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Acuerdos para evitar la Doble Tributación en América Latina. Análisis de los vínculos entre los impuestos, el comercio y las finanzas responsables.

Resumen ejecutivo

Acuerdos para evitar la Doble Tributación en América Latina. Análisis de los vínculos entre los impuestos, el comercio y las finanzas responsables1 Buenos Aires, 28 de abril de 2013.

Resumen ejecutivo

1 Esta publicación es el Resumen Ejecutivo del libro que lleva el mismo nombre y que ha sido publicado por Latindadd. Toda la información aquí presentada se apoya en los estudios de casos allí publicados. Consultar: www.latindadd.org

Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos) Jr. Daniel Olaechea 175, Jesús María Teléfono y Fax: (51) (1) 207 6856 y (51) (1) 207 6840 Lima, Perú www.latindadd.org

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Coordinación del estudio: Esteban Serrani (Latindadd) estebanserrani@yahoo.com.ar Adrián Falco (Fundación SES) der@fundses.org.ar Diagramación y diseño: Kurt Dreyssig Obra pictórica de tapa: “Las manos de la Protesta “ de Oswaldo Guyasamín Impresión: Talleres gráficos Manchita. Buenos Aires, mayo de 2013

Este documento ha sido elaborado con la asistencia financiera de NORAD, Agencia de CooperaciónNoruega. Los contenidos de este documento son responsabilidad de Latindadd y Fundación SES y bajo ninguna circunstancia debe considerarse como la posición que refleja la organización financiadora.

Índice PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA. ...................................................................................4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. ...............................................................................................6 IMPACTOS DE LOS AEDT Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ..............7 País por país Argentina ...................................................................................................................10 Colombia ....................................................................................................................12 Ecuador ......................................................................................................................14 Nicaragua ...................................................................................................................16 Uruguay .....................................................................................................................18 Venezuela...................................................................................................................20

AUTORES y ORGANIZACIONES .......................................................................................22

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA.

os países latinoamericanos han vivido en las últimas décadas enormes vaivenes y momentos económicos críticos que de forma recurrente han conllevado a enormes costos sociales. Su signo más notorio ha sido el aumento de los niveles de desempleo, desigualdad y pobreza, al punto de identificarse como la región que, aún sin ser la más pobre del mundo, tiene la distribución más regresiva del ingreso. En general, es reconocible por las sociedades el rol progresivo o regresivo del gasto público en relación a sus prioridades de inversión, tomando como dimensión de debate la capacidad de la intervención del Estado en la economía. De todas formas, las diferencias no suelen ser tan claras cuando se observan los debates sobre la política fiscal. En forma amplia, existe una clara divisoria ideológica y de posiciones entre países y políticas económicas respecto a la cuestión fiscal. Por un lado, están los países que sostienen la concepción de un “Estado Mínimo”, donde la presión impositiva no debe ser inhibitoria para quienes, teniendo recursos/capitales, se sientan incentivados a invertir. De forma antagónica, están quienes sostienen la idea de un “Estado Activo”, con un sector público que juegue un rol promotor, ordenador y redistribuidor, donde su presión tributaria recae en quienes tienen mayor capacidad contributiva. Resulta notorio que con gobiernos de distinto signo político en la mayor parte de los países de América Latina, incluidos los que se encuentran bajo atención en este estudio, en las últimas décadas las estructuras tributarias crecientemente han estado basadas en la percepción de impuestos indirectos de más fácil recaudación (valor agregado, ventas, ingresos brutos) pero considerados de carácter más regresivo, por tener su significación un peso relativo mayor para los sectores medios y bajos. En tanto, en una tendencia similar en todo el mundo, ha ido disminuyendo la presión tributaria y su peso relativo en la recaudación fiscal, de los impuestos de carácter directo, a los patrimonios o ganancias, que, se reconoce, pueden tener efectos positivos en la redistribución del ingreso bajo el principio: quien más tiene, más paga.

Se reconoce que en los últimos años los gobiernos latinoamericanos más progresistas han puesto el énfasis en redimensionar el gasto público y mejorar la recaudación fiscal, pero no así en la introducción de cambios estructurales en la arquitectura impositiva. La continuidad implica un desequilibrio estructural de las cuentas estatales, con un perverso fenómeno paralelo que imposibilita una distribución más justa de las cargas tributarias y la superación de límites históricos para una acción pública que establezca vínculos

más equitativos entre el desarrollo económico, las inversiones extranjeras, los impuestos, el comercio y las finanzas responsables. A la persistencia de privilegios fiscales, las excepciones y vacíos normativos se suman fenómenos muy significativos de evasión y elusión. La internacionalización de la economía mundial y los cambios tecnológicos han facilitado notablemente los flujos de mercadería, servicios y las transacciones económicas (financieras y comerciales). En definitiva, las nuevas condiciones también generan límites y desafíos de tributación y fiscalización como ser:

a. ¿Qué actitud deben tener los gobiernos de América Latina en relación al capital extranjero?

b. ¿Qué jurisdicción debe reconocerse para el cobro de impuestos a empresas que operan a nivel internacional?

c. ¿Cómo evitar que las medidas que se tomen para evitar la “doble tributación”, es decir el cobro superpuesto de impuestos en distintos países por el mismo activo económico, se termine convirtiendo en una “doble-no-tributación”?

Dado el sentido y el contexto del desarrollo de los Acuerdos para evitar la Doble Tributación (AEDT) en los distintos países de América Latina, estos representan una importante amenaza para sostener en el tiempo la financiación del desarrollo y las infraestructuras sociales. Y esto se debe, en muchos casos, por la distribución inequitativa de la recaudación, por el (muchas veces) escaso apoyo técnico de la administración tributaria para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones pactadas, y por la posible vinculación de los AEDT con zonas grises de acumulación, como los paraísos fiscales y los fenómenos de elusión fiscal agresiva de las empresas multinacionales. La concentración en la eficiencia productiva y el crecimiento como vía unívoca hacia el mayor desarrollo económico, ha buscado opacar y desprestigiar la importancia de las finanzas públicas y de los ingresos tributarios nacionales para la financiación de un modelo sostenible e incluyente de desarrollo. Así han justificado, al tiempo, la reducción de los impuestos sobre los ingresos del capital, y el traslado de la carga tributaria al consumo interno. Esto ha dado lugar a una mayor regresividad de la política fiscal en la región, que se convierte en un factor que acentúa las desigualdades e inequidades.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

n líneas generales, el estudio que aquí se presenta tiene como objetivo estudiar los impactos de estos AEDT en el financiamiento estatal y la estructura tributaria en América Latina, y abrir el diálogo para constituir sistemas tributarios más progresivos y justos en la región. De forma específica, el estudio se propuso:

Comprender el contenido de las políticas de los AEDT celebrados por algunos países latinoamericanos, como Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua2, Uruguay y Venezuela.

Conocer los vínculos de estos AEDT con los acuerdos comerciales y de protección a las inversiones extranjeras.

Analizar los posibles beneficios y las principales desventajas de los AEDT para los países en desarrollo, especialmente los latinoamericanos.

Estudiar cómo la política de los países desarrollados podría garantizar un mejor reparto de los impuestos involucrados en los AEDT para los países en desarrollo.

Generar recomendaciones de políticas públicas desde la perspectiva y los intereses de los países de la periferia, que sirvan para mejorar la base impositiva de los Estados en desarrollo.

2 Si bien Nicaragua no ha firmado ningún AEDT, resultó relevante incluir su estudio para analizar la problemática de la tributación internacional desde otro abordaje complementario.

IMPACTOS DE LOS AEDT Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS. A nivel general:

Debe reconocerse la inconveniencia de asumir acríticamente el modelo de la OCDE y las contradicciones que establece frente al interés público de un país en desarrollo. Se deben tener en cuenta los desarrollos de la OCDE en cuanto a las denominadas buenas prácticas sobre los precios de transferencia, la competencia fiscal perniciosa, la transparencia e intercambio automático de información pero considerando sus insuficiencias, debilidades y conveniencias para América Latina.

II.

Lo anterior debe dar lugar al reconocimiento de la relevancia y conveniencia del modelo de la ONU. Resulta de gran importancia asumir (críticamente) la producción de recomendaciones y estándares en temas como el establecimiento permanente, la lucha contra la fuga de capitales, la evasión y elusión fiscal, la cooperación internacional en el área fiscal y el fortalecimiento de la capacidad de las administraciones tributarias de países en desarrollo.

