Memoria soberania 2012 by Programa Gestión de Proyectos, Universidad Nacional de Colombia.

SOBERANÍA!

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Grupo de trabajo Soberanía

rector

Coordinadora Carmen Fonseca Casado cjfonsecac@unal.edu.co

Ignacio Mantilla Prada vicerrector de sede

Clemencia Vargas directora de bienestar universitario sede bogotá

Lucy Barrera Ortiz

Autores Darió Arenas Andrés Ángel Daniel Albarracín Carmen Fonseca

coordinadora programa

diagramación

gestión de proyectos

Leonardo Parra / PGP

Elizabeth Moreno Domínguez impresión decano de la facultad derecho, ciencias políticas y sociales

José Francisco Acuña Vizcaya decano de la facultad ciencias humanas

Sergio Bolaños Cuéllar asesora de dirección de bienestar facultad de derecho ciencias políticas y sociales

María Angélica Russi directora de bienestar universitario facultad de ciencias humanas

María Elvia Domínguez Blanco dirección académica sede bogotá

Juan Manuel Tejeiro

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DIRECC IÓN DE BIENEST AR DIRECCIÓN DE BIENEST AR UNIVERSITARIO ÁREA DE ACOMPAÑAMI ENTO INTEGRA L PROGRA MA GESTIÓN DE PROYECTOS

Grupo Imágenes

SOBERANÍA!

Grupo de trabajo SOBERANÍA.

El grupo de trabajo de SOBERANÍA se interesa por las consecuencias que ha traído para la nación la intensificación del modelo minero a través de la “locomotora” del presidente Juan Manuel Santos, que en detrimento de la soberanía nacional, ha venido entregando en concesión a las grandes multinacionales mineras casi el 40% del territorio colombiano, lo que reduce el papel del país en la economía mundial a una simple fuente exportadora de materias primas a costa del exterminio de sus recursos naturales, fuentes hídricas, páramos y bienestar social. Como parte integrante de la comunidad académica nos hemos visto en la obligación de estudiar este problema y de acompañar las luchas de los diferentes sectores sociales en torno a la Red de Acción Frente a la Gran Minería Transnacional –RECLAME-, iniciativa que recoge las diferentes organizaciones interesadas en la defensa de la soberanía, el territorio, los recursos, los ecosistemas y las comunidades afectadas por la gran minería. Como grupo hemos trabajado desde el segundo semestre de 2011. Realizamos reuniones periódicas en las que estudiamos y discutimos los problemas referentes a la gran minería en el país; además, hemos llevado a cabo varias charlas y conversatorios con la participación de Rafael Colmenares, uno de los principales ambientalistas colombianos, y estudiantes, que han trabajado el tema de la minería en la Guajira, en municipios cercanos a Bogotá y la relación entre nuestro modelo educativo y el modelo de minería extractivista; para dar a conocer la situación minera a la Universidad. Apoyamos el Foro Internacional de Minería, Territorio y Conflicto, y participamos activamente en todas las manifestaciones que en el marco de la resistencia civil se han realizado desde la fecha de creación del grupo en contra de la gran minaría; entre ellas destacamos la 2° Marcha Carnaval del pasado 14 de octubre de 2011 en Ibagué Tolima. Invitamos a todas las personas interesadas en la lucha contra la gran minería transnacional a unirse a nuestro grupo escribiendo a nuestro correo o buscándonos en Facebook. www.facebook.com/reclameun reclameun@gmail.com

Grupo de trabajo SOBERANĂ?A.

Conversatorio con Rafael Colmenares Durante el segundo semestre del año 2011, el grupo de trabajo estudiantil en contra de la Gran Minería Transnacional SOBERANÍA organizó una serie de conversatorios en la Universidad Nacional de Colombia, estos se llevaron a cabo en medio de actividades de gran importancia en las que el grupo tuvo participación; a saber, el seminario internacional “Minería, territorio y conflicto” y la gran marcha carnaval en defensa del agua en Ibagué. Los conversatorios siempre tuvieron como invitados a profesores, activistas y compañeros comprometidos con la defensa del agua y la soberanía. Es así como el primer conversatorio que se organizó en el mes de noviembre de 2011 contó con la asistencia del ambientalista Rafael Colmenares, su intervención fue secundada por la estudiante de antropología de la Universidad Nacional Carmen Fonseca y por el compañero Darío Arenas, invitado de la Universidad de Caldas y miembro de RECLAME: Red de Acción Frente a la Gran Minería Transnacional. A continuación presentamos la relatoría del primer conversatorio realizado por el grupo SOBERANÍA, pretendemos que esta sea una herramienta que permita a más estudiantes y personas interesadas en el tema adquirir bases conceptuales y políticas para decir: NO A LA LOCOMOTORA MINERA TRANSNACIONAL DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS, SÍ A LA DEFENSA DE NUESTRA SOBERANÍA. 1

Rafael Colmenares : Gracias a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia por darme la oportunidad de exponer de manera muy sucinta, valga la aclaración, lo que considero una de las preguntas más importantes para la ciudad de Bogotá en este momento: ¿Qué tan sostenible es la Bogotá actual? El proceso de urbanización de los últimos dos siglos se ha dado en el marco del predominio del modo de producción capitalista, el cual subordina la satisfacción de las necesidades humanas a la obtención de la ganancia y mercantiliza crecientemente todas las relaciones. Esto ha impedido la reorientación de los paradigmas tecnológicos hacia formas más adecuadas de relación con los ecosistemas, lo que retrasa, por ejemplo, la utilización de energías limpias e imposibilita la reorganización de los hábitats humanos en formas desconcentradas, menos energívoras e interconectadas mediante los modernos medios de comunicación. El proceso de urbanización en la segunda mitad del siglo XX ha desembocado en lo que Ramón Fernández Durán denomina “la forma metrópoli”, esta se presenta bajo dos modalidades; a saber: la Ciudad Global en los espacios centrales y la Megaciudad Miseria en los periféricos. Fernández indica que uno de los rasgos más característicos

