I. IMPORTANCIA DEL TEMA Y PERSPECTIVA METODOLÓGICA
1. El creciente interés de las Áreas Protegidas La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el principal organismo internacional en materia de protección de la naturaleza, define a las áreas protegidas como “una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces” 1 Desde esta óptica se reconoce universalmente al Parque Nacional de Yellowstone (USA, 1872) como el primer eslabón, en la historia contemporánea, de un gigantesco y complejo sistema configurado hoy por más de cien mil espacios protegidos en todo el mundo, una cifra que se ha alcanzado tras el acelerado incremento de las últimas décadas, pues hasta mediados del siglo XX la expansión había sido mucho más lenta, no superándose por entonces el umbral de las diez mil declaraciones2. El gran volumen de áreas, alcanzado en tan poco tiempo, así como la multitud de coberturas legales y denominaciones utilizadas en los países y en las regiones, dificultan incluso la equiparación de los datos, y aunque la propia UICN ha intentado racionalizar el proceso mediante la reducción de todas las figuras a seis grandes categorías, todavía un tercio de los espacios no encuentra una clara homologación en el marco de clasificación vigente3. Aunque con un algún retraso en las en los hitos cronológicos de referencia, la historia de las Áreas Protegidas en España se ajusta al mismo patrón: un inicio marcado por algunas declaraciones puntuales (los Parques Nacionales de Covadonga y Ordesa en 1918), un crecimiento muy lento, y aún un estancamiento, hasta los años ochenta, con una exigua cifra de 38 lugares en 1981, y un brusco y acelerado incremento en las dos últimas décadas, coincidiendo con la transferencia de competencias a las nuevas Comunidades Autónomas. Hasta tal punto ha sido explosivo el desarrollo de las redes autonómicas de áreas protegidas en España que en sólo tres años, desde 1987 a 1991, se declararon 369 espacios, multiplicando por diez el registro anteriormente señalado. Así las cosas, en el año 2000 se superaba ya la cifra de los ochocientos espacios protegidos y, en 2007, el más reciente anuario de EUROPARC-España reseña la existencia de 1.587, tomando como referencia las categorías de protección establecidas en la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres, u otras equivalentes definidas por la legislación autonómica4 1
UICN (1994): Guidelines for Protected Area Management Categories. Cambridge. UNEP-WCMC (2004): Protected Areas and biodiversity. Cambridge 3 UICN (1994): Guidelines for Protected Area Management Categories. Cambridge. 4 EUROPARC-ESPAÑA (2008): Anuario EUROPARC-España del estado de los Espacios Naturales Protegidos, 2007. Madrid 2
Geográficamente la significación es más relevante cuando las cifras se traducen al plano de la extensión territorial: en España hay hoy seis millones de hectáreas terrestres, (un 11,8 del territorio) adscritas a la categoría de Área Protegida (porcentaje algo superior al mundial) y 250.000 hectáreas marinas. En algunas Comunidades se supera el 20% del territorio protegido (Andalucía, Cantabria Asturias), el 30% (La Rioja, Cataluña) o incluso el 40% (Canarias) y la Red Natura 2000, que parcialmente se superpone a la red estatal de Parques Nacionales y a las redes autonómicas, afecta, con 14 millones de hectáreas, al 28% del territorio nacional. Más aún: 1.081 municipios contribuyen con su territorio a sustentar estos espacios, sumando una población de 17,5 millones de habitantes (39% del total estatal), y ocupando la quinta parte del territorio español5 También desde la perspectiva socioeconómica los espacios protegidos están alcanzando una gran relevancia en la medida en que muchos de ellos son utilizados como resortes para el ansiado desarrollo económico sostenible en áreas deprimidas, especialmente en la vertiente del ocio, del turismo y del uso público6 En este sentido, mientras las Áreas Protegidas españolas recibían en 1984 2,4 millones de visitas al año, acogen hoy ya a 36 millones7, una cifra que seguramente aumentará aún para aproximarse al índice de los países más desarrollados, en los que el número de visitantes/año se sitúa por encima del número de habitantes, alcanzando Japón la cifra record de casi mil millones de visitas anuales para 120 millones de habitantes8. Ello proporciona un importante caudal de inversiones en los espacios protegidos y en su entorno, destacando las administraciones públicas como la principal fuente de inversión y empleo. Más de cuatro mil personas trabajan ya directamente en las Áreas Protegidas españolas, especialmente en los Parques Nacionales (con una media de 100 personas por Parque) y la inversión pública por hectárea se sitúa en torno a los 50 euros anuales9. Los objetivos que se persiguen con la declaración y planificación de los Espacios Naturales Protegidos también han desbordado el clásico binomio conservaciónrecreación, propio de los grandes Parques Nacionales: “Se han ido ampliando y enriqueciendo (los objetivos) hasta afectar a múltiples esferas de actividad y de interés: la investigación, la cultura, la educación, el ocio y el turismo, el desarrollo económico sostenible, etc. Esta multiplicidad de posibilidades es seguramente la razón que explica el éxito de los Espacios Naturales Protegidos en todo el mundo, ya que permite una adaptación a cualquier tipo de situación y a un amplio abanico de funciones”10.
Todo esto muestra como las Áreas Protegidas están alcanzando ya una extensión y un peso equiparable al de otos tipos de espacios que tradicionalmente han atraído el interés de los geógrafos y de otros especialistas en temas territoriales y, en definitiva, es normal que un Atlas de España, atento al contexto actual y a los nuevos horizontes geográficos, 5
EUROPARC-ESPAÑA (2008): Anuario EUROPARC-España del estado de los Espacios Naturales Protegidos, 2007. Madrid 6 UICN (1998): Economic Values of Protected Areas. Guidelines for Protected Area Managers. Gland and Cambrigde. 7 EUROPARC-ESPAÑA (2008): Anuario EUROPARC-España del estado de los Espacios Naturales Protegidos, 2007. Madrid 8 NATURE CONSERVATION BUREAU (2003): For coexistence the People and Nature. Japan. 9 EUROPARC-ESPAÑA (2008): Anuario EUROPARC-España del estado de los Espacios Naturales Protegidos, 2007. Madrid 10 MAURÍN, M. (2005): “Los Espacios Naturales Protegidos: lugar de encuentro entre sociedad y naturaleza, lugar para la Geografía”. Ponencias del XIX Congreso de Geógrafos Españoles. Santander.
conceda un lugar destacado para la expresión cartográfica de este fenómeno, pues así se contribuye a reflejar la creciente diversidad territorial del país y la realidad de un fenómeno notoriamente emergente.
