienda a ofrecer servicios financieros para la población solvente. Esta orientación de la política urbana es excluyente, genera condiciones habitacionales inhumanas y desequilibrios urbanos y medioambientales insostenibles. La transición demográfica en la que se encuentra el país, además de generar importantes necesidades de empleo, produce una creciente demanda de suelo urbano y de vivienda, debido al fuerte incremento en la formación de hogares. Durante los próximos treinta años, mientras la población crecerá en un 26.5%, los hogares lo harán en un 88.5%; lo que implica construir del orden de 20.5 millones de viviendas de aquí al año 2030. En promedio, se requerirán anualmente 720 mil nuevas viviendas, además de los espacios para la producción y el comercio, los equipamientos y servicios indispensables para un crecimiento urbano integral. En las principales ciudades del país, la satisfacción de esta demanda implicará la urbanización de alrededor de 450 mil hectáreas, más de la mitad de la superficie actual del sistema urbano nacional. La lucha contra la pobreza, por la equidad distributiva y la inclusión social pasa por el mejoramiento sustancial de la habitabilidad y las

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condiciones materiales de vida en las viviendas rurales y urbanas y en las colonias o localidades donde se ubican. Una política habitacional incluyente no puede limitarse a la construcción de unidades nuevas; debe incluir integralmente la reutilización, ampliación, mejoramiento o conservación de las viviendas existentes, creando instrumentos financieros, de comercialización de materiales, instancias de asesoría técnica y esquemas de financiamiento adecuados, sobre todo en el caso de los sectores populares. Debe impulsarse una política habitacional alternativa, que reconozca que la vivienda es, antes que una mercancía, una necesidad básica y un derecho humano de toda persona a un lugar donde vivir dignamente. Este derecho incluye la disposición de infraestructura y servicios públicos que garanticen el acceso a otros derechos como a la alimentación, la educación y la salud, y aseguren la habitabilidad del entorno. La política habitacional debe incluir, por tanto, el adecuado ordenamiento de su entorno y la disposición en él de estos satisfactores. Para ello, habrá de revertirse la excesiva desigualdad en la distribución de los recursos, que privilegia los programas de vivienda terminada para una minoría solvente, en detrimento de los programas de vivienda progresiva a los que pueden tener acceso la mayoría empobrecida de la población. Asimismo, el actual sistema de subsidios para la vivienda debe revisarse radicalmente con el fin de otorgar subsidios progresivos, inversamente proporcionales al ingreso de la población beneficiaria. La acción habitacional de todos los actores involucrados debe estar estrechamente vinculada a la planeación territorial y medio ambiental así como con la obra pública. La estrategia consiste en rescatar el papel de promotor de vivienda del Estado mexicano, sin el cual se pierde toda posibilidad de vincular la acción habitacional con el desarrollo social, económico, territorial y urbano. Pero el derecho a la vivienda implica, a su vez, el derecho de la población a participar en la elaboración y ejecución de las políticas que conciernen a este derecho fundamental. La acción habitacional de los organismos públicos de vivienda debe descentralizarse, reconociendo las particularidades estatales y municipales. Es urgente recuperar la función de promoción en la producción de suelo urbano y vivienda que han tenido en el pasado varios institutos estatales del sector.

