Prima Exagia Nº 18

Prima Exagia es una revista que recoge el trabajo de los estudiantes pertenecientes a los Cursos Nivelato rios de Lectoescritura. Esta publicación, de frecuencia semestral, es producto del esfuerzo de estudiantes, docentes, tutores y miembros del grupo Prima Exagia, con el apoyo de la Facul tad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.

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RECTORA

Dolly Montoya Castaño VICERRECTOR José Ismael Peña Reyes DIRECTOR BIENESTAR SEDE BOGOTÁ Óscar Arturo Oliveros Garay

JEFE DE DIVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Zulma Edith Camargo Cantor COORDINADOR PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS William Gutiérrez Moreno

DIRECTORA DE BIENESTAR FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Eucaris Olaya DECANO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Carlos Guillermo Páramo Bonilla

Las ideas y opiniones presentadas en los textos de la siguiente publicación son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no reflejan nece sariamente la opinión de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista Prima Exagia

Número 18 - 2022/ ISSN 2256-2117 ISSN en línea 2745-1836

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Humana s

Autores o Autoras

Miguel Ángel Fuerte Blanco Marlon Yessid Velásquez Bonilla Roger Alfredo Bejarano Martín Jerónimo Carrero Ramírez Edier Lozada Losada José Ricardo Muñoz Rodríguez Angie Sofía Pamo Culma Cristian David León Gordillo Sharon Dayana Bonilla Morales

Docentes de los CNLE Gloria Esperanza Mora Monroy Adriana Díaz Cuevas Jack Henríquez Gómez Leidy Johanna Moreno Gómez Lorena Valderrama Luisa Fernanda Arroyave

EQUIPO EDITORIAL Profesora que acompaña y avala el proyecto Gloria Esperanza Mora Monroy Coordinación Miguel Ángel Fuerte Blanco

Preedición: Miguel Ángel Fuerte Vivian Lamilla Rodríguez Mateo Vergara Oll Carol Ximena Ramos Laura Córdoba Gaitán Valeria Castillo Castillo Juan Esteban Correa Julián David Rodríguez Cristian Camilo Meléndez Ángela María Jiménez Yuri Andrea Rodríguez Santiago Andrés Garzón Silva Jefferson Barrera Montañez Corrección de estilo Manuela Rondón Triana (PGP)

Diseño y Diagramación Equipo de Diseño PGP

Marlon

Editorial

Prima

Miguel Ángel Fuerte Blanco

mafuerteb@unal.edu.co

Filología e Idiomas: Inglés Coordinador del grupo estudiantil Prima Exagia

Exagia es un espacio en el que muchos estudiantes que recién ingresan a la Universidad Nacional han podido expresar sus opiniones e interrogar de manera crítica, propositiva y creativa sus realidades. En estos dieciocho números, publicados de manera continua desde el año 2011, hemos podido publicar textos de las más variadas temáticas: desde tecnología hasta medio ambiente, pasando por problemáticas sociales, economía, educación, filosofía, etc. La publicación de estos textos, cuyo proceso de escritura es acompañado por los estudiantes, los tutores y los docentes, no sería posible sin el invaluable trabajo del comité editorial de la revista: estudiantes de los diferentes programas curriculares de la Facultad de Ciencias Humanas que le apuestan a la escritura y a la educación como un camino para la transformación.

El presente número es el resultado de incansables horas de trabajo, reflexión, aprendizaje y emoción, en el que cada persona, desde sus experiencias, motiva ciones y pasiones, ha contribuido. Así las cosas, esperamos que usted, estimado lector o estimada lectora, encuentre en estas páginas discusiones interesantes y relevantes para entender las temáticas que los autores han decidido compartir: el medio ambiente y la sociedad.

En la primera sección, titulada Medio ambiente, usted encontrará cuatro ensayos que realizan una denuncia en torno a diferentes prácticas que, susten tadas bajo una nociva idea de desarrollo, tienen implicaciones negativas en el ser humano y su entorno. El primer ensayo, El estado colombiano frente al cambio climático, plantea la insuficiencia de las acciones del Gobierno nacional para combatir el cambio climático. Los dos siguientes ensayos, ¿Son realmente sostenibles las hidroeléctricas en Colombia? y La otra cara de las hidroeléc

tricas colombianas, analizan la manera como estos proyectos de generación de energía renovable perjudican de manera significativa el medio ambiente y las comunidades circundantes. Como cierre de esta sección, el ensayo La maldición de los recursos: oro negro y carbón, pobreza para Colombia discute el impacto que tiene la extracción de dichos recursos en el territorio colombiano.

La segunda sección de la revista, titulada Sociedad y Política, contiene tres ensayos en los cuales es transversal la crítica que se realiza a las políticas guber namentales o propuestas dado el impacto que tienen (o pueden tener) en la sociedad colombiana. El primer ensayo, titulado Mujeres rurales, desamparadas por el Gobierno y estigmatizadas por el pueblo, aborda la problemática de las mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto armado y la ineficiencia estatal para su reparación integral. El segundo ensayo, Una reforma recesiva y poco solidaria, pone en discusión la reforma tributaria propuesta por el Ministerio de Hacienda durante la pandemia ocasionada por el COVID-19. Finalmente, el ensayo Porte legal de armas: un disparo a la sociedad colombiana analiza la propuesta de legalización del porte de armas y su inviabilidad en el escenario social actual.

Como cierre a este editorial, quiero agradecer a los y las estudiantes que hacen parte del comité editorial de la revista Prima Exagia: a Vivian Lamilla, Mateo Vergara Oll, Carol Ximena Ramos, Laura Córdoba Gaitán, Valeria Castillo Castillo, Juan Esteban Correa, Julián David Rodríguez, Cristian Camilo Meléndez, Ángela Jiménez, Santiago Andrés Garzón Silva, Jefferson Barrera Montañez y a Yuri Andrea Rodríguez. Sus lecturas, reflexiones y apoyo fueron fundamentales para la elaboración del presente número. Asimismo, quiero dar un agradeci miento especial a los docentes Adriana Díaz, Jack Henríquez, Leidy Moreno, Lorena Valderrama y Luisa Fernanda Arroyave. Esta revista busca reconocer su ánimo, creatividad y fortaleza en el acompañamiento de los y las estudiantes de los CNLE (cursos nivelatorios de lectoescritura) durante el periodo de pandemia. Finalmente, este proyecto no sería posible sin el apoyo, el acompa ñamiento y las enseñanzas de la profesora Gloria Mora, la coordinadora de los CNLE y del grupo estudiantil Prima Exagia.

Fotografía: Pedro Szekely, 2017. https://bit.ly/PE-18-IMG-01

Medio ambiente

Fotografía: Daniel Jolivet, 2018. https://bit.ly/PE-18-IMG-02

EL ESTADO COLOMBIANO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Marlon Yessid Velásquez Bonilla

mvelazquezbo@unal.edu.co

Ingeniería Mecánica Adriana Díaz Cuevas, docente

Resumen

[Texto argumentativo] El Gobierno actual no tiene leyes suficientes con respecto al cambio climático en Colombia. Esto juega un papel crucial puesto que el Estado no está regulando los sectores agropecuario y forestal, que son los mayores productores de emisiones brutas de dióxido de carbono; tiene una proyección insuficiente para cambiar la nueva planta automotriz por una totalmente eléctrica; y, por último, no tiene una proyección clara de cómo lograr una reserva del 30 % en todo el territorio nacional. Esto lleva a plantear la ineficiencia del Gobierno en términos de políticas medioambientales.

Palabras clave:

Estado, cambio climático, leyes, GEI, sostenibilidad, proyección.

Enla actualidad, el mundo está atravesando una crisis en términos climáticos. Sin embargo, no es una situación reciente; desde 1992, cuando se realizó la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, CMNUCC (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2021), efectuada y firmada en Rio de Janeiro, se reconoce la existencia de la problemática del cambio climático (United Nations, 2020b). Además del reconocimiento de la situación, se han realizado conferencias anuales por parte de las Naciones Unidas desde 1995, como un punto de implementación de la CMNUCC, en las que “[…] miles de delegados gubernamentales y representantes de la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación se reúnen para impulsar la acción por el clima” (Naciones Unidas, s.f., párr. 1), con el fin de dialogar y tomar medidas desde cada gobierno frente al cambio climático, teniendo en cuenta que la Conferencia de las Partes (CP), o COP por sus siglas en inglés, es el órgano supremo en la toma de decisiones de la convención (United Nations, 2020a).

Cabe resaltar que el actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, asistió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) en su 26ª edición con una estrategia climática muy ambiciosa llamada Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia, E2050 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021), en la que se plantean propuestas para la reducción de gases de efecto invernadero imposibles de lograr con las políticas actuales. Dicha estrategia se basa en nueve líneas de acción; no obstante, en este texto solo se discutirán las siguientes cuatro: (a) la gestión integral de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos, (b) la producción y el consumo sostenible, (c) la matriz energética diversificada para atender la demanda a través de fuentes renovables y (d) la movilidad e infraestructura sostenibles (Monsalve y Urrego, 2021).

De esa estrategia se destaca, entre otros puntos, la pretensión de lograr la carbono-neutralidad para el año 2050 (Portafolio, 2021). Esta es definida como “[…] la idea de que las emisiones netas de gases de efecto invernadero se equilibren y sean iguales (o menores) a las que se eliminan a través de la absorción natural del planeta” (CMNUCC, 2020, párr. 2). Consecuentemente, el ministro de ambiente y desarrollo sostenible, Carlos Eduardo Correa, en una entrevista para el periódico El Tiempo, en el marco de la COP26, afirmó que: “Antes del 2030 lograremos los objetivos ambientales que hemos propuesto” (Caicedo, 2021, párr. 1), refiriéndose a la estrategia E2050. A partir de la proble mática ya planteada, se puede concluir que el Gobierno actual tiene leyes insufi cientes con respecto al cambio climático en Colombia.

En primera medida, es necesario definir qué son los gases de efecto inver nadero (GEI). Según el IDEAM, estos se definen como “[…] compuestos que están presentes en la atmósfera en ciertas concentraciones y que contribuyen a aumentar la temperatura del planeta, debido a su capacidad para absorber y remitir la radiación infrarroja proveniente de la superficie terrestre” (Sistema de Información Ambiental de Colombia [SIAC], 2015, párr. 1). Ahora, teniendo esto en consideración, resulta pertinente definir qué es el dióxido de carbono:

El más importante GEI asociado a actividades humanas y el segundo gas más importante en el calentamiento global después del vapor de agua […] dentro del ciclo natural del carbono, el CO2 juega un rol principal en un gran número de procesos biológicos. En relación con las actividades humanas el CO2 se emite principalmente, por el consumo de combustibles fósiles. (Benavides y León, 2007, p. 36)

Periódicamente, el IDEAM publica informes del Inventario Nacional y Departa mental de Gases de Efecto Invernadero - Colombia, en los que se afirma que los mayores productores de estos gases son el sector agropecuario, con 67,37 Mton CO2 de emisiones brutas del país, y el sector forestal, con 94,13 Mton CO2 de emisiones brutas del país (IDEAM, 2016). Después de estos, se encuentran las industrias manufactureras y el transporte.

Como ya fue enunciado anteriormente, no se está regulando a los mayores productores de emisiones brutas de dióxido de carbono, los sectores agrope cuario y forestal. Acá solo se considerarán estos dos métodos de producción debido a que son los dos mayores productores de GEI del país según el IDEAM (2016). Del sector agropecuario sobresale la actividad ganadera de forma extensiva, que es la forma de producción bovina más común a lo largo del país y que tiene como característica de producción criar el ganado en grandes potreros de por lo menos cinco hectáreas por cada res. Este tipo de fundos es uno de los mayores generadores de recursos del país con una ganancia del 6,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual y genera, a su vez, el 16,3 % de los empleos en todo el territorio (Rosso y Rincón, 2018).

No obstante, el impacto que tiene la ganadería en el medio ambiente es de igual trascendencia, un tema que señalan muy bien Rosso y Rincón en un estudio ambiental-jurídico en el que se analiza cómo el Estado colombiano regula la industria ganadera y su impacto en el suelo: “A pesar de los numerosos beneficios económicos que aporta, trae numerosos efectos negativos en el ambiente a nivel

global, tales como el calentamiento de la atmósfera, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua” (2018, p. 34).

Esto se relaciona con la tala de árboles del sector forestal y su nexo con la ganadería, puesto que el 8 % de la deforestación va destinada a la ganadería extensiva (Rosso y Rincón, 2018), de manera que se dispone el uso de la tierra solo para el pasto, que no siempre tiene la mejor calidad de nutrientes, y se despoja a muchos árboles y animales nativos, lo que aumenta la contaminación por la presencia de dióxido de carbono. Como ya se mencionó, estos terrenos se utilizan solamente para la producción de pasto, pues se tiene la creencia de que contribuye a que la res se engorde más rápido, tradición que va muy arraigada al peón o mayordomo del fundo (Rosso y Rincón, 2018). Dicha proble mática se distingue por la desproporcionada posesión y uso de las tierras que se ve reflejada en muy pocas manos, dado que, como señalan Rosso y Rincón (2018), de veintidós hectáreas aptas para el cultivo, 8,5 millones de hectáreas son usadas para la ganadería; y del 100 % del territorio del país, el 80 % está en manos del 1 % de hacendados o terratenientes. Esta situación nos deja un panorama devastador. Aunque el Estado ha tratado de regular tanto la distri bución como el uso de la tierra, estos intentos no han sido suficientes para la reparación de los efectos nocivos al medio ambiente (Gallo y Sanabria, 2019).

