NEMA: AVISO
SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Yo, MARCOS ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número cero cuatro millones novecientos dos mil doscientos treinta y nueve – cero, actuando en mi carácter personal, a usted respetuosamente EXPONGO: Vengo a presentar AVISO de conformidad al Art. 264 del Código Procesal Penal, solicitándole la investigación conforme a sus atribuciones constitucionales, para que se establezca la verdad y de resultar responsables de la comisión de cualquier delito perseguible de oficio, se aplique la Ley. Hechos en que se basa el presente aviso Que el señor Roberto Rubio, en su calidad de Director Ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), emitió unas declaraciones en el programa de entrevistas televisivas “Frente a Frente”, transmitido por Telecorporación Salvadoreña (TCS), correspondiente al día 18 de mayo del año en curso, las cuales han sido retomadas por diversos medios de comunicación impresos y digitales, así como por organizaciones gremiales y de la sociedad civil, en las cuales denunció la existencia de una campaña de difamación desde instituciones públicas, aludiendo específicamente a Presidencia de la República (CAPRES), consistente entre otras acciones, en que “Secciones de Informática” de dicha institución “montan cuentos” y crean “blogs” en Internet, en donde se editan y alteran fotografías de su entorno familiar, acusándolo de operar una red de prostitución en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, de la cual formaría parte su hija. De acuerdo a las declaraciones del señor Rubio, dicha campaña se financia con fondos públicos desde las instalaciones de CAPRES y luego se hacen uso de cibercafés y Universidades con acceso público a Internet, para publicarlas en Internet. De todo lo anterior, el señor Rubio manifiesta tener “información bastante sólida” provenientes de “fuentes bastante sólidas que tienen bastante años en esto”.
Asimismo, en la misma entrevista televisiva, el señor Rubio formula preguntas públicas nombrándome como destinatario, refiriéndose a mi calidad de Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República: (a) Si existe o no existe en CAPRES la “Sección de Informática” a la que él alude; (b) Si yo sé, participo o incluso si soy uno de los dirigentes de esta “guerra sucia” y de la campaña de difamación; ya que de acuerdo a él, sería lamentable que el Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción estuviera involucrado en la “cueva más opaca y sucia de este gobierno”. Posteriormente, en entrevista publicada por El Diario de Hoy en su edición del 21 de mayo del presente año, al ser preguntado sobre su señalamiento a funcionarios de gobierno involucrados en dicha campaña de difamación, el señor Rubio expresó: “Uno sabe quiénes son… no les voy a dar ahorita nombres pero sí sé que hay cuatro instancias, no todas cercanas al oficialismo, algunas son conocidas en la vox populi y hay una más mercenaria que se vende a uno u otro. Ese tipo de ataques ya entran a otro nivel y me llevó a hacer ciertas investigaciones con gente que está metida en este tema y que puede dar información. Creo que esto me llevó también a preguntarle al Secretario Participación, Transparencia y Anticorrupción de que si él sabía de esto y si está involucrado en esto. Yo he ejercido a mi derecho de información (sic) y porque mis fuentes me apunta a hacerle ese tipo de preguntas. Como repito, no estoy acusando, estoy preguntando; no le tengo que probar nada, él tiene que probar en todo caso porque le estoy pidiendo algo que el artículo 2 de la LAIP le exige a los funcionarios.” Como funcionario público, comprometido con los temas que buscan proteger a nuestra sociedad contra todas las formas de corrupción; de respeto a la libertad de expresión y por supuesto de los derechos y garantías constitucionales individuales; y también como ciudadano, comparto la preocupación del señor Rubio y de organizaciones no gubernamentales, que se han pronunciado sobre este tema, sobre la incompatibilidad de la existencia de este tipo de estructuras y campañas desde
instituciones públicas o desde estructuras en el ámbito privado contra la libertad de expresión y en definitiva contra la democracia. Por la relevancia del tema, considero que más allá de la denuncia en medios de comunicación, es indispensable acudir a las instancias del Estado llamadas a investigar los actos que el señor Rubio denuncia. En este caso en particular, las acciones atribuidas por el señor Rubio en lo concerniente a la utilización de fondos e instituciones públicas pueden ser constitutivas del delito de Actos Arbitrarios, establecido en el Art. 320 del Código Penal, el cual establece: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo.” Asimismo, tal como se expresó anteriormente, el señor Rubio manifiesta tener información sólida que le conducen a formular la denuncia pública, en los términos expresados, por lo cual consideramos en honor de la verdad y la aplicación de la ley, solicitar se abra una investigación formal y se le permita presentar toda la información de la que dispone, bajo los criterios de verdad material y jurídica, en una investigación revestida de las formalidades legales, ya que de esta forma contribuimos a proteger la libertad de expresión y de las personas que promueven el respeto a la libertad de expresión y demás garantías individuales y también el derecho de nuestro pueblo a la información y a la verdad. En adición a lo anterior, en caso de que el señor Rubio ejerciendo su derecho de información, mediante el procedimiento de acceso a información, interpusiere solicitud de información en la Unidad de Acceso de Información Pública de CAPRES, deberemos responderle como se han respondido todas las peticiones asi formuladas.
Información aportada para los fines de la pertinente investigación Para efecto de lo anterior, agrego al presente documento un disco compacto conteniendo: a) Video de entrevista completa al señor Roberto Rubio en el programa Frente a Frente de fecha 18 de mayo de 2015, transmitido por Telecorporación Salvadoreña; b) Comunicado de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en diversos medios de comunicación escrita. c) Comunicado del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, fechado mayo de 2015, publicado en diversos medios de comunicación escrita. d) Comunicado del Grupo Promotor LAIP de fecha 21 de Mayo de 2015, y publicado en diversos medios de comunicación escrita. e) Entrevista al señor Roberto Rubio publicada en El Diario de Hoy, en su edición del 21 de mayo de 2015. f) Comunicado de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), publicado por distintos medios de comunicación escrita el día 22 de mayo de 2015. g) Video de entrevista completa al señor Roberto Rubio en el programa 8 en Punto, transmitido por el Canal 21, el día 21 de mayo de 2015. Por lo anterior, respetuosamente PIDO: a) Se tenga por interpuesto el presente AVISO y solicitud de investigación de los hechos antes expuestos. b) Se tengan por agregada la información que adjunto en formato electrónico, en la que consta lo afirmado en este documento. c) Se dé inicio a las diligencias iniciales de investigación de los hechos aquí detallados. d) Solicito se entreviste al señor Rubio y asi mismo se le reciban las pruebas en las que fundamenta sus declaraciones públicas, que son la base del aviso que presento. Señalo como lugar para recibir notificaciones la dirección siguiente: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número 5500, San Salvador.