1 Esta intervención se basa en apartes de un articulo elaborado por el mismo autor: “Bogotá ¿Ciudad Soste-

nible?”. Rafael Colmenares. 2011, en : http://www.rafaelcolmenares.org/2011/12/bogota-ciudad-sostenible.html

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de las Megaciudades Miseria, en especial en sus escalones más bajos, es su fortísima dualización, y la existencia dentro de la misma metrópoli de dos mundos absolutamente diferentes. Uno ligado a la economía formal, y que participa en parte de los mismos “avances” de las metrópolis centrales: Grandes Centros Comerciales, transporte motorizado, vivienda producida industrialmente y urbanizada; y otro mundo en donde estos adelantos son inalcanzables. La pregunta por la sostenibilidad parte del análisis de las características del territorio sobre el cual se asienta la ciudad y la forma cómo ha sido afectado. El territorio sobre el cual se asienta Bogotá es una planicie que forma parte de la Sabana del mismo nombre; está enmarcada al oriente por los Cerros Orientales y al Occidente por el río Bogotá. Al Norte continúa la Sabana y al Sur la cordillera va cerrando el espacio en dirección occidente, está atravesada, además, por varios ríos y quebradas que discurren de Oriente a Occidente y desembocan en el río Bogotá que fluye, formando amplios meandros, hacia su salida de la Sabana en el Salto del Tequendama. Este flujo de aguas desde los cerros hacia el río conforma una red hídrica que en las proximidades del río presenta chucuas, pantanos y lagunas a los que hoy en día denominados genéricamente como humedales. Actualmente, los remanentes, tanto de los cerros como de los ríos y humedales y el propio río Bogotá, conforman lo que ha dado en denominarse “Estructura Ecológica Principal” conformada por un conjunto de áreas de protección. Es indudable que la insostenibilidad actual de Bogotá no puede superarse dentro del actual modelo urbano que la rige. Por ello la única opción es el cambio de modelo. ¿Cuáles serían las características del nuevo modelo? No es fácil resolver esta pregunta y la dificultad radica en la ausencia de modelos alternativos que se hayan implementado. Sin embargo, existen experiencias en otras ciudades del mundo y en la propia Bogotá, aquí, por ejemplo, hay propuestas que surgen de los sectores populares para resolver el problema de los Cerros Orientales (Mesa Cerros): la experiencia de salvamento de los últimos humedales existentes e incluso algunos avances en agricultura urbana y periurbana. Algunas de las características de una ciudad alternativa y sostenible, pensando en Bogotá, apuntarían, en primer lugar, a una menor concentración poblacional. En segundo lugar, se tendería a tener varios centros urbanos en la región, separados por espacios dedicados a la producción agropecuaria en términos sostenibles y por espacios dedicados a la conservación de los ecosistemas que proveen los servicios básicos para la población y para el mantenimiento de la capacidad de carga de los ecosistemas. Dichos centros urbanos estarían interconectados aprovechando las telecomunicaciones contemporáneas. Se dispondría de una matriz energética sostenible, además de recalcarse la urgencia por iniciar el cambio de las fuentes fósiles, actualmente en uso, a las solares. Finalmente, se privilegiaría el transporte público, masivo y eficiente frente al vehículo particular.

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Por otra parte, el avance hacia un nuevo modelo de ciudad implicaría decisiones a nivel nacional que tendrían que ver con una política de asentamientos urbanos prevista en la Ley 99 de 1993 y nunca implementada. En este sentido, la actual “locomotora urbana” del Plan de Desarrollo de Santos solamente profundizaría el modelo que hemos venido criticando. Un nuevo modelo de ciudad implicaría, finalmente, un Proyecto Nacional de Vida, Alternativo y Ambientalmente Sostenible.

Carmen Fonseca

Cerrejón: Carbón para el mundo miseria para Colombia 2 “Esa es mi Guajira engalanada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande, viene un heredero a reclamarla, porque tiene plata porque ahora si vale… Ahora que la dama tiene plata viene el galán a la casa y promete quererla, claro tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaure y su carbón de piedra, pa´ los gringos, su carbón de piedra, pa´ los monos, su carbón de piedra, pa´ los yankees, su carbón de piedra, para los japoneses, su carbón de piedra, pa´ los surafricanos, su carbón de piedra y pa´ nosotros, que comamos… piedras” Fragmento de la canción La Dama Guajira de Hernando Marín Hace más de 20 años empezó el proceso de extracción de carbón en el departamento de la Guajira. En la década de los setentas cuando se inició la etapa de exploración del proyecto, comenzó a correr el rumor en toda la costa de que una empresa extranjera vendría a sacar el carbón del departamento; se pensó que había llegado el progreso y el desarrollo a la región. Hoy, la historia es otra. El complejo carbonífero del Cerrejón tiene alrededor de 32.000 has de extensión desde la baja, en Barrancas, hasta la alta Guajira en Puerto Bolívar. Comenzó como una empresa compuesta 50% por Intercor filial de la Exxon y 50% por Carbocol S.A. –Carbones de Colombia-, empresa del estado que a inicios de la década pasada cede sus derechos sobre la mina hasta el año 2.034 por 383 millones de dólares, cuando sólo en 2010 las ventas de la empresa ascendieron a 2.284 millones de dólares (http://www. cerrejon.com/site/sala-de-prensa/cifras-cerrejon.aspx). Sin duda, este ha sido uno de los mejores regalos que le ha hecho la nación colombiana al capital privado, ya que,

2 Este texto fue la base para la ponencia presentada por la estudiante de la Universidad Nacional, Carmen Fonseca,

en el conversatorio con Rafael Colmenares y Darío Arenas.