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Para apoyar el acceso de las familias con ingresos inferiores a tres salarios mínimos a una vivienda digna es indispensable modificar los esquemas financieros prevalecientes y complementarlos con subsidios. Un sistema de financiamiento y asesoría a la promoción social de vivienda permitirá articular entre sí un conjunto de acciones (y de actores) concurrentes a apoyar el desarrollo ordenado de asentamientos populares y/o de conjuntos habitacionales de bajo costo, mediante: a) la oferta legal de suelo para los pobres; b) la fijación de subsidios, progresivos y transparentes; c) exenciones fiscales para los adquirientes de lotes y viviendas con ingresos inferiores a tres salarios mínimos; d) el reconocimiento y apoyo a organizaciones sociales, cooperativas, OSC, instituciones de profesionistas y académicas dedicadas a la producción social del hábitat. La creación de un programa financiero para la vivienda popular deberá vincularse con sistemas descentralizados y autogestivos de ahorro y préstamo, que gocen de incentivos y apoyos gubernamentales especiales, con el objeto de captar las sumas multimillonarias que, por el momento, centenares de miles de colonos entregan a “fraccionadores” clandestinos, funcionarios agrarios corruptos, comisariados ejidales y “líderes”. El derecho a la vivienda no es sinónimo de derecho a la propiedad de la misma. Tiene que diseñarse una política alternativa que promueva la conservación y el incremento del actual parque habitacional en renta, sobre todo en colonias populares para los estratos de bajos ingresos, particularmente en las ciudades con mayores flujos de migrantes (ciudades fronterizas y polos turísticos). El mejoramiento y ampliación de la vivienda campesina, o su sustitución si es necesario, y el ordenamiento y dotación de infraestructura y servicios sociales de buena calidad, debe formar parte integral de una política de largo plazo para garantizar el derecho a la vivienda digna y suficiente, pues los campesinos e indígenas son sujetos de él.

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Comunicación democrática

La revolución comunicacional en curso, cuyos alcances y consecuencias aún no pueden ponderarse plenamente, trae consigo la multiplicación de las posibilidades de interconexión, intercambio de información e interactuación. Pero al mismo tiempo hace más profunda y amplia la brecha entre los que tienen y los que no tienen, los que poseen y controlan los medios tecnológicos y los que quedan subordinados. Al tiempo que los grandes conglomerados económicos incrementan sus posibilidades de control y hegemonía, los pueblos pueden disponer de un instrumento que potencia sus capacidades de organización, proposición y desarrollo. Sin embargo, la accesibilidad a la tecnología de la información es diferenciada e inequitativa, a escala nacional, regional y mundial. La construcción de una comunicación democrática debe tener como objetivo ampliar a todos los habitantes el acceso a la tecnología de la información, cambiar las condiciones para el desarrollo y operación de los medios de comunicación y buscar un mayor equilibrio en los intercambios con los países desarrollados, en particular de los productos vinculados a la cultura y la educación. La tecnología de la información debe ser una de las herramientas principales para la inclusión social y el desarrollo, en función de lo cual debe conseguirse que todos los ciudadanos tengan acceso a los bienes o medios y a la obtención de capacidades; es decir, extender el conocimiento y la utilización de la tecnología de la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos niveles de gobierno y con todos los habitantes.

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Debe estimularse el involucramiento de la comunidad científica, ámbitos educativos, instituciones especializadas y empresas privadas en la investigación y producción de tecnología propia, con el propósito de obtener una progresiva independencia en el desarrollo comunicacional. Una forma de multiplicar esta posibilidad es la adopción y promoción del uso de software libre, cuyo desarrollo es una base importante para tener mayor libertad y autonomía en el mundo digital, con participación interactiva de los ciudadanos. Los medios electrónicos de comunicación constituyen hoy un serio problema para el desarrollo de la democracia. En la actualidad, existen en México 1142 concesiones de radio en AM y FM (aprox. 60% en AM), 195 permisos de radio en AM y FM, 461 concesiones de televisión (Televisa controla el 66% y TV Azteca el 31%), 169 permisos para televisión (82% en gobiernos estatales, 4% en asociaciones civiles, 3% en universidades y municipios 1%). Su control está sumamente concentrado y con intereses ligados históricamente a los gobiernos de turno: las cinco redes nacionales de televisión están en manos de dos personas que, en última instancia, son las que deciden qué ven y oyen cien millones de mexicanos. La radiofonía tiene la mayor parte de las concesiones en las manos de diez grandes grupos. Aunque hay mayor apertura y pluralidad, sobre todo en el ámbito estatal y local, su control en el ámbito nacional es muy concentrado. Como si ello no fuera suficiente el actual gobierno les regresó por decreto a los medios electrónicos, en octubre de 2002, el 12.5% de tiempo aire de que disponía el Estado. Desde entonces estos medios se fueron convirtiendo en un verdadero poder político, distorsionando severamente su función y alterando la relación entre instituciones y sociedad. Los medios que controla el gobierno no son suficientes y carecen de recursos adecuados para establecer algún equilibrio. Las iniciativas independientes carecen de marco legal y son combatidas por el interés privado. Por su parte, internet, el más abierto de los medios y el de mayor capacidad revulsiva es, al mismo tiempo, el de acceso más limitado para la mayoría. Esta realidad señala que el derecho a la información y la democratización de la comunicación, es todavía un objetivo a conseguir. En la médula de la cuestión se encuentra una legislación obsoleta, un legis-