III. Debería impulsarse y hacerse efectiva una normatividad regional respecto de la negociación y concreción de AEDT entre los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y también a nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Esta podrá definir principios y procedimientos, así como un marco de negociación respaldado en la preparación y capacidad de los equipos tributarios nacionales, dando a este tema la formalidad e importancia que merece. En los mismos, se debería contemplar, primordialmente, el principio fuente en lugar del principio de residencia para el cobro de impuestos.

IV. Se advierte, además, la necesidad de avanzar en un modelo UNASUR de AEDT desde la perspectiva de los países latinoamericanos. De esta manera, se puede repensar la experiencia del modelo del Pacto Andino de la década de 1970, sobre todo en sus fundamentos por contemplar el principio de la fuente como rector de la política tributaria regional. El modelo UNASUR, por ejemplo, podría ser un modelo para superar las limitaciones de los modelos vigentes, terciando entre el modelo de la ONU y el modelo de la OCDE.

A nivel UNASUR, impulsar la integración y el crecimiento comercial regional, el cual se vea acompañado de esta normativa de tributación intra-regional que no acreciente las asimetrías económicas, sino que tienda a reducirlas, fomentando relaciones comerciales justas.

VI. En este aspecto, es necesario impulsar el tema desde el Grupo de Trabajo sobre Integración Financiera (GTIF) de UNASUR, vinculando los impuestos con la política tributaria regional, el comercio y las finanzas responsables.

VII. Las administraciones tributarias deben propender a una revisión periódica anual de las cláusulas de los AEDT en relación a las estrategias de planificación fiscal que las firmas involucradas desarrollan. Es decir, la revisión periódica del contenido de los AEDT se debe ir ajustando a los resultados efectivos que se derivan de las practicas tributarias, en virtud de que los acuerdos para “evitar la doble tributación” no terminen habilitando una “doble no tributación” o que solamente erosione las bases imponibles de los países en desarrollo.

VIII. La revisión periódica de los impactos de los AEDT en las estructuras tributarias latinoamericanas debe ser entendido como un primer paso para debatir el conjunto de normativas y tratados internacionales que protegen las inversiones extranjeras, como ser la necesidad (o no) de continuar con los TBI, el uso de los controles de movimientos de capitales, y demás legislación sobre IED. De esta manera, se requiere avanzar en una reforma impositiva integral, que revierta la estructura básicamente regresiva que se mantiene y cuya arquitectura general ha seguido sin cambios sustantivos desde la década neoliberal de los ´90.

IX. Es preciso impulsar y coordinar posiciones y acciones en América Latina para exigir una mayor transparencia informativa, impositiva y aduanera sobre operaciones y movimientos comerciales y financieros. Debieran analizarse iniciativas comunes como ser:

i. Coordinar campañas sobre el significado de mecanismos de elusión/evasión tributaria y el debate y difusión de casos concretos,

ii. Vincular la elaboración de propuestas impositivas alternativas con debates más amplios de modelos económicos y de complementación integración regional,

iii. Estudiar la viabilidad de proponer desde los movimientos sociales un modelo de acuerdo de información aduanera

y tributaria, no sólo con el propósito de ofrecer una alternativa instrumental ante la anulación de los AEDT, sino también superar los notorios límites y restricciones de transparencia informativa.

X. Finalmente, las políticas tributarias y fiscales deben constituirse en instrumentos centrales para los procesos de redistribución de la riqueza y el ingreso, y de financiación del desarrollo y de las infraestructuras sociales; y no en vehículos de mayores niveles de concentración y exclusión que dan lugar a mayores niveles de conflictividad social. Sin embargo, para la generación de cambios y transformaciones es fundamental que exista un ejercicio pleno de la ciudadanía en el campo de la fiscalidad nacional respecto de temas y problemas como la tributación, la política fiscal y la justicia fiscal. Esto implica que se deben asegurar:

i. Las condiciones de transparencia, ii. Acceso a la información, iii. La participación en la construcción de los presupuestos públicos. Estas medidas son condición para el desarrollo de procesos de monitoreo y evaluación efectivos por parte de la sociedad civil y sus formas organizativas, y para la construcción de sistemas fiscales verdaderamente justos y democráticos.

A Argentina

1) Los cambios recientes en el marco económicofinanciero del país, que ha llevado a la introducción de controles a la transacción de divisas, plantea objetivamente nuevas condiciones y requiere una mayor atención a la utilización de los AEDT. Los Estados deben evitar que los AEDT permitan tanto actividades económicas que involucren paraísos fiscales como maniobras de subfacturación de exportaciones, sobre-facturación de importaciones y planificación fiscal, de fuga de capitales, elusión y evasión fiscal.

2) De

acuerdo a la normatividad existente, las transferencias de fondos desde y hacia Argentina deben ser realizadas de acuerdo a las regulaciones del Banco Central de forma de evitar que los ingresos de fondos desde el exterior tengan destino exclusivamente especulativo, el 30% de los mismos puede llegar a ser congelado como un depósito obligatorio no remunerado (que no devenga intereses) durante un año; requisito que no se plantea cuando se trata de inversiones en activos fijos e inventarios.

3) Argentina

ha abierto una perspectiva para el análisis y el debate de alternativas a los AEDT. La decisión tomada por el gobierno de revisar los acuerdos vigentes con la creación de la “Comisión Evaluadora y Revisora de Convenios para Evitar la Doble Imposición”, determinó la reversión de los AEDT con Austria, Chile, España y Suiza.

4) Sin embargo, no existe en Argentina un sistema informativo ni estudios públicos y/o académicos sistemáticos sobre los efectos de los AEDT en la recaudación fiscal.

5) En base a la información pública se pudo conocer que la elusión fiscal a través de ingenierías tributarias con Chile representó en 2011 desmedros para el fisco argentino de 75 millones de dólares.

6) Asimismo,

la elusión total utilizando la ingeniería del AEDT de España fue calculada sólo para el año 2011 en más de 60 millones de dólares, representando algo más del 8% de la recaudación anual de ese período del impuesto a los bienes personales.

7) Entre

las empresas que utilizaron la fórmula para eludir el pago de impuestos el informe de la “Comisión” señaló firmas como la francesa Danone, el supermercado estadounidense Wal-Mart, la cadena de supermercados chilena Cencosud, la petrolera brasileña Petrobras, la automotriz General Motors, la cementera suiza Holcim, la química de EE.UU Monsanto y grandes grupos argentinos como la siderúrgica Techint, y la alimenticia Aceitera General Deheza.

8) De todas formas, pese a su positiva contribución en la investigación, la estructura de la “Comisión” es muy limitada (un total tres funcionarios, representando cada uno al Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Administración Federal de Ingresos Públicos) y además, no posee participación y/o vinculación institucionalizada con otros ámbitos de la sociedad (su único compromiso es la presentación de informes parciales y uno anual, pero tampoco se esclarece si serán públicos).

9) Los movimientos sociales deben exigir mayor transparencia y la apertura de una instancia formal para la canalización de aportes, denuncias y propuestas.

10) Finalmente, un tema central con debate aun pendiente en Argentina, muchas veces anticipado en los últimos años, es el de encarar una reforma impositiva en líneas con los objetivos proclamados de asentar el crecimiento económico y revertir la dinámica regresiva de la distribución del ingreso.

C Colombia

1) El

avance reciente del proyecto neoliberal en Colombia se ha manifestado en un impulso notable a la concreción de tratados de libre comercio, acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones y acuerdos para evitar la doble tributación. De estos últimos, están vigentes cuatro de carácter integral, con España, Chile, Suiza y Canadá, y el Gobierno de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos han avanzado ya en la concreción de nuevos acuerdos con varios países europeos y asiáticos.

2) Al

tiempo que la economía colombiana alcanza niveles históricos de crecimiento comenzando el siglo XXI (casi un 7% en el 2007), se presentan los mayores índices de desempleo y de concentración del ingreso de las últimas décadas. En 1997, el valor total de la IED representó un 5,2% del PIB colombiano, en 2005 alcanza un máximo histórico del 8,3%; en términos absolutos (y corrientes) esto representa las cifras de 5.562 y 10.252 millones de dólares, respectivamente3. Mientras que entre 1994 y 2002, la inversión representa, en promedio, un 2,7%, del PIB, del 2003 en adelante el promedio asciende a un 4,2%.