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vendió una de las empresas que más rentable le hubiese podido resultar. En la actualidad, el Cerrejón le pertenece a tres multinacionales mineras: BHP Billiton –australo inglesa- , Anglo American –sudafricano inglesa- y Xstrata –suiza-. En la década de los ochenta se pensaba que le había llegado el cuarto de hora a la Guajira en materia de empleo, pero según las cifras oficiales del Cerrejón a 2010 ofreció 9.500 empleos directos y entre 30 y 50 mil indirectos; estos últimos, en su mayoría, no tienen acceso a las mismas garantías laborales a las que tienen derecho los empleados directos de la mina, pues sus sueldos son mucho más bajos, no tienen estabilidad laboral y ni pensar en asociación sindical. Poco a poco el Cerrejón se fue consolidando como la empresa minera más grande del país. Para el 2006 aproximadamente el 50-60% de las exportaciones de carbón correspondían a la mina (http://www.icesi.edu.co/sudafrica/pdfs/conferencias/2_presentacion.pdf ) y en el 2011 su producción representó el 38% de la producción total en Colombia (http://www.cerrejon.com/site/sala-de-prensa/cifras-cerrejon.aspx). A medida que fue pasando el tiempo las ganancias de la empresa fueron aumentando sin parar, ya que, pasó de exportar en el año 2000 22 millones de toneladas de carbón a exportar en 2006, 28.4 millones de toneladas, (http://www.icesi.edu.co/sudafrica/pdfs/conferencias/2_presentacion.pdf) hasta llegar en el 2011 a 32.3 millones de toneladas con miras a aumentar a 40 millones en el 2015. Así, podríamos seguir enunciando las infinitas ganancias que han obtenido las empresas multinacionales dueñas de la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica. Muchos de estos datos hablan por sí solos y dan cuenta de lo beneficiosas que han sido para estas empresas las políticas mineras de los gobiernos nacionales. En una entrevista para El Espectador, León Teicher ex presidente del Cerrejón, afirma que “así como el país fue afortunado de tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante (…) Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen” (http://www.moir.org.co/La-Virgenreaparecio-con-Santos.html), lo anterior puede parecer un dato anecdótico y hasta irrelevante, pero en el fondo esta expresión muestra como la locomotora minera que propuso el presidente en su plan de desarrollo Camino a la Prosperidad, le da vía libre y todas las garantías necesarias a las empresas extractivas para que vengan y hagan de las suyas en el país. “La locomotora minera” es una política del gobierno Santos que se erige como la continuación de la iniciada durante el mandato de Álvaro Uribe “Colombia país minero”, que a 2010 tenía 7 millones de hectáreas en concesión y el 40% del suelo del país solicitado para la concesión de títulos mineros. Colombia se ha situado entre los países que mejor protegen la inversión y ofrecen los costos más bajos de operación, por ejemplo “las regalías que deben pagar los privados por los recursos no renovables del subsuelo nacional son ridículas si se comparan con las que se pagan en otros países: en Bolivia son del 18% más un impuesto del 32%. En Chile la renta minera es del 50%. En Perú del 25%. En Colombia las regalías del carbón están entre 5 y 10%, las del níquel

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son de 12% y las efectivas en el caso del oro son de 3,2%” (http://tribunaroja.moir.org. co/En-la-crisis-aumenta-el-saqueo-de.html)

Plan de expansión del Cerrejón Como ya se mencionó, esta empresa se propuso aumentar su producción a 40 millones de toneladas de carbón en 2015. Una de las formas escogidas para lograr este objetivo es expandir la zona de explotación minera; proceso que ya está en curso y que pretende reubicar alrededor de seis corregimientos del municipio de Barrancas, el asentamiento poblacional más grande cercano a la mina que recibe las regalías del carbón del Cerrejón. El proceso de reubicación consiste en trasladar a las personas habitantes de corregimientos como Roche, Chancleta, Patilla, Las Casitas y Tamaquito II de su lugar de residencia en el campo a unas urbanizaciones que se están construyendo en las afueras de Barrancas. En este punto cabe hacer varias aclaraciones, según las personas residentes en estos lugares la empresa les está comprando los terrenos a precios inferiores al valor real. No todas las familias tienen derecho a la reubicación, así que los funcionarios de la mina escogen, bajo criterios arbitrarios, cuales son las que saldrán favorecidas con la reubicación y tendrán derecho a una casa en las urbanizaciones. Estas personas padecen una calamidad tras otra. Primero tienen que luchar porque les den lo que se merecen por sus tierras y demostrar, a pesar de haber vivido toda su vida en esas lejanías, que tienen derecho a la reubicación por ser residentes. Segundo, si son reubicados, tienen que enfrentarse a un cambio abrupto, pues pasan de vivir en el campo con el sustento que proporcionan la tierra y los animales a vivir en una casa de concreto, sin espacios para sus vacas y gallinas. Esto en el mejor de los casos, porque los primeros traslados de corregimientos llevados a cabo a principios de la década del 2000 no fueron reubicaciones, sino desalojos y desplazamientos forzados. Los representantes de la empresa llegaban a los pueblos acompañados de la fuerza pública, retroexcavadoras y ESMAD como si se tratara de atrapar al peor de los maleantes; de un momento a otro le decían a las personas que abandonaran sus hogares, que ese terreno ahora hacía parte de las propiedades del Cerrejón; y ante la negativa de las personas frente a esta absurda petición las máquinas y el ESMAD procedían a hacer lo suyo. Ancianos indefensos, niños desprotegidos, campesinos y mujeres humildes eran tratados como ladrones, como animales cuyo pecado fue haber habitado esas tierras bendecidas por el carbón, pero maldecidas por las multinacionales. Cuando se le pregunta a los habitantes de los corregimientos y a los que ya fueron reubicados o desplazados cómo eran esas tierras antes de la llegada del Cerrejón, su rostro se ilumina y parecen recordar un pasado idílico en el que no necesitaban más que unos cuantos animales y trabajar en el campo para poder vivir. Entre ellos intercambiaban productos y se repartían las labores colectivas como si fueran una sola familia. Con el arribo de la empresa aparecieron las enfermedades por el polvillo; per-