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lativo paralizado y temeroso de abordar el tema, un gobierno que no tiene voluntad política ni le interesa un cambio de fondo y una oposición subordinada al poder mediático. En noviembre de 2004 se anunció la presentación pública, para su discusión, de un anteproyecto de nueva Ley de radio y televisión, elaborado por la subcomisión respectiva del Senado de la república, pero no hay garantías de que el resultado sea una norma legal que responda a las necesidades de la sociedad mexicana en este campo. Es necesario rescatar el carácter de interés público de los medios de comunicación, hacerlos accesibles a distintos sectores de la sociedad, diversificar concesiones y permisos, establecer acuerdos sobre el desarrollo de contenidos en función de necesidades culturales y educativas e instrumentar mecanismos de vigilancia y control. Los medios, en tanto concesiones, deben atender a necesidades de las políticas de Estado, no de gobierno, y estas, a su vez, establecerse desde las necesidades del conjunto de los habitantes. Los medios que son permisionados deben definirse claramente como medios públicos, de Estado, con el marco legal correspondiente y claras políticas de financiamiento. Los medios comunitarios o surgidos de iniciativa social deben tener protección legal y facilidades operativas. Para ello, hay cambios profundos e integrales planteados desde la sociedad que los gobiernos han eludido sistemáticamente. Durante la actual administración, se ha promulgado la Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental que constituye un avance importante a pesar de las resistencias en distintos niveles de gobierno, pero siguen congeladas las iniciativas para reglamentar los artículos 6º y 7º de la Constitución, las propuestas para reformar la Ley de radio y televisión (hoy en discusión), que data de 1960 y deja a discreción del ejecutivo el otorgamiento de concesiones y permisos, y las correspondientes a la Ley de imprenta de 1917 que afecta a la libertad de expresión. Otros rezagos normativos urgentes de atender tienen que ver con transparencia publicitaria, derecho de réplica, código de ética periodística, cláusula de conciencia, y secreto profesional. Asimismo, debe legislarse sobre gastos de campañas electorales y precampañas, prohibición de venta de espacios publicitarios a los partidos políticos y creación de un consejo ciudadano de regulación y control.

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Una ciudadanía bien informada y crítica requiere de espacios mediáticos diversos, plurales y abiertos, alineados con el interés público no con el éxito en el mercado, sea político o comercial. La diversidad cultural y étnica, que son parte indisoluble de nuestra identidad nacional, deben tener expresión plena a través de los distintos medios de comunicación y en el intercambio informativo. Es parte de una política de Estado. Esto requiere apoyar y ampliar las experiencias alternativas, fortalecer el sistema radiofónico indígena, impulsar la radio y televisión comunitarias, recuperar la presencia oficial a través de medios locales, estatales y federales y transformar integralmente la legislación existente desde los planteamientos efectuados por la sociedad. El intercambio comunicacional con otros países es desventajoso para México y América Latina, desventaja apenas matizada con el esfuerzo de la sociedad en la construcción de redes alternativas. Según los países hegemónicos la información debe circular como mercancía, no como instrumento para enriquecer la formación y el conocimiento de las personas. La selección, tratamiento de contenidos, producción y difusión a escala mundial, está en manos de unos pocos mega-grupos de multimedia que simplifican los acontecimientos y los presentan como espectáculos de alto impacto sensorial, sin rigor, descontextualizados, fraccionadamente, sin análisis. Los medios locales reproducen funcionalmente el mismo esquema. México está desprotegido, aun en el ámbito de tratados comerciales, porque esta materia, al igual que la producción cultural, no han sido de la preocupación de sus gobiernos. La actual administración considera que los productos de las industrias culturales son de esparcimiento y comercio, en tanto sobre la cuestión comunicacional carece de posición. La comunicación y la información no son una mercancía, son una cuestión cultural y educativa con impacto en el desarrollo de nuestra propia identidad. Esto significa que en las relaciones de intercambio deben constituir una “excepción cultural”, figura que en los tratados comerciales protege los bienes y servicios con contenido cultural y evita su tratamiento como mercancía. La “excepción cultural” es una cláusula que se utiliza en la OMC y permite que bienes relacionados con la producción cultural y la propiedad intelectual no sean tratados