Lo citado anteriormente tiene relación directa con la normativa entre las políticas públicas y los efectos que estas leyes tienen en el uso de la tierra. Gallo y Sanabria (2019) señalan que: “Como fenómeno jurídico, social y ambiental la ganadería extensiva carece de un marco regulatorio específico que evalúe su impacto y genere una agenda que permita plantear soluciones desde el punto de vista normativo” (p. 390). Esto nos indica que el Gobierno colombiano no posee un marco normativo claro para la regulación de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, porque tanto la ganadería como la deforestación no están siendo reguladas, lo cual preocupa mayormente si se tienen en cuenta las líneas de acción de la estrategia E2050. No se estaría cumpliendo con la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, ni tampoco con la producción y consumo sostenible, dado que estaríamos consumiendo productos agropecuarios que no ayudan a la preservación del medio ambiente.

Ahora, cabe mencionar que se tiene una proyección insuficiente para cambiar la nueva planta automotriz por una totalmente eléctrica. Esto tiene cabida en la política colombiana actual en vista de que dos puntos de esa línea de acción que se plantean en la estrategia E2050 tratan sobre la problemática correspondien temente a la movilidad e infraestructura sostenible y la creación de una matriz

energética diversificada para atender la demanda a través de fuentes renovables (Monsalve y Urrego, 2021). El sector transporte es uno de los que mayor cantidad de GEI producen con un promedio anual de 28,26 Mton CO2 (IDEAM, 2016). También hay que tener en cuenta que, además del dióxido de carbono, otra fuente de producción de GEI es el metano, como lo demuestran Benavides y León (2007): “Otra fuente importante de metano está relacionada con la producción y distri bución de gas natural y petróleo y en la explotación de carbón mineral” (p. 38). Este hecho es relevante si se comprende que el gas natural es un productor de metano 72 veces más contaminante que el dióxido de carbono (Manos Verdes, s.f.).

Conviene poner énfasis en lo anterior porque en 2018 el Ministerio de Ambiente realizó una solicitud de reducción arancelaria del 0 % y 5 % para los vehículos eléctricos y de gas natural, respectivamente, aprobada mediante el Decreto 2051 de 2019 del Ministerio de Comercio (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 2019), con el fin de promover la adquisición de vehículos de bajas y cero emisiones. Esto lo subraya el Ministerio de Minas y Energía en su informe de movilidad eléctrica: “en diciembre de 2018, Colombia tenía 2176 vehículos eléctricos. A 2035, 100 % de los vehículos adquiridos para los Sistemas de Transporte Masivos deberán ser eléctricos o de cero emisiones. Meta a 2030, 600 mil vehículos eléctricos” (s.f. p. 13).

En cuanto a esta meta, aunque está bien el fomento de este tipo de transporte, se tiene una proyección insuficiente en función de que el objetivo de vehículos para 2030 va a ser de 18.000.000 y el porcentaje de vehículos eléctricos sería del 3,3 % de la flota total automotriz. Esto sin menospreciar que el gas es un hidrocarburo de transición y también goza de los beneficios de reducción arancelaria que los vehículos 100 % eléctricos o híbridos tienen (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 2019). De esta manera, se hace hincapié en el deber que tiene el Gobierno de cambiar el parque automotor por uno más ecológico. Sin embargo, como ya se evidenció, no se observa ninguna diferencia entre comprar un vehículo a gas y comprar uno totalmente eléctrico. Es por esto que se tiene una estimación deficiente, consi derando que el 3,3 % de la flota totalmente eléctrica de aquí a 2030 no bastaría para ser sostenible ambientalmente y ayudar a evitar el cambio climático. Por último, el Estado no tiene una proyección clara de cómo lograr una reserva del 30 % en todo el territorio nacional. El presidente Iván Duque, durante su intervención en la COP26, se comprometió con tener el 30 % del territorio nacional en área protegida (Leaders’ Pledge for Nature, s.f.). Además, Duque ha señalado en relación con esta situación que:

[…] ya están avanzando con la siembra de 180 millones de árboles, que llegará a 120 millones para fin de año; [con] proteger el 30% del territorio del país para 2022 y [con] que 100 compañías ya firmaron un acuerdo para también ser carbonos neutrales para 2050. (Monsalve, 2021b, párr. 3)

Ante este panorama se indica que actualmente el Sistema de Parques Nacio nales Naturales (SPNN) tiene registro de zonas protegidas del 12,77 % (Parques Nacionales Naturales de Colombia, s.f.). Y aunque las declaraciones fueron bien recibidas ante la comunidad internacional, nunca se especifica cómo se va a lograr este objetivo, ni en documentos oficiales como el despliegue de la estra tegia E2050, ni tampoco en las declaraciones dadas durante la COP26.

El tema ya tratado lo recalcan bien Villardy y Parra en su informe Parques Cómo Vamos:

El Estado debe enfrentar de manera estratégica a las empresas crimi nales que impulsan la deforestación, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, que afectan a varios de los Parques Nacionales Naturales del país. Existen procesos muy dinámicos y en aumento, hay procesos crónicos en algunos parques, pero también hay procesos incipientes, que deben ser gestionados de manera diferencial. (2021, p. 17)

Además, el Gobierno tampoco esclarece cómo podría duplicar las áreas de protección que ahora existen (PNN, 2021), teniendo presente que 35 de 59 parques naturales están en algún grado de amenaza (Vilardy y Parra, 2021), y que por esta razón no están siendo protegidos de forma correcta; así como también que, de esos 59 parques, 32 están siendo deforestados (Monsalve, 2021). Consecuentemente, se puede inferir que el Estado tampoco tiene una protección total y eficaz de los parques y zonas que ya son reservas, algo que choca con la postura de incumplimiento del Estado a nivel nacional y la postura de ser pionero a nivel internacional, con base en lo dicho en la estrategia.

En síntesis, se evidencia que el Gobierno actual tiene leyes insuficientes (o no tiene) con respecto al cambio climático. Esto es perjudicial en tanto que, en primer lugar, el Estado colombiano no está regulando a los grandes emisores de GEI, en especial a los sectores agropecuario y forestal que son los dos mayores productores de dióxido de carbono; en segundo lugar, el Gobierno presenta una proyección insuficiente para tener una flota automotriz eléctrica de tan solo el

3,3 % para el año 2030, y, por último, el Estado no tiene ninguna ley para lograr una protección del 30 % en todo el territorio nacional, lo que es preocupante, dado que, sumado a esto, el Estado también presenta una precarización en la protección de los parques y zonas de reserva que ya posee.

Esto nos lleva a plantear la ineficiencia y falta que tiene el Gobierno actual en términos de políticas para la ayuda del medio ambiente, que es lo que al final se verá afectado por las decisiones que se tomen. Ahora cabe preguntarnos: ¿podrán los gobiernos venideros cumplir con la estrategia E2050?

Referencias

Benavides, H. y León, G. (2007). Información Técnica Sobre Gases de Efecto In vernadero y el Cambio Climático. IDEAM. https://bit.ly/39maUxX

Caicedo, E. (2021, 31 de octubre). Antes de 2030 lograremos los objetivos ambienta les que hemos propuesto. El Tiempo. https://bit.ly/3NXBLzu

CMNUCC. (2020). Guía para principiantes sobre la neutralidad climática. United Nations Climate Change. https://bit.ly/39qCHND

Gallo, W. y Sanabria, A. (2019). Evaluación de impacto ambiental y ganadería extensiva en Colombia. Universidad Externado de Colombia.

IDEAM. (2016). Inventario nacional y departamental de gases efecto invernadero - Colombia. Punto Aparte. https://bit.ly/3O770br IDEAM. (s.f.). Cambio climático. SIAC. http://www.ideam.gov.co/web/siac/cclimatico Leaders’ Pledge for Nature. (s.f.). Firmantes. Leaders’ Pledge for Nature. https:// bit.ly/3zCKtif

Manos Verdes. (s.f.). Gases contaminantes: problemas y soluciones. Manos Ver des. https://bit.ly/3tx5mYk

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Transporte y Unidad de Planeación Minero Energética. (2019). Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. https://bit.ly/3NQBKgF

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021, 1 de noviembre). Colom bia lanzó hoy su estrategia climática a 2050 en la cumbre mundial de Reino Unido. https://bit.ly/3MM8whr

Ministerio de Minas y Energía. (s.f.). Movilidad eléctrica. https://bit.ly/39kyc79

Monsalve, M. (2021, 2 de noviembre). Duque promete declarar el 30% del territorio como área protegida para 2022. El Espectador. https://bit.ly/3xQs7bW

Monsalve, M. y Urrego, C. (2021, 1 de noviembre). Colombia presentó su plan para ser carbono neutro a 2050 (pero con pocos detalles). El Espectador. https://bit.ly/3xQTvqB Naciones Unidas. (s.f.). COP26: Juntos por el planeta. https://bit.ly/3MPlSto Parques Nacionales Naturales de Colombia. (s.f.). Sistema de Parques Natura les. Parques Nacionales Naturales de Colombia. https://bit.ly/3b1yBvS

Portafolio. (2021, 1 de noviembre). COP26: Duque lanza estrategia nacional para cero emisiones a 2050. Portafolio. https://bit.ly/3QhMkyK

Rosso, M. y Rincón, N. (2018). Intervención del estado en la industria ganadera y su impacto en el suelo colombiano. https://bit.ly/3mOcUCe

SIAC. (2015). Gases de Efecto Invernadero, GEI. IDEAM. https://bit.ly/3mSeMtn

United Nations. (2020a). Conferencia de las Partes (COP). United Nations Climate Change. https://bit.ly/3QobBqU

United Nations. (2020b). Qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. United Nations Climate Change. https://bit.ly/3OjusSt

Vilardy, S. y Parra, A. (2021). Parques Cómo Vamos. Parques Nacionales de Colombia. https://bit.ly/39tcJcj

Te invitamos a ver el videoensayo ¿Hay plata pa’la guerra y no para estudiar? En este, Santiago Monroy busca demostrar por qué el presupuesto destinado al servicio militar obligatorio debería ser dirigido a la realización de nuevos proyectos en educación.

https://www.instagram.com/p/CdofhSvu9fU/

Fotografía: Alexander Popov, 2020. https://bit.ly/PE-18-IMG-03

¿SON REALMENTE SOSTENIBLES LAS HIDROELÉCTRICAS EN COLOMBIA?

Resumen

Roger Alfredo Bejarano Martín

rbejarano@unal.edu.co

Ingeniería eléctrica Adriana Díaz Cuevas, docente

[Texto argumentativo] El presente escrito expone las razones por las cuales las hidroeléctricas en Colombia son insostenibles socioambientalmente. En primer lugar, se hace énfasis en los impactos ambientales de estos proyectos; en segundo lugar, se analizan los impactos sociales a partir de tres proyectos concretos y, en tercer lugar, se establece la relación econo mía-desmesura a partir del caso del río Magdalena. El ensayo se enmarca dentro de la coyuntura de la transición a energías limpias y amigables con la ciudadanía en el mundo, a fin de que sea analizada no solamente desde la ingeniería, sino desde todas las disciplinas que influyen directa e indirectamente en una gran obra de construcción hidroeléctrica.

Palabras clave:

hidroeléctrica, Hidroituango, insostenibles, energía, socioambiental.

El7 de mayo de 2018 tuvo lugar una de las principales amenazas en Colombia: el taponamiento del túnel de desviación del cauce del río Cauca en la hidroeléctrica más grande del país y de Latinoamérica, HidroItuango. Fue tan preocupante que más de cinco mil personas aguas abajo tuvieron que desalojar sus lugares de residencia, lo que generó una situación de desplazamiento masiva. Aunque la emergencia fue controlada y no colapsó la represa que contenía los 20 millones de metro cúbicos de agua del río Cauca, se generaron debates que permitieron develar no solamente el deterioro ambiental que causó HidroItuango, sino también la gran colisión social que dejó la hidroeléctrica. Como resultado, se conocieron los más de cuatro mil desplazamientos que ocurrieron desde la concepción del proyecto hasta su terminación (Aristizábal, 2021), al tiempo que se investigaba la desaparición de un bosque seco tropical en la zona a causa de la reducción en una quinta parte del caudal, lo que habría tenido como conse cuencia la muerte de poblaciones de peces (El Espectador, 2021).