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sonas, plantas y animales empezaron a sufrir las consecuencias de la cercanía con la mina, su territorio fue cercado dejándolos apartados de los ríos que una vez fueron su principal fuente de agua y pescado; muchos se vieron obligados a trasladarse a la cabecera municipal en busca de trabajo, ya que la tierra no producía lo mismo que antes de la minería. Gesto contrario es el que hacen cuando se les pregunta qué piensan de lo que les ha dejado el Cerrejón: fruncen el seño y se asombran ante esta interrogación que para ellos tiene varias respuestas obvias: “¿qué no ve?, nada, pobreza, miseria, hambre, desolación”. Esto es lo que traerá para la Guajira el proyecto de expansión del Cerrejón. El caso del Cerrejón en el departamento de la Guajira, por el tiempo que lleva de explotación, es un ejemplo de lo que le espera al resto de la población y geografía nacional si la gran minería a cielo abierto continúa abriéndose camino en nuestro territorio. El departamento del Cesar vive una situación similar; huecos y cráteres enormes que por su profundidad van a dejar sin agua a los municipios aledaños a la mina de la Drummond, regalías no se hacen sentir y en comparación con las ganancias, los empleos ofrecidos a los cesarenses parecen un chiste. No podemos dejar que este sea el camino que sigan en el Tolima con el proyecto de “La Colosa” o en Marmato, Caldas donde se pretende acabar con la minería artesanal y remplazarla por minería a cielo abierto. No hay que confundirse, como los hechos lo han demostrado las políticas del gobierno nacional están diseñadas para favorecer a los inversionistas extranjeros y a las multinacionales. Juan Manuel Santos es el hombre de las multinacionales extranjeras, su principal aliado, cuyo papel ha sido abrirle paso a estas grandes empresas para que, en medio de este gran desorden, se apropien de nuestro suelo y subsuelo, en detrimento de la soberanía nacional y de nuestros recursos naturales. Cada vez que se abre un hueco en la tierra para la práctica de este tipo de minería, se está negando la posibilidad de realizar las demás actividades económicas de las zonas, como la agricultura y la ganadería, cuando estas empresas exploten los recursos que necesitan, lo que le quedará al país serán los huecos y los recuerdos de una nación que solía ser rica en agua y tierras fértiles. Ante esta avanzada de las empresas extranjeras y la gran minería tenemos que responder con organización y resistencia civil, es por esto que terminó este escrito haciendo un llamado a unirse a la Red de Acción contra la Gran Minería Transnacional, Reclame y a este grupo de trabajo que lo que pretende es dar a conocer en la Universidad Nacional esta locomotora descarrilada que avanza sin frenos hacia la destrucción de los recursos y la soberanía nacional.

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Darío Arenas

Educación extractiva para un país minero 3 Estudiantes Universidad de Caldas, miembro de la Red de Acción contra la Gran Minería Transnacional –RECLAMEEl pasado 3 de Agosto, la ministra de educación María Fernanda Campo presentó ante la opinión pública los resultados del Observatorio laboral para la educación: seguimiento a los graduados de la educación superior en los últimos 10 años. [1] Entre las conclusiones presentadas en el informe, una de las que más resalta es la relacionada con los 10 programas universitarios mejor remunerados y con mayor vinculación laboral para los recién graduados en el año 2010. Los 3 primeros lugares en esta lista son ocupados por programas relacionados directamente con minería e hidrocarburos: Ingeniería de Petróleos, Geología e Ingeniería de Minas. Los egresados de estos programas tuvieron una vinculación laboral del 91,5%, 94,8% y 77,4% respectivamente, esto quiere decir que en promedio el 87,9% de los graduados en estas 3 carreras en 2009, consiguieron trabajo casi de inmediato. Los salarios de estos profesionales oscilan entre los 2 millones, 426 mil pesos y los 3 millones, 139 mil pesos. También se destaca que dentro de los 10 programas técnicos con mejor salario, el programa de Técnica Profesional en Minería se ubica en el quinto lugar, con un sueldo promedio de 1 millón, 227 mil pesos. Los resultados arrojados por el informe se dan bajo el marco del inusitado crecimiento de la actividad minera en nuestro país. Hoy, Colombia tiene el 40% de su territorio solicitado en concesión para grandes proyectos mineros, cerca de 40 millones de hectáreas pedidas, que se podrían comparar con la superficie de Alemania y Suiza juntos. En los últimos años han sido otorgados más de 9 mil títulos mineros y existen más de 19 mil solicitudes en trámite. Un marco normativo en el que el Estado solo actúa como regulador de la actividad particular, unas de las regalías más bajas del mundo y un paquete de enormes exenciones tributarias han configurado una fórmula inmejorable para que las compañías extranjeras hayan elegido como epicentro de su actividad a nuestro país. Solo en 2009, la inversión extranjera en el sector de minería e hidrocarburos significó el 90% del total de la inversión extranjera directa en Colombia. Concebido de esta manera, el auge minero no ha redundado en beneficios y mejores condiciones para los pequeños y medianos mineros nacionales, ni para el conjunto de la sociedad colombiana. Las perspectivas parecen no cambiar en el corto plazo con la firma de tratados comerciales como el TLC recién entrado en vigencia con Canadá, país cuyo gobierno financió la reforma al código de minas colombiano en 2009[2], y donde se encuentran

3 Documento base para ponencia en el conversatorio , presentada por Darío Arenas, estudiante invitado de la

Universidad de Caldas.