2. El marco metodológico para la representación de los Espacios Naturales Protegidos: síntesis, espacio y escala El interés de las Áreas Protegidas está relacionado también con su compleja esencia, al ser ámbitos de especial relación entre la sociedad y la naturaleza. Aunque el principal aliciente de las Áreas Protegidas radica por definición en su riqueza natural, generalmente se acompaña de un patrimonio cultural que puede alcanzar un notable valor, como de hecho ocurre en España y en otros países europeos, donde la historia ha imbricado inseparablemente ambos tipos de recursos, naturales y culturales, en un contexto en el que la cultura expresa el conjunto de conocimientos, técnicas, instrumentos e ingenios creados por las sociedades para el manejo sostenible de los recursos naturales, así como la conformación paisajística resultante. La perspectiva humana está presente de esta forma en las Áreas Protegidas, pero también, y particularmente, en la actividad protectora de los recursos y reguladora de los aprovechamientos, así como del creciente y variado uso público. Por ello, y en resumen, sobre estos espacios convergen tres grandes campos de conocimiento: el natural, el cultural y el normativo. La búsqueda de una secuencia sintética de esos tres campos, compatible con el necesario desglose de los componentes básicos de cada espacio, es un objetivo prioritario, sin el cual la realidad quedaría representada de manera fragmentaria e ininteligible, como una serie de imágenes parciales. Precisamente el espacio geográfico, y especialmente en un Atlas, se presenta como el recurso más adecuado para ensamblar sintéticamente los variados componentes que concurren en las Áreas Protegidas o en los Espacios Naturales Protegidos que no en vano se definen, ante todo, como “áreas” o “espacios”, esto es, como ámbitos en los que la dimensión espacial ocupa un lugar privilegiado y sirve, por ello, como marco, nexo de unión y forma de expresión de las relaciones socio-naturales. En efecto, la perspectiva espacial facilita en este caso la comprensión de múltiples aspectos de las Áreas Protegidas que pasarían inadvertidos de otro modo, y que tienen que ver con su localización, distribución, concentración o dispersión, o también con la extensión, delimitación, forma o división interna; aspectos, todos ellos, de cierta importancia para una adecuada interpretación en esta materia. Y por otro lado el espacio, gráficamente expresado, sirve también para transmitir los resultados del análisis en su recomposición sintética. Así, en suma, el espacio es una pieza metodológica estratégica tanto para acercarse a la comprensión de la funcionalidad, estructura y dinámica de las Áreas Protegidas, como para mostrar la traducción formal de esa configuración orgánica. Ambos objetivos generales, análisis y exposición, son los que se persiguen mediante la serie de mapas que ilustran este apartado del Atlas. Por último, el cambio de escala espacial permite organizar coherentemente la multiplicidad de contenidos concernidos, evitando su solapamiento, orden arbitrario o yuxtaposición inorgánica, al tiempo que refleja los diversos planos en que se manifiesta la compleja realidad de los espacios protegidos. Así, a través de los mapas generales sobre áreas insertas en redes internacionales se vislumbra el alcance internacional (mundial y europeo) del tema y su reflejo en España, al tiempo que se invita a la reflexión respecto a la aportación del país en materia de
biodiversidad y otros atributos universales de las Áreas Protegidas. Los otros mapas de escala nacional permiten establecer relaciones entre la distribución de las grandes unidades ambientales, su grado de conservación y la localización y extensión de los espacios naturales, por un lado, así como comparaciones entre las Comunidades Autónomas en aspectos referentes a la cantidad y tipología de dichos espacios, por otro. En la escala más detallada, en la que se representan la totalidad de los Parques Nacionales y una selección de Parques Naturales representativa de las Comunidades Autónomas, se ofrece una muestra de la gran diversidad del patrimonio natural y cultural del país, al tiempo que se destacan otros aspectos de especial trascendencia en el plano concreto de cada lugar: los usos y aprovechamientos, los impactos, la delimitación, la zonificación, etc. Entre ambas escalas, nacional y local, se incluyen dos ejemplos intermedios (las Reservas de la Biosfera de Menorca y de El Hierro), a través de las cuales se observa la inserción territorial de las redes insulares de espacios protegidos en el entorno físico y socioeconómico, lo que viene a complementar el abanico temático desplegado en los casos precedentes.
II. DOCUMENTACIÓN, SELECCIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 1. La disparidad y limitaciones de las fuentes y de la bibliografía Cuantitativamente la información sobre las Áreas Protegidas españolas ha ido incrementándose al mismo ritmo que las declaraciones legales de los mismos, o sea, abrumadoramente. Existen, por ello, miles de documentos que, en forma de leyes, planes, estudios, informes, inventarios o material publicitario, recogen información más o menos valiosa sobre las Áreas Protegidas. Por otra parte, la reciente irrupción de Internet como omnipotente medio de difusión informativa ha servido para multiplicar aún ese caudal documental y para hacerlo más accesible. No obstante, y debido al carácter muy acelerado del proceso de expansión de los espacios protegidos en España, éste se ha venido desarrollando de manera un tanto desordenada y en circunstancias desiguales entre unas y otras regiones, lo que también ha repercutido negativamente en la calidad de las fuentes y de la bibliografía. Por ello, desde el punto de vista cualitativo, y en relación con los objetivos y necesidades de un Atlas, la documentación útil es paradójicamente mucho más escasa de lo que a simple vista pudiera parecer, resultando incluso insuficiente en muchos casos. Fundamentalmente las carencias se refieren al ámbito espacial y cartográfico, que es lo que más interesa al geógrafo. En efecto, lo más frecuente, cuando se ha decidido incorporar un espacio determinado como objeto de representación en el Atlas, es que la documentación fuese bastante prolija desde el punto de vista de un inventario, incluyendo largas compilaciones de, por ejemplo, especies animales y vegetales presentes en el Área, clasificadas por orden alfabético o mediante criterios biológicos, pero casi nunca mediante pautas de distribución espacial. Esto ha obligado a recurrir a fuentes generales alternativas (cartografía geológica, forestal, agronómica, etc.) para extraer y elaborar datos que cubriesen las abundantes lagunas informativas existentes en cuanto a la localización y extensión concreta de los recursos. Resulta también, en este sentido, frustrante, acceder a la documentación oficial sobre Planes de Ordenación de Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión u otros similares y comprobar, a menudo que, en los boletines en que se publican, los anexos cartográficos incluyen mapas informativamente muy pobres, reproducidos con una calidad que los hace
prácticamente ilegibles o, lo que es incluso más frecuente: que los anexos están simplemente vacíos. La diferencia de criterios, figuras, ritmos de implantación e importancia que las distintas Comunidades Autónomas otorgan a sus sistemas de áreas protegidas se traduce también en una notable disparidad en cuanto a la calidad de la información disponible para el caso y dificulta su tratamiento uniforme. En este sentido, la principal aportación del Atlas consiste quizás en haber afrontado un proceso de armonización para intentar transformar esa disparidad en coherencia y equivalencia, única manera de poder comparar unas y otras líneas de conservación en las Comunidades Autónomas, unos y otros sistemas de áreas protegidas, unos y otros espacios concretos, y de poder expresarlos con un lenguaje gráfico común. 2. La selección de las redes y de los espacios Las principales redes internacionales que acogen espacios españoles son, sin duda, la Red Ramsar de Humedales Internacionales y la Red de Reservas de la Biosfera del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO, a las que debe añadirse, en el marco de la Unión Europea, la Red Natura 2000, en avanzado proceso de gestación y, estrechamente vinculada a ella, la Red de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS). Las cuatro se representan en el Atlas, por tanto e indudablemente, como expresión más notoria de la participación de España en la política internacional de conservación de la naturaleza. Tampoco cabe duda respecto a la necesaria inclusión de dos mapas que recojan la situación actual del conjunto de las Áreas Protegidas existentes en España, diferenciándolas según la fecha de declaración y la categoría protectora, valiosas referencias, ambas, para la comprensión básica del fenómeno a nivel nacional. Y lo mismo ocurre, ya en un plano más específico, con cada uno de los 13 espacios que integran la Red de Parques Nacionales, tanto por su número, asequible, como por su indiscutible primacía frente al resto de las figuras de protección11 La dificultad se acrecienta, sin embargo, en el caso de la inclusión de otra serie de espacios naturales concretos para completar el tema, ya que el elevado número de los existentes obliga a una estricta selección, que se ha llevado a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: •
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En primer lugar, que la serie representase a todas y cada una de las Comunidades Autónomas, algo lógico, pues garantiza un equilibrio de distribución territorial y se atiene a una realidad institucional en la que las competencias sobre conservación de la naturaleza y Áreas Protegidas está ampliamente descentralizada. Ello supone representar otros 17 espacios, una cifra que, al totalizar junto con los Parques Nacionales 30 espacios, parece suficiente y adecuada para recoger el variado espectro temático y territorial de la naturaleza española. En segundo lugar, que las áreas seleccionadas gozasen de suficiente prestigio en su Comunidad y también a nivel nacional, como garantía de una inobjetable representatividad respecto al conjunto de los Espacios Naturales Protegidos de España. También se ha considerado la inclusión de cada uno de ellos en, al menos, una red protectora de carácter internacional.