En esta coyuntura, el Estado, representado por el Ministerio de Minas y Energía, y algunas empresas hidroeléctricas han aseverado que este tipo de proyectos no causan contaminación, y que los impactos ambientales y sociales son reversibles. No obstante, en este texto se sustentará que las hidroeléctricas en Colombia son insostenibles socioambientalmente. Para ello, se demostrarán las conmociones sociales y ambientales que ha tenido Colombia en cuanto a la construcción de centrales hidroeléctricas. Se iniciará con las afectaciones ambientales de las represas; luego, se abordará la generación de desplaza mientos y, finalmente, se presentará un análisis de la desmesura de las construc ciones hidroeléctricas en las cuencas del país.

Antes que nada, es preciso entender cómo funciona una hidroeléctrica. Según la Unidad de Planeación Minero Energética 2015), este tipo de instala ciones transforman las corrientes de agua que circulan por los ríos en energía eléctrica gracias a la caída de agua obstruida en un embalse.

En primer lugar, la obstrucción de agua en los ríos causada por cuenta de las represas genera modificaciones perjudiciales en el dinamismo de los ecosis temas de la cuenca hidrográfica. De acuerdo con Enrich-Prast et al. (s.f.), tal dinamismo se sustenta en los ciclos hidrológicos de nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo, conocidos como los ciclos biogeoquímicos. Al ser esta la base funda mental de todo ecosistema, cualquier alteración no natural trae repercusiones y, por lo tanto, deriva en impactos ambientales mucho mayores. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (2009) evidencia, tras investigaciones científicas y técnicas realizadas en diez importantes hidroeléctricas en

América, que las represas y los embalses originan de manera generalizada daños atmosféricos, debido a la descomposición de materia orgánica de las algas y microorganismos a causa de la inmovilidad del río producida por la represa; acumulación de sedimentos, causada por la aglomeración del agua por la falta de movimiento del río; elevación de los niveles de evaporación, debida al aumento de área de la lámina de agua e inundación en el embalse que es estática, y degradación de los ecosistemas acuáticos, ya que los peces quedan atascados en el muro de la represa, lo que dificulta que los animales predadores de fauna acuática consigan su alimento.

Ahora bien, en cuanto a la alteración del caudal del río, Angarita et al. (2013) demuestran, a partir de modelos matemáticos, que los tiempos de retorno de los caudales en los ríos donde hay presencia de hidroeléctricas se aumentan de manera significativa, lo cual evita la continuidad normal y necesaria de nutrientes para que siga con vida el río. Es necesario recordar que cualquier modificación artificial en el ecosistema, como una represa, causará alteración en los ciclos biogeoquímicos y, por tanto, en el dinamismo normal del río.

En segundo lugar, es preciso ahondar en los conflictos sociales generados por las principales y más grandes hidroeléctricas en Colombia, especialmente el desplazamiento. Se tendrán en cuenta como referentes HidroItuango, Hidrosogamoso y El Quimbo. De acuerdo con el informe elaborado por el Observa torio de Conflictos Ambientales (OCA) del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional, las tres hidroeléctricas están comprometidas en situaciones de desplazamiento de comunidades en donde han desarrollado sus construcciones (Millán, 2019). Uno de los ejemplos más representativos es HidroItuango, la mayor hidroeléctrica de Colombia, ubicada en el departamento de Antioquia. Si bien los conflictos sociales en la región de Ituango se remontan a la década de 1980 con la presencia de fuerzas armadas ilegales y paramili tares, la situación de desplazamiento se debe en gran parte a la hidroeléc trica, como lo evidencian los testimonios de pobladores y expobladores de la zona (Movimiento Ríos Vivos Antioquia, 2018). En 2018 se generó la emergencia más grande en una obra civil en el territorio nacional: el colapso del túnel de desviación del cauce del río Cauca, que amenazó con desplomar la montaña (Afanador, 2018) y originar el desplazamiento más grande en la región antio queña desde 1980, que fue más acentuado cuando comenzaron las obras para la construcción de la hidroeléctrica.

La siguiente hidroeléctrica en magnitud es Hidrosogamoso, ubicada en el departamento de Santander. En este caso, el desalojo no fue forzoso; sin

embargo, los factores de salubridad, trabajo y alimentación llevaron a que las familias que estaban asentadas allí abandonaran sus tierras ya que los cultivos no producían lo habitual a causa de la calidad del agua de riego que les llegaba (Moreno, 2019). Los otros problemas derivados de la hidroeléctricas fueron ambientales debido a la no remoción de la materia orgánica, que era una exigencia de la licencia ambiental (Roa, 2016), lo que presupone una negli gencia estatal al no vigilar y verificar los documentos. El caso de El Quimbo es diferente a los otros dos, ya que fue la razón principal por la que un amplio grupo de campesinos formaron un movimiento social con el fin de oponerse rotundamente a la construcción de la hidroeléctrica, ubicada en el departa mento de Boyacá. Actualmente, la organización lleva procesos judiciales en contra del proyecto con miras a desmontarlo, pues las incidencias fueron más allá de un ámbito ambiental: centenares de habitantes y animales fueron despojados de sus tierras, en las cuales se iba a realizar la inundación (Asoquimbo y Tierra Digna, 2021).

En último lugar, en el país hay una desmesura de proyectos hidroeléc tricos a raíz del aumento exponencial de demanda eléctrica en el territorio y en los países a los cuales se exporta la energía (Unidad de Planeación Minero Energética, 2021). Colombia es el cuarto país latinoamericano con más exportación eléctrica y está incluso por encima de Brasil, que tiene el mayor potencial hídrico del mundo. Como consecuencia directa de ese aumento, se eleva la cantidad de licencias de grandes y medianas hidroeléctricas en cuencas con alta demanda hídrica, como la cuenca del río Magdalena (Angarita et al., 2013), que alberga alrededor de 33 de ellas. Lo anterior plantea un panorama preocu pante a largo plazo debido a la saturación parcial de la cuenca, lo que lleva a la disminución de la capacidad hídrica del río y afecta el 80 % del PIB del país (Jiménez-Segura et al., 2014).

Con todo lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía (2019) posiciona en su sitio web a las hidroeléctricas como fuentes de energía limpia porque evitan efectos adversos en la atmósfera como gases de efecto invernadero. No obstante, y retomando lo expuesto en el primer argumento, la Asociación Intera mericana para la Defensa del Ambiente (2009) menciona en su informe que las hidroeléctricas sí emiten contaminación atmosférica debido a la descom posición de materia orgánica causada por la inmovilidad del afluente, lo cual deriva en gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono.

En conclusión, las hidroeléctricas ubicadas a lo largo de la geografía nacional tienen incidencias negativas en términos socioambientales. En primer

lugar, la obstrucción de agua tiene unos impactos negativos en los ecosis temas acuíferos; en segundo lugar, las principales hidroeléctricas del país han generado diversos conflictos sociales, como el desplazamiento; y, en tercer lugar, el creciente mercado energético plantea una gran preocupación sobre el futuro de las cuencas del país, como la del río Magdalena. Las hidroeléctricas en Colombia son causantes de daños ambientales graves y muy difícilmente rever sibles. Además, son sinónimos de desplazamiento, por lo que son insostenibles a nivel social y ambiental. Es evidente la ineficiencia estatal bajo el argumento de defender y aumentar la economía energética a costa del despojo de personas, animales y vegetación. Sin embargo, este ensayo no insinúa la eliminación total de las hidroeléctricas en el país, pues esto causaría un declive en la economía, pero sí aboga por cambios estructurales y legislativos para mitigar sus impactos.

Referencias

Afanador, J. (2018). Poderes fácticos y megaobras de infraestructura: el caso de Hi droituango. Ideas Verdes, 13, pp. 1-31. https://bit.ly/3ty9Iyo Angarita, H., Delgado, J., Escobar, M. y Walschburger, T. (2013). Escenarios de al teración regional del régimen hidrológico en la cuenca Magdalena - Cauca por inten sificación de la demanda para hidroenergía. Memorias del Congreso Internacional AGUA, Universidad del Valle, Cali, Colombia, 5, pp. 5303-5315.

Aristizábal, Y. (2021, 20 de septiembre). Desplazamientos en Ituango, un infierno re currente. UdeA Noticias. https://bit.ly/3xQryip

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. (2009). Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad? Principales conse cuencias ambientales y en los derechos humanos y posibles alternativas. AIDA. https://bit.ly/3OebCfh

Asoquimbo y Tierra Digna. (2021). Las represas como factor de despojo de tie rras y territorios campesinos: El caso del campesinado del Huila frente al Pro yecto Hidroeléctrico El Quimbo. Semillas. https://bit.ly/3MVYURk

El Espectador. (2021, 2 de octubre). Las tareas para restaurar un bosque amenazado en el corazón de HidroItuango. El Espectador. https://bit.ly/3MLvbKQ

Enrich-Prast, A., Gaxiola, A., Lúcia, A., Durán, J., Rodríguez, A. y Marotta, H. (s.f.). Ciclos biogeoquímicos y cambios globales. https://bit.ly/3yaFfaT

Jiménez-Segura, L., Restrepo-Santamaría, D., López-Casas, S., Delgado, J., Valderrama, M., Álvarez, J. y Gómez, D. (2014). Ictiofauna y desarrollo del sector hidroeléctrico en la cuenca del río Magdalena-Cauca, Colombia. Biota Colombiana, 15(2), pp. 3-26.

Millán, J. (2019, 18 de enero). Hidroeléctricas, generadoras de conflictos ambien tales. Periódico UNAL. https://bit.ly/3tA08ea

Ministerio de Minas y Energía. (2019, 22 de marzo). Agua, fuente de energía. ht tps://bit.ly/3HlLVHy

Moreno, J. (2019). Energías del despojo: Desplazamiento forzado por megapro yectos, memoria y resistencia en torno a Hidrosogamoso [Tesis de maestría]. Uni versidad Nacional de Colombia. https://bit.ly/3OiuPg3

Movimiento Ríos Vivos Antioquia. (2018). Un tejido a muchas voces, el sentir de una resistencia por el agua y por la vida. Centro Nacional de Memoria Histórica. https://bit.ly/3tBRtbg

Roa, T. (2016). Hidrosogamoso: Conflicto y resistencia. Semillas, 63/64, pp. 50-55. ht tps://semillas.org.co/apc-aa-files/0ccc57454a31b3c038b4b92d620f7f60/revis ta-semillas-63-64.pdf

Unidad de Planeación Minero Energética. (2015). Atlas potencial hidroenergéti co de Colombia. https://bit.ly/3HoUDEL

Unidad de Planeación Minero Energética. (2021). Proyección Demanda Energía Eléctrica y Gas Natural 2021-2035. https://bit.ly/3OgCISW

Te invitamos a ver el videoensayo Adiós, Amazonas. En este video, Jhonatan Pedraza nos habla acerca de la problemática que está viviendo el Amazonas y las comuni dades indígenas a causa de la ineficacia del Estado.

https://www.instagram.com/p/CdrmUoSOGfT/

LA OTRA CARA DE LAS HIDROELÉCTRICAS COLOMBIANAS

Resumen

Jerónimo Carrero Ramírez jecarreror@unal.edu.co

Ciencia Política Leidy Johana Moreno, docente

[Texto argumentativo] El presente ensayo demuestra que las hidroeléctricas en Colombia son un factor de desplazamiento forzado y no ayudan a las comunidades rurales, sino que por el contrario las afectan en distintos aspectos. En primer lugar, se mencionará una serie de impactos negativos de carácter social, ambiental y económico que causan este tipo de megaproyectos a las comunidades rurales. En segundo lugar, se resaltarán los daños que provocan el manejo y la construcción irresponsable de las hidroeléctricas a los ecosistemas y fuentes hídricas. Finalmente, se hablará de las sanciones y consecuencias que giraron en torno a dos grandes proyectos hidroeléctricos nacio nales: Hidroituango y El Quimbo. Asimismo, se mostrarán los puntos de vista de las víctimas de estos megaproyectos.

Palabras clave:

Hidroeléctricas, desplazamiento forzado, comunidades rurales, El Quimbo, Hidroituango.

Para

empezar a hablar sobre el impacto que ha generado la construcción y el establecimiento de hidroeléctricas en Colombia, es pertinente recordar que las hidroeléctricas han hecho presencia en nuestra sociedad desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Según Hurtado (2014), “comienza a operar la central hidroeléctrica de El Charquito, cerca de Bogotá, con capacidad de 300 kW. Fue construida, desde 1896, por la firma Samper Brush Company” (p. 59). Ahora bien, si se comparan en detalle los conocimientos y técnicas que se aplicaban en 1896 con los actuales, se evidencia un claro avance que supondría desarrollar estos megaproyectos con mayor responsabilidad y conciencia ambiental. Esto es lo que deberíamos esperar por parte de los encargados de la construcción y operación de este tipo de instalaciones. Sin embargo, la realidad es otra. El presente ensayo sustentará que la construcción de hidroeléctricas en Colombia no beneficia a las poblaciones rurales. A lo largo de este escrito, se explicará por qué este tipo de megapro yectos las afecta y las expone a una condición vulnerable, el desplazamiento forzado. Para ello, en primer lugar, se mostrará cómo, aunque las hidroeléctricas son un gran avance tecnológico, perjudican a estas comunidades económica y socialmente; en segundo lugar, se hablará del impacto ambiental que tienen en las zonas donde operan y, para finalizar, se hablará de los daños que genera en el territorio el mal manejo y la construcción irresponsable de hidroeléctricas.

