Augustoperezlindo

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Plan Estratégico Nacional de CTI Bicentenario (2006-2010) Ejercicio 2020: Escenarios y estrategias del CTI Grupo Educación Superior

Augusto Pérez Lindo

PROSPECTIVA DE LA EDUCACION SUPERIOR ARGENTINA 2020

El futuro no se prevé sino que se construye B. de Jouvenel, Futuribles

Buenos Aires, diciembre 2007

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INDICE PRIMERA PARTE I. Introducción -Objetivos y Metodología -Algunas variables e hipótesis II. Función del conocimiento y demandas de recursos humanos en el marco del Plan Bicentenario y del proyecto de la Secyt 2020: Escenarios y Estrategias en CTI -Visión del Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación -Áreas temáticas prioritarias -Áreas problema -Algunas implicancias que surgen del Ejercicio 2020: Escenarios y Estrategias en CTI : A. Sector Público B. Sistema educativo C. Sector Industrial D. Sector agroalimentario E. Sector informático SEGUNDA PARTE: DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION SUPERIOR ARGENTINA I.

La Educación Superior en cifras 1. Población y escolarización superior 2. Expansión, diferenciación y distribución territorial 3. Matrícula 4. Personal docente

II.

Políticas y procesos académicos 1. Sistemas de ingreso 2. Rendimientos 3. Posgrados 4. Educación superior a distancia 5. Temas críticos en la oferta académica

III.

Gobierno, Administración y Gestión 1. Sistema de gobierno y gestión 2. Evaluación institucional, calidad y acreditación

IV.

Políticas de conocimiento 1. Recursos humanos del sistema científico 2. Transferencia 3. Políticas del conocimiento en el sistema universitario

V.

Cooperación Internacional

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1. Internacionalización académica 2. El MERCOSUR universitario VI.

El uso social del conocimiento 1. Perfil educativo de la Población Económicamente Activa y déficits de recursos humanos 2. Educación Superior, gestión del conocimiento y demandas de la sociedad

TERCERA PARTE: ESCENARIOS I.

ESCENARIO A: PROYECCION DE TENDENCIAS ACTUALES 1. Contextos 2. Expansión universitaria 3. Rendimientos académicos e inclusión social de los jóvenes 4. Organización y políticas académicas 5. Educación a distancia 6. Graduados y demanda del mercado profesional 8. Distribución territorial 9. Personal docente 10. Sistemas de ingreso 11. Actividad científica 12. Financiamiento 13. Actividades de transferencia 14. Posgrados 15. Gobierno y gestión universitaria 16. Sistema de evaluación y acreditación 17. MERCOSUR universitario

II. ESCENARIO B: AGRAVAMIENTO DE LOS PROBLEMAS ACTUALES 1. Caracterización general 2. Contextos 3. Expansión 4. Rendimientos académicos 5. Organización académica 6. Educación a distancia 7. Graduados y demandas profesionales 8. Distribución territorial 9. Personal docente 10. Sistemas de ingreso 11. Actividad científica 12. Financiamiento 13. Transferencia 14. Posgrados 15. Sistema de gobierno 16. Sistema de evaluación y acreditación 17. MERCOSUR universitario

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III. ESCENARIO C: MEJORAMIENTO Y CAMBIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR Introducción 1. Contextos 2. Expansión 3. Graduados y demandas profesionales 4. Rendimientos académicos 5. Posgrados 6. Sistemas de información 7. Formación de investigadores 8. Transferencia 9. Internacionalización y MERCOSUR Universitario 10. Gestión y gobierno 11. Reformas pedagógicas 12. Sistema de evaluación y acreditación 13. Formación docente 14. Necesidades críticas y gestión del conocimiento 15. Obstáculos y condiciones de implementación CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA

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PRIMERA PARTE

I. INTRODUCCION Este Informe se inscribe en el marco del proyecto prospectivo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (SECyT), 2020: Escenarios y Estrategias en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Responde a una de las ÁreasProblema-Oportunidad, definidas como prioritarias por el Plan Estratégico Nacional de CTI Bicentenario (2006-2010).1 1. Objetivos y Metodología Este documento pretende trazar un panorama de lo que será la Educación Superior, especialmente la universitaria, en el panorama del país en el año 2020, y los desafíos que se presentarán en ella. Se ha partido de un Diagnóstico como se la define en la literatura sobre Prospectiva.2 A partir de este diagnóstico, se construyen tres escenarios de cómo puede evolucionar el sistema educativo superior argentino hasta la fecha mencionada. Un primer escenario (Escenario A) sigue las tendencias de lo que se manifiesta en el diagnóstico como la evolución reciente del sistema. Un Escenario B traza una evolución pesimista, mientras que el Escenario C describe lo que podría ser la Educación Superior Argentina en un contexto favorable y si todos los actores del sistema contribuyeran efectivamente a su mejoramiento, para corregir las falencias y vacancias detectadas en el diagnóstico. Es decir, parte de la hipótesis más deseable: la adopción de un modelo de desarrollo con uso intensivo del conocimiento. Esto valorizará sin duda el potencial educativo y científico del país. Al mismo tiempo, en este escenario se buscará la generalización de la educación superior entre todos los jóvenes entre 18-24 años.

Para la elaboración de este informe se han considerado previamente las definiciones sobre estrategias y prioridades del sistema de ciencia, tecnología e innovación efectuadas por la SECyT en el marco del Plan Bicentenario, mencionado más arriba. También se han tenido en cuenta las contribuciones relativas a la Educación Superior de otros informes del proyecto 2020

2. Algunas variables e hipótesis Para el análisis del diagnóstico y escenarios de la Educación Superior se han tomado en cuenta los procesos, los contextos, las políticas y los actores, o sea:

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Ver: SECYT, Plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación Bicentenario (2006-2010)

en www.secyt.gov.ar 2

Ver: Michel Godet (1993). De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia, Ed.

Marcombo, Barcelona

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las tendencias de la expansión universitaria; el contexto económico social; la evolución internacional ; la informatización y la cientificación de la sociedad; la continuidad del proceso de reindustrialización del país; el consenso en torno a la búsqueda de equidad social; la profesionalización de las funciones públicas; los cambios y reformas pedagógicas e institucionales en las universidades; el fortalecimiento de los sistemas de evaluación y acreditación de calidad; el crecimiento de los programas de educación a distancia y virtual; la consolidación del MERCOSUR educativo; las actitudes y conflictos en el gobierno universitario; las políticas públicas en asuntos universitarios y en investigación científica; las demandas de la economía, de la sociedad y del Estado en cuanto a producción de conocimientos y formación de recursos humanos altamente calificados.

Uno de los aspectos centrales que destaca este trabajo es la importancia de la formación de recursos humanos altamente calificados del Estado. Como órgano de Gobierno la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación está comprometida con la consolidación de un Estado inteligente y solidario. Para lograr ese objetivo resulta necesario diagnosticar las capacidades de la educación superior.

En el Ejercicio 2020 varios informes han tratado de visualizar las principales demandas en la industria, la agricultura, la informática y otros sectores. No disponemos de un diagnóstico de la demanda de personal altamente calificado en los órganos del Estado en todas sus jurisdicciones. Aunque conocemos por el Informe de la Subsecretaría de la Función Pública el perfil de los profesionales que formaban parte del SINAPA a diciembre de 2004. Cabe recalcar que el Estado es el principal empleador de profesionales y también el principal responsable del subempleo de los mismos.

Una de las hipótesis de este informe es que las demandas de conocimiento son más importantes que las demandas del mercado profesional en Argentina. Lo que quiere decir en Argentina el problema estratégico no reside tanto en el déficit de recursos humanos como en el aprovechamiento del potencial científico, educativo y tecnológico. Esta cuestión ya había sido planteada en el estudio de la OCDE y el CONADE sobre Educación, recursos humanos y desarrollo en Argentina realizado entre 1965-1968.3 En aquel entonces se constataba que existía una gran disponibilidad de profesionales y científicos que no eran aprovechados en los distintos sectores de la economía y del Estado lo que incidía en la baja productividad de los mismos. En la actualidad la formación de abogados, contadores, arquitectos o médicos exceden la demanda aparente del mercado pero faltan especialistas para administrar el sistema judicial, para modernizar las PYMES, para resolver los problemas habitacionales y urbanos o para mejorar el sistema de salud.

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CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO (1968), Educación, recursos humanos y desarrollo en

Argentina, Bs.As.

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Michael Porter en Las ventajas competitivas de las naciones 4 mostraba que tan importante como la disponibilidad de recursos era el despliegue de los mismos, o sea, la manera de crearlos y aprovecharlos. En este punto la Argentina presenta graves falencias pues no existen políticas y estrategias para aprovechar plenamente sus recursos humanos altamente calificados. Lo que explica en parte el éxodo de profesionales, científicos y técnicos (sobre unos 11.000 doctorados del país, unos 5.000 trabajan en el extranjero).

La intervención creciente de las ciencias y las tecnologías en la producción de la sociedad contemporánea provoca innovaciones que obligan a la actualización y reconversión permanente de las personas calificadas. Por lo tanto, muchas personas con responsabilidad profesional o directiva se han visto obligadas a recurrir a conocimientos provenientes de campos distintos al de su disciplina de origen. La resolución de problemas complejos (como los del medio ambiente, la pobreza o la gestión de sistemas de información) involucran a expertos de distintas orientaciones, la transdisciplinariedad se vuelve habitual. Esto quiere decir que no siempre se puede prever una correspondencia entre el perfil de un profesional y su ubicación en el mundo del trabajo tal como lo pretendían las teorías de la planificación y del capital humano en las décadas del 60 y 70. .

Los déficits de recursos humanos no siempre son observables, tangibles. En particular en el Estado no siempre se percibe que hacen faltan nuevos enfoques para resolver los nuevos o viejos problemas. A veces, el déficit de conocimiento depende de las estrategias adoptadas (si no prevemos la información de las organizaciones tampoco precisamos gerentes de información). Actualmente se percibe una gran necesidad de ingenieros y de ciertas especialidades para abordar los procesos de reindustrialización o las demandas energéticas. Las demandas son reales y urgentes. En cambio, se percibe menos la importancia de políticas y de especialistas para el desarrollo de las industrias culturales que ya ocupan un lugar relevante en la sociedad y en la economía. .

Como ya hemos señalado desde los años 60 se observa que el país no tiene en términos absolutos déficits de recursos humanos altamente calificados. El éxodo de casi 100.000 profesionales, científicos y técnicos trabajando en el exterior parecería conformarlo. Pero en términos relativos encontramos necesidades urgentes de geólogos, ingenieros químicos, expertos en minería, energía, nanotecnologías, nuevos materiales y otros temas. Existe escasez de conocimientos o de especialistas en sectores críticos como la gestión pública, el sistema educativo, las industrias culturales, el sector energético, la informática, el sistema de seguridad, la gestión ambiental, el desarrollo social. A nivel empresarial las demandas se cubren con una gran movilidad de profesionales y técnicos que provienen de cualquier lugar del mundo. Los déficits de profesionales especializados se sienten en cambio agudamente en el sector estatal.

En el sistema educativo nacional existen problemas que han sido identificados en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (Bicentenario 20062010, PROTIS, Area-problemas-oportunidad: política y gestión educativa). Pero un análisis más centrado en las demandas de conocimientos nos permite observar que tenemos carencias de especialistas en ciencias cognitivas, en psicología educacional, en 4

Michael Porter (1991) La ventaja competitiva de las naciones, Javier Vergara, Bs.As.

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gestión educativa, en informática educativa o en gestión universitaria.

Además de las lagunas de información podemos constatar que no existen políticas sistemáticas en la gestión de conocimiento aplicada a las instituciones públicas. La SECyT intenta cubrir una brecha de información a través de este Ejercicio y otros esfuerzos ya realizados. Pero en todos los sectores observados de la educación superior y conexos descubrimos que todavía se necesita un esfuerzo particular dedicado a fortalecer la capacidad del país para sistematizar y aprovechar eficazmente la información básica destinada a sustentar un proyecto de desarrollo liderado por la gestión pública. Otro tanto se puede decir del aprovechamiento de los profesionales, científicos y técnicos disponibles en el sector estatal. La gestión del conocimiento no se ha instalado aún en la función pública pese a los esfuerzos notorios de organismos especializados en el nivel nacional y en las provincias.

II. FUNCION DEL CONOCIMIENTO Y DEMANDAS DE RECURSOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PLAN BICENTENARIO Y DEL PROYECTO DE LA SECYT 2020: ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS EN CTI 1. Visión del Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación En marzo de 2005 las autoridades de la SECyT y de la ANPCyT acordaron algunas definiciones sobre los valores esenciales del SNCTI que se expresan en estos principios: la educación como base del acceso al conocimiento, la calidad de vida y la movilidad social el conocimiento, como sustento de una cultura innovadora y solidaria el progreso económico y social, en un marco de innovación permanente, integración regional y respeto por los derechos humanos y el medio ambiente la calidad y la pertinencia como guías permanentes de la investigación y desarrollo También se ha definido como propósito esencial: promover la transición hacia una economía basada en el conocimiento para lograr una sociedad más justa y equitativa.

2. Áreas temáticas prioritarias Dentro del marco del Plan Bicentenario la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación definió Áreas temáticas prioritarias que toman en cuenta tanto las vacancias académico-científicas como las necesidades de conocimiento para abordar problemas cruciales. He aquí una presentación general.

Agroindustrias y agroalimentos: diversificación productiva, tecnologías de procesos, tecnologías para la seguridad de los alimentos; tecnologías generadoras de valor agregado; estudios sociales aplicados a la industrialización agropecuaria; tecnologías específicas para mini y microempresas.

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Biotecnología. Proteómica. Genómica funcional. Farmacogenómica. Ingeniería de proteínas y tejidos. Modelización y síntesis de biomoléculas. Bioinformática.

Educación. El sistema educativo. Regulación y descentralización.Gestión de políticas educativas. Estudios sobre las organizaciones y los actores educativos.

Macropolítica e institución escolar. Reformas educativas. Cambios en el mercado laboral y función del sistema educativo. Equidad. Inclusióln social.

Transformaciones culturales. Mundialización educativa. Formación para la ciudadanía. Desigualdad social. Formación docente. Crisis del modelo escolar vigente. Autoridad, responsabilidad, autonomía.

Energía. Aprovechamiento de energías eólicas. Sistemas de generación eléctrica. Energía nuclear. Vehículos eléctricos. Nuevos materiales conductores.

Información sobre recursos energéticos fósiles y renovables. Diseño de viviendas energéticamente eficientes.

Estado, sociedad y calidad de vida. Representación y gobernabilidad democrática. Rol del Estado. Transformaciones de la sociedad. Estructura de la desigualdad social. Empleo y ciudadanía. Estado e instituciones. Calidad de vida. El habitat.

Matemática aplicada interdisciplinaria. Articulaciones de la matemática con la biología, la informática, la ingeniería, la economía, la física, la química.

Medio ambiente, tecnologías limpias y mejoramiento ambiental.

Microelectrónica.

Nanotecnologías Recursos del mar y de la zona pesquera Recursos mineros Sustentantibilidad de la producción agropecuaria y forestal Tecnología de la información y las comunicaciones Tecnología de los materiales Tecnología espacial Tecnología nuclear Tecnologías biomédicas Trabajo, empleo y protección social Violencia urbana y seguridad pública 3. Áreas problemas De acuerdo con el Programa Transversal del Sistema Nacional de Innovación (PROTIS) las áreas del gobierno definieron para el Plan Estratégico de ciencia, tecnología e innovación una serie de áreas problemas considerados como prioridades.

Estos son los enunciados generales: Marginalidad, discriminación y derechos humanos Competetitividad de la industria y modernización de sus métodos de producción Competitividad y diversificación sustentable de la producción agropecuaria Conocimiento y uso sustentatable de los recursos naturales renovables y protección del medio ambiente Infraestructura y servicios de transporte Infraestructura energética. Uso racional de la energía Prevención y atención de la salud 9

Políticas y gestión del Estado Política y gestión educativa 4. Algunas implicancias que surgen del Ejercicio Estrategias en CTI

2020: Escenarios y

A. Sector Público Si consideramos que el Estado es el principal empleador de profesionales y si tenemos en cuenta las deficiencias de los organismos públicos, es evidente que este debería ser un foco de atención. Un aspecto fundamental es la transformación del estado en una organización inteligente, capaz de mantener una gestión estratégica durante largos plazos. Entre 2008-2020 la renovación de profesionales del estado alcanzará a cerca de 20.000 personas teniendo en cuenta los contingentes actuales y sus promedios de edad.

Los organismos públicos deberían aprovechar plenamente los recursos de la informática para crear mecanismos de gobierno virtual mas directamente ligados a los ciudadanos. La capacidad estratégica, la organización inteligente, la profesionalización de los funcionarios podrán crear otro modelo de Estado más eficiente y más cerca de las necesidades del pueblo, o sea, un estado inteligente y solidario.

Realizar estos propósitos implica mejorar profundamente la cooperación entre las universidades y los organismos del estado en todos sus niveles. Ya existe una red de programas universitarios de administración pública que han comenzado a concertar sus actividades con los organismos estatales.

Hemos analizado un caso particular, el de los abogados que representan el 19% de los profesionales del sector público, o sea, unos 1.334 cargos.5 Cerca del 25% de los graduados de las facultades de Derecho terminan desempeñándose en la actividad política y en el servicio público. Pero no existe una capacitación específica para fortalecer las competencias que requieren estas funciones ni de parte de las entidades académicas ni de parte de los organismos públicos. En consecuencia, los organismos del Estado no siempre se encuentran bien atendidos o defendidos en el país o en el exterior.

Las universidades, y en este caso las facultades de derecho, deberían incluir en los planes de estudio los temas esenciales de la gestión pública.

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Ver Informe de Marcelo Héctor Efron y Leticia Analía Nicodeme: Análisis prospectivo sobre las

necesidades de recursos humanos altamente calificados en la administración pública: la formación de abogados , SECYT, Ejercicio 2020 : Escenarios y estrategias del CTI, Bs.As., octubre 2007

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La profesionalización de los funcionarios es una política que no se completado.

El perfil educativo de los empleados aumentará. Los procesos de integración regional y de transnacionalización de las intervenciones del Estado demandarán más competencias técnicas y profesionales. Los organismos del Estado tendrán que tener mayor capacidad de previsión y de investigación. Estos son algunos de los elementos para construir un Estado inteligente que necesita el país.

B. Formación de docentes e investigadores El segundo sector de requerimientos masivos de recursos humanos altamente calificados es el sistema de educación superior y el sistema educativo en general. En la educación superior se contaban hacia 2005 unos 180.000 docentes (140.000 de universidades públicas, 25.000 de universidades privadas, 15.000 de los IES). En el período 2008-2020 se podrían renovar al menos 40.000 docentes. Sería deseable que la mayoría de ellos tuvieran estudios de posgrado.

A esto hay que agregar la renovación y recalificación de los docentes de la educación común, que hacia 2005 eran unos 572.002 educadores (445.148 en el sector público). El sistema educativo, que involucra a más de 12 millones de personas, constituye en sí mismo un espacio de problemas a resolver, o sea, un ámbito donde la producción de conocimientos especializados ha de incrementarse sustancialmente. La violencia escolar, la educación a distancia, el perfeccionamiento docente, la renovación de los contenidos, la internacionalización, los déficits cognitivos, los problemas de lecto-escritura, son algunos de los temas que afectan a la calidad de la enseñanza y sobre los cuales no se tiene investigación suficiente. Esto implicaría pensar en la formación de formadores del más alto nivel en ciencias de la educación y en investigación educativa.

El Instituto Nacional de Formación Docente prevé una serie de acciones en su Plan Nacional de Formación Docente para renovar y actualizar a los enseñantes del sistema educativo. Para cumplir con sus objetivos el INFD necesita el apoyo de las universidades tanto en lo que hace a la graduación de especialistas como en lo que hace a la investigación.

Formación de investigadores. El numero de nuevos investigadores que deberían incorporarse al sistema universitario, publica y privado, antes del 2020 se sitúa en el orden de los 15.000. Por otra parte, en el sistema científico nacional la renovación por jubilaciones y el ingreso de nuevos investigadores hará necesario formar unas 10.000 personas. A lo que hay que agregar que si se quiere afrontar el déficit de doctores en casi todas las disciplinas habrá que invertir en nuevos posgrados.

Sin gestión del conocimiento será imposible responder a las demandas de recursos humanos de alto nivel. Una de las conclusiones que surge de este ejercicio es que las demandas identificadas suponen un esfuerzo intencional y permanente por parte de las instituciones educativas para formar el personal y para crear el conocimiento adecuado.

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C. Sector Industrial Si consideramos algunas demandas sectoriales podemos observar que existen políticas públicas para atender las demandas de ingenieros y otras profesiones que necesita el desarrollo industrial y energético del país. El Proyecto para el Mejoramiento de la enseñanza en Ingeniería (PROMEI), el apoyo a las carreras prioritarias , el apoyo a los posgrados tecnológicos a través del FONCYT, junto con la recuperación de las escuelas técnicas y de las carreras técnicas en los institutos de educación superior no universitarios son algunas de las medidas que se han esbozado para apoyar el crecimiento industrial y sus necesidades de recursos humanos.

La definición de las carreras prioritarias tuvo lugar a través de distintos foros que convocaron a los distintos sectores de la producción a través del Ministerio de Economía. Comprende las siguientes orientaciones: agrimensura, agronomía, agrotecnica, bioingeniería, biología, bromatología, ciencias naturales, ecología y medio ambiente, enfermería, estadística, física, genética, geofísica geología, geoquímica, hidrología, informática, ingeniería (en todas sus especialidades), zootecnista, matemática, meteorología, química, relaciones industriales, salud pública, seguridad industrial, tecnología de alimentos, veterinaria.