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más del 75% de las compañías mineras del mundo. Se demuestra así, que las necesidades y exigencias foráneas han determinado la adecuación del desarrollo económico y de la educación nacional, y que en el caso de la minería, infortunadamente no asistimos a un escenario diferente. Acorde a este modelo desde hace algunos años se han impulsado alianzas entre actores del sector productivo y las instituciones de educación superior; impulso que se recoge en la nueva ley de educación superior propuesta por el presidente Santos, que estipula como fuente de ingresos adicionales para las universidades, las alianzas público privadas y la vinculación del capital privado a la prestación del servicio educativo.[3] De esta manera, se busca formalizar algo que ya ocurre en diferentes instituciones públicas de nuestro país que ante la asfixia presupuestal a la que se encuentran sometidas desde hace casi dos décadas, y a merced de la falta de ética y rigor académico de algunos de sus directivos han rubricado contratos con compañías trasnacionales mineras que se lucran del enorme daño ambiental, social y económico que le dejan al país. El convenio de monitoreo ambiental entre la Universidad de Caldas y la compañía sudafricana Anglogold Ashanti, que pretende llevar a cabo un proyecto de minería a cielo abierto en una neurálgica zona del Tolima, constituye un ejemplo palpable de esto. Pese a los demagógicos pronunciamientos del gobierno en los últimos días que aseguraba que no se incluirá el apartado de universidades con ánimo de lucro estipulado en su propuesta inicial, de esta forma, las alianzas público-privadas son hoy una realidad, dichas alianzas no son lesivas en todos los casos, sin embargo, se seguirán extendiendo de manera irrefrenable, debido a las exigencias de las grandes potencias económicas, ávidas de recursos energéticos y nuevos mercados. Las notables garantías de inserción laboral para los jóvenes vinculados a programas universitarios y técnicos relacionados con la visión de “Colombia país minero”, se explican a partir del viraje que se le ha dado a la economía de nuestro país, orientándola principalmente hacia este sector, además de la necesidad de las compañías extranjeras de vincular mano de obra local conocedora del terreno (físico y normativo), que les allane el camino para llevar a cabo sus proyectos. El actual panorama se puede concebir como uno de los innumerables intentos por transformar a la universidad colombiana en un centro empresarial, diseñado para satisfacer las necesidades de las compañías extranjeras y el mercado internacional, en lugar de formar profesionales en áreas que contribuyan a un genuino e integral desarrollo de la nación. Se pretende imponer el modelo de universidad corporativa, por medio de asociaciones o del establecimiento directo de instituciones educativas por parte de las compañías, tal y como lo han hecho empresas como Motorola, McDonald’s, Lloyds TSB Bank y Disney, entre otras, que han fundado sus propias universidades, trazando contenidos y metodologías acordes a sus necesidades. En Colombia, casos como el de Unisanitas, fundación universitaria creada por la empresa de servicios de salud Sanitas, la universidad para taxistas de Chevrolet o la fundación universitaria Uniempresarial, establecida por la cámara de comercio de Bogotá, nos sugieren que de continuar por la vía de la des-

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financiación crónica de las universidades públicas, la expansión de privilegios a las compañías mineras y la adecuación del sistema educativo a las exigencias del mercado no estamos muy lejos de contemplar el establecimiento de la Universidad del oro en Marmato, construida por Medoro Resources o la creación de la Fundación Universitaria Minera de Cajamarca, por parte de la Anglogold Ashanti. Si a cada modelo de país le corresponde un modelo educativo, podemos decir con certeza que los últimos dos gobiernos han allanado el camino para que los colombianos reciban una educación extractiva al servicio de intereses ajenos a los nacionales. Colombia es el país con el desempleo juvenil más alto de Latinoamérica (actualmente en el 21%) y el 46,2% de su población joven se encuentra inactiva [4]. Esta realidad, sumada a la desvinculación del Estado en la explotación de recursos minero-energéticos, pareciera dejarles a los jóvenes colombianos, casi como única opción laboral, ingresar a una multinacional minera, a pesar de que el legado para el país y las generaciones venideras, sea un futuro de ríos envenenados, poblaciones arrasadas, dignidades pisoteadas y soberanías arrebatadas.

Bibliografía [1]http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-277950.html [2] La financiación a la reforma, según el senador canadiense Bernard Bigras, se dio a través de la agencia para el desarrollo internacional de Canadá CIDA (Canadian International Development Agency), [3] Artículos 146 y 156 del proyecto de Reforma al sistema de educación superior. http://aplicaciones.contactenoscolombiaaprende.info/ley30/sites/default/ files/editores/Reforma_al_Sistema_de_Educacion_SuperiorV2.pdf [4] DANE. Mercado laboral de la juventud (14 a 26 años). Gran encuesta integrada de hogares. Trimestre abril – junio de 2011. Bogotá, D. C. 8 de Agosto de 2011.

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Charla: La viabilidad de la locomotora minero-energética desde el punto de vista de las regalías y el ambiente Andrés E. Ángel H

Todos los colombianos nos preguntamos por la suerte que correrá el país con el modelo de desarrollo que ha implementado el gobierno de Juan Manuel Santos en el marco de la Prosperidad Democrática, modelo basado en cinco ejes programáticos o «locomotoras», entre las cuales está la locomotora minera (minero-energética). Una de las cuestiones centrales que se deben formular y llevar al debate público es la pertinencia de esta locomotora y si la misma contribuirá con el desarrollo real del país. Al conocer los estudios y cifras relacionadas con este asunto, la respuesta parece ser no. El primero de los argumentos para sustentar la justificada incomodidad de la mayoría de académicos al examinar las consecuencias de la política minera de Colombia se encuentra en el informe final preparado por International Resources Investment Corporation, para el Gobierno Nacional en diciembre de 2009. La evaluación de fortalezas y debilidades de los sistemas tributarios comparados entre Chile, Perú y Colombia arroja las siguientes fortalezas para inversión en nuestro país: •

Tasa efectiva de impuesto sobre utilidades corporativas más baja.

•

IVA promedio más bajo.

•

Impuesto de retención sobre servicios extranjeros más bajo.

•

No impuesto de retención sobre ganancias giradas al exterior.

•

Historia reciente de reformas tributarias beneficiosas para la minería, sin señales de cambios negativos en políticas a futuro.

A esto se suman estudios como el de la Universidad de Los Andes, citado por Plantas

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Brasil 53.000

Colombia 698-733

Australia 755

Colombia 1.865

Brasil 523

Colombia 42.000

Brasil 517

México 717

Perú 1.703

Indonesia 515

Indonesia 35.000

Ecuador 407

Colombia 524

Brasil 1.622

México 502

China 28.000

México 284

Indonesia 511

Ecuador 1.559

China 499

México 26.000

China 274

Brasil 468

Indonesia 1.531

Colombia 471

Tabla 1. Número de especies por grupo taxonómico para los 5 países más biodiversos del mundo