A pesar de que las hidroeléctricas son la muestra de un claro avance tecno lógico y de infraestructura para el país dado que permiten generar energía de una forma distinta a otras más antiguas, como el uso del carbón o de combustibles fósiles dentro de plantas eléctricas, requieren bastantes terrenos para operar, por lo que se desplazan a las poblaciones aledañas con el fin de inundar los predios necesarios para su funcionamiento y construcción. Un claro ejemplo de ello es la hidroeléctrica El Quimbo en el Huila, donde fue necesario inundar 11.079.6 hectáreas del terreno que ocupa esta hidroeléctrica, la cual opera con aguas del río Magdalena. Estas, además, fueron de cierta forma privatizadas, puesto que las comunidades cercanas a la zona no pueden seguir viviendo del río.

Por otro lado, es importante resaltar lo que afirma Kerr (2010): una fuente importante de los desplazamientos forzados en Colombia a principios del siglo XXI se dio a causa del control territorial por parte de empresas y sus proyectos ambiciosos en zonas ricas en cuanto a recursos naturales, lo que deja como única opción a estas comunidades abandonar sus tierras. Esto demuestra que la construcción de hidroeléctricas y demás megaproyectos ha afectado a poblaciones rurales por primar el interés económico de sus impulsores sobre

los de las comunidades que habitan en estas zonas y viven de ellas. Lo anterior se debe a la comodidad brindada por tener un cuerpo de agua cerca, no solo para el consumo, sino también para el desarrollo de actividades económicas, como la silvicultura, la agricultura o la ganadería. Incluso si se hiciera uso de terrenos brindados por el Estado colombiano, también se estaría afectando el equilibrio ambiental del ecosistema de la zona, ya que en los cauces y orillas de los ríos o fuentes hídricas habita una gran variedad de especies que se verían perjudicadas debido a la inundación del área que será ocupada por la represa o por un desvío de la fuente hídrica.

Con relación a la hidroeléctrica El Quimbo, es pertinente resaltar la lucha que han desarrollado los miembros de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo (ASOQUIMBO). En una entrevista a Luz Myriam Restrepo, integrante de esta asociación, Camprubí (2020) recopila lo siguiente:

[…] para impedir la construcción del megaproyecto extractivista, [en] el año 2011 Restrepo tuvo que ver como se inauguraba esta represa construida con capital italiano y español por las empresas ENEL y ENDESA bajo el nombre colombiano de ENEL-EMGESA. Con ella se inauguraban 8.500 hectáreas de territorio campesino inundadas, más de 28.000 personas damnificadas y unas 15.000 desplazadas forzosa mente. Se había erigido el muro del desorden ambiental, económico y social para su región. (párr. 3)

Asimismo, la manipulación incorrecta de las aguas de estas hidroeléctricas puede alterar el equilibrio natural del ecosistema fluvial. Como se mencionó anteriormente, los ríos se convierten en fuentes hídricas no aptas para la pesca y el uso doméstico. Esto se puede evidenciar en el informe de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS) sobre las aguas de la represa de Betania, ubicada en el departa mento del Huila, específicamente en la desembocadura del río Yaguará en el Río Magdalena. La entidad advierte que hay cianotoxinas en el embalse de Betania y en aguas del río Magdalena, lo que resulta preocupante debido a que esta agua es de mala calidad y, por consiguiente, puede afectar negativamente a las pobla ciones que la consuman y aprovechen la pesca de este sector (RDS, 2015).

En consecuencia, las personas que viven del recurso hídrico cercano a estos megaproyectos ya no pueden seguir haciendo un uso y consumo de este por dos motivos importantes: por un lado, la alteración de las aguas debido al contacto con los compuestos usados en las represas para tratarlas o en su construcción

y, por otro lado, la reducción de los caudales de los ríos o afluentes aledaños. Lo anterior causa un desequilibrio ambiental grave en la zona, que incluye, por ejemplo, la muerte de algunos de los peces que habitan en estas aguas, lo que conlleva una preocupante reducción en el producto pesquero que se obtiene y, a su vez, la escasez de alimento no solo para las comunidades, sino también para las especies animales que habitan cerca de las fuentes hídricas. Todas estas complicaciones se pueden evitar con un trabajo conjunto entre las entidades estatales, los encargados de estos megaproyectos, y los piscicultores y a la comunidad de la zona. Sin embargo, no siempre se toman medidas preventivas para evitar cualquier daño ambiental hacia estas comunidades y personas que se benefician y viven de las fuentes hídricas.

Respecto a las consecuencias resultantes por los errores y fallos en la construcción de estos megaproyectos, se puede resaltar el caso de las pobla ciones aledañas a Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país, que cuenta con una capacidad de 2.270.000.000 metros cúbicos. Por diversas causas, este proyecto significó un riesgo para las comunidades rurales y pueblos cercanos a la zona, pues las obligó a abandonar sus tierras para prevenir una catástrofe debido al riesgo inminente al que se vieron expuestas a causa de los deslizamientos, el colapso y la obstrucción del túnel destinado para desviar las aguas del río Cauca, el segundo río con el cauce más grande de Colombia. Según un informe de Deutsche Welle sobre los hechos ocurridos allí en el año 2018, se puede resaltar lo siguiente:

El estudio elaborado por expertos en geología y mecánica de suelos revela que una “combinación de problemas no resueltos” entre diseños, supervisión y construcción provocaron la emergencia […] Entre las conclusiones está que el soporte instalado en la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) colapsó entre el 22 de septiembre de 2017 y el 28 de abril de 2018 debido al flujo de agua, ya que era “muy irregular y el suelo estaba erosionado”. (2020, párr. 4-5)

Por consiguiente, de no haberse inundado el cuarto de máquinas como una solución desesperada para prevenir daños mayores al ecosistema y a las comuni dades aledañas, la catástrofe podría haber sido de mayor magnitud. Los daños significativos fueron causados por errores de los promotores de este proyecto. Por lo tanto, es indispensable afirmar que no se debió empezar su construcción sin haber tenido previamente la licencia ambiental y sin cumplir las norma

tivas nacionales necesarias para su operación, pues el proyecto presentaba una considerable suma de fallos, como el mal diseño del túnel encargado de desviar el río Cauca, que colapsó por la reducción del uso de tornillos o pernos de roca en la construcción de una de sus secciones. También se demostró que pudo colapsar por el flujo de agua que había debajo de este, lo que causó una erosión en el terreno. No obstante, aquí es importante resaltar la acción y coordinación de los organismos de socorro que lograron evacuar a más de 20 mil personas que habitaban en las poblaciones aledañas a la represa debido al riesgo al que se veían expuestas ante un posible desbordamiento por el acelerado aumento de la cota de llenado (Portafolio, 2018).

Estos graves errores que han puesto en peligro a las comunidades y a los ecosistemas no han quedado impunes. El claro descontento de las personas afectadas, la visibilidad que estas tuvieron en la prensa internacional y los movimientos ambientalistas han ejercido presión para que se haga justicia y sean resarcidos los daños ocasionados. Un ejemplo de ello es el fallo a favor del departamento del Huila y los afectados por la construcción de la hidroeléc trica El Quimbo, por la vulneración del equilibrio ecológico: “La multinacional Enel-Emgesa, dueña de la represa El Quimbo, tendrá que restituirle al Huila, 11.079,6 hectáreas para compensar los daños ambientales ocasionados por la construcción de la hidroeléctrica que hoy opera sobre el río Magdalena” (Radio Nacional de Colombia, 2020, párr. 2).

Así, Enel-Emgesa debe entregar nuevas tierras al departamento en compen sación por las que fueron usadas para la construcción, inundación y funcio namiento del embalse. Al mismo tiempo, debe ser garante de las actividades agropecuarias que se llevaban a cabo en estas tierras antes del establecimiento del megaproyecto y contribuir al desarrollo de la región. La licencia ambiental de esta hidroeléctrica ha sido rechazada por varios movimientos sociales e incluso figuras políticas de la región, pues esta cobija los municipios de Gigante, El Agrado, Garzón, Altamira, Paicol y Tesalia.

Por otra parte, en cuanto a los fallos descubiertos en Hidroituango, las sanciones no se hicieron esperar. La irresponsabilidad de sus promotores puso en riesgo a alrededor de 17.000 personas, habitantes de varios de los municipios del departamento de Antioquia, quienes se vieron obligadas a evacuar la zona ante un posible desbordamiento de la gran represa. Empresas Públicas de Medellín (EPM), mandataria de la Sociedad Hidroituango, fue sancionada por la Autoridad de Licencias Ambientales con una multa de 5.509 millones de pesos debido a la problemática ocasionada:

[…] las responsabilidades tienen que ver con la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y su infraestructura asociada, dentro del proyecto ‘construcción, llenado y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero - Ituango’, sin haber tramitado y obtenido previamente la modificación de la licencia ambiental. (Amaya, 2021, párr. 3)

Por consiguiente, todo lo que vivieron los habitantes de estos municipios antioqueños entre el 18 y el 24 de mayo del 2018 se habría podido evitar si los promotores de este megaproyecto se hubieran asegurado de tener todos los estudios, licencias y materiales pertinentes para el correcto funcionamiento de la hidroeléctrica y, a su vez, de su construcción. La falla geológica que se descubrió debido a la erosión del suelo debajo del túnel pudo terminar en una tragedia a gran escala y, al mismo tiempo, pudo ocasionar un mayor daño a nivel ambiental muy difícil de reparar. Como es bien sabido, el gobierno de nuestro país no es el mejor en cuanto al apoyo a damnificados por catástrofes naturales, lo que obliga a los afectados a interponer acciones legales en contra de estas multinacionales y de los promotores de estos proyectos para obtener una reparación por los daños y perjuicios que les fueron causados.

También es importante resaltar las labores de los movimientos sociales y ambientales, como Ríos Vivos Colombia, quienes han apoyado y acompañado a las personas afectadas por la construcción del megaproyecto Hidroituango, no solo visibilizando su lucha, que comenzó desde antes de la construcción de este megaproyecto, sino también con la asesoría jurídica necesaria para interponer los recursos legales pertinentes y así obtener una reparación por los perjuicios ocasionados.

Para concluir, es pertinente recordar que, aunque las hidroeléctricas fueron vendidas a los colombianos, al principio, como un medio óptimo para generar la energía que necesitamos para abastecer nuestro país y llevar la electricidad a cada rincón del territorio, dichos proyectos siguen siendo problemáticos. Por un lado, tenemos las consecuencias ambientales que trae inundar los terrenos necesarios para su ubicación y funcionamiento. Además, se deben tener en cuenta los cambios que ocasionará en el ecosistema el establecimiento de las hidroeléctricas debido al desvío y uso de fuentes hídricas para producir la energía. Por otro lado, ellas tienen un gran impacto social en las comunidades rurales de las zonas aledañas, las cuales viven de distintas actividades agrope cuarias mencionadas a lo largo de este ensayo (la ganadería, la piscicultura, la agricultura, la silvicultura, etc.) y que claramente se verán perjudicadas si se

construye un megaproyecto cercano porque este las obligaría a abandonar la zona en busca de empleos y mejores condiciones para subsistir.

Referencias

Amaya, J. (2021, 21 de enero). ANLA confirmó multa a EPM por más de $ 5.500 millones debido a crisis de Hidroituango. La República. https://bit.ly/3HnAQFI

Camprubí, B. (2020, 28 de mayo). Cuidar el territorio a pesar del desplazamiento. Cuidar Entre Tierras. https://bit.ly/3MVtRoG

Deutsche Welle. (2020, 9 de septiembre). Hidroituango: revelan verdaderas fallas en diseño del proyecto energético más grande de Colombia. Deutsche Welle. https:// bit.ly/3MPUQSM

Hurtado, J. (2014). Cronología del sector eléctrico colombiano. Revista cultural de Santander, 9, 56-77. https://bit.ly/3Qlz7F0

Kerr, E. (2010). Desplazamiento forzado en Colombia: un crimen contra la humanidad. PBI Colombia, 14, 3-7.