3) Por otra parte, la menor proporción de la recaudación de impuestos directos deriva del menor crecimiento relativo de la recaudación del impuesto sobre la renta. Esta tendencia puede destacarse a pesar de la dinámica distinta que se presenta durante la última década: la tasa del 30% en 1990 aumenta a un máximo del 38,5% durante el Gobierno de Álvaro Uribe, como resultado de la sobretasa (del 10%) que se introduce (temporalmente) a la tarifa del 35% ya establecida (que convergería en 33% para el 2008); esto sumado a la introducción (temporal) del impuesto sobre el patrimonio, fundamentalmente orientado a la financiación del voluminoso gasto militar. 3 Desde luego, este comportamiento se explica, principalmente, por los flujos dirigidos hacia el sector petrolero que, en años recientes, han llegado a representar más de la mitad del total de la inversión. Tal condición es un elemento central de la tendencia hacia el afianzamiento de un modelo económico primario-exportador, basado en la producción minera, petrolera y de materias primas para la agroindustria. 12

4) En esta estructura propicia al capital trasnacional, resulta alarmante el hecho de que alrededor de uno de cada tres dólares que entran al país en la forma de inversión extranjera directa, proviene de paraísos fiscales.

5) En la medida en que un país como Colombia, en su condición de importador neto de capitales, ha definido su inclinación por el Modelo de la OCDE como estructura base para el desarrollo de los AEDT (y lo siga haciendo con los que se proyectan), importantes recursos fiscales potenciales están siendo sacrificados, permitiendo que los ingresos del capital sean repatriados a tasas bajas o nulas, y cercenando con profundidad un importante componente de la base gravable nacional: los ingresos del capital.

6) Los AEDT hacen parte de una tendencia generalizada hacia la erosión de la recaudación proveniente de las rentas del capital. El ingreso que deja de percibir el Gobierno Nacional Central en razón del régimen de beneficios tributarios en el impuesto sobre la renta (sin incluir lo referente a las zonas francas), asciende, para el periodo comprendido entre 2004 y 2010, a la voluminosa cifra de 19.400 millones de dólares. A pesar del deteriorado panorama socio-económico que presenta el país, se diseñan políticas que sacrifican importantísimos recursos fiscales, que no son compensados por el mayor crecimiento económico que se afirma.

7) Colombia debe contar con un sistema de información y análisis estadístico que determine las consecuencias y costos fiscales de los tratados tributarios vigentes y probables (y, en general, de todos los tratados y acuerdos referentes al comercio y la inversión), como condición para su correspondiente evaluación.

8) Se

debe propender por la concreción de AEDT que se sometan a evaluaciones y revisiones periódicas. Estas deben permitir redefinir situaciones no convenientes que se hayan generado en su desarrollo, o incluyendo normas transitorias que se hagan vigentes siempre que se presenten determinadas situaciones o cambios adversos previstos.

9) Es decir, si el Gobierno pretende consolidar el actual régimen de beneficios tributarios debería, al menos, establecer mecanismos para evitar su anulación en el contexto de los acuerdos.

10) Las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar proyectos de incidencia en las políticas públicas nacionales que permitan canalizar la presión ciudadana a favor de una política tributaria nacional e internacional progresiva y justa.

E Ecuador

1) Entre

2009 y 2011, el total pagado al exterior fue de 1.184 millones de dólares, de los cuales sólo se pagaron impuestos por el monto de 67 millones, es decir, el 5.69%. Si no se hubiesen firmados los AEDT, la retención hubiese sido de aproximadamente 290 millones. Con esto podemos afirmar que desde el punto de vista tributario, el Ecuador perdió 223 millones de dólares en recaudación de impuestos, lo cual podría servir para diferentes rubros como: educación, salud, seguridad, obras, etc.

2) La Administración Tributaria ecuatoriana, con el afán de reducir la brecha de evasión y elusión fiscal, ha propuesto reformas a las leyes y reglamentos tributarios. Entre uno de sus principales reformas es el impuesto a la salida de divisas, el cual tiene como objetivo, en una economía dolarizada, buscar el equilibrio en el mercado de dinero, tratar de ahuyentar a los especuladores financiero o capitales golondrinas de forma que si quieren retirar sus dineros ahora les generarían un costo al inversor. Este impuesto nació en el 2009 con el 0,5%, luego en el 2010 sube al 1%, en el 2011 este impuesto es del 2% y en el 2012 en adelante se ha mantenido en el 5%. De esta forma se trata de frenar la entrada de capitales especulativos ya que los inversionistas deberían considerarlo en su costo al momento de querer repatriar los fondos a las casas matrices ubicados en los países de residencia.

3) De

los 1.184 millones de dólares que salieron del país acogiéndose a los AEDT, el 55% tributó exclusivamente en el país de residencia del perceptor del ingreso, siendo España el país que recibió la mayor cantidad de ingresos sin que tributen en Ecuador (país de la fuente).

4) En

el Ecuador, la IED ha tenido un comportamiento irregular durante los últimos diez años, presentando un decrecimiento desde el año 2004 hasta el año 2007, para volver a aumentar en el año 2008 y volver a disminuir en los siguientes años. 14

5) Las transferencias de dinero acogidas a AEDT que tributaron parcialmente en el Ecuador, aquellas realizadas a Brasil son las que más han tributado (15 millones de dólares) y representan el 22.51% del total de retenciones de pagos acogidos a AEDT, seguidos por aquellas con destino México y Suiza, de 11 y 7 millones, que representan el 17.22% y 11.09% respectivamente.

6) La carga impositiva real, del total de pagos realizados al exterior, es sumamente baja. De acuerdo a la normativa ecuatoriana, los pagos efectuados al exterior, dentro del marco de los AEDT, son deducibles para el cálculo de la participación de trabajadores (recordemos que es del 15%) y del impuesto a la renta (24% durante el ejercicio económico 2011), sin embargo los pagos al exterior aplicando AEDT sólo han tributado aproximadamente el 5.69%. Pero, ¿qué hubiera ocurrido en caso de no existir este gasto en la contabilidad del contribuyente? Ahí estaríamos hablando de una carga impositiva del 35.40%, no obstante, lo que realmente han recaudado las arcas fiscales es casi seis veces menos.

7) Con esta diferencia, que se podría denominar ahorro, los contribuyentes tienen mayor cantidad de flujo de capitales para poder realizar algún tipo de promoción de precios, de forma tal, que pueda perjudicar a sus competidores que no realizan este tipo de operaciones enmarcadas en los AEDT. Esta situación podría generar: primero, que el contribuyente que sí soporta la carga del 35.4% pueda salir del mercado ante una competencia desleal; o segundo, que el contribuyente que no utiliza estas prácticas lo empiece a hacer de forma que disminuiría la cantidad de dinero que paga al Estado y a los trabajadores.

8) Es por eso que las Administraciones Tributarias deben reformar las leyes, con el propósito de que los contribuyentes eviten eludir los impuestos. De manera similar, las Administraciones Tributarias, deben generar riesgo con controles intensivos y masivos, de forma que los contribuyentes realicen pagos de forma correcta.

9) Una de las principales recomendaciones sería que conforme la economía se vaya dinamizando se deberían revisar los convenios de forma que la distribución de la renta sea equitativa. Por otro lado, se deben revisar las exenciones que otorga la normativa tributaria interna, de forma, que se disminuyan los vacíos legales que son los que permiten la elusión de impuestos.

10) Capacitar a los legisladores de cada jurisdicción, dado que ellos son los que finalmente aprueban dichos documentos jurídicos.

1) La suscripción de AEDT no es necesaria para evitar la doble tributación internacional, toda vez que el sistema de renta mundial contempla en su diseño mismo un mecanismo unilateral para evitar que una misma renta sea gravada tanto en el país de la fuente como en el de la residencia: dicho mecanismo consiste en reconocer créditos por los impuestos pagados en el país de la fuente (método de imputación) o bien exonerar de la renta imponible las rentas obtenidas en el país de la fuente (método de exención).

2) Pero la suscripción de dichos acuerdos no sólo resulta redundante, sino que además los mismos se convierten en un mecanismo de transferencia de recursos de los países en desarrollo hacia los países desarrollados.

3) Por lo tanto, la suscripción de dichos acuerdos

Nicaragua

no sólo resulta innecesaria, sino incluso contraproducente, para países como los nuestros, que experimentan una ingente necesidad de incrementar sus niveles de recaudación para estar en capacidad de financiar la provisión de los bienes públicos indispensables para mejorar los niveles de vida y promover el desarrollo.

4) Nicaragua,

en particular, tiene pendiente el desafío de desmantelar el oneroso sistema de exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales que benefician a sectores de la economía en que predominan las empresas más grandes y redituables del país (zonas francas, grandes hoteles, empresas mineras, grandes consorcios agroindustriales).

5) La verdadera función que cumplen estos acuerdos es desviar ingresos fiscales de los países de la fuente a los países de residencia. Mediante estos acuerdos se limita la potestad del Estado de la fuente de gravar la renta de no residentes generada en su territorio, a través de varios mecanismos.

