Presentación (Fanny T. Añaños, María del Mar García-Vita y Ana Amaro Agudo

to se está culminando la formación inicial de los profesionales con objeto que el próximo mes de enero pueda empezarse a impartir en España el primer programa dirigido a personas cuyo delito sea de tipo económico. En él van incluidos todos los delitos que tienen algo que ver con corrupción.

En los programas que estamos elaborando, procuramos que todos lleven un módulo que haga referencia a la justicia restaurativa. Tanto en el programa «Diversidad» para delitos de odio (SGIP, 2018), como para el programa de delitos económicos, la parte final de esos programas se va a tratar de reunir en torno a una mesa, siempre que eso sea posible, aconsejable y voluntario, a la persona victimaria, que causó el daño y a la víctima. Si es posible víctima directa, se haría así. Si no es posible con la víctima directa, lo haríamos con víctimas indirectas o subrogadas. El Derecho Penal no termina de arreglar, abordar todas las consecuencias que se producen ante un hecho delictivo y consideramos que es fundamental empezar a perfilar y a avanzar en esta línea que es la justicia restaurativa. La persona que comete el delito tiene que ser responsable de lo que ha hecho, ser consciente de ello y si es posible pedir disculpas a la víctima de los hechos causados y de reparar, de restaurar en sentido amplio, no solo económico. Es una línea en la cual se tiene que seguir incidiendo. Los avances son muy lentos, pero ya los vamos teniendo y con buen éxito. Esperamos que el año que comienza, sea el año que se consagren las actuaciones que tienen que ver con justicia restaurativa.

ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN

PENITENCIARIA

Hay experiencias concretas que vienen ya realizándose desde hace años en el mundo penitenciario, que tienen que ver con el tratamiento y la reinserción, me refiero a los módulos de respeto (SGIP, 2011). Una iniciativa que ha sido y está siendo seguida por diferentes sistemas penitenciarios de otros países. En este momento en las prisiones de España, sobre un total de 47.600 personas, hay 17.000 internos e internas que conviven en módulos de respeto (SGIP, en prensa). Estamos también impulsando, en 5 prisiones, los llamados módulos mixtos, como forma de normalizar la vida en prisión de hombres y mujeres, pero, sobre todo, porque esa participación hombre-mujer en las actividades más normales de cada día, es lo mejor por lo que podemos apostar por unos y por otras para que cuando regresen a la sociedad en libertad, vean que se parece a la vida en prisión. Tenemos también las famosas UTES (SGIP, 2005), unidades terapéuticas, en las que en este momento hay 2.500 internos e internas. En esas unidades se aborda todo lo que tiene que ver con las adicciones.

Una de las inquietudes más reclamadas, más apreciadas y demandadas por las personas privadas de libertad, es el poder ofrecerles un trabajo retribuido dentro de prisión. Es importante que se conozca que, en este momento, y a pesar de la crisis económica que también afecta dentro de la prisión, somos capaces de tener cada mes, y ofrecer un salario, a 12.500 internos e internas. La nómina mensual que recibe ese número de personas está oscilando entre los 3,5 y 4 millones de euros cada mes.

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También ofrecemos a las personas privadas de libertad la posibilidad de participar en los diferentes niveles de educación reglada (SGIP, 2021). Tenemos un convenio con la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), convenio que a través de él cada año, intentan acceder a él e incorporarse a las enseñanzas universitarias superiores más de 1.000 internos e internas. Por otra parte 16.000 alumnos/as se encuentran en enseñanzas regladas. Aquí hace ya años que se produjo un gran avance, que fue que los centros penitenciarios dispongan, con absoluta normalidad, centros educativos cono si estuvieran fuera de prisión. Los profesores de esas enseñanzas pueden tener su plaza como profesor fuera de la prisión o en el centro educativo de dentro de la prisión. Es una enorme satisfacción conocer que hay listas de espera de los profesores de las diferentes Consejerías de Educación para poder impartir sus clases dentro de las aulas educativas de los centros penitenciarios.

Sin lugar a dudas el gran reto del sistema penitenciario español pasa por ofrecer a todas las personas que ingresan en prisión programas de tratamiento adecuados para abordar aquellas circunstancias personales que los llevaron a cometer su actividad delictiva. En esa línea nos venimos esforzando en ir implantando programas de tratamiento diversos o bien facilitando el acceso a actividades formativas o incluso ofreciendo trabajo retribuido cuando ello es reclamado por los internos e internas.

Como parte final de los procesos de inserción o de reinserción, está la posibilidad de ofrecer al interno una transición controlada, una transición normalizada desde el régimen cerrado al régimen abierto. Ha sido un reto, que desde el primer momento nos hemos planteado el equipo que tengo la fortuna de dirigir, el ampliar la cifra de personas que teníamos en terceros grados (Reglamento Penitenciario, 1996). En este punto la Generalitat de Cataluña presenta unas cifras de internos/as en tercer grado superiores a las que presenta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Al inicio de mi gestión, era de un 15 % el número de internos/as en tercer grado, en este momento ya estamos en el 19 %. Son casi 7.000 internos/as los que tenemos en esta forma de clasificación. Además, por la situación de la pandemia, decir que estos 7.000 internos/as, el 80 % de ellos/as están ahora mismo en la modalidad de tercer grado de control telemático. Esta modalidad de clasificación está funcionando con normalidad siendo cada vez más frecuente la clasificación de internos/as en este sistema telemático.

MEDIDAS ALTERNATIVAS COMO POSIBILIDAD

DE REINSERCIÓN

El tema de las medidas alternativas que se ha mencionado también por alguno de los intervinientes, afortunadamente el Código Penal español ofrece esa posibilidad, y los jueces y tribunales españoles cada vez más están imponiendo sistemas de penas que son alternativas a la tradicional pena de prisión (SGIP, 2019b). Si no fuese de este modo, el sistema penitenciario estaría colapsado. Solo en el año 2019 se recibieron 117.965 condenas con penas alternativas a la prisión. Básicamente trabajos en beneficio de la comunidad y también programas de tratamiento para evitar que las personas condenadas tu-

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