Revista Surmania No. 7

ISSN 2011 - 9798

REVISTA SURMANÍA #7

-Puntadas Iniciales-

-Retazos-

-Remate-

P.30 DESDE LA RESISTENCIA, SOBREVIVIENDO Daniela Marcucci y Olga Salamanca // Estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia

P.46 MUERTE Y VIOLENCIA EN EL ARTE COLOMBIANO Johan Gallego // Estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia

P.70 DESDE ADENTRO, UNA MIRADA DEL PRISIONERO POLÍTICO Jeisson Murillo // Prisionero político condenado por rebelión

REVISTA SURMANÍA NÚMERO 7 // SEMESTRE I DE 2015 // ISSN 2011 - 9798 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

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SURMANÍA es un grupo de trabajo que...

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá www.unal.edu.co RECTOR VICERRECTOR DIRECTOR BIENESTAR SEDE BOGOTÁ COORDINADORA PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS // PGP DECANO FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DIRECCIÓN BIENESTAR FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Ignacio Mantilla Diego Fernando Hernández Óscar Oliveros

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Diego Felipe Neira Z. Juan Pablo Cardona D. Óscar Daniel Morales L. Diego Felipe Neira Z. Diana Judith Salamanca F.

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Elizabeth Moreno José Guillermo García Isaza Beethoven Valencia Herrera

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No se pueden realizar obras derivadas.

La REVISTA SURMANÍA es una revista que recoge el trabajo de los estudiantes pertenecientes al grupo de trabajo SURMANÍA, de la Facultad de Ciencias Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional de Colombia.

Los textos presentados en la siguiente publicación expresan la opinión de sus respectivos autores, y la Universidad Nacional de Colombia no se compromete directamente con la opinión que estos pueden suscitar

Juan Pablo Nieto (PGP) Juan Pablo Nieto Oliveros GRACOM Gráficas Comerciales

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DIRECCIÓN DE BIENESTAR DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS

ÍNDICE REVISTA SURMANÍA #7

P.04 EDITORIAL

- Puntadas iniciales P.06 EL ALCANCE REVOLUCIONARIO/TRANSFORMADOR DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA: UNA LECTURA DESDE LA IDEOLOGÍA ALEMANA Sara Arias y Laura Venegas // Estudiantes de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia P.18 DESTERRITORIALIZACIÓNRETERRITORIALIZACIÓN¿MOVILIZACIÓN?: UN ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES EN CIUDAD BOLÍVAR Daniel Roldán // Estudiante de Ciencia Política Universidad Nacional P.30 DESDE LA RESISTENCIA, SOBREVIVIENDO Daniela Marcucci y Olga Salamanca // Estudiantes de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

- Retazos P.36 LA FORTALEZA BLANCA, ENTRE MUROS DERRUMBADOS Y PENSAMIENTOS PROHIBIDOS Julián Mejía // Estudiante de Derecho Universidad Nacional de Colombia P.46 MUERTE Y VIOLENCIA EN EL ARTE COLOMBIANO Johan Gallego // Estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia P.60 DE LA MEMORIA HEGEMÓNICA A LA MEMORIA POPULAR Claribeth Ramírez // Trabajadora social Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en DDHH y DIH de la Universidad Nacional

- Remate P.74 LAS VÍCTIMAS DE LA PRISIÓN Francisco Toloza // Politólogo de la Universidad Nacional, ex prisionero político (exiliado)

EDITORIAL

E

n esta oportunidad, la revista Surmanía trae a sus lectores una edición especial, que entiende la importancia que para nuestra América tiene la búsqueda de la finalización del más persistente conflicto social armado de la región entera, luego de una terrible degradación de sus acciones, producto de la irrupción del paramilitarismo e influenciado altamente por los oscuros fines y recursos de la guerra antidrogas, alternativa de vigencia para los intereses de antaño de la seguridad nacional.

Abordaremos, desde los términos polémicos de los diálogos de paz en Colombia, la problemática común que se ha traducido en un lenguaje obligatorio de la América en periodo de emancipación; hablar del conflicto actual de Colombia implica hablar del conflicto actual de México, de la inestabilidad política de Venezuela y del papel que viene a jugar el influyente proceso cubano. La finalización de la guerra en Colombia, no obstante, deja en el aire muchos interrogantes, sobre todo frente al futuro de la región que se enfrenta a una ofensiva de grandes multinacionales en la búsqueda por el saqueo indiscriminado de recursos, pero también porque más allá de la dejación de armas por parte de la guerrilla, la paz se trata de resolver los conflictos sociales anclados en la cotidianidad del sur.

Tras la edición anterior los cambios son notables, la edición 6 se cerró en medio de un panorama de optimismo por el desencadenamiento de las luchas sociales, particularmente con los movimientos estudiantiles, que hicieron gala de un importante momento de coordinación histórica, pero que al día de hoy adolecen de un vacío generacional y un reflujo de sus fuerzas, así como un aplazamiento del logro de sus objetivos históricos. Tal reflujo ha llevado a que las fuerzas sociales se enfrenten a su propio repliegue.

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El escenario de los diálogos ha sido aislado hábilmente de la cotidianidad nacional. Esto ha permitido al neoliberalismo un acomodamiento de sus intereses, un blindaje de sus estructuras frente al debate de la transformación que se demanda, como si la paz no debiera mezclarse con ninguno de sus tentáculos.

Colombia busca sus nuevos lenguajes de las experiencias de Nicaragua, El Salvador, Chile, Argentina, Guatemala. Los diálogos, más que una negociación, son el diseño de un nuevo cúmulo de términos con los que describiremos nuestra historia; estaremos llenos de memorias, transiciones, amnistías, reconciliaciones y reparaciones. La paz en esta edición será reconocida como un proceso de reinvención del lenguaje con que se escriba la historia. La verdad más que un requisito de la reparación integral, como un concepto estándar, debe ser reconstruida con nuevos hechos e interpretaciones. La academia se enfrenta a una reinvención epistemológica.

Esta edición, además, llama la atención sobre la importancia que adquiere en este contexto la creación de una Facultad de Comunicaciones para la un, como requisito indispensable para romper el silencio, sin duda una de las peores armas de esta guerra; la Ciencia Política adquiere en este contexto una importancia inusitada, pero que será infértil si la academia se queda en los muros.

El silencio se rompe con la comunicación y la interacción academia-sociedad Esta edición presenta en ese sentido una propuesta práctica, ya que los miembros del comité editorial han desarrollado un trabajo aplicativo de la praxis en la zona donde las contradicciones sociales son más evidentes, los resultados de ese trabajo ilustraran esta edición.

En honor a los niños fotógrafos del paraíso, Verbenal y Quiba en Ciudad Bolívar surmanía #7 será una extensión de sus ojos.

Comité editorial

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EL ALCANCE REVOLUCIONARIO/ TRANSFORMADOR DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA: UNA LECTURA DESDE LA IDEOLOGÍA ALEMANA Laura Esperanza Venegas1 Sara Camila Arias2

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Resumen

Desde la teoría marxista se propone una lectura al proceso de paz en curso.

Destacamos que, a partir de las consideraciones sobre historia, trabajo y humanidad que se formulan en La ideología alemana, el proceso de paz es una construcción social que brota por causa de una necesidad compartida y que responde a intereses de peso. Llamamos la atención sobre el hecho de que en la acción humana y colectiva están las claves para hacer de este proceso un factor real, efectivo, material, concreto y primordialmente decisivo en la búsqueda de la humanización de las condiciones de vida del país, y en la consecución de una sociedad participativa desde el punto de vista ético y político.

Palabras clave

Proceso de paz, Colombia, La ideología alemana, concepción materialista de la historia.

1 Estudiante de quinto semestre de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. levenegasp@unal.edu.co 2 Estudiante de quinto semestre de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. scariasc@unal.edu.co

L

a concepción materialista de la historia nos brinda las herramientas para hacer una lectura crítica y analítica del proceso de paz, que de un tiempo para acá se ha desarrollado en el país. En este sentido, hacemos eco de las categorías esbozadas y acuñadas en el seno de la teoría marxista que fueron particularmente sistematizadas en el primer texto publicado de La ideología alemana.

Es así como, a lo largo de este ensayo, sostendremos que el proceso de paz es tanto causa como consecuencia de un devenir material histórico y es, a su vez, solo el primer paso hacia la construcción de la paz. Lo anterior se puede afirmar puesto que en primer plano lo que siempre se tiene es la acción humana y es esta acción la que va a determinar en última instancia la cristalización de una nueva correlación de fuerzas.

El carácter material de la historia que queremos resaltar, en particular para el caso del proceso de paz, tiene que ver con las premisas para toda la historia que son formuladas por Marx y Engels en el texto citado. En primera instancia, podemos hablar de un resultado material que vendría a ser el proceso mismo. En segundo lugar, está la suma de las fuerzas productivas que entendemos como la totalidad de los hechos que precedieron la decisión de convocar diálogos con miras a la resolución del conflicto, a saber, la insostenibilidad desde el punto de vista humanitario de un conflicto como el colombiano y la adecuación económica imperativa desde el punto de vista internacional. De igual modo, dentro de este fenómeno se puede percibir tanto lo que se denomina la actitud históricamente creada de los hombres hacia la naturaleza, como la actitud históricamente creada de los hombres hacia los hombres mismos. La primera es la que hace referencia a la percepción del hombre y su condición natural de preservación y, la segunda, es la conciencia de lo social como imperativo para existir (Marx & Engels, 1845, p. 28). Todo esto en consonancia con el presupuesto de que la historia no termina disolviéndose en la autoconciencia, sino que en cada una de sus fases se encuentra un resultado material. Está de más decir que, para efectos de este análisis, dicho resultado material es el proceso que se surte de manera efectiva con miras al establecimiento de la paz.

Después explicar los presupuestos sobre los cuales se basa este ensayo, podemos formular la estructura mediante la cual desarrollaremos nuestra tesis.

En un primer momento vamos a abordar las causas que dieron lugar al proceso de paz, teniendo en cuenta las dos partes del conflicto, a saber, el gobierno y la insurgencia. Posteriormente, haremos una caracterización del escenario del proceso de paz, entendido este como un espacio de reconciliación, luchas y disputas.

Todo lo que nos lleva a un tercer momento en el que se evalúan los alcances reales del proceso de paz teniendo en cuenta las intenciones de los actores que

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lo configuran. Finalmente, expondremos sucintamente las condiciones a las que haya lugar y las consideraciones que pueden dar paso a otras reflexiones.

Para poder abordar el análisis pretendido es preciso empezar por resaltar la pertinencia de la conceptualización que hacen Engels y Marx sobre la gran industria, caracterizada como la más extensa división del trabajo, en tanto da cuenta del contexto en el cual se enmarcan los diálogos. Sin embargo, cabe mencionar que no se trata de hacer de ellos pensadores ahistóricos o transhistóricos, sino de asumir esta descripción a partir de los matices propios de la época a los que haya lugar: La gran industria universalizó la competencia (la gran industria es la libertad práctica de comercio, y los aranceles proteccionistas, no pasan de ser, en ella, un paliativo, un dique defensivo dentro de la libertad comercial), creó los medios de comunicación y el moderno mercado mundial, sometió a su férula el comercio, convirtió todo el capital en capital industrial y engendró, con ello, la rápida circulación y la centralización de los capitales. Por medio de la competencia universal obligó a todos los individuos a poner en tensión sus energías hasta el máximo. Destruyó donde le fue posible la ideología, la religión, la moral, etc., y, donde no pudo hacerlo, las convirtió en una mentira palpable. Creó por vez primera la historia universal, haciendo que toda nación civilizada y todo individuo, dentro de ella, dependiera del mundo entero para la satisfacción de sus necesidades y acabando con el exclusivismo natural y primitivo de naciones aisladas, que hasta ahora existían. Colocó la ciencia de la naturaleza bajo la férula del capital y arrancó a la división del trabajo la última apariencia de un régimen natural. Acabó en términos generales, con todas las relaciones naturales, en la medida en que era posible hacerlo dentro del trabajo, y redujo todas las relaciones naturales a relaciones basadas en el dinero. (Marx & Engels, 1845, pp. 53 - 54) Esta descripción de lo que es hoy por hoy la relación social basada en el dinero permitirá una mejor comprensión de la importancia y magnitud del proceso de paz. Aun cuando «la gran industria no alcanza el mismo nivel de desarrollo en todas y cada una de las localidades de un país […], esto no detiene el movimiento de la clase del proletariado, ya que los proletarios engendrados por la gran industria se ponen a la cabeza de este movimiento y arrastran consigo a toda la masa.» (Marx & Engels, 1845, p. 54).

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Bases materiales para el acuerdo En este apartado vamos a manejar las dos dimensiones de los actores que participan del proceso o al menos que lo hacen de manera explícita. Por una parte, podemos rastrear la óptica gubernamental en la cual se inscriben las ideas dominantes: Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante, o sea las ideas de su dominación. (Marx & Engels, 1845, p. 39) Es el gobierno, con todo su andamiaje de poder y difusión, el que se ha encargado mayoritariamente de abanderar este proceso de diálogo y sostenemos que el argumento del cual parte dista mucho de ser la resolución del conflicto por sí misma, sino que este se encuentra más del lado de una estrategia geoeconómica enmarcada en las lógicas de la gran industria que son la apertura de fronteras para la inversión de capitales y el aumento de corredores claves para la circulación de recursos naturales y de mercancías.

Por su parte, la insurgencia parece haber comprendido que el conflicto en la dirección en la que se estaba llevando implicaba la destrucción de la base a la que pretendía defender y en quienes recae finalmente la posibilidad real de una emancipación: «Sólo los proletarios de la época actual, totalmente excluidos del ejercicio de su propia actividad, que se hallan en condiciones de hacer valer su propia actividad, íntegra y no limitada, consistente en la apropiación de una totalidad de fuerzas productivas y en el consiguiente desarrollo de una totalidad de capacidades.» (Marx & Engels, 1845, p. 67). Esto se entiende ya que por una parte el conflicto se evidenciaba como algo insostenible desde el punto de vista militar, pero, sobre todo, desde el punto de vista humanitario en tanto la continuación del conflicto en tales condiciones significaría la desaparición de quienes estaban llamados a la apropiación de la totalidad de las fuerzas productivas y del desarrollo de esas capacidades.

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Ahora bien, independientemente de que los motivos e iniciativas de una y otra parte disten mucho de ser los mismos, lo que sí podemos percibir como factor común es el que se haya acuñado un discurso compartido. En nuestra interpretación, este discurso compartido es vehículo de un interés que tanto las farc como el gobierno están dispuestos a presentar en primera medida como de ellos mismos, para luego proyectarlo como un interés general de la sociedad civil. Este consenso aparentemente irreconciliable no debe ser leído como una traición a los valores que cada parte representa, ni mucho menos como una concesión de la legalidad para con la ilegalidad, ni viceversa. Muy por el contrario, de lo que se trata es de un deber hacia la sociedad civil, deber que calificamos como ineludible y que se cumple al considerar la posibilidad de buscar acuerdos que recojan a la otra parte que históricamente se ha considerado como antagónica. En esencia, afirmamos que se trata de una estrategia política de los actores a fin de legitimarse y conducir a feliz término sus respectivos proyectos políticos.

Escenario de reconciliación, luchas y disputas

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Al tratarse de la resolución de un conflicto de tal magnitud no se pueden concebir los diálogos de paz como el único espacio posible para ello, este sería, a nuestro parecer, solo un primer paso para la apertura de nuevos espacios en los que se dé una reapropiación de las relaciones por parte de los directamente implicados y no simplemente la reunión de unos representantes en busca de consensos.

El que se hayan dado las condiciones materiales para el inicio del proceso de paz no implica que haya condiciones materiales para la paz propiamente dicha. A nuestro parecer, el proceso de paz puede generar las condiciones materiales para la paz siempre y cuando esté acompañado, antes que nada, de la toma de conciencia generalizada de lo que implica el proceso de paz y, en segundo lugar, por la acción real que emprenda la sociedad para respaldar la apertura de escenarios para la acción política, en donde efectivamente se lleve a cabo una participación de todos los interesados.

Dado que, como señalan Marx y Engels: «la liberación real no es posible si no es en el mundo real y con los medios reales […] no se puede liberar a los hombres mientras no estén en condiciones de asegurarse plenamente sus condiciones adecuadas de calidad y en suficiente cantidad.» (Marx & Engels, 1845, pp. 14 - 15). Es imposible sobreestimar el proceso de paz en el sentido de pensar que es solo mediante la firma de un pacto entre representantes que se va llevar a cabo una paz duradera, que por lo demás se entiende debe implicar la justicia social. Si decimos junto con Marx y Engels que «la liberación es un acto histórico y no mental y conducirán a ella las relaciones históricas» (Marx &

Engels, 1845, pág. 15) podemos esperar que efectivamente lo que en principio es una iniciativa minoritaria deba, a fin de potenciarse, estar respaldada, secundada y, en últimas, materializada por la participación real de todos.

Es claro como, desde nuestra interpretación, el proceso de paz presenta una ruptura parcial de la política armamentista llevada a cabo de manera más cruenta en los anteriores dos periodos presidenciales; lo cual no significa que la existencia de dicho proceso desemboque de por sí en grandes cambios para la realidad colombiana. Es más bien un espacio de disputa en el que nos acercamos a la apertura de escenarios potencialmente transformadores, a través de la acción política de todos los colombianos, a fin de dotar de sentido a estos como escenarios de reconciliación.