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como mercancías en el mercado mundial. En América Latina sólo Brasil tiene propuestas de protección de su industria cultural. No está claro que la “excepción cultural” incluya a la comunicación y la información. Este enfoque requiere de políticas articuladas con el resto de América Latina para fortalecer posiciones al momento de negociar con los países hegemónicos y de revisar los apartados correspondientes del TLCAN y de todos los tratados comerciales presentes y futuros.

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Nueva constitucionalidad

Como hemos visto, determinar un nuevo rumbo para construir una nación diferente, de acuerdo con los lineamientos esbozados en esta propuesta, exige la revisión y reforma de diversos aspectos del texto actual de la Constitución mexicana, es decir, la construcción de una nueva constitucionalidad. La Constitución de Querétaro de 1917, desde que comenzó a aplicarse y durante largas décadas de la vida del país, permitió avances notables: el reparto de la tierra, el reconocimiento de derechos de los trabajadores, el rescate y manejo de los recursos naturales, la creación del sistema de seguridad social, el desarrollo de la educación y la cultura, la integración del territorio, etcétera; pero al mismo tiempo se dieron retrocesos y desviaciones en aspectos fundamentales como la educación, la política agraria y la equidad social, entre otros. Desde hace más de dos décadas comenzó un torpedeo sistemático y conciente, reconocido por las altas autoridades del Estado, de la obra de la revolución. Al mismo tiempo, se inició una etapa de retroceso social y económico, que hoy se refleja en el debilitamiento o desmantelamiento de instituciones de gestión del desarrollo –banca de fomento, Pemex, Conasupo, comisiones de desarrollo regional, etcétera–, en la privatización de actividades claves para sustentar un desarrollo independiente –petroquímica básica, generación eléctrica, industria de fertilizantes, líneas aéreas, comunicación satelital, entre otras–, en la casi total extranjerización de la banca comercial, en el abandono de las responsabilidades sociales del Estado, en la cancelación de programas gubernamentales básicos como el extensionismo rural, en el crecimiento

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de la pobreza, el estancamiento de la economía, el aumento de la desocupación y de la migración, en la pérdida de valores que nos dan identidad como pueblo y como nación, y en el grave deterioro de sectores productivos como la agricultura y la empresa industrial mediana y pequeña. En el terreno político, el régimen, al irse apartando con el correr del tiempo de los compromisos de la revolución, fue concentrando el poder de decisión en la presidencia de la república y esta, en los últimos sexenios, lo ejerció –y lo ejerce actualmente– en forma facciosa y corrupta, para beneficio de unos cuantos, tanto de dentro como de fuera del país. Frente a ello, el movimiento democrático ha logrado una mejor democracia electoral que, aún por consolidarse, ha dado fin al régimen de partido de Estado y ha impuesto la alternancia de personas y de partidos políticos en la cabeza del Estado. Pero la riqueza se ha concentrado de manera excesiva en grupos cada vez más reducidos, la pobreza ha crecido dramáticamente, la economía es más débil y el país es más dependiente de los intereses que dominan la vida política y financiera de Estados Unidos, y se está muy lejos de alcanzar los objetivos que la mayoría de los votantes del 2 de julio del 2000 esperaban al optar por la alternancia: paz con justicia y dignidad en Chiapas, empleo, elevación del ingreso, oportunidades para los jóvenes, reactivación de la economía, combate real y efectivo contra la corrupción en el Fobaproa-IPAB, Amigos de Fox, Vamos México, etcétera. La Constitución de 1917 ha sido desarticulada y desnaturalizada principalmente mediante las muchas reformas parciales introducidas para legalizar el régimen político de partido de Estado, presidencialista y autoritario, y desde 1983 para adecuarla al patrón de acumulación neoliberal y de globalización conducido por los grandes intereses financieros multinacionales. En su estado actual, no puede garantizar la transición plena a la democracia participativa, ni satisfacer las aspiraciones de la mayoría de los mexicanos. No está actualizada, pues no responde a los más ingentes problemas que agobian en distintos ámbitos de la vida social, incluido el ejercicio y respeto plenos de aquellas nuevas garantías y derechos individuales, sociales y civiles que hoy reclamamos los mexicanos. Por lo anterior, es preciso realizar una cuidadosa y exhaustiva revisión de la la Carta Magna para determinar qué cambios son necesarios