6) No existe una estimación precisa sobre la pérdida de recaudación derivada exclusivamente de las exenciones y tratamientos especiales que reciben las empresas extranjeras. La estimación oficial arrojó que para el año 2010 dicha pérdida ascendió a 333.3 millones de dólares, equivalentes al 79% de la recaudación total del Impuesto sobre la Renta de ese año.

7) Entre 2008 y 2011, el monto de la renta de la inversión de no residentes remitida al exterior totalizó 1.078 millones de dólares, si se hubiese aplicado una tasa de retención del 25%, esto hubiese representado un monto de 269.5 millones de dólares de recaudación, que para un país como Nicaragua representan un monto apreciable.

8) El problema con los AEDT es similar a los que crean los Tratados de Libre Comercio: dejan atado de manos al país para implementar las políticas que requiere el desarrollo con equidad del país. No se trata ya de una legislación nacional que se puede modificar cualquier día, sino de una red de tratados internacionales que atan los márgenes de acción del país

9) En este sentido, resulta muy importante la presentación del estudio sobre AEDT a las diferentes organizaciones de sociedad civil, entre ellas red de mujeres, sindicatos de maestros, plataforma de jóvenes, universidades nacionales y redes departamentales, etc.

10) Asimismo, desarrollar encuentros con funcionarios de la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Hacienda y crédito Público para la presentación del Estudio que busca generar mejores condiciones para evitar la doble no tributación.

1) La cuestión más significativa en relación a los problemas de evasión y elusión se relaciona con Argentina.

2) Uruguay sigue siendo vía de colocación de capitales argentinos no registrados y maniobras con operaciones de comercio exterior, utilizando las ventajas de diferenciales impositivos y maniobras de subfacturación de exportaciones y sobre-facturación de importaciones al haberse introducido en el último período mayores controles tanto cambiarios como a las operaciones de comercio exterior (y la denuncia de maniobras de facturación con facturas apócrifas).

3) En el año 2012, Argentina y Uruguay llegaron

Uruguay

a un entendimiento inicial para la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria (instrumento que se considera más efectivo y directo hoy en Argentina para la detección de la evasión impositiva extra-territorial). Este tiene características limitadas. La puesta en marcha del acuerdo se prevé a partir del mes de febrero de 2013. Aun siendo que este instrumento es limitado (no será retroactivo, se limitará a causas judiciales penales, no admite su utilización para “barridas impositivas” -fishing expeditions-), puede generar una referencia de significación para organizaciones e individuos denunciando evasiones o maniobras ilícitas. Habrá que hacer un seguimiento del mismo para determinar cuál es el impacto que tiene para detectar acciones económicas que erosionen la tributación de las empresas que comercien entre los países.

4) Uruguay tiene un régimen de total libertad en el movimiento de capitales, divisas y oro desde y hacia el exterior y un sistema cambiario de libre convertibilidad para la moneda nacional. El mantenimiento de un sistema financiero abierto, la liberalización de las transacciones financieras internacionales y el secreto bancario garantizado por ley, han convertido al Uruguay en el mayor centro financiero de la región.

5) Uruguay destaca el mantenimiento de una política macroeconómica ortodoxa, que combina una política fiscal basada en el logro de superávit primarios consistentes con la sostenibilidad de la deuda pública y una política monetaria cuyo objetivo principal es mantener la estabilidad de precios (metas por inflación)4.

6) Los flujos de IED en Uruguay han aumentado significativamente en los últimos años. Desde 2008 se ha reflejado el período de mayor captación de inversiones extranjeras, que ha recibido desde entonces inversiones promedio de más de 2.000 millones de dólares anuales. En 2011, el stock de IED totalizara 14.859 millones de dólares, implicando que Uruguay presente uno de los más altos ratios de la región cuando se considera el stock de IED en relación al PIB5.

7) Los principales proyectos productivos en los últimos años, vinculados a la industrialización de la producción forestal en pasta celulósica6, minería7 y otros en perspectiva8 vinculados a la exportación, pueden gozar de las ventajas de ser considerados extra-territoriales a efectos impositivos, al brindársele el status del “zona franca”.

8) El avance reciente en los AEDT, es ponderado por su gobierno y sectores económicos dirigentes esencialmente como una vía para generar mayores inversiones del exterior y no para combatir la evasión y elusión impositiva.

9) Es preciso vincular la exigencia de transparencia y justicia impositiva en forma común con otros reclamos similares de movimientos sociales regionales.

10) No

parecería existir en Uruguay un movimiento social que tenga en agenda la revisión de los AEDT. El desafío es demostrar su significación y el efecto negativo tanto en la recaudación impositiva como en ahondar la dependencia de Uruguay a ciclos económicos y comerciales externos, sin un correlato de mayores inversiones.

4 IMF (2011). 5 http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2011/12/Informe-IED-en-Uruguay-Octubre-2012-URUGUAY-XXI.pdf 6 La inversión realizada por el grupo finlandés Botnia (actualmente UPM) fue de aproximadamente 1.200 millones de dólares y se imputaron en las cifras de IED entre 2005 y 2006. La inversión de la empresa Montes del Plata (unión de las empresas Arauco de Chile y Stora Enso de Finlandia) se estima en aproximadamente 1.900 millones de dólares en la planta y 700 millones en los terrenos. La planta estará operativa en el primer trimestre de 2013. Esta inversión se imputará en la IED de 2011, 2012 y 2013. 7 Extracción de hierro de Minera Aratiri. 8 Puerto de Aguas Profundas, Planta Regasificadora, y una eventual tercer planta de celulosa.

V Venezuela

1) Los

ingresos fiscales por renta petrolera pasaron de 23.000 millones de dólares en el período 1992-99 a 383.000 millones en el período 19992012, de los cuales 251.000 millones se relacionaron con cambios legislativos y contractuales introducidos a favor del sector público.

2) La expansión del ingreso de divisas y la apropiación de la renta petrolera por parte del Estado (principal fuente de recursos público), permitieron financiar un aumento sostenido del gasto público, que pasó de representar 29% del PIB a 42%, en 2012.

3) Venezuela adoptó como método para evitar la doble imposición jurídica internacional, el método de imputación limitada, al disponer que si un residente en Venezuela debe tributar en Venezuela por las rentas obtenidas a nivel mundial, Venezuela permitirá deducir del impuesto en Venezuela, el monto de impuesto pagado en el otro país, el cual no podrá exceder de la parte del impuesto venezolano calculado antes de otorgada la deducción.

4) A muchos años ya de su introducción, los AEDT no cumplieron el objetivo inicial de “atraer inversiones” que justificó su implementación durante gobiernos aperturistas y pro-mercado.

5) Las opiniones se encuentran aún así dividas de acuerdo a las opiniones altamente polarizadas en relación a las condiciones y resultados que se han desarrollado a lo largo de los años de gobierno de Hugo Chávez.

6) No existen estadísticas/estimaciones oficiales del significado y costos de los AEDT, pero de acuerdo a estudios de organizaciones sociales independientes reconocidas como la Red Venezolana contra Deuda, el costo para Venezuela en impuestos devengados y no cobrados cobijados bajo los AEDT se ha estimado en 17.875 millones de dólares anuales9.

7) La enorme significación relativa de esta cifra puede ser observada si se considera que para el año 2013, el Presupuesto Nacional de Venezuela ha sido estimado en 92.200 millones de dólares, previéndose 70.000 millones de dólares por “ingresos ordinarios” y 22.200 millones de dólares por “fuentes de financiamiento”.

8) Hasta el momento, no se ha desarrollado en Venezuela un debate significativo en relación a los eventuales beneficios y perjuicios de los AEDT. Ello pudo haber sido diluido ante el hecho que el país vivió en los últimos años un período de expansión del activismo económico público, avalado y financiado por altos precios petroleros, pero por otro lado, porque la atención recurrente de la opinión pública y el debate político estuvo en otros temas prioritarios.

9) Por su importancia tributaria, el análisis y el debate de las condiciones y perspectivas de los AEDT pueden ganar enorme significación. Los movimientos sociales y políticos en Venezuela no parecen tener el tema en sus agendas, ya que mayoritariamente concentran sus análisis en las potencialidades de la generación de recursos públicos a través de la renta petrolera10.

10) La temática de las AEDT debería ser impulsada no sólo a nivel nacional, sino también ser vinculada con posiciones comunes en relación a problemáticas y desafíos compartidos por los países de América Latina tales como la posibilidad de generar una propuesta común de modelo de acuerdo de información y transparencia financiera y tributaria que reemplace a los actuales AEDT que han venido siendo utilizados para evasión y/o elusión fiscal y el drenaje de recursos nacionales.