4 Estudiante de Geología de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del grupo de trabajó Soberanía.

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Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio en su publicación Government Take o Company Take ¿Estamos los colombianos subsidiando la gran minería?, en el cual se destaca que el Government Take para el país es de 22 % en el mejor de los casos. Teniendo en cuenta lo anterior es lícito preguntarse: ¿Vale la pena perder definitivamente gran parte de los recursos naturales, muchos de los cuales son endémicos, para recibir un margen de ganancia tan bajo? ¿Vale la pena generar pasivos sociales de las dimensiones que se generan hoy en día en las áreas de explotación minera para recibir dineros que ni siquiera alcanzan para subsanarlos? ¿La locomotora minero-energética está diseñada para halar el vagón colombiano o el vagón de las empresas multinacionales en detrimento del bienestar social y ambiental de nuestro país? En el documento base del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 se resalta un aumento de la inversión extranjera de USD 3 637 millones a USD 4 637 en el año 2009. Si tenemos en cuenta los privilegios tributarios y arancelarios de las empresas de gran minería, llegamos a una conclusión paradójica: a mayor inversión extranjera, mayor detrimento del patrimonio nacional. El mismo artículo de Álvaro Pardo reconoce tres factores que asisten dicha conclusión y que, en su conjunto, devuelven el valor invertido a las empresas en más de un 13%: •

Prebendas tributarias.

•

Deducción por compra de activos fijos.

•

Depreciación acelerada.

Mientras el Gobierno Nacional propone reflejarnos en los espejos de Chile y Perú en materia de minería. Sin embargo, las cifras revelan que, en su momento, las empresas multinacionales llegaron a ser acreedoras del Estado chileno debido a la evasión del impuesto a la renta (sólo 3 de 47 empresas lo pagaron parcialmente entre 1997 y 2002). Y por otro lado, en Perú, gracias a contratos de estabilidad tributaria, 25 de las 27 compañías mineras más grandes no pagaron regalías. Colombia no es la excepción. El ejemplo más claro y reciente se encuentra en el balance del año 2010 en el cual, de los 6,7 billones de pesos que recibió la nación, se dejaron de percibir 3,5 billones por concepto de exenciones tributarias. Para muchos bogotanos y habitantes de la sabana de Bogotá el ejemplo se encuentra a la vista; la explotación de materiales de construcción en la localidad de Ciudad Bolívar ha dejado saldos rojos desde su inicio. Las cifras fueron integradas por la geóloga Diana Patricia Lozano Zafra quien, en su investigación titulada Aproximación a la cuantificación de pasivos ambientales relacionados con la minería en la Localidad de Ciudad Bolívar – Bogotá D.C mediante el análisis multi-temporal de fotografías aéreas e imágenes satelitales, señala que en el periodo 1996 – 2005, mientras el recaudo de regalías ascendió a $ 1 247 409 275; según la Secretaría Distrital de Hacienda, el gasto por estabilizaciones de taludes en la citada localidad para el mismo periodo ascendió a $ 7 742 654 530. Esto significa que la minería aportó el 16,11 % de la subsanación de parte del pasivo ambiental y no aportó absolutamente nada al erario distrital.

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Esto es un ejemplo claro del subsidio público que se realiza con la minería al cual hace referencia Álvaro Pardo. Las pérdidas se socializan mientras que las ganancias se privatizan.

La dimensión ambiental Asimismo, lo que desconocen de manera supina es que el reflejo en estos mismos espejos es imposible dadas las muy especiales características del país en materia de biodiversidad. A continuación, se cita una comparación que hace parte del documento La revisión de la confluencia minero-ambiental en el plan nacional de desarrollo 2011 – 2014 del Geólogo Julio Fierro Morales, director del Grupo de Investigación Terrae. Por la naturaleza misma de este tipo de recursos no se puede cuantificar la pérdida de una especie animal o vegetal a menos que el hombre le haya asignado un valor económico derivado de su uso en procesos productivos. De la misma manera, es imposible establecer un coeficiente completamente objetivo para tasar, por ejemplo, el daño paisajístico de un área o la pérdida de un ecosistema. Si se tiene en cuenta que cualquier actividad minera, legal o ilegal, de gran minería o pequeña minería, a cielo abierto o subterránea tiene impactos negativos sobre su entorno, los cuales varían en magnitud dependiendo de la mitigación que se dé a los mismos, se puede tener una idea de la pérdida económica asociada a esta actividad. Sumando a lo anterior, la especial vulnerabilidad de Colombia debido a su característica de país mega-diverso con un altísimo nivel de endemismo, lo que se tiene no es una pérdida, sino un desastre natural de dimensiones globales. Las regalías típicas de la extracción de oro, cercanas al 4 %, son insuficientes para siquiera comenzar a mitigar el pasivo ambiental generado por el consumo de agua y los vertimientos de mercurio y arsénico. Cabe resaltar que las políticas ambientales de las empresas, grandes y pequeñas, dedicadas a esta actividad en el país o que pretenden explorar y explotar el territorio nacional son, en muchos casos, anti-técnicas y mal enfocadas.

¿Hacia dónde vamos? El crecimiento del sector minero en el país ha sido promovido por los diferentes gobiernos nacionales desde los inicios de la década de 1990. El gobierno de César Gaviria empezó con 500.000 hectáreas tituladas y terminó con 700.000, el gobierno Samper terminó con 1 000 000 de hectáreas tituladas y el Pastrana con 1.100.000. La tendencia parece coherente hasta ese momento, pero es a partir del 2002 cuando se da un crecimiento exponencial. Al finalizar el primer periodo del gobierno Uribe había 1.900.000 hectáreas tituladas; dos años después la cifra ascendió a 4.400.000 hectáreas. Para finales de su segundo mandato (año 2009) eran 8.400.000 hectáreas. Actualmente, el país se encuentra titulado en cerca de un 40 % de su superficie. Buena parte de dichas titulaciones y solicitudes mineras no contempla asentamientos humanos, zonas de reserva forestal ni páramos; lo cual genera conflictos por la tierra, desplazamiento, daños irreparables al ambiente y degradación social en las comunidades implicadas. Este mapa muestra la irresponsabilidad y la negligencia del

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gobierno nacional al establecer planes de desarrollo sin conocimientos técnicos, con el simple afán de hacer al país atractivo para la inversión extranjera y aumentar el PIB sin generar realmente riqueza. Advierte, además, la crudeza del futuro que le espera al país si la sociedad civil no se pronuncia en conjunto sobre estos temas coyunturales. Por eso, se hace un llamado desde la academia para abrir la discusión sobre el proyecto de nación que deseamos para las generaciones venideras. La conclusión obvia ante todo lo expuesto es la necesidad de revaluar las prioridades nacionales, el sistema de regalías y las exenciones tributarias a corporaciones mineras; así como socializar la discusión sobre la mal llamada locomotora minero-energética y evaluar la pertinencia de la misma. Ahora, la responsabilidad recae sobre todos los ciudadanos.