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con el fin de restaurar su condición de Constitución Política. Para ello, habrá que convocar a esa revisión y, en cuanto esta se concluya, debe someterse el proyecto a una amplia consulta y discusión en todo el país, que permita conocer el sentir de la ciudadanía, antes de disponer de una propuesta definitiva que se someta a la consideración del Congreso de la Unión en su calidad de constituyente permanente, o a un Congreso Constituyente, que se convoque con fundamento en los artículos 39 y 135 constitucionales. Las condiciones políticas existentes en el momento de convocar a la discusión del proyecto de reformas definirán cuál puede ser el mejor procedimiento para devolver a la Constitución su carácter originario, incorporándole las actualizaciones necesarias, lo que equivaldría a la discusión de una nueva Constitución. Como punto de partida, esta revisión integral deberá respetar, consolidar y ampliar las conquistas sociales consagradas en la Constitución de 1917, cuya pertinencia se mantiene inalterada. En la renovación constitucional debemos poner especial cuidado en la revisión de algunos temas sobresalientes, como las reformas hechas principalmente en los dos últimos decenios para adecuarla al proyecto neoliberal y a la globalización. Entre los temas más graves destacan los siguientes: las formas de tenencia de la tierra y los derechos agrarios; el acceso al suelo urbano; el control de la nación sobre los recursos naturales estratégicos y su explotación; el papel del Estado en la producción y gestión de la infraestructura estratégica hidráulica, de comunicaciones, transportes, y los servicios públicos esenciales de educación y salud; la privatización de lo público; la planeación del desarrollo; los derechos de los pueblos indígenas y el sistema judicial. Las reformas y modificaciones constitucionales deben sustentar la transición a un sistema político plenamente federal, de democracia representativa y participativa, y republicano, lo que requiere de una profunda reforma del Estado actual. La reforma del Estado que hoy se reclama debe orientarse a la superación de marginaciones sociales y rezagos regionales; a la incorporación de los avances científicos y tecnológicos a los aparatos productivos; a la creación de un orden mundial justo y equitativo; a una inserción y participación del país en los procesos de globalización en condiciones

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de equidad; a la ampliación y el fortalecimiento de un régimen de respeto a las garantías y libertades individuales; a garantizar un orden de equilibrios entre los poderes federales, estatales y municipales; al reconocimiento de nuevos derechos, tanto individuales y colectivos como de la diversidad; a dar transparencia y garantizar rectitud a las decisiones y acciones de los poderes públicos. Esta reforma debe considerar la democratización del poder ejecutivo y del ejercicio mismo del poder, para lo cual proponemos se lleven a cabo las reformas constitucionales necesarias para establecer un régimen de gobierno de gabinete o semipresidencial, en el que un jefe de gabinete designado por el presidente y aprobado por el Senado coordine las actividades de éste, lleve la relación del ejecutivo con el legislativo y sea, al igual que los secretarios de Estado, responsable ante el Congreso. La reforma referida deberá incluir las previsiones para la integración de nuestro país a la comunidad de pueblos y naciones de América Latina y el Caribe: el nombramiento de autoridades supranacionales –ejecutivas, judiciales, cuerpo legislativo–; el establecimiento de la nacionalidad latinoamericana; el reconocimiento de derechos comunes para los latinoamericanos. Será necesario normar los procesos de participación ciudadana y aprobación legislativa mediante los cuales sea posible establecer convenios, tratados y acuerdos en condiciones de equidad con otras naciones en pactos económicos, políticos y culturales, para garantizar plenamente la soberanía nacional en el marco de una globalidad equitativa. La reforma del Estado deberá también establecer la elección de los procuradores de justicia por voto popular, y considerar la reforma del poder judicial para garantizar una justicia igual para todos, recta y expedita. Asimismo, deberá fijar las normas para la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, y las de exigibilidad correspondiente a los ciudadanos. La incorporación de principios para regular la operación de los medios de comunicación e información en su calidad de prestadores de un servicio de interés público, es determinante para la seguridad nacional; en ellos debiera preverse que las concesiones otorgadas por el Estado no constituyeran monopolios.