9 Britto García, Luis: “Cómo nos Roban los Tratados de Doble Tributación” en http://cadtm.org/ Venezuela-Como-nos-roban-con-los 10 http://www.iberoamerica.net/venezuela/prensa-generalista/noticierodigital.com/20121121/noticia. html?id=sn01S66

AUTORES y ORGANIZACIONES

Coordinación y presentación general del estudio Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos- Latindadd Está integrada por instituciones, equipos y campañas de países latinoamericanos que trabajan por la solución de los problemas derivados de la crisis sistémica y para crear condiciones que permitan el establecimiento de una economía al servicio de la gente, en la que los derechos económicos, sociales y culturales se hagan vigentes. Latindadd realiza acciones de sensibilización, capacitación, vigilancia de las políticas públicas, análisis críticos, elaboración de propuestas alternativas, cabildeo y movilización desde la sociedad civil y sus movimientos sociales. Web: www.latindadd.org Responsable: Esteban Serrani Contacto: estebanserrani@yahoo.com.ar

Fundación SES - Argentina Es una organización social argentina que se dedica a la promoción y al desarrollo de diferentes estrategias para la inclusión de los adolescentes y jóvenes con menos oportunidades trabajando desde la perspectiva de los derechos de los jóvenes. La sigla que da nombre a nuestra organización (SES), responde a tres valores fundantes de la institución: Sustentabilidad, por su compromiso con las generaciones futuras; Educación, entendida como motor del desarrollo; Solidaridad, elemento básico de la integración social. Web: http://www.fundses.org.ar Responsable: Adrián Falco Contacto: der@fundses.org.ar // adrianfalco05@yahoo.com.ar

Estudio de Acuerdos para evitar la Doble Tributación en Colombia: Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIASE. Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, constituida en el año 2005, cuyo propósito es contribuir en la consecución de la paz, la democracia y la realización de la dignidad humana, desde un enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos. Tal objetivo se desarrolla mediante actividades de Investigación, apoyo a la gestión comunitaria, consultoría, creación de empresa, y actividades educativas. Una de sus líneas estratégicas de trabajo es "arquitectura económica y derechos humanos y desarrollo" donde se ubican los temas de justicia tributaria, economía social y solidaria, y nueva arquitectura financiera, entre otros. Web: www.ciase.org Autor: Christian A. Moreno Sarmiento. Contacto: christian.moreno.s@gmail.com. 22

Estudio de Acuerdos para evitar la Doble Tributación en Nicaragua: Coordinadora Civil, Nicaragua Es una instancia de coordinación, concertación y articulación de redes territoriales, redes sectoriales, gremios, movimientos sociales, y personas a título individual a través del consenso se proponen objetivos comunes para alcanzar el desarrollo sostenible, apoyar a la construcción de ciudadanía activa y proporcionar propuestas de políticas de transformación social, económica y cultural. Web: http://www.ccer.org.ni/ Autores: Dr. Adolfo José Acevedo Vogl y Lic. Brenda Marvelly Alfaro Ortiz Contacto: acevedo@ibw.com.ni y adolfojose@live.com, bmarvelly88@hotmail.com.

Estudio de Acuerdos para evitar la Doble Tributación en Argentina, Uruguay y Venezuela: Observatorio Internacional de la Deuda: Es un marco de intercambio de conocimiento, análisis e investigación frente a la problemática de la deuda. Su objetivo es proporcionar a los individuos y organizaciones que estudian el mecanismo de la deuda análisis precisos en la mayoría de los dominios que se relacionan con su problemática así como una base de datos estadística única. Web: http://www.oid-ido.org. Autor: Jorge Marchini Contacto: jorgemarchini@gmail.com

Estudio de Acuerdos para evitar la Doble Tributación en Ecuador: Movimiento Jubileo 2000 Red Ecuador Nace en mayo de 1999 y es aprobado por Acuerdo Ministerial No. 8781 el 18 julio de 2007. Es un movimiento social, amplio y pluralista, que en alianza con organizaciones sociales nacionales e internacionales, actúa para concienciar a la población ecuatoriana sobre problemas de inequidad e injusticia en las relaciones económicas y financieras; exigir a los decisores nacionales e internacionales soluciones justas y respetuosas de la soberanía de los Estados. Web: http://www.jubileo2000.ec/ Autores: Evelyn Ceballos y Fausto García Contacto: info@jubileo2000.ec

Double Taxation Agreements in Latin America. Analysis of the links among Taxes, Trade and Responsible Finance.

Executive Summary

Double Taxation Agreements in Latin America Analysis of the links among Taxes, Trade and Responsible Finance1 Buenos Aires, April 28th, 2013.

Executive Summary

1 This publication is the Executive Summary of the book under the same title published by Latindadd. All the information presented here is based on the studies included in that book. Visit: www.latindadd.org

Latindadd (Latin American Network on Debt, Development and Rights) Jr. Daniel Olaechea 175, Jesús María Teléfono y Fax: (51) (1) 207 6856 y (51) (1) 207 6840 Lima, Perú www.latindadd.org

Fundacion SES (Sustainability - Education - Solidarity) Av. De Mayo 1156 – 2º piso Teléfonos (5411) 4381-4225/3842 Buenos Aires, Argentina www.fundses.org.ar

Research Coordination Esteban Serrani (Latindadd) estebanserrani@yahoo.com.ar Adrián Falco (Fundacion SES) der@fundses.org.ar Traslation: Paula Alaniz Design: Kurt Dreyssig Painting cover: “Las manos de la Protesta “ Oswaldo Guyasamín Printing: Talleres gráficos Manchita. Buenos Aires, mayo de 2013

This document has been produced with the financial assistance from NORAD, Norway Cooperation Agency. The contents of this document are the responsibility of Latindadd and SES Foundation and under no circumstances be regarded as reflecting the position of the funding organization.

Contents INTRODUCTION ............................................................................................................... 4 OBJETIVES OF THE STUDY THE IMPACT OF DTAs AND PUBLIC .................................. 6 POLICY RECOMMENDATIONS ........................................................................................ 7 Argentina .................................................................................................................... 10 Colombia ..................................................................................................................... 12 Ecuador ....................................................................................................................... 14 Nicaragua .................................................................................................................... 16 Uruguay ...................................................................................................................... 18 Venezuela.................................................................................................................... 20

AUTHORS and ORGANIZATIONS ................................................................................... 22

INTRODUCTION In the past decades, Latin American countries have lived through huge economic fluctuations and critical moments that have recurrently led to dramatic social costs. The most remarkable feature has been the increase in unemployment levels, inequality and poverty, to the point of being known as the region with the most regressive distribution of income, even when it is not the poorest one in the world. Overall, societies recognize the progressive or regressive role of government spending in relation to its investment priorities, this debate being based on the Government’s ability for economic intervention. Anyway, differences are usually not that clear when the debate hinges on fiscal policy. In general terms, there is a clear ideological and political divide among countries and economic policies with reference to the fiscal issue. On the one hand, some countries support the concept of a “Minimum State,” whereby the tax burden should not inhibit those that, having resources/capital, are motivated to invest. On the other, some support the idea of an “Active State,” with a public sector that plays a promoting, ordering and redistributing role, and the tax burden on those with the highest ability to pay taxes. It is remarkable that with governments of different political ideologies in most Latin American countries—including the ones considered in this study—tax structures in recent decades have increasingly been based on indirect taxes (value added tax, sales tax, turnover tax), which are more easily collected but more regressive, given their higher relative weight for the medium- and low-income sectors. In a similar trend all over the world, the tax burden from direct taxes (income tax or wealth tax) and their relative weight on tax revenues have been reduced in the understanding that these may have a positive effect on the redistribution of income under the principle that those who have more pay more. It has been recognized that in recent years the most progressive Latin American governments have placed the emphasis on resizing government spending and improving tax collection, rather than on introducing structural changes into the fiscal architecture. This implies a structural imbalance in government accounts, with a perverse parallel phenomenon that prevents a fairer distribution of tax burdens and the overcoming of historical constraints for the government to establish more equitable links among economic development, foreign investment, taxes, trade and responsible finance. The persistence of fiscal privileges, exemptions and legal loopholes is combined with an important degree of evasion and avoidance. The internationalization of the global

economy and the advance in technology have significantly facilitated the flow of goods and services as well as economic (financial and commercial) transactions. Therefore, the new conditions also pose limits and challenges from the point of view of taxes and oversight:

a. What attitude should Latin American governments adopt with regards to foreign capital?

b. What jurisdiction should prevail for the collection of taxes from companies with international operations?

c. How can the government prevent the measures adopted to avoid “double taxation”—that is, taxes being simultaneously collected on the same economic asset in different countries—from leading to “double non-taxation”?

Given the sense and the context for the development of DTAs in the various Latin American countries, these represent an important threat to sustaining the financing of development and social infrastructures over time. And this is due, in many cases, to the inequitable distribution of revenues, the (very often) insufficient technical support of the fiscal administration to ensure the effective enforcement of the agreed-upon provisions, and the possible association of DTAs with some grey areas related with capital accumulation, such as tax havens and aggressive fiscal avoidance efforts by multinational corporations. The focus on productive efficiency and growth as a univocal road to further economic development has intended to downgrade and discredit the significance of public finance and national tax revenues for the financing of a sustainable and inclusive development model. Thus, they have justified the reduction of capital gains taxes as well as the transfer of the tax burden to domestic consumption. This has led to a more regressive fiscal policy in the region—a factor that increases inequalities and inequities.

OBJETIVES OF THE STUDY In general terms, the objectives of the study presented here is to analyze the impact of these DTAs on the government financing system and the tax structure in Latin America, and to open the dialogue to establish more progressive and fairer tax systems in the region. Specifically, the study aimed at:

a. Understanding the content of the DTAs signed by some Latin American countries, such as Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua2, Uruguay and Venezuela.

b. Gaining insight into the connections between these DTAs and the commercial agreements for the protection of foreign investment.

c. Analyzing the possible benefits and the main disadvantages of DTAs for developing countries, particularly in Latin America.

d. Studying how policies in developed countries might ensure a better distribution of the taxes involved in DTAs for developing countries.

e. Issuing public policy recommendations from the perspective and in the interest of periphery countries, in order to help improve the tax base of developing countries.

2 Although Nicaragua has not entered into any DTA, it was relevant to include it in the study in order to analyze the situation of international taxation from another perspective.

THE IMPACT OF DTAs AND PUBLIC POLICY RECOMMENDATIONS In general:

I. The inconvenience of uncritically accepting the OECD model as well as the contradictions it poses for the public interest of a developing country should be acknowledged. The OECD developments should be taken into account for the so-called best practices in the fields of transfer pricing, harmful fiscal competition, transparency and the automatic exchange of information but considering their insufficiencies, weaknesses and suitability for Latin America.

II. The paragraph above should lead to the recognition of the importance and convenience of the UN model. It is very important to (critically) undertake the task of drafting recommendations and standards on issues such as the permanent establishment, the fight against capital flight, tax evasion and avoidance, international cooperation in fiscal areas and the strengthening of tax administrations in developing countries.

III. Regional regulations should be promoted and enforced for the negotiation and execution of DTAs among the member countries of the Union of South American Nations (UNASUR) and of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC). These regulations may define principles and procedures, as well as a negotiation framework supported by the expertise of national tax teams, to attach to this topic the formality and significance it deserves. They should prioritize source-based taxation rather than residence-based taxation.

IV. There is a need to encourage a UNASUR model of DTAs from the perspective of Latin American countries. Thus, it would be possible to rethink the experience of the Andean Pact model from the 1970s, particularly its source-based approach to the regional tax policy. The UNASUR model, for instance, might be a model to overcome the limitations of the current models, as a halfway point between the UN and the OECD models.

V. Regional integration and commercial growth should be promoted at UNASUR level, accompanied by an intra-regional tax regulation that should not increase economic asymmetries, but rather reduce them by encouraging fair commercial relations.

VI. In this respect, it is necessary to promote the issue from the Working Group on Financial Integration (GTIF) of UNASUR, connecting taxes to regional tax policies, trade and responsible finance.

VII. Tax administrations should carry out a regular annual revision of DTAs clauses with reference to the fiscal planning strategies developed by the companies involved. That is, the regular revision of the content of DTAs should be adjusted to the effective results derived from tax practices, so that the agreements to “avoid double taxation” do not end up leading to a “double non-taxation” or eroding the tax bases of developing countries.

VIII. The regular revision of the impact of DTAs on Latin American tax structures must be understood as an initial step to debate the set of regulations and international treaties that protect foreign investment, such as the need (or not) to continue with bilateral investment treaty (BITs), the use of capital movement controls, and other legislation on FDI. Therefore, it is necessary to make headway with a comprehensive tax reform that should modify the essentially regressive structure of today, the general architecture of which has been maintained without substantial changes since the neoliberal decade of the 90s.

IX. It is necessary to promote and coordinate positions and actions in Latin America to demand more information, tax and customs transparency on commercial and financial transactions and movements. Various common initiatives should be analyzed, such as the following:

i. Coordinate campaigns on the meaning of tax avoidance/ evasion mechanisms and debates on and dissemination of specific cases.

ii. Link the creation of alternative tax proposals to broader debates on economic models and regional complementarity.

iii. Study the feasibility of proposing a customs and tax information agreement model, with the support of social organizations, not only to offer an alternative tool in the event DTAs were cancelled, but also to overcome the major limits and restrictions to information transparency.

X. Finally, tax and fiscal policies should become essential tools for the wealth and income redistribution processes, as well as for the financing of development and social infrastructures; they should not

turn into vehicles for higher concentration and exclusion that lead to increasing social unrest. However, for any change and transformation to be introduced, full citizenship should be exercised in areas and issues such as taxes, fiscal policy and fiscal justice. This implies that the following must be ensured:

i. 10-1 Conditions of transparency ii. 10-2 Access to information iii. 10- 3 Participation in the drawing up of public budgets These measures are a prerequisite for the development of effective monitoring and evaluation processes by civil society and its different organizations, as well as for the construction of truly fair and democratic fiscal systems.

A Argentina

1) The recent changes in the country’s economic and financial framework, which have led to the introduction of controls to foreign currency transactions, have objectively created new conditions, demanding more attention to the use of DTAs. The Government should prevent DTAs from allowing economic activities that involve tax havens and maneuvers aimed at underbilling of exports, overbilling of imports, fiscal planning, capital flight, tax avoidance and tax evasion.

2) According to the existing regulations, transfers of funds from and to Argentina must be conducted in accordance with Central Bank’s regulations in order to prevent the purely speculative destination of funds from abroad; 30% of those funds may be frozen as a non-remunerative mandatory deposit (not accruing interest) for one year; this does not apply in the case of investments in fixed assets and inventories.

3) Argentina has opened a new perspective for the analysis and debate of alternatives to DTAs. The decision made by the government to review the existing agreements with the creation of the “Double Taxation Evaluation and Review Commission” led to the termination of DTAs with Austria, Chile, Spain and Switzerland.

4) However, there is no information system or systematic public and/or academic studies in Argentina on the effects of DTAs on tax revenues.

5) Based on public information, it was revealed that tax avoidance through tax engineering with Chile represented a US$75 million loss for Argentina in 2011.

6) Furthermore, total avoidance through the engineering of the DTA with Spain was estimated at over US$60 million only in 2011, which accounts for more than 8% of the annual revenue in that period from taxes on personal assets.

7) Among the companies that used the formula to avoid paying taxes, the “Commission” report mentioned firms such as the French company Danone, the US supermarket Wal-Mart, the Chilean supermarket chain Cencosud, the Brazilian oil company Petrobras, the car manufacturer General Motors, the Swiss cement company Holcim, the US chemical company Monsanto and large Argentine groups like the steel company Techint and the food company Aceitera General Deheza.

8) Anyway, despite its positive contribution to the investigation, the structure of the “Commission” is very limited (a total of three officials, representing the Ministry of Economy, the Ministry of Foreign Affairs and the Federal Administration of Public Revenues) and besides, it has no participation and/or institutionalized relation with other sectors of society (its only responsibility is the presentation of partial reports and one annual report, though it is not clear whether they will be made public).

9) Social movements should demand more transparency and a formal channel for contributions, reports and proposals.

10) Finally, a central issue, which is still pending for debate in Argentina, though it has often been anticipated in recent years, is a tax reform in line with the objectives of strengthening economic growth and reverting the regressive dynamics of the distribution of income.

C Colombia

1) The recent progress of the neoliberal project in Colombia is visualized in a remarkable increase in the execution of free trade agreements, agreements for the promotion and reciprocal protection of investments, and double taxation. Four are already in force with Spain, Chile, Switzerland and Canada, and the administrations of Ă lvaro Uribe and Juan Manuel Santos have made progress in the execution of new agreements with several European and Asian countries.