Se trata de un conjunto muy amplio de carreras que en 2005 tuvieron 238.409 alumnos y 8.256 egresados. Para el 2020 podrán llegar a 400.000 alumnos y 20.000 egresados si se mantiene las políticas de apoyo a estas orientaciones. El acortamiento de las carreras de ingeniería, de acuerdo a lo propuesto por el CONFEDI, podría mejorar el flujo de nuevos inscriptos. En la matrícula de 2005 informática comprendía 49.484 alumnos mientras que hidrología 11, ingeniería textil 99, geofísica 60, ingeniería geofísica 15, ingeniería energética 57, ingeniería nuclear 39, ingeniería azucarera 6, ingeniería pesquera 102.

Sectores relegados como la industria nuclear, la industria aeroespacial, la industria ferroviaria, están recobrando impulso y podrían requerir nuevos profesionales y líneas de investigación. La ingeniería azucarera deberá reformularse y recobrará importancia con la aprobación de las nuevas políticas sobre la producción de biocombustible (etanol) a partir de la caña de azúcar.

Las políticas de innovación impulsadas desde el Estado y las empresas, el respaldo de los programas de investigación en áreas críticas como nanotecnologías, nuevos materiales, energías alternativas, etc. constituyen medidas que tienden a cubrir brechas tecnológicas y científicas que habrá que considerar D. Sector agroalimentario En el sector Agroalimentario, de acuerdo con el informe de Martín Piñeiro y Rafael López Saubidet, encontramos que las necesidades tecnológicas para el próximo decenio parecen orientarse a los siguientes temas: a. Mejoramiento vegetal y animal

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b. Tecnologías aplicables a la industria de alimentos especialmente para la incorporación de atributos específicos de calidad, inocuidad componentes nutricionales c. Prevención y control de enfermedades y plagas en el sector vegetal y de enfermedades en el sector pecuario d. Desarrollo de tecnologías de procesos de la producción primaria y aplicaciones de biotecnologías para mejorar la relación suelo planta y la eficiencia biológica de las plantas e. Desarrollo de tecnologías de procesos en la producción pecuaria f. Identificación y desarrollo de productos primarios con atributos adecuados para su utilización en la producción de bioenergía.

Estos problemas deberían asumirse en los planes de estudios y en las políticas de investigación de las facultades pertinentes.

El informe de Martín Piñeiro también señala los escenarios y oportunidades que se plantean para la ciencia a través de grandes de líneas de investigación, o sea: A. El desarrollo de la biotecnología y la nanotecnología y sus aplicaciones a la producción agroalimentaria como, por ejemplo, en: 1) genómica en general, 2) marcadores moleculares, 3) recombinación de genes in Vitro, 4) diseño e ingeniería de proteínas, 5) diagnostico molecular de enfermedades, 6) aplicaciones a los programas de trazabilidad y certificación, 7) aplicaciones al desarrollo de vacunas, 8) aplicaciones a la nutrición y a la eficiencia reproductiva pecuaria, 9) aplicaciones a la producción pecuaria de farmacéuticos y otros productos especiales etc B. El desarrollo de tecnologías que mejoran la calidad, inocuidad y funcionalidad de los alimentos como: 1) caracterización de interrelaciones fisiológicas y relaciones de micro estructuras y sus efectos sobre diferentes productos y la salud humana, 2) indicadores objetivos de la calidad de los productos, 3) aplicaciones de tecnologías emergentes como alta presión hidrostática, ultrasonido y microondas para el procesamiento y la conservación de productos perecederos, 4) el desarrollo de sensores y biosensores para medir la calidad, 5) aplicaciones de la nano-tecnologías en el desarrollo de envases, y potencialmente en otros usos y 6) desarrollo de tecnologías para el manejo de residuos agroindustriales.

C. El desarrollo de tecnologías que mejoren la eficiencia en la producción de biocombustibles como, por ejemplo: 1) tecnologías para la separación, 2) la utilización de sensores remotos, 3) el desarrollo de aditivos específicos para las materias primas que se utilicen en el país, 4) utilización de bacterias y levaduras para el tratamiento de la biomasa, y 5) tecnologías informáticas y de ingeniería para el desarrollo de sistemas logísticos.

D. El desarrollo de tecnologías de procesos de la producción agropecuaria que mejoren la productividad sustentable en ambientes nuevos. Ejemplos de estas tecnologías son: 1) tecnologías que mejoran la sintonía o correspondencia entre las características de los procesos productivos con los atributos del ambiente. Estas tecnologías requieren conocimientos específicos en diversas áreas como, por ejemplo: a) descripción y caracterización de los ambientes, b) confección de mapas georeferenciados, c) desarrollo del soft-ware necesario etc.

2) robotización,

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automatización y uso de sensores en la agricultura y la lechería, 3) uso de las TICs para la información técnica y la gestión, 4) caracterización entre procesos productivos y atributos de calidad del producto, 5) tecnologías de aprovechamiento de subproductos y de manejo de efluentes en la producción pecuaria E. El desarrollo de tecnologías que permitan una mejor utilización y conservación de los recursos naturales tales como : 1) elaboración de inventarios de los recursos naturales y su utilización en los principales ambiente productivos , 2) generación y uso de información satelital, 3) desarrollo de modelos matemáticos que permitan analizar las relaciones causales entre la utilización de los recursos y su conservación, 4) desarrollo y sistematización de conocimientos que articulen la interfase entre las disciplinas ambientales y las económicas y sociales, 5) desarrollo de escenarios y modelos alternativos de uso de los recursos naturales 6)la utilización del ADN para trabajos taxonómicos y 7) sistematización y desarrollo de principios exitosos para el desarrollo institucional necesario para la aplicación de la política de recursos naturales En el sistema universitario nacional se ha creado el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía (PROMAGRO). Las facultades de agronomía del MERCOSUR se encuentran asociadas para facilitar el intercambio y la circulación de estudiantes y profesores. Por otra parte, las carreras de agronomía fueron las primeras a las que se aplicó el Mecanismo Experimental de Acreditación del MERCOSUR (MEXA). De esta manera los agrónomos inician la formación del mercado profesional del MERCOSUR. Proceso que hacia el 2020 se encontrará extendido a otras profesiones como los ingenieros, los médicos, los veterinarios, los arquitectos.

Los escenarios favorables a la expansión agroalimentaria en la próxima década así como la intervención de actores específicos y preocupados por los problemas emergentes (INTA, Conicet, facultades de agronomía y veterinaria, Secretaría de Agricultura, organizaciones empresariales y centros de investigación privados) estarían indicando que el sector se encuentra suficientemente atendido en cuanto a previsiones de recursos humanos y de conocimientos.

E. Sector informático En las universidades los alumnos de informática e ingeniería de sistemas llegaban a 68.929 en 2005. Junto con los estudiantes de los IES que siguen esta orientación superan los 100.000. Parece existir una cierta correspondencia entre oferta y demanda.

Sin embargo, desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo nacional podemos notar que hacen falta gerentes de sistemas de información para organizaciones complejas, expertos en informática educativa, especialistas en informática médica.

De acuerdo al informe de Gabriel Baum la demanda y la expansión de los servicios informáticos seguirá creciendo. Los esfuerzos empresariarles, gubernamentales y tecnológicos se orientarán a satisfacer este fenómeno de generalización del uso de las TICs. Pero la base en I-D en el país es bastante limitada.

Por otro lado, la industria informática local tiene escaso volumen y no participa de desarrollos competitivos a escala mundial.

En los próximos diez a quince años aparecerán , entre otros, los siguientes focos tecnológicos y áreas de aplicación clave :

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1. Generalización y mejora del espectro de uso, calidad y seguridad de los productos y servicios de comunicaciones inalámbricas móviles. En particular, la generalización de las tecnologías de Internet y creciente orientación a las necesidades de los usuarios.

2. Desarrollos innovativos de knowledge & content management . Fuerte desarrollo de I&D e innovación y nuevos tipos de negocios en esta área.

3. Fuerte expansión de la industria del software. Especializaciones sectoriales y aumento de la productividad. I&D orientada por mercados verticales y complejización del software. Expansión del modelo open source.

4. Desarrollo de la automación e instrumentación vinculada a la expansión de las empresas-red on-line , la mecatrónica, la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología.

5. Desarrollo fundamentales en áreas de aplicación claves: seguridad y confiabilidad; salud; agroindustrias y alimentación; gobierno; educación y aprendizaje; energía y medio ambiente.

6. Servicios de Telecomunicaciones. Comunicación multimedia en redes inalámbricas de banda ancha. Disponibilidad generalizada de servicios de banda ancha personalizados, sensibles al contexto.

7. Servicios TI. Sistematización y digitalización de los procesos de servicios.

Fuerte desarrollo de I&D para obtener soluciones confiables, seguras y compatibles. Nuevos modelos de negocios nacionales e internacionales.

8. Componentes para sistemas inalámbricos y embedded. Componentes para sistemas inteligentes sensibles al ambiente. Electrónica impresa y nuevas soluciones nanoelectrónicas.

En la actualidad el mercado manifiesta una demanda insatisfecha de profesionales en las varias especialidades relacionadas con las TICs. En varias casas de estudios el nivel de estas carreras, en lo referente a la formación científica y técnica es aceptable, aún cuando debería actualizarse en muchos aspectos.

En cuanto a Investigación y Desarrollo existen pocas empresas que realicen esfuerzos significativos en áreas relacionadas con las TICs y sus aplicaciones en la industria. Los registros del FONTAR y más recientemente del FONSOFT- indican que si bien hay un aumento significativo de las presentaciones empresarias, en general el grado de innovación de los proyectos aún es pobre comparado con la evolución internacional.

La debilidad, y aún la inexistencia en muchos sectores, de redes o vinculaciones entre firmas es uno de los problemas más serios que enfrenta la industria en relación con el desarrollo de capacidades de innovación que permitan construir ventajas competitivas genuinas para las empresas locales en el contexto global. Las vinculaciones entre el sector productivo y el científico-técnico son igualmente débiles, son escasos los ejemplos de relaciones perdurables entre grupos de investigación y empresas, lo cual dificulta el flujo de conocimientos y experiencias que constituye un factor estratégico para el desarrollo y la competitividad nacionales.

En las Universidades públicas, que concentran la mayor parte de las actividades de investigación, la situación, si bien ha mejorado en los últimos años a instancias del

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incremento de fondos para ciencia y tecnología, junto con un reconocimiento de la importancia de las TICs por parte de las autoridades, la situación aún dista mucho de ser satisfactoria.

Es necesario reconocer que deben realizarse múltiples y persistentes esfuerzos de carácter sistémico, que involucren a las TICs industriales como parte importante aunque obviamente no solamente a ellas-, en el sentido de construir redes que incluyan empresas y centros de investigación científica y aplicada, identificar especializaciones que permitan abordar mercado externos exigentes, fortalecer y renovar la educación superior y tecnológica, fortalecer la investigación básica y a la vez promover la circulación de conocimientos y la colaboración entre universidad y empresa.

Un aspecto crucial tanto para la evolución de las organizaciones públicas como empresariales es la gestión del conocimiento. El país acusa un serio déficit en gerencia de sistemas de información para organizaciones complejas (el sistema de salud, el sistema judicial, el sistema universitario, servicios públicos). Tampoco abundan los especialistas en informática educativa y en desarrollo de materiales para enseñanza virtual.

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SEGUNDA PARTE DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION SUPERIOR ARGENTINA

II.

LA EDUCACION SUPERIOR EN CIFRAS

1. Población y escolarización superior

Partiendo de distintas fuentes se observa que la escolarización superior en Argentina es muy significativa en términos sudamericanos e internacionales. No obstante, cabe señalar discrepancias en las informaciones que relativizan esta percepción. El Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias (pág. 168 ss.) nos informa que para 2005 la población de 18-24 años sumaba unas 4.552.019 personas, siendo la tasa bruta de escolarización superior del orden del 45%.

Si se toma el rango de la OCDE (20-24 años) y el total de la educación superior (universitaria y no universitaria) Argentina figuraría con el 63.5% de tasa bruta de escolarización superior. Lo que ubica al país en primer rango entre todos los de América del Sur y el Caribe. Para los países del Mercosur la situación sería la siguiente: Brasil: 22.7%, Uruguay: 40.5%, Paraguay: 19.7%; Venezuela: 43.3%; Chile: 46.2%.

Partiendo de una población estimada en el rango de 18-24 años, para 2005 el total de nuevos inscriptos en las universidades públicas y privadas llegaba a 370.129. El total de estudiantes en todo el sistema universitario llegaba a 1.539.742, de los cuales el 83.50 % estaba inscripto en universidades públicas y el 16.50 % en universidades privadas. Esta relación entre matrícula pública y privada contrasta con el resto de América del Sur donde el sector privado tenía en promedio el 46.6% de la matrícula en 2003.6 El Censo de Población de la República Argentina de 2001 permitió constatar que el número de personas que posee un título completo de educación superior asciende a 2.271.190. De ellos, 1.142.152 tienen un título universitario completo. Los varones representan el 51% a nivel universitario y las mujeres el 49%. En cuanto a diplomados de la educación superior no universitaria el 74% son docentes, mayoritariamente mujeres. En comparación con los datos de las universidades nacionales el Censo 2001 permite detectar unos 200.000 estudiantes menos, lo que seguramente se debe a la doble y triple inscripción de los alumnos cuyas bajas se realizan con retardo.

La población con título universitario se distribuía, de acuerdo al Censo 2001, entre los grupos de 30-39 años y de 40-49 años. Esto permite pensar que hacia el 2020 cerca del 50% de los diplomados universitarios actuales estarían jubilándose. Hacia el 2001, unas 94.058 personas con educación superior tenían 65 años o más, mientras que 49.899

6

IESALC (2006) Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005,

IESALC, Caracas, p.250

17

tenían entre 60-64 años.

Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC el 15.6% de la población activa poseía título universitario o terciario hacia el 2004.

Hacia el 2001 el 87% de los graduados universitarios se encontraban activos. El 65% de los mismos se ubicaba en la categoría de empleado. La mayoría se desempeña en el sector público. Este dato es fundamental para la proyección de las demandas de recursos altamente calificados en el sector público. Cabe destacar que el 31 % de la población de nivel terciario del país hacia el 2001 se dedicaba a la enseñanza en todos los niveles. En las universidades nacionales trabajaban 110.821 personas, de las cuales un 54% eran hombres y un 46% mujeres.

De acuerdo al Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005 del IESALC UNESCO, Argentina figura entre los países con mejor cobertura o acceso a la educación superior para jóvenes entre 20 y 24 años. En efecto, tomando en cuenta la relación entre matrícula universitaria (2.010.830), población (37.870.000), grupo de edad 20-24 años (3.351.400), la tasa bruta de matriculación resulta ser del 60%, la más alta de la región (seguida por Panamá: 50.5%, Costa Rica: 43.3%, Chile: 46.2%, Uruguay: 40.5%).

De acuerdo al mismo informe para el 2008 la tasa bruta de matriculación de educación superior llegaría al 73.4%, lo que se encuentra a nivel de los países europeos.

(Brasil: 35.2%). Argentina se aproxima en los comienzos del siglo XXI al horizonte de la universalización de la educación superior.

Cuadro Nº 1: Total de alumnos de la EDUCACION SUPERIOR (2005)

Universidades Nacionales Universidades Privadas Institutos Superiores Total:

1.285.625 254.117 509.134 2.048.876

% 62,75 12,40 24,85 100,00

Este liderazgo que Argentina tiene en cuanto a escolarización superior se conserva en los últimos 50 años y se compara favorablemente con la mayoría de los países de Europa. Sin embargo, el dato cobra otra perspectiva cuando se trata de analizar los rendimientos académicos donde Argentina figura con los niveles más bajos. Esta dualidad tiene un costo social y económico muy alto. Significa, entre otras cosas, que sobre los 300.000 nuevos inscriptos en la universidad pública en 2005, por lo menos unos 200.000 van a fracasar. La ilusión de un acceso universal a la educación superior se derrumba frente a la falta de mecanismos efectivos para retener a los estudiantes y para asegurar al mismo tiempo la calidad de la enseñanza.

18

Total de alumnos Educación Superior

509.134 ; 25%

254.117 ; 12%

Universidades Nacionales

1.285.625 ; 63%

Universidades Privadas

Institutos Superiores

2. Expansión, diferenciación y distribución territorial

Desde hace varias décadas el sistema de educación superior se encuentra en proceso de expansión, de diferenciación institucional y de distribución territorial.

La demanda de escolarización superior ha sido creciente y los actores institucionales se han preocupado por crear accesos variados y al alcance de todos los sectores.

Crecimiento institucional. El crecimiento del número de instituciones universitarias entre 1960-2005 ha sido constante pasando de 15 universidades, privadas y nacionales, a 101 en la última fecha (45 nacionales y 56 privadas). Hay que agregar hacia 2007 la existencia de 7 institutos universitarios nacionales, 14 institutos universitarios privados, una universidad provincial y 2 universidades internacionales.

Este crecimiento es coherente con lo que se observa en América Latina en los últimos 20 años, donde algunos países han experimentado una explosión de sus universidades, sobre todo privadas.

Cuadro Nº 2: Universidades 2007

Universidades públicas Universidades privadas Institutos universitarios públicos Institutos universitarios privados Universidades provinciales Universidades internacionales Total

45 56 7 14 1 2 125

% 36,00 44,80 5,60 11,20 0,80 1,60 100,00

Los Institutos de Educación Superior No Universitarios (en adelante identificados como IES) suman 1174 en 2005, con 772 bajo gestión pública y 1002 en gestión privada.

De acuerdo con los datos de la RED VITEC (CIN) en el sistema universitario 19

argentino se ofrecían hacia 2005, 3.907 carreras de las cuales 2.573 correspondían a universidades públicas y 1.334 a universidades privadas. En las universidades públicas se ofrecían 168 licenciaturas, 30 profesorados, 1.729 carreras de grado, 59 carreras de pregrado, 8 carreras de postítulo, 385 carreras técnicas, 190 carreras intermedias, 5 carreras de complementación. En las universidades privadas: 70 licenciaturas, 17 profesorados, 1004 carreras de grado, 24 de pregrado, 9 postítulos, 122 carreras técnicas, 73 carreras intermedias y 3 carreras complementarias.

Como se observa la variedad de títulos ofrecidos es muy grande, aunque muchos de ellos tienen denominaciones similares. La educación superior no universitaria- ofrece otros 6.960 títulos por lo que el total de diplomas ofrecidos por la Educación Superior Argentina alcanzaba a cerca de 11.406 títulos hacia 2003. (Fernández Lamarra, N., 2003).

Cuadro 3: Títulos Universitarios (2005) Universidades públicas Universidades privadas Total

2.573 1.334 3.907

% 65,86 34,14 100,00

Fuente: RED VITEC (CIN)

Diversificación. Junto con el crecimiento institucional también se produjo una gran diversificación, tanto entre universidades privadas y públicas, como en cuanto a la existencia de entidades con identidades filosóficas, religiosas o sociales diferentes. El pluralismo institucional, filosófico e ideológico se encuentra consolidado.

Distribución territorial. En la actualidad se puede considerar que la cobertura territorial del sistema de educación superior es satisfactoria teniendo en cuenta que las posibilidades de acceso se encuentran en todas las provincias y en todas las ciudades importantes del país. Sin embargo, hay que considerar que siguiendo la concentración demográfica, económica y social del país, en el 2005 el 40.09% de la matrícula universitaria se concentraba en el Area Metropolitana, el 18.52 en la Región CentroOeste, el 11.42% en la Región Bonaerense, el 10.31 en la Región Centro-Este, el 9.93% en la Región Noroeste, el 5.95% en el Nordeste y el 3.77% en la Región Sur. Educación Superior a distancia. Hay que tener en cuenta también que en los últimos años se encuentran en pleno crecimiento las ofertas de cursos y carreras en la modalidad a distancia lo que permite llegar aún más a todos los eventuales interesados.

Podemos estimar que en la actualidad cerca de 200.000 personas son usuarios de programas a distancia en educación superior. La mayoría de ellas utilizan recursos de universidades próximas pero un porcentaje significativo pertenece a regiones distantes e inclusive del exterior. La des-territorialización de la Educación Superior ha comenzado a instalarse y seguirá acentuándose rápidamente en la próxima década.

Institutos de Educación Superior (no universitarios). Para el 2005 el Anuario Estadístico Educativo del Ministerio de Educación informa que existían 509.134 alumnos en los IES. De los cuales el 69% era mujeres. El sector estatal tenía 274.212

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alumnos en su matrícula. De acuerdo con estos datos la educación superior no universitaria representaba un 25.7% del total de la educación superior del país. A su vez, cabe señalar más del 50% de los alumnos de los IES se orientan hacia la formación docente.

En cuanto a egresados de carreras de grado, los IES tuvieron 68.252 graduados en 2005. De entre ellos, 32.160 tenían títulos docentes y 34.889 tenían orientación Técnico Profesional. En carreras de posgrado el número de egresados de 2005 fue de 5.092, siendo 1.877 de orientación docente y 2.924 de orientación Técnico Profesional.

Los institutos de formación técnica, algunos de los cuales como los Institutos Tecnológicos Universitarios, se articulan con universidades, cumplen una función muy importante en la preparación de recursos humanos especializados. Ofrecen carreras cortas e intermedias, con salidas laborales rápidas. Responden rápidamente a las necesidades de la industria, el comercio o los servicios. Con más de 35.000 graduados en carreras de grado y posgrado por año, presentan mejores rendimientos académicos que las carreras universitarias.

3. Matrícula El crecimiento de la matrícula, y por lo tanto del acceso a la educación superior, también ha sido notorio. En 1980 llegaba a 481.746 alumnos en todo el sistema de educación superior. En 1985, a 777.488. En el 2000 a 1.724.397. Teniendo en cuenta el período 1985-2000, en un contexto de recuperación democrática, observamos el crecimiento espectacular de la matrícula. La política de ingreso irrestricto a las universidades nacionales y las nuevas autorizaciones para crear universidades privadas tuvieron un impacto efectivo en este crecimiento.

