Reflexiones sobre la intergeneracionalidad en Ecuador
Reflexiones sobre la intergeneracionalidad en Ecuador. Una aproximaciรณn
CNNA-MIES
Investigaciรณn
Reflexiones sobre la intergeneracionalidad en Ecuador. Una aproximaciรณn
Investigaciรณn
REFLEXIONES SOBRE LA INTERGENERACIONALIDAD EN ECUADOR. Una aproximación Consejo de la Niñez y Adolescencia en transición hacia el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional Beatriz Tola Ministra Ministerio de Inclusión Económica y Social Álvaro Sáenz Andrade Secretario Ejecutivo Nacional CNNA Coordinación Mónica Dávila Jarrín Diagramación: El Telégrafo Impresión: El Telégrafo ISBN: 978-9942-07-571-0 Quito, 2014
Índice
CAPÍTULO I
¿Por qué formular políticas con enfoque intergenaracional? Mónica Dávila Jarrín, Álvaro Sáenz Andrade
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CAPÍTULO II
Del yo al nosotros y las políticas intergeneracionales (pensando en la academia de administradores y políticos sabios que gobiernan nuestro mundo) Juan Sáez Carrera
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CAPÍTULO III
Relaciones intergeneracionales Rodrigo Tenorio Ambrossi
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CAPÍTULO IV
Políticas y programas intergeneracionales en Latinoamérica José Carlos Ferrigno
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CAPÍTULO V
Igualdad y ciclo de vida en América Latina y el Caribe Daniela Trucco
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CAPÍTULO VI
Legalidad, nueva institucionalidad y políticas públicas para la niñez y adolescencia Yuri Buaiz Valera
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CAPÍTULO VII
Integralidad y especificidad en las políticas públicas para la igualdad intergeneracional Jorge Vallès
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CAPÍTULO VIII
Avances y desafíos en la situación de la niñez y adolescencia ecuatoriana Margarita Velasco Abad
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CAPÍTULO IX
Reflexiones en torno a la construcción de políticas públicas para las personas adultas mayores Wilson Flores H.
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CAPÍTULO X
Jóvenes, violencias y subjetividades: el arte como recurso y enlace Mauro Cerbino y Marco Panchi
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CAPÍTULO XI
El Buen Vivir y las políticas públicas para la juventud Paola Romero, Fernanda Sáenz de Viteri y Francisco Santos
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CAPÍTULO XII
Apuestas y retos de las juventudes en lo intergeneracional Leonardo Aguilar
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CAPÍTULO XIII
Perspectivas del sistema nacional de protección integral de la niñez y adolescencia Berenice Cordero
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El Estado ecuatoriano garantiza el goce de los derechos, prioriza su acción dirigida a los grupos que requieren consideración especial por la persistencia de la desigualdad, exclusión, discriminación o violencia, en función de su edad, condición de salud o discapacidad. En el Gobierno de la Revolución Ciudadana, la igualdad es uno de los principios esenciales de la acción del Estado ecuatoriano. Se trata de construir una sociedad justa lo que implica el ejercicio activo de derechos sociales, económicos, políticos, culturales, fomentar la responsabilidad compartida entre titulares de derechos, familia, comunidad y Estado, fomentar los vínculos entre las generaciones. Junto con ello, en el Ecuador de hoy se busca eliminar la discriminación en todas sus formas y promover vínculos sociales generadores de bienestar, afectividad y solidaridad. La dominación en nuestra sociedad ha discriminado y excluido históricamente a los individuos de edades mayores, las minorías étnicas, las personas con discapacidad, las mujeres. Los más afectados han sido los niños y, sobre todo, las niñas. Modificar estas relaciones de dominación implica cambios en las dinámicas familiares, en la economía y los patrones culturales, luchas ante las cuales el gobierno ecuatoriano construye un sistema de inclusión y equidad social, basado en los principios y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución del país. Las reflexiones planteadas en esta publicación son parte de un proceso de reflexión colectiva sobre la intergeneracionalidad y los procesos descritos. Estas reflexiones apuntan a un objetivo: innovar las políticas públicas con el propósito de avanzar en el desafío de garantizar la protección integral de las personas a lo largo de sus vidas. Cada documento incluido en este libro ha sido escrito por gestores de las políticas públicas a quienes reconocemos por su aporte profesional e investigativo. “Reflexiones sobre la intergeneracionalidad en Ecuador” recoge las discusiones del evento “Políticas Públicas para la Igualdad Intergeneracional”, realizado en Quito en noviembre de 2013 en FLACSO, evento internacional organizado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en transición hacia el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Invitamos a la academia, a los investigadores, a los técnicos que trabajan en políticas públicas a continuar en la indagación de los temas aquí planteados. Este esfuerzo ha sido posible gracias a investigadores, actores sociales y especialistas de organismos como CEPAL, UNICEF, OIJ, a quienes agradecemos por su contribución. Este libro recoge el espíritu de trabajo en función de la igualdad que caracteriza a nuestro gobierno. Queda a la discusión y el aporte de todos los actores que participan y trabajan por la igualdad, la no discriminación y la reducción de brechas sociales. Álvaro Sáenz Andrade
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¿POR QUÉ FORMULAR POLÍTICAS CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL? Acerca de la construcción conceptual sobre intergeneracionalidad en Ecuador. Una aproximación
Mónica Dávila Jarrín Álvaro Sáenz Andrade
INTRODUCCIÓN El estudio sobre la noción intergeneracional es nuevo, al menos en nuestro país. Se conceptualiza el campo intergeneracional como el conjunto de conocimientos (teorías, investigaciones, prácticas) y de acciones encaminados a aprovechar su potencial en tanto encuentro e intercambio entre personas y grupos pertenecientes a distintas generaciones (Bernard, 2006 en Sánchez, 2007). Se trata de un campo de estudio de intervención y de profesionalización. No se basa únicamente en la división científica de la producción de conocimiento, por lo tanto se construye según lógicas y aproximaciones que van más allá que las propuestas por las disciplinas científicas (Sánchez y Pinazo, 2009:5) como las sistematización de experiencias.
La noción intergeneracional no es un concepto que remita exclusivamente a una reflexión sobre las edades, porque rompe las ideas aceptadas comúnmente que clasifican a las personas en etapas: niñez, juventud, adultos mayores. “El sentido y el significado de todo lo que acaece, se encuentra en la relación” (Sáez, 2009: 4-6). Contribuye a la comprensión de la complejidad de las relaciones sociales, por ello “aspira a convertirse en un concepto más ontológico que analítico” (Sáez, 2009), es decir en un significado que remite a la naturaleza esencial del ser humano. Como afirma Sáez: “el sentido y el significado de todo lo que acaece, se encuentra en la relación”. Parafraseando a Sáez, la vida es una cuestión de relaciones en un mundo articulado por redes por
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/ con los que se mueven los seres humanos en busca de cohesión social, sentido de pertenencia, reconocimiento.
cación étnica, rechazo al que no se comporta de acuerdo con los estándares convencionales dominantes, en injusticia.
Ahora bien, la cohesión social se define como la “dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan” (Ottone, E. (dir.) y Sojo, A. (coord.) 2007: 17). Estos mecanismos de inclusión y exclusión en la sociedad influyen y moldean las percepciones y conductas de los sujetos.
Este texto explora algunos avances conceptuales y programáticos en el campo intergeneracional, identifica algunas dimensiones que convergen en la reproducción intergeneracional de las pobrezas, exclusiones, desigualdades, refiere a la teoría del reconocimiento y destaca el potencial del enfoque intergeneracional en la formulación de las políticas y programas públicos. Para elaborar este documento se consideraron las reflexiones de distinguidos investigadores que trabajan los temas en cuestión: entre ellos Sánchez, Sáez, Díaz por citar algunos de los más reconocidos en habla castellana. En otras lenguas e idiomas encontramos a Vercauturen, Newman, Kaplan, autores en el ámbito anglosajón. Asimismo las ponencias presentadas en el Foro de Políticas Públicas para la Igualdad Intergeneracional realizado en Quito, en noviembre de 2013, en FLACSO Ecuador que marcó en inicio de un proceso de aprendizaje colectivo.
Por lo expuesto, la cohesión como tal no es un valor positivo en sí misma; sino que debe contextualizarse, en términos de la convivencia social amplia y de los valores en que se basa. Algunos grupos pueden gozar de cohesión interna cuando los vínculos que relacionan a los individuos con la comunidad son fuertes y los valores que rigen la vida colectiva son aceptados por sus miembros. No obstante, desde una perspectiva más amplia, las sociedades están fragmentadas por intereses, brechas socioeconómicas, culturales, étnicas, etarias de género que impiden la cohesión. En esta línea de pensamiento, mientras que inclusión social supone buen vivir, bienestar, solidaridad; la exclusión supone negación de derechos, formas de discriminaciones entrelazadas, prejuicios, estereotipos, individualismo, fobias, abusos hacia la mujer, las niñas y niños, clasifi-
Es fundamental el involucramiento de la academia en trabajos de investigación sobre el tema de las relaciones intergeneracionales y los cambios culturales y sociales buscados. En particular es necesario dotarse de una sólida base de investigación y teorías que oriente el abordaje de las políticas públicas, que servirán para guiar la toma de decisiones, de esta manera será posible asegurar su pertinencia.
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italiano de la Universidad de Bolonia, Pierpaolo Donati (1999)2 y que es citado por investigadores dedicados al estudio de la intergeneracionalidad, entre ellos: Sánchez, Newman, Sáez.
APROXIMACIONES AL CONCEPTO INTERGENERACIONAL El concepto generación y la noción intergeneracional El concepto generación es polisémico, diferentes interpretaciones acerca del término tienen como referencia el estudio que realizó el profesor 1
En la siguiente tabla se describen las cinco aceptaciones del término generación, desde diferentes disciplinas y sentidos, así como la correspondiente operacionalización del concepto.
Tabla 1: Cinco acepciones del término generación Término más exacto
Operacionalización del concepto
Cohorte (generación en sentido demográfico)
Conjunto de los nacidos en un mismo año o en un intervalo de años (en general, pocos)
Grupo de edad (generación en sentido histórico)
Una cohorte de años considerada como un grupo social
Unidad generacional (según la propuesta de –Karl3 Mannheim)
-
Un subgrupo de edad que produce y guía movimientos sociales y culturales
Generación en sentido socio-antropológico
El conjunto de aquellos que comparten una posición respecto a las relaciones de descendencia (o viceversa), es decir, de acuerdo con la sucesión biológica y cultural, relaciones que son socialmente mediadas (por la sociedad)
Generación en sentido relacional
Conjunto de personas que comparten una relación, aquella que liga su colocación en la descendencia propia de la esfera familiar-parental (esto es: hijo, padre, abuelo, etc.) con la posición que se ocupa en la sociedad según la edad social (es decir, según sea un joven, adulto, persona mayor, etc.)
Fuente y elaboración: Newman Sally y Sánchez Mariano (2012) a partir de Sánchez y Díaz, 2005: 397.
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El concepto generación ha sido una categoría influyente en el debate teórico, en la esfera de la investigación y de las políticas públicas (Leccardi y Feixa, 2010-2011). Ha sido un concepto performativo de los grupos de edad: niñez, juventud, vejez y se han atribuido a cada edad una forma de ser, valores, estereotipos ignorando las experiencias, contextos económicos, sociales y culturales de los sujetos4. Como consecuencia, en la formulación de las políticas públicas, a cada grupo de edad ha correspondido un tipo de problemática, de modelo de intervención, servicios y prestaciones por parte de la institucionalidad pública. De acuerdo con Sánchez (2007) para las ciencias de la salud o las jurídicas, la edad ha sido, respectivamente, un indicador de procesos de declive o apertura a ciertos derechos. Para Sáez, en general, en el terreno de las ciencias sociales el edadismo es un enfoque perturbador que determina políticas y estrategias que corren el peligro de segregar en lugar de integrar porque a cada edad, según lo expresa Sáez (2009: 12) se le ha atribuido cierto tipo de propiedades y características, de problemas, síntomas, roles, actitudes5. Sobre el mismo tema Ferrigno (2013: 2) señala que en la era moderna, la delimitación de edad permitió la instauración de normas específicas de conducta para cada edad y cada sexo. La diferenciación conceptual y la normalización de las generaciones en la modernidad, afirma Ferrigno, reflejan el afán de la ciencia positivista
para promover la seriación y la clasificación de las personas y las cosas. Al formularse las políticas sociales desde esta visión con carácter exclusivamente sectorial y especializado se acentúan las diferencias entre las personas en lugar de promoverse la cohesión social. En lo que respecta al término intergeneracional, Vercauteren señala que el término remite a una lógica de la vida como continuo que es opuesta a esa fragmentación social generacional (por edades) que ha ido dominando nuestras sociedades. En la etapa del capitalismo configura la imagen de la vida como un proceso cerrado que se divide en tres fases: formación, trabajo y jubilación. Según esta imagen, cada edad está especializada (las niñas, niños y jóvenes deben formarse; los adultos trabajar y las personas mayores, jubilarse). Esta forma de concebir la vida, por etapas cerradas, ha dado lugar, consciente e inconscientemente, a los más diversos conflictos intergeneracionales y a la segregación y desvinculación de las personas (Vercauteren: 1995, citado por Sáez, 2009: 202). La noción intergeneracional, comenta Sáez, apuntala la idea de que cada generación reconoce en la otra un momento evolutivo de su propia existencia. Es así que podemos reconocer a la/s relación/es como clave/s de lo intergeneracional. Desde el punto de vista del investigador el prefijo “inter” parece haber transformado el valor de uso de la noción de generación. “Por sí sola, la noción de generación no es utilizada en el escenario
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político, social y cultural (…) y las ciencias sociales y humanas no han puesto objeciones a este abandono, quizás porque no ayuda mucho explicarla”. Agrega Sáez: Desde una plataforma epistemológica (…) la categoría intergeneracional arrastra el “edadismo” con el que es utilizada la de generación. Sin embargo, como es sabido, hoy, la edad no dice nada de los deseos, intereses, sentimientos, fortalezas y percepciones de una persona. Un grupo de personas, por compartir la edad, no tienen por qué compartir ideas, experiencias, emociones (Sáez, 2009: 5-6). De acuerdo a Sáez, el concepto de generación, emerge y surge en una cultura substancialista, atravesada por una ontología y metafísica del ser. El máximo representante de esta corriente de pensamiento es el teórico francés Émile Durkheim, quien plantea la sociedad no como una construcción producida por los sujetos en relación, sino como un organismo superior en el que los individuos expresan lo social (Sáez, 2012: 5). Durkheim no busca explicaciones relacionales, busca el origen del sujeto. No logra dar razón del ser ni de la dinámica social ni de las relaciones sociales. El mismo investigador Sáez (2007: 6) comenta que por el contrario, otras corrientes y tendencias están analizando las cuestiones más diversas relacionadas con la naturaleza humana. La revisión de autores como Spinoza,
Nietzsche, Tarde, Foucault, Deleuze, entre otros, ha puesto de manifiesto la potencialidad que encierra el pensamiento relacional al romper con las lógicas substancialistas/esencialistas y otras metafísicas trascendentales que remiten a conceptos vacíos de contenido, a posiciones cosificadoras que obvian lo micro, lo situacional, lo contingente, lo finito. La fundamentación de lo intergeneracional, explica el investigador Sáez, tiene su enclave epistemológico en el nos-otros, en el entre, en el espacio que existe entre dos o más singularidades, dos o más subjetividades un espacio que legitima las acciones que producen esas relaciones. Sin este espacio, sin esta distinción no hay relación (sino identificación y/o reificación y/o categorización, objetivación), no hay posibilidad de acción ni tampoco, por tanto, devenir. La tesis de Jean Luc Nancy: “todo lo que pasa acontece entre nosotros”, afirma Sáez (2009: 6), podemos formularla en una doble pero complementaria dirección: 1º Son las relaciones las que construyen al sujeto. La individualidad fisiológica del individuo no es obstáculo para reconocer que el ser humano se constituye, se hace en un haz de relaciones que funciona en múltiples direcciones. La naturaleza de este ser es el entre y es el con, un ser no substancializado que va construyendo su subjetividad en relación con otros (Nancy, 2006 en Sáenz 2009:6).
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2º El ser relacional del ser humano también se manifiesta en su naturaleza singular: la lógica que preside el desarrollo y el devenir de este ser singular plural no es la presidida por el recorrer evolutivo de edades (edadismo), ni tampoco por la superación de etapas o fases que él atraviesa en un proceso de estandarización de las edades que finaliza en visiones estáticas y cerradas, sino es aquella que reconoce que existe una fuerte e inexcusable interdependencia de las edades de la vida, una irreductible relación entre ellas: así, desde esta perspectiva, la vejez no es una etapa aislada sino que se construye desde la infancia. De acuerdo a Sáez, Nancy aborda con lucidez las cuestiones que acabamos de indicar. Su tesis de partida es: «Nada hay más común que ser: es la evidencia de la existencia. Nada hay menos común que el ser: es la evidencia de la comunidad» (Nancy, 2001: 5). Es decir, que nuestro ser-yestar-en el mundo es un ser-en-común, un estar juntos. Somos porque nos relacionamos. Nos construimos a partir de las relaciones y éstas forman una parte inherente de nuestro yo7. En un mundo cada vez más egocéntrico y competitivo, donde se profundizan el individualismo y la desigualdad, es imperativo revisar lenguajes, conceptos, categorías, experiencias, normas y el sentido mismo de las políticas públicas. El potencial de la aplicación de la noción intergeneracional en la formulación
de políticas y programas públicos, radica en que podría constituirse , como afirma Sáez (2009 – 2012) en un “vehículo” o medio para la reconstrucción de vínculos sociales y para: poner en acción a la gente, para en-red-arla en procesos de articulación a través de actividades que los reúne en un “colectivo que hace colectivo”, con el afán de consolidarse en un “nosotros” que produce, coexiste, se expande y crea, (se) forma y (se) transforma individual y grupalmente. Las estrategias significativas que sirven para fortalecer los vínculos intergeneracionales, lo serán también para fortalecer el vínculo social. Así se trataría de des-cubrir, poner en movimiento, interiorizar, una práctica comunicativa educativa relacional que impulse redes de conversaciones, de re-conocimiento transformadoras. Para sostener este cambio se requeriría desarrollar una política de la solidaridad entre todas las personas y grupos, en todas las comunidades e instituciones. ¿Qué son los programas intergeneracionales? Como se menciona en la introducción de este documento, el campo de estudio intergeneracional se construye en base a la sistematización de experiencias como las que se reseñan brevemente en las siguientes líneas. Como observaremos, los programas intergeneracionales –PI- facilitan el reconocimiento de los “otros”, del diferente, lo cual posibilita la convivencia y el esfuerzo compartido.
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Los PI deben su existencia a la convergencia de un conjunto de factores sociales, económicos y políticos. Se crearon en Estados Unidos en los años 70 con la finalidad de corregir “la brecha generacional” que supone incomprensión, individualismo y conflicto. Lo que parecía ser entonces una amenaza para esa sociedad y supondría el distanciamiento y el enfrentamiento entre las distintas generaciones como consecuencia de las rupturas en los patrones culturales. La separación entre los miembros de la familia por cuestiones, principalmente, de estudio y laborales estaba ocasionando la pérdida de interacción entre mayores y jóvenes, el aislamiento de las personas mayores y la aparición de percepciones mutuas erróneas, mitos y estereotipos, entre generaciones. Como respuesta se organizaron los primeros programas intergeneracionales. Más tarde, el argumento de la brecha generacional dejó paso al de los problemas comunes que afectaban a los jóvenes y mayores: baja autoestima, estereotipos negativos y desconexión con la familia y la sociedad. En definitiva parecería que ni jóvenes ni mayores se sentían respetados ni escuchados, así los programas intergeneracionales podrían ser la respuesta (Sánchez, 2009: 9). Posteriormente, a comienzos de los 90 se ejecutaron programas intergeneracionales para crear o revitalizar el sentido de comunidad (Sánchez, 2007: 52). En el caso latinoamericano el interés en desarrollar PI surge alrededor de las década
de los 80. De acuerdo a Ferrigno (2013) las primeras acciones inician a comienzos de 1982 en Argentina y en los demás países alrededor de los 90, situación semejante a los países europeos. El mismo autor señala que en Argentina, bajo la dictadura militar se emprendieron propuestas que permitieron la participación e integración de las personas de todas las edades. Desde los años 90, en varios países, educadores, especialistas del área social, universidades, y organizaciones no gubernamentales comenzaron a percibir la importancia de la aproximación de las generaciones para el desarrollo de las relaciones solidarias para enfrentar los problemas sociales y a la dictadura misma, desde entonces las iniciativas se multiplicaron. Las experiencias de PI en Latinoamérica se han centrado en la promoción de grupos de convivencia, las apertura de universidades y facultades a las personas adultas mayores, el incentivo al trabajo voluntario de las personas jubiladas en beneficio de niños y jóvenes. En general, la necesidad de integración social de los ancianos, explica Ferrigno, ha sido la principal motivación para las acciones de aproximación intergeneracional. Entre las características de esas acciones se encuentra: el involucrar a personas mayores y niños en emprendimientos en el área cultural y de ocio y también en la educación infantil. Se destacan experiencias de este tipo de programas en Brasil, Argentina, Chile8. También existen experiencias diversas en Colombia, Venezuela,
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Uruguay, Paraguay, Costa Rica Perú y el Salvador. También en Ecuador. Estas experiencias de la región no han sido sistematizadas, y en el conjunto de los países las investigaciones sobre programas intergeneracionales, que han sido identificadas, son escasas (Ferrigno: 2013). Además de los países ya mencionados, Guatemala también ha incursionado en este campo de estudio y acción pública. Es así que un grupo de profesionales de 13 países, la mayoría de ellos latinoamericanos, reunidos en Antigua en Guatemala, en el año 20089, decidieron formular la siguiente definición sobre los programas intergeneracionales: Los programas intergeneracionales son estrategias para el encuentro, la sensibilización, la promoción del apoyo social y el intercambio recíproco, intencionado, comprometido y voluntario de recursos, aprendizajes, ideas y valores encaminados a recrear entre las generaciones lazos afectivos, intercambios y beneficios individuales, familiares y comunitarios que contribuyen a la construcción de sociedades justas, integradas y solidarias. En el caso de Brasil10 los PI se utilizan como mecanismos para concretar los derechos asociados a la convivencia entre las generaciones (la afectividad, la solidaridad) y por ello son parte de la agenda social y se efectivizan a través de acciones intersectoriales. Se originaron como un instrumento para la prevención de la violencia y el tratamiento de conflictos.
En los países de la Unión Europea los PI fueron tomando fuerza con las más diversas justificaciones: la caída de la natalidad, la migración, los cambios demográficos sin precedentes y las consecuencias que éstos pueden traer de cara a la pérdida de productividad y a la sostenibilidad de los sistemas de jubilación (Comisión Europea, 2005:7, citado por Sánchez, 2009: 9). En Holanda los programas se crean como respuesta a la problemáticas relacionadas con la integración de las personas inmigrantes. En el Reino Unido por la necesidad de incluir a las personas mayores. En España, fueron motivados por la percepción de una cierta crisis en los modelos de solidaridad familiar tradicionales y el interés por impulsar el envejecimiento activo. Estas y otras experiencias dieron lugar a la conformación en 1999 del Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales. El Consorcio Internacional mencionado definió a los PI como vehículos para el intercambio determinado y continuado de recursos y aprendizajes entre las generaciones mayores y las más jóvenes, para lograr beneficios individuales y sociales (Hatton-Yeo & Ohsako, 2001, citados por Sánchez, 2009: 8). Como resultado de las experiencias en Norteamérica y en Europa, los PI en sus cuatro décadas de historia, comenta Sánchez (2007:13), han demostrado que pueden ayudar a eliminar, o al menos a disminuir, algunas de las barreras
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que dificultan el contacto y las relaciones intergeneracionales. Principales conclusiones sobre los PI que han sido sistematizados y evaluados en Europa y Norteamérica Se ha demostrado que por medio de los PI se logra fomentar la solidaridad intergeneracional. El concepto de solidaridad intergeneracional, de acuerdo con Sánchez (2007: 44) debe ser entendido de un modo amplio, en términos de sistemas formales e informales, prácticas y acuerdos que hacen posible que las generaciones colaboren unas con otras. Agrega: (…) dicha colaboración no tiene por qué consistir en un estricto ejercicio de reciprocidad simétrica (este ejercicio lo practica, por ejemplo, quien dice: «yo te ayudo en la medida en que tú me ayudes a mí») sino que puede adoptar otras formas en la práctica (por ejemplo, mediante un comportamiento altruista, que sea solidario sin esperar nada a cambio y, por tanto, la reciprocidad no entre en juego)”. El tipo de programas a los que se los caracteriza con el calificativo de intergeneracional, son aquellos que en su planificación, ejecución y evaluación están directamente conectados con el potencial que tienen las relaciones en general y la solidaridad en particular. Estos programas dan la posibilidad a personas de distintas edades de tener la experiencia de colaborar para
conseguir bienestar individual y social11. El investigador Sánchez (2009: 10-11) señala que los programas intergeneracionales que mejor funcionan cuentan con una adecuada planificación y gestión, colaboran entre distintas entidades y son capaces de conectarse con la comunidad dentro de la cual se llevan a cabo, “en los programas intergeneracionales la transversalización y el trabajo en red no son una opción sino una obligación”. Además, menciona la siguiente lista de los factores claves en las experiencias recientes: • • • • •
•
Todos los participantes se benefician. Todos los puntos de vista son escuchados y trabajados con el mismo respecto. Las personas participantes mejoran el entendimiento y el respeto mutuo. Se utilizan técnicas apropiadas para facilitar la comunicación. Los prejuicios de las personas en torno a otras generaciones son cuestionados para comprobar si resultan válidos. Las personas se ponen de acuerdo sobre lo que quieren conseguir.
Según los investigadores Sánchez y Newman (2007: 38), existen tres elementos que son comunes a los programas intergeneracionales: • •
Participan personas de distintas generaciones. La participación implica actividades dirigidas a alcanzar unos fines beneficiosos para todas
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•
esas personas (y, por ende, para la comunidad en la que viven). Los participantes mantienen relaciones de intercambio entre ellos.
En el caso de los PI de desarrollo comunitario intergeneracional se enfatiza en el beneficio mutuo para las diversas generaciones. Los principios que orientan el desarrollo comunitario intergeneracional, según Hallton y Watkins (2009) son: • • •
• •
Eliminar la desigualdad. Promover la justicia social. Apoyar a los miembros de la comunidad para que consigan un mayor control de los procesos de toma de decisiones. Participación. Inclusión.
Como corolario podemos señalar que los resultados de las investigaciones sobre los programas intergeneracionales han demostrado los siguientes hallazgos: que la relación entre individuos y grupos de diferente generación tiene un impacto positivo para los implicados en la misma. El aumento del bienestar psicológico, físico y social de las personas mayores y el cambio de percepciones de los jóvenes sobre ellas. Todo ello libera de prejuicios entre jóvenes y adultos mayores, referidas a la imposibilidad de escucharse, comprenderse, interactuar y compartir actividades de interés y beneficio mutuo. Por ende facilita la comunicación y la búsqueda de nuevos encuentros entre las
personas implicadas (Gutiérrez: 2013, Sánchez: 2007, Ferrigno: 2013, Pinazo: 2009). Como se puede inferir, las experiencias desarrolladas a través de los PI, son un referente útil para fomentar cambios culturales, considerando el “papel constituyente de la cultura” y avanzar en la transversalización de una perspectiva intergeneracional en los procesos de formulación de políticas para responder a los problemas sociales de nuestra época con el objetivo de fomentar el reconocimiento de los “otros”, la solidaridad y la convivencia venida a menos en la sociedad capitalista, basada en el crecimiento, el progreso y la modernidad que tiende a mediatizar las relaciones sociales. ¿CUÁL ES PUNTO DE PARTIDA DE LA INTERGENERACIONALIDAD EN EL ECUADOR? La incursión en el este ámbito se debe a la intención de explorar estrategias que podrían contribuir a renovar las políticas sociales, a fomentar rupturas en las prácticas y patrones culturales que reproducen la discriminación, en la perspectiva de construir una sociedad justa para todas las edades. También, a preparar al país para el cambio en su perfil demográfico y a responder a las transformaciones en las relaciones sociales contemporáneas asociadas a la “sociedad de la información”. El mejoramiento en las condiciones socioeconómicas y de salud han permitido que la esperanza de vida de las personas sea cada vez mayor, este fenó-
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meno junto con y la reducción de la natalidad son el origen de los cambios demográficos. Estos cambios tienen impactos de todo orden, uno central es de carácter económico, ya que el aporte laboral y productivo de las personas varía en el ciclo de vida. También suponen una transición epidemiológica, nuevas expectativas y demandas de empleo, vivienda, entre otras. Al respecto la investigadora Begoña Enciso (2012: 4) invita a prever las crecientes expectativas sociales y preparar a la población al señalar: Los jubilados, mejor formados y más solventes económicamente, quieren mantener su estatus y disfrutar de su tiempo libre. Los trabajadores tendrán que soportar una mayor carga de esfuerzo económico para sostener unos sistemas de protección social cada vez más costosos, a la vez que querrán cubrir sus necesidades de vivienda y manutención de los hijos. Y los jóvenes entrar en el mercado de trabajo y tener opciones de realización personal. El encuentro entre los intereses de sendos grupos puede crear problemas si no se establecen fórmulas de colaboración mutua y se concibe a las sociedades de manera vertical o transversal, como un todo que interactúa y avanza conjuntamente. Junto con las modificaciones en el perfil demográfico, los cambios experimentados en las sociedades encabezados y acelerados por las tecnologías y las comunicaciones han supuesto una revolución laboral, familiar y en las relaciones intergeneracionales. Se profundizan brechas en
la comunicación entre aquellos que nacen en la sociedad de la información y las generaciones anteriores. Se segmentan las actividades, especialmente en las ciudades, va perdiéndose la interacción entre los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Desde temprana edad, las niñas y niños están en los servicios de cuidado diario, luego en la escuela, los jóvenes en la universidad, los adultos en actividades laborales de producción y las personas mayores ancianos jubiladas. Como dice el dicho popular: cada cual atiende su juego. Todo ello al servicio de un modelo económico, de un esquema de espíritu industrial y empresarial como es dividir la existencia en fases/ edades en torno al trabajo: antes del trabajo (educación), durante el trabajo (tiempo de producción) y después del trabajo (jubilación del trabajo), obviando multitud de dimensiones humanas que no pasan por el crecimiento económico, el PIB per cápita o la noción del desarrollo como “opulencia económica” asociado a lo laboral y material de la vida. Sin embargo son fuente de satisfacciones, bienestar y son condiciones que las personas valoran como necesarias para la vida y que están asociadas a la cultura, los afectos, las relaciones, el reconocimiento, la ausencia de discriminación por el género, etnia, edad y libertad política y social. La fragmentación social en curso En proceso de fragmentación social en curso, algunos grupos, sobre todo de jóvenes,
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constituyen “tribus urbanas”, con un muy fuerte sentido de pertenencia, códigos lingüísticos y estéticos propios, pero refractarios a otros. Las mujeres por su parte se integran en forma masiva al mercado laboral y multiplican su carga de trabajo mientras se incrementa la violencia de género. Las niñas y niños tienden a aislarse en la televisión y en el internet. En las sociedades, principalmente en las más urbanizadas, se va produciendo “un distanciamiento emocional y afectivo, y hasta una compartimentalización de los grupos etarios, una segregación generacional en espacios exclusivos” (Ferrigno, 2013: 3). Las relaciones entre las personas en los espacios, familiar, educativo, laboral tienden a estar marcadas por un contexto social que reproduce la ideología de la sociedad de la opulencia, individualista y egoísta. Las relaciones, en general, están marcadas por el adulto-centrismo, desconocimiento del otro y maltrato legitimado. Aludiendo a Boaventura de Sousa Santos, las relaciones son y reproducen una forma de dominación donde los dominados son los que tienen menos acceso al poder, los de edades menores o muy mayores, las minorías étnicas, las personas con discapacidad, las mujeres, y donde los principales perdedores son los niños y sobre todo las niñas.
sión a la autoestima en el contexto del modelo de desarrollo y la ideología de la “opolencia económica” dominante, empiezan en el mismo inicio de la vida y se reproduce intergeneracionalmente. Las niñas, niños y adolescentes habiendo nacido de padres sin educación formal y en situación de pobreza, podrían ser expuestos a dificultades similares a las vividas por sus madres y padres: no acceder o no concluir la educación básica, dedicarse al trabajo doméstico en lugar de estudiar y jugar, ser víctimas de alguna forma de explotación. Además, es posible que niñas y niños educados con castigos reproduzcan estos mismos patrones de crianza con sus propios hijos en el futuro.
La reproducción intergeneracional de la pobreza y la exclusión
En la etapa ambiguamente identificada como “adolescencia” (entre los 12 y 17 años) y como una transición, las personas de estas edades que han dado sus testimonios (Bonilla, 2013: 83 – 93) señalan: lo triste de esta etapa, es no tener con quien conversar, los padres no se preocupan por saber cómo están, porque en el fondo tienen miedo a saber, miedo a dejar por un momento la autoridad, porque consideran que en ese momento – podrían ser percibidos- peores de lo que ya son ante sus ojos. La falta de familia en el caso de los adolescentes, comenta Bonilla (2013) genera gran vacío, la exposición al uso de drogas se incrementa, el maltrato y la violencia entre pares y en el hogar está presente en la cotidianidad.
No se puede dejar de mencionar que la exclusión, la discriminación, la falta de oportunidades, la le-
En esta etapa de la vida, el embarazo temprano tiene consecuencias en las expectativas de las
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jóvenes madres. Las madres de estas edades enfrentan cambios físicos y psicológicos, se multiplican las responsabilidades propias de una persona adulta. Igual ocurre con los hombres adolescentes padres. Con respecto a las juventudes, como señala Sanz (2013) se ha oído decir que “la juventud es la
mejor etapa de la vida” y que “todos desearíamos ser eternamente jóvenes”. La construcción social de la juventud (que se hace normalmente desde la adultez) tiende a definir la juventud desde la idealización romántica, asociándola a valores como la fuerza vital, la experimentación y la diversión. Sin embargo las condiciones de vida de ciertos jóvenes distan de ser ideales (Sanz, 2013: 1).
Gráfico 1: la reproducción intergeneracional de la pobreza y la exclusión
Elaboración: Mónica Dávila y Álvaro Sáenz, 2013.
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El mismo Sanz propone descartar las definiciones que encorsetan a la juventud en una edad determinada. Si se trata de una “posición” en el ciclo de vida, hay personas que, compartiendo la misma edad, podrían ser sustancialmente diferentes. Por ejemplo, ¿deberíamos considerar igualmente jóvenes a dos personas que, a pesar de tener ambas 22 años, una está soltera, viviendo con sus padres y cursando estudios universitarios y la otra trabaja desde los 18, está casada y tiene ya dos hijos? Seguramente no, ya que las necesidades que tienen ambas personas son muy diferentes, a pesar de compartir la edad. Entonces ¿Cuándo podríamos decir que se inicia y se acaba la juventud? Coincidiendo con Sanz, Cerbino y Panchi (2013) señalan: los jóvenes, sobre todo de estratos populares, comparten preocupaciones muy similares con la población adulta, hay necesidad de concluir los estudios, la obtención de un trabajo, el establecerse, el progresar en el sentido socioeconómico convencional, y para conseguirlo, existe también un proceso de constante transformación de las y los jóvenes, de acuerdo a los espacios - cuyas normatividades se construyen preferencialmente desde el ejercicio de poder adulto - con el fin de encajar, de no negarse oportunidades que puedan garantizar un porvenir. En la actualidad amplios sectores de jóvenes tienen que enfrentarse a la marginalidad que les niega las posibilidades de escapar de las condiciones de exclusión y de imposibilidad de resolución de las
preocupaciones e inquietudes que comparten con la misma población adulta (Cerbino y Panchi, 2013: 4). Muchos jóvenes, nacen y crecen condenados por su condición socio-económica que difícilmente mejora con el tiempo. En esta misma línea de pensamiento Sanz (2013) señala que los jóvenes viven inmersos en multitud de paradojas y una de ellas es, precisamente, ser consideradas un modelo social en una sociedad que, lamentablemente, no tiene modelos de referencia para ofrecer a los jóvenes. Como consecuencia, muchos de ellos se debaten entre la presión social por ser “creativos e innovadores” u optar por la reproducción acrítica de patrones de vida tradicionales, que es una forma más cómoda de enfocar sus itinerarios de vida. Además, los jóvenes, vale destacar, están expuestos a riesgos de salud y laborales. En el caso de las mujeres los riesgos y amenazas son mayores debido a la violencia y el acoso sexual, la explotación laboral, la discriminación en razón de género, la presión social por conservar modelos tradicionalidades de ser “femenino”. Este supuesto “deber ser femenino”, se origina en las tradiciones culturales y religiosas y se afirma con la economía capitalista. Supone el control sexual, reproductivo y del cuerpo de la mujer como lo ha denunciado el feminismo. La visión sobre el ser femenino ha implicado la imposición a la mujer, desde temprana edad, del trabajo doméstico y la economía del cuidado.
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En otras palabras, desde temprana edad las niñas son condicionadas por su entorno cultural para desempeñarse en el campo de la economía del cuidado y asumen como innato y natural la responsabilidad exclusiva del trabajo doméstico, la crianza de los hijos, el cuidado de los otros12. La mujer ha incursionado masivamente en el campo académico y laboral, sin embargo la sociedad sigue depositando en ella, casi de forma exclusiva, el trabajo reproductivo no importa edad ni condición social. En este entorno los jóvenes hombres interiorizan y continúan asumiendo como si fuera intrínseco de la “condición femenina” o del “ser mujer” la “obligación” de cuidar/les. La consecuencia de esto es que, mayoritariamente, una vez que se convierten en padres difícilmente están en capacidad de responsabilizarse de su propia reproducción y del cuidado y crianza de su prole. En lo que respecta a las personas adultas mayores, se trata de una novedad demográfica similar a la aparición en su momento, de la “adolescencia”, una franja social nueva que surgió como concepto a mediados del siglo XX para dar identidad a una masa de niños que frente los cambios económicos y sociales modificaban sus comportamientos, sin que la población adulta alcanzara a comprender la dimensión y consecuencia de sus inquietudes emocionales, estigmatizando esta transición como un período problemático y turbulento. Al igual que para el caso de “la adolescencia”, el investigador Sáez (2013) afirma que los criterios
con los que identificábamos a una persona mayor han ido sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo, manifestándose casi todos ellos insuficientes para tratar de aproximarnos a una categoría que mostraba ansias universalizadoras y homogeneizantes - y por tanto simplificadoras - al tiempo que desvelábamos la amplitud y la riqueza existencial de una población plural diversa. De acuerdo al informe sobre envejecimiento de La Organización de las Naciones Unidas (2011) los problemas más apremiantes a los que se enfrentan un gran número de personas mayores en el mundo son la pobreza, la carencia de una vivienda, la malnutrición, las enfermedades crónicas sin tratar, la falta de acceso al agua potable y el saneamiento, los medicamentos y tratamientos a precios que las personas de edad no pueden acceder y la inseguridad de sus ingresos. A esta problemática se suma la situación de soledad en la que tienden a encontrarse las personas adultas mayores. Como ejemplo de lo antes expuesto, en opinión de Flores (2013) en el Ecuador la situación de las personas mayores de 65 años se desenvuelve en una disyuntiva: contar con ingresos para subsistir y tener atención oportuna de salud. Según Flores el país enfrenta una realidad que es insoslayable y si bien envejecer no es sinónimo de enfermedad, una persona adulta mayor, por las características propias de la edad, presenta dificultades en su desempeño cotidiano que redunda en dependencia de otra persona de su entorno familiar inmediato, que se convierte en su cuidador o cuidadora.
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Flores menciona que si le sobreviene una enfermedad crónica a un adulto/a mayor y si esto supone el tener que hacer gastos extras en medicamentos, esta situación puede abonar a la situación de pobreza de un hogar, y provocar que ese gasto adicional en salud se convierta en un gasto catastrófico. Según algunos expertos, afirma Flores, el denominado gasto catastrófico tiene que ver con una erogación “mayor al 40% del ingreso disponible, entendido como el ingreso restante después del gasto en alimentos.” De acuerdo a Hinostroza citado por Flores (2013), Ecuador “cumple con todos los criterios para tener tasas elevadas de gasto catastrófico: altos niveles de pobreza, grupos excluidos de los mecanismos sociales de protección del riesgo financiero (como el seguro social) y elevada necesidad de acceder a los servicios de salud.” Por lo expuesto, afirma Flores, cabe sostener que además del impulso de un sistema de cuidados para las personas adultas mayores, es necesario promover un sistema de “economía del cuidado” para personas que ya no pueden ser autónomas y readecuar los regímenes de protección social a las nuevas condiciones de la dinámica demográfica y a las condiciones del ingreso personal y familiar. Como se ha evidenciado las relaciones entre los géneros y generaciones estructuran todo el ciclo vital, influyen en el acceso a los recursos y las oportunidades, y sus repercusiones son tanto continuas como acumulativas. Una buena salud, seguridad económica, una vivienda adecuada, un
entorno propicio, acceso recursos productivos, son todos elementos fundamentales para crecer y desarrollarse con dignidad; sin embargo, obtenerlos depende de decisiones y elecciones solo en parte determinadas por la persona individual (Organización de Naciones Unidas, 2011: 4-5). Reflexiones finales La construcción de una sociedad justa supone el ejercicio de derechos sociales, económicos, políticos, culturales y de derechos asociados a la convivencia entre las generaciones y la subjetividad: el bienestar, la felicidad, la afectividad, la solidaridad, cuestiones estas últimas que están asociadas a la interacción y relaciones entre las personas13. El bienestar está asociado a la diversidad humana, a las diferencias étnicas, de edad, de género (Ramírez, 2008: 226), al reconocimiento y las relaciones que construyen al sujeto. Honneth distingue tres formas básicas de reconocimiento recíproco: el amor, el derecho y la solidaridad. Cada una de ellas, constituye un nivel o forma de integración social en que el sujeto es reconocido de una manera diferente en su identidad personal. De acuerdo a Fascioli (2007-2009) en las relaciones de amor y de amistad se procura el bienestar del otro en sus necesidades individuales. A través del derecho, los sujetos de una sociedad se reconocen como libres e iguales; y a través de la solidaridad, se otorgan recíprocamente una valoración social sobre sus particulares de vida.
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Afirma Fascioli, estos tres principios de reconocimiento –amor, derecho y solidaridadson el núcleo normativo de su concepción de justicia porque definen las condiciones intersubjetivas que aseguran la integridad personal de los sujetos. De acuerdo a Anderson y Honneth (citados por Fascioli: 2007-2009), las relaciones de amor y cuidado son centrales para construir la auto-confianza. Las relaciones de respeto universal por la autonomía y dignidad de las personas construyen y sostienen nuestro auto-respeto. Mientras que las relaciones de solidaridad y valores compartidos comunitariamente hacen valer capacidades y metas particulares y así construyen y sostienen la auto-estima. En otras palabras, el ejercicio de derechos, la autoconfianza, auto respeto y autoestima son las llaves que abren, despliegan y sustentan la libertad e igualdad, fundamentos de la justicia social. Modificar las relaciones supone cambios en las dinámicas familiares, en las comunidades, en el sistema educativo y en las economías. Demanda corresponsabilidad, innovación, ilusión y contagio por un mundo mejor. Dada la complejidad
del sostenimiento de la vida, se requiere de una multiplicidad de acciones. Las políticas de igualdad generacional e intergeneracional, involucran obligaciones del Estado y modificaciones en las relaciones sociales y las culturas. Para responder a los problemas sociales, en el Ecuador a la vez que operan cambios estructurales para la reducción de la pobreza y la desigualdad, se emprende acciones destinadas a desarrollar un sistema de cuidados y servicios territorializados que: potencien las capacidades; protejan y atiendan a la población; y generen corresponsabilidad individual, familiar y comunitaria (Vásconez, 2014). En el contexto de la sociedad de la información, parecería que estos esfuerzos podrían ser complementados con desafíos como: la educación a lo largo de la vida con contenidos renovados, el fomentar valores compartidos, cultivar el afecto, la solidaridad y el reconocimiento “del otro” en las relaciones cotidianas entre las personas. Desde esta perspectiva, fomentar la formulación y ejecución de políticas y programas intergeneracionales adquiere particular trascendencia como instrumentos para fortalecer el vínculos y la cohesión social.
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Pie de página 1 (Ver: Sánchez, M. y Díaz, M.P. (2005). Los programas intergeneracionales. En S. Pinazo y M. Sánchez (Dirs.), Gerontología. Actualización, innovación y propuestas (pp. 393-430). Madrid: Pearson-Prentice Hall. 2 Ver: Donati, P. (1999) “Familia y generaciones”, Revista de Antropología Social, nº2; pp.27-49. 3 La cursiva es nuestra. 4 “No debe confundirse la edad como ciclo vital (que define los grados de edad por los cuales han de pasar los miembros individuales de una cultura) con la edad como generación (que agrupa a los individuos según las relaciones que mantienen con sus ascendientes y sus descendientes y según la conciencia que tienen de pertenecer a una cohorte generacional). Ni las clases de edad formalizadas de algunas sociedades preindustriales (una categoría de adscripción que agrupa a los individuos iniciados en un mismo período, que avanzan juntos a lo largo de los grados de edad (…) Por último, debe diferenciarse la edad como condición social (que asigna una serie de estatus y de roles desiguales a los sujetos) y la edad como imagen cultural (que atribuye un conjunto de valores, estereotipos y significados a los mismos)”. Carles Feixa. Antropología de las edades. En: J. Prat & A. Martínez. Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 1996. pp. 319-335. 5 La edad de las personas es una construcción cultura. “Los individuos experimentan a lo largo de su vida un
desarrollo fisiológico y mental determinado por su naturaleza, y todas las culturas compartimentan el curso de la biografía en períodos a los que atribuyen propiedades y características, lo que sirve para categorizar a los individuos, las formas en que estos períodos se especifican son muy variados y al igual que los contenidos culturales que se atribuyen a estas fases. Ello explica el carácter relativo de la división de las edades, cuya terminología es extraordinariamente cambiante en el espacio, en el tiempo y en la estructura social”. 6 El texto en cursiva es nuestro. 7 Ver: Sáez, 2009. Artículo: El fomento de las políticas intergeneracionales. 8 Ver: Revista Relaciones Intergeneracionales. 2009. Informe sobre la situación en siete países de Iberoamérica. RIICOTEC (Red intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica) y el IMSERSO. Ministerio de Sanidad y Política Social. Gobierno de España. 9 En octubre de 2008 se celebró en La Antigua Guatemala, el curso “Actuaciones para promover las relaciones intergeneracionales”, organizado por el IMSERSO y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el que participaron representantes de trece países iberoamericanos de RIICOTEC. En el mismo se fijó que uno de los objetivos de las relaciones intergeneracionales es construir redes sociales que permitan conformar sociedad más justas, integradas, solidarias. Ver Relaciones Intergeneracionales. 2009.
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Informe sobre situación en siete países de Iberoamérica. RIICOTEC, Ministerio de Sanidad y Política Social. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Revista de RIICOTEC (Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica. 10 Ver: Os programas intergeracionais no Brasil Texto | Izabel Lima Pessoa [Doutora em Política Social e Mestre em Desenvolvimento Sustentável, Analista em Ciência e Tecnologia da Fundação Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Política Social do Centro de Estudos Avançados da Universidade de Brasília NEPPOS/CEAM/UnB)]. 2009. El campo intergeneracional. Situación actual y oportunidades de desarrollo en España. Relaciones Intergeneracionales. Revista ENLACE EN RED. RIICOTEC (Red intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica) y el IMSERSO. Ministerio de Sanidad y Política Social. Gobierno de España.
11 Ver: Sánchez M., Matthew, K. y Sáez, J. 2010. Programas Intergeneracionales. Colección Manuales y Guías. Serie Personas Mayores. Ministerio de Sanidad y Política Social, IMSERSO. Gobierno de España. 12 Ver: Vásconez, A. (2014). Mujeres y protección social en el Ecuador. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Quito. 13 Ver: Fraser, N, y Honneth A. (2006). Ediciones Morata. “Este volumen recoge el debate entre Nancy Fraser y Axel Honneth en torno a la idea de justicia, intentando llenar el vacío teórico que existe hoy entre la “redistribución” y el “reconocimiento” como metas fundamentales para construir una sociedad más justa. Hasta hace poco, la mayoría de las teorías de la justicia asumían tácitamente que el Estado soberano constituía el marco de la investigación. Ahora, sin embargo, los procesos de globalización han alterado la escala de la interacción social. Por tanto, debemos hallar un marco nuevo para las cuestiones relacionadas con la justicia social”.
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DEL YO AL NOSOTROS Y LAS POLITICAS INTERGENERACIONALES (PENSANDO EN LA ACADEMIA DE ADMINISTRADORES Y POLÍTICOS SABIOS QUE GOBIERNAN NUESTRO MUNDO). Juan Sáez Carrera
“La solidaridad es la comprensión del destino del otro y su lugar en nuestro horizonte existencial cotidiano” (Meeting Between Generations) “Una visión metageneracional de la vida, en su dimensión cultural y pedagógica, debe ser concebida como un proceso dinámico donde el envejecimiento y la muerte no son accidentes ni recorridos imprevisibles. Son procesos vitales, necesarios y universales” (Juan Sáez) 1. CONTEXTUALIZACIÓN: ACERCA DEL ENVEJECIMIENTO Y LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL. El paisaje social de nuestra época y, particularmente, el de la vejez ha sufrido profundos cambios durante los últimos veinte años del siglo
anterior y los que llevamos del nuevo. Los países desarrollados y en desarrollo están “condenados” a envejecer. Y lo están a un ritmo tanto más rápido cuanto más ha caído la fecundidad o el índice de natalidad en cada país, cuanto más han aumentado las esperanzas de vida en ellos, en gran parte debido al espectacular avance de las ciencias biológicas y médicas que nos están proporcionando conocimientos cada vez más sólidos sobre la vejez y, por citar alguna variable más, cuanto más la potencialidad de la tecnología ha permitido confirmar las enormes posibilidades que encierra la atención a los mayores y sus efectos en sus respectivas supervivencias. Los criterios con los que identificábamos a una persona mayor han ido sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo, manifestándose casi todos ellos insuficientes para tratar de aproximarnos a una categoría que mostraba sus ansias universalizadoras y homogeneizantes-y por tanto simplificadora- al
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tiempo que desvelábamos la amplitud y la riqueza existencial de un plural diverso, hambriento de vida y dispuesto a reclamar sus derechos adquiridos a lo largo de la existencia.
y generaciones, a la igualdad y no discriminación tan deseables para una cultura que dice ser o “pretende ser solidaria” y combatir a favor de “una sociedad para todas las edades”?