El número se ha ampliado a 14 con la reclasificación en 2007 del Parque Natural de Monfragüe y su declaración como Parque Nacional, aunque en el Atlas se recoge aún en su previa condición de Parque Natural, al no haberse desarrollado aún el instrumental planificador que requiere su nueva situación.
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Se ha optado por la figura del Parque Natural (u otra equivalente, como el Parque Regional en el caso de Madrid), en la medida en que esa categoría puede considerarse en la escala autonómica como similar a la del Parque Nacional en la escala estatal. Así también se garantiza que los espacios escogidos gozan de notable importancia y de cierta complejidad, necesaria para que su representación resulte fructífera. En este sentido, se ha evitado recurrir a las otras categorías que recoge la Ley 4/89 de Protección de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (o sus equivalentes autonómicos), en unos casos debido a su tamaño, generalmente reducido (Reservas Naturales y Monumentos Naturales), y en otros porque carecen de instrumentos específicos de planificación (los Paisajes Protegidos y también, en este caso, los Monumentos Naturales). Por supuesto, se ha pretendido que estuviesen representadas las principales regiones naturales: la montaña atlántica, pirenaica, mediterránea y macaronésica, las llanuras sedimentarias y las penillanuras, las zonas húmedas insulares, litorales e interiores. Y que hubiese igualmente una complementariedad entre los diferentes espacios seleccionados, a efecto de recoger los principales usos del suelo y elementos del patrimonio cultural presentes en las Áreas Protegidas del conjunto del país. En dos Comunidades Autónomas, Baleares y Canarias, la representación se ha canalizado incluyendo sendas Reservas de la Biosfera, con la intención de manejar, si quiera excepcionalmente y como se ha comentado más arriba, una escala intermedia entre la más general y particular, y también para dejar reflejado el interesante tipo específico de zonificación propio de esta figura de protectora internacional.
3. La representación cartográfica En los mapas generales, a escala nacional, se recurre a un marco orográfico e hidrológico que permite establecer vínculos entre la base física y la distribución, forma, tamaño u otras características de los espacios protegidos. Además, en los que se refieren a figuras internacionales se reflejan también las Regiones Biogeográficas que oficialmente sirven de marco para la clasificación de los espacios, mientras que en los que aluden a figuras nacionales y autonómicas, los límites administrativos ayudan a establecer comparaciones entre Comunidades Autónomas. De nuevo la mayor complejidad afecta a la representación de las Áreas Protegidas seleccionados para ilustrar el tema de manera más detallada, las cuales se han trazado a escalas variables dependiendo de su tamaño real, concretamente desde la escala 1:30.000 para el Parque Nacional de las Islas Atlánticas hasta la de 1: 250.000 para el Parque Nacional de Sierra Nevada (no obstante, en lo posible, se han preferido representaciones en torno a 1:50.000 o 1:100.000). Aunque las Comunidades Autónomas comienzan a establecer, en su ámbito, códigos y diseños de representación gráfica para dotar de coherencia formal a sus Sistemas de áreas protegidas, todos ellos presentan carencias respecto a las necesidades del Atlas, especialmente en el apartado de los recursos, insuficientemente representados y sintetizados (incluso en el caso de los Parques Nacionales). Y, de cualquier manera, la amplia disparidad gráfica (pero también metodológica y temática) entre las diferentes Comunidades impide utilizar algún tipo de sistema estandarizado, por lo que se ha recurrido a una elaboración y diseño
propios, sustentada en los objetivos y planteamientos metodológicos arriba señalados y en la experiencia del diseño gráfico aportada por el conjunto de los autores del Atlas. Para cada uno de los espacios se han desplegado tres mapas: un mapa de localización, un mapa de recursos y un mapa de protección y uso. El primero, sencillo y de más amplia escala (en este caso siempre en torno a 1:500.000) permite situar al Área Protegida en un contexto territorial más amplio y recabar información general sobre su localización, extensión, límites y forma, por un lado, y sobre su entorno (espacios urbanos y otros núcleos de población, infraestructuras, etc.) por otro. Y, por supuesto, extraer conclusiones acerca del grado de accesibilidad o aislamiento, de permeabilidad y fragilidad o de posibles impactos generados en dicho entorno. Además, la inclusión de este mapa introductorio permite descargar a los otros dos mapas, consecutivos y específicos, de toda esa información externa que perturbaría la prioritaria atención hacia los aspectos esenciales del Área, una vez que, definitivamente, la mirada se dirige y se centra en su interior. En los mapas de recursos se recogen sólo aquéllos que se consideran más significativos, trátese de valores, funciones o, más comúnmente, atributos, con especial atención a los atributos paisajísticos. También se ha insistido en la diferenciación entre los recursos naturales y culturales, sin menoscabo de una consideración conjunta de ambos, cuando resulta pertinente. La extensión o tamaño de las leyendas pretende ser un reflejo y proporción del grado de diversidad de los recursos en cada caso, aunque ello no debe considerarse como el único indicador de la riqueza del lugar, ya que existen algunos espacios con recursos significativos homogéneos o escasos pero de especial relevancia en razón de su carácter más o menos endémico. En este sentido, aunque se mantiene un lenguaje básico común, no se ha renunciado a expresar la diversidad regional y la singularidad local de determinados valores naturales o culturales recurriendo a las expresivas denominaciones regionales o locales, para resaltar de esa manera su relevante especificidad o rareza. De igual manera, el uso de la paleta de colores se ha llevado a cabo buscando un equilibrio entre la expresión de lo homogéneo y lo diverso, intentando en cualquier caso, y siempre que fuese posible, representar los recursos mediante colores evocadores de la realidad que reflejan: grises para los roquedos, azules para las aguas, verdes para los espacios arbolados, marrones, ocres o amarillos para la vegetación esclerófila, los matorrales o los cultivos, rojos para las construcciones, etc. Por el contrario, en los mapas de zonificación y uso público los colores se usan buscando una mayor asepsia y correspondencia entre los distintos mapas. Ya que en este caso se trata de reflejar aspectos normativos que fundamentalmente expresan distintos grados de protección o intensidad de uso, interesa más la gradación de cada color que el color mismo. Este criterio, no obstante, se combina con cambios nítidos de color para mostrar saltos cualitativos notables en la gradación protectora (zonas de uso especial, por ejemplo). Para remarcar, en cualquier forma, la diferenciación entre las tres categorías de protección representadas, se utilizan en cada una de ellas colores predominantes diferentes: azules para los Parques Nacionales, verdes para los Parques Naturales y amarillos para las Reservas de la Biosfera. Por último, para la simbología mediante la que se representan los equipamientos puntuales de uso público y los itinerarios, se ha buscado también la mayor
homogeneidad y simplicidad posibles, incluso sin diferenciar entre categorías de protección, de manera que exista, al menos, un elemento absolutamente común en todos los mapas, una especie de hilo conductor al conjunto de los espacios, que no es otro que el uso público de los mismos.