2) While

the Colombian economy reached historical growth levels in the early 21st century (almost 7% in 2007), it also had the highest unemployment rates and the highest concentration of income of recent decades. In 1997, the total value of FDI accounted for 5.2% of GDP in Colombia, and in 2005 it reached a historical high of 8.3%; in absolute (and current) terms this represents US$5.562 and US$10.252 billion, respectively3. While between 1994 and 2002 investments represented, on average, 2.7% of GDP, since 2003 the average has been 4.2%.

3) On

the other hand, the smaller proportion of direct tax revenues derives from the lower relative growth of income tax revenues. This trend may be observed despite the different dynamics presented during the last decade: the 30% rate in 1990 climbed to 38.5% during Ă lvaro Uribeâ&#x20AC;&#x2122;s administration, as a result of the overcharge (10%) introduced (temporarily) to the already established 35% rate (that would amount to 33% by 2008). This added to the (temporary) introduction of the wealth tax, basically intended to finance the huge military spending.

3 This behavior is mainly explained, obviously, by the flows directed to the oil sector, which, in recent years, have represented over half of the total investment. This condition is a central element in the trend towards the strengthening of an exporting primary economic model based on mining, oil and agribusiness-related raw materials.

4) In this structure favorable to transnational capital, it is alarming to find out that around one out of every three dollars coming into the country as foreign direct investment comes from tax havens.

5) To the extent that a country like Colombia, a net importer of capital, has defined its preference for the OECD Model as the base structure for the development of DTAs (and for future DTAs), significant potential fiscal resources are being sacrificed, allowing capital income to be repatriated at low or zero rates, and seriously impairing an important component of the national taxable base: capital income.

6) DTAs are part of a generalized trend towards the erosion of the revenues from capital gains. The revenue not collected by the Central Government due to the tax benefit scheme for income tax (not including free economic zones) amounted to as much as US$19.4 billion for the period 2004-2010. Despite the hard social and economic situation in the country, the policies designed sacrifice important fiscal resources, which are not offset by the higher economic growth as it is claimed.

7) Colombia should have an information and statistical analysis system that determines the consequences and fiscal costs of the existing and probable tax treaties (and, in general, of all the treaties and agreements related to trade and investment), as a condition for their corresponding evaluation.

8) The country should endeavor to subject DTAs to regular evaluations and revisions. These should lead to the redefinition of inconvenient situations generated during their development, or include temporary provisions that apply whenever certain situations or expected negative changes occur.

9) That is, if the Government intends to consolidate the current scheme of tax benefits, it should, at least, establish mechanisms to prevent their termination in the context of the agreements.

10) Civil society organizations should design projects that have an impact on national public policies in order to channel citizen pressure for progressive and fair national and international tax policies.

E Ecuador

1) Between 2009 and 2011, the total amount transferred to foreign countries totaled US$1.184 billion, but taxes were paid only on 5.69% of that amount for a total of US$67 million. Had there been no DTA signed, the withholding would have been close to US$290 million. Based on this, we can assert that from a fiscal point of view, Ecuador lost US$223 million in tax collection, an amount that could have been used for different purposes, such as education, health care, security, infrastructure works, etc.

2) In

an attempt to bridge the tax evasion and avoidance gap, the Ecuadorian Tax Administration has put forward reforms to tax laws and regulations. One of the main reforms proposed is the tax on foreign currency outflows, which aims at balancing the money market in a dollarized economy, keeping away financial speculators or hot money investors as they would have to bear a cost if they tried to take their funds abroad. The tax was created in 2009 at a value of 0.5%. In 2010 it was raised to 1%, in 2011 it rose to 2% and since 2012 it has remained at 5%. Its goal is to prevent the entrance of speculative capital, as investors would have to factor in the tax in their cost calculations before attempting to bring the funds from the country of residence back to the countries where their headquarters are based.

3) Fifty-five per cent of the US$1.184 billion taken out of the country under a DTA was levied exclusively in the country of residence of the income recipient, with Spain being the country that received the largest amount of non-taxable income in Ecuador (source country).

4) Over the last ten years, FDI in Ecuador has been erratic: it decreased between 2004 and 2007, then rose in 2008 and dropped again in the following years.

5) Regarding the money transfers made under DTAs that partially paid taxes in Ecuador, those made to Brazil paid the highest tax amount (USD15 million) and accounted for 22.51% of the total withholdings from payments made under a DTA, followed by those destined to Mexico and Switzerland, with US$11 million and US$7 million, accounting for 17.22% and 11.09%, respectively.

6) Considering the total amount transferred abroad, the actual tax burden is extremely low. According to the Ecuadorian law, payments made offshore within the framework of a DTA are deductible for the calculation of the labor force share (which is 15%) and the income tax (24% during fiscal year 2011). However, only 5.69% of the total payments sent abroad under a DTA was levied with taxes. But what would have happened if this expense had not appeared on the taxpayer’s balance sheet? In that case, we would be talking about a tax burden of 35.4%. However, the amount that went into the tax coffers has been almost six times lower.

7) As a result of this difference—which might be called savings—taxpayers have more capital flow to offer some sort of price promotion to harm those competitors not engaged in transactions provided for in DTAs. This could lead to two different outcomes: one, the taxpayer that does pay the 35.4% tax burden may go out of business in the face of unfair competition, and two, the taxpayer that does not apply these practices may start to do so, thus paying less money to the State and to the workers.

8) That is why Tax Administrations need to reform the law, so that taxpayers do not attempt to avoid taxes. Similarly, Tax Administrations should create a risk by introducing mass intensive compliance checks, so that taxpayers are forced to pay their share.

9) One major recommendation would be that as the economy becomes more dynamic, agreements should be revised in order to ensure a fair distribution of income. In addition, the tax exemptions provided for in domestic tax laws should be revised in order to reduce the legal loopholes that enable tax avoidance.

10) Legislators in all jurisdictions should be properly trained, as they are the ones who ultimately approve such agreements.

1) Signing a DTA is not necessary to avoid international double taxation as long as the design of the residence-based taxation system provides for a unilateral mechanism to avoid levying taxes on the same income twice, i.e. in the source country and in the country of residenceâ&#x20AC;&#x201D;such mechanism consists in granting credits for the taxes paid in the country of origin of the income (tax credit method) or in exempting the income generated in the source country from paying taxes (exemption method).

2) However,

signing DTAs is not only redundant; DTAs turn into a mechanism through which resources may be transferred from developing to developed countries.

3) Therefore, signing these agreements is not only

Nicaragua

unnecessary but also counterproductive for countries like ours, which are in deep need of increasing their tax collection levels in order to be in a position to fund the provision of essential public goods to raise living standards and foster development.

4) In particular, Nicaragua still needs to step up to the challenge of dismantling the expensive system of tax exemptions, tax holidays and special treatment that benefit certain economic sectors dominated by the largest and most profitable companies in the country (free economic zones, large hotels, mining companies, large agribusiness consortia).

5) The true role of these agreements is to divert tax revenues from the source countries to the countries of residence. These agreements limit the source State’s power to levy the income of non-residents generated in its territory through various mechanisms.

6) There is no accurate estimate of the tax revenue loss resulting exclusively from the tax exemptions and special treatment granted to foreign companies. According to official sources, in 2010 the tax revenue loss amounted to US$333.3 million, which was equivalent to 79% of that year’s income tax collection.

7) Between 2008 and 2011, the amount of non-residents’ investment gains sent abroad totaled US$1.078 billion. If a 25% withholding tax had been applied, that would have resulted in the collection of US$269.5 million, which is a considerable amount for a country like Nicaragua.

8) The problem with DTAs is similar to that of Free Trade Agreements: the country is not free to implement the policies it requires in order to grow with equity. This is no longer about dealing with one national law that can be amended at any time but rather with a network of international treaties that limit the country’s scope of action.

9) In this regard, it is very important to present the study on DTAs to various civil society organizations, including women’s networks, teachers’ unions, youth organizations, national universities, department networks, among others.

10) It is equally important to organize meetings with officials from the General Revenue Office, the Treasury and Public Credit Department to present the study that aims at improving conditions to avoid double non-taxation.

1) The most significant issue arising from tax evasion and avoidance is closely linked to Argentina.

2) Uruguay is the market where unregistered Argentine capital and foreign trade deals continue to be placed, taking advantage of tax differentials and resorting to the underbilling of exports and the overbilling of imports, in the face of the recent introduction of more stringent controls on foreign exchange and foreign trade transactions in Argentina (along with the reports on wrongdoings using apocryphal invoices).

3) In 2012, Argentina and Uruguay reached an ini-

Uruguay

tial understanding for signing a tax information exchange agreement (a tool that today is considered to be more effective and straightforward in Argentina for detecting extraterritorial tax evasion). This agreement has certain limitations. It is expected to come into force in February 2013. Despite its limitations (it will not be retroactive, it will be limited to criminal cases, it will not be used for fishing expeditions), this agreement may become a significant benchmark for both organizations and individuals by bringing evasion or illicit moves to light. It should be monitored in order to determine how useful it is to detect economic actions used to erode the taxes paid by the companies trading between both countries.