Portafolio. (2018, 22 de mayo). Aumenta a 24.000 el número de evacuados por riesgo en Hidroituango. Portafolio. https://bit.ly/3aVYEED

Radio Nacional de Colombia. (2020, 9 de septiembre). Emgesa debe restituir 11.079 hectáreas en zona de El Quimbo (Huila). Radio Nacional de Colombia. https://bit. ly/3mOiFzC

Red de Desarrollo Sostenible. (2015, 12 de junio). Posibles impactos del embalse de El Quimbo. Red de Desarrollo Sostenible. https://bit.ly/3MPW9kE

Fotografía: Dominik Vanyi, 2018. https://bit.ly/PE-18-IMG-05

LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS: ORO NEGRO Y CARBÓN, POBREZA PARA COLOMBIA

Edier Lozada Losada elozada@unal.edu.co

Odontología Adriana Díaz Cuevas, docente

Resumen

[Texto argumentativo] Los productos derivados que se obtienen del procesamiento de combustibles fósiles han hecho que la economía internacional dependa en gran medida de la explo tación de este tipo de recursos. Colombia se ha centrado en exportar principalmente petróleo y carbón. Frente a esto, el Gobierno nacional se encuentra en conflicto con las regiones porque, a nivel económico, las regalías e ingresos que se generan de esta industria extractivista no se invierten en las comunidades pues se evidencian altas tasas de pobreza en ciudades y pueblos mineros. Se destaca que, si bien la Constitución protege los derechos de los territorios, es necesario que se dé más inclusión y se endurezcan las medidas de control para el otorgamiento de licencias de explotación minera, ya que son los pobladores los que viven directamente los impactos que deja la minería. Sumándose a esto, el desastre ecológico que se da a partir de procesos mineros afecta de manera irreversible a la flora y a la fauna endémicas, lo que impide que la comunidad se beneficie de los diversos servicios ecosistémicos que ofrecen estos biomas.

Palabras clave:

Minería, petróleo, carbón, economía, medio ambiente.

Laminería es una actividad económica que consiste en la extracción de recursos naturales del suelo y el subsuelo para ser procesados como materia prima en la manufactura de productos derivados con importancia económica y social (Herrmann y Zappettini, 2014). Por tal motivo, el aumento en el consumo de productos mineros en la sociedad genera que países desarrollados importen a bajos precios recursos de países más pobres para poder cubrir esa demanda energética (Price y Espí, 2014).

Colombia posee una reserva considerable de recursos naturales no renovables como los hidrocarburos, que lo convierten en un país minero-de pendiente; por esta razón, un 40 % de su economía se concentra en exportar combustibles fósiles como el petróleo y el carbón (Lagos y Peters, 2010). En ese sentido, sectores a favor de la minería en Colombia enuncian que es una actividad indispensable para la salud económica nacional. Este es el caso de Bruce Mac Masterel, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que afirmó: “la minería representa el 1,6 % del PIB; es decir, alrededor de $ 15,6 billones y, como un todo, representa 6,7 % de la economía nacional, o sea, alrededor de $ 66,7 billones” (Valora Analitik, 2021, párr. 16), cifras fiscales que resultan ser significativas para el país.

Por consiguiente, Perry y Olivera (2010) destacan los beneficios económicos per cápita en municipios petroleros y carboníferos. Igualmente, Pachón (2014) defiende la explotación minera, pero con una visión enfocada en el desarrollo sostenible, lo cual implica que se integre a todos los sectores involucrados. En la misma línea, Francisco Lloreda, director de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), aseguró para Caracol Radio que desmantelar la industria petrolera en Colombia resultaría muy negativo para las familias colombianas, ya que los ciudadanos deberían pagar más caros los combustibles, la electricidad y el gas; además, tendrían que cubrir con más impuestos la falta de regalías que se obtienen de las exportaciones de petróleo (Jiménez, 2021).

Por lo anterior, el cénit del petróleo es cada vez más evidente. La Organi zación Mundial del Comercio (OMC) publicó que de 2015 a 2018 el PIB de Colombia solo aumentó un 1.8 % con relación a las exportaciones petroleras (Agencia EFE, 2018). Municipios del Meta y Casanare vienen afrontando una crisis económica por la caída en los precios del barril de crudo en un 70 %, pues esta causó despidos masivos, cierre de empresas y protestas sociales (Semana, 2018). Apoyando esta visión a nivel socioambiental, Gudynas (2018) establece que la actividad petrolera en Colombia genera un impacto ambiental negativo, al abrir caminos, al hacer estudios sísmicos o fracking, y provoca un desequilibrio en los

ecosistemas afectando tanto la biodiversidad como las fuentes hídricas.

Respecto a la explotación de carbón, irónicamente La Guajira y el Cesar, identificados como los dos departamentos más carboníferos del país, que exportan un 60 % de la producción total nacional de carbón, nutridos con miles de millones en regalías, no lograron reducir su tasa de pobreza monetaria para el año 2021 (El Pilón, 2021). Igualmente, Amézquita (2014) asegura que los municipios mineros y petroleros de Colombia (con algunas excepciones en Antioquia) son más pobres que otros que no realizan estas actividades: no se ve la inversión social con las regalías ni con recursos gubernamentales.

Los hechos mencionados han originado conflictos sociales entre el Gobierno nacional y los locales, que se suman a un componente ambiental crítico. En consecuencia, se sustentará que se debe prohibir la extracción de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón en el país. Para ello, se darán tres razones: una ambiental, una socio-jurídica y una económica.

En primer lugar, las actividades de explotación petrolera y de carbón tienen efectos ambientales negativos e irreversibles que generan riesgo para la sociedad y el ecosistema. Si bien se reconoce que toda actividad humana provoca un impacto sobre el ambiente y que los productos petrolero-car boníferos derivados son de importancia para el desarrollo nacional, esto no justifica que se deban explotar estos recursos a cualquier costo ambiental y en cualquier lugar solo porque prima el interés económico. En ese sentido, al iniciar labores de minería petrolera y carbonífera se ejecutan acciones antró picas tales como la deforestación para la construcción de vías y la bifurcación fluvial, las cuales modifican el entorno y afectan la parte biótica y abiótica de los ecosistemas intervenidos afectaciones que se conocen como pasivos ambientales (Trujillo et al., 2017). Ejemplo de esto es lo ocurrido en el departa mento de La Guajira, donde 17 fuentes hídricas se vieron gravemente afectadas por la actividad minera y la desviación de ríos en la mina de El Cerrejón, que provocaron la sequía de varios afluentes, la acidificación del agua y la desapa rición de especies acuáticas (Leguizamo y Ruíz, 2019).

Otro hecho se presentó en las minas de carbón de Boyacá, donde se dio la pérdida de fuentes hídricas, fauna y flora (Rocha, 2018). En el Cesar las extracciones carboníferas generaron partículas que afectaron la calidad del aire; asimismo, el tapete vegetal aledaño a las zonas mineras se vio fuertemente influenciado ya que las excavaciones profundas hicieron que los suelos quedaran estériles (Mendoza, 2015). Las minas de carbón también afectan fuertemente las fuentes de agua, principalmente por vertimiento de desechos producto de la minería; además, el

uso de explosivos libera de la corteza elementos tóxicos que drenan hacia los ríos, lo que provoca la contaminación de las aguas (Acosta, 2016).

Los daños ambientales de la industria petrolera son iguales o peores que la carbonífera. Uno de los impactos directos se da en las etapas de exploración por la deforestación, la cual deteriora el hábitat de muchas especies (Vargas, 2020). Por otro lado, cuando hay derrames de crudo o desechos sólidos, ya sea sobre fuentes hídricas o sobre biomas terrestres cercanos a los procesos de extracción, desaparece la diversidad biológica que habita en estos ecosis temas, con una tasa de recuperación ecológica nula y recolonización de especies prácticamente imposible (Aramburo y Olaya, 2012). Tal es el caso presentado en el municipio de San Martín, Cesar, donde la industria petrolera originó fuertes pasivos ambientales: contaminación en las fuentes hídricas, pérdida de la biodi versidad, contaminación atmosférica y modificación del paisaje (Paredes, 2020).

Aparte de afectar de manera directa a la biodiversidad, procesos petroleros como la perforación inciden de manera negativa sobre las comunidades campe sinas que viven en esos territorios, dado que producen ruidos extremadamente fuertes y olores repugnantes. Un ejemplo claro ocurrió en los municipios petro leros de Acacias y Guamal en el departamento del Meta, donde el extractivismo petrolero provocó el desabastecimiento de agua potable y su posterior contaminación. Además, se generaron fuertes olores a nafta, contaminación auditiva y deforestación (Sánchez, 2021).

En segunda instancia, la minería del carbón y del petróleo no es viable porque se otorgan licencias ambientales de explotación sin concertación con los municipios ni con las comunidades locales. Los conflictos que se han dado entre el Gobierno nacional y la autonomía de los territorios alrededor de proyectos de explotación minera surgen porque el Estado tiene pobre conocimiento de la geografía nacional (Andrade et al., 2012). En consecuencia, los títulos mineros que se autorizan son bastantes sesgados precisamente por el centralismo, porque prima el interés económico de los privados y del Estado. Por ejemplo, como exponen González y Burgos (2018), no se ha tenido en cuenta a la comunidad Wayuú para la toma de decisiones respecto a la explotación minera de sus terri torios en la mina El Cerrejón; en lugar de eso, se llevan a cabo actos de corrupción, como el soborno por parte de autoridades estatales y privadas, en contra de los indígenas para poder lograr sus cometidos extractivistas sin límites.

Un caso similar se presentó en el municipio de Valparaíso, Caquetá: la multinacional Emerald Energy obtuvo la aprobación del Gobierno nacional para iniciar los procesos de explotación petrolera en el municipio de Valparaíso, sin

tener en cuenta la opinión del Gobierno municipal ni de la comunidad (Sánchez et al., 2017). En ese sentido, los territorios deberían poder decidir qué se hace o qué no se hace en sus regiones porque son ellos los que viven de manera directa las consecuencias ambientales que provoca la minería. Además, los locales conocen mejor que nadie sus territorios por el conocimiento ancestral que se transmite de generación en generación, de manera que es imprescin dible que su opinión sea tenida en cuenta.

Desde una perspectiva constitucional, el artículo 332 de la Constitución Política de Colombia de 1991 dice que el “Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”, pero este Estado no es solo el Gobierno nacional, ya que en términos jurídicos el “Estado” existe por la confluencia de instituciones gubernamentales entre las que se encuentran los municipios y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Así la cosas, ¿por qué no se toma en consideración a la población local para dictaminar si resulta conveniente que se exploten hidrocarburos del subsuelo en sus territorios?

Por su parte, el artículo 311 de la Constitución señala:

Al municipio como entidad fundamental de la división político-ad ministrativa le corresponde ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Así, apunta Montes (2018), el municipio es el encargado de gestionar y organizar el territorio.

En tercera instancia, a nivel económico, la extracción de petróleo y carbón genera poco empleo y las regiones no gozan de las regalías que producen estas actividades extractivistas. Primero, la dependencia económica hace que los ingresos por regalías que se generan a partir de la exportación de hidrocarburos suban y bajen con poca estabilidad, al depender de la especulación de precios que se da en los mercados internacionales (Franco, 2018). Respecto al trabajo, en el año 2020 el DANE publicó una encuesta en la que se resumía en puntos porcentuales la contribución al empleo formal de todas las actividades econó micas practicadas en el país. La encuesta mostró que los trabajos asociados a la explotación de minas y canteras solo empleó un 0,6 % del total de trabajadores a nivel nacional, a diferencia de otras actividades económicas como el comercio,

que contribuyó con un 21,1 % y ocupó el primer lugar; en el segundo puesto se ubicó la administración pública, que reflejó una tasa de empleabilidad del 19,1 %. Como ejemplo de lo anterior se presenta el caso de Vista Hermosa, Meta, donde el 75 % de la población se encontraba en desacuerdo con la actividad petrolera por la falta de inclusión respecto a los puestos laborales que ofrecían las empresas petroleras en la región. Esto se debe a que se priorizó la generación de empleo para foráneos y extranjeros. Las constantes manifes taciones y huelgas mostraron la inconformidad de la población porque, según los habitantes, las empresas petroleras nunca cumplieron las promesas de empleabilidad en el departamento (Díaz, 2015). Como se puede observar, la minería no es una opción viable que le aporte en materia de empleo al país: hay contratación de terceros y poca oferta.