III. LOS CONTENIDOS: REDES Y ÁREAS 1. Las redes mundiales de Espacios Naturales Protegidos en España: Humedales Ramsar y Reservas de la Biosfera De las numerosas redes internacionales de espacios naturales que se han ido constituyendo en las últimas décadas, las más importantes desde el punto de vista de la cobertura institucional, del número de países integrantes y de lugares concernidos son, sin lugar a dudas, la red de Humedales de Importancia Internacional (“Sitios Ramsar”) y la red Mundial de Reservas de La Biosfera, ambas con una notable representación en España. La primera de ellas, cuyo origen se remonta a la Convención Internacional de Ramsar (Irán, 1971), cuenta en el mundo con más de 130 países adheridos, un millar de lugares designados y una extensión de unos 500.000 km2. La Lista española incluye 35 espacios, entre los que destacan por su extensión las Marismas de Doñana (50.720 ha.), la Albufera de Valencia (21.000 ha.) y el Mar Menor (14.933 ha.), todos ellos litorales. El resto de los lugares, costeros (albuferas, deltas, marismas, rías), interiores (lagunas) y artificiales (salinas, embalses), tienen un tamaño medio en torno a las 2.000 ha., con algunos casos de muy reducida superficie (el más pequeño, la Laguna de la Vega en Castilla La Mancha, sólo alcanza 34 ha.). Estos humedales, cuyo principal interés de conservación, en el marco de la Convención de Ramsar, se vincula a su importancia como hábitat de aves acuáticas, representan una pequeña parte de las 1.379 zonas húmedas (un 45% más o menos degradadas) catalogadas en España, que a su vez son sólo un 60% de las que existían hace 40 años), habiendo desaparecido las demás como consecuencia de múltiples alteraciones e impactos12. Si bien los humedales integrados en la red incluyen incuestionablemente a los más importantes del país y, en su mayor parte, están adscritos también a otras redes de Áreas Protegidas, las ausencias más notables, desde el punto de vista tipológico, se refieren a humedales de montaña y cursos fluviales. Por Comunidades Autónomas cabe reseñar su total ausencia en Canarias y en la Rioja y la mayor representación de los humedales andaluces. Las Reservas de la Biosfera están vinculadas con el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, iniciado también en 1971 y que acoge hoy a más de cuatrocientos lugares en unos cien países. Estas Reservas pretenden cumplir tres funciones complementarias: conservación de los recursos genéticos, de las especies, los ecosistemas y los paisajes; promoción de un desarrollo económico y social sostenible y respaldo de actividades de investigación, educación y observación permanente relacionada con las actividades de interés local, nacional y mundial encaminadas a la conservación y el desarrollo sostenible. 12
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (1999): Plan Estratégico Español para la conservación y el uso racional de los humedales. Madrid.
En el conjunto de las 26 Reservas que representan a España en esta red, y que la sitúan como el tercer país con mayor número de ellas, únicamente están ausentes las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia, siendo de nuevo Andalucía quien cuenta con más lugares designados (8 Reservas que totalizan 1.077.651 has.) y donde se localiza la de mayor extensión: la Reserva de la Biosfera de la Dehesas de Sierra Morena (436.000 ha). Fue también Andalucía, por medio de la Reserva de Grazalema, la región que aportó, en 1977, el primer espacio español a esta red, al que siguieron los de Ordesa-Viñamala (1977), Montseny (1978) y La Mancha Húmeda (1980)13, siendo los últimos declarados los del Valle de Laciana, Babia, Picos de Europa, Monfragüe y los Valles de Jubera, Leza, Cidacos y Alhama. En relación con los amplios objetivos generales de las Reservas, su selección abarca múltiples tipos de espacios, todos los cuales encuentran un lugar en la red española: centros de endemismos y riqueza genética de gran valor científico (Sierra Nevada, El Hierro, Los Tiles…), parajes armónicos con modalidades tradicionales de uso de la tierra (Somiedo, Cazorla, Segura y las Villas…), ecosistemas modificados o degradados (Marismas del Odiel, Valle de Laciana…) o zonas “ad hoc” para la gestión experimental (Urdaibai, Terras do Miño, Manzanares…). Otro rasgo característico de las Reservas de la Biosfera, que se aprecia claramente en el mapa en que se representan, en contraste con los humedales Ramsar, es el recurso a lugares del mayor tamaño y complejidad posibles y también la persecución de un nuevo objetivo específico formulado en la Conferencia Internacional sobre Reservas de la Biosfera de 1995 (“Estrategia de Sevilla”): el fomento de corredores y constelaciones de reservas para incrementar la conectividad entre los espacios naturales aislados. La Reserva de las Dehesas de Sierra Morena, que engarza tres Parques Naturales (Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte de Sevilla y Hornachuelos) y la sucesiva declaración, en los últimos años, de Reservas próximas o limítrofes en la Cordillera Cantábrica (Muniellos, Fuentes del Narcea, Somiedo, Valle de Laciana, Babia, Redes, Picos de Europa, y otras previstas, que pretenden desembocar en la creación de una gran Reserva denominada la Gran Cantábrica), se enmarcan precisamente en esta estrategia. 2. Las redes europeas de Espacios Naturales Protegidos en España: ZEPAS y Red Natura 2000 La pertenencia de España a la Unión Europea conlleva una corresponsabilización en materia ambiental que se concreta, entre otros aspectos, en la designación de espacios naturales para integrar las redes protectoras que ha establecido la Unión. La primera de ellas, surgida de la Directiva de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres, es la de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS), que pretende preservar los territorios más adecuados como hábitat para las especies de aves contempladas en el Anexo I de la Directiva, teniendo en cuenta básicamente a las especies migratorias, que “constituyen un patrimonio común y también un problema medioambiental típicamente transfronterizo que implica unas responsabilidades comunes”14. Aunque España se incorporó a la Unión Europea con posterioridad a la aprobación de la Directiva y sufrió un proceso de infracción comunitaria por la insuficiente declaración de Zonas, desde el año 2000 se ha producido un fuerte 13
MINISTERO DE MEDIO AMBIENTE (2000): Reservas de la Biosfera Españolas. Madrid CCE (1979): Directiva del Consejo de 2 de Abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres (79/409/CEE). 14
incremento hasta alcanzar una cifra de 562 ZEPAS con un total de 9,5 millones de hectáreas, situándose hoy a la cabeza de los países de la Unión. En cualquier caso, es apreciable la disparidad en la distribución por Comunidades Autónomas, entre las que destacan Castilla y León (la de mayor superficie absoluta, con 1,9 millones de hectáreas), Canarias (la de mayor superficie relativa, con un 35% del territorio afectado) y Cataluña (con el mayor número de ZEPAS: 73), mientras que las representadas en menor proporción son las regiones del Cantábrico (excepto Asturias) y especialmente Galicia (menos del 2% de su territorio), máxime si se tiene en cuenta la abundancia de zonas húmedas litorales con que cuenta esta última Comunidad. Mayor importancia tiene, por sus objetivos, complejidad, dilatada génesis y extensión territorial, la Red Natura 2000, surgida de la Directiva de 1992 relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva de Hábitat), cuya finalidad prioritaria es “la creación de una red ecológica europea coherente de Zonas Especiales de Conservación denominada Natura 2000. Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitat naturales que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitat naturales y de los hábitat de las especies de que se trate en su área de distribución natural”15. Los lugares designados por cada país (en el caso de España, a partir de los respectivos listados autonómicos), denominados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se enmarcan en seis grandes Regiones Biogeográficas, cuatro de las cuales están presentes en España: la Alpina, la Atlántica, la Mediterránea y la Macaronésica. Con 1.434 Lugares y 12,3 millones de hectáreas España es también el país que aporta a la red una mayor riqueza natural y una mayor diversidad, manifiesta igualmente en la presencia de 106 tipos de hábitat, de los cuales 27 son Hábitat Prioritarios. Territorialmente la mayor parte de los LIC se corresponden con áreas de montaña y zonas costeras y, por ello, en el mapa en que se representan, la estructura física de la Península y de los archipiélagos aparecen nítidamente perfilados. Igualmente es muy abundante la designación de lugares correspondientes a cauces y riberas fluviales, que por su carácter lineal y continuo resultan esenciales para la migración y el intercambio genético. Precisamente en la Comunidad de Madrid que, desde el punto de vista relativo, es la mejor representada en la red (con un 40% de la superficie regional), son los corredores fluviales el tipo de lugar más señalado (Jarama-Henares, Lozoya, Guadalix, Manzanares, Guadarrama, etc.). También desde el punto de vista relativo y cualitativo alcanzan extraordinaria importancia los LIC de Canarias (36% de la superficie regional), por cuanto proliferan en ellos los endemismos de flora y fauna, los hábitat macaronésicos únicos y las áreas marinas. La región más representativa de España en la Red Natura 2000 es, sin embargo y sin duda, Andalucía. En primer lugar porque, con casi 2,6 millones de hectáreas catalogadas como LIC y ZEPAS (ya que esta figura se incorpora también a la Red Natura 2000), es la que aporta una mayor superficie absoluta, incluyendo también a los espacios concretos de mayor extensión (Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Aracena, Alcornocales, Sierra Nevada). En segundo lugar, porque pertenece a la Región Biogeográfica Mediterránea, que es la más importante de España y a la que 15
CCE (1992): Directiva 92/43 del Consejo, de 21 de Mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
corresponden los tipos de hábitat más extendidos, como los montes y dehesas de encina y alcornoque, o los matorrales termo-mediterráneos. Y en tercer lugar, porque precisamente, y como a nivel nacional, son las áreas montañosas y las zonas húmedas los soportes que acogen mayoritariamente la presencia de los lugares designados. La carencia principal, en el conjunto del país, se corresponde quizás con los lugares marinos que, con la excepción de Murcia, Baleares y Canarias, arrojan porcentajes muy bajos de inclusión en la red, no alcanzando en conjunto las ochocientas mil hectáreas. 3. La red nacional y las redes autonómicas La representación de los Espacios Naturales Protegidos considerando la fecha de declaración y la categoría de protección, arroja también abundante información relativa al proceso de constitución de las redes en el plano nacional y autonómico, y sobre los diferentes modelos de protección. Como queda dicho, el inicio de la protección de espacios naturales se remonta al año 1918 y el ritmo de declaraciones fue tan lento durante las seis décadas siguientes que, al comenzar los años ochenta, no se alcanzaba aún la cifra de cuarenta espacios protegidos en todo el país. Por ello, la leyenda del mapa de Espacios Naturales Protegidos según la fecha de declaración, resume esa larga trayectoria en una referencia única, desglosando en mayor medida las últimas décadas, en las que realmente se concentra casi todo el proceso. La de los años ochenta es la década del verdadero despegue de la nueva política de protección de la naturaleza, desarrollada básicamente desde las Comunidades Autónomas, que fueron asumiendo desde 1982 las competencias en la materia. Destaca el carácter pionero de Cataluña, Canarias y Andalucía, que aprobaron sus leyes sobre protección de espacios naturales en los años 1985, 1987 y 1989 respectivamente. Además, en el caso de Canarias y Andalucía, las mismas leyes que establecían el modelo protector y regulaban su puesta en práctica se ocuparon también de la declaración simultánea de la mayor parte de los elementos que hoy integran sus sistemas de áreas protegidas, lo que es bien patente en el mapa de referencia por la homogeneidad cromática de las Áreas Protegidas en esas regiones. En Cataluña, en cambio, este segundo paso, el de la declaración de espacios concretos, se desarrolló paulatinamente en un principio, para alcanzar el cenit en la década siguiente, coincidiendo con el apogeo del proceso en todo el país. En efecto, tras la aprobación en 1989 de la ley básica estatal de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, el resto de las Comunidades (con la excepción de Galicia, que se demoró hasta 2002) promulgaron en los años noventa sus propias leyes autonómicas e instituyeron definitivamente las respectivas redes regionales de Áreas Protegidas. Entre 1987 y 1996, el periodo más febril de declaraciones, se crearon en España unos 600 espacios protegidos, con una superficie próxima a los 3 millones de hectáreas16. Algunas Comunidades Autónomas, concretamente Asturias y Castilla-León, aún cuando aprobaron en los años noventa listados completos de Áreas Protegidas, no las han declarado simultáneamente, sino de manera progresiva, permaneciendo aún numerosos espacios registrados pero sin sanción legal definitiva, que se señalan en el mapa como espacios de “declaración prevista”. 16
EUROPARC-ESPAÑA (2003): Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales protegidos, 2002. Madrid.