4) Uruguay features a system characterized by the totally free movement of capital, foreign currency and gold from and to foreign countries as well as by the free convertibility of its national currency. As a result of its open financial system, liberalization of international financial transactions and bank secrecy laws, Uruguay has become the regionâ&#x20AC;&#x2122;s most important financial hub.

5) Uruguay maintains an orthodox macroeconomic policy that combines a fiscal policy based on the attainment of primary surpluses consistent with the sustainability of its public debt with a monetary policy primarily intended to maintain price stability (inflation-driven goals)4.

6) FDI flows in Uruguay have been increasing considerably over the last few years. Foreign investment has been at this high since 2008, with an average inflow of more than US$2 billion a year. In 2011, the FDI stocks totaled US$14.859 billion, leaving Uruguay with one of the highest FDI stock to GDP ratios in the region5.

7) The main productive projects undertaken in the last few years in the field of industrial production of cellulose pulp from wood6 and in mining, 7as well as other prospective export-related projects8 are considered extraterritorial projects for tax purposes, so they can enjoy the benefits of being treated as “free economic zones”.

8) The recent progress made in terms of DTAs is welcomed by the Uruguayan government and leading economic sectors as a way of attracting more foreign investment rather than as a means of combating tax evasion and avoidance.

9) There is a need to link the demands for tax transparency and justice with other similar demands from regional social movements.

10) There seems to be no social movement in Uruguay that has included the review of DTAs on its agenda. The challenge is to show their significance and the negative impact they may have both on tax collection and on Uruguay’s increased dependence on foreign economic and trade cycles, with no matching increase in foreign investment.

4 IMF (2011). 5 http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2011/12/Informe-IED-en-Uruguay-Octubre-2012-URUGUAY-XXI.pdf 6 The investment made by the Finnish consortium Botnia (at present UPM) was around US$1.2 billion and was recorded in the FDI statistics for 2005-2006. The investment made by the company Montes del Plata (the result of the merger of Arauco from Chile and Stora Enso from Finland) has been estimated to be approximately US$1.9 billion in facilities and US$700 million in the land. The plant will become operational in the first quarter of 2013. This investment will be recorded as FDI in 2011, 2012 and 2013. 7 Extraction of iron from Minera Aratiri. 8 A deep-water harbor, a regasification plant and possibly a third cellulose pulp plant.

V Venezuela

1) Tax revenues from oil activities grew from US$23 billion in 1992-1999 to US$383 billion in 19992012, US$251 billion of which were obtained as a result of the introduction of legislative and contractual changes in favor of the public sector.

2) The increase in foreign currency inflows and the appropriation of oil revenues by the State (the main source of public resources) made it possible to finance a sustained rise in government spending, which climbed from an initial 29% to 42% of the GDP in 2012.

3) To avoid international double taxation, Venezuela adopted the limited tax credit method whereby it established that if a resident in Venezuela had to pay taxes in Venezuela for the income obtained anywhere else in the world, Venezuela would let that resident deduct the tax amount paid in the other country from the tax to be paid in Venezuela, which should not exceed the portion of the Venezuelan tax calculated before the tax deduction.

4) Years after their introduction, it is clear that DTAs did not meet their initial objective of “attracting investment,” which was the argument used to justify their implementation by market and liberalization-prone administrations.

5) Nevertheless, there are highly polarized opinions about the conditions and outcomes achieved throughout Hugo Chávez’s administration.

6) There are no official statistics/estimates of the cost and significance of DTAs, but according to studies conducted by well-known independent social organizations, such as Red Venezolana contra Deuda [Venezuelan Network against Debt], the cost of accrued non-collected taxes under DTAs for Venezuela has been estimated at US$17.875 billion a year9.

7) The huge relative importance of this figure becomes clear when we consider that for 2013, the National Budget of Venezuela has been estimated at US$92.2 billion, with US$70 billion from “current revenue” and US$22.2 billion from “funding sources”.

8) So far, there has been no significant debate in Venezuela on the potential benefits and negative effects of DTAs. This could be attributed to the fact that, in the last few years, the country has undergone a period of expansion of public economic activism backed and financed by high oil prices, but, at the same time, it could also be due to the fact that the public opinion’s attention and the political debate have been focused on other priority issues.

9) Given their importance from a tax perspective, analyzing and discussing the conditions and prospects for DTAs could prove to be highly relevant. In Venezuela, the social and political movements seem not to have included this topic on their agendas, as they focus their analysis primarily on the potential for creating public resources through an oil revenue tax.10

10) The topic of DTAs should be raised not only at the national level but also in relation to common positions regarding problems and challenges shared by the Latin American countries, such as the possibility of coming up with a common draft proposal for a financial and tax information and transparency agreement to replace the current DTAs, which have been used for the purpose of avoiding and/or evading taxes and draining the country of its resources.

9 Britto García, Luis: “Cómo nos Roban los Tratados de Doble Tributación” [How Double Taxation Steal from Us] in http://cadtm.org/Venezuela-Como-nos-roban-con-los 10 http://www.iberoamerica.net/venezuela/prensa-generalista/noticierodigital.com/20121121/noticia. html?id=sn01S66

AUTHORS and ORGANIZATIONS Coordination and General Description of the Study Latindadd – Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos [Latin American Network on Debt and Development] This network is made up of institutions, teams and campaigns from Latin American countries that strive to solve problems resulting from the systemic crisis in an attempt to create the necessary conditions for an economy at the service of the people that is respectful of economic, social and cultural rights. Latindadd actions include awareness campaigns, training, public policy monitoring, critical analyses, creation of alternative proposals, lobbying and mobilizations with the civil society and its social movements. Web: www.latindadd.org Contact person: Esteban Serrani estebanserrani@yahoo.com.ar

Fundación SES [SES Foundation] - Argentina SES is an Argentine social organization focused on the promotion and development of strategies in the area of youth rights for the inclusion of adolescents and young people with fewer opportunities. The name SES stands for the organization’s three foundational values: Sustainability, for its commitment to future generations; Education, understood as the driver of development; and Solidarity, a basic element of social integration. Web: www.fundses.org.ar Contact person: Adrián Falco der@fundses.org.ar // adrianfalco05@yahoo.com.ar

Study on Double Taxation Agreements in Colombia CIASE – Corporación de Investigación y Acción Social y Económica [Research and Social and Economic Action Association] CIASE is a non-profit non-governmental organization created in 2005 to further peace, democracy and human dignity by advancing and advocating human rights through research, support of community self-management, consultancy, creation of businesses and educational activities. One of its strategic lines of work is “economic architecture and human rights and development,” which encompasses topics such as tax justice, a social and solidarity-based economy, and a new financial architecture, among others. Web: www.ciase.org Author: Christian A. Moreno Sarmiento christian.moreno.s@gmail.com.

Study on Double Taxation Agreements in Nicaragua Coordinadora Civil [Civil Coordination Group] - Nicaragua Coordinadora Civil coordinates, organizes and brings together regional and sectoral networks, trade unions, social movements, and individuals with common goals who, on the basis of consensus, work to achieve sustainable development, further active citizenship and put forward policies for social, economic and cultural transformation. Web: www.ccer.org.ni/ Authors: Adolfo JosĂŠ Acevedo Vogl and Brenda Marvelly Alfaro Ortiz acevedo@ibw.com.ni and adolfojose@live.com, bmarvelly88@hotmail.com.

Study on Double Taxation Agreements in Argentina, Uruguay and Venezuela International Debt Observatory The IDO is a forum created to exchange knowledge and to analyze and do research on the problem of the debt. Its aim is to provide individuals and organizations involved in the study of the debt mechanism with a unique statistical database as well as with a thorough analysis of its direct and indirect implications. Web: http://www.oid-ido.org. Author: Jorge Marchini jorgemarchini@gmail.com

Study on Double Taxation Agreements in Ecuador Jubileo 2000 Red Ecuador Movement This movement was created back in May 1999 and approved by Resolution No. 8781 on July 18, 2007. It is an ample and pluralistic social movement which, in partnership with national and international social organizations, carries out actions to raise awareness among the people of Ecuador on issues such as inequity and injustice in economic and financial relations and to urge national and international decision-makers to look for fair solutions that respect State sovereignty. Web: www.jubileo2000.ec/ Authors: Evelyn Ceballos and Fausto GarcĂa info@jubileo2000.ec