Alcances y limitaciones de la coyuntura Teniendo en cuenta que desde un principio el presidente de la República dejó en claro que en la mesa no se negociaría el modelo económico, es evidente que no se da lugar a la abolición de la enajenación, por lo menos de manera explícita, en tanto: La relación entre la oferta y la demanda, relación que, como dice un economista inglés, gravita sobre la tierra como el destino de los antiguos, repartiendo con mano invisible la felicidad y la desgracia entre los hombres, creando y destruyendo imperios, alumbrando pueblos y haciéndolos desaparecer, mientras que, con la destrucción de la base, de la propiedad privada, con la regulación comunista de la producción y la abolición de la enajenación que los hombres sienten ante sus propios productos, el poder de la relación de la oferta y la demanda se reduce a la nada y los hombres vuelven a hacerse dueños del intercambio, de la producción y del modo de sus relaciones mutuas (Marx & Engels, 1845, p. 23 - 24).

Aun si se negociara el modelo económico, esto no sería garantía de una transformación de la realidad colombiana, pues solo la acción conjunta de los individuos asociados es lo que dará paso a esto: La revolución comunista va dirigida contra el carácter anterior de actividad, elimina el trabajo y suprime la dominación de todas las clases, al acabar con las clases mismas, ya que esta revolución es llevada a cabo por la clase a la que la sociedad no considera como tal, no reconoce como clase y que expresa ya de por sí la disolución de todas las clases, nacionalidades, etc., dentro de la actual sociedad (Marx & Engels, 1845, p. 27).

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Aunado a lo cuestionable que es afirmar que en la mesa de diálogos se presentan los «representantes legítimos» de las clases antagónicas, y aun más desde el mismo texto se afirma que un cambio sustancial en la sociedad no se da a partir de la acción de unos pocos, pues esto solo sería replicar la dinámica de todas la revoluciones anteriores que «dejaban intacto el modo de actividad y sólo trataban de lograr otras distribuciones de ésta, una nueva distribución del trabajo entre otras persona» (Marx & Engels, 1845, p. 27).

Si bien este poder ha engendrado una masa de humanidad completamente desposeída en contradicción con un mundo de riquezas (Marx & Engels, 1845, p. 23), que potencialmente daría lugar a la transformación necesaria referida, este último cambio no surtiría efecto en medio de un proceso que, si bien está en dirección de ese objetivo, es solo parcialmente transformador. La siguiente cita ilustra la anterior afirmación: El comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que ha de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente (Marx & Engels, 1845, p. 25).

En esta misma dirección se afirma, junto con Marx y Engels, que: La transformación de las fuerzas (relaciones) personales en materiales por obra de la división del trabajo no puede revocarse quitándose de la cabeza la idea general a cerca de ella, sino haciendo que los individuos sometan de nuevo a su mando estos poderes materiales y supriman la división del trabajo. Y esto no es posible hacerlo sin la comunidad.

Solamente dentro de la comunidad tiene todo individuo los medios necesarios para desarrollar sus dotes en todos los sentidos; solamente dentro de la comunidad es posible, por tanto la libertad personal (Marx & Engels, 1845, p. 58).

Con esto se quiere decir que no son los representantes en su acción aislada, en la mesa de diálogos, quienes vayan a dar paso a que la actividad propia coincida con la vida material, lo cual no quiere decir que lo que posiblemente se acuerde no de paso a ello, solo y únicamente si está acompañado por la acción de todos los colombianos insertos en la realidad nacional, acción que ha de concebirse como catalizadora y potenciadora de la materialización de la paz.

Lo anterior se argumenta al afirmar que no es a partir de la firma de un acuerdo como los individuos controlan las condiciones de su libre desarrollo /12/

y movimiento, sino que esto solo se da a través de la acción misma de ellos, la cual abrirá y consolidará espacios de participación en los cuales, gracias a esa acción, se configura la reapropiación de las relaciones sociales. Es decir, se fortalece la acción política con miras a construir la paz, ya no a razón de unos intereses particularizados, sino de unos intereses que no aspiren a ser generales, sino que en efecto sean los intereses comunes que convocan a la creación y re-creación de estos espacios.

Entre las limitantes más grandes que encuentra la construcción de paz se encuentra el carácter que las fuerzas productivas asumen en el contexto colombiano: «una totalidad de fuerzas productivas que adoptan, en cierto modo, una forma material y que para los mismos individuos no son ya sus propias fuerzas, sino las de la propiedad privada y, por tanto, sólo las de los individuos en cuanto propietarios privados». Lo cual conduce a que: «la única relación que aún mantienen los individuos con las fuerzas productivas y con su propia existencia, el trabajo, ha perdido en ellos toda apariencia de actividad propia y sólo conserva su vida empequeñeciéndola» (Marx & Engels, 1845, p. 66). Esto para decir que es partiendo de la firma de la paz en un contexto en el que las fuerzas productivas adoptan una materialidad contrapuesta a la humanidad, que se abre el horizonte para que con la acción misma de los individuos las fuerzas productivas pasen a ser controladas por ellos; es decir, dejen de ser materiales y pasen a ser netamente humanas y, en ese sentido, se resuelva la contraposición entre fuerzas materiales y humanas.

Al decir que «los individuos necesitan apropiarse la totalidad de las fuerzas productivas existentes, no sólo para poder ejercer su propia actividad, sino en general, para asegurar su propia existencia» (Marx & Engels, 1845, p. 67) sostenemos que no existen las condiciones para esa apropiación; de lo contrario, se habría dado ya. Nuestra consideración es que las condiciones existentes nos arrojan como nación a la mesa de diálogos, y está en ella la semilla plantada que florecerá a partir del abono de toda la sociedad civil; su florecimiento será la reapropiación constante de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales que a largo plazo, a través de un permanente riego, darán como fruto el que dejen de ser contrapuestas.

Y, así mismo, solo cuando el fruto resulte: Coincide la actividad propia con la vida material, lo que corresponde al desarrollo de los individuos como individuos totales y a la superación de cuanto hay en ellos de espontáneo; y a ello corresponde la transformación del trabajo en actividad propia y la relación anterior condicionada en relación entre los individuos en cuanto tales. (Marx & Engels, 1845, p. 67)

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A fin de resaltar una vez más la concepción materialista de la historia en este análisis es de suma importancia recordar que: No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Desde el primer punto de vista, se parte de la conciencia como si fuera un individuo viviente; desde el segundo punto de vista, que es el que corresponde a la vida real, se parte del mismo individuo real viviente y se considera la conciencia solamente como su conciencia (Marx & Engels, 1845, p. 9).

Con esto se quiere decir que no es la pretensión de paz idealizada en la firma de un acuerdo lo que va a determinar el devenir de la historia colombiana, sino que es la acción vital de los hombres enmarcados en el contexto colombiano la que dio paso a esas intenciones y, así mismo, es esta acción, pero ahora más extendida e intensificada, la que dará lugar a la materialización y apertura de espacios para la concreción de la paz.

En este orden de ideas, la apuesta no es la aparición de la firma de paz en los cuadernos de historia. Es decir, no se trata de que la historia sea la colección de hechos muertos o una acción imaginaria de sujetos imaginarios, sino que desde la historia misma se parta de las condiciones reales y no las pierda de vista, que su premisa sean los hombres, no tomados en su aislamiento, sino en su proceso de desarrollo real y empíricamente registrable (Marx & Engels, 1845).

La apuesta es entender los acuerdos de paz en cuanto exposición del proceso activo de la vida, pero más activa aun será la materialización por parte de todos los colombianos de lo que allí se pacte, pues esto es solo la semilla plantada.

Conclusiones

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Retomando un poco, afirmábamos que el hecho de que el proceso de paz solo sea un primer paso reside en que aún no están universalizadas las condiciones para que los individuos se reapropien de las fuerzas productivas y, por tanto, no todos los hombres se encuentran en condiciones de hacer historia. Por ello, si el propósito es la paz como algo histórico, requiere que todos los colombianos construyan las condiciones para hacer historia y, al parecer, en nuestra impresión, la firma del acuerdo abre las posibilidades para la materialización de esta acción política que tiene como rumbo el que sea posible que todos los hombres se reapropien de las fuerzas productivas y, en ese sentido, la actividad propia coincida con la vida material.

En este escenario de negociaciones podemos también apreciar que lo relativo al Estado como instancia de poder político se hace efectivo. Es el Estado y

su concreción lo que, en últimas, permite hablar de un espacio para la conciliación, no porque consideremos que el Estado sea la figura benévola que vela por los intereses de los ciudadanos, sino porque es en efecto él quien concentra en este momento el poder para expresar un interés común y poner en la mira de la sociedad las cuestiones que son o no de importancia: Y se desprende, asimismo, que toda clase que aspire a implantar su dominación, aunque ésta, como ocurre en el caso del proletariado, condicione en absoluto a la abolición de toda la forma de la sociedad anterior y de toda dominación en general, tiene que empezar conquistando el poder político, para poder presentar, a su vez, su interés como interés general, cosa que en el primer momento se ve obligada a hacer. (Marx K. E., 1845, p. 22) Gracias a la mirada analítica que del Estado plantea Marx: Como el Estado esa forma bajo la que los individuos de la clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de la época, se sigue de aquí que todas las instituciones comunes se objetivan a través del Estado y adquieren a través de él la forma política. (Marx K. E., 1845, p. 69) Podemos entender por qué es viable que haya en estos diálogos un germen de lo que sería la emancipación política entendida como la reivindicación humana dentro de las condiciones que actualmente lo permiten. En este sentido, desconocer y descalificar de tajo el potencial emancipador de este proceso de paz sería obstinado y necio.

Teniendo en cuenta que desde la concepción materialista de la historia lo que se expone es el proceso real de la producción de la vida inmediata, es decir, se mantiene sobre el terreno histórico real, esta no explica la práctica partiendo de la idea, sino explica las formaciones ideológicas sobre la base de la práctica material. Por tanto, no se trata de exponer ni de calificar las intensiones, pretensiones e incluso no se trata de analizar los acuerdos parciales de los dos puntos a los que se ha llegado, sino de tener siempre presente que lo que se ha de exponer y presentar es la actividad misma. Por eso, se deja la pregunta abierta sobre el hecho de la paz en sí y solo retomamos lo que hasta el momento se ha materializado, es decir, aun nada.

Se debe esperar a que el movimiento real de las cosas desemboque en la materialización para entonces emitir un concepto. Y aun así no se trata tampoco de esperar a que ello suceda para contemplarlo desde la cómoda posición del investigador o del analista; de lo que se trata aquí es de ser parte de ese flujo

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que se abre paso a través del contexto colombiano, para participar dinámica y activamente en la materialización de la paz, si se quiere, de lo acordado, para que, a su vez, llegue a todos y cada uno de los colombianos y los recoja en su acción, e integre la acción misma de todos ellos.

Resta agregar que en esta lógica encontramos válido elevar una crítica al academicismo exacerbado que se limita a observar los procesos y criticarlos desde la abstracción de la teoría pura. Afirmamos con Marx y Engels que «de lo que se trata para el materialista práctico es revolucionar el mundo existente, de atacar prácticamente y de hacer cambiar las cosas con que nos encontramos.»

(Marx K. E., 1845, p. 15). De tal suerte que descalificar de entrada el proceso de paz y, además, hacerlo desde la confortable posición del crítico de escritorio, sería una actitud menos crítica de lo que parece. El escepticismo frente al potencial emancipatorio que comporta el proceso de paz sería, a nuestro modo de ver, una lectura si no errónea, sí sumamente parcial de las condiciones materiales históricas concretas del país. Ya fue señalado previamente, es el flujo de la historia el que condujo a este punto y, a su vez, es este estado de las cosas actual el que va a dar paso a una reestructuración del orden reinante, siempre y cuando haya intervención humana consciente, claro está.

BIBLIOGRAFÍA

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Marx, C. & Engels, F. (s/f). Feurbach. Oposición entre las concepciones materialista e idealista.

En: La ideología alemana. Crítica de la novísima filosofía alemana en las personas de sus representantes Feurbach, B. Bauer y Stirner, y del socialismo alemán en las de sus diferentes profetas. Disponible en: http://www.archivochile.com/Marxismo/.../kmarx0020.pdf, pp. 1-76.

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DESTERRITORIALIZACIÓNRETERRITORIALIZACIÓN¿MOVILIZACIÓN?: UN ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES EN CIUDAD BOLÍVAR Daniel Santiago Roldán Zarazo1

«El pasado es una de las condiciones para la realización del acontecimiento, pero el dato dinámico en la producción de la nueva historia es el propio presente, es decir, la conjunción selectiva de fuerzas existentes en un momento determinado. En realidad, si el Hombre es Proyecto, como afirma Sartre, es el futuro el que gobierna las acciones del presente.»

Milton Santos, La naturaleza del espacio.

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Resumen

El objetivo de este artículo es realizar un acercamiento al problema territorial del desplazamiento interno del país y su asentamiento en las periferias de la Capital. Se toma como referente el caso de la comunidad «destechados» del asentamiento ubicado entre los barrios Bella Flor, Paraíso y Quiba, localizados en Ciudad Bolívar. Para esto se caracterizará el problema territorial desde la perspectiva de la geografía crítica, principalmente desde los autores Bernardo Mançano y Milton Santos. Además, se busca dejar inquietudes, reflexiones y preguntas para futuras investigaciones, así como dar un insumo al movimiento territorial que se intenta consolidar dentro de la comunidad.

Palabras clave

Territorio, comunidad, Ciudad Bolívar, víctimas, desplazamiento.

1 Estudiante de sexto semestre de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. dsroldanz@unal.edu.co

Introducción

E

n el conflicto colombiano de larga duración, ha existido una tendencia hacia el reasentamiento de la población rural que proviene de las regiones en las grandes ciudades, en particular la capital. Las zonas periféricas de los centros urbanos, como lo señala Villalobos (2011), son territorios receptores de grandes cantidades de desplazados que se reubican de manera permanente y entran a un espacio de privación y limitadas posibilidades del entorno.

En Bogotá, por ejemplo, se refleja el aumento de la densidad poblacional por el proceso de migración del campo a la ciudad. Las poblaciones, tras la difícil situación de desplazamiento, construyen asentamientos en las periferias.

Históricamente la ciudad se ha construido así, desde la «urbanización» que hacen los desplazados de sus territorios, quienes, luego de duras luchas, se integran y se convierten en parte del espacio social que constituye la ciudad. Como ejemplos están barrios como el Policarpa Salavarrieta y partes de las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar. Esta última «es la localidad con mayor número de población víctima del conflicto armado interno, que más acoge desplazados de todo el país» (Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de la Paz y la Reconciliación, 2013).

El problema del desplazamiento interno en el país se da sobre todo desde la ruralidad, y afecta el espacio de las ciudades, pues ejerce una «fuerte presión poblacional sobre estas zonas cuya expansión espacial ha llegado a su límite. […] En Ciudad Bolívar sucede que se ha llegado a su límite espacial, aunque sigue abierta la frontera de la zona rural que asciende hacia el páramo del Sumapaz.» (Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, 2001) El artículo está dividido en tres partes, la primera describe la perspectiva desde la cual se caracterizará el problema territorial, la segunda parte se enfocará en la centralidad del caso, su descripción, su particularidad, su historia y sus problemas. Por último, se intentará recoger las conclusiones del trabajo y dejar reflexiones y preguntas acerca del problema planteado, tanto para una futura investigación como para el futuro y porvenir del movimiento organizativo territorial.

El territorio y el espacio La entrada teórica que se privilegiará será la de la geografía crítica brasilera. Tendremos en cuenta básicamente algunos de los conceptos de Mançano sobre el territorio, y la particularidad que tienen los desplazados, los desterritorializados, en Milton Santos. Referente al tema de territorio la importancia del concepto de producción que se desarrolla en un espacio, que no es cosa

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mínima, sino como lo afirma Lefebvre (2001): «la materialización de la existencia humana». Hay que anotar que el concepto y la teoría territorial empiezan a tener centralidad en los análisis sociales tardíamente si se los compara con otros desarrollos teóricos críticos como la economía, la política, la sociología.

Teórica y políticamente hay una vigencia y una centralidad del territorio para las luchas sociales y políticas del continente para Manzano, se encuentra en constante disputa, es dinámico, conflictual y cuenta con diversas escalas y dimensiones. Este interés académico y político de la geografía brasileña sobre la pugna de territorios, poderes y resistencias se da en parte por el fortalecimiento de los movimientos sociales que tienen una serie de reivindicaciones sociales amplias, que llegan a condensarse en el concepto, en la consigna del territorio. Un ejemplo paradigmático ha sido el de los mst, como lo ha señalado Manzano en su obra.

Tomaremos como referencia principal a Mançano quien en su labor por construir una metodología sobre el territorio nos comenta que hay diferentes fracciones de territorio que también son totalidades, sus dimensiones pueden ser la económica, la política, la cultural, la social. La predominancia de una dimensión por parte de comunidades o entidades estatales depende de los intereses que se tengan respecto al territorio. La multiescalaridad nos define escalas desde lo local a lo internacional, sin que pierda su propiedad de ser totalidad «los territorios de un país, un estado, una provincia o departamento, un municipio o una propiedad son totalidades que se diferencian por las relaciones sociales y las escalas geográficas» (Lefebvre, 2001 p. 5). Dentro de estos, distingue el primer, segundo y tercer territorio según las escalas que se quiera observar: «el primer territorio está formado por los espacios de gobernanza en diferentes escalas: nacional, regional, provincial, municipal, distrital» (Mançano, 2008. P.68). El segundo territorio estaría «formado por los diferentes tipos de propiedades particulares que tiene el territorio: individual y colectiva; capitalista y no capitalista» (Mançano, 2008. p.6-8). El tercer y último territorio estaría formado por diferentes espacios controlados por otros tipos de relaciones de poder: «son territorios flexibles o móviles controlados por diferentes sujetos y se producen en el primero y en el segundo». (Mançano, 2008. p.6-8). Este territorio es donde se reúnen las conflictualidades de los territorios: el espacio relacional considerado a partir de sus conflictualidades y reúne todos los tipos de territorios.

