Miércoles, 29 nov. 2000 Núm. 1603
OPINIÓN
La Ley de Atención Farmacéutica de Navarra (y II)
E N el mes de noviembre de 1996 el director general del Departamento de Salud convocó una reunión a los cargos directivos del mismo, presidida por el señor consejero para plantear lo que debería ser la legislación foral respecto a la atención farmacéutica. Se inició así un largo proceso caracterizado por la oposición a cualquier cambio por parte de los directivos farmacéuticos, planteando una resistencia numantina al cambio por la repercusión sobre los intereses económicos. En este largo proceso se produjeron parones y enfriamientos; se han sucedido en el tiempo unas elecciones al Parlamento, un cambio de Gobierno y una persistente acción directa por parte del Colegio de Farmacéuticos, que a su vez experimentaba un cambio en su junta directiva con el fin de obtener la suspensión, el bloqueo o la retirada de la ley. Empeñados en escuchar a interlocutores inadecuados y no queriendo escuchar a los responsables, nunca creyeron que se produjera su promulgación. La tramitación parlamentaria no fue menos accidentada: una proposición de ley del Partido Socialista rechazada; un proyecto de ley del Gobierno; dos fallidas enmiendas a la totalidad; 200 enmiendas; creación de una ponencia parlamentaria de trabajo, y al fin un texto consensuado y unánime que obtiene el respaldo y satisfacción plena del 94% de los parlamentarios, y además los tres votos disidentes del CDN apoyaron el 80% de la ley. Navarra tiene la ley que necesitaba y, además, es la ley de la práctica totalidad de sus representantes elegidos democráticamente. Entonces... ¿por qué tanto ruido y crispación? ¿Cuáles las causas que provocan tanto alboroto? ¿Quizás el hecho de que pueda afectar al volumen de facturación de algunas farmacias, no de todas, es razón suficiente para el espectáculo vivido en estos meses de crispación farmacéutica? No parece justificarse tanta desmesura cuando la instalación de nuevas farmacias, el coste que ello supone y el riesgo empresarial, no augura que pueda ser excesivo el aumento de establecimientos, ni que vaya a ser fácil arrebatar clientela a una farmacia, si está bien trabajada y satisface a sus pacientes-clientes. Las razones, pues, debemos buscarlas en otras causas.
L A ruptura del gremialismo Mi apreciación personal es que la Ley Foral de Atención Farmacéutica comporta la ruptura del gremialismo. Los directivos farmacéuticos, a través del colegio y apoyados en la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944, han venido ejerciendo un perfecto gremialismo conn el que se ha venido protegiendo al grupo profesional, convertido en familiar, al modo de aquellas organizaciones gremiales heredadas de la Edad Media y que perduraron hasta el Antiguo Régimen. Esta forma de estructura social y organización institucional desapareció en España en el primer tercio del siglo XIX con las reformas liberales de Javier de Burgos durante la regencia de doña María Cristina. Sin embargo, su abolición no lo fue de hecho sino que fue arrastrándose por los desastres del siglo XIX. Estos desastres fueron analizados y diagnosticados por don José Ortega y Gasset en su ensayo sobre La España invertebrada (1922), donde se muestra una sociedad civil, militar, religiosa, empresarial, profesional y obrera desmembrada, insolidaria, en la que cada uno quería imponer su razón particular. Eso fue lo que llevó al filósofo contemporáneo a desarrollar su teoría del particularismo, como justificación de los males de España. Pues bien, éste es el fondo de lo que hemos presenciado: un brote de particularismo más allá de una simple defensa de intereses, que se ha venido manteniendo durante 60 años exclusivamente (?) en la profesión farmacéutica, debido a su peculiar relación con la Administración. Pero es mejor que escuchemos al propio Ortega: "particularismo es aquel estado de espíritu en que creemos que no tenemos que contar con los demás. La causa decisiva de la repugnancia que las demás clases sienten hacia el gremio político me parece ser que éste simboliza la necesidad en la que está toda clase de contar con las demás. Por eso se odia al político más que como gobernante como parlamentario. El Parlamento es el órgano de la convivencia nacional demostrativo de trato y acuerdo entre iguales. Ahora bien es esto, lo que en el secreto de las conciencias gremiales y de clase producen hoy irritación y frenesí: tener que contar con los demás a quien en el fondo se desprecia o se odia". Este mal del particularismo se apoyó a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el XX en los políticos caciques. La única forma de imponer voluntades particulares era estar cerca de la influencia de los políticos decisorios y en eso fueron maestros los caciques, que despreciaban el sistema parlamentario al igual que los gremios tampoco creen en él y lo combaten. E SA España orteguiana, gracias a Dios, está bien superada. Aunque no podía don José imaginar que en la España actual democrática, culta, civilizada y
europea (aunque azotada sangrientamente por el peor de los particularismos: el nacionalismo-segregacionista), pudiera darse el riesgo de los rebrotes del particularismo; cosa que ya empieza a vislumbrarse también en el panorama europeo. En efecto, Donati en su ensayo Respuesta a la crisis del Estado social advierte que las insatisfacciones de ciertos sectores (particularismos parlamentarios en el pensamiento orteguiano) amenazan los sistemas democráticos parlamentarios y representativos. Para este autor las amenazas actuales son: el neocapitalismo, el neocorporativismo, la clase postindustrial y el neosolidarismo. El neocorporativismo de hoy es el particularismo de Ortega o el gremialismo de Javier de Burgos: en definitiva, una no aceptación de la regulación del interés general y una acción directa para imponer su autoregulación. El neocorporativismo: "acepta la democracia política, pero desconfía del exclusivismo mediador de los partidos, al que contrapone la participación directa de los grupos socioeconómicos implicados en cada decisión pública". Nadie puede negar que el gremio político de Navarra ha escuchado repetidas veces a todos los actores relacionados ante esa necesidad de contar con los demás, y ha dictaminado lo más adecuado y conveniente en una ley que también es de todos, salvando desde el Parlamento las presiones, la acción directa que han ejercitado los directivos farmacéuticos sobre la opinión pública, los medios informativos y sobre los políticos a los que han buscado de valedores, pero que se han mantenido en su lugar, con ejemplaridad y dignidad democrática. Contra el gremialismo, el consenso Sería de interés el hacer un decálogo de virtudes democráticas, tarea que corresponde a mejores analistas que el que suscribe, pero me atrevo a proponer la virtud que los políticos españoles forjaron en la transición, y cuyo entrenamiento conviene en todo momento. Esta virtud es: el consenso como antídoto contra el particularismo. Ese ha sido, y no otro, el motivo por el que la Ley de Atención Farmacéutica ha sido posible en Navarra. El consenso supera los pactos mayoritarios de a dos; el consenso se sitúa más allá de las mayorías simples o absolutas, por cuanto que en sí mismo el consenso es un sentimiento, un talante democrático que se tiene o no se tiene, y que alcanza un efecto sinérgico en la solución de los problemas. Esta ha sido la virtud de haber alcanzado una ley que representa una reforma y modernización de un sector sanitario. El consenso requiere las cesiones particularistas, y eso ha obligado a que todos hayamos tenido que ceder. La nueva ley es de todos y todos la sentimos como propia, convencidos de que estamos mostrando a otros un camino adecuado
y justo. El modelo de atención farmacéutica, alcanzado por consenso, nos gusta al 94% de los parlamentarios por acomodarse a nuestras necesidades y a nuestro régimen propio foral de autogobierno. No es posible que nos hayamos equivocado tantos. (*) Parlamentario foral