Cabe notar dos características importantes del estudiantado de las universidades públicas: cerca de un 50% de los alumnos trabajan y la mayoría de los estudiantes no se dedican exclusivamente al estudio. Esto resulta conveniente tener en cuenta desde el punto de vista estadístico pues el estudiante promedio tiene una dedicación parcial al estudio. Asimismo, esto explica la tendencia generalizada a la preparación de materias aisladas que llevan inevitablemente al desgranamiento de las cohortes.

Sector público- sector privado. Hay que notar como una constante que a nivel universitario el sector público cubre alrededor del 80% de la matrícula mientras que el sector privado lo hace en alrededor del 20%. Para el 2000 en términos absolutos esta relación era de 1.124.044 estudiantes (88%) contra 145.196 (11.43%). Estas diferencias pueden relativizarse teniendo en cuenta que acuerdo al Censo Nacional 2001 el número de estudiantes inscriptos en universidades nacionales podía ser inferior en 200.000 respecto a la matrícula global informada por las instituciones. Las proporciones entre la matrícula de la universidad estatal y la matrícula de la universidad privada sigue siendo de todos modos del orden 80/20. En Brasil podemos encontrar una situación inversa: 20% de matrícula estatal contra 80% de matrícula privada.

El Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe del IESALC UNESCO destaca que para el 2003 Argentina tiene un 79.4% de la educación superior en el sector estatal y un 20.6% en el sector privado. En Brasil el sector estatal tiene para el mismo año 29.2% en el sector estatal y 70.8% en el sector

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privado.

Para el período 2001-2005 las universidades nacionales pasaron de 1.210.357 a 1.285.625. Si tomamos en cuenta a los nuevos inscriptos en el mismo período observamos que la tasa promedio de crecimiento anual en las universidades nacionales denota un cierto estancamiento. En efecto, en 2001 teníamos 289.424 nuevos inscriptos contra 293.957 en 2005. Esta tendencia puede estar indicando un techo para la captación de nuevos alumnos en el sistema universitario nacional.

En el sector privado la población estudiantil pasó de 203.221 en 2001 a un total de 254.117 en 2005, con un tasa de crecimiento del 5.7%. Esto indicaría que el sector privado mantiene su expansión y podría ocupar un lugar más relevante en la próxima década. Los nuevos inscriptos del sector privado pasaron a su vez de 56.357 en 2001 a 76.172 en el 2005 con una tasa de crecimiento promedio anual del 7.8%.

4. Personal docente El total de cargos docentes en las universidades nacionales ascendía a 143.804 en 2005. (El número de titulares de esos cargos podría situarse alrededor de 80.000 si tenemos en cuenta que muchos profesores con dedicación simple asumen varios cargos). Sólo el 11% de esos cargos eran con dedicación exclusiva y el 54% con dedicación simple. Entre 2001 y 2005 el número de dedicaciones exclusivas pasó de 12.933 a 15.450 lo que muestra que se viene realizando un esfuerzo particular para mejorar la situación.

Cuadro Nº 4: DOCENTES de la EDUCACION SUPERIOR (2005) % Universidades nacionales Universidades privadas Institutos Superiores Total

143.804 20.718 15.747 180.269

79,77 11,49 8,74 100,00

Fuente: MECyT

En las universidades privadas encontramos unos 20.178 docentes, con un sistema de selección y dedicaciones muy variado.7 En 2005, el total de cargos docentes en la Educación Común del sistema educativo nacional era de 572.002, de los cuales 445.148 eran de la gestión estatal.

Los docentes del Nivel Superior No Universitario (Anuario 2005 del MEC) representaban 15.747 individuos, de los cuales 6.154 cumplían funciones directivas, 4.438 estaban al frente de alumnos y 5.155 prestaban funciones de apoyo. En el sector estatal se desempeñaban 8.613 docentes.

7

Ver: J.C. del Bello; O. Barsky; G. Jiménez (2007), La universidad privada argentina. Libros del

Zorzal, Bs.As., p.317 ss.

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Viendo estas cifras se hace evidente que en el corto y mediano plazo la formación de docentes especializados de los distintos niveles será una actividad de gran importancia. La nueva ley general de educación crea el Instituto Nacional de Formación Docente que tiene como funciones justamente ocuparse del tema. Una de las consecuencias de la nueva política es que los docentes primarios y secundarios tendrán que perfeccionarse para mejorar sus perfiles académicos. Las universidades públicas van a intervenir en este proceso.

Resulta también importante destacar que en las universidades nacionales se han creado más de veinte programas de posgrado para la formación de los profesores universitarios y no universitarios. Esto muestra que las universidades nacionales han asumido el interés por el perfeccionamiento pedagógico de los profesores y por el mejoramiento de la calidad académica

II. POLITICAS Y PROCESOS ACADEMICOS 1. Sistemas de ingreso En la actualidad rige de manera general la regla del ingreso irrestricto , es decir, acceso directo a la carrera elegida sin cupos, sin aranceles, sin exámenes de ingreso en las universidades nacionales. Sin embargo, en la última década algunas facultades (medicina, odontología) establecieron cupos y exámenes de ingreso. En distintas facultades se organizan cursos preparatorios con exámenes. La gratuidad incondicionada, o sea, sin la contraparte de un rendimiento académico ha conservado un amplio consenso en sectores estudiantiles, docentes y autoridades.

De hecho existen más de quince mecanismos para el ingreso a la universidad pública según el criterio de cada Facultad. La Universidad de Buenos Aires es la única que tiene un primer año de ingreso común (el Ciclo Básico Común). Atiende a cerca de 60.000 ingresantes cada año (de los cuales unos 20.000 son repitentes).

En las otras universidades hay cupos en facultades de medicina y odontología, hay cursos preparatorios con examen y sin examen, a nivel de carreras o de facultades, hay preparatorios a distancia o presenciales, exámenes de ingreso, ingreso a carrera de grado pagando aranceles, ingreso directo gratuito, etc.

Existe un consenso generalizado sobre la deficiente formación previa de los ingresantes. En el CBC cerca de un 20% de los alumnos tienen dificultades de lectoescritura. Se organizan talleres para paliar esta deficiencia. También se presentan dificultades en la comprensión de textos y en el desarrollo de un pensamiento argumentativo. La mayoría de los alumnos leen dos libros por año.

Frente a esta situación las respuestas son variables y divergentes. Una de las alternativas ha sido cooperar con la escuela media para mejorar el pasaje hacia la educación superior. La Secretaría de Políticas Universitarias creó el Programa de Articulación con la Enseñanza Media en el 2003 involucrando a unas 600 escuelas. En 2004-2005 las escuelas involucradas fueron del orden de 2.000 y el financiamiento de actividades alcanzó a 1.942.156 $. Las actividades de apoyo a docentes y alumnos

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pretenden mejorar las posibilidades de los jóvenes que provienen de niveles sociales desfavorecidos.

Otra iniciativa es el Programa de Apoyo al último año del nivel medio/polimodal para la articulación con el nivel superior. En este programa se busca reforzar las competencias de los alumnos a través de las actividades previstas en el currículo de la escuela secundaria. Se realizó una experiencia piloto en 2004 y en 2005 participaron de la experiencia unos 40.000 de distintos lugares del país y colaboraron veinte universidades nacionales.

También el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) apunta a mejorar las condiciones de ingreso y de permanencia de los jóvenes con menos recursos. Al respecto el Anuario de Estadísticas Universitarias 2005 observa: A lo largo de los últimos años, la matrícula universitaria ha seguido creciendo a una tasa promedio anual del 3,2%. Sin embargo, este crecimiento no se corresponde con una disminución de la brecha educativa existente entre los diferentes grupos sociales, sino que, por el contrario, esta brecha se ha profundizado (p.234). También se observa que menos del 10% de la población en condiciones de acceder un título universitario se encuentra matriculada en universidades nacionales y que el 12,7% de los alumnos matriculados en universidades públicas proviene de hogares pobres o indigentes.

La beca consiste en $ 2.500 anuales y en 2006 beneficiaban a 6.529 estudiantes (contra 1.500 en 1996). Teniendo en cuenta el costo de vida en Argentina y las comparaciones internacionales (con Brasil, con España o con Alemania) es evidente que el programa de becas universitarias resulta muy limitado y no puede cumplir totalmente los objetivos que se propone.

2. Rendimientos Tomando en cuenta el Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias de la SPU encontramos que el número de graduados en el 2000 era de 46.987 y en el 2004 de 62.054. Contrastados estos números con la cantidad de alumnos cinco o seis años antes (promedio de la duración teórica de las carreras) el resultado es que se gradúan menos del 20% de los ingresados.

De acuerdo con el estudio de J.C. del Bello, Barsky y Jiménez el porcentaje de retención entre el primer y segundo año de las carreras sería de 69.7% en las universidades privadas y del 59,6% en las universidades públicas.8 Según el trabajo del IESALC ya citado la eficiencia de titulación (medida por el número de los que se gradúan dentro de los cinco años previstos) alcanza en América Latina a un promedio del 43.2% (Argentina se encuentra de acuerdo a esos criterios cerca del 11%). En Brasil la eficiencia de titulación estaría en un promedio del 26 % para universidades públicas y del 46% para universidades privadas. Chile: 50% para universidades públicas y 37.4% para universidades privadas. Cuba: 75%.

8

J.C. del Belllo; O.Barsky; G. Jiménez (2997) La universidad privada argentina, Ediciones del Zorzal,

Buenos Aires, p. 317

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En el caso argentino la situación se agrava si se considera que además de la alta deserción, entre los graduados más del 50% tarda un promedio de 2-3 años suplementarios para recibirse. La duración efectiva de las carreras entonces promedia los 7-8 años. A su vez, esto configura una situación de atraso escolar para la mayoría de los estudiantes que acceden a su primer diploma cerca de los 30 años, con lo que quedan limitados o bloqueados para culminar en los estudios de posgrado. En última instancia, el fracaso masivo en el ingreso a la universidad afecta las políticas de socialización de los jóvenes en una sociedad donde la integración social se encuentra en crisis.

3. Posgrados Sobre la base de estudios recientes (Del Bello; Barsky; Giménez: 2007) se puede apreciar que el sistema de posgrado creció significativamente entre 1994 y 2004, pasando de 793 carreras a l821. Ya existen más de 300 cursos de posgrado a distancia.

Del total de 1821 carreras de posgrados ofrecidas en 2004 el 78,1% provenía del sector público y el 21,9% del sector privado.

En cuanto a la matrícula el estudio citado señala que sobre 71 universidades que presentaron información en 2004 había 39.742 alumnos en el sistema público y 16.026 en el sistema privado. La misma fuente informa que en 2004 hubo 4248 graduados del sistema público (10.7% sobre el número de alumnos) y 2047 graduados en el sistema privado (12,8% sobre el número de alumnos).

El informe de Ana García de Fanelli y Cynthia Jepessen (La oferta de carreras de doctorado en la Argentina, SECYT, 2004) señala en cuanto a los doctorados que existen 204 programas acreditados con unos 8.300 alumnos. El 80% se concentra en el sector oficial. El número de ingresantes en los últimos 10 años se aproxima a 1.100 estudiantes. La proyección de los aspirantes para los años siguientes llegaba a unos 2900 alumnos, es decir, más del triple.

Anualmente se aprueban unas 425 tesis. El 52% de los doctorados acreditados pertenecen a las ciencias básicas, menos del 10% a las ciencias médicas y el 20% a las ciencias sociales. El Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT) informa que sobre 3609 doctores del CONICET las orientaciones disciplinarias se distribuían del siguiente modo: - Ciencias Naturales - Ciencias de la Salud - Tecnología e Ingeniería - Humanidades - Ciencias Sociales - Ciencias agrícolas

54,8% 13,2% 13,2% 12,2% 3,9% 2,6%

Llaman la atención el poco peso de las ciencias agrícolas en un país cuya fuente de acumulación económica principal es el agro y asimismo la escasa participación de las ciencias sociales que fueron diezmadas durante la dictadura militar 1976-83 y que no se recuperaron durante el proceso de democratización iniciado en diciembre de 1983.

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Contrariamente a ciertas creencias sobre la falta de investigadores en ciencias naturales y a la abundancia de estudios sociales (que se confunde con la abundancia de estudiantes en las carreras de derecho, contador, administración o periodismo), estos datos señalan que la sociología, la ciencia política y las ciencias de la educación se encuentran rezagadas en el máximo nivel académico.

Las universidades privadas tienen un 80% de sus doctorados acreditados concentrados en ciencias humanas y sociales. Las ciencias básicas tienen en general el mayor número de cursantes y de graduados.

La proporción de docentes estables en los doctorados supera el 75%. La mayoría de los docentes (un 90%) cuentan con el doctorado. La dedicación exclusiva supera el 50% en el cuerpo de profesores de doctorado.

En el posgrado se manifiesta el más alto nivel académico y científico de cualquier país. Por lo tanto resulta crucial. Sin embargo, en Argentina el sistema de posgrado no tiene un financiamiento público, no figura en el presupuesto de las universidades nacionales y tienen que costearse con los aranceles de los alumnos. Primer obstáculo que limita el número y el perfil de los alumnos. Cabe destacar que tanto el CONICET como el FONCYT ofrecen un cierto número de becas para jóvenes investigadores o doctorandos. El desempeño académico de estos becarios suele ser mucho más eficiente.

La tasa de graduación promedio no supera el 12%, siendo frecuente que la mayoría termine los cursos pero no presente tesis. También aquí hay que subrayar que no existen becas para que los doctorandos o maestrandos puedan dedicarse a terminar su tesis.

Los posgrados vinieron a cubrir una demanda latente de profesionales y docentes universitarios mayores de 40 años a partir de 1992. Pero una vez cubierta esta demanda se esperaba que los jóvenes graduados pudieran insertarse normalmente en los estudios de posgrado. Pero ocurre que la titulación se grado se obtiene a edad tardía (alrededor de 27-30 años) y que no existen becas para que los jóvenes puedan dedicarse en tiempo completo al posgrado. El resultado es que en la actualidad se corre el riesgo de que disminuya la matrícula de posgrado en el momento en que el país necesita formar más doctores.

Siguiendo el informe de Lucas Luchilo sobre Trayectoria de los doctores (REDES, octubre 2007) el país dispondría de unos 11.000 doctores en las diversas disciplinas, de los cuales unos 5.000 trabajan en el exterior. Esto ilustra suficientemente sobre el fenómeno del brain-drain que afecta al país por falta de políticas adecuadas.

Podemos observar que mientras Brasil (con 170 millones de habitantes) gradúa unos 6.000 doctores por año, y mientras Costa Rica (con 4 millones de habitantes) forma 370 doctores, Argentina gradúa unos 500 por año. Cualquier sea la escala desde la cual se lo quiera comparar el país está en desventaja.

En resumen, estas observaciones muestran la debilidad del nivel del posgrado en Argentina. Lo más grave es que pocos advierten que la brecha que nos separa del más alto nivel académico y científico en relación con otros países se está ahondando. Lo que quiere decir que si tomamos esta situación para proyectarla hacia el futuro podemos anticipar que el subdesarrollo se está consolidando.

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4. Educación superior a distancia La oferta de carreras de educación a distancia de acuerdo a un relevamiento del 2002 (Francisco Martín: La educación superior a distancia en el sistema universitario argentino , Universidad Nacional de Cuyo, 2002) comprende unos 407 programas de grado y posgrado, de los cuales 306 se encuentran en las universidades nacionales y 101 en universidades privadas. Entre estos programas 22 comprenden carreras posgrado, 133 carreras de pregrado y grado, 51 cursos especiales de posgrado y 178 cursos diversos. Estos datos son incompletos y no están actualizados. En los últimos cinco años la educación superior a distancia ha seguido creciendo en todos los sentidos.

Podemos estimar que en la actualidad utilizan programas de educación a distancia a nivel superior cerca de 200.000 personas. A pesar de que el sistema de educación superior a distancia no está consolidado y que existen dificultades para las acreditaciones en esta modalidad, la demanda es creciente y podemos prever que hacia el 2020 habrá cerca de 600.000 usuarios de esta modalidad. Puede apreciarse una marcada tendencia de las universidades a incorporar la modalidad a distancia en su oferta académica para cubrir demandas tanto en el grado como en el posgrado y en actividades de extensión. De hecho las universidades se están convirtiendo a un modelo bimodal donde coexisten cursos presenciales y a distancia.

En cambio, no existen universidades autónomas de Educación a Distanciacomúnmente llamadas universidades abiertas- en nuestro territorio. (Mena : 2004) Un modelo diferente podemos encontrar en la Universidad Nacional de Quilmes que ha adosado a su estructura una universidad virtual. En relación con la regulación del desarrollo de la modalidad a distancia, Argentina tiene normativas para reconocer la validez oficial de los títulos de carreras desarrolladas a distancia. (Resolución 1717/2004 del Ministerio de Educación).

La CONEAU también cuenta con criterios específicos para la evaluación de los posgrados con modalidad a distancia (Ver Documento de la Comisión Asesora de Educación a Distancia en: WWW.CONEAU.edu.ar/archivos/477.pdf ) A pesar de ser uno de los pocos países de América Latina que cuenta con un marco normativo para el desarrollo de la modalidad, en la Argentina, sin embargo no se ha promovido hasta el momento oficialmente su utilización. Esto contrasta con la decidida política adoptada por Brasil en este campo.

5. Temas críticos en la oferta académica La oferta académica en Argentina cubre un espectro amplísimo que en términos nominales es más amplio que el de la Unión Europea. En Argentina predomina la idea según la cual la universidad debe formar el profesional especializado para toda la vida en condiciones de desempeño inmediato de sus competencias. En EE.UU. la carrera de grado no habilita profesionalmente y en Europa la política que surge de los Acuerdos de Bologna (1999) tiende a formar un generalista que deberá especializarse en el terreno de la organización o institución donde se emplea. Entonces se puede afirmar que las carreras profesionales en Argentina están teóricamente diseñadas en función del mercado. Pero ni el Ministerio de Educación ni las universidades han realizado estudios para justificar la correspondencia entre las demandas de profesionales y el diseño de

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carreras. En la práctica, no existe una correlación entre las demandas del mercado y la formación de profesionales en Argentina.

Por lo demás, si se analizan casos particulares se podrá apreciar que en Abogacía más del 25% de los graduados se orientan hacia la actividad política y el gobierno. Pero no han sido preparados para la gestión pública ni siquiera para la gestión del sistema judicial. En Ingeniería el perfil profesional de las últimas décadas estuvo orientado a la formación de cuadros para las empresas públicas y para supervisar procesos complejos en empresas privadas. Pero no estaban preparados para ser industriales (lo que explica que haya tan pocos ingenieros entre las PIMI de Argentina) o tecnólogos. La situación se está revirtiendo en la actualidad y el Consejo de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) ha elaborado dos informes (el Libro Azul y el Libro Verde) para proponer cambios importantes en los diversos aspectos que intervienen en la formación de ingenieros.

En todas partes se ha verificado que un porcentaje muy alto de graduados universitarios se desempeña en funciones directivas para las cuales no fueron preparados de acuerdo a sus diplomas de origen. La mayoría se ha reconvertido o capacitado en la experiencia institucional o gerencial o empresarial. Además, ahora todos tienen que estar preparados para aprender toda la vida a causa de la explosión permanente de nuevos conocimientos e innovaciones. Han sido estos factores, entre otros, los que motivaron la reforma de la educación superior en Europa (Bolonia, 1999).

La Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de General Sarmiento poseen centros que estudian las vinculaciones entre las demandas socioeconómicas y la actividad universitaria. En el mismo sentido, el Instituto REDES, organización no gubernamental, colabora con la SECYT en materia de información científica y tecnológica, y publica anuarios sobre indicadores de Ciencia y Tecnología en Iberoamérica. Pero no disponemos de información sistemática que nos permita conocer el estado del mercado del conocimiento en Argentina, en el Mercosur y en el mundo. De acuerdo con nuestra hipótesis no es el mercado profesional el que orienta hoy la ocupación de los graduados profesionales sino la evolución de las ciencias, de las tecnologías y de sus aplicaciones en la sociedad. Por lo tanto, es ahí adonde debiera orientarse la búsqueda de información.

Podemos anotar como un aporte en esta dirección el trabajo realizado por la SECYT para detectar los temas vacantes en las distintas disciplinas científicas. Solo acabe acotar, como lo haría Michael Gibbons (La nueva producción del conocimiento, 1997) que en la actualidad los problemas se presentan de manera compleja, que requieren abordajes transdisciplinarios tanto en la investigación como en las políticas de innovación. Las respuestas monodisciplinarias pueden resultar insuficientes. Un mayor número de ingenieros no resolverá las insuficiencias de la industrialización donde intervienen problemas de logística, diseño, informática y otros factores. La calidad de la organización pública y de las instituciones sociales (el capital social) son factores decisivos para el éxito de cualquier modelo de desarrollo y dependen de la intervención de distintos tipos de especialistas (sobre todo, de las ciencias sociales).

Hemos visto que las ciencias sociales están sub-representadas en el conjunto de los doctores. También hemos visto que el campo de la educación presenta en términos cuantitativos y cualitativos desafíos inmensos que no tienen un correlato en la formación de especialistas de alto nivel en el sistema de posgrado.

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Por otro lado, los problemas de la gestión pública y del desarrollo social ponen en evidencia la necesidad de especialistas en problemas críticos como la pobreza, la violencia infantil, la drogadicción, la gestión de emprendimientos sociales, la seguridad, la gestión eficiente y solidaria de los organismos públicos, etc. Un sector como las industrias culturales exige tanto la participación de ingenieros como de analistas simbólicos, arquitectos, diseñadores, informáticos y artistas. La reconstrucción de la sociedad y del Estado, la reingeniería social, exige tanto voluntad política como conocimientos diversos y especializados.

Uno de los campos donde Argentina interviene con baja intensidad es el de las Ciencias Cognitivas donde participan disciplinas importantes como las neurociencias, la inteligencia artificial, la cibernética, las psicologías cognitivas, las teorías de la inteligencia. Este campo de conocimiento influye en sectores distintos como la informática, la educación, la psicología, la medicina. En la actualidad existe un doctorado en Ciencias Cognitivas que depende de la Universidad Nacional del Nordeste y algunos núcleos del Conicet que se ocupan del área.