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En la nueva constitucionalidad deberá abordarse la determinación de los sectores económicos estratégicos –el de energéticos, por ejemplo– y prioritarios, estableciendo con claridad los principios a cumplir para asignarles esa calidad, así como las facultades y la intervención correspondiente al Estado. Las facultades del poder ejecutivo deberán acotarse en dos ámbitos: la precisión de la condición de obligatoriedad de la aprobación del Congreso para todo empréstito que comprometa el crédito y las finanzas de la nación; y la obligatoriedad de que toda enajenación del patrimonio nacional –toda privatización, por ejemplo– y la suscripción de tratados, acuerdos o convenios internacionales requiera la aprobación expresa y específica del Congreso y, en casos determinados, por la importancia del bien patrimonial o los alcances del pacto, una consulta ciudadana previa. La modificación del sistema de planeación del desarrollo haría constitucionalmente obligatorio el cumplimiento de los planes para el Estado, y establecería los mecanismos de elaboración, consulta ciudadana, de revisión y ajuste periódicos, aprobación legislativa, supervisión y sanción por incumplimiento. Es preciso llevar a cabo también, como parte de la propia reforma del Estado, una reforma territorial, que implique la puesta en práctica de programas federales, estatales y municipales en materia de desarrollo económico y social, de animación y coordinación de políticas culturales, de medio ambiente, urbanas y del campo, así como la coordinación de acciones de diversa naturaleza para impulsar los desarrollos regionales y metropolitanos. Se trata, en síntesis, de dar una nueva visión para el ordenamiento del territorio, el aprovechamiento de los recursos naturales y productivos y del desarrollo regional, logrando los equilibrios adecuados entre los tres ámbitos de gobierno y las distintas componentes del territorio nacional. Habrá que avanzar sustantivamente en procurar la sustentación de una nación pluriétnica y pluricultural, empezando por el cumplimiento pleno de los Acuerdos de San Andrés. La revisión del artículo 27 constitucional vigente permitiría devolver a los campesinos el derecho a la tierra, dando a la parcela la calidad de patrimonio familiar inalienable, así como la incorporación de

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normas para refuncionalizar productivamente cada unidad de desarrollo rural. Si se considera que no puede haber tierra para satisfacer toda la demanda agraria, en los casos en que no resulte posible dotar a núcleos solicitantes, podría transformarse el derecho a la tierra en un derecho al trabajo, que el Estado debe garantizar. Necesitamos reconstituir y ampliar la responsabilidad del Estado, sus tres poderes y sus instituciones, para garantizar el respeto a los derechos humanos, sociales y civiles, mediante el reconocimiento expreso del derecho que la población tiene para exigirlo. Hay que incluir en la constitución las nuevas garantías individuales y sociales que reclaman los mexicanos de hoy, crear las instituciones estatales y ciudadanas que los protejan y los instrumentos que permitan avanzar hacia la exigibilidad por parte de los ciudadanos, de derechos ya consagrados en la Constitución: al trabajo, a la salud, a la vivienda. Incorporar, en primer lugar, el derecho a la educación pública, laica y gratuita, en todos los niveles –desde el jardín de niños hasta la educación de postgrado–, garantizando el Estado el acceso y permanencia dentro del sistema educativo público para todo aquel que cumpla con los requisitos académicos. Los migrantes, migrantes en tránsito, indígenas, mujeres y niños, entre otros, requieren mayor protección y mejor trato. Es necesario pensar en la elaboración de un Código de derechos sociales y humanos que armonice su concepción, incorpore su amplio contenido y sistematice las disposiciones de los tratados internacionales celebrados por nuestro país en estas materias. Debemos reconstruir el pacto federal en forma equitativa e incluyente. Revisar las competencias federales, estatales y municipales, y aquellas que deban corresponder a las conurbaciones, así como, en su caso, crear autoridades o gobiernos metropolitanos. Transformar el Distrito Federal en el estado 32 de la Federación, con un congreso con plenas facultades, eliminando las facultades que actualmente tiene el presidente de la república para intervenir en decisiones que son del ámbito exclusivo del Distrito Federal –como las designaciones de procurador general de Justicia y secretario de Seguridad Pública, y el endeudamiento del gobierno de la ciudad–. Y reforzar la autonomía municipal, dando