El carácter relacional, por unir las propiedades fijas y móviles, promueve el movimiento de expansión y reflujo. A esta categoría Mançano (2008) agrega la de territorio inmaterial que es transversal en todos los órdenes del territorio, está relacionada con el control o dominio sobre el proceso de construcción de conocimiento y sus interpretaciones.

Pero como se verá el territorio es parte también de quien lo interprete y lo construya. Pero en una sociedad altamente heterogénea como la latinoamericana y, particularmente, la colombiana (que además se encuentra atravesada por un conflicto armado interno) se presentan múltiples disputas y enfrentamientos por y en el territorio. En este sentido, Mançano (2008) se refiere a la conflictualidad como: «el proceso de enfrentamiento permanente en las interpretaciones que objetivan las permanencias y/o superaciones de las clases sociales, grupos sociales, instituciones, espacios y territorios».

Para ayudar al entendimiento de los movimientos que luchan por y desde el territorio en Ciudad Bolívar, Mançano, desde su larga experiencia en las luchas por el territorio en Brasil, nos afirma que: De acuerdo con Raffetin, partimos de la premisa de que para algunos movimientos el territorio es su triunfo y, por lo tanto, la razón de su existencia. Para todos los movimientos el espacio es esencial. Es evidente que no existen movimientos sociales sin espacio. Todos los movimientos producen algún tipo de espacio, pero no todos los movimientos tienen al territorio como objetivo. Existen movimientos socio-espaciales y movimientos socio-territoriales en el campo, en la ciudad y en el monte.»

(Mançano, 2008, p. 8) El caso de los «destechados» en Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar Es la localidad 19 de Bogotá; se encuentra ubicada en la zona suroccidente. La particularidad que la destaca para nuestro análisis es, como ya se ha señalado anteriormente, que se construye a partir de la urbanización de poblaciones desplazadas internas víctimas del conflicto, además del proceso de expansión de la ciudad a la región rural que lo rodea. Se aprecian básicamente dos procesos de urbanización: primero en los años cuarenta con la parcelación de las haciendas se conforman los primeros asentamientos subnormales en la década del cincuenta con los barrios Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero bajo y La María, situados en las partes bajas y medias de la localidad y cuyos pobladores eran gentes venidas principalmente del Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Se estima que para los años setenta la población había ascendido a los 50.000 habitantes.

La segunda etapa se da alrededor de los años ochenta con asentamientos en la parte alta de Ciudad Bolívar, además se generan polos de concentración de la marginalización a través del programa «lotes con servicios», con

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financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (Secretaría de Planeación.

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009). Por último, con la Constitución de 1991 se le dan al Distrito Capital las funciones administrativas de la localidad.

Historia de un desplazamiento. Características físicas del territorio

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Para entender la particularidad del problema del asentamiento de la comunidad llamada «Destechados», se construirá el problema territorial desde la narración de uno de sus líderes políticos y desde la observación participante que se ha edificado desde el trabajo político y comunitario de parte del Colectivo Memoria y Acción, el Movimiento Rock y otros estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.

La historia de la comunidad autodenominada «Destechados», relatada por el líder de la comunidad, Jorge, comienza alrededor de hace 5 años. Cuando aproximadamente cuatro familias provenientes de diversos lugares del Tolima, desplazadas de sus lugares de origen por los flagelos de la guerra y en menor medida por el económico, se asientan en unos «ranchos» construidos con anterioridad por otros habitantes de la zona, pero que se encontraban deshabitados, ya que el fopae los había considerado con alto riesgo de deslizamiento e inhabitables para el ser humano, porque se encuentran en una zona montañosa. Las viviendas estaban hechas básicamente con material reciclable; este asentamiento se ubica entre los barrios el Paraíso, Bella Flor y Quiba Baja. Aquí las familias se encuentran en una doble restricción cuando usan ilegalmente el suelo, tanto el agotamiento progresivo del mismo como un mayor control institucional de los predios por parte del Estado. (Secretaría de Planeación. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009) Al empezar a ocupar y a construir nuevas infraviviendas, el Estado hace su aparición mediante la fuerza pública e intentan desalojar el predio, frente a lo cual las familias ofrecen una resistencia e intentan conciliar con la policía. Se llega así a un acuerdo: se construirían las viviendas en la noche y la Fuerza Pública al otro día no podría destruirlas por ley, ya que se encontrarían ocupando el terreno. Fue así como empezó el crecimiento del asentamiento.

Pasado el tiempo, se evidencia que empiezan a llegar familias de distintas partes del país, principalmente del Tolima y parte del Cesar.

Hay que anotar que este proceso se da por parte de las familias y no en comunidad, la construcción y la entrada al asentamiento constituía a la vez el proceso de adquisición de la propiedad de la vivienda, por eso se dan situaciones como la compra, venta y arrendamiento de las infraviviendas. Hay un movimiento constante de los hombres, los productos, las mercancías, las ideas. De

ahí la idea de desterritorialización, también se usa para significar extrañeza, que es también desculturización. Este proceso se da en mayor medida porque parte de la población tolimense en el territorio es indígena, de municipios como Chaparral, Ortega, Natagaima y Coyaima. Como anota Milton Santos (2000): «venir hacia la gran ciudad es, ciertamente, dejar atrás una cultura heredada para encontrarse con otra. Cuando el hombre se enfrenta con un espacio que no ayudó a crear, cuya historia desconoce, cuya memoria le es ajena, ese lugar es la sede de una intensa alienación.» (p. 279) Jorge, el líder comunitario, distingue dos momentos de fractura en la historia de la comunidad del asentamiento. El primero se da cuando son estafados por un extranjero que se hace pasar por investigador de la Universidad Nacional y promete múltiples beneficios a cambio de unas «pequeñas retribuciones».

Este proceso termina, por un lado, por perder los pocos ahorros con los que contaba cada una de las familias y, por el otro, por una pérdida de la esperanza, en alguna forma, frente a la organización comunitaria en pro de la vivienda.

El segundo momento de importancia es el deslizamiento de una piedra que termina por destruir una casa del asentamiento de una familia, y deja una mujer del asentamiento herida y en el hospital. Esto hizo que la comunidad buscara una intervención rápida e inmediata del Estado para salir de la situación de precariedad en que se encontraban, acudiendo a la política asistencialista del Estado para tal fin. Hay que señalar que este proceso fragmenta y disgrega el proceso que en algún momento se intentó construir en la comunidad. La política consiste básicamente en la entrega por parte del gobierno de seis meses de arriendo a un barrio cercano. La comunidad acepta por las difíciles condiciones la ayuda del gobierno. Esto deja unas perspectivas bastante complicadas para la formación de un movimiento social, ya que se dispersan territorialmente por Ciudad Bolívar y se separan del territorio construido por ellos mismos en su asentamiento, de las veinticinco familias que se encontraban, quedan apenas cuatro en el asentamiento. Hay que anotar que, por las condiciones en que se encontraba la comunidad, el desplazamiento del lugar tenía que ser inmediato, las condiciones así lo requerían, pero la forma en que se da, deja perspectivas igualmente desesperanzadoras.

Frente al problema del desplazamiento y refugio de más del 10 % de la población colombiana, el Estado colombiano demuestra una gran incapacidad tanto política, como administrativa para dar una solución integral a sus ciudadanos (codhes, 2013 p. 6). Vemos principalmente desde sus políticas públicas una suerte de cooptación de los movimientos territoriales por una vivienda digna. Se evidencia que las familias que anteriormente vivieron procesos de desplazamiento forzado, al llegar al casco urbano, inician un proceso de

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reterritorialización y de nuevo se ven expuestas a dinámicas de (re)victimización y de ruptura con los recién construidos vínculos territoriales; ruptura que fue resultado de dinámicas estatales vía instituciones legales. «La situación de marginalidad de residentes y desplazados agudiza la conflictividad y con ello las tendencias a la discriminación étnica y regional presentes en toda la sociedad colombiana» (Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, 2001, p. 21) Las políticas públicas logran crear hostilidad entre poblaciones y dificultan la integración de la comunidad, así como la creación de un proceso comunitario.

Proceso de territorialización En medio de la miseria que representa la situación de extrema pobreza que viven las familias, el modo de producir alguna ganancia para la sobrevivencia, se facilita por la existencia de un botadero de basura cerca al asentamiento. En esta medida, las familias se empiezan a ver abocadas al reciclaje, una vez más de forma individualizada. «El hombre busca reaprender aquello que nunca le fue enseñado y, poco a poco, va sustituyendo su ignorancia del entorno por un conocimiento, aunque fragmentario.» (Santos 2000, p. 280) Se adaptan al nuevo territorio, no son un sujeto pasivo y estático, sino que crean un entendimiento de su actividad productiva alrededor del reciclaje, que se vuelve la actividad económica principal de las familias; pero a su vez, trae varios problemas y complicaciones de salubridad a la comunidad. Este problema se suma a la contaminación del sector que corre por cuenta de las ladrilleras que hay en el sector , estas contaminan las quebradas Lima y Honda que pasan por el territorio.

Se observa que existió y existe un proceso de (re)territorialización, porque así como lo señala Santos, a pesar de que hay un proceso de desconocimiento y extrañeza con el entorno «los inmigrantes traen consigo todo un caudal de recuerdos y experiencias creado en función de otro medio, y que poco les sirve para la lucha cotidiana. Necesitan crear una tercera vía de entendimiento de la ciudad y el entorno vivido es el lugar de intercambio, matriz de un proceso intelectual» (Santos, 2000 p. 279).

Organización territorial-popular

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En el proceso de los «Destechados», observamos un proceso organizativo embrionario autónomo. Aún embrionario porque busca el autoreconocimiento como víctimas y desplazados, además, unas exigencias mínimas para un ambiente y un hábitat acorde con las necesidades de sus familias. Las dificultades extremas a las que se ha visto sometido el proceso no han permitido que la conciencia

por el lugar se superponga a la conciencia en el lugar. Es decir, no se ha podido construir una identidad dentro del territorio, un reconocimiento para la acción social del territorio, lo que Hobsbawm observaba en el surgimiento de la identidad y consolidación de la clase obrera se debía en parte a dos aspectos importantes: la segregación social y espacial (Hobsbawm 1995, p. 308).

Que este espacio desconocido, como afirma Santos (2000), pierda la connotación negativa y gane un acento positivo es un proceso necesario, para que se genere la producción de una nueva lucha de resistencia y lucha por el territorio.

Aún el movimiento es aislado. Por parte de nosotros, los agentes externos, se ha tratado de enfocar un proceso de autoreconocimiento y de construcción de un nuevo tejido social, ya que la comunidad se encuentra muy individualizada y no hay sentido de pertenencia ni frente al territorio ni frente al asentamiento. Se intentan reconstruir nuevos espacios sociales mediante la comunidad que permitan mantener lazos con lugares de origen y crearlos con sus nuevos lugares de residencia, por medio de talleres, actividades lúdicas con los niños y jóvenes. La perspectiva del movimiento, que aún es aislado y pequeño, es vincularse también en las mesas de victimas y territorio Ciudad Bolívar, que son la reunión de varios procesos de la localidad, que han sufrido también el flagelo del desplazamiento y que se organizan en la búsqueda de una reparación integral como víctimas por el territorio y la vivienda.

Conclusiones/reflexiones finales En síntesis hemos descrito el proceso de desterritorialización-reterritorialización y posible movilización de la población desplazada en Ciudad Bolívar, población que enfrenta múltiples amenazas ambientales, políticas, sociales y estatales para pasar de una conciencia por el lugar, y abocarse a unas luchas políticas más amplias de su reivindicación como sujetos políticos y víctimas del conflicto social y armado. Desde el entendimiento del territorio como una totalidad cambiante y el desplazamiento como fenómeno de alienación y extrañamiento, se intentó explicar la complejidad del fenómeno al que se enfrentan las comunidades que buscan sobrevivir en las periferias de la capital. Además de cómo están en un proceso de constante adaptación a las condiciones que se les presentan, y cómo aprenden aquello que no se les ha enseñado tanto en las construcciones de vivienda, como en las formas de buscar trabajo para su sobrevivencia.

Es importante para una reparación de las víctimas y un entendimiento más holístico del problema explorar mucho más a fondo la perspectiva territorial y geográfica, pensar territorialmente nuevas categorías conceptuales para entender estos espacios sociales que son mucho menos que aptos para

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las condiciones humanas. Es importante avanzar en categorías conceptuales y analíticas que permitan entender la complejidad del miedo, la exclusión, la inseguridad de vivir en estos lugares. Además se señala la necesidad de pensar las formas en cómo se está haciendo política social con los sectores desplazados del distrito y del país.

El proceso de lucha por el territorio tiene que pasar primero por un autoreconocimiento de la condición bajo la cual se está habitando, consolidar un proceso fuerte y organizado para que no sucumba bajo las condiciones exteriores de otros actores como el Estado, los estafadores, y posibles agentes paramilitares que hacen presencia en la localidad de Ciudad Bolívar. Es necesario concretar unas reivindicaciones precisas en torno al tema de la vivienda, el hábitat y el territorio desde los procesos de base y se convierta en un movimiento territorial que supere los límites de un barrio o localidad en Bogotá. Tendrá que evaluar la comunidad y el movimiento el resultado de la decisión de adoptar la política de reasentamiento del gobierno para el movimiento social y territorial en Ciudad Bolívar.

Finalmente, agradezco a la comunidad «Destechados», pues permitieron entrar a su territorio y compartieron algo de sus historias de vida, problemas y esperanzas. Espero que este texto sea una contribución relevante tanto para la comunidad como para la lucha que llevan a cabo al resistir los embates de las periferias de la ciudad.

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DESDE LA RESISTENCIA, SOBREVIVIENDO Daniela Marcucci Guarnizo1 Lucía Salamanca Ruiz2

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Resumen

En la necesidad de desdibujar la frontera que se teje entre la teoría y la realidad, se inició un proceso de acompañamiento a la comunidad de desplazados asentada en el barrio Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí se pudo identificar la concreción de los procesos comunitarios organizativos y el empoderamiento que esto genera alrededor de resistencias populares para la vivienda digna y el derecho a la ciudad. La adversidad que vulnera y revictimiza a estas comunidades se suma a la limitada actuación del Estado en su problemática, lo que acucia una solución alterativa de la ya insuficiente política pública de vivienda.

Palabras clave

Desplazado, víctima, sujeto resiliente, territorio, vivienda, política pública, Estado colombiano.

1 Estudiante de quinto semestre de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. dmarcuccig@unal.edu.co 2 Estudiante de quinto semestre de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. olsalamancar@unal.edu.co

L

a comunidad a la que haremos referencia en el artículo es una comunidad de desplazados asentada en el barrio Paraíso de Ciudad Bolívar. Inicialmente se formó con desplazados provenientes del departamento del Tolima, víctimas de las amenazas y peligros surgidos de la disputa territorial entre la guerrilla de las farc-ep y el ejército, y con el tiempo se incorporaron víctimas del paramilitarismo provenientes del departamento de Córdoba. La mayoría de las personas llegan al asentamiento por relaciones tejidas anteriormente con las personas que ya integran la comunidad.

El espacio en el que se ubica la comunidad está rodeado por varias vulnerabilidades. En primera instancia se encuentra en un sector periférico de Bogotá que dificulta el derecho a la ciudad, puesto que no incluye oportunamente la atención integral de las instituciones y el disfrute de lugares y bienes públicos que son derechos mínimos de todos los ciudadanos. Adicionalmente es un espacio proclive a desprendimientos de rocas de una montaña vecina e insalubre por el material reciclable con el que son construidas las viviendas dada la cercanía de un botadero de basura industrial, lo que facilita la llegada de plagas y enfermedades. Se suma también una marcada inseguridad provocada especialmente por los movimientos de microtráfico en la zona.

La conflictividad que trajo la construcción social en el territorio del Paraíso se relaciona entonces con el contexto social interno y externo del mismo. En cuanto al primero, los actores armados que generaron el desplazamiento, a lo que se suman las diferencias culturales por cuenta del diverso origen regional. Por otra parte, pero en concordancia con lo anterior, los agentes externos interesados en sus intereses privados, incluido el Estado, han sido detonantes de tensiones y obstáculos para el fortalecimiento del proceso y, así mismo, de la proyección a futuro y la puesta en marcha de propuestas que lleguen directamente a afectar e influir las decisiones institucionales.

A pesar de que las vulnerabilidades anteriormente señaladas son importantes y deben ser inmediatamente atendidas, la principal y protagónica vulnerabilidad viene siendo parte de la actuación estatal a partir de la política pública de vivienda gestionada sobre la comunidad, ya que afecta directamente los procesos de empoderamiento que se están construyendo y tejiendo a la luz de la solidaridad y fraternidad que surge de la resistencia y la lucha por la vivienda digna.

Dado que nominalmente las políticas públicas no abarcan la complejidad del sujeto político que representa los desplazados desde su condición de sobrevivientes (Uriarte, 2013), terminan limitando el alcance de la intervención y, así mismo, adolecen de efectividad, coordinación, recursos y voluntad política. Además, caracteriza a las víctimas como agentes abstractos, sin una

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singularidad particular que responda a relaciones sociales multidimensionales y multiescalares mediadas por lógicas de dominación y poder (Manzano, 2008).

Se encuentra entonces una política pública enfocada en objetivos e instrumentos que ignoran las luchas sociales que plantean alternativas posibles frente a otros modos de organización de la vida y el espacio. Por consiguiente, una política así diseñada excluye a la población que pretende ser integrada, pues el objeto de toda política pública, se presume, es la comunidad a la cual va dirigida. Por eso la política es abstracta al desconocer las particularidades de dicha comunidad y, al mismo tiempo, su campo de intervención es fragmentado, toma segmentos del problema, no abarca su totalidad, lo que dificulta la resolución de conflictividades multidimensionales.

En el caso de la comunidad del Paraíso, la política pública se diseña e implementa disgregando las diferentes causas que deben ser atacadas, suponiendo causalidades lineales y dejando de lado las interrelaciones de cada causa que genera el problema. Por tanto, lejos de generar una respuesta integral y efectiva a una problemática, se atacan las diferentes causas con políticas diferentes como si el sujeto no se relacionara y sus problemáticas fueran individuales. Esto se hace evidente con los planes hasta ahora aplicados a la comunidad, donde se pretende implementar distintos proyectos para solucionar las problemáticas más urgentes de cada familia (Habitad, 2014).

El primer proyecto individualizador y desarticulado es el plan de subsidiar por un periodo de seis meses el arriendo de una unidad habitacional por familia; subsidio a la demanda, con dos intenciones: la primera es eliminar en el corto plazo el riesgo ambiental generado por el espacio en el que se ubica la comunidad (fopae, 2014), lo cual implica una rápida reubicación olvidando la condición especial de vulnerabilidad de la comunidad, lo cual además profundiza el problema urbanístico de la ciudad.La segunda intención se basa en el supuesto de incentivar durante este periodo el ahorro en la familia para iniciar con un crédito de vivienda en el mediano plazo. Sin embargo, no se tienen en cuenta factores que afectan cotidianamente a la familia, como la imposibilidad de conseguir una fuente de ingresos alta y estable que le permita solucionar sus necesidades básicas, alimentos y servicios públicos, durante este periodo, en especial con los precios altos comunes en la capital. (Alcaldía, No.12) El segundo proyecto es un impulso de emprendimiento para convertir a algunas personas de la comunidad en microempresarios, con el objetivo de generar un ingreso importante y lograr, en el mediano plazo, la capacidad de generar empleos (Alcaldía, No.12). Este proyecto, si estuviera bien enfocado, podría ayudar a construir el proceso de resiliencia en la comunidad, al contribuir en la construcción de una comunidad política y socialmente fortalecida. No obstante,

este proyecto no tiene los recursos económicos, humanos o técnicos para desarrollarlo con éxito, por lo cual se ha convertido en una promesa simbólica y no en una solución real y fáctica para la comunidad.

Además de estos proyectos desarticulados, existen espacios muy importantes en los cuales está ausente la política pública. Estos son fundamentales para superar la condición de víctimas en las que se encuentran las personas de la comunidad, donde se destacan los derechos fundamentales a la educación y a la salud, derechos de muy difícil acceso para niños, jóvenes y adultos ubicados en este asentamiento. Así, la institucionalidad responde a cada problema de manera diferenciada y desconociendo que la acción sobre uno puede entorpecer la acción sobre otro, lo cual dificulta claramente que la víctima, en este caso desplazada, sea reparada y reubicada en condiciones dignas y con posibilidades habitacionales, de sostenimiento y justica que contribuyan a una transición de víctima a sujeto resiliente en el corto y mediano plazo (Uriarte, 2013). Por tanto, la política pública profundiza las desigualdades en la medida en que no avanza en el reconocimiento, la redistribución y la participación.

Los sujetos políticos que integran la comunidad del Paraíso han logrado construir un sistema de solidaridad y organización con el cual, por lo menos en lo inmediato, buscan sobrellevar la adversidad y fortalecerse en aras de trascender a la categoría de sujetos resilentes (Uriarte, 2013). Es decir, forjar un proceso de empoderamiento comunitario que resalte el encuentro no de individuos aislados, sino de una comunidad entera que resiste, se empodera y genera estrategias de supervivencia, para construirse como sobrevivientes, con la capacidad de reorganizarse ante la adversidad, a partir de un proceso de fortalecimiento y crecimiento colectivo que sostenga una capacidad transformadora de la realidad, con el fin de convertirse en agentes de su experiencia.

Se denota entonces que desde el inicio de la intervención estatal la comunidad resiste tímidamente al primer encuentro con la política pública ofrecida, sosteniendo claramente una bandera de lucha que se erige en torno a la vivienda digna y, que, a pesar de ser una reivindicación de la propiedad privada, constituía pretensiones de consolidar un proceso de resiliencia. Sin embargo, la irrupción de un individuo ajeno a la causa común y a la comunidad logra fracturar con éxito los sentimientos de solidaridad y confianza que ya se habían logrado tejer, lo que acentuó las necesidades de una pronta respuesta y solución de los problemas. Esto último disolvió y confundió a la comunidad, además disgregó a los miembros y los alejó de un proyecto colectivo común.

A falta de un proyecto colectivo común, la irrupción del Estado fue funcional a la reorganización solidaria de la comunidad y su capacidad de agencia trasformadora, sino que detentó una dinámica individualizante que rompió el

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proceso no solo desde fuera, sino en el interior del mismo. Por tanto, lo que se evidencia es que la acción estatal sobre una comunidad que no se reúne en torno a un proyecto político y social termina generando la disgregación de la comunidad a favor de intereses individuales de los integrantes, es decir, en la actualidad, la acción de las instituciones del Estado está generado un proceso de desarticulación de la comunidad, lo cual puede impedir definitivamente un proyecto político real y un paso hacia un sujeto resiliente, puesto que fractura la dinámica de solidaridad comunitaria y los deja a las dinámicas destructoras del mercado.

Conclusiones La intervención del Estado no representa una oportunidad benéfica para la comunidad, sino que cumple con su función de sacar a la comunidad del riesgo que el terreno representa, sin ahondar en una lectura más compleja y relacional del conflicto, lo que deja un escenario aún peor, puesto que fractura la dinámica de solidaridad comunitaria y abandona a las comunidades a las dinámicas destructoras del mercado y, a largo plazo, en una incertidumbre en cuanto a la vivienda. En la medida en que la realidad es inabarcable, la intervención del Estado en el Paraíso termina siendo solo una parte del problema, en pocas palabras dicha intervención resta más de lo que puede sumar al proceso social.

Actualmente, no existe un panorama donde se supere la discusión entre objetivos e instrumentos, sin tener en cuenta la población, su origen, características y su propia proyección, es decir, el contexto y sus particularidades; cuando se tata solo una problemática en particular, se desconoce el carácter multidimensional de los conflictos. La intervención del Estado se establece de manera individual y de manera incoherente, por eso genera respuestas parciales a la problemática identificada. Aun así, cabe denotar que la política pública puede ser transformada mediante la constitución de proyectos políticos y territoriales que tengan como referente la solidaridad y la convivencia, pues abonan las condiciones necesarias para que las víctimas tengas las herramientas políticas, económicas y sociales para superar la situación de vulnerabilidad y el estado de victimización y revictimización.

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LA FORTALEZA BLANCA, ENTRE MUROS DERRUMBADOS Y PENSAMIENTOS PROHIBIDOS La construcción del intelectual orgánico.

Entre la academia y los movimientos sociales: la construcción conjunta del saber como poder constituyente Julián Mejía Castillo1

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l nueve de abril del pasado 2013 mientras los expertos marchólogos afirmaban que se batían los records de asistencia a marcha alguna, esta vez bajo la bandera de la paz como exigencia del pueblo y con una confluencia inédita de fuerzas políticas y populares, incluso institucionales, dicha asistencia alimentaba el campo para que miles y miles de personas en pleno carnaval callejero, lleno de música, maquillajes y disfraces, caminaran por la séptima de las algarabías, de los asesinatos, de las trifulcas, de los francotiradores, de los tanques traidores, del estudiante caído, y esta vez para exigir masivamente el fin de la guerra. Ese día, mientras tanto, Juan Camilo Lizarazo, excombatiente de las farc y exestudiante de derecho de la Universidad Nacional, moría inhumanamente en condición de prisionero. A él y a los miles de pensadores desaparecidos y hechos prisioneros por la intolerancia política que tiene que acabar para poder hablar de paz, dedico este artículo.

La Llorona, aquel espanto ampliamente reconocido en las tradiciones orales de toda nuestra América, es una madre que llora desgarradoramente por sus hijos en los pequeños pueblos de tierra caliente y fría. Parece haberlos perdido sin remedio y puede lo mismo llorar en Oaxaca que en Santiago, en Tlatelolco, en Rio de Janeiro; definitivamente ha llorado en Trujillo Valle, en el Salado, en Mondoñedo, en Mapiripán, en Charras, en Ciudad Bolívar, en Villatina, en Soacha, esa llorona es la Madre Tierra que absorbe la sangre de sus hijos y recibe la dentellada y el socavón.

La Llorona es una madre desamparada que había puesto en sus hijos la esperanza de sentirse protegida de los abusos del hombre desnaturalizado, en

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1 Julián Elías Mejía Castillo, Estudiante de Derecho Universidad Nacional de Colombia

nuestra América no solo el hombre y la mujer son despojados de la tierra, sino que la tierra llora el despojo de sus hijos, aquellos con los que había tejido una relación de convivencia, máxime cuando una vez que la apartan de sus hijos, es destruida y trastornada. La vulneración a un territorio en los grados que propone el capitalismo atenta contra un complejo de relaciones sociales, pero también ambientales. Por ejemplo, la cadena montañosa de Los Andes con su, topografía, humedad, vegetación, especies y vientos está intensamente interrelacionada con la existencia del Amazonas; plantearse una economía que se basa precisamente en la alteración de esos órdenes pone en peligro no solo la existencia de las relaciones sociales humanas, sino la de las relaciones entre diversos factores y fuerzas que permiten la existencia armónica de miles de especies.

El proceso constituyente que se debe plantear para la consecución de la paz con justicia social, que permita en términos reales la finalización del conflicto social y ambiental al que nos enfrentamos, debe abordarse desde diversos enfoques. Uno es el papel del intelectual orgánico y por tanto el rumbo del estudio de las ciencias sociales, y los nuevos campos de acción de los conocimientos adquiridos, pero también la búsqueda de nuevas formas de adquirirlos.

El momento político está claro, una vez establecido el horizonte, el avance debe ser constante y decidido, la dinamización de las fuerzas sociales no se trata de la imposición de un punto de vista, sino del acoplamiento de los mecanismos que conectan las contradicciones, el hallazgo de rutas y la ubicación estratégica de él mismo dentro de las fuerzas sociales como dinamizador, no como cabecilla. La persistencia de los rezagos del caudillismo, el estímulo de egos y conflictos de egos y ansiedades de figuración atentan contra la construcción del tejido necesario para un desencadenamiento de las fuerzas constituyentes.

Al deconstruir el enclave del poder en el sujeto a través de procesos auténticos de investigación y acción formativa, ya sea desde la pedagogía del oprimido, desde el rescate de valores ancestrales o desde cualquier otro proceso de empoderamiento, se da la dinamización del propio poder popular a través de procesos identitarios y territoriales que ayudan a configurar un sujeto como factor constituyente.

Es importante que se entienda que el ejercicio de conexión entre la academia y los diversos sectores sociales se base, por lo menos para las ciencias sociales para su estudio y aplicación, en un volcamiento de la academia y del movimiento estudiantil hacia la creación de poder popular en las comunidades, pero no para un ejercicio paliativo, ni de instrumentalización de las comunidades y fuerzas sociales, sino para armonizar en una relación recíproca y de equidad en sus diálogos de saberes, es decir, una relación de fusión trasformadora entre el saber científico y académico y el saber popular.

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Obviamente dentro de la deconstrucción del poder en el sujeto tienen que identificarse los campos de acción transformadores. Para Sergey Moscovici existen dos grandes campos de la ciencia que no solamente son objeto de estudio, sino que son herramientas transformadoras de las sociedades: uno es la psicología social, que otros llamaron psicología de masas y, el otro, es la economía política. La acción trasformadora en ambos campos es a su vez históricamente interpretada desde la teoría política, pero es controlada activamente desde la teoría de la guerra, es decir, tiene unos factores de racionalización aparentemente políticos, pero también tiene unos factores de aplicación y movilización bélicos, por cuanto están construidos sobre la base de la búsqueda de la dominación, por ejemplo, para Clausevitz la guerra es la política por otros medios, pero para Foucault la política es la guerra por otros medios, es decir, nos enfrentamos a un espacio de indeterminación entre dos métodos aparentemente distintos, pero sorprendentemente parecidos, esto es bueno tenerlo claro sobre todo a la hora de hablar del fin de los conflictos.

En ese sentido, el papel del intelectual orgánico, que ha transformado su propio proceso académico mediante su interacción con las contradicciones sociales palpables, es no solo ayudar a mitigar los impactos de la guerra en las comunidades, sino ayudar a enfrentarla cuando esta se disfraza de política.

La construcción del poder popular debe ser un ejercicio de auténtica revolución interior, por cuanto constituye dos grandes sacrificios: el abandono de la satisfacción personal o interés particular, es decir, privado, la implicación de riesgos, esfuerzos extra, persecución y limitaciones personales, ya que implica una dedicación de fuerzas que no son puestas al servicio del capital regulador de los niveles de bienestar material, sino al servicio del bien común aplicado en el territorio común.

Uno de los papeles más importantes que tiene el intelectual orgánico es la ubicación de los vacios que a través de la separación de campos de estudio están quedando en la interpretación de la realidad, generando verdades fragmentadas o subverdades, pues no es integral el estudio que se hace de la realidad, es decir, el intelectual orgánico tiene un papel de articulador de realidades, no de poseedor de una verdad indiscutible, sino de potenciador del relato colectivo, porque las comunidades generan sus propias dinámicas, por ejemplo: por más que la academia se esfuerce en investigar, documentar o describir el fenómeno de las zonas de reserva campesina quien realmente las diseñó fue el campesino en su experiencia colectiva de resistencia y defensa del territorio, pero también de la vida campesina como tal, esto es, de los elementos que lo configuran y lo identifican, es un sujeto que reconfigura su identidad y su deber social o sea un sujeto que se constituye. El papel de la academia, por lo menos

en las ciencias políticas y sociales, dentro del proceso de paz, es la optimización de la organización popular y la identificación de lugares y objetos de estudio.

La Universidad Nacional es uno de los campus universitarios más violentados de toda América, ni las masacres inexplicables de los fanáticos de las armas en Estados Unidos superan la semilla de dolor con que se ha parido el conocimiento en la Ciudad Blanca, muchos de ellos y ellas han muerto entre sus muros, que hoy también caen no solo como cuerpos heridos, sino como historias derrotadas por el olvido corrosivo. Otros como Alfonso Cano han muerto en «el monte», a mansalva, o empuñando un arma; algunos en las mazmorras, otros desde el exilio, si bien las noticias de los canales privados gritan escandalosamente «que la universidad ha sido infiltrada por el terrorismo, que se encapucha criminalmente» y salen altos dignatarios del chanchullo y la corruptela a decir «que den la cara los delincuentes camuflados entre la gente de bien». La verdad que queda clara es que las mentes que piensan un país distinto son castigadas con penas excluidas del ordenamiento legal de nuestro país: la muerte, la tortura, la desaparición, la violación son prácticas aprobadas por la Escuela de las Américas para los enemigos internos de las colonias sumisas y generosas.

En la Universidad ese enemigo interno es el sujeto que convierte el pensamiento en actividad política. Allí el establecimiento aprovecha mejor la confusión entre política y guerra, identifica la acción transformadora; la idea que se conecta más que con paradigmas occidentales de desarrollo y distracciones de todo tipo, con el sentir popular, con el interés común del poder popular, con la siempre perseguida explosión constituyente y, basado en su propia fobia por el pensamiento no individualista y consumista, dicta condenas por fuera de todo el llamado Estado de Derecho: condenas a muerte, a la prisión indigna, destructiva, al exilio, al silencio.

El 13 de agosto de 1999 en cercanías a Corferias murió el segundo comunicador de la Universidad Nacional, camuflado criminalmente en la carrera de Derecho como su más inmediato antecesor: Jaime Garzón fue abaleado por orden de los enemigos de la paz, los patrones de la guerra. Su antecesor, Gabriel García Márquez, murió de viejo exiliado de su tierra, ni el honor de ser el único premio Nobel del país le sirvió como llave de regreso. Como escritor fue condenado a morir sin patria. Juntos se estrellaron contra el paradigma Ius privatista de la carrera de Derecho, se convirtieron en abogados frustrados y se encausaron contra la realidad, para uno cómicamente trágica, para otro mágica.

Jóvenes prometedores como Oscar Salas, Ferney Gutiérrez, entre otros, pueden declarar las raíces del camino recorrido hasta aquí, los jóvenes que hoy están y llegan a la universidad, al movimiento estudiantil, al estudio de

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la realidad nacional, reclaman un papel y un camino claro que últimamente se ve más oscuro. El llamado es a construir la guerra en política. En esta revista hemos hecho un esfuerzo por recoger diálogos y miradas en un intento por aportar a ese cambio fundamental. En Colombia, la política nunca ha existido, el lenguaje del poder es estrictamente el lenguaje de un invasor tanto en la Colonia, como después de la Independencia, la llegada de Santander implicó que aunque quienes gobernaran fueran aparentemente nacionales, lo hicieran bajo la escuela de la colonización, a la fuerza, con mentalidad despojadora, con ambición acaparadora, eso no ha cambiado y la paz en sus bocas no deja de ser una promesa increíble.