Teniendo en cuenta la dimensión y la complejidad del sistema educativo sorprende que Argentina invierta tan poco en la formación de graduados de alto nivel (doctores, magisters, investigadores) en ciencias de la educación. El último tratado de teoría general de la educación editado en Argentina data de hace 30 años. A los déficits actuales de conocimiento en educación hay que agregar que el crecimiento de la educación a distancia hace pensar que harán falta informáticos pedagógicos y de pedagogos orientados a la enseñanza virtual.

La Secretaría de Políticas Universitarias creó dos programas especiales para atender déficits en áreas profesionales. El primero es el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI) y el segundo es el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía (PROMAGRO). A primera vista es evidente que se quiere fortalecer la dotación de recursos humanos altamente calificados para la industria y el agro. En el caso de las ingenierías también se percibe en este momento una demanda de especialistas en distintas ramas en plena reconversión. Pero uno de los motivos por los cuales se crearon estos proyectos es porque en estas carreras se cumplieron los procesos de acreditación y la SPU decidió atender las demandas que surgían del diagnóstico respectivo. Se trata de un buen ejemplo de coherencia institucional.

El análisis de la PEA y del Censo 2001 nos permite saber que la mayoría de los profesionales se desempeña en el sector público. Sin embargo, las universidades participan marginalmente en la formación de los funcionarios y empleados públicos. En los últimos diez años, sin embargo, universidades públicas y privadas, han creado escuelas de gobierno, cursos de administración pública y algunas veces el MBA orientado a la función pública. Resulta sintomático que estos núcleos académicos tengan escasas vinculaciones con la administración pública nacional. Cabe señalar, además que a nivel nacional existe el Instituto Nacional de Administración Pública y el IPAP en la Provincia de Buenos Aires.

El diseño de ofertas académicas de acuerdo a una supuesta especialidad que demanda el mercado no ha resultado satisfactorio. Un ejemplo en este sentido es la Ingeniería Forestal en Santiago del Estero. No ha dado lugar como se esperaba al

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mejoramiento del sector forestal en la provincia. Obviamente, fueron los inversionistas los que cambiaron de objetivos. Pero también ocurre en Informática que mientras el campo educativo resulta uno de los principales teatros de aplicación, las carreras de sistemas en el país siguen concentradas en otras especialidades.

Un aspecto que ya ha sido estudiado desde los años 60 y 70 es el brain drain .

Podemos estimar que el éxodo de profesionales, científicos y técnicos hacia el exterior alcanza a cerca de 100.000 personas. Hubo varios intentos en los últimos 20 años para lograr la repatriación de científicos y académicos. En la actualidad la SECYT desarrolla el programa RAICES que procura establecer vínculos de cooperación y políticas de radicación en diversas instituciones universitarias y científicas nacionales.

En contextos de incertidumbres, de cambios permanentes, no puede sostenerse la ilusión de una correspondencia entre una formación profesional y su impacto directo en la producción o la sociedad. Para lograr el impacto deseado es necesario asegurar el modo de articulación entre los productores de conocimientos y las demandas de la sociedad. (Algo que ya dijeron Jorge Sábato, Darcy Ribeiro, Robert Reich, Michael Gibbons y otros). Dada la versatilidad de las empresas y el contexto de internacionalización del mercado de recursos humanos el modelo de certificaciones especializadas para atender una demanda teórica del mercado parece insuficiente.

III.

GOBIERNO, ADMINISTRACION Y GESTION

1. Sistema de gobierno y gestión En 2006 y 2007 se manifestaron serios problemas de gobernabilidad en universidades como la UBA, del Comahue, La Plata, Rosario, Universidad del Centro y otras. El sistema de gobierno concentra a través del Consejo Superior una serie de funciones indiferenciadas: políticas, administrativas, académicas, gremiales, normativas, judiciales. En términos teóricos se trata de una estructura de poder horizontal y sin distinciones claras de atribuciones específicas donde en el mismo plano los actores son jueces y parte, empleador-empleado, evaluadores y evaluados. En este contexto resulta difícil tomar decisiones cruciales, cualquier sector puede impedirlo y todos tienden a estar implicados en relaciones clientelares o de solidaridad corporativa. El bajo nivel de profesionalización de la gestión y el alto grado de heteronomía política de las universidades públicas facilita la ineficiencia organizacional y el manejo irracional de los recursos.

En las universidades públicas se manifiesta a menudo el predominio de la gestión política y corporativa por encima de las estrategias académicas. Por lo tanto, no es raro encontrar casos donde el espacio universitario se encuentra subordinado a intereses particulares o facciosos. La falta de consensos estratégicos genera una gran incapacidad para planificar el futuro. Son escasas las universidades nacionales que tienen planificaciones a mediano y largo plazo. Pese a todos los discursos que defienden la autonomía académica, la universidad pública argentina tiene escasa capacidad de autogestión estratégica y sufre de una gran heteronomía política.

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Para mejorar la representatividad de los órganos de gobierno en nueve universidades nacionales se adoptó un régimen de elección directa del Rector. Se esperaba con esta reforma limitar o evitar la ingerencia de los partidos políticos en la conformación del gobierno universitario. De hecho, los controles partidarios y corporativos forman una estructura de poder extra-estatutaria que atenta no solo contra la autonomía sino también contra la formulación de estrategias centradas en las políticas académicas, científicas y pedagógicas.

Una de las respuestas a los problemas de gestión y de gobierno ha sido la creación de algunos posgrados para la formación de expertos en gestión universitaria (Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Patagonia). A la fecha, la Maestría en Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata ha graduado a 30 especialistas y 24 magister. Este esfuerzo académico podría llegar a ser frustrante si no existe la voluntad de profesionalizar las funciones directivas y si no existe una cultura de gestión racional. No es alentador en este sentido constatar que las universidades no otorgan becas a sus funcionarios y docentes que buscar capacitarse a pesar de que se trata de una inversión de interés institucional.

En la actualidad diversos convenios colectivos de trabajo incluyen como parte del esfuerzo patronal y gremial por mejorar la eficiencia organizacional, un fondo de capacitación y formación que ha permitido crear centros educativos de distintos niveles.

En las universidades nacionales los gremios de empleados y algunas instituciones diseñaron cursos de capacitación y crearon tecnicaturas en gestión universitaria. Lo cual es signo de una demanda de profesionalización de los empleados y funcionarios de la universidad pública.

La organización y gestión de la información en las universidades nacionales se encuentra notoriamente atrasada, podríamos decir: 20 años en relación con Europa y EE.UU., 10 años en relación con universidades de primera línea en América del Sur. Si tenemos en cuenta que cualquier empresa de alguna envergadura tiene un gerente de información, resulta extraño que las universidades, centros de producción y de transmisión de información por excelencia, no hayan prestado el suficiente interés a este tema. No existen gerentes de sistemas de información y tampoco existen políticas de información en las universidades. Por otro lado, esta es una laguna en las carreras de ingeniería de sistemas del país: no preparan expertos en políticas y gestión de la información.

La creación del Sistema de Información Universitaria (SIU) a principios de los años 90 fue una iniciativa destinada a informatizar la gestión y a mejorar las tomas de decisiones fundadas en el conocimiento de la realidad universitaria. Se crearon programas para distintas finalidades (gestión de alumnos, de personal, de presupuesto, etc) y un número importante de universidades adhirió a la iniciativa. Desde hace dos años dejó de pertenecer a la estructura del Ministerio de Educación y pasó a depender de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad se trata de sustentarla mediante un consorcio de universidades nacionales. La experiencia del SIU, que ha sido reconocida dentro y fuera del país, permitió formar recursos humanos especializados y desarrollar software adecuado para la gestión de alumnos, docentes, empleados y presupuestos.

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2. Evaluación institucional, calidad y acreditación Desde fines de los años 80 las universidades nacionales estaban preocupadas con los problemas de la eficiencia académica y de la gestión. Las restricciones presupuestarias y la masificación de la enseñanza fueron factores que obligaban a optimizar los recursos escasos. También estaban influyendo la percepción de los bajos rendimientos académicos de los alumnos y la voluntad de los dirigentes de vincularse más eficazmente con el Estado, las empresas y las organizaciones sociales. Antes de que apareciera el Estado evaluador (J.J. Brunner) y antes que surgieran los programas de Banco Mundial para apoyar las reformas de la educación superior en América del Sur, las universidades eran concientes de la necesidad de mejorar la calidad y de proceder para ello a realizar diagnósticos objetivos de las instituciones. Desde comienzos de los años 90 comenzó a funcionar una Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP) y se organizaron procesos de evaluación institucional con universidades que estaban interesadas en estos procesos.

Con la sanción de la Ley 24.521 de Educación Superior (1995) se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Este organismo comenzó a organizar evaluaciones externas de las universidades, mientras que las mismas debían asegurar sus autoevaluaciones. Hacia fines del 2006 se habían concretado 53 evaluaciones externas. (De acuerdo a la Ley de Educación Superior todas deberían estar ya evaluadas, pero algunas, como la UBA, no reconocen la competencia de la CONEAU ).

En cuanto a la evaluación institucional podemos decir que la CONEAU ha cumplido a medias su cometido, pero no tanto por su intervención sino por las resistencias que ha suscitado este mecanismo. En muchos casos las universidades nacionales carecen de información adecuada sobre su propio funcionamiento y esto a su vez afecta la transparencia en la toma de decisiones. La intervención de la CONEAU en el sistema universitario argentino ha servido para consolidar el consenso en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación externa y acreditación para mejorar la calidad.

En términos comparativos, pese a las contradicciones locales, la experiencia argentina ha sido una de las más avanzadas en el Mercosur.

Además de las resistencias debemos destacar otras limitaciones que afectan el desempeño de la CONEAU. En primer lugar, el hecho de que las conclusiones de la evaluación externa no sean vinculantes, o sea, que no tengan efectos concretos al interior de las instituciones o en las políticas universitarias. En el primer caso para resolver o mejorar los problemas identificados por la evaluación, y en el segundo para asignar los recursos que permitan paliar las deficiencias que señala la CONEAU. En segundo lugar, la composición de la CONEAU es permeable a las intervenciones políticas y corporativas. La mitad de sus doce miembros son designados por los partidos en el Congreso Nacional y los otros son designados por las mismas instituciones que deben ser evaluadas. En algunos casos los miembros de la CONEAU conservan sus cargos directivos en las universidades, creando así una incompatibilidad manifiesta. También limita la autoridad de la CONEAU el hecho de que sus miembros no sean seleccionados de acuerdo a sus grados y antecedentes académicos (como sucede con los concursos de profesores o con la designación de miembros de la Suprema

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Corte). En el mismo sentido no parece coherente que el órgano que evalúa a los profesores e investigadores del más alto nivel esté dirigido por personas que no tienen el máximo grado académico.

Otra función importante de la CONEAU es la acreditación de carreras de posgrado.

En este punto la perfomance de la agencia es notable: entre 1997 y 2006 se avaluaron 2.376 carreras de posgrado (320 doctorados, 875 maestrías, 1.183 especializaciones).

Esto ha significado un gran despliegue de recursos humanos y de esfuerzos que contribuyeron a consolidar el crecimiento de los posgrados.

La CONEAU está habilitada también para acreditar universidades. Sobre un total de 96 proyectos de nuevas universidades privadas la CONEAU dictaminó negativamente en 38 casos y aprobó 12 proyectos. Los otros fueron retirados. Esto quiere que el dictamen de los expertos fue generalmente aceptado. En cambio, no se puede decir lo mismo respecto a la creación de nuevas universidades nacionales ya que en los últimos años varias fueron creadas por el Congreso Nacional sin atender la evaluación de la CONEAU y sin tomar en cuenta la situación del sistema universitario nacional.

En cuanto a carreras de grado la Ley de Educación Superior estipula que deben ser evaluadas aquellas carreras profesionales reguladas por el Estado y que tengan un interés público. Dentro de este concepto se han comprendido las carreras de Medicina, Ingeniería, Agronomía, Agrimensura, Farmacia, Bioquímica, Veterinaria, Odontología y Arquitectura. Las carreras de Psicología, Abogacía y Contador Público han solicitado ser incluídas. Lo más interesante de este proceso es que varias otras disciplinas se han interesado por la acreditación y también el hecho de que las carreras afines han tenido que entenderse para elaborar digestos de contenidos mínimos y estándares comunes.

IV.

POLITICAS DE CONOCIMIENTO

1. Recursos humanos del sistema científico De acuerdo con los Indicadores de la SECYT9 hacia el 2006 el total de cargos por personas ocupadas en actividades de investigación y desarrollo ascendía a 67.856. De esos cargos podemos discriminar 24.970 investigadores de tiempo completo y 17.759 investigadores de tiempo parcial. Asimismo, hay que considerar 8.383 becarios de tiempo completo y 2.425 becarios de tiempo parcial. El personal técnico comprendido en el total ascendía a 8.151 y el personal de apoyo a 6.168 cargos.

De acuerdo a esos indicadores el total de investigadores sumaba 42.729 personas.

Las universidades públicas ocupaban en el 2005 el 46% del personal de I-D mientras que las universidades privadas lo hacían en un 4%. La distribución de los investigadores por disciplina daba los siguientes porcentajes:

9

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA (SECYT),

Indicadores de Ciencia y ´Tecnología. Argentina 2006, Buenos Aires

33

- Ciencias Exactas y Naturales - Ciencias Sociales - Ingenierías y Tecnologías - Ciencas Médicas - Ciencias agricologanaderas - Humanidades

27% 19% 18 % 14% 13 % 9%

Cuadro Nº 5: Cargos en el sistema científico nacional (2006) Función

TOTAL

Total

67.856

Organismo Público

Entidad sin fines de lucro

Universidad Pública

Universidad Privada

23.974

30.525

3.034

8.815

1.508

Empresa

Investigadores JC

24.970

8.960

12.074

490

3.143

303

Investigadores JP Becarios de Investigación JC Becarios de Investigación JP Personal Técnico I+D Personal de Apoyo I+D

17.759

588

14.002

1.736

1.067

366

8.383

5.696

1.889

151

524

123

2.425 8.151 6.168

181 4.756 3.793

1.575 431 554

304 180 173

191 2.566 1.324

174 218 324

Fuente: SECyT. Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2006

El programa de Incentivos en las universidades nacionales permitió llegar a 26.000 docentes categorizados en programas de investigación hacia el 2003. En la distribución de subsidios PICT FONCYT las universidades nacionales recibieron el 54% en el 2003.

De acuerdo con los Indicadores de la SECYT en el 2006 sobre un total de 42.729 investigadores, 25.300 tenían título de grado, 4.705 títulos de Magíster , 11.273 títulos de doctor, 1.451 profesorados y títulos terciarios. Lo que quiere decir que solo cerca de un cuarto de los investigadores poseía el máximo grado académico. Un porcentaje que está por debajo de los estándares de los países desarrollados y del sistema científico de Brasil.

Entre los 33.353 investigadores y becarios de tiempo completo en el sistema científico nacional en 2006, unos 17.108 eran varones y 16.245 eran mujeres.

Un aspecto muy importante para el futuro es el perfil académico de los investigadores. De acuerdo con Fernández Lamarra10 (2003: 173) hay un bajo nivel de formación de posgrado en los investigadores argentinos, tanto en las universidades

10

Norberto Fernández Lamarra (2003). La Educación Superior argentina en debate, Eudeba, Bs.As.,

p.173

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como en otras instituciones: dos tercios no tienen título de posgrado y sólo alrededor del 30% lo tienen .

Otro aspecto a considerar es la edad de los investigadores ya que a partir de ese dato podemos prever el flujo vegetativo del personal. Sobre un total de 33.353 investigadores y becarios de tiempo completos dedicados a investigación y desarrollo en 2006, teníamos 6.798 cuya edad oscilaba entre 50.59 años, 2.943 entre 60.69 años y 429 de setenta años o más. Esto nos permite prever que cerca de 10.000 investigadores podrían estar renovándose en diez y quince años más.

El Programa de Incentivos a la investigación que sostiene la Secretaría de Políticas Universitarias comenzó en 1994 con 11.199 docentes-investigadores beneficiados y en 2005 ese número había llegado a 20.166. El número de proyectos alcanzaba a 5.552 en 2005. Estos proyectos se distribuyen en 679 para el área Agrícola, 780 el área de Humanidades, 438 el área Médica, 1764 el área de Ciencias Naturales y Exactas, 1205 el área de Ciencias Sociales y 686 el área de Ingeniería y Tecnologías. Este programa resultó eficaz para ampliar la base de la comunidad científica argentina pero no alcanzó a modificar la estructura del régimen de dedicaciones (en 2001 el número de docentes con dedicación exclusiva que percibían el incentivo era de 19.507 y en 2004 16.545).

La distribución de los programas de investigación en el sistema científico nacional era de un 290% en investigación básica, de un 51% en investigación aplicada y un 20% en desarrollo experimental. El gasto en Investigación y Desarrollo del país, considerando todas las fuentes, representó en 2006 unos 3.768.725 millones de pesos, lo que equivalía al 0,58 % del PBI. El incremento del gasto en investigación científica entre 2003-2006 superó el 100%. En el MERCOSUR el país aparece por debajo de Brasil (0,91% del PBI en I-D) y de Chile (0,70% del PBI en ID).

La SECYT lleva adelante un Programa de Recursos Humanos (PRH) que comprende proyectos de radicación de investigadores (PIDRI) y proyectos de formación de doctores en áreas tecnológicas prioritarias (PFDT). También se ha creado un Programa RAICES (Red de argentinos investigadores y científicos en el exterior).

Todas estas iniciativas tienen por objeto fortalecer el potencial científico del país y promover la cooperación con los investigadores argentinos radicados en el exterior. Se registraron 4.000 científico y tecnólogos emigrados, se repatriaron a 50 de ellos, se aprobaron subsidios para radicaciones y para crear redes de cooperación entre científicos del país y el exterior.

En el CONICET durante el período 2003-2006 se otorgaron 5.500 nuevas becas para formación de posgrado, se aprobaron 2.000 nuevos ingresos a la carrera de investigador, se brindaron 250 becas de reinserción para investigadores argentinos que retornaron del exterior. Todas estas iniciativas muestran que existe una seria preocupación por la formación y el aprovechamiento del personal científico.

2. Transferencia Las actividades de transferencia de conocimientos y de servicios denotan la voluntad y la capacidad de las universidades para atender las demandas de la sociedad.

Desde este punto de vista podemos observar que en forma creciente las universidades nacionales en la última década han incrementado el número de proyectos (más de 600

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en 2007) de transferencia y de vinculación con empresas, organizaciones sociales y organismos del Estado. En términos económicos esto significa una facturación del orden de los 600 millones de pesos (en el Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias figuran unos 400 millones de pesos como recursos propios ingresados al presupuesto de las universidades nacionales, pero la cifra de ingresos por servicios a terceros es mucho mayor si se tiene en cuenta que muchas actividades se realizan a través de fundaciones, cooperadores o sociedades anónimas).

Todas las universidades han creado organismos y mecanismos específicos para trabajar con proyectos de vinculación tecnológica, social o empresarial. Las UVT, Unidades de Vinculación Tecnológica, las agencias especiales de servicios o de proyectos especiales son algunos de ellos. En la Universidad de Buenos Aires se creó una sociedad anónima (UBATEC). En las universidades nacionales de La Plata , de San Juan, del Sur y otras existen reglamentaciones precisas sobre este tipo de actividad.

Algunos proyectos tienen proyecciones internacionales. Existen experiencias en pequeña, mediana y gran escala (desde micro-emprendimientos hasta programas de desarrollo regional o de grandes obras públicas). Las universidades estatales han demostrado con estas experiencias una gran capacidad emprendedora mientras que las universidades privadas intervienen marginalmente en proyectos de este tipo.

La SECYT y el CONICET han impulsado políticas de vinculación con el sector productivo que han tenido por efecto ampliar las capacidades de innovación y de transferencia de conocimientos. La creación del FONTAR y de Unidades de Vinculación Tecnológica permitió derivar fondos para proyectos destinados a resolver problemas de la sociedad o a fortalecer el sistema productivo.

3. Políticas del conocimiento en el sistema universitario Teniendo en cuenta la importancia que hoy tiene la aplicación de las ciencias y las tecnologías en todas las sociedades, es evidente que las políticas de conocimiento se han convertido en instrumentos decisivos para lograr un desarrollo autosustentable. Desde este punto de vista el Plan Estratégico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología plantea la necesidad de valorizar el potencial de recursos humanos, científicos y técnicos para convertir a la Argentina en un país desarrollado.

Pero en las universidades no encontramos planes que tengan en cuenta el futuro o que definan políticas de conocimiento para afrontar los desafíos del país. Además de nuestra constatación personal se puede verificar esta afirmación a través de los estudios de distintos autores que citamos en la bibliografía.

Durante los últimos 20 años las universidades nacionales han avanzado en la valoración de la actividad científica y tecnológica. En todas ellas se crearon Secretarías de Ciencia y Técnica, se fomentó el diseño de proyectos de investigación para acceder a fondos concursables, se inscribieron más de 30.000 docentes en los programas de incentivos para la investigación, se destinaron más fondos de cada universidad para proyectos científicos y tecnológicos.

Uno de los resultados de esta reorientación de las universidades es el desarrollo de más de 600 proyectos de transferencia hacia la sociedad, las empresas o el Estado.

Como corolario también se han obtenido recursos extras del orden de los 200 millones

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de dólares anuales entre 1994-2005. Esto quiere decir que se generaron en una década unos 2.000 millones de dólares a través de programas de transferencia de conocimientos. Hay que agregar que se crearon seis incubadoras de empresas y parques tecnológicos en distintas universidades nacionales.