La mundialización del envejecimiento es, pues, una realidad cuya amplitud, aunque solo nos atengamos a los puros datos estadísticos, nos cuesta cada vez más trabajo imaginar. Las repercusiones de este fenómeno comienzan ya a sentirse. ¿Qué es lo que hacen los Estados para abordar estas nuevas situaciones? ¿de qué manera se arman para responder a la multitud de acontecimientos que se derivan de él?; ¿con qué recursos cuentan?; si las políticas son uno de ellos ¿cuál es la filosofía que las alienta, el espíritu que las impregna?; ¿qué efectos producen en los mismos mayores y qué logros se están alcanzando?; ¿y en el resto de la población, de la comunidad en la que ellos están habitando?; ¿consiguen estas políticas y su materialización responder a las necesidades vinculadas de modo emergente al envejecimiento en poblaciones cada vez más multigeneracionales?; ¿sobre qué bases se mantienen éstas políticas?; ¿cómo se articulan?... El número de preguntas que podrían plantearse es amplísimo, pero estas son suficientes para centrar la cuestión que dirige estas páginas: ¿recogen las políticas sociales impulsadas por los Estados democráticos las aportaciones de las diferentes ciencias dedicadas al estudio de la vejez contribuyendo a la mejora individual de las personas mayores, a la cohesión social que se espera de vincularlas a otros grupos
La obligación de que las políticas sociales se adapten a un mundo en transformación permanente-también los ciudadanos a los que ellas se dirigen y destinan- parece una posición difícilmente rebatible o, al menos, rechazable. Argumentar esta posición significa reconocer que tales políticas no alcanzan los objetivos que se proponen y que los Estados que las formulan y sostienen no llegan a materializar, más allá de las liturgias autofestejantes al uso, los proyectos y programas que promulgan ¿Por qué?; ¿caben alternativas y soluciones?; ¿abrir horizontes en los escenarios de nuestro tiempo?... Un análisis detenido, una visión de conjunto, de las razones que limitan el alcance de las metas prometidas por los Estados a través de sus políticas nos permitirá reubicar las preguntas que nos hemos hecho a fin de apuntar sugerencias y direcciones, reflexiones y visiones, que podrían interesar a quienes se sienten interpelados por este problemático binomio de políticas sociales y tercera edad. Y, sobre todo, ubicar la propuesta de políticas sociales sobre bases más intergeneracionales. Es en este contexto donde cabe hablar de “sociedad para todas las edades” o de “solidaridades intergeneracionales” y del papel que los programas intergeneracionales pueden cumplir para lograr una u otras. He aquí el marco concreto para la activación y
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promoción de la cultura solidaria: los programas intergeneracionales en donde pueden tener lugar acciones generacionales, un potente vehículo cultural para contrarrestar el egocentrismo cultural y personal imperante (Lipovestky, 1996) tan propio de la sociedad de consumo, y apostar por la construcción de solidaridades públicas y sociedades solidarias. Quizás más que nunca haya que tener presente esta “antropología egocéntrica e individualista” que domina nuestra cultura: demanda la intervención de acciones relacionales que actúen como vehículos de contenidos y metodologías alternativas a las dominantes tan promotoras de competitividades y fragmentaciones sociales. Identificar los obstáculos y las dificultades que esta cultura yoísta, individualista e insolidaria es responsabilidad de quienes se sienten implicados y deseosos de una cultura y sociedad solidaria y generacional. 2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: LOS OBSTÁCULOS A UNA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD. He a continuación, a modo de aproximación, toda una serie de obstáculos con más o menos precisión y todos ellos relacionados en verdad, que se presentan como reales dificultades al establecimiento y construcción de una cultura metageneracional (desde el desarrollo de un enfoque del arco de vida al diseño de políticas sociales de carácter intergeneracional) y, por ello, reacios al devenir de sociedades solidarias sostenidas sobre la cooperación entre las
generaciones más que sobre la competitividad entre ellas. 2.1. Primer obstáculo: Visiones fragmentarias y negativas del envejecimiento. Un punto de partida relevante a destacar: El envejecimiento no es un fenómeno aislado de otras grandes corrientes societales, como se suele señalar unidireccionalmente. Un enfoque monolítico, de lo que no es otra cosa que un proceso que acaece de modo evidente en una época de la vida de las personas, acaba considerando la vejez un periodo residual, sostenido y productor de una imagen fragmentada, individualizada e independiente del universo relacional en el que cada una, sea cual sea su edad, se mueve (Bazo, 2002). Buena parte de esta visión se debe a la hegemonía de la Gerontología al abordar el tema del envejecimiento (Withnall, 2003). Y, sin embargo, cualquier proyecto solidario que pretenda reforzar el tejido social, superar las fragmentaciones generacionales, combatir el aislamiento y promover confianza relacional…, ha de apoyarse o sostenerse sobre las bases más sociales que gerontológicas. Sólo así cabe comenzar a diseñar programas orientados al logro de solidaridades generacionales que funcionen alejados de toda intención edadistica y más intergeneracional. Esta visión atomizada, propia de una cultura occidental que ha hecho del yo el epicentro de toda explicación ontológica, antropológica y
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política de los seres humanos-una cultura del yo frente a o en detrimento de una cultura de las relaciones-, siguen manteniendo y apoyando una concepción de la vejez y del envejecimiento asociado a imágenes negativas, etapas últimas en un desarrollo que se conduce por fases, entrada en el último nicho generacional atravesado por el edadismo imperante en nuestra sociedad, con todas las consecuencias que estas actitudes y creencias conlleva. ¿Qué razones, qué variables nos permiten comprender este planteamiento reduccionista, reflejo de la fragmentación social existente en nuestros días? Algunos argumentos nos aproximan, de modo contundente y riguroso, a la cuestión planteada de tal modo que es sólo a través del conjunto de todos ellos el que puede entreverse la imposibilidad de muchas de las políticas sociales para cumplir los objetivos que prometen a la ciudadanía. 2.2. Segundo obstáculo. El imperialismo de las disciplinas. Si se revisan algunos trabajos en profundidad y se escrutan con detenimiento diversas exploraciones, podemos encontrar algunos denominadores comunes que nos podrían dar una visión de conjunto de lo que se ha dicho o se está diciendo (más que de lo que se ha hecho: acontecimientos difíciles de valorar por las dificultades de acceder en las instituciones a datos e informaciones sobre lo realizado) sobre las personas mayores y el fenómeno del envejecimiento, en estos últimos años( Sáez, 2002, 2003).
Así, en este panorama teórico, cabe apuntar algunas ideas relevantes que nos permiten aproximarnos con más credibilidad a los fenómenos del envejecimiento y lograr una comprensión más amplia de los mismos. a. En esta efervescencia exploratoria es de agradecer el surgimiento de toda una serie de teorías (de la desvinculación, de la actividad, del ciclo vital...) que tratan de dar razón de la vejez, confirmándonos que no existe un paradigma único capaz de realizar esta tarea y que es la heterogeneidad la que preside esta aportación teórica. Cualquier intento de exclusividad paradigmática está condenado al fracaso debido a la naturaleza del fenómeno que se estudia (Sáez, 1998, 2003). b. Si bien buena parte de los conocimientos relevantes que se adquieren nos permiten aproximarnos, con un mayor nivel de comprensión, al proceso de la vejez y facilitarnos orientaciones para acciones más congruentes, lo cierto es que la falta de articulación de enfoques y conceptos complica un conocimiento más sólido de las dinámicas de envejecimiento y, en consecuencia, de las acciones que cabría diseñar y aplicar en respuesta a ellos. No hay duda de que la naturaleza multidimensional y compleja del fenómeno tiene mucho que ver, entre otras razones, a la hora de situarse en estos territorios de conocimiento. Disciplinas de diferente calado científico (la medicina, la psicología,
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la biología, la sociología, la antropología, la demografía, la pedagogía) estudian la vejez desde sus plataformas de análisis específicas aplicando sus metodologías particulares y utilizando conceptos unidireccionales, lo que impide construir una base teórica y terminológica articulada, relacional y potente (Midwinter, 1992ª y b). Basta observar, como ejemplo, las continuas confusiones que se generan, por falta de distinción semántica a la hora de acotar sus significados, al manejar indistintamente conceptos como marginación, exclusión, vulnerabilidad, desadaptación, pobreza, desafiliación... En gran parte de la literatura publicada se detecta una utilización excesivamente especulativa de los términos y, en consecuencia, una evidente incapacidad para captar empíricamente el fenómeno del que
se está ‘hablando’, la vejez y el envejecimiento de las personas mayores (Katzman, 2000). 2.3. Tercer obstáculo. El enraizamiento de la cultura del yo. Paradójicamente, aparece en la revisión de la literatura científica –con frecuencia más pseudocientífica de lo que sería deseable- algún denominador común a estas áreas de producción científica cuya repercusión no puede valorarse como banal. Ya que al hilo de estas diversas aportaciones se están produciendo una gran cantidad de conocimiento acumulado [que con el tiempo, habrá que organizar con criterios más articuladores] a través del cual se ha ido configurando un discurso predominante y hegemónico en el que se puede observar, al menos, tres grandes líneas de atención y focalización:
DISCURSO PREDOMINANTE EN LO SOCIAL
LA CULTURA DEL YO
Antropología ego-céntrica
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Los efectos de este dominio en la geografía del envejecimiento no son difíciles de rastrear. i. El tema del envejecimiento es planteado en sus dimensiones más biológicas e individuales debido en gran medida a la influencia de la Gerontología. Esta reducción promovió que durante un tiempo se hablara del mayor, en singular y con carácter universal, y no de los mayores. Como si todos los mayores fueran el mismo, una sola persona cuyos rasgos identitarios podrían ser asociados a toda persona de avanzada edad que, como tal, fuera adjetivada de esta forma (Glendenning, 1990; Sáez, 2005). ii. Si el envejecimiento en las sociedades desarrolladas y en desarrollo está provocando una serie de impactos, no pocas sorpresas y un alto número de problemas generales y concretos que interpelan a la ciudadanía civil y social, esta situación ha terminado por caracterizar al mayor como ‘problema’ en una sociedad que envejece (Pérez, 1997), y es bajo esta perspectiva conflictiva que suele aproximársele a él cargado de prejuicios y a prioris. iii. De ahí, se piensa, que sea preciso, previamente, conocer al mayor para saber cómo ‘resolver el problema’. ¿Cómo son actualmente los mayores? Esta es la pregunta que ha dirigido muchos proyectos de investigación -y, a posteriori, de intervención- a fin de saber lo que hacer a continuación. El punto de partida de esta lógica ha tenido una impronta operatoria muy determinista
de la que, solo ahora, comenzamos a darnos inicialmente cuenta: se ha vinculado la inicial identificación de las necesidades de los mayores con el conocimiento de los mismos y ello, a su vez, ha justificado la adopción de medidas pertinentes que, supuestamente, acaban dando satisfacción a tales necesidades. Lo primero conduce a lo último: la identificación nos lleva al conocimiento del otro y este saber al acceso de sus rasgos más identitarios que permiten actuar congruentemente sobre él (Sáez, 2005, Sáez, Sánchez y Pinazo, 2007). 2.4. Cuarto obstáculo. El profesionalismo mal practicado. Pero estudios de última hora han dado la vuelta a estos planteamientos deterministicos. En primer lugar, de los mayores, mas allá de lo que dicen las teorías (y no olvidemos las pretensiones universalistas de las mismas), apenas tenemos conocimiento de lo que son ni nuestros saberes sobre ellos tampoco se presentan muy amplios y definitorios. La generalidad de los conocimientos obtenido se da de bruces con la particularidad de cada mayor sujeto a contingencias históricas, económicas, ambientales, culturales, educativas, políticas y sociales, cuya transferencia y cruce, configuran un entramado tan complejo como de difícil acceso. El ‘otro’, el mayor, nos es, en realidad, un ignoto, un desconocido y, posiblemente, lo sea para él mismo (Karz, 2004). Como cualquier otra persona, sea cual sea la edad que tenga. En segundo lugar, son los profesionales, de acuerdo con las competencias específicas de su
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profesión, los que de alguna manera definen ‘la necesidad’ de los mayores ( Pérez, 1997; Sáez, 2007) de acuerdo con la especialidad que, a priori, cubren: los pedagogos definen las necesidades educativas de los mayores, los psicólogos las particularidades conductuales y mentales que deben ser atendidas, los médicos y gerontólogos aquellas que van asociadas a las dimensiones biológicas de la vejez, otro tanto ocurre con el asistencialismo desplegado por los trabajadores sociales... (Reichman, 2007; Sáez, 2007). La urgencia de muchos profesionales de mantener la creencia pública en la competencia de sus respectivas profesiones les conduce, ayudados de sus ‘corpus teóricos y doctrinales’, a definir las necesidades fuera de las variables contextuales y de los intereses y deseos de cada mayor. La mayoría de ellas son inducidas o son formuladas por derivación. Esta trayectoria de actuación profesional, en tercer lugar, en las sociedades occidentales es heredera de una cultura que ha hecho del sujeto el centro del universo, obviando que este sujeto (de la educación, de la política, del derecho, de la salud...) sólo sería un individuo si no fuera por las relaciones en que se halla en(re) dado. Los trabajos más potentes en Antropología, pero también en Matemáticas y en Física, hacen referencia a este sujeto que individualmente, es cierto, es una materia orgánica, pero que sólo se construye como sujeto en las relaciones que mantiene con otros sujetos en los entornos donde se encuentran, se comunican y hablan (Nancy, 2006). Este punto de partida que apuesta más por una ‘cultura de relaciones’ que por
una ‘cultura del sujeto’ (para algunos teóricos sujeto soberbio, “clausurado” o encerrado en sí mismo, individualista, favorecedor de egoísmos y competitividades, autor de todo tipo de artilugios y belicismos para dominar y obtener beneficios, incluso de ‘los sufrimientos de otros seres humanos’ (Subirats, 2004), ha abierto, de modo rompedor, en la tradición investigadora, una brecha significativa poniendo de manifiesto las insuficiencias y carencias de un modelo, de un paradigma, que no se basta -por el hecho de centrar sus estudios en el sujeto/hombre/ persona…- para dar razón seria y rigurosa de las dinámicas sociales, de las relaciones humanas y desde luego, de los contactos en los que están inmersos, social y personalmente, las personas mayores ( Bauman, 2003). 2.5. Quinto obstáculo. El arraigo del edadismo Justamente es de la “tribu académica” (en palabras de Becher, 2001) donde proceden algunas de esas creencias y actitudes que dificultan la construcción de políticas sociales que no estén basadas en el yo, en el sujeto, el individuo, la edad del mismo o el problema que lo aqueja. La costumbre de los demógrafos de segmentar las poblaciones en grupos de edad ha servido de modo fehaciente a las exigencias del marketing económico social. Los efectos son tan conocidos como paradójicos. Por una parte, se constata la potencia del mercado, como gran promotor de esa separación, del todo identificada, entre vida y edades, considerando estas últimas como
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conjuntos autónomos y aislados, independientes unos de otros. Por otra, nos empuja a visualizar la emergencia de poblaciones cada vez más multigeneracionales, en dónde cinco tipos de edades, en una escala ascendente de 0 a 100 años, van tendiendo a la creación de nichos generacionales. La edad está aquí muy presente produciéndose no pocas discriminaciones de mayores en función de este concepto (Williamson, 1982; Midwinter, 1992 a y b; Chande, 1998) . “Tal y como lo definió Butler, el edadismo es el prejuicio y la discriminación hacia miembros de un grupo, en este caso personas de más edad. Butler afirmó que, a diferencia de otros prejuicios como el racismo o el sexismo, el edadismo afectará a todos. En otras palabras, mientras que el sexismo, el racismo y otros “ismos” señalan subgrupos particulares, todo el mundo envejece. Vista la observación de Butler sobre el riesgo que todos corremos de sufrir edadismo, nos conviene cambiar la percepción negativa de la edad” (en Sánchez, 2007: 215). El edadismo, pues, es causa y efecto, de una serie de acontecimientos que propician la comprensión de nuestro escenario social, político, económico y cultural contemporáneo. 1º. El asentamiento de esa concepción existencial está basada en la evolución de etapas estándar vinculadas a determinadas edades y en donde cada edad está exageradamente especializada: la infancia y
adolescencia en la escuela, la juventud en la universidad preparándose para un empleo, la adultez jugando en el mercado y la vejez disfrutando de una merecida jubilación tras una etapa laboral más que agotante. Este ciclo de vida cuaternario ha sido incorporado, desde los primeros pasos socializadores a las mentes de todos los ciudadanos, de modo incontestable y relativamente rígido. Una etapa, una edad generacional, no tiene nada que ver con la anterior o con la que continua. A la formación la sigue la preparación universitaria y al trabajo la jubilación. Y el trabajo (fuente de satisfacción y desgaste) como el núcleo central sobre el que pivota el antes (la formación para él) y el después (el descanso merecido tras él). 2º. Esta artificial separación de las edades es el resultado, y al mismo tiempo fomento, de una estrategia de marketing creador de lo que se ha dado en llamar “mercados generacionales”. El consumo está planificado en función de las edades vinculadas a (supuestas) necesidades que le son propias, a “problemas” que dificultan la satisfacción de necesidades. También las políticas sociales son, en buena parte, reflejo de esta filosofía (Sáez, 2013 b). 3º. Lo que, en buena medida, permite entender el conflicto formulado entre las edades y los roles estandarizados asignados por los media (y aplicados por las políticas) en una sociedad, indeterminada e inarticuladora, en plena crisis de identidad. La continuidad de la vida, así,
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queda dividida, fragmentada y explicada a golpes categoriales y según los tipos de problemas que estas categorías tratan de aglutinar: según edades, variables culturales, clases sociales,… La vida, en síntesis, dividida en nichos generacionales, es causa y consecuencia directa de la vida en edades, justificador de la extensión del aislamiento que golpea a las personas de edad y, paralelamente, a las otras categorías de edad. De modo subsecuente, la diferenciación generacional no es vista ni es identificada como un continuum existencial, como un proceso evolutivo de cadenas soldadas por eslabones vitales, sino convertida en una vana estandarización de clases por edades que distorsiona cualquier enfoque unitario de la vida humana. ¿Cómo evitar, en este estado de cosas, el conflicto entre generaciones?; o, por el contrario, ¿cómo trabajar por la solidaridad entre generaciones cuando éstas están fijadas a los roles estándar que le han asignado los media y carecen de toda conciencia evolutiva desde el nacimiento a la muerte?
Las sociedades y las comunidades, en suma, se están organizando sobre la aceptación tácita del edadismo en la sociedad (Down, 1995;Bazo, 2002 ;Sánchez, 2007). Pero esta asunción supone que otros nichos generacionales se conformen, a su vez, según sus respectivas edades, cuando hoy sabemos que la edad no dice, no explica nada de ellos, no nos permite comprender lo que son ni
lo que hacen. De esta forma habría que volver a pensar las políticas sociales vinculadas a la edad y las consecuencias que esta adopción provoca. Es una urgencia inaplazable. 2.6. Sexto obstáculo. La imposibilidad, por tanto, de políticas de integración solidarias. Es esta cultura del sujeto la que ha pasado, progresivamente, de explorar lo que son los otros para conocerlos (y desde luego los progresos en las ciencias médicas son muchos más espectaculares que en las ciencias sociales, de las que apenas hay avances significativos) a tratar de identificarlos, de dotarles de una identidad (al mayor, pero también al discapacitado, al inmigrante, al drogodependiente, a los delincuentes...) (Loriaux, Predazzi y Vercateuren, 2001; Sáez, 2013 a) caracterizada por una serie de notas que constituyen lo que antes se llamaba personalidad. Pero una vez más la identidad, como en su momento la personalidad, se ha ido constituyendo como una categoría estática, definitoria, que no nos dice nada de los cambios, modificaciones, de los conflictos y contradicciones de los sujetos o de la cultura en que estos se hallan inmersos (Down, 1995). La irrupción de un nuevo concepto como el de subjetividad (de subjectum/subjeto/sujeto) ha puesto entre las cuerdas al más dominante de identidad: la psicología, la educación, la sociología, la antropología... son vistos, así, como campos de conocimiento orientados a la construcción de sujetos y a entender cómo se construyen las subjetividades de cada uno de ellos
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( CIMOP, 2002). Y es, justamente, este proceso de subjetivación lo que singulariza a cada sujeto impidiendo cualquier intención universalizante (y, por tanto, cuestionando o anulando toda categoría homogeneizadora) y reductora que los convierte en iguales (Loriaux, Predazzi y Vercateuren, 2001). Como puede verse, toda esta serie de conceptos que están operando en el discurso de las ciencias médicas y sociales hablando de los mayores, necesita de una clarificación semántica para volverlos a reintroducir con más rigor en estos campos de saberes: la labor para llevar a cabo esta tarea, si se pretende enriquecer el estatuto científico de estas áreas de conocimiento, supondría una primera fase constructiva de (des) construcción de los conceptos para dar lugar a una tarea de (re)construcción, de reubicación de los mismos en la red de relaciones que están jugando en los discursos, a fin de construir nuevos significados que remitan a situaciones reales que las personas, grupos y comunidades protagonizan (Sáez, 2007). Si las políticas públicas viven y se nutren de estos discursos, en última instancia, son los diseñadores y formuladores de estas políticas los que deben saber el valor real de los conceptos que se utilizan para articular tales propuestas de cara a la ciudadanía (Höffe, 2007). A estas alturas de siglo es bien sabido la potencialidad influyente que está ejerciendo en la política la emergencia, como grupo visible, de los mayores, sujetos de derecho así como, también, son reconocidos los conflictos
de diversa naturaleza (éticos, sociales, políticos, psicológicos, educativos...) que están surgiendo alrededor de los grupos de personas mayores. A la ya discutida 1universalidad inevitable que connota todo tipo de políticas, cabe responder con proyectos más concretos que contrarresten esta tendencia generalizante y homogeneizadora: así, sería deseable que en el diseño, desarrollo y evaluación de efectos y logros (Sáez, Sánchez y Pinazo, 2007) jugaran conceptos menos abstractos y retóricos, conceptos que remitieran no a categorías universales sino a situaciones en las que viven, se relacionan y actúan las personas mayores (Villa y Rivadeneira, 1999 ). Esta visión estereotipada es causa y produce al mismo tiempo percepciones equívocas sobre las personas mayores en las que las políticas siguen apoyándose: estas personas son percibidas como una suma de partes, una adicción de etapas, un conjunto de pérdidas y problemas, antes que un continuum vital en las que las diferentes fases del ciclo vital se relacionan y se interpelan mutuamente (Sáez, Pinazo y Sánchez, 2007). ¿De qué manera estos planteamientos propios de una psicología evolutiva trasnochada, condicionan las políticas atravesadas por el edadismo? Esta 1 Un argumento como el esgrimido por Bauman es suficientemente potente y legitimador de la existencia de tales políticas así como de la presencia de los diferentes profesionales en materializarlas: para nuestro sociólogo, muchas personas podrían encontrarse en situaciones de urgente supervivencia si no contaran con muchas de las ayudas que van vinculadas a estos instrumentos y recursos que los estados promueven a favor de determinados grupos ciudadanos (2003).
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interrogación no es una cuestión banal, habida cuenta los efectos que provoca en el modus operandi de los diseñadores de política y en las aplicaciones de la misma, por mucho que en ambos casos sean buenas intenciones las que animen estas tareas. 1. Las políticas sociales se orientan a la gestión urgente de “los problemas” asociados a la edad de los mayores. Esta enfatización edadista socava la idea de continuum vital y niega la posibilidad de interpretar la vejez, de darle sentido, situándola en la totalidad de un recorrido existencial en el que todas las edades están jugando en un proyecto siempre global, no parcelado, de vida. 2. Estas políticas, bajo estos supuestos reificadores, se encuentran incapacitadas, ya desde sus puntos de partida, para funcionar como políticas de integración de las edades. ¿Acaso la vejez no se va construyendo desde la infancia?; ¿cómo separarla de la juventud o la adultez sin que cada una de ellas pierda, por separado, su significado en ese proyecto global que es toda una vida? 3. Cuando las políticas sociales no reconocen la interdependencia de las edades de la vida y el continuum existencial que se dilucida entre la vida y la muerte se acaba trabajando con conceptos que promueven más el egocentrismo, la competitividad
y el individualismo que la solidaridad a la que tanto se cita, paradójicamente, en ellas. Exclusión, vulnerabilidad, fragilidad, precarización, marginación, inadaptación…, son términos de uso frecuentes que pueden identificarse en la formulación de las políticas de vejez y en su diseminación ( Sáez, 2013 b). Como puede verse, hemos apuntado una serie de obstáculos, algunos de los más visualizados, todos ellos relacionados entre sí y analíticamente separados para formularlos comprensivamente en este texto, que impiden o limitan el desarrollo real, de fondo, de una sociedad solidaria y relacional, la promoción de una cultura meta e intergeneracional. Pero todos ellos conforman un bucle interactivo en el que cada obstáculo convoca a los demás, con más o menos intensidad pero inexcusablemente. 3. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA RELACIONAL Y SOLIDARIA Como hemos podido ver los conceptos y las teorías que se manejan actualmente juegan un papel importante en la conformación y arraigo de una cultura del yo antes que en la de las relaciones. Pero otros términos producen efectos imprevisibles de los que no se es consciente hasta que no llega el momento de analizar realidades y las causas que las promueven. Es el caso del término intergeneración.
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3.1. Sobre el uso de la noción de intergeneración. Planteemos directamente algunas disgresiones sobre el uso de la noción de intergeneración. 1. En tanto que estas políticas sociales de la tercera edad no reconocen la integración e interdependencia de las edades, el concepto de intergeneración es traducido con una simple interacción relacional de dos o más generaciones. No es tarea ardua el concluir la baja densidad semántica que se le concede al concepto y el escaso valor social a las múltiples actividades que se realizan en torno a él, concebidas como sencillas presentaciones anecdóticas de experiencias particulares sin ninguna consideración cultural hacia ellas (Malki, 2005). 2. Interpretación que choca rotundamente en las sociedades desarrolladas, mostrando las carencias e insuficiencias de las políticas sociales en el escenario social, cuando la emergencia de las poblaciones multigeneracionales, debido a los factores apuntados (y otras variables más), ya se ha confirmado como un hecho tan contundente como insoslayable. Y, también, cuando “la aceleración histórica” que vivimos, de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en un mundo globalizado, está dando a cada una de estas generaciones una especificidad particular, produciendo y promoviendo modos de vida,
referencias colectivas que han ampliado sutilmente el proceso de diferenciación generacional (Loriaux, Predazzi y Vercauteren, 2001). La posibilidad de interpretar el concepto de intergeneración como la auténtica plataforma de todo proyecto existencial se debilita aún más, sobre todo cuando ese proceso de diferenciación generacional, esa fragmentación de la unidad de la vida humana en conceptos generacionales separados, cuando no en conflicto, está siendo planteado, como otros procesos políticos y culturales en la actualidad, al abrigo del discurso de la identidad. La preocupación por el “yo” o el “nosotros”, en una cultura occidental más ocupada en el ser que en las relaciones entre los seres, deviene, como hemos visto en apartados anteriores, inevitablemente en un “yo soy” o un “nosotros somos”, cargados de acentos políticos, económicos, culturales y religiosos y, como sabemos, frente y fuente de conflictos entre supuestos oponentes (Juillard, 2004). Basta una visión somera de la geopolítica occidental para percatarse de la verdad de los asertos anteriores. ¿Es, justamente, en este escenario, donde se apela a la necesidad de trabajar por una sociedad para todas las edades?; ¿cabe, ahora más que nunca, el combate por una sociedad intergeneracional, integrada, en un universo tan yoista y egocéntrico como el que predomina actualmente?; ¿tienen sentido el diseño y ejecución de políticas sociales de carácter intergeneracional de tal manera que
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cada generación pueda reconocer en la otra-en la anterior y en la que postcede- un momento evolutivo (de esa cadena) fundador de su propia existencia, de ese continuum real que es toda unidad humana?; ¿es el reconocimiento de esa realidad relacional entre los seres humanos y entre las edades de cada uno de ellos la condición necesaria para activar una verdadera solidaridad intergeneracional? 3.2. La solidaridad entre generaciones: solidaridades familiares y solidaridades públicas. Es cierto que los gobiernos y los estados europeos, organizaciones e instituciones, apelan con frecuencia a la “solidaridad entre generaciones” y proponen políticas para lograrla. Esta solidaridad entre las generaciones puede situarse a dos niveles. a) Nivel privado y familiar en el que la solidaridad se ejercía y se ejerce cuando llega el caso –y se tiene voluntad de hacerlo-en el interior de las relaciones de cohabitación en el hogar: hecho cada vez más difícil por la nueva sociología que presenta la familia y el nomadismo imperante que distancia y aleja a sus miembros del núcleo central espacial en el que antaño se vivía. En cualquier caso, en este nivel, es la red familiar la que asegura, más allá o más acá de contingencias particulares y de hechos desagradables que la fenoménica social nos va presentando en el devenir cotidiano, el sostén,
la atención y la ayuda a las personas mayores en situación de riesgo y, en todo caso, a todo miembro dominado por la vulnerabilidad (Castells y Subirats, 2007). b) Pero es el otro nivel, de naturaleza pública y colectiva el que, en las dos últimas décadas, ha impulsado a los Estados modernos partidarios de los sistemas de protección social, a demandar la búsqueda de solidaridades intergeneracionales y la construcción de tejido social articulado. En este nivel, las preocupaciones por potenciar las solidaridades intergeneracionales a través de las políticas sociales tiene un calado que ningún gobierno puede ocultar y su proceso ha devenido en el tiempo facilitado por variables y factores, algunos de ellos ya comentados líneas más arriba: progreso de la longevidad, familias en donde se superponen varias generaciones, disminución de la natalidad, reducción de la red familiar directa, movimientos demográficos significativos, cambios en la estructura familiar tradicional, migraciones selectivas que tratan de responder a demandas puntuales de mano de obra en ciertos sectores considerados deficitarios (y que, no hay que olvidarlo, son una fuente de ingreso y una ayuda para financiar en Europa las pensiones con frecuencia problematizadas), pérdidas de relaciones económicas entre las generaciones (¿puede afirmarse que los jóvenes de hoy va a ser los “bastones de la vejez”?), fragilidad democrática…, la solidaridad entre las
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generaciones aparece progresivamente como una meta cada vez más necesaria y plausible en un horizonte demasiado cargado de incertidumbres, riesgos y no pocas amenazas( Castells y Subirats, 2007). El paso, pues, de las solidaridades familiares a solidaridades públicas y colectivas, viene acompañado de una serie de eventos de desigual calado y diferente naturaleza, pero siempre significativos socialmente. Conviene, para ahondar más profundamente en estas transiciones/ transacciones, hacer referencia a algunos de los más relevantes. Las solidaridades familiares a las que hemos hecho referencia han sido progresivamente reemplazadas por formas de protección social vinculadas a toda una serie de categorías de colectivos desfavorecidos como parados, ancianos, enfermos discapacitados, excluidos, vulnerables… Las personas mayores, en este proceso de transición, son vistos como “problema”. No obstante, este paso no es percibido como negativo sino más bien todo lo contrario: como un incontestable progreso social, como una protección mayor de los individuos ante los riesgos de la existencia. Si la mediación familiar en este escenario de mutaciones se debilita y las solidaridades familiares se orientan y llegan a ser más personales (basadas en la afectividad y reciprocidad entre sus miembros) se explica en gran medida por todos estos factores en los que los poderes públicos ha ido adquiriendo un
papel más importante al potenciar el cambio o la transformación radical de los vínculos familiares y privados a estatales y públicos. Este hecho reconocido sitúa nuestro escenario de época con algunos rasgos caracterizadores bastante novedosos: a) Las solidaridades familiares que antaño se debían a la necesidad de unión que sus miembros planteaban frente a las dificultades económicas, hoy, gracias a la relajación de tales vínculos económicos en una sociedad globalizada y dinámica, tales solidaridades están adquiriendo un carácter más personal y afectivo, más recíproco y menos asimétrico. b) Puede que esta dinámica promueva un impulso importante de las solidaridades familiares basadas en sentimientos y emociones más que en preceptos y reglas sostenidas por la tradición o por las necesidades de supervivencia. ¿Es este momento oportuno, la situación idónea para rehabilitar y reforzar esa agencia primaria de socialización que ha sido la familia? Es preciso investigar en esta dirección. 4. POLÍTICAS Y PROGRAMAS INTERGENERACIONALES: HACIA SOLIDARIDADES CREADORAS DE TEJIDO SOCIAL ¿Quiere decir esto que la solidaridad intergeneracional es un hecho?; ¿una realidad? Alguna respuesta cabe adelantar. Es cierto que las solidaridad generacional tienen alguna
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dimensión, ha alcanzado cierta intensidad en Europa gracias a que, sirva como ejemplo, los sistemas de financiación de la seguridad social y protección social ha respondido más bien a un principio de redistribución colectiva (por mucho que éste no sea del todo lo equitativo que se desee) que al supuesto, más frecuente en la geografía norteamericana, de capitalización individual y sus subsecuentes efectos proporcionales en quienes contribuyeron fiscalmente. Ahora bien, está situación está lejos de ser, por sí sola, capaz de fortalecer las democracias, propiciar los vínculos sociales y construir tejido comunitario (Navarro, 2004). Y menos aún en tiempos de recesión económica y de crisis social y política en Europay en gran parte del mundo- como hasta ahora no la había habido en tiempos democráticos. Por tres razones, al menos de entrada, que permiten encarar las solidaridades públicas de manera directa, sin cortapisas. 1ª. Reposa sobre las solidaridades demasiado abstractas y categóricas. 2ª. Son obligatorias. 3ª Las consecuencias de este sistema no son visibles más que a largo plazo. En el caso de los mayores, por ejemplo el de algunos jubilados, se ha podido detectar que no pueden apreciar personalmente las virtualidades de este sistema hasta después de un largo periodo de vida profesional y cotizaciones obligatorias. Lo que no deja de ser lamentable en términos existenciales.
Identificadas las limitaciones de este sistema de solidaridad se entiende la llamada de instituciones y organizaciones sociales a que las políticas sociales de los países incorporen las preocupaciones intergeneracionales, no como respuestas a los problemas y carencias de jóvenes, pequeños y mayores sino como una absoluta necesidad de adaptación a la “era de las generaciones”, al reconocimiento de “la cultura intergeneracional” y sus efectos democráticos y cohesionadores (Sáez, 2013b). Sin embargo, poco se ha hecho a favor de estas metas. El mercado ha marcado sus reglas y se ha servido tanto como ha alimentado los obstáculos a los que hacíamos referencia en el apartado dos de esta reflexión. Los gobiernos trabajan con políticas sectoriales y las intenciones generosas cuando no paternalistas de las grandes organizaciones e instituciones europeas acaban convirtiéndose en lemas, o material para la retórica, y en “papel mojado” a la hora de consensuar sus aplicaciones. 4.1. La potencialidad de las imágenes intergeneracionales no puede negarse. Por otra parte, cuestionar las propuestas y efectos de las lógicas mercantiles orientadas casi exclusivamente hacia el beneficio no supone negar la potencialidad que encierra, para promover una cultura meta e intergeneracional, uno de los instrumentos utilizados por el mercado para lograr sus objetivos: tales como los medios
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de comunicación de masas y, particularmente, la televisión. Por varias razones cabe prestar atención a este medio de posible difusión de una cultura generacional. Primera. Parece ciertamente congruente en una sociedad de la información, donde la comunicación es esencialmente visual, se utilicen ciertos medios propensos a la transmisión de imágenes que auspiciando iconos dotados de significación sensorial contribuyan a la expansión de esta cultura intergeneracional. Segunda. Se entiende, por lo demás, que los responsables de marketing de empresas y organizaciones, estén utilizando el valor comunicativo de la imagen intergeneracional: los fotogramas mentales de niños y mayores juntos, aun siendo impulsados a través de imágenes instantáneas, actúan como fotos intergeneracionales tendentes a generar sinergias generacionales, en última instancia reforzando el “imaging” de solidaridad entre las personas mayores y menores... Estas fotos invaden, cada vez con más frecuencia, las publicidades de televisión llenándola de personajes y actores que ofrecen una imagen empática de la relación entre generaciones. Tercera. Aún siendo verdad el proceso de explotación de imágenes intergeneracionales, y yendo más allá de toda moralización al uso, lo cierto es que el encuentro intergeneracional a través de la imagen, de la fotografía
intergeneracional, acaba siendo portadora de mensajes subliminales de solidaridad y armonía relacional que puede servir a la expansión de una verdadera cultura de la solidaridad en el seno de la sociedad de hoy. Si parece que uno de los prerrequisitos de la solidaridad va vinculado a imágenes relacionales como la que ofrece el encuentro intergeneracional en fotogramas, no tiene sentido rechazar lo que puede ser un instrumento para la construcción de una cultura realmente solidaria. Que el mercado se haya apropiado de algunos de los contenidos propios de la interacción generacional, y del deseo que late en buen número de cabezas y corazones humanos aspirando a la convivencia pacífica y a la relación generosa, no invalida el papel previo de introducción a la solidaridad que cumplen toda esta gavilla de ramilletes fotográficos intergeneracionales que vuelve posible todo intento de sensibilización cultural sobre las necesarias relaciones intergeneracionales. Puede abocarse en un maniqueísmo más que preocupante al negar que el paso de una cultura de la imagen, sin anular su existencia, a una cultura del arco de vida (Sáez, Sánchez y Pinazo, 2007) o cultura intergeneracional, no puede finalizar más que en una pseudo-cultura o visión superficial de las relaciones humanas. Con todo, no hay que olvidarlo, son las políticas sociales intergeneracionales, las que pueden realmente, de modo sólido, contribuir a la construcción de una cultura solidaria y de una política pública relacional.
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4.2. Las políticas sociales de carácter intergeneracional: rasgos y operatorias. Como hemos visto en apartados anteriores las políticas sociales, aquellas que han ido formulándose a lo largo de las últimas décadas (y según qué geografías) bajo el espíritu de la cultura del yo, se vienen caracterizando por una serie de rasgos que, por su condición, son contrarios y aparecen como obstáculos a la creación progresiva de una cultura de las relaciones (intergeneracionales). Esta consideración de las políticas que obran como respuestas a problemas y necesidades emergentes, fragmentarias e improvisadas, muestra la pertinaz incapacidad del sistema social para salir de la lógica individual asistencial y proponer programas y proyectos más relacionales (Sáez, 2013ª y b). Esta incapacidad tiene profundas raíces culturales, como hemos visto, que cabe interpretar dentro de las lógicas yoistas, del sujeto personal más que relacional, de la cultura egocéntrica, de una antropología trascendental (anacrónica pero aún muy dominante en nuestro tiempo). Lo que podría ser un auténtico proyecto orgánico, bajo la cobertura de una antropología relacional, del nosotros, acaba siendo convertido en un servicio logístico de urgencia. Introducir un enfoque intergeneracional en estas políticas
y proyectos puede constituir un motor de choque importante para ir provocando cambios y mutaciones, tanto en la cultura, en general, como en las políticas y programas. Por los supuestos teóricos que dan razón de ser de la fuerza potencial de lo intergeneracional, por los conceptos que sostienen el edificio teórico y las políticas sociales, por las metodologías relacionales vinculadas a las prácticas y proyectos intergeneracionales, por las finalidades, realmente sociales, que se pueden alcanzar a la vista de las experiencias habidas y los logros obtenidos, libres de toda presión y dogma… Si ello fuera así, si el enfoque intergeneracional se fuera imponiendo podría hablarse de una verdadera revolución teórica y metodológica que impulsaría los niveles de nuestra cultura (en lo político, lo económico, lo social y lo profesional) hacia niveles de calidad verdaderamente relevantes, muy por encima de la medianía reinante en el mundo occidental. La ventaja del enfoque relacional sobre el modelo egocentrista es que se produce, si se revisan aportes empíricos de programas realizados y evaluados, un aumento considerable de garantías en lo que respecta a la salvaguarda de lo relacional y, por supuesto, también en el respeto al proyecto personal de vida de cada ciudadano (Sánchez y Sáez, 2010). Este enfoque intergeneracional, vinculado a una visión más orgánica y relacional del arco vital,
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arrastra una concepción de la existencia como continuum y propicia un viraje progresivo cada vez más necesario y urgente. Ese viraje puede ser un paso necesario para la (re) creación o (re) construcción, en cualquier caso formulación, de políticas superadoras de una asistencia social que trabaja por síntomas hacia políticas sociales que trabaja por proyectos. No es difícil inferir, por tanto, aquellos efectos que se pueden desprender de la adopción de un enfoque auténticamente relacional/ intergeneracional. La introducción de “sinergias de redes” en la creación de proyectos intergeneracionales es un motor de desarrollo e innovaciones muy importante tanto para la revisión crítica de lo que existe, en sus diferentes dimensiones, como para la realización de servicios y programas nuevos. El hecho de que el enfoque intergeneracional proponga soportes culturales diferentes, apoyadas congruentemente en una cultura metageneracional y relacional, supone una relectura sinérgica de la realidad social y de los recursos necesarios e importantes para desarrollarla. Una visión de la realidad social en su conjunto no solo permite la asunción y juego de estrategias de redes en donde las sinergias generacionales juegan un papel esencial en el plano conceptual, teórico y cultural a la hora de promover proyectos que conciernen al
conjunto orgánico de la sociedad (y no proyectos sectoriales, orientados por la “sintomatología” de las grandes problemáticas sociales emergentes que han mostrado su ineficacia y su inoperatividad) sino que, por su misma potencialidad –apenas evaluada y escasamente comprobada- tal visión de la realidad social relacional abre caminos para la elaboración de políticas sociales formuladas y aplicadas bajo este enfoque aspirando a que esa “sociedad para todas las edades” o para todas las generaciones llegue a ser una realidad y no solo una moda, una expresión retórica para evaluar o tranquilizar a las galerías o, a lo sumo, un tema para sesudos coloquios académicos( Sánchez, 2007). Es bajo esta consideración de la realidad social y de las políticas sociales vinculadas a esta concepción (un cambio de lógica que va abandonando, progresivamente, supuestos y estrategias asociadas a una cultura del sujeto para ir adoptando otros supuestos, recursos y procedimientos más acordes a una cultura de las relaciones) que tiene sentido, en términos operacionales, demandar la formulación y el diseño de Programas o Proyectos Intergeneracionales. Estos cambios dirigidos bajo, como hemos visto, soportes culturales diferentes, demandan la utilización de conceptos, teorías y procedimientos en las planificaciones sociales dirigidas por los lenguajes relacionales (Sáez, Sánchez y Pinazo, 2008). De esta manera tal relectura de la realidad social, supone, por ejemplo…
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revisarconceptoscomoel denecesidad, objetivos, intervención, planificación, metodologías, evaluación… , bajo una visión global congruente con dinámicas de interpretación que acepten y pongan en marcha este punto de partida: es decir, conlleva la aceptación total del contexto relacional y social donde la comunidad no es, por ejemplo, una categoría individual al uso a la que se le da vueltas una y otra vez en el definicionismo teórico sino que llega a ser el interlocutor de toda intervención que tenga que ver con ella( Sáez, 2005). Es en este contexto donde tiene sentido utilizar nuevos conceptos como “estrategias de redes”, “sinergias generacionales”, “redes de relación social”, “capitales sociales”… O estrategias y recursos como Proyectos Intergeneracionales,
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llevar a cabo una relectura de la realidad social :esta visión de conjunto juega un papel esencial en el plano cultural, teórico y conceptual condicionando la creación de proyectos, más globales y menos sectoriales poniendo de manifiesto…
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poner de manifiesto la ineficacia de los enfoques sectoriales diseñados por objetivos sintomáticos, asistenciales e individuales;
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la fragmentación operacional de los proyectos actuales de intervención cuyos efectos no tenemos más que aproximaciones formales debido a evaluaciones limitadas y carentes, estandarizadas y atomizadas;
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la necesidad de utilizar los recursos intrínsecos tan poco considerados en los proyectos de intervención actual dominados por un pan-metodologismo ineficaz e irresponsable en el que las personas son sometidas a las reglas de juego de los procedimientos, técnicas y métodos en vez de ser estos los que son utilizados y recreados de acuerdo con las necesidades que ellas plantean. De ahí que estos recursos intrínsecos en los Programas Intergeneracionales sean fundamentales e inexcusables ya que las personas y grupos encierran importantes potencialidades cooperadoras, tanto culturales como operativas y estratégicas a la vez. Esto es, lo intergeneracional que se visualiza y pone en juego articulando los Proyectos Intergeneracionales constituye una gran reserva natural de recursos humanos relacionales (hoy solo considerados puntos de partida, principios formales, en el actual sistema de asistencia y atención a la ciudadanía sea cual sea su edad) desaprovechados en los proyectos y programas de intervención individuales atravesados por una filosofía liberal, la del sujeto individual, libre de toda relación y condicionamiento, es decir, no relacional, tendente a la competitividad y al conflicto más que a la cooperación. Este derroche o desperdicio de recursos intrínsecos es fatal para el porvenir de todo el sistema social y desde luego un elemento clave a la hora de explicar que si la sociedad para todas las edades es un imposible se debe, en una
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gran medida, al despilfarro de los mismos. ¡Qué mejor recurso que las propias personasespecialmente las mayores-que participan en los Programas Intergeneracionales! 4.3. Programas Intergeneracionales, Proyectos Educativos Innovadores. 4.3.1. Otra pedagogía, otra educación La cultura relacional, esa visión metageneracional de la vida, remite y conlleva una Pedagogía Intergeneracional2, matriz de múltiples Proyectos 2 Se utilizan en este apartado las dos expresiones, Pedagogía Intergeneracional y Pedagogía Escolar, con acento exclusivamente didáctico, no confrontador. Hacer referencia a una Pedagogía Intergeneracional puede ser precipitado puesto que ningún teórico social ha dedicado su tiempo a sistematizar y fundamentar lo que es otro modo de educar. Pero evidentemente la hay, dado el carácter fuertemente educativo de las prácticas intergeneracionales: en tanto que toda acción educativa es relacional y toda práctica intergeneracional también, las dos participan de ese ser objeto de estudio y conocimiento del campo pedagógico. Si la Pedagogía, pues, tiene como objeto de análisis y exploración la práctica educativa o la relación educativa, encuentra , por lo tanto, en las prácticas intergeneracionales otro objeto de estudio que contribuye a enriquecerla: tarea que confirman los estudios de epistemología histórica al defender que no solo van cambiando el estatuto de las disciplinas en los contenidos teóricos que va obteniendo sino también en sus objetos de estudio que van, por la propia naturaleza de la investigación, enriqueciéndose y adquiriendo perfiles diferentes de cuando fueron formulados al inicio. Por lo demás, es evidente que con la expresión Pedagogía Intergeneracional hacemos referencia a un tipo de educación relacional que se lleva a cabo en hábitats evolutivos muy diferentes a los escolares, y en donde los contenidos, los tiempos, las funciones y tareas de los participantes, el tipo de evaluación para valorar o analizar los efectos de estos procesos de relación, se encuentran distantes, son concebidos de distinto modo a los formulados y aplicados por la Pedagogía Escolar. Cabe señalar, por último,
Intergeneracionales de carácter educativo, ya que esta es la naturaleza de estas acciones profesionales. Una pedagogía que puede denominarse radical, aunque ésta no tenga ninguna meta revolucionaria, para justificar cientos de programas educativos innovadores cuya potencialidad, ignorada y apenas visualizada, mantienen a los Proyectos Educativos en un lugar simbólico y cultural de baja densidad. Hay varias razones que permiten entender el carácter “cuasirevolucionario” de esta Pedagogía Intergeneracional (Sáez, 2001). --
Se presenta como un verdadero complemento a la escuela y a los modos de educación y aprendizaje que se dan en ella.
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Supone un replanteamiento de objetivos, métodos, contenidos, evaluaciones, tiempos y espacios, tal y como son considerado y utilizado en la escuela: por lo tanto, se trata de “otra” manera o modo de hacer educación.
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No se propone directamente como oposición a la educación, tal y como se materializa en la escuela pero no puede evitarse el que, en el contraste, aparezcan todo aquello que las diferencia. Y esta diferenciación es lo que la hace parecer “revolucionaria”, en tanto que
y basta para ello la observación penetrante de las prácticas intergeneracionales, el carácter o la dimensión potentemente educativa (sin rechazar otras dimensiones) que se encierra en ellas. Sólo el disciplinarismo trasnochado y excluyente puede cegarse ante procesos en los que juegan todas las dimensiones humanas.
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lo que la justifica, fundamenta y legitima a la Pedagogía Intergeneracional es de carácter muy distinto. Eso no debería alarmar sino más bien ser causa de gozo comprobar que la educación es una práctica social que puede recrearse y materializarse de diferente modo (lo que invalida esa recurrente intención esencializadora y universal de los rígidos partidarios de una sola, única y exclusiva educación: decididamente deberíamos suprimir el singular y apostar por un “las educaciones” contundentemente plural que es lo que ocurre en la realidad) y contribuir, por caminos y recorridos diferentes, a lograr aquellos objetivos y metas que los grupos humanos deseen. --
a los dos enfoques pedagógicos que aquí se oponen para el contraste (Sáez, 2001, 2002, 2003). --
En la educación escolar, son predominantes las lógicas disciplinares, en las que autores y autoridades, argumentos y acontecimientos fundadores, teorías y conceptos, definiciones y métodos son vistos bajo el prisma de la materia que se imparte.
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Más que un contenido estático de aprendizaje, la educación intergeneracional se percibe y se encara como proyectos de educación de vida, nunca abordados en la especificidad de las disciplinas. Las consecuencias del sistema educativo actual, sostenido sobre las lógicas disciplinares, ha finalizado en lo que se ha dado en llamar “analfabetismo existencial”: en esta concepción educativa, la ausencia de una educación organizada en torno a la evolución del ciclo de vida (y cuando alguna materia lo ha hecho ha realizado sus formulaciones bajo la presión de las disciplinas) ha concluido con una falta evidente de reflexión y conocimiento sobre los contenidos de la vida humana, en su recorrido desde el nacimiento hasta la muerte. Lo que explica, entre otras, la falta de responsabilidad, en una sociedad tan tecnológicamente desarrollada, para realizar y abordar, pedagógicamente, el tema de la muerte.
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La cultura del arco generacional puede proponer infinitos temas siempre asociados a proyectos de educación vitales, por lo que no
En este caminar diferente pero complementario, la Pedagogía Intergeneracional puede enfatizar aquellos aspectos que la Pedagogía Escolar no puede llevar a cabo. No es el momento de realizar un contraste detenido de lo que ofrecen los dos enfoques pedagógicos, pero es posible centrarse en algunos de los elementos que conciernen a las dos pedagogías (Sáez, 2002). Tal es, por ejemplo, el tema de los contenidos.
4.3.2. Un ejemplo para el contraste: los contenidos Siguiendo esta pauta sistematizadota que organiza nuestras reflexiones y nuestros datos vayan a continuación una serie de rasgos que caracterizan
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cabe que estén atravesados por reducciones administrativas ni simplificaciones: los únicos criterios a contemplar para el desarrollo de estas prácticas intergeneracionales, como prácticas educativas y sociales que son, y el diseño de proyectos o programas intergeneracionales es que el criterio que los organice y los dirija sea el deseo, los deseos (¡y no los síntomas, los problemas, o las necesidades interpretadas como carencias ¡) de los protagonistas, de los actores sociales. El papel de los educadores en el proceso, sean quienes fuesen, es determinante y su compromiso con este enfoque, esta cultura del arco de vida, también. Una educación progresiva de las nuevas generaciones reclama y convoca a educadores capaces de transmitir la significación última de esta cultura. La escuela puede incluir, de modo más sistemático, estas prácticas intergeneracionales y aminorar los estereotipos y los reduccionismos que se perciben en el clima cultural actual. No se trata de oponer dos tipos o modos de educar. Sino de trabajar juntos. Quizás pueda ser la escuela, o puede que otro hábitat, en otras
pequeñas o grandes unidades de vida, el primer laboratorio de educación y cultura del arco de vida, pero sean cuales sean estos ámbitos lo importante es que esta visión transgeneracional de la vida, de las relaciones humanas, se inserte en los planes y prácticas educativas entre generaciones. La cultura del arco de vida, es una perspectiva innovadora vinculada al concepto nuclear de intergeneración del que se derivan políticas sociales y prácticas educativas de carácter intergeneracional que no deberían obviarse. Es una irresponsabilidad política y cultural hacer el vacío a esta lectura inteligente, relacional, de la vida humana. Esta visión de lo intergeneracional, este enfoque relacional, constituye un auténtico desafío actual para las ciencias sociales, la política social y la pedagogía de nuestro tiempo.
La creación y desarrollo de colegios y escuelas intergeneracionales son cada vez más una realidad que avanza en países desarrollados aunque aún sigan siendo casos individuales y aislados.
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RELACIONES INTERGENERACIONALES
Rodrigo Tenorio Ambrossi
Toda interrelación se realiza desde dos puntos claves que no pueden ser ignorados ni soslayados. Si se habla de generaciones, es decir, de gente joven y de gente mayor, las diferencias no podrían centrarse en la edad en sí misma pues, si se lo hiciese, el discurso sería absolutamente pobre e ideológicamente rechazable. Es decir, la diferencia entre unos grupos y otros, no es asunto de edad cronológica sino de edades históricas, culturales y lingüísticas. Este posicionamiento es determinante porque sitúa las diferencias ya no en estilos de vida, sino en un conjunto de interpretaciones que son cada vez más complejas cuanto más se alejan unas de otras. La complejidad no está dada sino por la cultura, con lo que, ya de entrada, se coloca ahí los límites entre una generación y otra. Se tornan conflictivas en la medida en que las nuevas se resisten a ingresar al mundo normativo de los mayores algo, sin embargo, que supuesta-
mente terminarán finalmente haciéndolo como condición necesaria de sobrevivencia. Aquí se ubican justamente los puntos de quiebre de los discursos porque ya no se trata de adecuación alguna, y menos todavía, de la adecuación de los nuevos a los antiguos modelos de vida y tampoco el hecho de asumir las antiguas estrategias utilizadas para interpretar el mundo y habitarlo de manera gratificante o, como suele ser decirse desde una posición aparentemente más lógica, de manera exitosa. Por otra parte, es justo reconocer que nadie tiene una idea clara sobre el mundo en el que vivimos y, menos todavía, sobre el mundo que viven las nuevas generaciones. Sin embargo, existe un sistema ideativo y también político que pertenece al poder del grupo de los llamados adultos con la que se pretende analizar la vida de las nuevas generaciones.
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Desde ese lugar se las juzga, se legisla sobre ellas y también se busca armar su futuro. Se trata de un discurso, convertido a veces en religión, que pretende negar las diferencias y que hace todo lo posible por homologar el mundo y marcar las diferencias como realidades apenas circunstanciales porque desaparecen una vez llegados a una edad que los capacita para pensar más allá del momento. Por ejemplo, se trata de introducir a las nuevas generaciones en la religión del dinero organizada de tal manera que, como toda religión, una vez ingresados en ella, todos se unifiquen en la adoración al capital y sus dones milagrosos. Parto diciendo que la diferencia e incluso lo diferente constituyen una de las condiciones fundamentales de la existencia tanto subjetiva como grupal. La diferencia no es un elemento ni peyorativo ni supernumerario. Por el contrario, se constituye en la base de todo discurso y de toda relación. La diferencia en consecuencia no versa sobre un conjunto determinado de características de dos objetos colocados frente a frente. Más allá de eso, se trata de un conjunto de acontecimientos, de presencias y ausencias, de objetos y de bienes, de sentidos y de enunciaciones que afectan al ser en sí mismo y en su relación con los otros. Todo esto podría reducirse al principio de que las diferencias versan sobre los discursos producidos, utilizados y transmitidos por los diferentes grupos. Es preciso entender el discurso no como el blablá diario sino como ese conjunto
representacional que determina, por sí mismo, un sistema de sentidos los mismos que dan cuenta de las diferencias existentes entre el enunciador y su destinatario. Además, un discurso que se produce y reproduce de manera constante porque es eminentemente inestable y también incierto. La incertidumbre se habría transformado en punto nodal de la relación discursiva que no se refiere a la carencia de enunciados y de propuestas e incluso de dogmas sino, por el contrario, a la inconsistencia de los enunciados cuando, sobre todo desde el poder, se entra en constante contradicción ideativa y proposicional. De estas contradicciones surgen los equívocos y, sobre todo, la incertidumbre que ha germinado sustituyendo al pensamiento dogmático que gobernó el mundo hasta mediados del siglo pasado cuando se hicieron evidentes las contradicciones que lo sostenían tanto en lo social y político, como en lo religioso y moral. Hay una tradición de siglos según la cual cada hijo de mujer nace en un mundo perfectamente organizado y que su vida consiste en asumir esa organización y dar cuenta de ella a lo largo de su vida. Se trataría de un sistema de verdades y saberes pero también de un conjunto axiológico, es decir, de una tabla de valores que deben ser asumirlos e incorporados a la existencia hasta que se conviertan como perenne referente de la cotidianidad. En buena medida, el sistema educativo formal e informal es el encargado de hacer que este sistema se mantenga y que actúe en la existencia de las nuevas generaciones.
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Ahora bien, lo que ha acontecido en las últimas décadas es justamente lo contrario puesto que la praxis de lo cotidiano dice que aquellos principios en los que se sostuvo Occidente, no solamente que no permitieron la convivencia pacífica de los pueblos, sino que, además, sostenidos en esos principios se produjeron las mayores violaciones a los derechos de lo que hay memoria en el mundo. En consecuencia, se ha dado un resquebrajamiento muy importante del sistema representacional y axiológico del mundo que determina que las nuevas generaciones se sientan casi obligadas a aislarse de ese sistema para sobrevivir. En efecto, no se trata tan solo de una actitud crítica del mundo de los adultos, cosa que se ha dado siempre, sino de un saber ya dado sobre la inconsistencia del mundo que hace que las nuevas generaciones se vean ante la urgencia de crear otro. De hecho, desde hace algunas décadas se está gestando este mundo del cual no dan cuenta los discursos oficiales que se caracterizan por no innovar sino por repetir, por pontificar, pero no criticar. Por otra parte, para la generación adulta y también para el poder, la organización social es evidentemente buena, sostenible y, por ende, aceptable. Esto equivale a que cada nueva generación debería incorporarla de suyo. “… lo que consideramos evidente y claro (si es que lo consideramos) dista de serlo; que su aparente familiaridad deriva solo de su frecuente uso (y abuso…); que posee una historia larga, variada y
poco recordada; que es algo mucho más ambiguo de lo que estamos dispuestos a admitir; en suma, que en la libertad hay más de lo que parece a primera vista” (Bauman, 2007:9). En consecuencia, es preciso partir del hecho de que no es posible igualdad alguna que no sea ante los derechos, la palabra y la voz, el decir y el hacer. Somos y no somos iguales. Somos diferentes, nos hacemos desde la diferencia, la diferencia nos sostiene. Lo primero que deben reconocer los otros es este principio de somos diferentes. Y la obligación es respetar, luego, es esa diferencia. Este principio se constituye en un imperativo la necesidad de reconocer las diferencias para poder coexistir en un mundo en el que el cambio, por una parte, y la ceguera que no quiere ver las diferencias se imponen. Desde dónde y qué hablan los adultos. Desde dónde y qué enuncian los muchachos y las chicas de las nuevas generaciones. Las respuestas que se den (o, mejor aun, que se construyan), determinarán lo que uno y otro grupo representa en la sociedad. Quedémonos en la palabra representa porque ahí se encuentra el meollo del tema. No solamente se entiende el mundo como representación, sino que cada momento que se vive, como cada acto de ese momento constituye una representación del mundo que el sujeto se hace así mismo, pero siempre en relación con los otros. Cuando a comienzos del siglo pasado se creó el concepto de adolescencia, su lugar
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en la psicología parece claro igual que en la psicología. Pero esa claridad nunca la hubo y si se creó algo se perdió casi en seguida. No solo porque se pensó de manera muy particular en los rangos de edad, sino porque tanto la sociología como la psicología, particularmente la conducta, se dedicaron a realizar distingos y clasificaciones de orden conductual. La OMS la definió desde el desarrollismo y su visión se convirtió como en el paradigma de educadores y psicólogos. De hecho, la psicología conductista no hace otra cosa que apuntalarse en el desarrollismo. Esa adolescencia, marcada en edades y en tareas, por supuesto que aún persiste. Pero esa ciertamente no es lo que en la actualidad podríamos llamar adolescencia desde la teoría sociológica, antropológica, filosófica y también psicoanalítica. Si se persiste en pensar la adolescencia en términos de edad y de ciertos comportamientos, no se entenderá casi nada de lo que acontece a chicas y muchachas de 11 años para arriba y que ya no pasan por hiatos sino que viven en perenne ruptura lógica, epistémica, social, ética y estética con el pasado. Hasta hace algún tiempo, las diferencias entre las generaciones eran estatuidas y medidas fundamentalmente por la edad. Una culturacronómetro atenta a los cambios en los tiempos preestablecidos y otorgando legitimidad a los mismos en la medida en que esos cambios se adecuaban a la norma.
La sociedad de las pasadas generaciones fue eminentemente normativa. Existe un abismo importante que es preciso reconocer y valorar entre las actuales generaciones de muchachos y chicas y la de sus mayores domésticos que bien pueden ser mamá, papá y otros. Esos otros que ha creado la cultura y que sustituyen, con más frecuencia que la aceptada a los adultos originales. Y normativa fue la psicología. La misma concepción de adolescencia (nombre por demás equívoco), fue tratada como una suerte de patología. Una anormalidad social y familiar. Chicas y muchachos viviendo la anormalidad de la diferencia que jamás fue rescatada porque hablar de diferencia en la sociología y psicología de la norma resulta un contrasentido puesto que el objetivo final del proceso es la igualdad. Para cierta psicología poco amiga de las teorizaciones, la adolescencia no representaba más que un período de desorden cuyo objetivo habría sido el conocimiento y reconocimiento del mundo, fundamentalmente aquel que tendría que ver con las normas. Cuando se terminaba esa adolescencia, chicas y muchachas habían ya delimitado su campo de acción vital: estudiar una carrera ya acogida, realizar un trabajo buscado. El tema de la libertad se reducía a la tarea de asumir las normas y explicitarlas en la vida cotidiana. En la actualidad, existe una suerte de norma de no prohibir, como si la prohibición en términos de límites, se convirtiese en un atentado en contra de los derechos y no como
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una normativa. La normativa debería surgir de los grupos juveniles y no tanto de cada sujeto. La propuesta de la prohibición no es otra cosa que la revelación del miedo a teorizar sobre la contemporaneidad y a asumir sus retos. El problema de la libertad se constituye en prioritario porque, en cada uno de los ejercicios de la vida cotidiana, se hace presente y determina tanto los modos de relacionarse con los adultos como los espacios que para sí mismos consiguen ante sus pares. En efecto, los unos se diferencian de los otros por los campos de libertad que construyen. Un momento mágico de la vida del sujeto se da cuando es capaz de decir no al otro para imponer su deseo. Esta actitud aparece muy tempranamente en la vida. El bebé da cuenta de que crece cuando dice no a lo que la mamá quiere imponerle. Cierra la boca para no lactar o arroja lo que se le ha colocado en la boca a la fuerza. Este constituye probablemente el inicio de la oposición de dos deseos que aparecen como irreconciliables y que, sin embargo, no son de modo alguno destructivos. Tan solo se oponen en este momento. En ese momento de la oposición no aparece el caos, como se pensaría, sino la libertad y la posibilidad de hacer suya la propia historia. Muy lejos de la libertad que construyen las nuevas generaciones de la idea de que desean hacer todo lo que les viene en gana, sin límite ni medida. Esta es una de las posiciones aberrantes de la sociedad de los adultos que con ello pretenden
lavarse las manos manchadas con la sangre de la violencia expresada particularmente a través de la intolerancia. Como es absolutamente erróneo pensar que chicas y muchachos desechan toda norma. Ellos saben, quizás más claramente que la generación de los adultos, que la libertad no consiste en la falta de restricciones, sino en la capacidad de elegir las dependencias, por una parte, y también en la capacidad de contar con los recursos de todo orden para vivir de manera gratificante. El sentido de lo gratificante se ha convertido en una suerte de condición de ser. El presente es un mundo eminentemente hedónico que no solo ofrece la suma de todos los placeres sino que, además, ha impuesto una suerte de mandato sobre el placer y el goce. La consigna es el placer a toda costa y la desaparición de la privación y del sufrimiento. No viven en el caos, tal como describía la psicología a la adolescencia. Una forma simple y sin fundamento sobre una supuesta resistencia a los ordenamientos sociales y, por el contrario, un afán de estatuir el caos como estilo de vida. Nada más contradictorio con la exigencia de ordenamientos claros que no sean camisa de fuerza pero tampoco tan laxos que no signifiquen nada. Chicas y muchachos saben que si no existe un ordenamiento social y familiar, ellos caerían en el caos. Ellos saben bien que la libertad consiste en algo más amplio y más complejo que en la falta de normas y restricciones. El sometimiento a los regímenes sociales debe ser un acto de libertad
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y no de esclavitud cuando las normas nacen del reconocimiento del otro y de su libertad. Porque los adultos aparecían como los encargados de arreglar el caos, ponerlo en los andariveles de la norma y ofrecer a las nuevas generaciones su mundo como modelo de vida y, sobre todo, como el único territorio apto para vivir. La psicología tradicional (conductismo, por ejemplo), se ha negado sistemáticamente a mirar que existen cambios en el mundo y que estos cambios no son de forma sino que tienen que ver con la conformación misma de las identidades. Por lo mismo, seguir pensando en esas adolescencias clásicas es cerrar los ojos a lo que en verdad es el mundo contemporáneo sostenido en un constante cambio ideativo y axiológico. Lo que realmente se busca es lograr un nivel de estabilidad en la inestabilidad. Ya no les agrada ser tratados como adolescentes cuando son capaces de investigar el mundo y de poblarlo de sus cosas, deseos e inclusive de actos de todo orden y dimensión. La adolescencia tradicional implicaba un periodo que comenzaba en algún momento mítico del desarrollo físico y terminaba con los estudios de bachillerato. Pensar así a las nuevas generaciones implicaría cerrar la mirada y obturar los caminos que permitirían llegar a otras realidades, a esas que viven ellas y ellos abismados en su propia realidad, sus fantasías, sus cuentas de Facebook y su colección de nominaciones, reales y metafóricas, con las
que marcan sus relaciones interpersonales hombre-mujer y delimitan el territorio simbólico y físico de la sexualidad. Más entre ellos que entre los adultos, su vida transcurre, como diría Bauman, repartida en los límites de dos mundos: el online y el offline. Cada uno tiene su propia lógica, su propio código de comportamiento, y cada uno exige una estrategia diferente. Según las investigaciones actuales, tendemos a pasar al menos la mitad del tiempo en que estamos despiertos inmersos y absortos en el universo online, y quienes han dominado el arte de realizar tareas simultáneas se las arreglan para ganar tiempo y embeberse hasta nueve horas en la interacción virtual dentro de un lapso de siete horas. Durante esas siete o nueve horas ¿al frente hay tan solo pantallas o sujetos que desean, preguntan, sospechan y viven? Se habla del tema de la identidad y se ha dicho que esa adolescencia es el momento privilegiado para construir la identidad. ¿Qué identidad? En primer lugar, es preciso poner también en el banquillo de los acusados al concepto de identidad en tanto, semiológicamente hablando, evoca la igualdad o la equivalencia. A lo largo de la historia se creó la identidad como un arma feroz en contra de las diferencias. Ser igual al otro, a los superiores, al papá, a la mamá, al maestro. Ser igual a la tradición. Ser igual a un fantasma, por último. Pero la psicología y también la sociología no pusieron
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el dedo en la llaga del tema de la identidad. Creo que Foucault hizo de este asunto su punto fundamental de referencia cuando trabajó el tema de las identidades sexuales. El psicoanálisis, por su parte, miró los toros desde la barrera. La cultura actual ha puesto el grito en el cielo con el tema de las identidades. Es fácil hablar y hasta legislar. Pero no es lo mismo vivir en carne propia, familiar y social, las diferencias que, con frecuencia, aparecen como flor de invierno, en esta juventud. Cada vez más claramente, la identidad pasa por los temas de la filosofía, la sociología, la biología, el psicoanálisis. Nadie puede alzar su propia bandera para calificar la identidad únicamente desde su propio territorio. No se podría entender la identidad sino desde la diferencia. Walter Cencil (2009) dice que Baudrillard permite entender en forma oblicua el tema de la identidad y la diferencia, y en función de ello la noción de doble opera de articuladora entre la noción de singularidad y la alteridad. Por ello, inclusive desde el psicoanálisis, la identidad no sería sino el efecto del reconocimiento del otro. Por eso sería cada vez más vacía la concepción de la identidad de la psicología clásica que habla de ser uno mismo. Aun cuando no esté de acuerdo con el valor constitutivo de la identidad que Lacan atribuye a lo que denominó el “estadio del espejo, sin embargo la imagen podría ser asumida como la presencia del otro indispensable para toda identidad. Pero el otro no es imagen tan solo sino discurso, creación, norma y promesa.
Con frecuencia se escucha decir a niños y muchachos, incluso desde la Academia, sé tú mismo, no imites a los demás, ten tu propia personalidad. Los otros para las identidades contemporáneas son cada vez más innumerables y cambiantes, quizás incluso mutantes. Modelos fugaces que dejan su huella no por el tiempo de duración de su exposición sino por su intensidad. Las nuevas juventudes son intensas e igualmente inciertas. Por eso ya no hay adolescencia, no esa de los libros, la de los tratados psicológicos, no la de las políticas sociales que no se sostienen en teorizaciones y que privilegian las acciones por sí mismas. Existe una juventud tempranera que se prolonga a lo largo de la existencia. La juventud, la eterna juventud, es la propuesta del mundo contemporáneo. Una juventud, por otra parte, que posee el valor de, por lo menos parcialmente, ir desbaratando de manera cada vez más acelerada el castillo de las grandes diferencias generacionales. Estas diferencias que, en tanto ignoradas o incluso rechazadas, sirvieron de punto de apoyo para la violencia doméstica y social. Casi siempre se ha visto y se ha privilegiado el lado oscuro de las drogas, de la marihuana, por ejemplo. La sociedad no se ha preguntado sobre los sentidos que la marihuana posee en los procesos de crecimiento, en ese valor significativo en tanto liga al otro y homogeniza al grupo. Similar a lo que acontece con el primer trago en las poblaciones populares. En la actualidad, en muchos casos es el
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primer pito el encargado de inaugurar esa juventud. El niño-chico deja de serlo para convertirse en ese muchacho que de manera cada vez más acelerada construye sus caminos, con los otros. Sus caminos de la vida, su presente y su futuro. Pierden el tiempo los grandes cuando creen que estos chicos llegarán a donde ellos están. Felizmente, no habrá punto de encuentro sino relativo y, con frecuencia tan solo aparencial y, en el mejor de los casos, referencial. Si se acepta que la identidad es, ante todo, un efecto lingüístico, jamás las nuevas generaciones irán a esos lugares en los que se hicieron los grandes de ahora pues ya no existen aquellos discursos que los hicieron. Se crean sistemas de protección en torno a la sexualidad, pero pocos teorizan sobre lo que es la sexualidad contemporánea, la de chicas y muchachos que están muy lejos de entender lo que viven porque los deseos y las pasiones los embargan “ya no hay nada menos seguro que el sexo tras la liberación de su discurso. Hoy no hay nada menos seguro que el deseo, tras la proliferación de sus figuras” (Giddens, 2006) A lo mejor ya no es posible hallar la sexualidad, esa sexualidad que diferenciaba de manera radical lo masculino y lo femenino pues se han producido cambios significativos en el orden de sus sentidos y en el de sus ejercicios. El tema de los derechos sexuales y el de las realidades que intervienen en la contemporaneidad en la construcción de la identidad producen nuevas identidades.
Roland Barthes decía que el sexo está en todas partes, menos en la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad ahora? Desde luego que es mucho más que las solas marcas del cuerpo y la fenomenología de la masculinidad feminidad, cuanto más que se han reducido las distancias que hacían las diferencias y se han acortado los límites de los lingüísticos para nombrar lo de la mujer y lo del hombre. De hecho, el tema de las identidades sexuales se ha constituido en el principal indicador de que es preciso abandonar, de una vez por todas, los viejos discursos sobre la adolescencia, enterrarlos, para no pensar en esas características de las que hablaban las viejas psicologías y sociologías que veían tan solo diferencias anatómicas y sobre ellas levantaban el edificio de la identidad como lo que diferencia, jamás como aquello que une. Para Baudrillard, se ha producido una suerte de presencia masiva de lo femenino. No es que la feminidad haya eliminado a la masculinidad. Pero es cierto que lo femenino se ha impuesto como una suerte de don negado, recluido, reprimido. Piénsese en el Freud de comienzos del siglo XX negando la feminidad, calificándola de continente negro para señalar tanto la inaccesibilidad a su concepto como el prejuicio sobre su papel fundante de la cultura. Hoy lo femenino se halla incluso más allá del género. Lo femenino como imagen y construcción. De hecho se ha producido una hiperrealidad del sexo que envuelve a la sociedad y a cada sujeto,
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desde la infancia. La moda femenina juega un papel muy importante en esta hiperrealidad. Lacan (1981) decía que la mujer, para ser ella, debe pasar por lo masculino porque ahí se la identifica como tal. Las construcciones de la intimidad dicen que la mujer y el hombre se hacen en la mutuidad tanto de fantasmas e imaginarios como de discursos.
temporánea diría casi todo lo contrario. ¿No es posible pensar en una sexualidad no fálica? La prevalencia de lo femenino y la feminización de la cultura habrían ya desbaratado ese falocentrismo característico de la cultura occidental. Lo femenino fue encarcelado en ese mundo de lo masculino por un ancestral temor al poder de lo femenino.
Pero es obvio que los cambios no se han producido en las cúpulas sociales conformadas por adultos sino en la cotidianidad de las nuevas generaciones de chicas y muchachos. Ahí ha germinado y crecido la “transición hacia lo femenino” en la nueva mitología sexual. Ahí, entre chicos y muchachas se produce “el paso de la determinación a la indeterminación general. Lo femenino no sustituye a lo masculino como un sexo al otro… Lo sustituye como el fin de la representación determinada del sexo, flotación de la ley que rige la diferencia sexual.”
Es probable que la mayor de las fobias de occidente haya sido el de la feminización de la cultura, lo cual daba a entender que el poder del falocentrismo no era sino, en buena medida, aparencial. La feminidad siempre ha sido fuerte porque sus símbolos son básicamente estables. Nada más deleznable que el falo erecto, símbolo del poder masculino. Sin embargo, aun prevalece el mandato de lo masculino que se revela en esa serie de persecuciones explícitas o taimadas a la homosexualidad masculina y a otras expresiones de la sexualidad en las que se evidencia la fuerza de lo femenino.
Las transformaciones carecen de fecha de inicio porque, por más realista que sea el mundo, pertenecen al mito y a los lenguajes del mito. Imposible fechar el movimiento cultural y lingüístico que ha provocado esa suerte de viraje hacia lo femenino en una cultura eminentemente masculina. Son las nuevas generaciones las que han permitido el imperio de una especie de apogeo del goce y, en contrapartida, de una aparente catástrofe del principio de realidad del sexo. Si Freud decía que existe prácticamente una sola sexualidad, la masculina, la cultura con-
El mismo Freud tuvo serios conflictos con la feminidad y de eso dan cuenta dos datos: su falocentrismo que lo llevó a hablar de la mujer en tanto castrada y el haber confesado finalmente, al término de su vida, que la mujer, para él, es un dark continent, un mundo oscuro inaccesible, quizás incluso malvado. De hecho, las nuevas generaciones, particularmente de mujeres, desde hace varias décadas, han respondido a través de una suerte de autonomía, sus diferencias, sus deseos, sus goces, con los usos
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de su cuerpo y, quizás sobre todo con la seducción, aun cuando Baudrillard piense que la mujer no sedujo como repuesta a su colocación en un plano subsumido a la masculinidad. Las mujeres, desde que son muy niñas, saben muy bien que son las dueñas de la seducción y que, desde ahí, poseen un dominio del universo simbólico, algo que con frecuencia cierto grupos masculinos desconocen e incluso rechazan. Es obvio que la mayoría de los grupos de adultos no producen las reflexiones teóricas necesarias y actúan desde los prejuicios sociales enraizados en Occidente. Posiblemente desde ahí se entiende el resquebrajamiento de la idea de permanencia y durabilidad de las relaciones que, por cierto, no es reciente sino que se viene dando a través de las últimas décadas del siglo pasado y que se ha incrementado cada vez más como cuando se menciona una lista de micro relaciones posibles. Parte de la crisis de la pareja adulta que vive Occidente surge de esta suerte de extrema labilidad de las relaciones. El sistema de adultos critica a las nuevas generaciones sin reparar que ellas, las nuevas generaciones, son producto de las generaciones que les antecedieron y de lo que ellas propusieron al mundo. Con esto se relaciona también el tema del espacio online mediante el cual todos estamos más cerca, hay un mundo que se ha vuelto inmensamente cercano. Una nueva geografía simbólica e
imaginaria que hace que todos podamos vernos y casi tocarnos pese a las distancias reales. Ciertamente, en el mundo es más fácil estar cerca de nuestros amigos, de la gente que amamos, de aquellos seres cuya compañía necesitamos. La tecnología nos permite evitar la horrorosa sensación de estar solos, abandonados, inermes en un mundo que bien podría aparecer ajeno cuando es víctima de la persecución ideativa y política de los adultos. Pero no se trata de una iconografía deleznable, fútil, y menos aún de una falsa compañía que resuelve el problema de la soledad. En primera instancia habría que pensar que las nuevas generaciones se hacen en ese espacio imaginario que, por ende, se ha convertido en un elemento de identidad. No se está pensando únicamente en los chicos y muchachas de hoy, sino de los sujetos que hoy tienen ya cuarenta años muchos de los cuales se hicieron ya en la virtualidad o la incorporaron rápidamente a su estilo de vida. Para el mismo Baudrillard, con las redes se estatuye el triunfo de la imagen, de la palabra y de la cercanía en un mundo que ya nadie puede dividir en continentes. De alguna manera quizás se ha renunciado a la sensación del desamparo, de no ser necesarios para los otros. ¿La mejor estrategia para la sensación existencial del sujeto, grande o muchacho, de que se redunda en el mundo, de que la soledad está ahí unida a la sombra de la vida?
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Sin duda, el tema de las redes y de la realidad virtual se constituye en uno de los elementos básicos que separan a la generación de los muy mayores con la de la gente joven que, de una u otra manera, ya se hizo en las redes. Es cierto que la gente adulta con frecuencia olvida lo que le aconteció no hace mucho y construye miradas y discursos absurdamente críticos sobre lo que hacen las nuevas generaciones que no representan únicamente a un grupo de una determinada edad, sino al conjunto de realidades que proceden de la ciencia y de la tecnología y cuyo uso marca las distancias. Sin embargo, si bien es cierto que la tecnología a veces produce aislamientos e incluso ensimismamientos, también se convierte en elemento de enlace entre grandes y pequeños que, a veces con mucho, saben más y mejor el manejo de los dispositivos del saber contemporáneo. Curiosamente, nada raro que papás y mamás utilicen reales e incluso supuestos desconocimientos tecnológicos para dejarse asesorar o ayudar por sus hijos incluso niños que, desde luego, así se sienten y hasta se saben importantes y útiles. Las redes sociales, además, permiten que la gente joven salga de esa especie de anonimato que la caracteriza para devenir importante. La red se constituye en parte de la identidad y deja de ser un instrumento de comunicación y de enlaces personales. De hecho, la red es el lugar en el que
se encuentran elementos que dan cuenta del estar en el mundo. Es cierto que la pertenencia a la comunidad constituye una situación estable y más segura que tener una red. Sin embargo, la red es también real y posee estabilidad con quizás la misma fragilidad que caracteriza a la comunidad ya sea familiar o barrial o colegial. Tal vez en la red las nuevas generaciones logren aquella estabilidad relacional y afectiva que no consiguen en un hogar marcado por la violencia, la incompletud o el abandono. Las redes sociales no constituyen un pasatiempo anodino. Por el contrario, sobre todo en la gente joven, con las redes se estaría produciendo una suerte de pasaje de un particular régimen de poder a otro proyecto político, social, económico. Una transición de un mundo hacia otro en el que el orden de la vigilancia quizás incluso se haya incrementado. Como acontece en ciertos países, la vigilancia de los ciudadanos también se realiza a través de las redes sociales. Ahí se dan, casi de manera necesaria, incluso quizás como su objetivo oculto, transformaciones del sujeto. De todas maneras, las redes sociales hacen que el anonimato se convierta en una auténtica pesadilla porque, si un sujeto no está ahí es como si no se encontrase en ninguna parte. Las redes provocan transformaciones de los cuerpos, de los pensamientos, de los afectos. Ahí se hacen los nuevos sujetos porque ahí están desde niños. ¿Hasta qué punto las redes sociales constituyen los nuevos tónicos con los
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que se hacen los cuerpos, también los nuevos deseos y hasta los nuevos goces? Cuando se habla de identidad en la contemporaneidad, acaso ya no sea posible utilizar los lenguajes y los sentidos antiguos. Quizás esa identidad entendida como el yo mismo (el my-self, moi-memme), vaya mucho más allá de “ese soy yo”, especular y vacuo, pronunciado ante la propia imagen. Al revés, a través de las redes sociales, la identidad termina siendo múltiple, mutante y, por ende, absolutamente insegura de sí misma. Las generaciones teóricas y sociales se hacen desde la variabilidad e inconsistencia que brotan de las redes, de esa colección itinerante y mutante de imágenes llamada Facebook al que una parte de las generaciones adultas no entiende porque, aunque esté quizás ligada personalmente al Facebook, no ha realizado reflexiones teóricas sobre lo que ello implica en los procesos constructores de la identidad. Sin exagerar, se podría afirmar que el Facebook constituye el primer lugar social en el que son colocados los bebés en la actualidad. Ventana narcisística, si se lo ve así, pero lugar de exposición casi indispensable para el inicio de un proceso de identidad que así se inaugura y que seguramente sustituye a aquello que Lacan denominó el estadio del espejo, al que equivocadamente, dio inmenso valor estructural. En el Facebook no hay espejo sino exposición en el mayor y más amplio sentido del término. La identidad ya no es, como en el
estadio del espejo, auto referencial: eso soy yo. Todo lo contrario, en las redes, en el Facebook, la identidad es un auténtico constructor conformado con las miradas, las palabras, las alabanzas de los otros. A través de sus comentarios, el otro es el llamado a reconocerte y a decirte que eres y estás en el mundo. Lacan decía que, al reconocerse en el espejo, el niño salta de alegría. Tal vez él lo vio así. Pero cuando un niño actual, al año de edad, ya ha pasado por las redes, ya tiene su propio balcón de imágenes, los otros ya saben de su historia, el mismo ya está inserto en el mundo de los otros por una suerte de derecho personal incuestionable. Lugar para las subjetividades, el Facebook se ha constituido en uno de los lugares mágicos para las identidades y las diferencias al mismo tiempo. En ese momento en el que el niño es transmitido a los otros, otros múltiples, como imagen, en ese momento empieza a tener ser, se convierte en historia personal y en parte de la historia de los otros. Se historeíza y, por lo mismo, se identifica. En otras palabras, es. El Facebook aparecería, en este caso, no como molde, sino como modo de ser ante los otros, el modo ser en la sociedad que captura la imagen y la guarda, la exhibe, la colecciona. Allí se lo admira y acoge, también allí podría ser rechazado. El sujeto sería la sumatoria de todos los comentarios que los otros hacen sobre sus fotos y también sobre los textos propios y ajenos.
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Lo que diferencia a una generación de otra son los relatos. De hecho, es importante entender la vida como relato y la muerte como la interrupción definitiva de todo relato. Lo que se diga del muerto, ya no lo afecta. La diferencia entre una y otra generación se mide por las características de los relatos que se narran, se escriben, se viven. “Yo a tu edad...”. y el chico le responde: “yo no estoy en tu tiempo, yo no tengo tu edad de entonces, yo no vivo lo que tú viviste”. Un papá inteligentemente bueno, se calla para entender que ahí no hay solo un decir de un chico que pretende justificarse, sino una realidad filosófica y abismalmente existencial. Un abismo de sentido. Un abismo de afecto, de eso que se siente. También de eso que se presiente. Los componentes que hacen la narrativa de las nuevas generaciones tienen poco que ver con la narrativa de las antiguas generaciones a la misma edad. Es probable que sea casi imposible compaginar las dos y menos aún pretender hacer una misma historia aunque se repitan partes de los antiguos relatos en la vida del hijo, ese muchacho de 15 años que se sabe viviendo experiencias únicas y de formas que mamá y papá ni las imaginan. Los afectos son inimaginables. Bauman considera que pertenecer a una comunidad es una situación mucho más estable, segura y confiable que tener una red, aunque ciertamente es más restrictiva y coercitiva. He ahí una diferencia que vale la pena resaltar.
Porque la red, igual que la comunidad, también juzga, acepta o rechaza porque, aunque se den grandes diferencias, la red también implica una comunidad acogiente o, en algunos casos, rechazante. Para las nuevas generaciones el tema del acogimiento es de capital importancia, como nunca fue antes. Porque el acogimiento es colectivo y también afectivo y, desde luego, efectivo. Los afectos circulan de otra manera. Existen trabajos sobre los emoticones que podrían ser menos productos de la cortesía que un afecto dicho pero no necesariamente sentido. Las nuevas generaciones son particularmente expresivas en cuanto a sus afectos. A diferencia de las generaciones pasadas, para las actuales la expresión de los afectos se ha convertido en una suerte de imperativo que no soporta represiones. El tema de los tránsitos y expresiones de los afectos podría considerarse como uno de esos elementos que diferencian a las generaciones. Sin duda, el amor, es otro, igual que son distintas las preocupaciones por las solidaridades, las ternuras. A veces, las comunidades (comunidades familiares, por ejemplo) confunden los términos de los afectos y consideran que cuando se dice amor, por ejemplo, se predica ahora lo mismo que antes, o que la libertad es la misma por la que lucharon los universitarios de Mayo 68, a la libertad que desean, buscan y conquistan, quizás a la fuerza, los muchachos y las chicas de hoy.
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También se podría afirmar que Facebook es un escenario en el que se expone el drama de la libertad tomada, quitada, incluso vilipendiada por los mismos pares. Porque es erróneo pensar que en ese libro de las caras todo es bondad, amabilidad y respeto. Todo lo contrario. También es el escenario para grandes violencias, envidias, maltratos, injurias, desconocimientos y oprobios. ¿Acaso no es esa la construcción y la manifestación de toda cultura? No es muy pertinente pensar que el único espacio de expresión que poseen las generaciones nuevas sea el Facebook y que las redes, en general, sean las exclusivas vías de estar en el mundo de los otros. Sería mejor tomarlo como esa ventana a través de la que los sujetos se demuestran y se explicitan. Pero ello no sustituye el face to face, ese cuerpo a cuerpo que exige la dinámica de los afectos y deseos. ¿Y la libertad? La libertad consiste en mucho más que la falta de restricciones. También reconocer que una acción no necesita ser razonable para que sea permitida. Yo digo que la libertad es la capacidad que cada uno posee de elegir sus propias dependencias. La libertad camina paralela al otro del que nace, pues nadie es libre por sí mismo sino por y ante el otro desde el cual es posible elegir. Por ende, las relaciones de libertad son también relaciones de dependencia al mismo tiempo.
La muchacha: yo hago esto porque es lo que quiero hacer, me da ganas de hacerlo. Y tú no me lo vas a impedir. Él: mientras vivas con nosotros, estarás sujeta a lo que yo diga. De lo contrario, atente a las consecuencias. “La libertad nació como un privilegio, y como tal se ha mantenido desde entonces”. Cuando la libertad se torna privilegio, quiere decir que al otro lado están los esclavos, los carentes de privilegios. Entonces, ya no existe la libertad sino probablemente la tiranía. Para que la chica sea libre y haga lo que quiere hacer pese a la prohibición del papá, es necesario que sea promovida al estatus de libre. ¿Cuándo llega ese momento? Mientras vivas con nosotros: Entonces soy libre si salgo a vivir fuera, sin ti, con mis amigas. La libertad no depende del espacio ni de la edad. La libertad no es un bien que brota, como agua de fuente, el día en el que se cumplen los 18 años. No nacemos libres sino en estado de estar construyendo la libertad. La sociedad nos eleva a la condición de libres, pero no por decreto, sino mediante un proceso que comienza desde antes del nacimiento. Sin embargo, no todas las mujeres hacen hijos para la libertad que absurdamente, aun sigue siendo un privilegio de algunos, sobre todo de los que ostentan el poder. No todas las mujeres son libres para traer hijos
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a la libertad. Para que uno sea libre, debe haber al menos dos. La libertad significa una relación social, una asimetría de condiciones sociales, Bauman. (op.cit) ¿De qué manera conservar la seguridad sin medidas concretas? Ello implica un control de los sujetos. A veces, colocados al otro lado de la libertad, se concede una libertad amarrada al dominio de la prepotencia. “La historia de la era moderna puede ser relatada como la historia de una guerra declarada en contra de todos los malestares, los inconvenientes o los disgustos –o al menos como la historia de una promesa para desatar dicha guerra y verla alcanzar la victoria final”. ¿Qué importa realmente, la guerra en sí misma o el logro de objetivos válidos, en el sentido de socialmente válidos que estén en verdad más allá del más allá de la guerra? He ahí la gran incógnita. Porque en la práctica, lo que cuenta es la guerra, no importa a qué. La guerra a las drogas incluye la guerra a las nuevas generaciones pues son las directamente involucradas con los usos. Destruir las sustancias implica, más que implícitamente, la destrucción de los usadores. Para ellos se abrieron campos de concentración y cárceles evidenciados, por ejemplo, en los centros de tratamiento de los calificados como drogadictos por el poder. Esos centros son antros de la corrupción social.
Aunque hasta ahora ha sido parcial, la emigración masiva de hoy que viene desde el mundo offline hasta territorio online, podría ser registrada dentro de dicha guerra como la más decisiva de las batallas. Después de todo, la batalla que se vive ahora ha sido lanzada, y continúa siendo luchada, en el campo de las relaciones interhumanas. Este constituye un territorio desafiante y resistente a todos los intentos por minimizar su fuerza y valor. Los gobiernos poseen sendas oblicuas y discursos taimados en contra de la libertad de las nuevas generaciones. Incluso ocultan su pretensión de dominio tras la careta de ciertos privilegios que han otorgado y que poseen el sabor de libertad. Los sabores no pertenecen necesariamente a la cosa, probablemente tan solo sean añadidos. A las nuevas generaciones no les interesa en lo más mínimo ninguna guerra, que no sean las guerras de las galaxias, y todas aquellas que se hallan en los video-juegos. La guerra constituye uno de los grandes absurdos de la humanidad. Por eso la guerra a las drogas ha sido absolutamente contraproducente e inútil. Las guerras pretenden quebrar los vínculos que se establecen dentro de una generación y también aquellos que ligan a las generaciones entre sí. Piénsese en lo que era Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. ¨Por una parte era un cementerio y por otra, un sistema de ciudades en las que los sistemas de parentesco se habían quebrado de manera absurdamente cruel. Lo
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que importaba circulaba entre los que habían sobrevivido y aquellos que habían desparecido, muchos de ellos sin dejar rastros alguno”. La guerra no solo es típico del poder sino una de sus expresiones privilegiadas. Porque el poder no se expresa sino en el dominio sobre los otros y en su sometimientos irrestricto. No se ha visto los
usos de drogas como actos de rebeldía en contra del dominio. Si no fuese así, ¿para qué la guerra? Ya no se repite: haz el amor y no la guerra. Las nuevas generaciones no se involucraron en la guerra a las drogas. Pero sí se hallan totalmente comprometidas en la lucha por su derecho a ser libres.
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Referencias bibliogrรกficas Bauman, Z. (2007). Libertad. Barcelona: Losada. Cencil, W. (2009). Cuerpo, Identidad y singularidad en Baudrillard,. Buenos Aires: Universidad Nacional del Sur.
Giddens, A. (2006). Las transformaciones de la identidad. Madrid: Cรกtedra. Lacan, J. (1981). El Seminario 20, Aun. Buenos Aires: Paidรณs.
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POLÍTICAS Y PROGRAMAS INTERGENERACIONALES EN LATINOAMÉRICA
José Carlos Ferrigno1
Introducción Los programas intergeneracionales son recientes en Latinoamérica. Las primeras acciones son del comienzo de los años 1990, situación semejante a de los países europeos. Los Estados Unidos son pioneros en esa área, realizando proyectos de esa naturaleza desde los años 1970, principalmente a través del trabajo voluntario, práctica muy difundida en aquel país. Además de nuevos, los programas tienden a ser asistemáticos, o sea, sin continuidad, por varias razones, entre 1 Psicólogo, Master y Doctor en Psicología Social por la Universidade de São Paulo. Especialista en Gestión de Programas Intergeneracionales por la Universidad de Granada. Ex asesor de la Gerencia de Estudios y Programas de la Tercera Edad del Sesc São Paulo. Ex coordinador del Programa Sesc Generaciones. Autor de los libros “Coeducación entre generaciones” y “Conflicto y Cooperación entre Generaciones” jcferrigno@gmail.con
las cuales la carencia de una red que facilite el intercambio de experiencias y la ausencia de una sensibilización de los poderes públicos y de la Sociedad Civil. Muchas iniciativas interesantes permanecen en el anonimato. Todavía es difícil establecer un cuadro más preciso en cuanto a la distribución y a las características de esos programas. Este artículo, por lo tanto, pretende solamente tejer consideraciones más generales sobre las experiencias de acercamiento de generaciones en algunos países latinoamericanos. Formulo algunas consideraciones históricas sobre las relaciones entre generaciones. En ciertos momentos de un pasado reciente, ellas ya estuvieron más cercanas. Sin embargo, en la sociedad industrial se alejaron. Y en los últimos años se ha notado un movimiento de reacercamiento entre jóvenes y viejos, fenómeno que es causa y consecuencia de acciones institucionales en esa dirección.
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La cuestión de las generaciones en la historia reciente de la sociedad occidental Tras siglos de lentas transformaciones a lo largo de la Edad Media, ocurrieron profundos cambios estructurales en la civilización occidental durante la llamada Era Moderna, tanto en la sociedad en general cuanto en la familia en particular. Consecuentemente, fueron construidos nuevos patrones de relaciones entre las generaciones. Por cierto, hasta la propia noción de generación fue construida, pues esta no existía en el mundo feudal (ARIÈS, 1981), por lo menos como la concebimos hoy. Las generaciones pasaron a ser más estudiadas en el período moderno (FEATHERSTONE, 1998, p. 10). Primeramente fue la infancia que adquiere visibilidad y, como consecuencia de la preocupación en cuidarla, se incentiva la escolarización. En la segunda mitad del siglo XIX, Stanley Hall elabora una psicología de la adolescencia y la repercusión de sus teorizaciones colabora para una mayor visibilidad social de las personas de ese grupo etario. En el siglo XX la vejez es objeto de atención con el desarrollo de la Gerontología y la creación de los centros de convivencia y de las escuelas específicas para ese grupo etario. A partir de mediados del siglo XX, un determinado grupo de ancianos es elevado a la condición de tercera edad, concepto de origen francés que trae promesas de envejecimiento prolongado, activo y saludable, si determinadas condiciones de vida fueren alcanzadas.
Más recientemente, otro período de la vida ha sido problematizado, tornándose objeto de estudios e intervenciones: la mediana edad, largo período situado entre los 40 y los 60 años, transición para la vejez, marcada culturalmente por una supuesta crisis de identidad, tal cual tendría a ocurrir en otro período transicional: la adolescencia. La mediana edad, a propósito, representada por los padres de adolescentes, en una relación frecuentemente caracterizada por determinados conflictos, es un tema que discuto exhaustivamente en otro trabajo (FERRIGNO, 2009). En la Era Moderna, esa más nítida delimitación de edad permitió la instauración de normas específicas de conducta para cada edad y para cada sexo. La diferenciación conceptual y la normalización de las generaciones en la modernidad reflejan el afán de la ciencia positivista de promover la seriación y la clasificación de las personas y de las cosas. Esa tendencia se aplicó bien a la formación del concepto reciente de generación a lo largo del ciclo vital. Tales consideraciones históricas nos llaman la atención para la transitoriedad de las formas de interacción entre los grupos etarios: ellas variaron y, seguramente, prosiguieron cambiando en el mismo compás de las demás relaciones sociales. Dificultades de integración y posibilidades de superación En la contemporaneidad, además de la normalización del comportamiento esperado para cada
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generación, los valores de la sociedad de consumo parecen colaborar para el distanciamiento social entre las generaciones. El consumismo, la mercantilización de las relaciones sociales, la exacerbación de las calidades de la juventud y el desprecio por las tradiciones culturales, típicos del ideario capitalista, alejan a viejos y jóvenes. Consecuentemente, tenemos un distanciamiento emocional y hasta una compartimentalización geográfica de los grupos etarios, una segregación generacional en espacios exclusivos. Niños en el espacio escolar, jóvenes con sus “tribus” en sus puntos de encuentro, adultos con sus pares en el trabajo y ancianos en grupos de convivencia y asociaciones asemejadas para la práctica del ocio. Aun en la familia, donde la proximidad física es inevitable, el diálogo entre padres e hijos y abuelos y nietos es parco, empobrecido o hasta inexistente. Sin embargo, aunque actualmente prevalezca una distancia intelectual y afectiva, experiencias demuestran que hay un rico potencial de intercambios afectivos y de conocimiento entre las generaciones desde que se efectivicen determinadas condiciones facilitadoras. Entre tales condiciones, una de las más básicas e importantes es la presencia de intereses comunes, que valen, evidentemente, para la buena calidad de las relaciones interpersonales de modo general. Lo contrario, o sea, el conflicto de intereses, dificulta la aproximación. Identidad de valores crea lazos de amistad entre personas jóvenes y personas más viejas que, por su vez,
posibilitan una relación coeducativa. Para tal, es necesario que exista un clima solidario, de confianza mutua en que la cooperación ocupe el lugar de la competencia. Parece de vital importancia considerar bajo cuales parámetros las interacciones entre jóvenes y personas maduras pueden ser potencializadas. En las actividades intergeneracionales, ciertas condiciones intensifican la relación entre jóvenes y personas maduras en la perspectiva del desarrollo de intercambios de experiencias y del fortalecimiento de lazos afectivos. Algunos factores detectados (y detallados en FERRIGNO, 2010) fueron: el establecimiento de intereses comunes; el placer proporcionado por lo lúdico en consecuencia de sus características singulares; la predominancia de relaciones igualitarias entre más viejos y más jóvenes; la suficiente duración del proceso grupal y, por lo tanto, de la convivencia para la formación de amistades; la saludable iniciativa de los más viejos para la aproximación con los jóvenes; la participación democrática y colectiva sobre como planificar, ejecutar y evaluar las tareas; y, finalmente, es muy importante la conducción segura y competente de los programas por educadores preparados en la teoría y en la práctica, y, sobretodo, conscientes de la importancia de su misión. Por cierto, la formación de recursos humanos en esa área seguramente será, junto con la sensibilización de los gestores de instituciones públicas y privadas, el gran desafío para el desarrollo del campo intergeneracional, como bien argumenta Juan Sáez (2007).
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La reaproximación bajo una nova mentalidad Los movimientos sociales de los años 1960 deflagraron importantes cambios de valores y comportamientos, inclusive en la indumentaria de las generaciones. El modo de vestir nos ha dado una pista sobre una progresiva indiferenciación de las edades y de los géneros en las décadas recientes. No solamente hombres y mujeres actualmente se visten de modo parecido, pero también jóvenes y viejos. Es claro que, acompañando la indiferenciación de las ropas, hay una aproximación de valores y comportamientos. Curiosa situación esta que vivimos, en la cual los más viejos quieren parecer más jóvenes, al paso que los niños y adolescentes se esfuerzan para obtener un visual de personas adultas. Las niñas, muchas veces equivocadamente estimuladas por sus propias madres y por los medios de comunicación, se visten como mujeres en miniatura, en un proceso de precoz erotización de comportamiento. Como resultado de esos fenómenos, tenemos las generaciones con una apariencia menos desigual que en el pasado, a comenzar por su vestimenta, pero principalmente por su identificación con los patrones de consumo impuestos por la lógica del capital. Los rituales de pasaje de la infancia para la vida adulta no más existen. Las fronteras demarcatorias de las fases del ciclo vital son más tenues. Para varios autores (MOODY, 1993; HELD, 1986; BOUTINET, 1995, apud DEBERT, 1999) estaríamos vivenciando “una opacidad de las generaciones”.
En estos nuevos tiempos es posible crear o experimentar nuevas sexualidades e identidades etarias tanto en la vida real como en el mundo virtual. En las relaciones por Internet un hombre puede se hacer pasar por mujer y viceversa. Un viejo por un joven o un joven por un viejo. Bauman (2005), al analizar las transformaciones de la identidad social, usa la expresión “liquidez de las cosas”, cuando comenta sobre la volatilidad de valores, actitudes y comportamientos en la llamada postmodernidad. ¿Estará, entonces, habiendo algo semejante con la identidad etaria, una “confusión de las edades”, reflejo de las múltiples oportunidades de elección de estilos de vida? Los cambios de comportamiento en la vejez determinando una nova identidad de viejo, la creciente proximidad entre las generaciones, ¿en qué medida alteran la llamada identidad de viejo y de joven? Se espera que el resultado de ese proceso favorezca el desarrollo del respeto y de la solidaridad entre personas de todas las edades. Cambiar de aires es perceptible y favorable. De los años 1990 hacia acá, educadores, especialistas del área social e instituciones de educación formal (universidades) y no formal (instituciones culturales, ONGs) comenzaron a percibir la importancia de la aproximación de las generaciones para el desarrollo de relaciones solidarias (FERRIGNO, 2010). Iniciativas institucionales, entonces, pasaron a multiplicarse en varios países.
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La iniciativa de los profesionales que atienden a ancianos En la mayoría de los países, las investigaciones y acciones en el campo de la intergeneracionalidad han sido emprendidas en diferentes áreas de las ciencias sociales, pero, sobretodo por gerontólogos y otros profesionales que trabajan con personas mayores. La necesidad de integración social de los ancianos, incluyéndose ahí la integración etaria, explica la motivación para las acciones de aproximación intergeneracional. Es de gran importancia que los profesionales que trabajan con niños y adolescentes participen más ampliamente de las prácticas intergeneracionales2. Aunque haya resistencias a ser vencidas, parece que esas iniciativas están siendo facilitadas por una cierta apertura de los ancianos a las generaciones más jóvenes. Los grupos de convivencia rompieron el aislamiento de muchos ancianos. Las facultades y las universidades abiertas a la tercera edad proporcionaron a las personas mayores una preciosa oportunidad de adquisición de nuevos conocimientos y de actualización cultural. El empeño de varias instituciones en el incentivo al trabajo voluntario del anciano y de su compromiso social condujo también al florecimiento de sentimientos solidarios, de donación al otro y a la colectividad. 2 Por eso, recibo con mucha alegría la presente iniciativa de reunir a personas preocupadas con el tema, sobretodo educadores de niños y adolescentes, y me siento muy honrado en poder participar de ese importante evento, en la ciudad de Quito, Ecuador.
Ese conjunto de acciones a lo largo de las décadas recientes parece haber preparado los viejos para el encuentro con los jóvenes. En un saludable movimiento dialéctico, los jóvenes, a su vez, se han mostrado más motivados a interaccionar con los ancianos, a partir de la nueva disposición de estos. Una nueva y más positiva imagen de vejez parece estar siendo construida. Sin embargo, cabe observar que, si por un lado los grupos de convivencia fueron preciosos por romper el aislamiento de los ancianos, muchos de ellos se cerraron para el contacto con las demás generaciones. Por eso, todavía hay resistencias. Acciones institucionales norteamericanas y europeas Estados Unidos son pioneros en acciones intergeneracionales. Desde los años 1970, en iniciativas públicas y privadas, el trabajo voluntario ha acercado generaciones. Así, por ejemplo, supervisados por escuelas secundarias, adolescentes prestan servicios a ancianos dependientes en instituciones de larga permanencia. Recíprocamente, ocurren experiencias en que ancianos saludables y con buenas condiciones de vida mantienen acciones de cuidados dirigidas a niños carentes institucionalizados o adolescentes en situación de fragilidad social. Según Sally Newman, la primera iniciativa conocida ocurrió en 1963, promovida por la Universidad de Florida y consistió en visitas de
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niñas pequeñas a una institución que albergaba a ancianos (NEWMAN, 1997, p. 63). Los programas intergeneracionales se multiplicaron en Europa durante los años 1990. Como reflejo de esa nueva preocupación, los países de la Comunidad Europea establecieron el año 1993 como el Año de la Solidaridad entre las Generaciones. En España, para marcar ese año, el gobierno federal promovió un amplio concurso para premiar a los mejores proyectos sociales en el campo de las relaciones intergeneracionales (MORAGAS, 1995, p. 88-89). Los resúmenes de las centenas de proyectos intergeneracionales inscritos en ese concurso (en su mayoría, 61%, en el área de educación, cultura y ocio) pueden ser visualizados en publicación de la Fundación “La Caixa”, de Barcelona (FUNDACIÓ “LA CAIXA”, 1994). El reconocimiento de la importancia de la convivencia intergeneracional como posibilidad de inclusión del anciano en la comunidad es deflagrador de acciones y se refleja en resoluciones nacionales e internacionales promovidas por gobiernos y por entidades no gubernamentales. En Madrid, en el año 2002, la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, promovida por la ONU, en sus conclusiones resalta “la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y las asociaciones intergeneracionales, teniendo presente las necesidades particulares de los más viejos y de los más jóvenes, y de incentivar las relaciones solidarias entre las generaciones” (NACIONES UNIDAS, 2002).
Políticas Intergeneracionales en Latinoamérica En Latinoamérica, es durante los años 1990 que los programas intergeneracionales, promovidos por instituciones privadas y gubernamentales, comienzan a ser desarrollados de modo más sistemático y con una intencionalidad más clara. Es posible identificar algunas características generales de esas acciones. La mayoría de los proyectos: 1) involucra a personas mayores y niños y, con menos frecuencia, adolescentes. Eso se debe a la gran difusión de políticas de integración social de los ancianos; 2) las acciones generalmente ocurren en el área cultural y de ocio, pero también en la educación infantil y en el trabajo voluntario. A seguir, y de modo muy sintético, algunas informaciones sobre acciones en Perú, México, Argentina y Brasil, cuyas experiencias fueron relatadas en un Encuentro en la ciudad de São Paulo, en 2010 (Sesc, 2010). Añadí, también, informaciones de Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y El Salvador extraídas de un documento no publicado de la Red Intergeneracional Iberoamericana de Cooperación Técnica. Evidentemente, muchas otras experiencias están ocurriendo en varios países latinoamericanos, pero un levantamiento exhaustivo aun está por ser realizado y depende de condiciones humanas, materiales y financieras suficientes. Perú: el tema de las relaciones intergeneracionales es mencionado y apoyado en el siguiente cuadro jurídico: la Ley 28803 de las Personas
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Adultas Mayores, artigo 19 de Intercambio Generacional, dice que “El Estado promueve programas de intercambio generacional que permiten que niños, jóvenes y adultos adquieran conocimientos, habilidades y conocimiento para atender a las necesidades que surgen en la vejez”. Por su vez, el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006-2010 en su Principio 3.7, afirma que “Es responsabilidad política y social, actual y futura, promover la solidaridad intergeneracional, no solo de la población en general con los ancianos, pero también de los ancianos con los más jóvenes, para la transmisión de sus conocimientos, habilidades y experiencia, y reconociendo la contribución de los ancianos del punto de vista del desarrollo espiritual y cultural”. Algunos órganos públicos peruanos promueven acciones intergeneracionales, como los CAM (Centros del Adulto Mayor); el INABIF – Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, por intermedio de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) desarrollan actividades de prevención y promoción destinadas a familias, niños, adolescentes, mujeres y ancianos en situación de riesgo y/o vulnerabilidad. Su acción objetiva es promover el desarrollo humano, la integración familiar y la capacitación para generación de renta que irá a contribuir con la mejoría de la calidad de vida de las personas. Los municipios constituyen los CIAM (Centros Integrales del Adulto Mayor) que tienen como objetivo proporcionar una atención integral a las personas mayores y cuyo proceso es la relación con
otras generaciones. Entre los órganos privados, hay universidades y ONGs, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, por intermedio de la Universidad de la Experiencia (PUCP-UNEX), Universidad Alas Peruanas, de Lima. Entre las organizaciones no gubernamentales, tenemos la experiencia de la asociación de comunicadores sociales “Calandria”, y el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” y Cáritas del Perú (CHURA, 2010). México: las instituciones gubernamentales que fomentan las prácticas intergeneracionales son el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En 1977 se creó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a partir de la fusión del Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI) con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN). Esas acciones tienen como objetivo la integración social de los ancianos en la comunidad y en la familia a través de encuentros intergeneracionales con actividades culturales y de ocio (RODRIGUEZ, 2010). Argentina: desde 1982 son desarrollados programas junto a los Grupos de Jubilados y Pensionistas, tales como Encuentros Porteños en la Plaza Dorrego; Los Abuelos cuentan nuestra historia; Rescate de oficios; Abuelas Relatoras (Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo), Experiencias con la Universidad de Buenos Aires. La filosofía de la propuesta era
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realizar una actividad para la comunidad, en la cual los ancianos fuesen los protagonistas. Es interesante observar que eso comenzó en 1982, en un contexto sociopolítico muy particular en Argentina, bajo una dictadura militar y un mes después del fin de la Guerra de las Malvinas. En las reuniones de trabajo, actividades diversas fueron propuestas a fin de seleccionar las más adecuadas para alcanzar los objetivos, dando prioridad a aquellas que permitiesen la participación e integración de personas de todas las edades. Así que iniciadas las actividades programadas de Encuentros Porteños en la Plaza Dorrego, se observó un flujo acentuado de personas, con destaque para los niños y adolescentes, con una excelente relación entre los ancianos y los niños. Más tarde, se unieron a los Encuentros Porteños varias instituciones y grupos: Centro Argentino de Artesanos, el Coro La Tercera con Tango; el Cuerpo de Baile del Centro de Galicia de Buenos Aires, el Coro del Hogar Obrero, La Banda Sinfónica Municipal, etc. Chile: la Política Nacional para el Adulto Mayor (2004) formulada por SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor creado por la Ley 19.828 de 2002), tiene entre sus fundamentos la solidaridad intergeneracional. Entre las medidas aplicadas para el cumplimento de ese objetivo general es enfatizar la importancia de cambiar la percepción sobre los Adultos Mayores por parte de los niños, jóvenes y medios de comunicación. Entre los objetivos específicos se indica la necesidad de fortalecer la responsabilidad intergeneracional
en la familia y en la comunidad. Hay planes y programas de no discriminación, entre los cuales el Programa Tolerancia y No Discriminación, implementado a partir de 2000, por la División de Organizaciones Sociales de la Secretaria General del Ministerio del Gobierno. Colombia: La Política Nacional sobre Envejecimiento y Vejez 2007-2019, hecha por el Ministerio de Protección Social (2007) reconoce la necesidad de promover y fortalecer las organizaciones, redes de apoyo y redes de seguridad sociales formales y informales, que generan tejido social y dinámico para el ejercicio de los derechos y de la transformación del imaginario de la vejez. Además, creando una cultura de envejecimiento, presenta como línea de acción, entre otras, la promoción de espacios intergeneracionales en las escuelas primarias, a fin de aprovechar los conocimientos y las experiencias de las personas más viejas y, al mismo tiempo, fortalecer espacios sociales para la participación y apoyo. Costa Rica: La legislación vinculada a las relaciones intergeneracionales en Costa Rica incluye las siguientes normas: Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 1999; Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; Ley 8261, Ley General de la Persona Joven; Decreto Ejecutivo 30622C, Reglamento de la Ley General de la Persona Joven, Principios de la Persona Joven como actor social; Ley 7648, que protege especialmente y de
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forma integral a las personas menores de edad y sus familias, entre otras legislaciones. El Salvador: Ley de Atención Integral al Adulto Mayor, aprobada por el Decreto Legislativo 717, de 23 de enero de 2002, tiene como objetivo garantizar y asegurar la atención integral para la protección de las personas más viejas y contribuir para el fortalecimiento e integración de la familia. Los artículos son establecidos como derechos fundamentales de las personas mayores de ser oídas, atendidas y consultadas en todos los asuntos que puedan ser de interés y garantizar la participación y comunicación en las actividades comunitarias preservando su autoestima (Art. 4.10) En la Política Nacional del Anciano (2001), el organismo responsable por la ejecución es la Secretaria Nacional para la Inclusión Social, estableciendo, explícitamente, que la solidaridad entre las generaciones es la prioridad: priorizar la permanencia e integración de las personas mayores dentro del grupo familiar, tanto cuanto posible, fortaleciendo la capacidad de esos grupos familiares y promover la solidaridad entre las generaciones para contribuir para su integración en el seno de sus familias y de la comunidad (Capítulo IV , 4). Paraguay: De acuerdo con la Ley 1.885 de Personas Adultas Mayores (2002), el Ministerio de Salud Pública y de Bien Estar Social es responsable, entre otras funciones, de generar cada vez más oportunidades para los adultos mayores de actualización y reconstrucción de
su potencial, desarrollando respuestas para los problemas de la exclusión social, participando activamente en servicios a la comunidad y tornando sus experiencias útiles para la formación de las nuevas generaciones (Sección 5.b), para promover la integración de la persona mayor dentro de casa (Art. 5.f ). Además, el artículo 6to prevé que el Ministerio de Educación y Cultura introduzca en los planes de educación formal de la enseñanza básica, los capítulos especiales que tratan de la valorización, respeto y solidaridad de los alumnos para con las personas de la tercera edad. Promover la integración del educando en las organizaciones creadas en el seno de la comunidad que se destinan a cuidar de las personas mayores. Uruguay: La Ley 17.796, de Promoción Integral de los Adultos Mayores (2004) sobre los derechos del anciano establece el derecho de integración activa en la familia y en la comunidad y de desfrutar de un tratamiento digno y sin ningún tipo de discriminación, en todas las fases de su vida (art. 2do , A), y el derecho de ofrecer oportunidades para los adultos mayores de transmitir a los jóvenes la experiencia adquirida en el local de trabajo durante su vida profesional, tanto en el campo de la enseñanza técnica pública y privada, como en el ámbito empresarial, a través de acuerdos con los sindicatos de cada sector (Art. 5, B, III). En el documento “Rumbo a un Uruguay más equitativo en materia de envejecimiento”, hay diversas contribuciones de representantes de gobierno, tales como: “Nuestro desafío debe ser
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el de promover la transversalización, la dimensión del envejecimiento y la vejez con enfoques de género y con la vocación de la integración intergeneracional”. Venezuela: La Ley de Servicios Sociales (2005), implementada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), afirma en el artículo 64 que el Instituto Nacional de Servicio Social, estados y municipios deben establecer acuerdos con instituciones de enseñanza pública y privada para promover la inclusión de las personas mayores y personas con discapacidad, como instructores, profesores o facilitadores en programas de alfabetización, capacitación profesional y difusión de la cultura de la seguridad social, especialmente los programas dirigidos hacia las personas protegidas por las presente Ley. En los estados y municipios con populaciones indígenas, incluirlos para transmitir su sabiduría y cultura para las nuevas generaciones y al resto de la población. Brasil: la llamada Política Nacional del Anciano, de 1994, estableció derechos a los ancianos, buscando garantizar su inclusión en la vida social por medio de acciones intergeneracionales. El Estatuto del Anciano, de 2003, basado en la misma ley, resalta la importancia de la “viabilización de formas alternativas de participación, ocupación y convivencia del anciano, que proporcionen su integración a las demás generaciones” (BRASIL, 2004, p. 6). La presencia del Estado es aun incipiente en los programas intergeneracionales brasileños. En los Centros de Referencia de
Asistencia Social (Cras), equipamiento estatal de base municipal e integrante del Sistema Único de Asistencia Social (Suas), hay Grupos de Convivencia Intergeneracionales involucrados en actividades culturales y de ocio. En general, las políticas en ese sector pasan por Ministerios y Secretarías de Cultura, Ocio, Deportes y Salud. En las políticas brasileñas de Estado la intergeneracionalidad esporádicamente ocurre como tema transversal. En la Asistencia Social, la protección es objetivo prioritario. La familia aparece como objeto de atención, pudiendo haber ahí una acción indirecta a favor de la cooperación intergeneracional en el ámbito familiar. En el área de la Salud, orientaciones y recomendaciones a favor de un envejecimiento saludable incluyen la convivencia con las demás generaciones. En la Educación, la intergeneracionalidad aparece en las Universidades y Facultades Abiertas para la Tercera Edad, en los Cursos de Graduación y Postgrado en Gerontología, en las tesis y disertaciones en múltiples áreas sociales y de la Salud. En los Derechos Sociales, la participación y la integración social, inclusive por medio de la convivencia con otras generaciones, están citadas, conforme ya mencionamos, como derecho de la persona mayor en la Política Nacional del Anciano (Ley nº 8.842, de 1994) y en el Estatuto del Anciano (Ley nº 10.741, de 2003). Las instituciones no gubernamentales en Brasil y en otros países frecuentemente trabajan con programas de ocio, cultura y preservación
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ambiental, en procesos de educación no formal. Muchas de ellas reciben subsidios del Poder Público, como aquellos provenientes de las Leyes de Incentivo a la Cultura, del Ministerio de Cultura. En general, son proyectos comunitarios en los cuales el desarrollo de la calidad de vida y la ciudadanía son los objetivos principales. La integración etaria, bajo la égida de la inclusión social para jóvenes y viejos, es un de los objetivos de las acciones, aunque muchas veces no explícito, acercando a viejos y jóvenes de las comunidades, en general, carentes. Como ejemplo, hay el proyecto Acción Griô Nacional, iniciativa de valorización de los ancianos de las comunidades en la perspectiva de acercarlos a las nuevas generaciones para el repase de sus conocimientos. Integra los Puntos de Cultura vinculados al Ministerio de Cultura, “cuya misión es crear e instituir una política nacional de transmisión de los saberes y haceres de la tradición oral un diálogo con la educación formal, para el fortalecimiento de la identidad y ancestralidad del pueblo brasileño, por medio del reconocimiento del lugar político, económico y sociocultural de los griôs, de las griôs, maestros y maestras de la tradición oral de Brasil” (AÇÃO GRIÔ NACIONAL, 2009/2010). En 1993 el Servicio Social del Comercio lanzó el proyecto Había Una Vez... basado en contar historias uniendo niños y ancianos a través de la literatura infantil. En 2003, la misma institución lanzó el programa Sesc Generaciones, conjunto
de actividades culturales y artísticas como teatro, música, danza, artes plásticas, deportes etc. El ocio y la práctica desinteresada de actividades culturales, por su carácter de ocupación libremente elegida y, por eso mismo, generalmente placentera, pueden constituirse en una preciosa herramienta para acercar a las edades. En el cotidiano de esos grupos plurietarios, el proceso de integración es fuertemente educativo, no apenas recreativo, pues, además del contenido específico que la actividad propicia, la formación de vínculos de amistad propicia el clima de confianza necesario para los intercambios de experiencias de vida. La actuación de las universidades Investigaciones académicas sobre intergeneracionalidad aparecen en disertaciones de programas de maestría y doctorado en las diversas áreas de las ciencias sociales. Más frecuentemente los estudios surgen en cursos de especialización lato sensu y programas de maestría en Gerontología. De modo general, las investigaciones en el área aun son escasas. Los tipos de investigación científica más comunes son: 1) estudios sobre las relaciones intergeneracionales en la familia o entre generaciones no consanguíneas en espacios sociales como los de ocio, trabajo y estudio; y 2) estudios sobre representación recíproca que levantan actitudes positivas y negativas (que los ancianos piensan sobre los jóvenes y lo inverso).
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Las investigaciones, en general, son estudios cualitativos transversales que colectan datos con base en entrevistas y observaciones de actividades en pequeñas muestras de sujetos. Las relaciones intergeneracionales más presentes en los estudios y en las prácticas institucionales son: 1) abuelos y nietos en el contexto familiar y 2) ancianos y niños (sin lazo de parentesco) en situación de ocio y de educación no formal en oficinas culturales. Otras relaciones que son objeto de investigación o de acciones institucionales son: ancianos y adolescentes; niños y adolescentes; tercera y cuarta edades (cuidado y cuidador, más frecuentemente mujer cuidadora, hija o esposa de anciano fragilizado). Consideraciones finales En mis experiencias en el área desde 1999, pude constatar que los ancianos que tuvieron
la oportunidad de desarrollar actividades con adolescentes y niños, pasaron a verlos como personas capaces y responsables. Por otro lado, los adolescentes y los niños percibieron la capacidad de realización de los ancianos, y no más considerarlos seres decadentes. Una admiración mutua ocurrió en esos encuentros, atravesada por la confianza y la amistad. Una de las condiciones que creo indispensable para un resultado así tan bien sucedido es la del igualitarismo, condición sin cualquier forma de opresión, de autoritarismo. Ecléa Bosi traduce muy bien lo que quiero decir a respecto, al nos enseñar que: “Cuando dos culturas se enfrentan, no como predador y presa, pero como diferentes formas de existir, una es para la otra como una revelación” (BOSI, 2003, p. 175). Una revelación es algo que nos acrecienta, que nos modifica sin imposición porque nos da la oportunidad de incorporar los nuevos conocimientos a nuestro universo cultural sin destruirlo.
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IGUALDAD Y CICLO DE VIDA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Presentación realizada en el Foro de Políticas Públicas para la Igualdad Intergeneracional Quito, Ecuador 12 de Noviembre de 2013
Daniela Trucco
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre igualdad en la región de América Latina y el Caribe, mostrando resultados de distintas investigaciones y recomendaciones que ha hecho la CEPAL en los últimos años, particularmente la División de Desarrollo Social1. El documento parte ilustrando el panorama de los principales eslabones de la desigualdad en América Latina y el Caribe. Para luego profundizar el diagnóstico desde una perspectiva intergeneracional. Se concluye con una presentación de las principales políticas sociales que la CEPAL recomienda para promover la igualdad a lo largo del ciclo de vida. 1. Evidencias de una región desigual Para hablar de igualdad, hay que hablar de la 1 Para mayor desarrollo e información sobre los temas ver el listado de referencias al final del documento.
desigualdad en la región. A pesar que los cambios acumulados en la última década reflejan una importante reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso, donde el crecimiento del empleo y el gasto social han tenido un rol central, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo (ver Gráfico 1). El 10% más rico de la población recibe el 32% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre recibe el 15%. Adicionalmente, dado que la tendencia de reducción de desigualdad es reciente, importa ver si está asociada fuertemente al período de crecimiento económico de la región y, por tanto, expuesta a cambios de ciclo en la misma proporción; o si los países se están comprometiendo con políticas redistributivas y de cambio estructural donde la igualdad es parte de una dinámica sostenida en el tiempo.
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a
Gráfico 1. América Latina y otras regiones del mundo: Coeficiente de concentración de gini, alrededor de 2009
Fuente: CEPAL (2011), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países; Banco Mundial, World Development Indicators .[base de datos en línea] http://databank.worldbank.org/ddp/home.do. a/ Los datos regionales están expresados en promedios simples. En el cálculo se consideró la última observación disponible en cada país para el período 2000-2009. b/ Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
Por otro lado, otra característica distintiva de la región, además de la desigualdad del ingreso, y altamente vinculada con ésta, es la desigualdad en el ámbito productivo, que en la tradición cepalina se conoce como heterogeneidad estructural. La estructura productiva de la región es altamente heterogénea. Esto genera: una fuerte segmentación laboral y una distribución muy desigual de la apropiación de las ganancias de productividad entre los trabajadores. Esta tendencia no se ha modificado significativamente en las últimas dos décadas, y es un factor explicativo importante en la rigidez de la desigualdad.
El mercado de trabajo es el eslabón fundamental que vincula una estructura productiva altamente heterogénea y con alto peso del sector de baja productividad, con una alta desigualdad del ingreso de los hogares. Como se puede ver en el gráfico 2, dos tercios del producto es generado por el estrato de alta productividad, 22.5% por el estrato medio y apenas 10.6% del PIB es producido por el sector de menor productividad. Pero esta distribución se invierte en términos del empleo: el estrato alto genera apenas 20%, el medio representa el 30% y el estrato bajo aloja a 50% de los ocupados.
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Gráfico 2. América Latina (18 países). Indicadores de heterogeneidad estructural, alrededor de 2009
Cuadro 1. América Latina y Europa (países seleccionados): Desigualdad del ingreso antes y después del pago de impuestos y transferencias, 2008 (En porcentajes de variación del coeficiente de Gini)
Fuente: CEPAL (2011), elaboración en base a Infante, R. (2011), “América Latina en el “Umbral del Desarrollo”. Un ejercicio de convergencia productiva”. Proyecto “Desarrollo Inclusivo”. Documento de Trabajo Nro. 14. Junio 2011. Santiago de Chile: CEPAL.
El tercer elemento que evidencia la desigualdad en la región tiene que ver con que la carga tributaria es baja y el efecto redistributivo de impuestos y transferencias es prácticamente nulo. Como muestra el Cuadro 1, mientras en promedio para 6 países de la región el Coeficiente Gini (que mide la desigualdad de la distribución de ingresos) baja
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Goñi, López y Servén (2008).
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3.8% luego de impuestos y transferencias, para el promedio de 15 países de Europa baja 32.6%. En este contexto de desigualdad hay que destacar la importancia de analizar la producción y reproducción de la desigualdad desde una perspectiva del ciclo de vida. La posición que ocupan los individuos en la escala social no es resultado exclusivo de las circunstancias, esfuerzos y decisiones individuales. Existe una estructura de oportunidades proporcionada por los estados, los mercados, las familias y las comunidades que escapan al control del individuo y condicionan sus perspectivas de movilidad social y acceso al bienestar. En América Latina el papel del Estado ha sido débil para enfrentar las desigualdades de origen. Para enfrentarlas hay que comprender cómo se encandena la reproducción de las desigualdades en las distintas etapas del ciclo de vida. A continuación se describen algunos ejemplos de las distintas caras de ésta a lo largo del ciclo de vida, sin pretensión de ser exhaustivos. 2. Desigualdad en la infancia y la adolescencia La ausencia de sistemas de transferencias robustos a las familias con hijos, la limitada cobertura del cuidado y la protección de la primera infancia desde servicios estatales, la baja penetración de sistemas preescolares, la poca extensión horaria del ciclo escolar, tienden a condenar a los niños nacidos en los sectores de
menores ingresos a permanecer en ellos durante su vida adulta. A continuación se describen algunas de estas evidencias. a. Infantilización de la pobreza en la región En promedio la incidencia de la pobreza monetaria entre los niños excede 1,7 puntos a la de los adultos. El gráfico 3 ilustra cómo la tasa de pobreza de la población de menores de 14 años ha aumentado en relación a la tasa de pobreza de la población adulta. La pobreza que afecta a los niños y niñas no sólo tiene efectos en el presente, sino consecuencias de larga duración sobre la posibilidad de un desarrollo igualitario. CEPAL-UNICEF (2010) han desarrollado una metodología para medir y analizar la situación de pobreza infantil desde un punto de vista multidimensional y con un enfoque de derechos, a partir del uso de indicadores de privación en seis dimensiones del bienestar vinculadas con derechos fundamentales de los niños: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
nutrición, acceso a agua potable, acceso a saneamiento, condiciones de vivienda, acceso a educación y acceso a información.
De acuerdo a esta medición la mitad de la población infantil de la región es pobre, porque tiene al menos una de estas necesidades insatisfechas. Lo importante de esta mirada es que hace posible
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Venezuela
Uruguay c/
R. Dominicana
Perú
Paraguay b/
Panamá c/
Nicaragua
México
Honduras
El Salvador
Ecuador c/
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia c/
Argentina b/
Gráfico 3. Cociente entre tasas de pobreza de menores de 14 años y personas de 14 años y más, 1990, 2002 y 2008 a/
Fuente: CEPAL (2009). a/ El año de la encuesta utilizada difiere entre países. El período 1990 corresponde a la encuesta disponible más cerca de dicho año; el período 2002 a las encuestas más recientes disponibles entre 2000 y 2002 y el período 2008 a las encuestas disponibles entre 2004 y 2008. b/ Área Metropolitana. c/ Área urbana.
superar la extrema pobreza infantil con acciones que se dirijan al cumplimiento de los derechos de la infancia mediante la acción estatal y la ampliación de servicios de calidad y no sólo el ingreso de los hogares. b. Baja y desigual cobertura de seguridad social de población menor de 15 años Otra cara de la desigualdad en la infancia y la adolescencia es la baja cobertura de la seguridad social en este grupo poblacional. De
acuerdo a la información provista en el gráfico 4, se puede ver que en promedio menos de la mitad de la población menor de 15 años (42%) vive en un hogar con al menos un adulto afiliado a la seguridad social. Esta cobertura además de ser baja es muy desigual; sólo cubre al 19% de la población infantil de los hogares del primer quintil de ingresos, mientras que la cobertura aumenta a cerca del 70% de la población infantil del quintil de ingresos más altos. La distribución de cobertura para el caso del Ecuador es similar a la del promedio de la región.
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Gráfico 4. América Latina (17 países) (*) y Ecuador: Población de 0 a 15 años que vive en hogares con al menos un adulto afiliado a la Seguridad Social, por quintiles de ingreso. Alrededor de 2009.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. Los datos de Ecuador corresponden a 2009, zonas urbanas. (*) Promedio simple. No se incluyen datos de R. Dominicana. En Rico (2011).
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c. Desigualdad en logros y resultados educativos A pesar de los importantes avances en la cobertura de la educación primaria (cuyo acceso es prácticamente universal en algunos países de la región), la
educación alcanzada por la población resulta ser muy estratificada. A pesar de los avances significativos también en la cobertura de la secundaria, particularmente entre las mujeres, los años de educación alcanzados siguen muy fragmentados por nivel socioeconómico, ruralidad y etnia.
Gráfico 5. América Latina (18 países): Conclusión del nivel secundario superior entre jóvenes de 20 a 24 años según condición de nivel de ingreso percápita y sexo, alrededor de 2011* (En porcentajes)
Fuente: CEPAL (2010), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países. * Las cifras respecto a jóvenes indígenas y no indígenas refieren a 8 países.
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El gráfico 5 ilustra con dramática elocuencia la reproducción intergeneracional de la exclusión y la desigualdad. Mientras en el primer quintil solo el 29% de hombres y el 34% de mujeres de 20 a 24 años han completado secundaria, en el quinto quintil dicho nivel ha sido alcanzado por el 80% de los hombres y el 86% de las mujeres
en dicha edad (promedio 18 países). Por otro lado, si se observa el promedio total, el 54% de los hombres y el 62% de las mujeres de 20-24 años han completado alta secundaria, pero en contraste en zonas rurales tal logro es bastante inferior, y entre jóvenes indígenas de ese grupo etario aun menor.
Gráfico 6. América Latina y el Caribe (18 países): % de adolescentes (12 a18 años) que no estudia, según sexo, alrededor de 2010 Hombre
Mujer
Fuente: CEPAL en base a procesamientos especiales con las encuestas de hogares.Trucco y Rico, 2013.
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Completar la enseñanza secundaria se ha transformado en el umbral educativo mínimo para alcanzar niveles de bienestar adecuados y menor probabilidad de vivir en situación de pobreza. Varios de los países de la región ya han avanzado en incluir la secundaria dentro del ciclo obligatorio. Sin embargo la deserción temprana todavía es un problema muy relevante (ver Gráfico 6) y tiende a ser mayor en el caso de los varones. La razón principal para desertar es por necesidades económicas, pero hay que considerar las diferencias en los motivos para desertar entre hombres y mujeres. Muchos adolescentes se ven obligados a participar en el mercado laboral para contribuir en los ingresos del hogar. Pero la tendencia es que los varones se inserten en labores remuneradas, mientras que las mujeres lo hagan en labores domésticas no remuneradas. La maternidad adolescente, a pesar de las garantías del derecho a la continuación de estudios en la mayoría de los países, sigue siendo un factor relevante para el abandono. Preocupante es el porcentaje relevante de adolescentes (varones y mujeres) que manifiesta desinterés por el sistema educativo: lo que esconde una desafección, falta de pertinencia y sistemas educativos poco adaptables a las nuevas demandas educativas. A las brechas en años de escolaridad alcanzados se agregan las brechas en aprendizajes efectivos.
La rápida expansión de la cobertura ha llevado a una desigualdad endógena al sistema, no sólo en términos de los logros en años de escolaridad alcanzados sino además por la desigualdad en los desempeños educativos. La información más reciente sobre resultados académicos en países de la región es la que ofrece PISA de 2009 de la OCDE, pero coincide con las mediciones que ha hecho UNESCO en la primaria y las mediciones a nivel nacional. El gráfico 7 muestra resultados de desempeño en el área de lectura, por niveles socioeconómicos y culturales de población estudiantil de 15 años. La mayor parte de la población de los cuartiles más bajos no alcanza los niveles mínimos de competencia en lectura, para considerarlos alfabetizados funcionalmente. En el promedio de países de la OCDE, a pesar de la desigualdad, la mayoría alcanza los niveles de competencia mínimos. 3. Desigualdad en la juventud En América Latina, los mecanismos de transmisión intergeneracional de la desigualdad están fuertemente arraigados. La juventud es un grupo clave para realizar acciones para una mayor y mejor articulación entre la educación y el mercado laboral. De particular interés es una mirada a la educación superior. Al finalizar la educación, la desigualdad ya está instalada en el sistema social.
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Porcentaje de estudiantes
Gráfico 7. América Latina y el Caribe (9 países) y promedio OCDE: Distribución de los niveles de desempeño en lectura de la prueba PISA 2009 entre los estudiantes de 15 años, según el índice de nivel socioeconómico y cultural (ISEC)
Fuente: CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales de los microdatos de la prueba PISA 2009. ECOSOC (2011)
El gran embudo sigue siendo el paso a la educación superior. Alrededor del 30% transita hacia la educación superior, pero es bastante más reducido el porcentaje que logra concluir. Las brechas sociales aquí son todavía más marcadas. Las barras del Gráfico 8 representan el porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años que ha concluido al menos 5 años de educación superior; que en el mejor de los casos (República Bolivariana de Venezuela) es de 25%. La línea
representa la diferencia entre el porcentaje de jóvenes del quintil más rico que concluye estos años de educación y los del primer quintil. Por otra parte, el eslabonamiento educaciónempleo reproduce y, eventualmente, amplía la desigualdad y estratificación social. Como es de esperar por la inserción progresiva en el mercado laboral a lo largo de la vida adulta, los retornos por nivel educativo logrado en términos
107
porcentaje
Gráfico 8. América Latina y el Caribe (21 países): Conclusión de la educación universitaria (5 años) por parte de jóvenes entre 25 y 29 años y brechas entre quintiles de ingreso per capita, alrededor de 2009
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. Trucco (2013).
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de ingresos laborales, son siempre mayores en adultos (30 y más años) que en jóvenes (15 a 29 años) (ver gráfico 9). Sin embargo, es posible que esto se viva como discriminación entre jóvenes. Adicionalmente, en cada nivel o logro educativo, el retorno en ingresos laborales siempre es menor en mujeres que en hombres. Esta brecha de discriminación se ha mantenido con rigidez, si bien hay mayor convergencia entre quienes
han completado educación universitaria. Como se puede observar en el gráfico 9, el mayor salto en retornos laborales a logros educativos se da cuando se pasa de terciaria incompleta a terciaria completa (cinco o más años de educación superior), con un incremento esperable en ingresos laborales cercano al 80%. Lo dramático es que por cada 27 jóvenes de 25 a 29 años del quinto quintil que logra este nivel, solo 1 en el primer quintil lo hace.
Gráfico 9. América Latina (18 países): Ingresos laborales mensuales de la población ocupada, por grupos de edad y según el nivel educativo alcanzado (En dólares PPA de 2000)
Fuente: CEPAL (2010), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
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No hay solo diferencias en los ingresos laborales, pero también en las condiciones de trabajo. Los jóvenes tienden a insertarse en condiciones más precarias que los adultos, con menor protección social, en sectores de menor productividad, menores ingresos, sin contrato, alta informalidad, etc.
4. Desigualdad en la vida adulta Brechas en el mercado laboral se traducen también en una alta desigualdad de protección social contributiva - asociada al mercado laboral formal. Existe un importante déficit a la vez que una fuerte desigualdad en la estructura de aportes a los sistemas de seguridad social (ver gráfico 10).
Gráfico 10. América Latina (18 países): Tasas de afiliación a la Seguridad Social entre ocupados, alrededor de 2007 (en porcentajes) 80.0%
68.2%
70.0%
Cobertura promedio: 38.7%
60.0% 50.0%
54.9% 45.4%
40.0%
32.2%
30.0%
21.9%
20.0%
21.7%
20.4%
Sector urbano informal asalariado
Quintil más pobre
18.9%
10.0% 0.0% Zonas urbanas
Zonas rurales
Sector urbano formal
Quintil más rico
Hombres (% en edad de trabajar)
Fuente: CEPAL (2012a), procesamientos especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
Mujeres (% en edad de trabajar)
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El gráfico 10 muestra la dinámica contributiva en la reproducción de desigualdades. En promedio, menos de la mitad de los ocupados están afiliados a la seguridad social (38,7%). La afiliación además está fuertemente asociada al sector formal y al mejor desempeño reciente en este sector del empleo en la región. Es decir, el acceso a la seguridad social es altamente estratificado y desigual. Ello no se ha modificado en las últimas dos décadas. Esta estratificación afecta especialmente la situación de las mujeres (entre quienes además ha empeorado levemente en el último tiempo). Paradójicamente, donde
se concentra la mayor cantidad de dependientes - hogares con jefatura femenina; con niños y adolescentes – existe una menor cobertura. En contraste, la política social tiene un impacto redistributivo importante. El impacto redistributivo del gasto social (complemento de ingresos) es altamente significativo en los estratos de menores ingresos (51%), como demuestran los datos del gráfico 11.A. Sin embargo, el volumen del gasto público social destinado a los grupos de mayores ingresos, a través de la seguridad social es más alto (Gráfico 11.B).
Gráfico 11. América Latina (18 países a/): Impacto redistributivo y estructura del gasto público social según quintiles de ingreso primario (Porcentajes) A. IMPACTO REDISTRIBUTIVO DEL GASTO PUBLICO SOCIAL
B. ESTRUCTURA
Fuente: CEPAL, sobre la base de estudios nacionales. Martínez (2013). a/ Promedio ponderado por la significación del gasto en el ingreso primario de cada país.
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Finalmente, otro ejemplo de la desigualdad en la etapa adulta del ciclo de vida, tiene que ver con la distribución de roles de género. La participación laboral femenina ha aumentado significativamente en la región, contribuyendo de manera importante a la reducción de la pobreza. Sin embargo, la distribución del trabajo no remunerado, que tiene que ver con el cuidado de otros y labores domésticas no se ha modificado. El trabajo doméstico no remunerado pesa desproporcionadamente sobre el tiempo de las
mujeres y limita sus posibilidades de dedicarse a actividades remuneradas. El gráfico 12 muestra el caso del Ecuador, que es similar a la situación de otros países de la región. El tiempo total promedio del trabajo de las mujeres era de 66 horas a la semana en el año 2008, comparado con un promedio de 52 horas para el caso de los varones. La mayor parte de la diferencia en horas entre hombres y mujeres se genera a partir de la diferencia de horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado (28 horas en el caso de las mujeres comparado con tan solo 7 horas promedio en el caso de los varones).
Gráfico 12. Ecuador 2008: Horas semanales dedicadas al trabajo remunerado y al doméstico no remunerado, por sexo (Nacional, población total de 15 años y más con alguna actividad remunerada)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas sobre uso del tiempo. Rico (2011).
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5. Envejecimiento y desigualdad La dinámica demográfica lleva a una situación cada vez más demandante en cuidados y servicios para adultos mayores, con costos crecientes, diversificación progresiva, y retos inéditos en el mundo del cuidado. El gráfico 13 muestra la proyección de cómo irá disminuyendo la proporción de dependientes in-
fantiles (población menor de 14 años) y cómo irá creciendo la población de adultos mayores en la región. Además de que crece la proporción de adultos mayores, con los niveles de desarrollo, crece el consumo relativo de los adultos mayores, tanto en relación a su consumo previo como en relación a su aporte productivo. A la vez el período del ciclo vital en
Gráfico 13. Proporción de niños (0-14) y personas mayores (60+) América Latina y el Caribe 1950-2100
Fuente: UN DESA-Population Division, World Population Prospects: The 2010 Revision.
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que se produce más de lo que se consume (25 a 59 años) es bastante corto y cada vez más, en términos relativos (por el aumento en la expectativa de vida). El derecho a la seguridad social, a la salud (y en su contexto, al cuidado), y a un ingreso digno para solventar necesidades vitales entre adultos mayores no se da en el vacío, sino en el contexto de los puntos anteriores descritos en este
documento, que lo problematizan. Esto plantea un signo de interrogación sobre la solidaridad intergeneracional a lo largo del ciclo de vida, hacia delante y hacia atrás. La situación actual es que en 12 de 17 países considerados para América Latina, las prestaciones de seguridad social y las pensiones benefician a menos de la mitad de los adultos mayores (Gráfico 14).
Gráfico 14. América Latina (17 países): Cobertura de jubilaciones y pensiones entre adultos mayores a (65 años y más), alrededor de 2009
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países. Rico (2012). a/ Los datos de Bolivia corresponden a 2007, México y Venezuela a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a Asunción y Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. El promedio de la región es promedio simple.
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La desigualdad se reproduce intergeneracionalmente, porque aquellos adultos mayores que no cuentan con seguridad social en su vejez, son los mismos que en su vida adulta tuvieron una trayectoria laboral más precaria. Esta baja cobertura demuestra que, en primer lugar, se requiere reforzar los sistemas de seguridad social vía empleo: aumento de la participación laboral, de la formalización y de la afiliación a los sistemas de seguridad social. Sin embargo, ni el corto ni en el mediano plazo los mercados laborales en América Latina y el Caribe podrán asegurar un sistema de protección social basado en derechos solamente a través de bases contributivas. 6. A modo de cierre En resumen, algunos de los elementos que se han planteado en términos de la reproducción intergeneracional de la desigualdad son los siguientes: 1. Infantilización de la pobreza. 2. Estratificación en carga del cuidado y sus desigualdades de género y nivel socioeconómico. 3. Bajo peso de las trasferencias públicas en el sistema de transferencias intergeneracionales a la infancia y adolescencia y, concomitantemente alto peso de las trasferencias privadas familiares según recursos de las familias. 4. Un sistema educativo que no revierte sino refuerza desigualdades de origen por estratificación del acceso, logro, calidad y aprendizajes.
5. Inserción laboral diferenciada por nivel socioeconómico dada la brecha en conocimientos, certificación y redes sociales. Parece evidente que la inacción de los gobiernos de la región en el presente tendrá importantes consecuencias a largo plazo, cuando se tendrán que enfrentar las crecientes presiones fiscales y económicas del envejecimiento de la población en un contexto de fuerte desigualdad social. Frente a este diagnóstico CEPAL ha planteado los siguientes desafíos y estrategias para el Estado y los servicios sociales de la región: redistribución, reconocimiento, protección, e igualdad. El derecho a la seguridad social, a la salud, al cuidado, y a un ingreso digno para los adultos mayores no se produce en el vacío. Necesita cambios en el modelo de desarrollo y colocar la solidaridad intergeneracional en el centro. CEPAL ha propuesto incluir las siguientes consideraciones para repensar la política pública desde una perspectiva de la igualdad y el ciclo de vida: •
Hay que anticipar las respuestas y prepararse para el cambio demográfico y en las familias;
•
Es de suma relevancia una política de protección social cuyos principios rectores sean la igualdad, universalidad y solidaridad. Ello exige cambios en los criterios de elegibilidad. Los modelos de protección social
115
asentados en el mercado de empleo formal requieren ser revisados; •
Se requiere de un pacto fiscal para incorporar con fuerza componentes no contributivos, de manera de ampliar la base de recursos que se recaudan por otras vías;
•
La superación de la pobreza en la región es de vital importancia. Por lo mismo hay que considerar transferencias monetarias integradas con la seguridad social, la salud y los servicios sociales. Hay que plantear pilares solidarios en la política social (i.e. redistribución entre jubilados, financiamiento de pensiones no contributivas, garantización de la pensión básica);
•
Hay que pensar en el desarrollo de estrategias colectivas de apoyo y servicios de cuidado. Es importante avanzar hacia redes integrales de cuidado con mayor equilibrio entre el rol de las familias, el Estado, el mercado y la sociedad civil. Uruguay y Costa Rica son ejemplos a mirar en la región en esta materia;
•
Se requiere tener un mayor equilibrio entre familia y trabajo remunerado, hay que trabajar en normas y regulaciones que aseguren articulaciones virtuosas para ambos sexos (horarios flexibles, permisos);
•
Se plantea que tiene que promoverse un cambio cultural en la región que se adapte a los cambios demográficos. Hay que repensar el rol de los adultos mayores en sociedades en proceso de envejecimiento. Una política comunicacional para una nueva relación entre generaciones desde un enfoque de derechos, y una nueva cultura para “recepcionar” una sociedad envejecida;
•
Finalmente, la CEPAL plantea la promoción de un enfoque de igualdad y derechos. Se requiere incorporar incentivos y regulaciones para evitar discriminaciones y asegurar derechos de ciudadanía e igualdad de género, generacional y de opciones.
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LEGALIDAD, NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Yuri Emilio Buaiz Valera
Quizá sea el momento de acudir a la cita con la infancia de veras y sus duendes de nunca…. Mario Benedetti. DUENDES DE NUNCA I. La promulgación de la CDN y el proceso de adecuación legislativa - compromisos, miedos y mitosLa Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño –CDN-, el 20 de noviembre de 1989. En este instrumento de Derecho Internacional se consagran los principios generales y particulares de protección integral a los niños y niñas1, y se reconocen los derechos a la supervivencia, desarrollo, participación y protección especial de esta población. 1 Entendidos en el sentido en que lo hace el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, esto es, en el grupo general que comprende desde los 0 hasta los 18 años.
La Convención, ha conquistado la voluntad mundial al ser el texto jurídico-social de derechos humanos con mayores ratificaciones de los países miembros de la ONU. La CDN más que un cuerpo de normas (más allá de un reconocimiento de derechos universales para la niñez), al contener mecanismos garantistas de aplicación, cumplimiento y restitución de derechos; se ha erigido en instrumento de planificación, acción y evaluación de las políticas públicas de los países, así como una guía del contenido programático de estas políticas. A partir de la ratificación interna que hacen los Estados parte de la CDN, se obligan tanto en el concierto internacional, como en la esfera nacional, a adoptar medidas de efectividad (mecanismos de garantía), de los derechos reconocidos en este instrumento. En el grupo de medidas de efectividad se encuentran las de adecuación
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legislativa2. Este proceso de adecuación legislativa resulta inédito en la región de América Latina y el Caribe, por cuanto ha traído consigo verdaderos movimientos sociales de reafirmación interna de la propia Convención, generado por la irrupción de un nuevo paradigma jurídico-social, cuanto más ideológico, en el tratamiento de la niñez y adolescencia, subvirtiendo la concepción minorista de la niñez y adolescencia que les concebía como objetos sociales de la verticalidad autoritaria de los adultos y de las instituciones, y no como sujetos sociales de derechos que ocupan un lugar activo en la sociedad, en su comunidad, en su familia y 2 En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la mayoría de los convenios, pactos y acuerdos se caracterizan por contener una o varias cláusulas que comprometen a los Estados parte a implementar acciones de efectividad de los derechos que reconocen, consagrando mecanismos generales de implementación al interior de los países y mecanismos particulares en cada una de las normas o artículos de esos textos internacionales. En los grupos de mecanismos generales se encuentran las adaptaciones legales y administrativas internas, y en las cláusulas particulares, la implementación de medidas sociales, educativas, culturales, institucionales, judiciales u otras. Estas cláusulas, tanto las de carácter general (legislativas y administrativas), como las específicas son mejor conocidas con la denominación de PROVIDENCIAS O MEDIDAS DE EFECTIVIDAD. Por tanto, las leyes internas de los países deben sufrir transformaciones que permitan adecuarlo legalmente a los postulados, normas y principios que contienen los tratados internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño –CDN- en su artículo 4 establece que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Presente Convención.” Ello obliga a que la transformación legal no sea sólo un asunto enunciativo o alegórico, como sería por ejemplo el reconocimiento de derechos en un articulado, o la mención de la protección integral sin mecanismos de efectividad que les sean propios a su materialización o cumplimiento, o en todo caso, a su restitución en caso de violación.
en su propio desarrollo.3 Pero también el proceso de adecuación legal a la CDN y aún más el de adecuación institucional e implementación de las nuevas reglas de tratamiento de la niñez; ha traído consigo conciencias, prácticas y sentimientos encontrados, propios de la naturaleza de la irrupción de un nuevo paradigma filosófico, social, jurídico y, en fin, humanístico. En medio de esta irrupción de los derechos humanos de los niños y niñas, en la práctica cotidiana de madres y padres, autoridades públicas, organizaciones privadas, maestras y maestros, entre otros; existen cuando menos 3 Recordemos que antes de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño, prevalecía la consideración minorista del niño como la más clara y odiosa expresión de la Doctrina de la Situación Irregular, en la que se sustenta el paradigma tutelar con un abordaje de la infancia bajo la percepción de lastima, compasión, caridad y represión. Este paradigma tutelar divide a la infancia entre quienes tienen y pueden y los que no; sometiéndolos a un tratamiento diferencial, sometidos a la “beneficiencia” protectora los excluidos de oportunidades sociales, con una progresiva imposición de reglas que criminalizan su situación de pobreza, tomando como objeto de derecho las diversas situaciones de hecho adversas para responder con una especie de marcaje jurídico a la apropiación del ser, atentando contra su condición humana, al someterles a la institucionalización (léase internamiento y privación de libertad), por causas estructurales asociadas a la exclusión, marginalidad y pobreza. Serán pues los confinados de la sociedad todos aquellos niños que al presentar ciertas características (que más bien condiciones), sociales se les tutelará con la represión judicial e institucional, en nombre del amor, la compasión y la “protección”. En razón de la obligación de adecuación legislativa a la Convención, no debería ninguna ley de un Estado parte contener normas que favorezcan la división social de la niñez, o que establezcan la Adopción por causas de pobreza de los padres, o la separación del niño de su familia por estas mismas causas, o que afecten la participación social o retrotraigan al omnímodo poder de los jueces frente a situaciones sociales de la niñez o adolescencia, o la regresión a la incapacitación social de la niñez, entre otras.
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grandes confusiones, especulaciones y mitos acerca de los derechos de los niños y niñas. Algunos de estos mitos están rodeados de ignorancia, otros de severas intenciones para descalificar los avances de la humanidad, y otros, quizás muchos mitos, provienen de miedos, sin duda severos miedos ante las transformaciones culturales, sociales e institucionales que conlleva la materialización real de los derechos humanos de los niños. Si la proclamación de la CDN y la difusión de los derechos que reconoce y consagra a los niños ha provocado tales sentimientos y prácticas encontradas, no es porque los trajo impresos en la letra misma de los derechos; sino porque la pasividad con que se aceptaba el tratamiento injusto y la aplicación de los “remedios” de la doctrina de situación irregular, no había conseguido ser subvertida. La doctrina de Derechos Humanos consagrada en la CDN subvirtió de forma radical la aceptación generalizada de que los “menores” podían ser tratados de forma clasista, dividiendo a la niñez entre los que pueden y tienen oportunidades, y los que no pueden y son excluidos, además de la crueldad que los adultos quisiéramos y con la discrecionalidad que las leyes y la cultura autorizaban, es decir, sin limitaciones, prohibiciones, ni reglas de derecho que determinaran la consideración de los niños como personas humanas y sujetos sociales, iguales en lo social y en los derechos. Siendo la CDN el mentor ideológico de tal subversión del status jurídico y social del tratamiento de la niñez, evidentemente debía
provocar las reacciones descritas, pero si ello hizo este instrumento internacional, cuanto más lo ha multiplicado la promulgación de leyes internas en los países que han adecuado su normativa sobre niñez, a los principios, postulados y normas de aquel instrumento internacional, obedeciendo al compromiso establecido en su artículo 4 que ordena tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole apropiadas para dar efectividad a los derechos de los niños. II. Las adecuaciones legislativas, las políticas públicas y la práctica institucional 1. Las adecuaciones legislativas: Como antes se ha indicado, la CDN consagra los principios generales y particulares de protección integral a los niños y niñas, y reconoce los derechos a la supervivencia, desarrollo, participación y protección especial de esta población, comprometiendo a los estados parte a dictar y ejecutar no sólo medidas legislativas sino también administrativas, institucionales, sociales, y todas aquellas de cualquier índole necesarias para la efectividad de los derechos de los niños. Así, la adecuación legislativa, obliga a los países a que se revise detallada y conscientemente cualquier propuesta legal para que sea coherente con los principios internacionales de la doctrina de protección integral, esto es, que desarrolle los mecanismos garantistas, que no legalice instituciones que pertenecían a la tutela minoril de
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la doctrina de situación irregular, o que no renuncie a principios de derechos humanos, o los vulnere de alguna forma en el discurrir de las normas legales internas. Toda actividad legislativa en materia de derechos humanos debe estar signada por el respeto a los postulados del instrumento o convenio internacional que les da origen, en razón de los compromisos internacionales derivados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se consagran por ello en las constituciones políticas más avanzadas del mundo, cláusulas de inmutabilidad que prohíben, por cualquiera medio, menoscabar o retrogradar derechos humanos ya acordados por la Nación. De manera que se destacan entre los límites del poder constituyente y del poder legislativo constituido, el derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que constituyen límites sustanciales en cualquier reforma o cambio legal, sea parcial o total. Estos límites sustanciales se comportan a su vez como mandato de la comunidad internacional que comprometen al Estado a constitucionalizar los derechos que han reconocido internacionalmente, y a no menoscabarlos en futuras reformas legales o constitucionales. Así mismo, es indudable que el marco de los Derechos Humanos por ser dinámico y social, forma parte de la organización de las sociedades, y con ellas, del Estado social de Derecho y de Justicia. También ese dinamismo posee una característica singular, que consiste en que bajo ninguna forma se pueden cambiar los principios y postulados en aras de restringir derechos a las personas.
Por tanto, los derechos humanos sólo se modifican con el objeto de ampliarlos, no de restringirlos. De tal forma que no existen límites en su ampliación pero si prohibiciones en su retracción legal o constitucional. En consecuencia, la ampliación de un régimen legal de derechos humanos puede entenderse en una doble orientación: en primer lugar, con el fin de asegurar el reconocimiento de un derecho no consagrado y en segundo término, para garantizar su cumplimiento4. La CDN expresa el contenido del principio de adecuación en todo el recorrido de sus normas, de forma particular en cada derecho reconocido universalmente, aunque de manera general asegura el umbral de este principio, en el primer párrafo de su artículo 4, por lo que podríamos afirmar que la adecuación legislativa a la CDN se convierte así en una especie de “principio de los principios”, toda vez que no se trata de cualquier adaptación legal, sino de una que respete las bases y fuentes internacionales de la doctrina de derechos humanos de los niños. Las adecuaciones legales constituyen así un principio estrechamente relacionado al carácter progresivo de los derechos humanos. 2. Prioridad y efectividad: Bajo esta premisa, y siempre en el marco de la variedad de medidas de efectividad -garantías- que 4 El Instituto Interamericano de Derechos Humanos junto a otras organizaciones publicaron una guía que amplía sobre el dinamismo de los Derechos Humanos. Ver Derechos Humanos de las Mujeres: Paso a paso. San José, 1997.
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se desarrollan en todas y cada una de las normas de la CDN; entendemos que la motivación garantista si bien concibe como importante la adecuación legal, no la asume como determinante para la materialización de los derechos en las políticas públicas. Por tal razón, otros principios y medidas se desarrollan en el contexto de la Doctrina de protección integral, por lo que el principio de efectividad trasciende las adecuaciones legislativas y compromete a las transformaciones institucionales, mientras que el principio de prioridad absoluta, contenido en el mismo artículo 4 de la CDN, consagra obligaciones particulares de políticas y gestión pública para los niños. En efecto, el artículo 4 de la CDN, expresa que: “...En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional” El principio contenido en esta norma orienta de forma preclara que los Derechos humanos de los niños y niñas deben ser atendidos con prioridad absoluta. Ello significa que el Estado debe adoptar medidas hasta el máximo de los recursos para propender a la protección integral y, de ser necesario, recurrir a la cooperación internacional. Que los derechos de niños y adolescentes sean atendidos con prioridad absoluta no es
únicamente que se les dé preferencia en la formulación de las políticas públicas, sino también prioridad en el destino de los recursos públicos, preferencia absoluta en atención y socorro en cualquier circunstancia y en protección preferente frente a situaciones de violación o negación de derechos, y que también se castigue y sancionen preferentemente estas violaciones. La citada disposición que consagra la Prioridad Absoluta es de particular interés para transformar la conducta institucional de los gobiernos respecto a la planificación social, puesto que invierte el orden jerárquico o de preeminencia de los asuntos de Estado y de gobierno, al colocar en primer lugar las medidas referidas al cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales de los niños, niñas y adolescentes, sin que valga como excusa motivaciones de carácter presupuestario, emergentes o circunstanciales que tradicionalmente se han utilizado para evadir responsabilidades en el cumplimiento de los derechos humanos. En un sentido práctico de las políticas públicas, significa que para su diseño, aprobación y ejecución, primero y en primer lugar debe estar presente el análisis de la situación de los niños, la aplicación de políticas, incluyendo acciones, planes, programas y presupuestos hacia esta población, dirigidos a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, antes que otro sector social, pero si acaso no fueren suficientes los recursos nacionales para la
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aplicación de las medidas que impone el principio de prioridad absoluta, también con prioridad se debe recurrir a la cooperación internacional, lo que en la práctica de la política de solicitud de cooperación significaría colocar en primer plano de la ayuda a los niños, antes que los compromisos derivados de otras acciones del Estado. 3. Los cambios institucionales son transformación política del Estado En el marco del relacionamiento entre ambos principios: la efectividad, (entendidas las garantías como obligación del Estado), y la prioridad absoluta (entendida como garantía primaria específica para transformar la política pública y las instituciones del estado), resulta obvio que el deber de prestación de los derechos sociales, económicos y culturales está relacionado a los mecanismos con que cuenta el Estado para su satisfacción, en donde no tiene cabida seguirlos confiando a la discrecionalidad que ha funcionado de manera perversa para excusar la supresión progresiva (y sistemática), de estos derechos. Entenderlos como simples servicios sociales que se dejan a la discrecionalidad del Estado, o a los favores de asistencia social, o sacrificarlos por las situaciones de crisis que atraviesan los países, negociando estos derechos en el mercado, constituye otra perversión para justificar su negación sistemática. La afirmación de Ferrajoli5 es así un significativo aporte si queremos analizar las realidades institucionales de nuestros países desde una perspectiva crítica y propositiva, 5 Ferrajoli, Luigi. Derechos y Garantías: La Ley del más débil.
a la luz del principio de prioridad absoluta, cuando expresa que “(…) los problemas suscitados por los derechos sociales son sobre todo de carácter económico y político: tanto porque estos derechos, a diferencia de otros, tienen un coste elevado, aunque seguramente no mayor que el de su tutela en la formas paternalistas, y clientelares de prestación, como porque, de hecho, a falta de adecuados mecanismos de garantía, su satisfacción ha quedado confiada en los sistemas de welfare a una onerosa y compleja mediación política y burocrática que por sus enormes espacios de discrecionalidad constituye la fuente principal de despilfarros, costes y, sobre todo, ineficacia.” 4. Adecuación Institucional y políticas Públicas en el modelo reactivo de derechos: La enumeración de las medidas o providencias para la efectividad de los derechos se desprende, como antes he dicho, de todos y cada uno de los artículos de la CDN, aunque más allá de tales medidas – y también de ellas- se desprende un contexto programático y de gestión transformadora dirigido a las políticas públicas, que es decir sin ambages dirigido a las estructuras fundamentales de la gestión toda del Estado. Es así como entiendo que si bien en las ulteriores adecuaciones legislativas a la CDN llevadas a cabo en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe se desarrolla una nueva institucionalidad, que en los más de los casos, está representada por
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estructuras orgánicas y dinámicas de naturaleza pública que se concretan en Sistemas Nacionales de Protección, éstos por sí mismos (me arriesgo a ser irreverente), no representan ni podrán representar el “absoluto” de los cambios que se derivarían de una fiel expresión y aplicación política de los derechos humanos de los niños, puesto que estos entrañan una transformación sustancial de los modelos de Estado y no sólo la inserción de una nueva estructura en un modelo de estado viejo o el acoplamiento, de una forma pública especializada para niños, en una estructura de gestión pública de Estado con una visión, una dogmática, una práctica política, y en fin, una organización supraestatal contraria a la justicia social y a la equidad. Ciertamente, en la Región de América Latina y El Caribe se reportan avances significativos en la adaptación de las leyes internas de los países a la Convención sobre Derechos del Niño. Un apretado resumen de las características de estas adecuaciones, indica que: 1. Han traído consigo una nueva institucionalidad, ya que normativamente desarrollan: •
Estructuras orgánicas y dinámicas de naturaleza pública: SISTEMAS NACIONALES DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
•
Constituyen un Sistema de Control restitución de Derechos de los Niños
y
•
Se trata de una institucionalidad reactiva que no supone necesariamente la remoción de las bases estructurales del Estado.
2. Las adecuaciones institucionales tienden a agotarse en nuevos Sistemas de Protección, sin entrañar una transformación sustancial del Estado y su gestión pública. 3. Pretenden sustituir y/o cambiar al Estado, insertando instituciones nuevas en un Estado viejo, y en ese contexto, la práctica institucional de los nuevos modelos proyecta que la autonomía sea entendida como estructura no integrada al Estado, con serias contradicciones con la estructura fundada en los poderes ya instituidos con antelación. 4. La nueva Institucionalidad de Protección restituye derechos pero no determina las garantías de prestación de derechos desde el nivel estructural, por lo cual no compromete sustancialmente a la política pública. 5. Ejecutan acciones que tienden a influir de forma temporal y poco sostenible en las relaciones de Estado-Sociedad-Niños, y por tanto, no produce cambios estructurales en esta relación 6. En lo estrictamente penal, en aquellos países en donde se ha adecuado la legislación penal para adolescentes en conflicto con la ley, no supone más que un sistema de reacción que protege al adolescente sus derechos en el proceso y en la ejecución de las
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sanciones. Por ello, el sistema penal no tiene carácter de prevención primaria. La pedagogía aplicada al conflicto social es un posteriori.
y gobernación (representada al menos por el binomio toma de decisión/eficacia), de las democracias.
Esta caracterización general del proceso de institucionalización de las instancias de niñez en la Región da cuenta del desarrollo de una visión minúscula de la Protección Integral de la niñez por cuanto no consigue alcanzar de esa forma las transformaciones político-institucionales, toda vez que éstas (que se desprenden de la ideología de la CDN), van más allá de un sistema de control y restitución de derechos, comprometiendo su exigibilidad, y en fin, la posibilidad de no dejar justificación alguna, ni posibilidad de negación ninguna al Estado frente a la exigencia de su garantía o cumplimiento de manera sistemática y permanente, lo que indica sustancial e irremediablemente la superación de una estructura orgánica del Estado sustitutiva/reactiva de derechos por una constitutiva/activa de éstos que se debe comenzar a diseñar políticamente sobre la base de una estructura de gestión pública de los derechos humanos en todos los sectores de organización supraestatal (poderes legislativos, ejecutivo, judicial, ciudadano, entre otros), que además de la posibilidad de control por parte de un órgano de naturaleza pública, se constituyan en sí mismos en mecanismos de cumplimiento. De allí que la cultura institucional resultaría afectada por las transformaciones sustanciales en la gobernabilidad (representada al menos por el binomio estructuración/legitimidad social)
García Méndez6 ha expresado que “ La verdadera revolución cultural de la CIDN radica precisamente en el hecho de haber alterado sensiblemente el carácter del vínculo que históricamente ha imperado en la relación de los adultos y el Estado con la infancia: la discrecionalidad absoluta amparada en la idea de la incapacidad total.”. Sobre esta afirmación es legítimo entender que la alteración de las relaciones del Estado con respecto a la Infancia no se materializa sin acciones sustantivas sobre la propia estructura del Estado, tomando como proyección programática los derechos de los niños, y desarrollando -desde la variedad de medidas que encierra cada derecho particularlas transformaciones necesarias para que el derecho sea efectivo. Guendel7, por su parte, ha planteado que “Los procesos culturales e institucionales de configuración de una nueva realidad social implican cambios incrementales de largo plazo.” En América Latina y El Caribe, estos cambios en materia de niñez y adolescencia han pugnado con inconvenientes y perjudiciales dilaciones, pues si bien la Región ha iniciado un proceso de adecuación institucional que tiene como característica común 6 Ob. Cit. 7 GUENDEL, Ludwig. La Política de la Política Pública y los Derechos de la Niñez y la Adolescencia: En búsqueda de un programa de transformación de las instituciones sociales., p. 114
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la transformación de las viejas estructuras de atención y tratamiento tutelar de la niñez y adolescencia para ser sustituida por una institucionalidad sistémica de protección integral, este proceso ha tenido en la región particularidades comunes a todos los países, y ha distinguido también características singulares a cada país. Entre las particularidades comunes se evidencian: A. Una marcada pugna entre el desmantelamiento (desestructuración), de las estructuras administrativas y judiciales de atención propias de la doctrina de la situación irregular, tales como juzgados de menores, programas de atención final, institucionalización de niños por violación de sus derechos, y la construcción de los modelos de protección integral que privilegian la restitución de derechos, los mandatos de protección universal dirigidos a la incidencia en la política pública, y la atención no fragmentada de la niñez y adolescencia. Esta particularidad común que denominaremos como la pugna político-institucional en el proceso de adecuación sustancial del Estado para la garantía de los derechos a niños y adolescentes, trasciende a la mera consideración de efecto, para comportarse como característica necesaria y predecible por la naturaleza propia de los cambios que propone la doctrina de protección integral. De tal manera, que resultaría errático determinar que la pugna entre la transformación estructural y el continuismo de la atención tutelar, es una consecuencia o efecto, puesto que es un elemento característico propio a todo proceso de transformación.
B. Los esfuerzos de instauración del modelo de protección integral e incluso de instancias ya conformadas, coexisten con viejas estructuras del Estado y con instancias administrativas, modelos y conductas institucionales que no le son propias al modelo de protección integral, obstaculizando peligrosamente el desarrollo adecuado y pleno de las acciones y políticas de protección a los derechos de niños y adolescentes. El ejemplo más evidente de esta situación se observa en el desempeño de programas y servicios tutelares que focalizan la atención en el niño como problema, y que lejos de restituir derechos, son un factor adicional de nuevas violaciones de estos derechos. Otro ejemplo lo constituye la organización y la práctica de las medidas administrativas de protección y restitución de derechos, que por lo general, son decididas en el marco de la concepción tutelar, ordenando “restituciones de derechos” que se caracterizan por el aislamiento familiar, el secuestro social y familiar del niño, la institucionalización de niños de calle y, en fin, por la orden de aplicación de aquellos programas tutelares. C. La poca comprensión de que la aprobación y entrada en vigencia del marco legal de protección integral, constituye una condición subjetiva, no determinante de la protección en sí misma; ha desarrollado un inmediatismo legalista que culmina en el juzgamiento y condena de la ley como ineficaz. En la medida en que la condición subjetiva de la ley no logra materializar en la realidad institucional (entre otros, por los factores
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antes descritos en los puntos “a” y “b”), en esa misma medida se afianza una concepción legalista fundada en el mito de la ley como condición determinante para la protección de los derechos de los niños, y por tanto, conduce al determinismo legal de la ineficacia normativa. Esta concepción está alimentada por la corriente jurídica positivista que pretende conceptualizar las leyes de niños como un marco exclusivamente jurídico, obviando que la singularidad de estas leyes estriba en el marco social e institucional que proyecta, solo realizable bajo otras premisas y no exclusivamente las de índole legal. En otros términos, las normas jurídicas de las leyes de protección de la niñez, no se bastan o concluyen en su ciencia propia, ni se cumplen o dejan de cumplir con la sola condición jurídica que describe la norma, puesto que de cada una de ellas se expresa claramente el cumplimiento de condiciones institucionales y sociales, las cuales son consustanciales a la norma misma. Esta característica del estado actual de la implementación legal e institucional de la protección integral en América Latina y El Caribe, ha desatado la furia “reformista” al acusar a la ley como incapaz de “resolver la situación de la niñez”, condicionando tal solución a la derogatoria o reforma de la ley, y por lo general, volviendo a las consideraciones minoristas de la legislación. En síntesis, una interpretación restringida del tema atinente a las transformaciones institucionales se conforma con expresar que los sistemas de protección de niños constituyen la garantía de los derechos colectivos, los difusos (a la supervivencia,
al desarrollo y a la participación), o los derechos individualmente considerados cuando han sido amenazados o violados, En esta idea restringida la nueva institucionalidad especializada en la protección de los niños se encarga de proponer acciones en políticas públicas, por lo general en forma aislada del resto de los órganos públicos, controlar su ejecución, restituir derechos cuando se han violado, o hacer cesar amenazas de violación. Si bien ello representa un importante avance para el equilibrio en la exigencia de los derechos de los niños, para el control de la discrecionalidad y arbitrariedad; lucirá siempre como una institucionalidad reactiva porque no supone de manera alguna la remoción de las bases estructurales del Estado en cuanto ellas constituyan arbitrariedad y en cuanto permitan, justifiquen y practiquen una concepción y desenvolvimiento político del Estado y sus instituciones que favorecen la desigualdad y la exclusión de la población mayoritaria de niños. Lo contrario, supone una organización institucional del Estado capaz de generar condiciones y practicar la administración de la igualdad como categoría política de los derechos humanos inherente e inmanente al propio Estado y no exclusivamente a la posibilidad de control y restitución de un órgano de naturaleza pública. Por lo demás, esta visión satisface a las estructuras de injusticia social, y tiende a agotar a los propios Sistemas Nacionales de Protección, por cuanto no actúan sobre las causas estructurales de la violación/incumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
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5. Políticas Públicas e institucionalidad para un modelo constitutivo/activo de derechos: El contexto normativo del reconocimiento de los derechos de los niños en la CDN y demás instrumentos internacionales; conlleva expresamente un derecho general que se explica también en los principios de prioridad absoluta e interés superior del niño, cual es el derecho a demandar las transformaciones político-institucionales que permitan la efectividad de los derechos reconocidos legal y constitucionalmente. Que es este un derecho político, no cabe duda, toda vez que entraña y compromete las relaciones mismas del Estado en cuanto estructura de satisfacción de derechos, respecto de los niños y del resto de la sociedad. Si se ha dicho insistentemente que la CDN constituye un proyecto de sociedad, nueva, justa, con base en la dignidad humana de los niños. Abstraernos de la importancia que la Convención atribuye a las transformaciones político-institucionales como estrategia para la conquista de esa sociedad que proyecta, constituiría por lo menos un desconocimiento de la proyección política de los derechos humanos, y cuanto más representaría la conservación y estática de las relaciones sociales inequitativas que han existido y en la que los niños y las mujeres han ocupado una especie de afirmación real, declarada y desarrollada, de la injusticia. En esta idea que me he permitido conceptuar no cabe su entendimiento como alternativa política,
sino más bien como parte constitutiva de los derechos políticos expresados y determinados en el principio de no discriminación e igualdad del artículo 2 de la Convención. Supone así este derecho la posibilidad de desarrollar desde si y con amplitud la ciudadanía activa (más apropiadamente podría serlo “la persona” activa), en cuanto elemento fundamental y realizador de la concepción del niño como sujeto pleno de derechos. Por tanto, las adecuaciones sustanciales en los ordenes administrativos, presupuestarios, de planificación social, de servicios públicos, de la organización y estructura de la administración de justicia, la respuesta institucional a los requerimientos de la niñez, el aparato policial e incluso de aquéllos asuntos declarados tradicionalmente como de seguridad y soberanía de Estado, la distribución y redistribución de la riqueza nacional; no sólo encuentran una limitación de derecho en el principio del interés superior del niño, sino que están ordenados a transformarse sustancialmente para dar respuesta a la satisfacción de los derechos de los niños. El derecho a la transformación político-institucional es intrínseco al proyecto de igualdad y justicia social de la CDN, como lo explica en su artículo 4 al consagrar el principio de efectividad que compromete el cambio en la conducta del Estado, puesto que cuando obliga a la toma de decisiones políticas, administrativas, institucionales, sociales, económicas o de cualquier otra índole para que sean efectivos los derechos de los niños; está
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obligando a la transformación del Estado, de manera que estas decisiones no sean sólo producto del control restitutorio de los derechos, sino más bien de su efectividad cumplida en la estructura orgánica del Estado. El principio de efectividad orienta entonces el deber de prestación que asume el Estado al afirmar los derechos sociales, económicos y culturales, entendidos como garantías para la supervivencia y el desarrollo de los niños, por lo que antes que enumerar y en todo caso explicar cuáles son las transformaciones institucionales, insisto en que resulta más relevante y urgente entender y explicar la razón de ser de éstas transformaciones en el plano político-institucional como presupuesto constitutivo e indispensable de la protección integral de los niños. Alterar el orden tradicional de la política de Estado, por ejemplo, en materia comunicacional, importa el establecimiento de protocolos y guías de actuación permanente en cada información, programación, actuación pública comunicacional de los personeros y personajes que le representan, fijar las condiciones de la programación dirigida a los niños, formar de manera crítica la actitud de todos los ciudadanos acerca de la educación informal de los medios de comunicación, entre otras medidas. Un claro ejemplo lo constituye el artículo 6, numeral 2, relacionado con los artículos 27 y 32 de la CDN. En ellos -y de ellos- se desprende que el Estado es
quien se debe transformar como obligación para garantizar la supervivencia y el desarrollo creando condiciones apropiadas para que los padres y/o representantes cumplan sus obligaciones primarias de manutención y calidad de vida de los niños, pero deben confluir otras estrategias institucionales estructurales y apropiadas en la política educativa del Estado que protejan a los niños contra el trabajo u otra forma de explotación económica. En el articulado triangular que he colocado como ejemplo (6, 27, 32 de la CDN); nada se puede exigir a los padres si el Estado no ha sido capaz de garantizar las mínimas condiciones a las familias para que cumpla su función social, así como no bastaría con sancionar al patrono explotador si las condiciones sociales, si la política educativa del Estado no garantiza la inclusión, la permanencia y la calidad en la Escuela8. En este mismo ejemplo, vale analizar el alcance del Sistema de Protección de Niños, restituyendo el derecho mientras las relaciones de Estado-Industria-Niños-Escuela, permanecen incólumes. En los dos anteriores ejemplos, cabe preguntarse si los sistemas de protección de la niñez son suficientes para garantizar que todos estos factores de violación de derechos humanos sean debidamente alterados al interior de las políticas públicas y de las instituciones en general? o ¿ Es 8 Sin pretender ser funcionalista en el análisis social, la carencia de condiciones socio-económicas y culturales en las familias junto a la falta de constancia, cuando no ausencia, en políticas de universalización de la Educación, constituyen parte de las razones multifactoriales para la explotación económica de los niños.
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el Estado el sistema de Protección de los Niños? Si nuestras respuestas las ceñimos y enfocamos exclusivamente a los sistemas de protección como imagen de las transformaciones institucionales requeridas para la protección integral, incurrimos en el grave error de creerlo garante primario de los derechos humanos de los niños y de las familias. Si, por el contrario, ampliando nuestro entendimiento acerca de la protección integral, la visión abarca lo ancho, largo y hondo del asunto, las transformaciones institucionales imponen la transformación política del Estado. La autonomía de los sistemas de protección de la niñez, no les abstrae de su naturaleza y responsabilidad pública, pero tampoco les hace parte única, absoluta y suficiente en la protección de los derechos de los niños, menos aún en su absoluta garantía. Los sistemas de protección funcionan como estructuras integradas al Estado, para el control de éste en el cumplimiento y restitución de los Derechos. Por ejemplo, en Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Brasil, y recientemente en la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia de El Salvador, entre otros países; los Consejos de Niños, Niñas y Adolescentes son entes de carácter deliberativo, consultivo y contralor, pero además son de naturaleza pública, es decir, que forman parte de la organización del Estado, y sus actos de índole administrativo, son asimilables a los actos públicos del resto del Estado. Sus funcionarios responden administrativa, civil y penalmente de acuerdo a las reglas de responsabilidad en
las funciones públicas. Al contrario de lo que se afirma publica y reiteradamente, los Consejos de Derechos no elaboran la política Pública sobre niñez y adolescencia. Esta la diseña y ejecuta el Estado a través de los órganos de gobierno, mientras el gobierno del Sistema de Protección, la controla y evalúa. Así, Los Consejos de Derechos en forma general en estos países: a. Diseñan los planes y lineamientos del sistema de protección integral a niños y adolescentes; b. Establecen directrices (léase bien: “directrices”), a seguir por los programas de protección, entidades de atención y Defensorías de Niños; c. Conocen, evalúan y opinan sobre los planes nacionales, estadales o municipales de carácter intersectorial que elaboran los órganos competentes ( “conocen, evalúan y opinan”, es decir, es una función de control para evitar desviación, no es una función de ejecución); d. efectúan el seguimiento y control de aquellas políticas y acciones públicas nacionales, estadales o municipales referidas a niños y adolescentes. Como se evidencia de esta lectura, en muchos países de la región, los cuerpos deliberativos de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes no tienen disposición directa sobre
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las políticas, programas y servicios del Estado, sino disposición de control y evaluación. Y ello es absolutamente legítimo por cuanto se trata propiamente de un sistema de vigilancia, control y equilibrio de las acciones públicas, pero ello no significa determinación en su diseño, ni en su aprobación, ni en su ejecución. Controlan las acciones del Estado, por tanto proponen políticas públicas, hacen seguimiento y las evalúan, y, en todo caso, exigen administrativa o judicialmente su cumplimiento, pero no sustituyen al Estado en su función política. La proliferación de Programas de atención (sin desdeñar su importancia), para casos individuales y con alto contenido asistencial, en detrimento de las políticas sociales es una muestra palpable de que la política pública toma una dirección contraria a la pretensión transformadora de la realidad que imprime la CDN, puesto que creer en que los programas de atención individualizada resolverán las violaciones estructurales de derechos universales, e insistir en la sola creación de estos, olvidando las políticas públicas, su control y seguimiento, podría ser parte del problema y no de la solución, en razón de que: i.
La mayor creación y existencia de necesidad de programas de atención individualizada, refleja una errada idea de la protección integral, puesto que la atención final es sólo la respuesta a la violación de derechos existente;
ii. La percepción de la mayor necesidad de programas, revela una realidad que no sólo es la de la existencia de más niños violados
en sus derechos, sino la ausencia de políticas para prevenir estas violaciones, iii. La percepción de la necesidad de programas puede estar revelando que la masificación de la atención es un avance a la solución de la problemática de la infancia, cuando en realidad la mayor existencia de programas es sólo consecuencia del verdadero problema y de las verdaderas causas. iv. La percepción de la atención especial e individualizada de niños reporta la visión del niño como un problema, y no delimita que el niño en estas circunstancias es la manifestación del problema mismo. Un ejemplo de ello, es la masificación de programas de atención de niños de la calle. v. Conduce a la visión de las instituciones totales, aquellas que pretenden abarcar toda la atención al niño, incluyendo la de los programas básicos. Por tanto, 6. Líneas de acción para la transformación institucional El esfuerzo de adecuación institucional está obligado a trascender la minúscula (por minúscula y restringida, equivocada), noción de satisfacción de derechos exclusivamente a través de la institucionalidad de los sistemas de protección y únicamente por vía de éstas instancias o
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modelos institucionales de control y restitución. Se trata de cambios en la estructura orgánica de planificación, gestión y ejecución, a cargo del Estado como un todo del poder público y social. Para transformar sustancialmente la sustitución/ reacción de derechos representada por la visión minúscula de las instancias de protección, esos cambios –en plural- deben estar apuntados a la refundación del Estado para la conformación de la estructura constitutiva/activa de derechos, lo cual compromete la gestión pública en la “afirmación, realización e implementación de los derechos de los niños”9 , con severas implicaciones principalmente en el orden de la estructuración y concepción del modelo de Estado que gestiona los asuntos públicos para la satisfacción de las “necesidades reales”10. Se trata, en otras palabras, de iniciar un proceso de cambios estructurales del modelo en que ha sido fundado y desarrollado el Estado, puesto que las causas de la insatisfacción de los derechos humanos de los niños tienen su explicación en la injusticia social que ha sido congénito a modelos políticos de Estado esencialmente injustos y generadores de desigualdad. 9 Baratta, Alessandro, La Niñez como Arqueología del Futuro 10 En la misma obra, -en una acepción que comparto- Baratta entiende como “reales” las necesidades dentro del contexto de una teoría histórico-dinámica, explicando que son aquellas que deben satisfacerse en una sociedad, atendiendo especialmente a que su cumplimiento o no redundan en la manifestación de la justicia social. En ese sentido, su incumplimiento revela de manera clara la violencia estructural, es decir, la representada por el Estado al existir disonancia de las opciones productivas y distributivas con relación a las necesidades.
También se requiere apuntar a una visión mayúscula de estos cambios que supere el remozamiento y la redecoración de sus instancias, profundizando en las contradicciones existentes entre la estructura del Estado y los derechos humanos, así por ejemplo, entre la toma de decisiones y las oportunidades de participación de los niños en ellas; o profundizando en las contradicciones existentes entre los modelos de planificación y asignación presupuestaria y la satisfacción de las necesidades reales de los niños; o entre las formas de gestión pública de un Ministerio de Familia o de Desarrollo Social, o de un Ministerio de Educación y la satisfacción de estas necesidades; o la más aparentemente invisible, pero permanente contradicción, entre las estructuras y formas de gobierno y de gobernabilidad que asumen los órganos legislativos en referencia a los derechos humanos de los niños. Corresponde al Estado constitutivo/activo de derechos, la absoluta consideración preeminente de los niños y niñas en todas y cada una de sus estructuras de poder, desde la significación y relevancia para la garantía primaria de los derechos sociales (representada en la restricción a la toma de decisiones), por vía de mecanismos internos inherentes a los poderes públicos, pasando por un sistema de responsabilidad administrativa en la ejecución de las políticas públicas, hasta la generación de una estructura político-económica que de razón sistemática y permanente de libertad en lo político, e igualdad en lo social.
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Respecto a las transformaciones culturales e institucionales sin duda que corresponde a la sociedad entera, pero el Estado y las políticas que deciden su organización, gestión y funcionamiento deben emprender acciones para alterar positivamente la imagen acerca de la realidad, las vivencias y el mundo de los niños; se trata de liderar desde el Estado los cambios cognoscitivos y culturales acerca de la niñez. Por cuanto es reconocido suficientemente que “…la imagen de la niñez es en gran medida una construcción social y cultural…”11 se hace imprescindible (e inaplazable), que el Estado, comprometido como se encuentra en la región con la CDN, asuma la toma de providencias políticas para lograr los cambios necesarios en la percepción del niño como sujeto social, acreedor de derechos que le son inalienables. Así, la política para los cambios de percepción cultural y social, deben ser instrumento de carácter permanente en el sector educación, comunicación, salud, justicia, planificación social, entre otros. El cambio cultural al que me refiero debe iniciarse al interior de los hombres y mujeres que representan, actúan y obligan al Estado, desde los propios gobernantes políticos (Presidente, Gobernadores, Alcaldes, Legisladores), hasta los responsables técnicos y planificadores, puesto que muchos de los funcionarios de gobierno no sólo se convierten en un obstáculo para la realización de los derechos humanos de los niños, sino en agentes de su propia violación. 11 Sheridan Bartlett, y otros. Ciudades para los Niños, pág. 17.
En cuanto a la participación de los niños y niñas, también corresponde al Estado constitutivo/activo de derechos, animar la utopía abriendo el camino de la participación de los niños en la toma de decisiones, lo que supone una refundación del Estado de los adultos y la alteración de una cultura institucional de autoritarismo que se representa y materializa con el sólo hecho de decidir por ellos y sin ellos. No basta con aceptar la participación, que ya sería bueno, es necesario que se impulse el ejercicio de los derechos de participación, por cuantos medios sea posible, que es aún mejor. En esta nueva perspectiva de un Estado constitutivo/ activo de derechos humanos, además de alterarse el modelo institucional, se subvierte el orden en que se colocan tradicionalmente la importancia de las personas ( más allá de los ciudadanos), como eje del Estado social de Derechos. El Estado pasa a ocupar así la obligación de prestación de los derechos a la supervivencia, desarrollo y participación de los niños a que está destinado por las normas de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. También resulta obvio que las funciones de control, evaluación o restitución de derechos que deben cumplir las instancias de los sistemas de protección de la niñez, ocuparán su tiempo, su espacio, su actuación en general, en la práctica de la vigilancia y acción sustitutiva/reactiva que les corresponde, pero además, se disminuye su ocupación, su clientela y, por ende, su burocracia. Cualquier análisis no tan avezado de las funciones de control, evaluación o restitución de derechos,
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ya sean colectivos, difusos o individualmente considerados, que le es asignado a las instancias especializadas de protección de los niños, concluirá en su importancia para atender situaciones emergentes, o para accionar al estado en el cumplimiento de los derechos, o para definir la atención individualizada del problema social, representado en uno o más niños, pero también concluirá en que ello deja incólumes las relaciones intrínsecas en que se mueve la sociedad respecto a los niños. Así, por ejemplo, cada medida de protección individualizada dictada a favor de un niño o niña (en casos de protección especial contra el maltrato, la explotación, etc), va a engrosar la deuda que tiene el Estado con las políticas sociales, a más medidas de protección se tengan, por ejemplo, en un Municipio, cantón o parroquia, indudablemente más falencias hay en la política pública de esa localidad. Si bien es importante la atención individualizada del niño desprotegido o violentado en sus derechos, si bien la calidad de esta atención restitutoria de derechos está indicada precisamente por el respeto a sus derechos humanos, la integración a una familia, a la escuela, etc., según el caso, también es cierto que estas medidas no pueden convertirse en la guía usual del diccionario de la protección, por cuanto representan la atención final (individual y personal), de un conflicto de carácter estructural y social que se disminuirá ( hasta su mínima expresión) no contando la cantidad de medidas de protección dictadas, sino la capacidad y calidad de las políticas públicas para superar el conflicto social que da origen a su repitencia y permanencia en la vida de muchos niños y niñas.
Resulta así imprescindible que el Estado constitutivo/activo de derechos supere también las prácticas de “restitución” de derechos individuales por vía de la acción forzada de órganos administrativos o judiciales, según sean los casos. Si bien, en la organización de las transformaciones institucionales estas formas deben permanecer como mecanismos de garantía de derechos, son sólo secundarios (de hecho, en la doctrina moderna de los derechos humanos, la restitución y la sanción, son garantías secundarias), el Estado social de derechos debe profundizar en mecanismos y formas permanentes de autorregulación o autocomposición administrativa (voluntaria y hasta natural), que reduzcan al máximo la aplicación forzada de la restitución. El Estado social de Derechos debe ser capaz de avizorar por si mismo estas situaciones e impedir su materialización. Ello es posible en la concepción de la política pública de protección especial como elemento integrante de la política general de protección integral. En todo caso, los programas de protección especial dirigidos a la atención individualizada como restitutoria de derechos, responden a las líneas de la política pública de protección de la niñez, de tal suerte que la dimensión que a ésta última se le de en la estructura y en la planificación del Estado, definirá la dimensión de la protección. La mayor dificultad por la que atraviesan los programas de protección ha consistido en la separación (aislamiento), que de ellos se ha hecho de la planificación general de la protección integral, como si fuesen absolutamente independientes,
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y como si la atención individualizada de los conflictos de violación o amenaza de derechos de los niños, estuviese conceptualmente abstraída de la política pública. Esto es, así como deben existir líneas y planes de y para las políticas universales, deben existir para las políticas especiales. En ello también se empeña la idea que estamos planteando del estado constitutivo/activo de derechos humanos, por cuanto el alcance de las transformaciones institucionales estaría orientado igualmente a producirse al interior de la propia conceptualización de la política pública, incluyendo en éstas la política de protección especial, que además de atender a los excluidos, los incluya en el goce efectivo de sus derechos como persona humana12. Por tanto, podremos decir que en la Región de ALC, desde la proclamación de la CDN y comenzando por Brasil en 1989; se han iniciado dos grandes fases del proceso de transformación para la garantía efectiva de los derechos humanos de la niñez: --
Las adecuaciones legislativas, y
--
Las adecuaciones institucionales
12 Un importante y reciente ejemplo de autocontrol y regulación de Derechos Humanos, desde el punto de vista del deber ser lo instituye actualmente la nueva Constitución Política del Ecuador que, además de crear un Sistema de Protección de Derechos Humanos, de carácter autónomo, ha consagrado los Consejos de Igualdad que siendo parte de la función ejecutiva están encargados de la vigencia de los derechos constitucionales y de tratados internacionales, con atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materias específicas
Por todo lo expresado en este ensayo en relación a la segunda fase, y además de las líneas de acción generales que se han descrito anteriormente, se precisa de acciones elementales para que las adecuaciones institucionales logren el cometido de ser garantía expresada en políticas públicas. En tales acciones, se deben contener básicamente las siguientes: 1. Evaluación de los Sistemas de Protección13 que con el uso de metodología cualitativa y cuantitativa tenga como objetivo central la determinación de los principales aciertos, obstáculos y avances en la creación, funcionamiento y resultados de los órganos, instituciones y entidades que lo conforman. Dicha Evaluación permitirá arribar a un análisis del estado situacional de los respectivos sistemas de protección por país, a través de, por lo menos, los siguientes indicadores. a. Indicadores de políticas públicas y estructuras que reflejen la información cuantitativa y descripción cualitativa de las políticas públicas para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la estructuración de cada órgano, entidad o institución y sus recursos para responder a estas políticas. 13 En el año 2007 República Dominicana ha finalizado el análisis del estado de implementación del sistema de protección de la niñez y Adolescencia que utilizó una metodología avanzada de estándares de derechos humanos para el comportamiento de la institución nacional de `protección, y arrojó información estratégica para la planificación y acciones en los próximos años. La Oficina de UNICEF en este país brindó asistencia técnica para el diseño metodológico y ejecución del referido análisis organizacional.
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b. Indicadores de procesos. Que medirán el tipo y forma de los servicios de acuerdo con determinados estándares de calidad, especialmente en los programas de atención c. Indicadores de procedimientos y gestión, que describirán las características y la dinámica de los procesos, los grados de cumplimiento de las metas, y por tanto, la verificación de los objetivos de las diversas instituciones y órganos, en función de las atribuciones que tengan establecidas. d. Indicadores de impacto o resultado. Que midan la incidencia de políticas y programas en la población total, o en la del grupo poblacional objetivo. 2. Pasar de sistemas focales de atención y protección a sistemas integrales de protección: ello significa que debe incluirse (dónde la ley no lo haya previsto), normas de integración de los sistemas de protección a la toma de decisiones en políticas públicas nacionales, provinciales, departamentales o estadales, y locales (municipales, parroquiales). Este aspecto resulta relevante para la consolidación real de las instancias de protección, de tal forma que no sólo se destinen al control de la política pública, sino a la toma de decisiones y el rumbo de éstas en términos de equidad e inclusión social de la niñez. 3. Vinculado a lo anterior se precisa de la inserción de la protección de la niñez y adolescencia en el sistema público de los servicios sociales, en el marco de las
políticas de equidad y en especial en todas aquellas dirigidas a proteger la permanencia y/o inclusión familiar, la rehabilitación de los que son víctimas de explotación, abuso, violencia, discriminación, conflictos armados y exclusión escolar. 4. Análisis particular de las políticas públicas dirigidas a las familias, con el objeto de determinar la mayor o menor incidencia que tienen en los factores determinantes de las condiciones de desagregación familiar, tales como educación, empleo, vivienda, acceso a servicios sociales, en particular la seguridad social, salud y, agua potable, entre otros . En este mismo marco, analizar la participación de los sistemas de protección y de las familias en los niveles locales y comunitarios para la determinación y ejecución participativa de estas políticas. 5. Difundir y luchar por la inclusión de los órganos deliberativos de protección a la niñez y adolescencia (por ejemplo los Consejos de Niñez en Venezuela, Ecuador, República Dominicana, etc), como parte integrante de las propuestas y deliberaciones presupuestarias de los parlamentos u órganos legislativos. 6. Revisión de las responsabilidades de las políticas judiciales en materia de protección de derechos a niños, niñas y adolescentes en general, y en materia de diseño y ejecución de políticas y programas dirigidos a adolescentes en conflicto con la ley penal, de tal suerte que integren al sistema de protección en el diseño y control de éstos.
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7. Revisión de las normas y métodos de rendición de cuentas de los órganos ejecutivos del sector público (ministerios, secretarías, Alcaldías), para iniciar un proceso de inclusión de la rendición pública de cuentas en materia de niñez y adolescencia, en donde no exista. 8. Revisión particular de las políticas intersectoriales de Educación, Salud, Desarrollo Social y Familia, con atención de las medidas de efectividad contenidas en la CDN y a la participación social en su diseño y control. En definitiva, las transformaciones institucionales que parten del enfoque de la protección integral
a la niñez, imponen tanto una visión cuanto una modelación sustancial no sólo de los órganos especializados de protección, sino principalmente de las estructuras y factores de poder público, como única vía de materializar la utopía posible que nace de la CDN, esto es, como camino para poder trascender las instituciones contractivas y pasar a la construcción de instituciones activas de derechos. Todo ello, sin duda, tiene que ver con la legitimidad de las democracias, no en términos de derecho constitucional, sino fundamentalmente en términos de legitimidad social.
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INTEGRALIDAD Y ESPECIFICIDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAl Jorge Vallès
“Diferentes sectores tienen diferentes puntos de vista sobre el sistema, como los cinco hombres ciegos que tocan un elefante. Nosotros necesitamos comprender las historias de los 5 hombres y de todas las partes interesadas antes de ver el sistema (el elefante) en su conjunto”. En años recientes, el Ecuador ha dado pasos muy significativos en la construcción de sistemas y medios conductores y favorecedores de la igualdad de la niñez y adolescencia y el ejercicio integral de sus derechos. De la misma manera, avances valiosos se han dado en los cambios culturales y las percepciones en torno a las políticas de igualdad en los ámbitos de género, niñez e intergeneracionalidad, interculturalidad, movilidad humana y discapacidades. En el marco específico de la infancia y adolescencia,
a partir del 2008, el país establece una tendencia crecientemente favorable de los resultados de las políticas sociales que ponen de manifiesto el mejoramiento de los indicadores nacionales relativos a la educación, salud y protección de la niñez y adolescencia ecuatorianas. Entre estos avances que hay que destacar por su importancia los siguientes: La tasa mortalidad en menores de 5 años llegó al 15 en el 2009; mientras que al 2006 alcanzó 18.2 por cada 1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil (niños de menos de un año) fue de 11 por cada 1,000 nacidos vivos en el 2009, lo que representó una disminución respecto a 2006 que alcanzó a 13.3 por cada 1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal (niños de hasta 28 días de vida) se ubicó en 6.3 en el 2009 y en 7.5 por cada 1,000 nacidos vivos en el 2006. La tasa neta
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de matrícula en educación básica (5 a 14 años de edad) aumentó de 92.9% en el 2009 a 95.4% en el 2011, de otra parte, la tasa neta de matrícula en bachillerato (15 a 17 años) aumentó de 54.5% en 2009 a 62.5% en 2011). En el ámbito de la protección, el porcentaje de niños y niñas entre 5 y 17 años que trabajan alcanzó el 7.1% en el 2010, cuando era del 17% en el 2006. El porcentaje de los que trabajan y estudian disminuyó del 11.1% a 3.7% del 2006 al 2010. 1. Derechos de la niñez y desarrollo UNICEF tiene como mandato apoyar a los Estados en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Por su parte este instrumento guía a los Estados en el logro de resultados efectivos en favor de la infancia. Estos resultados se alcanzan en la medida en que las sociedades dedican el “máximo de sus recursos disponibles” para el logro de metas relacionadas con el bienestar de la infancia y la adolescencia. El Artículo 4 de la Convención hace referencia a la disponibilidad de recursos en un sentido amplio. Algunos académicos (como Andrea Cornia) señalan que al menos interesa distinguir tres niveles: 1) recursos reales en dinero o insumos a nivel de los hogares (especialmente ingresos y producción para la subsistencia), 2) gasto gubernamental social especialmente en salud, educación, cuidado infantil, agua y saneamiento; y, 3) las características familiares y
comunitarias, especialmente la disponibilidad de tiempo, la salud y las oportunidades, capacidades y habilidades, particularmente de la madre, para el cuidado de los hijos. Este marco de referencia es un modelo útil para entender la complejidad de las correlaciones y relaciones que deben abordarse para alcanzar el bienestar de la niñez y la adolescencia, especialmente en las áreas de educación, nutrición, trabajo infantil, y salud. Al mismo tiempo esta complejidad permite vincular de forma más adecuada los derechos humanos de la niñez y adolescencia con el desarrollo. Es tan fundamental asociar el gasto social con una política tributaria progresiva como asegurar un ingreso digno para las familias, en el marco de políticas de cuidado ambiental responsable con las generaciones futuras. Las referencias de la Convención sobre los Derechos del Niño de asegurar los derechos de la niñez de forma progresiva, implica que las sociedades actúen en el contexto y circunstancias actuales y a la par creen condiciones de sostenibilidad, mediante el desarrollo continúo en el tiempo de capacidades, oportunidades e infraestructura para el largo plazo. Los recursos económicos son fundamentales pero no lo son menos los recursos humanos. En este último aspecto la familia y la comunidad son recursos esenciales para el bienestar de la
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niñez. El estudio sobre los recursos de la familia como fuente de bienestar, de buen vivir para la infancia debe profundizarse. Estos recursos también son resultado de las inversiones y capacidades construidas con anterioridad y que son fuente, o, por el contrario, obstáculo para el bienestar. Muchas veces estos recursos tienen que ver con creencias, valores, aspectos culturales, percepciones y comportamientos que tienen el atributo de cambiar o afectar el desarrollo y bienestar de la niñez. Están muy bien documentados los estudios sobre la violencia familiar y la calidad de los aprendizajes escolares así como los impactos de la violencia de género en el comportamiento económico en las sociedades. Una perspectiva más profunda de los vínculos entre desarrollo y derechos de la niñez destaca la importancia de las políticas sociales activas a lo largo del ciclo de vida. A mayor inversión en la primera infancia, se obtendrán mejores resultados de aprendizaje en la escuela y seguidamente mayores posibilidades de éxito educativo para el bachillerato. De esta manera, la política de cuidado infantil tendrá repercusiones en el más largo plazo. De igual forma, la falta de políticas e inversiones de promoción familiar y comunitaria del desarrollo infantil temprano y el cuidado de la salud, tendrán impactos negativos para asegurar la escolaridad básica, la retención educativa y el aprendizaje. Se trata de impactos de política pública que se fortalecen e interconectan para obtener resultados positivos y/o negativos a lo largo de todo el ciclo de vida.
La tendencia a vincular el logro de los derechos humanos de la niñez con los indicadores de gasto social es común, sin embargo habría que completar este análisis con otras contribuciones que deben hacerse visibles: el tiempo y capacidades que dedican las mujeres al cuidado de los hijos, en distintas etapas del ciclo de vida. Este tipo de recursos no se cuantifica y tampoco se analizan la sobre demanda que puede cargarse con el cuidado de los hijos y nietos a las mujeres, en distintas edades, a diferencia de los hombres. 2. Los enfoques del ciclo de vida y los enfoques de igualdad La política social tiene que considerar varios niveles de responsabilidad y enfoques en la toma de decisiones. Un ejemplo es la inversión en la primera infancia y el aprendizaje social sobre la prioridad de esta edad en el desarrollo del individuo a futuro, que también puede traer consigo decisiones sobre la autonomía de la mujer, el reforzar su capacidad de negociación dentro de la familia y el acceso a un sistema de cuidados público para sus hijos a fin de disponer de tiempo para insertarse en la educación y el mercado de trabajo. Los enfoques de ciclo de vida aportan sustantivamente para reconocer la complejidad de relaciones que se presentan en el ciclo de vida para el logro del desarrollo y el buen vivir. Igualmente el enfoque de igualdad de género es un factor de importancia para subrayar en la
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necesidad de políticas afirmativas para asegurar el buen vivir de las mujeres y en particular de las niñas. En pocas ocasiones se analiza el impacto que tiene el acceso al control del ingreso familiar por parte de las mujeres en la capacidad de tomar decisiones en torno al bienestar de los hijos dentro de las familias. Las políticas de igualdad de género y las relativas al ciclo de vida están estrechamente relacionadas. Varios estudios de correlación indican que la situación nutricional de los hijos mejora sensiblemente si la mujer tiene en la familia capacidad de decisión sobre el ingreso para priorizar la compra de alimentos. La normativa de derechos es central para la igualdad generacional así como para cambiar las relaciones de bienestar entre las generaciones. La equidad de las relaciones entre el mundo adulto y el mundo de la infancia aportan resultados de largo plazo en el bienestar y buen vivir general. La obligatoriedad de asignar la mayor cantidad de recursos disponibles para que los derechos de la niñez sean efectivos tiene que ver con las responsabilidades y las obligaciones estatales y también con las obligaciones de las personas. Las relaciones de buen trato entre las diversas edades a lo largo del ciclo de vida son tan importantes como la asignación presupuestaria para la inversión social. Las políticas de igualdad generacional involucran obligaciones del Estado y también modificaciones en el imaginario en las distintas etapas del desarrollo del ser humano. La comprensión de cambios en el imaginario social
y la formación de capacidades para cambiar las relaciones adulto-céntricas a lo largo del ciclo de vida son inversiones de largo aliento que promueven cambios culturales de impacto en el comportamiento de los sujetos. Las políticas de promoción de la igualdad en el ciclo de vida revelan la necesidad de intervenciones sistémicas. Es de importancia el empleo de calidad para hombres y mujeres adultos, como también es necesaria la prestación de servicios directos y los cambios culturales para alcanzar el bienestar de la niñez y la adolescencia. En este marco, la corresponsabilidad de las familias y las comunidades es emergente para alcanzar resultados de interés en la disminución de la desnutrición, la muerte infantil o la erradicación del trabajo infantil. Una política para igualdad del ciclo de vida debe promover por igual la inversión en la primera infancia, como la universalización de la educación en el bachillerato. En el Ecuador, todavía 6 de cada 10 jóvenes tienen un empleo inestable. Lo cual compromete sus posibilidades de construir autonomía y proyectos de vida familiar con autonomía. 3. La integralidad del ciclo de vida y las Politicas Sociales y sus especificidades Es importante por ello visibilizar, en el ciclo de vida, los derechos, oportunidades y capacidades de grupos de edad que requieren mayores
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esfuerzos. Ecuador está cambiando su pirámide poblacional. Durante los próximos veinticinco años será un país joven, constituido por una amplio porcentaje de adolescentes y jóvenes. Explorar las demandas sociales de los adolescentes y los jóvenes es una oportunidad para el desarrollo. Las políticas sociales de empleo juvenil y desarrollo del adolescente adquieren importancia de primer orden en el diseño de la política pública por el impacto que tendrán en el futuro próximo. Como correlato, las inversiones en la protección de la tercera edad o del adulto mayor ingresan de lleno a la agenda pública y por ello el contar con un enfoque cuya meta sea alcanzar el aseguramiento universal es una prioridad para una política social incluyente y que atienda las metas previstas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Como señalan algunos investigadores (Manuel Garretón): “Igualdad y equidad aparecen como dos caras o dimensiones del concepto de justicia social…la equidad apunta a la igualdad de oportunidades individuales…mientras que la igualdad apunta a disminuir las distancias entre categorías sociales respecto del poder y la riqueza, o si se quiere, del acceso a instrumentos que determinan el poder sobre lo personal y el entorno”. Por ello una sociedad puede ser equitativa pero desigual, si conserva por ejemplo brechas en el ejercicio de los derechos para grupos étnicos diversos, o bien para grupos poblacionales como los adultos mayores o los adolescentes.
Las políticas de igualdad enfrentan retos que, además de buscar la disminución de la pobreza y la exclusión, atiendan la dimensión de las desigualdades sociales que provienen de la edad, el grupo étnico o el género. La igualdad jurídica es la referencia, o la igualdad cero (M. Garretón), pero los cambios normativos no necesariamente conducen a cambios reales y sostenibles en las condiciones de exclusión. Las políticas de igualdad y de atención al ciclo de vida deberán reconocer las desigualdades sociales en el ciclo de vida, lo cual complejiza aún más la promoción de la inclusión social y económica. Por ello, “…la lucha contra las desigualdades basadas en las categorías adscriptivas, exige el recurso institucional a las discriminaciones positivas en favor de categorías desfavorecidas…”. Esta perspectiva destaca la importancia de que las políticas públicas reconozcan la diversidad presente en cada etapa del ciclo de vida, por la propia naturaleza del desarrollo humano a lo largo de la vida, y que al mismo tiempo desarrollen instrumentos afirmativos que consideren las dimensiones de la desigualdad social. El reto radica en reconocer la dinámica del desarrollo humano desde la perspectiva etaria y combinar esta mirada con medidas que reduzcan la brecha de las particularidades que provienen de la edad, el género o la diversidad socio-cultural. La búsqueda de igualdad supone ciertamente la redistribución de la riqueza pero la complejidad de las desigualdades implica también redistribuir
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el poder de expresión y demanda social y cultural de los más desfavorecidos: los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, quienes tienen menos acceso a la participación como actores sociales. Las políticas de igualdad generacional parten del reconocimiento formal de los derechos de cada individuo y colectivo en el ciclo de vida, como un factor del bienestar y desarrollo. Pero hay que subrayar que “…la estructura social se encuentra definida a partir de las relaciones sociales fundadas en el poder. Algunas de ellas atraviesan transversalmente la sociedad como las relaciones de género o las relaciones generacionales, mientras que otras se encuentran determinadas por relaciones económicas o relaciones étnicas…” (Guendel). La oportunidad de poner en práctica políticas de igualdad generacional debe buscar producir cambios en las relaciones intersubjetivas para que se orienten por el valor de considerar las diferencias y el respeto entre grupos de edad diversos y así fomentar la equidad intergeneracional e interpersonal. Los derechos humanos y sus mecanismos jurídicos no tienen la capacidad integral de regular los ámbitos intersubjetivos de relación, por ejemplo, entre las generaciones. De este modo, las políticas de igualdad generacional deben promover cambios en la cultura de convivencia social que valoren el aporte positivo y las fortalezas de cada grupo etario y ciclo de vida generacional.
La perspectiva de las políticas de igualdad generacional suponen concepciones que superen la barrera de las necesidades biológicas propias de cada edad en el ciclo de vida y avancen hacia el reconocimiento de la integralidad del sujeto de derechos, con la especificidad de la edad, el género y la adscripción étnica o su condición física, para asegurar el disfrute de los derechos en las dimensiones políticas, sociales, culturales y de bienestar personal y colectivo. Las políticas sociales de igualad generacional e integralidad son un aporte para introducir modificaciones culturales e institucionales porque revelan las brechas del ejercicio de los derechos humanos a lo largo del ciclo de vida pero también porque ponen de manifiesto la importancia de mirar al sujeto de derechos de forma integral y en el largo plazo. Ecuador es un país que ha realizado avances significativos en materia de políticas públicas y de legislación y da pasos de mucha importancia para superar la exclusión. Las políticas sociales activas y las políticas económicas que fomentan la equidad requieren complementarse con políticas responsables que aseguren el bienestar entre las generaciones y cambios en las relaciones entre las generaciones para construir entornos sociales más seguros y dignos para todos y todas. En conclusión: Entonces ¿cuál será el abordaje más adecuado para el caso de una adolescente de 16 años afro-ecuato-
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riana de El Carchi o de Esmeraldas, retornada de Estados Unidos adonde emigró con sus padres, madre de una niña de un año y con 5 meses de embarazo, con limitaciones auditivas por una enfermedad sufrida durante la primera infancia? La pregunta no es retórica. Hagámonosla y veamos cuál será el abordaje. El Comité de los derechos del Niño de las NNUU recomienda que se preste particular atención a la necesidad de que las políticas, los programas y los recursos humanos destinados a los niños (y adolescentes) sean específicos y especializados, sin perjuicio de aspirar a una mayor racionalidad institucional y presupuestaria. También pide el Comité que se otorgue consideración prioritaria de alto nivel y claramente identificable a los derechos del niño dentro de la estructura del Gobierno central y del sistema descentralizado del Gobierno, todos cuyos departamentos competentes deben tener facultades y competencias concretas en materia de derechos del niño (y adolescente). Estamos seguros y tenemos constancia e indicadores claros que así lo va a enfocar el Estado ecuatoriano. A este respecto, el Comité recomienda que en el nuevo sistema nacional de inclusión y equidad social se fortalezca el ya existente (el sistema de igualdades y protección de la niñez), como lo prevé la agenda nacional de igualdad y las distintas reformas y ajustes legislativos e institucionales
que el Gobierno ha puesto en marcha. Sabemos que así es y que así va a ser. UNICEF no dispone de una fórmula para inspirar el sistema propuesto en la Agenda de Igualdades. Las fórmulas concretas las escogen los Estados, las propias naciones, los Gobiernos en representación legítima de los Estados conforme a su contexto y su propia decisión soberana, en el ejercicio libre y soberano de la función pública. Existe un consenso en que en todos los países existan sistemas de protección y de igualdad, aunque sea de forma incompleta. Un sistema dado puede incluir más o menos elementos formales y puede funcionar de manera más o menos eficaz, pero no obstante sigue siendo un sistema. También hay consenso global en que el enfoque de sistemas de igualdad y protección no implica un enfoque de “talla única”. La manera en que se estructura en sistema y su nivel de desarrollo, cohesión y eficacia dependen de un contexto más amplio. Entre los factores contextuales clave hay que destacar la prevalencia y la comprensión de los diferentes riesgos de protección intergeneracional y de la niñez, género, multiculturalidad, discapacidades o movilidad humana, la fortaleza de la economía, la calidad de la gobernanza, la eficacia del sistema legal, la incidencia de los desastres naturales, las situaciones de conflicto y la presencia de refugiados o poblaciones desplazadas. Un sistema refleja las normas y los valores socioculturales de la ciudadanía y las personas
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involucradas. El sistema de igualdad y de protección de infancia y adolescencia es un “sector intersectorial”, integral e integrador con el ciclo de vida y con los otros aspectos de la igualdad, multidisciplinario por definición, que exige enfoques dinámicos tan necesariamente específicos como integrales. Debemos de pensar en cómo los derechos sustentan los sistemas de igualdad y de protección teniendo en cuenta la tensión, la correlación de fuerzas entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la acción de la familia y la comunidad. Debemos comprender cómo comprender la agenda de igualdad y de protección de derechos desde una perspectiva de la salud o del alivio de la pobreza puede promover la prevención utilizando enfoques públicos de salud y alivio de la pobreza. Toda orientación del sistema de igualdad puede y debe configurar su relación con todos los otros sistemas del bienestar social, del buen vivir. No obstante el reto de mantener la especificidad, la particularidad entre la generalidad, se plantea como un reto y un gran desafío de gran complejidad. Tenemos una oportunidad única e histórica para fortalecer los sistemas tradicionalmente más evolucionados en lo social, como infancia, multiculturalidad o género, desde su especificidad hacia la generalidad y viceversa. Insistimos en
estar convencidos de esa gran oportunidad y a la vez de los enormes retos y desafíos que ello plantea. Por ejemplo, que ello no menoscabe su particularidad ni diluya la especialidad y especialización necesaria. Pero es clara la necesidad de salir de los silos, de las “cámaras estancas”, para generar vasos conductores, y enfoques igualitarios, integrales e integradores, no excluyentes, y de la necesidad de dar un salto cualitativo en la protección de los derechos humanos de la niñez y de todos los seres humanos. Cerrar las brechas y las fracturas sociales, eliminar la pobreza multidimensional y fortalecer la justicia y tejido social de la diversa y riquísima sociedad ecuatoriana. Salir de los grupos selectos y selectivos, del objetivismo hermenéutico y las sociedades cerradas de mutuos elogios y de repartición de los beneficios sectoriales. Ecuador puede y debe dar un paso adelante en la protección de los derechos de todos los seres humanos, particularmente de los más marginalizados, discriminados y vulnerables. Sean niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres adultos o adultos mayores, cualquiera que sea su origen o condición, cualquiera que sea su situación de movilidad o sus limitaciones. Desde su especificidad a la generalidad, desde la generalidad a la especificidad.
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AVANCES Y DESAFÍOS EN LA SITUACIÓN DE LA 1 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ECUATORIANA Margarita Velasco
El Observatorio Social del Ecuador (OSE), a través del Observatorio de los Derechos de la Niñez (ODNA) ha realizado el monitoreo del estado de cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país desde el año 2001. Este artículo sintetiza la presentación hecha por Francisco Carrión Eguiguren, investigador del OSE, en el Foro Internacional sobre Políticas Públicas para la Igualdad Intergeneracional, realizado en FLACSO en noviembre de 2013. Así, el objetivo del mismo es llamar la atención sobre los avances contextuales que a lo largo de las dos últimas décadas han acontecido en el entorno de la niñez y adolescencia y que derivan en logros directos en el cumplimiento de algunos de sus derechos. El carácter acumulativo de las políticas 1 Algunos de los datos que se utilizaron en este artículo fueron tomados de la publicación del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia: Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 2012.
sociales permite, señalar las consecuencias que las decisiones estatales y el comportamiento de la sociedad tienen sobre las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes del país. De ahí que este análisis se complementa con el señalamiento de aquellos desafíos aún pendientes tanto para el Estado como para la sociedad frente a la situación de la infancia. Cambios en el contexto 1. Transición demográfica Al cierre del 2013, alrededor de 16 millones de personas residen en Ecuador (INEC, 2013). De ese total 37% no llegan a cumplir los 18 años. Si bien entre las décadas 1950 y 1970 la tasa de crecimiento alcanzó el 3,10%, se observa que en la última década, 19902010, ésta descendió de 2,19% a 1.95%. Por tanto, si
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Gráfico No. 1. Transición demográfica Ecuador 1990-2010
2010, la población rural descendió del 71% al 33%. La urbana, por el contrario, se incrementó del 29% al 66%. Por tanto, más de las dos terceras partes de la población ecuatoriana vive en las ciudades. 59% de los niños y niñas habita en ellas y el 41% restante en el campo. 3. Descenso en la pobreza
Fuente: INEC, Censos de población 1990-2010 Elaboración: OSE, 2013.
bien el país ha crecido en términos demográficos, se ha tratado de un crecimiento lento principalmente debido a una menor tasa de fecundidad y a una menor mortalidad. Consecuentemente la tendencia en la conformación de la población es: (1) menor proporción de niños-as, y (2) mayor proporción de adultos mayores. Así, en el país existe un cambio en la estructura según edades que coloca a Ecuador en un proceso de transición demográfica. El gráfico No.1 muestra dicha transición. 2. Crecimiento urbano Otro de los cambios acontecidos ha sido el acelerado proceso de urbanización. Entre 1950 y
La pobreza –medida según ingresos— se redujo sostenidamente desde inicios del siglo XXI. Sin embargo, en los últimos siete años se observa la caída más importante en los porcentajes de pobreza de la población. El 15% de los niños, niñas y adolescentes de las ciudades son pobres y el 4% está en pobreza extrema. El descenso entre el 2006 y 2013 fue, en el caso de la primera cifra, del 9%, y en la segunda, del 5%. El gráfico No.2 da cuenta de estos cambios. No obstante, la reducción de la pobreza se concentra mayoritariamente en las ciudades, pues en el campo el descenso ha sido más lento; cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes (41%) son pobres y dos de cada diez están en la extrema pobreza. 4. Incremento de la esperanza de vida al nacer El derecho a una vida larga y saludable es cada vez más una realidad. Esto se debe a que en las últimas tres décadas el número de niños y niñas que muere antes de cumplir un año se redujo a (más de) la cuarta parte.
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Gráfico No. 2. Proceso de reducción de la pobreza y pobreza extrema en la niñez y adolescencia
Pobreza rural
Pobreza urbana
Fuente: INEC, Censos de población, 2013 Elaboración: OSE, 2013.
La población ecuatoriana ahora vive más tiempo: en 1980 la esperanza de vida era de 60 años; en 2010 ésta alcanza los 75 años. Por otra parte, entre 1980 y 1995 la reducción de la mortalidad infantil ha sido sostenida. El gráfico No.3 da cuenta de ello. Sin embargo, para 1995 ésta disminuyó el ritmo de descenso debido a que la mortalidad neonatal no se redujo, pues
la calidad de la atención de salud (controles prenatales y atención hospitalaria) no mejora en la medida de los altos desafíos que esta situación requiere, y por ende, no logra frenarla. Si bien el incremento de la cobertura y el acceso a la salud ha sido sumamente importante, todavía es necesario mejorar la gestión de los servicios y poner en funcionamiento un sistema de control de calidad permanente en la atención de salud.
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Gráfico No. 3 Menos niños y niñas mueren y sube la esperanza de vida al nacer
muestran importantes mejorías: 1- derecho a la salud, 2- derecho a una vivienda sana y digna, y, 3- derecho a acceso tecnológico. 1- Derecho a la salud
Fuente: INEC, Censos de población; Estadísticas vitales 2008 Esperanza de vida al nacer (años estimados) Mortalidad infantil (número de menores de 1 año por cada 1.000 nacidos). * 2008 Elaboración: OSE, 2013.
Avances en el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia A lo largo de esta sección se analizarán tres ámbitos que tienen influencia sobre el bienestar de la primera infancia y de la adolescencia, y que
El primer ámbito tiene relación directa con el derecho a la supervivencia. Se trata específicamente del derecho a la salud y a una vida saludable en la niñez de 0 a 5 años reflejada en la magnitud de la desnutrición crónica y global. La desnutrición crónica (retardo de altura para la edad) y la global (deficiencia de peso para la edad) (ODNA, 2005) bajan sostenidamente En 1986, 41% de los niños y niñas entre 0 y 5 años sufrían de desnutrición crónica, y un 12% de desnutrición global. Doce años más tarde, en 1998, la desnutrición crónica baja a un 33% y la desnutrición global a 11%. Finalmente, en 2010, la desnutrición crónica llegó al 22% y la desnutrición global al 6%. El gráfico No.4 muestra cómo entre la década de 1980 y 1990 hubo un descenso de 10 puntos porcentuales aproximadamente cada 10 años en la desnutrición crónica, y en el caso de la desnutrición global, de 1 punto porcentual por año. Para el año 2010, la desnutrición global baja 5 puntos porcentuales. Estas cifras demuestran un mejoramiento en el proceso de desarrollo de la primera infancia, y son el resultado de la disminución de la pobreza, el acceso a agua y saneamiento y el incremento de los niveles educativos de las madres (CONADE, DANS, 1986. INEC, ECV y SIaEH, 1998, 1999, 2000, 2004,2006. ODNA, ENNA, 2010, OSE, 2012).
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Gráfico No. 4 Descenso de la desnutrición crónica y global en 25 años
Fuentes: CONADE, DANS, 1986,INEC, ECV y SIEH, 1998, 1999, 2000,2004, 2006. ODNA, ENNA, 2010. Elaboración: OSE, 2013.
2. Derecho a una vivienda digna y sana: la ecología de la vivienda La vida cotidiana de la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes en el país habitan viviendas con acceso a (1) “luz”, (2) sistemas de saneamiento y (3) agua por tubería.. La población urbana está mejor dotada, pero los progresos en el campo – siempre rezagado—han sido muy rápidos. La luz es el servicio de acceso masivo en Ecuador: 93% de la población accede al servicio de luz, la cifra en las ciudades alcanza al 96%. En el área rural el esfuerzo ha sido mayor: en 1982 menos del 50% tenía luz en sus viviendas, cifra que para 2010 incrementa al 88% del campo Situación que es muy similar a la encontrada con la eliminación de excretas: en el campo sube de 20% al 73%.
El acceso al servicio de agua dentro de la vivienda demuestra un crecimiento más conservador: a nivel nacional éste se duplica en los últimos treinta años. En las ciudades llega al 74%, frente al 35% en el campo, situación altamente preocupante por las consecuencias en la salud de la niñez y adolescencia. Con respecto a los avances en el acceso a sistemas de saneamiento, éstos entraron masivamente en las viviendas. Actualmente la gran mayoría de las viviendas cuentan con facilidades para la eliminación de excretas y duchas. Este avance sobre todo está presente en las ciudades, pues el rezago del campo continúa. En los gráficos No.5 y No.6 se evidencian estos cambios en la ecología de la vivienda.
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Gráfico No. 5 Mejora la ecología de la vivienda en la que vive la niñez
Fuente: INEC, Censos de población, 2010. Elaboración: OSE, 2013.
Gráfico No. 6 Saneamiento ambiental Población que dispone del servicio (% del total)
Fuente: INEC, Censos de población, 2010. Elaboración: OSE, 2013.
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El tamaño y la calidad de la vivienda de los hogares del país han mejorado sostenidamente. Un ejemplo de esta afirmación es el tamaño de las casas o departamentos. Entre 1982 y 2010, se redujo a la mitad el número de personas por dormitorio. En la última década esa reducción fue mayor en las viviendas rurales. El gráfico No. 7 da cuenta de estos cambios. Gráfico No. 7. Promedio de personas por dormitorio (número)
Fuente: INEC, Censos de población, 2010. Elaboración: OSE, 2013.
3- Derecho a acceso tecnológico En un mundo cada día más globalizado y con un desarrollo tecnológico sin precedentes,
el acceso y manejo de las tecnologías representan oportunidades a futuro. De acuerdo a un estudio realizado por el INEC (2011), los niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que habitan en las provincias de la Sierra ecuatoriana utilizan más el computador y el internet (74% y 73% respectivamente) que en las provincias de la Costa (61% y 42% respectivamente) y que en la Amazonia (57% y 59% respectivamente). Los niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que habitan en las zonas rurales utilizan menos el computador, 54%, y el internet, 51%, que los que habitan las ciudades: 78% y 67%, respectivamente. Con respecto al acceso a celulares, el porcentaje no varía mucho entre las zonas rurales y urbanas: el promedio nacional demuestra que un 25% de adolescentes de 12 a 17 años poseen un celular. Este porcentaje al desagregarlo por regiones es del 28% en la Sierra, 23% en la Costa y 22% en la Amazonía. Los y las adolescentes usan Internet a través de las cabinas de acceso público (50% de los usuarios), seguidas de los centros educativos (26%) y los hogares (22%). Más de la mitad de las personas de este grupo de edad acceden a la vez tanto a computador como a Internet. Sería importante promover el incremento del acceso a tecnologías para que la otra mitad también tenga la oportunidad de disfrutar de los beneficios del Internet, y que el tiempo invertido en él sea utilizado productivamente.
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Desafíos Los avances previamente descritos indudablemente han representado cambios sustantivos en la vida de la niñez y adolescencia. Sin embargo, en el contexto actual existen desafíos a ser resueltos para garantizar entonces el pleno cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. En este apartado se pasará revista por algunos de ellos. 1. Movilidad humana Los niños, niñas y adolescentes son parte de un proceso demográfico complejo: la quíntuple condición migratoria que puede tener la población en nuestro país: inmigrar, migrar, retornar y movilizarse al interior del país cambiando su lugar de residencia sobre todo entre el campo y la ciudad. Así, en lo nacional, alrededor de 50.000 niños y niñass han cambiado de residencia provincial en los últimos 10 años, y en lo internacional, cerca de 51.000 niños, niñas y adolescentes extranjeros residen en el país. El mapa No.1 muestra la residencia de la niñez y adolescencia en condición de movilidad interna, y el gráfico No.8 muestra la llegada de niños, niñas y adolescentes extranjeros al país. La diversidad de países de los cuales provienen los niños y niñas extranjeros que residen en el país lo demuestra el gráfico 11, once procedencias migratorias claramente identificadas, donde la mayoría ha llegado de Colombia, España y Estados
Unidos, hecho que sin duda supone un enorme desafío en términos de convivencia, integración y cumplimiento de derechos de esa población 2. Embarazo adolescente Tal y como lo demuestra el gráfico No. 9 a lo largo de los últimos 12 años el número de alumbramientos de madres adolescentes casi de duplicó. Si en 1997 se registraron 16.828 madres antes de cumplir 18 años, en el 2009, la cifra llegó a 29.188 (INEC, 2012). De estos alumbramientos, la mayoría se dieron en la región Costa (16.808 alumbramientos) seguidos de la región Sierra (10.247) y en la región Amazónica llegaron a 2.100 (INEC,2012). El porcentaje de embarazos adolescentes ha demostrado una tendencia creciente en Ecuador ya que para el año 2012, subió al 9.4% (INEC, 2012). Esto es coherente con el hecho de que la primera causa de egreso hospitalario de niñas de 12 a 17 años sea el parto y sus complicaciones con el 56% de motivos de uso del servicio de salud con internación y que la segunda causa sea el aborto con el 6% (INEC, 2012). 3. Salud emocional de los y las adolescentes Las muertes inesperadas, motivo de alto sufrimiento para la población porque son prematuras, evitables y se deben a la violencia tal y como lo refleja el morir por suicidio, homicidio y accidentes de tránsito, engloba un tema no abordado por la política social y que es el de la salud mental de los y las adolescentes. En el gráfico No. 10 se ilustran esas causas de muertes y el impacto en los y las adolescentes.
161
Mapa No. 1: Residencia provincial de los niños y niñas ecuatorianos en condición de movilidad interna
Fuente y elaboración: OSE, 2012 a partir del Censo, 2010 Tomado del EDNA, 2012..
162
Gráfico No. 8 Proveniencia territorial de la niñez inmigrante en Ecuador
Fuente y elaboración: OSE, 2012 a partir del Censo, 2010
163
Gráfico No. 9 Evolución del parto adolescente 1997-2009
Fuente: INEC, Estadísticas vitales, 2012. Elaboración: OSE, 2012.
A partir de un estudio realizado en conjunto por el MSP, CDS, OMS y el Global School Based Student Health Survey (2007), se pudo constatar que en tres ciudades Zamora, Guayaquil y Quito, de las tres regiones del país Amazonia, Costa y Sierra los estudiantes entre 11 y 16 años han considerado suicidarse en un promedio de 17%. Resulta más
alarmante que en promedio, en las tres ciudades mencionadas, 14% de adolescentes ya intentaron suicidarse y que un 30% ha sufrido depresión por dos semanas o más. En Quito, Guayaquil y Zamora, sorprende la homogeneidad en la incidencia de las tensiones emocionales. Es importante añadir que son sobre todo las mujeres quienes han intentado
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Gráfico No. 10 La salud emocional: un problema no enfrentado
Fuente: MSP, CDC, OMS, Global School-Based Student Health Survey, 2007. Elaboración: OSE, 2013.
suicidarse, han considerado hacerlo, han tenido periodos prolongados de depresión y han sufrido falta de amistades cercanos. La relación entre mujeres y hombres ha sido de dos a uno, por lo que estas adolescentes son la población de mayor riesgo en su salud emocional.
zonas urbanas, elaborada por el CONSEP (20052008), se puede observar que el consumo de alcohol en niños y niñas menores de 14 años se incrementa de 14% en el 2005 a un 25% en el 2008. De igual manera, el 40% de adolescentes varones consume alcohol en el 2008, frente al 32% que lo hacía en el 2005. Este incremento es bastante similar al encontrado en las adolescentes mujeres que en el 2005 llegaba al 25% y en el 2008, al 32%, teniendo una diferencia de 7 puntos porcentuales. La distribución del consumo de alcohol según región demuestra que en la Sierra y Amazonía se encuentran más consumidores que en la Costa: en las dos primeras regiones el 41% de los adolescentes ingiere alcohol. En el litoral esta cifra baja 10 puntos porcentuales: 31%. Sin embargo, es en la Costa donde se observa el mayor aumento en consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes ya que la cifra fue en el 2005 del 20% y en el 2008 del 31%. En el gráfico No.11 se ilustra la tendencia de consumo de alcohol entre 2005 y 2008. 5. La calidad de la educación
4. Consumo de alcohol en adolescentes
A pesar que en Ecuador el 93% de los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a la educación básica (INEC, 2012), los pendientes se refieren a su calidad y al acceso igualitario y a la permanencia en el nivel secundario especialmente en las zonas rurales.
Otro desafío a tomar en cuenta es el temprano consumo de alcohol en adolescentes. De acuerdo a la Encuesta a Estudiantes de Educación Media en
En 2012 el ODNA ya alertó sobre el creciente incremento de adolescentes de 12 a 17 años en el acceso al sistema educativo porque el
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Gráfico No. 11. El consumo temprano de alcohol
Gráfico No. 12. Acceso: adolescentes excluidos de la educación 100
41 36
41
36 31
28
34
42
40
36
32
32
85
25
25
68
20
88
89
88 81 68
81
15 a 17
Menos de 14
Mujeres
Hombres
Amazonía
Costa
Sierra
País
0
91
77
77
83
80
86
68
66
50
14
87
55
Sierra Costa Amazonía
Urbana Rural
País
Fuente: CONSEP, Encuesta a estudiantes de educación media. Elaboración. OSE, 2013
Fuentes: INEC, Censos; SIEH. Elaboración: OSE, 2013.
mismo se había elevado de 68% en el 2001 al 86% en el 2012 (ODNA 2012). Sin embargo, los pendientes se vuelven nuevamente a centrar en las zonas rurales pues el 20% (INEC 2012) de adolescentes de 12 y 17 años no se encuentran escolarizados a diferencia de las zonas urbanas donde solo un 10% de este grupo de edad (INEC 2012) no está escolarizado.
Otros elementos para evaluar la calidad son el rezago escolar, los resultados de las pruebas SER del Ministerio de Educación y el tercero, a no dudarlo, es la construcción de un ambiente propicio en el aula, libre de violencia, temores y que enseñe realmente a los niños, niñas y adolescentes a vivir desde ya en sociedad.
La calidad educativa puede ser medida a través de diversos indicadores entre ellos la infraestructura, la falta de capacitación de los docentes y las desigualdades en el territorio.
El rezago escolar al momento afecta a 4 de cada 10 adolescentes entre 12 y 17 años que se encuentran atrasados y esto se presenta en los grupos históricamente excluidos que son los indígenas y los afro-ecuatorianos.
166
Los resultados de las pruebas SER tomadas por el Ministerio de Educación en 2009 muestran que de las 24 provincias del país, solamente cuatro (Carchi, Pichincha, Tungurahua y Azuay) obtuvieron un buen puntaje. De las veinte provincias restantes, 5 (Esmeraldas, Manabí, Los
Ríos, Sucumbíos y Orellana) obtuvieron un puntaje deficiente. Regionalmente hablando, las provincias con problemas se encuentran primordialmente en la Costa y Amazonía. El resto de provincias del país obtuvieron un puntaje regular. Estos datos se grafican en el mapa No.2.
Mapa 2. Calidad: desigualdades en el rendimiento escolar Puntaje
Fuente: Sistema de evaluación y rendición de cuentas SER Ecuador del Ministerio de Educación (2009). Elaboración: OSE, 2013.
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La violencia al interior del aula será abordada en el siguiente apartado para llamar la atención sobre este elemento que puede gravitar negativamente en el desarrollo de la niñez y adolescencia y en su ejercicio posterior de ciudadanía.
6. Limitaciones en el derecho a la protección especial La protección de niños, niñas y adolescentes contra la violencia en todas sus formas representa un desafío para Ecuador. La violencia
Gráfico No. 13 Castigo violento en los hogares. Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años según el trato que reciben de sus padres cuando no obedecen o cometen una falta
Fuente: Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), 2010. Elaboración: OSE, 2013.
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Gráfico No. 14 Castigo violento en las escuelas. Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años según el trato que reciben de sus profesores-as cuando no obedecen o cometen una falta
Fuente: Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), 2010. Elaboración: OSE, 2013
ocurre tanto en el ámbito privado, dentro de las dinámicas familiares, como en el público en la relación de los niños, niñas y adolescentes con sus docentes y sus pares. Al interior de las familias, es común que persista una violenta cultura de crianza: solamente el
21% de los padres y madres de familias dialogan con sus hijos o hijas (5 a 17 años de edad) cuando han cometido una falta o desobedecen (ENNA, 2010); y entre los métodos de de crianza preferidos figuran golpes en un 41%, y regaños en un 71% (ENNA 2010). El gráfico No.13 da cuenta de esta realidad.
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Gráfico No. 15. Violencia entre pares Porcentaje de niños/as de 8 a 17 años escolarizados que declararon presenciar en sus escuelas o colegios situaciones de violencia entre pares, 2010
Fuente: Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), 2010. Elaboración: OSE, 2013
En las escuelas también suelen existir formas de maltrato por parte de los docentes. Un 30% de los niños, niñas y adolescentes, entre 5 y 17 años de edad, dicen que el comportamiento frecuente que reciben de los docentes es violento o castigador cuando no cumplen con sus deberes o cometen una falta (ENNA,2010). Solamente el 26% de los docentes dialogan
con los estudiantes (ENNA,2010) cuando éstos últimos tienen problemas. Además es alarmante el hecho de que pareciera que en la última década se han incrementado las prácticas violentas dentro de la escuela especialmente en el maltrato con insultos o burlas y en los castigos sin recreos (ENNA, 2010). El gráfico No. 14 muestra estos hechos.
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El maltrato que los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años padecen de parte de los docentes también lo reciben en muchas ocasiones de sus pares. Tanto en el campo como en la ciudad más del 50% de niños, niñas y adolescentes entre 8 y 17 años, han sido víctimas de robos, y/o destrucción de cosas; entre 60% y más han sufrido hostigamiento escolar como abuso a los pequeños, insultos o burlas; estas cifras son similares tanto en el campo como en las ciudades (ENNA, 2010). Los centros educativos siguen siendo lugares violentos y las diferencias entre las escuelas del campo y la ciudad no son mayores. Esto lleva a inducir que la violencia en el trato es un patrón que bien puede estar siendo el reflejo del espacio cotidiano del aula donde estas formas de trato se han consolidado y peligrosamente normalizado. De allí al espacio público colectivo, donde se ejerce la relación con los otros en la sociedad, no hay mayor distancia. Por tanto, es muy probable que este aprendizaje del ser violento del hogar y de la escuela luego sea ejercido con naturalidad en la sociedad. Las alarmas están señaladas sobre estos hechos trascendentales para la cohesión social. En el gráfico No.15 se evidencian estos pendientes. 7. Violencia y muerte La violencia aparece como una constante que va del espacio privado al público. Este último no solo comprendido como la escuela sino también la calle por donde transitan los niños y niñas y su propio espacio íntimo de enfrentamiento con sus
conflictos y dolores. Estos riesgos se expresan en un ascenso de 14 puntos porcentuales en las muertes evitables2 en los períodos 1997-2000 y 2005-2008, registrado en la Tabla No.1. Llama la atención el incremento de 21 puntos porcentuales en suicidios (INEC 2008) en la región Sierra y de 11 puntos porcentuales en homicidios (INEC 2008) en la región Amazónica. Parecería existir una lógica de relación entre la violencia tanto escolar como intrafamiliar y la débil o no existente de asistencia para la salud mental que como veremos afecta a buena parte de los jóvenes y que obviamente se refleja en el incremento del suicidio adolescente. Uno de las problemáticas que más se incrementa en la serie de tiempo estudiada es el suicidio tanto en adolescentes hombres como mujeres, llamando especialmente la atención a lo encontrado en la Sierra donde ocurren el doble de muertes por esta causa que en el promedio del país que de por sí ya es bastante alto. En esta región mientras cae el número de muertes por accidentes de tránsito y homicidios, los suicidios se incrementan en cuatro veces frente al primero y en siete veces frente al segundo. 8. Redes de trata y afectación en la niñez y adolescencia La situación de desprotección con respecto a los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata en el Ecuador tiene varias aristas. Primero, existe un 2 Incremento en puntos porcentuales; víctimas de 12 a 17 años INEC 2008, Estadísticas vitales.
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Tabla No. 1. Muertes evitables en la adolescencia: incremento entre 1997-2000 y 2005-2008
Fuente: INEC, Estadísticas vitales. Elaboración: OSE, 2013
vacío con respecto a una fuerte institucionalidad para combatirla. La recolección de datos y de información con respecto a estos casos es compleja y finalmente no existe especificidad para llevar a la justicia a personas acusadas de trata y tráfico de personas en Ecuador. Se calcula que alrededor de 5.200 niñas y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el 2009 se reportaron 117 casos de niños,
niñas y adolescentes víctimas de trata y además el país cuenta con centros emisores de explotación laboral que se llevan niños, niñas y adolescentes hacia destinos como Colombia, Chile, República Dominicana y Venezuela (ODNA, 2012). Las redes de tráfico y trata se encuentran en los territorios más excluidos del país y afecta primordialmente a los niños, niñas y adolescentes vulnerables que tienden a ser indígenas, afros, migrantes y en necesidad de protección internacional.
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Muchos de estos niños y niñas que se encuentran como víctimas de redes de trata son llevados para fines de explotación laboral, lo que señala que si bien se han hecho esfuerzos muy grandes frente a la temática del trabajo infantil, éste es otro reto aún pendiente en el Ecuador contemporáneo. 9. El trabajo Infantil Entre 2001 y 2010 el trabajo infantil de la niñez de
5 y 17 años cayó de 30% a 13% (Censo 2001-2010). La Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil del 2012 (ENTI, 2012), revela que el 9% de la población de 5 a 17 años trabaja. Esto es, se ocupa al menos una hora a la semana en actividades productivas. En números implica que existen en el país 360.000 niños y niñas trabajadoras. La definición excluye a jóvenes de 15 a 17 años que trabajan menos de 30 horas en ocupaciones no peligrosas y su trabajo no interfiere con sus estudios.
Gráfico No. 16. Trabajo infantil: una realidad del campo Población de 5 a 17 años que trabaja o que realiza tareas domésticas, 2012 (% del total del grupo de edad)
Trabajo
Tareas domésticas
Fuente: INEC y el Ministerio de Relaciones Laborales realizaron la primera “Encuesta nacional de trabajo infantil” (ENTI), 2012 Elaboración: OSE, 2013.
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Adicionalmente, el 14% del grupo de edad realiza tareas domésticas no remuneradas; es decir, participa en tareas del hogar por 14 horas o más de lunes a viernes. En el trabajo doméstico no remunerado se observa una feminización del mismo, con un 19% de niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que si bien se encuentran estudiando, además de las tareas de la escuela, se encarga de los quehaceres domésticos. El gráfico No. 19 da cuenta de esas persistencias
La ENTI 2012 confirmó que la organización social y la cultura indígena promueven el trabajo temprano. Tal como se aprecia en el gráfico No. 20, entre quienes se auto identifican como “indígenas”, el 29% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años trabajan –más de tres veces el promedio nacional (9%). Las provincias con alta población indígena tienen las mayores tasas de trabajo infantil: Cotopaxi (25%), Bolívar (22%), Chimborazo (21%), Cañar (17%) y la Amazonía (13%).
Gráfico No. 17. Trabajo infantil con una cara cultural Población de 5 a 17 años que trabaja según auto definición étnica-racial (% del total en cada grupo) Trabajo
Tareas domésticas
Fuente: INEC y el Ministerio de Relaciones Laborales realizaron la primera “Encuesta nacional de trabajo infantil” (ENTI), 2012. Elaboración: OSE, 2013.
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Gráfico No. 18 Índice de cumplimiento de derechos de NNA Ecuador 2001-2010
IND-1 Primeros años
IND-2 Edad escolar
IND-3 adolescencia
Fuentes: INEC, 2001-2010. OSE. Encuesta de la Sociedad civil 2010 Elaboración: OSE, 2013.
En todos los grupos de edad el promedio indica que las tareas domésticas son ejecutadas por el 18% de las niñas indígenas, 13% de las montubias, mestizas y afrodescendientes y el 9% de las blancas. Todas ellas cifras que superan con el 3%, 5% y 7% el porcentaje de trabajo infantil donde también las niñas están consideradas. Por tanto, inferimos que la población mayormente sobrecargada con triples tareas es la femenina: estudia, trabaja y hace tareas domésticas para la sobrevivencia de la unidad familiar y la consuetudinaria cultura patriarcal de la sociedad ecuatoriana.
1. Índice de Cumplimiento de los Derechos de la Niñez y Adolescencia En el 2001 el ODNA creó una medida sintética que permite llamar la atención sobre tres elementos de la situación de la niñez y adolescencia3: (1) los 3 Los IDN sintetizan 10 indicadores en una sola medida expresados en una escala del 0 (deficiente cumplimiento) al 10 (sobresaliente). Para los primeros años se integran 4 indicadores: niveles educativos de las madres, desnutrición crónica, no asistencia de los niños a programas de desarrollo infantil y mortalidad de la niñez (menores de 5 años). Para la edad escolar: exclusión del sistema educativo, maltrato de los padres y compartir tiempo libre con sus padres. El IDN 3: adolescencia mide exclusión del sistema educativo, causas de mortalidad por violencia y embarazo adolescente.
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Gráfico No. 19 Causas del mejoramiento del IDN-1
Fuentes: INEC, 2001-2010. OSE. Encuesta de la Sociedad civil 2010 Elaboración: OSE, 2013.
derechos que menos se cumplen; (2) los derechos observados de acuerdo al ciclo de vida: primeros años (0-5 años), edad escolar (6-11 años) y adolescencia (12 a 17 años, 11 meses, 29 días); y, (3), los derechos cuyo cumplimiento tienen mayor incidencia en la supervivencia y el desarrollo de la niñez y adolescencia. El gráfico No.18 muestra dicho Índice. La forma de medición desarrollada por este Índice es la siguiente: una escala de calificación de 0 al 10, donde 10 es la calificación más alta y significa el cumplimiento total de los derechos, mientras que 0 es la peor situación de vulneración de derechos.
A pesar de las mejorías encontradas en múltiples aspectos de la vida de la niñez y adolescencia, entre ellas, la reducción de la pobreza, el descenso de las tasas de desempleo, el incremento del acceso a los servicios, entre otras, el cumplimiento de los derechos de este grupo poblacional presenta problemas. En los últimos 6 años, solo el IDN-1, para el grupo de de 0 a 5 años, demostró mejorías. Su nota subió de 4,7/10 a 6,5/10. Esto no sucedió con el IDN-2 para el grupo comprendido entre 6 y 11 años puesto que la calificación de su desempeño solo mejoró en décimas: de 3,3/10 a 3,8/10. El hecho de que el maltrato de los padres a los niños,
176
niñas haya incrementado, como se observará más delante, es una de las causas para que la nota de este IDN no haya mejorado. Finalmente, el grupo más afectado fue el adolescente, donde la nota obtenida para el IDN-3, no pasa del bajísimo 3,7/10. ¿Por qué no mejoraron los IDNs? Los índices de cumplimiento de derechos sintetizan medidas complejas que implican resultados de procesos cruciales para la niñez.
Así, de los cuatro indicadores que mide el IDN-1, tres se destacan por sus mejorías: la mortalidad de la niñez (menores de 5 años), la no asistencia a clases (menores de 5 años) y el analfabetismo en mujeres en edad fértil. En el gráfico No. 19 se ilustra este indicador. El bajo rendimiento del IDN-2 alerta sobre acciones que no se han tomado en la sociedad para mejorar la relación entre los adultos y los niños y niñas. Es el trabajo conjunto del Estado
Gráfico No. 20 Causas del estancamiento del IDN-2
Interrupción de la educación entre 11 y 12 años (% de aquellos que terminan)
Niños/as que no comparten recreación con los padres (% del total)
Fuentes: INEC, 2001-2010. OSE. Encuesta de la Sociedad civil 2010 Elaboración: OSE, 2013.
Niños/as criados con castigo físico (% del total)
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apoyando a las familias para cambiar su cultura patriarcal y adultocéntrica, y de las familias transformando su visión sobre la infancia que permitirá mejorar este índice. Hasta el presente y luego de 23 años de la Convención de los Derechos del Niño donde el derecho al buentrato está consignado, gran parte de los padres y madres de familia no logran visualizar otra alternativa para la formación de sus hijos e hijas que no sea el castigo físico y/o la humillación. El gráfico 20 así lo demuestra: la violencia en
la relación padres-madres-hijos, se encuentra estancada y sigue siendo muy alta, por lo que incide de manera gravitante en el resultado integral del índice, estancándolo. En lo que al tiempo compartido por los niños y niñas con sus padres, 90% afirma que sí tienen este espacio de interrelación. Por otro lado, es altamente favorable como ya vimos en el análisis del acceso al sistema educativo, que solo el 3% de los niños y niñas deban interrumpir su educación y salir de la escuela.
Gráfico No. 21 Causas del estancamiento del IDN-3
Fuentes: INEC, 2001-2010. OSE. Encuesta de la Sociedad civil 2010 Elaboración: OSE, 2013
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Finalmente, las explicaciones para el bajísimo rendimiento del Índice de los derechos de los y las adolescentes se consigna en el gráfico 21. Los tres indicadores que conforman este índice ya han sido referidos en este artículo. Dos de los mismos no parecen mejorar con el tiempo: la muerte por violencia y el embarazo adolescente. Los y las adolescentes – a pesar de ser el grupo poblacional con las mayores potencialidadestienen en el cumplimiento de sus derechos, la peor nota de los tres grupos. Esto se debe a que la violencia (suicidio, homicidio, accidentes de tránsito) como causa de muertes evitables en ellos y ellas, en lugar de disminuir se incrementó en los últimos años pasando de 30 a 36%. De igual manera, subió el parto de madres adolescente, al 7%. Lo positivo de este índice es el incremento en el acceso a la educación: el 14% de las adolescentes entre 12 y 17 años están fuera del sistema escolar, cifra que en el 2004 era del 23%. ¿Cómo responder a los desafíos para cumplir con la niñez y adolescencia? Si bien el gasto social en el presupuesto total del país, se ha incrementado del 4,2% -en el 2004- al 10, 9%-en el 2012, y el acceso a la educación y a la salud demuestran sus impactos en el cumplimiento de los derechos de la niñez
y adolescencia, persisten algunas brechas que han sido señaladas en este artículo. Esta situación nos lleva a colocar algunas conjeturas sobre el trabajo conjunto del Estado y la sociedad. La diversidad de problemas nuevos y viejos que aquejan a las niñas por ejemplo, no pueden ser transformados solo por la voluntad del Estado. Las deudas pendientes con nuestra niñez, son las que nos las debemos como sociedad. Estas son tres de nuestras preocupaciones centrales: •
De manera prioritaria: enfrentar de manera conjunta –Estado, sociedad civil y ciudadanía— la violencia que subyace en nuestra cultura –con claras raíces patriarcales— y sus consecuencias para los niños, niñas y adolescentes.
•
La métrica y el rendimiento de cuentas entre Estado y sociedad: en Información sobre la niñez y adolescencia, no perder los recursos acumulados. Continuar con la serie histórica de la encuesta nacional sobre los niños, niñas y adolescentes –esfuerzo público y de la sociedad civil en los años 2000, 2004 y 2010— para evaluar tanto el impacto de la política social y económica como el comportamiento de las familias sobre el estado de cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.
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•
Seguir construyendo la nueva Institucionalidad del Consejo de Igualdad Intergeneracional asegurando la especificidad de la temática de la niñez y adolescencia en los cambios en
marcha para cumplir los compromisos del país con el principio del “interés superior del niño” al firmar la Convención de los Derechos de Niño el 19 de noviembre de 1990.
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Referencias bibliográficas CONSEP (2005-2008), Encuesta a estudiantes de educación media. Quito
Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (2012). Estado de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 1990-2011. Quito.
INEC (1997-2008) Estadísticas vitales. Quito. INEC (1990, 2001-2010). Censos de población y vivienda. Quito INEC y Ministerio de Relaciones Laborales. (2012). Encuesta nacional de trabajo infantil (ENTI). Ecuador. Ministerio de Educación (2009). Sistema de evaluación y rendición de cuentas SER Ecuador. Quito Ministerio de Salud, CDC, OMS (2007). Global SchoolBased Student Health Survey. Quito.
Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Plan Internacional, Care, Save the Children, Unicef (2010). Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA). Quito UNICEF (2011). Glosario.Versióndigital: http://www. unicef.org/lac/glosario_malnutricion.pdf. Última revisión: 26 de diciembre de 2013.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Wilson Flores H.
La Constitución del 2008: un antes y un después en la inclusión social de las personas adultas mayores En el contexto del envejecimiento de nuestras sociedades en el siglo XXI y en la línea de comprobar los nuevos efectos que esta realidad produce, se reúne la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento para, entre otros temas de su agenda, plantear la puesta en marcha del Plan Madrid 2002, instrumento que propuso dar un salto cualitativo de la tradicional aplicación de medidas de bienestar social para las personas adultas mayores hacia procesos en los que estas personas se conviertan en promotores de su propio desarrollo: de sujetos de atención a titulares de derechos. Dada la importancia de las recomendaciones que este plan formula a los gobiernos del mundo, una de ellas, relativa a “asegurar una sociedad para
todas las edades…”1 nos permite señalar que esta iniciativa marca el inicio de la aplicación de dos categorías conceptuales: el ciclo de vida y la intergeneracionalidad. A 11 años de su aplicación, somos testigos de profundas transformaciones: hemos entrado de lleno en la transición demográfica, la población adulta mayor ha crecido cuantitativamente pero también cualitativamente y su medida puede verse en un incremento importante en su condición de ciudadanos-as, así como en la significativa contribución que hace este segmento poblacional al fortalecimiento de la democracia. En este intervalo de tiempo, el Ecuador ha transitado desde un viejo esquema político clientelar -ejercitado hasta el año 2006- y de un 1 UNFPA/HelpAge International (2012). Envejecimiento en el Siglo XXI: una Celebración y un Desafío
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modelo económico neoliberal a la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente cuyo producto principal fue la Constitución Política de la República 2008 que junto al Plan Nacional para el Buen Vivir, se constituyen en instrumentos que ratifican la esencia garantista del Estado Constitucional de Derechos. Los contenidos del texto constitucional son taxativos en cuanto señalar las obligaciones del Estado, la sociedad y la familia respecto del cumplimiento de derechos de las personas adultas mayores. El Plan Nacional del Buen Vivir2, concomitantemente, establece como política “Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y grupos de atención prioritaria (…), con corresponsabilidad entre el Estado, sociedad y la familia” (p.123). Se identifican como mecanismos para la implementación de esta política, de un lado, la estructuración de “un sistema nacional de cuidados…” y de otro, la incorporación en él de una “…atención especializada para personas adultas mayores, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado, con base en el envejecimiento activo, la participación familiar y los centros de cuidado diario con pertinencia territorial, cultural y de género.” Una condición que se desprende del proceso de realización de las políticas públicas en esta nueva etapa de la vida nacional, es la necesaria vinculación que deben guardar las instancias ejecutoras para una acción conjunta que permita superar las viejas 2 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
prácticas del “sectorialismo” en las que las políticas sociales mantenían una clara condición marginal y de total dependencia con la política económica. El Plan diseña, para el efecto, “estrategias diferenciadas de actuación intersectorial a cargo de Ministerios Coordinadores…”, en la perspectiva de la articulación de política pública en temáticas que requieren visiones complementarias y multidisciplinarias. Economía y adulto mayor: una deuda pendiente La sociología del envejecimiento contribuye con una nueva perspectiva de análisis para evitar que vejez y pobreza sean vistas como destinos “ineludibles”. Permite reconocer que si bien son realidades que en su momento pueden cruzarse, existen alternativas para que una condición inevitable (vejez) pueda vivirse saludablemente y en condiciones materiales mínimas que compensen los deterioros asociados a la afectación de la pobreza. Teniendo en cuenta este planteamiento y en concordancia con Sen3 en su reflexión sobre la pobreza cabe sostener que además del impulso de un sistema de cuidados para las personas adultas mayores, previsto en el PNBV, es necesario promover un sistema de “economía del cuidado” 3 “El primer requisito para conceptuar la pobreza es tener un criterio que permita definir quién debe estar en el centro de nuestro interés. Especificar algunas normas de consumo o una línea de pobreza puede abrir parte de la tarea: los pobres son aquellos cuyos niveles de consumo caen por debajo de estas normas, o cuyo ingreso está por debajo de estas líneas”.
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para personas que ya no pueden ser autónomas y readecuar los regímenes de protección social4 a las nuevas condiciones de la dinámica demográfica y a las condiciones del ingreso personal y familiar.
Constituye, por tanto, una asignatura pendiente en el marco de la implementación de políticas públicas la concreción de lo señalado en el texto constitucional y en el Plan de Desarrollo.
Además de la apuesta por estrategias integrales de superación de la pobreza, el estímulo a opciones creativas de empleo para personas mayores, como pueden ser la flexibilidad para acomodar a los trabajadores de mayor edad y con calificación profesional para que apoyen a otros adultos mayores con su experiencia y conocimiento; propiciar espacios para voluntariado selectivo, continuar con la capacitación ocupacional y valorar las contribuciones que hacen los adultos mayores en los distintos ámbitos, crea condiciones para devolver en forma de recursos, contraprestaciones técnicas y financieras que permitan mejorar sus organizaciones en procura de potenciar la ciudadanía activa.
¿Por qué es imperioso llegar a un enfoque socio–sanitario integrado en la atención a las personas adultas mayores con mayor grado de dependencia?
La realidad de la población adulta mayor se desenvuelve en una disyuntiva: contar con ingresos para subsistir y tener atención oportuna de salud5. En este último caso, las políticas a favor de las personas adultas mayores han sido abundantes, no así en lo relativo a la generación de ingresos, lo cual deriva en una deficiente economía de las personas adultas mayores por sus pocos y aún inexistentes ingresos. 4 Entendida según la CEPAL como derecho, pues la sola protección ya no es suficiente 5 MIES (2012). Ciudadanía activa y Envejecimiento Positivo (Diseño de una política pública a favor de los derechos de las personas adultas mayores)
Nos enfrentamos a una realidad que es insoslayable y si bien envejecer no es sinónimo de enfermedad, una persona adulta mayor, por las características propias de la edad, presenta dificultades en su desempeño cotidiano que redunda en una mayor dependencia de otra persona, por lo general de su entorno familiar inmediato, que se convierte en su cuidador o cuidadora. De tal suerte que si le sobreviene una enfermedad crónica a un adulto/a mayor y que esto suponga el tener que hacer gastos extras en medicamentos, esta situación puede abonar a la situación de pobreza de un hogar y provocar que ese gasto adicional en salud se convierta en un gasto catastrófico. Según algunos expertos, el denominado gasto catastrófico tiene que ver con una erogación “…mayor al 40% del ingreso disponible-entendido como el ingreso restante después del gasto en alimentos.”6 6 Francisco Sales Heredia (2011). El gasto catastrófico en salud como factor de vulnerabilidad. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
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Según un artículo de opinión de Daniel Hinostroza Castaño7, nuestro país “cumple con todos los criterios para tener tasas elevadas de gasto catastrófico: altos niveles de pobreza, grupos excluidos de los mecanismos sociales de protección del riesgo financiero (como el seguro social) y elevada necesidad de acceder a los servicios de salud.” Por ello, es perentorio sugerir la generación de alternativas de política, que en ausencia de la posibilidad de acceder a la seguridad social universal8, cumplan con el objetivo de atender a familias que tengan bajo su cuidado a adultos mayores o en otros casos identificar familias cuyo jefe de hogar es una persona adulta mayor, mediante la implementación de sistemas integrados de servicios de salud y servicios sociales a manera de “espacios de necesidad socio-sanitaria ” como existen en España en la búsqueda de sinergias y resultados de alto impacto de las intervenciones que las instituciones hagan en los dos niveles.
un tránsito flexible adaptado a las condiciones de los casos que vayan a ser atendidos. Los servicios pueden brindarse en forma independiente a cierto tipo de pacientes, mientras que en otros casos, aquellos de más alta complejidad, se requerirá de una confluencia de los dos tipos de prestaciones. Lo anterior pasa por el hecho de apuntalar mecanismos de coordinación que especifiquen claramente las competencias de cada sector y que se den pasos conducentes a superar los problemas de asimetría que existen en la relación entre los dos sectores, situación que puede resolverse con la consecución de acuerdos y con el uso de instrumentos técnicos, sistemas de información y dotación de recursos que pueden confluir en una relación mucho más equilibrada con resultados eficientes.9
La experiencia en otros países hace ver que esta combinación no es automática y que puede seguir
En suma, una operación de esta naturaleza contribuye a la equidad en términos de alcanzar mayores niveles de acceso a servicios de calidad sin discriminación de la diferencia; y, a la igualdad, entendida como base común de derechos que apunta a continuar cerrando las brechas estructurales de injusticia social.
7 “Gasto catastrófico en salud en el hogar, seguro público y patología: su relación con el incumplimiento en el Ecuador de los Objetivos del Milenio.” Revista Ecuatoriana de Pediatría (pp.38-50), Quito, 2008 8 Cabe destacar la política de aseguramiento no contributivo que ha sido impulsado por el MIES, en el actual período de gobierno, como una forma de crear un “piso de protección social básica” que al momento alcanza una cobertura nacional de más de 600.000 personas adultas mayores participantes.
9 A manera de ejemplo, el MSP mantiene un hospital geriátrico en la ciudad de Quito, cuyos pacientes, en su mayoría con diagnósticos de enfermedad mental, pernoctan en sus instalaciones por largos períodos. Un espacio de necesidad socio-sanitaria podría construirse si estas personas son acogidas en los centros gerontológicos del MIES y a la vez que pueden recibir atención especializada por parte del ente de salud, complementan su estadía con cuidados y actividades de carácter social.
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Los distintos actores en la construcción de políticas públicas para el adulto mayor: La construcción de políticas públicas en el mundo actual, y a diferencia de criterios tradicionales, no tiene que ver únicamente con la convocatoria de saberes expertos, y así como entre los actores de las políticas públicas se pueden encontrar destacamentos y coaliciones alrededor de intereses concretos, junto con el saber experto actúan saberes tácitos o populares y los conocimientos ancestrales que muchas veces son excluidos por la ciencia por cuanto se considera que no son proveedores de verdad. Desde la perspectiva de los actores en juego, el MIES sostiene que una política pública para adultos mayores debe tener en cuenta “…una nueva forma de convivencia para alcanzar el Buen Vivir…” condición que pasa necesariamente por “…el impulso de iniciativas de mejoramiento de la economía de los segmentos empobrecidos de esta población” donde el Estado deberá asumir un rol de promotor de los derechos planificando el desarrollo y propiciando una “distribución de recursos en una lógica de equidad, solidaridad y justicia social” (MIES: 2011). Como objetivo específico de esta formulación se señala la necesidad de “implementar planes, programas y proyectos integrales de inclusión social y económica que generen emprendimientos y asociatividad”10. 10 Cabe aclarar que el alcance del término “asociatividad” no es necesariamente económico; está relacionado con la interacción, participación y actoría social.
Los mandatos internacionales son pródigos e inagotables en señalar líneas de acción y recomendaciones para la práctica y en ese sentido, forman parte del eje constitutivo de la construcción de políticas. Solo como ilustración diremos que el instrumento más reciente (data del 2013) que se encuentra en proceso de construcción colectiva es la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Mayores, bajo el auspicio de la OEA, que forma parte de más de una veintena de preceptos confeccionados desde los años 40s del siglo pasado. En el ámbito local los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD- deben redefinir y resignificar su rol de productor/prestador de servicios sociales, venido a menos a partir de la vigencia del COOTAD que reduce sus competencias a la provisión de espacios físicos e infraestructura. El rol de la academia, como actor primordial pasa por desarrollar estrategias para la formación de carreras universitarias que se pongan a tono con las circunstancias por las que atraviesa el país y la región, p.e. qué tipo de profesiones se ajustan a las necesidades del “bono demográfico” que viven nuestros países ahora que el número de jóvenes y adultos es superior al de personas dependientes (niños, niñas y personas adultas mayores). Estimular la formación de profesionales médicos geriatras, gerontólogos sociales, enfermeras con un perfil dirigido a la población adulta mayor; especialidades de gerontología social en las
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escuelas de sociología, entre las principales, otrora relegadas cobran hoy inusitada relevancia. La perspectiva de todo esto debe enfilarse a la necesidad de elevar el envejecimiento, como proceso, y la vejez, como transición bio-psicosocial inevitable, a política de Estado, mediando para ello la igual como se declaró a la niñez como política de Estado, la población adulta mayor debe ser considerada en iguales condiciones. Una mirada a lo intergeneracional desde la población adulta mayor Como señalábamos anteriormente, el Plan Madrid 2002, deja ver pistas importantes sobre la necesidad de incluir la noción de ciclo de vida y lo intergeneracional como categorías de análisis imprescindibles a la hora de formular política pública a favor de las personas adultas mayores. Coincidiendo con Álvaro Sáenz en el sentido de que lo intergeneracional no entraña la construcción de otra sectorialidad, existe una gama de actores que tienen mucho que aportar en estos procesos, ellos son los jóvenes y adultos jóvenes que pueden entrar en una reflexión en torno a aspectos que les afectan directamente, y de los que son protagonistas cotidianos, en un contexto de envejecimiento de la sociedad. Debe pensarse también en el papel que juegan la familia extendida que se ha convertido en una expresión dominante en las urbes cuando
antes su presencia estaba más en el campo; las comunidades locales, las ONG, los organismos internacionales y la empresa privada. Se pueden construir sinergias puesto que al igual que los temas atinentes a niñez provocan solidaridades en cadena, las acciones a favor de los AM también provocan muchas adhesiones. Por ese motivo, considero que la formulación de políticas públicas impregnadas de estos enfoques tiene mucha potencia y puede generar impactos duraderos en la sociedad, en el sentido de que es un desafío interesante la ampliación de servicios de economía del cuidado en el contexto del ciclo de vida. A manera de conclusión Pensar en políticas públicas para las personas adultas mayores en el contexto actual tiene algunas ventajas competitivas: se vive una realidad de envejecimiento de las sociedades acompañada de una singular posibilidad de aprovechar la riqueza que puede extraerse de sus recursos humanos, el bono demográfico; se cuenta con instrumentos normativos nacionales e internacionales que ponen en el centro de atención la construcción de opciones de política alimentadas con procesos que se desglosan de la información que se obtiene de trabajar con los enfoques de ciclo de vida e intergeneracionalidad. Las personas adultas mayores han dado un salto cualitativo trocándose en titulares de derecho y portadores de ciudadanía activa.
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La Constitución Política de la República (2008), ha producido un gran impacto en el cumplimiento y en la garantía de derechos, que sin lugar a dudas marca un antes y un después que podría cifrarse en el paso que se ha dado de un sectorialismo beligerante a una intersectorialidad complementaria. Sin embargo, de los avances evidentes quedan algunas deudas pendientes como aquella de recuperar la economía, poniéndola al servicio de las personas adultas mayores transformada en oportunidades de mejoramiento y en iniciativas de fortalecer la autoestima en miras a la construcción de cohesión social. Este proceso será posible si se planifican políticas públicas en pos de alcanzan mayores niveles de equidad como imperativo moral y de igualdad como principio reparador de injusticias estructurales, para lo cual se sugiere pensar en
la innovación y en la aplicación crítica y creativa de experiencias que otros lugares han tenido resultados favorables, una de ellas tiene que ver con evitar la acumulación de gastos catastróficos en familias sumidas en la pobreza. Sin perjuicio de que esta afirmación pueda ser considerada una utopía, las políticas sectoriales e intersectoriales que se piensen para las personas adultas mayores no deben abandonar la perspectiva de convertir el proceso en una oportunidad de elevar el envejecimiento y la vejez a la categoría de política de Estado. Todo lo escrito aquí solo ha tenido la intención de ordenar una serie de pensamientos sueltos surgidos con oportunidad del evento “Foro Internacional de Políticas Públicas para la Intergeneracionalidad y Ciclo de Vida” efectuado en Quito, en la sede de Flacso-Ecuador el 12 y 13 de noviembre pasados.
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Referencias bibliográficas Hinostroza, D. (2008). Gasto catastrófico en salud en el hogar, seguro público y patología: su relación con el incumplimiento en el Ecuador de los Objetivos del Milenio. Revista Ecuatoriana de Pediatría (pp.38-50), Quito. MIES (2012). Agenda de Igualdad para Adultos Mayores. Subsecretaría de Inclusión y Cohesión Social/ Dirección de Atención Integral Gerontológica. Quito MIES (2012). Ciudadanía activa y Envejecimiento Positivo (Diseño de una política pública a favor de los derechos de las personas adultas mayores). Subsecretaría de Atención Intergeneracional/ Dirección de Población Adulta Mayor. Quito
Sales Heredia, F. (2011). El gasto catastrófico en salud como factor de vulnerabilidad. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. México Sen, A. (1992). Sobre conceptos y medidas de la pobreza. En Revista Comercio Exterior Vol. 42, No 4 pp. 310322. México. SENPLADES (2013). Buen Vivir PLAN NACIONAL 20132017. Quito. UNFPA/HelpAge International (2012). Envejecimiento en el Siglo XXI: una Celebración y un Desafío. Londres.
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JÓVENES, VIOLENCIAS Y SUBJETIVIDADES: EL ARTE COMO RECURSO Y ENLACE 1
Mauro Cerbino 2 Marco Panchi
Las y los jóvenes, como sujetos de estudio e incidencia, se han convertido en actores más o menos recurrentes de la investigación social e incluso muchos organismos los han identificado como un espacio propicio para una suerte de experimentación de políticas públicas y generación de fondos económicos. Sin embargo, “la juventud”, como se la llama con un sentido romántico y generalizado, continúa siendo un espacio obscuro, una especie de fenómeno escurridizo que se escapa a las definiciones, a las categorizaciones o las formas que la comprenden como un colectivo cerrado, con características fácilmente definibles, claras y generalizadas. 1 Antropólogo, coordina el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de FLACSO, sede Ecuador. Ha publicado varios libros y artículos relacionados con estudios de juventudes. 2 Magister en Comunicación con mención en Opinión Pública (FLACSO, sede Ecuador). Documentalista y especialista en juventudes e imagen.
Lo cierto es que categorías como “la juventud” o “los jóvenes” en su sentido generalista, únicamente pueden ser comprensibles o válidas si se parte de una lectura reduccionista y peligrosamente limitante de este sector poblacional. “Lo joven”, es sencillamente una existencia producida por la miopía teórica y metodológica al abordar sus fenómenos, que no ha logrado desmontar las generalizaciones que históricamente se han construido sobre estos actores, sin considerar las particularidades de los sujetos, no únicamente desde el discurso de la alteridad, la diversidad o la brecha generacional, sino como actores insertos en contextos e interrelaciones específicas. El problema de pensar “lo joven” está en los intentos de caracterizar, de forma rápida y somera, a la llamada cultura juvenil (o culturas juveniles en el mejor de los casos) sin lograr exceder los limitantes de la generalización y lo único que se ha logrado es proponer un paisaje, nuevamente
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limitado, de actores sociales sin mayor espesor descriptivo o conocimientos de los mismos. “Lo joven” es la construcción de un discurso de la juventud como trascendencia, como una categoría general que está marcada por cualidades que no se afectan ni alteran. Esa trascendencia es además estereotipada: “lo joven”, tradicionalmente comprendido, se caracteriza por ser únicamente potencial, no acción auténtica; es energía en potencia que puede estar orientada solamente en dos direcciones: o es potencial de riesgo, violencia, sufrimiento y transgresión; o potencialidad de orden, “deber ser” y protección de los altos fines nacionales.
a los rockeros o las pandillas– ha condenado su comprensión. Cabe recordar aquí una notable sentencia del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1990) que señalaba a “la juventud” como una mera palabra; por tanto, “la juventud” en sí mismo no existe más que como una categoría caprichosa.
Debido a su condición de potencialidad, las y los jóvenes se han convertido además en blanco de acción e incidencia, de espacios de decisión y poder, ajenos a sus realidades. Instituciones del Estado, ONG´s, fundaciones, han buscado introducir a estas poblaciones en diversos proyectos, muchos de ellos notablemente bienintencionados, pero que no dejan de ser inconsultos, alejados de una lectura seria y crítica de la realidad de estos sectores, buscando más bien fortalecer una agenda particular, que en varios casos es antojadiza o importada; importando a su vez, discursos, necesidades, formas de acción y lecturas sobre el “deber ser” de las poblaciones.
Por esta razón y para evitar el riesgo de reduccionismos, es necesario sustituir el concepto de “juventud” por el de “juventudes”. Para ser más precisos, hay que sustituir la categoría general de “lo joven”, por una lectura que considere a las y los jóvenes como actores situados en momentos, contextos, clases y relaciones específicas que producen fenómenos específicos. Esto no sólo implica una perspectiva conceptual distinta, sino una metodología distinta de aproximación a los fenómenos de las juventudes y que obliga al trabajo empírico y el análisis de esas condiciones situadas, antes de empezar a elucubrar una definición excesivamente abarcativa de las características y necesidades de las y los jóvenes, así como la implementación de planes y proyectos. Es necesario por tanto, sustituir la perspectiva ontológica basada en una trascendencia de “la juventud” –una operación que se puede definir como ideológica– por otra que observe, piense y comprenda la dimensión de inmanencia de “las juventudes” situadas y contextualizadas en condiciones particulares.
Reducir a las y los jóvenes a una categoría trascendental o a lo mucho, a una diversidad con límites específicos –como cuando se estereotipa
Anular “lo joven” como categoría trascendental permite visualizar otro elemento importante. Siendo las situaciones de análisis de las y los
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jóvenes, fenómenos concretos y específicos, resulta absolutamente necesario comprender el rol que cumplen las comunidades y el interrelacionamiento de las y los jóvenes con dichas comunidades, pues los lazos que se establecen entre sujetos jóvenes y los espacios en los que se desarrollan sus mundanalidades y vivencias, se construyen de formas considerablemente distintas a cómo lo suponen las políticas públicas o los proyectos que se aplican con metodologías u objetivos importados y que más bien han anulado a los contextos sociales, depositando en los mismos sujetos la completa responsabilidad de salir de su situación marginal, de superar las escasas oportunidades y dejar en sus manos la salida de la situación de pobreza y exclusión en la que se desenvuelven, promocionando una suerte de “auto-ayuda” auspiciada por los recursos e insumos de organismos nacionales o extranjeros. Comenzar a comprender las situaciones específicas que envuelven a las y los jóvenes, contribuyendo a crear las mejores condiciones para su toma de decisiones y formas de afrontar su existencia, nos sitúa en mejores condiciones para observar una característica que resulta una constante entre algunos colectivos pertenecientes a esta población: hay un constante acto performativo, un acto camaleónico que se constituye en la modalidad por la que, las y los jóvenes cambian de rostros y acciones dependiendo de los espacios donde se ven obligados a desempeñarse, espacios cuyas normatividades se construyen preferencialmente
desde el ejercicio de poder adulto. Al contrario de lo que se piensa, las y los jóvenes no son sujetos libérrimos que buscan formas de desafiar y romper con la normatividad, esta es precisamente una de las imágenes románticas que se han elaborado desde la perspectiva reduccionista de las juventudes. Lo cierto es que la mayoría de jóvenes, sobre todo de estratos populares, comparten preocupaciones muy similares con la población adulta, hay necesidad de concluir los estudios, la obtención de un trabajo, el establecerse, el progresar en el sentido socioeconómico convencional, y para conseguirlo, existe también, un proceso de constante transformación de las y los jóvenes, de acuerdo a los espacios, con el fin de encajar, de no negarse oportunidades que puedan garantizar un porvenir. Esto muestra que la búsqueda de espacios de bienestar, trastoca momentáneamente las identidades de los sujetos. Sin embargo, frente a estas preocupaciones y a pesar de tener que sacrificar mucho de la propia construcción identitaria, amplios sectores de jóvenes han tenido que enfrentarse a la marginalidad que les niega las posibilidades de escapar de las condiciones de exclusión y de imposibilidad de resolución de las preocupaciones e inquietudes que comparten con la misma población adulta. Por ello muchos jóvenes al parecer, nacen y crecen condenados por su condición socio-económica que difícilmente mejora con el tiempo. Debido a este vacío, a la exclusión y la transgresión de tener que afectar la identidad con el fin de encajar, se hace necesario
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para las juventudes, pertenecer a un grupo o comunidad que los haga sentir aceptados y compartir sus pensamientos con los demás jóvenes, grupos con características que muchas veces entran en conflicto con el “deber ser” que el Estado y la moral han definido para la idea que tienen de joven. Estos procesos de reconocimiento han estado cruzados por una creciente estigmatización y criminalización de las y los jóvenes, particularmente aquellos pertenecientes a sectores socialmente desfavorecidos. ¿El panorama es entonces cerrado y desalentador?, ¿las oportunidades quedan clausuradas para las y los jóvenes en situación de marginalidad? Es aquí que aparecen las prácticas artísticas como espacios para confrontar la exclusión y violencia en la cual deben vivir estos sujetos. La práctica artística no es por supuesto, la máxima herramienta de solución de los conflictos personales, no es un artilugio mágico que arranca de la marginación a las poblaciones, si se toma en serio que ésta depende fundamentalmente de condiciones de orden estructural. La función de la práctica artística, cuando se ejerce como arte de la calle, como arte libre producido desde las condiciones de marginalidad, no es la de “rescatar” a las y los jóvenes; es más bien, permitirles un reconocimiento como sujetos y como miembros de una comunidad, por tanto, cumple con dos roles básicos: 1) ser un motivante para la construcción de la subjetividad y la complejización de su auto-comprensión y 2) constituir una condición eficaz para la construcción de una “ciudadanía otra”.
Estas reflexiones que, como se señaló más arriba, apuntan a comprender a las juventudes en sus entornos concretos, están sostenidas en la experiencia empírica y vivencial, realizada con el proyecto CETOJ (Centro Tecnológico de Organizaciones Juveniles), situado en el barrio de Turubamba bajo, donde se trabajó de forma directa y sostenida con numerosos miembros de la “Nación Latin Kings”. De hecho, la capacitación, crítica, autocrítica y el ejercicio de las artes, sobre todo visuales (graffiti, fotografía) que se compartió con este grupo poblacional específico, permitió vislumbrar el notable fenómeno que se ha señalado anteriormente: la complejización de la autocomprensión de los sujetos. Efectivamente, el ejercicio artístico visual en la experiencia del CETOJ facilitó identificar la construcción de una subjetividad mucho más compleja por parte de los jóvenes marginales que se convertían en artistas de la calle. Aproximarse al arte, les permitió de alguna manera, “extranjerizarse”: la acción de ver, de evaluar el entorno y de extraer de ese entorno imágenes que podían ser fijadas en soportes físicos, para luego poder ser observadas, consumidas y compartidas, permitió a las y los jóvenes ubicarse en un espacio especialísimo dentro de su propia comunidad. La violencia y la exclusión ya no estaban normalizadas ni se consideraban parte constitutiva de sus vidas de forma determinista, al contrario esos factores fueron cuestionados, siendo parte de los mismos.
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El arte produjo en las y los jóvenes en situación de marginalidad la posibilidad de verse críticamente, esto es, de renunciar a una concepción estereotipada que conduce a definir a la violencia como fáctica o como manifestación de lo ‘anormal’ a consecuencia de la desviación social. Y en esa línea preguntarse a fondo por las condiciones que generan conflictividad, antagonismo y disenso; además facilita identificar sus formas de construir y ejercer liderazgos, las modalidades de tratamiento de los conflictos internos y su capacidad de adaptación a las situaciones y entornos hostiles y excluyentes. Al estar dentro del fenómeno y poder producir material que podía ser expuesto y explicado a los públicos externos, la condición del joven artista marginal, era la de un sujeto que al mismo tiempo está “dentro y fuera” de su realidad; que puede reconocer los conflictos como actor, provocador o víctima y a su vez, como analista y crítico del mismo. Esta capacidad de estar “dentro y fuera” de los fenómenos no es poca cosa. La situación de “artista-actor”, de “artista bisagra” que esta condición admite, proporciona de mayor espesor crítico a la existencia propia y construye además, un nuevo régimen de mirada entre los sujetos. Tener mirada es tener distancia, lo cual resulta de una importancia enorme, pues los jóvenes pandilleros, por su condición de marginales están, por decirlo de alguna manera, “adheridos de las cosas”. Hay una supuesta relación de antonomasia entre las pandillas y la pobreza, o la violencia o
el delito. Y así como esa relación es validada por los medios y la opinión pública, así terminan por verse incluso los propios jóvenes. Cuando no hay mirada, no hay distancia, no hay filtro y el entorno siempre es el mismo. Tener mirada es separarse de las cosas, es ganar subjetividad y autonomía, es permitirse como jóvenes alcanzar un reconocimiento en donde no existe determinismo, sino una concepción más crítica y compleja de sí mismos y de su comunidad. La construcción de la mirada es posible al “desapegarse” de la realidad de la vida cotidiana mediante un lente, una grabación, o la fijación de una imagen, y así comenzar con el proceso de reflexión compartida. La mirada es el encuentro de una subjetividad con el mundo, produciendo un sujeto que se hace consciente del lugar desde el que mira. De hecho, en algunos casos parecería que la mediación de la cámara, del muro, de la pintura, permite que un mundo no solo cambie su significado para un sujeto, sino que empiece a existir, empezando por su propia cotidianidad. La segunda posibilidad que se muestra como valiosa, es la configuración de una ciudadanía diferente y “ciudadanía otra”. El arte ejercido desde esta perspectiva de “marginalidad autoreflexiva”, de “marginalidad extranjerizada” cuestiona desde la práctica a la ciudadanía establecida desde las instituciones del Estado, esa ciudadanía vista como el “deber ser” de los sujetos, guiada por la prerrogativa de la ley y que controla no solo los ordenamientos geográficos
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sino los comportamientos en la ciudad; ordenando la convivencia en el espacio público desde una visión de interés último y superior del Estado, que raramente ha sido consultada o contextualizada a partir de las comunidades. Esta visión tradicional de la ciudadanía es a su vez construida desde la verticalidad, por medio de la afirmación de “lo ciudadano” como un ejercicio exclusivo de la población adulta, o de los actores que pueden asumir con criterio adulto las acciones que conlleva ser un ciudadano. La ciudadanía de las instituciones y del Estado, a pesar de que en lo formal no hace distinciones de edad, pues todas y todos son ciudadanos desde el momento de nacer, no deja de ser una concepción adultocéntrica. La ciudadanía juvenil que se ejerce desde la acción del arte marginal y en la calle, la que se pudo observar desde la experiencia del CETOJ, tiene que ver más bien, con reconocer que no solo los adultos son ciudadanos sino que jóvenes y niños lo son, más allá del ejercicio de derechos formales. La ciudadanía que se ejerce desde la expresión artística en la calle es un modo de apropiación de la ciudad, de ser y estar en ella a través de la expresividad del cuerpo y del arte, lo cual motiva el reconocimiento de las modalidades expresivas y formas de apropiación de los espacios de la vida cotidiana por parte de las y los jóvenes, como prácticas ciudadanas que no siempre han sido consideradas legítimas. El ejercicio artístico visual, permitió también formas diferentes de gregarismo, la concepción
de la pandilla, mutó a la de colectivos artísticos (al menos cuando se estaba pintando o graffiteando). Estos colectivos son grupos formados por jóvenes provenientes de distintos estratos sociales, que desarrollan técnicas de expresión gráfica en los muros, como formas de expresión alternativa a la publicidad y la comunicación socialmente legitimada. Proponen formas de representación de la realidad que se producen desde una marginalidad simbólica y desde un espíritu de resistencia o de clandestinidad, no son lo mismo que los tagueros o que los pichação, no tienen valor de código de privatización territorial ni de panfleto político, no buscan responder a los medios masivos, sino que representan ventanas a un mundo de representación. El arte en la calle construido desde la marginalidad, es una declaración de existencia, de posibilidad de ocupar un espacio, pues la generación de la imagen pública, y la posibilidad del consumo de esa imagen por parte de otros actores, arranca a los jóvenes de la visión convencional de ser únicamente potencialidad, para pasar a ser acción misma. La imagen en el muro, la fotografía, el registro, son acciones de existencia, o como lo señaló alguna vez el autor francés Regís Debray (1994), la verdadera existencia está en la imagen. Tomarse las paredes para declarar la presencia propia es una forma completamente distinta de comprender el espacio público, pues ya no es el espacio público que tiene un orden establecido y unas formas de uso definidas desde las leyes, donde debe predominar la separación de actores y
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una interacción determinada. Para el ejercicio del arte desde la marginalidad, el espacio público no es el orden, sino la convivencia que necesariamente debe ser caótica, friccionada, de alto contacto; pues ese es el sentido de comunidad, ello le da sentido a la ciudad, le genera dinamismo. Respecto a esto último, la experiencia del CETOJ, significó dos enseñanzas relevantes. Primero, la posibilidad de forjar convivencia y lazos comunitarios desde el arte en la calle, encontró una clara expresión cuando las y los jóvenes, pertenecientes a los grupos Latin Kings, una vez que lograron ubicarse en ese espacio limítrofe de estar dentro de los conflictos, pero a la vez, poder aislarlos y evaluarlos a partir de la imagen; fueron convocados por la misma dirigencia del barrio de San Juan ubicado a las puertas del centro histórico de Quito. La motivación fue encontrar formas mucho más novedosas de exponer y confrontar a la inseguridad que se vivía en el barrio y a diferencia de lo que sucede en otros barrios en los que la opción hubiera decantado en solicitar mayor resguardo policial. La propuesta en San Juan fue la de exponer el discurso de la violencia, hacer visibles las prácticas violentas y la inseguridad, por medio de una representación plasmada en murales que estos jóvenes artistas marginales podían producir. Esta experiencia es altamente significativa, pues por un lado demuestra una transformación en la comprensión externa que se tiene de las y los jóvenes en situación de marginalidad y violencia
e incluso, una transformación en su propia referencialidad. Las y los jóvenes relacionados a pandillas ya no eran los actores y autores de la violencia, no eran el riesgo potencial y efectivo, eran más bien actores validados para denunciar esa violencia, eran voces autorizadas porque la habían vivido y además, porque habían, por medio del arte, logrado producir ese quiebre fundamental gracias al cual podían exteriorizarse a esa violencia, discutirla e incluso narrársela por medio de imágenes a los demás actores sociales. Demostró también, una interesante madurez por parte de la dirigencia barrial, que reconoció en las y los jóvenes, no como objetos de estereotipos de violencia, sino sujetos que han vivido experiencias particulares y cuyas voces deben ser escuchadas si se busca comprender el fenómeno de la marginalidad, en lugar de ahondarlo. Segundo, a partir del CETOJ se pudo evaluar que las condiciones de relacionamiento entre sujetos comunitarios son bastante distintas a cómo la institucionalidad las comprende. La convivencia en el espacio público que propone el Estado o los administradores locales está profundamente marcada por valores morales y un sentido de propiedad de dicho espacio. Si bien, desde el discurso oficial, aquello que puede llamarse público es perteneciente a la ciudadanía, en el sentido práctico es irónicamente, propiedad privada del Estado. El Estado gerencia esos recursos, los dispone, autoriza y condiciona su uso, permite el disfrute de los sujetos de dicho espacio, siempre y cuando cumpla con los requisitos aceptados por
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el Estado propietario, y al final, nada le pertenece en sí mismo a las poblaciones, pues el concepto de “propiedad de todos”, esconde el de “propiedad de las instituciones estatales”. Este Estado que es propietario de bienes, dispone por ejemplo, que debe haber en la plaza pública espacios específicos para las diversas actividades que se realizan e incluso, ordenan que existan espacios donde están prohibidas determinadas actividades. Esto último se evidencia notablemente, en los desacuerdos que existen entre vendedores ambulantes y las instituciones que administran zonas regeneradas en las ciudades del Ecuador. Tomarse el espacio público, desde el mural o el graffiti, desestabiliza el orden y expone la ruptura entre espacio público y el espacio –en términos de Antonio Negri (2013) – del común. La diferencia entre ambos está en que aquello que se considera común, no es perteneciente ni a los sectores privados ni al mismo Estado, le pertenece a la comunidad que lo vive y lo usa y hacia el cual puede establecer de modo inmanente las reglas para su disfrute. En los sectores populares, el orden que establece la ley es estrictamente un orden autoritario e inaplicable, a diferencia de lo que los requerimientos del urbanismo institucional plantean y que los medios de comunicación refuerzan, en los espacios del común no se debe suponer siempre y de todos modos el hecho de que hay conflicto a partir de una difícil
convivencia. Muchas observaciones muestran al contrario cómo el espacio se comparte entre los múltiples actores del barrio, siendo probable el hecho de que “nadie estorba a nadie”. El arte de la calle, es por ello desestabilizante, porque lleva la expresión del barrio popular a cualquier otro espacio institucionalmente ordenado, muestra por medio de los jóvenes marginales que existe tensión en la forma en cómo se comprenden los lugares de interacción, denuncian que no hay un gran acuerdo sobre qué es la ciudad, porque la ciudad no ha sido organizada de forma negociada, consultando a los ciudadanos. Estas declaraciones de existencia reclaman por parte de los demás actores, la construcción de dos condiciones que son necesarísimas para la comprensión mutua. Es necesario pues, generar condiciones de expresión y de audibilidad, condiciones para decir y escuchar. Ello difiere notablemente de la implementación de proyectos que generalmente se impulsan asumiendo de antemano cuáles son las necesidades de las y los jóvenes, o impulsando actividades únicamente porque los fondos han sido destinados a temas específicos sin que necesariamente sean el reflejo de los requerimientos de las poblaciones. La complementariedad de la expresión y la audibilidad son requisitos de la democracia, son requisitos para la generación de una “democracia otra”, que no busca incluir y cooptar a los actores externos a la formalidad política, sino darles posibilidades de proponer nuevos temas, posibilidades “de decir”, como lo señaló lúcidamente durante su
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experiencia en CETOJ, el joven King CH: “Yo supe qué tenía que decir cuando me dieron la palabra”. ¿La existencia de qué nuevos discursos posibilita generar un clima de audibilidad?, ¿cuál es el carácter de la transformación artística propuesta por el joven artista marginal? La propuesta del arte marginal de la calle, procura interpretar el deseo de las y los jóvenes artistas y sus demandas de integración y reconocimiento, que tienen su origen en su cansancio de la vulnerabilidad, la precariedad y, sobre todo, del estigma. No postulan criterios ni “deberes ser” externos, ni marcar “desde arriba” los rumbos a seguir por los jóvenes que los rodean. Aquello que se busca es que los jóvenes se reconozcan en miradas externas no estigmatizantes, que otros jóvenes y la población adulta, las instituciones, mejoren sus capacidades para reconocer a los ‘otros diferentes’ como “no enemigos”. Se pretende comprender, observar y escuchar a los y las jóvenes en sus formas de actuar y significar el mundo, fortalecer el protagonismo y aportar a la autonomía de los jóvenes. Finalmente, esta expresión artística promueve una relación de diálogo que permite trabajar con el interlocutor en la búsqueda de sus capacidades de significación, organización y transformación. Al interior de los colectivos de artistas marginales, es notable cómo la experiencia permite asumirse en posiciones más autónomas y solidarias, siendo capaces de preguntarse cosas que nunca antes se habían planteado, diversificando sus opciones,
fortaleciendo sus capacidades para elegir, para valorar y construir su propio agenciamiento como actores sociales con una voz válida construida por su propia experiencia y autocrítica. Además es una motivación para tomar decisiones que involucran el reconocimiento y evaluación de sus propias acciones, que les permiten validarse como sujetos culturales e históricos capaces de promover cambios y la construcción de un conocimiento acerca de las condiciones y contextos en los cuales se desarrollan numerosas vidas que los medios y las instituciones han atendido más desde la visión del estigma limitante o la simplificación romántica, antes que desde una comprensión más interesante y valiosa. Algo importante de señalar sobre este arte producido desde fuera de las academias, es que es intencionalmente confrontador, ejerce oposición a las significaciones dominantes en torno a los jóvenes en general, y en el caso de la CETOJ, en oposición a la imagen que se ha construido para los miembros de la organización de los Latin Kings. La propuesta es “disputar y apropiarse” de espacios como las plazas, calles, auditorios y medios de comunicación y con ello, el arte de la calle conserva un valor fundamental, su capacidad de ser público y abierto a la interpretación, o en el sentido más clásico propuesto por Hegel (2003), que sea la obra misma la que contenga su sentido y se exponga sola a los públicos, cualidad especialmente notable si considera que plantea en muchos sentidos, una oposición al arte contemporáneo propio de la galería, cuyos
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sentidos son a veces inapropiables sin la presencia o explicación previa del curador o el artista. El joven artista marginal, aún produce su obra para que exista por sí misma, trascendiendo al autor. Finalmente, para resumir, el arte no es el vehículo de salvación de las condiciones de violencia y escases de oportunidades en las que viven las y los jóvenes en el país. Su efecto no es automáticamente transformador y pragmático, pero sí es complejizador, propone la posibilidad de un espacio territorial y simbólico de convivencia que se ordena desde una concepción diferente, que rehúye de lo público y lo privado, y se asienta en el común, en algo que no le pertenece ni a la empresa privada ni al Estado, es un espacio
común porque su comprensión, uso y disfrute lo entrega la misma comunidad, sin insumisión a determinaciones verticalistas como las que a menudo se observan en las ordenanzas municipales. Además, permite la configuración de una escena cultural plural y amplia para la transformación social y reconstrucción de lazos sociales, pero mucho más importante, actúa como un espejo, actúa –para las y los jóvenes en situación de marginalidad– como un lugar para ganar nuevas formas de subjetividad y también de acción política, que les permita abandonar en varios sentidos, la condición de “sujetos planos”, apáticos, o de condenados a una violencia que la cotidianidad y la poca efectividad de las instituciones parecen obligarles.
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Referencias bibliográficas Bourdieu, P. (1990). Sociología y cultura. México D.F: Editorial Grijalbo S.A.
Debray, R. (1994). Vida y muerte de la imagen. España: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
Cerbino, M. (2012). El lugar de la violencia, perspectivas críticas sobre pandillerismo juvenil. Quito, Taurus/ Flacso.
Hegel, G. W. F. (2003). Lecciones sobre la estética. España: Mestas Ediciones.
Cerbino, M, Giunta, I (comp.). (2013). Biocapitalismo, procesos de gobierno y movimientos sociales (Antonio Negri, Michael Hardt y Sandro Mezzadra). Quito, Ecuador: FLACSO Sede Ecuador.
Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Ediciones Manantial.
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EL BUEN VIVIR Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA JUVENTUD Paola Romero Fernanda Sáenz de Viteri Francisco Santos
Antecedentes Las definiciones de los diferentes grupos etarios, niñez, juventud, adultez, es parte de una construcción social que puede responder a las necesidades de cada contexto histórico. Al contar con una conceptualización de cada rango de edad, se debe tener como referente lo biológico, social, psicológico y cultural. Como parte de esta construcción, la juventud ha atravesado por diferentes concepciones. En el siglo XVII y XI era un grupo que gozaba de privilegios (Margulis, 1998). En el siglo XX, a diferencia del anterior, la juventud se asocia a perspectivas negativas y se la visibiliza como un problema social (Marin-Barbero: 1998). Finalmente en el siglo XXI se produce una “tribalización” de la juventud (Margulis, 1998; Maffesoli, 1990), es
decir la caracterización de los mundos juveniles alrededor de estéticas, estilos de vida, consumos expresados desde diferentes grupos o “tribus juveniles”. Existen diferentes criterios desde los cuales se han establecido los distintos rangos que delimitan el espacio de vida de la juventud. Tanto la Unesco, como la Ley de la Juventud definen que “joven” es una persona que se encuentra en determinado rango de edad. Para la Unesco está edad se establece entre los 15 y 24 años, y dentro de la Ley se contempla a alguien joven entre los 18 y 29 años de edad. Dentro de la Constitución ecuatoriana la juventud, es visibilizada más allá de la condición etaria y es parte de los grupos de atención prioritaria. Para el Estado las y los jóvenes son reconocidos como actores estratégicos del desarrollo del país, y se
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Pirámides poblacionales:
HOMBRES-MUJERES
Fuente: INEC, Ecuador: estimaciones y proyecciones de población, 2003. Ecuador Media. Elaboración: S.N.I. SENPLADES
garantiza su educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación (Art 39 Constitución de la República). Las políticas públicas, dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, como la segunda herramienta de planificación más importante después de la Constitución, contemplan a la juventud como el motor de la sociedad, sus capacidades y potencialidades les permiten crecimiento propio y crecimiento a nivel país en todos los sectores, sean: productivos, económicos, culturales y políticos, entre otros.
La juventud en el Ecuador y una mirada a futuro En América Latina existen más de 200 millones de jóvenes1, lo que le hace ser el grupo poblacional más grande. En el caso del Ecuador se mantiene esta tendencia, es decir existe una población mayoritariamente joven. La juventud constituye un grupo representativo con el 21% de la población ecuatoriana, es decir alrededor de 3 millones de personas, son jóvenes. 1 Fuente: CEPAL, División de Población-CELADE, “América Latina: proyecciones de población, 1970-2050”, Boletín demográfico, año 31, Nº 62 (LC/DEM/G.180), Santiago de Chile, julio de 1998
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Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas Ecuador (UNFPA)2, entre la década de los 60s y 80s existieron altas tasas de natalidad. Sumado a ello la menor mortalidad infantil que hubo en la época, permitió que muchos niños y niñas sobrevivieran y como resultado la población joven es más numerosa que sus dependientes. La oportunidad de crecimiento económico que esta población representa, es lo que se conoce como “bono demográfico” A pesar que este bono demográfico este disminuyendo, el Estado Ecuatoriano, por medio de la planificación, ha considerado fundamental generar políticas públicas, dirigidas a este grupo etario más numeroso, principalmente a través de tres enfoques: crecimiento económico; nuevo enfoque de la juventud desde las herramientas de planificación y finalmente la juventud como beneficiarios de las políticas públicas. Por un lado el bono demográfico incrementa el ingreso y permite la acumulación acelerada de capital. Se puede observar un aumento considerable de la población productiva en relación de la población dependiente, lo que vuelve necesario pensar en políticas que permitan aprovechar esta etapa para garantizar el crecimiento económico y el Buen Vivir del país.
beneficiarios para que sean actores protagónicos en la construcción de la nueva sociedad. Esta nueva mirada de la juventud está respaldada y garantizada en la Carta Magna en su Artículo 39 en donde se reconoce a las y los jóvenes como “actores estratégicos para el desarrollo del país”. Estimación de la población por años quinquenales 1950-2050
Fuente: INEC, Ecuador: estimaciones y proyecciones de población, 2003. Ecuador Media. Elaboración: S.N.I. SENPLADES
Por otro lado se generan políticas públicas enfocadas a un cambio de concepción sobre la juventud. Pasar de concebir a la juventud como
Finalmente, el tercer enfoque de las políticas públicas sobre la juventud se apoya en los siguientes datos: el 20,9% de jóvenes vive en pobreza por NBI, la asistencia educativa en este grupo llega tan solo al 11,1% de los jóvenes pobres, y al 5,1% en las edades de 25 a 29 años3. En esa medida, para que el bono traiga consigo beneficios reales, es preciso diseñar políticas para la población joven e invertir sobretodo en:
2 http://www.unfpa.org.ec/sitio/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=31&Itemid=49
3 Fuente: Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017
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Educación: Fortalecimiento de capacidades y potencialidades en pro de una población creativa, participativa y productiva. Salud: Pre-requisito y garantía de condiciones de vida óptimas. Trabajo: Generación de puestos de trabajo dignos, como condición necesaria para la consecución de una vida plena
Además de esta mirada que desde el Estado ecuatoriano se da a la juventud, la cual ha sido transformada desde el Gobierno Nacional, las políticas públicas recogen las demandas de este sector de la población. Estas demandas4 se canalizan mediante los diferentes instrumentos de planificación con que cuenta el Ecuador y son:
4 Fuente: Agenda de igualdad para la juventud 2012-2013, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Diálogos para el Buen Vivir 2012.
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La conformación de las identidades juveniles, dentro del Estado ecuatoriano, se da en un camino de ida y vuelta. Como parte de un ejercicio de retroalimentación, desde principios participativos, las demandas, canalización de las mismas y generación de políticas públicas generan nuevos espacios de expresión y realización. Además se establece una mirada integral de estas identidades en donde no sólo está presente la concepción de derechos sino también de deberes y responsabilidades.
Los lineamientos estratégicos del PNBV 20132017 específicos para jóvenes se abordan las siguientes temáticas:
A través de esta perspectiva, que deja de lado la invisibilidad y los prejuicios de la juventud, es como la planificación nacional plasmará las políticas públicas que consolidaran la mirada de los y las jóvenes como actores estratégicos de la configuración de una nueva sociedad.
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Los jóvenes y la Planificación Nacional •
Plan Nacional para el Buen Vivir
El Plan Nacional para el Buen Vivir es la hoja de ruta del Estado y del país. El Buen Vivir, eje del Plan Nacional como herramienta de la planificación, se concibe como una alternativa social y liberadora que propone prioridades para la organización social, diferentes del simple crecimiento económico. Dentro de esta alternativa social liberadora del Plan Nacional se plantean políticas y lineamientos para el Buen Vivir que permitirán plasmar una nueva concepción de las realidades para las y los jóvenes.
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Participación electoral Inclusión económica Acceso a medios de producción y tenencia de tierra Convivencia pacífica y convivencia ciudadana Ocio activo y tiempo libre Educación con énfasis en los jóvenes con discapacidad Reinserción y permanencia en el sistema escolar Educación intercultural bilingüe Incorporación al mercado laboral Impulso a los emprendimientos juveniles Mortalidad materna Prevención de embarazo adolescente Impulsar la participación electoral de jóvenes
Estos lineamientos estratégicos y las políticas públicas que desde ellos se desprenden están transversalizadas por enfoques de igualdad desde las Agendas Nacionales para la Igualdad5. Gran parte de sus propuestas apuntan a garantizar los derechos de los jóvenes. Rompen con estructuras adulto céntricas (Intergeneracional); miran a los jóvenes como protagonistas del proceso de transformación de las estructuras sociales machistas y patriarcales (género); promueven una 5 Las Agendas Nacionales para la igualdad son sobre: género, discapacidades, movilidad humana, pueblos y nacionalidades, niñas, niños y adolescentes, juventudes y adultos mayores.
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sociedad incluyente (discapacidades); buscan el reconocimiento de los y las jóvenes en situación de movilidad (movilidad humana) y la recuperación y fortalecimiento de las identidades de los jóvenes (pueblos y nacionalidades). Inversión para el buen vivir de la juventud Invertir en la juventud del país implica alcanzar niveles de desarrollo favorables para la población y con ello mayor justicia y equidad social. Por ello, como parte de la visión de la juventud como población estratégica y grupo de atención prioritaria, dentro de espacios de planificación
se han realizado varios proyectos de inversión emblemáticos para este colectivo. Los proyectos de inversión pública, con la finalidad de cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, optimizar la distribución de los recursos del Estado, han sido parte de la destinación de recursos y de la materialización de las políticas públicas con enfoque en la demanda y mejora de las condiciones de vida población juvenil. Algunos temas de proyectos de inversión6 para jóvenes en el 2013 han sido:
Temas
Inversión aproximada
ACTORÍA, INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL JUVENIL
33000000
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
7000000
DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS - DAIA
12000000
PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
32000000
EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS
294000000
PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
684,000000
6 Fuente: Subsecretaría de Inversión y Presupuesto Senplades
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La visión de la juventud en la política pública va más allá de un planteamiento de sujeto de inversión pública. Sin embargo no se pude desconocer la inversión es una herramienta importante para conseguir y hacer efectiva y práctica la planificación y la transformación de las realidades de la juventud.
Inversión en becas para estudios en el exterior Millones de dólares
Desde esta perspectiva cabe recalcar la importancia del incremento de la inversión social. Entre 2006 y 2011 la inversión social por persona en salud, educación, cultura, seguridad, medio ambiente se incrementó en 299 dólares.
Inversión social por persona (en US$)
Fuente: SENESCYT Elaboración: SENESCYT
y cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo. Logros para la juventud
En lo que respecta, por ejemplo, a la inversión en el sistema educativo en el período 2007-2012 el Ecuador invirtió 27 veces más que en períodos anteriores en becas para estudios en el exterior. Es así, como por medio de estos proyectos de inversión se ha posibilitado gestionar la construcción de directrices para la planificación
En el espacio de la planificación, dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013., se pueden visibilizar algunos de los logros para la juventud, los mismos se posicionan alrededor de temáticas como: la educación, la salud sexual y reproductiva y el empleo. •
Educación: espacio en el cual se posibilita mejorar las capacidades de la ciudadanía (objetivo 2 del Plan Nacional 2009-2013). Además, la calidad de la educación debe ser mejorada progresivamente. Parte de
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esta visión de calidad se da en el enfoque de derechos, género, interculturalidad y en el fortalecimiento de impulsar a la permanencia en el sistema educativo (Política 2.2 Plan
Nacional para el Buen Vivir 2009-2013). A partir de aquí se ha conseguido que al 2012 la matrícula en educación superior ascienda al 28.6%.
Tasa neta de matrícula en Educación Superior
Nacional
Fuente de datos: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Elaboración: SISA
215
•
Salud sexual y reproductiva: fortalecer las acciones y servicios para garantizar el derecho a una salud sexual y reproductiva no discriminatoria y libre de violencia que respete la diversidad, y
empoderar a las mujeres en el conocimiento y ejercicio de sus derechos. En relación al año 2001 hay una disminución considerable de la tasa de fecundidad en la población de 20 a 29 años.
Ecuador: Tasa de fecundidad por grupos de edad (1990-2010)
Nacional 2001 Nacional 2010 Grupos de edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Elaboración: Senplades
•
Empleo: el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (objetivo 6; política 6.2) propone garantizar la estabilidad de todo tipo de trabajo digno velando por el cumplimiento de
los derechos laborales. El logro para el 2011 consiste en un aumento considerable en el acceso al trabajo de las poblaciones entre 20 y 29 años.
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Acceso al trabajo 2005-2011
35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Dic. 2005
Dic. 2006
Dic. 2007
20 a 24
Dic. 2008
Dic. 2009
Dic. 2010
Dic. 2011
25 a 29
Fuente: ENEMDU 2005-2011 Elaboración: SENPLADES
Desafíos de la política pública para los jóvenes Se ha publicado un nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017) y con el llegan nuevos retos para mejorar la calidad y condiciones de vida de los y las jóvenes. Las temáticas se concentran alrededor de la educación, salud, empleo y participación como
espacios desde los cuales se busca transformaciones a partir del de ciertas metas. A continuación se desarrollará cuáles son las expectativas, que en el Plan Nacional 2013-2017, se ha planteado para la juventud:
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Educación: Aumentar la matrícula en educación superior al 50 %
PNBV 2013- 2017 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía Política 4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior.
Tasa bruta de matricula en educación superior
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La mortalidad materna, a través de estadísticas, se muestra como una problemática grave en el país. Además de ser un espacio en dónde se reflejan las inequidades de género, de pobreza sino también la falta de educación sexual en
Razón de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos)
la adolescencia. Es así entonces como la meta en cuestión de salud se traduce de la siguiente manera: Salud: reducir la razón de mortalidad materna en 29%
PNBV 2013- 2017 Objetivo 3. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. Política 3.5 Garantizar el acceso efectivo a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, como un componente del derecho a la libertad sexual de las personas.
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Uno de los rasgos estructurales del mercado de trabajo a nivel mundial, es que la tasa de desempleo juvenil es dos o tres veces mayor que el desempleo promedio para toda la economĂa (OIT, 2012). En Ecuador, la tasa de
Tasa de desempleo juvenil (18 a 29 aĂąos) (en porcentaje)
desempleo juvenil en el 2012 fue del 9,5%, mientras que la tasa de desempleo nacional fue de 4,1% Empleo: reducir el desempleo juvenil al 8.2%
PNBV 2013- 2017 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas PolĂtica 9.2. Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que potencie sus capacidades y conocimientos.
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Participación: La visión de la juventud con un rol activo en la construcción de una nueva sociedad
requiere de jóvenes con fuertes rasgos de participación social, cultural, entre otras.
5.2. Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13,0%
Conclusiones: juventud como actor clave del desarrollo: La planificación debe mirar las potencialidades de los jóvenes: •
Para desarrollar el talento humano cada vez más eficiente, creativo e innovador.
•
Para fortalecer la ciudadanía, la participación activa de una población que critica, discute,
propone y vigila el cumplimiento de sus derechos. •
Para incrementar la productividad, acelerar el crecimiento económico y mejorar la distribución equitativa de la riqueza.
•
Para producir beneficios de largo alcance para las generaciones actuales y las futuras.
Referencias bibliográficas CEPAL, División de Población-CELADE (1998). América Latina: proyecciones de población, 1970-2050. Boletín demográfico, año 31, Nº 62, julio (LC/ DEM/G.180), Santiago de ChileMargulis, Mario y Urresti, M. (1998) La construcción social de la condición de juventud. Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Cubides H., Laverde M. y Valderrama C. (editores). Santafé de Bogotá D.C., DIUC/Siglo del Hombre Editores. Martín Barbero, J. (1998). Des-orden cultural y palimpsestos de identidad. Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Cubides H., Laverde M. y Valderrama C. (editores). Santafé de Bogotá D.C., DIUC/Siglo del Hombre Editores, 1998. 22-37.
Ministerio de Inclusión Social –MIES- (2012). Agenda de igualdad para la juventud 2012-2013. Diálogos para el Buen Vivir 2012. MIES. Ecuador. República del Ecuador. Consejo Nacional de Planificación. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES (2009). Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 20092013. Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural. Quito, Ecuador. República del Ecuador. Consejo Nacional de Planificación. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES (2013). Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017. SENPLADES. Quito, Ecuador.
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APUESTAS Y RETOS DE LAS JUVENTUDES EN LO INTERGENERACIONAL
Leonardo Aguilar
Antecedentes - Hitos En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de la Juventud, reconociendo la especificidad de este grupo de población, y su importante rol en el desarrollo de los valores de paz y convivencia que se encuentran expresados en la Carta de esta Organización Internacional. La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) nace en 1992, la mima que recoge el impulso dado a las políticas de juventud, promoviendo la inclusión del enfoque de la juventud en la agenda pública y apoya la creación y el fortalecimiento de los Organismos Oficiales de Juventud en Iberoamérica Durante las tres etapas (Diagnóstico, Implementación y Evaluación) del Programa Regional de Acciones para la Juventud en América Latina (PRAD-
JAL) ejecutados entre el 1995 y el 2000, ayudaron al incipiente proceso de institucionalización de las políticas de juventud en la región ya que dicha propuesta contemplaba un conjunto de actuaciones en los ámbitos de la educación, el empleo, la salud, la legislación, la cultura, la recreación y en todas aquellas esferas que tiendan a mejorar la calidad de vida de los y las jóvenes (Declaración de Cartagena de Indias, 1994). En el Ecuador existe una Dirección Nacional de la Juventud (DNJ), creada mediante acuerdo ministerial N° 240 del 17 de Febrero de 1987 y publicada en el registro oficial N° 630 del 20 de febrero del mismo año, la misma que está suscrita como una unidad operativa del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, tenido como funciones: la creación, análisis e implementación de políticas públicas de la Juventud en el Ecuador, esta no ha cubierto las expectativas del sector
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ya que se ha convertido en muchos casos en una departamento administrativo y financiero de una cartera de estado. Aunque el Estado ecuatoriano se haya suscrito en el 2002 y ratificado en el 2006, su permanencia en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, este no debe ser visto de manera separada, pues existen otros instrumentos de carácter vinculante que a nivel internacional se han ratificado por nuestro país. Por otra parte el envejecimiento de la población y sus consecuencias se ha convertido en una cuestión de enorme importancia para quienes se ocupan de la formulación de políticas. Por ello, en junio de 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió convocar la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, con el objetivo de presentar recomendaciones acerca de cómo conjugar de la mejor manera posible el desarrollo socioeconómico y el envejecimiento demográfico. Esta Segunda Asamblea tuvo lugar en Madrid en abril de 2002 y uno de sus resultados más importantes fue la aprobación del Plan Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, un documento que incluía 238 medidas acerca de las personas mayores y el desarrollo de la salud y el bienestar en la vejez, y de cómo crear entornos propicios y favorables para envejecer mejor. Entre las novedades de este Plan con respecto al Plan Internacional aprobado en Viena, en 1982, tras
la realización de la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, hay una de especial relevancia: considerar que la solidaridad intergeneracional tanto en las familias como en las comunidades y en las naciones es fundamental para lograr, tal y como Naciones Unidas viene proponiendo desde 1995, que nuestras sociedades sean para todas las edades. Condición de las juventudes Sin dudas las y los jóvenes ecuatorianos estamos afectados por las desigualdades y exclusiones sociales, especialmente en lo que atañe al acceso a la educación, la salud y el empleo, y ello es particularmente grave en el caso de las mujeres jóvenes, entre la población indígena y afroecuatorianas, entre quienes pertenecen a las familias que se ubican en los quintiles de ingresos más bajos y entre las y los jóvenes que habitan en el medio rural. Este dato es muy significativo para el diseño e implementación de las políticas públicas de educación, habrá que invertir más y mejorar la enseñanza y promoción del empleo juvenil. Las y los jóvenes históricamente han sido sujetos de discriminación pues la inobservancia de su realidad ha sido tangible en la falta de políticas públicas, instituciones, planes, programas y proyectos es decir en los diferentes ámbitos y espacios que mayoritariamente han dado un énfasis en la atención a Niños, Niñas y Adolescentes, por ello es necesario analizar y trabajar sobre las manifestaciones evidentes
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de la discriminación que sobre este sector se expresan en: la desigual distribución de recursos y oportunidades para el desarrollo de una vida digna y plena, en la carencia de fuentes de empleo digno, son vistos como mano de obra barata en los procesos de producción, cuentan con pocos espacios de participación, con poco acceso a los servicios de salud, se ejerce represión frente a las expresiones diversas y culturas juveniles. Para las mujeres jóvenes se refleja similar situación, frente a la imposibilidad en toma de decisiones sobre su vida y sobre su cuerpo, la violencia física, sexual y psicológica, el acoso sexual en los establecimientos educativos superiores, y otros. Todo lo anterior de una y otra manera limita el ejerció real y pleno de los derechos humanos. El 28 de Septiembre del 2008 los ecuatorianos y ecuatorianas aprobaron una nueva Constitución Política enmarcada en un estado Constitucional de derechos y justicia, soberano, independiente, unitario, plurinacional y laico; libre, sustentable, ecológico, objetor, incluyente y solidario; con democracia participativa, y multiétnica, con una visión de Estado integrador y regulador, garantizando una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad, armonía y paz, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay como una sociedad que respeta, en toda sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectivas, teniendo como principio la no discriminación de ningún tipo y el libre ejercicio de sus derechos.
En este nuevo marco jurídico, los y las jóvenes juegan un rol fundamental en el desarrollo de un nuevo Ecuador, son por primera vez reconocidos como sujetos estratégicos y titulares de derechos, en su dimensión de actores sociales y políticos, tal y como lo plantea el capítulo tercero de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección segunda-jóvenes, Art. 39: El Estado garantizará sus derechos a las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación en inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, en la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Lo Intergeneracional El término “intergeneracional” supone la implicación de miembros de dos o más generaciones en actividades que potencialmente pueden hacerles conscientes de sus diferentes perspectivas (generacionales). Implica una
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interacción y cooperación crecientes para lograr metas comunes, una influencia mutua y la posibilidad de cambio (es deseable que se trate de un cambio que suponga una mejora). Por contra, “multigeneracional” se utiliza habitualmente con un sentido relacionado pero más amplio: significa compartir actividades o características entre las generaciones pero no necesariamente supone una interacción ni una influencia entre ellas» (Villar, 2007: 115-116). Nosotros creemos que para hablar de intergeneracionalidad no basta con estar juntos; lo importante es hacer y hacerse juntos, y que ese hacer vaya más allá de la mera interacción y pase a la relación. Concluimos, por tanto, que relaciones intergeneracionales son todas aquéllas, ya sean de consenso, de cooperación o de conflicto, en las que se implican dos o más generaciones, o grupos generacionales. El análisis de lo intergeneracional debe estar en dos planos: por un lado está el plano de la realidad, la realidad del contacto entre personas de diferentes generaciones y las consecuencias que para ellas tiene este contacto. Por otro lado está el plano de los ideales, que se pregunta cómo conseguir avanzar hacia una sociedad para todas las edades, horizonte que viene formulando Naciones Unidas desde mediados de la década de los noventa. En el cruce de estos dos planos surge la pregunta que originó el presente trabajo: ¿cómo
podríamos, partiendo de la situación real del contacto y de las relaciones intergeneracionales, impulsar un cambio social que nos acerque a ese ideal de una sociedad para todas las edades? La respuesta –y apuesta– del trabajo es la siguiente: si aumentamos y organizamos de modo adecuado las oportunidades que las personas de una generación pueden tener para relacionarse con personas de otras generaciones, podemos conseguir que un mayor número de esas personas decidan aprovechar la ocasión y practicar más la interacción intergeneracional. Obviamente, cuantas más interacciones y más relaciones positivas entre las generaciones se produzcan, más cerca podremos estar de eliminar algunas de las barreras que impiden, hoy por hoy, que nuestras sociedades sean realmente para todos, para todas las edades. Apuestas de las juventudes en los Consejos Nacionales para la Igualdad –Intergeneracional La creación de los Consejos Nacionales para la Igualdad constituyen una apuesta a romper los patrones sociales que marcan a una sociedad adultocéntrica donde las y los jóvenes no somos vistos como seres capaces de impulsar los cambios, peor aún reconocernos como verdaderos actores estratégicos del desarrollo del país. Desde los espacios organizativos consideramos que la institucionalidad vigente carece de
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particularidades y rectoría, pues aborda la política pública desde la sectorialidad y no con enfoques más amplios, más integrales que garanticen la disminución de brechas de desigualdad entre generaciones. Apostamos que desde una nueva instancia se pueda potencializar el rol de las juventudes protagónico-participativo en la toma de decisiones en el ciclo de la política; en donde la igualdad será el nuevo eje articulador. También se hace evidente la falta de investigaciones de las realidades de las juventudes en el Ecuador, ir más allá de cifras, con datos cualitativos reales y actuales que sean la base de la formulación de la política que rompa las practicas burocráticas que todo se formula desde el escritorio, pues no es lo mismo hablar de un joven mestizo de la ciudad escolarizado que de un joven indígena de la zona rural sin acceso a la educación. Los consejos nacionales para la igualdad no son la solución por si solos a la disminución de la brechas de desigualdad, sino se constituyen en verdades herramientas colectivas que conducen a garantizar las oportunidades y acceso a servicios sociales. Estamos conscientes de los temores que nos invaden, pero es un reto enorme no solo para las poblaciones que hacemos parte del ciclo de vida, sino también para los pueblos y nacionales, mujeres y diversidad sexual, personas con discapacidad pues siempre hemos trabajado sectorizados, nos
asusta el darnos cuenta que hay nuevas formas de interrelacionarnos, trabajar y aprender a vivir en la diferencia pues somos un solo conjunto. Apostamos a la creación de programas intergeneracionales Los nuevos retos también constituyen la creación de programas ya no solo para jóvenes sino para un ciclo vida que evidencia la compleja interrelación, dinámicas propias, necesidades particulares de cada grupo para ello se hace imprescindible la definición de lo que son los programas intergeneracionales: •
Actividades o programas que incrementan la cooperación, la interacción y el intercambio entre personas de diferentes generaciones. Implican compartir habilidades, conocimientos y experiencias entre jóvenes y mayores» (Ventura-Merkel y Lidoff, 1983).
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Los programas intergeneracionales «juntan a jóvenes y mayores para compartir experiencias que benefician a ambos grupos. […] Están diseñados para que personas mayores y jóvenes sin lazos biológicos se impliquen en interacciones que promueven los lazos afectivos entre las generaciones y el intercambio cultural y que proporcionan sistemas de apoyo positivo que ayudan a mantener el bienestar y la seguridad de las generaciones jóvenes y mayores» (Newman, 1997).
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Los programas intergeneracionales son vehículos para el intercambio determinado y continuado de recursos y aprendizaje entre las generaciones más viejas y las más jóvenes para [lograr] beneficios individuales y sociales» (Hatton-Yeo y Ohsako, 2001).
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Un programa organizado para fomentar interacciones entre niños, jóvenes y personas mayores que sean continuadas, mutuamente beneficiosas y que conduzcan al desarrollo de relaciones» (McCrea, Weissman y ThorpeBrown, 2004).
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Actividades o programas que incrementan la cooperación, la interacción y el intercambio entre personas de distintas generaciones. Estas personas comparten sus saberes y recursos y se apoyan mutuamente en relaciones que benefician tanto a los individuos como a su comunidad. Estos programas proporcionan oportunidades a las personas, a las familias y a las comunidades para disfrutar y beneficiarse de la riqueza de una sociedad para todas las edades» (Generations United, sin fecha).
Existen tres elementos que vienen a ser el mínimo común denominador de los programas intergeneracionales, con independencia del concepto que utilicemos: a) En todo programa intergeneracional participan personas de distintas generaciones. b) La participación en un programa intergene-
racional implica actividades dirigidas a alcanzar unos fines beneficiosos para todas esas personas (y, por ende, para la comunidad en la que viven). c) Gracias al PI, los participantes mantienen relaciones de intercambio entre ellos. La profesora británica Miriam Bernard (Bernard, 2006) sostiene que el campo intergeneracional se articula en torno a cuatro dimensiones: la investigación, las políticas, las prácticas y las teorías que abordan la intergeneracionalidad. Pero esta investigadora no sólo describe estas cuatro dimensiones sino que las sitúa y relaciona entre sí: para ella, la investigación (que incluye a la evaluación de los PI) está en la base y resulta fundamental para facilitar y entender las conexiones existentes entre la práctica, las políticas y la teoría. Los programas intergeneracionales, a la vez que continúan luchando por integrarse en la práctica común, desempeñan un papel importante para erradicar de la discriminación hacia las personas mayores y favorecer su inclusión social. Estos programas pueden y deben incluirse en las políticas y prácticas dominantes, puesto que no cabe duda de que, cuando están juntas, las generaciones son más fuertes. Los programas intergeneracionales intentan ofrecer a las personas mayores participantes formas de optimizar sus oportunidades de participación, salud y seguridad, con lo que
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están en línea con las claves de promoción del envejecimiento activo según las indicó, en paralelo con la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002). Pero, además, implican a personas de distintas generaciones (no sólo a niños y/o jóvenes: muchas veces el apoyo de padres, familiares y otras personas adultas tales como maestros o trabajadores sociales resulta vital para poner en marcha y asegurar la continuidad de un PI) y, con ello, posibilitan los encuentros, primero, y las relaciones intergeneracionales, después. Con respecto a la situación de estos programas en España hemos visto que, a pesar de las carencias de partida, el ejercicio práctico de la intergeneracionalidad a través de los PI no cesa de aumentar. Reflexiones entorno a lo intergeneracional Los programas intergeneracionales se pueden convertir en un medio para ir construyendo una cultura del entre, de las relaciones, que sustituya a la cultura del yo. Se trata de enfatizar una cultura que predique encuentros, que enfatice lo que sucede entre las personas y cómo eso sucede en un tiempo y lugar determinado, para ir superando así maneras de hacer que únicamente se centran en los individuos aislados y categorizados en función de criterios abstractos. Frente a una cultura del sujeto, de las edades, de las identificaciones (identidad como algo fijo
frente a singularidades, múltiples y dinámicas), de las discriminaciones, necesitamos una cultura, una economía, una salud, una educación, en suma, una política basada en el entre, en las relaciones. En este sentido, esta cultura del entre puede ir construyéndose a partir de las prácticas intergeneracionales. Algunas reflexiones: El análisis de las políticas sociales muestra el agotamiento de una lógica, de un discurso basado en el sujeto, en el yo, en la identidad, en la categoría. Estos conceptos acerca de un sujeto clausurado, cerrado en sí, están legitimando la puesta en marcha de políticas cuyos efectos son limitados cuando no en algunos casos problemáticos. El concepto de (inter)generacional apuesta por las relaciones, los flujos y los devenires, y por ello es una excelente plataforma de fundamentación de la intergeneración y, por extensión, de las políticas intergeneracionales que, en caso de llegar a tratar de materializarlas, actuarían como alternativas a la sectorialización de las políticas sociales actuales, cuyos efectos ponen en cuestión toda justificación supuestamente equitativa y distributiva. A modo de cierre Sueño un país que haya puesto fin a la pobreza extrema y al hambre, un país donde nadie haya sido olvidado-ay donde haya escuelas, hospitales
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y agua potable. Se trata de un nuevo Ecuador, donde hay empleo para las y los jóvenes, donde los pequeños negocios prosperan y donde hemos equilibrado los patrones de consumo y producción. Donde todas-os disfrutan de la igualdad de oportunidades y derecho a opinar sobre las decisiones de gobierno que afectan nuestras vidas. Sueño un país donde los principios de equidad, sostenibilidad, solidaridad, respeto a los derechos humanos y responsabilidades
compartidas, se hayan convertido en realidad gracias a la acción colectiva…. Vivimos tiempos de cambios, tiempos de igualdad. Ya para finalizar planteo algunas interrogantes: ¿Es de interés público del tema intergeneracional?, ¿Cual es el enfoque que se prende trabajar dentro del consejo Intergeneracional?, ¿Cómo se haría la inversión en juventud?, y ¿Quién asumirá el costo de las omisiones actuales?
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PERSPECTIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Berenice Cordero
1. El contexto de la reforma normativa y la creacion del Sistema Nacional Descentralizado de Proteccion Integral a la Niñez y Adolescencia en el Ecuador Los derechos humanos han logrado grandes avances en los últimos años impulsados por las nuevas corrientes de pensamiento que vinculan la organización social y estatal con el enfoque normativo de los derechos individuales, colectivos y difusos. Estos derechos han logrado reconocimiento planetario, en algunos casos; y, han incidido hasta el punto de renovar sustantivamente el enfoque del rol del Estado, el comportamiento de las personas naturales, jurídicas e incluso del mundo empresarial. Los derechos humanos informan actualmente la normativa, la institucionalidad pública, las políticas públicas, el desempeño de los medios de comunicación y han impactado sustantivamente en las relaciones de poder al interior de las familias y
por cierto las sociedades. Estas nuevas corrientes de pensamiento han sido ampliamente influenciadas por la doctrina jurídica del garantismo que propone un modelo de Estado que nace del reconocimiento de los sujetos de derechos como titulares de derechos exigibles y que se constituyen en la razón de ser y fin último de la estructura y organización estatal. Como dice Amartya Sen “No podemos escapar a la idea de responsabilidad social, cualesquiera que sean las preferencias que tenemos acerca de la forma de remediar la injusticia y el sufrimiento..” El Artículo 3 de la Constitución Ecuatoriana establece que es deber primordial del Estado…”garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos, establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales…” en este caso, los sujetos. Ecuador no se sustrajo de este activo proceso de cambios normativos y una de sus últimas
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expresiones es la Constitución del 2008. Cabe señalar que en el caso de la niñez y adolescencia, “Los Códigos de Menores vigentes en América Latina desde 1919, fueron cediendo su lugar a nuevas leyes…en un período de 17 años entre 1990 y 2007, prácticamente todos los países de la región, elaboraron nuevas leyes de niñez y adolescencia”. (UNICEF, 2008) bajo los supuestos de la Doctrina de la Protección Integral. Esta doctrina está contenida justamente en los instrumentos de derechos humanos referidos a la niñez y adolescencia; y, como corriente garantista, implican la construcción de un Estado capaz de transformar la normativa que declara legalmente en políticas, planes, programas y decisiones de política pública, así como otras medidas para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y transformar sus vidas. Estos cambios legislativos ocurrieron en el Ecuador en un período que puede establecerse entre el año 1986 y 2008. A la par, en el Ecuador se concibió que la dinámica económica generada por la operación eficiente de los mercados era la mejor política social. El pensamiento económico ortodoxo, de gran difusión en el país y la región, lanzó el mensaje básico de que todos los esfuerzos debían ponerse en el crecimiento económico, pago puntual de la deuda y en la disciplina fiscal. De igual forma difundió, con bastante éxito, la idea de que el crecimiento fluiría hacia abajo, a través del famoso efecto “derrame”, y ello solucionaría los “rezagos” que pudieran existir en el campo social. Para ello, el mercado tendría que ser eficiente y
“había que reducir al mínimo la intervención del Estado”. Se planteó que la “mejor política social” era mantener baja la inflación y mantener un portafolio social inactivo, de corte netamente asistencial y caritativo y reducir el aparato público, entre otros elementos. Fuertemente influenciados por el enfoque del Consenso de Washington, se optó por encargar a la dinámica económica la condición necesaria y suficiente para reducir la pobreza y la desigualdad persistentes en el país. En ese enfoque, lo social quedó subordinado a lo económico; lo económico sobre determinaba lo social. La política social se concibió entonces como un subproducto de los resultados económicos alcanzados; un derivado de la política económica, del ajuste estructural y de la eficiencia del mercado. Este enfoque inmovilizó el crecimiento sectorial social, congeló las inversiones y creó condiciones para que convivan las estructuras y prestaciones institucionales regulares con las entidades ejecutoras y los proyectos de modernización. En ese entonces, se instaló “el gradualismo en lo social” que implicó, esencialmente, un moderado crecimiento anual de las coberturas de atención en salud y educación, especialmente. Así las cosas, se acumularon y mantuvieron los déficits de acceso de la población a los servicios básicos de educación y salud; y, por cierto se agudizó la disparidad y la iniquidad. Los recursos destinados a lo social debían ser muy acotados y destinados a fines muy específicos. Deberían atacar focalizadamente los desajustes sociales más irritables para
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reducirlos. En el fondo, la política social terminó además siendo una “concesión” a la política de presión de sectores sociales y de clientelas, que operó por ello bajo una lógica clientelar y de intereses particulares. El “modelo residual” con el que podría identificarse esta intervención “es entendida como intervención ex post, que sólo ayuda a los sujetos privados (individuos y familias) después de que sus acciones hayan fracasado o sean insuficientes. En otros términos, es la política social concebida al mínimo de regulación social: el Estado debe abstenerse de condicionar ex ante la acción de los privados, partiendo de la suposición de que el mercado y las redes sociales primarias y secundarias auto-organizadas puedan y deban intervenir primeramente y con la máxima autonomía. El Estado sólo intervendrá después del fracaso, y siempre en aquellos casos más graves y de forma local y selectiva…” (Herrera y Castón, 2003). En un proceso iniciado en el año 1986, cuando ya Polonia proponía elementos para acordar la Convención de los Derechos del Niño, Ecuador inició acciones de revisión de la condición social y normativa de la infancia que luego se transformaron en un profundo proceso de cambio institucional, que arrancó con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, en 1998. Este proceso de promoción de la ratificación de la Convención, inició un movimiento social, institucional y profesional que centró sus alianzas y estrategias en las innovaciones normativas, que fueron desde cambios reglamentarios, hasta
el diseño de una ley integral de protección de la niñez y adolescencia, bajo la figura de un Código Orgánico, expedido en el año 2003. Este Código, se identifica con la reforma legal integral: es decir, consagra derechos y establece los mecanismos de garantía. En este mismo orden, se avanzaron importantes reformas constitucionales en 1998 relativas a la infancia y diez años después en el 2008, se creó constitucionalmente el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y se ratifica el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el artículo 341. En este proceso también se realizaron las consultas nacionales a la niñez y adolescencia y se promovió la expresión de niños, niñas y adolescentes. En 2006 cerca de un millón de niños y adolescentes participaron en la Campaña “Mírame a los Ojos”. Queremos destacar que esta innovación normativa ocurre en un contexto de políticas sociales residuales y procesos económicos de ajuste estructural y aplicación de modelos privatizadores en la economía y control de del déficit fiscal. Resulta una paradoja que el Código de la Niñez y Adolescencia (el máximo acuerdo jurídico social alcanzado en el país sobre los derechos de casi la mitad de la población) , que contiene cuatro libros y explicita los derechos de la niñez y su titularidad, identifica la responsabilidad pública, y los mecanismos de garantía de estos derechos, la corresponsabilidad familiar y social y la titularidad de los derecho sociales para la
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niñez y adolescencia, haya sido aprobado en contextos políticos en los que primaron objetivos económicos reñidos con los estándares de los derechos humanos. 2. La innovacion de paradigmas: de la minoridad a la niñez y adolescencia Este proceso de construcción social de una nueva normativa estableció una innovación porque se trata, como dice García Méndez, de una “transición de paradigmas” destinado a “alterar el panorama jurídico-cultural de las relaciones de una parte de la infancia (los “menores”) con las instituciones, y de la infancia con el mundo de los adultos” (García Méndez, 2004). Este cambio de paradigma se refiere a un mínimo ético y máximo jurídico: los niños y adolescentes son seres humanos portadores de derechos comunes y otros particulares relativos a su edad y por tanto la normativa –que establece y legisla estos estándares- debe expresarse en un máximo jurídico, es decir en una norma que haga posible que dichos derechos sean efectivos. Estas normas tienen expresión constitucional y una legislación especializada que es el Código de la Niñez y Adolescencia. Ecuador en este sentido, ha sido consistente, desde el punto de vista normativo: la Constitución de 1998 reconoció a niños, niñas y adolescentes como ciudadanos, y en el 2003 entró en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia1, que 1 UNICEF cumplió un papel importante en este proceso: con asistencia técnica, conformó el equipo técnico redactor,
modificó radical, aunque normativamente, la institucionalidad pública para afianzar la protección integral de la niñez y adolescencia, conforme el Libro III que establece el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Este Sistema toma como base el ordenamiento territorial municipal2, la institucionalidad en red y articula los servicios a las comunidades y a los grupos familiares. Desde entonces la mayoría de municipios apoyó la conformación de concejos cantonales y juntas de protección de derechos. Los tribunales de menores pasaron a la Función Judicial y desde el año 2004 opera el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y se crea su Secretaría Ejecutiva. Al momento existen Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y Juntas de Protección de Derechos; y, Defensorías Comunitarias3. Una de las conquistas del Siglo XX ha sido la nueva percepción de que la ciudadanía además de las dimensiones de carácter civil (derechos civiles) y de carácter político (derechos políticos) tiene ahora una reconocida dimensión social (el acompañó el debate legislativo, movilizó a la niñez y los medios de comunicación con resultados muy éxitos y un Código aprobado por unanimidad. 2 El Código de la Niñez y la Adolescencia, dispone en el Título III la creación de un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que incluye la creación de Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y Juntas de Protección de Derechos. Los primeros organismos de políticas y vigilancia y los segundos órganos administrativos de protección de derechos. 3 Es decir los Concejos Cantonales están en el 100% de los municipios del país y las Juntas de Protección de Derechos en el al menos el 80% de los municipios del país.
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ámbito de los derechos sociales). Es decir, se ha agregado ahora la dimensión de los derechos sociales, a la antigua dimensión ciudadana para manifestar voluntad propia en la administración de sus bienes y compromisos a través de contratos reconocidos como válidos y a la dimensión ciudadana de carácter político para manifestar voluntad propia en la selección de los que van a administrar el Estado. Ecuador reconoció a niños, niñas y adolescentes, constitucionalmente, como ciudadanos en el año 1998; y, así amplío el concepto de ciudadanía a las garantías que se derivan del ejercicio de los derechos sociales. El movimiento que impulsó esta reforma fue pionero en el desarrollo de este modelo y en la incorporación de mecanismos y medidas administrativas para dar efectividad a los derechos. De las declaraciones de buenas intenciones se pasó al concepto del estándar normativo como una medida para materializar los derechos de la infancia y adolescencia y efectivamente cambiar su condición social hacia la ciudadanía, a través de políticas universales, medidas judiciales y también administrativas de exigibilidad y restitución. Esta ruptura pudo haber alimentado lo que Buaiz llama el “determinismo legal” o la ilusión del cambio normativo como salida efectiva para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia se concibió, ante el vacío de rectoría en el Estado, de las políticas universales sociales y la negligencia de
las políticas económicas, como un suprasistema de planificación, gestión, evaluación, control y restitución de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Es fundamental destacar que a partir del 2007 casi todos los indicadores relativos al bienestar de la niñez y adolescencia han mejorado, estos resultados pueden asociarse parcialmente a la existencia del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y sus órganos constitutivos en el nivel nacional y local, pero o cabe duda que con los sustentos constitucionales actuales, la reforma democrática del Estado y las metas y obejtivos del PNBV se han construido mejores condiciones para el ejercicio de estos derechos en el país: más niños están en la escuela, la equidad se construye desde el principio de la vida, menos niños trabajan y se reconoce la necesidad de actuar sistémicamente ante la violencia que afecta a la niñez y adolescencia. Finalmente en el 2008 se amplió el catálogo de derechos y el concepto del sumak kawsay (buen vivir), es el que estructura doctrinariamente la base constitucional de los sistemas económico, político, socio-cultural y ambiental, propuestos en la nueva Constitución, de una manera que permitan el buen vivir de todas y todos los ecuatorianos. En consistencia, se garantiza la ciudadanía universal, que implica la protección de derechos sin distinción de la nacionalidad y/o condición migratoria. En materia de derechos fundamentales y su aplicación al ordenamiento jurídico interno, se establece que todo derecho
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puede ser exigido individual o colectivamente, se establece la igualdad como principio aplicable a todos los derechos y se amplió el principio de no restricción de los derechos para toda norma, incluida la Constitución. En cuanto a los Derechos de la Niñez y Adolescencia, se reconoció el derecho a ejercer el voto facultativo para los y las adolescentes entre 16 y 17 años. Los grupos específicos, llamados “grupos vulnerables” en la Constitución de 1998, adoptan ahora la denominación de “grupos de atención prioritaria” y en este capítulo se mejoró el catálogo de derechos de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se establece una definición de desarrollo integral, que relaciona al niño, niña y adolescente con su entorno y que relaciona el ejercicio pleno de sus derechos con la acción estatal, por medio de políticas públicas que superen lo sectorial y tengan una visión del sujeto en su conjunto. El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se lo concibe en el texto constitucional del 2008, de modo muy similar a lo previsto normativamente como Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Código de la Niñez y en la Constitución de 1998. Cabe indicar que el modelo al que alude Yuri Buiaz, de control/restitución de la efectividad de las garantías, nítido en el Código de la Niñez y Adolescencia, ha iluminado otros cambios normativos recientes como la ley de juventud y de discapacidad, que también crean sistemas similares de protección y mecanismos de
garantías. Las garantías primarias son las prestaciones sociales y las garantías secundarias son las obligaciones de reparar y sancionar la violación de un derecho Pareciera entonces confirmarse que los grupos prioritarios a lo largo de su ciclo de vida, mantienen una demanda social de ejercicio de los derechos que alude por una parte a un proceso de reforma legal, como garantías normativas, pero también aspiran a servicios sociales, medidas institucionales, presupuestarias, administrativas, de participación, etc. que aseguren estos derechos universales a lo largo del ciclo de vida. Estas demandas coinciden con los lineamientos del Buen Vivir. Eduardo Bustelo, citado por Farith Simon y Manuel Martínez indica que “si se pudiera sumarizar la política social en una frase, se podría pensar como una marcha desde la compasión y de la piedad hacia los pobres y hacia los que tienen alguna forma de incapacidad física para trabajar, al campo de las necesidades y del campo de las necesidades al campo del derecho. Del inventario de legislaciones y sistemas de protección integral comparados para niñez y adolescencia, los países de América Latina registran grandes avances en la construcción de esta nueva visión del rol y configuración de derechos. Los marcos normativos e institucionales de la región tienen la misma matriz conceptual y filosófica. Se basan en la Doctrina de Protección Integral y las influencias de las corriente garantista. Al analizar los marcos normativos e
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institucionales de protección integral para los diferentes grupos poblacionales en la región, se evidencia que este proceso de construcción de un nuevo modelo de Estado casi no registra pasos que aseguren el goce y pleno ejercicio de derechos de jóvenes, discapacitados y adultos mayores, lo que profundiza la desigualdad social.
Tal y como lo establece el PNBV, los derechos sociales son parte del sumak kawsay La construcción de la igualdad, la equidad y la ciudadanía comprende todos los ámbitos de creación de oportunidades y ejercicio de las libertades para reducir las brechas/iniquidades étnicas, etarias, de género y regionales.
Ecuador desde el año 2007 incursiona en nuevas rupturas de pensamientos y paradigmas. Asienta un modelo institucional-redistributivo, cuyo “valor máximo es asegurar el bienestar de sus ciudadanos…fuera de los principios típicos del mercado…enfatizando el principio de igualdad en las oportunidades de vida como derecho-base del ciudadano, legitimado no sólo en términos de una más amplia justicia social, también como pre-requisito para el buen funcionamiento de la sociedad”. El crecimiento de la inversión social, la progresividad de la política tributaria y otras medidas de política social y económica responden a esta lógica redistributiva y el modelo del buen vivir tiene como referencia un Estado Constitucional de Derechos, de Justicia que se compromete a nivel constitucional a realizar todas las prestaciones y servicios sociales para sus ciudadanos, con una intervención regulada de terceros. Esta decisión normativa se refleja en la planificación a través de un objetivo sustantivo: la universalidad solidaria que es el principio rector de una estrategia económica y social igualitaria que utiliza la focalización únicamente por emergencia. Estamos citando al PNBV.
Especialidad normativa para cada ciclo etario o una legislacion integral para el ciclo de vida El Código de la Niñez y Adolescencia establece los derechos universales comunes y derechos particulares y específicos que corresponden a la edad de 0 a 18 año. Se trata de una legislación especializada que fija estándares de los derechos que son de cumplimiento obligatorio para los públicos y particulares para que la niñez y adolescencia ejerza la ciudadanía. Gómez y Boyer (2003) advierten que la noción de ciudadanía, desde el punto de vista sociológico, confiere a “todos los que poseen este estatus” la igualdad respecto a los derechos y deberes conferidos por tal estatus. La ciudadanía es el conjunto de derechos subjetivos que corresponden de igual manera a todos los ciudadanos, independientemente de su posición en el mercado. Estos autores citando a Dahendorf señalan que la “ciudadanía es la limitación de los mercados y de la política: el umbral mínimo de derechos que no debería violar ningún sistema de tipo democrático”. A lo largo del ciclo de vida se ejerce la ciudadanía. Este concepto es sustantivo en el Plan Nacional del Buen
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Vivir y en la Constitución. Por ello entenderíamos que admite legislaciones especializadas o bien integradas en un solo cuerpo normativo cuyo paradigma es asegurar integralmente el ejercicio de los derechos ciudadanos a todos los sujetos a lo largo del ciclo de vida. Estos son desafíos de la nueva complejidad creada por las brechas y a su vez por el incremento de derechos reconocidos constitucional y normativamente. Los autores citados regresando a Marshall señalan que esto implica “dar sustantividad al complejo de los derechos que componen la ciudadanía del proyecto moderno, incluir a quien actualmente está excluido y reducir el abismo que se abre entre el reconocimiento formal de los derechos y la efectiva posibilidad de ejercerlos por quien los posee”. De modo que el ejercicio de diseñar una ley única sobre el ciclo de vida implica un desafío sustantivo porque no se trata de recolectar catálogos de derechos, se trata de diseñar mecanismos que hagan efectivos dichos derechos, lo cual supondría ciertamente reformas a cuerpos legales existentes y cambios institucionales de importancia en las competencias actuales. Este es un reto de importancia de cara al paradigma de ciudadanía para todos y todas. Por ello la existencia de un Consejo de Igualdad Generacional es una importante oportunidad para extender estos enfoques a todos los grupos etarios y asegurar el bienestar generacional e intergeneracional bajo el paradigma de ciudadanía y derechos plenos. Claro está que este reto supone
articulaciones intersectoriales intraterritoriales y la integración de enfoques de igualdad de género, inteculturalidad, etc. Garantias Jurisdiccionales y Administrativas y proteccion de los derechos en el ciclo de vida En el Ecuador, actualmente, la protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia, tiene dos niveles: la fase administrativa y la fase judicial, lo que quiere decir, que existen dos tipos de abordaje respecto a las amenazas y vulneraciones de derechos: una de naturaleza judicializada y otra de carácter desjudicializada. Es importante destacar que la fase administrativa se supone más eficiente y eficaz ya que no requiere de los formalismos que se presentan en el ámbito judicial. Es una institucionalidad que procura la eficacia en la restitución y la protección inmediata de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Tiene por ello un carácter de protección inmediata y emergente en muchos casos. Como señala Farith Simon, la exigibilidad de los derechos en el plano jurídico es justiciabilidad o juridicidad… para lo cual los recursos que den efectividad a los derechos no siempre son judiciales y citando al Consejo de Derechos Económicas y Sociales continúa…los recursos administrativos en muchos casos son adecuados. Citando a este mismo autor, las llamadas leyes integrales de protección de la infancia “…no tienen una visión reduccionista de la garantía de los derechos, en donde la exigibilidad se reduce a justiciabilidad…. es decir a la judicialización de la política pública
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como en las legislaciones tutelares (Simon: 2010, Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia). Se trata de una visión compleja de las garantías que pueden ser institucionales (poderes públicos) y extra institucionales. La protección y restitución de derechos son parte fundamental y esencial del modelo de Estado garantista ya que incluyen las garantías secundarias (como sistemas administrativos de acceso a la exigibilidad de los derechos) que aseguran que se cumplan las garantías primarias, por ello sin mecanismos ágiles de restitución de derechos no se puede considerar que el Estado cumple plenamente con la doctrina garantista. Esto implica que los estados deben disponer, según el enfoque garantista, de las prestaciones de políticas y servicios para garantizar derechos sociales, culturales, económicos, políticos, civiles, etc; y, al mismo tiempo contar con mecanismos administrativos de exigibilidad para que aseguren que el derecho sea restituido en caso de que la garantía primaria no permita el ejercicio del derecho al sujeto. Las garantías secundarias son normativas e institucionales imponen medidas de protección de derechos, en fase administrativamente; y en particular observan la conducta de la autoridad pública respecto a sus obligaciones en torno a los sujetos de derechos. Dichos mecanismos tienen que estar disponibles, ser cercanos a la población, desde el punto de vista territorial, deben ser efectivos y amparados con una normativa que prevenga la judicialización de los procesos.
El Plan Nacional del Buen Vivir otorga un rol fundamental a la justicia, entendida como el proceso judicial, para que contribuya en el logro de los objetivos estratégicos y en la realización de los derechos sociales, creación de oportunidades, ejercicio de libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. En dicho Plan se resaltan las “garantías jurisdiccionales”, lo que implica que su ejercicio debe garantizarse a cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad y otorga la competencia a cualquier juez ordinario para el conocimiento de dichas acciones. En ese contexto, el rol de los jueces dentro de la nueva definición constitucional adquiere una gran importancia, pues “asumen un papel activo y esencial en el proceso de creación del derecho vigente y se convierten en realizadores materiales de los valores y principios constitucionales”(Montana, 2011: 83). Se trata entonces de la protección judicial de todos los derechos: la acción de protección. En una lectura de la Constitución vigente el Artículo 341 y del Código de la Niñez y Adolescencia: “los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del Sistema Nacional de Equidad e Inclusión Social”. En este sentido, será fundamental revisar primeramente la articulación de estos organismos conforme el nuevo diseño del aparato público. El nuevo anclaje institucional del mencionado sistema especializado en la niñez y adolescencia, deberá organizase en relación con el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, además estos organismos pueden
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ubicarse en la Función Ejecutiva Descentralizada y eventualmente observar la normativa del COOTAD que establece que dichos los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GADs deben crear los Concejos de Derechos, y su vez crear redes y juntas de protección. También han surgido iniciativas de anclaje en otras funciones del Estado como por ejemplo en la Función de Transparencia y Control Social, es el caso de la Defensoría del Pueblo, lo cual requiere una reforma legal a las funciones de dicha instiucionalidad. Estimo que esta es una reflexión en curso para recuperar el espíritu garantista del sistema de protección de niñez. En el caso de Ecuador, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos como mecanismos de protección, restitución y justiciabilidad de derechos representan la única institucionalidad de estas características en el país. Las Juntas, con una mirada más integral, atienden la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes que se relacionan con otros grupos de atención prioritaria tales como mujeres, adolescentes, discapacitados, y/o personas afectadas por la movilidad humana, la privación de libertad, etc. Lo que queremos señalar es que en una visión más integral de los casos la restitución incluye a la familia y a las comunidades. La igualdad compleja: derechos para todos y todas El Código de la Niñez y Adolescencia es el único marco normativo y dentro de esta legislación, el
Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia que recoge y operativiza expresamente los conceptos de justicia administrativa y su jurisdiccionalidad; por lo cual, consideramos que se debe realizar un análisis respecto a la importancia de este referente legal dentro del nuevo paradigma y modelo de Estado que se impulsa actualmente. Esta ley recoge estos conceptos y crea una institucionalidad sistémica con garantías primarias y secundarias para asegurar el pleno goce y ejercicio de derechos, que puede reforzar y retroalimentar el desarrollo de las políticas sociales relativas a la creación de oportunidades, capacidades y libertades, a lo largo del ciclo de vida. En tal sentido es importante mencionar que la Asamblea Nacional aprobó recientemente la Ley Orgánica de Discapacidades que fue sujeto de veto parcial por parte del Ejecutivo, determinando que las competencias (de restitución de derechos por vía administrativa) son parte de la justicia administrativa y en el nuevo rol garantista del Estado le corresponden a la Defensoría del Pueblo. El Ecuador está viviendo un profundo proceso de reforma normativa e institucional influenciada por un nuevo pensamiento: el buen vivir, el neo constitucionalismo, la centralidad del pensamiento garantista que implica la creación y desarrollo de nuevos paradigmas y formas de gestión. Es un
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momento muy importante para la creación y el impulso de nuevos paradigmas y referentes que en coyunturas anteriores resultaban impensables. Existe un escenario muy positivo para asegurar el mínimo ético y máximo jurídico para todos los grupos etarios del ciclo de vida. Mientras más derechos se garanticen se atiende en mayor medida el mandato constitucional del buen vivir. En el campo de la interacción social es importante resaltar que como dice Sen “Los principios distributivos afrontan los conflictos, mas no los eliminan. Por ejemplo, si un principio de justicia social de prioridad al aumento de la libertad del grupo más desaventajado, se trata de un modo de responder al conflicto, no de un intento por erradicarlo. Cualquier dispositivo social concreto debe reconocer los conflictos de intereses y, por lo tanto, tratar de encontrar una respuesta equitativa, generando una distribución más justa de las libertades individuales”. (Sen: La Libertad Individual como Compromiso Social, 1999). Por otra parte, Chantal Mouffe (1993), insiste en que es “importante elaborar una forma verdaderamente política…que sin dejar de postular la defensa de los derechos y el principio de la libertad individual, no escamotee la cuestión del conflicto, el antagonismo y la decisión” y a su vez afirma que “Esto significa que no se puede considerar democrática la relación entre los diferentes agentes sociales sino a condición de que todos acepten el carácter particular y limitado de sus reivindicaciones”.
Me permito cerrar con un par de reflexiones. Los acuerdos sobre la prioridad del buen vivir y los derechos que lo componen son una referencia fundamental. Sin embargo, la interpretación de estos principios y las formas de organización social para lograrlos pueden suponer diversas perspectivas, desde la demanda de los individuos y colectivos. Como dice Mouffe citando a Walzar, la “meta es la realización…de una igualdad compleja” (Mouffe, 1993: 57) porque para muchos la justicia es el principio y para otros la diferencia es el principio fundamente de la justicia. Seguidamente señala que “Los nuevos derechos que se reclaman hoy son la expresión de diferencias cuya importancia no se había afirmado hasta ahora y que no son derechos universalizables. En efecto, la democracia radial exige que reconozcamos la diferencia, -lo particular, lo múltiple, lo heterogénero-, o sea todo aquello que el concepto abstracto de hombre blanco excluía. No se rechaza el universalismo, se lo particulariza; lo que hace falta es un nuevo tipo de articulación entre lo universal y lo particular”. El concepto de ciclo de vida y el de igualdad generacional, suponen reconocer los desequilibrios de poder y diferencias entre las generaciones para crear equidades en el mundo privado y público. Las relaciones y corresponsabilidades en torno al bienestar de las generaciones es un marco de solidaridad y apoyo mutuo que puede poner en perspectiva las diferencias. En estos aspectos
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tanto las reflexiones de los organizaciones de mujeres, niñez y pueblos y nacionalidades son importantes. Todas las reinvidicaciones y luchas por superar la subordinación (racial, sexual, etaria, física, etc), implican “la ampliación del campo de la lucha por la igualdad y “otras que conciernen a la libertad”.
La igualdad requiere referencias complejas desde el punto de vista teórico y evidentemente la instrumentación de la igualdad tiene un correlato de alta complejidad. Creo que estos son los horizontes por los que transitará el Consejo de la Igualdad Generacional.
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Referencias bibliografía García Méndez, E. (2004). Entre el Autoritarismo y la Banalidad. Justicia y Derechos del Niño No 6. UNICEF, Chile, pp 9-28. Herrera , M. y Castón (2004). Las políticas sociales en las sociedades complejas. Barcelona. Ariel. Mouffe, Ch. (1993-1999). El retorno político: comunidad, pluralismo y democracia radical. Barcelona, Buenos Aires, México. Paidos.
Sen, A. (1994-1999). La libertad individual como compromiso social. Ecuador. Ediciones Abya Yala. UNICEF (2008). Niñez, Política Social y Ciudadanía en el Ecuador: aportes para el debate constitucional. Documento no publicado.
En el presente las relaciones reproducen una forma de dominación y desigualdad. Los dominados son los que tienen menos acceso al poder y sufren las peores formas de discriminación y exclusión (los de edades menores o muy mayores, las minorías étnicas, las personas con discapacidad, las mujeres) los más afectados son los niños y sobre todo las niñas. Los documentos contenidos en Reflexiones sobre la intergeneracionalidad en Ecuador dan cuenta de ello. Como se podrá deducir de la lectura de este libro, modificar las relaciones de desigualdad y dominación supone concientización de los sujetos, cambios en las dinámicas familiares, en las comunidades, transformaciones profundas en el sistema educativo, en las economías y en las sociedades. Los tiempos que estamos viviendo demandan de la corresponsabilidad y la solidaridad de todas y todos. A ello contribuirá la lectura de este libro.