Cotidianamente la gente pregunta por qué el estudiante debe salir «violentamente», encapuchado, a alterar el «orden público» ¿por qué algunos estudiantes han decidido reivindicar la lucha armada? Parece tan inverosímil para diversos «analistas» del fenómeno, como si la búsqueda de conocimiento y ocupación de un puesto claro en la sociedad, fuera incompatible con el pensamiento rebelde. Así mismo el pensamiento rebelde, subversivo, su lenguaje y su forma de desmenuzar e intervenir la realidad han sido a través de paradigmas de la cientificidad, y la clasificación y complejización de las relaciones sociales, convertidas en una especie de expresión bárbara; en palabras de Zyzek, se nos ha robado la utopía.

Los límites a la expresión diversa de los saberes evitan el dialogo y la acción conjunta de las fuerzas sociales, que solo en conjunción de esfuerzos podrían fungir como poder constituyente o revolucionario de la sociedad, lo contrario cortaría la visión evitando que los sujetos identifiquen sus tareas y sus campos de acción en una nueva sociedad necesaria.

Es una habilidad importante del capital establecer los paradigmas del conocimiento y de obtención del mismo para ponerlos a funcionar como el adoctrinamiento, lo que, según Hanna Arendt, limita la comprensión por cuanto dicho paradigmas se constituyen como una fuerza totalizante, por eso es indispensable que las fuerzas constructivas del poder popular, cuenten con un intelectual menos preocupado por tener el dominio y la razón sobre los demás, sino con uno que identifique su ubicación entre los flujos del poder popular.

Uno de los puntos que propuso el proceso de la mane fue la creación de una relación intrínseca universidad y sociedad, lo que implica observar introspectivamente si así como las teorías del desarrollo impuestas y las de seguridad, la de la educación está concebida para la fragmentación de las fuerzas sociales. Uno de los retos está precisamente en establecer el primer paso para la obtención del conocimiento y aquí hemos de analizar que para un papel dinamizador por parte de la academia, que influya en la organización y evolución de

las formas de lucha una interpretación del contexto. El sujeto se debe construir como sujeto constituyente, debe fortalecer sus mecanismos de interacción con los saberes en una relación más de diálogo equitativo entre el yo y el otro y, mediante su capacidad de interpretación y enlazamiento de mundos y de pensamientos complejos, tejer un camino para la transformación de las colectividades.

En lo territorial, ese proceso parte desde el yo mismo y una relación con su territorio, que evoluciona desde las luchas por la vivienda, las resistencias campesinas, es decir, la lucha debe cimentarse en una búsqueda incansable de tierra para labrar y de condiciones de producción y desarrollo humano para el cultivo, pero también de la distribución planificada y la defensa del territorio.

En lo social, el cambio implica un proceso de diálogo entre el pasado —la experiencia victimizante de la seguridad nacional, por ejemplo— y el presente, mediante el desarrollo no solo de modos de análisis y de nuevas experiencias de interacción social, sino de una relación entre el sujeto y el objeto de investigación que incluya en esta observación procesos de intervención social en donde se combinen disciplinas y conocimientos ya registrados por las ciencias sociales, como los debates y argumentaciones jurídicas que rodean la negociación entre los actores armados, pero que sobre todo se proponga más que el registro de procesos, un papel dentro de los mismos. El contexto social exige no solo un afán extractivo de las teorías a exponer, sino una propuesta de acción en los territorios y comunidades que se base precisamente en lo que se detecta y decanta de los mismos. En este sentido, los procesos de interacción entre el pensamiento emancipador y las comunidades —que son las que mediante su propia resistencia diseñan los mecanismos de evolución social—, es decir, entre el intelectual orgánico y los factores del poder constituyente deben darse en términos equitativos y siempre desde la perspectiva de la acción focalizada en el ámbito social.

Durante muchos años, por medio de la fuerza y la represión se mantuvo al pueblo colombiano, así como al sur y centro americano, bajo un yugo integral que incluía desde teorías dominantes de desarrollo hasta políticas de defensa y persecución del pensamiento, pensamiento que ha ido construyéndose bajo los criterios de soberanía, interés común popular, combinación de las formas de lucha para la consecución de la vida en condiciones dignas, defensa del territorio, reivindicaciones laborales y agrarias, así como la constructiva y dinámica intervención de una academia en permanente debate por la construcción de una educación al servicio de las fuerzas populares y de esos ideales planteados.

Evidencia de eso son la muerte de Gonzalo Bravo Pérez a manos de francotiradores del Estado, pero también lo son hoy los procesos de criminalización del pensamiento contra los profesores Francisco Toloza y Miguel Ángel Beltrán de la

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Universidad Nacional, violatorios del debido proceso, de la libertad de cátedra, además de usar argumentos negativamente propositivos, con naturalizaciones no sustentadas de la criminalización del pensamiento, para incluirlo en tipos penales inaplicables.

Oscar Salas El 16 de mayo El sector de la academia ha generado sus claves y símbolos para garantizar los procesos de memoria a pesar de que la vida estudiantil es corta y representa constantes cambios generacionales. El proceso que dio origen a un movimiento estudiantil organizado llevó esfuerzos de varias generaciones, pero no es la única cosecha que emergió de la academia, la más importante debe ser el tejido de un punto de convergencia entre los procesos de memoria de la educación, su acción transformadora y los procesos organizativos de las resistencias de las demás fuerzas populares, así como la lectura y, por tanto, acción planificada de acuerdo con interpretaciones críticas y multidisciplinares de los contextos de acción.

Por eso, hemos visto que los análisis se hacen por distintas escalas de las dinámicas sociales, que la memoria es efectiva si mediante sus recursos comunes ya sean el mito o la música, la pintura o en el caso de los ilustradores de ésta edición los niños fotógrafos de convergentes hacen de la realidad un bien de uso común, un intelectual orgánico transmite, comunica efectiva y claramente los puntos de vista, las críticas, las propuestas y los ideales, no solo los suyos sino también los de sus interlocutores en el dialogo de un poder popular en proceso constituyente, pero también desarrolla los métodos para hacerlos realidad, las miradas compartidas la conjunción de experiencias, que permitirá la efectiva correlación de fuerzas entre lo subalterno y lo hegemónico.

La cualificación de los nuevos sujetos constituyentes por parte de los intelectuales orgánicos que promueva las fuerzas necesarias para garantizar la efectividad del proceso de paz que exige a gritos la población civil, liderada por víctimas del mismo, pero también las fuerzas sociales que se han declarado en posturas diametralmente opuestas.

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MUERTE Y VIOLENCIA EN EL ARTE COLOMBIANO Johan Andrés Gallego de los Ríos1

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a muerte por acción de la violencia, como todos sabemos, no es exclusiva de este territorio. Son inmanencia humana la violencia y la guerra. Como en el caso más próximo que afectó a la humanidad, las guerras mundiales. El mundo luego de este acontecimiento, especialmente después de la Segunda Guerra, cambió. Con el cambio del mundo, cambia el artista. El artista cambia su objeto de mirada, mira en su interior e inicia un viaje dentro de sí mismo olvidando la representación de la naturaleza exterior.

Este siglo empieza con el dolor de la muerte. En principio, la muerte de Dios entendida en el contexto de Nietzsche y, luego, la desmitificación del hombre como portavoz de la razón (Marx, Freud y Einstein). El hombre no es la voz de la razón. Fuera de sí mismo sirve a un aparataje social, es una máquina, es un hombre deshumanizado; al interior suyo, no es unicidad sino que es multiplicidad, está escindido, es doble, es monstruoso. ¿A quién acudir si la ciencia es además relativa?

No está muy claro el asidero del ser humano en este lugar y por eso las guerras del siglo xix estaban más que anunciadas. Por eso, el artista abandona la naturaleza y posa su mirada en interior del mismo hombre. Ese abandono es similar a lo que sucede a quien ve otra realidad fuera de la caverna platónica. Dolor del conocimiento, de verse obligado a asesinar la idea del mundo de la cual estaba convencido y defendía a ultranza. Necesita de alguna manera mostrar su interior fragmentado y golpeado por esa condición que pareciera ha llegado al límite de lo monstruoso y, en su obra, o muestra esa realidad tácita y grotesca o la elude para escapar de ella. En realidad no podemos hablar de la persona del artista con la libertad propia de las épocas posteriores a la Revolución Francesa. La libertad del artista se ve flanqueada ahí y en cualquier momento en tanto es un representante más de la cultura y ahora, además, de la modernidad. El arte moderno es otro y sus pretensiones son otras.

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1 Estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia.

DĂŠbora Arango, Masacre del 9 de abril, 1948.

Tomada de http://m.revistaarcadia.com/impresa/especial-arcadia-100/articulo/arcadia-100-masacre-del-de-abril-debora-arango/35036

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En Colombia, la forma de muerte que en mayor medida nos conmueve es la muerte causada por la violencia. Sin embargo no alcanza a conmovernos lo suficiente porque muchos de nosotros no hemos sido víctimas directas.

Tampoco sucede porque además nos vemos sometidos a la información superficial y tergiversada de los medios de comunicación que más que tratar temas a fondo toman el sufrimiento de las víctimas y nos hace cómplices de la violencia con esa desinformación, patrocinada los gobernantes y por los entes de poder económicos al que el Estado colombiano sirve en un intento de implantar cada vez más el sistema neoliberal.

En este lugar la violencia no se da como un volcán que destruye y que eventualmente pareciera que durmiera, como en el caso de las guerras mundiales, tampoco se despiertan intereses nacionales por tener como enemigo a otra nación. En Colombia, la muerte se da a leves cuotas, pueblo contra el mismo pueblo, pueblo contra Estado, Estado contra pueblo, individuo contra sí mismo.

Una guerra política con estas características que lleva casi un siglo. Hablar acá de las relaciones entre el arte, la muerte y la violencia es hablar de la historia de Colombia misma, sobretodo, desde la década del cuarenta. Cierto es que el arte no es ajeno a la historia y a la experiencia de un pueblo cualesquiera que este sea. El contexto colombiano, la experiencia de este pueblo desde el asesinato de Gaitán, ha sido la violencia, la masacre, el poder y la muerte.

De entre esos muchos artistas colombianos que se han dedicado a investigar la violencia, podemos percibir dos miradas, dos puntos de vista que pueden traducirse en dos momentos históricos diferentes. En primer lugar, los artistas que desde lo expresivo, simbólico y hasta grotesco nos muestran aquella violencia y en segundo lugar, aquellos que la presentan en el plano de lo evocativo, comunicativo, sugerido, ausente e indicativo; y que corresponde un poco a las manifestaciones más contemporáneas del arte colombiano. De ahí también hay dos caminos, o se habla de la víctima directa de la muerte o de la víctima secundaria, lo que se refiere a familiares y dolientes de los asesinados.

De esos artistas expresivos, que muestran la realidad desbordada, los cuerpos distorsionados mezclados con elementos simbólicos, tenemos como precursora a Débora Arango y a otros artistas: Alejandro Obregón, Luis Ángel Rengifo, Pedro Alcántara, Norman Mejía entre otros. Débora afectada por los hechos violentos iniciados con la muerte de Gaitán pinta una serie de cuadros en los que refleja esa sátira política y da testimonio de la dura época de violencia por la cual transita en ese momento el país. Masacre del 9 de abril, pintada durante la transmisión radial de los acontecimientos, La salida de Laureano, El tren de la muerte, El cementerio de la chusma, La República, entre otras. De su carácter expresionista, dice Santiago Londoño Vélez:

Alejandro Obreg贸n, Violencia.

Tomada de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/textos-sobre-la-coleccion-de-arte-del-banco-de-la-republica/alejandro-obregon/violencia

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Surgen nuevos elementos que cumplen una función simbólica en la imagen pictórica: animales feroces, batracios, militares, armas, sangre, multitudes, gallinazos, calaveras. La pintura se torna áspera, feísta. Fuertes colores disonantes aparecen contrastados por la neutralidad de grises y negros, mientras que la composición se encuentra dominada por la dinámica de las diagonales, y la interpretación subjetiva del espacio se ajusta al propósito de la obra. (Londoño Vélez, 1996, p. 12) En Masacre del 9 de abril se muestra el momento de la masacre ocurrida en el centro de Bogotá luego de la muerte de Gaitán.

Una descripción más densa e impactante de los horrores del 9 de abril es difícilmente imaginable. Por medio de sus trazos gruesos y expresivos, Arango cubre con exceso casi todas las figuras y crea así una imagen casi estereotípica del Bogotazo. Sin embargo, el cuadro no es una simple glorificación del “pueblo” o de los “gaitanistas”, como aún suele ser el caso con tantas representaciones del tema. Al contrario, su acuarela muestra al “pueblo” como una masa irracional e incontrolable, cuyos gestos salvajes y caras distorsionadas coinciden perfectamente con los diferentes documentos fotográficos y cinematográficos que tenemos del Bogotazo, los cuales conservan para siempre el linchamiento del asesino Juan Roa Sierra por la turba furiosa. (Schuster, 2011)

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De este mismo momento histórico vemos la obras de tres artistas que además fueron testigos oculares: Alipio Jaramillo nos presenta la obra 9 de abril, Erique Grau tranvía incendiado y Alejandro Obregón masacre del 10 de abril. Las obras de Jaramillo, Grau y Obregón presentan una versión de los acontecimientos que ellos mismos presenciaron (Medina, 1999, p. 14). Sus imágenes difieren con respecto a los eventos específicos a los que cada uno alude y respecto al lenguaje pictórico usado. Jaramillo y Grau se centraron, en estas obras, en escenas relacionadas con disturbios callejeros, a través de imágenes fundamentalmente narrativas y descriptivas. En Masacre del 10 de abril, Alejandro Obregón hizo, por su parte, una presentación más abstracta y expresiva, reminiscente del Guernica de Picasso, que sería muy influyente en artistas posteriores. (Malagón, 2008) En masacre del 10 de abril vemos los horrores de la muerte el día posterior a los acontecimientos del 9 de abril que nos muestran los otros artistas.

Ahora los vemos ya no en la turba, ya no en la manifestación o en la trifulca. La muerte que vemos aquí es la muerte del cuerpo mismo, del desmembramiento de las víctimas directas del asesinato en el cementerio, donde se apiñaban los

Doris Salcedo, Camisas.

Tomada de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/textos-sobre-la-coleccion-de-arte-del-banco-de-la-republica/doris-salcedo/sin-titulo

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cadáveres confundiéndose los unos con los otros. Esa manera de representarse la muerte y que corresponde a la neofiguración de posguerra es cruda y directa. Como lo dice el mismo artista: «Lo exhibí una semana después de toda la joda […] Fui al cementerio y me puse a dibujar cadáveres. Recuerdo un hermoso rostro de mujer con los sesos volados, la boca entreabierta, un gran diente de oro en la mitad de la boca, intacto el rostro y la tapa del cráneo en el ¡carajo! [...] yo estaba muy cerca, dibujándola, detalle por detalle, y de pronto una mano que me toca y me dice: “Ud. está profanando a mi hija”, era la madre… yo me fui».

En 1958, una exposición de arte cuyo tema central era la violencia tuvo lugar en Bogotá, en la «Sociedad Económica de Amigos del País» (Rubiano, 1984, p. 33) En ese mismo año, Alberto Lleras Camargo, el primer presidente del Frente Nacional, nombró una comisión para investigar las causas y consecuencias de la violencia en Colombia (Rubiano, 1984, p. 29). Los miembros de esta comisión, Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, viajaron por Colombia entrevistando tanto a víctimas como a victimarios de la violencia.

Por su parte, la comisión nombrada por Lleras Camargo había publicado en 1962 Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social, que incluyó análisis y testimonios perturbadores de algunos testigos y fotografías de víctimas (Malagón, 2008) La publicación de Violencia en Colombia en 1962, dio paso para que muchos artistas incorporaran elementos de las narraciones y fotografías aparecidas en este libro. Uno de estos artistas es Luis Ángel Rengifo, que publica la serie Testimonios en 1964 basada en los testimonios y las fotografías de esta publicación. La obra Piel al sol de esta serie es un ejemplo de esto. También lo son la Horrible mujer castigadora de Norman Mejía y Los cuerpos de Pedro Alcántara, quien se ocupó además del papel del victimario.

Violencia una de las obras más conocidas de Alejandro Obregón, ganadora del Premio Nacional de Pintura en el xiv Salón Nacional de 1963, es de gran importancia a la hora de ver esa mirada de los artistas acerca de la violencia.