Adicionalmente, no se ve la inversión de las rentas mineras en las regiones para cubrir las necesidades básicas insatisfechas, como salud, vivienda y educación. Así pues, el artículo 360 de la Constitución establece que: “[…] las empresas que exploten recursos naturales no renovables deben pagar una contraprestación económica a título de regalía a los departamentos, municipios y distritos donde se adelanten estas operaciones”. Sin embargo, la realidad muestra un panorama totalmente diferente. Suárez y Otero (2019) evidencian que la mina de El Cerrejón, en La Guajira, exporta 32 millones de toneladas de carbón al año, lo cual representó ingresos brutos de $ 2.514 USD para el año 2018, datos que contrastan con la economía local, ya que Riohacha es la segunda ciudad capital más pobre del país, superada solamente por Quibdó. Lo anterior muestra índices de pobreza extrema de un 27 % para el año 2018. Asimismo, los autores muestran que los municipios carboníferos del departamento del Cesar presentaron elevados índices de pobreza con un 52 % para el año 2019, datos que reflejan que las regalías carboníferas no se invierten en la comunidad. Pues, a pesar de este índice, el Cesar es el departamento del cual se extrae el 53 % de la producción nacional de carbón, que para el año 2016 género 1,5 billones de pesos. En conclusión, la minería es muy perjudicial para la naturaleza porque evita que las futuras generaciones se beneficien de los servicios ecosistémicos que se ven atenuados por ese extractivismo. Por ello, se deben tener en cuenta nuevos métodos de explotación basados en sistemas sostenibles que garan ticen el mínimo impacto en el ecosistema. Asimismo, la evidencia aportada refleja que la minería asociada al carbón y al petróleo resulta ser total mente incompatible con otras actividades económicas a las que las regiones de Colombia también les podrían apostar. Ejemplo de esto es la agricultura,

puesto que la minería de carbón y petróleo a gran escala deja al suelo sin nutrientes y en condiciones de esterilidad a causa de las excavaciones masivas, lo que genera terrenos sobre los cuales no crecería ninguna “mata” asociada a un cultivo de pancoger. De igual forma, sería imposible el ecotu rismo, ya que la minería a cielo abierto, al tajar una montaña, al contaminar un rio o al deforestar, acaba con lo biodiversidad y otros atractivos ambientales que son los que precisamente generan la curiosidad en el turista. Por su parte, los escándalos de corrupción relacionados con proyectos mineros han provocado el descontento social en las regiones, donde los ciuda danos ven cada vez con mayor desconfianza que sus territorios hagan parte de una economía extractivista. Por esto es importante combatir la desinfor mación, es decir, que las empresas y el Gobierno nacional no solo informen a la comunidad de los beneficios de la minería, sino también de sus riesgos. Por consiguiente, resulta necesario que se haga una reforma a las políticas mineras en Colombia, en la que se incluya el ordenamiento territorial previo de todos los territorios potencialmente mineros, y se haga un seguimiento riguroso de las externalidades proyecto a proyecto a fin de garantizar la inclusión social que permita esa articulación necesaria entre el Gobierno nacional y las regiones. Como reflexión ante este panorama preocupante, se reconoce que es incoherente oponerse de manera radical y desinformada a todo tipo de minería cuando se usan celulares, combustibles, computadores y demás, pues para la fabricación de estos elementos se utilizan recursos del subsuelo. Sin embargo, los nuevos proyectos de extractivismo que se planeen deben responder como mínimo a tres interrogantes: ¿dónde se va a hacer la explotación?, ¿quién decide y cómo se decide la autorización para iniciar procesos de explotación?, y ¿se van a tener en cuenta las externalidades? Así, se disminuirían al máximo las secuelas socioambientales de la minería en Colombia. De ahí surge en la literatura el concepto de maldición de los recursos, puesto que, si los países con abundancia de estos combustibles fósiles los explotaran de manera adecuada e invirtieran en la comunidad, la explotación se convertiría en una bendición, pero si esta se da regida por el centralismo, con desconocimiento de los territorios y de las comunidades que los habitan, la riqueza pasaría a ser una maldición para su pueblo: el desangramiento de la tierra.

Referencias

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Fotografía: Pedro Szekely, 2017.

Sociedad y política

Fotografía: Eneas De Troya, 2014.

MUJERES RURALES, DESAMPARADAS POR EL GOBIERNO Y ESTIGMATIZADAS POR EL PUEBLO

José Ricardo Muñoz Rodríguez

jomunozro@unal.edu.co

Ingeniería Agrícola Leidy Johana Moreno, docente

Resumen

[Texto argumentativo] Las mujeres rurales colombianas se sienten desprotegidas y desamparadas por el Gobierno nacional puesto que deben enfrentar en sus territorios y hogares situaciones de violencia de género (en ocasiones gracias al conflicto armado que aún se vive en Colombia), la cual involucra aspectos como raza, etnia y edad. Esto se debe a la falta de acompañamiento de las instituciones públicas en el cuidado y protección de los derechos fundamentales de las comunidades que habitan en las zonas rurales de Colombia, en especial los derechos de las mujeres.

Palabras clave:

Mujeres, Estado, violencia de género, protección, vulnerabilidad

Endepartamentos con altos índices de guerra en Colombia, se observa que la esperanza de vida de las mujeres disminuye a causa de la violencia de género, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niñas por parte de grupos ilegales, factores que, a su vez, han incrementado el porcentaje de embarazos en adolescentes. Estas problemáticas se dan debido a la falta de inversión para la creación de programas que mejoren la calidad de vida de las mujeres en el sector rural. Asimismo, se observa la falta de acompañamiento de las instituciones públicas para el cuidado y protección de los derechos fundamentales de las sociedades indígenas y campesinas, en especial los derechos de las mujeres, y para la prevención de la violencia de género en estas zonas apartadas de los centros urbanos. En relación con lo anterior, cabe preguntar lo siguiente: ¿qué sucede con aquellas mujeres que se arriesgan a denunciar las violaciones que sufren por el hecho de ser mujeres y no son escuchadas o acompañadas de una manera adecuada que impida ponerlas en peligro a ellas y sus familiares? En este texto se sustentará que la protección institucional es insuficiente para combatir la violencia de género hacia las mujeres en las zonas rurales de Colombia. Para comprender la situación mejor, primero se desarrollará cómo el conflicto armado y las irregu laridades en los procesos de investigación por parte de instituciones del Estado afectan a las mujeres y generan la violencia de género; seguido, se abordará el estigma que padecen aquellas mujeres que han sufrido este tipo de violencia para acceder al sistema de salud; y, finalmente, se evidenciará que las mujeres que han levantado su voz o han tratado de huir son silenciadas con la muerte.

Las mujeres en las zonas rurales de Colombia se han visto afectadas por el conflicto armado. Además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, son excluidas por su estrato socioeconómico, raza y origen étnico, lo que las hace aún más vulnerables. Sin embargo, es evidente la falta de interés por parte del Estado. Muchas mujeres que viven en zonas rurales, alejadas de centros urbanos, están en mayor riesgo de sufrir este tipo de violencia de género, primordialmente violencia sexual, debido a la presencia de grupos armados y a la falta de medidas de seguridad por parte del Gobierno y las autoridades. Los entes gubernamentales y nacionales no garantizan las condiciones para que las mujeres víctimas hablen y denuncien, sino que generan cierto tipo de repre salias, más aún en zonas donde se encuentran grupos armados activos, que, por lo general, son los victimarios y causante de estas violencias.

Las autoridades estatales tienen una responsabilidad muy importante con aquellas mujeres que se atreven a denunciar estas violencias de género, pero en

Colombia no están presentes. Autoridades como la Fiscalía protegen la identidad e información de las víctimas, pero esto no ocurre con todas las instituciones, pues en algunas de ellas las mujeres que buscan realizar denuncias son revicti mizadas por los funcionarios y no se lleva a cabo el protocolo de investigación y confidencialidad de información necesaria para no generar represalias. Tal como afirman las Defensoras de derechos humanos Afrodescendientes: “en muchos lugares del país donde el conflicto continúa, los sobrevivientes de violencia de género carecen de mecanismos de denuncia seguros, accesibles y confiables” (2018, citado en Proceso de Comunidades Negras [PNC] et al., 2019, p. 13).

Las mujeres prefieren no hablar por miedo a que no se condene a su agresor en un tiempo estipulado y se genere impunidad o falta de investigación, lo que puede provocar problemas y represalias hacia ellas y sus familiares por parte de aquellas personas que las lastimaron, en especial, si son integrantes de grupos armados. En 2017, “[…] la Fiscalía General había emitido acusaciones en el 17 % de los casos de violencia sexual; sin embargo, solo el 5 % dio lugar a condenas” (PNC et al., 2019, p. 11). Además, según datos de la Fiscalía, en el año 2020 se emitieron

[…] 4.030 órdenes de captura, 41.627 casos se encuentran en juicio y con sentencia condenatoria 16.366. Desde 2015 a 29 de agosto de 2020 se han solicitado 27.978 medidas de protección, de las cuales se han concedido 9.904. (Amat, 2020, párr. 15)

Si bien existen leyes que buscan la protección y la defensa de los derechos de las mujeres, como la ley 1257 de 2008, que establece una protección jurídica hacia los derechos de la mujer, además de garantizar igualdad y protección, estas no se aplican en todos los territorios de Colombia y menos en las zonas apartadas de los centros urbanos. Muchas mujeres que viven en zonas rurales de Colombia se sienten desprotegidas por el Estado y para ellas es difícil acceder a las entidades y programas del Gobierno que garantizarían dicha protección.

Sin embargo, aquellas mujeres sobrevivientes a la violencia de género luchan con el fin de acceder a una buena atención de salud en los sectores rurales del país donde la presencia y protección institucional es insuficiente, pues el Estado no actúa de manera adecuada frente a las secuelas físicas y mentales que deja la violencia de género, particularmente la violación sexual. Durante el año 2020, se registraron 17.467 casos de violencia sexual en Colombia (Amat, 2020), sin contar los delitos de aborto, mutilación genital femenina y esterilización forzada, que sufren las mujeres al interior de los grupos armados

ilegales, ni el número de contagios de enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el VIH. Todos estos factores dificultan que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y vida, aún más teniendo en cuenta el difícil acceso al sector de la salud, que le impide recibir la atención médica necesaria y básica.

Esta ineficiencia en el sector de la salud ocurre a causa de la corrupción y el poco interés del Gobierno Nacional y de los funcionarios por mejorarlo en zonas rurales, a pesar de que, para el año 2020, según el Ministerio de Salud, el gobierno del presidente Iván Duque presupuestó 31,8 billones para el sector de la salud, que reflejaba un incremento del 8,12 % frente al año 2019 (El Hospital, 2020). En los últimos años se ha priorizado e incrementado la inversión en el sector de la salud, pero la inversión no ha sido suficiente ni tampoco se ha visto reflejada en gran parte del sector, debido al difícil e inadecuado acceso que tienen campesinos, indígenas, personas afro y, en general, habitantes de zonas rurales a centro médicos. Por ejemplo, […] en Nóvita (Chocó) las mujeres Afrodescendientes sobrevivientes de violencia sexual tienen que viajar más de 30 millas (52,9 km) a través de un terreno difícil y a menudo peligroso hasta la capital del Chocó, Quibdó, para recibir atención especializada, como servicios de salud mental. (Bucheli Olmos, 2018, citado en PNC et al., 2019, p. 18)

Estas víctimas de violencia de género, aparte de ser estigmatizadas, en ocasiones por su propia sociedad y familia a causa de la violencia de género o del maltrato psicológico, tienen que enfrentar diversos obstáculos para poder hacer valer su derecho a la salud. Estos obstáculos son, por ejemplo, el difícil acceso a estos centros de salud, el maltrato por parte de funcionarios de la salud y la falta de recursos económicos. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas mujeres, tras sufrir algún tipo de violencia de género, no acuden a estas entidades por miedo, estigma o desconocimiento acerca de estos procesos de ayuda. Es necesario señalar que, según el artículo 11 de la Declaración americana de derechos y deberes del hombre (2018):

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. (p. 3)

En un contexto nacional, la Ley 1719 de 2014 estipula que las víctimas de violencia sexual deben recibir atención psicológica y médica de manera integral y segura. Por su parte, la Sentencia C-754 de 2015 obliga a las entidades a imple mentar protocolos y modelos de atención integrales para atender a mujeres víctimas de violencia sexual. No obstante, a pesar de la existencia de leyes, proto colos y mecanismos que aseguran esa protección institucional hacia los derechos de las mujeres, y en especial, de aquellas que han sufrido por el conflicto armado, no se cumplen cabalmente y no se llevan a cabo en todas las zonas regionales del país, como se refleja en los casos presentados anteriormente.

Adicionalmente, en Colombia, muchas mujeres que son víctimas de violencia de género y algunas de ellas son silenciadas con la muerte, debido a la poca protección institucional que se les brinda, junto con la poca eficacia en sus procesos judiciales. La Liga contra el Silencio (2021) expone esta situación con el caso de Isaura, una joven de Cáceres (Antioquia) que, al enterarse de que su novio integraba un grupo armado, cortó comunicación con él, pero este informó a sus hombres que debían retenerla para hacerle un comité de guerra. Isaura comenta que: “Mi madre armó un plan para sacarme del territorio. Las trans portadoras evitaban ser blanco de los grupos. Un taxista se arriesgó y me sacó del pueblo” (La liga contra el silencio, 2021, párr. 6). Sin embargo, no en todos los casos se corre con la misma suerte que Isaura. El 7 septiembre del año 2020 una joven fue asesinada por su pareja, un hombre perteneciente al grupo Virgilio Peralta Arenas (Los Caparros), ya que decidió terminar la relación. Además de las mujeres afectadas en relaciones amorosas o ámbitos familiares, también corren con el mismo riesgo aquellas lideresas que buscan defender y proteger los derechos de las mujeres, al sumergirse en la política, donde la autoridad masculina es predominante. En ocasiones, las mujeres defensoras son las mismas que provienen de zonas rurales de Colombia y han sido afectadas por el conflicto armado pues lo han vivido en carne propia. Ellas frecuentemente no solo buscan ser escuchadas, sino que también buscan justicia, una justicia que muchas veces no llega ya que estas mujeres terminan desaparecidas o asesinadas.

[…] El 19 [de enero del 2021 fue asesinada] la excandidata al Concejo y lideresa social Linda Díaz Romero, de la Asociación de Campesinos y Agricultores de Villa San Roque, en el corregimiento El Guarumo (Cáceres). Siete días después, […]asesinaron a Vera María Loaiza, […], cuñada del actual Secretario de Gobierno de Tarazá, Deivisón

Montero, quien días antes había denunciado amenazas [en su contra]. (Liga contra el silencio, 2021, párr. 8)

Estas mujeres sufren por su labor social y, además, están en riesgo de ser estigmatizadas y juzgadas por sus cuerpos, lo que podría derivarse en acoso y violencia sexual. Por ello, es importante reconocer su labor y trabajo, que no solo busca defender y proteger a otras mujeres, sino también responder por sus familias. En ocasiones, estas mujeres son cabezas de familia y tienen que hacer el papel de madre y padre al mismo tiempo. Además de estar a cargo de las labores domésticas, que no son pagas, son las encargadas de soportar económicamente su hogar.

Lo anterior permite concluir que las mujeres indígenas, campesinas, lideresas y afrocolombianas son estigmatizadas y violadas en todo ámbito en las zonas rurales de Colombia y no cuentan con la protección suficiente del Estado ni las de autoridades locales para hacer respetar sus derechos ni para llevar a cabo procesos de investigación y proteger su información personal. Esto surge a raíz del conflicto armado interno y de diversos estigmas machistas que permean la sociedad colombiana. Hay que generar un cambio y ser conscientes de esta indignante situación. Para lo primero, se debe exigir al Estado escuchar y apoyar a las mujeres que han sufrido violencia de género, se debe enseñar a niñas y adolescentes cómo respetar y ser respetadas y en qué momento pueden ser víctimas de violencia de género, además de darles a conocer los medios y canales a través de los cuales pueden denunciar y solicitar ayuda si son víctimas de esta violencia. Es de gran importancia mencionar que se debe procurar no ser indiferente a estas situaciones y apoyar a esas mujeres que luchan para que el Estado las escuche y proteja.

Referencias

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Fotografía:

UNA REFORMA RECESIVA Y POCO SOLIDARIA

Angie Sofía Pamo Culma apamo@unal.edu.co Administración de Empresas Adriana Díaz Cuevas, docente

“Hay dos clases de economistas; los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres.”

José Luis Sampedro

Resumen

[Texto argumentativo] Los sistemas tributarios latinoamericanos presentan una baja recaudación de impuestos, con una alta evasión por parte de los más ricos. Colombia no es la excepción. Su sistema tributario y las constantes modificaciones a este durante las últimas dos décadas hacen que cada vez sea más inestable, lo que beneficia a las clases pudientes del país y no a aquellas menos favorecidas. Debido a esto, en el presente ensayo se hará evidente que el contenido del proyecto de la ley “solidaria sostenible” habría contribuido a la ampliación de las brechas entre las clases altas y bajas, así como a la creación de inconsistencias en el sistema tributario y la deplorable situación socioeconómica en la que se encontraba el país.

Palabras clave:

Reforma tributaria, impuesto, recaudo, pobreza, desigualdad, evasión.

Sehabla de una reforma tributaria cuando hay una modificación al sistema tributario. Esta se instituye para obtener más recursos económicos, para sostener o crear programas sociales, proyectos o pagar la deuda que tiene un país. Es decir, cuando un país no tiene los suficientes recursos económicos o gasta más de lo que recibe, el Gobierno que esté en ese momento en el poder hace dicha reforma. En Colombia, el sistema tributario está regulado por medio del estatuto tributario (Decreto 624 de 1989), el cual contiene las diversas normas que regulan la mayor parte del recaudo de impuestos en el país, además de identificar y definir la obligación tributaria1

El 16 de abril de 2021 el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó ante el congreso el proyecto de ley “solidaridad sostenible”. La radicación de este polémico proyecto fue el detonante que llevó a la población colombiana a una movilización masiva más conocida como Paro Nacional del 28 de abril (28A). A causa de este paro, se derribó el proyecto de ley y conjuntamente se logró el retiro del ministro de Hacienda (Turkewitz, 2021). Sin embargo, si no se hace una modificación completa al sistema tributario colombiano, es probable que las próximas reformas tengan características similares a su antecesora.

Según un informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (IDERE LATAM), publicado en la revista Forbes (2020), en su análisis de más de 182 territorios latinoamericanos, Colombia es el país con mayor desigualdad. Además, en los informes más recientes del DANE (Departamento Adminis trativo Nacional de Estadística), publicados en el diario El Portafolio (2021), se determinó que la cifra de pobreza monetaria en Colombia para el año 2020 fue del 42,5 %, equivalente a 21 millones de personas.

Pese a que se habló de una reforma “solidaria sostenible” en un gobierno cuyo lema está basado en la equidad, se puede notar en los informes de las entidades nacionales e internacionales que la desigualdad y la pobreza monetaria son cada vez más abundantes. Con ello se evidencia claramente que no existe una equidad justa para toda, o por lo menos, para la gran mayoría de la población colombiana, cuyos ingresos no son lo suficientes para cubrir la canasta familiar, y que aun con esas cifras se pidió con carácter de urgencia una reforma tributaria. Cabe resaltar que, en esta reforma, como en las anteriores hechas en las últimas dos décadas, los grandes capitalistas pagan menos impuestos

1 Entiéndase por obligación tributaria el deber de una persona natural o jurídica de pagar un tributo para el sostenimiento de los gastos del Estado (López, 2016).

para así invertir en las empresas que son una parte de la base productiva de los países y generar más empleo. No obstante, según cifras del DANE (2021), la tasa de desempleo en marzo aumentó, con relación al mes de marzo del año anterior, 1,6 puntos porcentuales, es decir, no solo la desigualdad y la pobreza monetaria aumentan, sino que también se suma el desempleo. Dicho lo anterior, en este texto se pretende sustentar que el proyecto de ley “solidaria sostenible” no es equitativo, pues asegura la solvencia del Estado, pero no la equidad en el país. Para ello se harán evidentes las inconsistencias que presenta actualmente la política fiscal colombiana, cómo esta ha afectado a las clases sociales y cómo ha hecho que la economía del país sea cada vez más frágil. Para comenzar, el proyecto de ley pretendió optimizar la política fiscal para consolidar una sostenibilidad de las finanzas públicas aun cuando existe una crisis económica causada por la pandemia del Coronavirus. La política fiscal tiene por objeto favorecer, estimular y generar un buen rendimiento económico nacional evitando las fluctuaciones. No obstante, Lozano et al. (2019) plantean que aun cuando se han aprobado once reformas tributarias desde el año 2000, son numerosos los ajustes que se han hecho al estatuto tributario, los cuales lo han hecho cada vez más complejo. Además, dichos ajustes no cumplieron en su mayoría la colecta propuesta y lo recolectado no mostró un cambio sustancial en la última década; además, generaron descon fianza e incertidumbre, lo que afectó la inversión.

El 30 de enero del 2020, la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró una epidemia por un nuevo virus de origen desconocido. Este se propagó hasta llegar a todos los continentes y ha contagiado a millones de personas. Fue el 11 de marzo de ese mismo año cuando la OMS, observando la expansión masiva de este virus, decidió declarar una pandemia. Dos semanas después de esta noticia, el presidente de Colombia, Iván Duque, decretó un aislamiento preventivo obliga torio con la finalidad de mitigar la propagación del virus. Así la economía colom biana cesó sus actividades y entró en un retroceso que, según el Banco Mundial (2021), representa la recesión más grande y significativa en la historia del país. Ante un panorama incierto tras un año de la llegada de este virus al país, economistas de diversos sectores evaluaban el golpe de la pandemia. Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, habló sobre los millones de personas que están ingresando a la pobreza:

[…] la contracción del empleo en el segundo trimestre (-22%) y la fuerte contracción de salarios e ingresos (-37%), la estimación de pobreza para el 2020 es del 38% (un incremento de 11,1 puntos porcentuales […] significa que 19 millones de personas estarán en dicha condición este año, de los cuales 2 millones ingresarán en la pobreza extrema. Estos datos significan un retroceso de 11 años para el país. (Forbes Staff, 2020, párr. 2-3)

Estos son datos desastrosos que demuestran la realidad de un país que vive una infame economía, desigualdad y aumento de la pobreza. Cabe resaltar que los factores anteriormente mencionados ya existían, y lo que hizo la pandemia fue agravarlos. Después de un año de que se registrara la primera persona conta giada por COVID-19 en el país y de varias cuarentenas, todavía en el presente año (2021) los efectos causados en el 2020 por la pandemia demuestran la ineficacia del Gobierno colombiano en el control de esta y su sistema nefasto de salud. Plantear una reforma tributaria en la que uno de los polémicos puntos era recaudar alrededor $ 1.785 billones eliminando los bienes exentos (Véase Figura 1) hace que aumenten los costos de producción y la pérdida del derecho a la devolución de IVA a los productores, lo que genera sobrecostos en el producto final (Salazar, 2021a). Ese aumento del precio no es solo para el consumidor final, sino también para el productor. En medio de una crisis sanitaria, la reforma no signi ficaba salvar la economía de un país, sino acabar de empobrecer a la población.

Figura 1. Reforma tributaria 2021. Fuente: Deloitte (2021).

Por otra parte, la redistribución de cargas tributarias y ambientales elevaban el costo de vida, pese a que el salario mínimo en Colombia es considerado uno de los más bajos del mundo. Las cargas tributarias se pueden ver en el libro tres de la nombrada reforma, en la que se evidencian los nuevos impuestos, como también el aumento a otros para recuperar de una manera gradual la economía. No obstante, el IVA (Impuesto del Valor Agregado) se encuentra diseñado para que los responsables de pagar este impuesto al Estado sean las personas naturales o jurídicas que venden bienes o prestan servicios gravados con IVA. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019) nota que la equidad y la eficiencia no son promovidas por el sistema tribu tario, lo que demuestra una alta desigualdad de ingresos (Véase Figura 2).

2. El sistema tributario

Además, se presentó el argumento de que el recaudo monetario por concepto del IVA en Colombia es del 38 %, frente al 58 % que presentan otros países latinoamericanos. Aunque este sea un valor relativamente bajo, la capacidad adquisitiva de una buena parte de colombianos es baja y está incluso por debajo del salario mínimo, teniendo en cuenta que alrededor de 21 millones de colombianos subsisten con menos de $ 331.688 mensuales (Véase Figura 3) (Salazar, 2021b). Esto igualmente lo enfatiza el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda:

La cifra es realmente crítica, está en línea con lo que se esperaba, pero muestra un choque con un costo social tremendo para el país.

Figura

y de transferencias contribuye poco a la reducción de la desigualdad. Fuente: OCDE (2019).

Tener 21 millones de personas por debajo de la línea de pobreza con un ingreso menor a $ 360.000 per cápita, realmente muestra una situación crítica que tenemos que atender. (Salazar, 2021b, párr. 5)

Por otro lado, los contribuyentes en mayor medida son las personas perte necientes a las clases bajas y medias, a pesar de que existen empresas e, incluso, personas que pueden contribuir en igual o mayor medida. Esto se debe a que comúnmente se ha considerado que Colombia es un paraíso fiscal. Lo que esto quiere decir es que el nivel de impuestos que paga un ciudadano o una empresa con una alta fuente de ingresos es bastante más bajo que el habitual. Esto se puede evidenciar con el empresario y banquero Luis Carlos Sarmiento, quien, según la revista Forbes, posee un patrimonio de alrededor de US$ 11.000 millones, lo que lo posiciona en el lugar doscientos del ranking global de los más ricos del mundo y el primero en Colombia (Forbes Staff, 2021). En un informe del 2021 de la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios, se señala que el empresario paga un impuesto más bajo que una persona de clase media (OCDE, et al.). Esto se hace evidente en la parte de los “Hallazgos principales y recomen

Figura 3. Cifras de pobreza en Colombia.Fuente: Salazar (2021b).

daciones para una reforma de gastos tributarios en Colombia informe de gastos fiscales” en la cual se habla de la complejidad y de las diversas inconsistencias en los distintos impuestos:

Al distribuir dividendos, los negocios tienen que practicar una retención equivalente al 7,5 % cuando estos se distribuyen a otra corporación. Sin embargo, si esta corporación distribuye los dividendos a un accionista individual hasta por un valor de 300 UVT (2 900 dólares u 11 millones de pesos), no se debe pagar ninguna retención en la fuente sobre los dividendos (OCDE et al., 2021, p. 13).

Desde el 2011, Colombia presenta una baja recaudación por parte de los impuestos sobre la renta de las personas físicas (Véase Figura 4), teniendo en cuenta que los mayores contribuyentes son las personas de clase media y no aquellas que perciben ingresos elevados. Así lo muestra el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015):

La evasión del IVA es menos pronunciada, sobre todo en comparación con la elusión del impuesto sobre la renta, pero sigue siendo significativa y muestra niveles desde alrededor de un 20 % en la Argentina, Chile, Colombia, el Ecuador y México. (p. 10)

Figura 4. Países seleccionados: tasa efectiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas del decil más alto 2011.

Fuente: CEPAL (2016).