Figura 1. Áreas con títulos y solicitudes mineras (der.). El país minero y petrolero (izq.) (Julio Fierro Morales, Octubre 2011)

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Charla: DE LA EXPLOTACIÓN MINERA A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: EL CASO DE LA CANTERA DE SUBA Y EL PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS Daniel Albarracín* El segundo país con mayor diversidad del mundo, poseedor de tantos paisajes como especies, y una posición geográfica privilegiada en muchos aspectos, se está desangrado debido a un proceso productivo, independientemente de que este proceso tenga importancia en la historia y de que sea uno de los pilares del desarrollo de las sociedades contemporáneas. Esta carrera productiva está a cargo de grandes multinacionales, que devastan importantes extensiones del territorio nacional, mientras contaminan fuentes hídricas y destruyen tejidos sociales en búsqueda de ganancias tan grandes como las montañas que destruyen. Tanto la explotación voraz de nacionales y extranjeros, como un Estado permisivo y corrupto, han dinamitado la geografía nacional y las relaciones sociales en búsqueda de “El Dorado”: primero el oro, luego la plata; ahora el petróleo, el níquel, el carbón y, más recientemente, el Coltán. Desde la llegada de los españoles a tierra caribeñas el deseo de metales preciosos y de crecimiento industrial ha sido en gran medida el motor de los modelos de desarrollo en América Latina. Con los procesos revolucionarios de independencia las cosas no cambiaron mucho, pues el nuevo Estado suplanta los intereses nacionales por los personales y, antes que reorganizar la economía en pro del desarrollo nacional, intensifica la producción primaria sujeta a los intereses extranjeros. Julio Fierro es muy acertado al denominar a Colombia como un «país minero», a pesar de de la propiedad estatal de los recursos nacionales que promueve la Constitución Política . Pero desde la legislación nacional, particularmente el Código de Minas (Ley 695 de 2001), se entiende la minería como un elemento de interés para el desarrollo nacional. Este mismo código, además de ambiguo, es permisible y promueve la 6

expropiación y la degradación del ambiente . A pesar de que «en la capital no existen minas de carbón, metales (como el oro) o piedras preciosas […], a juicio de expertos en el tema y de concejales como Carlos Vicente de Roux, la actividad minera en la ciudad es la de mayor envergadura en Lati7

noamérica, en comparación con las demás capitales del continente.» . Al ser Bogotá el epicentro político, social y económico de país, la necesidad de recursos primarios * Estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del grupo de trabajó Soberanía. 6 “[...] la peculiar configuración del Código Minero que desborda restricciones de protección ambiental y ordena-

miento territorial, creando un marco institucional laxo y difícil que no favorece la formulación e implementación de los Planes de Recuperación Morfológica y Ambiental (PRMA) ni su cumplimiento como auténticas recuperaciones más que como explotación encubierta a término indefinido.” (Secretaria Distrital de Ambiente & Universidad Piloto, 2008, p.79) 7 DiarioEl Espectador (2010). El problema minero. Consultado el 15 de Febrero de 2012 en http://www.elespecta-

dor.com/impreso/articuloimpreso-219642-el-problema-minero

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y manufacturados es un factor de presión ambiental para la sabana de Bogotá y el altiplano cundiboyacense, tanto por alimentos como por materiales de construcción inherentes al desarrollo y crecimiento de la ciudad. «Dado el crecimiento urbano, la minería que inicia su desarrollo como una actividad periurbana, termina inmersa dentro del contexto urbano, por lo cual, sus efectos ambientales empiezan a ser sentidos por un número mayor de personas. De ahí que adquieran particular importancia las medidas tendientes a articular el desarrollo urbano con la vecindad de usos mineros y las estrategias para incorporar estos terrenos una vez terminadas las explotaciones.» (PGA, 2001, p 193) «En la ciudad, el crecimiento urbano ha sido el resultado de acciones privadas desligadas de una planeación de ciudad, debido a que la legislación no ha sido ejecutada o en muchos casos debido a la ausencia misma de un plan de crecimiento urbano (Ordoñez, 2001)» (Gomez,, 2009, 48) En el presente caso, la necesidad de materiales de construcción llevó a centrar los esfuerzos privados en torno a la extracción de materiales en los cerros cercanos al centro históricos (cerros de Monserrate y Guadalupe). A mediados de los años 40 del siglo XX, dada la voracidad del proceso minero, esta actividad se trasladó, tanto al sur, (San Cristóbal) como al norte, de la mano de la colonización urbana que fue anexando los municipios vecinos de la región (a mediado de los 50). Tanto las canteras del suroriente, como del norte (Usaquén, Soratama) y Occidente (Suba, cerros de Suba) tienen una relación recíproca entre explotación y expansión urbana. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2007). Al igual que los cerros de Monserrate y Guadalupe, el cerro de Suba ha sido objeto, tanto de la minería de materiales de construcción, como del proceso de urbanización, lo cual ha carecido en gran medida de planes de ordenamiento y de manejo ambiental. La intervención a los cerros de Suba se remonta a las primeras comunidades prehispánicas que, dada la posición geográfica, los configuran como territorios sagrados por su importancia cosmogónica. A parir de la colonia, se inicia la apropiación de la región por medio de la construcción y colonización del territorio. Al inicio del siglo XX, son las haciendas entregadas por subasta pública a diferentes propietarios las que, además de degradar las fuentes hídricas, inician un proceso de deforestación y se produce un paulatino proceso de urbanización. (Gómez, 2009; Hospital de Suba, 2010). Desde 1945, aproximadamente, en el cerro de Suba (a pocos metros de la plaza central del entonces municipio, ahora Localidad décimo primera de Suba) se establece la «Cantera de Suba», fuente para ladrilleras y cementeras. Gracias a la constitución tardía de los cerros Orientales y de Suba, los minerales que subyacen en estas áreas son de bajo valor agregado. Según el Ministerio de Medio Ambiente (1998), «la industria extractiva de materiales de construcción (canteras) se realiza en un 100% a cielo abierto […] Según el Código de Minas (Decreto 2655 de 1988) el sistema de explotación a cielo abierto debe usarse para extraer rocas o minerales no disgregados utilizados como materiales