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respuesta a nuevos problemas como la creación de gobiernos metropolitanos y formas de asociación de municipios y regiones para el desarrollo. Habrá que elevar a rango constitucional las figuras de plebiscito, referéndum, revocación del mandato, consulta ciudadana e iniciativa popular; y crear espacios, procesos y formas institucionales de participación democrática de los ciudadanos en materia de procesos legislativos, en las decisiones fundamentales de la administración y la gestión pública local, en la planeación en sus diversos sectores y niveles, en la gestión de la educación, la salud y otros servicios públicos, en la contraloría y auditoria del desempeño de los funcionarios, y en la exigibilidad y vigilancia del respeto a los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución y las leyes. También se requiere incorporar nuevos derechos del individuo para tomar parte en decisiones que lo afecten como integrante de un centro laboral, como consumidor de productos básicos, usuario de servicios públicos, como residente de una colonia o un barrio, una ciudad, un municipio, un área metropolitana.

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Índice

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. País soberano en un mundo en integración . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Nación pluriétnica y pluricultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3. Sociedad igualitaria, incluyente y sin pobreza . . . . . . . . . . . . . 21 Derecho al trabajo con salario digno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Derecho a la educación pública laica y gratuita . . . . . . . . . . . . 23 Derecho a la salud y la seguridad social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Derecho a la vivienda digna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Derecho a la alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Derecho a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Derechos y oportunidades para los adultos mayores . . . . . . . . . 27 4. Otro patrón de desarrollo económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5. Economía sustentable con crecimiento sostenido y equidad distributiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6. Finanzas públicas para la equidad y el desarrollo . . . . . . . . . . . 42 7. Integración de la informalidad y promoción de la economía popular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 8. Desarrollo rural equilibrado, justo y sustentable . . . . . . . . . . . 53 9. Desarrollo tecnológico con sustentabilidad ambiental y social. . . 59 10. Justicia y solidaridad para los trabajadores . . . . . . . . . . . . . . . 63 11. Garantías individuales y sociales efectivas . . . . . . . . . . . . . . . . 67 12. Igualdad de género y derechos de la mujer . . . . . . . . . . . . . . . 70 Igualdad y equidad entre los sexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Derechos de procreación y salud reproductiva . . . . . . . . . . . . . 73

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Presupuestos públicos con equidad de género . . . . . . . . . . . . . . 77 Colaboración de organizaciones sociales con el Estado. . . . . . . 78 Oportunidades para los jóvenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Educación integral para todos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Derecho a la salud y la asistencia social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Cultura democrática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Democracia participativa con estado de derecho . . . . . . . . . . . 102 Estado socialmente responsable y promotor del desarrollo . . . 107 Regulación social de lo público, lo privado y lo comunitario . 113 Federalismo equitativo y municipio libre . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Sociedad segura, con justicia y sin corrupción . . . . . . . . . . . . 119 Administración pública honesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Estado de derecho y justicia equitativa y eficaz . . . . . . . . . . . 121 Combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico . . . . . 125 Territorio integrado y sustentable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Vivienda digna y suficiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Comunicación democrática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Nueva constitucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

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