Marta Traba, hace un análisis de esta obra en la que su mirada se limita al análisis formal, al manejo y a la resolución de problemáticas pictóricas por parte de su autor y su relación con la representación de este tema por otros artistas sobre todo anteriores: Que la mujer esté muerta “reposando”; que su vientre distorsionado tenga también mucho de paisaje, de colina tremenda; que el asesino no exista ni sea nadie visible; que su sangre caiga en tierra sin la menor espectacularidad, y que ese crimen sea amortajado por el gris denso de tierra y cielo como para amortiguar cualquier estridencia, todas son increíbles virtudes en el manejo de un tema que no habían sufrido más

que depredaciones en manos de los pintores “comprometidos” (paralelamente a lo que ocurrió con la llamada literatura de la violencia) (Traba, 1985, p. 141) En otro texto de la mencionada crítica de arte encontramos acerca de esta obra: El tema de la violencia, cuyo espantoso dramatismo amenaza con reducir al silencio a todo artista de verdad, ha sido convertido por Obregón en un funeral extraordinario de grises y negros que envuelve la figura inerte y sin brazos de una mujer grávida, muerta, tendida en el horizonte. […]

Obregón, que siempre tiende a ‘salvar’ sus cuadros de los abismos grises por medio de alguna nota fugaz y deslumbrante, no ha intentado aquí nada semejante. El cuadro es absolutamente gris, absolutamente sordo, absolutamente silencioso: por vez primera la tragedia tiene un intérprete a su inmensa medida. (Gómez Echeverri) Juan Gustavo Cobo Borda también nos dice de la obra: […] Era una pintura que sacudía las rutinas visuales y que iba a extenderse, magistral, en el dilatado luto de su Violencia, en la cual el rostro tasajeado, el volcán del pecho y el círculo del vientre se recortaban contra una desolación infinita. La madurez de Obregón quedaba patente en ese cuadro que transformaba la historia en pintura. (Gómez Echeverri) Durante la década del sesenta aparecen varios artistas que utilizan el tema de la violencia como medio, según Traba: «La década del sesenta es, la que imprime energía a la generación de la pos-violencia. Pero decir pos-violencia no es dar por enterrado el fenómeno de la violencia, sino, al contrario, exhumarlo para hacer la autopsia y diagnosticar las causas de la muerte» (Traba, 1985, p. 201) Este grupo de artistas que ella recoge son Feliza Bursztyn, Norman Mejía, Luis Caballero y Pedro Alcántara como un grupo de artistas antioficialistas, sin el mayor respeto por las instituciones. No es el tema de la violencia, dice ella, el que han escogido como su medio natural. Están subordinados a la atmósfera nacional opresiva y al clima en el que en este momento histórico les corresponde desarrollar sus obras. Más todavía si notamos que los flujos políticos y sociales de ese momento están determinados por los hechos acontecidos desde el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán años antes y de la masacre de 1948. Esta década ve el nacimiento de movimientos revolucionarios en una búsqueda de frenar las injusticias cometidas por el mismo Estado colombiano y por la inconformidad en el manejo de los asuntos políticos

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y económicos. Muchos artistas e intelectuales salieron del país pues el gobierno y el estatuto militar los consideraba peligrosos, entre ellos Bursztyn y el escritor Gabriel García Márquez (Malagón, 2008). «Es la época en la que se habla y escribe sobre la violencia con cierta perspectiva en el horrendo abismo de la violencia general; cuando la violencia se reflexiona y se alcanza a comprender entonces su verdadera intensidad» (Traba, 1985, p. 201).

A mediados de la década de 1980, nuevos hechos en el país provocaron un giro histórico. Belisario Betancur presidente desde 1982 propuso para frenar la violencia de las guerrillas un acuerdo de paz con el m19 que terminó fatalmente cuando el m19, en un intento de juicio público contra el proceso de paz, se tomó el Palacio de Justicia. El gobierno de Betancur respondió con un ataque militar que duró dos días y acabó con la vida de muchos jueces, guerrilleros, civiles, así con la desaparición de muchos otros. Punto crucial para dos artistas, Beatriz González y Doris Salcedo.

Esta es la época de un nuevo arte político, un arte que se graba con lo evocativo, lo sugerido e indicativo. La ausencia es más poderosa que la presencia para denunciar la realidad. La muerte no se concibe con el muerto, sino con lo que el muerto deja, una silla vacía, un par de zapatos, el relato de un familiar, un retrato pop y sobretodo el juego de la memoria de la víctima secundaria del suceso.

La obra de Beatriz González cambió con el incendio del Palacio. Dice ella que su obra antes de este suceso era tragicomedia, luego no podía ser otra cosa que tragedia. Para ella el artista es testigo de la historia, y el arte dice cosas que los historiadores no pueden decir. (González, 2013) Los suicidas del Sisga obra que gana el xvii Salón Nacional de 1965, determina en palabras de Marta Traba, un nuevo modo de ver el arte colombiano. (Fernández Uribe, 2007, p. 20) y una obra más reciente, el retrato de la líder de los desplazados que reclamaban tierras robadas en Córdoba, Yolanda Izquierdo quien fue asesinada.

Por otro lado, artistas como José Alejandro Restrepo y Jesús Abad Colorado nos muestran obras que hablan de esa historia violenta del país. Musa paradisíaca de Restrepo es una videoinstalación de 1996 que se origina en el hallazgo de un grabado del siglo xix que representa a una mujer bajo una mata de banano. Se empiezan a hacer relaciones entre los múltiples sentidos antropológicos, sociales, económicos y políticos del nombre científico del banano en los que se destaca los que hacen referencia a las etapas más violenta de la historia del país, la matanza de las bananeras de 1928 y las masacres en la región de Urabá. (Fernández Uribe, 2007, p. 65) Fernández también nos dice que la obra de Jesús Abad Colorado se caracteriza por la mirada frente a los dramas de las víctimas de la guerra que,

unida a una actitud de absoluto respeto le permite captar los momentos más plenos de sentido. De este último tenemos las fotografías de la serie Bojayá.

Producto de lo acontecido el 2 de mayo dentro de la iglesia del municipio de Bojayá, Chocó, a orillas del río Atrato, en la que murieron casi un centenar de personas. Las víctimas, todas civiles se protegían de los combates entre paramilitares de las auc y guerrilleros de las farc cuando una pieza bomba cayó en el altar ocasionando la tragedia. (Fernández Uribe, 2007, p. 101).

Decían los epicúreos «la muerte no significa nada para nosotros, cuando nosotros estamos, ella no está presente, cuando ella está, nosotros ya no». Y eso es claro en nuestro contexto, el que sufre el dolor de la muerte es el doliente de la víctima en sumo grado. En la pintura Piedad del artista Gregorio Cuartas, vemos en un aparente contexto religioso a María llorando la muerte de su hijo Jesús asesinado. Pero si miramos bien, no es Jesucristo asesinado, es un hijo cualquiera asesinado siendo llorado por una madre cualquiera, como muchas han llorado a sus hijos, los hijos muertos de la guerra, soldados o campesinos, no importa. Ese doliente más directo es la madre o la esposa, o el hijo o el padre. Víctima secundaria de dolor primario. ¿Quién es la víctima en realidad? Doris Salcedo anota que el aspecto de la violencia que más le impacta e interesa no es el de la muerte de la víctima inmediata, sino aquel por el cual el evento violento deforma la vida de otra persona, le impide seguir el camino que deseaba. La obra Camisas, de 1989, de esta artista, está compuesta por una serie de camisas blancas cuidadosamente planchadas y atravesadas por unas varillas de acero. (Fernández Uribe, 2007) La víctima de la muerte es la esposa del dueño de las camisas, que después de su muerte lavaba y planchaba ya enferma, día tras día, las camisas del muerto, producto de una masacre en Urabá. Además de Camisas se destacan de ella la obra Noviembre 6 y 7 y Atrabiliarios.

Acerca de su obra, Doris Salcedo nos puede decir: «Al inicio de cada obra siempre hay un testimonio, sobre eso construyo algo que no es tan preciso sobre esa víctima sino que lleva a una memoria que es un poco más amplia de ese tipo de eventos.» (Salcedo, 2013).

La muerte que a ella le interesa es la muerte causada por el poder, cómo quien tiene un grado superior del poder acaba con la vida de otra persona.

También nos dice Doris Salcedo: El arte es marcadamente ideológico, o bien critica los órganos de poder, o bien los defiende […] cada obra intenta de alguna manera esa marca específica que ese tipo de crimen (secuestro, tortura, asesinato, desplazamiento) deja sobre las víctimas, es como mostrar la textura de la violencia. No tanto narrar un acontecimiento, un evento, sino cómo quedan

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estas personas marcadas y tomar ese olvido que tiene la sociedad, ese espacio, ese vacío que generamos alrededor de las víctimas, y ahí, justo ahí, justo en ese espacio inscribir la imagen, inscribir la obra que estoy haciendo […] Lo que el arte puede hacer es crear esa relación afectiva, transmitir en alguna medida la experiencia de la víctima que se truncó en el momento del asesinato, de alguna medida se pudiera continuar en la experiencia del espectador.

Colombia es el país de la muerte no enterrada, el país de las fosas comunes y de los desaparecidos. A Doris le interesa que su obra marque la ausencia. Dice que la violencia crea imágenes, como las de los descuartizados, y que la función del arte es oponer unas imágenes a estas imágenes y en esta medida crear un balance a la barbarie que ocurre en este país. Cuando existe una imagen que humaniza estos actos inhumanos nos dignifica a todos como seres humanos. No es que narre o cuente los hechos. Para las víctimas es muy importante la foto o el nombre de los seres queridos, eso lo hace el monumento, y el monumento no está relacionado con el arte. El arte no es directo, ni narra. El arte por su lado se acerca al olvido, a la ausencia. (Salcedo, 2013)

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DE LA MEMORIA HEGEMÓNICA A LA MEMORIA POPULAR Arte para la transformación social Claribeth Oviedo Ramírez1 Mi concepto de arte en realidad es tal que […] abarca todo el ámbito político.

Su objetivo es que el ser humano determine las cosas del mundo, se determine a sí mismo…

(Joseph Beuys, 1973)

E

l presente artículo tiene como objetivo presentar una breve reflexión sobre el ejercicio de la memoria colectiva en relación con el papel que juegan las prácticas artísticas y culturales lideradas por las víctimas en el proceso de reconocimiento como sujetos políticos y de derechos. Así mismo, cómo estas prácticas se constituyen en un campo de confrontación y resistencia frente al poder hegemónico que busca dominar o subordinar las clases sociales, entrando en el perverso juego de clase dominante sobre clase subordinada, entendiendo por clase dominada campesinos, mujeres, trabajadores, estudiantes, en fin; es ver su influencia por varias vías, como el control de los medios de producción, las fuerzas militares, los medios masivos de comunicación, la manipulación espiritual y otros canales mediante los cuales influye para implantar una conciencia colectiva, que le permitirá su arraigamiento en el poder, es decir, su hegemonía.

En esta medida se pretende que el tema de la reconstrucción de la memoria colectiva y el arte sean asumidos no exclusivamente desde lo estético, sino a su vez desde lo político, es decir, que se entiendan que estos grupos se van configurando como procesos contestatarios que se oponen a los valores culturales de la hegemonía, al ir contra los valores socialmente aceptados por la mayoría y, a su vez, proponiendo nuevos y propios valores, es hacer un ejercicio de contracultura que cada vez dista más del establecimiento. En otras palabras, es resaltar el ejercicio que realizan las víctimas desde el arte para hacer denuncia, exigir justicia, autorepararse y mostrar la verdad; así como reconfigurar el tejido social que fue desquebrajado con un fin específico.

«Para el proletariado la conquista del poder no puede consistir simplemente en la conquista de los órganos de coerción (aparato burocrático-militar)

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1 Actualmente cursa la Maestría en Estudios Sociales en la Universidad Pedagógica, Posgrado de Derechos Humanos en la Universidad Nacional, y es trabajadora social del Colegio Mayor.

sino también y previamente en la conquista de las masas (el pueblo)» (Notas sobre Maquiavelo p, 162).

La intención es que a través del arte las víctimas no solo contemplen la reestructuración del Estado imperante, sino que se construyan bases sólidas para el ejercicio de un poder popular a partir de un proceso previo de concienciación en todas sus dimensiones.

El olvido social, una práctica legitimadora de la hegemonía del Estado Las guerras son los acontecimientos más traumáticos en la historia de las sociedades, ya que ellas siempre dejan tras de sí un saldo de destrucción de todo el entorno vital de los seres humanos, de la riqueza acumulada por generaciones enteras mediante su trabajo, su esfuerzo físico e intelectual, del patrimonio cultural, de la riqueza natural y geográfica y sobre todo de las vidas humanas que se pierden, las cuales son cada una de ellas, pequeños universos de experiencia y potencialidad creadora (Citado por Oviedo, 2011, Cepeda y Girón, 1998) Históricamente, la humanidad ha vivido situaciones de guerra, conflicto o violencia de tipo interno y externo que han dejado un alto número de víctimas y devastadoras pérdidas en varios sectores de la sociedad.

La violación a los derechos humanos ha destruido la integridad física, emocional y cultural de los sujetos donde la guerra «ha desquebrajado el tejido social y ha sembrado desconfianza entre ellos y ellas, las ha condenado al aislamiento, el anonimato y a la soledad» (Villa, 2009).

En este contexto, algunos países han diseñado mecanismos para resarcir dichos daños, por ejemplo, las comisiones de la verdad que se llevaron a cabo en varios países como experiencia de reconstrucción de memoria histórica y colectiva; esto con el fin de recoger testimonios que reflejaran los «[…] momentos históricos a través de los cuales diferentes pueblos han puesto fin a la violencia», llegando a acuerdos, amnistías y creando estrategias que permitieran el beneficio para los involucrados en el conflicto y para salvaguardar a la sociedad civil de este.

La sociedad colombiana también ha creado estrategias y metodologías principalmente desde las narrativas, la recopilación de documentos o archivos que permiten una reconstrucción detallada de los sucesos de violencia encaminados al derecho a la verdad de las víctimas; no obstante, se encuentran muy pocas experiencias documentadas desde el arte como un mecanismo de memoria y reparación de las víctimas (Suárez,

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2012). Villa asegura que al ingresar al escenario político oficial las memorias o las iniciativas de memoria entran en disputas con los relatos oficiales de poder, creando tensiones y contiendas políticas.

Bajo esta lógica, mientras las víctimas diariamente están en la lucha por hacer memoria y encontrar la verdad, el Estado mueve su aparataje en función del olvido social, un elemento que ha imposibilitado la construcción de memoria colectiva duradera: el olvido social entendido, no como un recurso para curar las heridas del pasado, sino como un «[…] mecanismo de instituciones, grupos armados y personas para producir la impunidad, porque permite ocultar, justificar o negar los crímenes del pasado, conservando las causas históricas de la violencia y la injusticia» (Bello, 2006 p 12). Para afianzar la idea anterior: El olvido social es un fenómeno en el país, impuesto y estructural que legitima la dinámica de victimización de los sistemas inhumanos que hoy nos rigen, que juega con dos elementos primordiales: por un lado con el olvido como mecanismo para eliminar toda huella de verdad y, por otro lado, con la manipulación en la elaboración de la historia para generar en los débiles y en las personas del común una enajenación en donde se vive una aparente “paz y perfección” (Citado por Gamboa, 2011, p 112).

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Es así, como durante las confesiones en el marco de la Ley de Justicia y Paz de los cuatro mil desmovilizados de las auc « […] hablan de 30.000 homicidios, 1000 masacres y 2500 desapariciones» (Desde Abajo, 2010), para obtener los beneficios de esta ley, sin dar por menores de la ubicación de sus víctimas, los móviles que generaron el crimen y haciendo una burla tanto a la justicia como a las víctimas. Frente a esto, «diversos organismos tanto oficiales como no gubernamentales han logrado constatar que no existe a la fecha un desmonte efectivo del paramilitarismo en Colombia, y que por el contrario el proceso de la Ley de “Justicia y Paz”», ha sido un marco normativo y jurídico que ampara estatalmente los actos atroces por causa de dichos grupos.

Lo anterior devela un horizonte de impunidad que dificulta las relaciones entre el Estado y las comunidades de víctimas, pues a pesar de existir una ley creada por el gobierno no hay un verdadero reconocimiento político de los crímenes cometidos por el Estado en connivencia con el paramilitarismo, tan es así que a la fecha encontramos al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo prófugo de la justicia y solo el 11,1 % de los paramilitares están pagando penas de máximo 8 años, lo que termina siendo irrisorio frente a los crímenes cometidos, ya que en muchos casos fueron crímenes de lesa humanidad.

Para concluir la idea del olvido social como una práctica legitimadora de las políticas exacerbadas de exterminio y horror del Estado, es necesario

entender que el gobierno pone de función de él, y de su clase social, todo el andamiaje que le permita conservar el poder y para ello necesita borrar toda huella de verdad, esto lo lleva cabo a través de su aparataje de dominación, que en algunos casos genera nuevas prácticas culturales, como ha venido sucediendo desde los años 90 con la apertura económica, que da paso a una serie de sectas religiosas de tipo evangélicas y cristinas, así mismo, sucede con los programas televisivos por citar algunos ejemplos, esto no permite que la sociedad sea consciente del rol que debe desempeñar en el contexto actual, sino que se encuentre adoctrinada y enajenada frente a su realidad social.

La memoria como constructora de un nuevo proyecto de sociedad La memoria colectiva surge bajo la necesidad de analizar y evidenciar la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de reconstruir las secuelas y traumas de la guerra, en donde la utilización de la memoria colectiva durante la posguerra sirvió como instrumento terapéutico, de sanación y de toma del poder político y en la construcción de un nuevo proyecto de sociedad (Jelin, 2002).

Uno de sus precursores fue el sociólogo francés Hallbwachs (1877-1945), quien plantea como tesis principal los marcos sociales de la memoria y los elementos que la componen: el espacio, el tiempo y el lenguaje, relativos a los diferentes grupos sociales, que juntos crean un sistema global que permite la re-memorización individual y colectiva, de los sucesos vividos. Es decir, la memoria se debe mirar en el marco de un contexto y tiempo específico, debido a que en el caso colombiano no es igual hablar de las víctimas de la comuna trece que de las de la masacre de Bojayá, partiendo del hecho de que las causas que ocasionaron las dos masacres fueron diferentes en la forma en cómo se han reparado y en la forma en la que se ha contado su historia también.