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de construcción.» (p. 61). Después de más de cincuenta años de explotación y bajo la ausencia casi total de normatividad, la cantera de Suba genera un grave deterioro en el ambiente. La falta de elementos técnicos de explotación y su impacto en la comunidades aledañas

son parte de un panorama que ya es visible a mediados de 1994. Es en

ese mismo año en que el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Resolución 222, define zonas de uso minero dentro de la Sabana y prohíbe el desarrollo de la actividad minera dentro de los perímetros urbanos incluyendo a Santa Fe de Bogotá. Con la apropiación por parte del Distrito de la cantera de Suba se inició un proceso de restauración ecológica en el cual, además de restablecer las características el ecosistema intervenido, se procura por el establecimiento de nuevas relaciones entre el hombre y el medio a restaurar. En consecuencia, la participación de los diferentes actores sociales es primordial para darle viabilidad al proceso de restauración. Bajo el marco jurídico del Ministerio de Medio Ambiente (Resolución 222/94), «la comunidad, con la asesoría de la Secretaría de Ambiente y con aportes de la alcaldía local, […]” (El Tiempo, 2008) permitió la recuperación de la antigua cantera. En primer momento la antigua cantera de Suba se convierte en la escombrera distrital (para aliviar coyunturalmente la problemática de escombros de la ciudad) con un capacidad receptora equivalente a 260.000 m3, con lo cual se permite la estabilidad del terreno, dado el peligro de deslizamiento por una inadecuada explotación (DAMA & PNUMA, 2003; SDA, 2008). Al ser el DAMA —ahora SDA— el ente encargado de la minería distrital, «tanto del manejo ambiental de la actividad minera como de la recuperación morfológica y ambiental de las zonas […], está a cargo del que hace o hizo uso del recurso, la Administración Distrital no debe ni está en condiciones de asumir la responsabilidad económica de la misma, más aún, si se tiene en cuenta que esta conlleva a gastos multimillonarios [...] como es el caso práctico el proyecto de recuperación técnica ambiental de la cantera de Mirador de Los Nevados de Suba, el cual alcanzó cerca de 4 400 millones, en un área de seis hectáreas» (Contraloría de Bogotá D.C., s/f, p. 6-7) Desde el 2011, por medio del decreto 069 de 2002

y con el apoyo de la Univer-

sidad Nacional, se completa el plan de restauración morfológica y ambiental de la antigua cantera de Suba. De esta forma, se construyen cuatro plazoletas: Plazoleta del Mirador, Plazoleta Central, Plazoleta Astral y Plaza de Acceso. Igualmente, al ser un parque Distrital, «hace parte del resguardo indígena de Suba y también es uno de los puntos en donde se concentra el debate democrático en la localidad. La curiosa forma cóncava del parque Mirador de los Nevados, ubicado a 2 682 metros sobre el nivel del mar, es solo uno de los atractivos del lugar.» (El Tiempo, 2008)

8 Tal como lo hace notar la denuncia del Gobernador del Cabildo, Gonzalo Chaparro, a mediados de 1995 sobre la

amenaza que presenta la cantera de Suba a la viviendas de 50 familias de la comunidad Mwiska. (El Tiempo, 1995) 9 Por el cual se adopta el Plan Maestro del parque urbano Mirador de los Nevados».

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Como en el caso de la cantera de Suba, la inserción de la minería se realiza en forma irregular, por no decir ilícita, sin estudios técnicos o ambientales, en primer lugar por lugareños de la cantera, quienes luego la entregan a propietarios de mayor poder. Según la Contraloría Distrital, la minería «ha generado en la ciudad diferentes grados de impactos no sólo en la morfología del paisaje, sino en la calidad de los recursos naturales (Contraloría de Bogotá, p. 5). «En la ciudad hay 1.164 hectáreas afectadas por la actividad minera. Según cifras de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la explotación propiamente dicha se realiza en 107 predios. De éstos, solo siete cuentan con todos los permisos necesarios para ejercer estas explotaciones.» (El Espectador, 2010) Es claro que el desarrollo de cualquier sociedad requiere de diferentes recursos naturales, entre los que se destacan los minerales. En el caso de Bogotá, la región donde se encuentra permite conseguir materiales de construcción para las ladrilleras y cementeras, con lo cual, en teoría, los costos de producción serían mejores en comparación con otras fuentes geográficas. Esta teoría es fuertemente controvertida por Julio Fierro, en cuanto los juegos de mercado igualan los precios distritales a los de canteras en otras partes del país. En ese mismo orden de ideas, la burocracia y los intereses particulares han permitido el destrozo, tanto legal como ilegal de gran parte de los cerros orientales, desde Usaquén (en Soratama y el Verjón) hasta la zona rural del Distrito, en donde se destaca el caso del Parque Minero Industrial de Tunjuelito, terreno alrededor de la cárcel La Picota y la Escuela de Artillería que ha sido dinamitado por la Iglesia Católica (Fundación San Antonio), Cemex, Holcim y las Fuerzas Militares. En la medida en que continúe el juego de un gobierno corrupto, débil y —desde Santos— minero-energético, no habrá planes de recuperación morfológica y ambiental o inversión que permita recuperar el impacto que el actual gobierno tiene como bandera de «desarrollo». La explotación minera, como en el caso de las canteras a cielo abierto, además de destruir el paisaje, las relaciones ecológicas y la fauna y flora nativa, es fuente para la corrosión de las relaciones y el tejido social.

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