Con todo lo anterior, no era posible hablar de una reforma “solidaria soste nible” cuando se pensaba gravar más los impuestos en medio de un estatuto tributario que hace tributar a las personas que reciben ingresos bajos. Esto sin tener en cuenta las cifras de pobreza, desigualdad y desempleo que abundan en el país. Se debe hacer un cambio radical al sistema tributario si en verdad queremos que Colombia tenga una base económica fuerte que disminuya la desigualdad y la pobreza. Debemos evitar el patrocinio de proyectos, ideas y demás que contribuyan a ampliar la brecha entre ricos y pobres; y estar al tanto de la promoción de futuras reformas tributarias que contengan características similares a esta o a sus antecesoras.

Referencias

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Salazar, C. (2021b, 30 de abril). Más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema. La República. https://bit.ly/3xxuO0Y

Turkewitz, J. (7 de mayo de 2021). ¿Por qué hay protestas en Colombia? The New York Times. https://nyti.ms/3xQ5owN

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Fotografía: Roman Poberezhnik, 2020. https://bit.ly/PE-18-IMG-09

PORTE LEGAL DE ARMAS: UN DISPARO A LA SOCIEDAD COLOMBIANA

Cristian David León Gordillo

crleong@unal.edu.co

Ingeniería Agrícola Sharon Dayana Bonilla Morales

shbonillam@unal.edu.co

Ingeniería Agrícola Adriana Díaz Cuevas, docente

Resumen

[Texto argumentativo] Frente a las actuales elecciones presiden ciales tomó gran importancia una de las propuestas del partido Centro Democrático, que busca aumentar el monopolio de las armas y su porte por parte de los civiles con el fin de disminuir las cifras de inseguridad. Esto tiene como resultado quitar parte de responsabilidad a la rama judicial y a las fuerzas militares que están encargadas de brindar seguridad ciudadana dentro del territorio nacional, según lo establecido en la Constitución Política de Colombia. En contraposición, proponemos que se debe buscar mecanismos que refuercen las instituciones que prestan el servicio de seguridad para que sean más efectivas.

Palabras clave:

Porte de armas, civil, seguridad,defensa personal, monopolio de las armas.

Desde

hace un tiempo se está presentando un debate frente al porte legal de armas en Colombia. Además, las candidaturas presidenciales para 2022 han hecho que el tema tome mayor relevancia y se han generado debates en los diferentes entornos sociales. Así pues, a pesar de los altos índices de insegu ridad que actualmente enfrenta el país y de la existencia del derecho a la legítima defensa, factores que podrían sustentar el porte de armas, hay otras consideraciones en contra, como la desigualdad provocada por las diferencias de poder adquisitivo, la falta de conocimiento para convivir en sociedad (sobre todo cuando se pone por encima los derechos sin ejercer los deberes) y la inefi ciencia de la justicia colombiana en cuanto a investigación y condena. Actualmente en el país está permitido el uso de armas de fuego bajo una serie de permisos de portabilidad. El más problemático de ellos es el de uso civil, con el cual la persona puede llevar consigo el arma de fuego a donde se desplace dentro del territorio nacional, siempre y cuando sea de alcance de corta distancia y para defensa personal (Decreto Ley 2535 DE 1993). Es proble mático, ya que, en momentos de alto estrés y tensión, la persona no tiene control de sus acciones y no mide las posibles consecuencias de sus actos (Pulido et al., 2015). Esto no solo es importante legalmente, sino también en el entorno social, pues se pueden generar daños colaterales a los diferentes sujetos involucrados, como se observa en diferentes casos de violencia con armas de fuego en el país. A partir de lo anterior, este escrito argumenta que el porte legal de armas repre senta un peligro para la sociedad colombiana.

Con el propósito de sustentar esta idea se sostendrá, en primer lugar, que el aumento del porte legal de armas para civiles generaría un retroceso a nivel de seguridad y convivencia en el país; en segundo lugar, que la legalidad del porte de armas significaría quitar parte de responsabilidades a las institu ciones de fuerza pública. Por último, se refutará lo mencionado en el Proyecto de ley propuesto por la senadora Cabal y otros senadores y representantes a la Cámara del Centro Democrático, el cual propone flexibilizar el porte legal de armas en Colombia para el uso personal.

En primer lugar, el aumento del porte legal de armas para civiles generaría un retroceso a nivel de seguridad y convivencia, como lo demuestran algunos casos conocidos en Colombia, más específicamente en Bogotá. Según el Centro de Estudios en Seguridad y Paz, las víctimas mortales por arma de fuego ocurren en el 90 % de los casos en riñas; solo un 10 % se dan en los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas militares (Séptimo Día, 2021). En esta medida, se evidencia mayor riesgo de homicidio entre civiles o individuos no capacitados

para el porte de armas, aún más ante una situación de peligro o conmoción. En consecuencia, Colombia es el quinto país con más registros de muertes con armas de fuego, a pesar de que su porte es ilegal y está reglamentado con ciertos parámetros estrictos (El Tiempo, 2019).

Así pues, las situaciones de intolerancia salen a relucir en los noticieros pues la población en general no está en condición y capacidad para reaccionar adecuadamente ante una situación cargada emocionalmente. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de Omar González, que fue asesinado con un arma de fuego accionada por uno de sus colegas tras el altercado que tuvieron por un vehículo, según relató la hermana de la víctima (Séptimo Día, 2021). Similar fue el caso de la pareja sentimental de Geraldine Mora, quien, por venganza por no haber obtenido la custodia del hijo que tenía con la víctima, impactó a la mujer y otros familiares que estaban en la escena. En este caso, la acción fue cometida por el hombre impulsado por la ira, en vía pública, para posteriormente huir del lugar de los hechos con ayuda de sus hermanos, que seguían amenazando a la familia afectada con arma blanca (Séptimo Día, 2021). Además, debe mencionarse lo sucedido en mayo del 2021 cuando Andrés Escobar atacó con un arma los manifestantes que protestaban en Ciudad Jardín. Al respecto, en un comunicado que se transmitió en el canal de YouTube de Revista Semana, Escobar justificó sus acciones bajo el argumento de haber tenido la pretensión de defender la comuna 22 en un acto de solidaridad con la comunidad de Ciudad Jardín y en apoyo a la Fuerza Pública, supuestamente porque los manifestantes iban a quemar casas y empresas (Tercer Canal, 2021).

En este sentido, la restricción del porte de armas contribuye a una reducción significativa de muertes violentas por armas de fuego en manos de civiles, con una disminución gradual a partir del año 2008. Se pasó de 31 a 18 muertes por cada 100 000 habitantes en el 2016, logro atribuido a los protocolos establecidos referente al porte de armas en el país (Orozco et al., 2020). Cabe resaltar que Colombia no cuenta con datos que permitan determinar que el porte de armas sea efectivo a la hora de defensa personal (Bulla y Lleras, 2019).

En segundo lugar, la defensa de la ciudadanía está establecida en el artículo 48 de la Constitución política de Colombia, de acuerdo con el cual el Estado colombiano es el encargado de coordinar y controlar la seguridad social (Consti tución Política de Colombia, 1991). Así mismo, los parámetros establecidos en el Código Nacional de Policía en el Artículo 10, en los que están plasmados los deberes de esta institución, designan al cuerpo policial la prevención de comportamientos o situaciones que afecten la integridad de civiles y la sana convi

vencia. Lo anterior está sustentado en la formación para el control de conflictos que tiene el personal que pertenece a esta entidad, una formación que aspira al diálogo cuando sea posible legalmente, como una atención de manera oportuna y competente que tiene por fin evitar el uso de fuerza y, de esta manera, limitar posibles afectaciones de todas las partes involucradas (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Art. 10, 2016).

Con esto en mente, es posible mencionar que la legalización del porte de armas significa quitar parte de responsabilidades a la institución de fuerza pública. Si la población civil se adjudica la labor de mantener el control o tomar la justicia en sus propias manos, las autoridades militares van a perder alcance frente a la seguridad en los territorios, porque los actores involucrados estarían actuando como servidores de la seguridad pública, lo cual podría dificultar el proceso de investigación y sentencia. Esto es un incumplimiento a lo establecido en la Constitución Política, en la cual se decreta que el encargado de administrar la justicia en Colombia es la Rama Judicial. La Fiscalía es la encargada de inves tigar, acusar y judicializar, garantizando los derechos y deberes de las personas que estén involucradas en un delito. Sin embargo, si el civil toma acciones en el momento del incidente, inmediatamente se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia del acusado, lo que obstaculiza la investigación y posible reparación de las víctimas. Es por todo lo anterior que el poder judicial debe tomar las decisiones penales bajo criterios específicos (Consti tución Política de Colombia, 1991). Por lo tanto, disminuir los requisitos para el acceso de armas en el país no es una solución para ayudar a los problemas de seguridad; al contrario, lograr el desarme de la población civil sería la mejor ruta. Esta garantizará el uso asertivo por parte de las fuerzas militares. Adicio nalmente, el monopolio de las armas está bajo el Estado, dice Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional (El Tiempo, 2020).

Ahora bien, una posición en contra es que el porte legal de armas brindaría una disminución en homicidios en Colombia como se evidenció en Estados Unidos, uno de los países que cuenta con gran cantidad de armas en posesión de la población civil. En dicho país, hubo una reducción de homicidios signifi cativa desde el año 1993 al 2010, con un 49 %. Se llegó a la conclusión de que la violencia con armas de fuego hace que aumenten las cifras de posesión de estas por parte de los civiles, pero no hay un aumento en la dirección contraria: no hay un incremento en los homicidios. Según las cifras en el Índice Global de Paz, los países que encabezan el listado de los más seguros registran un alto índice de posesión de armas de fuego por parte de los civiles. Este es el caso de Islandia,

Portugal y Nueva Zelanda. Por otra parte, mencionan que, por la crisis de insegu ridad, los civiles no tienen las herramientas para defenderse y estar en igualdad de condiciones frente al infractor o perpetrador del ataque. Esta postura la encontramos en el proyecto de ley propuesto por el Centro Democrático, en cabeza de la Senadora María Fernanda Cabal y el Representante a la Cámara Christian Garcés (Cabal et al., 2021).

Esta postura es problemática, ya que se están tomando cifras de compa ración y exposición con datos de países que económica y políticamente son diferentes. Se da a entender que podríamos tener unos resultados similares, sin ver a fondo las problemáticas internas de nuestro país en relación con los otros. En este contexto, teniendo en cuenta la proporcionalidad entre el porte de armas de forma legal y la tasa de homicidios por armas de fuego, la restricción del porte de armas debe continuar, ya que se han reducido en un 30 % los homicidios con armas de fuego desde el año 2016 al 2018, según la Fiscalía. Es decir, al haber menos permisos y más restricción, se mitigan los casos de enfren tamientos entre ciudadanos, lo que garantiza una disminución en las cifras de muertes por violencia en el país (El Tiempo, 2020). Adicionalmente, los civiles en Colombia no se encuentran en la capacidad de manejar armas de fuego ya que pueden pasar de ser utilizadas en defensa personal a ser usadas en ataques en caso de presentarse otro tipo de conflicto, como violencia intrafamiliar, femini cidios, riñas, actividades deportivas, eventos políticos, festividades, etc.

En conclusión, este texto buscaba evidenciar el peligro que representaría el porte legal de armas de fuego, pues ante un acceso más fácil tendríamos como resultado retrocesos en seguridad. Esto se evidencia a partir de los casos de Geraldine Mora, Omar Gonzales y Andrés Escobar en los cuales el principal actor fue el uso de armas de fuego en momentos de alta tensión, acompañado de problemas sociales y de convivencia en diferentes contextos. Adicionalmente, se evidenció la disminución en cifras de muertes cuando hay más restricciones en el porte de armas. Por otra parte, no se debe quitar la responsabilidad al Estado de proteger a la ciudadanía, por medio de entidades como la Fiscalía y la Policía Nacional, ya que así lo establece la Constitución Política.

De este modo, flexibilizar sobre el acceso al porte de armas no es una solución, sino una problemática en cuanto a temas de seguridad y convivencia en el país, ya que no estamos en la capacidad de actuar de forma asertiva frente a sucesos que pongan en riesgo la integridad de un individuo. Por el contrario, se deben implementar mecanismos que formen correctamente a las instituciones que prestan el servicio de seguridad para que sean más asertivas en la

resolución de conflictos, como está establecido en los deberes de las Fuerzas Militares. Es imprescindible reconocer que el foco de la seguridad social debe ser garantizar el bienestar y la sana convivencia de la población colombiana.

Referencias

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Séptimo Día. (2021, 23 de mayo). Porte de Armas en Colombia [video]. YouTube. https://bit.ly/3MQiJtn

Tercer Canal. (2021, noviembre 23). Primicia informativa: Caso de Andrés escobar que apareció disparando el 28 de mayo en Cali [video]. YouTube. https://bit.ly/3xrl3kW

Prima Exagia se terminó de diagramar en el mes de Agosto de 2022. La familia tipográfica usada fue: Fira Sans (en sus diferentes pesos tipográficos)

Revista de los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura

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