Este proceso ha sido posible porque los directivos universitarios fueron elaborando un consenso desde comienzos de los años 90 para valorizar la actividad científica y para orientar la misma a la resolución de problemas nacionales. Esta experiencia también sirvió para replantear el aislamiento de los centros e institutos del CONICET respecto de las universidades y de la sociedad en general. En los últimos diez años avanzó también significativamente la cooperación interinstitucional entre los distintos actores de la actividad científica. Algunos programas de la SECYT favorecen explícitamente los programas cooperativos para la obtención de fondos.

Podemos decir que existe en la comunidad científica y tecnológica un cierto consenso respecto a algunos de los aspectos distintivos de lo que se denomina la sociedad del conocimiento : 1º) la valorización de la actividad científica; 2º) la búsqueda de un modelo de desarrollo con conocimiento intensivo; 3º) la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional y transdisciplinaria; 4º) la necesidad de vincular la actividad científica con la resolución de los problemas nacionales; 5º) el reconocimiento de las incertidumbres que generan las innovaciones científicas y tecnológicas en la sociedad.

En las universidades este consenso es mucho más débil. En diverso grado encontramos fuertes resistencias a la racionalidad científica, a la búsqueda de la calidad en la enseñanza, a la informatización, a la selección de profesores y autoridades según el mérito. Desde el sector estudiantil son explícitos los pedidos de cursos de promoción sin exámen (que también se aprueban sin control de asistencia) o el rechazo al registro de los aplazos en los legajos académicos. La cultura del conocimiento no es la dominante.

Por otro lado, los modelos de gestión universitaria se asientan en el paradigma de la formación de profesionales y de especialistas en disciplinas autorreferentes. Los programas de investigación en un principio tuvieron como objetivo fortalecer áreas disciplinarias. Lo que resultaba comprensible teniendo en cuenta el objetivo de fortalecer la actividad científica sobre la base de grupos disciplinarios consolidados. En la actualidad investigadores y funcionarios asumen que la actividad científica tiene que vincularse a la resolución de problemas y que éstos exigen un paradigma transdisciplinario. La informática, que atraviesa todas las disciplinas, recién hace unos pocos años que tiene rango de disciplina científica para el CONICET. Las áreas mestizas como la ingeniería médica, la informática pedagógica, la neurolinguística, la ecología, la psicología educacional, la ingeniería musical y tantas otras han dejado de ser casos especiales para convertirse manifestaciones normales de la nueva producción de conocimientos.

En el contexto actual y futuro parece evidente que se necesitan políticas de conocimiento que tengan en cuenta la evolución de las ciencias, de las tecnologías y de la sociedad mundial. Si bien es válido el interés de las instituciones universitarias por fortalecer sus grupos disciplinarios o de investigación, desde el punto de vista estratégico nacional se necesita una mirada más amplia tanto hacia el futuro como hacia el conjunto del campo científico-tecnológico mundial.

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La gestión del conocimiento en una perspectiva de desarrollo con conocimiento intensivo, de internacionalización y de integración regional, implica reconocer la importancia del mercado del conocimiento . En efecto, las demandas futuras para Argentina en materia de recursos humanos estratégicos tendrán más que ver con innovaciones científicas y tecnológicas que con demandas de profesiones tradicionales.

Por ejemplo: todo el mundo entiende que la informatización de la sociedad requiere más especialistas en informáticas, pero pocos analizan qué aspectos de las aplicaciones informáticas van a ser decisivos para las necesidades del país. En este momento tenemos déficits en informáticos con orientación a la enseñanza, o de gerentes de información para organizaciones complejas o de expertos en seguridad informática. En todas las remas profesionales (medicina, abogacía, arquitectura, odontología, ingeniería, sociología, psicología, ciencias de la educación, etc.) podemos encontrar ejemplos parecidos. Sobran psicólogos pero faltan expertos en violencia escolar. Sobran arquitectos, pero faltan expertos en planeamiento urbano y rural. Sobran médicos pero faltan especialistas en gestión del sistema de salud o en psicología médica o en genética médica. Generar un mapa de las demandas de conocimientos desde el presente hacia el futuro es una de las tareas pendientes de las universidades.

V. COOPERACION INTERNACIONAL 1. Internacionalización académica La internacionalización de los intercambios académicos ha avanzado mucho en los últimos años. La CONEAU ha autorizado el establecimiento de dos universidades extranjeras (una europea Bolonia, y otra estadounidense, New York). También se han establecido acuerdos de doble y triple titulación de universidades europeas con universidades argentinas.

Existen, por otro lado, convenios para el reconocimiento de créditos por materias o grupos de materias para estudiantes extranjeros en universidades argentinas. Cerca de cinco mil estudiantes extranjeros siguen cursos de castellano en universidades argentinas. A su vez, miles de estudiantes argentinos viajan a Europa, Estados Unidos y otros países para aprender idiomas o para completar estudios de grado y posgrado.

Tanto universidades públicas como privadas han creado órganos especializados en la cooperación internacional. Algunas organizan cursos de castellano y de otras materias para extranjeros. Con tasas de cambio favorables en relación con el dólar, el euro y otras monedas, la Argentina se beneficia con un mayor aflujo de estudiantes extranjeros en sus universidades.

2. El Mercosur universitario El proceso de integración universitaria avanza lentamente, pero se han dado pasos fundamentales: acuerdos sobre reconocimiento de títulos, procesos de acreditación de carreras, acuerdos sobre funcionamiento de las agencias de evaluación. Existe una experiencia de cooperación interuniversitaria regional a través del Grupo de Universidades de Montevideo (12 instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile). También se ha incrementado el intercambio académico entre distintas universidades de Argentina con Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile.

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Se ha completado el Mecanismo Experimental de Acreditación (MEXA) que se aplicó a carreras de Agronomía, Ingeniería y Medicina. Se pone en marcha el SAM (Sistema Permanente de Acreditación de Carreras de Grado del Mercosur). Se ha creado el Programa de Movilidad de Docentes de Grado (MARCA). Se ha creado el Centro Regional de Enseñanza e Investigación en Meteorología y Ciencias Afines. También se ha propuesto organizar un Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior.

Se tienden a consolidar los mecanismos de evaluación y acreditación universitaria para lo cual las distintas agencias nacionales se encuentran cooperando y acordando criterios comunes. También se han establecido acuerdos entre facultades y carreras profesionales para definir estándares comunes (agronomía, arquitectura, medicina, ingeniería, por ahora). Para darle viabilidad a este proceso hace falta que cada país tenga un sistema de evaluación y acreditación que valide los diplomas de su propio país.

Argentina es el país que más avanzado en este sentido mientras que Uruguay y Paraguay están organizando sus agencias de evaluación. Queda por ver los avances con Chile, Bolivia y Venezuela.

El objetivo estratégico sería formar un bloque científico-tecnológico capaz de respaldar un modelo de desarrollo regional autosustentable. Desde el punto de vista de los recursos humanos el MERCOSUR tiene la capacidad para intentarlo. El avance en la compatibilización de normas y acreditación de carreras son requisitos funcionales para la libre circulación de estudiantes, profesores y graduados. Pero no define el aprovechamiento del potencial científico y educativo disponible. Hacen falta políticas de conocimiento asociadas a un proyecto de desarrollo regional.

VI. EL USO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 1. Perfil educativo de la Población Económicamente Activa y déficits de recursos humanos Hace ya tiempo, desde los estudios de la CONADE y la OCDE sobre los recursos humanos y el desarrollo en Argentina (1968), que sabemos que el problema crucial de Argentina no es el déficit de recursos humanos calificados sino su aprovechamiento. En todos los sectores, y sobre todo en el Estado, el subaprovechamiento de las capacidades existentes tiene un costo que se refleja en la baja productividad o en la ineficiencia de los servicios. En los organismos públicos o en las PYMES no existe, salvo excepciones, gestión del conocimiento para valorizar al personal por sus competencias. Puede darse el caso, como en las universidades públicas, en que se informatiza un sector pero se conservan las prácticas burocráticas de principios del siglo XX. Si se toma en cuenta el número de diplomados de la Educación Superior y de investigadores del país, Argentina tiene el más alto perfil educativo de la PEA en América del Sur. Hemos observado, también, que un gran número de profesionales se orienta hacia la función pública. De modo que teóricamente el perfil educativo de la fuerza de trabajo en Argentina es satisfactorio aunque existan, como en todas partes, déficits determinados de especialistas.

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Pero, cuando analizamos el perfil educativo de los Administradores y Gerentes en la Agricultura o la Industria, veremos que la mayoría (alrededor del 60%) no tiene estudios superiores. Predomina la gestión familiar o el empresario que se forma a sí mismo cuya versión minimalista es el cuentapropista .

Dentro del sistema público los altos funcionarios del Estado Nacional tienden a ser profesionalizados a través de varios programas de la Secretaría de la Función Pública.

La Provincia de Buenos Aires ha tratado de seguir esta experiencia. Pero los alcances de la profesionalización de los funcionarios públicos todavía son limitados y sujetos a decisiones discrecionales. La mayoría de los cargos superiores se consigue por intervenciones políticas, gremiales o de parentesco.

En el sector privado encontramos diferentes situaciones según se trate de las empresas transnacionales, de las grandes empresas nacionales y de las pequeñas y medianas empresas. En las empresas transnacionales se reclutan profesionales y técnicos capaces de reproducir las normas o sistemas creados por las casas matrices.

Cabe señalar que en 2007 sobre las 500 empresas líderes del país 360, o sea, el 72% son de capital extranjero. Estas empresas eran responsables del 84% de las exportaciones en el 2003 y su importancia ha seguido creciendo. En las grandes empresas nacionales el empleo de profesionales, científicos y técnicos innovadores es más frecuente. En las PYMES el empleo de profesionales es menos frecuente pero en cambio se recurre a técnicos y especialistas de todo tipo.

Un sector como el de las industrias culturales y el del turismo recurre a mucho personal calificado y creativo. Estos sectores han cobrado mucha importancia en los últimos años generando nuevos empleos, nuevas calificaciones, valor agregado y bienes culturales de exportación. Algunas universidades y muchos institutos superiores intervienen en la formación de administradores culturales y profesionales del turismo.

La Universidad del Cine, creada por cineastas, es un ejemplo de respuesta y anticipación al desarrollo de una industria que atravesó con crecimiento las crisis de la última década. Las industrias culturales constituyen un nuevo espacio económico-social que debe ser tenido en cuenta en la formación de recursos humanos y en la investigación (como sucede en Francia, en Estados Unidos o en España).

2. Educación Superior, gestión del conocimiento y demandas de la sociedad Los indicadores y tendencias que presentamos nos permiten identificar en primer término algunos problemas críticos para la evolución de la educación superior argentina.

Los podemos resumir en algunos puntos: los bajos rendimientos académicos que son un síntoma de baja calidad en la enseñanza y también constituyen un problema social en cuanto impiden la socialización de miles de jóvenes; la vulnerabilidad del sistema de gestión y de gobierno que impide un planeamiento estratégico de las instituciones universitarias y que limita los aportes que las universidades pueden hacer a la sociedad; la ausencia de políticas de conocimiento para orientar hacia el futuro la gestión académica y científica teniendo en cuenta la evolución de las ciencias, de las tecnologías y de la sociedad en general;

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la falta de programas de becas estudiantiles de tiempo completo y la baja inversión en investigación y desarrollo; la baja inversión en los posgrados que en general están fuera de los presupuestos universitarios y en particular el déficit en la preparación de doctores cuyo número resulta claramente inferior a países comparables; las deficiencias en el sistema de información estadística y en la cultura de la información para la toma de decisiones; el bajo índice de cooperación y articulación entre universidades (públicas y privadas), entre éstas y los IES, con el sistema educativo y con el sistema productivo.

En segundo término podemos destacar las potencialidades de la educación superior que podemos resumirlas del siguiente modo: un gran abanico de ofertas académicas y una gran diversidad de opciones institucionales que permiten a los jóvenes acceder masivamente a la enseñanza superior y procurar múltiples posibilidades de formación; una tasa de escolarización muy alta, comparable a la de los países desarrollados que coloca al país en una situación competitiva en América del Sur; un desarrollo amplio de la actividad científica y una gran experiencia de proyectos de transferencia hacia el medio pese a las limitaciones financieras; un conjunto muy grande de recursos humanos altamente calificados en profesores, investigadores y graduados que responden a las demandas actuales y que están disponibles para una estrategia de desarrollo con uso intensivo del conocimiento.

Podemos señalar también el desarrollo progresivo de los sistemas de información universitarios y el crecimiento de los programas de educación a distancia como oportunidades que podrían ser fortalecidas con políticas adecuadas.

La internacionalización de los intercambios académicos, en la cual ya tienen experiencias muchas universidades, así como el proceso de integración en el Mercosur Educativo aparecen como oportunidades para el país y para la educación superior en la medida en que existan políticas destinadas a ocupar un lugar satisfactorio en ese espacio.

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TERCERA PARTE

I.

ESCENARIO A: PROYECCION DE TENDENCIAS ACTUALES

En este escenario suponemos que en general se proyectan las tendencias actuales con algunas variantes.

1. Contextos La Educación Superior argentina ha vivido durante los últimos 50 años en permanentes crisis y cambios. Entre las causas de este proceso podemos designar la inestabilidad política, las crisis económicas, la expansión de la matrícula y de las instituciones universitarias, las crisis internas de las mismas universidades, los cambios en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Con respecto al entorno político y económico suponemos que la estabilidad institucional y la continuidad del crecimiento brindarán mayores posibilidades para mejorar la eficiencia y la calidad del sistema. Las políticas de reindustrialización y de inclusión social avanzarán progresivamente con impactos en las demandas de conocimiento y en la escolarización de los jóvenes. Igualmente, se pueden prever nuevas demandas de conocimiento con la informatización de la sociedad, con las nuevas aplicaciones de las biotecnologías, con las investigaciones en torno a energías alternativas, con la consolidación de las industrias culturales.

El financiamiento de la educación superior y del sistema científico podrá mejorar tal como se proponen las metas de las estrategias gubernamentales. Pero la expansión de la matrícula y de las instituciones universitarias públicas podrá limitar el alcance de las nuevas inversiones si no existen políticas destinadas a mejorar la eficiencia.

La internacionalización de los intercambios académicos (con programas cooperativos con instituciones del MERCOSUR y de otras regiones) y la difusión de las tecnologías de la información y comunicación (que facilitarán el desarrollo de programas de educación a distancia) brindarán nuevas oportunidades para ampliar y mejorar el acceso a la educación superior.

Pero, la capacidad para aprovechar las nuevas inversiones públicas como para aprovechar las nuevas oportunidades de la internacionalización y la informatización de la sociedad, dependerá de políticas orientadas al uso intensivo del conocimiento. Desde este punto de vista el escenario que aquí analizamos tiene como limitante la ausencia de tales políticas y la incapacidad de los gestores universitarios para establecer consensos para una gestión estratégica concertada.

El envejecimiento de la población económica activa (PEA) es un dato muy importante para prever la renovación de los recursos humanos de nivel superior. Por ejemplo, el informe de la Subsecretaría de la Función Pública sobre Algunas características del personal comprendido en el sistema nacional de la profesión administrativa al 31 de diciembre de 2004 señala que sobre 7.481 profesionales analizados la edad promedio era de 50 años y advertía sobre la necesidad de planificar el recambio. Según estimaciones del INDEC para 2005 cerca del 40% de la PEA que se

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encontraba en la categoría de profesionales era mayor de 50 años lo que quiere decir que unos 300.000 profesionales estarán jubilándose entre 2010-2020. Esto puede significar que habrá una demanda sostenida de nuevos profesionales en el mercado de trabajo.

Un fenómeno a tener en cuenta es la expansión del teletrabajo . Los informes de la Consultora Carrier y Asociados señalan que hay en el país unas 980.000 oficinas hogareñas que ocupan una o más personas. El Ministerio de Trabajo ha presentado un proyecto de ley para institucionalizar la modalidad del teletrabajo. El Centro de Teletrabajo y Teleformación de la UBA así como la Asociación Argentina de Telebrajo son indicios de que se trata de un fenómeno que va a extenderse aún más en el futuro.

Desde el punto de vista de este informe es de notar que un porcentaje muy alto de los individuos involucrados en estas experiencias poseen estudios superiores y técnicos.

La informatización de la sociedad, aunque incompleta y desigual, se encuentra en la base del progreso del teletrabajo y también de la educación virtual que se expande vertiginosamente. Los usuarios formales e informales de educación superior a distancia pueden estimarse en más de 200.000 en el país. Existen cursos, foros e investigaciones provenientes de instituciones nacionales y extranjeras en todos los formatos que cubren una gama inconmensurable de temas. A lo cual hay que agregar los accesos a bibliotecas y centros de investigación de todo el mundo vía Internet. De modo, que la globalización del acceso al conocimiento superior es un hecho, cuyo tratamiento supera las respuestas locales. Cabe notar asimismo, que por diversas vías, instituciones nacionales han creado redes de educación internacionales. Lo cual nos indica que estamos asistiendo a una desterritorialización de la educación argentina.

2. Expansión universitaria El crecimiento de la matrícula de la educación superior ha sido constante en las últimas décadas aunque su intensidad ha disminuido en los últimos años. De acuerdo a las tendencias demográficas la población entre 18-24 años alcanzará a unos 3.492.000 individuos hacia 2020.11 Si adoptamos la hipótesis de un leve crecimiento de la tasa de escolarización coherente con las tendencias actuales pasando del 60 al 70% de la población entre 20-24 años, podríamos alcanzar hacia el 2020 una matrícula de la educación superior cercana a los 3 millones de estudiantes de la educación superior (donde más de un 10% del conjunto tendría edades superiores a los 25 años).

La tasa promedio de crecimiento de la matrícula en las universidades públicas entre 2001-2005 fue del 1,5% y la de nuevos inscriptos en el mismo período de 0,4%. Para las universidades privadas esos promedios fueron del 5,7 y el 7,8% respectivamente. Los institutos de educación superior no universitarios (IES) cubrían el 25% del total de la matrícula de la Educación Superior. En 2005 teníamos entonces estos números: -

11

total de matrícula de Educación Superior: 2.048.876 universidades nacionales: 1.285.625 62.74% universidades privadas: 254.117 12.40%

INDEC (1995). Proyección de la población urbana y rural y de la población económicamente activa,

Serie Análisis Demográfico, no. 1, SAD5, Buenos Aires

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-

institutos de educación superior (IES) : 509.134

24.84%

Si se conserva el sistema binario (universidades institutos de educación superior) y las universidades privadas mantienen su ritmo de crecimiento, sobre 3 millones de alumnos de la educación superior tendríamos: un 60% en las universidades nacionales, o sea, cerca de 2.100.000 estudiantes, las universidades privadas tendrían el 20% , o sea, 600.000 y otro tanto los IES. Estimamos que la matrícula de los IES tenderá a mantenerse o a situarse alrededor del 20% dado que existe ya un fuerte pasaje de la educación superior no universitaria a las universidades. El crecimiento se mantendrá por las ofertas técnico profesionales y por la expansión del sistema educativo. La creación del Instituto Nacional de Formación Docente en el Ministerio de Educación de la Nación y de nuevas universidades nacionales y privadas tenderá a cubrir ciertas demandas de capacitación que hasta el presente eran cubiertas por los IES y las provincias.

De acuerdo con las tendencias que se observan en las últimas décadas las universidades privadas ganarán mayores porciones relativas en las estadísticas de alumnos, nuevos inscriptos y egresados. En 2001-2005 la tasa promedio de crecimiento anual fue de 1,49 para las universidades nacionales y de 5,67 para las universidades privadas.

Hacia 2005 existían 38 universidades nacionales, 41 universidades privadas, 6 institutos universitarios nacionales, 14 institutos universitarios privados, una universidad provincial y dos universidades internacionales. Teniendo en cuenta que la demanda de escolarización seguirá constante es probable que la expansión institucional se prosiga con nuevas creaciones de universidades nacionales y privadas. De hecho, en septiembre de 2007 se aprobó la creación dos nuevos institutos universitarios estatales (dependientes de la Gendarmería y de la Prefetura Marítima) y esperan sanción del Congreso Nacional cinco proyectos de nuevas universidades nacionales. En la CONEAU más de una decena de proyectos de universidades privadas esperan la evaluación. Las instituciones universitarias podrían entonces pasar de las 125 actuales a unas 150.

En cuanto a la UBA es evidente que su capacidad de expansión está bloqueada, tanto por la dimensión de la matrícula (cerca de 330.000 estudiantes) como por las limitaciones internas de presupuesto, cargos rentados e infraestructura. Otro tanto podría decirse de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba.

Estas situaciones muestran que las universidades nacionales y privadas colindantes seguirán creciendo. No obstante, cabe resaltar que en el caso de Ingeniería, la matrícula puede crecer en todas las instituciones si se mantienen los estímulos actuales para mejorar el ingreso y la permanencia en dicha carrera. (Programa PROMEI y otros).

Nada permite suponer que las tendencias a la concentración de la demanda sobre algunas carreras (abogacía, contador, informática, periodismo, medicina, arquitecto) vaya a disminuir.

En cuanto a las carreras prioritarias (identificadas por las cámaras empresarias y el Ministerio de Economía ) que en 2005 tuvieron 238.409 alumnos para el 2020 podrán llegar a 400.000 alumnos y 20.000 egresados si se mantiene la reindustrialización, los programas PROMEI, PROMAGRO y el apoyo a las carreras de formación científica

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tecnológica. El acortamiento de las carreras de ingeniería, de acuerdo a lo propuesto por el CONFEDI, podría mejorar el flujo de nuevos inscriptos.

Una cuestión crucial que se planteará en los próximos años será el límite de expansión del sistema universitario estatal teniendo en cuenta las necesidades, ya existentes, para atender y renovar la infraestructura y el equipamiento. La crisis de financiamiento podría obligar a buscar nuevos consensos para optimizar los recursos , a establecer mejores mecanismos de planificación y a seguir explorando fuentes alternativas de obtención de recursos adicionales.

3. Rendimientos académicos e inclusión social de los jóvenes Todos los actores institucionales reconocen que los rendimientos son bajos, que hay mucha deserción, que se alargan excesivamente las carreras, que hay mucha repitencia.

La tasa de graduación no supera el 20% y en algunas carreras, comos las ingenierías ronda el 10%. Esto quiere decir que la deserción está cerca del 80% en las universidades públicas y del 70% en las universidades privadas. Si se produjera una leve mejora de este porcentaje y la deserción bajara al 65% esto quiere decir que hacia 2020 tendríamos en términos absolutos más de 1,5 millón de jóvenes que fracasarían en su acceso a la educación superior en las universidades.

Las consecuencias de este hecho son varias: incremento del número de jóvenes sin una inserción social adecuada, derroche de recursos, reproducción de la ineficiencia en la gestión académica, desaprovechamiento de personas calificadas en el mercado profesional.

En este escenario no prevemos la existencia de políticas becas eficientes para sostener a miles de jóvenes de bajos recursos estudiando en la universidad. Tampoco prevemos una política de becas para fortalecer los posgrados que en la actualidad carecen de financiamiento institucional. Por lo tanto, el rendimiento de los posgrados seguirá siendo muy bajo con alrededor de 15% de graduados y una cantidad anual de doctores que no sobrepasará los 600 si no median políticas que reviertan la tendencia.

En este escenario prevemos que se intentará fortalecer la formación pedagógica de los docentes universitarios y la cooperación con la enseñanza media para mejorar las competencias de los ingresantes a la universidad. Probablemente, se realicen investigaciones especializadas para comprender las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y las causas de los fracasos académicos.

4. Organización y políticas académicas

En las carreras reguladas por el Estado de acuerdo con el art. 43 de la Ley de Educación Superior seguirán produciéndose cambios en los planes de estudio para acortar la duración de los programas y para mejorar la calidad de la enseñanza. Todas estas carreras ya han establecido hacia 2007 estándares comunes y se han sometido a los procedimientos de evaluación y acreditación.

Siguiendo el ejemplo de las carreras de Ingenierías (Ver: CONFEDI : Proyecto estratégico de reforma curricular de la ingeniería argentina, Bs.As., 2004) se intentará

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acortar las carreras, introducir un ciclo básico por competencias y flexibilizar los planes de estudio. Las carreras de Agronomía y de Veterinaria podrían seguir el camino.

La adopción del sistema de créditos y la flexibilización curricular figura en la agenda del MERCOSUR Educativo. Por lo tanto, ya existen algunas carreras que están dispuestos a adoptar estas reformas.

En este escenario suponemos que prevalecerá la estructura profesionalista de grado en las universidades nacionales y privadas, aunque paulatinamente la obtención del posgrado será considerada como una etapa normal de los estudios universitarios.

Se planteará en este escenario la necesidad de articular las universidades públicas y privadas junto con los Institutos de Educación Superior (IES) en un sistema educativo más cooperativo y coherente.

5. Educación a distancia Todo parece indicar que con la difusión de las TIC s y con el mejoramiento de la conectividad informática, un mayor número de jóvenes y adultos buscará mejorar su escolarizacióln superior a través de la educación a distancia o virtual. En el supuesto de que no exista una política de estímulo para este proceso de todos modos los usuarios de educación superior a distancia podrían llegar a ser unos 400.000 en 2020. Entre ellos suponemos que unos 150.000 estarán inscriptos en programas completos de grado y de posgrado mientras que el resto serán alumnos de cursos o materias especialmente diseñadas por esos medios.

La educación virtual se hará cada vez más presente en el sistema de educación superior obligando a las autoridades a establecer mecanismos específicos de acreditación y evaluación como ya se viene haciendo. Para el 2020 podrían existir unas cuatro universidades virtuales establecidas en el país más una decena de ofertas que vendrán del exterior (como ya está ocurriendo). Aquí podrán presentarse problemas con el desarrollo de este tipo de ofertas si no se avanza sustancialmente en la elaboración de un marco regulatorio para la educación transfronteriza virtual con independencia de la forma institucional que adopten.

La bi-modalidad (enseñanza presencial + educación a distancia) se irá imponiendo para acomodarse a los nuevos contextos culturales y tecnológicos. Para 2020 la cultura de la educación virtual tendrá una amplia difusión social. Pero las universidades nacionales seguirán teniendo serias dificultades para afrontar esta nueva cultura dada la rigidez organizacional que impide tomar decisiones on time y on line . Por otro lado, no dispondrán de los recursos necesarios para afrontar las exigencias de la innovación permanente. (Como ya lo ha mostrado la experiencia precursora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la experiencia de UBA XXI). Se hará evidente en ese momento la necesidad de una reforma de las instituciones universitarias a los efectos de ajustarse a las necesidades de los nuevos modelos y a las demandas crecientes de nuevas respuestas para hacer realidad una educación para toda la vida.

6. Graduados y demanda del mercado profesional En el 2004 las universidades nacionales tuvieron 62.054 graduados mientras que las universidades privadas en el mismo año tuvieron 20.240, o sea, un total de 82.299 graduados. A esto hay que agregar los egresados de los IES que sumaban 68.252 en el 2005 (entre ellos 32.160 con títulos docentes y 34.889 con orientación técnico

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profesional).

Esto nos permite estimar que cada año hasta el 2020 se incorporarán al mercado profesional un promedio de 150.000 diplomados por año. Entonces, entre 2006-2020 tendremos unos 2.250.000 nuevos graduados.

El Censo 2001 registró 2.271.190 personas con educación superior, entre ellos, 1.142.152 con título universitario. Entre este último grupo, 198.231 tenían entre 50-59 años, 49.898 tenían entre 60.64 años y 94.058 eran mayores de 65 años. Esto indica que hacia 2020 la renovación de los recursos humanos con formación universitaria alcanzará a más de 300.000 personas.

De acuerdo a proyecciones realizadas en la SECyT para el 2025 el país tendría 45,347 millones de habitantes y la población económicamente activa sería de 22.859 millones.12 Siguiendo las tendencias actuales la población económicamente activa va a registrar un cambio importante en el perfil educativo pues se dispondrá de un conjunto de más 3,5 millones de personas con educación superior, lo que representará más del 15% de la población activa una proporción cercana a la que registrara la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC en 2004. En términos absolutos tendríamos 1,5 millón más de graduados de la educación superior.

Otro dato importante es que en la actualidad más del 50% de los graduados universitarios trabaja como empleado, la mayoría de ellos dependientes del Estado en alguna de sus jurisdicciones. Sin embargo, solo una ínfima minoría ha sido capacitada para la función pública. Por otro lado, estimamos que un porcentaje cercano al 40% no se encuentra aprovechando plenamente sus capacidades dada la ausencia de políticas de gestión del capital humano (o sea, gestión del conocimiento). Esto quiere decir que el principal desaprovechador de recursos humanos altamente calificados es el Estado mismo, con consecuencias tales como la baja productividad, alto índice de frustración profesional e ineficiencia institucional.

Una incógnita, tanto para el Estado Nacional como para las provincias y municipios, es el alcance que puede tener la informatización administrativa. En algunas instancias ya está preparando o experimentando el gobierno electrónico .

En cuanto a los graduados de las carreras denominadas prioritarias de acuerdo a las demandas del Ministerio de Economía y de las empresas, podemos prever que si el índice de crecimiento de las carreras involucradas se mantiene (con un crecimiento neto de mil nuevos graduados cada cinco años) a un número aproximado de 14 mil egresados de carreras prioritarias en el 2020. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las disparidades son muy grandes entre las distintas carreras que componen este conjunto y que el flujo y el reflujo de la matrícula en ellas depende tanto de las demandas del mercado como de las oportunidades científicas y académicas que brindan.

Teniendo en cuenta las tasas de graduación de las carreras informáticas en universidades públicas y privadas hacia 2005 (2.235 egresados de carreras de grado, 59 de carreras de posgrado, 1.761 técnicos) podría estimarse que entre 2007 2020 se formarán más de 25.000 nuevos informáticos. Sin contar los graduados de los IES. La adecuación de esta oferta académica a la demanda dependerá no solo de las aplicaciones que necesite el mercado sino también del tipo de innovaciones que se produzcan (algunas favorecen más la independencia del usuario respecto de los especialistas).

12

SECYT, Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Planta Estratégico de

Mediano Plazo de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina: Escenarios demográficos hacia 2025, Documento de trabajo no.6, Febrero de 2004

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En este escenario va a prevalecer la política de adecuación o adaptación a los desafíos actuales. No prevemos que existan políticas para cubrir los temas vacantes en el mercado del conocimiento para afrontar los nuevos contextos nacionales e internacionales (la experiencia al respecto de países como Japón, Corea, Israel, Cuba, Finlandia, es ilustrativa).

7. Distribución territorial

El Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias muestra que la distribución territorial de los estudiantes universitarios refleja en gran medida las concentraciones urbanas del país, pero también la atracción que tiene sobre los jóvenes las ciudades más importantes como Capital Federal y Córdoba. La Región Metropolitana registra el 40,09% de los estudiantes, la Región Centro Oeste el 18,52% , la Región Bonaerense el 11,42%, la Región Centro Este el 10,31% , la región Noroeste el 9,93%, la Región Noreste el 5,95% y la Región Sur el 3,77 %.

El país ha experimentado desde el comienzo de los años 70 un proceso de descentralización universitaria que se ha mantenido y reforzado con la creación de nuevas universidades y localizaciones en las distintas regiones. La tendencia a crear localizaciones de universidades establecidas en los grandes centros urbanos en todas las localidades del país ha sido muy grande. Con cinco nuevas universidades nacionales y de cerca de diez nuevas universidades privadas el sistema reforzará su distribución territorial.

Por otra parte, la expansión de los programas de educación a distancia o virtual ofrecerán oportunidades de acceso a la educación superior desde los lugares más distantes. La descentralización , por consecuencia, se profundizará.

8. Personal docente Si consideramos que el sistema de educación superior mantendrá su expansión llegando a más de 3 millones de estudiantes, resultará crucial la renovación del cuerpo docente. En este primer escenario siguiendo las tendencias dominantes podría elevarse al 20% el porcentaje de profesores con dedicación exclusiva en la educación superior en general y al 40% el porcentaje de profesores regulares en universidades nacionales con diplomas de posgrado. El número de docentes universitarios con dedicación exclusiva en las universidades nacionales pasó de 12.933 en 2001 a 15.450 en 2005, sobre un total de 143.804 cargos (o sea, un 11% del total). Estimamos que podrían llegar a 25.000 en 2020, cifra significativa pero que representará apenas un 15,62 % del conjunto de 160.000 cargos docentes que estimamos existirá en las universidades nacionales. (Si se tiene en cuenta que varios cargos son ocupados por los mismos individuos, el porcentaje de dedicaciones exclusivas en este escenario podría llegar al 25%).

Si consideramos el conjunto de docentes requeridos en las universidades nacionales y privadas y en los IES tendremos una masa de cerca de 300 mil personas para el 2020. Esto muestra el esfuerzo pedagógico e institucional a realizar para la formación de los profesores y para mantener la calidad del sistema.

En la actualidad ya existen más de 20 programas de posgrado para la docencia superior. La formación de profesores universitarios se ha convertido en un objetivo del sistema.

Otro aspecto a tener en cuenta es que desde 2008 las universidades comenzarán

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a cooperar con el Instituto Nacional de Formación Docente para mejorar el perfil académicos de los docentes primarios y secundarios.

9. Sistemas de ingreso El art. 50 de la Ley de Educación Superior se establece que la regularidad de los alumnos exige que rindan por lo menos dos materias por año. Cada universidad y cada facultad aplica este principio según su buen entender. El segundo párrafo del mismo artículo concedía el derecho a establecer su propio sistema de ingreso a las facultades de instituciones universitarias con más de 50.000 estudiantes. De hecho, en la mayoría de las universidades nacionales la política de ingreso depende de las decisiones de cada facultad. Por lo tanto, existen más de quince sistemas de ingreso en las universidades nacionales.

En este escenario no prevemos una modificación de estas políticas ya que suponemos que la SPU seguirá siendo débil para imponer políticas comunes. Por otro lado, se ha extendido el principio de autonomía de las universidades a las facultades, lo que promueve la atomización institucional.

El problema central de los sistemas de ingresos seguirá siendo la preparación de los aspirantes para evitar que fracasen en sus estudios. La deserción y la repitencia en el primer año seguirá afectando al 60% de los ingresantes. Las facultades de Medicina y Odontología continuarán aplicando cupos explícitos o encubiertos juntos con exámenes de ingreso para evitar esta situación y para mantener una tasa de graduación superior al 50% de los ingresantes.

El sistema del ingreso irrestricto (ingreso directo a las carreras, gratuidad incondicionada) seguirá formando parte del discurso de los dirigentes universitarios aunque de hecho ya existen carreras de grado aranceladas, sistemas de cupo, exámenes de ingreso y becas condicionadas a los rendimientos académicos.

El Programa Nacional de Becas Universitarias se ampliará para alcanzar a más beneficiarios pasando de 6.529 asignaciones en 2006 a más de 15.000 en 2020. Los montos de las becas podrían mejorar pasando de un monto de alrededor de 800 U$S en la actualidad a unos equivalentes de U$S 2.000. Pero aún con estas modificaciones se puede apreciar que el esfuerzo para asegurar la igualdad de oportunidades educativas resultará todavía muy modesto teniendo en cuenta la población de bajo recursos de entre 18-24 años de edad.

10. Actividad científica

Cumpliendo con la meta del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología de aplicar por lo menos el 1% del PBI a la actividad científica el gobierno estará en condiciones de mejorar los subsidios para proyectos específicos de las universidades nacionales y privadas. Desde este punto de vista suponemos que se incrementarán los proyectos de investigación, el número de investigadores involucrados y los resultados.

En el campo universitario el incremento de los recursos permitirá fortalecer los centros consolidados y mejorar los rendimientos en el programa de incentivos a la investigación que involucrarán a más de 30.000 docentes categorizados. Pero la gran dispersión en el otorgamiento de subsidios, ante la ausencia de prioridades y criterios de selección, limitará el impacto del crecimiento.

Por otro lado, ya se manifiestan límites para extender los proyectos de investigación. En primer lugar, porque es necesario cubrir las necesidades de

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equipamiento de los proyectos en curso. En segundo lugar, porque es necesario asegurar la contratación de los investigadores o doctorados formados. En tercer lugar, porque existe una demanda insatisfecha para realizar estudios en el extranjero. En cuarto lugar, porque el sistema necesita cubrir de manera urgente la formación de posgrado, y los doctorados, que se encuentran actualmente desfinanciados.

Las universidades privadas han comenzado a incrementar sus inversiones en investigación.. El Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología (2005) proponía que a mediano y largo plazo podrían cuadruplicar el número de investigadores. Esto significaría pasar de los 1.412 que tenían hacia 2003 a unos 8.000. Estimamos como más probable en este escenario que dupliquen los efectivos, es decir, que lleguen a unos 3.000 para el 2020. Las posibilidades de acceder a subsidios públicos concursables mediante proyectos de investigación fortalecerá el interés de las universidades privadas por la actividad científica.

11. Financiamiento El financiamiento de las universidades públicas en 2007 llegaba al 0,54% del PBI (México: 0,93%; Brasil: 0,84%; Chile: 0,62%; Uruguay: 0,57%). Los aportes del Tesoro Nacional para las universidades públicas representaban 4.348.106.341 millones de pesos (unos 1.300 U$S millones.) Para 2008 el presupuesto para las universidades nacionales rondará los 6.000 millones de pesos (cerca de 2000 millones de dólares).

Para el 2020 el financiamiento público de las universidades podría alcanzar unos U$S 3.000 millones. Evidentemente, el valor de estas estimaciones dependerá de la inflación acumulada entre 2007-2020 y de la tasa de cambio peso-dólar. El Estado deberá afrontar nuevos gastos para atender a más de 500.000 nuevos estudiantes, más de 50.000 nuevos docentes y a cerca de cinco nuevas universidades públicas. En estas condiciones es fácil prever que el incremento nominal arriba mencionado no alcanzará para mantener adecuadamente la infraestructura y equipamiento de las universidades.

Es probable que el número de docentes con dedicación exclusiva pase de 15.000 a 25.000, sobre todo teniendo en cuenta el régimen de incentivos y los nuevos subsidios para investigación. A partir de 2007 se efectivizan miles de cargos docentes universitarios ad honores.

En 2007 los recursos propios obtenidos por las universidades nacionales ascendían a unos 600 millones de pesos. Esta cifra podría sobrepasar los 800 millones de pesos siguiendo las tendencias actuales.

El gasto por estudiante universitario en Argentina en 2005 representaba unos 633 dólares (Brasil: 6.223; México 4.885; Paraguay: 3.165; Chile: 2.570; Uruguay: 2.286). Es evidente que aún duplicando el presupuesto universitario no se alcanzan niveles de comparación favorables en la región.

La Secretaría de Políticas Universitarias y las universidades nacionales han explorado nuevas fuentes de financiamiento y nuevas modalidades en la asignación de recursos. Estas políticas seguirán su curso ampliando probablemente las opciones para obtener fondos a través de programas especiales.

12. Actividades de transferencia

En 2005 las universidades públicas registraban $ 444.871.010 recaudados con recursos propios. Esta cifra podría llegar a $ 800 millones para el 2020. Tanto la necesidad de obtener fondos adicionales como las políticas activas en materia de

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vinculación con las empresas, las organizaciones sociales y organismos del Estado llevarán a multiplicar el diseño y ejecución de proyectos de servicios, consultorías, transferencia tecnológica y otros. Ya existe en la actualidad una RedVitec que articula los órganos de vinculación tecnológicas de las universidades e institutos que forman parte del Consejo Interuniversitario Nacional.

Existen en la actualidad seis incubadoras de empresas en distintas universidades nacionales. Hacia 2020 podrían llegar a existir más de 15 iniciativas de este tipo acompañando el proceso de re-industrialización del país.

Siguiendo las tendencias actuales todas las universidades nacionales van a incrementar sus contratos de vinculación tecnológica y de servicios. El límite estará puesto por el tamaño de las empresas con las cuales se puede negociar. Las multinacionales son reacias a contratar universidades públicas o privadas del país. Las pymes no tienen capital para investigación y desarrollo. De modo que mucho dependerá de las iniciativas gubernamentales (en la Comunidad Económica Europea fueron los gobiernos los que financiaron la sinergia entre las pymes y las universidades apuntando a las ventajas mutuas).

El modo de gerenciamiento de los proyectos de transferencia debido al peso de la cultura burocrática tradicional frenará la expansión.

13. Posgrados El sistema de posgrado sigue dependiendo de su propio financiamiento. En consecuencia el acceso a este nivel sigue siendo limitado, sobre todo para los jóvenes recién egresados. El número de estudiantes en los posgrados podría llegar a estabilizarse cerca de los 40.000. Los doctorados seguirán siendo limitados por la falta de becas y de apoyo presupuestario. Podrían llegar a formarse unos 600 doctores por año.

La puesta en marcha de los programas de apoyo a los doctorados en áreas tecnológicas del FONCYT (Programa de Recursos Humanos PFDT) podría mejorar los resultados en las ingenierías.

De no mediar becas y dispensas especiales para docentes universitarios la presentación de tesis y la tasa de graduación en posgrados no superará el 10%.

Todo indica que la proyección de estas tendencias colocará a la Argentina en una situación muy desfavorable en el plano del más alto nivel académico en el concierto de América del Sur y del mundo.

14. Gobierno y gestión universitaria Las estructuras actuales mantienen el modelo de gestión imperante que impide abordar el futuro a través de un consenso y un planeamiento estratégico. Es en este punto que los expertos consultados revelan mayor escepticismo. La gestión se encuentra atrapada entre la coyuntura, los conflictos internos y la burocracia. La universidad pública tiene serios problemas para afrontar los cambios.

La confusión entre los órganos de gobierno colegiados y los órganos ejecutivos, así como el sectarismo político desvirtúan tanto la democracia universitaria como los procesos de toma de decisiones.

Con una Secretaría de Políticas Universitarias menguada en su capacidad para coordinar y liderar el sistema universitario, y con universidades tensionadas por conflictos internos, la estrategia dominante consistirá en mantener el gobierno y conseguir ventajas relativas en el reparto de los recursos universitarios.

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Las crisis de gobierno se reproducirán en varias universidades como viene aconteciendo. Los conflictos recurrentes debilitan las posibilidades cooperación interinstitucional. Por lo tanto, el sistema carecerá de una estrategia conjunta.

La administración seguirá dominada por la cultura burocrática de la administración pública. La informatización de la gestión continuará en cámara lenta. El atraso de las universidades nacionales en este aspecto se agravará con respecto a Brasil y Chile. Con respecto a Europa y EE.UU. ya lleva un retraso de veinte años.

Todo esto incidirá sin duda en la eficiencia, en la productividad y en la calidad institucional.

15. Sistema de evaluación y acreditación

Hacia 2007 la CONEAU ha evaluado el 70% de las instituciones universitarias públicas y privadas. También tuvo a su cargo la acreditación de más de 2.800 proyectos de posgrado. Si se mantiene el volumen y la complejidad de sus funciones es probable que sus atrasos se agraven. Pueden crecer las demandas para las dos agencias de evaluación privadas con autorización.

Se consolidará el sistema de acreditación de carreras de grado y posgrado donde la CONEAU ha tenido un protagonismo decisivo. Se replanteará a estructura orgánica y la designación de los miembros de la CONEAU por el Congreso Nacional.

Para el 2020 podemos esperar que el 100% de las universidades públicas y privadas haya cumplido con las exigencias de la evaluación institucional. Asimismo, se puede esperar que todos los programas de posgrado hayan pasado por la evaluación de pares para su acreditación.

La consolidación del sistema de acreditación de carreras universitarias del MERCOSUR (luego de la etapa experimental del MEXA) reforzará la aceptación de estándares y criterios de calidad en las carreras profesionales del país.

Teniendo en cuenta los acuerdos ya establecidos entre distintas agencias sudamericanas, europeas y norteamericanas, podemos prever el establecimiento de normas comunes para el reconocimiento de créditos académicos a fin de facilitar la movilidad de estudiantes entre universidades de distintos países.

16. Mercosur universitario

Se aplicarán progresivamente los acuerdos regionales sobre reconocimiento de diplomas y carreras. Hacia 2020 podría haber cerca de 10.000 estudiantes de países del MERCOSUR circulando entre distintas universidades. Se completará el proceso experimental de acreditación de carreras y progresivamente se autorizará la libre circulación de profesionales en ciertas áreas: ingeniería, agronomía, veterinaria, medicina. Los graduados de países con acreditación aprobada por el MERCOSUR Educativo podrán concursar para la docencia en los distintos países miembros.

Junto con la experiencia de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) podrán desarrollarse otras redes de cooperación e intercambio a través de la asociación de universidades del Norte Grande con los países limítrofes. Se ampliarán sobre todos los intercambios con universidades de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.

La ampliación del MERCOSUR Educativo con nuevos miembros (Venezuela, Bolivia, Perú) fortalecerá la región. Pero la falta de estrategias comunes limitará sus

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potencialidades.

Es muy probable que en los próximos años se aprueben las normas para el reconocimiento automático de créditos académicos entre los países miembros del MERCOSUR. En varias universidades de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se ha introducido el estudio alternativo de español-portugués como una forma de facilitar los intercambios. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora ha creado una Maestría en Gestión y Políticas Universitarias del MERCOSUR mientras que se analiza a nivel intergubernamental la creación de una Universidad del MERCOSUR. II. ESCENARIO B: AGRAVAMIENTO DE LOS PROBLEMAS ACTUALES 1. Caracterización general En este escenario imaginamos que los problemas se pueden agravar si no existen políticas adecuadas y si los contextos se vuelven desfavorables. La información de base de tendencias actuales sería la misma que para el escenario A. .

Presuponemos por un lado que las condiciones externas no serán favorables para el país y por otro lado que al no mejorar las políticas públicas los problemas se habrán de agravar. El debilitamiento de la capacidad de gestión estratégica tendrá consecuencias en el plano económico y social: mayores limitaciones para la disponibilidad de recursos por parte del Estado, mayores desequilibrios sociales (más pobreza, mayor conflictividad, más inseguridad).

En el sistema universitario se puede agudizar la atomización institucional manifestada en el individualismo de cada universidad y de cada facultad para la adopción de políticas sin concertación alguna.

2. Contextos Desaceleración del crecimiento económico, del superávit fiscal y por lo tanto de la disponibilidad de recursos para mejorar el financiamiento de las universidades y la investigación científica. La reindustrialización se queda a mitad de camino. Se difunden las TIC s pero sin industria en el sector. Las universidades y empresas privadas no mejoran su participación en el gasto en ciencia, tecnología y posgrado. .

Se agrava la crisis de gobernabilidad en las universidades nacionales.

Se producen discontinuidades e incoherencias en las políticas científicas, tecnológicas y universitarias destinadas a fortalecer la vinculación con las demandas del Estado, la economía y la sociedad. .

3. Expansión La restricción de los recursos debido a la desaceleración económica y al déficit 53

fiscal frena la expansión universitaria y científica. Las universidades nacionales no disponen de recursos suficientes para renovar su infraestructura y equipamiento. Por lo tanto, no están en condiciones de absorber las nuevas demandas de escolarización superior. Las universidades privadas tenderán a cubrir esta demanda insatisfecha a nivel de las carreras de grado más solicitadas. Los institutos terciarios no universitarios tenderán también a cubrir las demandas insatisfechas de educación superior pero sin los recursos para mejorar la calidad.

4. Rendimientos académicos Si las condiciones de aprendizaje no mejoran en los niveles primarios y secundarios es probable que se agraven los déficits cognitivos de los alumnos. Por lo tanto, las condiciones del ingresante a la educación superior pueden mantenerse como hasta el presente o pueden agravarse. Entre otras consecuencias podemos prever una mayor segmentación entre un grupo mayoritario con pocas competencias cognitivas y una minoría cercana al 15% con muy buenas condiciones en lecto-escritura y conocimientos científicos básicos. En este escenario el sector más afectado será el de los institutos de formación docente que es el que tiene que atender las nuevas demandas educativas.

5. Organización académica La ausencia de políticas públicas coherentes acentuará la atomización del sistema de educación superior impidiendo que existan consensos estratégicos para reformar los planes de estudio y para mejorar la organización académica. En las grandes universidades, pero también en otras, se agravará la ingobernabilidad.

6. Educación a distancia La falta de consenso institucional impedirá el reconocimiento amplio de las nuevas modalidades de educación a distancia y virtual. Por lo tanto, se profundizará el atraso del país en esta dimensión. Algunas instituciones, privadas o públicas, seguirán explorando las posibilidades de la EAD pero sin una articulación sistemática con el resto del sistema. Las ofertas internacionales de enseñanza virtual tendrán mayor número de usuarios.

La falta de regulación del desarrollo de la Educación transfronteriza virtual por parte del Estado traerá aparejado una invasión de ofertas de todo tipo y valor lo que dejará a la población indefensa frente a las ofertas de escaso o nulo valor

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académico.

7. Graduados y demandas profesionales La ausencia de políticas para la formación y el aprovechamiento de recursos humanos altamente calificados acentuará las contradicciones actuales: saturación de graduados de carreras tradicionales, déficits de profesionales en las ingenierías estratégicas, déficits de profesionales y académicos con formación de posgrado, baja formación de los graduados en ciencias de la educación. En la alta gerencia de grandes empresas, nacionales y extranjeras, serán más competitivos los graduados de universidades privadas nacionales así como de Brasil, Chile y otros países.

8. Distribución territorial La ausencia de regulaciones claras y efectivas permitirá que se agrave la atomización del sistema, la superposición de ofertas y la concentración en los grandes núcleos urbanos.

9. Personal docente Al no existir políticas anticipatorios para la renovación y perfeccionamiento del personal docente se profundizará la desvalorización de la carrera docente universitaria y de nivel superior. En las universidades nacionales las restricciones presupuestarias impedirán mejorar el perfil académico y las dedicaciones de los profesores.

10. Sistemas de ingreso La falta de coordinación y de consenso entre las instituciones consolidará la atomización de las mismas en materia de políticas de ingreso. Cada facultad establecerá sus propios criterios. La deserción inicial seguirá siendo del orden del 50%. Sobre una matrícula global de 3.600 estudiantes de la educación superior esto significa que por lo menos un millón de jóvenes fracasarán en su intento de proseguir estudios superiores.

11. Actividad científica Las universidades nacionales limitan sus fondos para ciencia y tecnología debido a la falta de recursos. Se congela el programa de incentivos a la investigación en las universidades nacionales por razones presupuestarias. Los programas de investigación de las universidades quedan sujetos a su propio financiamiento o a los fondos concursables establecidos por el FONCYT y el FONTAR.

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12. Financiamiento La desaceleración del crecimiento económico, inferior al 3% anual, junto con el fin del superavit fiscal, colocará a la educación superior entre los sectores que sufrirán el congelamiento de los aportes federales.

Por otro lado, la dispersión del gasto debido a la creación de nuevas universidades públicas limitará las posibilidades de incrementar en términos absolutos las asignaciones.

La desaceleración del crecimiento económico y el predominio de empresas transnacionales en la economía limitará las inversiones del sector privado en educación superior y en investigación científica.

13. Transferencia Las restricciones presupuestarias frenan el crecimiento de los fondos para proyectos de innovación y transferencia tecnológica. La supremacía de las multinacionales entre las grandes empresas del país limita las posibilidades de conseguir un mayor compromiso de los inversores privados con la investigación científica y tecnológica en el país. Las universidades nacionales se concentran más en la atención de las nuevas demandas de enseñanza profesional.

14. Posgrados La matrícula actual de posgrado, que ronda los 40.000 alumnos puede llegar a decrecer debido a la falta de apoyo económico y al agotamiento de la demanda por parte de los graduados mayores de 40 años, que actualmente cubren el 60% de la matrícula. Ni el Gobierno Nacional ni las autoridades universitarias desarrollan políticas para fortalecer el desarrollo de los estudios de posgrado.

15. Sistema de gobierno Los conflictos internos y políticos en las universidades generarán mayores situaciones de ingobernabilidad bloqueando las posibilidades de consensos estratégicos para mejorar el sistema. En este contexto se afectará la convivencia de las comunidades universitarias produciendo conflictos que paralizarán varias universidades.

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16. Sistema de evaluación y acreditación El rechazo a la CONEAU y a los mecanismos de evaluación y acreditación se extiende a varias facultades y universidades (en la actualidad la UBA y las universidades nacionales del Comahue, Mar del Plata, Jujuy, Catamarca, Gral.

Sarmiento y Formosa no han cumplido con la evaluación institucional requerida por la Ley de Educación Superior). Algunas universidades provinciales proponen regionalizar y fragmentar la CONEAU debilitando los criterios nacionales de calidad. Hacia 2020 la Argentina podría encontrase por debajo de los estándares logrados por Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y otros países de la región.

17. MERCOSUR universitario Los desacuerdos y los conflictos de intereses sectoriales debilitarán el MERCOSUR. Los países miembros se negarán a transferir competencias nacionales para definir las políticas educativas regionales. Se frenará la posibilidad de autorizar la libre circulación de graduados.

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V.

ESCENARIO C: MEJORAMIENTO EDUCACION SUPERIOR

Y

CAMBIOS

EN

LA

En este escenario partimos de una visión optimista y de fuerte compromiso político con el mejoramiento de la calidad, de la eficiencia y de pertinencia social de la educación superior.

INTRODUCCION Durante todo el siglo XX la mayoría de los países buscó en la educación una respuesta para transformar la cultura política o la sociedad. Desde mediados de este siglo se percibe que la educación, en alianza con el conocimiento científico, estaba operando como un agente transformador de la economía y de la cultura en general.

Estas percepciones dieron lugar a teorías y enfoques que ponían el acento en algún aspecto determinante (factor de crecimiento, agente ideológico, instrumento del desarrollo, creación de nuevos valores, etc.). En todo caso, como lo sintetizó en diversos documentos y congresos mundiales la UNESCO, la educación se convirtió en un agente estratégico y en una esperanza para transformar las sociedades contemporáneas.

En el caso de Argentina, país que logró el más alto grado de escolarización de América Latina en la segunda mitad del siglo pasado, los resultados resultaron desconcertantes pues en apariencia no se aprovecharon los recursos de la educación y la producción científica para mejorar el funcionamiento del Estado, de la economía y de la sociedad. La clave de esta contradicción parece encontrarse en la falta de una estrategia deliberada para vincular los aportes educativos y científicos con un modelo de desarrollo que favorezca el uso social del conocimiento en la resolución de los problemas colectivos.

1. Nuevos contextos En marzo de 2005 las autoridades de la Secretaría de Ciencia y Tecnología definieron como propósito central del sistema nacional de ciencia y tecnología promover la transición hacia una economía basada en el conocimiento para lograr una sociedad más justa y equitativa. Coherentes con este principio también se acordaron orientaciones fundamentales: la educación como base del acceso al conocimiento, la calidad de vida y la movilidad social el conocimiento, como sustento de una cultura innovadora y solidaria el progreso económico y social, en un marco de innovación permanente, integración regional y respeto por los derechos humanos y el medio ambiente la calidad y la pertinencia como guías permanentes de la investigación y desarrollo En el mundo asistimos al cambio en el modo de producción y distribución de conocimientos. Se generaliza la educación en todos los niveles y en todos los países. El

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crecimiento económico depende cada vez más de innovaciones surgidas de la ciencia y las tecnologías. Las innovaciones informáticas y biotecnológicas son la expresión manifiesta de una cientificación de la sociedad que, a su vez, involucra a la opinión pública en decisiones que conciernen el futuro del planeta (los debates sobre el medio ambiente, el cambio climático, el uso de la energía nuclear o la globalización son un ejemplo).

Presuponemos que para el 2010, año del Bicentenario, en Argentina se habrá logrado un consenso estratégico entre los distintos actores para adoptar un modelo de desarrollo que valorice la educación, la ciencia y las innovaciones tecnológicas como estrategia para lograr una sociedad de bienestar, equitativa y eficiente.

Corolario de este consenso será la decisión de construir un Estado racional, eficiente y al servicio de la equidad social. La formación de un Estado inteligente implicará la profesionalización de los funcionarios públicos, la informatización de los servicios y el desarrollo de una democracia más participativa. El desarrollo por el conocimiento se convertirá en la alternativa más conveniente para superar los desequilibrios del país. Antes de 2020 se verán los frutos de esta estrategia.

La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2007) abrió nuevas posibilidades para diseñar políticas destinadas a profundizar las vinculaciones entre los grupos científicos, el sector productivo, el Estado, el sistema educativo y la sociedad.

Esta articulación virtuosa permitirá mantener un crecimiento económico sostenido, un mayor valor agregado en las exportaciones, una mayor eficiencia del Estado y una mejor calidad de la educación y la organización social.

El PBI podría llegar a unos 500.00 millones de dólares (contra los 214.000 millones de 2007). La inversión en Ciencia y Tecnología alcanzará al 3% del PBI. Este crecimiento estará estimulado por las demandas sostenidas del sector agroalimentario y la industria en términos de bienes y de innovaciones. Las industrias culturales continuarán su expansión proyectándose como un sector importante de la economía. La modernización del Estado mejorará su productividad y demandará nuevos profesionales e innovaciones tecnológicas. El desarrollo de la minería, del sector energético, de las industrias nuclear, aeroespacial, informática, ferroviaria, contribuirán al crecimiento de la economía y de la demanda de recursos humanos altamente calificados.

El país tendrá la posibilidad de alcanzar la generalización de la educación superior ya que el acceso a la misma estará al alcance de más del 80% de los jóvenes de entre 18-24 años. Un objetivo que no está lejos pues la tasa bruta de escolarización supera el 60% hacia 2007. La ampliación de posibilidades de acceso a la educación superior también beneficiaria a sectores amplios de la población (en la actualidad más del 10% de a matrícula corresponde a individuos mayores de 25 años).

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Se asistirá en el período 2008-2020 a una serie de innovaciones educativas ya que el sistema de educación superior tendrá que atender una mayor demanda de maestros, profesores y pedagogos. La virtualización de los métodos de enseñanza-aprendizaje ya se encuentra planteada hacia 2007, pero la misma tendrá un crecimiento exponencial en los años siguientes. (En esto, hay que señalar como pionera la Open University de Gran Bretaña que desde los años 70 recurrió a los programas de educación a distancia para la formación de los profesores).

2. Expansión La población del país hacia el 2020 alcanzará a unos 45 millones de habitantes, de los cuales unos 5 millones representarán a los jóvenes entre 18-24 años. La tasa de escolarización superior podría llegar al 80%, lo que quiere decir que el sistema de educación tendría una matrícula de alrededor de 4 millones de alumno incluyendo un 10% de personas mayores de 25 años, de acuerdo a tendencias que ya se manifiestan en la actualidad. La matrícula de la educación superior podría estar repartida un 60% en las universidades públicas (unos 2,4 millones de alumnos), un 20% en las universidades privadas (unos 800.000 alumnos) y otro 20% en los institutos de educación superior no universitaria (IES).

Una de las características de esta nueva expansión será el desarrollo de los posgrados que podrán llegar a tener unos 120.000 alumnos (contra unos 50.000 en 2007). La proporción actual de los posgrados en relación con la matrícula global de educación superior en América Latina rondaba el 3,6% en 2005.

Otra de las características de la expansión se encontrará en el número de estudiantes de programas virtuales o a distancia que podría llegar a unos 600.000.

Se puede prever que el número de instituciones universitarias podría pasar de las 125 actuales a unas 150. Pero lo más importante será la aparición de redes para ofertar cooperativa o competitivamente cursos a distancia. Una de esas redes sería la Universidad Virtual Argentina con el aporte de todas las universidades nacionales (que ya han organizado una red en esta dirección). Las redes científicas, universitarias y pedagógicas podrían alcanzar un número de cincuenta para el 2020.

3. Graduados y demanda del mercado profesional Hacia 2005 el total de graduados de la educación superior alcanzaba a unos 150.546 diplomados (62.054 de universidades públicas, 20.240 de universidades privadas, 68.252 de institutos de educación superior no universitarios). Esto nos permite estimar que hacia el 2020 se incorporarán al mercado profesional por lo menos unos 200.000 nuevos graduados cada año. En el período 2008-2020 el conjunto de los nuevos

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graduados sumará más de 2,5 millones de individuos.

La renovación de los recursos humanos altamente calificados hacia el futuro puede observarse también desde el punto de vista demográfico. El Censo 2001 registró 2.271.190 personas con educación superior, entre ellos, 1.142.152 con título universitario. Entre este último grupo, 198.231 tenían entre 50-59 años, 49.898 tenían entre 60.64 años y 94.058 eran mayores de 65 años. Esto indica que entre 2008- 2020 la renovación de las personas con formación superior debería alcanzar a más de 350.000 personas.

La intervención creciente de especialistas, de las ciencias y las tecnologías en todos los sectores (agro-industria, industrias, Estado, cultura, minería, etc.) en una economía con uso intensivo del conocimiento, tenderá a modificar el perfil educativo de la fuerza de trabajo. Con más de 4 millones de personas con educación superior en la población económicamente activa, que tendrá un volumen de cerca de 22 millones de personas, Argentina seguirá siendo el país con mejor perfil educativo en su fuerza de trabajo en América Latina. (en 2004 de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC los individuos con educación superior representaban el 15% de la PEA) En la actualidad más del 50% de los graduados universitarios trabaja como empleado, la mayoría de ellos dependientes del Estado en alguna de sus jurisdicciones.

La participación creciente de nuevos sectores demandantes de recursos humanos altamente calificados modificará esta relación. Al mismo tiempo, la modernización del Estado (profesionalización, informatización, gobierno virtual, internacionalización, intervención en sectores estratégicos de la economía del conocimiento, etc.) llevará a mejorar la formación y capacitación de los funcionarios estatales. La gestión del conocimiento se convertirá en un aspecto crucial de la administración pública.

En cuanto a los graduados de las carreras denominadas prioritarias de acuerdo a las demandas del Ministerio de Economía y de las empresas, podemos prever que si el índice de crecimiento de las carreras involucradas se mantiene (con un crecimiento neto de mil nuevos graduados cada cinco años) a un número aproximado de 14 mil egresados de carreras prioritarias en el 2020. El desarrollo de los programas PROMEI y PROMAGRO de la SPU, junto con el programa de Recursos Humanos de la SECYT para carreras tecnológicas, va a acrecentar sin duda el número de graduados en carreras prioritarias.

En cuanto a las carreras informáticas observamos que en universidades públicas y privadas hacia 2005, teníamos 2.235 egresados de carreras de grado, 59 de carreras de posgrado, 1.761 técnicos. Si contamos también con los egresados de los Institutos de Educación Superior no universitarios, podríamos estimar que entre 2007 2020 se formarán más de 40.000 nuevos informáticos. El desarrollo de la industria informática y de programas de investigación hará que existan investigadores y doctores de la

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especialidad para cubrir las nuevas demandas de conocimiento.

4. Rendimientos académicos e inclusión social

Concientes de la necesidad de asegurar la integración social de los jóvenes y frente al grave problema de la deserción universitaria todas las instituciones involucradas acordarán estrategias congruentes. Se buscará asegurar la retención del 70% de los ingresantes. (Hacia 2007: 30% en promedio).

Se creará un Fondo Nacional de Becas para la Educación Superior, con aportes públicos y privados. Este Fondo permitirá crear unas 100.000 becas anuales con asignaciones mensuales equivalentes a un salario mínimo.

Se ofrecerán mayores opciones de cursos preparatorios y selectivos en todas las instituciones de educación superior. Se asignarán recursos especiales para fortalecer la asistencia pedagógica a los estudiantes. Se favorecerán las carreras cortas e intermedias ofrecidas en los IES y en las universidades. Se fortalecerá el presupuesto universitario nacional destinado a bienestar estudiantil.

5. Posgrados La Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Ciencia y Tecnología apoyarán a las universidades públicas y privadas para fortalecer el crecimiento y el rendimiento de los doctorados. Se ampliarán los proyectos de cooperación con Brasil, a través del convenio ya suscripto con la CAPES, para crear doctorados cooperativos. El sistema de becas doctorales del CONICET se extenderá a todas las universidades.

Todos los programas de posgrados de las universidades nacionales, que actualmente se autofinancian con aranceles que pagan los mismos estudiantes, pasarán a ser financiados por el presupuesto universitario. Se crearán cargos para profesores de posgrado. Se creará la Universidad Nacional de Posgrado que tendrá subsedes en distintas localidades del país.

Se podrá alcanzar para el 2020 un número de 120.000 alumnos de posgrado (en 2007 suman unos 50.000). Esto representará cerca del 3% de la matrícula global de Educación Superior (en América Latina el promedio en 2005 se situaba en el 3,6%). El número de doctores graduados por año podría llegar a 1.000 (en 2007: 500 por año, contra Brasil: 6.000).

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6. Sistema de información Para el 2020 la totalidad de las universidades públicas y privadas estarán informatizadas en sus servicios académicos y administrativos. Se creará la Gerencia o la Secretaría de la Información, la que a su vez estará ligada a los programas de gestión del conocimiento a nivel académico y organizacional. Todo esto contribuirá a superar el modelo burocrático imperante desde el siglo XX. Todas las universidades estarán ofreciendo sus cursos simultáneamente de manera presencial y on line. Las universidades públicas lo harán a través de la Red de Universidad Virtual Argentina (RUVA).

7. Educación a Distancia Se adoptará una estrategia para impulsar la Educación a Distancia perfeccionando los instrumentos normativos vigentes a fin de permitir un crecimiento con control de calidad para este sector. Se creará la Universidad Argentina Virtual contando con la cooperación de todas las universidades nacionales.

La nueva política permitirá crear cinco o más campus virtuales y redes de enseñanza superior a distancia.

En forma conjunta el Instituto Nacional de Formación Docente, las universidades y los institutos de educación superior de las provincias destinarán recursos específicos para formar especialistas en educación a distancia y para diseñar materiales que permitan atender las demandas de formación de los docentes de todo el país. En este formato cooperativo se creará la Universidad Pedagógica Nacional.

Se creará un programa especial para la producción de materiales de educación a distancia para el país y para América Latina.

Los alumnos de educación superior a distancia podrían llegar a unos 600.000 en el 2020, distribuidos de la siguiente manera: unos 500. 000 en las universidades nacionales, unos 50.000 en universidades privadas, unos 50.000 en institutos superiores.

Podría llegar a unos 50.000 el número de usuarios o estudiantes extranjeros. La matrícula de la Educación Superior podría llegar entonces a cerca del 25% del total de la matrícula.

8. Formación de investigadores El gasto en Investigación y Desarrollo podría llegar al 3% del PBI, que entonces sería del orden de los 500.000 millones de dólares. La vinculación exitosa entre el sector científico y el sector productivo permitirá contar con nuevos recursos genuinos para una

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mayor inversión en universidades, ciencia y tecnología. Se asegura el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (2005) en cuanto a lograr que el número de investigadores represente el 3% de la PEA. Esto supone crear más de 25.000 nuevos cargos de investigadores en universidades y centros científicos. A lo que hay que sumar los cargos renovables por jubilación.

El número de nuevos investigadores que podrían incorporarse a las universidades nacionales estaría en el orden de los 15.000 nuevos cargos que comprenderían al Programa de Incentivos para la Investigación, becas de investigación y doctorado, y la extensión de las dedicaciones exclusivas al 40% de los docentes universitarios.

En las universidades privadas el número de nuevos cargos en investigación podría llegar a los 5. 000.

Los programas de formación de recursos humanos científicos de la SECYT, entre otros el destinado a los posgrados tecnológicos, permitirán incrementar el número de doctores e investigadores del sistema nacional de Ciencia y Tecnología en un orden de 5.000 nuevos cargos. A lo que hay que agregar la formación de más de 1.000 doctores por año en el sistema de posgrado.

El número de publicaciones por investigador pasará a un promedio de tres por año contando con políticas especiales para crear nuevas publicaciones con referato en áreas de interés estratégico: educación, informática, biotecnologías, ciencias cognitivas, etc.

9. Transferencia Los servicios de transferencia de ciencia y tecnología por parte de las universidades públicas podrán generar más de 1.200 millones de pesos (en la actualidad la facturación por servicios a terceros se sitúa en el orden de los 600 millones).

Las universidades nacionales ya poseen unidades de vinculación tecnológica, unidades de servicios a terceros y modalidades parecidas para transferir sus conocimientos a la sociedad, la economía o el Estado. El fortalecimiento de estos programas, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, permitirá impulsar nuevas empresas tecnológicas.

10. Internacionalización y MERCOSUR Universitario La adopción del sistema de créditos académicos, ya prevista en el MERCOSUR Educativo, permitirá acelerar la movilidad de estudiantes en América del Sur. Además, la creación de un sistema de becas del MERCOSUR podrá beneficiar a unos 100.000 estudiantes.

Tanto el sistema de créditos como los programas de educación a distancia facilitarán además la conexión de estudiantes, profesores e investigadores con universidades y

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centros científicos de todo el mundo. De modo que la internacionalización beneficiará a miles de usuarios de distintos programas académicos y científicos. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y el Consejo de Educación Superior definirán las formas de acreditación de cursos y carreras de Estados Unidos, Europa y otras regiones.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología y las universidades en general abrirán nuevas líneas de cooperación con países de Asia y Africa.

Las universidades, públicas y privadas, ampliarán las ofertas para estudiantes extranjeros y Argentina se convertirá en un proveedor internacional de educación superior.

11. Gestión y gobierno Con el fin de mejorar la eficiencia y calidad de las universidades nacionales el Ministerio de Educación buscará establecer un consenso estratégico con las autoridades universitarias para fortalecer la investigación, el posgrado, los doctorados, la cooperación internacional, el sistema de información, la educación a distancia y los mecanismos de gestión. Esto dará lugar a un proceso de reformas que se extenderán entre 2010-2020.

El Ministerio de Educación promoverá la creación de la Auditoría Nacional Universitaria cuyas funciones serán ejercer de manera independiente el control de gestión y las auditorías que correspondan en universidades públicas y privadas.

La reforma de la Ley de Educación Superior permitirá establecer de manera general la elección directa de Rectores y Decanos, así como el requisito de que los postulantes posean el máximo grado académico. Se reafirmará el sistema del co-gobierno estableciendo para los cuerpos colegiados un 60% de votos para los docentes, un 30% de votos para los estudiantes y un 10% para los empleados.

Para superar el estado de conflicto y la irresolución de problemas de distinta naturaleza, se creará en todas las universidades la Defensoría Académica. Estará presidida por una profesora o profesor de reconocido prestigio que durará 4 años en su mandato. Tendrá a su cargo mediar y arbitrar en conflictos académicos y administrativos que se produzcan en cada institución. La última instancia de apelación será la Auditoría Nacional Universitaria.

El nivel cuaternario, o sistema de posgrado, pasará a formar parte de las estructuras académicas y funcionales de las universidades públicas. Estará dotado de presupuesto propio, sus profesores tendrán cargos acordes, sus alumnos tendrá derecho a voz y voto como cualquier claustro estudiantil.

La articulación con el sistema educativo, y en particular con los institutos de educación superior no universitaria, será reforzada mediante programas de cooperación para la formación docente o la formación de técnicos de nivel terciario. Las Facultades 65

y carreras de ciencias de la educación participarán orgánicamente de los programas establecidos por el Instituto Nacional de Formación Docente.

12. Reformas pedagógica Los nuevos contextos nacionales e internacionales así como los cambios de paradigmas llevarán a plantear reformas pedagógicas importantes. Las principales iniciativas que se estarán realizando hacia el 2020 serán las siguientes: -

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Creación de un programa de apoyo a las investigaciones educativas a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia y Tecnología; este programa implicará crear 1.000 becas anuales de investigación a otorgarse en el régimen del CONICET o en las universidades; Creación de un programa de apoyo a las ciencias cognitivas aplicadas a la educación, tanto a nivel del posgrado como de la investigación; Generalización de un sistema curricular flexible en la Educación Universitaria para permitir que los estudiantes puedan tener un 20% de materias electivas u optativas en cualquier carrera; Reglamentación del régimen de créditos académicos para todas las carreras de Educación Superior; Reglamentación de la carrera docente para todas las universidades estableciendo entre otras cosas la posesión de título de posgrado para todos los profesores y la capacitación en docencia universitaria; Se proveerán los recursos para lograr que por lo menos el 40% de los profesores universitarios tengan dedicación exclusiva en las universidades nacionales; Generalización del sistema de bi-modalidad en todos los establecimientos de educación superior que podrán ofrecer alternativamente cursos en el modo presencial o a distancia; Convergencia de las universidades públicas y privadas para establecer un modelo curricular por competencias que serán definidas por las distintas carreras; Adopción de políticas comunes de todas las universidades para reforzar la formación científica y humanística de los estudiantes en el primer ciclo universitario; Creación de la Universidad Pedagógica Nacional, como programa cooperativo virtual de las universidades y el Instituto Nacional de Formación Docente

13. Sistema de evaluación y acreditación Para evitar la coexistencia de normas divergentes sobre la calidad de la educación superior, se reconocerá a la CONEAU como única agencia nacional habilitada para la evaluación y acreditación. Se habrá cumplido para 2020 el tercer proceso de evaluación institucional en todas las universidades del país.

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Los dictámenes de la CONEAU serán vinculantes para la asignación de recursos y para remediar los problemas identificados en la evaluación. La CONEAU se concentrará en la acreditación de Maestrías, Doctorados y carreras reguladas dejando las especializaciones para un trámite directo de reconocimiento de las universidades y el Ministerio de Educación.

Se reformará la estructura de la CONEAU proponiendo un consejo directivo de seis miembros seleccionados por concurso. Dependerá del Ministerio de Educación pero tendrán autonomía académica para cumplir sus funciones. Los directivos deberán poseer el máximo grado académico, conocimientos pedagógicos y organizacionales sobre las universidades.

13. Formación docente El sistema educativo en general y la educación superior en particular, presenta la principal demanda de recursos humanos altamente calificados. En la educación superior se contaban hacia 2005 unos 180.000 docentes (140.000 de universidades públicas, 25.000 de universidades privadas, 15.000 de los IES). En el período 20082020 se podrían renovar al menos 40.000 docentes. Sería deseable que la mayoría de ellos tuvieran estudios de posgrado A esto hay que agregar la renovación y recalificación de los docentes de la educación común, que hacia 2005 eran unos 572.002 educadores (445.148 en el sector público). En América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia se tiende a que los docentes posean un título de grado universitario o equivalente. El sistema educativo, que involucra a más de 12 millones de personas, constituye en sí mismo un espacio de problemas a resolver, o sea, un ámbito donde la producción de conocimientos especializados ha de incrementarse sustancialmente Para afrontar el extraordinario desafío de la demanda masiva de actualización y formación docente las universidades cooperarán con el Instituto Nacional de Formación Docente y se creará la Universidad Pedagógica Nacional también en formato cooperativo contando con todas las carreras de ciencias de la educación.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología atenderá como una demanda prioritaria la formación de investigadores y doctores en Ciencias de la Educación para lo cual se otorgarán 4.000 becas anuales.

14. Necesidades críticas y gestión del conocimiento Desde comienzos del siglo XXI el Estado argentino ha intentado identificar las demandas críticas de recursos humanos, de conocimiento científicos científicos y tecnológicos. Dentro del marco del Plan Bicentenario la Secretaría de Ciencia, 67

Tecnología e Innovación definió Áreas temáticas prioritarias que toman en cuenta tanto las vacancias académico-científicas como las necesidades de conocimiento para abordar problemas cruciales. El Plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación Bicentenario (2006-2010)13 definió líneas de acción hacia el futuro que se perfeccionarán hacia el 2020 marcando un período de continuidad indispensable para lograr resultados significativos.

La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2007) implica colocar las políticas del conocimiento en relación con las políticas económicas, educativas y sociales. Esta articulación permitirá avanzar con mayor congruencia hacia la construcción de un Estado inteligente y hacia un modelo de desarrollo sostenido por el potencial educativo, científico y tecnológico. Todo este proceso implicará también desarrollar una capacidad para planificar la formación de recursos humanos de alto nivel y la creación de nuevos conocimientos acordes con las necesidades del país.

Dentro de este contexto resultará fundamental la tarea del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano encargado de actualizar el panorama de las demandas de conocimientos a nivel nacional e internacional. Asimismo, será de vital importancia el fortalecimiento de la capacidad de los órganos del Estado para capacitar y seleccionar a los profesionales, científicos y técnicos que requieren los servicios públicos.

En este sentido y teniendo en cuenta la centralidad del Estado como empleadora de profesionales y de recursos técnicos, podemos prever que hacia 2020 se habrá logrado articular coherentemente la acción de los organismos de formación de recursos humanos de los organismos públicos con las universidades y el sistema científico nacional. Esto permitirá mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de los servicios públicos. El resultado final esperable es la consolidación de una sociedad desarrollada, democrática y solidaria.

15. Obstáculos y condiciones de implementación Tan importante como la visualización de las metas a alcanzar es la percepción de los obstáculos y las condiciones para alcanzarlos. En el contexto de este informe podemos mencionar los siguientes obstáculos para insertarnos plenamente en el escenario más deseable que presentamos:

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Ver: SECYT, Plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación Bicentenario (2006-2010) en www.secyt.gov.ar

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1º.

Las debilidades de un sistema estatal fragmentado y con escasa capacidad

estratégica; 2º. Las desigualdades sociales, las disparidades regionales y los bolsones de exclusión social que impiden el acceso de todos los ciudadanos a los beneficios del desarrollo; 3º. La atomización institucional en el sistema universitario público que facilita la privatización corporativa o política de los centros académicos y la desarticulación de las universidades respecto al sistema educativo y las necesidades del país; 4º. El control de las principales empresas del país por parte de inversores extranjeros, lo que impide vincular los sectores productivos con las estrategias nacionales de ciencia y tecnología; 5º. Los bajos rendimientos académicos de los estudiantes universitarios que conspiran tanto contra la política de integración social de los jóvenes como contra la eficiencia académica de las universidades públicas en particular; 6º. La debilidad del sistema de posgrado y de los doctorados que carecen de financiamiento propio en las universidades públicas y que tienen tasas de graduación muy bajas.

Las estrategias que en este informe se han presentado apuntan a superar estos obstáculos. Pero es evidente que el comportamiento de los actores resulta decisivo para lograr los objetivos. Desde este punto de vista señalamos algunas condiciones para asegurar el cumplimiento de las metas deseadas.

En primer lugar, resulta crucial el consenso de los poderes del Estado, de los partidos, empresas y organizaciones sociales en torno al propósito de alcanzar un desarrollo nacional pleno mediante el uso intensivo de los recursos de la educación, la ciencia y las tecnologías. Este consenso se reflejará en la decisión de aplicar el 3% del PBI en la actividad científica y el 6% del PBI en educación.

En segundo lugar, la coherencia de los órganos del Estado en cuanto a la construcción de un servicio público racional, eficiente y al servicio de la comunidad.

Más concretamente, la voluntad de llevar adelante una reforma del Estado para convertirlo en una organización inteligente y solidaria.

En tercer lugar, el sostenimiento del propósito de lograr una sociedad equitativa, con igualdad de posibilidades para acceder a la educación y a los beneficios fundamentales del bienestar colectivo.

En cuarto lugar, el compromiso de las instituciones universitarias y científicas para fortalecer la cooperación interinstitucional en función del proyecto de desarrollo del país.

En quinto lugar, la congruencia de los actores públicos y privados, nacionales y transnacionales, con las estrategias de desarrollo fundado en el uso intensivo del

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conocimiento.

El éxito de esta estrategia dependerá de actitudes y de factores diversos que comprenden tanto los aspectos económicos como políticos, los aspectos pedagógicos y tecnológicos, los aspectos organizacionales y culturales. En última instancia se trata de lograr por nuevos caminos los propósitos permanentes de las sociedades sudamericanas: desarrollo, democracia, igualdad social, independencia.

Se puede apreciar con los datos presentados que el potencial de recursos humanos disponibles es enorme. Pero su despliegue, es decir, su correcto aprovechamiento, es la clave para obtener los resultados deseados. En este sentido, la capacidad para gestionar el conocimiento con sentido estratégico aparece como la competencia decisiva tanto para los dirigentes institucionales como para los docentes, investigadores y tecnólogos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Lo que este informe demuestra es que Argentina dispone de un sistema de educación superior y de un sistema científico muy amplio capaz de formar recursos humanos de alto nivel de todas las áreas de conocimiento. Existen, sin embargo, serios problemas en cuanto a los rendimientos académicos de los alumnos que proyectados hacia el futuro significan una gran frustración para miles de jóvenes. Los propósitos de acceso generalizado a la educación superior y de inserción social de los jóvenes se verían seriamente afectados de no mediar políticas combinadas para remediar el problema.

Asimismo, se ha señalado que los modelos de gestión en las universidades nacionales (confusión de los niveles de decisión y de deliberación; intervención de factores políticos y corporativos; falta de planeamiento estratégico) afectan tanto la calidad institucional como la capacidad para enfrentar los nuevos desafíos de la educación superior y las demandas del país.

En otro orden de cosas, también hemos identificado como una cuestión crucial el desarrollo de los posgrados, y en particular de los doctorados, debido a la falta de un financiamiento específico y de programas de becas.

En última instancia, el futuro de la Educación Superior, mirando hacia el

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2020, depende también de la adopción de un modelo de desarrollo fundado en el uso intensivo de la educación, la ciencia y la tecnología para producir las innovaciones que permitan resolver los problemas del subdesarrollo, la pobreza y la ineficiencia del Estado.

Avanzar hacia un modelo de desarrollo fundado en el aprovechamiento pleno del potencial educativo, científico y tecnológico supone crear un nuevo consenso tanto en la clase dirigente como en la ciudadanía. Para valorizar el uso social del conocimiento es necesario difundir los diagnósticos sobre el sistema científico y universitario. Sobre todo, debe destacarse que el país tendría mayores oportunidades de desarrollo y de bienestar general si apela coherentemente al uso intensivo de su potencial científico, profesional y técnico.

La adopción de una estrategia de desarrollo fundada en el uso intensivo del conocimiento, como propone la SECYT, es la piedra basal para la transformación de la sociedad, la economía y el Estado. Los órganos de gobierno son los que tienen que liderar este proceso, como ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Esto implica fortalecer la capacidad de gestión

estratégica

profesionalizando el servicio público, valorizando los recursos humanos calificados, adoptando tecnologías avanzadas de gestión con apoyo informático. La construcción de un Estado inteligente y solidario es el principal requisito de un proyecto de desarrollo nacional.

Desde este punto de vista, resulta evidente que debe fortalecerse la capacidad del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Políticas Universitarias para coordinar las políticas y los programas prioritarios. Al mismo tiempo habrá que realizar esfuerzos particulares para superar la atomización institucional, crear consensos y mejorar la capacidad de cooperación interinstitucional.

Desde el punto de vista organizacional un problema crítico de las universidades nacionales radica en el modelo de gestión vigente que no delimita claramente los niveles de decisión. Asimismo, resulta necesario completar la informatización de los

registros

académicos

y

administrativos

para

mejorar

la

eficiencia

organizacional. Estos problemas, junto con la vigencia de prácticas faccionalistas y corporativistas ajenas a los fines de la universidad nacional, hacen pensar en la necesidad de elaborar entre las universidades y la Secretaría de Políticas Universitarias un programa para la reforma del modelo de gestión vigente.

La creación de un Auditoría Nacional Universitaria y del cargo de Defensor 71

Académico en las universidades nacionales, podría ser la respuesta para mejorar las auditorías, el control de gestión y el arbitraje de conflictos.

Para llegar a un consenso de todos los actores del sistema de educación superior (universidades públicas y privadas, institutos superiores incluidos) sería conveniente adoptar la estrategia de convergencias progresivas y voluntarias que Europa adoptó para llevar adelante los acuerdos de Bologna (1999). Esto supone que la Secretaría de Políticas Universitarias disponga de capacidades para coordinar estos esfuerzos y para promover procesos de cambio. La asignación de recursos a las universidades públicas tiene que estar asociada a pautas y programas de las políticas públicas. Las evaluaciones de la CONEAU tienen que ser vinculantes para que las instituciones puedan mejorar su funcionamiento. La cooperación entre universidades públicas, universidades privadas e institutos superiores debe institucionalizarse a través de normas que permitan los intercambios y las articulaciones.

En el plano académico el problema crucial es el de los bajos rendimientos de los alumnos que afecta la calidad de la enseñanza universitaria. No existen recetas únicas y mágicas. El Ministerio de Educación debería convocar a todos los que han estado trabajando en este tema durante las últimas para transmitir sus conclusiones a todos los actores y a la opinión pública. Sería importante destacar las reformas y experiencias exitosas en distintas instituciones. También es importante aprender de la experiencia internacional. El examen de competencias en el ingreso a la educación superior denominado vestibular en Brasil ha dado mejores resultados que la experiencia argentina de múltiples modalidades de ingreso con criterios divergentes. Mejorar las competencias cognitivas del ingresante exigirá iniciativas de distinto orden: programas de becas, asistencia pedagógica, mayores exigencias en lecto-escritura y pensamiento científico, cambios en los métodos de enseñanza, articulación del ingreso universitario con la escuela media, etc.

El sistema debería mantener al mismo tiempo dos propósitos que están en todas las declaraciones internacionales sobre educación superior: acceso universal y selección académica según los méritos. Las políticas igualitarias (gratuidad de la educación superior pública, multiciplicidad de ofertas y de puntos de acceso) tienen que coexistir con las políticas selectivas (cupos para las carreras que requieren mayor atención y selectividad, becas para carreras de posgrado en 72

temas vacantes, promoción de profesores de acuerdo con sus niveles académicos).

Esta dualidad es la que ha tenido éxito en EE.UU., Francia, Alemania, Japón, Corea.

A nivel nacional e internacional los especialistas vienen recomendando abandonar los paradigmas academicistas y aislacionistas por estrategias de vinculación entre los productores de conocimiento y los problemas de la sociedad.

Las pedagogías y las políticas de investigación orientadas a la resolución de problemas reflejan este nuevo consenso. En Argentina el problema se agrava por el deterioro de la socialidad lo que se refleja en las dificultades para trabajar en equipo. La SPU y la SECyT han establecido diversos programas que implica compartir responsabilidades entre distintas instituciones y grupos académicos. La articulación con el sistema educativo y con la sociedad, junto con el fortalecimiento de la cooperación inter-institucional tienen que figurar entre los objetivos de las políticas universitarias.

Para mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos de alto nivel sería necesario por un lado establecer políticas de profesionalización de las funciones públicas en los organismos del Estado y por el otro lado estimular a las empresas, sobre todo a las transnacionales, para compartir el esfuerzo nacional en materia de investigación y de formación de personas calificadas.

Hacia el 2020 la Argentina tendrá unos 45 millones de habitantes, de los cuales unos 22 millones formarán parte de la población económicamente activa. En este contexto la matrícula de la educación superior, comprendiendo todos los sectores, será del orden de los 4 millones de estudiantes que se sumarán a los cerca de 1,5 millón de graduados en la fuerza de trabajo. Argentina tendría así el perfil de una sociedad altamente escolarizada a nivel superior. Para convertir todo este potencial en una ventaja estratégica se requiere un gran consenso de la sociedad en torno a la construcción de una sociedad fundada en el uso del conocimiento y en una concepción solidaria de las relaciones sociales.

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