En cuanto a las categorías de protección, cabe en primer lugar diferenciar los dos niveles administrativos básicos: el de la Administración Central, al que se adscribe la Red de Parques Nacionales, y el de las Administraciones Autonómicas, que acogen al resto de las figuras. Entre éstas destaca especialmente la del Parque Natural, la más utilizada en el conjunto del país y en la mayoría de las Comunidades y la que, incluso por encima de los Parques Nacionales, arroja un mayor porcentaje superficial tanto en conjunto (tres cuartas partes de la superficie total protegida) como para cada lugar (con una media de unas 20.000 hectáreas por Parque). Otras categorías, como las Reservas Naturales o los Monumentos Naturales, aún cuando superan en número a las anteriores, incluyen espacios de tan pequeña dimensión que apenas totalizan un 4% de la superpie protegida y que, a la escala en que se representan en el Atlas, no pueden señalarse, con pocas excepciones, más que recurriendo a símbolos puntuales. Por último, la de Paisaje Protegido resulta ser la figura menos utilizada y la que, en conjunto, ocupa una menor superficie (53 lugares que suponen un 2,2% de la superficie protegida). Además de las categorías reseñadas, que son las que se recogen en la legislación estatal y dan una mayor congruencia al conjunto nacional de Áreas Protegidas, existe otra gran cantidad de figuras (aproximadamente una treintena) que reflejan la elevada diversidad y disparidad de modelos protectores utilizados por las Comunidades Autónomas. Aunque Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón, Cantabria, el País Vasco, Navarra y Murcia recurren mayoritariamente a las categorías de la ley 4/89, únicamente Asturias se ciñó estrictamente a ellas en su legislación y en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1994, e incluso en este caso el actual proceso de revisión del Plan supone también la inclusión de figuras nuevas. De entre el conjunto de categorías exclusivas de las Comunidades Autónomas destacan por su mayor número y entidad superficial las del PEIN (Plan de Espacios de Interés Natural) de Cataluña, las ANEI (Áreas Naturales de Especial Interés) de Baleares y las áreas pertenecientes al Plan de Espacios Protegidos de Castilla-León, figura ésta de carácter transitorio, en tanto los espacios señalados pasan a adoptar una denominación definitiva según la ley o el decreto específico de declaración. La comparación en cuanto a la importancia de las redes regionales de espacios naturales arroja notables diferencias entre unas y otras Comunidades Autónomas que, en general, vienen a coincidir con las ya observadas respecto al grado de representación en las redes internacionales. En cifras absolutas Andalucía aporta más de 1,7 millones de hectáreas, que suponen el casi el 28% de la superficie protegida a escala nacional, mientras que relativamente a la extensión territorial de cada Comunidad Canarias, con más de un 40%, la Rioja y Cataluña, con más de un 30% de su superficie terrestre protegida, se sitúan a la cabeza del país. En el extremo contrario hay siete Comunidades Autónomas que no alcanzan un porcentaje del 10%, e incluso dos, Aragón y Castilla-La Mancha, que no llegan a proteger si quiera un 5% de su territorio, aunque cabe esperar, en algunos de estos casos, un mayor incremento en los próximos años, en tanto que algunas Comunidades han alcanzado ya un techo no susceptible de ser desbordado sustancialmente. 4. Los Parques Nacionales “Los Parques Nacionales son espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación u ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos,
educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés general de la Nación”17. Además de esa definición oficial, los catorce Parques Nacionales españoles poseen otra serie de rasgos comunes (aunque incluyendo casi siempre alguna excepción) que contribuyen a conferirles un perfil específico y diferenciado dentro del conjunto de las Áreas Protegidas, rasgos que tienen que ver con el carácter representativo, el tamaño, el grado de naturalidad, la importancia del uso público y la zonificación protectora. El alto grado de representatividad viene determinado por la pertenencia de cada Parque a uno de los grandes sistemas naturales españoles recogidos en la Ley 4/89: en la Región Eurosiberiana los sistemas ligados al bosque Atlántico (Islas Atlánticas, Picos de Europa), a las formaciones lacustres y rocas de origen plutónico pirenaicas (Aigües Tortes), a formaciones de erosión y rocas de origen sedimentario pirenaicas (Ordesa); en la Región Mediterránea a los sistemas ligados al bosque mediterráneo (Cabañeros, Sierra Nevada), a zonas húmedas continentales (Tablas de Daimiel), zonas húmedas con influencia marina (Doñana) y zonas costeras y plataforma continental (Archipiélago de Cabrera); y en la Región Macaronésica a los sistemas ligados a la laurisilva (Garajonay) y a los procesos volcánicos y vegetación asociada (Teide, Caldera de Taburiente, Timanfaya). Existe, no obstante, un cierto desequilibrio en la representación de cada Región, a favor de la Macaronésica, y faltan espacios suficientemente representativos de los sistemas ligados a formaciones esteparias y ripícolas mediterráneas. Por ello se han realizado estudios oficiales y han surgido propuestas que probablemente incrementarán en un futuro próximo el número de los Parques Nacionales, como de hecho ya ha ocurrido con la reciente designación de Monfragüe. En general, el tamaño de los Parques es suficiente como para asegurar los procesos ecológicos y permitir su evolución natural, disponiendo más de la mitad de ellos de una superficie superior a las 10.000 hectáreas y superándose en tres casos (Doñana, Picos de Europa y Sierra Nevada) las 50.000 hectáreas. De cualquier manera, y especialmente los de menor dimensión, aparecen rodeados de un área de amortiguación en forma de Zona Periférica de Protección, Preparque o Parque Natural, o bien de un espacio marino de reserva, en el caso de los archipiélagos. Las Tablas de Daimiel constituyen, por la ausencia de protección en su entorno, una preocupante excepción. Destacado es también el alto grado de naturalidad de la mayor parte de los Parques, con la ausencia casi general de enclavados o de elementos de fragmentación y de asentamientos humanos, lo que explica que en los mapas sobre recursos se representen sobre todo los recursos naturales, escaseando los de tipo cultural. Las principales excepciones vienen dadas por Sierra Nevada, con el enclave de la estación invernal y las vías de comunicación que lo fragmentan, y por los Picos de Europa, donde la presencia de núcleos de población y actividades ganaderas enriquecen culturalmente el Parque, al tiempo que complican la ordenación de los recursos y la regulación de los usos propia de un Parque Nacional. La zonificación presenta en los Parques Nacionales un notable grado de homogeneidad, debido a su reciente planificación como red y a las indicaciones que, en ese sentido, incorpora el Plan Director de 199918, en el que se establecen cuatro zonas 17
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (1999): Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. (BOE, nº 297 de 13 de diciembre de 1999). 18 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (1999): Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. (BOE, nº 297 de 13 de diciembre de 1999).
ordenadas de mayor a menor grado de protección: reserva, uso restringido, uso moderado y uso especial. La mayor parte de los Parques han ido incorporando en sus Planes Rectores esta directriz, si bien en algunos casos perviven denominaciones anteriores, al no haberse revisado aún los instrumentos protectores, y la peculiaridad de otros ha aconsejado la inclusión de alguna zona más (Zona de Protección en Doñana, Zona de Asentamientos Tradicionales en los Picos de Europa, etc.). Las infraestructuras y equipamientos de uso público son un componente básico de los Parques Nacionales, teniendo en cuenta que el objetivo de la acogida de visitantes ocupa un lugar prioritario, junto con la conservación, en este tipo de figura protectora. De acuerdo con los criterios del Plan Director, los Parques disponen de un Centro de Recepción, ubicado en alguno de los núcleos próximos o en la zona de acceso al Parque, alguna otra Oficina de Información con carácter complementario, una red de itinerarios públicos señalizados y algunos puntos de contemplación (observatorios, miradores) de determinados recursos y valores significativos. Este modelo básico presenta un mayor despliegue en los grandes Parques, que pueden tener varios Centros de Recepción y una red más completa de equipamientos, incluyendo instalaciones específicas de carácter científico o didáctico, alojamiento y entretenimiento. Sobre esta base, la afluencia, regulada en cantidad y espacialmente, según la fragilidad y capacidad de acogida de cada Parque, se ha ido incrementando paulatinamente hasta superar en los diez millones de visitas en el conjunto de la red, aunque el reparto Parque a Parque conlleva importantes desigualdades, desde más de dos millones en el Teide o en los Picos de Europa, hasta menos de cien mil en Cabañeros, el de menor afluencia registrada. A pesar de la abundancia de los rasgos uniformes en la red de Parques Nacionales, se percibe también un grado notable de diversidad que, más allá de las excepciones anteriormente citadas, se relaciona con el tipo de recursos sobresalientes y con los objetivos diferenciales de carácter secundario en cada caso. En lo referente a los recursos, además de la obvia variedad derivada de la localización en las diferentes regiones y sistemas naturales, ya citados, cabe señalar la existencia de Parques en los que destaca especialmente el paisaje relacionado con los factores litológicos (especialmente las formas volcánicas de varios Parques canarios), morfoclimáticos (por ejemplo, las formas de origen glaciar de los Parques pirenaicos, de los Picos de Europa o de Sierra Nevada), hidrológicos de tipo lacustre (Daimiel), marítimo (Islas Atlánticas, Archipiélago de Cabrera) o fluvio-marítimo (Doñana), bióticos (Garajonay) o culturales (por ejemplo, las dehesas de Cabañeros). Por último, la dilatada historia en la constitución de la red de Parques Nacionales ha permitido que progresivamente se hayan ido incorporando nuevos y diversos objetivos que, además de los básicos de conservación y contemplación, propios de todos los Parques Nacionales, incorporan matices específicos en muchos casos. Así, en las primeras declaraciones es evidente la motivación identitaria de tipo nacional y sacro (al estilo de lo acontecido en Yellowstone), cuando en la inauguración del Parque Nacional de Covadonga Alfonso XIII proclama que “vamos a hacer algo único en el mundo: unir el arte de la naturaleza a la religión y a la historia, en el lugar del nacimiento de una nación”19. El uso público y su vinculación a la naciente actividad turística está presente en la creación de los Parques Nacionales del Teide y de la Caldera de Taburiente en 1954, la atención a la biodiversidad en la declaración de Doñana de 1969, o la nueva
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BLAS, L. (1975): Los Parques Nacionales españoles. Madrid.
incorporación del concepto de desarrollo sostenible en el caso más reciente (1999) de Sierra Nevada. 5. Parques Naturales en las Comunidades Autónomas Precisamente muchos de los Parques Naturales que se incluyen en el Atlas, como ejemplos representativos de las Comunidades Autónomas, incorporan el objetivo del desarrollo sostenible o del desarrollo compatible como un aspecto de suma importancia. Ello obedece a que su declaración es, por lo común, reciente y ha venido a coincidir con el apogeo de los planteamientos sobre la sustentabilidad (especialmente difundidos tras la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992), pero también porque se trata de territorios en los que la presencia y actividad humana tienen un fuerte arraigo tradicional. En efecto, el rasgo común más sobresaliente de este tipo de espacios protegidos es el de una conjunción más o menos equilibrada entre la naturaleza y la sociedad, de lo que se derivan unos paisajes de gran interés en la medida en que acogen elementos naturales y culturales notables, y, sobre todo, porque reflejan el resultado armónico de la relación socio-natural. El patrimonio cultural se presenta en esta colección de Parques en múltiples formas, entre las que destacan, en primer lugar, los paisajes rurales, los cultivos y los aprovechamientos directamente ligados a recursos o condiciones naturales específicas de cada área, como los paisajes cantábricos salpicados de aldeas, caserías, prados, setos y bosquetes (Somiedo, Santoña), la marjalería asociada a la Albufera de Valencia o los cultivos leñosos que se escalonan en los Arribes del Duero. En algunos de estos paisajes lo natural y lo humano están tan estrechamente imbricados que apenas es posible diferenciar uno u otro componente, como ocurre con las dehesas de Monfragüe o con los pastizales y brañas de los parques septentrionales. En segundo lugar pueden diferenciarse múltiples elementos de interés arquitectónico y etnográfico que resumen la gran riqueza de las formas tradicionales en el aprovechamiento y el manejo de los recursos naturales: los aljibes, norias y salinas del Cabo de Gata, las masías de Aigüamolls del Empordá, las acequias y embarcaciones tradicionales de la Albufera de Valencia, las cortinas y los bancales de los Arribes, las ocheras y cabañas de teito de Somiedo, los molinos y batanes de Ruidera o de la Baixa Limia, son algunos ejemplos sobresalientes. Finalmente, y aunque sin una relación tan estrecha con los recursos naturales, la presencia en muchos Parques de otros valores de tipo histórico, arqueológico, artístico o simbólico, contribuye también a ampliar su riqueza patrimonial y su carácter atractivo. Así ocurre con monumentos megalíticos, castillos y fortificaciones, ermitas, santuarios, etc. Por otra parte, la presencia humana también conlleva, en mayor medida que en los Parques Nacionales y en contraposición a los ejemplos anteriormente citados, un conjunto de impactos de difícil conciliación con los objetivos de conservación y desarrollo sostenible. En el entorno de los espacios costeros es frecuente la presencia expansiva de urbanizaciones e infraestructuras (Santoña, Aigüamolls del Empordá), mientras que los de la meseta o la montaña deben convivir a veces con grandes embalses (Arribes, Monfragüe, Baixa Limia, Sierra Cebollera, Guara) y repoblaciones (Urkiola, Monfragüe, Baixa Limia). Aquellos más próximos a los grandes espacios urbanos (Cuenca Alta del Manzanares, Albufera de Valencia) conocen un abanico aún más amplio de impactos y una mayor presión humana que, a duras penas, pueden frenar sus instrumentos de planificación y de gestión.
En todo caso, y más allá de los recursos culturales, los Parques Naturales de las Comunidades Autónomas contribuyen también aumentar el patrimonio natural no suficientemente representado en la red de Parques Nacionales, aportando ecosistemas y elementos específicos de notable valor. A modo de ejemplo, pueden reseñarse, en el plano físico, las formaciones graníticas de penedos, pedrizas o berrocales de Baixa Limia, Arribes o Manzanares, los mallos y gorgas de la Sierra Guara, las formaciones cuarcíticas de Monfragüe, los relieves volcánicos peninsulares del Cabo de Gata, las tobas de las Lagunas de Ruidera o los barrancos de Sierra Espuña. Y en la perspectiva biológica, el oso pardo cantábrico de Somiedo, los encinares cantábricos de Urkiola o de Santoña, los espartales y espinares del Cabo de Gata y la vegetación ripícola de Manzanares, de los Arribes del Duero o del Señorío de Bértiz, donde se incluye, además, una completa representación de los principales bosques atlánticos. Las ya aludidas disparidades, en cuanto a los modelos de ordenación de recursos, entre las Comunidades Autónomas, encuentran un nítido reflejo en las leyendas en que se recogen los aspectos de ordenación y uso público, por contraste con la Red de Parques Nacionales. Más aún, la gran variedad y particularidad de referencias de zonificación indica una clara tendencia a aplicar zonificaciones “ad hoc” para cada espacio dentro de las redes autonómicas, con la excepción de Andalucía, donde se usa un sistema estandarizado (zonas de protección de grado A, B, C y D, que vienen a corresponder a los niveles establecidos en los Parques Nacionales). En la mayor parte de los casos, de cualquier manera, la ordenación combina dos preocupaciones y necesidades básicas. Por un lado la necesidad de establecer varios niveles de intensidad en la protección y el uso de los recursos, aunque ello se refleje con denominaciones diferentes en la zonificación de cada espacio. Esto es lo mismo que ocurre también en los Parques Nacionales y, en general en cualquier espacio protegido más o menos complejo, si bien es normal que en los Parques Naturales las zonas de reserva o uso restringido ocupen superficies menores que aquellas otras destinadas al uso moderado o general y que sean más abundantes los equipamientos de uso recreativo (el Señorío de Bértiz es la principal excepción en este caso) Y por otra parte, la necesidad de dedicar zonas específicas para determinados objetivos propios de cada Parque, apareciendo así zonas de uso agropecuario, de predominio forestal, de regeneración, de uso educativo, recreativo, de ordenación urbanística, etc. En igual sentido se explica también la presencia de determinados equipamientos de uso público especiales: jardín botánico (Bértiz), lugares equipados para la de escalada o el descenso de cañones (Guara), embarcaderos (Albufera, Arribes), museos (Baixa Límia, Somiedo) etc., aunque siempre a partir del mismo esquema general de uso público (con centros de acogida, itinerarios, puntos de observación y áreas recreativas).
6. Reservas de la Biosfera en las Comunidades Autónomas En representación de las dos Comunidades Autónomas insulares se recogen dos Áreas Protegidas de carácter singular, por cuanto se trata de Reservas de la Biosfera que se extienden sobre la totalidad de cada una de las islas afectadas, Menorca y El Hierro. Se pretende destacar, de esta manera, la importante aportación de los dos grandes archipiélagos españoles al patrimonio natural y cultural del país, al tiempo que mostrar redes completas de Áreas Protegidas en la escala insular y añadir, a lo ya adelantado sobre las Reservas de la Biosfera, información complementaria y más detallada, especialmente en cuanto a la zonificación de ese tipo de espacios.
Ambas islas presentan como principal rasgo común la existencia de una importante actividad turística desarrollada en compatibilidad y equilibrio con las actividades agropecuarias tradicionales y con el mantenimiento de una notable riqueza natural, y precisamente por ello fueron designadas como Reservas de la Biosfera (Menorca en 1993 y El Hierro en 2000), ya que un objetivo básico de esta figura es el de utilizar determinados espacios como ejemplo de desarrollo sostenible y armonioso, así como llevar a cabo un seguimiento de su evolución. La superficie protegida sobrepasa el 40% de la isla de Menorca y aún se eleva hasta el 58% en El Hierro, porcentajes de los más elevados del país. A los paisajes volcánicos y agrestes del Hierro se contrapone la suavidad topográfica y las recónditas calas rodeadas por acantilados calizos de la costa menorquina, y mientras en la isla canaria es especialmente relevante la persistencia de endemismos, como la paloma de laurisilva o el lagarto gigante, en Menorca sobresale el magnífico patrimonio histórico que proporcionan sus monumentos megalíticos. En ambas, y ello resulta también especialmente original, un mosaico de praderas de siega y cultivos alternan, en cada caso, con la vegetación típica balear (garrigas y bosques de pino carrasco) o canaria (tabaibales, sabinares, brezales, pinares y laurisilvas). La protección de los espacios naturales del Hierro se sustenta en las figuras clásicas de la legislación nacional (Reserva Natural, Monumento Natural, Paisaje Protegido) y en la específica canaria del Parque Rural (Parque Rural de Frontera). En Menorca, en cambio, sólo en un espacio protegido, S’Albufera des Grau, se ampara bajo la denominación convencional de Parque Natural, recurriéndose en el resto a las figuras específicas de la ordenación territorial balear: Las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) y la Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP). Superponiéndose a estas figuras de protección se establece la zonificación distintiva de las Reservas de la Biosfera, que traslada al plano espacial, con distintas intensidades de utilización humana, los objetivos funcionales de las Reservas. Para cubrir el objetivo de la conservación se designa una o varias (tres en el caso de la isla del Hierro) zonas núcleo, para el objetivo logístico (investigación, educación) una o varias zonas tampón, y para el objetivo del desarrollo una o varias zonas de transición, que vienen a coincidir con las áreas pobladas y sus entornos productivos.