Para Hallbwachs, lo que habitualmente se denomina memoria tiene un carácter meramente social, ya que: Todo recuerdo, por personal que sea, incluso aquellos de los acontecimientos de los cuales hemos sido los únicos testigos, incluso aquellos de pensamientos o sentimientos no expresados, existen en relación a todo un conjunto de nociones que nos poseen, a personas, grupos, lugares, fechas, palabras, y a formas de lenguaje, a razonamientos e ideas; es decir, a toda vida material y moral de las sociedades de las que formamos o hemos formado parte (Urmeneta, 2007).

Es la memoria, entendida como construcción intersubjetiva y como sistema de memorias individuales interconectadas, la que posibilita a los grupos tomar conciencia de su identidad, por medio de representaciones sociales que se

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configuran a través del tiempo. Así, las representaciones sociales son el núcleo de la memoria y esta el fundamento de la identidad. Según Maurice Halbwachs, «Lo más sustancial de una representación social, es decir su aspecto definitorio, es además del contenido de lo que se recuerda, su carácter colectivo y compartido que se manifiesta en su función comunicativa, la definición de identidades grupales y su dimensión normativa» (citado por Vásquez 2001, 42-55).

En consecuencia, la memoria se configura para la sociedad en una herramienta que aporta a la construcción de un nuevo proyecto sociedad donde principios como la justicia social, la solidaridad y la paz duradera deben ser imperantes y se debe comprender las distintas implicaciones que esto tiene para una sociedad como la colombiana que al contrario de los proceso de justicia transicional que se han desarrollado en Latinoamérica y otras latitudes del mundo, nuestros «hechos de violencia van uno seguido del otro sin alcanzar la metabolización o elaboración del precedente» afirma Iván Cepeda; en el país se reconstruye la memoria del pasado y el presente de manera simultánea en el marco del conflicto actual, pues sería un equívoco hablar de un posconflicto, puesto que la única misión que le corresponde a la sociedad colombiana no es recoger los testimonios acerca de las violaciones ocurridas en el pasado y buscar la verdad y justicia; sino que al mismo tiempo debe construir las propuestas para solucionar los diferentes conflictos que atravesamos (social, político, económico, cultural, entre otros) pues no estamos abocados frente a uno solo que es el conflicto armado como se deja en el imaginario social por el aparato Estatal.

Arte y memoria colectiva como herramienta del poder popular

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En este mismo sentido, el arte visto en sus más diversas expresiones es una actividad eminentemente social que hace parte de la vida cotidiana del hombre. La actividad artística, múltiple e integradora, cumple distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás el más importante sea lograr la comunión producir armonía en la personalidad, dar placer, reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales. (Diana Ríos, Citado por Suárez, 2012, p. 17) La razón de reconstruir la historia de lo acontecido a través de diferentes expresiones artísticas es permitir que distintas voces describan y expliquen lo sucedido, de esta forma se constituye como un recurso valioso, donde las nociones de espacio y tiempo juegan un papel determinante en la comprensión de los hechos, puesto que muchas masacres fueron perpetradas con el fin

de acabar con comunidades enteras y generar desarraigo cultural, para cumplir con los fines que ese territorio tenía proyectado por una élite política décadas atrás, pues algunas de esas masacres según las versiones libres de los paramilitares estaban pensadas con veinte años de antelación.

Por ello, recurrir a las fuentes primarias de la memoria como lo son las personas, grupos y comunidades, quienes reconstruyen los hechos a través de sus vivencias utilizando diversos lenguajes es muy valioso. En este sentido, se quiere indagar acerca de las prácticas artísticas lideradas por las víctimas como estrategia de recuperación memoria y generar, así mismo, un proceso de reparación colectiva en nuestro país. Esto es todo un reto que surge del reconocimiento las experiencias que por décadas han desarrollado varias comunidades de víctimas, principalmente por los grupos indígenas o afrodescendientes, con el fin de plasmar los hechos violentos ocurridos.

Alejandro Gamboa argumenta desde su experiencia que el arte es político, en el sentido de que hay una pretensión de cambio, de lucha social, de transformación de una realidad, caracterizada por ciertos actores, y en este caso nos referimos a las víctimas que ha emprendido sus reivindicaciones, promoviendo un dialogo horizontal y lógicas no excluyentes. Es decir, el arte es una posibilidad de intervenir la realidad social y aportar a la construcción de una cultura de paz.

Así, expresiones artísticas como la danza, la literatura, la música, la pintura, la fotografía, en fin, se configuran en representaciones individuales y colectivas que reflejan los principales aspectos identitarios y, como dice Mouffe, es un medio ciudadano donde los individuos transforman en colectividad. Por ejemplo, algunas a través de la danza en sus coreografías representan los escenarios de injusticia y violencia como lo fue la esclavitud, o la fotografía y la pintura les han servido para plasmar los recuerdos de un pasado y se han configurado como un catalizador para preservar la memoria y generar apropiación simbólica; estas y otras tantas prácticas artísticas y culturales han permitido reconstruir su tejido social y generar un proceso de arraigamiento cultural (Citado por Rodríguez, 2008 p. 12) Por lo anterior, el arte es una categoría primordial dentro de la constitución del ser humano, ya que permite recrear el pasado, permitiendo evaluar lo vivido, brinda a las víctimas un espacio para la reparación «arte-terapia» para que traten de subsanar el dolor que les dejó la violencia. El arte es, en este sentido, una acción política y terapéutica orientada a la creación capaz de dar color a lo oscuro y a lo triste.

Las prácticas artísticas con un sentido político ayudan a fortalecer procesos de buena gobernabilidad, a reconfigurar el Estado, en otras palabras, a

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ejercer una democracia directa, a reconstruir el país, también contribuyen a la construcción de poder civil o poder popular que debe ser encaminado a la construcción de la paz; en este sentido, se aporta al cambio social porque poco a poco se le va quitando a la guerra espacio, se va construyendo una cultura diferente en cosas tan sencillas como resolver los conflictos en la cotidianidad, la creatividad enfocada en lo cultural tiene el potencial de abrir nuevas opciones de vida.

No obstante, no se trata de caer en ejercicios panfletarios, sino de poner en juego la creatividad como lo ha hecho un grupo de mujeres en Carmen de Bolívar: a través del arte, desde una noción amplia, han podido nombrar lo innombrable en sus programas radiales de arraigo cultural, pues a través de explicar las recetas, han ido sacando textos escondidos como una forma de resistencia orgánica de la población civil en regiones donde grupos armados han impuesto un régimen de terror; «la particularidad de Montes de María es que gracias al espacio comunicativo los textos escondidos de la población civil logran llegar a la arena pública». (Rodríguez, 2008, p. 30) Ramírez dice que en un ambiente de conflicto armado la gente se vuelve invisible, pues su humanidad se reduce a su posición frente a la guerra. La gente pierde su nombre y su individualidad para convertirse en un amigo de alguno de los bandos presentes en el territorio o en un desplazado, víctima, en fin. Entonces, el cambio social se da cuando cada participante puede explorar nuevas maneras de ser, cuando se vuelven seres multidimensionales, complejos y únicos que poco a poco van transitando a sujetos políticos, que recuperan su nombre y su identidad.

Hugo Zemelman plantea al respecto que «[…] los sujetos deben ser vistos en su proceso de constitución, como condensadores de historicidad», los sujetos históricos pueden ser vehículos de transformación, en medio de su experiencia por lo general negativa, la conformación de estos sujetos políticos (sociales e históricos) está estrechamente vinculada con la construcción de subjetividades que identifiquen activamente su situación dependiente y signifiquen el daño en términos políticos.

El arte es una herramienta que permite recuperar la identidad cultural, hacer frente a este sistema desigual, construir relaciones sociales fraternas, vivir su individualidad y colectividad al mismo tiempo, pues el arte no es algo aislado de la historia, por el contrario, le permite al artista encontrarse consigo mismo, bien sea desde la noción de pasado o de presente, le permite hacer catarsis frente a su propio dolor y plantearse que se proyecta en su futuro.

Finalizaremos este artículo bajo la premisa de que es importante seguir fortaleciendo los procesos liderados desde las organizaciones, las víctimas, los

colectivos y que estos, a su vez, continúen rechazando, rebasando, se marginen y continúen ejerciendo presión a la cultura institucional que quiere acallar las expresiones de rebeldía desde cualquier vía. Es necesario que seamos conscientes del papel que juega el arte en la transformación de la sociedad, pues este tiene la capacidad de llegar a tantas personas como lo imaginemos, es la posibilidad que tenemos de comunicarnos desde diferentes lenguajes, y desde ahí podemos construir un horizonte que es la construcción de esa nueva Colombia.

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DESDE ADENTRO: UNA MIRADA DEL PRISIONERO POLÍTICO Jeisson Edwin Murillo Pachón1

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esde el discurso oficial, promulgado por los grandes medios de comunicación y convertido en verdad incuestionable de tanto repetirlo, se viene afirmando que los mayores y fundamentales victimarios hemos sido las fuerzas insurgentes que, en nuestro afán de lucro y poder, no respetamos las más mínimas reglas de la confrontación, generando así un desangre generalizado, ocultando adrede los orígenes y desarrollos de la guerra que revelan al Estado y sus gobernantes como los verdaderos y fundamentales victimarios.

En mi caso, y estoy seguro de que en la gran mayoría de los casos de los demás combatientes, el ingreso a la lucha armada tiene sus orígenes en la exclusión política, la injusticia económica y la inequidad social que se ha convertido en norma de vida en este país.

En los años de juventud, cuando estudiaba en un colegio de Bogotá como el hijo de una empleada bancaria de clase media, comencé a tener inclinaciones por la acción política en favor de los más desfavorecidos, por esto nos fuimos reuniendo con varios amigos que experimentaban los mismos intereses, esto nos llevó a la militancia en organizaciones que luchaban por la reivindicación de las comunidades. Pero a mediados de los años 80 tener esas perspectivas era cargar la lápida en la espalda; la clase oligarca y poderosa había decidido poner un dique de contención al movimiento popular que se convertía en una opción de poder real. No solo fue la up, la masacre fue generalizada y golpeó a todas las tendencias populares y de izquierda: gobernaciones, alcaldías y concejos municipales que se consolidaron como fortines de los luchadores sociales fueron arrasados tras la andanada de balas asesinas, las comunidades desarticuladas, castigadas y sometidas a través de masacres y asesinatos selectivos.

En estos años fueron muchísimos los entierros a que asistimos, Jaime Pardo Leal, José Antequera, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda Vargas y miles de hombres y mujeres anónimos que caían por doquier, en un mar de sangre que buscaba aterrar obnubilar la razón convirtiéndonos en autómatas del miedo, no se sabía dónde nos esperaba la muerte o quién sería el próximo.

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1 Prisionero político condenado por rebelión

Esta dinámica tétrica de la convivencia permanente con la muerte y la desgracia fue generando una división de la militancia, a unos el terror los llevaría a renunciar a todo compromiso apartándose del sueño transformador, otros mantenían una postura de aguantar y dar la lucha desde los espacios legales asumiendo el costo que implicaba esta decisión, y otro sector, los que decidimos vincularnos a la lucha armada, convencidos de la justicia de nuestros planteamientos, si debíamos morir por nuestros ideales lo haríamos combatiendo un sistema injusto que no nos dejó otra opción.

Víctima entonces fue toda una generación de personas que debimos asumir la lucha armada como medio para transformar lo que por la vía legal de la política nos fue negado. Hombres y mujeres con formación académica, con familias, amigos y un futuro prometedor como líderes sociales debimos clandestinizarnos, ingresar a unas estructuras armadas y desde allí retomar el trabajo revolucionario de crear conciencia y organización.

Ya en el ejercicio práctico de la guerra, sería absurdo no reconocer un sin fin de errores y horrores que fuimos cometiendo a medida de que la confrontación se fue alargando. Los años fueron pasando, nos fuimos instrumentalizando, el objetivo máximo de la toma del poder y la manutención práctica de las unidades justificaba casi cualquier cosa, además, el fortalecimiento de las estructuras paramilitares por parte del ejercito como una política del Estado colombiano generó la degradación de los métodos de la guerra y aunque se dio una lucha interna por evitar que esto nos pudiera afectar fue imposible lograrlo, pues en las áreas eran las familias de los guerrilleros y milicianos los que estaban pagando con sus vidas las decisiones de sus familiares, así, el nivel de la confrontación tomo carácter de venganza en ciertas zonas además de ribetes indeseables y dantescos.

Negar que fuimos victimarios por acción u omisión sería un despropósito, nada más alejado de nuestro principios y valores que estas actitudes de no reconocer a todos aquellos que fueron afectados por nuestro accionar sin ser enemigos, esto no quiere decir, como lo argumentan los parlantes del poder, que somos los mayores victimarios ni mucho menos los originadores de tan horrendo conflicto.

Ahora, después de llevar más de 11 años en poder del Estado como prisionero de guerra, el carácter de víctima volvió a mí desde el primer minuto de la detención. Los golpes y torturas fueron la constante desde los primeros momentos para intentar que delatara y entregara a mis compañeros; luego, tras el fracaso de estos métodos, vinieron las amenazas a mi familia e hijos, después, la venganza del sistema judicial con condenas altísimas que terminan siendo una condena perpetua, ya que para los prisioneros de guerra que se mantengan

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firmes en sus convicciones no existen beneficios administrativos ni ninguna alternativa jurídica, actitud que contrasta con el tratamiento de parapolíticos y amigos del establecimiento a los que les dan permiso para salir a médicos, matrimonios y fiestas personales.

La cárcel en este entramado de venganza social y justicia amañada, muy por el contrario de lo que dicen sus códigos y normas sobre el interés resocializador de la pena, es utilizada como centro de «domesticamiento», a través del terror que puede generar la vida en estos centros de corrupción y bandidaje, donde para vivir medianamente toca comprar todo, ya que no existen los más mínimos servicios fundamentales, prueba de ello son los más de 500 muertos en 4 años, casi todos por inasistencia médica. Aquí el hacinamiento y la violencia son la norma, el contubernio entre guardias y «caciques» para poder robar a los nuevos o para entrar la droga es evidente y si alguien se opone a estas prácticas lo trasladan para otras cárceles lejanas o lo apalean entre guardias y «plumas». ¿Víctimas?, Claro somos víctimas, no solo los presos políticos y de guerra, sino casi todos los 120 mil prisioneros que existimos hoy en Colombia, como no serlo en un sistema que tiene más del 200 % de hacinamiento, con un régimen de salud ineficiente y caduco que está dejando podrir a los enfermos hasta llevarlos a la muerte, o con una alimentación de malísima calidad y proporción, pero que en los contratos del inpec suman exorbitantes sumas de dinero que se roban entre contratistas y funcionarios corruptos.

Hablar de víctimas en Colombia y no tocar la crisis carcelaria es hacer invisible uno de los dramas más complejos y degradantes que vive el país, además, como no reconocer al inpec como victimario si más de 15.000 fallos de tutela demuestran que al interior de las prisiones la ley colombiana no tiene efecto.

Y volvemos al círculo vicioso, tanto en las cárceles como en la sociedad en su conjunto, el gran victimario es el Estado y su clase dirigente que ha sobrepuesto sus intereses de clase por encima de los intereses de las grandes mayorías, prueba de ello son los tratados de libre comercio que día a día van empobreciendo a los campesinos y pequeños productores y estas medidas no son más que la justificación de la violencia del futuro.

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LAS VICTIMAS DE LA PRISIÓN Francisco Toloza1

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in duda alguna, todos aquellos que logramos salir vivos y cuerdos de esa máquina de destrucción que es el sistema penitenciario lo hacemos con el inmenso compromiso de luchar día a día por buscar la libertad de los miles de hombres y mujeres reducidos en su humanidad por la insania del régimen jurídico colombiano vigente. Adeudaba empezar a rubricar este deber para con mis compañeros retenidos por el Estado, así como saludar la ingente solidaridad nacional e internacional recibida para con mi caso, que tomo ante todo como un grito acompañante de los espíritus libres para con los prisioneros políticos colombianos, de apoyo a la Marcha Patriótica como opción política por la transformación, y como clamor por la auténtica democratización de nuestro país, que incluye necesariamente el replanteamiento de fondo de todo el sistema judicial y carcelario.

Sin pretender hacer jactancia, sería inenarrable saludar particularmente a todas las organizaciones, partidos, colectivos o personalidades democráticas de Colombia y el mundo que se han pronunciado contra mi judicialización — que hoy persiste pese a mi libertad—, pero para cada uno de ellos está el más inmenso agradecimiento a nombre no solo personal, sino del pueblo colombiano que se mantiene luchando con vocación de poder, del conjunto de la población carcelaria sometida a la ignominia irracional y cotidiana de las prisiones, y especialmente de todos los prisioneros políticos del país, cuya liberación seguirá siendo una condición necesaria para la verdadera paz estable, duradera y democrática en Colombia.

Entrego para la discusión y el debate público un primer texto sobre la situación general de las prisiones colombianas, su crisis profunda y la necesidad de la transformación estructural, donde la demoledora frase de Engels toma pleno sentido en la medida que nos adentramos en esta realidad de la que no debiese quedar piedra sobre piedra. Vendrán a posteriori otras notas sobre la problemática particular de la criminalización y los prisioneros políticos, justo cuando hoy el país discute la posibilidad de la finalización del conflicto.

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1 Politólogo y ex profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Ex prisionero político, dos veces exiliado, desterrado por el régimen. Recientemente fue hecho prisionero político, según el Estado él aunque no había portado un arma era mucho más peligroso porque portaba ideas

Aguda crisis del sistema penal y penitenciario colombiano Doscientos años de lastre santanderista desembocan en la aguda crisis del sistema judicial y carcelario nacional, reconocida como tal desde los más diversos ángulos. Por razones políticas y económicas, el Estado colombiano ha venido desarrollando un auténtico «populismo punitivo, —como la califica el mismísimo Viceministro de Justicia Miguel Samper— donde de forma falaz se pretende presentar la criminalización y encarcelamiento como salida mágica a los problemas sociales y de seguridad que sufre la ciudadanía. En los últimos 14 años, se han tramitado 37 reformas al Código Penal para incrementar las penas o para crear nuevas figuras delictivas, y ninguna en cambio para rebajar condenas o despenalizar conductas. Esta plétora de enmiendas no ha significado una merma en la criminalidad ni una mayor seguridad para el ciudadano del común, como lo reconocen las mismas autoridades estatales.

La reciente reforma al Código Penitenciario, Ley 1709 de 2014, si bien apunta al descongestionamiento carcelario, se convierte en un paliativo bastante ínfimo ante la crisis estructural del uso no racionalizado de la prisión por parte del estado colombiano, y aun así no ha logrado hoy producir los efectos esperados. Esta política criminal liberticida, además de la ampliación sistemática de las delitos y las penas, tiene como particular característica el apresamiento incluso de personas que se encuentran en etapa de procesamiento judicial pero sin haberse juzgado su responsabilidad en ningún delito, haciendo que hoy el 30,8 % de los reclusos que atiborran las cárceles sean sindicados, más de 36.000 personas que pudiendo defenderse en libertad entran a ahondar el crítico hacinamiento de los centros penitenciarios colombianos bajo la cuestionable figura de prisión preventiva, en medio de la categorización con suma ligereza de «peligro para la sociedad» que hacen los fiscales, quienes pareciesen funcionar en una cadena fordista de producción de medidas de aseguramiento.

La obsesión por la cárcel de los legisladores y la rama judicial colombiana es tal que ni siquiera condiciones excepcionales, que deberían paliar este drama, logran mitigarlo: los enfermos graves viven una versión penitenciaria del «paseo de la muerte» antes que obtener su excarcelación, mientras que hoy 155 niños menores de 3 años están prisioneros con sus progenitoras, 100 mujeres más gestan sus hijos tras las rejas y un número incontable de menores han sido arrancados de sus madres, ante la inexistencia de una reglamentación más humana en estos tópicos.

Sobrepoblación y hacinamiento es el panorama: 117.000 presos intramuros en 75.000 cupos, con hacinamiento nacional de 55,6 % (más de 40.000 reclusos de sobrecupo), pero que en algunas penitenciarías puede llegar al 400 %.

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Esta gigantesca cifra, sumada a los más de 30 mil presos extramuros en detención domiciliaria, convierte a nuestro país en un Estado carcelero y punitivo como ninguno en América Latina. Por la cantidad de gente apresada, Colombia ocupa el tercer puesto en la región, —después de Brasil y México—, y el 13 en el mundo; mientras que en términos de sobrepoblación, estamos en el octavo lugar global. De lejos, somos el país con mayor número de prisioneros por habitante en América Latina y solo baste recordar que esta crisis sostenida fue declarada hace ya 16 años, cuando la mismísima Corte Constitucional, en sentencia t-153/98, decretó la existencia en las cárceles colombianas de un «estado de cosas inconstitucional», por el hacinamiento que en aquel momento estaba en el 41 %.

La sobrepoblación solo trae más penurias a los retenidos. El 45 % de los reclusos no puede acceder a ninguna actividad de descuento u ocupación. Los internos subsisten en menos de los 3,4 metros cuadrados definidos como mínimos por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las condiciones de salubridad son insostenibles, máxime en centros penitenciarios como el de La Tramacúa en Valledupar donde el suministro de agua es insuficiente y se usa como mecanismo de control a los presos, y las enfermedades epidémicas son pan de cada día en los patios de las distintas cárceles, mientras la atención de salud, concesionada a la eps Caprecom, célebre por su negligencia y corrupción, sigue cobrando la vida directa e indirecta de los presos que no reciben una atención adecuada y oportuna. Por no hablar de la palmaria negación al derecho de intimidad en los pabellones hacinados, donde se suprimen de facto las visitas conyugales y cualquier tipo de visita es sometida a tratos degradantes. La misma Corte Constitucional tuteló este derecho de los detenidos en sentencia T-815/13 a propósito de la existencia de solo 20 compartimentos «habilitados» para la visita conyugal de los casi 5000 presos del eron Picota en Bogotá, pero al igual que las múltiples tutelas sobre salud, traslados o libertad han sido desconocidas flagrantemente por las instituciones carcelarias.

Ante estas cifras de seguro, los defensores de este irracional modelo punitivo exigirán la construcción de más cárceles —cuando ya hoy se levantan 9 edificaciones nuevas— y pedirán más recursos para el inpec, que representa hoy un desangre presupuestal que bordea el billón de pesos. Pero el problema es más complejo e insostenible para el Estado colombiano: en un país con solo 30 universidades públicas hay 138 cárceles, de las cuales 129 registran sobrecupo.

Desde el punto de vista económico, datos del Ministerio de Justicia muestran que sostener un cupo carcelario le cuesta al país cerca de 14 millones de pesos al año, (7 mil dólares aproximadamente) igual a lo que se invierte en 3,5 cupos universitarios en el mismo período.

El crecimiento de la población carcelaria es exponencial: mientras en el año 2000 había cerca de 50.000 reclusos hoy, cuando se está cerca de 120.000, ha habido un aumento del 140 % de la población carcelaria. Las 11 nuevas cárceles construidas en este mismo período han logrado casi duplicar los cupos de reclusión de 38.000 a 76.000 pero el hacinamiento subió de 16 % en 2001 a más del 50 % y el déficit de cupos de algo menos de 7000 a más de 40 mil. Detrás del populismo punitivo están no solo los intereses demagógicos de legisladores ociosos ignorantes de la problemática penal y criminológica, ni el sesgo conservador propio de los promotores de las soluciones de facto a los dramas sociales, sino la puesta en marcha en Colombia de un auténtico complejo industrial penitenciario, como bien lo define la luchadora norteamericana Angela Davis, un lucrativo negocio del castigo: macabra empresa del capitalismo en crisis, que crea una amplia masa «encarcelable» partiendo de la sistemática exclusión social, para luego incorporarlos al mercado a través del aprisionamiento masivo que representa ingentes consumos y gigantescas ganancias de los consorcios penitenciarios.

En el año 2000, en el marco del Plan Colombia, el Ministerio de Justicia firmó el Programa para la Mejora del Sistema Penitenciario Colombiano, con la embajada de ee.uu. en Bogotá, gracias al cual, usaid y la Oficina Federal de Prisiones de los ee.uu, financiaron y asesoraron un proyecto para la construcción y rediseño de hasta 16 prisiones de seguridad media o máxima. La implantación de este nuevo régimen carcelario que pomposamente el inpec llama «nueva cultura penitenciaria», no es nada distinto al calco y copia del fallido, nefasto y nefando sistema de prisiones norteamericano, que tiene tras las rejas a 1 de cada 30 de sus ciudadanos: encarcelamiento masivo, esquemas de aislamiento social, recias restricciones y controles para los presos, privatización progresiva de los distintos «servicios carcelarios» y tratamiento de guerra a los detenidos, a través de la militarización de los centros de reclusión, mediante transformaciones en la guardia y órganos de custodia del penal.

Más allá del derroche de concreto de las megacárceles, están los meganegocios bien concretos de los contratistas privados que surten como proveedores de estas instituciones. Con la masificación de la prisión, crecen las contrataciones y se consolida un auténtico renglón económico que se lucra de la privación de la libertad de los seres humanos, negocio que se acentúa con la proliferación de las alianzas público-privadas también a nivel de centros penitenciarios. Se ceban con las prisiones colombianas grandes empresas ligadas al complejo militar industrial, bien sea de origen colombiano (empresas familiares de exmilitares fundamentalmente) o auténticas transnacionales del sector que blindan sus acciones en bolsa con la tendencia creciente de nuestros compatriotas privados de libertad.

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Claro está, como es propio de Macondo, el plagio sale peor que el original.

Se copia el esquema restrictivo, se calca la mercantilización de las prisiones y se imita hasta la arquitectura de las cárceles, pero se ignoran presupuestos básicos de este mismo régimen penitenciario como el mínimo vital o la utilización plena del tiempo del detenido. Coloquialmente se dice en los patios de las cárceles colombianas: «Es un modelo gringo pero bajo la administración del inpec», institución desconocedora hasta de sus propias normas, de ineficiencia contumaz y carcomida por una corrupción que raya en lo gansteril.

Dentro de esta institución actúa una auténtica Cosa Nostra que se convierte en el hostigamiento cotidiano para los detenidos, abogados y visitas que no entren a estimular su dinámica mafiosa, pero que al mismo tiempo se eleva a los más altos niveles. Solo a manera de ejemplo, bajo el gobierno Uribe, la construcción de las 11 nuevas cárceles y la adecuación de 19 más tuvo un sobrecosto de más de 1 billón de pesos, es decir, 27 veces lo presupuestado inicialmente, según la Contraloría General de la Nación. O como olvidar que la directora de la indigna Cárcel de Valledupar, Emilda Vásquez Oñate, está detenida por intento de homicidio contra el jefe de vigilancia del mismo penal, en medio de una vendeta entre mafias y funcionarios.

Este maremágnum de ignominias, —que se pretende coronar importando prisioneros de la base norteamericana de Guantánamo—, es el que el establecimiento ofrece como «opción de paz» para sus interlocutores en la Mesa de La Habana, en su insistencia obsesa pero equivocada en identificar las mazmorras como conjuro infalible a todos los problemas nacionales, cuando por medio de sus tribunos editoriales exige cárcel para los insurgentes con quien dialoga, contrariando todas las experiencias de acuerdos internacionales al respecto.

Por un movimiento nacional carcelario

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Los presos colombianos no hemos perdido nuestra ciudadanía ni ninguno otro de nuestros derechos. Somos sujetos sociales y políticos, parte del pueblo soberano y del poder constituyente en ciernes. Por ello, la degradante situación sufrida por la población carcelaria, obliga a la participación directa de esta en la búsqueda de soluciones. Los reclusos, los procesados, nuestras familias, nuestros defensores, las organizaciones solidarias y los mismos trabajadores del INPEC debemos ser parte de esta necesaria transformación del régimen penal y penitenciario nacional, junto a otras voces autorizadas como las facultades de Derecho de las universidades del país y los centros de pensamiento alrededor de estos tópicos a nivel nacional e internacional, incluyendo la interesante vertiente abolicionista que se abre paso a nivel global.

De fondo dos aspectos insoslayables para repensarse la prisión: la causa y el fin de esta. La causalidad estructural de la creciente criminalidad no puede ser leída como malignidad congénita, sino como producto de la grave crisis social y política, que requiere grandes cambios en todos los ámbitos, lejos de la fórmula unidimensional de la cárcel como salida a todas nuestras problemáticas. La población carcelaria somos fundamentalmente un sector del pueblo colombiano más víctimas que victimarios: antes que la formalidad legal nos declarase «peligro para la sociedad», la sociedad previamente había sido un peligro real y efectivo para nosotros.

En segundo momento, nadie puede perder de vista que las penitenciarías no pueden ser vistas como depósitos sempiternos de hombres y mujeres disonantes con las normatividades sociales impuestas, sino que deben formar parte de un sistema integral de resocialización. Hoy nadie piensa que las cárceles colombianas sean un instrumento certero para corregir el crimen sino por el contrario un caldo de cultivo infinito para el crecimiento delictivo. Prima la noción judeo-cristiana del castigo antes que la racionalidad de la proyección de hombres y mujeres nuevas que han perdido momentáneamente su libertad pero no deben por ello perder su dignidad y demás derechos. En este orden de ideas se mantienen incólumes esquemas disciplinarios caducos e irracionales en cuanto a la comunicación, la socialización, la cultura, los horarios y demás, verdaderos reglamentos de panópticos decimonónicos en medio de la fragilidad absoluta de planes laborales y educativos, desbordados por la incontrolada sobrepoblación, riñendo plenamente con la auténtica posibilidad de reinserción social.

Estas realidades y marco de análisis nos unen por igual a presos sociales y políticos colombianos cuyas reivindicaciones básicas deben empezar a tener curso y eco más allá de los barrotes, como lo propone el Movimiento Nacional Carcelario: solución estructural al problema de hacinamiento mediante reformas de fondo al Código Penal; adecuación de infraestructura acorde a la actual población carcelaria; alimentación de calidad, balanceada y respetuosa de las distintas dietas especiales; régimen especial de salud y eficiente prestación del servicio médico; garantías de comunicación; no a los traslados de alejamiento familiar de los detenidos; contra la tortura, el aislamiento y otras formas de represión a los retenidos; por el acceso a la cultura, la recreación y el deporte; otorgamiento efectivo a los subrogados penales y beneficios administrativos a todos los presos; veeduría de la población carcelaria en la administración del penal y la necesaria mesa de diálogo entre el Ministerio de Justicia y los presos, son hoy los aspectos más sentidos y urgentes.

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Un régimen legal y judicial ilegítimo que debe ser cambiado

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Las prominentes problemáticas expuestas son solo la punta del iceberg de una crisis mayor: la de la justicia, la ley y por ende del mismo estado colombiano. Es esta crisis judicial y legal derivada de una profunda crisis política, la que encarna el deplorable panorama penitenciario.

No puede haber legitimidad de condenas cuando el ejercicio de la justicia en Colombia se halla mancillado por la cooptación de mafias legales e ilegales, intereses clientelistas y del bloque de poder. Es de público conocimiento el cuestionamiento a la rama judicial por haber transformado el sistema de contrapesos institucionales en un verdadero carrusel clientelar para beneficio de todas las camarillas que esquilman las diferentes ramas del poder público, así como la escandalosa politización de entes como la Fiscalía desde la administración de Luis Camilo Osorio y la Procuraduría bajo la tutela de Alejandro Ordóñez, que actúan realmente como inquisición macartista contra todos los procesados políticos del país y que ejercen su labor para beneplácito de los medios de comunicación, que acicatean el errado populismo punitivo. Mucho menos existe la llamada imparcialidad judicial, cuando las ffaa y la Policía Nacional bajo el control indirecto de la intervención militar norteamericana en Colombia, son los generadores de pruebas contra sus contradictores políticos, por no recordar el papel jugado por la policía política das y hoy reasignado a la sijin o cuando los conspicuos delincuentes del establishment son protegidos jurídicamente por sinnúmero de prebendas a las que no accede un procesado de a pie.

La cesión del Estado colombiano de su soberanía jurídica a través de la extradición de nacionales y otros acuerdos de subordinación política limita efectivamente el ejercicio de impartir justicia, mientras la corrupción y clientelismo de las altas cortes que se han hecho más que prominentes en la última coyuntura, evidencian la ausencia de meritocracia y control popular en la rama, dificultades de diseño institucional y la creciente penetración de empresas criminales en todas las escalas. Pero paradójicamente se nos pide a los procesados que estemos fuera de este contubernio de poderes fácticos, que esperemos una administración salomónica de justicia de este aparato decadente, obsecuente con intereses imperiales y cuya legitimidad es cuestionada hoy desde los mismos sectores del establecimiento.

De igual forma, se nos pretende inculcar la creencia en la ley, buscando que se obvie su origen: el desprestigiado poder legislativo. ¿Qué puede parir un Congreso de Names y Ñoños, Gerleins y Obdulios, Palomas y Uribes? ¿Qué legitimidad puede tener una legislación definida por un parlamento elegido por menos del 40 % de la población? Indefectiblemente estamos ante un

poder legislativo que no representa los intereses de las mayorías, que no es el Congreso de la paz, ni de la transformación del régimen penal y carcelario colombiano, y que muy por el contrario diseña todo el andamiaje para que el sistema del que ellos se benefician, se mantenga intacto.

Viciadas por espurias las instituciones públicas que han gestado y perpetuado el actual estado de cosas, —incluida la sostenida y aguda crisis carcelaria—, la solución real a nuestras problemáticas no vendrá de este poder constituido, sino que requerirá su transformación desde el pueblo soberano en poder constituyente. Colombia necesita una nueva política criminal y carcelaria digna así como una rama judicial renovada y legítima, pensadas ambas para un país en paz, requerimos reinvertarnos como nación, rehacer el estado y sus poderes públicos; y el escenario más propicio para ello no son los manidos mecanismos institucionales actuales, sino el espacio democrático y participativo para todos los ciudadanos por excelencia, una Asamblea Nacional Constituyente que rompa de una vez por todas con los barrotes físicos e históricos que nos subyugan: una nueva carta magna para la paz y la libertad.

Compañeros víctimas de la rama judicial, víctimas de la cárcel: ¡Nos vemos en la Constituyente!

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La REVISTA SURMANÍA#7 Se terminó de diseñar en Abril de 2015.

Para su elaboración, se utilizó la fuente DIN NEXT LT PRO en su variante Condensed y en sus pesos Light, Normal, Medium y Bold, en Regular e .

Se imprimió en los talleres de GRACOM Gráficas Comerciales, los cuales están ubicados en la Carrera 69K # 70-76.

Se imprimieron 500 ejemplares.

Bogotá, Colombia, 2015.

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DIRECCIÓN DE BIENESTAR DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS