Revista Antígona No. 9

Proceso de paz en Colombia ISS 2027-3231

II-2014 | NĂşmero 9 | BogotĂĄ,Colombia

#9

Rozzo, Guerrilla liberal de Zipaquirá durante la Guerra de los Mil Días, h. 1901. Fotografía Colombiana contemporánea. Bogotá: Taller la Huella Editores

» Contenido

pg

HORIZONTE TEÓRICO

Colombia y su relación con la violencia política Juan David García Rueda

6

CONFLICTO Y SOCIEDAD

La lucha contra las drogas una política internacional Diana Sofía Rincón Becerra

18

Algunas lecciones para Colombia del proceso de paz en El Salvador y Guatemala Wendy Johana Rodríguez 26 TIERRA Y TERRITORIO

Paradojas de la ley de víctimas en medio de los diálogos de paz

Diana Sofía Rincón Becerra 38

INTERNACIONAL

Solidaridad internacional con Cajamarca (Perú) Elmer Mahecha 42 OPINIÓN

El poder constituyente es el pueblo en rebeldía y su herramienta es la participación política

Shameel Thahir Silva 46

Movilización campesina en Colombia hoy

Viviana Vargas 50

E

Editorial

l actual momento político que atraviesa Colombia es crucial para redefinir el rumbo por el que el país puede transitar en los próximos años, el proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Nacional y el posible acuerdo que pueda comenzarse a discutir con el ELN, constituyen dos aspectos transversales para comprender las dinámicas en términos sociales, políticos, económicos y militares que conforman la realidad colombiana en la actualidad.

Teniendo en cuenta que las discusiones llevadas a cabo en la mesa de La Habana han avanzado considerablemente en cuanto a los acuerdos construidos en tres de los cinco puntos propuestos desde uninicio relacionados con reforma rural integral, participación política y cultivos de uso ilícito; junto a la presente discusión relativa al tema de víctimas del conflicto armado y el último punto que se espera discutir sobre el fin del conflicto armado y la refrendación de los acuerdos, ponen de manifiesto la necesidad de conocer las propuestas construidas como también la necesidad de exigir la participación del pueblo colombiano en la construcción y aprobación de dichos acuerdos.

Por este motivo, desde el Colectivo Antígona creemos en la necesidad de que desde los y las estudiantes discutamos, opinemos y propongamos elementos que puedan contribuir al análisis del proceso de paz que está por cumplir dos años desde los acercamientos entre el gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y la insurgencia armada de las FARC-EP. Consideramos vital que desde los espacios académicos y desde el movimiento estudiantil evidenciemos los avances del proceso de paz, analicemos las maneras en que se está desarrollando y comprendamos las contradicciones necesarias de transformar entre lo que se presenta en la mesa de La Habana y lo que sucede en los distintos territorios del país, teniendo en cuenta el renombramiento de Juan Manuel Santos en la presidencia de Colombia.

»» Por: Juan David García Rueda

La noción de memoria genera una concepción global del pasado que permite la rememoración individual y colectiva. En este punto, es fundamental hacer una aclaración al lector, si bien este documento plantea una revisión del pasado que pretende servir como herramienta

a partir de la producción desde un área del conocimiento para promover el debate y la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de la sociedad; este no es un ejercicio de memoria, al menos no en su definición más exacta: Esta categoría transmite la idea de un pasado construido mediante la interacción y superposición de memorias compartidas encuadradas en marcos sociales y relaciones de poder. Lo colectivo de estas memorias lo constituyen el entretejido y el diálogo de tradiciones y memorias individuales, cuyo flujo transcurre en el marco de cierta organización social y una estructura dada por códigos culturales compartidos (Andrade, 2012, pág. 17).

La indagación histórica que se presenta a continuación pretende dar cuenta de las variaciones del conflicto social, político y armado siguiendo estudios regionales y locales sobre el conflicto y la relación con el problema agrario. No obstante, tiene las limitaciones de una perspectiva histórica que centra su atención en una verdad basada en documentos (caracterizados por su impersonalidad y su naturaleza indiciaria).

A pesar de esto, la historiografía es

una herramienta metodológica que sirve como base en un momento en el que “cada uno de los actores involucrados pretende instaurar su exégesis del pasado como verdades absolutas y presentar sus intereses particulares como demandas sociales generales” (Andrade, 2012, pág. 24). En tanto se consolida una política de Estado en este sentido, en el afán de controlar la memoria y manipular las versiones sobre lo ocurrido, se pueden ocultar graves violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario1. Por lo tanto, se justifican las herramientas epistemológicas, conceptuales y metodológicas de la historia y otras ciencias sociales, junto a su pertinencia.

Es importante emprender este recorrido histórico teniendo como referente el trasfondo de un problema agrario no solucionado; que en buena medida, ha estado presente en las propuestas de gobierno de los presidentes de los últimos sesenta años, con continuidades y rupturas en algunos temas referentes al agro colombiano.

1 En efecto, toda narrativa, sobre el pasado implica necesariamente una selección bajo la cual se elige recordar determinados contextos, hechos datos, relegar algunos y olvidar otros.

Conflicto, cuestión agraria y frente nacional Una de las características del sector agrario en Colombia es su estructura bimodal, es decir, la presencia simultánea de la agricultura comercial con la

agricultura campesina (Velásquez, 2011, pág. 391). Este tipo de estructura agraria está determinada, en buena medida, por la desigualdad en la posesión de la tierra.

De un lado, la agricultura comercial que cuenta con grandes extensiones de tierras de buena calidad, uso de tecnología moderna, contratación formal de mano de obra y comercia-

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l estudio de la violencia y el conflicto armado en Colombia presenta una particularidad a tener en cuenta, en especial si se pretende realizar un análisis histórico, y es que el tema se complica en la medida en que el conflicto continúa cambiante en su dinámica. En la actualidad, se ha hecho especial énfasis a un posible escenario de postconflicto que nos remite a un posible arreglo institucional que permita emprender el proceso de transición, mediante mecanismos como la justicia transicional y elementos importantes como desmovilización, desarme, reinserción y la reparación a las víctimas. En este sentido, la memoria histórica se ubica como un elemento indispensable para “develar las huellas amnésicas con el tiempo y la representación del pasado” (Andrade, 2012, pág. 16).

mucho tiempo, fue una combinación lización en los mercados formales. Y de proteccionismo, crédito subsidiadel otro lado, si se quiere opuesto, esdo y muy bajos impuestos. Este motán los pequeños propietarios, cuyas delo corporativo conservador de tipo posesiones se sitúan en las zonas de proteccionista no hizo otra cosa que ladera, en tierras de baja fertilidad, aumentar las utilidades de los emprepor fuera o alejadas del sistema vial sarios agrícolas y aumentar artificialmás integrado, aplica tecnologías mente la rente del suelo (Kalmanovitz atrasadas y cuya mayor parte de producción está dedicada al auto consu- y López, 2006). mo familiar o a su venta en mercados informales (Velásquez, 2011, pág. 391). Para complementar esta tesis, me

Según el texto Violencia política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado, la dualidad en la estructura agraria permite establecer una relación con la expansión de los grupos armados, en donde cada expresión del conflicto es el intento de imponer uno de los lados en la estructura agraria (González, Bolívar y Vásquez, 2003, pág. 64-71).

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Con base en lo anterior, el uso de la tierra constituye un activo de poder en los ámbitos regional y local, que genera diversas divisiones al interior del territorio que se expresan en formas de violencia; por eso, la estructura del sector rural en Colombia es uno de los factores más importantes a la hora de estudiar el conflicto armado y social.

Los intereses del campo colombiano están matizados por un interés medio de las élites rurales que han aprovechado su posición para influir en la esfera pública. Así, en Colombia se ha asistido, paulatinamente, a un capitalismo agrario que se sostiene bajo arreglos políticos que favorecen los intereses de las élites políticas rurales, en detrimento de los intereses del pequeño propietario y el campesino.

Otra respuesta importante frente a la estructura agraria en Colombia nos la ofrece Kalmanovitz. Según este autor, durante el siglo XX en Colombia, la política económica toma dos caminos frente a la cuestión agraria, orientados por la visión de desarrollo que los dos partidos tradicionales quisieron imprimir al País: El Estado Colombiano, durante

permito a continuación, incluir algunas líneas del texto La crisis permanente del sector rural en Colombia: estructura bimodal y factores institucionales: Debido al estilo indirecto de dominio del Estado, que refleja una articulación compleja de instancias locales, regionales y nacionales de poder, ha sido muy frecuente que en las mismas materias los gobiernos locales favorecieran sistemáticamente a los grandes poseedores o aspirantes a propietarios, mientras que los gobiernos nacionales adoptaran a veces una amplia gama de posiciones dependiendo del partido en el poder (…) El Estado Colombiano, no ha podido lograr éxito en sus intentos de reforma de la estructura agraria , porque precisamente esa estructura agraria es la base del poder político (Vásquez, 2011, pág. 394)

teniente. El surgimiento del sindicalismo y el ideario socialista sirvió, en buena manera, de apoyo a estas riñas que se dieron a lo largo y ancho del país. Quizá el caso más conocido y recordado constituye la masacre de las bananeras ocurrida en 1928.

De este periodo vale destacar que distintos actores como artesanos, estudiantes y campesinos emprenden un importante proceso de movilización y marcha contra un Estado que estaba marcado por los intereses de una élite política. En otras palabras: El Estado colombiano no logró consolidarse como el gran espacio de lo público para la resolución de las diferencias sociales (patronos y trabajadores, terratenientes y campesinos) sino que se convirtió en el espacio predilecto de las élites para lograr acuerdos de los intereses del sector privado (Jiménez, 2003, pág. 70).

En 1948, inicia, bajo el nombre de “La Violencia”, un proceso de derramamiento de sangre en la naciente sociedad colombiana dividida entre el liberalismo y el conservatismo.

Un estado de naturaleza y guerra en proporciones alarmantes en buena parte del territorio Nacional. Los heComo vemos, la concentración de la chos de violencia llegaron a enfrentierra y el poder político en los niveles tar individuos y en algunos casos “se locales y regionales ha impedido que, enfrentaron poblaciones enteras que aún en épocas tempranas, se pudiera combatían entre sí” (Reyes, 1989, abordar ejes como la tributación, la pág. 19). La Violencia se presentó en distribución y la titulación de tierras gran proporción en el campo colompara superar el problema agrario en biano, situación que llevó a un buen Colombia. Frente a este escenario, y número de campesinos a sus primefrente a la desigual propiedad de la ras formas de organización armada tierra respaldada muchas veces por para la defensa de su vida. No obsaparatos institucionales del Estado, tante, como señala Absalón Jiménez, el campesino se constituye como su- a medida que la contienda se fue jeto político que enfrenta mediante la desarrollando, se llegó a propuestas movilización social, contra la acción que caracterizaron una lucha agraria violenta y la inserción de grupos ar- de tipo reformista y de posiciones remados, el problema agrario en Co- volucionarias frente al Estado (Jimélombia bajo la consigna reconocida nez, 2003, pág. 73) de “la tierra para quien la trabaja”.

Es significativo rescatar que el periodo A principios del siglo XX, durante la de La Violencia permite la figuración hegemonía conservadora, se darían del campesino como un actor social los primeros antagonismos entre el y político que empieza a reivindicar trabajador-patrón y campesino-terra-

dos de los años sesenta daría origen a las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), Hay que decir que, de la etapa de autodefensa campesina en las zonas del Sumapaz y el sur del Tolima, se dio el tránsito hacia una guerrilla que tuvo de trasfondo una ideología comunista. Por parte de estos se propuso instaurar “un gobierno popular democrático” fundamentado en la formación de consejos populares, en agosto de 1952 el Movimiento Popular de Liberación Nacional propuso:

Vamos a encontrar, ya para los años cincuenta, que la acción estatal frente a los alzados en armas (que persiste hoy en día) se orienta en dos sentidos: primero el de negociar una salida política o, en paralelo, una agudización del enfrentamiento armado. No obstante, la falta de una visión aglutinante mantiene intactos los pilares que llevaron a que el campo colombiano resultase en el centro de la disputa por la distribución y propiedad de la tierra.

Reforma Agraria democrática queponga en práctica el principio de la tierra para quien la trabaja y que termine con las relaciones semifeudales en el campo. El Movimiento Nacional de Liberación confiscará enérgicamente y sin indemnización de manera inmediata, las tierras y bienes de los hacendados y terratenientes enemigos del pueblo y amigos de la dictadura (…)

Lucha por el mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas, por la jornada de ocho horas en el campo, nacionalización de las minas, concesiones y plantaciones explotadas por los monopolios

sus derechos, se facilitó en regiones donde anteriormente se habían presentado conflictos con los terratenientes: zonas de frontera cerrada, como el Tequendama; zonas de reciente colonización, como el Sumapaz y el sur del Tolima y zonas de frontera abierta con tendencia liberal como los Llanos Orientales. En General, donde existía una estructura agraria que podía sostener a una cuadrilla de hombres armados, con condiciones topográficas favorables y con relativo aislamiento de los centros de poder. (Jiménez, 2003, pág. 82-83)

Los campesinos, alzados en armas, Para el caso del proceso inicial, se constituyeron en clase opuesta o que posteriormente a media-

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en contradicción con las élites políticas dirigentes. Ya no se trataba solo de la conservación de la vida, en medio de la competencia y lucha interpartidista entre liberales y conservadores. La propia dinámica de la guerra permitió la reunión de los campesinos como fuerza unida en oposición a las formas de producción material y de vida que se adelantaba desde el Estado. Esto se expresa bien en las guerrillas del llaLa resistencia de importantes nú- no, en especial en la promulgación cleos del campesinado, concebida no de “Vega Perdida” o “Segunda Ley solo como lucha democrática, sino por del llano”.

sus demandas particulares, que en principio pasaban por el acceso a la tierra, pero fue desplazándose a toda una serie de derechos civiles y sociales como el derecho a la vida, al trabajo y el derecho a la lucha colectiva. Ya para este entonces, es clara una relación entre el problema de la estructura agraria y la violencia. Un buen ejemplo argumentativo que nos permite comprender esta relación es el siguiente:

extranjeros (Jiménez, 2003, pág. 100- para las fuerzas políticas tradiciona- mitadas. Además el procedimiento 106). les mediante formas rígidas de parti- jurídico y burocrático condujo ne-

A mediados de 1953, el ambiente político en Colombia seguía enrarecido; incluso los partidos políticos, principales fuerzas unificadas, sufrían de agudas divisiones en su interior, se suma la situación del pueblo fatigado por la violencia. Bajo estas circunstancias, el General Gustavo Rojas Pinilla aprovecha la partición y fragilidad de las principales fuerzas políticas y de poder para crear una imagen de alternativa a los problemas y tomar la jefatura de Estado. En acto legislativo se nombra al General Rojas Pinilla presidente en 1953, para que terminara el periodo hasta el año siguiente; en un acto que dejaba en claro la pretensión de los principales centros de poder y la intención de preparar el ambiente político para la creación de la solución bajo el diseño institucional de un pacto.

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En diciembre de 1957 se llegaría al plebiscito que daría fundamento constitucional al nuevo régimen. El frente nacional fue un pacto, el resultado de la unión de los dos partidos tradicionales en representación de las voluntades del pueblo. “Fue un cambio de régimen político en el cual, por la vía pactada, se dio vida a un régimen democrático limitado y excluyente de las fuerzas políticas no bipartidistas” (Dávila, 2002, pág. 3).

Las élites colombianas, con la repartición paritaria del poder, enmarcan el Estado colombiano en la modernización económica y un modelo liberal de desarrollo con el impulso del fortalecimiento de las clases medias2, asentando el predominio de las relaciones capitalistas. Se estableció un régimen excluyente que, en opinión, fue intencional; asegurando el poder 2 Con mayor acceso a la educación en niveles secundarios y universitarios (…) fue en estos años que se consolido la modernización de la economía colombiana y se asentó definitivamente el predominio de las relaciones capitalistas. (Dávila, 2002, p.50)

cesariamente “a una aplicación muy lenta y que, de manera tendencial, se limitó a la adjudicación de baldíos, sin afectar en realidad a los grandes propietarios ni a las tierras explotadas por estos” (Dávila, 2002, pág.

El Frente Nacional se conoce por el 87). intento de aplacar o dar soluciones a los problemas del agro, esto en el Un acercamiento crítico nos permimarco de un desarrollo capitalista te encontrar que la reforma agraria agrario y la lucha contra el comunis- permitió enfocar la atención de la mo en América Latina. Sin embargo, economía política en fortalecer la inse reconoce el primordial objetivo serción de la sociedad agraria al sisde resolver de alguna u otra forma tema de producción capitalista. Si se las tensiones sociales y políticas que quiere, con la titulación de predios se se venían dando en el campo. Esto permite avanzar hacia la institución explica el reformismo que caracte- de la propiedaa monetización. rizo el frente nacional. Aunque alEn consecuencia, el Frente Nacional gunos textos historiográficos como no favoreció una solución al problema Lleras Camargo y Valencia: entre el agrario en Colombia. En contravía reformismo y la represión de Gabriel Silva Lujan atribuyan el reformismo a las sanas intenciones de los partidos de atender las causas de agravamiento de los problemas sociales. cipación, cobijadas por el orden legal que desincentivaron la participación; logrando un terreno autónomo y aislado de la política frente a la sociedad civil.

La reforma agraria que sería tramitada por iniciativa de Carlos Lleras Restrepo en el congreso en 1959, y que sería aprobada dos años después en el contexto de la Revolución Cubana y de la alianza para el progreso (Dávila, 2002, pág. 86), buscó consolidar el modelo de de-sarrollo c a p i t a lista y de acumulación de capital.

Pues en ningún momento hubo una intención de impulsar dicha reforma con el acompañamiento de los sectores campesinos. De ahí, que fuera el partido liberal, la iglesia católica y algunos gremios de trabajadores quienes apoyaron la iniciativa.

con la convergencia del proceso de acumulación de capital y la política estructural del Estado, que se identifica con los intereses de la sociedad burguesa y el capitalismo, asintiendo la dominación y marginalización del campesino.

Las guerrillas como las FARC-EP, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y la EPL (Ejército Popular de Encontramos que las disposiciones Liberación) entraron en una confronque permitían la apropiación de tación total con el Estado colombiatierra eran en situaciones muy li- no y el régimen político. Su origen

responde, según Alejo Vargas, a fac- en abril de 1993. tores externos (Revolución Cubana, Nosotros somos nervio de un moconflicto este/oeste, ruptura entre vimiento revolucionario que viene de partidos comunista soviético y chi- 1948. Contra nosotros, campesinos del no) y factores internos (surgimiento Sur de Tolima, Huila y Cauca, desde 1948 se ha lanzado la fuerza del gran de nuevas organizaciones políticas latifundio, de los grandes ganaderos, de izquierda, persistencia de remadel gran comercio, de los gamonales nentes de la guerrilla liberal y estrede la política oficial y de los comerches del régimen político) (Vargas, ciantes de la violencia. Nosotros he1996, pág. 22).

Es importante anotar que una tesis como la de Alejo Vargas no relaciona el trámite de conflictos sociales de diversas índoles como la tenencia y distribución de la tierra y la tierra como herramienta para acceder a la esfera pública que tienen origen en el campo colombiano. Relación que se ha sostenido a lo largo de este trabajo, siguiendo las trayectorias de violencia y el campesinado como actor que ha resistido, organizado política e ideológicamente bajo luchas sociales de emancipación.

mos sido víctimas de la política de “a sangre y fuego” preconizada y llevada a la práctica por la oligarquía que detenta el poder. (Programa Agrario FARC, pág. 1)

Volviendo a los intentos de reforma agraria durante el Frente Nacional.

En los años setenta, además del fracaso del pacto de Chicoral, que no tuvo mayores implicaciones prácticas pues fue el resultado de una comisión de familias terratenientes; junto a la represión del movimiento campesino, durante el plan de gobierEl 20 de Julio de 1964, la autode- no de Alfonso López, se desarrolló el fensa campesina que daría origen DRI (Desarrollo Rural Integrado): a la guerrilla FARC-EP produjo un El DRI se constituía entonces en programa agrario, elevado por la una estrategia productiva para moconferencia guerrillera número ocho dernizar y hacer más eficiente la proa programa agrario de las FARC-EP

ducción de alimentos en las zonas de economía campesina, en especial en las del minifundio andino. Esta etapa tendría como énfasis la creación de la condiciones institucionales para la inserción de las economías campesinas en el mercado y además: “se dirigió hacia núcleos campesinos del interior de la frontera agrícola cercanos a centros urbanos” (Vásquez, 2011, pág. 398).

La búsqueda de una reforma agraria, posterior al Frente Nacional se abandonará y en su lugar se tratará de impulsar una política agraria orientada hacia la capitalización, la modernización tecnológica y la incorporación de nuevas tierras a la producción (Vásquez, 2011, pág. 398). Los ochenta se caracterizarán por una acentuación de la estructura agraria bimodal y el agravamiento del conflicto armado: En relación con los escenarios, se ve claramente que las regiones más prosperas, los valles interandinos y la zona cafetera, fueron menos afectadas por la protesta. La agitación se concentró en otras zonas andinas, la costa atlántica y áreas marginales y de colonización (Vásquez, 2011, pág. 400).

Conflicto, neoliberalismo, paramilitarismo... y paz política. Dentro de las reformas políticas se propuso una modernización y democratización del régimen político mediante la elección de alcaldes.

La oposición a este proyecto estuvo liderada por las élites regionales y locales que temían perder el control sobre las diversas localidades.

La cuestión agraria queda relegada, no se aborda ninguna de las problemáticas que habían originado el conflicto armado y su agudización en el campo; sin embargo, aparecieron nuevos fenómenos que harían más complejo el escenario. Así como el latifundio ganadero, el despojo de poblaciones para aprovechar la valorización predial y los beneficios futuros de proyectos de inversión pública y privada, o con la extracción de recursos a grupos locales importantes

por parte de la guerrilla.

El fenómeno del paramilitarismo surgió allí donde las élites locales regionales rechazaron el reformismo y las políticas de paz del gobierno central, aunque este fenómeno no ocupa el interés de esta investigación, hay que mencionar que este es de origen rural. Toda vez que propietarios rurales; como ganaderos, empresarios rurales y narcotraficantes; estuvieron en el centro de este fenómeno y promovieron grupos de vigilancia privada que atacaron la población civil y a cualquiera que pudiera ser acusado de auxiliador de la guerrilla.

Más reciente, el proceso de apertura económica iniciado en los noventa trae un balance negativo para el campesinado, hondando la estructura bi-

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Para 1984, en la Uribe (Meta), una comisión de paz del gobierno de Belisario Betancur y las FARC sellan un acuerdo para el cese al fuego y la terminación del conflicto armado.

Durante esta negociación se plantearon como novedad, el secuestro, la extorción, el terrorismo y la búsqueda para la terminación de estas prácticas. Los acuerdos firmados entre el Gobierno y las organizaciones guerrilleras tocaban la crisis política del régimen bipartidista heredado. En este sentido, se inició una apertura democrática como una estrategia necesaria para la paz. La necesidad de una reforma política, no obstante, no se acompañó de una reforma a la estructura agraria; la razón está en que la coyuntura hacia incidir más en el debate la necesidad de una apertura

modal en el campo que se agrava por las presiones por parte de intereses económicos capitalistas de hacer una rápida inclusión de las zonas que aún no se han adherido por completo a la economía de mercado, aún mediante mecanismos de acumulación por desposesión. Esta década trajo además la transformación del conflicto armado, que pasa por un distanciamiento del campesino como actor social primordial en la lucha emancipadora revolucionaria de las guerrillas y el asumir la subjetividad de víctima del conflicto armado, y rechazo a todo tipo de violencia.

ción de productos agrícolas a menor precio que los nacionales. Dentro del marco legal se destacan algunas medidas como la Ley 160 de 1994 que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y la Ley 70 de 1993 que reconoce el derecho colectivo de propiedad a las comunidades negras del pacifico (Vásquez, 2011, pág. 400-403).

portantes modificaciones de la interacción entre los campesinos y las FARC: no se trata de la colonización armada de los años sesenta setenta, sino que el creciente desempleo rural y descomposición campesina, acelerada por la apertura del Gobierno Gaviria, tuvieron una válvula de escape en los cultivos ilícitos (Vásquez, 2011, pág. 415).

Durante la fase de negociación en el Caguán se definió la agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia, que incluyó temas como el empleo, los Derechos Humanos, la política agraria, los recursos naturales, el modelo de desarrollo económico y social, la reforma a la Justicia y al Estado, las relaciones internacionales, entre otros. Sin embargo, esta agenda de negociación avanzó de manera muy lenta haciendo difícil llegar a acuerdos entre las partes. Asimismo3, se rescatan las

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A finales de los noventa, el presidente electo Andrés Pastrana inicia un proceso de acercamiento con el líder y fundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez (alias Tirofijo). Estos acuerdan un primer despeje de cinAsí, por el ejemplo, se establece una co municipios (San Vicente del Carelación entre la protesta campesina guán, La Macarena, Uribe, Mesetas y la demanda por la paz y en rechazo y Vista Hermosa) como condición a la violencia, esto conlleva a que las para el establecimiento del diálogo. protestas por motivos económicos Este proceso estuvo atravesado por comiencen a tener menos peso. Aun- la desconfianza mutua lo que llevó, que también se reconocen nuevas di- en repetidas ocasiones, al congelanámicas de relacionamiento como es miento de las negociaciones hasta el el caso de la economía cocalera: 20 de febrero de 2002, momento en El estrecho relacionamiento entra que el Gobierno da por terminada la la economía cocalera y la dinámica del “Zona de Distención” (El Colombiaconflicto armado ha repercutido en im- no, 2012).

Por otro lado, la liberación económica, que consiste en el desmonte gradual del lugar del Estado como agente en el mercado, ha traído el empobrecimiento del campo, el alza en los precios y la baja comerciali“Foros agrarios regionales, una zación de los productos nacionales 3 alternativa urgente: Las FARC-EP propocomo consecuencia de la importa- nemos a todos los colombianos y al gobier-

discusiones dentro de las comisiones temáticas y audiencias públicas que se efectuaron durante la negociación.

Acá se trae un fragmento referente al programa agrario de los guerrilleros de 1964, con algunas ampliaciones para el año 2000: Territorialidad y cultura, formas de propiedad colectiva campesina con apoyo a sus organizaciones, reparación integral para las víctimas del desplazamiento forzado, defensa de la propiedad soberana sobre los recursos genéticos y la biodiversidad, planes de reforestación y protección de las cuencas hidrográficas, plan de desarrollo económico aprobado democráticamente que proteja y amplíe nuestros bosques, selvas y humedales.

Las FARC-EP proponemos también el estímulo a la industria y la producción agropecuarias, implementando formas de proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional.

Y ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional. Hablamos de respetar la propiedad de los campesinos ricos que trabajen personalmente sus tierras.(Por una reforma agraria que exprese los intereses de los campesinos y las regiones, p. 3) no nacional que se programen y celebren unos foros regionales sobre el problema agrario en nuestro país, con el propósito de que tanto los campesinos como sus organizaciones y demás personas con intereses en el agro, expresen de manera más detallada y precisa la naturaleza de los problemas que viven en sus regiones, y propongan las soluciones particulares que atañen a su situación concreta. Dichos foros se realizarían en el marco de las audiencias públicas que se cumplen en Villa Nueva Colombia en desarrollo del proceso de paz, y significarían una nueva etapa de estas, para dar un paso más adelante en el campo de las propuestas específicas de solución a su problemática.” (Por una reforma agraria que exprese los intereses de los campesinos y las regiones, p. 3).

Uribe, la seguridad ¿democrática? Y la confianza inversionista La seguridad democrática del presi- sino también tiene un correlato eco- por hidrocarburos y otros minerales, dente Uribe no solo fue una política nómico que implica: el afianzamien- agro combustibles, productos a parque vinculó a militares y políticos, to del sector exportador representado tir de palma africana y caña de azú-

De esta manera se dio paso a la Ley 1448 de 2011 o proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras. Si bien de manera previa durante el gobierno del presidente Uribe en el año 2005 se dio la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, que tiene competencia en materia de atención, restitución y empleo de proyectos productivos en el campo en la reparación de las víctimas del paramilitarismo, no hubo éxito tras su emisión (Suárez, 2012, pág. 67).

La Ley 1448 de 2011, de entrada, presenta serias dificultades, aunque significa un avance en términos de la restitución y titulación de tierra.

La propia Ley se plantea entorno al concepto de víctima del conflicto y solo quienes se consideren víctimas por la ley pueden acceder a los bene-

ficios de la misma. Esto excluye al campesinado y pequeño propietario que tiene una porción reducida de tierra, que no ha sido titulada y que se da en el proceso de ampliación de la frontera agrícola; así como la víctima del desplazamiento por otros actores del conflicto, tanto mediante mecanismos ilegales como legales como es el caso del neoparamilitarismo, la minería y empresas transnacionales. Se excluye toda una serie de elementos que tendrían que

campo colombiano; todo lo contrario, durante la administración del presidente Santos encontramos una concentración de la propiedad destinada hacia la minería y la agro industria, con una legislación que juega a favor de los intereses de las grandes empresas y terratenientes. No se ha dado un avance en el gravamen para la gran propiedad y la firma de los TLCs ha desprotegido la producción agraria que ha estado caracterizada por condiciones de pobreza y marginalización.

La Ley 1448 de 2011 dista de ser un proyecto de ley en que se recogen las expresiones y demandas de los distintos sectores sociales y del campo colombiano. Su trámite en el congreso de la república fue promovido por el Gobierno mientras que otro proyecto se presentaba y discutía por las organizaciones campesinas de la mesa de unidad agraria .

ser abordados para la solución del problema agrario como la concentración de la tierra, la titulación, infraestructura vial, jornada laboral de 8 horas, tecnificación, subsidios a la producción campesina, legalización de tenencia irregular, entre otros.

El proyecto del gobierno da validez a escrituras fabricadas hasta 1974 y lo que es más grave, m a n - tiene el “saneamiento de la falsa tradición”, que puede prestarse a legalizar despojos. Insiste también en la figura del “derecho de superficie”, que podría servir para que los desplazados cedan por décadas sus tierras y las mismas puedan comerciarse en el mercado financiero. El gobierno en total contradicción con el diagnóstico oficial sobre el gigantesco desperdicio de tierras apta para la agricultura, quiere aumentar de 3 a 5 años el plazo para que un predio grande permanezca sin uso sin que haya fuerza mayor (Diferencias claves entre dos proyectos de ley de tierras y desarrollo rural, pág. 1).

El proceso de restitución de tierra se inserta en el marco de la reparación, es decir de atención a las víctimas mediante mecanismos de justicia transicional. Según esto, la restitución se incluye como una medida para desaparecer los efectos que generaron el daño y la violación de derechos. No estamos hablando de una Un ejercicio comparativo de la esreforma o una restructuración del tructura agraria en Colombia du-

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car (Vásquez, 2011, pág. 403). Esta dinámica en el sector rural, que si bien no es nueva, sí se vigoriza durante el gobierno de Álvaro Uribe; de la mano con un modelo económico que sirve a los intereses de acumulación de grandes terratenientes, paramilitares y empresas extranjeras. En estas condiciones, se abren nuevas tensiones dentro del sector rural colombiano, que apenas hoy empezamos a conocer en su complejidad. Con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se radicó, en septiembre de 2010, un proyecto de ley denominado víctimas; el cual fue acumulado con otro proyecto que también se estaba tramitando y que tenía por objetivo el restituir las tierras a aquellos que habían sido despojados de sus predios con motivo del conflicto armado (Suárez, 2012, pág. 66).

rante el siglo veinte hasta hoy nos permite reconocer que en los diferentes periodos se ha determinado la estructura agraria en Colombia,

de acuerdo a unas condiciones materiales de poder en manos de unas élites políticas que han hecho valer su interés medio, ya sea adecuando

el campo colombiano al capitalismo de mercado de mediados de siglo o al neoliberalismo económico de finales de los ochenta hasta hoy.

Los diálogos de La Habana

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Las actuales conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las FARCEP, en La Habana Cuba, ha convenido como primer punto dentro del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La construcción de una política de desarrollo agrario integral que debe ser determinante para la integración de las regiones y el desarrollo social y económico del país. La agenda plantea: el acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad; la frontera agrícola y protección de zonas de reserva; programas de desarrollo con enfoque territorial; infraestructura y adecuación de tierras; desarrollo social; el estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa; la asistencia técnica; subsidios; créditos; generación de ingresos y un sistema de seguridad alimentaria (Indepaz, 2012, pág. 2).

Los elementos que hacen parte de la agenda agraria de La Habana, aunque amplios, son cercanos a una solución integral al problema agrario en Colombia. En este orden de ideas, tras más de seis meses de negociación, los delegados del Gobierno Nacional y las FARC-EP, el pasado 26 de mayo del año 2013, anunciaron haber llegado a un primer acuerdo sobre el

primer punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Este acuerdo se ha denominado hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral y aborda cada uno de los temas propuestos al inicio del acuerdo.

En este acuerdo se crean mecanismos para la solución de conflictos por el uso de la tierra y se crea una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de la propiedad con prevalencia del bien común. Esta acompañado de planes de vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructuras y recuperación de suelos.

El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado. Incluye la formación y actualización de la información rural para la actualización del respectivo catastro; buscando seguridad jurídica y mejor, y más eficiente, información. Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental, buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a

través de un sistema de alimentación y nutrición (Caracol, 26 de Mayo de 2013).

Esta declaración sienta las bases para un nuevo campo colombiano, pone fin, al menos en teoría, a los elementos históricos que han constituido el problema agrario en Colombia y distintas problemáticas que han conducido al campo a su actual crisis. Se comprueba que las partes llegaron a la mesa sin grandes divergencias conceptuales, coincidiendo en el punto trascendental de la necesidad de realizar la reforma agraria en Colombia, proyecto inconcluso que ha significado largas trayectorias de violencia en el campo. Tratar el tema de desarrollo rural es abrir el camino hacia la solución de los orígenes de la violencia y romper la falta de continuidad de una política estatal que debía haber sido planteada hace mucho tiempo. En el centro, por primera vez, se coloca al campesinado y la dignidad de la familia campesina como piedra angular.

Y queda avanzar en temas logísticos que deben ser tenidos en cuenta como conocer la tierra, la calidad, la extensión. Es decir, el inventario de lo que se va a distribuir, lo que implica un desafío para las agencias del Estado: La actuación coordinada del Estado, introducir bases de datos, sis-

temas de información, nuevas tecnologías de georeferenciación, organización de archivos. Y finalmente la voluntad política Este es apenas el primer acuerdo que está sujeto a la determinación de que nada está acordado hasta que se acuerde cada punto de la

negociación. Sin embargo, es una la necesidad de una política de debuena señal en términos de lo que sarrollo rural. se está avanzando, aún con las dificultades que representa llevar a cabo una negociación sin un cese al fuego bilateral. Finalmente, sea con la guerrilla de las FARC-EP o sin esta, el Gobierno ya se plantea

Juan David García Rueda Estudiante de Ciencia Política, investigador UNIJUS-GISDE. Universidad Nacional de Colombia Estudiante de Ciencia Política, investigador UNIJUS-GISDE. Universidad Nacional de Colombia.

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HORIZONTE TEÓRICO

(Pedro Antonio Marín) Máximo comandante de las Farc-EP “Tiro Fijo”

“Hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar, por la vía que nos dejen las oligarquías.

Vamos a ver cuál es, si es la vía política o es la otra”.

»»

Por: Diana Sofía Rincón Becerra

E

l artículo nace de la investigación realizada por Xiomara Torres, Hernán Guerrero y Sofía Rincón para la asignatura Gobierno y Políticas Públicas del primer semestre de 2014: " La Política de Drogas en Colombia y Uruguay", el cual tiene como intereses identificar la influencia prohibicionista internacional que históricamente va a tener Colombia y los países latinoamericanos en la política de drogas, cada uno de estos países responderán de diferente

manera a los acuerdos internacionales, por lo que se irá a mostrar los casos de dos países latinoamericanos por un lado Colombia como uno de los países mas obedientes a estos acuerdos y por el otro Uruguay, que es un país con una mirada más progresista en el tema. el presente artículo mostrara algunas conclusiones de la investigación con el fin de hacer un análisis sobre las políticas de Drogas y así enfocarlo a los diálogos de paz, el cual

es el cuarto punto de la agenda del proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos "Solución al problema de las drogas ilícitas", el cual fue concluido el 16 de mayo del presente año. Con el fin de mostrar cómo la política prohibicionista internacional ha influenciado directamente en el conflicto armado colombiano, ya que en nombre de la lucha contra las drogas se ha dado una gran militarización del país.

Acuerdos internacionales ción médica y con fines curativos.

Otro de los problemas de este enfoque enmarcado en la convención de 1961 de la ONU es que se castiga la producción, comercio y porte de grandes cantidades sin tener en cuenta que no todas las substancias generan los mismos problemas.

Por otro lado, tenemos el enfoque que considera la producción, comercio y consumo de estupefacientes como un problema que genera efectos sociales y debe ser tratado como un problema de salud pública con una regulación del comercio y la producción, ya que el problema no es únicamente de los países productores sino también de los países consumidores como quedó estipulado en la 44 asamblea de la ONU, que rige lo contenido en la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupe-

CONFLICTO Y SOCIEDAD

comercio y consumo de las sustancias consideradas como estupefacientes, en la convención única sobre estupefacientes de 1961, se han caracterizado por dos concepciones diferentes del problema, por un lado está la que se desprende de la convención y que consiste en la lucha frontal, militar y punitiva, que ha sido la imperante desde su formulación hasta bien entrado el siglo XXI, su tratamiento, bajo las premisas de la convención, está justificada en razón a que el esquema de producción de los estupefacientes genera la financiación de grupos subversivos ilegales y por lo tanto es considerado un problema de seguridad nacional que puede conllevar a la inestabilidad de la comunidad Los diferentes enfoques con los que internacional, Su utilización sólo se ha considerado el problema que es permitida en casos con prescripconlleva el esquema de producción, En América Latina las políticas de drogas estarán impulsadas y determinadas por los paradigmas internacionales hegemónicos y en la región específicamente estará a la cabeza de Estados Unidos que desde su política conservadora, impuso acciones prohibicionistas condenando la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes, pero con una desigualdad entre los países productores tendiendo que soportar políticas militaristas que traerán consecuencias políticas, económicas y sociales, y los países consumidores que no van a realizar acciones contundentes para disminuir la demanda pero si condenan y criminalizan a los demás países.

estupefacientes que principalmente eran acuerdos sobre el control de materias primas pero con esta se va a empezar a tratar con medidas prohibicionistas más que todo a tres sustancias derivadas de plantas: el cannabis, el opio y la hoja de coca, se introdujeron castigos penales y a los países en desarrollo a adoptar medidas estrictas respecto a los usos no médicos ni científicos de estas plantas, ya que el enfoque que se va a plantear es solucionar el problema desde la oferta, pero no se toco en ningún momento el del consumidor Es de aclarar que el problema de dro(Jelsma D. b.-T., 2011). gas incluye la producción, el consumo y el lavado de activos procesos - Convenio sobre Sustancias Psicoque tienen un mapa mundial claro, trópicas de 1971 (Naciones Unidas, por un lado hay países producto- 1971): Este convenio nace en Viena res como Colombia, consumidores el 21 de febrero de 1971 y entra en como Estados unidos y Europa y vigencia en Agosto de 1976, como países con políticas flexibles que consecuencia de la diversificación permiten el lavado de activos como de las drogas que eran libremenUruguay. es necesario para entender te accesibles para esta época, por el problema de las drogas hacer una lo que va a implementar controles mirada internacional ya que este se sobre el uso ilícito de más de 100 va a plantear y combatir desde lo in- drogas psicotrópicas (mas que todo ternacional. Para entender esto de sintéticas). no se va a caracterizar mejor manera a continuación se ha- por tener medidas fuertes de control blara sobre los principales acuerdos ya que las farmacéuticas europeas y internacionales que se han firmado norteamericanas van a ser un grusobre el tema para así adentrarnos po de interés muy fuerte. Por lo que en como Uruguay y Colombia harán más que todo se va a concentrar es sus políticas nacionales de drogas. en establecer medidas que controlen el desarrollo de drogas con fines - Convención Única de Estupecientíficos y médicos, y en la prefacientes de las Naciones Unidas vención de sus usos ilícitos. de 1961: Participan 73 países de la conferencia en la ciudad de Nueva - Acuerdo Sudamericano sobre York y entra en vigor en diciembre Estupefacientes y Psicotrópicos de de 1964, en el momento en que fue 1973 (ASEP) (México diplomático, firmado por 40 países. Su propósito 1973): teniendo en cuenta que el uso era el control del uso de estupefa- indebido de las drogas es un problecientes los cuales afectaban la salud ma que los países latinoamericanos física y moral de la humanidad, por deben afrontar conjuntamente, se da lo que limitaba sus usos a solo fines una reunión en la ciudad de Buenos médicos y científicos. (Naciones Aires los días 25 y 27 de abril de 1973, en donde participan, ArgentiUnidas, 1961) na, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, La influencia que trajo esta conChile, Paraguay, Uruguay, Venevención al mundo fue un cambio zuela y Ecuador. Sus propósitos de política y de manejo al tema de serán: -(i) fortalecer la colaboración estupefacientes, que antes se mae intercambio de información resnejaban tratados de fiscalización de pecto a la lucha contra el uso indebifacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena de 1988, y que tiene como debate último lo enunciado por diferentes presidentes del continente americano en la VI Cumbre de las Américas de la OEA en el 2012; de allí se desprenden estrategias conjuntas, como también el llamado a un nuevo debate para el replanteamiento y tratamiento del problema.

Este tipo de tratamiento al problema va acompañado de una fuerte carga educativa para la prevención del consumo.

do de estupefacientes y sicotrópicos (control de tráfico licito, represión de tráfico ilícito, prevención de drogadicción, armonización de normas penales y civiles...), (ii) crear organismos especializados de control nacionales sobre el uso indebido de estupefacientes y psicotrópicos, que mutuamente se apoyen y brinden información. (iii) fomentar planes de educación a la comunidad sobre todo en niños y jóvenes (iv) brindarse apoyo en las investigaciones y conocimiento científico que ayude a combatir la drogadicción o a mejorar los métodos ya existentes. (v) Fortalecer la coordinación de los organismos de seguridad y policial especializados de cada país, su entrenamiento y operaciones conjuntas en tráfico ilícito e intercambio de información. (vi) intensificar las medidas en la erradicación de las plantaciones de cannabis y de coca, y el control de su estudio científico.

Este convenio acepta las listas que en la convención de 1961 y el convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971 establecen para guiar la legislación penal, que sigue en la misma dinámica prohibitiva de la producción, comercialización, suministro, tenencia ilegitima de las substancias o elementos destinados para su elaboración y la facilitación de bienes muebles o inmuebles para hacer estos delitos. Pero también establece que se deben dictar normas que protejan al toxicómano en su salud, patrimonio y a su familia.

- Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Naciones Unidas, 1988): en medio del auge que se da en las décadas de los 70s y 80s del consumo de drogas y de narcotráfico, se realizó en Viena del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 1988, participaron 106 países, cabe anotar que también se invitaron organizaciones intergubernamentales en donde estará presente el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacien-

tes y Psicotrópicos. Su objetivo en la misma dinámica prohibitiva de los acuerdos anteriores, es promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con

m a y o r eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una dimensión internacional (artículo 4) y obliga a los países a la tipificación de delitos penales a: la producción, cultivo (coca o cannabis), posesión y adquisición, la fabricación, la organización, gestión o financiación, ocultación o encubrimiento de drogas.

- Declaración de Cartagena 1990 (Declaración de Cartagena, 1990) En Cartagena el 15 de febrero de 1990 se reunieron los presidentes de Bolivia, Colombia, Estados Unidos

y Perú. Su propósito es consolidar un programa conjunto para la lucha contra las drogas ilícitas, reduciendo la demanda, el consumo y la oferta, además de proponer cooperación económica y de desarrollo alternativo para disminuir las consecuencias de la guerra contra las drogas e incentivar la sustitución económica en los sectores que más afectados están por el narcotráfico.

Este programa sobre todo hace énfasis en la ayuda económica y política de Estados Unidos a los países latinos que participan con políticas integrales, sin dejar de lado en ningún momento, sino más bien como condicionante de la ayuda, la guerra contra las drogas ilícitas.

VI Cumbre de las Américas 2012 La cumbre reunión 30 países de los 34 que hay en el continente americano, se realizo en Cartagena entre los días 12 y 15 de abril de 2012. La cumbre se ha caracterizado en sus anteriores versiones por tocar solo temas económicos pero en esta versión en la agenda había nuevos temas como la política de drogas, la seguridad, la lucha contra la pobreza, infraestructura entre otros. Lo que se presento fue que se dio un fuerte debate a EEUU, respuesta a temas como la participación de Cuba y el tema de drogas que en América Latina no había un debate serio respecto a este. Mientras Abana seguía defendiendo el prohibicionismo y la guerra contra el narcotráfico, la propuesta suramericana impulsada por Juan Manuel Santos y su homologo guatemalteco abrieron el debate en al cubre sobre la legalización y otras alternativas para tocar este tema.

Se propuso igualmente que la OEA realizara un análisis sobre los resultados de la política de drogas y de poner sobre la mesa nuevas estrategias (Youngers, 2012).

Uruguay Uruguay en materia de políticas antidrogas se ha caracterizado por tener tolerancia social y una política con énfasis en minimizar los riesgos y reducir los daños del consumo de drogas (TNI). Las leyes que actualmente tienen vigencia son: la Ley 14.294 de 31 de octubre de 1971, la ley 17.016 de 1988 que modifica la de 1974 y la más reciente de

la ley 17.016 de Diciembre de 2013, Uruguay como en todos los países latinoamericanos va a cristalizar en sus leyes los acuerdos internacionales, aunque este se ha caracterizado por no seguirlos al pie de la letra, y dejar un poco de lado la política prohibicionista que caracteriza estos acuerdos.

La Ley 14.294 de 1974, va a recono-

cer desde su artículo I las listas de las sustancias que en los acuerdos de 1961 y 1971 (tratados anteriormente) se estipularon y el monopolio del Estado en su importación y exportación. Desde un principio se presenta que el manejo de las sustancia será autorizado por el Ministerio de Salud Pública, como la asistencia y rehabilitación de los

CONFLICTO Y SOCIEDAD

Principales eventos políticos y jurídicos, e influencia de los tratados y convenios internacionales

CONFLICTO Y SOCIEDAD

drogadictos. La única utilización autorizada es como los mismos convenios lo establecen con fines de investigación científica o para uso médico, lo cual debe ser autorizado por el ministerio. Algo de resaltar es que las farmacéuticas autorizadas pueden vender y suministrar las sustancias con su respectiva receta, además se mantienen los acuerdos y va a seguir la misma línea de la ilegalidad de la producción de las materias primas o sustancias capaces de producir dependencia psíquica o física (...) será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría. Esto se ha criticado en diferentes momentos, ya que se da una contradicción en la medida en que no se penaliza a quien tiene una cantidad permitida si la consume o la compro, pero si a quien la produjo. Esto también se puede ver como influencia de la política internacional que se castiga y criminaliza a los países productores pero a los consumidores sobre todo para esa época, no se les critica ni se les pone un verdadero control.

La Ley 17016 de 1998 que modifica la de 1974 e introduce nuevos capítulos, va además a incluir los "precursores químicos y otros productos

químicos" y mantendrá las listas de las sustancias contenidas en los acuerdos de 1971 y 1961. además va a tener adiciones en el 2006, 2004 y 2009 que normalizan otros temas no tratados como los bienes confiscados, lavado de dinero, problematizando no solo como un problema de salud pública, como se tocaba en 1974, sino también la protección del orden económico del Estado, respecto al tema de lavado de dinero (TNI). Esta ley también va a contener la contradicción entre la criminalización de la producción y la aceptación del consumo, además de que la decisión va a estar ligada a la convicción moral del juez (como se ha nombrado anteriormente). se creara la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías, que a diferencia de Colombia la ha controlar el Ministerio de Salud Pública, que se encargar de programas de prevención, del tratamiento y rehabilitación del drogadicto, de policlínicas especializadas para su tratamiento y de coordinar su labor con la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y cultura, el Consejo

del Niño ya la Dirección de Aduanas (Articulo 19). Por otro lado, el Ministerio del Interior va a tener la función de prevención, control y represión de todas aquellas acciones que constituyan una importación, exportación, producción, fabricación tráfico comercialización o uso ilegal de las sustancias reguladas por la presente ley (artículo 24).

Es de aclarar que en Uruguay durante muchos años varios sectores políticos han propuesto la legalización o regulación de la cannabis, un ejemplo es que el ex presidente Jorge Batlle en 1999 declaró su apoyo a la legalización de las drogas blandas. Para esa época, el Frente Amplio estaba desarrollando planes para prevenir y controlar a los consumidores de sustancias más peligrosas como la pasta de coca, con la marihuana.

Para el 2010, el parlamento va a abrir el debate sobre el tema con los reclamos y propuestas que organizaciones de usuarios y cultivadores van a presentar, que criticaban como se acepta el consumo pero no se facilita al criminalizar su produc-

ción la abstención de marihuana.

Se va a sumar la presentación de un proyecto de ley para la legalización del cultivo personal para así alejar al consumidor del narcotráfico, aunque aumenta las penas al narcotráfico lo cual fue criticado por las organizaciones al no diferenciar entre minoritas y grandes productores. Desde ese momento se van a impulsar desde los diferentes partidos políticos de Uruguay propuestas respecto al tema. Para el 2011 se van a presentar grandes propuestas por parte de cultivadores que exigían la despenalización del auto cultivo.

En medio de discusiones entre la sociedad civil y diputados se concreta un proyecto de ley en mayo de ese año que despenaliza la plantación y cosecha de 8 plantas y la dosis mínima será de 25 gramos. Para el 2012

el gobierno de Mujica dijo que iba a presentar al parlamento un proyecto de ley que busca la legalización de la producción, distribución y venta de la marihuana, y quien concentrara estas acciones será el Estado.

Como medida de seguridad para combatir la paste base. Respecto a este proyecto de ley en un primer momento se realizo una encuesta en que la mayoría voto en contra de la legalización y venta de marihuana, por lo que quedo congelada su presentación, pero durante el transcurso del 2012 y 2013 se van a dar varios debates respecto a la ley, sobre todo por el lado del Frente Amplio.

Por el lado de la presidencia desarrollo diferentes debates por el país sobre el proyecto. (TNI)

con mayoría en el parlamento. Es de gran importancia para el país y para el mundo, al ser el país piloto en realizar una política legal para la regularización y control del cannabis.

Antes la producción era castigada, pero en la nueva ley se va a referir de otra manera: “Tratándose específicamente de cannabis, las plantaciones o cultivos deberán ser autorizados previamente por el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA)”. Se va a establecer como dosis mínima 40 gramos y se podrá tener en el poder una cosecha de 6 plantas máximo. (Artículo 7) otro cambio importante a resaltar es la posibilidad de penas excarcelables con libertad provisional en las condenas mínimas (menores de 24 meses), lo cual no estaba contenido La Ley 19172 de diciembre de 2013 en la ley de 1974. se va a aprobar el 10 de diciembre

Colombia tema controversial de las bases militares de EEUU en Colombia, lo que cual el país justifica en acuerdos que se han dando en política anti drogas como la Declaración de Cartagena, en donde se habla de la cooperación en la producción, tráfico y demanda, como también el convenio general para ayuda económica técnica y afín entre el gobierno de la república de Colombia y los EEUU en el 2004 que establece un programa de control de narcóticos, de narcotráfico y de actividades terroristas (Montaña, 2010) y demás acuerdos que se han dado continuamente con USA para atacar el trafico y producción de drogas ilícitas.

La Ley 30 de 1986 por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones tiene un enfoque claramente prohibicionista y represivo sobre el tema de las drogas ilícitas, lo que da evidencia de los acuerdos internacionales anteriormente hablados, ya que cumple con la misión de criminalizar la producción, distribución

y consumo, aunque también toca el tema de prevención.

En 1994 se va a dar una modificación con una sentencia de la Corte Constitucional que acepta la dosis personal y la despenaliza en 1994, argumentando que el porte de la dosis mínima (20 gramos) es lícito y el uso de drogas es una decisión personal, lo cual se debe solucionar con un tratamiento médico y no desde lo penal lo cual pondrá al país como pionero en este punto, aunque en el 2002 la Ley 745 de ese mismo año buscaba dar sanciones al porte y consumo de la dosis mínima la corte constitucional en la sentencia C101 de 2004 lo volverá inexequible, como también en el 2009 se presenta un proyecto que busca volver a penalizar el consumo, la Corte Suprema ratifica la decisión de 1994. Para el 2003 en la presidencia de Álvaro Uribe se da un referendo que busca la prohibición del consumo y porte, pero va a fracasar.

Para el 2009 los partidarios de Uribe aprobaron el Acto Legislativo 002 de 2009 que prohíbe la dosis mínima,

CONFLICTO Y SOCIEDAD

A principios del siglo XX cuando se habló del caso colombiano, se evidenció de una tendencia de regulación con énfasis en prevención y tratamiento médico, pero para mediados del Siglo y con las convenciones internacionales del 61 y 71, que internacionalmente se exigía el mecanismo prohibicionista de la política de drogas, Colombia se va a caracterizar por seguir esa normatividad casi al pie de la letra, que se concentrara en la penalización y control de la producción, comercialización, tráfico y consumo. Con una gran influencia militarista sobre todo a finales del siglo XX, siguiendo los parámetros de la guerra contra las drogas, que se basa en atacar la oferta, impulsada por Estados Unidos, como se evidencia en la Declaración de Cartagena o el plan Colombia. Este tipo de políticas a la hora de hacer una evaluación no ha logrado efectivamente acabar con el crimen organizado y si ha logrado traer grandes consecuencias económicas, políticas y sobre todo sociales al país, un ejemplo de esto es el

transformando el artículo 16 de la gado a dejar de usar droga” (TNI).

Constitución que habla sobre el porte Durante el 2011 y 2012 se van a dar y consumo de la dosis mínima. (TNI) diferentes propuestas y debates soTambién se van a desarrollar algu- bre la penalización de la droga, en nos cambios para el 2011 en la Ley contra y a favor, para el 2011 nue1453 o Ley de Seguridad Ciudadana vamente partidarios de Uribe van que afirma la penalización del con- a presentar un proyecto que busca sumo personal, pero la Corte Cons- reglamentar el porte y consumo de titucional nuevamente indica que la la dosis mínima, donde se obliga a dosis personal es legal. A pesar de que todo lo que sea encontrado con esto no se tiene claro qué medidas la dosis sea evaluado por la polise deben tener en cuenta con quien cía para establecer si el portador encuentren consumiendo, ya que la es drogadicto o no, y obligarlo, si ley sí establece que puede ser dete- lo es, a un tratamiento médico que nida pero no se sabe qué procedi- es dado por el Estado, pero esto no miento se debe tomar, ni tampoco fue aprobado. Para el mismo año se se hace una diferencia entre porta- presenta una propuesta que defiendores y consumidores y quienes lo de la despenalización y quien porte distribuyen, lo que da la posibilidad o consuma la dosis mínima no tude abrirle procesos penales a quie- viera castigo, y busca junto a otras nes portan la dosis mínima. Ese propuestas determinar en la Ley de mismo año la Corte Constitucional Seguridad Ciudadana la excepción ratifica y aclara con la Sentencia de de la dosis personal. Para el 2012, C-574 del 22 de Julio de 2011 que sigue el debate y se presentan otras “primero, aunque el porte y con- propuestas sobre la despenalización sumo de drogas esté «prohibido», y sobre todo el trato del consumidor las únicas medidas que se pueden de drogas como un problema de satomar contra quienes incumplan lud incentivando el tratamiento y la esta norma serán de carácter «ad- prevención del consumo. También ministrativo» y deberán tener una la Corte se siguió pronunciando soorientación terapéutica. Es decir, bre el tema, lo cual tuvo una fuerte nadie puede ser enviado a la cárcel oposición por parte del actual propor usar sustancias prohibidas. Se- curador Alejandro Ordóñez. gundo, cualquiera de estas medidas Para el 2012, también se va a predebe contar con el «consentimiento sentar un nuevo modelo en la ciudad informado» de la persona. Es decir, de Bogotá, con el alcalde Gustavo que incluso si se trata de un adicto, Petro, pionero en el país al brindar no podrá ser oblitratamiento médico a los adictos to-

mándose como un problema de salud y de seguridad. Los CAMAD (Centro de Atención Médica de Drogadictos) son centros móviles que están en diferentes partes de la ciudad y que proporcionan atención profesional médica y social a los adictos.

Actualmente, el gobierno de Juan Manuel Santos, que desde el principio no ha negado la posibilidad de una legalización de la marihuana, como lo afirmó en una entrevista de Per Mika el Jesen en el periódico Publimetro al afirmar que una alternativa para solucionar el problema de las drogas es “la legalización pero que Colombia no puede dar el primer paso... porque para Colombia esto es un asunto de seguridad nacional. El tráfico de drogas es lo que financia la violencia y la corrupción en nuestros países. En el mío, sería crucificado si es que me toca a mí dar el primer paso”. Esta intención del presidente y su gobierno también se puede evidenciar en el Nuevo Estatuto de Estupefacientes que desde el 2013 quiere consolidarse como el "Estatuto Nacional de Drogas y sustancias Psicoactivas", esto con el fin de actualizar la normativa del control de drogas, proponiendo el trato de este tema como un problema de salud pública. En este nuevo estatuto se definirán las dosis mínimas de drogas sintéticas (200 miligramos), cocaína (1g) y marihuana (20g), además se impulsarán programas descentralizados desde los municipios para el tratamiento de adictos y para la prevención del consumo, además de romper con la criminalización de los cultivos de coca, para apoyar sin problemas penales a quienes hagan parte de la sustitución de cultivos ilícitos.

Por último, para la fecha se está llevando a cabo en la mesa de los diálogos de paz en La Habana, entre el gobierno de Santos y las Farc-ep, el tema cuarto de la agenda, el problema de las drogas ilícitas, es importante tocarlo en la medida en que

el conflicto armado y la violencia en Colombia han estado ligadas al problema de la producción y tráfico de las drogas ilícitas. Los temas que atraviesan la discusión son la militarización, el abandono del campo, el narcotráfico, la erradicación y la sustitución de cultivos (temas que las organizaciones sociales y campesinas han discutido frecuentemente por las consecuencias adver-

sas de la fumigación en sus cultivos la economía del país, lo que impliy en la salud de la comunidad). ca que los recursos del narcotráfico que sean expropiados financien plaTambién como insumo para la mesa nes de desarrollo alternativo de las se realizó un foro sobre este tema comunidades campesinas en temas junto a la Universidad Nacional para como la sustitución de cultivos y el llevar a la mesa las propuestas y críconsumo de drogas como problema ticas de la sociedad civil. Además de salud pública. de presentarse propuestas por parte de las FARC - EP una comisión de la verdad especializado en el tráfico de drogas y su consecuencia en

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Algunas lecciones para Colombia del proceso de paz en

El Salvador y Guatemala »» Wendy Johanna Rodríguez

El presente artículo tiene como tarea analizar algunos elementos de los procesos de paz de El Salvador y Guatemala, con la intención de comparar y rescatar algunas lecciones para el actual proceso de paz colombiano. Aunque sabemos que los dos escenarios de análisis obedecen a contextos históricos diferentes, consideramos que estos nos pueden proporcionar diferentes miradas, cuestionamientos y caminos sobre un fenómeno concreto y en la medida de lo posible pueda llevarnos a encontrar una solución política al conflicto social y armado que vive nuestro país.

flicto social y armado se ha prolongado por más de 60 años. La oleada de violencia iniciada tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 ha configurado la guerra ya sea como un mecanismo que busca garantizar la participación política de la población; o como una estrategia de represión que intenta mantener el statu quo. Históricamente las conquistas sociales y los grandes logros en términos de derechos se han obtenido a partir de la movilización, la organización social y la protesta social. Lo que nos lleva a reconocer, en su carácter reivindicativo, la necesidad de la lucha social.

América Latina ha tratado de mediar con estos fenómenos de múltiples formas, por ejemplo, recurriendo en algunos casos a la ayuda extranjera, tratados de paz, manifestaciones culturales, sociales y políticas por parte de la población.

Sin embargo, estas opciones han obtenido como respuesta represión por parte del Gobierno. A pesar de lo anterior, la gran mayoría de los países latinoamericanos se han dado a la tarea de discutir la paz bajo diversos intereses.

y contextos geopolíticos en los que ha tenido lugar cada uno de ellos.

Llama la atención el caso de El Salvador y Guatemala, dos procesos de gran valor por su alcance y que aún en medio de las contradicciones continúan forjando la paz.

De esta manera, retomamos dichos procesos por su relevancia en el entendido de que su estudio nos proporciona ciertas reflexiones que permiten ampliar el panorama sobre la consecución de la paz en nuestro país. Tema de gran importancia para Colombia después del fracaso de varios intentos de negociación en el pasado. Así se consolida nuevamente una mesa de interlocución para dialogar y llegar a algunos acuerdos que materialicen la terminación del conflicto entre FARC–EP y el Gobierno nacional. Cabe resaltar que otros grupos alzados en armas como el ELN y el EPL, del mismo modo, han manifestado su interés por hacer parte de los diálogos.

En primera instancia se realiza un rastreo histórico sobre algunas acciones antes, durante y después de los procesos de paz en Guatemala y El Salvador, se resalta cada proceLos procesos de paz en nuestro con- so de paz con el fin de extrapolar de tinente han tenido distintos matices, allí algunas reflexiones para nuestro Para Colombia el fenómeno del con- son variadas las formas, los actores país.

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L

a historia de Latinoamérica está marcada por constantes conflictos sociales y armados, con consecuencias lesivas que recaen directamente sobre la población, estas se manifiestan mediante diferentes modalidades como lo son: las masacres, asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos forzados, violaciones y acoso sexual; etc. Hechos que en su conjunto responden a un contexto geopolítico donde priman las dictaduras militares representando una violación masiva y sistemática a los Derechos Humanos.

Guatemala

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Este país se caracteriza por una gran variedad de culturas étnicas aún sobrevivientes. La conformación del conflicto armado tiene sus orígenes desde 1954 cuando la constitución de regímenes militares dio paso a un Estado represor que arrasó con todo tipo de organización política que difiriera de sus intereses. Adicionalmente, se identifican intereses extranjeros provenientes en su mayoría de Estados Unidos. La exclusión, la pobreza y la redistribución de la tierra para campesinos e indígenas emergen como clima del conflicto: “Guatemala se ha visto inmerso por casi cuatro décadas en un cruento conflicto armado interno durante el cual habrían desaparecido 200.000 personas aproximadamente” (Torres, 2007).

fin de derrocar al nuevo Gobierno, en este mismo periodo surgen otros movimientos de carácter insurreccional, el Movimiento 12 de abril —compuesto especialmente por estudiantes—, Movimiento 20 de abril y el PGT (Partido Guatemalteco Trabajador) de carácter comunista, aunque este nace en 1931 jugó un papel decisivo al momento de la conformación de un amplio movimiento guerrillero que se fundó hasta 1962, año en el que surgen las FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes).

por todo el país. Posteriormente, en el periodo que comprende entre 1966 y 1982, Guatemala se sumió en una serie de gobiernos militares escogidos por militares.

Para el año 1970 el Coronel Carlos Manuel Arana quien dirigía las operaciones antisubversivas es electo presidente, bajo la alianza del Movimiento Liberación Nacional de tendencia de extrema derecha, a la par en que se dan estos gobiernos militares crece la lucha subversiva, y aparecen nuevos actores tales como En 1963 acontece un nuevo golpe de el EGP (Ejército Guerrillero de los Estado en Guatemala, esta vez por Pobres y el ORPA (Organización parte de Enrique Peralta Azurdia, del Pueblo en Armas). quien suprimió la prensa y declaró Para los años 70 y 80 la represión

En el año de 1954 el presidente Jacobo Arbenez Guzmán intenta nacionalizar UFCO (United Fruit Company), compañía estadounidense que controlaba la mayoría de la agricultura del país, razón por la cual la CIA patrocinó un golpe de Estado, para posteriormente imponer una dictadura militar. La CIA declaró al presidente comunista, acusándolo de ser una víctima fácil para la toma del poder socialista en un contexto de Guerra Fría, es el presidente Eisenhower quien apoya para dar un el golpe de Estado en este país. A partir de este golpe se conformó una dictadura bajo el poder del Coronel Carlos Castillo Armas, posteriormente asesinado en 1957. En 1958 se llama a elecciones, es elegido el presidente Miguel Ydidoras Fuentes, este el punto al partido comunista ilegal. Miende inicio del conflicto armado en tras tanto las FAR realizan operaGuatemala. ciones bajo tres frentes guerrilleros.

En respuesta a estas circunstancias Para el año 1968 el presidente Julio la población se organiza y a partir César Mendes inicia una ofensiva a de 1960 constituye el M-13 (Movi- los grupos guerrilleros desencademiento trece de noviembre) con el nando un clima de terror y represión

sigue, aparecen nuevos actores de sectores religiosos, estudiantiles, sindicalistas como también y es en esta época que por primera vez aparece en la escena política los campesinos y los indígenas como un movimiento fuerte, mientras

jía Victores, se dice que este trató de implementar programas de ayuda humanitaria, en este periodo se llega a un enfrentamiento militar con empresarios guatemaltecos y el FMI intentó planificar medidas para salvar al país de la quiebra y revitalizar la economía, de aquí el intento de los militares por controlar las actividades empresariales.

esta demanda social crece , se crean aparecen organismos clandestinos paramilitares, en esta época cabe resaltar las influencias de que en diferentes movimientos como por ejemplo los sandinistas y el derrocamiento del poder por de este movimiento alentando o a otros países de Centroamérica y conquistar el poder a través de las armas.

con mayor facilidad por el ejército.

A pesar de que el movimiento subversivo ganaba adeptos, muchos de los pobladores servían al Ejército y al Gobierno.

Para el año 1978 el Gobierno descubrió fraude en las elecciones y le dio la presidencia al General Romero Lucas García, este mandato se caracterizó por la corrupción y la extrema violencia. Los Estados de Unidos condicionaron su ayuda, a fin de que tomara medidas en materia de Derechos Humanos. Durante este periodo se asesinaron dos líderes políticos de la oposición: Manuel Colon Argueta y Alberto Fuentes.

Ya en esta etapa se incrementaron los enfrentamientos entre los gobiernos y los grupos subversivos, las acciones por parte de estos grupos fueron ganando adeptos en la población ya que había un descontento general para derrocar al régimen. Además, estos grupos tomaron como insignia el derrocamiento del mismo. Algunos frentes guerrilleros fueron derrotados muchas veces por el Gobierno, pero también hubo enfrentamiento entre ellos, por lo cual muchos fueron derrotados

En 1984 El general Victores convoca a elecciones para elegir una asamblea constituyente y una nueva carta política, a finales de 1985 se realizaron elecciones, el ganador de estas sería el abogado Vinicio Cerezo del partido demócrata cristiano, en su gobierno igualmente se siguió la ofensiva contra la población civil y golpes a las guerrillas, aunque irónicamente buscó iniciativas de paz y ayuda internacional, este expuso a España establecer un diálogo con la UNGR, el cual se hizo llegar de manera pública y diplomática, sin embargo en su momento no se pudo concretar. A partir de ahí, se comienza a hablar de establecer diálogos para resolver el conflicto, pues Guatemala se encontraba con una En 1983 el descontento de la pobladeuda externa muy grande debido a ción civil con el gobierno de turno las anteriores dictaduras y su poblafue general, pues implementó una ción fragmentada y herida. reforma agraria de carácter confiscatorio, por esto la junta de militares determina sustituir a Efraím Ríos por el General Humberto Me-

En 1982 se dieron de nuevo elecciones, estas resultaron fraudulentas y por tal motivo el Ejército da otro golpe de Estado e instala un nuevo poder militar encabezado por el General Efraím Ríos Monnt, este régimen procedió a dividir los territorios y a crear patrullas civiles.

Para el año 1983, varios frentes guerrilleros se unifican en la llamada UNGR (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), los gobiernos de Efraím Ríos tratan de quitar todo el apoyo de la población al grupo guerrillero y crean las patrullas de Autodefensa Civil, lo que prolonga la matanza étnica sin sentido y obliga a cientos de campesinos a colaborar con la lucha en contra de la guerrilla, debido a esto los grupos guerrilleros se reacomodaron para evitar las masacres que durante años se implementaron por parte del Gobierno.

¿Y los acuerdos de paz?

América central y es reconocido por y lo que es profundamente, una fuerza política” (Nieto R, 1999. Pág. 207) la ONU. La Contadora hace una primera propuesta de paz a Guatemala durante el gobierno de Vicencio Cerezo, pero lamentablemente no se puede dar. “Cabe suponer que el gobierno de Cerezo Arévalo no disponía del poder real para sobreponerse a las presiones de los círculos del poder económico y militar, que en esa época se oponían a la posibilidad de un diálogo que automáticamente reconocía a la URNG como lo que era

Después de varias gestiones, entre los años 1986 y 1987, se lograron algunos acuerdos; por medio de la Contadora y el gobierno de turno se hizo una propuesta de acuerdo que se conoce como la Declaración de Esquipulas suscrita por varios presidentes latinos y de El Salvador, Honduras, Nicaragua, entre otros.

Este acuerdo fue un primer intento para reconocer y aceptar la mediación en los conflictos armados, po-

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En 1983 los ministros del Interior de Colombia, México, Panamá, Venezuela suscribieron una declaración en la cual expresaban que se tenía que intensificar el diálogo como una herramienta para resolver los problemas políticos, sociales y económicos que comprometen la paz, la democracia y la estabilidad del continente. Esta declaración es conocida como la Contadora, los acuerdos hechos por este grupo también responden a la intervención de las grandes potencias en el contexto de

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líticas de Derechos Humanos, procesos electorales y reconciliación nacional entre otros acuerdos para preservar la paz por parte de los presidentes Latinoamericanos y sobre todo en Centroamérica. En 1987 en España después de varios intentos diplomáticos se acuerda un primer acercamiento entre las delegaciones del gobierno y la UNRG y una delegación militar que nunca se presentó por lo cual no se pudo concretar nada. En este año, la contadora firma un acuerdo al que tendrá por nombre Esquipulas II, donde a través de diálogo y la amnistía, se exhorta a los grupos insurgente al cese de hostilidades, fortalecer el sistema democrático, suprimir la ayuda extra-regional militar, este acuerdo lo firman casi todos los gobernantes de Latinoamérica, el grupo de la contadora, miembros de la Unión Europea, aunque paralelamente en Guatemala, el ejército desplegó una ofensiva militar que duró varios meses, con el fin de realizar operaciones estratégicas, eso se hizo muy por encima por la estructura orgánica regular del ejército, como resultado en marzo de 1988 fueron retiradas y disueltas al no haber logrado sus objetivos Producto de los acuerdos internacionales en Guatemala con ayuda de autoridades religiosas, intelectuales se crea una comisión nacional de reconciliación, para entablar desde allí también diálogos con los grupos subversivos, esta comisión de reconciliación buscó que se cumplieran los acuerdos de Esquilas I y II, tiempo después, en el entorno Centroamericano y nacional, las condiciones en relación con los conflictos armados se fueron flexibilizando.

Fue madurando la situación, para que en Oslo (Noruega) en 1990 bajo los auspicios de la iglesia luterana, de la federación luterana mundial y gobiernos amigos, se hiciera posible por primera vez que delegaciones de la comisión nacional de reconcilia-

negociación entre el gobierno de Guatemala y la UNGR, este instrumento ratificó los anteriores acuerdos, estableció mediadores especialmente el secretario general de la ONU y a la par se creó el grupo de amigos del proceso de paz de Guatemala, conformado por los gobiernos de España, Colombia, México, Noruega y Venezuela, estos debían servir de mediadores y dar mayor compromiso y seguridad a los acuerdos, se creó la comisión de verificación la MINAGUA (misión de naciones unidas en Guatemala) esta duraría su misión hasta el año 2004, Durante 1991 y 1994 se firmaron la ASC (Asamblea permanente de la algunos acuerdos , el primero de sociedad civil) ellos , iniciativa para la paz total de la nación; este consistía en la ter- En 1955, después de todos los acuerminación de la lucha armada, ma- dos, Guatemala se encuentra en un yor equidad económica y social, y estado de transición, en esta fecha profundización del proceso demo- particularmente se llama a elecciocrático, esto se hizo en el año 1991, nes por parte del Frente Democráun segundo acuerdo se firmó en tico Nueva Guatemala fuerza vineste mismo año es conocido como culada a la izquierda revolucionara, el acuerdo de México; por el cual quien ganó en el congreso, y en estableció una agenda en conjunto segunda vuelta gana el presidente no solo de organismos internacio- Álvaro Arzú ganó la presidencia, nales y , cancillerías participantes , este presidente sería una pieza funsino también a través de encuentros damental para continuar con el procon la guerrilla y varios sectores ceso de paz, ya que de estas elecciosociales que participen de mane- nes dependía el compromiso de los ra pública de este proceso de paz; acuerdos anteriores para respetar y aquí se habló de diferentes temas: fortalecer el sistema democrático.

Democratización, Derechos humaLa UNGR se reúne con el presidente nos , fortalecimiento del poder civil, electo en diciembre de 1995, de esta función del ejército en la sociedad serie de reuniones surgió un clima democrática, identidad y derecho de confianza entre la guerrilla, los de los pueblos indígenas, situación mandos oficiales y el gobierno, aunagraria, reformas sociales, política y que también se encontraron algunas económica y bases para la incorpoincongruencias y contradicciones, ración de la UNGR a la vida política entre los puntos a reformar, se lodel país (Torres, 2007). Este mismo graron llegar a algunos acuerdos, año se firmó otro acuerdo llamado a medida que se implementaron Acuerdo de Querétaro que puso en dentro del gobierno. Finalmente en funcionamiento la agenda plantea1996, se terminan de firmar acuerda. dos sobre derechos humanos y un Para el año 1994, los representantes alto al fuego, aún sin haber entredel gobierno y la guerrilla guate- gado las armas la UNGR y a pesar malteca, finalmente adoptaron un de la intervenciones de los cascos documento en la ciudad de México azules, no se presentaron enfrenconocido como: Acuerdo marco, tamientos, las comisiones internapara la reanudación del proceso de cionales, las comisiones de apoyo, ción ( con el pleno aval del gobierno y el ejército) y una delegación de la comandancia de la UNRG, y los sectores de la sociedad guatemalteca ; “que en un intercambio directo, verificarán la necesidad y posibilidad de diálogo y negociación entre el gobierno y la comandancia general de la UNRG” (Nieto R, 1999. P. 208), este mismo año la UNGR se reúne con distintos sectores en Ottawa, Canadá, en Quito con el sector religioso, y en México con sectores sindicales, populares y académicos profesionales.

el gobierno de Guatemala , los altos mandos del ejército y la UNGR en una actitud conciliadora consciente y de confianza se firman un acuerdo final de paz el 29 de diciembre ,

este acuerdo constó de 13 acuerdos y 300 compromisos, aquí se reitera el compromiso por la promoción y el respeto de los derechos humano, la identidad cultural de los pueblos

indígenas, el desarrollo socioeconómico participativo, orientado al bien común , las garantías de la UNGR en la incorporación a su legalidad.

¿Después qué?

Este proceso de paz a pesar de los grandes avances continúa en proceso. Aun las comisiones de verdad, no terminan de esclarecer los hechos y la reconstitución de un país después de varios golpes militares, una deuda externa grande no ha sido fácil, hasta 1997 la UNGR, se desarmo. Es, es rescatable que con este acuerdo se acabó totalmente el conflicto armado y el derramamiento de sangre. La aplicación de

los acuerdos ha tenido elementos polémicos pues en la negociación, estos acuerdos son de paz y no de unidad política. “La UNGR está a punto de culminar su proceso para transformarse como un partido político de oposición, discrepa de las política oficiales , señala en un momento dado que no está de acuerdo con políticas como la privatización de empresas estatales, por ejemplo.

O señala que en tal o cual terreno

no se ha ido a fondo, o que falta esto o lo de más allá. Nosotros lo entendemos como el proceso lógico de fuerzas discrepantes, con concepciones diferentes que compiten políticamente y que tienen diferencias y contradicciones pero que ya no se matan entre sí“(Nieto R, 1999. Pág.

228-229). Tomó 36 años acabar con el conflicto y firmar acuerdos de paz durante 11 años en Guatemala.

El Salvador

El General Maximiliano Hernández fue uno de los primeros en dar un golpe de Estado, al entonces presidente Arturo Araujo, su mandato se caracterizó por medidas drásticas y violentas. En reacción a este golpe en 1932 se realiza un levantamiento armado de campesinos e indígenas con sus principales líderes Agustín Farabundo Martí, Luna y Zapata este levantamiento fue apoyado por un partido comunista internacional, pero inmediatamente fue sofocado por la guardia nacional y guardia cívica (milicias de la oligarquía), aun así los líderes del levantamiento participaron en las elecciones municipales por medio del partido comunista, este hecho produjo su ejecución el 1 de febrero del mismo año.

Este gobierno continúo su mandato y tomó medidas drásticas, censuró a la prensa nacional emitió leyes para

castigar a los críticos de gobierno.

A la universidad nacional se le suspendió la autonomía se le mantuvo bajo constante vigilancia por parte de la policía.

Para el año 1944 este gobierno fue derrocado, conjuntamente con militares del mismo gobierno y algunos civiles, esto desencadenó un sangriento enfrentamiento que terminó en una huelga conocida como “brazos caídos”. Varios líderes de este golpe como: estudiantes, trabajadores, vendedores, pedían que se detuvieran los fusilamientos y así renunció el general Hernández, esto termino con una asamblea constituyente en donde se eligió al General Ignacio Méndez. Como consecuencia de este golpe se emprendió la construcción de otras fuerzas políticas desde diferentes sectores.

En este mismo año se realizó un enfrentamiento por dos partidos el PUD (partido unificación democrática) y el PUDS (partido unificación social demócrata), el primero apoyaba un gobierno revolucionario y estaban en pro de las elecciones. A la par de este hecho el General Méndez es sustituido por la junta militar,

se pone a cargo al Coronel Osmin Aguirre salinas, quien realizó una fuerte represión para el partido PUD decretando el estado de sitio en muchas poblaciones, dejando a su paso miles de muertos.

En 1945 se realizan elecciones y quien es electo e el General Castañeda. En 1948 convoca a una asamblea constituyente para su reelección, la cual provoca dentro de los jóvenes militares pertenecientes a su gobierno un rechazo, razón por la cual decidieron derrocar a este gobierno, este golpe es conocido como : el golpe de los mayores , los se declararon como el brazo armado del pueblo. Y para 1949 gracias a ellos se elaboran unos estatutos sobre una nueva constitución; con el fin de crear el partido PRUD (partido Revolucionario de unificación democrática), bajo este gobierno se creó innumerables reformas para el bien de la población. En 1951 el coronel Osorio asume la presidencia, este irrumpe la labor que se venía llevando y decreta un estado de sitio. Muchas organizaciones de izquierda reaccionan ante esto y por parte de gobierno se les acusa de un

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Al igual que Guatemala el Salvador comparte muchas de sus problemáticas, pobreza, desigualdad, exclusión social y política, concentración de la tierra. Alrededor de los años 1931 y 1979 existieron en el país se dieron diferentes gobiernos militares y una gran guerra civil.

complot para promover un golpe, como consecuencia varias de estas se exiliaron, su mandato marca las divisiones posteriores que marcaría al país.

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En 1952 y 1954 se inicia un periodo electoral el cual dejó al PRUD con todas las diputaciones, ya para las elecciones de 1956 este partido se dividió y creó al partido PAN (partido acción nacional), paralelamente aparece el PAR (partido acción renovadora), de estas elecciones resultó al teniente Coronel José María Lemus como candidato del PRUD, de igual forma su gobierno enfrentó a una grande oposición mejor organizada para ese entonces.

Durante los años posteriores varios sectores de la población crean diferentes frentes como: el FNOC (frente nacional de orientación cívica), AGEUS la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños y a la Confederación General de Trabajadores Salvadoreños (CGTS).

Al final del periodo presidencial del coronel Lemus, en 1960 se llevaron a cabo varios enfrentamientos, se hizo una invasión a la universidad nacional, lo cual fue aprovechado para realizar otro golpe de Estado por las personas más cercanas al presidente. En consecuencia a esto en 1961 los militares buscaron celebrar elecciones, las cuales dejaron como presidente Al coronel Rivera durante su mandato se crearon más confederaciones y federaciones de trabajadores, como también se crea en 1965 la FUSS (federación unitaria sindical salvadoreña).

Durante los años 1967 y 1968 el Salvador sufre otro mandato militar por parte del coronel Fidel Sánchez Hernández el cual debe afrontar las huelgas del sindicato de maestros ANDES debido a las reformas al sistema educativo y paralelamente estalla la guerra de las cien horas contra Hondura, se genera principalmente por fronteras mal defini-

das y un sistema agrario incapaz de redistribuir mejor la tierra. Muchos de los pobladores traspasan las fronteras y se asientan en tierras hondureñas que fueron ocupadas ilegalmente. En 1968 Honduras propicia una reforma agraria que dejaría por fuera a los inmigrantes salvadoreños, expulsándolos por ilegales, esto lo hizo a través de bandas armadas hondureñas. Lo cual generó un éxodo campesino en el Salvador, debido a estas condiciones y la eliminatoria para la copa mundial en donde se enfrentaron estos dos países causó un frenesí de violencia en Honduras, el gobierno del Salvador acusó a honduras de genocidas y rompió relaciones, las fuerzas de oposición y los partidos legales unidos se alzaron contra la guerra y ya para 1969 se bombardeó sobre algunos blanco militares hondureños, y en las fronteras. Esta guerra terminó con un cese al fuego por intervención de la OEA, el Salvador en esta guerra gasto la quinta parte de su presupuesto, la presión y las demandas sociales cada vez más convergían hasta desatarse la guerra civil.

partidos de oposición lanzaría a su candidato José Napoleón Duarte en una coalición conocida como UNO (Unión opositor Nacional), después de una campaña política muy violenta y el recuento de los votos se evidenció un empate entre estos partidos. El fraude consistió en anular las plantillas de la oposición.

Tras esto se declaró el estado de sitio y sin importar las elecciones el Coronel Molina ejerció su poder, este fraude se repite de nuevo en el año 1974 y como consecuencia la oposición no participa de las elecciones de 1976. Ante este panorama grupos guerrilleros del FMNL iniciaron acciones militares, secuestros políticos se tomaron emisoras de radio y ejecutaron alcaldes y funcionarios del gobierno oficialista., la iglesia también tomó partido en esta época mediante el concilio de Medellín de 1968, el cual consistía en un real acompañamiento, se pasó de una protagonismo caritativo a la promoción de reformas sociales y políticas que se ajustaran a la realidad, el monseñor Romero practicó un acompañamiento pastoral real y nuevo que le costó la vida posteriorPara 1970 se convoca un congreso mente en el año 1980. nacional para la reforma agraria con varios sectores, entre ellos la igle- Para 1977 la UNO se intenta lanzar sia católica durante este encuentro con un candidato militar coronel el sacerdote José Inocencio es se- Ernesto Caramount, el oficialismo cuestrado torturado y dejado casi lanza a su candidato Carlos Alberto muerto. Este hecho agravó más la Romero, el cual se impuso por mesituación y el descontento social. En dio de agregando más votos de los este año se crea el FPL- FM (fuerzas que había, al conocerse este hecho populares de liberación Foribundo la UNO, organizó una protesta paMartí y el ERP (ejército revolucio- cífica que fue reprimida gravemennario del pueblo), la FARN (fuerzas te por los cuerpos de seguridad, armadas de resistencia nacional) y este es uno que permitió la consoPRTC (Partido revolucionario de lidación de la guerrilla. Para este los trabajadores centroamericanos), tiempo comienza a operar fuerzas como también otras fuerzas que clandestinas de derecha llamadas incidieron en las elecciones entre la FALANGE, estas actuaron espeotras fuerzas estudiantiles, sindica- cialmente sobre el control militar de les indígenas y campesinas. los campesinos y sobre la izquierda Para 1972 sucedió otro fraude elec- revolucionaria. “Estas operaciones toral por parte de las fuerzas oficia- y represión sumió al país en un caos listas con su candidato el coronel violento, se realizaron manifestaArturo armando Molina y a los ciones tomas de edificios públicos

Esta junta cívico militar se comprometió a una redistribución de la tierra y detener las violaciones de derechos humanos y violencia política, esto hecho no basto para las fuerzas

aglutinadas de izquierda quienes protestan contra la junta, paradójicamente las fuerzas de derecha también protestaban porque esta junta se oponía a sus intereses. Para 1980 se conformó otra junta militar la cual decretó una reforma agraria sin mayor impacto dentro de la población, mientras tanto fuerzas del ejército y guerrillas seguían enfrentándose en zonas rurales, la división en el país era un punto neurálgico y muchas de estos enfrentamientos marcaron un conflicto civil.

El monseñor Romero hizo un llamado al ejército para que cesara la represión y los acusó de varias matanzas al día siguiente de estas proclamas el monseñor fue asesinado, su funeral en la catedral terminó en otro enfrentamiento donde murieron decenas de personas atropelladas, esto fue el hecho que se transmitió por televisión, varias naciones estaban implicadas en este conflicto y en los dos bandos , especialmente Estados Unidos en la administración de Jimmy Carter, que tras la revolución sonidista debía frenar el avance de la izquierda en este país, por eso suministro más armas al ejército salvadoreño y por otro lado

Cuba y Nicaragua apoyaron a la guerrilla salvadoreña.

EL FMLN, se consolida con 5 frentes guerrilleros los cuales lanzaron una ofensiva militar el 10 de enero de 1981, esta ofensiva se desató en ocho departamentos, aunque el llamado fue de índole insurreccional se acogió más en el campo que en las ciudades las cuales se encontraban en huelgas, como consecuencia de estas acciones el ejército se propuso acabar con los insurgentes.

Se perdieron focos importantes y se asesinó a líderes militares y políticos de la guerrilla debilitando su trabajo de masas. ”En estos primeros años ocurrieron las masacres de la Zona Rosa y el Mazote este acabó, con cerca de 200 mujeres y niños casi el total de la población de esta zona” (Ministerio de educación de El Salvador).

Solo hasta 1984 después de largas conversaciones y asambleas constituyentes se llamó a elecciones, enfrentando a las dos fuerzas políticas del país por la oposición se lanzó la candidata Napoleón Duarte y por el oficialismo el Mayor Roberto D’ Aubisoson, en la primera vuelta empataron y en segunda vuelta ganó El dirigente Napoleón Duarte, lo primero que hizo el presidente electo fue entablar diálogo con el FMLN, sin embargo esta iniciativa al igual que otras iniciativas no solucionaron el conflicto, la izquierda pedía la creación de un nuevo gobierno con amplia participación política de la fuerzas, mientras tanto el presidente pedía que dejaran las armas y a cambio les daría participación política en el país como partido, según le presidente las causas de este conflicto ya estaban superadas y la izquierda no tenía justificación para continuar con su la lucha armada. Para 1985 y 1988 se convocaron elecciones , aunque el voto se redujo, ya 1989 fue elegido el presidente el licenciado Alfredo Cristiani, para este periodo la izquierda resurgió en los barrios obreros los cuales se levantaron ante el gobierno, pero se atacaron entre ellos quedando así cientos de personas bajo un fuego cruzado, por tal razón la guerrilla se retira de la ciudad, a partir de ahí se visibiliza una derrota militar de una de las partes a manos de la otra, este conflicto trajo un sin número de muertes, desapariciones, exiliados, desplazamientos, torturados , mutilados y presos políticos, y una pobreza extrema.

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que la policía trató de controlar sin éxito, el 8 de mayo de 1979 se transmitió por televisión a los países internacionales dos de las masacres, una en las gradas de la catedral de san salvador donde mueren 24 manifestantes”(Ministerio de educación de El Salvador) lo cual llevó al golpe de Estado el 15 de octubre de 1979 que dio paso a una junta cívico militar, varios cuarteles se declararon en rebelión y el último presidente militar abandonó el país.

¿Y los acuerdos de paz?

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Entre 1984 y 1987 se iniciaron los primeros diálogos que no trajeron consigo ningún resultado con mediación del Arzobispo del Salvador, cabe resaltar que el grupo de la contadora y el proceso de Esquipulas, el influyeron en las decisiones que se tomarían posteriormente. En 1989 el FMLN y el gobierno acepta que la solución al conflicto armado por la vía v militar era imposible, de parte de los dos bandos. El apoyo internacional aquí estuvo presente, por medio de la ONU, la OEA y países amigos de los dos bandos, especialmente del presidente sandinista Daniel Ortega.

El 4 de abril de 1990 en Suiza , el secretario general de La ONU, el presidente Cristiani y el FMLN, firmaron un acuerdo que establece normas para la negociación de paz, donde se pondría fin al conflicto armado por la vía política, se democratizara el país, y se daría respeto por los derechos humanos , aunque continuaban las hostilidades. Varios países sirvieron de mediadores para que el 26 de julio de 1990 se firma un acuerdo enfocado en los derechos humanos, en 19 puntos con los que se buscaba erradicar las desapariciones, secuestros , torturas, atentados, el libre tránsito por zonas conflictivas y la liberación de presos políticos entre otros, este acuerdo lo acompañó la ONU e implementaría a partir del cese al fuego el cual quedó aplazado hasta que no se cumpliera esta condición, a pesar de esto los enfrentamientos continuaron. En 1991 en la ciudad de México se realiza un acuerdo con el fin de modificar algunas partes constitucionales aunque este punto fue neurálgico, y casi se congela el proceso puesto que había un punto

muy importante sobre las garantías políticas para la futura participación del FMLN como una opción legal, de igual manera se planteaba el papel de la fuerza armada contra los civiles, buscando crear nuevas instancias que inspeccionarán en general la fuerza armada.

El secretario de la ONU invita al gobierno y al FMLN a New York con el fin de que se reactivaran las negociaciones, realizándose otro acuerdo con el cual se creó la COPAZ (Comisión para la consolidación de la paz ), en la cual participaría el gobierno, EL FMLN, los partidos políticos representados en la asamblea legislativa, y se llegaría a un punto muy importante como lo fue la el de la reducción de las fuerzas armadas de los dos bandos, especialmente la fuerza armada por parte del gobierno, este debería realizar una depuración castrense, y este mismo año comienza a funcionar la ONUSAL (misión de observadores de las a naciones unidas en el salvador), quien sería la a encargada del cumplimento de los acuerdos en materia de derechos humanos.

El 31 de diciembre de 1991 en New York se firmaba un acta en la cual anunciaban que las negociaciones y el acuerdo de paz se firmarían el 16 de enero de 1992 en México, aquí se daría el alto al cese al fuego.

El 1 de febrero de 1992, se realizaron actas para culminar el acuerdo de paz finalmente consolidándose temas como: el respeto por los derechos humanos en los principios doctrinarios y el sistema educativo de la fuerza armada, la disolución de las fuerzas civiles. Se aprueba un nuevo código electoral para la parti-

cipación de todos los partidos políticos reconocidos y se otorga personería de partido político al FMLN, y planes de reinserción para excombatientes de ambos bandos.

Se establece un foro de concertación económico y social y la implementación de un plan de reconstrucción nacional para el desarrollo de zonas afectada por el conflicto. Para verificar las acciones militares por varios mandos ingresan los cascos azules como consecuencia a ello se acaba la estructura militar del FMLN y la destrucción de sus armas.

Es importante rescatar el papel de la asamblea legislativa, quien aprobó por unanimidad una ley de reconciliación nacional que permitió el ingreso de los representantes de la insurgencia sin que pesara sobre ellos causas legales derivadas de su accionar, mientras tanto la ONUSAL se amplió para verificar el acuerdo de paz, las fuerzas militares se redujeron y el FMLN se retiró de varias zonas que eran de su poder y se estableció una nueva policía, dependiente del ministerio de defensa , estos avances fueron muy lentos pero se concretaron a pesar de las limitantes jurídicas , por lo tanto se realizaron más negociaciones para reformular la agenda de acuerdo a los plazos establecidos.

Finalmente, el 15 de diciembre se celebra el fin al conflicto, aunque el proceso continuaba con las comisiones de verdad y la verificación de desarme de los dos bandos y entrega de tierras, en este último punto muchos de los grupos empresariales se oponían, pero finalmente se fue cediendo.

¿Y después qué?

Aunque el conflicto armado entre los dos bandos principales se acabó, muchos de los conflictos sociales siguieron, pobreza no se acabó y se fue transformando, se fue impulsando aún desde los gobiernos de derecha la privatización de todo. A pesar de que algunos temas estructurales económicos se trataron en el acuerdo de paz, muchos se quedaron cortos; los planes para acabar

con la pobreza, resultaron cada vez más a modelos de desarrollo bajo un marco democrático, pero con múltiples intereses económicos hacia la modernización del país, lo cual desdibujó lo planteado en los acuerdos de paz y entró en vigencia el plan de desarrollo de naciones unidas, la dolarización del país y los nuevos comienzos de lo que exigía cubrir una deuda externa y más aún después

del conflicto. A pesar de acabar la violencia entre los dos bandos, la sociedad salvadoreña enfrenta más hechos violentos especialmente con los jóvenes en pandillas como lo son las “maras”, pues aún continuaba la exclusión social y la pobreza. Solo hasta el año 2009 el FMLN gana elecciones.

Lecciones para Colombia ¿qué nos enseñan estos países? sible hablar de paz cuando priman los intereses económicos que los de la población, esta también nos hace pensar si el gobierno estará dispuesto a realizar un reforma agraria con Primero que todo el contexto donvarios territorios concesionados. de surge nuestro conflicto viene de orígenes muy similares, exclusión Al revisar los procesos anteriores pobreza, falta de participación y —Guatemala y El Salvador—, enfalta de un Estado verdaderamente contramos que a pesar de llegar a democrático. Los proceso de paz acuerdos y firmas muchas demandas expuestos anteriormente si bien per- sociales no fueron resueltas. Actualmitieron una participación política mente, la pobreza y la violencia code los diferentes grupos guerrilleros existen al lado de la exclusión social y redujeron la violencia, también su- en muchos de estos países; entonces cedieron a que se implementará un ¿para qué firmar la paz? Debemos modelo de sociedad donde el mer- entender que este concepto va más cado fue permeando varios aspec- allá de incluir la participación polítitos del Estado. Actualmente en las ca de otras fuerzas totalmente suprimesas de negociación de paz en la midas e ignoradas por el Gobierno y Habana se debate la idea del cam- más allá de un cese al fuego, la paz bio de un modelo social, económico debe ir de la mano con la población, y político totalmente diferente del es decir no se puede negociar la paz, que se ha venido consolidando, a solamente entre dos bandos, cuannuestro parecer es de vital impor- do otros quedan por fuera; lo que tancia y sumo cuidado revisar este se negocia es la terminación de un tema, pues la idea de paz no solo se conflicto armado, no se puede negoacompaña con abandonar las armas ciar la paz si no hay una verdadera y el cese al fuego de un solo ban- conciencia y participación política do o la participación política de de todos los sectores de la población otros grupos de poder; la paz debe que en muchos casos están organiir de la mano con las demandas so- zados y han pedido participación e ciales, culturales y económicas, no inclusión en este proceso, para nuesescuchadas por parte del Gobierno. tro caso, representantes de la orgaHablar de paz debe implicar justicia nizaciones campesinas, indígenas, social. Aunque el contexto en el que víctimas, entre otros. nos movemos actualmente las firOtro punto central es el apoyo inmas del TLC y otros acuerdos coternacional, de nada sirve que se merciales nos hace pensar si es po-

cree una comisión negociadora si no se tiene un acompañamiento internacional sincero y veraz alejado de intereses económicos y políticos estratégicos (aunque parece imposible), por lo tanto en la actual mesa de negociación no hay ningún garante que siga o por lo menos verifique algunos acuerdos que se puedan dar, solo hay un acompañamiento de pocos países, por lo tanto debería existir un acompañamiento de organismos, entes y personas que ya hayan participado de estos procesos y puedan mediar, verificar y sobre todo exponer lo que se discute y a los acuerdos que se llega, o por lo menos se debe empezar a hablar de comisiones de verdad que establezcan justicia en torno a las víctimas y el resto de la sociedad.

Al igual que en los anteriores países el gobierno y las fuerzas armadas han tenido un vínculo único. Aunque nuestro país no sufrió periodos dictatoriales y golpes de Estado fuertes, mantiene una estructura militar sólida y su accionar va de la mano con entes paraestatales. En las actuales negociaciones no se habla sobre la complicidad entre accionar paramilitar, el Gobierno y las fuerzas militares en el recrudecimiento del conflicto armado.

Así, a pesar de tener una amplia responsabilidad en la degradación del conflicto, el Gobierno ha crea-

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Más que lecciones quisiera señalar unos puntos que deberían ser tenidos en cuenta y debatidos profundamente.

do el Fuero Penal Militar como un mecanismo de protección jurídica para las Fuerzas armadas (que sigue en discusión). Este acto más que incentivar la paz parece reforzar la idea de un conflicto interminable.

Por otro lado, la guerrilla no ha propuesto una alternativa sobre la función de las fuerzas armadas al finalizar el proceso para contribuir a la paz, pues los abusos del poder de las fuerzas estatales han llegado muy lejos (falsos positivos). De realizarse un cese al fuego, este debe ser un compromiso de todos los bandos armados que además deben tener un posición frente a la paz, como nos lo expone el proceso de paz de El Salvador, mediante el cual se reformó la fuerza armada y se creó una policía civil con la participación de ex guerrilleros.

En un proceso de paz es esencial la voluntad política de las partes, así como tener claridad sobre la decisión de acabar el conflicto y una disposición más abierta por parte del Gobierno Nacional. Si no se tiene esto, no se puede realizar una ruta conjunta. Igualmente es necesario que cada uno de los bandos ceda parte de sus intereses, si no hay voluntad para negociar, y por el contrario prima la ley del más fuerte asistimos a una grave situación ya que vendría un total fracaso en las negociaciones llevándonos a la continuación del conflicto.

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La pugna de intereses por parte de cada partido político es importante disc u tirla

pues en nuestro país existe una fragmentación política frente al tema de las negociaciones de paz en la Habana, por una parte se menciona un apoyo y por la otra un descontento frente a dicho proceso. Así mismo, encontramos que parte de estas diferencias partidistas no presentan una propuesta directa a la paz, ni una participación real. Sin embargo, persisten partidos que consideran pertinente llevar a cabo dicha discusión.

Por otra parte, encontramos que existen muy pocos e ineficaces elementos de justicia transicional para la paz. En Colombia se encuentra leyes tales como la Ley 975 de 2005, que trata sobre desmovilización y reparación a las víctimas, también encontramos la Ley 1448 de 2011, que hace referencia a la ley de víctimas y restitución de tierras; sin embargo, estas leyes en su conjunto resultan ineficaces al momento de contribuir a la paz y a la reparación de las víctimas. A pesar de que se encuentra en discusión un marco general para la paz, consideramos que sus debates no trascienden pues solo se centran en el tema de penas y no en la justicia, permitiendo así la prolongación de la impunidad en el país. Además algunas discusiones suelen estar permeadas por posicion e s

personales y legales que opacan el verdadero debate del por qué no pensar un marco para la paz consolidado.

Algo de suma importancia entre los procesos de paz es la difusión de la información, este punto es neurálgico en nuestro país ya que existe una polarización y un excesivo abuso de los medios de comunicación. La información es tratada siempre desde la parcialización y la manipulación, no hay un trabajo ético por parte de algunos medios de comunicación, que se preocupan más por mostrar un solo de punto de vista de lo que acontece en las mesas de diálogo y si se muestran la información bajo un punto de vista centrado en el poder actual, no se muestra ningún punto de vista diferente. Aunque algunos medios alternativos muestran varios puntos verdad son estigmatizados y muy pocos difundidos a la mayoría de la población, si bien en los procesos de paz en los anteriores países el despliegue mediático fue a grandes alcances y mantuvo a la población más informada y llamó la atención internacional, en el actual proceso de paz no es así, parece que la contribución de los medios está orientada a desprestigiar el proceso de paz cada vez más, aun cuando debería realizar este proceso ante la opinión pública.

Otro punto neurálgico entre este proceso de paz y el de El Salvador y Guatemala, es el de las garantías políticas y el cese al fuego. Si bien no hay una postura en donde militarmente los bandos se

sientan derrotados o por lo menos no se sienten debilitados, es imposible hablar de entrega de armas, en nuestro país ninguno al parecer está bajo estas condiciones y por tanto es muy difícil mediar esta situación si no hay voluntad, especialmente cuando el ejército colombiano sigue teniendo apoyo de otros países para comprar armas y equipamiento especial , por lo tanto un cese bilateral al fuego se daría en la medida en que se reconozca que por la vía militar no se puede acabar el conflicto por parte de los dos, especialmente si hablamos de planes como la seguridad democrática.

En cuanto a las garantías políticas, los acuerdos de paz nos mostraron una total garantía, pues estuvieron direccionadas por el respeto de los derechos humanos y amparados en estos, para nuestro caso se podría mantener esta idea pero la historia nos ha enseñado especialmente con la masacre de la UP, que las garantías políticas no solo dependen de un papel sino de un real compromiso por parte de los gobiernos y de una verificación internacional o de un tercero o de comisiones para garantizar y seguir el cumplimento

en cuanto a participación política y a protección, pues si se llega a dar una desmovilización nada nos garantiza que otra vez se repite la historia y se sigan criminalizando las prácticas y la protesta social.

nómicos y de sociedad es una tarea necesaria para subsistir, seguiremos invisibilizando el conflicto otros 40 años, estaremos estigmatizando cada levantamiento , cada protesta y lo tildamos de terrorista y por otra parte hablaremos de paz, ¿Por qué no escuchamos lo que realmente la protesta social, violenta o no violenta nos quiere decir?, si realmente la sociedad no se compromete y no se toma una conciencia , los actores del conflicto y el gobierno estaríamos perpetuando más el conflicto, vendrían unos periodos fuerte vez de represión, otros menos represivos nuevos actores y ya cuando la situación otra vez está complicada sonarán otra vez ecos de paz.

Finalmente, un proceso de paz no se firma en un año, ni en dos años, es un proceso arduo, complejo, y complicado en el cual se debe mantener la mejor disposición política y voluntad para seguir, no esperemos que este gobierno lo firme, esperemos que los gobiernos siguientes se comprometan para seguirlo así como se dio en el Salvador y Guatemala. A través de mecanismos de violencia la fuerza armada y el Estado hacen presencia en múltiples zonas de conflicto del país y pareciera que cual- Seguiremos otorgándoles más proquier forma de manifestación políti- tección a los militares, más que a las ca hace parte de la estigmatización. víctimas, porque negamos la ayuda internacional, porque invizibiliza¿Cuántos años más necesitamos? mos la guerra, porque la propagan¿Cuántas vidas, masacres y atrocida mediática nos tiene a merced, es dades se tiene que seguir cometienposible negociar con las condiciones do para darnos cuenta que necesitadel contexto ahora, vamos a seguir mos paz, necesitamos ver a las cosas estigmatizando cada movimiento, desde otro punto de vista? Que lo cada levantamiento, cada protesta diferente no es siempre malo, que para tildarla de terrorista subvertir un orden no es ser terrorisy, por otra parte, hablareta, que plantear otros modelos ecomos de paz.

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Bibliografía

Paradojas de la ley de víctimas en medio de los diálogos de paz »»

Diana Sofía Rincón Becerra

Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos."

Eduardo Galeano

La primera propuesta de la ley de víctimas se dio en el 2007 por parte del partido liberal, durante la presidencia de Álvaro Uribe, pero el Gobierno no aceptaba el conflicto armado ni la injerencia de miembros del Estado como victimarios de esta

guerra; por lo que no se dio efectiva en términos generales hasta que la Unidad Nacional (unión de los distintos partidos en apoyo al gobierno de Juan Manuel Santos), específicamente el partido liberal, condicionó su vinculación a este proceso si se tenía como una prioridad efectuar la ley de víctimas. Esta ley, desde el mandato de Juan Manuel Santos, fue liderada por él y su gabinete, que al final fue aprobada en junio del 2011.

Ley que terminó aceptando la existencia del conflicto armado (el cual fue negado durante 8 años por la seguridad democrática del ex presidente Uribe) y por ende reconociendo la responsabilidad del Estado como causante del mismo. Aunque conceptualmente es un gran avance, siguen existiendo ambigüedades sobre los actores del conflicto, como la de tratar a las guerrillas como grupos terroristas y/o armados ilegales, quitándole todo tinte político a sus actos, en el Parágrafo 5°:

cicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley (Justicia, 2011).

Entendiendo que la definición de terrorista es una concepción generalizada con el 11 de septiembre, catalogando desde ese momento a cualquier enemigo de occidente como terrorista (que practica actos de terrorismo) y terrorismo definido como la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

Con el uso del anterior término se niega la historia política de Colombia y los orígenes del conflicto armado que van más allá de la guerra preventiva y el terrorismo gringo, de donde viene la popularización de esta definición. Además, si se tiene en cuenta de que se trata de “grupos criminales”, también deberían entrar las víctimas del narcotráfico, que no son reconocidas por la Ley y son víctimas de actos criminales; por lo que queda corta a la hora de definir a los actores armados y, en medio de un proceso de paz con la guerrilla, el reconocimiento de que tienen unas reivindicaciones políticas que son importantes para llegar a un acuerdo.

La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido Otro punto que se debe tomar en por el artículo tercero (3°) común a los cuenta es de dónde viene esta ley y Convenios de Ginebra de 1949. El ejer- quiénes son los que la crearon. En

TIERRA Y TERRITORIO

E

n medio de un conflicto armado, en medio del cual se han dado 4 intentos de procesos de paz para buscar desaparecerlo. Lo único que se ha logrado es inflar las cifras de los asesinatos, las desapariciones y el despojo; dejando como resultado un país de víctimas, por ende la importancia de que su voz en los diálogos actuales sea escuchada y sobre todo tenida en cuenta a la hora de vislumbrar un “posconflicto” y de hablar de justicia transicional. Ya en varios países del mundo lo han experimentado, por lo que debemos aprender de sus fortalezas y debilidades. El gobierno actual, en un intento de reparar a las víctimas del conflicto armado, impulsó en el 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: que está basada en experiencias internacionales. Pero, desde su origen, la ley ha tenido críticas de los mismos beneficiarios; que después de dos años de su implementación ha tenido falencias en los puntos de recuperación de la verdad, las garantías de no repetición, la seguridad de los beneficiarios de la ley y la participación de las víctimas.

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este caso fue impulsada desde la Presidencia que tiene a su alcance los recursos para la dominación: el conocimiento (los que trabajan en esta Ley son quienes tienen los estudios necesarios para realizar una política pública), la fuerza dada por el Estado, el dinero de personajes de élite y familias que tradicionalmente han estado en el poder, los medios de comunicación y la “legitimidad” dada por las elecciones de los representantes. Teniendo en cuenta el contexto de estas; las cuales se dan en medio de un conflicto armado, la corrupción y altos porcentajes de abstinencia; cabe preguntarse si existe legitimidad en las acciones de la Presidencia y el Congreso, sin olvidar el control que tiene el actual presidente sobre la rama legislativa gracias a la Unidad Nacional.

A pesar de esto, el Gobierno se enorgullece por la “amplia” participación de las víctimas en la construcción de la Ley, el ex ministro de justicia Juan Carlos Esguerra afirma que: “Con la cooperación de los miembros de la comunidad internacional, el proyecto de ley fue enriquecido gracias a un debate amplio y escrupuloso con representantes de las víctimas y de la sociedad civil en todos los rincones del país. Las voces antes silentes de las víctimas y la sociedad civil eran finalmente escuchadas (Aldea, 2012) ”. Esto argumentado por “disponer” mesas en las distintas regiones para aglomerar las propuestas y opiniones de los beneficiarios, y lo reafirma en su página las Naciones Unidas que reconoce la intervención de las víctimas; cuando distintas organizaciones han criticado la poca intervención que tuvieron, y si existió algún contacto se quedó en la mera presentación de la Ley al no brindar la seguridad de que las propuestas hechas por los representantes de las víctimas fueran implementadas en la ley.

timas, la creación de la Mesa de participación de víctimas, que tiene como fin garantizar este derecho “en los espacios de diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política en el ámbito nacional, departamental, municipal y distrital” que debieron crearse a los seis meses de haberse expedido la ley, en el segundo informe presentado por MOVICE (Campaña Tierra, 2012).

En septiembre de 2012, después de ocho meses de su ejecución, se expone que las mesas no contemplan los requisitos que la ley establece, generando así condiciones de desigualdad entre los representantes del Gobierno y los de las víctimas, reiterándose el problema de la falta de garantías para que las propuestas y críticas hechas por los defensores sean tomadas en cuenta para la implementación y ejecución de la ley; dificultad típica de las políticas públicas del País que debe ser resuelta por el Estado para que la consecución de las mismas estén acorde con lo que la sociedad necesita y, en este caso sobre todo, al estar involucradas vidas.

Además, el derecho a la no repetición que la Ley contempla es ilusoria, cuando el territorio colombiano sigue inmerso en el conflicto armado y continúan las violaciones de los Derechos Humanos, la persecución de líderes populares, asesinatos, desplazamiento y amenazas. Un ejemplo es la implementación de la Ley en Montes de María, en donde el personero de Carmen de Bolívar debió solicitar al Gobierno parar el proceso por las amenazas y atentados que vivió el sector alrededor de los participantes de la restitución de tierras, siendo que muchas de las víctimas de desplazamiento forzado han sido presionados para que desistan de la restitución o de vender sus tierras (hechos que ya habían sido discutidos antes de la implementación de la ley por distintas organiA pesar de esto, la ley establece en zaciones sociales y de víctimas). La el Título VIII-Participación de víc-

propia procuraduría catalogó a varios municipios en riesgo al presentarse resurgimientos de hechos de violencia de grupos paramilitares “desmovilizados”.

Describiéndolos como grupos armados ilegales que pueden fungir como ejércitos privados, conformados para respaldar mediante al uso de la intimidación, intereses particulares de conservar las tierras producto del despojo o las compras masivas en el municipio, y de resguardar el nuevo ordenamiento del territorio (Becerra, 2012) .

La problemática que ha traído la restitución de tierras en materia de implementación es que en supuestas zonas liberadas se ha empezado a desarrollar aun cuando persiste la presión armada y no hay garantías de seguridad ni de no repetición como lo expone la Ley. Además, debemos tener en cuenta que la restitución de tierras no tiende a hacer una reforma agraria o algo parecido, su propósito es devolver las tierras que fueron despojadas después de 1985 en medio del conflicto armado (negándole la posibilidad a quienes fueron víctimas del narcotráfico). Para ese entonces, los problemas de distribución de tierras eran iguales o peores que los índices que muestra el Atlas de la distribución rural en Colombia que publicó el IGAC en el 2012: Entre 1984 y 1997se había acentuado el proceso de concentración de la propiedad rural y la fragmentación de la pequeña. Según estos trabajos, el 1,33% de los propietarios poseía cerca del 50% de la superficie predial, excluidos los resguardos indígenas, mientras el 90% sólo posee el 21,4% de la propiedad. Es decir se estaba en presencia de un proceso de intensificación de la inequidad en la tenencia de la propiedad rural (IGAC, 2012)

La Ley logra un avance en la discusión del reconocer a las víctimas y su reparación, pero el problema de la tenencia de la tierra sigue presente sin darse solución a la problemática estructural que generó el conflicto armado, por lo que se pone

en duda la verdadera intensión de la Ley ¿su propósito es reparar la deuda histórica que el Estado tiene con las víctimas? O ¿es brindarle confianza inversionista a las grandes multinacionales e inversionistas que Santos necesita para impulsar las locomotoras de su programa de gobierno? Dándole claridad y legalidad a las tierras de los despojados en zonas de explotación minera y agrícola a gran escala.

un cambio estructural político, social y económico. Como se evidenció con el Paro Nacional Agrario y Popular que es la respuesta de los sectores agrarios, mineros, camioneros, afrocolombianos e indígenas a la imposición de un modelo que beneficia a la élite del País; que solo hacen caso a los intereses internacionales que presionan a abrir las fronteras económicas con el libre mercado, pero que está dejando en la ruina a las poblaciones rurales; violando la soberanía Esta Ley, a pesar de los avances que nacional y con ello la soberanía alitrae, es insuficiente para dar una vermentaria, impulsando la explotación dadera solución a las víctimas del de nuestras tierras por multinacionaconflicto y debe estar acompañada de

les que solo traen miseria y se llevan nuestras ganancias afuera, donde los únicos que tienen voz son los que más dinero tengan; la oposición no tiene garantías de participación y su vida corre peligro, y la sociedad de a pie sigue siendo indiferente a lo que pase.

Por eso la paz y el fin del conflicto solo se garantizarán con un cambio profundo en las dinámicas políticas del País. Con los diálogos de La Habana se avanza para que se acabe la violencia de armas, pero el camino es largo para que se logre una verdadera paz con justicia social.

http://files.photosnack.net/albums/images/50017b942f2bf59d53c554ei97162458/scale-750x750

◊ (IGAC), I. G. (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. ◊ Aldea, A. d. (Octubre de 2012). Ventana de paz. Recuperado el 2014, de Cartilla Derechos Humanos y Ley de Víctimas: http://www.ventanadepaz.org/documentos/descarga/Cartilla_ Derechos_Humanos_y_Ley_de_Victimas0.pdf ◊ Becerra, C. A. (Noviembre de 2012). El dificil camino de la restitucion de tierras en los Montes de María. Obtenido de http://www.movimientodevictimas.org/component/ k2/item/2958-el-dif%C3%ADcil-camino-de-la-restituci%C3%B3n-de-tierras-en-los-montes-de-mar%C3%ADa.ht-

ml?Itemid=297, ◊ Campaña Tierra, v. y. (Septiembre de 2012). Segundo informe de seguimiento a la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras. Obtenido de MOVICE: http://www.movimientodevictimas.org/9estrategias/reparacion-tierras-y-territorios/item/2844 ◊ Justicia, M. d. (2011). Unidad Víctimas. Recuperado el Mayo de 2014, de Ley de Víctimas y Restitucion de Tierras: http://www.unidadvictimas.gov.co/normatividad/LEY+DE+VICTIMAS.pdf

TIERRA Y TERRITORIO

Bibliografía

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON

CAJAMARCA (PERÚ)

»»

Elmer Mahecha

Este proyecto de minería, a tajo abierto, destruirá cinco lagos de montaña, 700 manantiales y 260 hectáreas de bofedales1. Se trata de una amenaza directa a la salud y al medio ambiente de esta importante región agrícola del Perú. Contaminará todo el sistema hidrológico en sus vertientes Amazónica y del Pacífico, generando un impacto en la vida de miles de personas.

Desde hace tres años, las poblaciones afectadas resisten pacíficamente. La respuesta de las autoridades 1 Bofedal es un humedal que se ubica sobre los 3800 metros de altura en los macizos Andinos. En élse almacenan aguas provenientes de precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y principalmente afloramientos superficiales de aguas subterráneas que permiten el nacimiento de vegetales hidrofiticos

ha sido la represión. En julio de 2012, cinco personas fueron asesinadas por la policía y cincuenta fueron heridas de bala. La indignación provocada por esta ola de violencia puso de pie a toda la población de esa región andina y provocó un movimiento de solidaridad nacional e internacional. El megaproyecto "Conga" fue suspendido de manera oficial en agosto de 2012.

Pese a esto, el megaproyecto tiene antecedentes de criminalidad desde hace 21 años con resultados de destrucción y alto índice de contaminación; un ejemplo de ello se vio con la explotación y fin del páramo Yanacocha en donde existían lagunas y bofedales. En la actualidad, de este lugar bombean agua de tercer nivel, la cual ha sido tratada después de que ellos la utilizaron para realizar sus trabajos mineros. Los habitantes de la ciudad de Cajamarca (Perú) están indignados, y no dejarán que se siga expandiendo más la minería; para ello, el grupo de música andina Tinkari corea la canción Agua sí, oro no, mostrando una gran lucha y resistencia por la vida.

del 70% por cáncer en los últimos años y cada vez se incrementa, lo cual resulta alarmante. Estas empresas mineras ingresan con el pretexto de realizar desarrollo, su falsedad ha aumentado la vulnerabilidad del derecho a la vida en esta región de Cajamarca; esto nos lleva a poner en alerta a los pueblos de Suramérica.

Hoy, todas las asociaciones democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y personalidades extranjeras que expresaron su indignación y solidaridad con Cajamarca, y cuyos objetivos humanitarios no pueden ponerse en duda, son objeto de una campaña de desprestigio lanzada por la prensa peruana; iniciada por un asesor, habitualmente, al servicio de las empresas mineras.

La campaña arremete contra organizaciones y personalidades conocidas por su compromiso con la defensa de la democracia de los Derechos Humanos y Ambientales (protección del agua); derechos que han sido reconocidos en el plano internacional como parte fundamental de los Derechos Humanos por la resolución de la Asamblea General de la ONU del 28 de julio del 2010 y en la defensa del derecho a la consulta previa reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

Las empresas mineras aliadas son: Agloamérica, LuminacooperMarssa y Newmont; las cuales han destruido ecosistemas en todo el planeta y Esta campaña también tiene como han generado casos de mortalidad meta desacreditar a todos aquellos que

INTERNACIONAL

U

na campaña mediática ha sido lanzada hace poco en el Perú contra el movimiento de solidaridad internacional con el pueblo de Cajamarca (norte de los Andes de Perú). El cual ha estado en lucha pacífica desde hace tres años por la defensa del agua y del medio ambiente, que está siendo afectado por el megaproyecto minero "Conga" de la empresa Yanacocha (transnacional Newmont, Buenaventura y el Banco Mundial).

COMUNICADO UNITARIO

en el País se oponen al proyecto minero "Conga", siendo acusados de recibir apoyo del extranjero y de oponerse al desarrollo del Perú; por lo que están en peligro a pesar de estar defendiendo los derechos de la población.

INTERNACIONAL

Tenemos buenas razones para expresar nuestra preocupación, pues se acaba de adoptar la Ley 30151 que garantiza la impunidad de la Policía y del Ejército en casos de abuso y violencia, lo que viola abiertamente las convenciones internacionales. Pese a esto, se están instalando importantes efectivos policiales en las tres ciudades de la región de Cajamarca (Celendín, Cajamarca y Bambamarca), lo cual profundiza la impunidad y el abandono de la investigación para establecer las responsabilidades por los cinco asesinatos cometidos durante las mani-

pesinas y con los líderes sociales y políticos peruanos a quienes la citada Así, por medio de este documento, campaña amenaza de forma directa. denunciamos esta campaña mediática y exigimos del grupo El Co- Asimismo, llamamos a todas las mercio, su principal promotor, una organizaciones democráticas que respuesta frente a los hechos men- defienden los derechos humanos y cionados anteriormente. Por otra ambientales en Francia y la Unión parte, pedimos al gobierno peruano Europea a que fortalezcan su solidaque desapruebe esta campaña de di- ridad con el pueblo de Cajamarca, famación contra las organizaciones y en consecuencia con el del Perú, y personalidades reconocidas por la difundiendo este comunicado solidefensa de los derechos democráti- dario y apoyando a la Coordinadora cos en Francia, la Unión Europea, Agraria de Juventudes Antiimperialistas (CAJA2) que se está conforPerú y el mundo entero. mando en Latinoamérica con el fin Alertamos sobre estos hechos a tode crear lazos internacionales entre das las organizaciones de Derechos los pueblos.

Humanos en los ámbitos nacional e internacional y las llamamos a la mayor vigilancia; al tiempo que reafir- 2 Creada en el XVIII Festival Mundial mamos solemnemente nuestra soli- de la Juventud y los Estudiantes en Quito, daridad con el pueblo de Cajamarca, Ecuador. con los miembros de las rondas camfestaciones de julio del 2012.

La mina es pan de hoy, hambre del mañana

INTERNACIONAL

“

El poder constituyente es el pueblo en rebeldía y su herramienta es la participación política »»

Shameel Thahir Silva

Desde mi humilde experiencia, la política es un escenario, nuestro escenario y en donde se cruzan diversidad de variables, entre las principales están: el territorio, la felicidad humana y las problemáticas (sociales, económicas, culturas y hasta ambientales) que surgen en ese territorio. Cuando hablamos de territorio me refiero a un espacio físico y social. Por ejemplo, el territorio del o de la estudiante universitario o universitaria es la Universidad (ojo: no solo estudiante, también es joven, también es hijo, es diversidad de cosas al mismo tiempo) y a partir de ahí, como estudiante, las problemáticas principales de ese estudiante giran en torno a la universidad y las soluciones se generan en el espacio político; ya que, finalmente, pueden ser soluciones en función del estudiante o en contra del mismo. Pero al final son soluciones, ya que toca darle salida de alguna manera a esas problemáticas.

problemática concreta de la universidad pública en Colombia es el presupuesto y este se soluciona, hoy en día, en gran medida por los recursos que genera el cobro de matrículas.

Otra solución podría ser la total financiación estatal, todo depende de los intereses de los actores que se mueven en el escenario político, y el poder real o simbólico que manejen.

El ejemplo más reciente es cómo la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) le ganó el pulso en el escenario político al gobierno de Santos en el 2011 frente a la problemática que planteaba una reforma a la Ley 30 de 1992; en donde se aceleraba la crisis en la que se encuentra el sistema universitario estatal entregándolo, de manera definitiva, a los caprichos del mercado.

En ese escenario que es la política, a la mayoría se les ha hecho creer que solo existe un tipo de democracia, esa democracia en donde se eligen unos para que decidan por todos. A partir de ahí, empiezan las deformaciones propias que traen los intereses de los unos en contradicción con los intereses de los otros, ya que todo se reduce a hacerme elegir para no tener que hacer probar la “justeza” de mi posición, puesto que el otro entregó su poder al elegirme a mí como su representante. El que usa su poder en la política es el que trasforma su realidad. En lo político Para hacerlo más específico, una todo puede ser nominal, pero lo im-

portante es que sea real. Lo real es lo que cambia por las fuerzas que se manipulan con el poder que se tiene.

Debe despertar sospecha para cualquiera, que los que gobiernan el País celebren de manera periódica que seamos la “democracia más antigua de América”. Ya que para nosotros (el pueblo colombiano) esa democracia no nos ha servido para nada, solo ha servido para que esos de arriba sean cada vez más ricos y menos personas en número, mientras que nosotras y nosotros a través de los años crecemos en número e incrementamos nuestra miseria material y espiritual. Esa democracia no nos sirve, elegimos a unos para que decidan para ellos mismos, no para que decidan por el bien común de todas y todos.

La democracia debe ser un sistema en donde el gobierno sea del pueblo, para el pueblo y por el pueblo tal cual como lo dijo Abraham Lincoln (aunque el Estados Unidos de hoy sea el peor ejemplo). La democracia real es un sistema en donde el poder del aparato estatal lo tiene el pueblo, si el pueblo tuviera el poder del aparato estatal tendría la capacidad de trasformar su realidad y tener educación, salud, vivienda y todo lo que caracteriza una vida digna. La cuestión es que el poder que importa lo tiene el pueblo, pero el pueblo no lo sabe. Esa es una realidad que le han

OPINIÓN

P

ara hablar de participación política en Colombia primero toca contestarse la pregunta fundamental ¿qué es la política? Ya que a partir de ahí se puede entender el complejo tema de la participación, bajo la advertencia que esa pregunta tiene diversidad de respuestas que dependen del sujeto, la experiencia y hasta su ideología.

OPINIÓN

ocultado a lo largo del tiempo desde el momento en que surgió la propiedad privada (un invento humano y antinatural). El poder del pueblo es el poder más importante y por eso los que han manipulado al pueblo a lo largo de la historia le tienen pavor a que el pueblo se dé cuenta que su poder es el único que importa. Es importante reiterarlo, el principio fundamental de la democracia real es que el poder lo tiene el pueblo, falta que lo use para su beneficio.

determinante en la Campaña Libertadora liderada por Simón Bolívar y su interés por eliminar la esclavitud de los pueblos liberados del régimen español.

Una idea que se consolidó en la Revolución Francesa fue la de “Poder Constituyente” y “Poder Constituido”. El Poder Constituyente en teoría es el pueblo y, como ya dijimos, es el único poder que importa en términos políticos, económicos, sociales y culturales. Frei Betto esEsos principios de la democracia real cribió alguna vez: surgieron en las discusiones de la ReSer de izquierda es, desde que esa volución Francesa de 1789 que parieclasificación surgió con la Revoluron los Derechos del Hombre y del ción Francesa, optar por los pobres, Ciudadano (derechos actualizados indignarse ante la exclusión social, por la Asamblea General de la Orgainconformarse con toda forma de nización de las Naciones Unidas en injusticia o, como decía Bobbio, 1945). Pero, aunque esos derechos considerar una aberración la desfueron paridos en esa revolución y igualdad social. (…) Ser de derecha los franceses le cortaron (literales tolerar injusticias, considerar los mente) la cabeza al Rey acabando imperativos del mercado por encide esa manera el sistema monárquima de los derechos humanos, encaco, la desigualdad social se mantuvo rar la pobreza como tacha incurable, y los ricos mantuvieron el poder y creer que existen personas y pueblos lo expandieron, ya que el problema intrínsecamente superiores a los deque tenían los ricos de ese tiempo en más. (Betto, 2012) Francia era que el Rey mantenía el Bajo esa clasificación de Betto a la control del poder político. izquierda está el pueblo como Poder Aunque la desigualdad social se Constituyente y, desafortunadamenmantuvo en Francia después de la te por lo explicado antes, a la derecha Revolución Francesa, esos princiestá el Poder Constituido que por los pios de los Derechos del Hombre y intereses individuales de los que se del Ciudadano tienen tanta potenhan atornillado en el aparato estatal cia que no perdieron su vigencia y está deslegitimado en su totalidad y en Haití fueron hechos realidad en debe ser removido por el Poder Consel momento en que los afrodescentituyente cuantas veces sea necesario dientes esclavos de la isla (mayoría hasta hacer realidad los Derechos del aplastante) interiorizaron los prinHombre y del Ciudadano. cipios de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y los hicieron rea- La herramienta que tiene el pueblo lidad en la isla tomándose el poder colombiano como Poder Constituy asumiendo el gobierno en un pro- yente para hacer realidad sus deceso revolucionario que comenzó rechos (trabajo, estudio, vivienda, en 1791 y culminó en 1804. Haití es alimentación, salud, esparcimienla madre de la democracia real en to etc.) es la participación polítiAmérica y el mundo (lo de Estados ca. Con la Constitución Política de Unidos es puro discurso). No solo 1991 se abrieron espacios de partipor poner en práctica por primera cipación política más allá del voto vez los principios de la Revolución como el Plebiscito, la Revocatoria Francesa sino por su ayuda material, del Mandato, el Referendo, la Con-

sulta Popular, la Consulta Previa entre otros formales e informales.

Desafortunadamente, desde 1991 hasta el 2013, el balance es pobre en participación. Son 22 años en donde la Constitución ha sido manoseada por el ilegitimo Poder Constituido (El Congreso de la Republica de Colombia en armonía con la Presidencia de la Republica) con más de 30 reformas constitucionales que la desfiguraron completamente. Por otro lado, los grupos paramilitares de todo el País, algunas veces, han obligado a votar por alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, senadores y hasta presidentes que han trabajado o trabajan en función de las trasnacionales, los terratenientes, narcotraficantes, banqueros, industriales… Los cuales, con su poder económico, han manipulado el aparato estatal a su antojo y nos tienen en la miseria material y espiritual que hoy crece, día a día, a favor de ellos.

De la misma manera, esa lógica del ilegitimo Poder Constituido que debemos remover para avanzar como pueblo nos tiene sumidos en una guerra de ya 65 años en donde, como pueblo, nos estamos matando para que ellos allá arriba justifiquen todas las acciones descaradas que cometen en contra nuestro; como los Tratados de Libre Comercio, las Bases Militares en control de los Estados Unidos o del desastroso Sistema de Salud y Educación. Desde la Casa de Nariño y el Congreso de la Republica nos miran con una sonrisa en la cara mientras nos matamos y ellos se enriquecen día a día.

Ese conflicto social y armado tiene profundas raíces políticas que empiezan en ese principio de la democracia real que nos quieren esconder en donde nosotras y nosotros, el pueblo colombiano, somos los que tenemos el poder. Ellas y ellos no solo usan el aparato estatal y nos mandan a la guerra, sino que también nos encadenan de manera espiritual al con-

Bajo la misma lógica, cuando la gente como ustedes o como yo se moviliza y reclama sus derechos como ciudadano de un país republicano es

señalado de subversivo, acusado de rebelión y encerrado en una cárcel por mínimo 8 años. Por cuestiones como estas es que la democracia que ellos celebran no funciona para nosotras y nosotros.

Hoy el llamado es a ser Poder Constituyente. La participación política es un derecho pero también es un deber. 200 años de vida republicana nos han llevado a creer que la política nada tiene que ver con nosotros; la realidad es que lo tiene que ver todo. Nadie en este planeta tierra es una isla, necesitamos del compañero o compañera que está a nuestro lado respirando el mismo aire y viviendo nuestros mismos problemas.

Cuando usamos ese poder constitu-

yente como pueblo tendremos el potencial de poner el mundo a nuestros pies y eso es algo que no se puede mostrar en un artículo de revista; es algo que debe vivirse y solo me queda invitarlas e invitarlos a vivirlo, organícense con su gente y asuman las soluciones a sus problemáticas de manera colectiva, piensen con su gente por ejemplo ¿por quién votaremos en el 2015 y por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa en mi barrio, mi municipio, mi país? Yo como ciudadana o ciudadano ¿qué puedo hacer? No crean que no pueden hacer nada, los cambios en la historia de la humanidad se dan por esas y esos valientes que se atrevieron a dar el primer paso.

Bibliografía ◊ Betto, F. (22 de 09 de 2012). Cómo derechizar a un izquierdista. EnCubadebate. Recuperado de: http://www.cubadeba-

te.cu/opinion/2012/09/22/como-derechizar-a-un-izquierdista/#.VGLmBvmUdu4

OPINIÓN

trolar los medios corporativos de comunicación como Caracol y RCN, sin dejar espacio para medios controlados por el pueblo colombiano.

Los medios corporativos de comunicación dicen lo que quieren, no lo que está pasando; callan unas cosas y tergiversan otras, pero nunca dicen qué es lo que pasa en el País. Eso es una violación directa a la participación política del pueblo colombiano, ya que nos impide tomar decisiones sobre nuestro futuro bajo el derecho a estar bien e informado de manera correcta.

Movilización campesina en Colombia hoy

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Viviana Aydé Vargas Rivera

A pesar de la gran fuerza que tuvo la movilización social, el Estado representado en los variados gobiernos de turno ha menospreciado y subestimado la gran fuerza que puede llegar a tener el constituyente primario; representado en campesinos, estudiantes, obreros y toda clase de movimientos sociales con reivindicaciones propias.

En la década del 90, se dio en Co-

lombia el proceso de apertura económica; que conllevó a la creciente mercantilización de las relaciones sociales. Trayendo como consecuencia la quiebra económica de los pequeños productores agrícolas nacionales y el aumento de la miseria en las zonas rurales y urbanas del País.

En la actualidad, se han venido desencadenando un gran número de protestas sociales en el País, que son producto del aumento de la insatisfacción de las necesidades básicas, de la implementación del modelo de Estado neoliberal y paramilitar; que tiene como único objetivo despojar a los habitantes rurales de sus tierras para dárselas en contratos de explotación de largo alcance a las empresas multinacionales. A quienes se les ha comprobado, en varias ocasiones, su participación en la financiación de los ejércitos paramilitares en el País.

La protesta insigne que ha despertado a muchas conciencias en el País fue el paro en la región del Catatumbo (Norte de Santander) en 2013. En dos meses de protesta, miles de campesinos se movilizaron exigiendo la constitución de la Zona de Reserva Campesina para esta región. La respuesta del Estado fue, en ese momento, el asesinato de 4 campesinos y la más dura represión que ha tenido una protesta social en los últimos años.

El campesino catatumbeño y, en general, los campesinos luchadores de Colombia, se enmarcan en lo que Quijano, citado por Diego Piñero, describe como Agrarismo Revolucionario, donde “Los movimientos campesinos luchan no solo por las transformaciones de propiedad de la tierra sino por la modificación de toda la estructura de poder, la redistribución de la autoridad y del prestigio social en la sub-sociedad campesina” (Quijano, citado en Piñero, 2004, pág. 31).

Ante el aumento de la protesta social, el Estado Colombiano ha optado por el fortalecimiento del sistema represivo institucional representado en la fuerza pública, con el objetivo de controlar la población y criminalizar la protesta social.

Durante el mes de agosto y parte del mes de septiembre de 2013 se llevó a cabo un Paro Nacional Agrario, Minero y Popular que sentó un importante precedente de resistencia y lucha que está dispuesto a tener el pueblo colombiano por su apuesta de una vida digna, en busca de una paz con justicia social. La respuesta del Gobierno fue la represión más brutal que se ha podido ver en los últimos años en Colombia, así como la criminalización de la protesta social por parte del Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos quien amenazó con arreciar la repre-

OPINIÓN

H

ablar de reforma agraria (de vida digna, de soberanía en la explotación de nuestros recursos, de distribución equitativa de la riqueza, de vivienda, de salud, de educación y de empleo) se ha convertido en la consigna de lucha que se reivindica en nuestro País desde hace ya más de seis décadas o tal vez más. Basta recordar las luchas agrarias de la primera mitad del siglo XX, el inicio del conflicto político social y armado en la década del 60, el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 de esencia urbana y dejó un número aún no determinado de personas asesinadas por la fuerza pública. Este mismo paro dinamizó un gran puñado de expresiones sociales obreras, estudiantiles y campesinas. En el ámbito agrario tenemos que hablar de las marchas campesinas de las décadas del 80 y 90 que dieron vida a la figura de Zona de Reserva Campesina.

sión, ya no con el ESMAD sino con Acuerdo (MUA) como actor políti- normatividad que incluya la cateel Ejército, como si esto se tratara de co, los puntos de acuerdo logrados goría de campesino al censo Nacon el Gobierno son los siguientes: cional agropecuario realizado por un combate con el enemigo. el DANE, por lo tanto las organizaDentro de la modalidad de crimina1. Este triunfo radica en el reco- ciones de la Cumbre Agraria Camlizar la protesta para tener control nocimiento de la Cumbre Agraria pesina, Étnica y Popular llama a sobre la población civil, el Gobierno como actor político en la definición la oponerse a la aplicación de este y las Fuerzas Militares han hecho, en de la política pública para el agro instrumento en los territorios de las los campamentos de paro y los camcolombiano que abordará los ocho comunidades campesinas pamentos de refugio humanitario, ejes de nuestro pliego de exigenEl movimiento campesino de nueslabores de inteligencia; infiltrando cias, mandatos populares en tierra tro país se ha organizado alrededor miembros de la Policía y el Ejército y territorio, derechos políticos de de banderas de lucha como del derecon la tarea de tomar fotos y videos comunidades agrarias, minería y cho a la tierra y el territorio, ya que para luego, sacar las fotos en cartemedio ambiente, economía étnica y no solo se quedan en reivindicacioles de la Policía donde se señala a los campesina, cultivos de coca, marines de tipo agraristas en relación a campesinos como criminales. huana y amapola, derechos sociales la tierra sino que defienden su terriEl movimiento campesino que se y paz con justicia social. La lucha torio como un símbolo de identidad. movilizó en el año 2013 realizó una agraria y popular triunfará totalEsto lo describe Maristella Svampa gran Cumbre Agraria de Unidad en mente cuando logremos los cambios (2007) como la lucha por el territomarzo de 2014 en la cual, de manera de fondo que requiere el campo corio en tanto dimensión material y unitaria, los campesinos y distintos lombiano. de auto organización comunitaria movimientos sociales tomaron la 2. Hemos logrado la creación de que aparece como uno de los rasgos decisión de salir a paro de nuevo. constitutivos de los movimientos Este paro se realizó entre la última un Fondo Para el fortalecimiento sociales en América Latina; sean semana de abril y la primera sema- de la economía campesina, indígeestos movimientos campesinos de na de mayo del año en curso. Con na y afrocolombiana; y garantías corte étnico, socio ambiental o ineste paro, los campesinos lograron en DDHH para movilización, encluso urbano. que el Gobierno reconociera a la tre otros acuerdos alcanzados; sin Cumbre Agraria y la Mesa Única de embargo, no hubo acuerdos en la

Bibliografía ◊ Piñero, D. (2004) En Busca de la Identidad. La Acción Colectiva En los Conflictos Agrarios en América Latina.

CLACSO.

OPINIÓN

◊ Svampa, M. (2007) Movimientos sociales y escenario

político: las nuevas inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina. Trabajo presentado en la VI Cumbre del Parlamento Latinoamericano. Caracas, 31 de julio al 4 de agosto de 2007. Recuperado de: http://www.maristellasvampa.net/ archivos/ensayo38.pdf.

OPINIÓN

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DIRECCIÓN DE BIENESTAR DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS