Partidos politicos tirant by Gonzalo Farrera

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Partidos polĂticos en un contexto de crisis TeorĂa y praxis en una mirada latinoamericana

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Partidos políticos en un contexto de crisis Teoría y praxis en una mirada latinoamericana

Enrique Cuna Gonzalo Farrera Alberto Escamilla Coordinadorores

México D.F., 2015

Copyright ® 2014 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades México publicará la pertinente corrección en la página web http://www.tirant.com/mex/ Este libro ha sido dictaminado positivamente por pares académicos ciegos y externos, a través del Comité Editorial del Departamento de Sociología de la UAM IZTAPALAPA.

Director de la Colección:

EDGAR CORZO SOSA

Varios autores

© Universidad Autónoma Metropolitana Prolongación Canal de Miramontes 3855 Ex Hacienda San Juan de Dios Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F. Unidad lztapalapa Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades San Rafael Atlixco No. 186, edificio H, Segundo Piso, H-215 Colonia Vicentina, C.P. 09340 lztapalapa Ciudad de México, D.F., México ISBN UAM: 978-607-28-0330-5 Responsable de la edición: Mario Zaragoza Ramírez

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, PH Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 MÉXICO D.F. Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9033 IMPRIME: Guada Impresores, S.L. MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Rector General

Dr. Salvador Vega y León Secretario General

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez

UNIDAD IZTAPALAPA Rector

Dr. J. Octavio Nateras Domínguez Secretario

Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Juana Juárez Romero Jefe del Departamento de Sociología

Dr. Enrique Cuna Pérez Coordinadora del Consejo Editorial de la División de CSH

Dr. Alicia Lindón Villoria Asistente Editorial Departamento de Sociología

Mtro. Mario Alberto Zaragoza Ramírez

Índice Prólogo.................................................................................................... 11 Introducción............................................................................................. 15 PRIMERA PARTE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: APUNTES TEÓRICOS LA FUNCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA SOCIEDAD.... 35 Francisco José Paoli Bolio

LA ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS: LÍDERES Y BASES............ 53 Francisco Reveles Vázquez

APROXIMACIONES TEÓRICAS SOBRE EL RECLUTAMIENTO POLÍTICO EN LOS PARTIDOS............................................................... 83 Alberto Escamilla Cadena David Morales González

SEGUNDA PARTE REFLEXIONES GENERALES SOBRE EL DEVENIR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO CRISIS NACIONAL, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA EN MÉXICO......... 115 Javier Esteinou Madrid

REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO........................................................................................................ 151 Gonzalo Farrera Bravo

LOS LÍMITES DEL LIDERAZGO EN EL PRI, PAN Y PRD (20062011).................................................................................................... 183 Ricardo Espinoza Toledo Juan Pablo Navarrete Vela

CRISIS DE REPRESENTACIÓN, LIDERAZGOS EMERGENTES, PARTIDOS Y REGIONALISMOS POLÍTICOS.......................................... 203 Enrique Cuna Pérez

Índice

EL FEDERALISMO ELECTORAL Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO.............................................................................................. 235 Jesús Castro López

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SU DEMOCRACIA INTERNA COMO ELEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO...................................................................................... 265 Mario Eduardo Maldonado Smith

LA DEMOCRACIA SUSTANTIVA COMO ESTÁNDAR DE JUSTICIA Y LO ELECTORAL. (RE)FORMULACIÓN DE PARADIGMAS............ 291 Daniel Márquez Gómez

TERCERA PARTE ACERCA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA CUOTAS DE REPRESENTACIÓN POR GÉNERO EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR........................................................................ 319 Francisco Saracho Navarro

TRAYECTORIAS Y PERSPECTIVAS DE LA POST-TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA. NOTAS COMPARATIVAS SOBRE LOS PROCESOS DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ............. 335 Ana Pamela Paz García

VOTO A DISTANCIA, VOZ CIUDADANA............................................ 377 Evelyn Téllez Carvajal

ACERCA DE LOS AUTORES.................................................................. 413

Prólogo No existe democracia sin partidos políticos. Ahí donde existen elecciones recurrentes y cuerpos representativos colegiados de manera “natural”, surgen y se reproducen los partidos. Y a la inversa, las elecciones son necesarias y los congresos también porque los partidos que expresan la pluralidad política de una sociedad son las fórmulas consagradas para que esa diversidad se exprese, conviva y contienda por la representación popular. Si no existieran, la mecánica misma de la democracia los generaría. Cuando una persona, grupo, corriente, desea alcanzar uno o algunos cargos públicos cuya legitimidad se asienta en las elecciones, está obligado a construir una organización, la cual se traduce en una estructura jerárquica, en redes de relaciones internas y externas, que forzosamente demandan signos de identidad que se derivan de los diagnósticos y propuestas que hace el individuo o el grupo. De igual forma, la mecánica de los congresos invita y propicia a que aquellos legisladores que comparten visiones e iniciativas comunes se agrupen y generen partidos políticos. No hay escape y los exorcismos suelen resultar muy costosos. Por ello, en todos los sistemas democráticos los partidos son actores centrales. Son agregadores de intereses, referentes del debate público, plataformas de lanzamiento para ocupar cargos públicos, ordenadores de la vida política, procesadores de ambiciones, faros ideológicos, maquinarias burocráticas, fábricas de propuestas de políticas, y sígale usted. Son condición necesaria y al mismo tiempo usufructuarios de la reproducción de los regímenes democráticos. De su asentamiento y representatividad depende en gran parte que la democracia pueda consolidarse. Precisamente por su centralidad se les estudia y exige, se les desmenuza y se les desea imponer una serie de compromisos. Ciertamente no se encuentran solos en el escenario de la política. Son acompañados por organizaciones de todo tipo que tienden a elevar el nivel de exigencia sobre los mismos, además de que su interacción con los llamados poderes fácticos amplía o reduce sus már-

José Woldenberg

genes de acción. No obstante, sabemos que si deseamos vivir en democracia los partidos resultan insustituibles. Por eso el libro coordinado por Enrique Cuna, Gonzalo Farrera y Alberto Escamilla, Partidos políticos en un contexto de crisis. Teoría y praxis en una mirada latinoamericana, resulta no sólo pertinente, sino esclarecedor. Vuelve a lo básico y también a aquellos problemas que hoy le plantean diversos dilemas a esas organizaciones. Revisar las funciones que cumplen, la organización y el reclutamiento de sus cuadros, son temas de ayer, de hoy y quizá de mañana. Adentrarse en los terrenos de sus relaciones con los medios de comunicación y su impacto en la deliberación pública, en su regulación, su vida interna o las cuotas de género, son asuntos que hoy se debaten no sólo en México, sino en todo el mundo. Observarlos a la luz de las post transiciones democráticas que se vivieron en nuestro continente, de sus liderazgos o de los problemas de representación o del federalismo electoral que marcan a nuestro país, resultan acercamientos sugerentes que eventualmente abrirán la puerta a nuevas agendas de discusión. Y el texto recorre esos temas. Se trata de enfoques distintos, de preocupaciones diversas, de aproximaciones a partir de muy disímiles inquietudes, pero todas ellas marcadas por la necesidad de fortalecer a nuestra naciente democracia. Recordemos, como si hiciera falta, que México logró construir una germinal democracia en el último cuarto del siglo XX. Si bien la aspiración democrática estuvo presente desde principios del XIX, claramente emparentada con los afanes independentistas, no fue sino hasta las últimas décadas del siglo XX que el país pudo edificar un sistema de partidos representativo y plural y un sistema electoral imparcial y equitativo. A partir de entonces en México convive y compite una pluralidad de fuerzas políticas que en conjunto han recolonizado al Estado. Hoy, a diferencia del pasado inmediato, coexisten en el mundo de la representación todas las corrientes político-ideológicas significativas de nuestro país. Y eso que se escribe fácil, fue el producto de múltiples conflictos, movilizaciones y reiteradas operaciones reformadoras que transformaron las normas y las instituciones que hacen posible la democracia.

Prólogo

No obstante, el afianzamiento de las rutinas y la cultura democrática son todavía un reto. Dado que no existen estaciones terminales en la historia, la propia democracia tiene enormes desafíos para consolidarse: desde las tareas propiamente pedagógicas (socializar los valores y principios que ponen en pie a la democracia) hasta aquellos que rebasan el terreno estricto de la política. Porque nuestro crecimiento económico deficiente, las enormes desigualdades que marcan al país, la falta de cohesión social, el déficit en el Estado de derecho, generan un malestar que puede llegar a traducirse en un desafecto importante en relación con los instrumentos que hacen posible la reproducción de la democracia: los políticos, los partidos, los congresos. Por ello, el esfuerzo de los autores de Partidos políticos en un contexto de crisis…, merece ser aplaudido. Se trata de un análisis a varias voces que pretende descifrar los retos y las posibilidades que afrontan hoy esos actores obligatorios y estratégicos de nuestra muy reciente y todavía primitiva democracia. José Woldenberg

Introducción Entre 1977 y 1996 el sistema electoral mexicano vivió un intenso proceso de transformación. Las reformas electorales de 1977, 1986, 1989-1990, 1993, 1994 y 1996, realizadas durante cuatro sexenios presidenciales, llevaron a México de un sistema autoritario, no competitivo, a uno democrático en el que la competencia y la competitividad electorales son ya el rasgo característico. Posteriormente, la reforma constitucional de 2007, resultado de la reñida y polémica elección presidencial de 2006, rediseñó algunos componentes del sistema electoral y también estableció la obligatoriedad para los estados de concretar los cambios en su propio ámbito, lo cual ocurrió entre 2008 y 2009. La doble alternancia en el poder ya se ha producido en el nivel federal, con la pérdida y recuperación de la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que la retuvo durante siete décadas, y el inicio de un ciclo del Partido Acción Nacional (PAN) en ella, institución que se mantuvo en la oposición a lo largo de seis décadas. En algunos estados y en el Distrito Federal también se ha producido la alternancia en la gubernatura (o la jefatura de gobierno en el caso del DF), pero en varios otros aún no. Una de las asignaturas pendientes en el desarrollo de la vida política mexicana es que en la transición de un régimen autoritario a uno democrático, la democracia se alcanzó a establecer de manera formal básicamente en el ámbito de la competencia electoral y en la implementación de las instituciones encargadas de organizar las elecciones. Sin embargo, los partidos políticos, como instituciones responsables de ponerla en práctica, han mantenido en su interior una cultura autoritaria, vertical y de clientelas, por lo que muy poco se ha hecho para desarrollar prácticas democráticas, horizontales y de respeto a la militancia en su interior. Es evidente que sin un desarrollo democrático interno de las fuerzas políticas, la democracia mexicana se ha estancado y paralizado en una etapa de difícil consolidación. En los procesos de selección de dirigentes y de candidatos, si bien se han desarrollado algunos en los que las bases de militan-

Introducción

tes, adherentes o simpatizantes han participado, existe una clara tendencia a suprimir o limitar cualquier expresión de las fuerzas que integran los partidos. En general, existe la sensación de que estos procesos no son ni han sido transparentes ni limpios, y que los mismos grupos internos se encargan de suprimir y violentar la expresión de prácticas democráticas. De ello resulta que ante la falta de una cultura democrática en el interior de los partidos, la intención de llevarla a cabo implica profundizar las diferencias y a propiciar posibles fracturas. Los partidos políticos mexicanos han asumido que lo políticamente correcto es establecer condiciones para el desarrollo de acciones afirmativas en su interior, con el fin de garantizar cierta igualdad de oportunidades para todos y todas. No obstante, la presencia de mujeres, jóvenes y otras minorías en la dirigencia y en los puestos de elección se han visto reducidos. Muchas veces, la cantidad de candidaturas de estos sectores se cumplen, pero acotados a los espacios con menores posibilidades de acceder a la representación, ya sea como suplentes o en los últimos lugares de las listas. Otra tarea pendiente en los partidos políticos es la rendición de cuentas. Por lo general se desconoce la forma en que se distribuyen los recursos, cómo se decide a quienes se les otorga un salario y se les considera políticos profesionales, o cuáles son los criterios para asignar algún financiamiento en la operación de las campañas electorales. Las élites de los partidos no consideran una obligación informar el destino del financiamiento público que reciben los partidos, tan sólo existe la información que proporcionan a los institutos electorales sobre el origen y destino general del financiamiento. Así pues, en México existen fuertes tradiciones culturales y la inexistencia de una cultura política democrática que impide el desarrollo de la democracia interna en los partidos políticos. Se ejerce un estricto control de recursos, incentivos, posiciones de los grupos y corrientes internas en los partidos, que tienden a beneficiar a quienes los dirigen y controlan. De tal suerte, encontramos un claro distanciamiento entre los dirigentes y la base de militantes.

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No obstante, los partidos políticos en México se han mantenido como una pieza central en el procesamiento de la agenda política, tanto en el plano participativo como en el representativo, dentro del marco de la llamada “transición a la democracia”. Sin embargo, el crecimiento de la base ciudadana no ha encontrado una rápida y consecuente adaptación e incorporación que pueda reflejarse en la calidad de los gobiernos que reciben o en las leyes que se emiten por parte de los partidos que logran ejercer la administración o el ejercicio parlamentario. Por lo regular se tiene la percepción de que los resultados del sistema electoral y de partidos, si bien arrojan un claro escenario de competencia y pluralismo, éste dista de reflejarse en los espacios y prácticas democráticas que permitan un crecimiento de las habilidades sociales y políticas entre la ciudadanía. Esta suerte de desconexión entre ciudadanía y partidos constituye una de las críticas constantes al momento de situar la calidad de la política y la debilidad estructural de la democracia en México, a tal grado que hoy vemos fuertes tendencias al abstencionismo, a la condena misma de las instituciones, además de la permanencia de valores antidemocráticos como la violencia y la corrupción del votante mediante la compra del sufragio y otras prácticas similares de carácter coactivo o coercitivo y que se vuelven a colocar como parte de los argumentos que justifican el carácter divisorio supuestamente asociado con la democracia. El interés de este libro se concentra en revisar los alcances de la naturaleza jurídica y cultural que poseen los partidos mexicanos a partir de su definición constitucional en tanto “asociaciones de interés público”. ¿Qué debemos entender y asumir desde esa definición en tanto mecanismo para la creación de prácticas y valores democráticos sustantivos? Una primera respuesta es que los compromisos y obligaciones de los partidos políticos no poseen los controles jurídicos ni las orientaciones culturales necesarias para que cumplan con la responsabilidad de crear y fomentar una cultura política responsable, en tanto no se desarrolla ni se ejerce una educación cívica ni mecanismos de participación, vinculación y rendición de cuentas eficaces acerca de los recursos que reciben o de promover las actividades que formalmente deben impulsar

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por mandato de ley. En este aspecto, resulta importante pensar en una redefinición y cambio en la percepción de los partidos en tanto deben ser primero medios —y no sólo fines en sí mismos— del desarrollo de una ciudadanía activa y participativa dentro de un orden institucional democrático. En este sentido, la necesidad por revisar los avances del papel de los partidos en situaciones de transición a la democracia nos obligan a ver sus estructuras organizacionales y cómo éstas rinden o no los resultados esperados a partir de la ubicación de importantes recursos para su permanencia y desarrollo. De esta manera, se evalúa el cumplimiento de las obligaciones partidarias existentes a partir de lo indicado por las instancias administrativas y jurisdiccionales para determinar el grado de democracia institucional y cohesión interna que poseen los partidos a partir de las demandas que son expresadas por parte de sus militantes como de los ciudadanos en general, en términos de que se aliente su derecho a la participación dentro de sus propias organizaciones y en el marco de la vida política. Por lo anterior, resulta importante discutir si el acceso a la participación política en sociedades cada vez más plurales y complejas responde a dicha caracterización. Esto es, revisar las estrategias que poseen los partidos para asumir el ingreso de grupos o actores con mayor especificidad en sus demandas, como las mujeres, los indígenas, las minorías étnicas, religiosas, sexuales, así como revisar las maneras en que se mantienen los nexos con estructuras de representación y participación tradicional como son los movimientos obrero o campesino, y los grupos de presión tradicionales como la iglesia, las corporaciones empresariales, el ejército, etc. Lo anterior nos muestra el alcance de un mosaico que requiere una profunda revisión en nuestro país a la luz misma del proceso de la construcción de una institucionalidad partidaria y electoral de características democráticas. Partidos políticos en un contexto de crisis. Teoría y praxis en una mirada latinoamericana, tiene por objetivo revisar de forma multidisciplinaria —involucra no sólo a la ciencia política, sino también al derecho, la sociología, la comunicación y la filosofía—, el desarrollo organizativo de los partidos políticos, poniendo es-

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pecial énfasis en los compromisos de promoción de la educación cívica y la capacitación de los militantes y la ciudadanía, conforme a lo marcado en el marco legal electoral; discutir teóricamente los compromisos mínimos que los partidos políticos tienen no sólo respecto a la lucha política, sino también a la formación de la ciudadanía, además de situar específicamente el análisis de la realidad política mexicana y los partidos en un contexto de crisis. El texto, dividido en tres grandes apartados —teoría sobre partidos, realidad mexicana de los mismos y desarrollo en América Latina— aporta a la discusión y análisis de la democracia mexicana, las percepciones y situaciones que impiden un adecuado vínculo entre ciudadanos y partidos en un entorno cultural democrático. El libro parte de un enfoque integrador de dos tradiciones analíticas importantes: el enfoque constructivista-institucional que atribuye objetivos racionales dados para el cumplimiento específico de los fines formales de las propias instituciones, agencias y actores que las realizan. Esto implica que los procesos de aprendizaje y rutinización de los comportamientos sociales e institucionales pueden y deben tener puntos de contacto y reforzamiento mutuos, lo cual permite su evolución y crecimiento. Por otra parte, se tiene la contribución de los llamados estudios culturales, mismos que permiten ubicar los contextos históricos específicos a partir de los cuales, los sujetos sociales definen sus preferencias y delimitan sus estrategias. Así pues, el libro —producto de la investigación colectiva y construido con el objetivo de introducir a los estudiosos de la ciencia política e interesados en general en el análisis de los partidos políticos—, presenta en una primera instancia una revisión de un conjunto de planteamientos teóricos para el estudio de los partidos políticos en México y América Latina. El libro inicia con el texto de Francisco José Paoli Bolio “La función de los partidos políticos en la sociedad”, en él se propone una aproximación para analizar la relación entre cualquier sociedad y sus partidos políticos: tener en cuenta que esas instituciones se forman a partir de las notorias divisiones sociales. El autor señala que los partidos tratan de representar los intereses de los distintos grupos o sectores sociales, para lo cual los ordenan y presentan

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en sus programas, en los que se pretenden plantear sus reivindicaciones en forma sistemática. Ésta es una función básica de un partido político: agregar la demanda social y presentarla por una parte a los ciudadanos, cuyos votos busca obtener, y por otra al Estado o poder institucionalizado, a través del cual se pueden lograr esas reivindicaciones. Así los partidos juegan un papel central como intermediarios entre la sociedad y los poderes del Estado. Utilizando la historia reciente de nuestro país, argumenta que el PRI ha sido y sigue siendo el principal partido político de México, no sólo por haber sostenido durante más tiempo la mayor cantidad de posiciones de poder, sino porque ha diseñado e implantado las formas de hacer política y de gobernar en nuestro país. Los otros partidos, cuando han logrado algunas de esas posiciones, incluyendo la presidencia de la República, han operado a imagen y semejanza del PRI, con prácticas clientelares, pacto con organizaciones corporativas y con factores reales de poder. A partir de su descrédito, y considerando que si se mantienen como organismos de interés público que se mueven en el ámbito de la sociedad civil, se les mantiene en una condición en la que las responsabilidades en que incurren no pueden ser debidamente evaluadas y, en su caso, sancionadas; Paoli propone que sean considerados organismos auxiliares del Estado para la promoción democrática de la participación ciudadana y la integración de la representación nacional. Por su parte Francisco Reveles Vázquez, en “La organización de los partidos: líderes y bases”, plantea que los partidos políticos pueden ser estudiados desde diferentes perspectivas. Como fenómeno político de nuestro tiempo, es en primer lugar una de las instituciones más relevantes, conocer su evolución, su situación actual y sus perspectivas permite conocer cuáles serían los recursos necesarios para que su comportamiento se ajuste a las necesidades de la sociedad, y principalmente a la forma democrática de gobierno que prevalece en nuestros días. Francisco Reveles establece las coordenadas de análisis de los partidos como organizaciones, tomando en cuenta los aportes realizados por diversos autores al respecto. Apunta una definición básica sobre la organización, expone las herramientas teóricas

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que se han confeccionado y utilizado para comprender el comportamiento de bases y dirigentes, y precisa cómo comprender el comportamiento colectivo de la militancia en su interacción con los dirigentes. Asimismo, analiza de qué manera las decisiones de los dirigentes están mediadas por la participación de otros actores y también condicionadas por elementos sustanciales del contexto. Si bien no pocas de las aportaciones teóricas recientes han colocado el peso mayor del partido en los líderes, la perspectiva del capítulo es diferente. El autor plantea la hipótesis de que el contexto es determinante en la acción de los dirigentes, poner el acento enteramente en el proceder de los sujetos responsables de tomar las decisiones implica concederles un poder ilimitado (divino, de no ser por la carga negativa que suele dárseles a los líderes, por más democráticos que sean). Reveles concluye que los partidos son organizaciones y en ellas hay una lucha constante por el poder, en la cual participan líderes y militantes. Los simpatizantes entran y salen de la organización, interviniendo de manera intermitente en las actividades del partido o bien contribuyendo de manera indirecta en la confrontación interna. Al final, lo más relevante es reconocer al partido en su papel como fenómeno político vigente, con una notable capacidad de adaptación al ambiente y con un papel primordial en el funcionamiento regular de la forma de gobierno democrática de nuestro tiempo Para cerrar esta primera parte, Alberto Escamilla Cadena y David Morales González presentan algunas aproximaciones teóricas sobre el reclutamiento político en los partidos. Siguiendo la línea de la importancia de los partidos políticos, el capítulo parte de la idea de que éstos se convirtieron en espacios reales de poder, viendo afectados sus procesos políticos internos como la toma de decisiones, la operación y diseño institucional; la configuración de sus élites, la representación política y la competencia por el poder entre sus principales líderes. De ahí, proponen al reclutamiento como función central de los sistemas políticos, ámbito que se ve también afectado e impacta no sólo en la calidad de los representantes, sino al largo plazo en la eficacia de las políticas y la definición misma de la agenda de gobierno.

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Así pues, el objeto de su análisis es delimitar a través de la discusión teórica, los conceptos que son útiles para abordar el reclutamiento político en los partidos políticos desde la teoría de las élites y principalmente desde los modelos específicos que surgieron para analizar este proceso. En sincronía con ese objetivo, la idea que desarrolla el texto refiere que el reclutamiento define características organizativas, liderazgos y la constitución misma de los partidos políticos. Los autores entienden al reclutamiento como una concatenación de decisiones, negociaciones y conflictos en un marco de reglas formales y no formales, que van delineando y nutriendo a los órganos partidarios. Una pregunta central en el tema del reclutamiento político es cómo y bajo qué condiciones los miembros de un partido político consiguen ser dirigentes, a lo que la teoría ofrece algunas variables a analizar para indagar sobre la ruta o las distintas fases del proceso de reclutamiento en el que el último es regularmente el resultado de consultas, elecciones internas o designaciones de la cúpula. Las distintas aportaciones analizadas asumen el reclutamiento político como eje rector de una agenda de investigación pendiente en el ámbito de los partidos políticos, es un conjunto de procesos intermedios y no sólo atributos estáticos de los líderes que intervienen en el desarrollo de las carreras políticas. Sirva esta última aseveración, como provocación para avanzar en la discusión para la construcción de nuevos modelos teóricos del proceso de reclutamiento político para México. En una segunda parte, el libro aborda la realidad de los partidos políticos en México. Su vinculación con la sociedad, la crisis de representación, las funciones por cumplir, y los medios de comunicación. Javier Esteinou Madrid en “Crisis nacional, comunicación política y construcción de la democracia deliberativa en México”, reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación en la vinculación entre partidos y sociedad. El autor considera que al permitir la Reforma electoral de 2007 que estipulaba que sólo los partidos políticos podían participar en la elaboración y difusión de los mensajes en los concursos electorales, se reforzó la estructura altamente partidocrática previamente existente en el país que originó

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la hegemonía de la comunicación electoral de dichas instituciones sobre el resto de la sociedad. En este sentido, en aras de lograr con la Reforma mayor equidad en las contiendas, se produjo en grado extremo una nueva estructura política unilateral al posibilitar que la sociedad mexicana pasara del sistema de gobernabilidad de la Telecracia —que anteriormente concentraba los procesos de la comunicación política en la República y no consideraba a los habitantes más que como meros sujetos votantes coyunturales—, a una nueva estructura partidocrática de naturaleza hermética donde el monopolio de la comunicación política dejó de ser acaparado por las empresas privadas de la difusión masiva para ser aglutinado por los partidos políticos, dejando nuevamente fuera a las comunidades, pues también las contemplan como simples sufragantes casuales. De esta manera, señala Esteinou Madrid, con la reforma electoral oscilamos de un monopolio mediático de la política en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como institución dominante en diversas coyunturas históricas anteriores; a un nuevo monopolio de la partidocracia que acaparó el proceso de la comunicación política y con ello concentró las dinámicas de representatividad masiva, sin darle opciones de interacción pública a la sociedad civil. A través de ello, se reforzó el fenómeno de la telepolítica discrecional como forma moderna de relación para que sólo la clase política gobernante se vinculara virtualmente con la población, y no se apoyó el de la verdadera política sustantiva en donde abiertamente participan de manera plural todos los sectores sociales para reflexionar y polemizar los grandes conflictos de la agenda nacional y sus modalidades de solución. El autor propone que antes de que los partidos recurran nuevamente al recurso del prototipo de la telepolítica espectacular fragmentada y al spot en las etapas electorales como su herramienta fundamental de convencimiento y movilización social; es indispensable rescatar la verdadera esencia de la política: la participación de las comunidades en los asuntos de la polis. Es decir, en contra de la práctica de la telepolítica que no aborda los aspectos de la realidad, sino que se basa en el uso de los lenguajes efectistas para producir sensaciones o fenómenos momentáneos que concentran la

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atención de los votantes. La política tiene que abordar los asuntos de lo público, pues si no los canaliza institucionalmente, ninguna otra actividad pacífica los abordará, y por lo tanto, se acumulará la anarquía con su consecuente descomposición social. Por su parte, Gonzalo Farrera estudia la evolución y la importancia de la legislación electoral tanto en la vida interna de los partidos políticos, como en la interacción que plantea un sistema de reciente formación de estos institutos y las condiciones características de la democracia mexicana que les han permitido tener privilegios que extralimitan el Estado de derecho. Desde una perspectiva legal, el autor reconoce que ésta brinda un nuevo escenario de estudio de los partidos políticos y una función de catalizador de la dinámica del sistema político, una vez entrada la etapa de la judicialización de la política. Los clásicos estudiosos de los partidos políticos ignoraron la disciplina jurídica como una posible área de estudio de este fenómeno político, ya que se encontraban en el ámbito privado. Con la evolución política y jurídica los partidos políticos fueron dotados de personalidad jurídica y de privilegios del orden estatal. La idea es discutir una ley de partidos. Con esta premisa, el autor concluye que en los países donde la democracia es incompleta o ausente, uno de los objetivos principales de una ley de partidos es impedir u obstaculizar la actuación de ciertos tipos de facciones, las cuales pueden procurarse privilegios y cambiar el orden dentro de sus propios institutos o alterar el sistema de partidos. En los países donde la democracia es joven o a punto de establecerse, puede consistir en la prevención de que un partido determinado obtenga indebidamente una posición dominante. Y en las democracias establecidas se espera que las leyes de partidos regulen el registro, el financiamiento y la democracia interna de los partidos políticos. Por otro lado, Ricardo Espinoza Toledo y Juan Pablo Navarrete Vela abordan las características del liderazgo de los tres principales partidos del sistema político mexicano: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y revisan de manera comparativa el desempeño de los líderes formales de esos partidos

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de 2006 a 2011. Los autores parten del supuesto que mientras los líderes del PRI han contribuido a posicionar a su partido, los del PAN y del PRD, respectivamente, no han podido superar el estancamiento electoral ni los conflictos internos de sus organizaciones. Este capítulo plantea la pertinencia de estudiar el liderazgo de los partidos con miras a la elección presidencial de 2012 por sus efectos en la vida de las organizaciones políticas y más allá de los partidos. Utilizando una tipología propia para examinar el liderazgo administrativo de los tres partidos, que se caracteriza por poseer los siguientes atributos: proviene de una elección interna abierta (participan todos los militantes de manera libre) o cerrada (se elige mediante convenciones de delegados o consejeros); ocupa un cargo en la estructura directiva del partido (presidente nacional, miembro de alguna comisión del Consejo Nacional o del Comité Ejecutivo Nacional); mantiene cierto control de los órganos políticos internos para la toma de decisiones, sin menoscabo de los contrapesos políticos y estatutarios y capacidad para relacionarse y negociar con los otros partidos, con el gobierno y con los legisladores. El eje temático de este apartado es el tipo de liderazgo administrativo en sus tres vertientes: fuerte, intermedio y débil, algo muy alejado del liderazgo carismático. El objetivo es estudiar la función de los dirigentes nacionales en la búsqueda del poder presidencial. Pues la hipótesis desarrollada en el texto supone que en la disputa del poder, el presidente del partido puede ser un factor relevante para el éxito de sus candidatos. Si el dirigente respalda y participa en los actos de campaña, envía un mensaje de unidad partidista; si logra que las fracciones o grupos colaboren, las posibilidades de ganar aumentan. Si además, el líder es carismático, la influencia de éste puede ser determinante. Lo contrario también es cierto: dirigentes o fracciones que no apoyan, se convierten en un freno casi imposible de superar, con consecuencias electorales negativas. Por su parte, Enrique Cuna Pérez en “Crisis de representación, liderazgos emergentes, partidos y regionalismos políticos”, propone que la transición a la democracia en México, sustentada en cambios desarrollados en el terreno electoral y en el sistema de partidos, ha transformado la idea de un país pensado y construido

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desde el centro, a otra en la que se encuentra múltiples espacios locales y regionales con capacidad de decisión. En nuestro país hay alrededor de 2500 municipios y varias regiones, situación que está generando una nueva forma de hacer política, y desde de los cuales se forman y proyectan novedosos liderazgos políticos, sociales y territoriales que conviven con una estructura mayoritaria de representación basada en líderes carismáticos que requieren de los medios para posicionarse y sostenerse en la agenda pública. La idea que guía el capítulo señala que lo que está ocurriendo es que desde la sociedad civil en las localidades y regiones se están construyendo nuevos liderazgos políticos. Sin embargo, aun la descentralización regional y local, el discurso de la federalización, no logra impulsar procesos de desarrollo para comunidades y territorios específicos. A pesar de que se ha visto disminuido el poder central por la multiplicación de personas que ocupan cargos de decisión política, se mantienen vestigios del poder centralista que en un número pequeño de personas se depositaba para decidir los asuntos públicos nacionales, regionales, estatales, y municipales. Ante el descrédito de los actores políticos tradicionales, es que adquiere relevancia la discusión sobre liderazgos y partidos políticos locales y regionales. La propuesta es desarrollar éstos como actores de la democracia a nivel local, para crear lazos con la población más estrechos, pueden ser viables para la recuperación de la legitimidad del acto político, y sobre todo pueden ser la vía para la construcción de canales de participación ciudadana en el control y fiscalización de la administración pública y en la evaluación del acto de gobernar. Asimismo, Jesús Castro López reflexiona acerca del federalismo electoral y los partidos políticos en México. Señala que el federalismo electoral mexicano no tuvo un desarrollo adecuado durante la mayor parte del siglo XX en virtud del presidencialismo y del partido hegemónico, quienes centralizaron y manipularon el ejercicio de la actividad electoral y nulificaron la tutela de los derechos político-electorales de los ciudadanos y demás actores políticos; paulatinamente se fueron creando mejores condiciones, mismas que fueron visibles en las últimas dos décadas, al darse la alternancia en el poder político de la Presidencia de la República, en las

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gubernaturas de las entidades federativas y en los ayuntamientos, contribuyendo a la heterogeneidad de la legislación electoral local y al desarrollo de las instituciones; sin embargo, sostiene que esto no ha sido suficiente, ya que las últimas reformas constitucionales en materia electoral han obstaculizado el desarrollo del federalismo electoral. El texto propone que es indispensable para lograr la verdadera evolución, la adopción de lineamientos con sentido de cooperación entre los tres niveles de gobierno, debiendo realizar una reforma hacendaria integral que permita diseñar instituciones y órganos electorales con una estructura capaz de desempeñar en forma autónoma la actividad electoral en el ámbito local. Mario Eduardo Maldonado Smith analiza los partidos políticos y su democracia interna como elemento para el fortalecimiento del sistema democrático. El texto propone el estudio de la democracia interna de los partidos políticos nacionales como vehículo para superar el notable alejamiento de la sociedad hacia estas instituciones políticas. Para el autor –en consonancia con los escritores del libro– los partidos políticos, como entidades de interés público, son imprescindibles en toda democracia. No puede concebirse la democracia sin la existencia de partidos políticos, pues realizan funciones que difícilmente podrían ser efectuadas por otra institución. En razón de ello, se considera a nuestro actual sistema democrático como una “democracia de partidos” pero para que ésta sea real, en primer lugar debe existir la democracia al interior de los propios partidos políticos. La democracia interna requieres ciertos requisitos, entre otros: equidad de género, control heterónomo de legalidad, libre selección de dirigentes, posibilidad real de ser candidato a cargos de elección, etc. En el ensayo se abordan las nociones generales en torno a la democracia interna de los partidos políticos para demostrar la importancia que tiene para la construcción y el fortalecimiento del sistema democrático. Asimismo, se expone cómo se maneja la democracia interna tanto en nuestro país como en diversos Estados iberoamericanos; recopilando, además, criterios jurisprudenciales tanto nacionales como internacionales. Finalmente, se propone una serie de elementos que pueden contribuir a

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mejorar la democracia interna partidista y que buscan trascender (y reflejarse) en el propio sistema democrático nacional. En este contexto, Daniel Márquez señala a la democracia sustantiva como estándar de justicia y lo electoral. El capítulo tiene por objetivo entender el contenido del “sistema político” no sólo desde el punto de vista de sus componentes: objetos y ambiente; sino cómo ese sistema se vuelca hacia el “ser humano”, el pueblo como sujeto político, sin caer en el exceso conceptual del humanismo para mostrar de qué manera el “sistema” político garantiza efectivamente las mejores condiciones de vida al sujeto originario de la asociación política. Desde una visión filosófica, analiza a los partidos políticos como las instancias a partir de las cuales se hace realidad el acceso ciudadano al “poder”, debido a su papel en la construcción de la democracia; partiendo de una contradicción ¿si los partidos políticos evolucionan a partir de la facción y si aún no pierden su carácter de “parte”, en el sentido de facciones o partidos, cómo se garantiza, más allá de la sumisión formal de estas facciones al derecho, para que cumplan con el proyecto de nación constitucional y generen beneficios colectivos efectivos? ¿Los partidos políticos cumplen efectivamente con la democracia sustantiva? ¿Cuáles son los indicadores que nos permitirían una respuesta positiva o negativa? Ante tal pregunta, el autor desarrolla a lo largo del texto el siguiente pensamiento: podemos responder a estas preguntas acudiendo a la idea de democracia sustantiva; así, en la medida en que los partidos políticos la incorporan en su acción colectiva, se cumple el proyecto constitucional de nación. Por último, el libro incorpora también reflexiones sobre los partidos políticos en América Latina, intentando analizar la crisis de representación y las vías o propuestas de solución que se han dado en el continente. Francisco Saracho Navarro estudia las cuotas de representación por género en cargos de elección popular. El capítulo parte del supuesto de que no se ha ubicado a las mujeres durante mucho tiempo como parte de los grupos minoritarios que no cuentan con una efectiva y verdadera participación política. Actualmente la situación se encuentra en cambio, cada vez más mujeres ocupan más

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y mejores cargos públicos en el Estado, no obstante, aún existe una precaria representación de las mujeres al interior de órganos de elección popular. En muchos países existe un porcentaje mínimo de “cuotas de género” en el interior de tales órganos, como parte de las medidas de acción afirmativa para lograr una igualdad material entre el hombre y la mujer. El autor propone que para lograr una plena igualdad material se requiere no sólo transformar las instituciones del Estado, sino modificar aquellas prácticas sociales que siguen subordinando a la mujer, pues su mayor participación política es un requisito imprescindible para la consolidación de la democracia. En diversos países del mundo se aplican acciones afirmativas, como las cuotas de género, y los resultados son variables, pues la aceptación o rechazo de tales medidas responde al contexto cultural determinado en el que se aplican; no obstante, se observa que por lo general se manifiesta un incremento en la participación política de la mujer, y particularmente en el caso latinoamericano. Francisco Saracho concluye que la propuesta de otorgar cierto porcentaje de bancadas en los órganos de elección popular a las mujeres, por el simple hecho de serlo, no debe considerarse contraria a la igualdad y a la democracia, al contrario, debe aceptarse como complementaria para lograr una verdadera democracia incluyente donde puedan expresarse las distintas voces e intereses de nuestro país y contribuir en el transcurso del tiempo a lograr una igualdad jurídica y material entre ambos géneros Ana Pamela Paz García por su parte, revisa trayectorias y perspectivas de la post-transición democrática en América Latina y en particular los procesos de Argentina, Chile y Perú. Plantea que en el bicentenario de los procesos independentistas latinoamericanos, los países de la región se encuentran situados en una etapa posttransicional. Analizando los casos de Argentina, Chile y Perú, y considerando la densidad interpretativa de la democracia como fenómeno social, político y económico; discute comparativamente las condiciones socio—históricas como la trama político—cultural contemporánea de sus experiencias democráticas. Para ello, reflexiona sobre su historia de construcción y reconstrucción democrática compartida durante el siglo XIX y segun-

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da mitad del siglo XX; además, recupera la especificidad de cada cultura política y coyuntura nacional, presentando un panorama distinto de comparaciones analíticas tradicionales. La autora concluye que las trayectorias de Argentina, Chile y Perú desplegadas dentro de un espacio geopolítico sudamericano compartido y coincidente en una etapa democrática posttransicional, se advierten repletas de interrogantes específicas en lo que respecta a la evolución coyuntural de sus instituciones políticas. Estos países recuperan definitivamente la vigencia de sus sistemas de partidos y su regularidad electoral, dentro de la temporalidad histórico-política señalada como “tercera ola” de democratización, sin quedar exentos desde entonces de los desafíos reconstructivos inherentes a la superación de ciertos legados institucionales obstructivos derivados de los procesos autoritarios anteriores. En un escenario posttransicional donde los ciudadanos se muestran cada vez menos vinculados a los partidos y las élites políticas encuentran escasa o nula motivación para invertir en su construcción o renovación, encontrándose rodeados ambos por una política de la imagen que articulada en torno a estrategias del marketing electoral tiende a centrarse casi exclusivamente en la acción de los medios masivos de comunicación. La política democrática aparece urgida a reencontrarse con su potencial de “autodeterminación colectiva” y antes bien la sociedad, origen y destino final de la misma, de la mano del conocimiento producido por sus intelectuales se observa llamada a recuperar una capacidad de reflexión histórica sobre sí misma acorde a los desafíos políticos del presente. La propuesta del texto es recuperar la inteligibilidad de una lectura sociohistórica de las condiciones y desafíos de la posttransición democrática en América Latina. Por último, Evelyn Téllez Carvajal estudia la importancia del voto en el extranjero a la luz de ciertas obligaciones jurídicas y la experiencia latinoamericana. Señala que es un derecho y una prerrogativa votar en las elecciones, así propone que no es la nacionalidad, sino la ciudadanía el vínculo por el que los mexicanos pudieron votar desde el extranjero. Es un error creer que la nacionalidad es el vínculo necesario para ejercer los derechos políticos. El Estado mexicano comete el error de otorgar la nacionalidad

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mexicana vía ius optandi, en realidad, el vínculo sanguíneo y cultural no puede ser otorgado tras un mero trámite administrativo. El vínculo que podría otorgarse es la ciudadanía, pero no la nacionalidad. Como puede observarse, Partidos políticos en un contexto de crisis. Teoría y praxis en una mirada latinoamericana, es un mosaico multidisciplinario que reflexiona una de las temáticas vitales para la consolidación de nuestras democracias: los partidos políticos y su vinculación con la sociedad. Enrique Cuna Gonzalo Farrera Alberto Escamilla

PRIMERA PARTE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS: APUNTES TEÓRICOS

LA FUNCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA SOCIEDAD Francisco José Paoli Bolio

LAS DIVISIONES SOCIALES COMO FUNDAMENTO DE LOS PARTIDOS

ropongo una primera aproximación para analizar la relación entre cualquier sociedad y sus partidos políticos: tener en cuenta que esas instituciones se forman a partir de las notorias divisiones sociales. Los partidos tratan de representar los intereses de los distintos grupos o sectores sociales, para lo cual los ordenan y presentan en sus programas en los que pretenden plantear sus reivindicaciones en forma sistemática. Esta es una función básica de un partido político: agregar la demanda social y presentarla por una parte a los ciudadanos, cuyos votos busca obtener, y por otra al Estado o poder institucionalizado, a través del cual se pueden lograr esas reivindicaciones. Así los partidos juegan un papel central como intermediarios entre la sociedad y los poderes del Estado. En cada sociedad hay divisiones que pueden ser exclusivas de ella o bien que se comparten con otras. Cada una las divisiones es diferente y de distinta intensidad. Las causas de las divisiones pueden ser raciales, económicas, religiosas, de clases sociales o de distintos grupos de presión que se forman para lograr que sus intereses sean apoyados. Las divisiones revelan una mayor o menor pluralidad social. Ejemplos de esas divisiones son las que se dan entre el ámbito rural y el urbano, entre el Estado y la Iglesia o el clero que las representa, o la que existe entre los propietarios de los medios de producción frente a los trabajadores. En un primer momento se forman partidos diferenciados por el tipo de miembros que los integran. Los hay

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integrados por campesinos, inspiración religiosa o de trabajadores, unidos por sus reivindicaciones laborales. La expresión política de estas divisiones que se dan en las sociedades, surge orgánicamente y se concreta en la formación de partidos1. La relación entre éstos como representantes de los distintos sectores o grupos contrapuestos de la sociedad, se va perfilando poco a poco en la competencia por puestos de poder a partir del reconocimiento de distintos derechos políticos para los ciudadanos: el derecho al voto, el derecho y libertad de reunión para tratar asuntos políticos y el derecho de asociación para luchar legalmente por posiciones de poder.

LAS DIVISIONES Y LOS PRIMEROS PARTIDOS EN MÉXICO En México podemos encontrar distintas divisiones de la sociedad que están en la base de la formación de partidos políticos en diversos momentos de nuestra historia política. El pionero es el Partido Liberal Mexicano (PLM) que se funda en San Luis Potosí desde el año de 19002, que formuló un famoso programa cuyas reivindicaciones principales se recogieron en la Constitución de 1917. El PLM fue comandado por Ricardo Flores Magón a partir de 1904 y bajo su liderazgo se promovieron acciones reivindicativas y sindicales directas y también acciones armadas. Desde que concluyó el Porfiriato3, pero especialmente al terminar la etapa armada de la Revolución iniciada en 1910, empezaron

Varios teóricos de los partidos políticos identifican estas divisiones como cleavages. Véase en el Manual de Partidos Políticos (Handbook of Party Politics) que coordinan Richard Katz y William Crotty, la parte IV que se refiere a “Partido y Sociedad” (Party and Society), especialmente los trabajos de Peter M. Siavelis, “Party and Social Structure”, y Peter Mair, “Cleavages”. Véase el libro de James Cokcroft, Precursores intelectuales de la Revolución, Siglo XXI Editores, México, 1970. Un partido inspirado por la religión fue el Partido Católico Nacional que apoyó la candidatura de Madero, pero que sólo duró en la escena política dos años

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a formarse partidos que respondían a las divisiones de la sociedad mexicana: Partido Nacional Agrarista (1916), que recoge las reivindicaciones campesinas, particularmente las del Plan de Ayala impulsado por los zapatistas; este partido fue orientado y dirigido por don Antonio Díaz Soto y Gama, principal ideólogo del zapatismo; Partido Liberal Constitucionalista (PLC, 1916), principal partido de la época que surge con el apoyo de varios generales carrancistas, Álvaro Obregón, Benjamín Hill y Pablo González, para ser el brazo político del movimiento constitucionalista y respaldar la elección del Varón de Cuatro Ciénegas en 1917; el Partido Nacional Cooperatista (PNC, 1917), que tiene una membresía fundamental de artesanos, pequeños propietarios y profesionistas con el liderazgo de Jorge Prieto Laurens; o el Partido Laborista Mexicano (PLM), nutrido por los sindicatos de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que dirigía Luis N. Morones4. La verdad es que aquellos partidos hacían alusión a las mencionadas divisiones de la sociedad (obreros, campesinos, artesanos), pero dependían sustancialmente de los caudillos emanados de la revolución armada. Los caudillos decidieron por cerca de dos décadas (1916-1935) la vida de los partidos. Cuando los partidos empezaban a tomar sus propias decisiones, se confrontaban con los caudillos y los hacían desaparecer. Tal es el caso del principal partido de la época, el Liberal Constitucionalista, que apoyó a Venustiano Carranza y la defensa de la Constitución de 1857 primero y la de 1917 después; cuando el PLC empezó a salirse del control del presidente Carranza5, éste tomó la decisión de destruirlo. Estos cuatro partidos (PNA, PNC, PLC y PLM) pueden verse en perspectiva como cuatro formaciones revolucionarias que se integran una década después al Partido Nacional Revolucionario (PNR).

aproximadamente. Véase el libro de Eduardo Correa, El Partido Católico Nacional, FCE, México, 1990. Véase mi trabajo sobre la formación inicial de partidos en el período posrevolucionario, en el libro coordinado por Pablo González Casanova, Las Elecciones en México, “La eterna infancia”, Siglo XXI Editores, 1980. El PLC ganó muchas posiciones en el Congreso de la Unión y llegó a proponer el cambio de la forma de gobierno, cancelando la presidencial y estableciendo una parlamentaria.

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Este último nace como una confederación de partidos nacionales y locales que fueron brazos políticos de diversas corrientes del movimiento revolucionario. El Partido Comunista Mexicano (PCM) fundado en 1919, tiene que verse como un caso aparte, porque no dependió de la voluntad de los caudillos. Fue un grupo pequeño que trabajó fundamentalmente en la clandestinidad y penetró los sindicatos. Pretendió ser el partido de la clase obrera y llegó a tener una gran influencia en esa incipiente clase, sobre todo en el período gubernamental del general Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940). El gobierno de Cárdenas desarrolló su propia organización obrera, la Confederación de Trabajadores de México, dirigida por Vicente Lombardo Toledano, ideólogo y dirigente marxista, que tuvo acuerdos con el PCM, pero se mantuvo diferenciado de los comunistas. En el período del presidente Miguel Alemán (1946-1952), el movimiento obrero en su conjunto fue apartado del marxismo: Lombardo fue separado de la CTM y se creó una dirigencia sindical no marxista, encabezada por Fidel Velázquez; por su parte, el PCM fue perseguido por el gobierno, reduciéndose o cancelándose su influencia en los sindicatos que había logrado penetrar. Por varias décadas, hasta finales de los años setenta en que desapareció para fusionarse con otras organizaciones de izquierda, el PCM aportó su registro y también cuadros importantes: PSUM (1981), PMS (1987) y PRD (1989).

LOS PARTIDOS Y LA SOCIEDAD ACTUAL El principal partido de nuestra época fue el Nacional Revolucionario (PNR, 1929), que se transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM, 1938) y en Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1946). Este último nombre se mantiene hasta nuestros días, aunque ha tenido algunos cambios organizativos. Sostiene la ideología de la revolución mexicana, es un partido integrado fundamentalmente por organizaciones, si bien también admite ciu-

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dadanos individuales y los vincula a alguno de sus sectores6. Por eso se le caracteriza como un partido de corporaciones o corporativo. Este partido nació en el poder, desde que los grupos revolucionarios fueron convocados en 1928 para formarlo. La nueva organización política conserva por cinco años (1929-1935) el liderazgo del general Plutarco Elías Calles. Los grupos revolucionarios se habían mantenido en pugna y aunque la revolución armada contra la dictadura concluyó, los grupos siguieron enfrentados y confrontando violentamente sus diferencias. Antes de su aparición, la guerra era la lógica dominante; después, la política fue sustituyendo eficazmente la violencia, poniendo en juego para ello la política, que en gran medida es negociación. La forma que idearon Calles y sus seguidores para lograrlo fue hacer un solo partido en el que se integraran todas las facciones revolucionarias, y a través de este organismo resolvieran sus diferencias y en la práctica se distribuyeran el poder. El árbitro principal en la resolución de los conflictos y la asignación de las principales posiciones de poder, pasó a ser el general Calles que, terminado su mandato presidencial (1924-1928) y menguado sustantivamente el obregonismo con el asesinato de su caudillo, quedó consagrado como “Jefe Máximo” de la Revolución. El maximato callista duró hasta 1935, año en el cual, el presidente Cárdenas rompió con el callismo, expulsó al Jefe Máximo del país y asumió la jefatura real del partido junto con la presidencia. El jefe del partido fue hasta el año 2000 el presidente de la República, quien nombraba a todos los presidentes del PRI y los removía7. Puede decirse que esta formación política aportó a la sociedad mexicana, paz y estabilidad, constituyéndose como una de las bases legitimadoras del poder presidencial y como árbitro de los conflictos entre las divisiones sociales.

El PRI tiene tres sectores: obrero, campesino y popular; éste último reúne clases medias, profesionistas, artesanos y otros grupos que no son de obreros ni campesinos. El PRM tuvo un cuarto sector militar, que desapareció pronto, en cuanto empezaron los gobiernos civiles. Por eso don Daniel Cosío Villegas les llama jefes aparentes del partido. Véase El Sistema Político Mexicano, Ed. Joaquín Mortiz, 1970. Los jefes del Partido oficial que algunos llamaron del Estado, eran tratados como miembros del gabinete.

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El PRI ha sido y sigue siendo el principal partido político de México, no sólo por haber sostenido durante más tiempo la mayor cantidad de posiciones de poder, sino porque ha diseñado e implantado las formas de hacer política y de gobernar en nuestro país. Los otros partidos, cuando han logrado algunas de esas posiciones, incluyendo la presidencia de la República, han operado a imagen y semejanza del PRI, con prácticas clientelares, pacto con organizaciones corporativas y con factores reales de poder, como los llaman Lasalle y, siguiéndolo, Pablo González Casanova8. El segundo partido en aparecer en el horizonte político contemporáneo fue Acción Nacional (PAN, 1939), diez años después que el PNR. Se funda como un partido de ciudadanos, que busca contrastar con el de organizaciones que es sostenido por el gobierno y las corporaciones que lo integran. El PAN se mantiene como un pequeño partido testimonial, que lucha contra el monopolio del poder, logra muy pocas posiciones en sus cuatro primeras décadas de existencia (1939-1980) e inicia un crecimiento en las dos últimas décadas del siglo XX, hasta alcanzar la presidencia de la República en el año 2000. Sin embargo, no conquista todo el poder, porque los priístas siguen en posesión de la mayoría de los gobiernos de los estados después del año 2000. El PAN consigue mantenerse en la presidencia de la República en las elecciones de 2006, pero tiene cada día mayor desgaste y registra una debilidad política notable durante su último gobierno (2006-2012). Las razones de esa debilidad son el mantenimiento del PRI en el mayor número de posiciones de poder distintas de la presidencia y el fortalecimiento de poderosos cárteles del crimen organizado a partir del incremento del narcotráfico. Éste no ha podido ser combatido eficazmente por las fuerzas estatales mayores: ejército y marina. El PAN aporta a la sociedad mexicana la mayor experiencia de lucha democrática desde la perspectiva demo liberal, por lo cual es el partido que logra la alternancia y abre dificultosa y tropezonamente una sociedad que se va haciendo más democrática.

Para confirmar este aserto véanse de F. Lassalle, ¿Qué es la Constitución? y de P. González Casanova, La Democracia en México, ERA, 1965.

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La tercera organización política relevante es el Partido de la Revolución Democrática (PRD, 1989), que nace de una fuerte división del partido oficial (PRI) en 1988, apoyado por partidos hasta entonces pequeños y por decenas de organizaciones sociales9. El PRD tiene influencia en algunas organizaciones sindicales y campesinas, así como en organizaciones que forman el movimiento de reivindicaciones urbanas (paracaidistas, precaristas, de reivindicación de vivienda y servicios en las ciudades) y en el comercio informal. Es en gran medida un partido de organizaciones, aunque también acepta adhesiones de ciudadanos individuales. Está formado por corrientes que se disputan la dirección del partido. Las dos más prominentes son las que ha formado el ex candidato presidencial (2006), Andrés Manuel López Obrador y su movimiento social (Morena) y la corriente democrática, popularmente conocida como “los Chuchos”. El PRD ha sido el principal contendiente a la presidencia de la República en 1988 y en 2006 y ha ganado seis gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal que ha mantenido por tres períodos sexenales. El PRD ha estado a punto de romperse o dividirse entre los miembros de sus dos corrientes principales. El PRD aporta a la sociedad mexicana contemporánea, la organización del mayor partido de izquierda que ha existido en México. La múltiple división que registra en sus dos décadas de existencia, ha sido una de sus mayores caracterizaciones. El año de 1995, el Centro de Estudios para la Reforma del Estado que dirigía Gilberto Rincón Gallardo10, convocó a los partidos

Apoyaron la candidatura presidencial del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas ese año, cuatro partidos políticos: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) al que Cárdenas se afilió tras renunciar al PRI, el Partido Popular Socialista (PPS), ya desaparecido, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (antes Partido Socialista de los Trabajadores), también desaparecido y el Partido Mexicano Socialista (PMS), cuyo registro sirvió para organizar al PRD a partir de 1989. Gilberto fue Secretario General del antiguo Partido Comunista Mexicano, después formó parte del PRD y salió de ese partido para tratar de fundar otro, el Partido Socialdemócrata que no logró su registro. Gilberto fue uno de los personajes que experimenta las divisiones de la izquierda y trata de actuar en el panorama político, desarrollando la racionalidad de una izquierda sensata y capaz de

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políticos de México a celebrar un Coloquio, en el que se trataron con gran amplitud las relaciones entre la sociedad civil, el Estado y los partidos políticos11. La sociedad mexicana había cambiado significativamente en la última década del siglo XX y todos los partidos se habían convertido en pluriclasistas. Preocupaba a todos los participantes la presencia cada vez más amplia de una pluralidad expresada en organizaciones sociales del más diverso tipo que, además representaban vigorosamente demandas globales: ecológicas y ambientalistas, de género, vecinales, de protección civil, de derechos humanos, indígenas y muchas otras. Todas ellas planteaban reivindicaciones y tenían propuestas en tonos claramente políticos, porque se dirigían al poder del Estado de manera semejante a la que lo hacían los partidos, aunque de manera específica, para resolver problemas de ciertos sectores o de la sociedad en su conjunto. Esto hace conceptualizar a la sociedad civil en forma equívoca, multiforme, que aloja tanto organizaciones serias, como membretes que sólo buscan satisfacer intereses de pequeños grupos. En contraste, los partidos se reivindican en ese momento como parte de la sociedad civil, con la necesidad de relacionarse más intensamente con las organizaciones sociales, pero invocando sus visiones integradoras y organización que los hace instituciones con permanencia más amplia en la sociedad y responsabilidades mayores. También se registra que algunas organizaciones sociales han incubado desconfianza de los partidos y particularmente de sus burocracias. A pesar de la intensa crisis y descrédito que están viviendo los partidos políticos en nuestro país en la primera década del siglo XXI, aún tienen responsabilidades fundamentales para el funcionamiento de la democracia representativa. En este trabajo expondré lo que a mi juicio son esas responsabilidades, así como las facultades de los partidos para cumplir sus funciones.

lograr reivindicaciones reales, negociando con todas las fuerzas políticas y con el gobierno, primero del PRI y luego del PAN. Las ponencias y participaciones de este Coloquio, se publicaron en el libro Partidos Políticos y Sociedad Civil, Centro de Estudios para la Reforma del Estado, A.C., México, 1995.

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Además de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD), existen y tienen algunas posiciones las siguientes formaciones políticas: Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza (PANAL) y Partido Convergencia (PC). El PT frecuentemente va a elecciones nacionales y locales unido con el PRD, lo mismo que Convergencia. El PRI tiene de aliados al PVEM y en los últimos años, en términos generales, al PANAL12. En las elecciones de 2010, fueron muy exitosas las coaliciones del PAN-PRD13 contra el PRI en seis estados: en tres ganaron la gubernatura: Oaxaca, Puebla y Sinaloa; las restantes fueron muy competitivas: Durango, Hidalgo y Veracruz. Al año siguiente, las coaliciones PAN-PRD fueron fuertemente combatidas por AMLO y lograron desbaratar las negociaciones que se habían iniciado entre estos dos partidos. El resultado de ese ataque fue la derrota abrumadora que les propinó el PRI, ahora aliado sistemáticamente al Partido Verde y al PANAL. El sistema de partidos (SP) en México está integrado pues, por tres organizaciones mayores, PRI, PAN y PRD, y por cuatro partidos menores que frecuentemente se alían en los procesos electorales a alguno de los mayores. La coalición que se ha fortalecido en los dos últimos años (2010 y 2011) es la del PRI con el PVEM y el PANAL. La coalición de izquierda, PRD-PT-Convergencia, que fue exitosa en Guerrero, fracasó en el Estado de México y no se concretó en Coahuila ni en Nayarit (2011); en el estado de Hidalgo, donde sólo hubo elecciones de ayuntamientos, se mantuvo en 12

Hay que aclarar que el PVEM estuvo aliado para la elección presidencial de 2000, con el PAN, pero a partir de 2001 rompió con é y se ha venido aliando al PRI. El PANAL, se ha coaligado con el PAN y otros partidos para competir con el PRI en algunos estados (Oaxaca, Puebla, Veracruz y otros), pero en los tiempos más recientes, ha estado fundamentalmente unido al PRI en coalición. Trasciende a las noticias que el movimiento MORENA, utilizará el registro de Convergencia para convertirse en partido con miras a las elecciones de 2012 y que, después de las elecciones de 2011, se producirá la división entre los chuchos y los seguidores de AMLO. Esa coalición tuvo diversos acompañantes en distintos estados. La coalición que contó con el mayor apoyo de partidos y ganó con amplitud fue la encabezada por Gabino Cué en Oaxaca.

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muchos de ellos la coalición PAN-PRD, con la lógica coalicionista lograda en 2010. Para las elecciones de 2012 no tendremos más partidos en la contienda. Esta es la primera ocasión en dos décadas, en la que no se aceptan nuevos partidos en las elecciones presidenciales. No hubo solicitudes para formar nuevos partidos y en consecuencia no hubo convocatoria de las autoridades para tramitar los registros de nuevos partidos. El sistema puede caracterizarse en una primera aproximación descriptiva como un sistema tripartito de dispersión moderada. En relación con la crisis de confianza que experimentan los partidos políticos en México debo hacer las siguientes salvedades: 1) No todos los partidos atraviesan por la misma crisis, ni experimentan el mismo tipo de problemas. 2) Los partidos que experimentan las mayores dificultades son los que tienen una ideología más definida, de izquierda o derecha; los partidos pragmáticos, experimentan menos problemas en ese terreno.

FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Analizaré ahora las responsabilidades de los partidos políticos en la actualidad, desde dos perspectivas jurídicas complementarias: la del Derecho Constitucional y la de la ley secundaria. El análisis histórico, sociológico y politológico, permite llegar a una explicación más amplia sobre esas instituciones en nuestro país y sus relaciones con la sociedad civil y la sociedad política.

Responsabilidades constitucionales Los partidos políticos son contemplados en la CPEUM, a partir de la reforma constitucional de 1977, los define y estipula sus objetivos y funciones en el artículo 41. Este artículo ha venido ampliándose con reformas posteriores entre las que encontramos dispositivos cada vez más amplios respecto a los partidos políti-

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cos. Se encuentra en primer lugar en ese artículo de la Constitución la definición de los partidos políticos en dos partes: 1) son entidades de interés público y 2) son asociaciones de ciudadanos con afiliación individual, no gremial o corporativa. Sus funciones principales son: 1) promover la participación del pueblo en la vida democrática de acuerdo con sus programas, y 2) contribuir a la integración de la representación nacional. Sus recursos provienen de dos fuentes: pública que debe ser la principal y privada, que es complementaria. En primer término glosaré el significado de “entidades de interés público”, a partir de su definición en 1977, siguiendo las reformas posteriores que ese artículo ha tenido. El artículo 41 de la Constitución se ha reformado cinco veces desde el año de 1977 en que se introdujo en él la definición de los partidos, dotándolos de nuevas atribuciones y, sobre todo en la última década, de un subsidio mayúsculo. – La primera reforma se realizó en 1990, estableciéndose que las elecciones constituyen una función estatal ejercida por los poderes de la Unión, con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos; también se definen entonces los principios fundamentales que deberán observarse en la conducción de las elecciones: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Es en esta reforma que se menciona por primera vez el servicio profesional electoral y se crea el organismo que sustituye a la Comisión Federal Electoral, el sistema de medios de impugnación y un tribunal electoral al que se llama autónomo, pero que se deja en la esfera del Poder Ejecutivo. También se establece que las sesiones de todos los organismos electorales colegiados serán públicas. – La segunda reforma se llevó a cabo durante el período del presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993. En ella se dispuso que la ley reglamentaria, establecería las reglas para el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales; al tribunal autónomo se le nombró Tribunal Federal Electoral y se le atribuyó la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. – La tercera reforma se realizó también en el período de Salinas de Gortari en 1994. En ella se habló por primera vez de que la organización de las elecciones es una función estatal que debe

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realizarse a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos según lo dispone la ley. Se introduce aquí la participación de dos poderes del Estado y no sólo del Ejecutivo como se había hecho en disposiciones anteriores. A los principios mencionados en la reforma del año anterior se agregó el de independencia del organismo público, prescribiéndose que tendría un desempeño autónomo en sus decisiones y que su órgano superior se integrará por Consejeros y Consejeros Ciudadanos nombrados por los poderes Ejecutivo y Legislativo y por representantes nombrados por los partidos políticos. – La última reforma al artículo 41 es la de 2007, en ella se refuerza notablemente la participación de los partidos políticos e inclina su caracterización como órganos del Estado, a pesar de que repite la definición de estos institutos como entidades de interés público. Esta última reforma agrega que la ley determinará las formas específicas que tendrán la intervención de los partidos en el proceso electoral. También prohíbe expresamente la intervención de organizaciones gremiales en la creación de partidos políticos y cualquier forma de afiliación corporativa. Prescribe de manera disimulada, la autorización que deberá hacer la ley para que las autoridades electorales intervengan en los asuntos internos de los partidos. Esta reforma sostiene a nivel constitucional que los recursos públicos prevalecerán sobre los privados. Esa última disposición ya estaba prevista en la ley, pero al convertirse en norma constitucional, hace que los partidos políticos —lo diré con una expresión cuantitativa aunque se refiere a su cualidad— sean más Estado que sociedad civil. Otro elemento de esta reforma que agrega argumentos para considerarlos como órganos del Estado, es que en la liquidación de los partidos que pierden su registro: los bienes remanentes en el momento de su disolución se adjudican a la Federación. La Constitución en su artículo 63, señala que los partidos políticos pueden incurrir en responsabilidad, como

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ocurre con otras entidades públicas14. Finalmente, un factor muy importante de esta reforma para reconsiderar la naturaleza de los partidos, es la adjudicación de la mitad del tiempo de Estado en la radio y la televisión15. En función de las cuatro reformas posteriores a la enunciación de 1977 mencionadas en el artículo 41, propongo que su definición constitucional debe considerarlos como organismos estatales. Otra reforma que debe ser tomada en cuenta para redefinir la naturaleza de los partidos políticos, es la que se hizo en 1996 al artículo 105 constitucional en el que se establece que estos organismos pueden demandar la acción de inconstitucionalidad. Esta capacidad sólo es otorgada a órganos del Estado o partes de ellos. Al incluir a los partidos políticos en la lista (fracción II, inciso f) de los órganos del Estado capacitados para solicitar a la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad, los equipara con ellos. Si se mantienen como organismos de interés público que se mueven en el ámbito de la sociedad civil, se les mantiene en una condición en la que las responsabilidades en que incurran no puedan ser debidamente evaluadas y, en su caso, sancionadas. Propongo que sean considerados organismos auxiliares del Estado para la promoción democrática de la participación ciudadana y la integración de la representación nacional. Además en la Constitución debe establecerse que los partidos deben conducir sus acciones, las de sus integrantes y dirigentes; con procedimientos democráticos para elegir a sus dirigentes y 14

Este artículo fue adicionado inicialmente en junio de 1963 y después modificado en octubre de 1986. Se trata de una hipótesis muy pobre de responsabilidad, que se refiere a la ausencia de los representantes populares propuestos por los PP, que no se presentan a tomar posesión de sus cargos, como ocurrió con algunos diputados panistas. La responsabilidad tendría que ser ampliada al uso indebido de recursos o propaganda política que los partidos promueven indebidamente en los medios masivos de información. Esta participación garantizada a los partidos en los tiempos de Estado de la radio y la televisión, se hace en la Constitución incorrectamente en términos reglamentarios, mencionando los minutos con que deberán contar para sus precampañas internas y en las campañas electorales. Las normas constitucionales como es sabido deben ser redactadas en términos muy generales; las disposiciones más específicas deben incorporarse en las leyes y las más detalladas en los reglamentos.

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candidatos. En los casos en que los partidos tomen decisiones sin seguir los procedimientos democráticos, previstos en sus estatutos y reglamentos, la autoridad electoral podrá declarar nulas las decisiones respectivas, ordenando la reposición de los procesos para elegirlos democráticamente. Ésta es una disposición que parece indispensable para propiciar que los partidos recuperen la confianza perdida de la ciudadanía. Y es que en los partidos se han dado procesos de oligarquización que permiten a las burocracias y cúpulas partidarias, tomar decisiones que deben corresponder a sus bases.

Afinamiento y precisión de la regulación partidaria en la ley El libro Segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), regula a los partidos políticos nacionales, desde los requisitos y procedimientos para su formación y registro, sus atribuciones, financiamiento, tiempos en radio y televisión y otras facultades y obligaciones. Hay normas muy precisas para dar acceso en estos medios a los partidos y para otorgarles tiempos de Estado, a fin de que puedan hacer programas y propaganda para sus candidatos. Por último, se les otorga la capacidad para ir en coalición electoral, formar frentes de actividades no electorales o fusionarse entre ellos. Se discute en los ámbitos académicos y políticos desde hace algún tiempo, el establecimiento de una Ley de Partidos, en la que se estipulen los procedimientos para elegir dirigentes, candidatos, para aprobar los presupuestos internos y su correcto ejercicio, así como para distribuir los recursos de tal modo que otorguen condiciones equitativas para los distintos aspirantes a puestos directivos y a candidaturas. No se ve probable que se apruebe una Ley de Partidos próximamente. Sin embargo, podría ser factible que se adicionara el Capítulo VI del COFIPE, para establecer formas en las que los procedimientos democráticos sean observados y también para que respeten los derechos de sus integrantes. Las disposiciones vigentes de este Código, previenen:

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– que la Declaración de Principios de los partidos incluya “la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática” (Art. 25); – que los estatutos de los partidos establezcan “los procedimientos democráticos para la integración y renovación de sus órganos directivos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos para contar” con: 1) Una Asamblea Nacional que será la autoridad máxima, 2) Un Comité Nacional que será su representante y 3) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos (artículo 27). – También se dispone en el artículo 38 del COFIPE, que dentro de las obligaciones de los partidos está la de observar los procedimientos que señalan sus estatutos. Y en el Libro Sexto de sanciones, se dice que se sancionará la violación a las previsiones de ese artículo.– La previsión de sanciones para los partidos por no cumplir con procedimientos democráticos en su vida interior es muy vaga. Esto en virtud de que puede interpretarse que la obligación de los partidos para ser democráticos debe ser formal y sólo consiste en incluir en los estatutos o en la declaración de principios el conducirse por procedimientos democráticos, pero si los órganos del partido no actúan de esta forma no hay sanción prevista y entonces queda como una norma imperfecta. De hecho constantemente se toman en los partidos decisiones cupulares que no respetan acuerdos de sus asambleas nacionales o de sus estatutos, y estas violaciones no son revisadas por la autoridad.

CONSIDERACIONES FINALES 1) Los ciudadanos miembros de los partidos deben contar con elementos que les permitan solicitar que la autoridad obligue a los partidos a que se ciñan a procedimientos democráticos. Ha sido muy común ver cómo acarrean miembros, compran votos, hacen

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votar a los muertos y otras lindezas del estilo y eso no es suficiente para que la autoridad intervenga y nulifique elecciones internas de dirigentes y candidatos cuando se han usado esos procedimientos indebidos. Parece que los actos sólo son ilícitos cuando se realizan en los procesos electorales para elegir autoridades y no para los procedimientos internos para elegir candidatos o dirigentes de los partidos. Esto hay que corregirlo y dar facultades a la autoridad electoral para obligar a los partidos a que repongan los procedimientos para nominar candidatos cuando éstos han sido impuestos por las cúpulas partidarias sin mediar procedimientos democráticos. 2) Es necesario reformar la ley para que se reduzca el financiamiento de los partidos políticos. Se están realizando gastos excesivos en materia electoral cuando hay necesidades insatisfechas de la población en materia alimentaria y de salud, por mencionar las más básicas. Parte del desprestigio de los partidos se debe al sobregasto que realizan en la promoción de sus candidatos y tesis en un país con tantos millones de pobres. México tiene la democracia más cara del mundo, sin que ese costo nos haya aportado un sistema de gran calidad democrática. 3) Los partidos políticos deben transparentar ampliamente sus ingresos, no sólo los que les otorga el erario, sino los que reciban de sus donantes. Si no lo hacen, deben ser obligados por las autoridades. 4) La autoridad electoral no debe estar a merced de los partidos, sino tener autonomía respecto a ellos y al gobierno. La situación actual de la autoridad electoral formada por consejeros vinculados a los partidos y que defienden sus intereses, puede resolverse si no se deja en los grupos parlamentarios de los partidos la nominación de consejeros electorales. La propuesta debe quedar a las organizaciones serias de la sociedad civil, sobre las que debe haber un registro, y a las instituciones de educación superior. Estas últimas deben proponer a ciudadanos miembros o no de los partidos, por sus méritos, prestigio y realizaciones. Los nombramientos de los consejeros deberían efectuarse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por los diputados como está dispuesto en la legislación vigente. Este tipo de medidas ya no podrán rea-

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lizarse para las elecciones de 2012, que están en riesgo de no ser bien conducidas por el debilitamiento de la autoridad electoral. 5) Las autoridades no deben fijar multas sólo a los partidos que cometen irregularidades, multas que reducen posteriormente por presiones de los propios partidos que han reducido la autonomía alcanzada por la autoridad electoral; deberían también cancelar candidaturas y aun invalidación de elecciones y cancelación de registros a los partidos cuando cometan faltas graves. 6) Deben autorizarse las candidaturas independientes como un medio adicional para combatir la corrupción y las decisiones arbitrarias de las burocracias respecto de los candidatos. 7) Debe obligarse a los candidatos de los partidos a puestos de elección popular a debatir entre ellos y no permitir que los debates se hagan sólo cuando lo acuerdan los partidos. Esto mejoraría el nivel de nuestra democracia deliberativa. Si se reduce el número de spots otorgados a los partidos y candidatos, ese tiempo oficial podría utilizarse para los debates. Esto beneficiaría a los ciudadanos, quienes estarían mejor informados y dispondrían de mayores elementos de juicio para decidir su voto.

Referencias Centro de Estudios para la Reforma del Estado, A.C. (1995), Partidos Políticos y Sociedad Civil, México. Delhumeau, Antonio (Coord.) (1970), México: realidad política de sus partidos, Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A.C., México. Fuentes Díaz, Vicente (1969), Los Partidos Políticos en México, Ed. Altiplano, México. Garrido, Luis Javier (1982), El Partido de la Revolución Institucionalizada, Siglo XXI Editores, México. González Casanova, Pablo (1965), La Democracia en México, Editorial ERA, México. – (1980), Las Elecciones en México, Siglo XXI Editores, México. Katz, Richard & Crotty, William (2005), Handbook of Party Politics, Sage Publications, London. Lajous, Alejandra (1979), “El Partido del Estado” en Revista Nexos, Año II, No 17, mayo, México.

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Loaeza, Soledad (1993), La Gran Marcha, Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, México. Rodríguez Araujo, Octavio (coord.) (1980), Los Partidos Políticos en México, Editorial ERA, México.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS: LÍDERES Y BASES Francisco Reveles Vázquez

INTRODUCCIÓN

os partidos políticos pueden ser estudiados desde diferentes perspectivas. Como fenómeno político de nuestro tiempo son en primer lugar una de las instituciones más relevantes que deben ser analizadas para conocer su evolución, su situación actual y sus perspectivas. No solamente es necesario explicarlos, sino también señalar cuáles son los recursos necesarios para que su comportamiento se ajuste a las necesidades de la sociedad, y principalmente a la forma democrática de gobierno que prevalece en nuestros días. La dualidad de los partidos como agentes de representación social y como agentes de representación política llega en varias ocasiones a justificar su proceder, sea democrático o no. Los partidos inevitablemente deben ser vistos en estas dos dimensiones y, por lo tanto, hay que señalar con claridad los elementos sustantivos que se deben tomar en cuenta a la hora de evaluar su desempeño. De este modo el análisis tendrá siempre la posibilidad de evaluar su eficacia y su forma de organización, como también el compromiso con sus bases y el grado de acercamiento que tiene con la sociedad en general. Los partidos no son solamente oligarquías, coaliciones dominantes, núcleos dirigentes, camarillas; también están integrados por activistas, militantes, bases, que justamente imprimen un sello característico como organización política. Si nos colocamos en una perspectiva centrada en los primeros actores, nuestras conclusiones nos llevarán por una ruta segura, muy conocida pero poco enriquecedora de los estudios que hasta la fecha se han rea-

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lizado sobre este fenómeno. Por el contrario, si nuestra atención aprecia ambas dimensiones, podrá dar mejores resultados, probablemente más cercanos a la realidad. No está por demás señalar que, por lo menos en nuestro país, los estudios sobre las bases militantes se han desarrollado poco. Por ello ésta es una veta que es necesario explotar al máximo con el fin de encontrar nuevos datos, nuevos conocimientos para comprender al partido político y encontrar nuevas posibilidades de desarrollo para el futuro. En este trabajo establecemos las coordenadas de análisis de los partidos como organizaciones, tomando en cuenta los aportes de diversos autores al respecto1. Se apunta primero una definición básica sobre la organización. Después se exponen las herramientas teóricas que se han confeccionado y utilizado para comprender el comportamiento de bases y dirigentes. Se buscará precisar cómo comprender el comportamiento colectivo de la militancia en su interacción con los dirigentes. Asimismo, de qué manera las decisiones de los dirigentes están mediadas por la participación de otros actores y también condicionadas por elementos sustanciales del contexto. Si bien no pocas de las aportaciones teóricas recientes han colocado el peso mayor del partido en los líderes, nuestra perspectiva es diferente. Dos razones nos empujan a ello: el contexto es determinante en la acción de los dirigentes, por lo que se debe tomar en cuenta sin ninguna duda; en segundo lugar, poner el acento enteramente en el proceder de los sujetos responsables de tomar las decisiones implica concederles un poder ilimitado (divino, de no ser por la carga negativa que suele dárseles a los líderes, por más democráticos que sean). El carácter dinámico de la vida cotidiana del partido obliga a un constante proceso de revisión de nuestras herramientas teóricas. Pero la visión de corto plazo no debe ser el límite de la comprensión del fenómeno, ni mucho menos nos debe llevar a ignorar la necesidad de buscar un futuro mejor para los partidos. Mejor

Autores “clásicos contemporáneos”, les han llamado en algunos trabajos como el de Alarcón (1999).

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para el cumplimiento de sus funciones, eficaz para la representación social y no solamente para las tareas de gobierno; virtuoso en el ejercicio de la acción política pero primordialmente en el ejercicio del poder. De otra manera, nuestra forma democrática de gobierno carecerá de sustento y será tan solo una entelequia. Nada preocupante, de no ser que para muchos ciudadanos esa sería la razón fundamental para luchar en su contra y continuar buscando más y mejores instrumentos de representación y para hacer gobiernos genuinamente representativos.

LAS BASES El partido político es, ante todo, una organización que tiene como objetivo la representación de intereses. Esta afirmación tiene implicaciones contundentes para la comprensión de cada expresión organizativa. Un conjunto de individuos se reúne de manera permanente en torno a una serie de banderas generales comunes, cuya única forma de hacerse realidad es mediante la conquista del poder político. Para ello, en la democracia realmente existente, los partidos buscan el apoyo del mayor número de individuos a través de la participación electoral. Como es evidente, el espacio de acción del partido es exclusivo. Aun cuando otras organizaciones pudieran contar con un grupo de individuos estable, con ideas comunes, con el fin de obtener el poder político, ninguno de ellos puede participar directamente en el escenario político, si no es mediante un partido político. O por lo menos debe adoptar la figura, los usos y prácticas de una institución como ésta. De este modo, tarde o temprano el grupo de interés, el sindicato, la agrupación política, el cacique y sus colaboradores, el líder social y sus seguidores, el empresario y toda su capacidad económica; necesitan del funcionamiento regular de una estructura para ganar votos. Una estructura que no sería más que una maquinaria, de no ser por la presencia de militantes, activistas, simpatizantes que le dan vida como organización. Por más que los medios masivos de comuni-

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cación jueguen un papel indiscutible en la lucha electoral, los partidos no han mostrado capacidad para sobrevivir sin el concurso de individuos afines a sus puntos de vista. Al menos para la lucha electoral, los ciudadanos siguen siendo protagonistas de la acción política diaria. Maurice Duverger fue uno de los autores que comenzó a construir la Ciencia Política. Sus esfuerzos lo llevaron a confeccionar una serie de conceptos útiles para la comprensión de los partidos políticos. Su pretensión de elaborar una teoría sobre ellos resultó discutible desde el principio. Incluso ahora, muchos autores consideran sus planteamientos teóricos superados por la realidad de nuestros partidos. Sin embargo, aun cuando se dejara de lado el contenido de sus propuestas analíticas, cualquier estudioso del fenómeno que se precie de serlo sabe que muchas de las coordenadas del estudio de los partidos parten de su obra (Duverger, 1988): de la forma que organizó el conocimiento que del mismo existía hasta mediados del siglo XX, de los elementos de análisis que enlistó en sus trabajos y del tratamiento que hizo de los datos, de la información, de los casos que tuvo a la mano para darle consistencia a sus proposiciones2. Los partidos buscan un respaldo social para la consecución de sus fines. Por ende, los niveles de acercamiento que tienen con la sociedad fueron identificados por Duverger a partir de la distinción entre miembros, militantes y simpatizantes. Su grado de adhesión es diferenciado, en razón de su cercanía con el partido, tanto desde una perspectiva ideológica como desde una perspectiva organizacional. Los dos primeros estratos están dentro del partido, mientras que el último mantiene una distancia reflejada generalmente en su falta de afiliación al partido. La entrada a un partido implica un elevado grado de adhesión. El individuo está convencido que el partido es suyo, que es la mejor opción, y se integra a él firmando un documento, pagando una

Llama la atención que textos recientes sobre el tema recurran constantemente a Duverger como punto de partida para formular nuevos planteamiento sobre el asunto. Cfr. Espinoza Toledo (2006), Larrosa (2007), y Ware (2004), así como también los textos de Gunther y Diamond (2001) y Bartolini (1996).

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cuota y estableciendo un compromiso de militancia. Pero, como se sabe, no todos los que se afilian a un partido participan de la misma manera; no todos tienen el mismo grado de compenetración con la militancia. Desde mediados del siglo pasado se distingue al miembro del militante, al afiliado del activista, quien es el sustento de la mayor parte de las actividades de la organización, sean electorales o no. Los activistas se encargan de concretar las decisiones de sus líderes: son correas de transmisión de información, distribuidores de tareas, hacedores de campañas, difusores del pensamiento ideológico del partido y propagandistas electorales y políticos la mayor parte de su tiempo. Incluso les corresponde hacer tareas que en muchas ocasiones no tienen que ver con la participación electoral, sino que se derivan de la vida permanente de la organización, tales como la administración y mantenimiento de la infraestructura partidista. No es raro que los activistas se conviertan en líderes. De hecho, ocasionalmente su proceder tiene esa finalidad. Pero eso depende de la estructura de oportunidades que el partido ofrece a sus miembros. Los diferentes grados de adhesión quedaron bien establecidos por el autor francés (Duverger, 1988: 139-145). Es claro que los militantes y activistas no toman decisiones; mucho menos los simpatizantes. Pero otros autores recientemente han establecido las tensiones que pueden ocurrir en caso de que las bases sean ignoradas del todo por los dirigentes. Si esto sucede en el caso de las bases, las repercusiones de no tomar en cuenta a los activistas pueden ser contraproducentes. Duverger hizo una aportación aparentemente sencilla para el estudio de las bases: señaló cuáles eran las formas organizativas que adoptaban los diferentes partidos de su época. Cuando se habla de “las bases” a menudo se puede caer en una visión idealista, imaginando a un numeroso conjunto de militantes dispuestos a seguir a sus líderes en todo momento y para cualquier fin. El hecho de que los partidos tiendan a ser permanentes (como lo señalaron en su momento Lapalombara y Weiner, 1966:6) no implica que haya una masa militante siempre dispuesta a la acción ni mucho menos dócilmente sometida al parecer de los dirigentes. Duverger

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llamó “elementos de base” a las formas organizativas en las cuales los miembros militan, realizan sus prácticas políticas, participan en el partido. Habló de cuatro: el comité, la sección, la célula y la milicia (Duverger, 1988: 46-70). Los elementos de base correspondían a determinado partido político e incluso su forma dependía de su postura ideológica: para un partido de cuadros, bastaba con contar con comités, con grupos pequeños de individuos distinguidos, “notables”, cualitativamente distintos al resto de los sujetos, que se reunían en tiempos electorales para el debate político y para el impulso de alguno de ellos en la campaña correspondiente; por el contrario, para un partido de masas lo natural era contar con secciones, o sea con grandes grupos de individuos que, de manera constante se informaran y formaran políticamente, y actuaran en campañas y en luchas sociales en general. Si los primeros creían en el individuo virtuoso, mejor que los demás, y capaz de asumir una responsabilidad política de gran envergadura, los segundos depositaban su confianza en el grupo, en los compañeros, en la acción colectiva para la búsqueda de fines comunes. Los elementos de base y la carga ideológica en las prácticas de los militantes son componentes sustantivos de los partidos políticos. Incluso hoy, cuando se aprecia un predominio de la acción electoral, cuando los ciudadanos no expresan un gran apego a los partidos ni están dispuestos a la militancia cotidiana, y cuando los dirigentes a menudo parecen despreocuparse por no tener una amplia base de apoyo, los miembros de los partidos tienen una posición ideológica (aunque probablemente difusa) y requieren un mínimo espacio de acción en el partido político. Estos componentes del fenómeno exigen mayor rigor en el análisis para, si se desea, refutar los planteamientos de Duverger al respecto. Por lo pronto, autores como Katz y Mair han señalado recientemente que los partidos se pueden caracterizar conforme a sus tres caras, que son las del partido de aparato, el partido de las bases y el partido en el gobierno (Katz y Mair, 2007: 101-102). Cada una de ellas tiene una lógica que gravita en torno a los fines: votos, cargos o políticas (es lo que señalan Strom y Müller, 1999: 5-9). La disputa por estos recursos provoca cambios que tienen consecuencias en el funcionamiento general de la organización.

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“Las bases” abrazan un ideario ideológico y actúan en un espacio organizativo. A menudo se habla de ellas como si fueran un actor unitario, cuando en realidad sabemos desde hace mucho tiempo que sus ideas y acciones se cristalizan en espacios organizativos diversos y principios ideológicos de diferente contenido. Duverger estuvo atento a estos elementos del partido. Pero además señaló las interacciones que existían (o podían existir) en su interior, pensando primordialmente en su funcionamiento regular y no en la lucha interna por el poder que (ahora lo sabemos) viven cotidianamente. Es probable que su enfoque se halle limitado por el afán que tenía de establecer la teoría general sobre los partidos y por tratar de mantener la objetividad que demandaba la ciencia política que estaba construyendo. Ello no impidió que ignorara procesos políticos de la mayor relevancia, tales como las diversas interacciones entre los elementos de base con los órganos de dirección y las formas de estructuración organizativa, considerando los diferentes niveles de participación y de dirección. Estos procesos fueron identificados como formas de articulación mediante enlaces verticales y horizontales que daban como resultado una mayor o menor centralización o descentralización en la toma de decisiones. Cuidando de no identificar descentralización con oligarquización, Duverger llamó la atención sobre los distintos espacios de acción sin establecer una visión prescriptiva con sentido democrático sobre el partido. Los enlaces verticales son aquellos que se dan entre una instancia de dirección superior sobre una inferior. Entonces se ubican los escalones de una estructura que imaginamos generalmente como piramidal. Y normalmente suponemos que las directrices se dan en un solo sentido: de arriba hacia abajo. Pero al considerar los enlaces horizontales entre estos mismos elementos de base o bien entre órganos de dirección de nivel intermedio, la perspectiva puede cambiar: la posibilidad de las interacciones es múltiple y las relaciones son de intercambio, mientras que la estructura piramidal, si bien no se desmorona, sí puede adoptar formas de otro tipo. La centralización en el partido depende, en gran medida, de la articulación general de la organización. Los enlaces tienen un papel, pero el comportamiento de los dirigentes también contribuye

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a la descentralización. Por ejemplo, la presencia de fuertes liderazgos locales con influencia en la toma de decisiones, no se limita por los espacios de acción de las bases ni por una estructura que establezca el predominio formal de la dirigencia nacional. La centralización-descentralización no se reduce a las interacciones entre diferentes niveles de dirección, sino que implica tanto el comportamiento de los líderes como la cultura política de los militantes. Las actitudes, principios y prácticas políticas particulares de los miembros de cada partido fueron identificadas por el autor francés en tres tipos generales: comunidades, sociedades y órdenes (Duverger, 1988: 153-162). Así, siguiendo su distinción inicial entre partidos de cuadros y partidos de masas, estableció el perfil de socialistas, comunistas, fascistas y demócrata cristianos. Los partidos de notables eran fáciles de distinguir, pues en general estaban en consonancia con su credo ideológico: proclives al conservadurismo y al liberalismo, se distinguían tanto en comportamiento como en extracción social. Si bien esto se modificó con la paulatina ampliación del voto, persistieron las diferencias entre partidos, independientemente de su dimensión (militancia reducida o extensa). Al hablar de las bases partidistas, en particular de las que denominó como comunidades, Duverger retrató a los partidos de masas de la primera mitad del siglo XX. Al parecer sin proponérselo, determinó el ideal del partido para toda época histórica: un partido permanente, ideológico, con muchos afiliados, con gran activismo en su interior y fuerte capacidad de movilización, cualidades todas ellas orientadas por los fines que iban más allá de lo electoral. En síntesis, un partido como un agente de representación de intereses sociales apto para tomar decisiones y, con ello, capaz de concretar el ideario partidista para brindarlo no sólo a los militantes, sino a toda la sociedad. Poco tiempo después del texto de Duverger, otros autores percibieron el declive de ese ideal, como Kirchheimer (1980: 331). Desde el partido atrapa-todo, una constante entre los especialistas ha sido destacar este declive, confundiendo la transformación de un modelo de partido en otro con una crisis generalizada de esta forma de organización política. Pero pocos han llamado la atención respecto a que no todos los partidos podían convertirse en atrapa

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todo, como lo señala Della Porta con relación a los partidos confesionales (por su credo religioso) o bien de los socialistas (formados por un sindicato, Della Porta, 2004: 76). Es una idea común afirmar que los partidos no son más lo que fueron antes; tampoco los dirigentes y menos los militantes. Pero las comunidades partidistas continúan, aunque su dimensión sea reducida. Incluso, pese a que durante varios años se llegó a plantear el fin de las ideologías y el predominio del “pensamiento único”, no es difícil identificar las percepciones y comportamientos diversos entre los militantes de los partidos. Generalmente se piensa en los simpatizantes o en los electores. Se habla del endeble grado de afinidad y compromiso que tienen con los partidos, lo cual es toda una realidad. Pero no es cierto que los militantes hayan perdido todo tipo de vínculos con el partido. Aunque reducidas, las comunidades políticas partidistas prevalecen. En este caso, tal vez sea mejor utilizar el término de cultura política para caracterizarlas como una herramienta para comprender mejor este fenómeno. Los estudios sobre la cultura política de los miembros son de actualidad indudable y de gran valor, sobre todo para darle un giro a la tradicional visión pesimista que pende sobre los partidos hoy en día. Aunque menos que antaño, los partidos tienen todavía militantes y activistas que les aportan una parte de su vida para las actividades ordinarias y regulares. Fuera del partido el militantismo se da en espacios como la casa, el trabajo, la escuela, el club, la organización social, el sindicato, la colonia, el barrio o la unidad habitacional. En el partido, en la selección de dirigentes y candidatos, en la definición de las propuestas ideológicas, en la formulación de políticas públicas o leyes, en las campañas electorales y en las movilizaciones extra electorales. Los miembros sostienen un conjunto de ideas y valores en torno al gobierno, los partidos, las instituciones, la democracia y el sistema político en general. Y su lugar de origen, su composición social, su formación educativa, su experiencia laboral y sus antecedentes políticos determinan hasta cierto punto esas ideas y valores.

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El estudio de estos elementos permitiría comprender mejor a las bases y, por lo tanto, a los dirigentes de los partidos. Las bases han merecido poca atención de parte de los especialistas (por lo menos en México). Michels en su momento estableció una psicología de las masas en las que destacó las características de los militantes que hacían posible el dominio de los dirigentes. En síntesis, apuntaba las siguientes: ➢ Las bases son amorfas, anárquicas y sin orientación ideológica precisa. ➢ Las masas son incapaces de autogobernarse. ➢ Las bases necesitan de liderazgos que los guíen. ➢ Las masas confían en sus dirigentes. ➢ Las masas desarrollan rápidamente un culto a la personalidad de sus líderes (Michels, 1991: 94-111). Como es evidente, en el fondo hay una carga negativa en la concepción de Michels sobre las masas (sobre el individuo en términos filosóficos). Hay que tomar con cautela estas consideraciones. Son un punto de referencia necesario pero no suficiente para comprender este componente esencial de los partidos. Es fácil aceptar la ley de hierro de las oligarquías porque pululan ejemplos por doquier de partidos controlados por sus élites. Pero si se aprecia que el único modo que tienen los dirigentes de controlar sus bases es construir una relación de intercambio, un vínculo recíproco, bidireccional, entonces el asunto se torna complejo. En otras palabras, si hay oligarquía en un partido es porque sus bases son amorfas, pasivas, dependientes y dóciles. Desde que surgió el concepto de legitimidad, tal perspectiva resulta cuestionable. El dominio implica cierto grado de aceptación de quienes son dominados. Si la oligarquía partidista existe es porque hay bases dispuestas a aceptar que no represente sus intereses sino únicamente los de su grupo. No se trata entonces de una masa sometida por entero a sus dirigentes, sino con capacidad para resistir, para reaccionar ante las decisiones de “los de arriba” o para aceptar las sentencias de sus superiores. Requerimos de un conocimiento más profundo de las bases para, por un lado, cuestionar el alcance de las decisiones de los líderes y, por otro, establecer el perfil de su participación política. Sus usos

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y costumbres, sus principios y sus prácticas. Todo ello en el contexto en el que vivimos en las últimas décadas. Debe recordarse que en México, con el declive del Partido Revolucionario Institucional, surgieron o se consolidaron nuevos partidos, sumando membresía en forma creciente, dando espacio para la participación de nuevos ciudadanos, muchos de los cuales carecían de ese tipo de experiencia política. Con todo y que sea una militancia reducida (y las más de las veces imposible de medir con certeza hasta el momento), las bases militantes de los partidos existen y tienen un papel esencial en la dinámica del sistema político en su conjunto. Aun en el caso de los partidos con militancia no permanente ni entregada por entero a la organización, hay una franja de miembros de gran valor: los activistas. Es probable que la franja de militantes más comprometidos, más integrados, más participativos sean los que se separen de las base en general, de aquellos que se afilian, asisten esporádicamente a las reuniones de su comités o acuden ocasionalmente a las movilizaciones más importantes. Los activistas representan los viejos modos de participación, aquellos que en su momento Duverger describió en su multicitado trabajo. Sea como sea, los activistas no toman las decisiones fundamentales y, por lo tanto, constituyen parte de lo que debemos seguir considerando como bases. En todo caso, su papel demanda un estudio riguroso para ver el impacto de su participación.

LOS LÍDERES La lógica de la acción de los líderes es un tema más explorado por la literatura especializada. Una de las primeras aportaciones fue la de Ostrogorski quien, si bien cuestionó a los líderes, criticaba al partido como organización rígida que limitaba la libertad del individuo maniatándolo sin cortapisas (Ostrogorski, 1988: 49-50). Michels fue directo en su crítica a los oligarcas: ➢ Al asumir el poder, los dirigentes desean perpetuarse en él a toda costa.

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➢ Los líderes se separan de las bases. ➢ Los líderes adoptan posiciones más radicales que las de los militantes debido a su condición de clase (más alta y con mayor grado de instrucción que las de las bases). ➢ Los líderes se convierten en expertos que tienen en sus manos el conocimiento y la experiencia política de la cual carecen las bases. ➢ Los líderes acostumbran hacer alianzas entre ellos para conservar el poder (Michels, 1991: 9-30).➢ Las ideas del autor alemán fueron debatidas desde siempre. Juan J. Linz recientemente polemizó con él, sin dejar de admitir la vigencia de varios de sus dichos pero desechando varios de sus planteamientos (Linz, 1998:71-74). Una de las aportaciones de Michels para la comprensión del fenómeno fue que entendió el proceso de burocratización de los liderazgos, señalando que la misma perdurabilidad del partido tiende a generar un estrato de expertos, de especialistas en ciertas tareas que, por esa razón, adquieren mayor poder que el resto de los militantes. La burocratización nos remite al concepto de desarrollo organizativo del que habla Panebianco. En síntesis, significa que el partido deja de ser un medio para pasar a ser un fin, sobre todo para sus dirigentes (Panebianco, 1990: 37). La visión idealista del partido como un agente de representación de intereses y para el acceso al poder es superada por la realidad: los partidos, tarde o temprano, en forma acelerada o pausadamente, viven una burocratización en la cual los dirigentes perciben a la organización como un fin en sí mismo. Su poder llega a ser el único objetivo, por lo que el futuro superior del partido queda en un plano secundario. La diferencia entre Panebianco y otros autores que trabajan el enfoque organizacional es que, en su perspectiva, la profesionalización partidista es un proceso natural. Incluso las bases viven el proceso, experimentando el cambio en sus propias prácticas políticas. Este autor distingue dos fases del desarrollo organizativo: la génesis y la institucionalización. En cada una el comportamiento de líderes y bases contiene rasgos peculiares. En la fundación, la participación de los individuos es espontánea, dinámica, y exten-

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sa, con base en banderas difusas, amplias y que se despegan de las predominantes en el ambiente político. En no pocas organizaciones los liderazgos surgen espontáneamente y tienen un margen de maniobra amplio, en la medida en que los incentivos son colectivos, es decir, ideológicos. Las bases están dispuestas a seguir a sus dirigentes porque la causa común, el tipo de adversarios o las condiciones de la lucha política en general así lo exigen. Hay ciertas condiciones en el proceso fundacional que le conceden un gran poder a los dirigentes: si sus recursos constituyen el sustento económico del partido, o si provienen de una organización previa con solidez estructural, son sustanciales para la organización y, en consecuencia, influyentes en la toma de decisiones. A estos factores se agrega uno más, subjetivo pero presente en no pocas experiencias: un liderazgo carismático. En este caso las decisiones están centradas en un individuo con cualidades excepcionales (en razón de su personalidad o bien del contexto o la situación en la cual actúa) (Panebianco, 1990: 113). En general, la falta de reglas para la regulación de la toma de decisiones, la participación espontánea, las banderas ideológicas difusas y la estrategia de confrontación con los otros partidos son características que le conceden un margen amplio de maniobra a los líderes. Por su lado, las bases juegan un papel activo, sostienen financieramente a la organización, se movilizan, opinan y contribuyen de diferentes formas a resaltar y enaltecer a la nueva organización. Esto cambia con el proceso de institucionalización de la organización. La participación se atenúa, las banderas generales se definen mejor, se instauran reglas internas, los incentivos para los militantes son selectivos (materiales o de estatus) y los liderazgos se acotan significativamente (salvo en el caso de los líderes carismáticos). Las bases se reducen en número y su participación se guía por recursos materiales, cargos de elección o cargos de gobierno. Los militantes se preocupan por definir una estructura de oportunidades que les dé cabida en la alta esfera del poder, en el núcleo central partidista o bien en los asuntos más relevantes de la vida interna. Para ellos también el partido se transmuta en un fin en sí mismo.

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Con la institucionalización, los dirigentes ven restringido su espacio de acción; las banderas ideológicas se perfeccionan como principios doctrinarios; las virtudes y defectos de los líderes se juzgan en su justa dimensión debido al paso del tiempo (o también al éxito o fracaso político que haya experimentado la organización); y principalmente la regulación de las diversas interacciones internas y externas de las múltiples actividades partidistas constituyen los límites de su comportamiento. Esto es consecuencia de la permanencia de la organización, pues militantes y dirigentes procuran institucionalizar su comportamiento para asegurar esa perdurabilidad. Sean reglas formales o informales, con unidad o sin ella, con éxito electoral o sin él, los partidos experimentan este proceso. En unos casos fuerte, en otros débilmente, pero pasando por tal transformación más de una vez a lo largo de su existencia3. Precisamente este “destino final” (la institucionalización) es lo que se ha cuestionado al modelo Panebianco. Asimismo se le objetó que no aclarara los indicadores de la institucionalización, más allá de algunos señalamientos entorno a la regularidad de normas. No obstante, tanto el proceso de fundación como el de institucionalización pueden ser identificados en la historia de cualquier partido. Y las capacidades y atribuciones de líderes y bases se apegan más o menos al modelo de partido ya señalado. De lo que se trata es de pensar que tales fases no son forzosa y únicamente dos (un origen y un destino) sino que expresan diversas etapas de desarrollo: un partido puede vivir mucho tiempo un proceso fundacional, mientras otro puede alcanzar una fuerte institucionalización en un lapso breve de tiempo o bien carecer de solidez y, sin embargo, contar con reglas no escritas consentidas por sus grupos internos, aunque no necesariamente sean el reflejo fiel de las normas formales confeccionadas en el seno de la organización. En efecto, es irremediable que haya un núcleo de dirigentes que deben tomar decisiones, pero eso no implica que ignoren a las bases por sistema. Se trata de un fenómeno normal en una organiza-

Las características generales del paso de la fundación a la institucionalización están señaladas por Panebianco en el primer capítulo de su libro.

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ción y principalmente en un partido: la participación electoral, la acción política regular, el ejercicio del poder, el trabajo parlamentario, son actividades en las que está inmerso, por lo que resulta forzosa la existencia de líderes que se hagan cargo de la representación del partido, de su sostenimiento y de la instrumentación de las campañas proselitistas. La simple interrelación de los distintos niveles de la estructura e incluso una interacción horizontal entre los espacios de participación de las bases implica que alguien acometa estas tareas de enlace, colocándose (hasta cierto punto) por encima de los espacios ya señalados y de los militantes de base. Los líderes es un término que ha sido mejor definido por los teóricos de los partidos. Son los tomadores de decisiones los que determinan el programa, la doctrina, las normas, las prácticas, las candidaturas, las políticas de gobierno. Sean formales o informales, estén en la estructura o no, son quienes determinan el perfil de la organización y su rumbo en el sistema político. En la actualidad, el mismo desenvolvimiento de los partidos ha constatado tendencias claras en su proceder. El comportamiento de los líderes debe ser analizado desde una perspectiva politológica clara, en el sentido de que su estatus solo es posible si hay quienes obedezcan sus decisiones. Hay que considerarlo siempre como parte de una relación entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados, entre quienes mandan y quienes obedecen. Una relación recíproca, aunque desigual. Los líderes, como los gobernantes, pueden tomar decisiones en beneficio propio o en el del conjunto de los miembros: su comportamiento no es fatalmente oligárquico. En realidad esa es solo una de las posibles vías para el ejercicio de su poder; no es destino único, fatal e ineludible. En consecuencia, su comportamiento es susceptible de ser democrático, oligárquico, aristocrático, autoritario o totalitario. Es común la reproducción de la vieja sentencia michelsiana (la “ley de hierro de las oligarquías”) sin que se caiga en la cuenta de que el proceder de los líderes tiene una serie de restricciones a su libre albedrío. Como en alguna época de la historia humana incluso el rey necesitaba de la justificación del mandato divino para sostenerse en el poder, así los dirigentes partidistas requieren en la

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actualidad de un conjunto de reglas que justifiquen su existencia y que regulen su relación con las bases. En el fondo, tales reglas delimitan su dominio y hacen posible, si se quiere ver de ese modo, la conservación de su poder. La legitimidad de sus actos demanda el consenso de sus militantes, principalmente en una organización partidista donde una inadecuada o insuficiente comunicación con los miembros acarrearía parálisis en tiempos de campaña o de movilización política, lo que constituiría todo un riesgo para su propia supervivencia. Los procesos y espacios de participación son permanentes y sirven justamente para reafirmar el respaldo de la militancia. No hay otra manera de hacerlo, so pena de padecer un revés electoral e incluso una derrota política de mayor envergadura. Strom y Müller han señalado con claridad las condicionantes de los liderazgos partidistas, tanto internas como internas. 1) El sistema electoral 2) El sistema de partidos 3) La estructura y en particular las atribuciones de líderes y bases 4) Otros factores endógenos, como las características personales de los líderes 5) Factores exógenos, tal como la situación de la economía o una guerra (Strom y Müller, 1999: 1-31). Cada una tiene consecuencias en el desenvolvimiento del partido y permite ver desde otra perspectiva el alcance de la oligarquía partidista, de las decisiones de la cúpula, del núcleo central, de la coalición dominante. Aun en un partido con un liderazgo personalista, tales restricciones funcionan en forma similar. En el ámbito latinoamericano, este tipo de partido ha sido común, aunque no tanto como se presume (Alcántara, 2004: 150). La organización es fundada por un líder o bien en alguna parte de su trayectoria asume un papel indiscutible e indisputable. El “jefe”, sea por su carisma, por su cargo gobernante o por sus recursos financieros, controla las principales zonas de incertidumbre. Cuando el partido se ubica en la oposición, además de líder, suele ser candidato a un cargo público de elección relevante. Si gana, su poder se acrecienta, definiendo la agenda de gobierno y del partido en el congreso (con

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o sin la anuencia del resto de los dirigentes). En ello contribuye, como es obvio, el tipo de régimen político; claramente cuando es presidencialista. Dado este equilibrio de fuerzas, el líder máximo tiene influencia también en la definición de posiciones del partido, en la renovación de dirigentes y en la selección de candidatos. La debilidad organizativa es correlativa con este tipo de liderazgo personalista. Si gana elecciones, todo funciona bien: si el líder es derrotado en la elección constitucional, la vida del partido será incierta. Peor aún si el jefe decide abandonar la acción política (por motivos personales naturalmente)4. De esta manera, en términos generales, el papel de los liderazgos es complejo. No todo su proceder se reduce a la ambición política. En todo caso, es menester analizar cómo llega el líder al poder y también cómo lo conserva. En su ejercicio confluyen una serie de variables que no necesariamente pueden controlar. Esto cuestiona sustancialmente la tendencia a la oligarquización planteada por Michels. Hay que pensar la ley de hierro dos veces para identificar las diversas aristas que en el fondo implica no la oligarquización, sino el grado de democracia que prevalece en un partido5. No siempre los líderes pueden decidir de manera libre y sin complicaciones. El ejercicio del poder generalmente exige una gran dosis de capacidad de negociación de su parte. Es aquí donde aparecen los dirigentes intermedios, los regionales, los pertenecientes a organizaciones sociales o políticas previas, o simples ciudadanos militantes en el partido. Y también los dirigentes deben de tomar en cuenta a los activistas, esa franja de miembros que sostiene el funcionamiento cotidiano de la estructura. Las diferencias entre los líderes suelen ser numerosas: de extracción social, de formación educativa, de experiencia profesional, de edad, de alcance nacional o local de su dominio, de estrategias

Pese a todo, la conversión del partido en fin en sí mismo provoca que los otros dirigentes se aboquen a la tarea de resguardar y mantener a la organización, como lo constata Alcántara en varios casos de partidos latinoamericanos. Derivado de los estudios de Freidenberg, puede decirse que hay diversos grados de oligarquización que implican, a la inversa, diversos grados de democratización (Freidenberg, 2005: 95).

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ideológicas o personales (Michels, 1991: 1998-199). Esto hace más compleja su acción y también permite apreciar las características de la coalición dominante tal cual es. Como se sabe, no es raro encontrar en el ámbito latinoamericano la presencia de fuertes liderazgos personalistas (carismáticos o populistas, como se les ha llamado recientemente), influyentes incluso en el sistema político en su conjunto. Para los partidos este tipo de líderes ha sido factor esencial en su vida, tanto para su nacimiento, desenvolvimiento o destrucción (o al menos para su falta de consolidación organizativa, para no ser catastrofistas). El liderazgo personalizado destruye cualquier tipo de oligarquía. De hecho un grupo dirigente es capaz de ponerse de acuerdo en torno al sostenimiento de determinada política, pero si el líder disiente, la dirigencia suele retractarse y asumir la directriz de su principal liderazgo (Calise, 2004: 51-60). Lo peor que le puede suceder a un partido personalista es disolverse si su principal líder desaparece (ya sea por muerte natural, por su retiro de la vida política o por sufrir una contundente derrota electoral). Los otros dirigentes cuentan con pocos recursos para superar esta situación. De manera que, con su líder máximo en funciones, no les queda más que asumir su autoridad, subordinarse y esperar mejores tiempos para ganar más poder (sea en el partido, en el gobierno o en el parlamento). El corporativismo es a menudo otro factor influyente en la toma de decisiones de los dirigentes partidarios. Si esto sucede en el caso de que, por ejemplo, un sindicato crea un partido, también llega a ocurrir que el sindicato debe ser considerado forzosamente para el reparto de los espacios de poder y más aun si su peso es electoralmente relevante. Con ello asegura su lugar en la coalición dominante, sea cual sea su composición y cualquiera que sea la fracción o corriente hegemónica. En este caso sucede algo parecido con los activistas: las corporaciones deben ser tomadas en cuenta obligatoriamente, a riesgo de perder votos. Si el régimen legal lo determina, las organizaciones sociales tienden a contar con gran influencia para la competencia electoral. Un partido ávido de sufragios para conservar su registro legal, está expuesto al chantaje de estas organizaciones, lo que no es otra

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cosa más que clientelismo. Los valores de intercambio acotarán el peso de los dirigentes, o bien darán un mayor juego a su acción, a reserva de tener que compartir con las clientelas compradas. El contexto político tiene una influencia evidente en los liderazgos. Y éstos no siempre tienen la capacidad de enfrentarlos y conseguir la plena satisfacción de sus intereses particulares. A menudo se les concibe como omnipotentes, sabedores de toda la información y portadores de cuantas habilidades sean necesarias para ejercer su función; nada más alejado de la realidad. Incluso aquellos líderes que ofrecen una apariencia de seguridad, capacidad, fortaleza, corren el riesgo de equivocarse. Es una cualidad que va más allá de la personalidad de los sujetos y tiene que ver con la propia lucha que el partido desarrolla. Los imponderables suelen ser el fracaso de una estrategia, un revés electoral, un acto de corrupción, un escándalo mediático, una crisis económica. Los componentes simbólicos del liderazgo no deben nublar el análisis: los líderes se equivocan, aunque a menudo sus yerros se oculten o incluso se disfracen de lo contrario. Desterrar la idea de la infalibilidad de los dirigentes ayudaría a democratizarlos y, desde una perspectiva analítica, explicar mejor su realidad. Los partidos no tienen el liderazgo de una sola persona, ni ese liderazgo se halla necesariamente en la estructura formal. Una de las cualidades de los partidos es su composición como un conjunto de individuos con intereses comunes, que pretenden hacer generales al conquistar el poder mediante el respaldo electoral de los ciudadanos. La comunidad de intereses no implica unanimidad en las ideas ni en las prácticas. Por ello en el partido hay una lucha constante por el control de las decisiones, ganar los espacios de poder y finalmente, adoptar las decisiones más pertinentes. La permanencia de la organización obliga a los partidos a renovar sus dirigencias periódicamente. Forzado por el entorno democratizador en algunos casos, los partidos han debido utilizar cada vez más métodos democráticos para ello (al menos eso sucede en el espacio latinoamericano, como lo ha constatado Freidenberg, 2006: 10-11). La renovación de dirigentes en general es inevitable. Es justo por eso que, por lo general, los dirigentes se encuentran dentro y fuera de los espacios formales de dirección. En su mo-

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mento, Michels señaló la estrategia que seguían para impedir una renovación drástica de la dirigencia. Habló de la renovación mediante la “amalgama” de los dirigentes en funciones y de los que aspiraban a serlo, con tal de evitar inestabilidad y conservar el poder sin problemas (Michels, 1991: 207). Aun así, los liderazgos deben renovarse con la participación de las corrientes que pululan en su seno. La variedad de procedimientos formales para la renovación de los dirigentes refleja la diversidad de estructuras partidistas y de los perfiles de quienes aspiran a serlo. Duverger resaltó algunos de los mecanismos de control que sirven para conservar el poder en un partido: el uso del voto indirecto, el control del proceso por parte de los líderes en funciones y la presentación de los candidatos por ellos mismos (Duverger, 1998: 165-176). La obsesión por el poder, diría Michels, propicia que los líderes manipulen a las masas, establezcan lazos de complicidad y eviten lo más posible un cambio drástico. Sin embargo, la disputa por el poder es compleja puesto que no siempre los líderes se ponen de acuerdo para la sustitución. Lo cierto es que generalmente no actúan solos: pertenecen a fracciones cuyo objetivo principal es la posesión de los espacios de poder más relevantes. Panebianco señaló que el resultado final de la disputa es la integración de una coalición dominante, en otras palabras un conjunto de dirigentes que reúne a la mayoría de las corrientes (si no es que a todas). Una coalición que buscará su propia estabilidad y cohesión, so pena de padecer los problemas propios de una institucionalización débil y del divisionismo interno (Panebianco, 1990: 89-94). Los líderes forman parte de fracciones políticas. Sartori formuló un esquema de análisis de estos grupos, con el cual abarca prácticamente a todos los tipos: desde aquellas más generales, de opinión, no estructuradas, intermitentes y difusas; hasta las que son más estables, bien organizadas, con capacidad de iniciativa y acción, prestas para la toma de decisiones. Tendencias, facciones, fracciones, corrientes, todas ellas se identifican plenamente con la propuesta de Sartori. Las dimensiones principales para identificar a las fracciones son:

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a) Estructura: organizada o sin organizar. b) Motivación: por poder o por promoción de ideas. c) Actitud: ideológica o pragmática. d) Posición: de derecha o izquierda. e) Composición: personalista o de coalición. f) Papel: político, de apoyo o de veto (Sartori, 1992:111). Los líderes provienen de estas fracciones. Incluso una sola fracción puede ocupar todos los espacios de poder, aunque esto no es lo más común. De manera que el tipo y el peso de las fracciones determinan el tipo de dirigencia, el núcleo central dominante a la oligarquía. Nuevamente hay que citar a Duverger, pues él habló de tres tipos de dirigencias: los clanes o camarillas, los equipos de dirección y las burocracias. Los clanes o camarillas se basan en relaciones de parentesco; los equipos de dirección, en acuerdos entre líderes, sin vínculos afectivos fuertes; y las burocracias son grupos profesionales con aparatos administrativos fuertes y especializados (Duverger, 1991: 182-183). La diversidad de partidos y, por lo tanto, de dirigencias hace que la propuesta de Duverger sea limitada. Por eso hay que recuperar la noción de coalición dominante de Panebianco, que es un concepto más general y carente de alguna carga negativa que provoque sesgo en el análisis (a diferencia sobre todo del término “oligarquía”). La coalición dominante está integrada por líderes de corrientes. Aun ante la presencia de un líder carismático, el acuerdo con los grupos internos es ineludible. La distribución de las funciones partidistas implica la participación de las diversas corrientes. La ejecución de dichas funciones son espacios de poder que le dan lugar a cada una de ellas en la coalición dominante. Los espacios de poder son: 1. Experiencia y capacidad de ciertos miembros para puestos de alto nivel. 2. Relaciones con el exterior. 3. Comunicación interna. 4. Formulación y utilización de las normas estatutarias. 5. Finanzas. 6. Reclutamiento de cuadros (Panebianco, 1990: 84-88).7.

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Además de estos espacios señalados por Panebianco, en el caso de los regímenes presidenciales como el mexicano, las relaciones entre los dirigentes con el titular del Poder Ejecutivo (o con sus colaboradores más cercanos) constituyen un espacio de poder por demás relevante. Si se trata del partido del presidente, la relación es directa, con una influencia notoria incluso en la coalición dominante. Si el presidente no pertenece al partido, el tipo de vínculo dependerá de los objetivos políticos de cada actor y de la coyuntura política. Por lo menos en México, las relaciones entre el gobierno y la oposición jugaron un papel sustantivo para la supervivencia de varios partidos que establecieron acuerdos “invisibles” para poder sostenerse en el escenario electoral de la época. El significativo peso de los gobernantes en los partidos fue percibido por algunos autores recientemente. En la propuesta analítica de las tres caras del partido, Katz y Mair destacan el papel de los líderes, de los gobernantes y de los activistas. Habría que dar un lugar especial también a los legisladores o parlamentarios, que en no pocas ocasiones llegan a formar parte de la coalición, tan sólo por ocupar un escaño en el congreso. Su peso se resiente en gobiernos divididos y naturalmente en regímenes parlamentarios. Los gobernantes tienen un peso real en la vida interna. Influyen en la toma de decisiones debido principalmente a los incentivos materiales que pueden proporcionar a militantes, activistas y dirigentes. Es tal su influencia que constituye el fundamento de la caracterización de Katz y Mair sobre el nuevo modelo de partido predominante en nuestros días, el de partido cartel (Katz y Mair, 2002: 111-112). Pero en este caso, como ya se señaló antes, su poder es efímero, pues está constreñido al periodo que le corresponde gobernar. Lo mismo sucede con los líderes parlamentarios. Su papel de intermediación con el Poder Ejecutivo, con los otros partidos y con la sociedad en general (para decirlo rápido) les confiere una condición privilegiada en el sistema político y, en consecuencia, en la dirigencia del partido. La relación entre gobernantes y parlamentarios depende en gran medida del tipo de régimen político. En el presidencialismo generalmente el peso del presidente en su partido es contundente, y

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si cuenta con la mayoría legislativa, lo será aún más (a menos que sea un partido con un agudo fraccionalismo interno). La disciplina partidista depende de esa relación con el Ejecutivo, pues los incentivos de diversa índole estarán concentrados en el gobierno (Béjar, 2006: 169). Los líderes partidistas se encuentran naturalmente limitados en su poder debido a esto. No se compara el estatus, los cargos, el salario, el tipo de decisiones, ni el financiamiento que pueden manejar unos y otros en sus respectivos ámbitos de acción. Tal situación no hace sino confirmar el hecho de que la coalición dominante se integra por líderes formales e informales que están ubicados en el partido, en el gobierno y en otras organizaciones aliadas o integradas a la organización. Entre los factores externos que restringen el proceder de los líderes se halla el sistema electoral. Constituye un factor determinante para la conformación de las dirigencias, y define el alcance de su poder hacia fuera del partido. No es lo mismo partidos inmersos en sistemas electorales institucionalizados que en sistemas en ciernes (Mainwaring, 2006: 315-317). La influencia de las leyes electorales en la vida de los partidos ha sido reconocida por diversos autores. Uno de los pioneros fue Duverger, quien determinó leyes que pretendían explicar el fenómeno completamente, señalando que las normas afectan la estructura interna, el grado de influencia o presencia de los partidos en la opinión pública y el número de integrantes del sistema de partidos (Duverger, 2001: 37-76). Algunas de estas reglas fueron puestas a prueba y cuestionadas posteriormente (Rae, 2005, y Lijphart, 2005), lo cual modificó los planteamientos del científico francés. No obstante, sus trabajos constataron cómo los partidos (y sus dirigentes) se ven afectados por las reglas del sistema. En primer lugar, el principio de representación proporcional juega un papel sustantivo, pues cede el control de la postulación de candidatos a los líderes partidistas. Los cargos se disputan no en territorios bien definidos, sino con base en los votos acumulados por el partido en una elección. Sin entrar en detalles, basta señalar que los líderes tienen la atribución legal para decidir quiénes son los candidatos. De este modo, los vínculos entre ambos actores

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llegan a ser sólidos y tienden a procrear una disciplina de partido potencialmente fuerte. Si el sistema electoral dispone el monopolio de las candidaturas para los partidos, sus cúpulas tienen una enorme autoridad. Estos líderes son los encargados de acordar alianzas electorales, postular candidatos externos, ganar apoyos de actores políticos y sociales relevantes y gestionar recursos con quienes puedan ofrecerlos. Pero en el cumplimiento de estas tareas la dirigencia partidista ve circunscrita su autoridad: si un candidato externo es un empresario dispuesto a apoyar económicamente, su grado de autonomía es amplio; en el caso de un líder social, la dirigencia se halla expuesta a contraer compromisos no sólo del partido, sino también de su gobierno. Lo mismo sucede con la concertación de alianzas electorales con otros partidos u organizaciones políticas. La representación proporcional tiene una influencia en el comportamiento ideológico de los líderes. Como el reparto de los espacios de poder depende del voto, los partidos tienden a manifestar posiciones más ideológicas hacia el electorado: no hay riesgo de un revés electoral total, por lo que dan a conocer las posturas del partido sin cortapisas (hasta cierto punto). Por el contrario, si rige el principio de mayoría, los líderes y los candidatos tenderán a ser cautos en sus declaraciones y moderados en sus acciones. Bajo el principio de mayoría, cualquier exabrupto puede costarles votos y, eventualmente, una derrota electoral. Las elecciones con base en el principio mayoritario tienden a fomentar la existencia de una dirigencia descentralizada. Los candidatos deben tener fuerza suficiente para obtener la victoria en sus respectivos territorios. Por ende, su trayectoria, arraigo y apoyos sociales constituyen la base de su postulación y su acción proselitista. El partido ofrece la estructura y la propaganda. Y su victoria con seguridad le permitirá incrementar su peso en el sistema en su conjunto. De modo que la descentralización juega su papel en la reafirmación de un partido, ya sea en el gobierno o en la oposición. La existencia de un marco regulatorio de la vida interna de los partidos es, sin duda, un elemento que constriñe el quehacer de los líderes. En caso de existir, la ley de partidos puede establecer la realización de elecciones primarias. Si es más específica puede

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obligar al uso del voto directo y secreto de los militantes, con lo que su influencia es mayor. En consecuencia, las restricciones a los liderazgos son amplias. Durante la mayor parte de su existencia como fenómeno político, el partido se defendió de la intromisión del Estado en su vida interna. Con el argumento que, dado su carácter de representante de intereses sociales, no tenía derecho alguno a influir en su toma de decisiones. En la actualidad, cuando los partidos parecen más “agentes del Estado” (como dirían Katz y Mair, 2007: 123), pareciera haber razones de peso suficientes para formular en todas las naciones una legislación precisa y de genuino sentido democrático a los procesos internos de estas organizaciones políticas. Con ello, la autoridad de los líderes se vería delimitada y podrían fomentarse procesos más participativos, más democráticos. Otra propuesta que merece ser considerada hoy es la de Ostrogorski, quien sugirió la existencia de partidos por demandas específicas, indicando detalladamente la manera en que este tipo de organizaciones redundaría en una participación democrática del individuo (Ostrogorski, 2008: 68). Además del sistema electoral, como es obvio, hay una serie de factores propios del sistema político que tiende a afectar el supuesto libre albedrío de los dirigentes. Son múltiples: el régimen político (presidencial o parlamentario), el proceso de construcción o consolidación democrática en el cual participa, el grado de institucionalización del sistema de partidos, el nivel de autonomía de los diversos actores políticos o sociales (empresarios, líderes sociales, corporaciones, organizaciones y movimientos sociales o políticos), y el tipo de cultura política de los ciudadanos. En el caso de México el régimen político presidencial tiene una influencia indiscutible en la vida de los partidos políticos y en el proceder de sus dirigentes. Lo usual es que la dirigencia se subordine al presidente de la República. Cualesquiera que sean, los líderes deben asumir las políticas del gobierno, so pena de perder el cargo y cancelar la continuidad de su trayectoria personal. Una fuerte disciplina partidista significó para el Partido Revolucionario Institucional mexicano un limitado grado de autonomía para sus principales tareas: postular candidatos, formular programas

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de gobierno o políticas públicas, reclutar cuadros de gobierno y demandar rendición de cuentas. El peso de la institución presidencial se hace presente no sólo en el partido gobernante, sino en el resto de los integrantes del sistema. Para la negociación de políticas públicas, la gestión de recursos y la aprobación de iniciativas de ley, los partidos en la oposición tienen que establecer, de algún modo, cierta relación con el titular del Poder Ejecutivo. El riesgo es un intercambio desigual y desfavorable, lo que suele ocurrir tanto por el peso de la institución presidencial como por la debilidad organizativa de la oposición (comparada con la del partido gobernante, que tiene recursos provenientes del erario, legales o no). En general el contexto político contiene una serie de potenciales restricciones para los dirigentes. Para un partido gobernante, una crisis económica le resultará fatal para conservar el poder; para la oposición constituye una fuente de expectativas promisorias. Los riesgos se derivan de la ubicación del partido en el sistema político, tanto en el plano nacional como en el internacional. Una situación de guerra o una política exterior conflictiva con otros países se resiente en los partidos y sus liderazgos de diversas maneras, y siempre es motivo de preocupación para las distintas fracciones políticas.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS HOY La organización de los partidos latinoamericanos tiene cualidades no reconocidas la mayoría de las veces. Alcántara definió las más relevantes: son partidos electorales pero con una identidad ideológica importante. Sus orígenes van más allá de la tercera ola de la democratización (en un número significativo de ellos). Sus liderazgos no son personalizados, aunque haya numerosos ejemplos de organizaciones que en su momento dependieron de un líder. Una gran parte de los que han perdurado en el tiempo, no tienen un liderazgo de este tipo. De igual modo, aun cuando su orientación

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es electoral, sus programas contienen los valores suficientes para distinguirse entre sí en razón de sus identidades ideológicas (Alcántara, 2004: 292). Todo esto sirve para destacar que los partidos en América Latina no se distancian demasiado de los partidos en otras latitudes. Son organizaciones de representación política y cumplen funciones institucionales y sociales (aunque estas últimas, claro está, en menor medida, como lo señalan Gunther y Diamond, 2001: 7-9). El papel de los partidos en esta parte del continente americano es incluso más importante que en Europa y Estados Unidos, y tan relevante como en muchos países de Asia, Europa del este y África. Como parte de las regiones donde se experimentaron procesos de cambio político del autoritarismo a la democracia, su rol es indiscutible. De ellos depende el derrotero del cambio y la construcción o reconstrucción de los regímenes políticos respectivos. A ellos les corresponde ejecutar funciones que les fueron despojadas por las diferentes formas de autoritarismo. Para muchos ciudadanos, sobre todo para los más jóvenes, la participación política en un partido es una experiencia novedosa, posible y trascendental; aunque tal vez poco atractiva. A la hora de hablar de partidos no hay que pensar en el electorado promedio, distante y hasta cierto punto escéptico en general, sino en el militante que hace latir el corazón de la organización, por más que su orientación sea irremediablemente electoral. Los partidos son organizaciones. En ellas hay una lucha constante por el poder, en la cual participan líderes y militantes. Los simpatizantes entran y salen de la organización, interviniendo de manera intermitente en las actividades del partido o bien contribuyendo de manera indirecta en la confrontación interna. Al final, lo más relevante es reconocer al partido en su papel como fenómeno político vigente, con una notable capacidad de adaptación al ambiente y con un papel primordial en el funcionamiento regular de la forma democrática de gobierno de nuestro tiempo.

Francisco José Paoli Bolio

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APROXIMACIONES TEÓRICAS SOBRE EL RECLUTAMIENTO POLÍTICO EN LOS PARTIDOS Alberto Escamilla Cadena David Morales González

INTRODUCCIÓN

asta hace dos décadas el estudio de los partidos políticos en México se había dado bajo un esquema dominante: su papel en la estabilidad del sistema autoritario. Es hasta los años noventa cuando los cambios institucionales provocan la democratización en el país, que surge la necesidad de brindar explicaciones sobre el cambio político desde varias perspectivas teóricas y sobre las distintas instituciones ahora reactivadas. Los partidos políticos se convirtieron en espacios reales de poder afectando sus procesos políticos internos como la toma de decisiones, la operación y diseño institucional; la configuración de sus élites, la representación política y la competencia por el poder entre sus principales líderes. Entonces, el reclutamiento como función central de los sistemas políticos, también es afectado e impacta no sólo en la calidad de los representantes, sino, a largo plazo, en la eficacia de las políticas y la definición misma de la agenda de gobierno. Pero, ¿qué elementos son los que nos permiten abordarlo teóricamente? El objeto de este análisis es delimitar a través de la discusión teórica, los conceptos útiles para abordar el reclutamiento político

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en los partidos políticos desde la teoría de las élites1 y principalmente desde los modelos específicos que surgieron para analizar este proceso. El reclutamiento define características organizativas, liderazgos y la constitución misma de los partidos políticos. Entendemos al reclutamiento como una concatenación de decisiones, negociaciones y conflictos en un marco de reglas formales y no formales, que delinean y nutren a los órganos partidarios. Al abordar la disputa entre élites de un partido, adoptamos la posición “realista” de que en toda sociedad y sistema político modernos, existe un grupo organizado minoritario que detenta el poder político y gobierna2, así como una gran masa social que es gobernada, pero que paradójicamente, es fuente de legitimidad política. Para Gaetano Mosca, la fuerza de la clase política radica en el hecho de estar organizada en torno a relaciones interesadas que generan una dinámica de unidad, constitución homogénea y solidaria frente a los gobernados que conforman la clase dirigida; que además de ser más numerosa, está dividida y dispersa (Bobbio, et al., 1995:520). Esta idea de cohesión en la clase dirigente es cuestionable. La forma en que se desarrollan los procesos políticos al

La teoría clásica de las élites ha estado marcada por la línea de Gaetano Mosca y su aportación inicial sobre la clase política de la que aseguraba que “en todas las sociedades (…) existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. La primera, que es siempre la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder (…). En tanto la segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera de una manera más o menos legal, o bien de un modo más o menos arbitrario y violento, y a ella le suministra (…) los medios materiales de subsistencia y los indispensables para la vitalidad del organismo político. (…) esa minoría de personas influyentes en la dirección de la cosa pública, a la que la mayoría le entrega, de buen o mal grado, la dirección”. (Mosca, 1992:106-107). Poder político como “el poder de tomar e imponer, aun recurriendo en última instancia a la fuerza, decisiones valederas para todos los miembros del grupo”. (Bobbio, et al, 1995:519). Este autor también señala que “el poder político se identifica con el ejercicio de la fuerza y es definido como el poder que para obtener los efectos deseados (retomando la definición hobbesiana) tiene derecho de servirse, si bien en última instancia, como extrema ratio ” (Bobbio, 1996:108— 112).

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interior de la élite, está marcada por la disputa y la competencia por lograr controlar el poder.

EL CONFLICTO, ELEMENTO INELUDIBLE EN LA BÚSQUEDA DEL PODER POLÍTICO Las contribuciones de Vilfredo Pareto, cuestionan la cohesión de la élite3, y la definen como aquella que está compuesta por quien controla efectivamente el poder4. Las élites no son permanentes y entre ellas existe una constante lucha por el poder y se refleja en ámbitos de la política como los partidos. De ahí derivan conceptos como circulación de las élites que Pareto describe desde la siguiente lógica: “la clase de los gobernantes, puede integrarse de elementos agregados procedentes de diferentes “élites” que pueden entrar a ésta o dejar de formar parte de ella gracias a un movimiento de circulación ascendente o descendente” (Rendón, 1979:1339). La ocupación de cargos dentro de un partido, así como procesos posteriores como la obtención de una candidatura a un cargo de elección popular y su posterior consecución, son considerados como circulación ascendente, destacando el hecho de que ésta define el éxito o fracaso de muchas de las carreras políticas en un partido. Uno de los retos de la operacionalización de estos conceptos en el estudio de los partidos políticos, es delimitar quiénes influyen realmente en la circulación ascendente y descendente. En ese sentido, Robert Putnam aporta tres estrategias distintas para identificar

Desde la sociología política se entiende a la élite como “un estrato cualquiera de individuos que constituyen una fracción numéricamente restringida de la población total de un sistema social, los cuales poseen en medida marcadamente más elevada que el resto de la población, una o más características que ésta valora positivamente” (Gallino y Mastrangello, 1995:357). Una es la élite sector restringido que domina el poder, así como una élite no gobernante conformada por aquéllos que aun cuando tienen las condiciones necesarias, no participan en el poder (Pareto y Braga, 1980).

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las élites: 1) el análisis posicional (el más utilizado) supone que las instituciones formales y de gobierno ofrecen datos importantes para construir un mapa útil de las relaciones de poder bajo la lógica de que los que están en las posiciones más altas, son los políticamente poderosos5; 2) el análisis reputacional da importancia a las relaciones informales de poder y su método se fundamenta en preguntar a informantes sobre quién tiene el poder real en cada organización (tiene la desventaja de que depende mucho de los informantes a veces tendenciosos, interesados y subjetivos); 3) el análisis decisional basado en la afirmación de que el poder político se define en términos de influencia sobre cada una de las decisiones para saber quiénes son las personas más influyentes (la desventaja es que analiza una serie de decisiones específicas, sin advertir que quien las toma, no siempre es el decisor real) (R. Putman, citado en Edurne, 1997:258-259). Tenemos un primer acercamiento a distintas opciones teóricas, ubicando diferentes estrategias en las que podemos abordar el estudio del reclutamiento político en los partidos desde la teoría general de las élites, sin embargo, es necesario analizar alternativas teóricas que enfoquen al reclutamiento como un proceso particular dentro de los partidos.

APUNTES TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS DEL RECLUTAMIENTO EN LOS PARTIDOS En una visión conductual y basados en el origen social, el reclutamiento político ha sido definido como un proceso mediante el

Son poderosos en la medida que tienen influencia y control suficiente para tomar decisiones o influir en el sentido de las mismas. Esto se refiere al concepto relacional de poder en el que por éste “se debe entender una relación entre dos sujetos de los cuales el primero obtiene del segundo un comportamiento que éste de otra manera no habría realizado (…) Robert Dahl menciona que la influencia “concepto más amplio que abarca el de poder” es una relación entre actores, en la que uno de ellos induce a los otros a actuar de un modo en el que no lo harían de otra manera” (Bobbio, 1996:104).

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cual los individuos que poseen rasgos específicos de personalidad u ocupación de posiciones sociales, son seleccionados por instituciones políticas para ser elegibles a cargos gubernamentales. También se concibe como las formas y vías de acceso a la estructura partidaria o gubernamental. La lógica detrás de estas conceptualizaciones es la combinación de rasgos de personalidad, además de las expectativas o predisposiciones del individuo sobre la política que lo motiva a buscar posiciones al interior de las instituciones políticas como los partidos; sin embargo, estos elementos se combinan con aspectos derivados de los incentivos que brindan las instituciones y el sistema político como lo concibe Schwartz (1969:552-571). Así, las variables propuestas son: (a) rasgos de personalidad que pueden generar motivación para buscar cargos políticos; (b) el entorno social y las posiciones específicas que tienden a ser asociados con tales motivaciones; (c) la posición social es también un recurso útil al individuo en la búsqueda del cargo político (por ejemplo, la visibilidad o el prestigio); (d) las preferencias de las instituciones seleccionadoras que parcialmente definen la situación del reclutamiento (Schwartz, 1969). De las opciones anteriores, consideramos que la última tiene ventajas en objetividad y congruencia metodológica. Uno de los autores clave para la comprensión de los procesos de reclutamiento político en México, Roderic Ai Camp, señala que “el reclutamiento político es el vehículo por el cual los individuos ingresan al proceso político a todos los niveles y por numerosos canales, tanto formales como informales “no formales”” (Camp, 1996:12). Esta definición aporta precisión para indagar los canales institucionales por los cuales los políticos ingresan a los partidos políticos, tanto por vías formales como no formales, así como una aproximación a dichos canales, medios y procedimientos de los partidos que permiten la movilidad política en diversas etapas. Al respecto, el proceso de reclutamiento político puede estudiarse en diversas etapas según Ai Camp: “variables que facilitan el ingreso “reclutamiento inicial” y las que favorecen el éxito en esa carrera “reclutamiento intermedio y final”” (Camp, 1996:15).

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Esto lo lleva a apuntar cuatro componentes para formular una teoría del reclutamiento político –para el caso de México-: 1) los procesos que preseleccionan y canalizan el potencial político (estructuras de preselección); 2) características que acentúan el potencial de un individuo para llegar a ser un político (variables de oportunidad); 3) individuos, procesos e instituciones que determinan quién es seleccionado (porteros de reclutamiento) y 4) condiciones que afectan el ascenso de un individuo a la cúspide del sistema político (variables de promoción) (Camp, 1996:20). Centrar nuestro interés teórico en comprender distintas fases en el proceso de selección de quienes consiguen obtener una posición política en un partido, nos lleva consecuentemente a indagar “cómo obtienen las candidaturas a cargos de elección popular, quién realiza la selección inicial, qué credenciales y experiencias son importantes en ese proceso de selección, cuáles son los caminos más probables de la movilidad política ascendente y cuáles son los vínculos entre los que seleccionan y los seleccionados” (Camp, 1996:14). Dichos componentes son de utilidad para el análisis del reclutamiento en los partidos en México, siempre y cuando tomemos en cuenta el contexto democrático y de pluralidad política en el que enmarcamos este proceso en la actualidad.

FACTORES ORGANIZACIONALES DEL RECLUTAMIENTO POLÍTICO EN LOS PARTIDOS Los partidos que constituyen organizaciones esenciales de la democracia liberal, se convierten en base para el reclutamiento y el control de los políticos profesionales (Edurne, 1997). La democracia se ha convertido en asunto de élites, no obstante, Schumpeter señala que hay una participación de los gobernados esencialmente electoral, y tiene como eje la exigencia de la formación y mantenimiento de grupos dirigentes minoritarios concebidos como efectivos centros de poder (J. Schumpeter, citado en Vaca y Bokser, 2000:207).

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Así, los partidos políticos son todavía los espacios institucionales que mejor logran encauzar la participación política en la democracia. Otros elementos organizativos y participativos de la sociedad no han logrado ser eficaces ni consolidarse6. El partido político en su relación con el reclutamiento –señala Duverger–, cumple la importante función de ser “un intermediario entre los electores y el elegido (…) que se articula en varios sentidos: proceso de selección de sus líderes; nominación de candidatos, ya sea consulta o designado por los líderes; relación con militantes y simpatizantes” (Duverger, 1980:165). No obstante esta descripción en cuanto al vínculo, en la realidad política actual se genera una distancia entre elector y elegido, pasando de ser un instrumento mediador a un escenario organizacional en la lucha por el poder, manipulando incluso, mecanismos como el reclutamiento político. En ese sentido, Sartori (1989:89) señala: “partido político es cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que se presenta en las elecciones, y puede elegir (libremente o no) candidatos a cargos públicos”. De esta definición, se infiere que hay un momento en que la decisión que abre las puertas a la competencia por los cargos de elección, es tomada al interior del propio partido; esa decisión se conjuga con otros elementos del proceso de selección en el que hasta el final del recorrido, se encuentra la votación ciudadana. Así, el reclutamiento político al interior del partido como mecanismo de acceso, marca la ruta política. Autores como Anthony Downs (1973:26-27), nos muestran al partido como un espacio en el que se dan interacciones estratégicas de cooperación en cuanto al apoyo hacia alguno de sus miembros para alcanzar algún cargo en el gobierno o la dirigencia del mismo. Al final, la obtención del poder por parte de un grupo sobre otros, genera ganadores y perdedores al interior del partido, por lo que

Los diseños institucionales a menudo están hechos por los propios partidos, logrando concretar los principios de democracia representativa; pero ha dificultado la plena adaptación de nuevos mecanismos de participación política por otros tipos de organización.

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Panebianco (1995:29-30) los concibe como sistemas de desigualdades internas. Retomando distintas definiciones, podemos concebir al partido político como una organización política que se presenta a elecciones para cargos públicos, previa selección interna de sus candidatos, mediante procesos selectivos –libres o no–, caracterizados por distintas interacciones estratégicas del conjunto de la élite interna, con una visión de maximizar el beneficio personal, de grupo, o institucional. Al analizar el “partido por dentro”, Sartori aporta un esquema que lo visualiza como un conjunto de subunidades diversas que influyen en: a) el grado de cohesión y/o fragmentación de un partido; b) las formas y los medios de las interacciones y; c) las dinámicas internas de los partidos. De esa manera, llega a una articulación terminológica triple: la fracción (categoría general, no especificada), la facción (grupo específico de poder) y la tendencia (conjunto establecido de actitudes). Cada una de estas subunidades, cuenta a la vez con una organización, motivación, actitud, papel, ideología; entre otros elementos, dentro de los partidos (Sartori, 1989:100-101). La utilidad de este esquema, es que muestra las posibles dinámicas y espacios de competencia política internas del partido, así como el mapa de poder que se configura en su interior como consecuencia del proceso de reclutamiento político en el que entran en juego estos elementos. Centrando nuestra atención en las fracciones, tenemos que han sido definidas por algunos autores como “una combinación intrapartidaria cuyos miembros comparten una identidad y propósito comunes”, por lo que para asegurar su supervivencia al interior, deben apoyarse de nuevos reclutas políticos (Zarisky, 1960:27-51). Para comprender cómo se estructuran los decisores del reclutamiento, debe precisarse que no siempre quienes ocupan las posiciones en la cima de la organización son necesariamente quienes mandan en el partido, pues cabe la posibilidad que existan jefes reales (informales) y jefes aparentes (formales) como plantea Duverger.

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Este autor menciona la importancia del círculo interior en la designación de líderes7, influyendo así en el acceso, la circulación, movilidad y éxito en las carreras políticas de los miembros de los partidos políticos. Entre estas estructuras partidistas se encuentran las camarillas, que son “pequeños grupos que utilizan una solidaridad personal estrecha como medio para establecer y conservar su influencia. Es un clan constituido alrededor de un líder influyente” (Duverger, 1980:180). Esta postura influye en la definición de Ai Camp de camarilla como una relación de grupo en torno a la lealtad y confianza personales en un líder (Camp, 1996). En este sentido, existen en los partidos otros grupos informales que reconoce como clanes y equipos, mencionando que se distinguen entre éstos a “los equipos de dirección, cuyos miembros no están unidos por lazos personales hacia un jefe dominante. El carácter distintivo del equipo es la igualdad relativa de sus miembros (…) las solidaridades se desarrollan horizontal y no verticalmente. La formación de estos equipos sigue distintos caminos. Pueden ser fruto de un pacto deliberado entre algunos hombres, que pertenecen generalmente a una generación joven, que se unen para sacudir el cocotero, quitar los puestos de dirección a los viejos y monopolizarlos a su favor” (Duverger, 1980:182). Agrega que puede haber comunidades de origen común que influyen en la formación de equipos como los de antiguos estudiantes, o las comunidades de trabajo en una institución, entre otros; por lo que equipos y clanes constituyen oligarquías personales. Por el contrario, la burocracia ofrece el ejemplo de una oligarquía institucional (Duverger, 1980:183). Estos elementos influyen en la configuración de la lucha por el poder desde el interior del partido mismo, poniendo al centro de la discusión, las formas y los vehículos en que se desarrollan los procesos de reclutamiento, así como su institucionalización.

Duverger propone la existencia de un “círculo interior”, que es la parte más cohesionada en torno al poder dentro de un partido y que de ahí se configuran las demás estructuras a manera de círculos concéntricos (Duverger, 1980).

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Algunos autores sostienen que “para llegar a la élite política es necesario hacerlo de la mano de un partido político. Eso significa (…), hacer carrera política en el partido desde los inicios, es decir, comenzar como militante de base y ejercer cargos internos hasta alcanzar posiciones políticas elevadas (…); en el caso de una relación menos estrecha con la estructura partidista, se hace carrera en cualquier profesión de prestigio y en un momento dado, será cooptado para el cargo político” (Edurne, 1997:270). En su estudio organizativo sobre los partidos políticos, Panebianco (1995) introduce el concepto de coalición dominante, que se define como grupos reducidos que concentran los recursos de poder, integrada además por quienes controlan “las zonas esenciales de incertidumbre” de la organización partidaria. Las zonas de incertidumbre según el autor, las constituyen “aquellos factores cuyo control permite a ciertos actores —regularmente miembros de las élites partidarias— desequilibrar a su favor los juegos de poder”, pueden ser recursos que son vitales para la organización como el reclutamiento político, la competencia, las relaciones con el exterior, el financiamiento, entre otros (Panebianco, 1995:83)8. En este sentido, los conceptos de coalición dominante y zonas de incertidumbre nos permiten identificar quién controla el proceso de reclutamiento en general, pero también la influencia al interior de la estructura partidaria por parte de las fracciones en dicho proceso, así como los resultados de la competencia interna por el poder político que impacta en la cohesión organizacional. En conclusión, el actuar de las élites partidarias se mueve dentro de un marco institucional que va desde las reglas, características y competencia intrapartidarias; hasta el contexto específico del sistema político en el que confluyen reglas formales y no formales que afectan la forma en que se lleva a cabo el reclutamiento, mismo que configurará el mapa de poder dentro del partido.

Panebianco —de manera general— menciona que el reclutamiento es decidir sobre quién puede entrar a la organización (criterios de admisión), decidir quién hará carrera, requisitos para ello, dependiendo de las estructuras de oportunidades.

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En el proceso de reclutamiento en general, el partido tiene una importancia central como acceso a la competencia política y a los distintos niveles de gobierno, como se ha comprobado en varios estudios referentes al partido hegemónico durante el régimen autoritario mexicano, que llegó a ser incluso un espacio de competencia intraélite para lograr el acceso al poder9. Aun cuando no es la única vía de consolidación del liderazgo, termina siendo el vehículo autorizado para la competencia interna entre los distintos grupos partidarios por la obtención de un cargo, sobre todo en contextos en los que no existe la posibilidad de acceso al poder por medio de candidaturas ciudadanas.

ESTRUCTURA DE OPORTUNIDAD EN EL RECLUTAMIENTO Cualquier trabajo que pretenda analizar el reclutamiento en los partidos, debe contemplar las motivaciones, incentivos y oportunidades institucionales para quienes forman parte de los cuadros políticos que buscan competir por un cargo en la dirigencia. En la mayoría de los partidos, las oportunidades de obtener un lugar en los órganos de dirección son distribuidas dentro de la propia organización, pues estas instituciones se han convertido en los ámbitos menos ciudadanizados de las democracias posmodernas. En ese sentido, son cuerpos cerrados compuestos por políticos profesionales, cuyas vías de acceso están cada vez más restringidas a nuevos cuadros y cambios generacionales.

Suárez Farías menciona para el análisis de la élite posrevolucionaria —una dinámica que parece repetirse en México, ahora en un periodo de transformación democrática que cambió las estructuras y patrones autoritarios— que “un cambio en la distribución del poder dentro de la sociedad produjo un nuevo aparato estatal y permitió que ciertas fracciones de los estratos medios y bajos de la sociedad quedasen acomodados dentro de la nueva maquinaria política” (Suárez, 1988:297).

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Pero ¿quiénes tienen mayor posibilidad de controlar o dirigir un partido político?, existe un enfoque del reclutamiento orientado al estudio de los estratos sociales de los que provienen las élites políticas10. Algunas investigaciones han concluido que la mayoría de los dirigentes en el mundo tienen una educación más elevada, así como un estatus u origen social más privilegiado que los ciudadanos que se identifican con ellos, aunque esto varía según el contexto que se estudie. Sin duda la aportación es interesante, pero carece de una explicación más amplia sobre por qué el status social alto tiene relación con las oportunidades de formar parte de las dirigencias, además que los procesos de democratización de los sistemas políticos han traído mayor diversidad en el origen y composición de los primeros círculos de poder dentro del partido11. No obstante, se han dado hallazgos en el sentido de que existe una brecha entre el status social de quienes componen las dirigencias y los militantes que puede variar según el contexto. Podemos inferir una tendencia en la que el status social del dirigente medio, tiende a ser más elevado en las estructuras partidarias nacionales que en las de carácter local12. Sin embargo, la magnitud de la brecha entre estratos sociales se ha reducido sustancialmente con el desarrollo del sufragio universal, así como por la ocurrencia de procesos de descentralización en algunos ámbitos como el reclutamiento político al interior del partido, así como mecanismos electivos abiertos a la ciudadanía en los

Algunos estudios, abordan el caso mexicano desde el marxismo, tomando como referencia las bases y origen social de las élites. Nagle, afirma que “las élites políticas son un objeto importante de estudio porque (…) son los miembros más poderosos o influyentes de la sociedad en materia de gobierno (…) la cuestión central ¿quién es el que gobierna? (…) no —analiza— el comportamiento, ni a políticos en lo individual, nos interesa el perfil del grupo de las élites políticas nacionales y las relaciones existentes entre un sistema político y las bases sociales de donde es extraída su dirigencia política” (Nagle, 1979:11-12). Véase Aberbach, Putnam y Rockman (1981). También el trabajo de Prewitt y Eulau (1971:293-315). Algunas investigaciones han demostrado esta tendencia para el caso del reclutamiento legislativo. Véase: Donald R. Matthews (1984:547-585).

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que algunos sectores sociales logran involucrarse en las decisiones internas y acceder a espacios de poder dentro del partido. En ese sentido, en cuanto a los aspectos generales del reclutamiento, no debemos perder de vista el concepto de estructura de oportunidad, que indaga cómo la estructura legal e institucional del sistema político afecta el interés de formar parte de la coalición dominante, incentivando o inhibiendo la entrada de los políticos en general a la disputa por un cargo de importancia en la dirigencia partidista13. Otros elementos teóricos y hallazgos interesantes en cuanto al reclutamiento político y las oportunidades estructurales, son los que abordan el tema del reclutamiento desde el enfoque de género, donde en todos los ámbitos las grandes perdedoras siguen siendo las mujeres, sobre todo en cuanto a los procesos de movilidad ascendente. Algunos de los factores que influyen en esta desigualdad, van desde aquellos partidos fuertes donde las nominaciones están controladas por los líderes establecidos del partido que en su mayoría son hombres; hasta los mecanismos para la promoción política interna que tienden a restringir el acceso de mujeres a las instancias ejecutivas. No obstante, las mujeres actualmente cuentan con condiciones más propicias para la participación política al interior de los partidos políticos y la consecución de cargos en el gobierno, sin embargo, el porcentaje de mujeres que ocupan espacios directivos y gubernamentales importantes, sigue siendo bajo14. Matthews menciona que un factor determinante en el reclutamiento es la disposición de asientos legislativos, pues impacta en la oportunidad de movilidad ascendente en las carreras políticas. Igualmente, los cargos directivos disponibles en los partidos son

La estructura de oportunidad está definida con relación a que el sistema político puede plantear condiciones propicias para la acción individual o colectiva; sin embargo está sujeta también a las restricciones que se presentan institucionalmente. Véase: McCarthy (21-98). Según el Informe del PNUD 2007 sobre los avances en el cumplimento de los Objetivos del Milenio, “la participación de las mujeres en política va en aumento (…), se trata de un aumento lento. En enero de 2007, las mujeres representaban en todo el mundo un 17 por ciento de los parlamentos y cámaras bajas, frente a un 13 por ciento en 1990. Sin embargo, tan sólo 19 países contaron con al menos un 30 por ciento de mujeres parlamentarias”.

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un incentivo importante para que un político o cuadro partidario decida competir internamente por la dirigencia. Este factor numérico también es determinante en cuanto a la intensidad de la lucha entre fracciones del partido por el control de las zonas de incertidumbre y su consolidación como coalición dominante. El análisis de estos elementos es útil para poder detectar los factores que originan conflictos internos en los partidos. Las dimensiones de oportunidad política para la movilidad ascendente se pueden establecer en una tipología preliminar de estructuras partidarias como resultado del análisis de factores comunes como el tamaño de la estructura directiva (grandes o pequeñas), compensación, beneficio político y económico (nivel de importancia), ubicación geográfica, entre otras. Todo ello afecta el análisis costo-beneficio en la evaluación para querer o no acceder y competir por un cargo ejecutivo en los partidos. Este elemento adquiere relevancia en estructuras partidarias más democráticas, pues el político cuenta con mayor información acerca de sus posibilidades y claridad sobre las reglas del juego; mientras que bajo criterios autoritarios —coincidiendo con Ai Camp—, hay influencia en los procedimientos institucionales, incluyendo el reclutamiento, imponiéndose criterios ideológicos que anulan las variables económicas y sociales de la selección (Camp, 1996:24). Las oportunidades estructurales en razón del origen de las élites “eran una variable con fuerza predictiva hasta que creció el pluralismo, la movilidad social y el desarrollo de los partidos políticos ‘atrapa todo’ más heterogéneos en su composición” (Czudnowsky, 1970:56). Esto sirve como advertencia para contextualizar futuros análisis.

AMBICIÓN, RACIONALIDAD LIMITADA Y RECLUTAMIENTO Otros trabajos de investigación se han basado en modelos conductuales analizando variables como la personalidad, que aun cuando tiene dificultades metodológicas para llegar a conclusiones expli-

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cativas sólidas, es importante investigar y comprender por qué cuadros partidarios quieren ascender como líderes, tomando en consideración sus atributos personales15. Autores como Payne (1968), identifican cierto tipo de incentivos en sus estudios como los siguientes: visualizar la posibilidad de diseñar políticas públicas concretas, lograr mayor status y exhibir el prestigio; la adulación, el afecto y alabanza que reciben los líderes; el compromiso consigo mismo en una causa transcendental; la auto aceptación mostrando jovialidad para agradar a otros; interés que despierta el juego y la competencia política. Los modelos que han estudiado el reclutamiento desde la teoría de la ambición política derivada de las teorías de la elección racional (rational choice), como Schlesinger (1966:1), sostienen que “la conducta del político es una respuesta racional a su ambición personal de lograr ocupar un puesto político”. Define la ambición como el deseo de continuar con una carrera política, ascender a filas y puestos directivos o de elección. Sin embargo, las ambiciones son determinadas por la organización a la que pertenece, así como por las reglas electorales y el sistema de partidos, por lo que es importante comprender el andamiaje interno de la organización partidaria para entender la estructura de incentivos y las posibles estrategias de los actores relevantes (Langston, 1998:463). Otros de los enfoques que se han ocupado del reclutamiento legislativo han sido aquellos basados en la elección racional —incluso la teoría de juegos—, que profundiza en las preferencias y decisiones estratégicas de los políticos que aspiran a ocupar un cargo en los partidos. Siguiendo esa lógica, el comportamiento estratégico está determinado por las preferencias de los jugadores. Por ejemplo, un dirigente medio que aspira a ser líder de su partido a nivel subnacional, se comportará de manera diferente a otro que está satisfecho u otro que quiere retirarse de la carrera política. 15

Este tipo de estudios fue impulsado por Harold Lasswell (1930, 1936, 1948), que pese a los alcances limitados del modelo asentado en la psicología, tuvo buena aceptación entre los investigadores estadounidenses. Véase: Rufus (1964).

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La búsqueda interesada de los políticos profesionales por lograr ser parte de la coalición dominante, está sujeta también a la valoración de los incentivos, análisis de costo-beneficio16 y de los estímulos que se generan en la competencia por lograr ser elegido y reclutado para ocupar un cargo dentro de la estructura directiva del partido.

EL RECLUTAMIENTO POLÍTICO COMO PROCESO Una pregunta central en el tema del reclutamiento político es cómo y bajo qué condiciones los miembros de un partido político consiguen ser dirigentes. La teoría ofrece algunas variables a analizar para indagar sobre la ruta o las distintas fases del proceso de reclutamiento, donde el último es regularmente el resultado de consultas, elecciones internas o designaciones de la cúpula. Retomando definiciones generales, entendemos como proceso “aquel fenómeno dinámico de la realidad social, caracterizado por una concatenación de hechos y de actos, no necesariamente disciplinados por el derecho (…) para la consecución de un resultado”17, en este caso, el reclutamiento político en los partidos en cualquiera de sus etapas. Desde esta perspectiva, los líderes que componen la coalición dominante no han llegado a serlo exclusivamente debido a sus esfuerzos individuales, sino que confluyen reglas formales, aspectos 16

Gordon Black, formaliza los cálculos de la búsqueda de un asiento en un órgano legislativo de manera racional y propone esta fórmula: U(0) = (PB) – C; donde B = el beneficio que un individuo recibirá en el caso de lograr ser miembro del legislativo; P = el candidato estima la probabilidad de obtener una diputación si intenta buscarla; C = el costo que requiere una campaña para obtener un cargo; y U(0) = la utilidad individual final de una diputación. Los buscadores racionales del cargo no competirán por él a menos que la U(0) sea positiva o mayor que la utilidad que podría derivarse de otras alternativas en las que podía invertir recursos [U(O) > U(Ai)] (Black, 1970:865-878). Definición general de proceso, adaptado en este caso para el proceso de reclutamiento (Bobbio, et al., 1995:1271).

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no formales y una serie de etapas en las que juegan un papel preponderante la organización interna y el diseño institucional mismo del partido. Aún cuando las fases del reclutamiento y sus descripciones, así como su importancia relativa, varían entre distintos autores, una propuesta útil para analizar este proceso es la de Seligman, que divide el proceso en tres fases generales: la certificación (que otorga al político profesional la calidad de “elegible”), selección y asignación del rol18.

RECLUTADORES INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES EN LOS PARTIDOS Los partidos políticos se desenvuelven en un sistema político específico, por lo que no son ajenos a procesos externos en los que nutren sus filas a través de la relación con grupos extrapartidarios, sin embargo, el papel decisivo como porteros del reclutamiento político lo ejercen los patrocinadores de nominaciones intrapartidistas como los dirigentes, líderes de fracción o corriente, líderes informales con influencia decisoria, entre otros. El patrocinio se ha convertido en una de las formas de reclutamiento más comunes, consistente en mecanismos de “cooptación y designación”. Un grupo designa a sus propios sucesores y puede controlar los puntos de entrada a los cargos políticos. Puede ser utilizado para cooptar individuos de cierto status a fin de reforzar su grupo, inclusive atraer políticos externos. Para Seligman, el patrocinio hace del individuo el agente de grupos de interés y organizaciones, menciona que ejerce una influencia previa sobre el futuro político, derivada de obligaciones

Al respecto Prewitt menciona: “proceso de seleccionar es un enigma, un legislador involucra varias fases selectivas poniéndose elegible, certificado o políticamente activo, pero antes del concurso electoral final (Prewitt y Eulau, 1971); Véase también Seligman 1964:612-626.

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y dependencias surgidas en la selección inicial y de la promoción. En un sistema donde impera el patrocinio en el proceso de reclutamiento político, importa más “a quién conoces” en lugar de “qué sabes”19. Ingresar a la competencia por los espacios del gobierno en algunos países como México es imposible fuera de los partidos20. Además, las campañas, financiamiento y registro de candidaturas a cualquier puesto de elección popular son controladas de forma exclusiva por los partidos. Estos factores dan relevancia a las estructuras partidistas como instituciones reclutadoras por excelencia. Por otra parte, las leyes electorales tienen un efecto sobre la forma en que se lleva a cabo el reclutamiento dentro de los partidos. Por ejemplo, la cuota de género que obliga a la nominación de cierto número de candidatas mujeres entre los cuadros partidarios —en algunos países también minusválidos, minorías étnicas, entre otros—; la representación proporcional u otros mecanismos, significan una vía de acceso a la estructura de las carreras políticas, previa movilidad ascendente dentro de la estructura partidista. Siguiendo algunas conclusiones de Czudnowski y Obler, es de mucha utilidad observar otro factor de reclutamiento político: la integración de las listas electorales para candidaturas al congreso por representación proporcional. Regularmente en la cima se colocan los líderes más influyentes de los partidos, por lo que los inexpertos, jóvenes, o mujeres tienen acceso a las posiciones más bajas de la lista21. También cabe la posibilidad de colocar a personajes

Ai Camp, que menciona para el contexto del sistema autoritario que en México el significado de patrocinio es un poco diferente. El sistema político mexicano es semicorporativista. Los partidos no han funcionado —como en países democráticos— como principales reclutadores, iniciadores y patrocinadores de candidaturas y como porteros (…) se ha ejercido por individuos y no por grupos organizados e instituciones (Camp, 1996:27-28). La Constitución Política de los EUM establece que la participación electoral para la obtención de un cargo legislativo será exclusivamente por medio de los partidos políticos como entidades de interés público. Czudnowski (1970) descubre en los setentas, que en Israel, la representación proporcional tenía efectos sobre el proceso de reclutamiento político legislativo que se llevaba en dos fases: 1) una decisión acerca de la elegibilidad de un grupo para una posición en la lista y 2) la selección de un candidato que represente ese grupo.

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de confianza de los dirigentes y jefes reales en los partidos con la finalidad de afianzar su poder en el órgano legislativo. Esto último tiene un efecto directo en cómo se da la circulación de los cuadros partidistas, evitando que un solo grupo de dirigentes se eternice en el poder y cada una de las posiciones ganadas dentro del partido sea una puerta al cambio generacional, a la restructuración del mapa de poder y conformación de una nueva coalición dominante. En ámbitos locales, se ha descubierto que la nominación general de candidaturas es realizada por las élites locales del partido dominadas por redes, sin que haya control alguno de los dirigentes nacionales. Lo anterior nos lleva a definir qué instancias o líderes (según su posición institucional o informal en el partido) fungen como seleccionadores para cargos dentro del partido y gubernamentales, así como las características que consideran importantes en el proceso de reclutamiento político (habilidades, redes familiares, formación educativa, ideología, entre otros) (Bochel y Denver, 1983:45-69). Por otra parte, una de las variables para la movilidad política ascendente que impacta también en la competencia por espacios de poder en los partidos, según Ai Camp, es la magnitud de la red de un político. “Sin duda alguna, cuando mayor es la red, mayor es la oportunidad de ascender en la escala política. La amplitud de los contactos no sólo aumenta las posibilidades, sino que además, en una carrera larga, protege al individuo de variaciones internas en los criterios de reclutamiento del selector. Asimismo los contactos amplios protegen a los individuos de los accidentes de la carrera de un solo mentor” (Bochel y Denver, 1983:47). Como ejemplo de esas redes encontramos a aquellas que tienen una base en los lazos y relaciones familiares, tomando en cuenta aspectos de inducción y promoción intergeneracionales. Las redes son eficaces en el reclutamiento dependiendo de la solidez y nivel de intercambios políticos que impactan en la promoción y el impulso de ciertos políticos, como resultado del pago de “favores” o lealtades a los grupos familiares, equipos, camarillas o clanes que interactúan en el ámbito político.

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El reto en las investigaciones es lograr medir la intensidad de la red, una vez identificados los nodos (líderes-patrocinadores), observar cómo impacta en la promoción y definición de las dirigencias. Asimismo, las redes no formales tienen que ver con espacios educativos estudiados ampliamente para México por Ai Camp, por medio de las cuales podemos explicar lazos de lealtad y factores de movilidad política ascendente en un partido político, sobre todo las que tienen origen en la educación superior. El nivel de profesionalización en los cuadros partidistas, tiene efectos importantes en los patrones de reclutamiento en la medida en que haya o no reelección, así como el nivel de rotación o movilidad política de sus miembros en distintos periodos o cargos políticos (Camp 1996). Complementando estos aspectos, algunos trabajos han analizado los perfiles profesionales desde niveles descriptivos. Esto no es suficiente para explicar la importancia del perfil profesional en el proceso de reclutamiento en los partidos. Por último, cabe mencionar que algunos procesos de institucionalización aumentan el atractivo de competir por los cargos ejecutivos de un partido. En este sentido, Polsby señala que lo anterior se debe a que las organizaciones institucionalizadas tienen las siguientes características fundamentales: a) límites claramente definidos, b) complejidad interior con una división de labores, c) un compromiso al universalismo (en lugar de particularismo) y una amplia formalidad (en lugar de discrecionalidad); aspectos que disminuyen los niveles de incertidumbre y riesgo en el proceso de reclutamiento entre los competidores y grupos que componen el partido (Polsby, 1968:144168). Llegar a cumplir con esas características en los procesos internos de los partidos, constituye uno de los retos más importantes hacia la democratización de estas máquinas políticas.

APUNTES FINALES PARA MÉXICO El nuevo contexto del sistema político y el proceso de transformación de las instituciones en México, no sólo ha llevado a la

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constitución de nuevos rasgos culturales en la ciudadanía, sino a un nuevo régimen político distinto al autoritario. Esto implica que muchos de los factores institucionales y procesos políticos en el país, aún son objeto de reflexión en cuanto a su desarrollo. No podemos dejar de lado el análisis de los fenómenos políticos que se han dado en el ámbito nacional y estatal en México. Podemos contar con un referente empírico, metodológico y práctico de cómo el sistema de partidos se ha ido transformando en la última década, así como la estructura del cambio en las relaciones y procesos en su interior que obedecen a otros patrones institucionales. Por ello es necesaria una amplia discusión teórica. En ese escenario, se ha despertado un mayor interés académico por el estudio de los procesos en los partidos y las disputas internas por el control político. Si bien los estudios referentes al diseño institucional, al funcionamiento interno, los estudios electorales, la relación entre poderes y la gobernabilidad han tenido una producción importante; los trabajos realizados sobre el reclutamiento político en el México democrático aún son escasos. Los modelos teóricos que explicaron este proceso en México durante el sistema autoritario, tienen que ser revisados en cuanto a las distintas alternativas aquí descritas, sobre todo ante la consolidación de al menos tres partidos suficientemente institucionalizados (PAN, PRI y PRD), que invitan a los investigadores a descifrar lo que Peter H. Smith llamó en su momento los laberintos del poder en su interior y las disputas por controlar estas organizaciones. Sin duda, persisten ciertos rasgos particulares del periodo autoritario en los procesos de reclutamiento, sobre todo advertimos una dualidad entre prácticas institucionales y aspectos no formales, que han adquirido solidez en partidos como el PRD. El avance democrático aumentó la demanda de espacios políticos de parte de los partidos, situación que cambió su relación con sus militantes (Valencia, 2005:64). En general, los procesos de reclutamiento de los partidos, pasaron de una marcada centralización a esquemas descentralizados que hicieron surgir nuevos porteros del reclutamiento.

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Dichos reclutadores abarcan desde los gobernadores y otros actores locales que tienen injerencia en sus partidos —sobre todo después de la alternancia y la consecuente pluralidad política—, hasta los líderes de fracción que trascienden dirigencias como ha ocurrido en el PRD o con los influyentes grupos del PRI sobrevivientes al proceso de democratización del país. De toda esta transformación en los partidos, las vías de acceso han sido sin duda las que han tenido una mayor modificación, pues pasaron de la invitación, designaciones, apoyo y patrocinio directo, a un fortalecimiento de las reglas formales que si bien no predominan en los procesos de reclutamiento, han adquirido al menos un importante sello como ámbito legitimador. Entre las características principales en los procesos de reclutamiento político en el México plural, está la relajación de la disciplina cuando se busca un cargo en la cúpula partidaria, así como una mayor disputa entre los distintos líderes por el dominio del partido. Esta situación hace que el proceso sea menos vertical y estable. Una de las causas de esas disputas, es el aumento de la posibilidad de obtener un cargo de elección popular por parte de los distintos partidos. No sólo se intenta controlar al partido; una coalición dominante en su interior controla las zonas de incertidumbre que definen el paso hacia la obtención del poder político. Como consecuencia, la burocracia partidista ha aumentado su presencia en los congresos mexicanos. Los legisladores con experiencia burocrática en los partidos pasaron del 40 al 55% en el lapso de tres legislaturas (1997-2003) (Valencia, 2005:78). Estas características tienen también su origen en mayores incentivos económicos. La apertura del sistema a la pluralidad política y una mayor profesionalización, trajo consigo mayores compensaciones económicas por el desempeño de cargos dentro del partido y gubernamentales. El análisis de perfiles de los cuadros partidistas muestra que éstos han mejorado respecto al sistema autoritario. Sin embargo, es necesario conocer si en realidad la formación es definitoria en los procesos de reclutamiento o, en su caso, es todavía más importante la construcción de redes no formales y el papel de líderes

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que patrocinan o impulsan sus cuadros políticos (Jiménez y Licea, 2006:17-29). Los marcos de análisis para el reclutamiento en los partidos, ahora deben tomar en cuenta la estructura de la disputa por el poder en escenarios de competencia electoral, pues no era una variable determinante en los trabajos sobre el PRI posrevolucionario. Los mecanismos de competencia inhiben o incentivan a continuar en la carrera política (véase Schlesinger, 1966). En ese sentido, Langston aborda los efectos de la competencia en la descentralización partidista, sobre todo en los procesos de reclutamiento legislativo. La autora analiza el caso del PRI en el Senado mexicano (Langston, 2008:457-486). Uno de los efectos de los actuales escenarios de competencia es que los partidos escogen mejor a sus candidatos o, al menos, el proceso de selección es más complejo. Langston concluye que aunque el PRI no se ha democratizado en su interior, son más los miembros de la élite política de los estados, los que han obtenido el derecho a representar al partido en las urnas. Esto implica una mayor movilidad y circulación de los cuadros, situación que impacta en el reclutamiento político y en el ámbito organizacional de este partido en particular. El PAN cuenta con un diseño marcado por la centralización moderada en cuanto a sus procesos de reclutamiento, en los últimos años ha estado sujeto a tensiones externas, sobre todo ante el nuevo rol del Presidente de la República, ya que al ser el partido en el gobierno, no ha estado ajeno a los intentos de injerencia del Ejecutivo en los procesos de reclutamiento político en su interior, principalmente en la elección de la dirigencia nacional. El reto está en que su diseño institucional, sea lo suficientemente flexible y logre adaptar sus procesos de reclutamiento a condiciones cada vez más competitivas en su interior. Esta flexibilidad seguirá sometida a prueba en los procesos de selección del candidato a la Presidencia de la República mientras se mantenga en el poder. Las distintas aportaciones aquí analizadas, asumen el reclutamiento político como eje rector de una agenda de investigación pendiente en el ámbito de los partidos políticos, que como vimos, es un conjunto de procesos intermedios y no sólo atributos está-

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ticos de los líderes que intervienen en el desarrollo de las carreras políticas. Sirva esta última aseveración como provocación para avanzar en la discusión de la construcción de nuevos modelos teóricos del proceso de reclutamiento político para México.

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SEGUNDA PARTE

REFLEXIONES GENERALES SOBRE EL DEVENIR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO

CRISIS NACIONAL, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA EN MÉXICO Javier Esteinou Madrid

LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS NACIONAL

l proceso de construcción de la democracia moderna en México es una larga realidad histórica que proviene desde 1810 con las luchas de los movimientos insurgentes por la Independencia y los procesos sociales reconstitutivos que introdujo la Revolución mexicana en 1910. En este sentido, la edificación de la democracia como fenómeno relativamente consolidado es un hecho muy reciente y frágil que tardó más de 200 años en constituirse en el país, y al cual todavía le falta incorporar muchas etapas de consolidación social para alcanzar su fase de madurez política. Así, dicho proceso de edificación de garantías de libertad, justicia, pluralidad e igualdad en la República no es un fenómeno histórico acabado; sino una creación colectiva en permanente construcción, cargada de dinámicas complejas que representan avances, contradicciones y retrocesos democráticos. Ante esta situación debemos considerar si en algunos momentos de la historia de México la solución a los grandes problemas sociales del momento tuvo que oscilar de un polo a otro, hasta llegar a fases extremas del estallido de los movimientos armados, para intentar resolver las contradicciones estructurales del desarrollo comunitario; en la actualidad todavía es posible encarar la resolución de los fuertes antagonismos sociales del país, vía las instituciones del Estado-nación y del orden legal establecido, y no desde la recurrencia a los mecanismos de violencia civil a los que se llegó por desesperación en etapas históricas anteriores. De lo

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contrario, si no se aprovecha racionalmente esta monumental herencia civilizatoria que recibimos del esfuerzo de generaciones pasadas para enfrentar las actuales problemáticas del país con el fin de construir nuevos consensos sociales para la sobrevivencia colectiva, a través del recurso de la negociación; seguiremos caminando como país por la ruta de la inestabilidad política. Con ello, cada vez más, se generará inseguridad económica, deterioro político y erosión social con su consecuente escenario de anarquía, enfrentamientos, deslegitimación y agresividad masiva. Será entonces la dinámica del caos la que se apodere progresivamente del futuro nacional, construyendo una atmósfera desastrosa que erosionará crecientemente la vida de los ciudadanos1. El desarrollo de dicha tendencia anárquica acentuará la dinámica del Estado fallido que ha avanzado en el país, caracterizada por la incapacidad que experimentan los poderes públicos rectores de la República para conducir a la sociedad por un rumbo de gobernabilidad institucional estable y justo. En las últimas décadas, cada vez más, el Estado mexicano se ha convertido en una entidad inepta para resolver los grandes desafíos que exige el crecimiento armónico de las comunidades nacionales de principios del tercer milenio, particularmente en el ámbito de la comunicación; y consintió el resurgimiento de un clima de violencia e inseguridad que sólo se presenció en los anteriores estallidos de los periodos de lucha por la Independencia en el siglo XIX y la revolución mexicana en el siglo XX.

Un diagnóstico sobre la situación de la crisis global de México y sus posibles alternativas de solución en la segunda década del siglo XXI, puede ser analizada en “Pensar el futuro de México”. Colección conmemorativa de las revoluciones centenarias, División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Xochimilco, México, 2010 y 2011, -; y en “Los grandes problemas de México”, 70 Aniversario de El Colegio de México 1940-2010: “Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución”, El Colegio de México, México, 2010; http://2010. colmex.mx/tomos2.html.

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HACIA OTRO CAMBIO NACIONAL: RETOMAR LA HERENCIA LIBERTARIA Frente a la profunda crisis estructural en la que se encuentra sumida la sociedad mexicana a principios de la segunda década del siglo XXI; es urgente contar con la presencia activa de un Estado democrático fuerte que reencause hacia nuevos órdenes civilizatorios el desorden existente en dicha transición histórica y ofrezca alternativas reales para la sobrevivencia de los seres humanos. Se debe considerar que la capacidad de acción del Estado para regular las crisis, a través de sus diversas formas de intervención rectoras (monetaria, política, ideológica, social, educativa, comunicativa, etc.), reduce o elimina la posibilidad de la peligrosa “autorregulación” capitalista sin control, que tarde o temprano, provoca nuevos desastres sociales y plantea la existencia de opciones civilizatorias que nos protegen de la barbarie que genera la lógica de acumulación desregulada de capital depredador sin contrapesos. Sin la presencia del Estado es imposible alcanzar el desarrollo sostenible, pues el Estado es una condición central para lograr el crecimiento económico, político social y cultural de la sociedad2, ya que la dinámica unilateral del mercado no se preocupa por lo social o lo colectivo que le interesa hasta el momento en que éste llega a una fase crítica donde actúa como un obstáculo para la acumulación de capital. De lo contrario, será la dinámica de la anarquía la que se apodere del futuro, creando un orden desastroso que devaste a los ciudadanos.

Almeyra, Guillermo, “El Estado en la mundialización” en: “El Estado mexicano. Historia, estructura y actualidad de una forma política en transformación”, Avalos Tenorio, Gerardo (Coordinador) Colección Teoría y Análisis, División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Xochimilco, México, 2009, página 85; y Novelo Urdanivia, Federico, “Desarrollo y democracia en México”, en: “El Estado mexicano. Historia, estructura y actualidad de una forma política en transformación”, Avalos Tenorio, Gerardo (Coordinador), Colección Teoría y Análisis, División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Xochimilco, México, 2009, página 240.

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En este sentido, actualmente las comunidades de la República se encuentran ubicadas en el tiempo histórico político del rescate y la refundación del Estado-nación que impida el avance acelerado del caos con su respectivo proceso de deterioro social3. Es decir, para superar la crisis de civilización en la que se encuentra sumida la sociedad mexicana; es necesaria también la transformación profunda del Estado mexicano en su conjunto. Por ello, ante el acelerado avance del caos en todos los niveles del desarrollo nacional; un cambio favorable que ofrece nuevas opciones es el regreso a los principios básicos de justicia, honestidad, equidad y democracia que formularon los movimientos libertarios de la historia de México en décadas anteriores; para lo cual, se requiere la renovación de los hombres que dirigen el sistema político del país4. En otras palabras, para transformar el sistema social se requiere modificar o reemplazar a los hombres que conforman la estructura política de nuestras comunidades. Debido a este delicado panorama, después de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución realizado por el gobierno panista en el año 2010 a través de un gran espectáculo mediático superficial, destinado a la difusión televisiva5; ahora corresponde a la sociedad civil rescatar el espíritu emancipador de los movimientos libertarios anteriores

Esteinou Madrid, Javier, “Hacia una agenda de comunicación para la reconstrucción de la nación”, Mesa: “Agendas del país desde la comunicación y la política”, XV Encuentro Nacional del CONEICC: “La comunicación que necesitamos, El país que queremos”, Consejo Nacional Para la Enseñanza e la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC), Universidad Iberoamericana, 6 al 9 de octubre del 2010, 25 páginas. Velázquez Velázquez, Daniel, Prólogo, en: “Pasado, presente y futuro de los partidos políticos en México”, Coordinadores: Hugo Sánchez Gudiño y Gonzalo Farrera Bravo, Ed. Miguel Ángel Porrúa y FES Aragón, UNAM, México, 2011, páginas 7 y 8. Para ampliar este panorama, consultar a Esteinou Madrid, Javier, “Bicentenario; medios electrónicos colectivos y fortalecimiento del Estado Fallido en México”, en: Revista Razón y Palabra, No. 74, “Euro-Región Galicia-Norte de Portugal”, en: Revista Razón y Palabra, No. 74, “Euro-Región Galicia-Norte de Portugal”, Coordinadores: Ana Belén Fernández Souto, Revista Electrónica Vía Internet, Primera Revista Electrónica Especializada en Comunicación en América Latina, Departamento de Comunicación, Instituto Tecnológico de Estudios Supe-

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con el fin de crear desde esa inspiración histórica condiciones políticas, jurídicas, culturales, etc., pero especialmente comunicativas, que fortifiquen los mecanismos de participación equilibrada de las mayorías sociales en la conformación de los destinos de la República. Con la creación de tales mecanismos se evitará el resurgimiento del autoritarismo, la esclavitud y la dominación que antaño subordinaron de forma descarnada a la población mexicana y que hoy amenazan con resurgir en la modernidad globalizada. Sin embargo, pese a la creciente necesidad imperiosa de renovación sustantiva de las estructuras sociales en México, hoy no contamos con un Estado fuerte y eficaz para solucionar tales desafíos, sino encaramos progresivamente la acción del fenómeno del Estado Fallido. De esta forma, en los últimos años los gobiernos mexicanos han sido incapaces de solucionar los principales desafíos que exige la dinámica de crecimiento de la población a principios del tercer milenio. En este sentido, si uno de los grandes frutos de los movimientos emancipadores de la independencia y la revolución fue la edificación de un Estado-nación republicano fuerte que se caracterizó por ser una nueva entidad de poder soberano que se enfrentó a las fuerzas imperiales colonizantes que dominaron a los habitantes del país durante muchas décadas y por atender con justicia reivindicadora las necesidades fundamentales del crecimiento de la población; esa conquista histórica gradualmente se ha desvanecido. Ahora, después de la conmemoración de las revoluciones centenarias, observamos que contrariamente a la propaganda de los discursos oficiales que proclaman la existencia de un Estado maduro, justo, eficiente, sólido, vigoroso y democrático; los indicadores de la cruda realidad confirman que en los inicios del siglo XXI presenciamos un Estado-nación debilitado, subordinado e injusto que, cada vez, cuenta con menos capacidades de gobernabilidad para darle dirección democrática a la sociedad mexicana con base en los postulados de justicia, igualdad,

riores de Monterrey, Campus Estado de México (ITESM), México, noviembre 2010-enero 2011, 18 páginas, http://www.razonypalabra.org.mx.

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equilibrio, oportunidades y paz social que fueron las banderas de los movimientos liberadores anteriores. Así, las metas de la Revolución mexicana como movimiento de renovación social se han agotado y el término en si mismo carece de sentido. Ya se perdió la carta de navegación de la sociedad y la autoridad, moral y política de los gobernantes y de los partidos políticos carece de fuerza y legitimidad para dirigir a la nación hacia un nuevo proyecto de futuro. La pobreza y la marginalidad han alcanzado niveles históricos y la descomposición social nos condena, cada vez más, a vivir bajo la zozobra. Los signos de la crisis y de la ineptitud gubernamental se muestran con crudeza en el ámbito de la educación, el desempleo, el deterioro de la salud pública, la procuración de justicia, la seguridad ciudadana, el deterioro ecológico, la nutrición, el avance del narcotráfico, etc., donde las cuentas sólo pueden hacerse con balance negativo, fracaso tras fracaso6. Dicho agotamiento del desarrollo y desencanto por la transición a la democracia en México se debe a: la lentitud que han mantenido los políticos para concretar acuerdos institucionales democráticos; la propensión de la clase en el poder para protegerse a costa del Estado de derecho cuando existen imputaciones de ilícitos en su contra; falta de transparencia en la toma de decisiones; fortalecimiento de la partidocracia; falta de canales de participación ciudadana directa en las cuestiones públicas; a la debilidad de los mecanismos de control y de fiscalización del Estado; a la ausencia de una cultura y práctica de rendición de cuentas del Congreso y al abandono de la democracia en el ámbito legislativo; a la escasez de vías jurídicas en manos de la sociedad para solucionar conflictos y reivindicaciones sociales, políticas y económicas; así como a una cultura de desobediencia civil respecto a leyes, programas o políticas injustas o alejadas de los intereses ciudadanos7.

Dicho diagnóstico nacional ya se expresaba con sus respectivas dimensiones en el ensayo denominado “La crisis de México” de Daniel Cosío Villegas publicado desde 1947. Velázquez Velázquez, Daniel, Prólogo, en: “Pasado, presente y futuro de los partidos políticos en México”, Coordinadores: Hugo Sánchez Gudiño y Gonzalo Farrera Bravo, Colección Las Ciencias Sociales, Ed. Miguel Ángel Porrúa y FES Aragón, UNAM, México, 2011, páginas 7 y 8. Cárdenas García, Jaime, “Poderes fácticos e incompatibilidades parlamentarias”, Serie Doctrina Jurídica No. 343, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), UNAM, México, 2006, páginas 30 y 31.

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En consecuencia, si a comienzos de los siglos XIX y XX empezamos el desarrollo comunitario del país con un Estado mexicano fuerte que pudo luchar contra los poderes fácticos que amenazaban su esencia rectora en tales períodos de la historia nacional; doscientos años después celebramos el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución con la presencia de un Estado endeble que cuenta con poca voluntad, capacidad y visión para enfrentar los poderes fácticos, especialmente de naturaleza mediática, que lo vulneran o desdibujan, permitiendo la imposición de otro proyecto de nación distinto al que formula el espíritu de la Constitución Mexicana de 1917 y sus leyes complementarias. De esta forma, la sociedad mexicana hoy ya no cuenta con el tradicional Estado Republicano, sino con la actuación de un Estado mediático híbrido que agravó la existencia del fenómeno del Estado fallido en México, que paradójicamente es el tipo de Estado que enmarcó la remembranza del Bicentenario libertario en el año 2010 después de muchos años de lucha y de esfuerzos pacificadores de diversas generaciones de la sociedad mexicana para construir un Estado autónomo, sólido y soberano en el territorio nacional. Es por ello, que en este contexto de evocación resulta central reflexionar sobre el nuevo Estado posmoderno surgido en el país ante la transformación del Estado republicano tradicional que parece que a comienzos del siglo XXI, se desvanece progresivamente, no obstante los empeños independentistas que efectuaron los movimientos sociales populares en los procesos de autonomía de los últimos dos siglos en nuestra historia nacional. La acumulación creciente de esta realidad histórica refleja la presencia real del Estado Mexicano Fallido en el ámbito de la difusión e interacción colectiva, pues éste no fue capaz históricamente de crear un nuevo proyecto de comunicación y de interrelación ciudadana que fortaleciera las bases filosófico-morales de la nación; sino permitió que se desarrollara prioritariamente el proyecto de transmisión masiva privado-comercial que es funcional para la expansión del gran capital y de la estructura de poder correlativo que lo protege a escala nacional e internacional. Tal etapa fallida protagonizada por la expansión del poder mediático sobre el terreno de lo público, se distinguió por no ser

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capaz de conducir a la sociedad mexicana por un rumbo de gobernabilidad estable y justa.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA RECONSTRUCCIÓN LA DEMOCRACIA NACIONAL Dentro del conjunto de los diversos instrumentos políticos con los que cuenta el Estado nacional para su renovación pacífica y que posibilitan superar el desorden colectivo; los procesos electorales ocupan un lugar estratégico en dicha dinámica, pues permiten de manera institucionalizada canalizar periódica y ordenadamente la voluntad de las mayorías para transformar a los poderes públicos que gobiernan a la sociedad8. Por ello, para avanzar sobre el horizonte civilizado de la promoción de la democracia institucionalizada se requiere la sólida intervención ético-moral de la clase política con el fin de crear, especialmente en las fases electorales, mecanismos superiores de participación ciudadana que permitan construir un amplio modelo de democracia deliberativa de calidad y no sólo un prototipo de democracia representativa de cantidad que actualmente navega con una fuerte crisis de credibilidad y eficacia en la nación. Es paradójico, aunque propagandísticamente se afirma lo contrario, considerar que “el sistema representativo no representa a todos los individuos, existe una distancia cada vez mayor entre gobernante y gobernado, produce democracias delegativas y excluyentes que no le brindan al ciudadano instrumentos adecuados de control para los momentos interelectorales. Los partidos

Para revisar el papel reciente que han tendido los partidos políticos en los últimos procesos electorales, consultar de Sánchez Gudiño, Hugo, “El triángulo dorado: Medios-dinero-partidos. Reflexiones sobre la constitución de la nueva agenda mediático-electoral en México”, en: “Pasado, presente y futuro de los partidos políticos en México”, Ed. Miguel Ángel Porrúa y FES Aragón, UNAM, México, 2011, páginas 19-62.

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y otros poderes fácticos condicionan y colonizan a los órganos formales que constituyen el aparato tradicional del Estado. La ley no responde a los intereses generales y por el influjo de cabilderos y otros intereses parciales se contractualiza y privatiza, así mismo, los ciudadanos no son fieles a su sistema normativo porque entienden que sus productos obedecen a intereses que le son ajenos”9. Por ello, la democracia representativa ha ocasionado “la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones parlamentarias porque los vínculos entre gobernantes y gobernados son muy débiles por la carencia de rendición de cuentas y porque se percibe que el legislador más que obedecer a su conciencia individual y al orden jurídico responde a intereses diversos que no son necesariamente los de su función”10. En este sentido, la “democracia representativa o democracia de los modernos es un fenómeno que ha experimentado diversos cambios a lo largo de varios años. Primero fue una democracia de notables con voto censitario y gran deliberación en sede parlamentaria y no en sede extra legislativa. Después fue una democracia basada en partidos de masas, con voto universal masculino, oligarquización y burocratización de partidos, con deliberación fuera de las sedes parlamentarias y con fuerte ideologización política. Ahora, ha pasado a ser una democracia de audiencia, apoyada preponderantemente en los medios de comunicación electrónicos, una democracia de marketing político, sostenida más en el candidato que en el partido, más en la imagen que en el programa, pero igualmente, como todas las anteriores, alejada del ciudadano común, de sus reivindicaciones y necesidades”11. Así, la democracia representativa se caracteriza fundamentalmente por promover las estrategias organizativas y propagandísticas pragmáticas que permiten elegir libremente a los candidatos que luchan por ocupar los cargos públicos en cada etapa de sucesión de poderes. Es una dinámica que se queda más en el uso de las

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Cárdenas García, Jaime, “Poderes fácticos e incompatibilidades parlamentarias”, Op. Cit. página 8. Ibid, página 12. Ibid, página 32.

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formas mercadológicas operativas para persuadir masivamente a la población y no en la reflexión y la polémica sobre los proyectos de gobernabilidad que hay que incorporar. Por ejemplo, dicha modalidad otorga un incentivo a cambio de los votos coyunturales de la población; y después los candidatos y los partidos se olvidan de los requerimientos de los habitantes12. En cambio, la democracia deliberativa es una acción que fomenta el análisis, la discusión y el debate civilizado de los candidatos entre sí, de la ciudadanía con los candidatos y de la población con las autoridades para decidir en conjunto cuáles son los proyectos de gobernabilidad que hay que instrumentar para cada periodo de gobierno con el fin de superar los conflictos de crecimiento de la sociedad. Su objetivo central es la elevación de la conciencia de los ciudadanos para examinar y decidir con responsabilidad, crítica y madurez las vías más adecuadas para resolver el futuro de sus comunidades.

HACIA UNA DEMOCRACIA DELIBERATIVA Para lograr el avance político hacia una democracia deliberativa se requiere tener presente que además de los importantes logros que conquistó la Reforma Electoral del 2007 en México13, también ge-

En este sentido, “la democracia representativa tradicional cuenta con una falla de origen, pues sus creadores buscaron desligar a los representantes de los representados y no solo mediante la prohibición del mandato imperativo. En los estados Unidos, en sus primeros años como país, es clarísima la reacción de la élite en contra de las elecciones anuales y las asambleas comunales (town meeting). En Latinoamérica los liberales y conservadores, de los nuevos países independientes, se preocuparon por recortar los poderes de la ciudadanía y reafirmar las capacidades y facultades de la dirigencia, por eso se fortalecieron inmensamente los poderes de los presidentes y se evitó al máximo el uso de cualquier mecanismo ciudadano para revocar mandatos”. Cárdenas García, Jaime, “Poderes fácticos e incompatibilidades parlamentarias”, op. cit., página 33. Para revisar los avances que logró la Reforma Electoral consultar Esteinou Madrid Javier, “La Reforma Electoral y su repercusión comunicativa sobre las elec-

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neró diversas limitaciones que se deben superar para construir este tipo de democracia en el país. Por ejemplo, contrariamente al planteamiento central que sostuvo la filosofía de la Reforma Electoral en el sentido que con sus modificaciones jurídicas introduciría un nuevo modelo de comunicación política en México, es necesario subrayar con todo rigor que lo que realmente construyó esta iniciativa normativa fue un moderno prototipo de simple transmisión de información electoral de los partidos prevalecientes a los votantes y no de comunicación política deliberativa en sentido estricto entre los diversos actores que participan en el proceso. Ello debido a que lo que se incorporó fue únicamente un importante cambio en el proceso de difusión masiva de la información político electoral del emisor dominante tradicional, que era el poder mediático monopólico privado —que en años anteriores se había apoderado y abusado de la dinámica electoral virtual—, por otro emisor igualmente dominante y monopólico que fueron los partidos políticos; pero no se agregó ningún elemento de interacción, apertura para generar una dinámica de comunicación, intercambio o participación bilateral de los partidos entre sí mismos, de los partidos con la sociedad o de la sociedad con los partidos para discutir las “promesas electorales”. Dentro de esta conceptualización es sumamente relevante diferenciar una y otra realidad, pues es totalmente distinto edificar en México y en cualquier latitud del planeta una “democracia de información” donde sólo interviene de manera preponderante un polo emisor que difunde mensajes unilaterales a una mayoría de receptores para estructurar un sentido o una propuesta política colectiva coyuntural, aparentemente más abierta, sin la participación activa o contestataria del resto de la sociedad; a producir una democracia comunicativa que implica que el emisor dominante además de transmitir sus miles de informaciones específicas a un público seleccionado, también recibe en el mismo momento una respuesta sustantiva de los receptores, de la sociedad o de los elecciones políticas de 2009 en México”, Revista Espacios Públicos, No. 28, Año 13, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Estado de México, México, agosto del 2010, páginas 83 a 101.

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tores para construir conjuntamente un proceso dinámico, plural, interactivo, crítico, polémico y diferenciado de elaboración sobre las propuestas de la cultura política colectiva cotidiana. La democracia representativa se basa en el simple manejo de procesos de información persuasiva; en cambio, la democracia deliberativa exige el paso anterior, pero además requiere la acción de los mecanismos de la comunicación para que participen bilateralmente los ciudadanos en la discusión de los problemas públicos. Por lo tanto, para fines de gobernabilidad de un país, es precisar de manera cuidadosa la diferencia existente entre procesos de democracia informativa y procesos de democracia comunicativa, especialmente en la fase de cambio histórico por la que atraviesa la nación, pues el fenómeno de desorden conceptual que se ha derivado de la “modernidad cultural” ha introducido profundas confusiones entre ambos procesos, proponiendo que tales realidades son iguales y desconociendo que cada uno de estos escenarios genera resultados de cambio social muy diferentes entre sí. Desde el ángulo de la democracia representativa, el modelo informativo opera fundamentalmente como una acción de administración unidimensional de los datos por un grupo gobernante que controla y administra los recursos de la emisión de las informaciones masivas, para lograr que los públicos sólo se enteren de los hechos que se transmiten sin participar en el proceso de elaboración de los mismos más que como simples consumidores de información, para facilitar que se conserven sus intereses ya consolidados. En cambio, el modelo comunicativo funciona como un proceso de constante reconstrucción diversa de la conciencia social donde intervienen fluida y pluralmente de forma multilateral todos los sectores participantes del proceso para elaborar de manera conjunta la conciencia que requiere un grupo o comunidad para discutir abiertamente su realidad con el fin de superar sus problemas y existir con mayor igualdad, equilibrio, justicia y progreso. Bajo esta dinámica, los intereses dominantes pueden ser cuestionados o incluso transformados, pues a través del proceso de comunicación se privilegia la participación y la polémica sobre la realidad para crear colectivamente el rumbo de las comunidades y del país en su conjunto.

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Sin embargo, no obstante la diferencia crucial que se teje entre estas dos realidades estratégicas y a que la sociedad mexicana ha demandado durante muchas décadas la existencia de modelos efectivos de comunicación social; la Reforma Electoral sólo creó un nuevo prototipo de difusión masiva de información política unilateral y no un modelo de comunicación política interactivo, con las limitaciones democráticas que esto conlleva. Por consiguiente, en el mejor de los casos, la Reforma sólo impulsó la creación de la democracia representativa y no la deliberativa, que exige más el avance de nuestra sociedad para solucionar los conflictos estructurales que se enfrentan al iniciar la segunda década del siglo XXI.

EL REFORZAMIENTO DE LA PARTIDOCRACIA Y LA MARGINACIÓN DE LOS CIUDADANOS Al permitir la Reforma Electoral que sólo los partidos políticos participaran en la elaboración y la difusión de los mensajes en los concursos electorales, se reforzó la estructura partidocrática previamente existente en el país que dio origen a la hegemonía de la comunicación electoral de dichas instituciones sobre el resto de la sociedad. En este sentido, en aras de lograr con la Reforma mayor equidad en las contiendas se produjo en grado extremo una nueva estructura política unilateral al posibilitar que la sociedad mexicana pasara del sistema de gobernabilidad de la Telecracia que anteriormente concentraba los procesos de la comunicación política en la República y no consideraba a los habitantes más que como meros sujetos votantes coyunturales; a evolucionar a una nueva estructura partidocrática de naturaleza hermética donde ahora el monopolio de la comunicación política ya no lo acaparan las empresas privadas de la difusión masiva, sino lo aglutinan los partidos políticos, dejando nuevamente afuera a las comunidades, pues también las contemplan como simples sufragantes casuales. De esta manera, con la Reforma Electoral oscilamos de un monopolio mediático de la política en alianza con el Partido Revolu-

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cionario Institucional (PRI), como institución dominante en diversas coyunturas históricas anteriores; a un nuevo monopolio de la partidocracia que acaparó el proceso de la comunicación política y con ello concentró las dinámicas de representatividad masiva, sin darle opciones de interacción pública a la sociedad civil. A través de ello, se reforzó el fenómeno de la Telepolítica discrecional como forma moderna de relación para que sólo la clase política gobernante se vinculara virtualmente con la población, y no se apoyó el de la verdadera política sustantiva en donde abiertamente participan de manera plural todos los sectores sociales para reflexionar y polemizar los grandes conflictos de la agenda nacional y sus modalidades de solución. Bajo esta perspectiva, lejos de atacar el problema de la disparidad político social, la Reforma Electoral la empeoró, pues, por una parte, fue una ley creada para proteger de la presión de los monopolios informativos a los partidos políticos predominantes, en lugar de ensanchar la voz de los ciudadanos para intervenir en la discusión de sus grandes contradicciones de crecimiento; por otra, buscó la equidad entre partidos, pero al mismo tiempo aumentó la inequidad entre ellos y los ciudadanos; porque a pesar de que redujo el presupuesto de estos organismos, aumentó sus prerrogativas como el financiamiento de más tiempo gratuito en medios; y finalmente, no sometió a los contendientes electorales al veredicto de los ciudadanos mediante la reelección legislativa. Con dicha instrumentación, únicamente los partidos pudieron manifestar sus intereses y sus concepciones en las fases de contiendas, y esto con desigualdades institucionales, pues, por un lado, no todos los institutos políticos tuvieron los mismos espacios y porcentajes de uso de los canales de información; y por otro, no permitió que la sociedad civil también interviniera, vía las tecnologías de difusión, en la discusión abierta de las principales inquietudes para la sobrevivencia de las comunidades nacionales. De esta forma, paradójicamente, por ninguna de las dos vías dominantes de difusión establecidas se operó un modelo colectivo de comunicación ciudadana, que durante y posteriormente a la ejecución de las dinámicas electorales, expusiera los intereses básicos de los grupos sociales, cuando son estas entidades sociales las que mantienen

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cotidianamente a ambos prototipos de comunicación social con sus aportaciones económicas a través del pago de sus diversos impuestos al gobierno y la compra de los productos que se difunden en los espacios publicitarios de las industrias culturales. Así, la reforma de 2007 buscó más equidad pero con instrumentos equivocados, por lo que la eficacia de la norma fue muy limitada. Pero lo más grave de todo es que lo hizo a costa de sacrificar la libertad de expresión y la participación de una sociedad frustrada que quiere expresarse a través de los partidos y más allá de ellos en los medios de difusión masivos. Se trató de la primera Reforma Electoral regresiva de los derechos ciudadanos14. En otras palabras, con la Reforma Electoral simplemente se evolucionó de un sistema autoritario y abusivo de los monopolios privados de la difusión masiva que por décadas negaron oportunidades para la participación plural de la sociedad en el espacio público mediático, a otro nuevo sistema monopólico burocrático de dominio de los partidos políticos que tampoco otorgó posibilidades de expresión política a las comunidades civiles, especialmente en las fases de contiendas electorales, y que consolidó mediáticamente los intereses particulares de la actual clase política en el poder. Por ello, es necesario reconocer que desde el punto de vista de la apertura del sistema de comunicación colectivo hacia la participación de la sociedad en el espacio público mediático, no existió mayor diferencia de fondo entre el planteamiento abusivo y reaccionario que en el año 2005 incorporó vía el Poder Legislativo el sector monopólico privado de la radiodifusión y de las telecomunicaciones nacionales a través de la denominada Ley Televisa; y la propuesta que elaboró la clase política nacional en el Congreso de la Unión en el año 2007, a través de la Reforma Electoral, pues ninguna de las dos fuerzas del poder central, Telecracia o Partidocracia, se interesaron en crear condiciones auténticas para la intervención mayoritaria de la sociedad civil en el ámbito de la vida nacional.

Ugalde, Luis Carlos, “La reforma regresiva”, en: revista Nexos, No. 380, México, agosto del 2009, página 19.

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De esta forma, si en el pasado los monopolios mediáticos a través de la Ley Televisa pretendieron apropiarse jurídicamente a su favor de todo el espectro radioeléctrico de la nación para realizar más negocios privilegiados de comunicación conquistando nuevas cuotas de poder ideológico político y manejar las elecciones como un gran negocio lucrativo; en el presente la Reforma Electoral igualmente facilitó que los partidos políticos se apropiaran monopólicamente de la dinámica y de los instrumentos de la comunicación política en las fases de sucesión de poderes. De esta forma, a través de la transmisión de 33 millones de spots, se construyó una opinión pública propagandística que blindó a los partidos políticos, sin dar opciones para que la sociedad civil participara en la edificación de ésta, sino sólo para crear más partidocracia a su favor. En conclusión, no existió mayor diferencia sustantiva en el hecho de que la sociedad quedara subordinada a los monopolios privados de la difusión masiva o a los monopolios de los partidos políticos; pues en ambos casos cada uno buscó unilateralmente su máxima ganancia político económica particular, olvidándose de las demandas fundamentales que debían resolverse para poder sobrevivir.

EL REINADO DE LA SPOTCRACIA La nueva esencia del modelo de la telepolítica se basó en el empleo de la antigua dinámica electoral de la República del spot adoptada en las elecciones del 2000, 2003, 2006 y 2009 y que se distinguió por centrarse en la difusión superficial y excesiva de cientos de millones de spots propagandísticos de 30 segundos o más, para difundir mensajes de impacto político en los auditorios; sin revisar a fondo los grandes retos nacionales que se debían analizar y resolver15. Mediante el empleo de estos recursos promocionales 15

“Campañas de spotización: José Woldenberg”, periódico Milenio Diario, Sección nacional, México, 1 de junio del 2009, www.milenio.com; “Académicos de-

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se diluyó la densidad del debate político, sin discutir concepciones, principios, contradicciones, argumentos, complejidades, plataformas ideológicas, de los candidatos o partidos en contienda; sino que sólo se transmitieron anuncios publicitarios efectistas que utilizaron reiteradamente imágenes, personajes, actores, lemas, logotipos, slogans, jingles musicales, etc.; antes que diagnósticos e ideas para intentar resolver los grandes conflictos que hundían a la nación16. Fue el triunfo de las formas mercadológicas sobre el contenido de la política. Así, la aplicación intensiva del modelo de comunicación política que los partidos impusieron a la sociedad tras la Reforma Electoral, generó crecientemente un fenómeno desbocado de la telepolítica y sus derivados de la mercadotecnia electoral oportunista, expandiéndose desproporcionadamente en la etapa de desarrollo del México moderno, particularmente a principios del siglo XXI. Ello provocó la consecuente degeneración de la naturaleza de la política, como rigurosa atención y discusión por parte de los ciudadanos de los asuntos centrales de la polis con el fin de encontrar soluciones a los problemas que los afectan; y la convirtieron en un espectáculo más de la cultura mediática contemporánea. De esta manera, la explicación y el análisis ideológico estuvieron comprimidos o ausentes. Volvieron los lemas “Naranja, naranja” del Partido Convergencia o “El peligro para México” del Partido Acción Nacional. Los electores tuvieron que conformarse con mirar como en un desfile de espectáculos la forma escandalosa en que se dilapidaron los recursos del erario público en plena etapa de recesión económica. La modalidad de la democracia mexicana se degradó crecientemente al convertirse en una mercancía publici-

ploran spotcracia”, sección nacional periódico Excélsior, 25 de junio del 2009, http://www.exonline.com.mx. Para conocer la función emocional que provoca la spotización de la política en México consultar de Unzueta Granados, Héctor Ángel, “El lenguaje de las emociones en los dispositivos de la comunicación política contemporánea”, en: revista Veredas, Año 10, X Aniversario, Número Especial, “Pensar lo social desde el doctorado en ciencias sociales”, UAM Xochimilco, México, primer semestre del 2009, páginas 99-113.

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taria más que se colocó dentro de los ciclos temporales del consumo masivo a través de las pantallas o en los diales de los medios17.

LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN EL MODELO DE COMUNICACIÓN DE MERCADO, ELECCIONES 2012 A lo largo de diversas contiendas electorales, los partidos políticos mexicanos criticaron de forma severa el modelo de operación de la televisión comercial y la aplicación de los sistemas de propaganda del marketing político norteamericano por ser mecanismos artificiales e inadecuados para transmitir las campañas proselitistas de dichas instituciones políticas en México. Sin embargo, paradójicamente una vez que los partidos contaron con el acceso libre a los espacios oficiales de difusión en las elecciones intermedias del 2009, vía el aprovechamiento de los tiempos de Estado, en ese momento dejaron de ser críticos con dicho esquema privado mercantil y adoptaron sumisamente el modelo de difusión de la publicidad comercial privada de los grandes monopolios mediáticos y de la escuela del marketing político anglosajón para comunicarse con la sociedad mexicana y del cual dijeron sistemáticamente que pretendían huir institucionalmente. Así, en el proceso de instrumentación del modelo de información de la Aguja Hipodérmica, los partidos le dieron primacía al uso del sub modelo de comunicación de la televisión comercial con sus respectivos recursos del espectáculo, la escenografía provocativa, la actuación dramática, el mensaje light, y el show político; en pocas palabras, se impulsó el Modelo de la Comunicación Casino

Toussaint, Florence, “Medios y prerrogativas electorales”, revista Proceso, No. 1671, México, 9 de noviembre del 2008, páginas 69 y 70; “Confusión sobre publicidad de campañas en entidades donde habrá comicios en 2009”, periódico La Jornada, México, 5 de diciembre del 2009.

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para promover su imagen18, reemplazando la difusión de ideas y propuestas racionales para enfrentar los grandes desafíos nacionales urgentes que debían de resolverse19. En este sentido, pese a contar con un marco normativo favorable que les otorgó la Reforma Electoral para desplegar una gran capacidad comunicativa e instrumentar una nueva concepción avanzada de la comunicación política; los partidos demostraron, una vez más, su penuria ideológica y su extravío social, y construyeron la conciencia política de los ciudadanos retomando la práctica mercadológica comercial para la venta de productos como la estrategia central para generar su línea de vinculación masiva con los electores. En este sentido, el modelo de comunicación política de los partidos se estructuró a partir de las reglas de la publicidad mercantil que se basó en utilizar “un slogan y un producto que promocionar. O bien, difundir historias cortas relatadas por campeones olímpicos, actores de televisión, futbolistas, empresarios, luchadores, etc. Es decir, los partidos políticos utilizaron todos aquellos elementos de identidad que ya existían en la memoria del

Para profundizar sobre las características del Modelo de Comunicación Casino, revisar de Esteinou Madrid, Javier, “El origen ético moral de la crisis del modelo de la economía basura”, en Revista Mediaciones Sociales, No. 5, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, España, segundo semestre del 2009, 65 páginas; http://www.ucm.es/info/mediars/MediacioneS2/Indice/indice.html. El fenómeno de la espectacularización de la política hasta grados extremos para ganar votos, no es un suceso exclusivo de la comunicación política mexicana, sino también acontece en otras naciones del mundo contemporáneo. Por ejemplo, en febrero del 2010 en las elecciones para la renovación de los poderes públicos del Parlamento de Colombia, la ex ministra de turismo y ex presentadora de televisión de 42 años, Ma. Fernanda Valencia, prometió a los electores como centro de su campaña que aparecería sin ropa en una revista para caballeros si era elegida para ocupar un escaño en el Congreso Colombiano. Es decir, no ofreció un proyecto para la creación de empleos, el mejoramiento de la economía, la lucha contra la guerrilla o el terrorismo; sino simplemente cambió su desnudo por votos seguros. “Promete desnudo por votos”, periódico Reforma, México, 4 de febrero del 2010.

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elector, pues los veían todos los días y se les aparecían en todos los horarios”20. Dentro del gran arsenal de recursos de identidad persuasiva con que se podía realizar el proceso de comunicación política moderna, pasmosamente en un alto porcentaje, los partidos decidieron incorporar preferentemente a integrantes del espectáculo para representar su imagen, y no a los propios miembros de sus agrupaciones institucionales que realizaban la gestión política cotidiana; y los pocos actores políticos que figuraron en las pantallas y diales lo hicieron adoptando las mismas reglas dramáticas de los animadores de la televisión comercial. Así, al incluir a trabajadores de la farándula como propaganda o como candidatos, en última instancia, los partidos políticos demostraron que solo les interesaba ganar votos y elecciones a costa de lo que fuera. Para ello, hicieron a un lado a sus militantes de años e incorporaron a personas famosas del espectáculo y del deporte, sin importar que no estuvieran capacitados para ejercer un cargo de elección popular, ni mucho menos para elaborar leyes en el Congreso21. A través de esta estrategia los partidos no pretendieron convencer a los votantes con la discusión de planteamientos ideológicos de fondo que era la demanda de la severa crisis global de la nación en todos sus ámbitos de desarrollo, sino que únicamente utilizaron los abrumadores recursos virtuales para ligar la imagen de sus instituciones políticas con el glamur de los íconos de figuras públicas reconocidas ampliamente. Así, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), contrató a Lilia Aragón, Karla Marqueda, (profesionales de Televisa Monterrey) y Omar Fierro y Mariana Ochoa (actores de televisión)22. El Partido Acción Nacional (PAN) vinculó su representación con Carlos Hermosillo (ex futbolista), Fernando Platas (campeón clavadista internacional), el “Místico” (luchador de la Arena México) y con Iridia Salazar (campeona

Toussaint, Florence, “La política como espectáculo”, revista Proceso, No. 1703, México, 21 de junio del 2009, página 70. 21 Ibid. 22 “De los reflectores a la política”, periódico Reforma, México, 1 de julio del 2009, www.busquedas.gruporeforma.com. 20

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olímpica en taekwondo)23 para promocionar su imagen. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) alquiló a Raúl Araiza y Maite Perroni (actores de Televisa)24. El Partido Social Demócrata (PS) se relacionó con “La Chiva” (actriz de Televisa), Tere Vale (conductora de televisión y radio) y Juan Antonio Méndez Parra (ex dueño de Rockotitlán y bajista del grupo Kerigma)25. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se presentó con Ana Guevara (vencedora olímpica en velocidad) y con la niña Mariana (protagonista infantil de nueva creación)26. El Partido del Trabajo (PT) fue caracterizado por Claudia Pichardo, mejor conocida como La Bombón Grupera (cantante), etc27.. En cuanto a los contenidos de los mensajes políticos en los medios abiertos, el PAN se centró en el tema del narcotráfico, no obstante que era una lucha gubernamental fracasada. El PRI basó sus propuestas en exaltar y recobrar su antigua experiencia para gobernar al país. El PRD fundamentó su táctica proselitista en una publicidad personalista alrededor de Jesús Ortega, presidente del partido, demandando una nueva credibilidad hueca para recolocar 23

“Recurre el PAN a deportistas” periódico Reforma, México, 2 de mayo del 2009; “Sin espots el PAN arranca su campaña”, periódico La Jornada, México, 3 de mayo del 2009; “Embiste Místico contra indecisos”, periódico Reforma, México, 22 de mayo del 2009. “Usar artistas en espots es un fraude para electores: Navarrete” Agencia de Noticias Notimex, México, 3 de julio del 2009; “Revela Araiza: Televisa me invitó a la campaña”, periódico Reforma, México, 27 de junio del 2009; “Critican que Televisa alquile sus actores a partidos”, periódico Reforma, México, 28 de junio del 2008, www.busquedas.gruporeforma.com; “De los reflectores a la política”, periódico Reforma, México, 1 de julio del 2009, www.busquedas.gruporeforma. com; “Abanderan con convicción causas ecologistas”, periódico Reforma, 1 de julio del 2009, www.busquedas.gruporeforma.com; “Lamenta Maite abstencionismo”, periódico Reforma, 10 de julio del 2009, www.busquedas.gruporeforma.com. “Apuntalan spots guerra electoral”, periódico Excélsior, México, 2 de mayo del 2009; “De los reflectores a la política”, periódico Reforma, México, 1 de julio del 2009, www.busquedas.gruporeforma.com. Toussaint, Florance, “La política como espectáculo”, revista Proceso, No. 1703, México, 21 de junio del 2009, página 70; “Sigue la niña Mariana en los spots del PRD”, periódico Milenio Diario, 31 de mayo del 2009. “De los reflectores a la política”, periódico Reforma, México, 1 de julio del 2009, www.busquedas.gruporeforma.com.

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socialmente al organismo político. El PVEM, contrariamente a su plataforma de principios humanistas, centró su campaña en la promoción de la pena de muerte a secuestradores, otorgar vales para medicinas, facilitar bonos para clases de inglés y computación28. La alianza Convergencia y el Partido del Trabajo cimentaron narcisistamente su campaña de propuestas en la figura mesiánica de López Obrador que expuso tesis vagas y mínimas sobre el rescate de la nación29. Desde el punto de vista de la construcción de la gobernabilidad, podemos decir que en la proporción en que los partidos políticos acudieron al uso de los recursos persuasivos del espectáculo, de la farándula, del vodevil y del star system para convencer a los votantes y obtener su apoyo; en esa misma proporción demostraron la fragilidad, vacío y fracaso que experimentan como órganos públicos de representación popular y de dirección nacional, pues dependieron del glamur y del maquillaje publicitario para alcanzar sus objetivos, y no de la fuerza de sus propuestas innovadoras de gobierno para cautivar e inducir a los electores. La sociedad mexicana no necesita partidos con modelo de comunicación de antros, requiere partidos éticos comprometidos en la construcción de prototipos de comunicación ciudadana que eleven el nivel de conciencia de los sujetos, para contribuir a la resolución de los conflictos de la agenda nacional. De lo contrario, de no contar con este posicionamiento de intervención ciudadana, tendremos que afirmar que no sólo la telecracia es un obstáculo para la edificación de la democracia; sino también contrariamente a lo que ha dicho la clase política sobre sí misma, también los partidos políticos son un profundo impedimento para la creación de la democracia en México. Vinculando esta realidad con experiencias del pasado, se observó que, en esencia, los partidos políticos apelaron a la misma estrategia ideológica de convocatoria mediática que utilizó el sistema de la televisión privada en el país para colocar los Juegos 28

“Reciclan propuestas en el Partido Verde”, periódico Reforma, México, 8 de junio del 2009. Toussaint, Florence, “La política como espectáculo”, página 70.

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Olímpicos de Atenas, Grecia, en el año 2004, donde para capturar la atención de los espectadores no recurrieron a la simple emoción y desafíos derivados del espíritu olímpico de cada competencia deportiva en sus múltiples versiones; sino que también apostaron al glamur de artistas, cómicos, conductores, comediantes, etc. para capturar el rating30. Así, por ejemplo, el poder mediático acudió a la popularidad de los comediantes Brozo (Víctor Trujillo), Eugenio Derbez y “El Hooligan” (Andrés Bustamente), a la fama de los artistas Angélica Vale, Omar Chaparro, “La Tesorito” y “El Compayito”, deportistas como Julio César Chávez (boxeador), marionetas como “Los Peluches”, etc. que abusaron de expresiones corrientes como “nacos”, “bebas”, “perejilas”, “tachaditos”, “compayitos”, albures, etc. para promocionar los Juegos Olímpicos, e incluso llegaron al extremo de provocar conflictos diplomáticos con el país sede por el uso de esta corriente estrategia informativa que ridiculizó a la milenaria cultura griega para intentar ganar más rating31.

“Grotesco espectáculo de televisoras”, periódico Zócalo, No. 55, México, septiembre del 2004, página 3; y Meléndez Preciado, Jorge, “Atenas otro fracaso de Fox”, periódico Zócalo, No. 55, México, septiembre del 2004, página 6. Particularmente el duopolio televisivo se apoyó en la fórmula deporte-espectáculo que substituyó la presencia de los verdaderos deportistas e introdujo la representación de histriones de los medios que emplearon los recursos de la vulgaridad, la frivolidad, el chiste, la anécdota, la falta de respeto y el exceso de comercialización para que Televisa y Televisión Azteca obtuvieran 18 y 23 millones de dólares de ganancias, respectivamente, por sus transmisiones olímpicas. La ofensa a la cultura griega fue constante a lo largo de la transmisión televisiva y las dos principales televisoras mexicanas mantuvieron una permanente pugna por el favor del público, presentando hasta el final manifestaciones de vulgaridad y falta de respeto por parte de una de ellas. Así, por ejemplo, al concluir los Juegos Olímpicos alcanzó tal grado la burla que la empresa Televisa en su última edición del resumen olímpico, algunos de sus comentaristas fueron elevados al nivel de personajes de la mitología griega cuando se les comparó, por ejemplo, con Odiseo (Manuel Lapuente), Agamenón (Javier Alarcón) y Aquiles (Brozo), entre otros, para enfatizar que ganaron a sus enemigos una especie de Guerra de Troya. Después, en el colmo de la estulticia, el cómico Eugenio Derbez y el actor Omar Chaparro reunieron en torno suyo al personal que estaba en el estudio de Atenas y les pidieron que se tomaran de las manos para elevar una serie de “plegarias”, donde expresaron lo siguiente: “Señor, gracias por este viaje a Atenas, porque las viejas están bien buenas”. “Santo niño San Vicente, a ver si ya se calla

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Una vez más, los partidos políticos demostraron su enorme desinterés e irresponsabilidad al no construir un proceso de fluida comunicación con los habitantes de sus distritos para discutir el presente y futuro del proyecto de nación inmerso en la más severa debacle económica existente desde la recesión de 1930; encubrieron su descomposición, fracaso y menosprecio por la ciudadanía con el afeite de la virtualidad electrónica que instrumentó la mercadotecnia “política moderna”. En suma, lo que se presenció con la instrumentación de dicho modelo de comunicación política fue el burdo blindaje virtual de los partidos políticos para intentar resolver mediante la mercadotecnia comunicativa de los canales electrónicos de difusión masiva y otras infraestructuras informativas, la profundada crisis de legitimidad y representatividad que experimentaron éstos ante los ciudadanos, y no mediante un serio y responsable trabajo de acercamiento con la ciudadanía para atender sus necesidades fundamentales de sobrevivencia32. En plena fase de modernidad y en el total vértice de la mayor crisis de desarrollo que se ha experimentado en los últimos 70 años en México, se constató, una vez más, la severa distancia y ruptura existente entre política y realidad elemental de los habitantes de la nación, lo cual nuevamente, a largo plazo, intensificará la crisis de la política en México.

el chaparrito de enfrente”. “Virgen del Perpetuo Socorro, que Toño (de Valdez) ya no sea tan pedorro”, fueron algunas de las frases utilizadas por el par de finísimos cómicos. Finalmente, el numerito terminó cuando Derbez y Chaparro, vestidos como mujer, fueron desnudados y, en el caso del primero, despojado frente a las cámaras del sostén relleno de pelotas que llevaba”. Becerril, Víctor, “Tv privada gana oro en frivolidad”, Periódico Zócalo, No. 55, México, septiembre del 2004, páginas 4 y 5. Para analizar el preámbulo de la actual crisis política en México, revisar Revueltas, Andrea, “Antecedentes históricos de la crisis política actual”, en: El Estado mexicano. Historia, estructura y actualidad de una forma política en transformación, Gerardo Ávalos Tenorio, (Coordinador), UAM Xochimilco, México, 2009, páginas 219-233.

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LA CARENCIA DE DEBATE SOBRE LA AGENDA NACIONAL Debido a los intereses viciados que movieron electoralmente a la partidocracia nacional durante la fase de los comicios del 2009 que buscaron fundamentalmente el reforzamiento y la legitimación de la actual clase política en el poder y no su profunda autocrítica y renovación representativa; durante la creación del nuevo marco electoral no fue posible que prosperara la verdadera sustancia de la política que implica el análisis y la discusión plural de los principales conflictos de desarrollo del país y la búsqueda de opciones de solución a los mismos. Dicho retroceso de la cultura política mediante la Reforma Electoral se debió a que las campañas propagandísticas sólo se pueden gestar maduramente si se incorpora la reflexión, la discusión, el debate, el enfrentamiento y la oposición de los diversos planteamientos de los múltiples adversarios que compiten entre sí, ya que la política en sí misma implica la polémica, la disputa y la confrontación entre las mejores propuestas que sostienen los distintos sectores políticos en contienda33. De lo contrario, si no existe este proceso civilizado de confrontación ideológica sobre el universo de alternativas sólo se da la difusión unilateral de propuestas propagandísticas para ideologizar a los auditorios, con el exclusivo fin burdo de ganar votos momentáneos. Sin embargo, posteriormente a la aprobación de la Reforma Electoral, siguiendo las directrices de la escuela de la telepolítica y sus derivados espectaculares, se constató que a los partidos no les interesó la ejecución de esta perspectiva civilizatoria, sino que únicamente los motivó el acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión para difundir su imagen virtual a través de la transmisión de millones de spots para legitimarse ante los auditorios como fracciones en el poder. En este sentido, a los partidos no les preocupó discutir a fondo el replanteamiento del proyecto de nación 33

Revisar de Salmerón Acevedo, Jesús, “Los medios de comunicación y la cultura política”, en: Voces del Periodista, No. 94, Club de Periodistas de México, México, 1 al 15 de septiembre del 2004, páginas 28 y 29.

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que se debía reconstruir para el siguiente periodo de gobierno y la nueva función orgánica que debían desempeñar los partidos ante la crisis estructural del México convulsionado por el estallido de la crisis mundial del Modelo de la Economía Basura a comienzos del siglo XXI. Así, no obstante haber poseído la mayor cantidad de recursos comunicativos de toda la historia de las campañas políticas en la República mexicana, los partidos políticos no fomentaron la construcción ideológica de más ciudadanía, no elevaron el nivel crítico de la población, no concientizaron más a los ciudadanos sobre el conjunto de garantías constitucionales que les corresponde exigir, no crearon el avance de la conciencia política colectiva, no discutieron los grandes conflictos de la agenda nacional, no generaron mayor claridad mental en los habitantes para colaborar a resolver los grandes conflictos nacionales, no profundizaron sobre los desafíos del sistema político mexicano, no buscaron la participación social en la discusión del proyecto de país, no llamaron a la reconstrucción de la nación, no efectuaron la autocrítica de sí mismos, sino que únicamente difundieron un conjunto de slogans propagandísticos coyunturales y superficiales que no reflejaron un proyecto político de desarrollo nacional. En suma, se produjo un franco retroceso, pues con tantas posibilidades comunicativas de carácter institucional y tecnológico los partidos no crearon una nueva cultura política en la República; se limitaron a reproducir unilateralmente la decadente mentalidad política pervertida heredada del pasado, pero ahora maquillada con los nuevos trucos persuasivos de la mercadotecnia electoral “moderna”. De esta manera, pese a que el Instituto Federal Electoral (IFE) exhortó a todos los partidos para que realizaran una verdadera exposición y comparación polémica de sus plataformas partidistas34; asombrosamente, todos los partidos despreciaron la invitación oficial del máximo órgano electoral del país y la ausencia de discusión política fue tal que a lo largo de todo el proceso electoral

“IFE dice sí al debate, pero entre todos los partidos”, periódico Milenio Diario, Sección política, México, 4 de junio del 2009.

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de precampañas y campañas sólo existieron dos limitados debates: por una parte, una simple plática audiovisual fuera de los tiempos oficiales del Estado sin llegar a convertirse en debate entre el PAN, PRI y PRD, de hora y media, que organizó el Canal 2 de televisión, coordinado por Joaquín López Dóriga, periodista de la empresa Televisa, en el cual no se abordaron con hondura las propuestas esenciales de cada organización política35. Por otra parte, otra limitada discusión que se gestó entre los institutos políticos minoritarios como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Convergencia, Nueva Alianza y Partido Social Demócrata (PSD), y que sólo fue transmitido a través de Internet en versión restringida por la página Web del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), en el cual tampoco se encararon a fondo los grandes problemas de la nación en dicha coyuntura36. Frente a esta realidad, es importante destacar que la cultura política electoral de nuestra sociedad no cuenta con una tradición de discusión crítica racional entre los distintos contendientes, sino que se encuentra en una fase muy incipiente, e incluso primitiva, que tiende más al espectáculo dramático que a la discusión civilizada entre fracciones del poder. Debido a ello, los aparentes debates políticos emitidos por los medios de información colectiva, en otros momentos electorales han sido encuentros de denostación, agresión, insultos, injurias entre los diversos candidatos y no de revisión profesional de las diversas alternativas partidistas ante los principales conflictos de la agenda nacional. ¿Esta es la comunicación política que eleva el nivel de la conciencia ciudadana o es un espectáculo boxístico sangriento de las fases electorales que refleja la naturaleza de lo que es nuestra clase política actual? Por ello, es necesario que la sociedad se pregunte ¿Dónde quedaron las promesas, las utopías, las esperanzas, las alternativas, los proyectos fundamentales de los partidos políticos para construir un nuevo México en el siglo XXI? Con dichos procedimientos, los 35

“Debate se redujo a una plática televisiva”, periódico Excélsior, sección nacional, México, 25 de junio del 2009, http://www.exonline.com.mx. “Críticas acaparan debate de partidos: Aceptaron invitación del IEDF sólo grupos políticos de minoría”, periódico El Universal, México, 1 de julio del 2009.

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partidos políticos elaboraron campañas mediocres, artificiales o falsas, con tópicos muy epidérmicos, cuando lo que se requiere es la discusión frontal, racional, abierta, cruda, de fondo y propositiva sobre los grandes conflictos nacionales que impiden el avance del país.

¿QUÉ HACER? Ante el horizonte de simple democracia representativa que generó la Reforma Electoral del 2007 para fortalecer herméticamente la estructura partidocrática dominante en el país; ahora es necesario que la sociedad civil presione a los partidos políticos para que el prototipo de difusión que ésta les construyó, se convierta en un verdadero modelo de comunicación ciudadano que permita la emergencia de la democracia deliberativa para que la sociedad se exprese en las fases electorales y en otras etapas del desarrollo histórico, con el fin de exponer públicamente sus necesidades prioritarias de sobrevivencia y discutirlas con la clase política. Es necesario considerar como señala Cárdenas García que: la democracia no es sólo un asunto electoral. Una buena democracia tiene que ver con garantías fuertes y suficientes para proteger derechos fundamentales, tiene relación con una adecuada división y equilibrio de poderes, tiene vínculos con mecanismos de rendición de cuentas y, sobre todo, con fórmulas que provoquen esquemas más participativos, deliberativos, transparentes y con más controles al poder por parte de los ciudadanos. Se requieren instrumentos a nivel federal de democracia directa que no existen en nuestro país como la iniciativa legislativa popular, la revocación de mandato, el referéndum, la auditoría ciudadana, el presupuesto participativo, etc. Se necesitan mecanismos que en el ámbito judicial faculten al ciudadano a promover acciones populares de inconstitucionalidad, recursos constitucionales para proteger de mejor manera los derechos económicos, sociales y culturales. Instrumentos para proteger derechos colectivos y difusos, establecer

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figuras como amicus curiae, y en general poner fin a los vetustos criterios de improcedencia como el de interés jurídico, que limita el acceso a la justicia. Igualmente se necesita más transparencia en la vida pública formal e informal del país. En las leyes de transparencia no sólo deben ser sujetos obligados de las mismas los poderes formales sino también los informales, incluyendo a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación electrónica, etc. El criterio para exigir transparencia no debe ser nada más para el uso de recursos públicos por parte de los poderes fácticos, sino igualmente para las instituciones privadas o sociales que tienen trascendencia en la vía pública o en el aparato de Estado. Por lo tanto, para alcanzar todo lo anterior se requiere contar con un marco de deliberación para la toma de decisiones en todas las instituciones, pues sólo mediante este instrumento se puede aspirar a que la política no represente intereses parciales, sino generales, ya que la deliberación implica justificación y argumentación de razones y decisiones37. De esta forma, se requiere evitar que la Reforma sólo actúe como un instrumento de propaganda unilateral de las fracciones políticas instaladas en las estructuras de la gobernabilidad para garantizar su reproducción privilegiada a mediano y largo plazo, evitando el empoderamiento de la sociedad civil, que es a la que se deben como representantes colectivos. Bajo esta perspectiva es fundamental que en las próximas elecciones sólo el 40 % de los tiempos del Estado en radio y televisión se entreguen a los partidos políticos y el 60 % restante se otorgue a la sociedad organizada para que ésta se comunique con los candidatos de los partidos en contienda y polemice con ellos sus propuestas de gobierno para las próximas legislaturas. Hay que recordar la premisa fundamental que indica que los tiempos de comunicación de Estado son pagados por la sociedad a través de sus impuestos, que entrega periódicamente al gobierno, y por lo tanto,

Cárdenas García, Jaime, “Poderes fácticos e incompatibilidades parlamentarias”, Op. Cit., páginas 8 y 9.

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son recursos que antes de estar al servicio propagandístico de los partidos, deben estar al servicio de sus necesidades comunicativas de las comunidades, porque la sociedad es la dueña de dichos recursos de comunicación. De lo contrario, será difícil que la solución a las principales necesidades de las comunidades se incluya en las ofertas partidistas y la sociedad sólo intervendrá como sector marginado para elegir el universo de alternativas que unilateralmente oferten los partidos políticos, pero no podrá participar en la discusión y creación de tales propuestas propagandistas segmentadas. En consecuencia, si no interviene la ciudadanía, nuevamente se reproducirá un orden político partidocrático, más no democrático para la sociedad. Por consiguiente, antes que los partidos nuevamente acudan en las etapas electorales al recurso del prototipo de la telepolítica espectacular fragmentada y al spot, como su herramienta fundamental de convencimiento y movilización social; es indispensable rescatar la verdadera esencia de la política que es la participación de las comunidades en los asuntos de la polis. Es decir, en contra de la práctica de la telepolítica que no aborda los aspectos de la realidad, sino que se basa en el uso de los lenguajes efectistas para producir sensaciones o fenómenos adrenalínicos que concentren la atención de los votantes, la política tiene que abordar los asuntos de lo público, pues si no los canaliza institucionalmente la política, ninguna otra actividad pacífica los abordará, y por lo tanto, se acumulará la anarquía con su consecuente descomposición social. Debido a ello, es indispensable recurrir al análisis, a la polémica, a la confrontación, al debate y a la construcción del consenso para contribuir a transformar la realidad social a través de la difusión partidista38. De ninguna forma, la comunicación política puede sustituir el trabajo político que deben realizar las instituciones de gobernabilidad, pues de lo contrario se produce un espectáculo

Consultar de García Rubio, Claudia I.: “Reforma electoral y televisión. Los formatos de los mensajes políticos después de la reforma electoral” en: revista El Cotidiano, No. 155, UAM Azcapotzalco, México, mayo-junio del 2009, páginas 9-11.

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mediático y no la democracia deliberativa de calidad que necesita la sociedad mexicana para avanzar. Con este fin, los partidos políticos y la sociedad civil, a través de los tiempos del Estado y otras alternativas tecnológicas, deben preparar nuevas vías de comunicación multilaterales con todos los sectores sociales, para que los ciudadanos discutan activamente sus proyectos políticos con los candidatos que compiten por los cargos de elección popular, y mediante esta acción, participen en la elaboración de las propuestas electorales de los partidos que los representan. Así, para avanzar en la madurez de la Reforma Política a principios del nuevo milenio requerimos recolocar el sentido verdadero de la democracia en el proceso de construcción del México moderno, particularmente en los tiempos electorales, pues la vieja fórmula que argumenta que ésta se dará a través de la intervención de la práctica desregulada de la libertad de información de los monopolios de la comunicación o por el fortalecimiento de la representatividad propagandística de la sociedad concentrada a través de los actuales partidos políticos; ya demostró su fracaso a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI. De esta manera, para cimentar una sociedad más equilibrada, ahora se requiere replantear la relación existente entre partidos, campañas electorales, industrias culturales y ciudadanía, especialmente en las fases de contiendas, propiciando la presencia activa de los diversos sectores civiles que componen el país en el espacio público mediático para expresar y discutir colectivamente sus necesidades de desarrollo, vía los medios de difusión masiva. Así, para lograr una auténtica transición política en México no se debe dejar más esta responsabilidad orgánica en manos del poder mediático o bajo los caprichos coyunturales de los partidos políticos burocratizados, pues ambos sólo velan por el fortalecimiento de sus posiciones grupusculares y no contemplan la resolución de las necesidades vitales de la sociedad. Con objeto de construir la nueva sociedad que se demanda en todos los niveles civilizatorios del país a principios del siglo XXI, es fundamental que el Estado mexicano cree las condiciones para que la ciudadanía rescate su poder de expresión en el nuevo es-

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pacio público mediático, por medio del libre acceso a los medios de difusión colectiva. No puede existir democracia política sin la democracia de la palabra de las comunidades. Por ello, la solución de tales vacíos jurídico-políticos que prevalecen en la estructura de la Reforma Electoral, deben resolverse mediante la ejecución de una rigurosa revisión crítica de tal orden legal que permita reconocer los importantes aciertos alcanzados por la misma, pero que también acepte las severas limitaciones objetivas que todavía permanecen incrustadas en ésta. No se trata de ejecutar una nueva reforma, y menos aún establecer una contrarreforma que anule los avances logrados después de tanto tiempo de espera de los grupos sociales, como lo pretenden ejecutar diversos sectores contrarios al avance de la democracia en México. Lo que se requiere es perfeccionarla para que quede fundada en los mismos cimientos constitucionales que la crearon en el año 2007, a través de la aplicación de un ejercicio quirúrgico, acotado y preciso sobre los aspectos conflictivos que han aflorado durante su implementación en los procesos electorales anteriores. Todo ello, con el fin de introducir los complementos jurídico-políticos correctivos que permitan superar sus fisuras, anacronismos y omisiones para contar con una conducción equilibrada de los futuros procesos electorales de la nación. De esta forma, con el fin de conquistar un nuevo nivel político civilizatorio en México, es necesario que en este proceso de enriquecimiento de la Reforma Electoral, sean consideradas prioritariamente las iniciativas que formulen los ciudadanos, especialmente en el ámbito de la comunicación política; y no tanto las propuestas emanadas de los partidos políticos. Esto debido a que en su fase de creación original ya fueron suficientemente incorporados los principales intereses particulares de los partidos, llegando al extremo de generar un blindaje para la partidocracia, y dejando notoriamente fuera las necesidades centrales de crecimiento de la sociedad demandadas durante varias décadas. Debido a esto, ahora es se requiere ejecutar diversas acciones de cambio en los niveles jurídico, comunicativo, formación de conciencia, fiscalización, participación ciudadana, regulación del poder mediático, y defensa del espacio de Internet que posibiliten

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el rescate de la verdadera acción política, con su correspondiente comunicación, y eviten que continúe avanzando el patrón de la telepolítica mediática con su respectiva tendencia a la inestabilidad del sistema electoral, de la gobernabilidad nacional y de la paz social en el país. Con la realización de estas acciones y otras más que contribuyan a perfeccionar los procesos electorales, la sociedad civil colaborará relevantemente a edificar una democracia deliberativa que genere elecciones más limpias que ofrezcan mayor armonía y paz social para el país. Así, se contribuirá a evitar que la crisis sistémica que experimenta la sociedad se agudice en las próximas décadas del siglo XXI, ahondando el colapso democrático y civilizatorio de las comunidades mexicanas. La sociedad espera impaciente la respuesta de la clase política.

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– “De los reflectores a la política”, periódico Reforma, México, 1 de julio del 2009, www.busquedas.gruporeforma.com. – “Debate se redujo a una plática televisiva”, periódico Excélsior, Sección nacional México, 25 de junio del 2009, http://www.exonline. com.mx. – “Embiste Místico contra indecisos”, periódico Reforma, México, 22 de mayo del 2009. – “IFE dice sí al debate, pero entre todos los partidos”, periódico Milenio Diario, Sección política, México, 4 de junio del 2009. – “Lamenta Maite abstencionismo”, periódico Reforma, 10 de julio del 2009, www.busquedas.gruporeforma.com. – “Promete desnudo por votos”, periódico Reforma, México, 4 de febrero del 2010. – “Reciclan propuestas en el Partido Verde”, periódico Reforma, México, 8 de junio del 2009. – “Recurre el PAN a deportistas” periódico Reforma, México, 2 de mayo del 2009. – “Sigue la niña Mariana en los spots del PRD”, periódico Milenio Diario, 31 de mayo del 2009. – “Usar artistas en spots es un fraude para electores: Navarrete” Agencia de Noticias Notimex, México, 3 de julio del 2009. – Salmerón Acevedo, Jesús, “Los medios de comunicación y la cultura política”, en: Voces del Periodista, No. 94, Año VIII, Club de Periodistas de México, México, 1 al 15 de septiembre del 2004. – “Revela Araiza: Televisa me invitó a la campaña”, periódico Reforma, México, 27 de junio del 2009. – “Sin spots el PAN arranca su campaña”, periódico La Jornada, México, 3 de mayo del 2009.

REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO Gonzalo Farrera Bravo

INTRODUCCIÓN

l Libertador de América Don Simón Bolívar, ya moribundo en su lecho en la quinta de San Pedro Alejandrino en la ciudad de Santa Marta, manifestó en diciembre de 1830, que si su muerte contribuía a que cesaran los partidos y se consolidara la unión, él descendería tranquilo al sepulcro. La reflexión de este adalid de nuestro continente da cuenta del papel belicoso que los partidos políticos han legado, fieles a su naturaleza: la conquista del poder va convirtiéndose en un estamento cuya fuerza y control en la sociedad pueden llegar en los peores casos a fracturar la vida democrática de un país. La función del Derecho permite mediar la fuerza frente a la razón, el ingenio frente al arrebato y la serenidad frente a la pasión. El presente trabajo tiene como finalidad ilustrar al lector acerca de la evolución y la importancia de la legislación electoral, tanto en la vida interna de estos institutos políticos, como en la interacción que plantea un sistema de partidos de reciente formación, a quienes las condiciones sui generis de la democracia mexicana les han permitido tener privilegios que extralimitan el Estado de Derecho. La perspectiva legal otorga un nuevo escenario de estudio de los partidos políticos, y una función de catalizador de la dinámica del sistema político, una vez entrada la etapa de la judicialización de la política. Los estudiosos clásicos de los partidos políticos ignoraron a la disciplina jurídica como una posible área de estudio de este fenómeno político, ya que como lo ilustraremos posteriormente, se

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encontraban en el ámbito privado. Con la evolución política y jurídica los partidos políticos fueron dotados de personalidad jurídica y de privilegios del orden estatal. La relación Estado y partidos cobra una nueva dinámica al someterlos al imperio de la ley, al igual que lo hace con los hombres, es decir, son sometidos a la razón y por consecuencia alejados de la pasión que despierta la política. En México, como en la mayor parte de América Latina, se pueden reconocer las mismas etapas que se han producido a nivel mundial respecto a la evolución histórica de la legislación de partidos políticos y como consecuencia su sujeción a las normas, así como los cambios de índole constitucional y legal, son consecuencias de las diversas conquistas sociales que han permitido la paulatina democratización de nuestro país.

REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL La búsqueda de un derecho cosmopolita basado en los principios democráticos, ha sido una guía poderosa para la creación de instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea; la regulación jurídica de los derechos humanos ha tenido en épocas recientes una gran importancia, así como las decisiones de los tribunales internacionales han repercutido considerablemente en los sistemas jurídicos de carácter nacional. En consonancia, a pesar de las vicisitudes y los retrocesos de la historia de la libertad política, en las últimas décadas algunos Estados han promovido la creación y el fortalecimiento de organismos internacionales que sirvan como instrumentos de conciliación, y en especial, como elementos de cooperación entre los países que se proponen alcanzar objetivos comunes. Uno de los ejes centrales de esta cooperación ha girado en torno a la universalización y salvaguarda de los derechos fundamentales.

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Éste ha sido uno de los fines primordiales por los que se han creado organismos internacionales. Estos organismos, a su vez, facultados por los propios Estados miembros, han creado una serie de instrumentos legales mediante los cuales han refrendado el compromiso con respeto y protección de los derechos fundamentales, tanto en el ámbito doméstico como en el Supranacional. Éste es uno de los propósitos expresamente recogido en la Carta de Naciones Unidas, documento primigenio de la ONU1. En el mismo sentido, mediante la creación de estos organismos internacionales, los Estados han manifestado como aspiración conjunta que no sólo éstos, sino también las propias organizaciones, se constituyan y funcionen bajo reglas de carácter democrático, de esta manera se ha establecido un vínculo entre la democracia y los derechos fundamentales, que han quedado plasmados en diversos documentos internacionales. De hecho, el texto constitutivo de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su preámbulo expresa textualmente lo siguiente: Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y desarrollo de la región

Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre en este continente2.

“Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Renovada por los Protocolos de Reformas a la Carta de la OEA, “Protocolo de Buenos Aires, suscrito el 27 de febrero de 1967; en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, por el “Protocolo de Cartagena de Indias”, aprobado el 5 de diciembre de 1985; en el décimo cuarto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el “Protocolo de Washington”, aprobado el 14 de diciembre de 1992; en el décimo sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y por el “Protocolo de Managua”, adoptado el 10 de junio

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Esta misma organización —que nos interesa especialmente por tratarse del organismo regional más importante del que México forma parte—, ha creado un documento específico sobre el tema de democracia, en el que se establece lo siguiente: la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática y (se reconoce) la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación democrática3.

Así como en el ámbito internacional se ha materializado el ideal kantiano que, en versión contemporánea, Norberto Bobbio ha identificado como un signum prognosticum de la modernidad: el paulatino reconocimiento en sede internacional de que los derechos humanos, la democracia y la paz son tres eslabones de un mismo movimiento histórico.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos De acuerdo con el artículo 28 del PIDCP se crea un Comité de Derechos Humanos compuesto por 18 miembros nacionales de los estados parte, quienes deben ser personas de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Las principales funciones de este comité consisten en el examen y conciliación de las comunicaciones en las que un Estado parte (artículo 40) alegue con otro el incumplimiento de las obligaciones que le impone el Pacto (artículo 41) y consideren víctimas de una violación a cualquiera de los derechos establecidos en el Pacto por el Estado parte del que sean nacionales (Protocolo Facultativo del PIDCP). En todos los casos, el Comité está facultado para hacer comentarios generales, observaciones y recomendaciones no vinculantes a los Estados parte.

de 1993 en el décimo noveno periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. www.oas.org/jurídico/spanish/carta.html Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 11 de septiembre de 2001.

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Al ratificar el Pacto en 1981 (lo mismo sucedió con la Convención Americana), nuestro país formuló la reserva en relación con los derechos políticos de los ministros de cultos religiosos, conforme al texto entonces vigente del artículo 130 constitucional. Esta reserva fue retirada parcialmente en 2002, habida cuenta de la reforma que el artículo citado sufrió en el año de 1992 y que restituyó parcialmente sus derechos políticos a estos ministros. En relación con las funciones del Comité de Derechos Humanos, nuestro país está obligado a presentar informes sobre el cumplimiento del Pacto a partir del momento de su ratificación y Comité señalados en los artículos 40 y 41 del PIDCP, requeridos por la competencia del Comité y la adhesión al Protocolo Facultativo. México no ha hecho la declaración primeramente mencionada, pero se adhirió al Protocolo Facultativo en marzo de 2002, por lo que a partir de entonces, el Comité es competente para recibir quejas de nacionales mexicanos contra las autoridades del país.

Convención americana sobre Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Washington D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, son los órganos establecidos o reconocidos por la CADH de 1969; en vigor desde 1978, ratificada en México hasta 1981. La Comisión es competente para conocer quejas individuales solo cuando se han agotado recursos internos. Tiene legitimación para que cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida, en alguno de los Estados miembros de la OEA (artículo 44, CADH), acuda ante ella dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Los derechos políticos entran en el ámbito de competencia de la Comisión por el mero hecho de que se encuentran consagrados en la Convención y ésta no hace excepciones en cuanto a su protección. La Comisión se limita a examinar si el hecho o los hechos reclamados son o no violatorios de las disposiciones de la Conven-

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ción y de ningún modo usurpa facultades de los órganos estatales internos. La Comisión ha realizado una amplia y destacada labor en esta materia, reflejada en los numerosos informes sobre los procesos electorales en diversos países. La Comisión conoció, desde mediados de la década de los ochenta, varias reclamaciones de ciudadanos y organizaciones políticas de México por irregularidades en los procesos electorales internos, estatales y municipales, así como por la falta de mecanismos idóneos para remediar o prevenir dichas irregularidades. Hasta 2003, la Comisión había publicado los informes relativos con siete casos relacionados con procesos electorales, los cuales no fueron admitidos4. En un principio, el gobierno mexicano negó tajantemente la competencia de la Comisión para conocer dichas reclamaciones, argumentando que se trataba de procesos soberanos internos, por lo que ningún órgano internacional podía someterlos a ninguna clase de revisión. Ofreció además, una interpretación peculiar de elecciones auténticas como derecho colectivo de cumplimiento progresivo, que implica un actuar del Estado distinto al derecho individual del voto cuyo respeto, por el contrario, conlleva a una obligación de no interferir que se exige de inmediato. La Comisión contestó, con razón, que el gobierno mexicano no hizo durante las discusiones sobre la Convención, ni al depositar su instrumento de ratificación, ninguna objeción ni reserva (salvo la relativa a la de los ministros de cultos religiosos), así como tampoco adjuntó a su ratificación ninguna declaración interpretativa. La Comisión observó que, en materia de derechos políticos, no existía entonces en nuestro país el “recurso sencillo y rápido” o cualquier otro “recurso efectivo” para la protección de los mismos que demanda la Convención Americana. No obstante, en un informe posterior reconoció los avances logrados en el país en esta materia y recomendó su desarrollo y perfeccionamiento.

Fix Fierro, Héctor, Los Derechos Políticos de los Mexicanos, Ed. UNAM-IIJ, México, 2006. Pág. 111.

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Por último, con motivo de una visita realizada en julio de 1996 para conocer la situación de los derechos humanos en México, la Comisión dedicó, en su informe final dado a conocer en 1998, un capítulo completo a los derechos políticos, en el que señaló: Tabla 1 423. La CIDH considera importante destacar los trascendentes avances realizados por el Estado y la sociedad mexicana hacia el objetivo de un sistema político basado en procedimientos electorales que garanticen la competitividad, el pluralismo, la transparencia e independencia de los métodos de registro y supervisión de las elecciones. 451. El sistema electoral mexicano ha sido, por lo tanto, objeto de reforma que ha significado un sustancial progreso, mediante la democratización de las instituciones básicas de su organización, dirección y gobierno, hasta el punto que bien se podría afirmar que se ha pasado de un control partidista del proceso a una entrega gradual a la propia ciudadanía… Fuente. Elaboración propia con base en Nohlen (2007).

En su informe (párrafos 501 y siguientes) hace algunas recomendaciones al Estado mexicano: acceso más amplio de los candidatos en el proceso electoral, cumplimiento de las entidades federativas a los principios del artículo 116 constitucional, definición de los delitos electorales y castigo efectivo a los infractores, auditoría efectiva de los fondos de los partidos políticos, respecto a los cuales también ha habido ya progresos significativos. Sin duda, la actuación de la CIDH en relación con la situación de los derechos políticos en México contribuyó a impulsar y acelerar el proceso de reformas, como ella misma reconoce (párrafo 423), y a su vez, este proceso de reformas se tradujo en una disminución en el número de quejas y denuncias recibidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, tiene competencia para conocer los casos contenciosos que le presente la Comisión, así como para emitir opiniones consultivas, que puede solicitarle cualquier Estado miembro de la OEA, aunque no haya ratificado la Convención. Nuestro país aceptó la compe-

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tencia contenciosa de la Corte en diciembre de 1998 y también ha solicitado ya una opinión consultiva5. Si bien hasta ahora no ha conocido de casos ni pronunciado opiniones consultivas relacionados directamente con los derechos políticos.

La Constitución y el derecho internacional Partiendo de la teoría de la fuerza normativa se le plantea al modelo constitucional una doble función o doble fuente: la propia de derecho interno del Estado (Constitución, Leyes y Decretos), y la de carácter internacional (PIDCP)6. El avance progresivo del derecho internacional de los derechos fundamentales, ha conducido a numerosas constituciones en los últimos años a incorporar en el derecho interno los tratados sobre Derechos Fundamentales (Derechos Políticos) relacionados sobre todo con el orden interno, —incluida la Constitución, o bien, con un rango de la misma importancia—. La inserción de los Estados en un sistema supra estatal de derechos fundamentales con organismos de control internacional fortalece la tendencia constitucional de limitar al Estado y su poder en salvaguarda de los derechos. Un Estado que, en acatamiento a una jurisdicción supra estatal, está prevenido de que las violaciones internas a los derechos son susceptibles de derivarse a control y enjuiciamiento de una instancia internacional mediante acusación de incumplimiento de los tratados; seguramente será más de preservar los derechos de quienes están sometidos a su jurisdicción interna y quedará inducido a vigilar que se respete, que cuenten con garantías que se interpreten conforme a una opción preferencial para una mejor solución.

Picado, Sonia, “Derechos Políticos como Derechos Humanos”, en NOHLEN Dieter (et al.), Tratado de Derecho Electoral Comprado de América Latina, Ed. U. Heidelberg-IFE-TEPJF-IIDH-IDEA International-FCE, México, 2007. Bidart Campos, Germán. El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Ed. Ediar-IIJ, Buenos Aires, 2005, pág. 455.

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Asimismo se puede añadir, que seguramente quedará predispuesto a erradicar los obstáculos al acceso de los derechos y a promover los márgenes necesarios para que todas las personas, especialmente las menos favorecidas, se hallen en disponibilidad real de disfrute. Un estado de democracia social no puede ser reacio y egoísta a las aperturas internacionales y comunitarias. Es casi irrisorio que para cautelar su poder constituyente y la supremacía de constitución incurra en posturas aislacionistas de híper suficiencia interna o encimamientos análogos, desconociendo los principios de buena fe y lealtad internacional y desconfiando del derecho internacional de los derechos humanos. En el caso mexicano es muy específico el artículo 133 de la Constitución Política: “esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”. El artículo 133 expresa diversas cuestiones, muchas de ellas fundamentales para la comprensión global del sistema constitucional mexicano, de su texto; se desprenden temas como la supremacía constitucional, la jerarquía de las normas distintas de la Constitución, en rango que los tratados internacionales tienen en el sistema jurídico mexicano y el control difuso de la constitucionalidad a cargo de los jueces constitucionales7. La supremacía constitucional es una cualidad que tiene repercusiones tanto estrictamente jurídicas como políticas. La Constitución es la norma suprema porque ha sido creada por el poder constituyente, un poder con pretensión de legitimidad, legitimidad que alcanza para determinar la jerarquía normativa dentro

Carbonell Miguel, “El Artículo 133” en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Ed. UNAM-CNDH-Porrúa, México, 2007.

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del ordenamiento. Desde luego, el poder constituyente no es una cuestión jurídica, sino el apoyo que tenga de la sociedad en lo que pretenda regular. Desde la óptica jurídica veremos que la supremacía constitucional es una cualidad a partir de la cual se condiciona la validez del resto de las normas que integran el sistema jurídico, es decir, cualquier norma que no sea compatible con la Constitución debe ser considerada como inválida y en consecuencia, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Respecto a alguna relación jerárquica o igualdad de rango entre las leyes del Congreso de la Unión y los Tratados Internacionales, tradicionalmente la SCJN había interpretado que valían lo mismo y que en esa virtud, si se llegara a dar una contradicción entre dos normas jurídicas, una perteneciente a la Ley del Congreso de la Unión y otra localizada en un tratado internacional, debía aplicarse el principio: lux posterior deroga priori, es decir, debería prevalecer la norma más reciente en el tiempo. En 1999 la SCJN cambió de criterio y consideró que los tratados internacionales están por encima de todo el derecho federal; pero en segundo escalón jerárquico, debajo de la Constitución, aunque se trata de un criterio que está en línea con una marcada tendencia del derecho constitucional contemporáneo (a partir de la cual se privilegia la mayor jerarquía de los tratados internacionales, sobre todo de los referidos derechos fundamentales, por encima del resto de normas de los sistemas jurídicos nacionales), lo cierto es que se apoya en una argumentación de carácter intermedio, respecto a este asunto: TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL8. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto a que la Constitución Federal es la

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Tesis: P. LXXVII/99, noviembre de 1999, Pág. 46.

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norma fundamental y que aunque en principio la expresión “… serán la Ley Suprema de toda la Unión…” parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y que será ley suprema la que sea calificada como constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133, el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están

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expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. No se pierde de vista que en su conformación anterior, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de 10 votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 28 de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 1999. Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA”. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE”. En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes

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locales, pues independientemente que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental; por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna. De manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO Como señalaban Morodo y Murillo de la Cueva: “la democracia representativa liberal queda definida de esta manera como democracia de partidos. De considerar a los partidos como definidores negativos del buen gobierno, se pasa a la convicción, basada en la práctica, que no hay democracia pluralista, sino partidos políticos”9. La regulación legal de los partidos políticos determina las normas que rigen su formación, organización y financiamiento, sus fa

Morodo Raúl y Murillo de la Cueva; Pablo L. El ordenamiento constitucional de los partidos políticos, UNAM, México, 2001, Pág. 17.

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cultades y límites, derechos y deberes, lo mismo que su estructura y principios de organización. Como señala Pedro de Vega, los partidos fueron ignorados por el mundo del derecho: “constituyendo los partidos políticos uno de los datos más sobresalientes de la vida política en toda Europa, desde por lo menos la segunda mitad del siglo XIX, es cierto que su existencia fue sistemáticamente ignorada por el derecho”10. Sobre la regulación jurídica existen dos tesis: Tabla 2 a) El Derecho no debe intentar regular detalladamente la vida de los partidos políticos, pues el tema rebasa el campo jurídico. La legislación no debe extralimitarse, es decir, no ir más allá de asentar o señalar normas de carácter general que permitan a los partidos adquirir una estructura uniforme y que además de esto, el legislador no debe entrar en detalles. b) La otra perspectiva implica una regulación de carácter complementario a la simple regulación general, basando su argumentación en que es necesario regular a los partidos políticos en un máximo nivel jurídico, como una garantía eficaz para el asentamiento y el buen funcionamiento del sistema democrático. Fuente: Elaboración Propia con base en Modoro (2001).

Los partidos políticos en México se encuentran regulados constitucionalmente en el artículo 41 de la misma, donde se explica que son entidades de interés público, es decir están protegidos mediante prerrogativas por el Estado. Lo anterior no significa que sean órganos del Estado, pero tampoco que sean asociaciones privadas de ciudadanos para propósitos políticos como el de participar en las elecciones y postular candidatos a cargos de elección popular. Hay una condición política que se da en la formación de partidos políticos como entidades de interés público: el Estado Nacional. Asumiendo la cultura y las características del Estado en una nación que se entiende mejor, si con el tiempo los cambios internacionales coinciden con diversos aspectos de ideología, organización, principios y programas de cada partido.

Vega Pedro de, Teoría y práctica de los partidos políticos, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977, Pág. 21.

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Las identidades sociales de los representantes de los parlamentos son obtenidas por elementos de diferenciación. La conformación de los partidos se hace posible gracias a la identidad política que adquieren como grupos o fracciones parlamentarias, los partidos avanzan cuando se perfilan hacia la sociedad y definen sus formas políticas. Ruiz Massieu (1974) señala que para la primera mitad de la década de los setenta, las Constituciones de algunos países latinoamericanos como Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Uruguay, Panamá, Honduras, Nicaragua y Brasil; se refieren a los partidos y los regulan como parte de los derechos de los ciudadanos y los sistemas electorales. En tanto que México, Chile, Argentina, Haití, Bolivia y Perú; en ese tiempo no mencionaban todavía a los partidos en sus Constituciones, sólo a la ciudadanía y al sistema electoral. México realizó en 1977 la constitucionalización de los partidos, en su artículo 41, los define con la reforma inspirada con amplitud por Jesús Reyes Heroles de la siguiente manera: “Los partidos políticos son entidades de interés público, la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral…” La definición representa un parte aguas histórico, que deja atrás el tiempo en que los partidos eran entidades sociales privadas, representantes de intereses parciales, al asignarles la función de promover la integración de la ciudadanía a la vida democrática e integrar la representación nacional. También los define como organizaciones de ciudadanos y no de corporaciones, dentro de una tradición claramente liberal que plantea la superación de la organización corporativa como base fundamental de los partidos. Los partidos pueden ser nacionales o estatales, los que obtienen registro nacional ante el IFE, partidos nacionales pueden participar en las elecciones federales, estatales y municipales. Los partidos estatales que obtienen registro en los órganos electorales de los estados, sólo pueden participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos tienen fines constitucionales fundamentales para el proceso democrático. Los más importantes son:

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Tabla 3 OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y Promover la participación del pueblo en la vida democrática, lo que significa que mediante programas e ideas creíbles deben alentar la participación y combatir el abstencionismo, es decir, el rechazo de los ciudadanos a participar en la vida política. Y Los partidos son la bases para que los poderes como el Legislativo y el Ejecutivo se integren directamente, esto es, a través de los partidos y por medio de las elecciones se conforman el Poder Legislativo —ambas cámaras— y el Ejecutivo, y de manera indirecta el Judicial y otros órganos del Estado. Y Los partidos hacen posible el acceso de los ciudadanos a los órganos de poder porque a través de ellos se pueden ocupar cargos públicos, aunque muchos opinamos que no tienen el monopolio para la presentación de candidaturas. En México desde 1996 se prohíbe la afiliación colectiva a los partidos, siendo de carácter individual y libre, dado que cada ciudadano debe determinar si se integra o no como militante o simpatizante de un partido político. Fuente: Elaboración Propia con base en Zovatto, Orozco (2008).

Como entidades de interés público, los partidos políticos tienen acceso a los medios de comunicación electrónica, pero bajo el control del IFE, mediante el uso de tiempos gratuitos como prerrogativa legal de la autoridad electoral. Los partidos políticos disfrutan de financiamiento público —recursos del Estado que provienen de los propios contribuyentes— para realizar sus tareas. El financiamiento público es de clases: Tabla 4 TIPOS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ϑ Ordinario, para que efectúen sus tareas habituales (se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75% del salario mínimo vigente para el DF). ϑ De Campaña, que se otorga para afrontar procesos electorales(equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido por actividades ordinarias de ese año); y ϑ Actividades específicas, implican un reembolso de recursos por tareas de educación cívica, capacitación a los militantes, investigación y tareas editoriales (equivaldrá al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda al año por actividades ordinarias). Fuente: Elaboración Propia con base en Zovatto, Orozco (2008).

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Además del financiamiento público, los partidos reciben apoyo del Estado para franquicias postales y telegráficas. En adición los partidos pueden recibir financiamiento privado que consiste en aportaciones de sus simpatizantes. Los principios más importantes del financiamiento son los siguientes11: Tabla 5 REGLAS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS v El financiamiento privado no puede prevalecer sobre el público v El financiamiento público se distribuye en 70 por ciento en proporción a la fuerza electoral de cada partido y 30 de manera igualitaria entre ellos (pero ha sido disminuido para el 2007-2008) v Los partidos deben respetar los topes de gasto de campaña que señale la autoridad electoral para cada proceso v Deben de respetarse los topes de financiamiento privado v No puede recibirse financiamiento de fuentes no autorizadas v La violación a lo señalado implicaría sanciones y responsabilidades Fuente: Elaboración Propia con base en Zovatto, Orozco (2008).

APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA LEY DE PARTIDOS Y SUS ALCANCES En una reciente contribución, Müller y Sieberer escribieron: “Ley de partidos puede entenderse como leyes específicamente diseñadas para regular la vida interna del partido”. Alternativamente, la ley de partidos se puede definir como el conjunto de legislaciones que tienen que ver de manera directa con los partidos políticos. En el primer caso, el cuerpo de la ley es

Córdova Lorenzo “Reforma electoral y cambio político en México”, en Zovatto Daniel, Orozco Henríquez Jesús, Reforma Política y Electoral en América Latina 1978-2007, Ed. UNAM-IDEA Internacional, México, 2008 Pág. 680.

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una reglamentación de partidos claramente definidos que pueden existir o no en determinados países. En el segundo, algunas partes del orden jurídico, por ejemplo: Derecho de la familia, es probable que sean irrelevantes para la organización y las actividades de los partidos políticos, pero son un territorio vasto. En su análisis, Müller y Sieberer (2005) adoptaron una posición intermedia, centrándose en la regulación jurídica extra-parlamentaria de los partidos en las elecciones y los partidos en el parlamento. Su razonamiento teórico, sin embargo, abarca la regulación jurídica de los partidos en un sentido más general. En el presente estudio se centra en Leyes de Partidos en el sentido antiguo, con un análisis específico de los actos legislativos que se ocupan exclusiva o principalmente de los partidos políticos. En la mayoría de los casos, no es difícil determinar que los actos legislativos pueden considerarse como leyes de partidos. La mayor parte de la legislación pertinente se titula de una manera que deja poco espacio para la duda en cuanto a su objetivo y el contenido: “Ley de Partidos Políticos”, ‘loi sur les parte Políticos’, ‘Ley Orgánica de los Partidos Políticos’, y así sucesivamente. Algunos Estados, sin embargo, tienen una legislación sobre los partidos políticos junto con otros fenómenos relacionados o adyacentes. Por citar algunos ejemplos: Guatemala (2000) cuenta con una ley sobre “Elecciones y Partidos Políticos”, Colombia cuenta con una ley denominada: “Partidos y Movimientos Políticos”, y Gran Bretaña una ley bastante reciente (2000), “Ley de Partidos Políticos, Elecciones y Referendos”. En consecuencia, una serie de leyes que regulan candidaturas en las elecciones y la legislación que trata específicamente la política de financiación (por ejemplo, en 1990 la legislación danesa sobre “Las Contribuciones Privadas a los Partidos Políticos y la publicación de las cuentas financieras de los Partidos Políticos”). Avnon identifica las leyes de partidos de carácter específico en los siguientes países: Alemania, Argentina, Austria, Finlandia, Alemania, Israel, Polonia, España, Turquía y Venezuela. En definitiva, la investigación anterior parece indicar que las Leyes de Partidos específicos son un fenómeno relativamente raro.

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La investigación se llevó a cabo una década más tarde, dio lugar a una cosecha mucho más abundante. Mediante el uso de bases de datos disponibles sobre los partidos políticos, las elecciones y el derecho público, y por medio de una búsqueda en Internet sobre una serie de palabras clave, 39 de las Leyes de partido fueron identificados entre los Estados del mundo en 2003. Diecisiete de ellas se encontraban en países de Europa (incluyendo Rusia y Turquía). En América se identificaron nueve leyes de partido, todos excepto Brasil son países de habla hispana, uno en el Oriente Medio, cinco en el norte de África, en Asia tres y cuatro en Oceanía. Muchos países, entre ellos numerosas ex colonias en el Tercer Mundo, es probable que publicaran los actos legislativos en algunos idiomas de Europa, mientras que es menos probable en el caso de algunos países árabes o asiáticos. Los países menos desarrollados, naturalmente, no son más propensos a mantener las bases de datos jurídicos como lo son las naciones más ricas. Por este motivo, es prácticamente imposible presentar una lista completa de los países que han introducido leyes de partido. Como consecuencia, una estricta comparación de los Estados con ley de partidos no está excluida. Tenemos que contentarnos con un mínimo y de una lista interna de comparación de los diferentes tipos de leyes de partido. El mayor número de casos, Avnon (1995) es explicable fundamentalmente en términos de la relativa novedad del fenómeno. Una clara mayoría de las actuales leyes de partido se introdujo después de la desaparición de la guerra fría, lo que indica que Avnon pasa por alto algunas Leyes de Partidos cuando escribió su estudio. Es evidente que el creciente número de leyes de partido es paralelo al aumento del número de Estados independientes. Esto, a su vez, se debe en parte a la reciente ola de democracia que se ha extendido en el mundo. ¿Cómo se estableció la democracia en los Estados que han introducido la ley de partidos? Avnon se cuestionó: “¿Por qué, en una sociedad democrática, es necesario que se promulgue una ley que se ocupe del epítome de una asociación política voluntaria al partido político?” Se contesta de la siguiente manera:

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La respuesta está en que aquellos que optaron por legislar una ley de partidos, con la excepción de Finlandia e Israel, habían experimentado un colapso de sus sistemas democráticos. En el proceso de reforma de sus estructuras democráticas, las legislaturas de estos partidos políticos crean la legislación necesaria para garantizar que los partidos políticos desempeñen funciones en consonancia con las metas y las prácticas de las democracias modernas. De ahí que estas leyes son especialmente sensibles a la necesidad de garantizar, por una parte, la libre asociación en partidos políticos como un principio básico de un régimen democrático y, por otro, garantizar la capacidad del Estado para prohibir los partidos cuyas actividades representen una amenaza para el carácter democrático del Estado. Es muy probable que el razonamiento de Avnon sea una explicación válida en varios de los casos tratados en su estudio. Como conclusión general, sin embargo, tiene algunos puntos débiles. Dado el limitado número de casos en el análisis, dos casos desviados son suficientes para debilitar la credibilidad de su conclusión12. Estados en los que existieron o existen leyes de partidos, hoy de hecho, son un grupo mixto, y es poco probable que exista un denominador común que explique por qué estos Estados han decidido introducir la legislación sobre partidos políticos. Además, no podemos suponer que estas leyes sean idénticas, aunque sin duda regulen de manera similar el mismo campo general de la vida social. En la práctica, sin embargo, sus disposiciones pueden entrañar condiciones diferentes a las de los partidos políticos. Se hace un intento por trazar esas diferencias con el fin de identificar los diferentes tipos de leyes de partidos. ¿Qué objetivos pueden tener diferentes Estados respecto a la introducción de la legislación sobre los partidos políticos? ¿Por qué los Estados autoritarios legislan sobre los partidos? No sería controvertido suponer que Estados democráticos y no democráti-

Karvonen Lauri, “Legislation on Political Parties”, Party Politics, Vol. 13, No. 4, Sage Publisher, 2007, Págs. 437-455.

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cos promulguen leyes de partido por diferentes motivos. Los legisladores en los Estados democráticos deben ajustarse a los estrictos principios relativos a los derechos políticos y las libertades civiles. En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta es doble. Por una parte, es evidente que tanto estados democráticos como no democráticos legislan en materia de derechos y deberes, en gran medida, a pesar de que su propensión a cumplir o hacer cumplir esa legislación puede variar. En este sentido, la legislación puede ser vista como una convención, algo que se espera que los Estados puedan producir. En los Estados autoritarios, por otra parte, la legislación aparentemente conforme a las normas internacionales puede contener disposiciones detalladas que ofrecen el régimen de instrumentos útiles para reforzar su posición en tanto que la represión de sus opositores. Además, es posible que Estados recién democratizados tengan una especial necesidad de salvaguardar las condiciones fundamentales para la democracia. Las experiencias recientes de los partidos hegemónicos y autoritarios cuyas prácticas pueden inspirar a los actores democráticos con éxito para promulgar una legislación destinada especialmente a la prevención de la reaparición de estos fenómenos. La siguiente hipótesis general se utiliza como directriz para el análisis empírico: a) En los países donde la democracia es claramente incompleta o ausente del todo, uno de los objetivos principales de una Ley de Partidos es impedir u obstaculizar la actuación de ciertos tipos de facciones, las cuales pueden procurarse privilegios y cambiar el orden dentro de sus propios partidos o alterar el sistema de partidos. b) En los países donde la democracia es joven o a punto de establecerse, una Ley de Partidos puede consistir en la prevención de que un partido determinado obtenga indebidamente una posición dominante. c) En las democracias establecidas, se espera que las leyes de partidos sean principalmente las que regulen el registro, la financiación y la democracia interna de los partidos políticos.

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EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL Y LA REGULACIÓN LEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Tomando como referencia el año de 1917 en que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede mencionar la Ley Electoral del 6 de febrero de ese año, la cual aborda lo relativo a la integración del Congreso Ordinario, en su capítulo VI “De los Partidos Políticos” (artículos 60 y 61, se recoge el texto de los artículos 53 y 54 de la Ley Electoral del 20 de Septiembre de 1916, sin que señale la naturaleza jurídica de los partidos políticos, los requisitos para su constitución, derechos y obligaciones). Posteriormente, en la Ley para las Elecciones de Poderes Federales del 2 de Julio de 1918, capítulo X, artículo 106, se establecieron como requisitos para la constitución de los partidos políticos: a) que se fundaran por una asamblea constitutiva integrada por lo menos con 100 miembros, b) que la asamblea eligiera una junta encargada de dirigir los trabajos del partido y; c) que tuviera la representación política de dirigir los trabajos del partido y que tuviera la representación política del mismo, que la asamblea hubiera aprobado un programa político y de gobierno, que no tuviera una denominación o nombre religioso ni se hubiera formado exclusivamente a favor de individuos de determinada raza o creencia, d) que la junta directiva publicara por lo menos ocho números de un periódico-propaganda durante los meses anteriores a la elección, que efectuara el registro de sus candidaturas en las condiciones y dentro de los términos fijados en la ley, e) así como el nombramiento de sus representantes en las diversas municipalidades, f) asimismo, las mesas directivas de casilla fueron objeto de reestructuración, eliminándose la intervención en ellas de los partidos. La Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, capítulo III, artículos 22 al 39, presenta notables adelantos en la regulación de los partidos políticos. Por primera vez se determina en el ámbito legislativo la naturaleza jurídica de los partidos políticos, considerándolos como asociaciones constituidas conforme a la ley por

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ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos, para fines electorales y de orientación política; solo se reconocieron como partidos políticos a los nacionales. En cuanto a sus documentos básicos se debería determinar necesariamente: un sistema de elección interna para designar a sus candidatos, un programa y método de educación política de sus miembros, un sistema de sanciones para los supuestos en que sus miembros incurrieren en faltas a los principios morales o políticos del partido, así como la distribución de funciones, obligaciones y facultades entre los diferentes órganos del partido. Por lo que hace a sus órganos fundamentales, dicha ley disponía que deberían contar con una asamblea nacional, un comité ejecutivo nacional y comités directivos en cada entidad federativa. Los partidos políticos nacionales obtenían personalidad jurídica a través de su registro y entonces gozaban de todos los derechos inherentes a la misma y podían adquirir los bienes necesarios para el cumplimento de sus fines. Entre las obligaciones de los partidos políticos se encontraban las de mantener una publicación periódica propia, tener oficinas permanentes; en tanto que, por otra parte, únicamente podían participar en las elecciones los partidos legalmente constituidos, por lo que ya no se permitieron las candidaturas independientes. Por decreto del 21 de febrero de 194913, la mencionada ley electoral fue reformada, destacando el establecimiento del requisito para la constitución de partidos políticos nacionales consistente en hacer una declaración de principios y en consonancia con éstos, formular su programa político y los medios a adoptar para la resolución de los problemas nacionales. Posteriormente, la Ley Electoral Federal del 4 de diciembre de 1951 estableció que los partidos políticos eran auxiliares de los organismos electorales y compartían con ellos la responsabilidad en el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia electoral. En cuanto al mínimo de asociados para poder constituir un partido político nacional se estableció el de 30 mil afiliados en

Orozco Henríquez Jesús, Vargas Baca, F. Op. Cit.

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toda la República, cantidad que fue elevada a 75 mil con motivo de la reforma del 7 de enero de 1954. El 20 de junio de 1963 se reformó el artículo 54 constitucional, previéndose la figura de los diputados de partido, incorporándose en la ley fundamental la noción de partido político. A su vez el 28 de diciembre de ese mismo año se expidieron las reformas a la mencionada ley electoral de 1951, desatancándose el establecimiento de exenciones impositivas en beneficio de los partidos políticos nacionales, dando origen al financiamiento público indirecto. El 5 de enero de 1973 se emitió una nueva Ley Federal Electoral, estableciéndose para los partidos políticos, entre otros aspectos, un régimen más amplio y detallado de derechos y obligaciones. Posteriormente por decreto del 1° de diciembre de 1977, se adicionó el artículo 41 constitucional mexicano, configurando un auténtico sistema de partidos. Entre otros aspectos, se estableció la naturaleza jurídica de los partidos políticos, ubicándolos como entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacen posible el acceso a éstos, al ejercicio del poder público de conformidad con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Se ordenó que los partidos políticos pudieran usar los medios de comunicación social y contaran equitativamente con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular en los procesos electorales federales y su derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. A su vez, el 30 de diciembre de 1977 se publicó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, destacándose, entre otros aspectos, que la acción de los partidos políticos debía dirigirse a fomentar discusiones sobre intereses comunes y objetivos nacionales, a fin de crear vínculos permanentes entre la opinión ciudadana y los poderes públicos. De igual manera, en dichos ordenamientos se distinguió entre registro definitivo y registro condicionado, y se permitió que los procedimientos internos de los partidos tendientes a renovar las dirigencias y postular candidatos fueran públicos.

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También se reguló detalladamente la constitución de frentes y coaliciones para postular candidatos en las elecciones federales. Se puede afirmar que las reformas político-electorales de 1977 representan un gran avance en la regulación jurídica de los partidos políticos, al grado que muchas de las disposiciones previstas en tal normativa continúan vigentes y representan el fundamento constitucional de la reglamentación político-electoral actual. De 1977 a 2000, diversos artículos constitucionales que inciden en materia electoral fueron reformados, en tanto que las leyes secundarias que estuvieron en vigor fueron después de la citada Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977: el Código Federal Electoral, publicado el 12 de Febrero de 1987 y el Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) publicado el 15 de agosto de 1990. De manera relevante, el 22 de agosto de 1996 fue publicado el decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se configuró el actual marco jurídico rector de la materia político electoral, en tanto que el 22 de noviembre de ese mismo año se publicó el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de su normativa reglamentaria, entre ellas el mismo COFIPE, expidiéndose así mismo la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

REFORMAS DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO (20072008) Marco socio-político Las elecciones presidenciales celebradas el 2 de julio de 2006 se dilucidaron por un margen muy estrecho. Tras finalizar el reñidísimo escrutinio, el Instituto Federal Electoral declaró ganador al candidato del PAN, Felipe Calderón, al haber recabado el 35,89 %

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de los votos. Su gran rival, Andrés Manuel López Obrador, postulante de la coalición Por el Bien de Todos, integrada por el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia (PC), obtuvo el 35,31% y más lejos quedó el aspirante priísta, Roberto Madrazo (22,3%). Poco después de que estos resultados se hicieran oficiales, López Obrador anunció que los impugnaría. En los comicios legislativos desarrollados ese mismo día, el PAN obtuvo 206 escaños en la Cámara de Diputados; Por el Bien de Todos logró 160 (127 del PRD, 16 del PT y 17 del PC); y la Alianza por México, 121 (103 del PRI y 18 del Partido Verde Ecologista de México). A partir de ese momento, México se vería sumido en una doble crisis. Por un lado, la generada como consecuencia de una revuelta que tuvo lugar en Oaxaca y cuya chispa inicial había sido una huelga de maestros. Por otro, la derivada de la resistencia del PRD a reconocer la validez de los resultados de las elecciones presidenciales, lo que no impidió que Calderón tomara posesión de la jefatura del Estado, según lo previsto, el 1 de diciembre de aquel año.

Marco Institucional-estatal El 13 de abril de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Reforma del Estado que constituyó un programa de acción legislativa para tratar de concretar una serie de reformas en cinco rubros fundamentales: Tabla 6 LEY PARA LA REFORMA DEL ESTADO 2007 • Régimen de Estado y Gobierno • • • •

Democracia y Sistema Electoral Federalismo Reforma al Poder Judicial Garantías Sociales

Fuente: Elaboración propia con base en Zovatto y Orozco (2008).

Se trata de un esfuerzo ambicioso, que tal vez precisamente por ello, corre el riesgo de ser un buen deseo, pero impracticable en los hechos. No obstante es una prueba palpable de que el tema de la

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reforma de instituciones sigue pendiente en el proceso de consolidación democrática14. El sistema de elección presidencial no ha variado desde la expedición de la Constitución de 1917, cuando se estableció una elección directa por mayoría simple, en único turno electoral. Recientemente, de manera particular, como consecuencia de los cerrados resultados del proceso electoral de 2006 para renovar la Presidencia de la República, se ha instalado en el debate público la conveniencia de la mayoría absoluta con dos vueltas. Hasta 1990 las leyes electorales no preveían que los estatutos de los partidos políticos contaran con procedimientos democráticos para la elección de sus dirigencias ni para la selección de candidatos a cargos públicos de elección popular. A partir de ese año, el nuevo COFIPE incorporó el requisito de que los estatutos de los partidos políticos, tanto en la integración y la renovación de su órganos directivos como en la postulación de sus candidatos, debían prever normas y procedimientos democráticos. A finales de los años noventa y a pesar de la ambigüedad legislativa, a partir de la facultad de interpretar omisiones y lagunas legales, el Tribunal Electoral cambió el criterio que había prevalecido hasta entonces y consideró que tanto el IFE como el Tribunal eran competentes para conocer los actos de la vida interna de los partidos, verificar que éstos se ajustaran a sus normas estatutarias y constatar que lo dispuesto por estas normas cumplían con ciertos elementos mínimos para considerarse democráticas. Particularmente en ese sentido resultó una serie de resoluciones emitidas por el Tribunal entre 2000 y 2004, que le permitieron exponer una tesis de jurisprudencia obligatoria en donde se aclaraban los referidos elementos mínimos democráticos de la organización y el funcionamiento interno de un partido político. Dichos elementos son:

Op. Cit. Cita 90.

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Tabla 7

➢

DEMOCRACIA INTERNA EN PARTIDOS POLÍTICOS La existencia de una asamblea u órgano equivalente como principal centro de decisión del partido, conformada con todos los afiliados, o al menos con un gran número de delegados o representantes, que debe funcionar periódicamente. La existencia de mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que permitan garantizar el mayor grado de participación posible de éstos. La existencia de procedimientos de elección, mediante el voto directo o indirecto de los afiliados en los que se garantice la igualdad y la libertad respecto a su derecho a elegir dirigentes y candidatos. La adopción de la regla de la mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido. La existencia de mecanismos de control del poder, por ejemplo, la posibilidad de revocar el mandato de los dirigentes, así como periodos breves de los cargos.

Fuente: Elaboración propia con base en Zovatto y Orozco (2008).

De esta manera, a pesar de la poca claridad en las normas legales, la actuación integradora del Tribunal Electoral ha permitido que los estatutos que rigen la vida interna de los partidos políticos tengan que ajustarse a los principios del Estado Democrático de Derecho. La reforma de 2007 estableció en la Constitución que las autoridades electorales pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos establecidos por la ley. En ese sentido es necesario que la ley establezca con claridad hasta dónde pueden llegar el IFE y el Tribunal electoral en el control de la legalidad, la transparencia y la democracia internas de los partidos; esto es conveniente en términos de certeza y legalidad. El modelo de financiamiento establecido por el marco legal electoral en México es de tipo mixto, aunque desde la reforma de 1996 se prevé la preeminencia del financiamiento público sobre el privado. Como se señaló anteriormente, las normas introducidas en 1996 en materia de financiamiento público a los partidos permitió, mediante cantidades generosas de dinero proveniente del erario del Estado, generar una mayor equidad en las condiciones

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de la competencia electoral, inyectar transparencia a los recursos partidistas, así como aliviar o reducir el peso de los intereses privados. Prohibiciones de financiamiento: La ley es clara al prohibir a los partidos recibir aportaciones, en dinero o especie, por parte de alguna de las siguientes entidades públicas, personas físicas o morales privadas: Tabla 8 S S S S S S S S

LÍMITES AL FINANCIAMIENTO PRIVADO Los poderes públicos federales, estatales y municipales (excepto del financiamiento previsto por la ley otorgado a través del IFE). Los organismos de la administración pública centralizada o paraestatal. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta. Las personas que viven en el extranjero. Las empresas mexicanas de carácter mercantil. Las aportaciones anónimas de cualquier monto.

Fuente: Elaboración propia con base en Zovatto y Orozco (2008).

En 1996 se reformó constitucionalmente el acceso a los medios electrónicos de comunicación como prerrogativa de los partidos políticos. En efecto, el régimen mixto que estableció esa reforma y que permitía la compra de publicidad de manera exclusiva por los partidos políticos (respetando los topes de gastos cuando la adquisición de publicidad se hacía en los periodos de campaña electoral), de manera paralela a tiempos que eran contratados y gestionados por el IFE y puestos a disposición de los partidos, fue sustituido por reglas totalmente distintas en la última reforma electoral. Sin lugar a dudas, este rubro constituye la parte medular de la reforma de 2007, y probablemente, la que más impacto tendrá en el desarrollo futuro del sistema democrático en nuestro país a partir de la prohibición terminante para que los partidos puedan contratar publicidad en medios electrónicos de comunicación.

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Tabla 9 • Las características que tiene la comunicación social en materia electoral como consecuencia de los cambios constitucionales son las siguientes: • Los partidos políticos pueden acceder a la radio y a la televisión a través de los tiempos públicos. • El IFE es la única autoridad facultada para administrar los tiempos y si considera que éstos resultan insuficientes puede tomar las medidas necesarias para su ampliación. De igual manera, el IFE es competente para sancionar las violaciones a lo establecido en relación con el acceso de los medios de comunicación con fines electorales, pudiendo incluso ordenar la cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión que transgredan la ley. • En el período comprendido entre el inicio de las precampañas a la jornada electoral, los tiempos que tienen una disposición del IFE, y que suponen la totalidad de los tiempos del Estado, son 48 minutos diarios en cada canal o frecuencia. • Desde ese tiempo, durante las precampañas los partidos reciben 1 minuto por cada hora en cada estación, mientras que durante las campañas, el tiempo a su disposición es de, al menos, 85% del tiempo total. • El criterio para distribuir el tiempo aire sigue la fórmula de financiamiento público 30 % igualitario y 70% proporcional a la votación de cada partido. • Fuera de las campañas el IFE tiene a disposición el 12 % del total de tiempos del Estado, el cual se distribuye en un 50 % entre los partidos de manera igualitaria y el resto corresponde directamente al IFE. • La competencia del IFE como administrador de los tiempos públicos con fines electorales, también se extiende al ámbito local respecto a los espacios públicos de las emisoras de radio y televisión locales. Fuente: Elaboración propia con base en Zovalto y Orozco (2008)

Además se contemplan una serie de prohibiciones, a saber: Tabla 10 PROHIBICIONES A PARTIDOS POLÍTICOS ϑ No pueden comprar propaganda a favor de un partido o candidato. ϑ No se pueden contratar en México mensajes contratados en el extranjero ϑ No se pueden realizar expresiones que denigren a instituciones o a partidos o que calumnien a las personas. ϑ La publicidad gubernamental está prohibida durante las campañas electorales federales y locales. ϑ La propaganda pública debe tener carácter institucional y por ello no puede ser personalizada. • Finalmente, las tareas de fiscalización encaminadas a vigilar que los recursos partidistas tengan un origen lícito y que sean destinados a los fines y actividades políticas que persiguen los partidos, están a cargo del IFE a través de una unidad de fiscalización con autonomía técnica, la cual somete al Consejo General de este instituto los resultados de las investigaciones, así como la propuesta de las sanciones correspondientes al ilícito cometido. Fuente: Elaboración propia con base en Zovatto y Orozco (2008).

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CONSIDERACIONES FINALES Durante los siglos XIX y XX, el proceso de juridificación de los partidos políticos que incluye la regulación constitucional fue precedido por uno más lento y polémico: el de la aceptación de su existencia y funcionamiento. Los partidos políticos han sido objeto de diversos intentos de ser conceptualizados por la academia, en la actualidad se les define fundamentalmente en función del sistema político, es decir, a problemas acotados (representación, articulación de intereses, legitimidad e ideologías, etc.). En el constitucionalismo contemporáneo encontramos definiciones en función de su naturaleza jurídica, o en las funciones señaladas a los partidos por la Constitución, leyes o códigos. Al ser reconocidos por las normas jurídicas, los partidos políticos son considerados parte del sistema político con funciones detalladas y en algunos casos específicos, por su especial naturaleza, son sujetos sui generis del derecho, en ellos se pueden tener los confines del derecho público y la libertad de asociación política, que también son regulados en los ordenamientos jurídicos. Los partidos políticos han motivado una serie de modificaciones a sus derechos y obligaciones, ya que la legislación permitió en una primera etapa, la regulación de elementos de carácter general, a medida de su evolución como instituciones políticas, la legislación ha tenido la necesidad de hacer más fuerte su regulación marcando dos tendencias: la primera, que los partidos políticos no deben ser regulados particularmente, pues rebasan el campo de lo jurídico. La segunda postura argumenta que las disposiciones jurídicas deben sobrepasar lo meramente estructural y deben regular los partidos políticos en todos sus campos y actividades. El argumento de esta posición es que técnicamente es más adecuado regularlos en el máximo nivel jurídico, como garantía eficaz para el asentamiento y el funcionamiento de la democracia. James Madison en el Federalista, había advertido sobre el sentimiento de facción que los partidos impregnaban en los actos políticos, pero además han existido ejemplos de lo que partidos polí-

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ticos como el Nacional Socialista de la Alemania Nazi y el Partido Nacional Fascista en Italia sumieron en el colapso a sus sistemas políticos. Las implicaciones de la regulación jurídica de los partidos políticos responden al mismo sentido teleológico del derecho contemporáneo de regular las sociedades complejas en los puntos comunes como lo enuncia Habermas. Además los partidos políticos pueden ser instrumentos de la expresión de la voluntad popular de los ciudadanos, una vez que el derecho público garantiza los derechos políticos como derechos fundamentales dentro del Estado Constitucional.

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Referencias electrónicas · www.oas.org/jurídico/spanish/carta.html

LOS LÍMITES DEL LIDERAZGO EN EL PRI, PAN Y PRD (2006-2011) Ricardo Espinoza Toledo Juan Pablo Navarrete Vela

INTRODUCCIÓN

l liderazgo de los dirigentes nacionales de los partidos políticos después de las elecciones presidenciales de 2006 ha sido determinante para colocar sus organizaciones como una oferta política competitiva o para provocar un estancamiento del propio partido. Estos liderazgos tienen características administrativas y pueden ser fuertes, intermedios o débiles, pero no son carismáticos. En este sistema de pluralismo moderado, el PRI y el PAN se presentan como las organizaciones con mayor grado de institucionalización, mientras el PRD sigue siendo el más problemático en la relación de sus fracciones internas. Es así que el PRI aparece bien posicionado rumbo a las elecciones presidenciales de 2012, sin que esto anuncie nada acerca del resultado electoral final. Este texto aborda las características del liderazgo de los tres principales partidos del sistema político en México: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Revisamos de manera comparativa el desempeño de los líderes formales en estos partidos, de 2006 a 2011, con miras a la elección presidencial de 2012. Partimos del supuesto que mientras los líderes del PRI han contribuido en la posición que ocupa su partido, los del PAN y PRD no han podido superar el estancamiento electoral ni los conflictos internos de sus organizaciones. Es pertinente estudiar el liderazgo de los partidos por sus efectos en la vida de las organizaciones políticas y más allá de los parti-

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dos. Utilizamos una tipología propia para examinar el liderazgo en los tres partidos mencionados que hemos denominado liderazgo administrativo. Éste se caracteriza por poseer los siguientes atributos: proviene de una elección interna abierta (participan todos los militantes de manera libre) o cerrada (se elige mediante convenciones de delegados o consejeros); ocupa un cargo en la estructura directiva del partido (presidente nacional, miembro de alguna comisión del Consejo Nacional o del Comité Ejecutivo Nacional); mantiene cierto control de los órganos políticos internos para la toma de decisiones sin menoscabo de los contrapesos políticos y estatutarios y capacidad para relacionarse y negociar con los otros partidos, con el gobierno y con los legisladores. El apoyo de los grupos o fracciones al dirigente nacional cumple una función vital al interior de la organización, y la capacidad de ampliar la red de apoyo para la toma de decisiones es crucial para un liderazgo efectivo. Un factor que describe este tipo de liderazgo es la posibilidad de influir en la distribución y designación de candidaturas, aunque con ciertas limitaciones. El líder administrativofuerte posee características ideales como el control partidario (de la estructura orgánica del partido), ofrecer resultados electorales ganadores (estrategias político-electorales), así como capacidad de negociación con diversos actores (perfil político). Entre mayor es el grado de control de esas características, mayor es la fortaleza de su liderazgo. Si bien una organización fuertemente institucionalizada no depende de un líder, este tipo (liderazgo administrativo) es útil para la explicación desde una perspectiva funcional. Los dirigentes nacionales del PAN y del PRI encuadran en esta caracterización, a diferencia del PRD, en el que han persistido líderes carismáticos (Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador). El dilema del PRD es encontrarse entre el liderazgo carismático en descenso de López Obrador y el liderazgo administrativo-débil de Jesús Ortega, primero, y Jesús Zambrano, después. El eje temático de este texto es el tipo de liderazgo administrativo en sus tres vertientes: fuerte, intermedio y débil; algo muy alejado del liderazgo carismático. El objetivo es estudiar la función de los dirigentes nacionales en la búsqueda del poder presidencial.

Los límites del liderezgo en el PRI, PAN y PRD (2006-2011)

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El análisis se hace en perspectiva comparativa. Con ese propósito, este trabajo se organiza en dos partes: 1. Los efectos del liderazgo en los partidos y 2. La función de los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD.

EFECTOS DEL LIDERAZGO EN LOS PARTIDOS Los partidos son espacios estratégicos en la búsqueda del gobierno y, en ellos, la designación del candidato presidencial es siempre motivo de disputa, por lo que es necesario un buen desempeño del dirigente nacional.

Los partidos en la búsqueda del gobierno Los partidos políticos poseen una estructura con reglas y prácticas políticas de funcionamiento (Sartori, 1992: 7) y determinadas características, formales e informales, que producen un efecto en el liderazgo. Diversos autores coinciden en señalar que el partido es una organización con relaciones y niveles de autoridad, y que la principal vía de competencia son las instituciones políticas (La Palombara y Weiner, 1966; Sartori, 1992; Downs, 1973 y Deutsch, 1992). Los partidos son organizaciones que diversifican la participación. En la cúspide se encuentran sus dirigentes, lo cual no significa que ellos decidan por la organización, sino que se trata de acciones compartidas con los órganos colegiados del propio partido (Espinoza, 2006). De los tres partidos con mayor presencia en México, la estructura partidista más vieja es la del PRI, le sigue el PAN y luego el PRD1. No obstante, la edad del partido y el grado de instituciona-

El PRI fue fundado en 1946, después de dos transformaciones de su estructura política: Partido Nacional Revolucionario y Partido de la Revolución Mexicana. El PAN se fundó en 1939 por Manuel Gómez Morín. El PRD fue fundado en

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lización, aunque en ocasiones puedan coincidir, son aspectos diferentes2. La toma de decisiones en estos partidos conoce procesos particulares. De los tres, el más problemático es el PRD; esto se explica en buena parte en su origen diverso: hasta 2011, la negociación en este partido ha sido a través de las fracciones más fuertes. En el PRI, la competencia la habían definido sus sectores, los cuales se repartían candidaturas a diputaciones y senadurías, hasta que se desarrolló la llamada territorialización y se dio la alternancia en la presidencia de la República (2000). Desde entonces, la carrera presidencial sigue otra ruta: la de los grupos configurados en torno a los precandidatos presidenciales. En el PAN, partido de estructura burocrática bien definida, por su parte, la nominación del abanderado presidencial resulta de la lucha entre el favorito del presidente de la República en turno y el candidato de los adversarios internos. En la actualidad, esa disputa parece seguir un ruta parecida a la de 2006, cuando el preferido de Vicente Fox era Santiago Creel; ahora, es Ernesto Cordero quien cuenta con el respaldo del Presidente. En la elección presidencial de 2006, la diferencia de votos entre el candidato ganador y el segundo lugar fue tan estrecha que no llegó ni al punto porcentual. Sin precedentes en la historia política de México, ese resultado afectó la legitimidad de origen del Presidente Felipe Calderón. En las elecciones de 2012 el desenlace podría ser diferente, es decir, el ganador —que se dice será el PRI—, tiene posibilidades de lograr mayor margen de victoria, según las encuestas de Consulta Mitofsky3. Sin embargo, debe te-

1989 como continuidad del Frente Democrático Nacional, por el cual participó en las elecciones de 1988, el líder del movimiento fue Cuauhtémoc Cárdenas. www.pan.org.mx; www.pri.org.mx; www.prd.org.mx. Angelo Panebianco (1986) señala dos supuestos básicos: si el partido depende de un líder fuerte la estructura es débil. Un partido fuerte supone una mayor institucionalización, con reglamentos y estatutos bastante claros para dirimir conflictos y limitar un liderazgo personalista. La idea de un partido y un líder fuertes no parece viable, porque la estructura organizativa no lo permite, sin embargo, la excepción es un líder con alto respeto político, pero no con características carismáticas. Consulta Mitosfky, Agosto 2011. Fuente: http://www.consulta.mx/Docs/FusionCharts/EPG_A.pdf

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nerse presente que en las pasadas elecciones presidenciales (2006) quien aparecía como seguro triunfador en las encuestas era Andrés Manuel López Obrador por el PRD. La estabilidad es una condición necesaria para la subsistencia del partido y se construye por medio de la negociación con los dirigentes de los grupos o corrientes internas. En el PRD, la disputa por las candidaturas, en general, produce un ambiente altamente conflictivo; aunque en el PRI y en el PAN la competencia sigue patrones más institucionalizados, también se enfrentan a problemas fuertes. Con miras al 2012, existe un ambiente político de tensión previa a la decisión acerca de quién será el candidato presidencial en los distintos partidos. En el PRI se perfilan dos aspirantes: Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto; en el PAN, después de una larga lista, quedan sólo tres: Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Creel; por su parte, en el PRD la disputa es entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, aunque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas también expresó su interés de abanderar a la izquierda. La competencia partidista considera la cooperación como medio para lograr un fin específico (Downs, 1973 y Zafirovski, 2000). De acuerdo a esto, la capacidad del dirigente se expresa en la efectividad para conciliar diversos intereses. Para Downs (1973) y Olson (1992), los actores se sienten motivados a actuar colectivamente. En esta concepción, los partidos son vistos como medios que ofrecen alternativas de costo-beneficio y los ciudadanos votan por la opción que represente la maximización del bienestar con los menores recursos posibles. La rentabilidad electoral expresada en coaliciones es también un criterio relevante para examinar el desempeño de los dirigentes de los partidos. El PRI se ha enfocado a establecer alianzas con el Partido Verde Ecologista, sobre todo; el PRD, con el Partido del Trabajo y Convergencia, en tanto, el PAN estuvo sólo en la última elección presidencial. Este escenario podría repetirse en la elección de 2012: el PRI iría con el Partido Verde y Nueva Alianza, el PRD con el PT y Convergencia, y el PAN, solo.

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La elección del candidato presidencial, un dilema Rumbo al 2012, el papel de los dirigentes nacionales no está exento de tensión. En el PRI, Humberto Moreira ha mantenido la cohesión del partido y, luego del triunfo en la gubernatura del Estado de México (y ahora Michoacán, 2011), el posicionamiento de este partido ha mejorado en la opinión de los ciudadanos de acuerdo a las encuestas (Consulta Mitofsky, GCE, Reforma, El Universal); pero al dirigente se le acusa de parcialidad a favor de Enrique Peña. En el PAN, Gustavo Madero se enfrenta con la dificultad de encontrar la manera de quedar bien con el candidato del presidente, Ernesto Cordero, sin quedar mal con los otros aspirantes presidenciales de su partido, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel. En el PRD, Jesús Zambrano, ahora presidente nacional de este partido, no ha podido consolidar su posición y ha sido objeto de descalificación permanente por parte de los seguidores de López Obrador. En cada uno de los partidos, una tarea central de los dirigentes nacionales es mantener la cohesión y unidad en torno al candidato presidencial. En 2006, en el PRD, Leonel Cota logró que las fracciones unificaran objetivos electorales, pero fue gracias a López Obrador, entonces dirigente real del partido del sol azteca. En el PRI, Mariano Palacios Alcocer trató de apuntalar la candidatura de Roberto Madrazo, sin éxito, mientras en el PAN, Manuel Espino le apostó al precandidato Santiago Creel, y ambos fueron derrotados en la elección interna: con eso, el dirigente nacional perdió autoridad. Un objetivo de los partidos es conquistar la presidencia de la República. En 2006, la competencia por la presidencia conoció diversas prácticas negativas que afectaron las campañas electorales (guerra sucia, campaña del miedo, entre otras). Al final del proceso, el candidato del PRD no aceptó los resultados y los impugnó. Por esa razón, se introdujeron cambios importantes en la legislación electoral, entre 2007 y 2008, como la regulación de precampañas y la posibilidad de abrir la totalidad de los paquetes electorales en caso de presentarse un resultado tan cerrado como el de 2006 para darle certidumbre al proceso.

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La actuación de los grupos de apoyo, dentro y fuera del partido, es determinante. El partido está inmerso en intereses personales, sociales y políticos que le dan sentido a su actuación cotidiana. “En las elecciones no sólo se trata de ganar más apoyos, sino de no perder los que se tienen” (Verge, 2007: 104). Detrás de la acción de los políticos está la intención de alcanzar un cargo. Si no se logra la candidatura presidencial, quedan otras opciones: senador, diputado o coordinador de alguna de las bancadas o dirigir al partido, entre otros (Martínez, 1996: 115). En 2006, las redes que armó Felipe Calderón, como candidato, fueron lo suficientemente sólidas para fortalecer la unidad de su partido. En el PRI, Roberto Madrazo polarizó y dividió a su partido. En el PRD, las redes de solidaridad de López Obrador fueron un mecanismo efectivo, aunque no suficiente para ganar la elección. Como la definición de la candidatura presidencial se inscribe en procesos internos altamente conflictivos, el panorama para el 2012 se anuncia aún más complejo que el de 2006. Los tres partidos, objeto de este estudio, requieren una maquinaria política bien afinada para estar en mejores condiciones de triunfar. Pero están lejos de lograrlo: el PAN no ha resuelto la dualidad de ser partido del gobierno y expresión ciudadana; el PRD no ha superado la fractura interna derivada de ser el partido de los lópezobradoristas y querer ser un partido con vocación de gobierno; el PRI, a su vez, viene de una historia de rupturas ocasionadas por las formas de selección del candidato presidencial que aún no ha sido superada.

Los dirigentes nacionales Luego de las elecciones de 2006, los tres partidos cambiaron de dirigente nacional. En el PAN, Germán Martínez relevó a Manuel Espino en una elección sin contratiempos. Actualmente, el dirigente nacional de ese partido es Gustavo Madero, quien a su vez, sustituyó a César Nava. En el PRI, Beatriz Paredes accedió a la presidencia nacional del PRI en reemplazo de Mariano Palacios Alcocer y fue sustituida en 2011 por Humberto Moreira. En el PRD las impugnaciones a los resultados de las elecciones inter-

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nas, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, provocaron mucho desgaste en ese partido y retrasaron bastante la toma de posesión de Jesús Ortega. Actualmente el partido está dirigido por Jesús Zambrano, político no identificado con el grupo de Andrés Manuel López Obrador. Ramón Cotarelo (1996) destaca dos cuestiones para mantener el capital político de los partidos: el funcionamiento y el control. En 2006, la pérdida de capital político afectó al PRI y al PRD. Pero después de ese año, el PRI inició una etapa de recuperación que los reposicionó, bajo la dirección de Beatriz Paredes, lo que no se dio en el PRD ni en el PAN. Humberto Moreira, por su parte, ha tratado de seguir la línea de su antecesora. En el PRD, López Obrador ha visto disminuir su liderazgo aunque, en la actualidad, se encuentra en un proceso de reacomodo. Cuenta con un capital político importante con miras a la elección presidencial de 2012, pero los errores estratégicos en las elecciones del Estado de México disminuyeron sus bonos. Dentro del PRD se encuentra enfrentado tanto con la fracción que han encabezado Jesús Ortega y Jesús Zambrano como con el creciente liderazgo de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. El PAN ha experimentado un estancamiento. Después de un resultado electoral cuestionado en 2006, padeció la derrota en las elecciones intermedias de 2009. Además, en el tramo final de la administración de Felipe Calderón, los niveles de aprobación del desempeño gubernamental han sido bajos4: ha fallado la capacidad de influencia (Román y Ferri, 2003: 19) y han aumentado los enfrentamientos con los demás partidos por la estrategia contra el crimen organizado. Para Karl Deutsch (1990), “los partidos son organizaciones clave para obtener resultados sociales y políticos”. De acuerdo con este autor, los partidos sin resultados electorales positivos son consecuencia de la falta de estabilidad de la coalición de líderes, precisamente porque esta coalición permite alcanzar objetivos políticos y sociales. Si el liderazgo no es capaz de agregar los diversos intereses alrededor de un plan estratégico, se verá constreñido a resolver

Consulta Mitofsky, Agosto, op. cit.

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problemas entre los grupos internos con el consecuente descuido de su presencia política. Después de las elecciones de 2006, el que ha mantenido mayor estabilidad interna ha sido el PRI, luego del período de aturdimiento en que lo dejó la primera derrota en la elección presidencial del año 2000. Con Beatriz Paredes a la cabeza, logró ubicarse como el gran ganador en elecciones locales y estatales: el periodo 2007-2011 representó un repunte significativo para el PRI5. Seguramente por ello, el liderazgo de la dirigente nacional no fue cuestionado. En el PAN, la estabilidad ha tenido fuertes sobresaltos: entre la remoción de Santiago Creel de su cargo como coordinador parlamentario en el Senado y la presencia de un candidato favorito del presidente de la República, Ernesto Cordero6, en ocasiones ese partido parece haber perdido el rumbo. En el PRD, la coalición vive siempre en riesgo de romperse por sus enfrentamientos constantes. Los logros de los dirigentes pueden ser evaluados por las ofertas de campaña. El principio de “diferenciación mínima” explica que los partidos se acomodan al estilo exitoso de sus oponentes porque temen perder electores y quieren atraer a los votantes recién ingresados al padrón electoral y a los independientes. En las elecciones de 2006, el PAN no recurrió al discurso de voto útil empleado en el 2000 para “echar al PRI de Los Pinos”, sino a una estrategia de enfrentamiento y debilitamiento del candidato del PRD. El PRI siguió la línea de alianza con el Partido Verde Ecologista, en una campaña sin dirección que, a pesar de su fuerte presencia mediática, alcanzó resultados poco alentadores. En tanto, el PRD desaprovechó la influencia de los medios de comunicación y mantuvo la

En 2007, de 14 capitales, el PRI ganó 9. Se disputaron 1219 cargos en Ayuntamientos, el PRI ganó 722. “Informe Ejecutivo de Elecciones 2007”, Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Noviembre de 2007. http://www.pri.org.mx/PriistasTrabajando/documentos/Informe_Elecciones.pdf. Durante 2008, el PRI fue el partido más favorecido electoralmente. Véase “Saldo Electoral 2008”, Consulta Mitofsky, http://72.52.156.225/Estudio.aspx?Estudio=saldo-electoral-2008-2. Y lo mismo puede decirse de 2009 y 2011. “6000 pesos”, El Economista: http://eleconomista.com.mx/columnas/columnaespecial-valores/2011/02/22/oye-bartola-ahi-te-dejo-6000-pesos.

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política de alianzas con otros partidos pequeños, lo que, paradójicamente, le restó escaños al momento de la distribución de cuotas.

LA FUNCIÓN DE LOS DIRIGENTES NACIONALES Las características de los líderes son relevantes en el éxito de los dirigentes en razón de la naturaleza conflictiva de la disputa por los cargos, por las candidaturas y por el poder presidencial.

Características de los líderes Existen varios tipos ideales de liderazgo7. Daniel Katz (1973) señala que en una estructura democrática, el líder está obligado a construir consensos. En el PRD, en los dos procesos internos, 2008 y 2011, el grupo conocido como “los chuchos” ganó la dirección nacional. El grupo afín a Marcelo Ebrard y Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), de López Obrador, no forman parte de “los chuchos”: éstos son los tres grupos más fuertes en el PRD. Sobra decir que el candidato presidencial requiere del apoyo de la estructura partidista. La particularidad de grupos internos obliga —idealmente— al líder del partido a negociar y llegar a consensos en el funcionamiento de la estructura formal, reitera Katz. En el PAN, las decisiones de los órganos directivos son respetadas por sus miembros. Eso ha permitido enviar una señal de cohesión rumbo a la elección presidencial. Algunos aspirantes a abanderar el PAN declinaron en razón de sus escasas posibilidades de triunfo (Javier Lozano, Alonso Lujambio, Emilio González), evitando mayor desgaste interno. La disputa panista por la candi

Al revisar el tema, encontramos varios tipos ideales para explicar la relación líder-seguidor, entre las cuales destacan: líder rutinario, innovador y promotor. (Gerth y Mills, 1975: 108-142). Liderazgo tradicional, carismático y legal. (Weber, 1994: 711-716). Por último, el líder flautista, vendedor, marioneta y bombero (Hermann, 1986: 167-192).

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datura presidencial se centró en tres aspirantes: Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel. La rendición de cuentas debe ser respaldada a través de logros (Katz), una suerte de evaluación retrospectiva que informa el comportamiento electoral de los ciudadanos. Muchas de las acciones del gobierno federal panista han sido cuestionadas, en ocasiones con mucha fuerza, como la estrategia seguida en la lucha contra el crimen organizado. Los triunfos del PRI en estados y municipios lo ha posicionado y otorgado una amplia presencia política8, a pesar de los escándalos de militantes, gobernadores y ex presidentes de la República9. A partir del 2000, en el PRD los resultados en elecciones de estados y municipios han sido moderados. Su principal bastión político sigue siendo el Distrito Federal y una de sus figuras más sobresalientes es Marcelo Ebrard, pero el conflicto abierto y sin tregua entre grupos (tribus, se ha dicho) y dirigentes ahuyenta a muchos simpatizantes. Fracciones y grupos forman parte de la naturaleza de los partidos y es explicable que todos quieran candidatos exitosos. Como hemos mencionado, en el PRD la disputa se había centrado en dos opciones, López Obrador y Marcelo Ebrard. En el PRI, las dos figuras visibles son Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones y el PAN elegirá entre Vázquez Mota, Cordero y Creel. Hay variaciones entre los partidos, desde luego: en el PRD, los seguidores de López Obrador y los de “los chuchos” son dos mini partidos, y los de Marcelo Ebrard no tienen el favor de unos ni de otros. El pro

Para examinar a detalle los resultados véase: “Un ciclo duro electoral 20062009”, Initio Política de Fondo: http://www.initio.com.mx/2008/02/06/el-muyduro-ciclo-electoral-2006-2009/. Escándalos recientes en torno al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Dos aspectos sobresalen: la negociación de Salinas con Ahumada por los video escándalos del PRD; después la negociación de Salinas con el gobierno de Vicente Fox a cambio de la libertad de su hermano Raúl Salinas. De lo anterior se desprende el —presunto— complot en contra de López Obrador con los videos de Carlos Ahumada. Otro hecho que envolvió al PRI, fueron las declaraciones del ex Presidente Miguel de la Madrid sobre la corrupción de los Salinas y su posterior desmentido. Véanse los siguientes trabajos: “Lamenta PRI escándalos”, El siglo de Torreón, 15 de abril 2009 y Álvaro Delgado. “La complicidad CalderónSalinas”, Proceso, 18 de mayo 2009.

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blema es que la disputa por el gobierno del PRD y la distribución de candidaturas a puestos de elección popular, han carecido de reglas y prácticas admitidas por todos. En el PAN y en el PRI han encontrado cauces más institucionalizados, en general, pero, hasta ahora, no se puede decir lo mismo en lo relativo a la selección del candidato presidencial.

El éxito de los dirigentes nacionales de los partidos Las tareas de un partido en el gobierno implican que el liderazgo es corresponsable de las decisiones, tome parte directa en ellas o no. En ese carácter negocia con los demás dirigentes de oposición, lo cual puede producir un efecto no deseado: si el partido gobernante no logra conciliar intereses, la consecuencia es un Ejecutivo paralizado y estancado. Por el contrario, un gobierno con minoría legislativa puede avanzar en la agenda política siempre y cuando asuma una lógica de gobierno compartido (Kinzo et al., 2004: 148). Lo primero se ha dado durante la LXI Legislatura, ante la incapacidad del PAN para actuar como partido puente y articulador; lo segundo lo ilustra la LX Legislatura, gracias a la habilidad de los priístas en el Senado. En el PRI, la eficacia de Beatriz Paredes10 redituó saldos positivos a su partido, además de establecer una relación cooperativa con el gobierno federal de la que salieron fortalecidos. En 2011, Humberto Moreira ha mantenido el control de la organización, a pesar de los desencuentros entre senadores y diputados de su partido, de un desempeño calificado de parcial y de las acusaciones de malversación de los recursos en el estado que gobernó (Coahuila). En el PAN, el discurso se ha orientado hacia la estabilidad económica y la aprobación de iniciativas del presidente Felipe Calderón. En este terreno, la acción de sus dirigentes nacionales, Germán Martínez, César Nava y, recientemente, Gustavo Madero ha sido

Fue gobernadora de Tlaxcala durante el periodo 1987-1992. Ha sido diputada local por Tlaxcala y varias veces diputada federal, así como senadora de la República.

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de carácter institucional, pero poco eficaz. Por su parte, el PRD está dividido entre quienes aprueban una relación más cercana con el presidente Felipe Calderón y quienes, en consonancia con López Obrador, lo rechazan. Por lo demás, tampoco existe una línea política definida o atendida en muy diversos temas dentro del perredismo. El proceso de estímulos mutuos es un aspecto fundamental para evaluar el éxito de los dirigentes de los partidos (Sprott, 1975). Los miembros siguen leales porque obtienen beneficios por su apoyo. Podemos precisar dos mecanismos: el primero, de índole democrático-estatutario, ofrece a los seguidores la posibilidad (ideal o material) de participar en un cargo dentro del partido o bien ser postulados a un cargo de elección popular (en el Poder Legislativo local, federal u otros); el segundo es de corte político-personal: los militantes buscan obtener prestigio, como el reconocimiento social, objetivo propio que puede convertirse en colectivo cuando el candidato accede al ejercicio de gobierno y retribuye con posiciones políticas. En el PRI, con una estructura en proceso de recomposición, el reparto de cargos se ha vuelto más competitivo. La disputa por las candidaturas sigue un camino institucional a través de las convocatorias que emite el CEN. El PAN también sigue un trayecto formalizado: la nominación del candidato presidencial sigue un patrón de negociación interna. En el caso del PRD, después de las elecciones presidenciales de 2006, las fracciones han buscado mantener su presencia, pero la lealtad de los militantes no se orienta exclusivamente hacia sus líderes históricos, también incluye a dirigentes locales y estatales. En el PAN, el aparato propicia una relación más homogénea entre el partido y el Poder Ejecutivo. Como partido en el gobierno, existe la posibilidad de mayores oportunidades y mayores incentivos. En el PRI, eso se da principalmente en los estados gobernados por ellos. El principal bastión de reparto del PRD es la ciudad de México, en la cual la disputa entre sus fracciones se recrea también

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en las delegaciones y en la Asamblea Legislativa; aunque el DF no es el único espacio del perredismo11. Las estrategias electorales permiten examinar la efectividad del liderazgo. En elecciones anteriores al año 2000, el PRD desarrolló lo que Yolanda Meyenberg (2004) define como “operación franquicia”, esto es, ofrecer espacios a candidatos que garantizaban triunfos sin pertenecer al PRD. Estas medidas enfocadas a ganar elecciones se adoptaron durante el periodo 1996-1999, cuando Andrés Manuel López Obrador era el dirigente nacional. Esta estrategia refiere un proceso de negociación con políticos de alta convocatoria, en la cual participan la dirigencia nacional y los grupos locales del partido con quienes se debe llegar a un acuerdo para que acepten la candidatura. El partido puede postular a un candidato externo a través de la negociación con grupos y así mantener la estabilidad, evitar conflictos y rupturas internas; o por imposición del líder, aunque esta vía puede provocar tensiones, afectar la cohesión interna y provocar escisiones. Un liderazgo eficaz se basa en la combinación de factores como la personalidad y capacidad para negociar, aunado a las habilidades para percibir exigencias del grupo que se dirige (Hemphill, 1958). En el PRI, Beatriz Paredes se acercó a estos aspectos, pero Humberto Moreira está más alejado; en el PAN, Germán Martínez y César Nava tampoco reunían ese perfil; Gustavo Madero, dirigente actual, presenta una postura más moderada. Por su parte, Jesús Ortega y Jesús Zambrano han mostrado poca capacidad para unificar al PRD. En términos de rentabilidad electoral, el liderazgo de Paredes ha sido el más exitoso en el PRI, en razón de haber logrado reposicionar a ese partido en el ámbito local, estatal y federal. Para el PAN y el PRD, las elecciones intermedias de 2009, así como las locales de 2010 y 2011 fueron una prueba significativa para evaluar su desempeño: ambos partidos muestran un notable retroceso en el terreno electoral, con excepción de los triunfos estatales de 2010 derivados de sus alianzas. 11

El PRD gobernaba Zacatecas, Michoacán, Baja California Sur, Guerrero, Chiapas: http://www.prd.org.mx/portal/index.php?option=com_content&view=artic le&id=15&Itemid=169

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Conflictos en la disputa del poder El término conflicto es pertinente para explicar el comportamiento entre los partidos y al interior de los mismos. Para Sartori, “la democracia no exige consenso sino conflicto, porque la democracia es maximizada y enriquecida por el conflicto” (Sartori, 1997). En ese sentido, el conflicto puede ser una ventana de oportunidad para el desarrollo de la vida institucional de los partidos. Ello supone respetar el disenso político y promover el diálogo como medidas contrarias a la imposición. Con el conflicto surge la necesidad de llegar a acuerdos y, de lograrse, el resultado fortalece a todas las partes. Existen tres tipos ideales de resolución de conflictos organizacionales: dominación, compromiso e integración (Crozier, 1977). En el primero, el líder es tan fuerte que sólo es posible la imposición a los demás, con la consecuente exclusión de la competencia; el de compromiso, es un acuerdo, bajo concesiones recíprocas, para el reparto de incentivos; el conflicto arroja acuerdos para tratar de satisfacer demandas de los miembros, aunque estén condicionados por el liderazgo. Finalmente, en el de integración, ambas partes del conflicto ganan: aunque la distribución sea desigual en cierto momento, todos obtienen retribución, formal o informal. Crozier (1977) concibe el intercambio como una relación recíproca, que si bien favorece más a una de las partes, nunca es absoluto. Esta descripción de intercambio representa una faceta en la cual todos los miembros son vitales para el funcionamiento estable del sistema. No obstante, produce una retribución mayor a los partidos más fuertes. Existe una gama de posibilidades materiales y no visibles que pueden ser asignadas vía institucional o de forma discrecional. No siempre es fácil predecir si un conjunto de intercambios dará por resultado el apoyo político requerido (Meltsner, 2003). El liderazgo del gobierno y los partidos deben tenerlo presente. La competencia en el sistema de partidos en México se da en torno a tres de ellos: PAN, PRI y PRD. Desde el 2000, los derrotados se han alternado el segundo lugar en las elecciones presidenciales: en el 2000, el segundo lugar fue para el PRI y en el 2006,

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para el PRD; con el triunfo del PAN en ambas. Unos y otros resultados revelan cómo los votantes han diferenciado su voto en un diseño electoral competitivo, de pluralismo moderado (Espinoza y Meyenberg, 2001). En el marco de la incertidumbre democrática, los resultados de 2012 podrían ser los del regreso del PRI a la Presidencia de la República (Latinobarómetro, 2012). En la disputa del poder, el presidente del partido puede ser un factor relevante para el éxito de sus candidatos. Si el dirigente respalda y participa de los actos de campaña, envía un mensaje de unidad partidista. Si logra que las fracciones o grupos colaboren, las posibilidades de ganar aumentan. Si, además, el líder es carismático, la influencia de éste puede ser determinante. Lo contrario también es cierto: dirigentes o fracciones que no apoyan, se convierten en un freno casi imposible de superar, con consecuencias electorales negativas, como ha ocurrido, con ciertas variaciones, en el PRI (el TUCOM, 2000), en el PAN (contra Felipe Calderón, 2006) y en el PRD12.

CONCLUSIONES La actuación de los dirigentes partidistas es factor fundamental para explicar las prácticas internas y la ubicación de los partidos en el sistema político. La eficacia de sus estrategias repercute dentro y fuera de sus organizaciones. En el PAN, Germán Martínez, César Nava y Gustavo Madero, con un liderazgo administrativointermedio, no lograron posicionar al partido en el lugar necesario para negociar las reformas legislativas del mayor interés del presidente de la República. Después del cuestionamiento electoral de 2006, el PAN y el presidente dejaron en manos del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, la batuta política y legislativa, clave del “éxito” legislativo del presidente durante la LX Legis12

Véase “El IFE autoriza difundir spot de López Obrador”, El Universal, 19 de mayo de 2009.

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latura. Esa relación productiva se acabó luego de las elecciones intermedias de 2009 por la llegada de otro grupo fuerte del PRI a la Cámara de Diputados, el de Enrique Peña Nieto. El PRI, previo a la definición del candidato presidencial, es un partido de dos tendencias enfrentadas. En el PRD, una vez resuelto el problema de la elección interna para renovar dirigente nacional, el papel de Jesús Ortega, primero, y de Jesús Zambrano, después, no ha permitido superar la división entre dos agrupamientos internos muy fuertes que tampoco comparten prácticas ni concepciones políticas. Aunque esa ambigüedad afecta al partido en su conjunto, la relación entre el presidente Calderón y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, es de carácter institucional y sus diferencias políticas no se han traducido en enfrentamiento abierto como ocurrió entre Vicente Fox, presidente, y López Obrador, jefe de gobierno del DF. El estado actual de institucionalización de los partidos objeto de este estudio, sigue presentando serias deficiencias. Unos y otros se han visto afectados por el proceso de democratización del país, por la creciente exigencia social de que son objeto y por las limitaciones o incapacidad de sus dirigentes. En el PRI13, el reparto de candidaturas sigue siendo problemática, como ocurrió en Oaxaca, Puebla, Sinaloa (2010) y Guerrero (2011) o en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006, y lo mismo puede decirse del PAN y el PRD. Sus respectivos líderes carecen del carisma necesario y sólo han producido liderazgos administrativos débiles o intermedios, nunca fuertes, y menos aún carismáticos. Tal vez el PRD encuentre en el liderazgo de López Obrador, su candidato a la presidencia de la República para 2012 (resultado de las encuestas presentadas el 15 de noviembre de 2011), el elemento de cohesión del que ha carecido.

Las candidaturas para el Congreso antes de 1988 eran negociadas entre varios grupos de coalición, los líderes de las principales organizaciones pertenecientes al PRI, la Confederación de trabajadores de México (CTM, sector obrero), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y la Confederación Nacional Campesina (CNC, sector campesino) (Langston, 1998: 472).

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Como hemos explicado a lo largo de este trabajo, el liderazgo partidista en el sistema de partidos mexicano aparece como un factor condicionante en la disputa del poder político, es corresponsable del grado de institucionalización de la organización y su influencia en el éxito o fracaso del partido en procesos electorales es innegable.

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Los límites del liderezgo en el PRI, PAN y PRD (2006-2011)

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CRISIS DE REPRESENTACIÓN, LIDERAZGOS EMERGENTES, PARTIDOS Y REGIONALISMOS POLÍTICOS Enrique Cuna Pérez

INTRODUCCIÓN

omo parte de la transición política que México vive se observa el traslado de un país pensado y decidido desde el centro, a otro que tiene múltiples centros con capacidad de decisión, posibilitando nuevas formas de hacer política y multiplicando los ámbitos desde los cuales se forman y proyectan los liderazgos políticos y sociales regionales. Ahora, las regiones ya no son sólo espacios de residencia, recreación y actividad económica, sino también lugares que pueden fomentar la construcción de la ciudadanía a partir de una reconstrucción de la participación política a través de mecanismos alternos a los partidos políticos nacionales, y más específicos y directos que muchas veces logran captar realidades locales y regionales de manera más efectiva y directa. Este trabajo plantea que ante el notable descrédito de la élite política partidaria nacional y ante el persistente centralismo político, se vuelve imperativa la reflexión sobre la constitución de líderes sociales que renueven la relación entre la sociedad y la política, líderes regionales y locales, quienes a través de la constitución de partidos políticos locales y de la cohabitación de éstos con líderes no partidistas configuren un nuevo mapa político nacional. La irrupción, su posterior análisis y discusión, de liderazgos regionales, como propuesta de solución a los problemas de representación, parte de la necesidad de activar la participación política ciudadana en la resolución de sus necesidades más inmediatas.

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Sigo una hipótesis en este texto: México se mantiene fragmentado. Primero, como resultado de las modificaciones político electorales de la década de los 90, el país se debate entre aquellas regiones que siguen maniatadas al poder central sin opción a una real representación (por ejemplo el sur) y aquellas en donde aparecen con notable persistencia una regionalización representada por el surgimiento de liderazgos locales y regionales que logran acceder a la autonomía y a la representación constante de sus comunidades (ejemplo, la región norte). Una idea acompaña esta hipótesis. La campaña política que vivió el país tanto en el 2006 como en 2012 representó la consolidación de lo que se ha llamado “liderazgos de popularidad”, lo que distanció aun más a la población del juego democrático a partir de la opción de los partidos políticos. Justo ahí es donde quiero destacar que la consolidación de los liderazgos locales y regionales y su libre participación a través de partidos políticos locales y regionales, además de la posibilidad de incrementar la participación a partir de la reelección y las candidaturas independientes, fortalecería los lazos entre la sociedad y los gobiernos estatales y municipales, mismos que incrementarían su capacidad política para resolver problemas más locales e inmediatos a la población. Hasta ahora el esquema bajo el cual se ha desarrollado la descentralización en nuestro país, trasladando recursos a los estados y municipios para que tengan un manejo autónomo de los mismos, poco han ayudado en la construcción de liderazgos locales y regionales, representados en los gobiernos estatales y municipales que reflejen verdaderamente los intereses de sus comunidades, y que desarrollen la participación social y política en torno a la eficiencia administrativa de los recursos (sobre todo por el constante reclamo hecho a las políticas centralizadoras como responsables de las desigualdades regionales).

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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR DE REGIONES Y REPRESENTACIÓN? La necesidad de proyectar a las regiones, sus liderazgos y la construcción de mecanismos que —ya en la ley electoral— acompañen la recuperación de la representación política surge —para los fines de este texto— de dos imágenes que en su momento se pensaron como respuestas a la crisis de credibilidad y que hasta la fecha lejos de ayudar a mitigarla la han profundizado. Por un lado, la personificación de liderazgos políticos nacionales que, anclados en la popularidad que otorga la aparición constante en la televisión, no han logrado reunión mayor participación a su alrededor que la que se puede medir en aplausos y raiting. Por otro lado, la aparición e impulso a los partidos llamados emergentes no ha logrado contener la poca credibilidad a la actividad política, sino al contrario han evidenciado que mucho de su actividad es más para intereses personales, de grupo o de familia y poco para el conjunto de la sociedad que los mira como desconfiables y como negocios personales.

Liderazgos políticos de popularidad Las campañas presidenciales de 2006 y 2012 si bien han sido desarrolladas en mejores condiciones de equidad y de igualdad a los actores políticos, poco han hecho para mitigar la personificación y la imagen del candidato antes que de los partidos. Esto es, más que difundir su propuesta u oferta programática, a los partidos les ha interesado proyectar la imagen del candidato, protagonista principal, que, convertidos en celebridades mediáticas, mantuvieron su presencia en televisión y radio a través del discurso estridente, la declaración agresiva, la presentación de sus sentimientos o valores, y, sobre todo, la descalificación del adversario. Las elecciones y la dependencia con respecto a los medios de los partidos políticos, a través del financiamiento público, hizo evidente que a pesar de que la elección consolidó al voto popular

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como dispositivo básico para dotar de legitimidad a los líderes nacionales, es posible observar cambios en las formas de representación: la consagración de los nuevos liderazgos de popularidad, que sustentados en una relación directa pero virtual con la opinión pública, han protagonizado los procesos electorales y logrado subordinar a los partidos políticos1. Isidoro Cheresky define a los líderes de popularidad como aquellos líderes sustentados en una relación directa, pero con frecuencia virtual, con la ciudadanía y que aparecen cada vez más como organizadores de la competencia política incluso poniendo a los aparatos partidarios a su servicio. Esto es, los partidos políticos subsisten cada vez más a merced de liderazgos personales, su suerte electoral parece depender más de la popularidad, a partir de la opinión y la audiencia, de los candidatos que de la tradicional labor partidaria2. Los medios masivos de comunicación inciden de manera evidente en la forma en que se ejerce el liderazgo, algunas veces prevalecen más los personajes que los partidos políticos, o la imagen política sobre las cualidades reales de los políticos, o incluso inciden directamente en la creación o destrucción de éstas imágenes políticas. La estrategia de difusión de la imagen a través de los medios masivos de comunicación convierte al político en un producto que se comercializa, esto implica la simplificación de sus mensajes para hacerlos atractivos y consumibles, o que la actuación del político sea calificada por su capacidad de persuasión y seducción del auditorio y no por una evaluación racional de las propuestas y de la

Los líderes de popularidad son aquellos que emergen del voto ciudadano y se someten regularmente a la renovación del mandato, pero sobre todo porque ejercen el poder en sociedades donde rigen las libertades públicas, y su vínculo político del que deriva su poder ya no es la masa de seguidores ni los soportes corporativos leales, sino que se apoyan en una ciudadanía de expresión múltiple y están sostenidos en la opinión pública por una relación directa con ella. Isidoro Cheresky. “Elecciones en América Latina: poder presidencial y liderazgo político bajo la presión de la movilización de la opinión pública y la ciudadanía”, en revista Nueva Sociedad, núm. 206, Venezuela, 2006, pp.14-26. Loc. Cit.

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información que emite. En esta lógica, es más decisiva la identificación afectiva con el personaje que el compromiso político con la ideología que aquel representa3. Y la imagen del político se mide a partir de la satisfacción o el desencanto con respecto a la manera en que evalúa el ejercicio del poder. Este contexto ocasiona que los políticos para ganar presencia en los medios de comunicación, inciten con declaraciones o informaciones suficientemente atractivas. Raúl Trejo ha señalado en varias ocasiones que mientras más agresiva, desmedida o estruendosa sea la declaración de un personaje político, mayor será el interés de los medios para propagarla de manera destacada; mientras más perturbador o estrepitoso resulte un documento filtrado a la prensa tendrá más posibilidades de alcanzar las primeras planas4. De ahí la prevalencia en los medios de datos exiguos, declaraciones inconexas o repetitivas, explicaciones pobres o inexistentes. Bien ha señalado Raúl Trejo: La argumentación en extenso, cuando la hay, queda relegada para las páginas interiores de algunos diarios y —salvo excepciones cada vez más escasas— definitivamente excluida de los medios electrónicos. La radio, y de manera especialmente compulsiva la televisión, demandan concisión, sencillez y contundencia. Las frases cortas tienen más éxito mediático que las explicaciones en detalle. Muchos políticos aprovechan esa circunstancia y saben que, si responden de manera escueta y ocurrente, encontrarán mayor espacio en los noticiarios5.

Finalmente, también la necesidad de una frecuente comunicación entre el político líder y sus representados, obliga a éste a utilizar las técnicas más modernas para captar y configurar la opinión pública. La comunidad debe de sentir que tiene medios de expre-

José Luis Exani. Mediamorfosis. Comunicación política e ingobernabilidad democrática, tesis de maestría, México, Flacso, 2000, p. 34. Citado por Yolanda Meyenberg. Op Cit. Raúl Trejo Delarbre. “Democracia cerrada: política y políticos en el espectáculo mediático”, en Luis Maira. Leonardo Curzio. Op. Cit., p. 106. Ibidem p. 107. Para Raúl Trejo, hacia finales del 2003, el personaje político que tiene una relación más frecuente con reporteros es sin duda Andrés Manuel López Obrador. Este contacto es diario, de madrugada, incluso días festivos y fines de semana, a través de sus conferencias de prensa.

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sión de sus inquietudes y problemas, y el líder a su vez debe tener los medios necesarios para participar en el manejo del liderazgo6. Recuérdese que la autoridad de un líder se basa en el reconocimiento de los miembros de su comunidad tanto a su rol como a su persona. Esta aceptación de sus seguidores o representados es lo que legitima su posición. El líder entiende que tanto mayor sea el arraigo que su imagen logre en la comunidad, más fuerte y amplio será el reconocimiento y apoyo a su persona y mayor la confianza que fortalezca no sólo sus decisiones políticas sino sus aspiraciones futuras. Para lograr esto debe mantener siempre abiertos los canales de comunicación entre él y su comunidad7, canales que hoy día adquieren la forma de reuniones semanales (“días ciudadanos”), programas de radio, conferencias matutinas, entrevistas cotidianas ante las cámaras de televisión o los micrófonos de la radio, entre muchos otros. Ahora bien, si bien es cierto que la democracia en México no se agota en los procesos electorales, también es cierto que los actores protagónicos de la lucha política en nuestro siguen siendo los partidos políticos, importantes para desarrollar los lazos entre representación y participación ciudadana, monopolizan la representación política y la participación electoral en los gobiernos a nivel federal y local. El mismo diseño de la democracia instalado en el país supone a los partidos políticos como instancias de mediación, organización y confrontación insustituibles. Para algunos especialistas, el desencanto con los partidos políticos es aparentemente un signo normal de las transformaciones en los comportamientos políticos en los países en transición, pues se ha ido produciendo la pérdida de la centralidad estatal y transfiere, éste, parte de sus responsabilidades a la sociedad civil. Este descrédito se manifiesta en varios aspectos. Primero, a través de una crisis ideológica, parecen ser más bien agrupaciones profesionales electorales denominadas por Otto Kirchheimer como “catch-all-

Jorge Sánchez Azcona. Reflexiones sobre el poder, Ed. UNAM, México, 1990, p.129. Ibidem p. 126.

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party”8, partidos políticos que se distinguen por su difuminación ideológica y por su capacidad de conectar el núcleo de su programa con el máximo número posible de sectores sociales. Si bien no se puede negar que algunos partidos conservan una identidad propia, si es evidente que la lucha electoral ha involucrado a los partidos políticos con la ganancia electoral, que los principios y valores que los guían han empezado a dejar de ser claros para los ciudadanos y parecen convertirse en “maquinarias electorales sin proyectos sociales alternativos”9. Esta crisis engloba a otros motivos del descrédito partidista, como bien enlista Jesús Rodríguez: la gran cantidad de compromisos adquiridos con los distintos grupos a los que recurren tanto para el financiamiento como para la elección los orillan a una práctica inmovilidad política. A esto se suman, los problemas de elitismo y burocratización al interior de los partidos políticos que han impedido que en ellos puedan aparecer auténticas estructuras democráticas, que “permitirían la dinamización de la vida interna del partido, su contacto con las demandas y transformaciones de la voluntad ciudadana y el abandono de las rutinas políticas reducidas a lo electoral”10. Sin embargo, como han reconocido Alcántara y Freidenberg: aunque en la región se critica a los partidos y se promueven modos de representación alternativos … hasta el momento no se han propuesto otras formas de democracia que puedan operar sin el concurso de los partidos, por lo que éstos continúan siendo los que articulan la competencia electoral, crean un universo conceptual que orienta a los ciudadanos y a las élites en cuanto a la comprensión de la realidad política, ayuda

Kirchheimer acuñó este concepto para deplorar la situación de los partidos de la segunda posguerra, que habían abandonado sus propuestas de reivindicación y cambios sociales y se habían conformado a la idea de un mercado político en el sentido más lato. Para este autor, el discurso ideológico de los partidos deja de ser su elemento principal de interpelación y la caza de votos se afirma como su profesión. Otto Kirchheimer. 1980. “El camino hacia el partido de todo el mundo” en Lenk y Neumann (eds.). Teoría y sociología críticas de los partidos políticos, Anagrama, Barcelona, pp. 246-328. Jesús Rodríguez Zepeda. “Democracia y sistemas de partidos”, en revista Argumentos, No. 18, México, Abril, 1993, pp. 25-41. Loc. Cit.

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a concertar acuerdos en torno a políticas gubernamentales … establece acciones en torno a políticas gubernamentales … establecen acciones para la producción legislativa, proveen de personal a las instituciones y hace operativo el sistema político11.

Ante el descrédito de los actores políticos tradicionales, es que adquiere relevancia la discusión sobre liderazgos y partidos políticos locales y regionales. La propuesta es desarrollar éstos como actores de la democracia a nivel local, para crear lazos con la población más estrechos, pueden ser viables para la recuperación de la legitimidad del acto político, y sobre todo pueden ser la vía para la construcción de canales de participación ciudadana en el control y fiscalización de la administración pública y en la evaluación del acto de gobernar. Al analizar los liderazgos locales y regionales que han surgido en la última década en nuestro país resalta primero, que han sido más resultado de la reacción ante las políticas del Gobierno Federal que consecuencia de propuestas que reflejen autonomía, iniciativa y madurez ideológica y política de los líderes12. Segundo, que la regionalización ha permitido la emergencia de diversos actores sociales que rebasan incluso a los partidos políticos, claro que luego tienen que involucrarse a este tipo de instituciones para participar en el modelo de democracia mexicana. Por ejemplo, los liderazgos surgen de los sectores empresarial (por lo regular asociado al PAN y al norte del país, representa un líder que cuenta con redes de amigos, familiares y socios que se acercan y confían en él, y que comparten un proyecto político que resulta siendo personal, familiar y de ascenso social), cultural (intelectuales y artistas que manifiestan su oposición ideológica o política al régimen, a un partido o a una política específica. Y encuentran a

Citado por Daniel Zovatto. “Valores, percepciones y actitudes hacia la democracia. Una visión comparada latinoamericana, 1996-2002”, en SEGOB. Deconstruyendo la ciudadanía, México, 2002, pp. 51-77. Rogelio Hernández, “Liderazgo y élite política en México. Del autoritarismo a la alternancia”, en Wilhelm Hofmeister (compilador), Dadme un balcón y el país es mío. Liderazgo político en América Latina. Brasil, Fundación Konrad Adenauer, 2002. p. 15.

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sus seguidores en comunidades definidas tales como las universidades, las asociaciones profesionales o en movimientos sociales emparentados con luchas específicas), y social (muchos de ellos promotores de iniciativas de desarrollo local, dirigentes sindicales, populares, sociales surgidos como reacción frente a temas locales y regionales específicos o que responden a las políticas del gobierno federal y su impacto a nivel regional, por ejemplo a la centralización de las actividades productivas, o a la falta de asignación de recursos para ejecutar obras de infraestructura, entre otros. El camino que han desarrollado los líderes ha sido, primero representativos de sectores y luchas sociales específicas, después líderes locales representantes de reivindicaciones más amplias, y posteriormente líderes que involucran intereses a amplios sectores de una región13. Sin embargo, la ausencia de partidos locales y regionales ha permitido que la lucha representada por estos liderazgos se coopte fácilmente o se disperse y fragmente en objetivos, formas y tipos de lucha que poco tienen de resonancia en propuestas políticas de alcance regional y nacional. En el diseño de las reformas electorales en nuestro país poco se ha trabajado el tema de el fortalecimiento de la autonomía local y regional y la constitución de partidos locales. Los remanentes centralistas se han manifestado en argumentos que los legisladores, representantes de la nación, han esgrimido para la descalificación de éstos, por ejemplo el de la relativa “inmadurez” de los sistemas políticos locales para afrontar con éxito el proyecto nacional fundamentado en la unidad nacional. O que la prevalencia de cacicazgos regionales pone en entredicho el interés y la unidad nacional. O la posibilidad de que los particularismos étnicos propicien el separatismo regional. En particular, opositores a la creación de partidos locales son los partidos nacionales. Su propia crisis como vehículos nacionales ha inhibido la creación de un sistema multipartidista que responda a las exigencias y demandas específicas, locales y regionales.

Julio Díaz Palacios, “Líderes regionales y locales”, en Actores sociales: un nuevo escenario. Lima, CEPES, 2001. p. 60.

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La institucionalización de las estructuras partidistas nacionales curiosamente va alejando a los partidos de las candidaturas “ciudadanas” o “independientes”, espacios para líderes locales que no participan en los partidos. Creo que la pertinencia de los partidos locales y regionales interesa a quienes no se ven representados en las estructuras partidarias nacionales. Existen ejemplos de que esto ayuda al proceso de democratización, el Navismo en San Luis Potosí, sólo sí los partidos se convierten en ese garante representativo de las regiones y no, como el movimiento representado por Roberto Madrazo en los 90 en Tabasco, sólo buscar una base social que les asegure mejores condiciones de negociación con el centro. La creación de partidos locales y regionales es deseable si esos organismos ayudan a construir espacios de representación incluyentes, incrementar la participación ciudadana en asuntos de gobierno y a desarticular las influencias de actores extraños a la región que buscan instrumentalizar los poderes locales a sus intereses particulares. Es cierto que existe el riesgo de que la autonomía local pueda ser utilizada en beneficio de un cacique o grupo dominante, sobre todo en las regiones más apartadas del centro, sin embargo es también posible que esto despierte la aparición de liderazgos regionales capaces de representar las demandas de todos los sectores sociales a nivel inmediato, local, municipal, regional. La fragmentación del liderazgo nacional, representado por el poder presidencial omnipotente y autoritario, en múltiples liderazgos municipales, locales, y regionales, incrementa la capacidad de toma de decisiones de los gobiernos locales, y de las regiones en el México democrático. Esta propuesta se basa en la necesidad de transformar el liderazgo “virtual”, mediático, espectacular, tal como se ha venido construyendo el liderazgo político nacional, en un liderazgo político más cercano con sus comunidades, que se sostenga no por la opinión medida por las encuestas de popularidad televisiva, sino por el contacto con las plazas y la verdadera representación de las necesidades de cada una de las regiones del país, no sólo las más desarrolladas, sino también las más necesitadas.

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Partidos pequeños en México: del partido de masas al partido profesional electoral Ostrogorski mencionó que el dato primero de un gobierno democrático es la participación activa de la gran masa de ciudadanos (naturalmente pasiva), para él, “el espíritu público debe ser activo, incluso militante: el ciudadano debe estar siempre en la brecha, con la mirada fija en los asuntos públicos, dispuesto a dar, desinteresadamente, su tiempo y sus esfuerzos”14, por ello el primer problema en la democracia es ¿cómo organizar la acción política para fomentar en los ciudadanos acciones espontáneas y regulares, para estimular las energías individuales sin dejar que se adormezcan? La respuesta: los partidos políticos. Sin embargo, su condición de instrumento fundamental para la participación política no se ha visto equilibrada por una estructura interna y un funcionamiento completamente democráticos: su financiamiento, la búsqueda sólo del voto, los procedimientos de sucesión de sus dirigentes, entre otros, han provocado que los representantes políticos hayan adquirido destreza en el manejo de asuntos públicos, profesionalizándose en la vida política, en detrimento de una participación directa de los ciudadanos15. Los partidos políticos son representantes de la sociedad: pretenden que la mayor parte de ella se convenza de sus principios ideológicos y conozca y asuma como propias sus propuestas particulares. El partido asume un papel de mediador entre gobernantes y gobernados. Los principales rasgos de los partidos políticos son la búsqueda del poder de manera abierta a través de métodos legales y pacíficos, la búsqueda de apoyo de la mayor cantidad de ciudadanos, y la formulación de una propuesta global y pretendidamente alternativa para un futuro promisorio para la sociedad. Sin embargo, al parecer el financiamiento hizo más moderados y centralizados a los partidos, alejándolos de la sociedad. La lógica 14

Moisei Ostrogorski. 2008. La democracia y los partidos políticos, Ed. Trotta, España, p. 36. Antonio Lastra. 2008. “Presentación”, en Moisei Ostrogorski. 2008. La democracia y los partidos políticos, Ed. Trotta, España, p. 19.

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electoral impregnó las actividades de los partidos en su conjunto. El activismo y capacidad de movilización cedió su lugar a la acción estrictamente electoral, fincada en el marketing político y no en el activismo cotidiano y en los compromisos ideológicos fuertes. Pese a todas sus taras, los partidos mantienen el control de dos funciones políticas de crucial importancia: la postulación de candidatos a cargos de elección popular y la formación y el sostenimiento de los gobiernos16. El estudio teórico de los partidos políticos ha puesto escasa atención al fenómeno de los partidos pequeños, y menos se ha estudiado el papel estabilizador en la democracia representativa, sobre todo en los sistemas multipartidistas17. En los hechos son las legislaciones electorales las que se convierten en el principal obstáculo o el principal estímulo para la aparición pública y permanencia de partidos políticos pequeños. La legislación electoral supone un umbral relativamente bajo de rendimiento electoral de un partido político para gozar no sólo del registro legal sino también de las prerrogativas económicas que están adheridas a éste. En cuanto sujetos o elites políticas cuya acción es privilegiada, juegan un papel de innovación y de creación social e institucional con base en la visión o intereses que les dan identidad. Los partidos no sólo compiten electoralmente por las posiciones de la representación política, sino que también formulan esquemas de debate público, privilegiando o dando visibilidad a determinados problemas o demandas sociales o, en su caso, evitando la emergencia pública de otros problemas y demandas sociales, esto es, se convierten en mecanismos de procesamiento y creación de reclamos políticos y agendas de gobierno. Esto es, en la medida en que un partido político moderno no es sólo una maquinaria electoral, sino también un agente de socialización y una arena de discusión de ideas y demandas de variado tipo,

16 17

Francisco Reveles. 2008. Partidos políticos, p. 216. Jesús Rodríguez Zepeda. “El complemento de la representación: el dilema de los partidos emergentes”, en, Mirón, Rosa María y Ricardo Espinoza (coords.). Partidos políticos. Nuevos liderazgos y relaciones políticas de autoridad, México, 2004, UAM-UNAM-AMEP, pp. 179-194.

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la fuerza de sus compromisos establecidos le lleva de manera natural a dejar fuera de su órbita de acción tanto nuevos problemas o demandas de grupos específicos como nuevas lecturas políticas de los problemas con que habían lidiado con eficacia en el pasado. Así pues, según Jesús Rodríguez, el agotamiento en la capacidad de los partidos mayoritarios para hacerse cargo de las demandas sociales es una de las explicaciones de la llamada crisis de los partidos y de la reivindicación de la acción de grupos independientes y a la aparición pública de nuevos sujetos políticos, algunos de los cuales son los partidos minoritarios (asumen la posibilidad de explotar temas del debate público sin las ataduras de los compromisos que todo partido mayoritario posee)18. Así, lo peculiar de la emergencia de nuevos partidos debería ser su capacidad para capitalizar la debilidad de los partidos dominantes o para abanderar temas o protestas ajenas a los sujetos de la representación política tradicional. Siguiendo con la teoría política, y en función del comportamiento electoral en las últimas dos décadas, la aparición de estos partidos de menor arraigo, pequeños o menores, se explica por la misma dinámica que han llevado las relaciones entre las fuerzas políticas y las trasformaciones en los sistemas de partidos, que han originado la caracterización de partidos profesionales electorales. A diferencia de la teoría económica de la política que formula que los partidos crean políticas para ganar elecciones, más que ganan elecciones para formular políticas. Entendidos como fuerzas del mercado, maximizadores de votos sin auténticas ideologías propias, el caracterizarlos como profesionales electorales los acerca más a la dinámica de ser contrapesos eficaces en el equilibrio de los sistemas políticos en el mundo. La propuesta económica trata a los partidos como variables endógenas cuyas características organizativas, ideológicas e institucionales están condicionadas por las estrategias perseguidas por los líderes (actuando como actores racionales) y por los diversos contextos de los sistemas políticos dentro de los que actúan. Para

Loc. Cit.

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ella, los partidos se han adaptado a los retos de las pasadas dos décadas mediante su reequilibrio (más que su desaparición o declive) en base a un tipo de partido que Kirchheimer denomina catch-all. Esta clase de partido cuenta con una organización más reducida y desestructurada, y es más flexible en sus esfuerzos por mantenerse electoralmente competitiva. Los aspectos negativos de estas características, sin embargo, radican en los criterios corto placistas y ad hoc de sus apelaciones programáticas y electorales, además de su escasa capacidad para la integración social y la mediación política. En conjunto, este desarrollo sugiere no tanto el declive de los partidos ante los nuevos desafíos como su adaptación y continuidad, con diferentes estrategias y formas organizativas. Angelo Panebianco, recordando los apuntes sobre los partidos escoba de Kirchheimer, enlista los cambios más notables que desde la década de los setenta vienen padeciendo los partidos políticos: una marcada desideologización en temas generales compartidos por amplios sectores de la ciudadanía; mayor apertura de los partidos a la influencia de los grupos de interés con lazos más débiles y relaciones con el partido más esporádicas; perdida del peso político de los afiliados y un declive pronunciado del papel de los militantes de base; fortalecimiento del poder organizativo de los líderes apoyados más en el financiamiento de la organización y en los grupos de interés que en los afiliados; y relaciones más débiles entre el partido y el electorado, que dejan de depender de la existencia de una fuerte implantación social de aquél o de subculturas políticas sólidas y compactas19. Sin embargo, los partidos políticos están ahora funcionando en sistemas políticos muy distintos de los del pasado siglo, y muchos de ellos han logrado adaptarse a las nuevas condiciones de la competencia política. Algunos suponen que debido a los ciudadanos con mayor educación y a la ausencia de privaciones económicas, han tendido a adoptar valores posmaterialistas que han entrado en conflicto con las ideologías tradicionales de muchos partidos y han provocado el incremento de expectativas de participación que oca-

Angelo Panebianco. Modelos de partidos, Madrid, Alianza, 1990, p. 490.

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sionalmente resultan mejor canalizadas por los nuevos movimientos sociales, los grupos de interés centrados en una única cuestión y las protestas políticas20. Para otros, desde los años sesenta, se han producido cambios importantes con respecto a la posición privilegiada del partido en los cargos públicos. Condiciones que se han asociado a la emergencia del partido cartel, partido electoralprofesional, o partido cadre moderno. Entre los factores que han posibilitado estos avances se encuentran el financiamiento público de los partidos y las campañas electorales, así como el creciente recurso a los miembros de los partidos por quienes ostentan cargos públicos, la personalización y centralización de las campañas electorales y la creciente importancia de los profesionales expertos en coordinación de campañas y medios de comunicación de masas. Con la progresiva desaparición de las orientaciones, programas y contextos enlazados a largo plazo, los intereses, los usos políticos y los apoyos electorales están ahora más fragmentados, la representación es más personalizada y más difícil resulta el establecimiento de lealtades estructurales, las identificaciones y las alianzas. En su lugar, se encuentra una movilizacón ad hoc, lealtades ad hoc, identificaciones, alianzas e incluso programas y políticas ad hoc. Así, el partido cartel compite por los votos, se destinan a si mismos subvenciones cada vez mayores y se hacen dependientes de los subsidios estatales para garantizar su supervivencia. Apelan a un electorado más amplio y difuso, se involucran en campañas costosas, subrayan las habilidades para la gestión y la eficacia, sus lazos organizativos son más débiles y se alejan de sus afiliados, que en poco o nada se distinguen de los no afiliados. Y sobre todo, más que competir para ganar o conservar apoyos a toda costa, los partidos cartel se conforman con garantirse el acceso al Estado compartiendo el poder con otros partidos21. El partido profesional electoral, orientado a los cargos, por su lado, busca asegurar un cargo gubernamental, incluso a costa de los objetivos políticos o la maximización de votos. Compartir el 20

José Montero, Richard Gunther, Juan Linz (coord.). Partidos políticos, viejos conceptos y nuevos retos, Ed, Trotta, España, 2007, 342 pp. Loc. Cit.

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poder con otros, bien para sobrevivir, para actuar como un estabilizador o proveedor de equilibrio dentro del sistema o, lo que es más probable, para lograr el acceso a las subvenciones. Un partido buscador de cargos evita los compromisos políticos que llevan a coaliciones indeseables, convirtiéndose así en un lastre para sus estrategias electorales, el objetivo es obtener los suficientes votos para asegurar su inclusión en alguna coalición. Los partidos pequeños de este tipo mantiene su deseo de ser incluido en las coaliciones por el prestigio que pudiera resultar de ello, sus actores principales ocuparán cargos o buscarán ocuparlos. Este tipo de manifestaciones en un sistema multipartidista, podría significar que los votantes pierdan el control sobre la elección de un gobierno, que será determinada por negociaciones entre los partidos. Claro que la crítica a este tipo de partidos es una critica al modelo democrático instaurado. El interés de los partidos políticos en la democracia es atraer votos necesarios para gobernar o participar en una coalición de gobierno, y éste es el objetivo de un partido. Así pues, al sistema de partidos mexicano se le define como tripartidista (se enlistan los tres partidos principales, PRI de corte centro nacionalista o socialdemócrata, PAN con corte humanista cristiano y ubicado en el espacio centro derecha y el PRD con una posición de centro izquierda, como aquellos que atraen porciones significativas del voto ciudadano). Junto a ellos, partidos con menor votación, menor arraigo, que habitualmente forman coaliciones con alguno de los anteriores: el PVEM, Convergencia, definido como socialdemócrata y de centro izquierda, y el PT y el Panal, cercano al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que se autodefine como centro liberal. Junto a ellos se localizan algunos partidos locales que compiten sólo en elecciones estatales y municipales, y que se diversifican en función de la región, localidad y corriente ideológica que postulan. Este escenario es resultado tanto de los procesos de cambio en el sistema político como de las modificaciones a las reglas electorales que han permitido la aparición de las fuerzas y reforzado el papel de los partidos políticos como interlocutores, muchas veces únicos, entre el sistema político y la ciudadanía. Ahora, los llama-

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dos partidos “paraestatales”, de “oposición leal”; “testimoniales”, o “paleros”; “ornamentales”, “satélites” y de “segunda clase” o bien “minoritarios permanentes”, están asociados no sólo con la inutilidad social y política, sino también con la marginalidad y su carácter instrumental. La mayoría de los partidos del sistema mexicano se han beneficiado a lo interno de la consecución de cargos, a lo externo han buscado los sufragios y han dejado de lado la consecución de sus políticas programáticas (al exigir un número determinado de votos, condiciona la lucha de los partidos), el estímulo del financiamiento público ha sido poderoso para dejar de lado sus principios ideológicos. Entre 1997 y 2009 han tenido presencia en la Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal, once fuerzas partidarias (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia por la Democracia, Partido de la Sociedad Nacionalista, Partido Alianza Social, Alternativa Socialdemócrata y Campesina y el Panal). El PSN y PAS compitieron en 1997 y obtuvieron 3 y 2 diputados respectivamente; en las elecciones del año 2000 perdieron su registro. El PT, PVEM y Convergencia han participado en siete procesos electorales constitucionales y en todos los casos han incrementado su poder de representación tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores entre 1991 y 2009. Son un grupo de partidos políticos que en alguna medida han dejado de perseguir la cuota por el registro y se han convertido en “fuerzas regulares” del sistema de partidos mexicano. El Panal apareció para la elección de 2006, mantuvo su registro y alcanzaron algunas posiciones de representación. Como característica general de los cuatro partidos que contendieron resalta que sus posiciones ideológicas se ubican hacia el centro en varios sentidos, al menos todos están de acuerdo en que el cambio político sea gradual y por la vía electoral. Quien se mira más de izquierda es el PT y quien se acerca más a la derecha es el PVEM. Por otra parte, sus líderes son líderes unipersonales —PVEM, PNA, Convergencia— o de un pequeño núcleo —PT— que definen la estructura vertical que se manifiesta en dichos partidos.

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Liderazgo y región, repensar el papel de la representación política Para el análisis político, la región puede definirse como un “espacio geográfico determinado, dentro del cual tiene lugar un complejo de relaciones ecológicas, sociales, económicas, políticas y culturales”22, esto es, puede definirse una región en términos políticos por los estados, las circunscripciones, los distritos federales, locales, municipios, y las secciones. Incluso, el termino región denota un territorio que conlleva la idea de poder político. Los electores que viven en determinadas regiones comparten rasgos predominantes que los identifican socioeconómica y culturalmente, tanto así que a la hora de votar comparten también preferencias por los partidos, que están determinadas por el lugar donde residen. Así, la caracterización de las regiones a partir de rasgos cualitativos, sean éstos socioeconómicos, culturales e históricos, de las estructuras de poder locales, de sus élites o de la formación de liderazgos, supone un conjunto de rasgos compartidos por un territorio, frecuentemente el eje articulador son las estructuras de poder23. La propuesta, retomada de María Eugenia Valdés y de Silvia Gómez Tagle es pensar en regiones como un campo global de relaciones de poder, expresadas tanto en lo económico como en lo político y cultural. Las condiciones regionales son las que han influido en la diferenciación de la población mexicana, entendiendo por ello variaciones y diferencias de la gente desde el punto de vista étnico y cultural, incluyendo la lengua, la sociedad y la historia. A ello deben sumarse las características geográficas, climáticas y biológicas de las regiones que habitan los grupos humanos que conforman la nación. La región tiene identidad propia que la hace diferente de otras regiones y del resto del país, aunque sea parte de la nación. 22

Es la propuesta de Jaime Rivera que se recoge en Silvia Gómez Tagle. María Eugenia Valdés. La geografía del poder y las elecciones en México en México, Ed. IFE, México, 2000, 316 pp. Ibidem p. 22.

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En México, lo que se observa es que la transición política ha transformado la idea de un país pensado y construido desde el centro, a otra en la que se encuentra múltiples espacios locales y regionales con capacidad de decisión, en nuestro país hay alrededor de 2 500 municipios y varias regiones, situación que está generando una nueva forma de hacer política, y desde de los cuales se forman y proyectan novedosos liderazgos políticos, sociales y territoriales. Lo que está ocurriendo es que desde la sociedad civil en las localidades y regiones se están construyendo nuevos liderazgos políticos. Sin embargo, aun la descentralización regional y local, el discurso de la federalización, no logra impulsar procesos de desarrollo para comunidades y territorios específicos. A pesar de que se ha visto disminuido el poder central por la multiplicación de personas que ocupan cargos de decisión política, se mantienen vestigios del poder centralista que en un número pequeño de personas se depositaba para decidir los asuntos públicos nacionales, regionales, estatales, y municipales. Por liderazgo entiendo que el concepto remite a una relación entre un líder y sus seguidores que se desarrolla para resolver determinado problema o bien para promover una solución deseada, su actividad se desarrolla en un contexto y en un tiempo determinado. Esto es, el liderazgo no es un simple atributo personal sino un rol vinculado a situaciones sociales determinadas. Ha dicho por ejemplo Alexandre Dorna que no se debe olvidar una cuestión importantísima en el estudio de los liderazgos, la historicidad de las situaciones. El análisis de la aparición de un gran líder se vuelve imposible cuando se hace abstracción de la época, los lugares, las circunstancias fortuitas y las historias de vida24. Por otro lado, el líder existe como resultado de la interacción entre individuos que comparten valores, ideas, intereses y propósitos y que tratan de conseguir objetivos específicos. Debido a que el líder comparte características semejantes a los demás, puede emplearlas para conseguir reconocimiento e influir en la conducta

Alexandre Dorna. Crisis de la democracia y liderazgo carismático, Ed. Coyoacán, México, 2003, 102 pp.

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del grupo, obteniendo aceptación a sus mandatos o indicaciones porque revisten ordenamientos morales y éticos. Un individuo que mantiene el control de un grupo y de sus miembros sin reconocimiento legítimo, lo hace por medio de la fuerza, la imposición o los ordenamientos normativos. En ese sentido no es un líder sino un jefe, un dirigente formal, una autoridad. Así pues, el liderazgo es el papel que se desempeña en un contexto específico de interacción y refleja en sí mismo la situación de este contexto; manifiesta ciertas motivaciones del líder y requiere ciertos atributos de personalidad y habilidad, además de ciertos recursos en general, que son todos (motivaciones, atributos y recursos) variables del papel en función de su contexto, está ligado a expectativas de sus seguidores, con sus recursos, sus demandas y sus actitudes. Pero también juega un papel importante el concepto de seguidor, también desempeña papeles activos (colaboradores del liderazgo ha dicho Verba, por ejemplo). Cuando se habla de liderazgos en América Latina es pertinente aclarar que, a diferencia del pasado, cuando los liderazgos surgían de las armas y las revoluciones, hoy éstos son consecuencias del poder de representación otorgado por elecciones. Sin embargo, esa legitimidad otorgada al liderazgo permite reconocer distintos tipos de éstos25. Hay quienes se transforman en líderes por su presencia en los medios de comunicación, éstos ejercen un liderazgo por estrellato. Sin embargo aun pueden reconocerse aun a líderes que con idea interpretan a las grandes masas, éstos representan un liderazgo de contenido, no necesariamente mediático. Junto a estos liderazgos puede también existir el antilíder, una persona odiada por muchos de manera silenciosa. Cuando miramos hacia nuestra región, evidentemente notamos que hay un vacío de liderazgo (entendiendo a los líderes como aquellos que logran penetrar en el imaginario y las expectativas de la gente, no sólo por su posición política sino porque interpretan las aspiraciones de los pueblos), incluso, siguiendo a Marta Lagos,

Marta Lagos. “A apearse de la fantasía: Hugo Chávez y los liderazgos en América Latina”, en revista Nueva Sociedad, núm. 205, Venezuela, 2006, pp. 92-101.

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resulta hasta iluso pensar que pueda existir un líder regional capaz de movilizar a las masas cuando apenas existen líderes nacionales en algunos países y en otros, líderes locales o hasta municipales26. Y este vacío tiene que ver con lo que Manuel Garretón ha definido de maravilla: la política se disuelve en la farándula, la mediatización, la acción puramente corporativa, la autorreferencia de la clase política, la oferta de respuestas fáciles a las demandas de la gente27. Además lo político tiene hoy dos niveles de construcción o del espacio de toma de decisiones: el local regional y el nacional estatal. A su vez también se identifican dos modelos de reconstrucción de la sociedad desde la política: con liderazgo personalizado y otro desde los partidos políticos. En el primero, liderazgos personalizados, se trata de la permanente movilización política, una democracia continua a través de ciertas formas de caudillismo en espacios que han destruido las organizaciones políticas de mediación. El sujeto apelado de este modelo es el pueblo movilizado, y sus riesgos y costos más altos tienen que ver con el problema de la polarización de la sociedad y su dificultad de institucionalización más allá del liderazgo personal. En el segundo caso, la sociedad se reconstruye a través del sistema de partidos. La principal debilidad radica en la dificultad para canalizar y expresar demandas sociales que en sociedades complejas no pasan siempre por la política, lo que genera una potencial distancia y una tensión entre la sociedad y una clase política que se reproduce gracias a una institucionalidad que, como el sistema electoral, ha sido heredada de la dictadura. Ejemplos de liderazgos que cohabitan en la región centro de nuestro país, y que representan lo que Garretón ha definido como liderazgo personalizado (el liderazgo de López Obrador) y el liderazgo partidista (el grupo Atlacomulco en el Estado de Méxi-

26 27

Ibidem p. 94. Manuel Garretón. “Modelos y liderazgos en América Latina”, en revista Nueva Sociedad, núm. 205, Venezuela, 2006, pp. 102-113.

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co), pueden reconocerse como actores de las dos últimas campañas presidenciales28.

Liderazgos regionales en México A pesar de que el estudio de los liderazgos regionales y los regionalismos políticos en México es reciente, aparece con el análisis del proceso de transición política durante la década de los 90, hoy existe buena cantidad de investigaciones que explican de manera general el paso de un régimen centralizado con liderazgos nacionales, personalizados en el partido oficial y en la figura presidencial (que configuró la toma de decisiones políticas, la distribución de las responsabilidades políticas, el ascenso en las burocráticas estructuras partidistas, y sobre todo la cultura política autoritaria no sólo de los ciudadanos sino también de los líderes y funcionarios políticos), a la fragmentación del poder y la figura presidencial en múltiples liderazgos políticos locales y regionales que reconfiguran incluso a la definición del mismo sistema político mexicano. La transición política en México configuró la debacle del PRI como partido dominante, la acotación del presidencialismo por el Poder Legislativo con una Cámara de Diputados con mayoría opositora al PRI, el reconocimiento de la legalidad tendiente a establecer condiciones de equidad en los procesos electorales, la alternancia opositora en el DF y en diversos gobiernos estatales, en la mayoría de los municipios y en regiones donde la iniciativa social, no necesariamente organizada en partidos, ha reclamado espacios democráticos de gobierno. 28

Rogelio Hernández. Amistades, compromisos y lealtades: líderes y grupos políticos en el Estado de México 1942-1993, Ed. Colmex, 1998, México, 348 pp. El grupo Atlacomulco es una derivación de la familia revolucionaria. Del mismo modo que ésta pretende resolver el asunto de la unidad nacional, el grupo sirve para dar cuenta de una élite local influyente, con líderes que han alcanzado renombre nacional y que han encontrado una forma de sucederse en el gobierno sin arriesgar su unidad y el desarrollo de programas administrativos. Fabela habría sido el fundador, y el resto de los gobernadores habrían sido elegidos por él; herederos de su poder y —en especial casos como el de Hank— habrían sido los nuevos guías del grupo.

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Carlos Martínez Assad ha escrito que la tradición del poder centralizado, que se instauró en el país en el pasado, limitó las expresiones regionalistas ocasionando severas contradicciones, manifestadas en agudos conflictos que cuestionaban la capacidad de la sociedad para proponer alternativas. Lo más preocupante fue que las zonas desarrolladas concentraron los recursos y la mano de obra más calificada, mientras que la mayoría de las regiones encontraron todas las dificultades para intervenir en el progreso del país29. En ese México centralista, la fuerza de las autoridades regionales con poder real (caciques, jefes militares, líderes obreros y agraristas) radicaba en el control de los medios de producción locales, en la capacidad para establecer alianzas políticas y personales tanto en el ámbito regional como nacional, en la relación entre dirigentes y clases populares, en las facultades de los primeros para mantener fuertes movimientos políticos en su área de influencia, en las ideologías que impulsaron, en los instrumentos que utilizaron para sostener un amplio consenso y, por último, en la utilización de medidas coercitivas para destruir a sus enemigos30. El caudillismo como forma peculiar de organización política, fue durante mucho tiempo la piedra que amortiguó los golpes de los conflictos sociales debido a la diversidad de las fuerzas presentes. Por medio de alianzas con caciques y jefes militares, el caudillo aseguró el control político aun en las zonas más apartadas del centro. Por su lado, el cacique tenía su solidez en la ejecución de determinadas líneas políticas con cierta autonomía en sus zonas de influencia. Pero el régimen centralista se fortaleció gracias a la eliminación del poder que en las regiones habían mantenido numerosos 29

Carlos Martínez Assad. 2001. Los sentimientos de la región, Ed. Océano, México, p. 28. De ahí que proponga dicho autor conceptualizar a la región en función del liderazgo, no sólo con las delimitaciones geográficas, pues sus alcances rebasan las fronteras políticas impuestas por criterios que escapan al contexto sociocultural; por eso es más significativo hablar de regiones como La Huasteca o El Bajio que involucran a varios estados, o a la región del Istmo que se refiere a una parte de Oaxaca al igual que sucede con el Soconusco en Chiapas. Ibidem p. 31.

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caciques. De aquí se desarrollara un sistema de partido único, el centralismo del gobierno “federal” y el presidencialismo autoritario, además del control político, la concentración necesaria del poder que hiciera posible la estabilidad al no existir oposición, ni opciones reales que dieran sentido a las votaciones que sólo eran formas sin contenido, irrelevantes para la toma de decisiones de la sociedad. El PNR (posteriormente PRM y PRI) fue creado, entre otras metas, con la intención de anular el poder regional de los caudillos militares, sobre esa base y de forma progresiva el Estado posrevolucionario centralizó las funciones y orientó el desarrollo del país. El resultado fue la creación de tres macro regiones: la concentración de los poderes en el centro, el norte industrializado y el atraso generalizado en el sur del país. La representación del liderazgo presidencial fue encarnada en la figura del gobernador. El poder de los gobernadores, medio caciques, medio caudillos militares, medio nuevos ricos hechos a imagen y semejanza del presidente de la República, se fortaleció con la lógica del Estado, que se centralizaba e imponía un modelo que, en términos políticos, coincidió con la articulación en torno a un partido único31. Así, el PRI se constituyó en la forma principal de representación política en el país y construyó un complejo sistema de intermediación entre las bases y las dirigencias, entre las diversas fracciones políticas y entre los grupos de poder de todas las regiones del país. Este corporativismo partidista se combinó con una fuerte concentración del poder en la figura del Ejecutivo, que llegó a desempeñar múltiples funciones y a tener un sinnúmero de atribuciones32. El personalismo y las camarillas locales rigieron durante décadas la vida política de la mayor parte de los estados. La capacidad

31 32

Ibidem. p. 311 María París Pombo. “La agonía del nacionalismo revolucionario y el despertar del regionalismo entre las élites políticas mexicanas”, en Labastida, Julio. Luján, Noemí. Et. al. Transición democrática y gobernabilidad. México y América Latina en perspectiva comparada, ISS UNAM-FLACSO-Plaza y Valdés, México, 2000, pp. 107-130.

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de influir en la política federal y de penetrar en las esferas nacionales de poder variaba considerablemente junto con una serie de factores como la personalidad de los gobernadores, la procedencia geográfica del presidente, el tipo de desarrollo regional y los pactos que las élites locales eran capaces de establecer con la élite nacional (por amiguismo, clientelismo o cercanía en la carrera política)33. Para las élites regionales, resultaban vitales tanto la militancia en el PRI y en sus organizaciones como los vínculos personales con el poder central, éstos les permitían obtener recursos del gobierno federal y apoyo para poner en marcha los proyectos de desarrollo económico en sus municipios o en sus entidades. París Pombo define así esta situación: Durante al menos cinco décadas, desde la construcción del corporativismo estatal y hasta inicios de los años ochenta, el Estado posrevolucionario logró cancelar las opciones políticas regionalistas mediante la organización jerárquica y centralista de las bases sociales y por medio de la difusión del nacionalismo revolucionario. Éste constituyó una ideología de legitimación del Estado que subsumió las expresiones identitarias de la nación en la adhesión incondicional al régimen político y a las directivas sexenales del poder federal34.

Entre los estudios sobre el liderazgo político en México en el siglo XX que ejemplifican lo anterior, destaco a tres que por su originalidad y metodología constituyen referentes obligados. Uno es el texto de Peter Smith (Los laberintos del poder), el segundo es Roderic Ai. Camp (Los líderes políticos de México) y el tercero es Wayne Cornelius (Los inmigrantes pobres en la Ciudad de México y la política). Peter Smith se pregunta ¿Cuáles han sido las características sociales del liderazgo político en México?35 Con su estudio identificó la incidencia cuantitativa de ciertos atributos sociales específicos, característicos de la élite política mexicana entre 1990 y 1971, a partir del análisis de las siguientes variables:

35 33 34

Ibidem p. 110. Ibidem p. 126. Peter Smith. 1981. Los laberintos del poder, Ed. Colmex, México, 414 pp.

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a) Lugar de nacimiento: revisó las dimensiones regionales del reclutamiento político y encontró que para muchos líderes mexicanos su región —su pueblo, su ciudad, su estado, su área— era el escenario básico de su acción política. Este fenómeno fue evidente sobre todo en el siglo XIX, cuando los grandes terratenientes y los jefes regionales (caudillos) fundaron su fuerza en torno a coaliciones que solían ser multiclasistas y de arraigo local. Después del movimiento revolucionario, Smith, reconoció que eran tres los estados de los que eran originarios la mayoría de los presidentes de nuestro país: Distrito Federal, Veracruz, Sonora. Aparte de la variación en cuanto a región y estado natal, las élites mexicanas del siglo XX experimentaron un cambio profundo en términos de dimensiones urbano rurales. Para la cohorte revolucionaria, las ciudades fueron una vía de acceso importante a cargos públicos de nivel nacional. b) Ocupación del padre: las élites políticas nacionales mostraron orígenes de clase media. Los datos mostraron una erosión paulatina el papel político de la clase alta mexicana. c) Nivel educativo: A pesar del PRI e independientemente de la era o del presidente en turno, los universitarios habían logrado en forma constante mantener el control sobre los cargos públicos de nivel superior. Inclusive, decía Smith, que la educación universitaria era prerrequisito para acceder a un cargo más elevado. d) Ocupación: hace referencia a la posición socioeconómica de una persona en el momento mismo en que inicia su carrera política. Los datos muestran ocupaciones de clase media (abogados, maestros, profesores, profesores técnicas, economistas). e) Edad: los niveles superiores del régimen fueron el domino de la edad madura. Por su parte, Roderic Ai. Camp analizó la relación entre educación y reclutamiento político a partir de 1911, con la idea de que existen variables definidas para la élite política: el cursar estudios en la UNAM, el partido, la burocracia, los gobiernos locales, los sindicatos y el ejercito desempeñaron un papel institucional crucial en el proceso de reclutamiento, proporcionando un camino a líde-

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res políticos con diferentes antecedentes económicos, sociales y de diferente formación36. Concluía que quien llegaba a la cima era quien tenía antecedentes urbanos, sobre todo el Distrito Federal era la región mexicana que había desempeñado un papel político predominante en los antecedentes y patrones de las carreras políticas. Por último, el estudio de Wayne Cornelius presentó en detalle algunas de las formas en que los líderes locales influían en las colonias proletarias de la Ciudad de México y en sus habitantes37. Analizó en particular a un tipo de líder: el cacique urbano. Algunas características encontradas: eran residentes antiguos de sus vecindades, predominantemente hombres, tenían facilidad de palabra, algunos estudios, alguna profesión u oficio, reconocido como residentes de la comunidad donde operaba por las autoridades. Generalmente el cacique obtenía su poder mediante la autoimposición, con aceptación de la mayoría de los residentes de una comunidad. Además su actividad política estaba orientada principalmente a las preocupaciones y problemas locales, a los cuales vertía sus recursos: recursos controlados personalmente, poder derivado, normas de desempeño, estilo de jefatura. Concluía su estudio con la idea de que en la medida que se satisfacían las necesidades más importantes de una comunidad les sería cada vez más difícil conservar su posición al cacique que la presidía. Esta idea es relevante para este texto, pues partimos del supuesto de que ahora —una vez superada la etapa de los caciques y jefes militares— es hora de regresar el poder de representación a lkos líderes que desde la sociedad y a través de los partidos han ido consolidando su presencia como líderes locales y regionales con amplia capacidad de representación y resolución de problemas más inmediatos.

Roderic Ai Camp. 1985. Los líderes políticos de México, Ed. FCE, México, 1a reimp., 342 pp. Wayne Cornelius. 1986. Los inmigrantes pobres en la Ciudad de México y la política, Ed. FCE, México, 1a reimp., 359 pp.

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Aunque México está conformado por 2454 municipios, la población se concentra mayoritariamente en zonas metropolitanas (el INEGI ha reconocido 55 ZM, conglomerados urbanos cuya extensión y funcionamiento involucran a dos o más circunscripciones administrativas), de las cuales en cinco de ellas (Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala y Toluca) viven uno de cada tres mexicanos (29.7 %): 30. 6 millones de mexicanos. En 2005 el gobierno federal, de acuerdo al programa de desarrollo sustentable, dividía en cinco grandes regiones geográficas al país: Cuadro 1. División Regional, propuesta del gobierno federal (2005) REGIÓN Noroeste Noreste Centro-occidente

ESTADOS QUE CONCENTRA Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas. Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas

Centro

Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz.

Sur-sureste

Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán.

Fuente: elaboración propia con base en la división regional del Gobierno Federal 2005.

Por otra parte, en términos económicos se diferencia claramente a las regiones en función del incremento en las tasas de crecimiento, medidas según el Producto Interno Bruto (PIB). Históricamente, las regiones centro y norte del país reportan las mejores tasas de crecimiento, mientras que las zonas occidente y sureste mostraron las cifras menos alentadoras, lo que muestra que la brecha económica regional sigue creciendo. Con base en lo anterior, creo más valiosa la propuesta que Luis Maira recoge, en un interesante ensayo sobre los retos de la democracia en América Latina, citando un estudio de The Council of Pacific, titulado “Transformando a México”, en dicho texto se establece la división regional a partir de la heterogeneidad social y el abismo entre ricos y pobres en nuestro país, una idea que a mi

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me parece importante contraponer a la clasificación regional hecha por el gobierno federal: en realidad no existe un solo México, dividido en cinco regiones, sino que lo que existe realmente son cinco Méxicos38. La propuesta de The Council of Pacific es la siguiente: 1) México de la frontera: 16 millones de personas viniendo de uno y otro lado. Laredo, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, El paso, Tijuana y San Diego. Localidades urbanas que van produciendo una economía integrada. 2) México Norte: Comprende desde Baja California hasta Tamaulipas, cuyos indicadores productivos y sociales son bastantes favorables. 3) México Centro: De Veracruz a Manzanillo, visto desde la perspectiva de los dos océanos. En él vive la mayoría pero se alternan modernidad y atraso. 4) México pobre y centroamericano: Inicia en el Istmo de Tehuantepec. Los indicadores sociales de mortalidad infantil, analfabetismo, expectativas de vida llegan a presentar en algunos casos una relación desfavorable de uno a tres con los estados más prósperos de la zona norte del país. 5) México dentro de Estado Unidos: 21 millones de personas que influyen cada vez más en la vida de la primera economía del mundo.

Conclusión Pensar en liderazgos regionales, en regiones y en nuevas formas de participación política, como protagonistas del esquema democrático planteado en nuestro país y de la construcción de alternativas políticas, representa la búsqueda incesante de soluciones a la crisis partidista y al desencanto con la democracia que en múltiples regiones se manifiesta.

Luis Maira. 2004. “El futuro de la democracia en América Latina”, en Leonardo Curzio. Et. Al. Democracia y medios de comunicación, Ed. IEDF, México, pp. 13-43.

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La experiencia mexicana nos enseña que los tipos de liderazgo que predominan en la arena política dependen de la fortaleza o debilidad de los partidos políticos. Un liderazgo sin partido político es débil y efímero. La debilidad de los partidos en su tarea de agregación y representación de intereses de la sociedad es un factor esencial para favorecer la irrupción de líderes oportunistas, que no necesariamente representan a sus comunidades. En los últimos años, dos tipos de liderazgo han aparecido en escena. El liderazgo personal, producto de la relación líder-partidosmedios. Y el liderazgo partidista que también ha encontrado en los medios su aliado estratégico (partidos-medios). Ante un país en donde la concentración en unas cuantas ciudades convive con la dispersión de más de 200 mil localidades menores de 2 mil 500 habitantes; la diversidad étnica y su distribución tan heterogénea en el territorio; la persistente discriminación según géneros y edades en las diferentes regiones del país; el resurgimiento de regionalismos, no siempre incluyentes ni fundadores de convivencia pluralista; la concentración de recursos fiscales y privados para la promoción económica regional; la expulsión de población del campo hacia las ciudades y de todas partes hacia Estados Unidos; la creciente pobreza y marginación, son algunos de los factores que generan y reproducen desigualdades frente a las cuales los líderes y los partidos nacionales no parecen encontrarle sentido. Los partidos políticos son fundamentales en el funcionamiento de la democracia, y si a nivel nacional no han logrado descentralizarse, terminar con las oligarquías y las luchas internas, el nacimiento de éstos a nivel local emerge como la alternativa para mantenerlos a salvo y aumentar la participación por medio de ellos. Ampliar la democracia a niveles regionales genera el nacimiento de liderazgos locales y partidos políticos regionales, organizaciones que han sido capaces de fomentar la participación ciudadana por medio de canales alternativos y mas específicos que muchas veces logran captar realidades locales de manera mas efectiva y directa.

Crisis de presentación, liderazgos emergentes, partidos y regionalismos políticos

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EL FEDERALISMO ELECTORAL Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO Jesús Castro López

INTRODUCCIÓN

ebido a que el federalismo es la forma de organización político-administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario definirlo y comprender su situación actual, tanto de manera general, como en lo que respecta a la materia electoral. Desde que nuestro país es una nación independiente, hemos apreciado que a lo largo de su historia política, la tendencia siempre ha sido la de adoptar el federalismo como forma de organización del Estado, lo que se desprende de las Constituciones de 1824, 1857 y 1917, aunque es importante mencionar que de 1836 hasta los primeros años de la década de 1850 se tuvieron gobiernos totalmente centralistas como consecuencia de las constantes pugnas entre centralistas y federalistas. El origen del federalismo mexicano se puede atribuir a la influencia que hubo en aquella época del federalismo norteamericano, mismo que se gestó en el año de 1787 en Filadelfia, con la suscripción de la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica; por tal razón, el primer constituyente mexicano buscó resolver a través de esa forma de organización política y administrativa, las contingencias políticas por las que atravesaba la nación mexicana al haberse liberado del yugo de la corona española, lo que posibilitó la unión de la nación mexicana y la coordinación de la gran extensión del territorio con que siempre ha contado nuestro país. Lo que llevó a suscribir un Pacto Federal que le dio forma a un nuevo Estado federal.

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Es importante destacar que a diferencia del federalismo norteamericano, en el que varios Estados estructurados y verdaderamente autónomos, se unieron para formar un todo, una Federación; en lo concerniente al federalismo mexicano, éste se formó desde el poder central que ya existía, creando en forma paulatina lo que son las entidades federativas y evitar la disgregación de la nación mexicana (García, 2007:107). En nuestro país, el federalismo va más allá de la definición señalada en el artículo 40 Constitucional, que simplemente lo ve como una forma de organización estatal, omitiendo mencionar la autonomía y libertad política que deben gozar cada uno de sus miembros para auto determinarse en cuanto a su régimen interior, siempre que no sea contrario a la Constitución General de la República. Existen opiniones de diversos estudiosos en torno a la definición del federalismo al que visualizamos como “la asociación, agrupación, o pacto de individuos o grupos que guardan entre sí un cierto grado de integración cultural, social, política o económica y, que se unen con la finalidad de obtener metas comunes y superiores que sólo juntos pueden alcanzar”, o como “la combinación de autonomía y gobierno compartido, con respeto a la diversidad”, o bien, como “el sistema de reparto de las competencias, tareas, responsabilidades entre la federación y los lander, un sistema que tiene que garantizar, visto en su conjunto, un reparto efectivo, razonable y también equilibrado” (Saldívar, 1997:73; Hamilton, 1957:176,189; véase Katz, 1999; cf. Müller en Häberle, 2006). Por esto se visualiza a la Federación, como una organización político-administrativa sustentada en un Pacto Federal, que como Constitución Política, formaliza la unión de varios Estados libres y soberanos, con la finalidad de coordinarse y colaborar en el ejercicio de las facultades conferidas a cada nivel de gobierno, lo que fortalecerá el respeto y libertad que debe otorgarse a cada integrante de la Federación. En ese tenor, diversos teóricos son coincidentes al señalar que un Estado federal cuenta con rasgos, tales como la existencia de una Constitución Federal; un bicameralismo, dado que habrá una Cámara de Diputados, que representará al pueblo, y un Senado,

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que representará a las entidades federativas; una ciudadanía federal, integrada por los ciudadanos de todas las entidades que se federan; el establecimiento del principio de separación de poderes, tanto a nivel federal, como en el ámbito estatal; el reconocimiento, en la Constitución Federal, del carácter autónomo de los Estados federados; la subordinación de esos Estados federados a la Constitución Federal y la distribución de las competencias, incluso las legislativas (Vergottini, 2004:306; Pérez, 2005:967). La Constitución Federal deberá reconocer el carácter autónomo de las entidades federativas, lo que les posibilita la autodeterminación en su régimen interior, cuya expresión primigenia es la existencia de una Constitución local y leyes emanadas de ésta, con la única limitante de que dichos ordenamientos no sean contrarios a la Constitución General de la República. Con la idea de que las Entidades federativas tengan la libertad de ejercer una política interna que obedezca a sus propias circunstancias, este nivel de gobierno deberá tener órganos políticos que desempeñen la actividad Ejecutiva, Legislativa y Judicial dentro de su ámbito, ajustándose al Principio de División de Poderes, con la limitante de no contrariar a la Constitución General de la República, salvo el caso del Municipio, cuya estructura es distinta, ya que dependerá administrativa, económica, política y jurídicamente del Gobierno de las Entidades federativas. Así mismo, es pertinente aclarar que la soberanía, como elemento propio de los Estados independientes, es indivisible, ya que cuando éstos deciden federarse, la pierden por ese sólo hecho. Sobre ese particular, las entidades federativas cuentan con una personalidad jurídica propia que les otorga autonomía para actuar libremente en su régimen interior. Uno de los aspectos más importantes de lo que es el federalismo, es lo referente a la distribución de las facultades entre la Federación y las entidades federativas, pues de ello dependerá el buen funcionamiento de esta forma de organización del Estado; en ese sentido, será la Constitución General de la República, quien lo hará mediante un sistema especificado para tal efecto. Decíamos que el federalismo mexicano tiene sus raíces en el federalismo norteamericano y por obvias razones guardan muchas

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similitudes entre sí, tales como la forma en que distribuyen las competencias de los niveles de gobierno, ya que en términos del texto actual del artículo 73 de la Constitución General de la República, se enumeran las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, que son complementadas por las facultades implícitas, lo que en suma, incrementa el campo de acción del Gobierno Federal en claro perjuicio de las entidades federativas; se debe destacar que dicho numeral ha sido reformado en 51 ocasiones desde 1921 hasta 2006 (Valadés, en Häberle, 2006). En tal razón, las entidades federativas se tienen que sujetar a la cláusula residual establecida en el artículo 124 de la Constitución General de la República, el cual precisa: Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados1. Existen varios tipos de competencias o facultades establecidas en la misma Constitución, a las que podemos clasificar de la siguiente manera: ➢ Facultades exclusivas absolutas ➢ Facultades exclusivas relativas ➢ Facultades concurrentes o coincidentes ➢ Facultades de auxilio ➢ Facultades derivadas de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho de otra manera, el contenido del artículo 124, con relación al de los artículos 115, 116, 117, 118 y 122, todos de la Carta Magna, en forma homologada, señalan que lo que no esté expresamente conferido por la Constitución Federal a los municipios, ni prohibido a los estados, ni al Distrito Federal, será competencia de las entidades federativas; a esta forma de reservar competencias en una federación se le denomina como la cláusula residual, dado que por exclusión, las facultades que no estén integradas al artículo 73

Ver el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la página electrónica de la Cámara de Diputados http://www.diputados.gob. mx (consultada en febrero de 2011).

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Constitucional, se considerarán reservadas para el ejercicio de las entidades federativas. El federalismo no debe ser visto como un sinónimo de subordinación del municipio al estado y de éste a la federación, dado que ése no es su espíritu. Es indispensable que en el federalismo exista respeto y la libertad política, jurídica y económica entre todos los niveles de gobierno, sin importar su ámbito de jurisdicción territorial. Se han formado vicios de ese mal entendimiento de lo que es el federalismo, mismos que han sido parte de la historia política de México desde el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, lapso en que las constantes pugnas entre los actores políticos han ocasionado que se concentre el poder en las instituciones u órganos del ámbito federal, lo que disminuye las facultades de las entidades federativas y restringe la libertad que tienen para conducir su propia política, auto determinándose en su régimen interior con apego a la Carta Magna. Históricamente el federalismo mexicano nunca se ha desenvuelto como debe hacerlo un Estado que es formalmente federal, tal como lo establece el artículo 40 Constitucional, ya que hoy en día enfrenta su problemática como si fuera un Estado unitario (Serna, en Valadés y Serna, 2005:548,553-554), en virtud a la tendencia de centralizar el ejercicio del poder político por parte del Gobierno Federal, lo que paulatinamente puede llegar a convertirse en una idiosincrasia y cultura política. Visto el centralismo con que se ha conducido el Estado mexicano por mucho tiempo, ha impuesto el autoritarismo dentro de los tres niveles de gobierno, quizás como un producto del Presidencialismo y la existencia de un partido hegemónico que rigieron en nuestro país cerca de 70 años, concentrando el poder en tan sólo unas cuantas figuras u órganos políticos, lo que ha degenerado el federalismo mexicano. Otro de los aspectos que ha contribuido a que el federalismo mexicano tenga bajos índices de desarrollo, es la recaudación fiscal, ya que al centralizarse dicha actividad en el gobierno federal, deja al margen a los gobiernos estatales y a los municipales, lo que ocasiona que estos dos niveles de gobierno no puedan generar sus

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propios ingresos económicos para el adecuado desempeño de sus actividades, obligaciones y facultades conferidas, dependiendo en un alto porcentaje, de las partidas presupuestales que el gobierno federal les transfiere, lo que obviamente, termina por incrementar los gastos que el gobierno federal eroga para cumplir con el cúmulo de atribuciones, dada la indebida concentración que guarda de éstas (Häberle, 2006). Hay convencimiento de que tal aspecto podría mejorar si se efectúa una reforma fiscal integral con un sentido federalista, que posibilitará que las entidades federativas tengan la capacidad y la estructura necesarias para responder a una nueva distribución de facultades que se haga desde la misma Constitución General de la República, repartiendo la carga económica que se genera en los tres niveles de gobierno.

EL FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO Es importante referirnos al federalismo mexicano desde la perspectiva del Derecho Electoral, ya que por medio de su normatividad se alcanzará paulatinamente una consolidación democrática al tutelar los derechos político-electorales de los ciudadanos y demás actores políticos, concediéndole estabilidad político-social al Estado mexicano cuando renueve sus órganos políticos. De ahí que podamos considerar al Derecho Electoral, como el ámbito interno más importante del derecho, después del Derecho Constitucional. Una vez que se promulgó la Constitución Política de 1917, la figura presidencial tomó un protagonismo inusitado, pues el régimen político-electoral mexicano lo controló y centralizó, evidenciando el alto grado de simulación y rudimentarización que guardaba el sistema político mexicano, siendo incongruente con el espíritu de la Carta Magna. El centralismo fue un rasgo distintivo del autoritarismo mexicano a lo largo del siglo XX, lo que repercutió en el desarrollo del Derecho Electoral (Peschard, 2008:19) y en la debida tutela de los

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derechos político-electorales de los ciudadanos, cuya esfera jurídica se veía mermada por las imposiciones y decisiones unilaterales del Gobierno Federal, aunado a la ausencia de una normatividad y procedimientos jurisdiccionales en la materia que permitieran a los contendientes de un proceso electoral que no obtuvieran resultados favorables en las elecciones, impugnar tales resultados, o bien, las irregularidades de las autoridades electorales organizadoras de los comicios. Como se ha comentado, el desarrollo democrático de nuestro país se detuvo durante gran parte del siglo XX, ya que la figura presidencial y el partido hegemónico siempre tuvieron el control sobre la organización de las elecciones, dado que desde 1946 (cuando se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral), todos los organismos electorales, al menos hasta 1996, dependían de la Secretaría de Gobernación y del Poder Ejecutivo Federal, por lo que siempre existió la sospecha fundada de que la voluntad popular y los resultados de los comicios eran manipulados. Se ha dicho que el desempeño del Poder Ejecutivo Federal se complementó con la existencia de un partido hegemónico que además de ser respaldado por la maquinaria del Estado mexicano, no contaba con adversarios que le dieran competitividad al sistema de partidos y carecía de más opciones partidarias con posibilidades reales de acceder al poder público, siendo claro que de 1929 a 1967, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nunca había perdido una elección para presidente de la República, gobernador o senadores; además de que hasta 1964, dicho partido había llevado al poder a seis presidentes, casi 200 gobernadores y 280 senadores (González, 1967:24). Lo anterior es atribuible en razón de que el gobierno de nuestro país empleaba matices represores ante toda manifestación o expresión contraria al régimen político, o bien, cuando se intentaba darle a la ciudadanía una opción política diferente, lo que ocurría en el marco de la Guerra fría en las décadas de 1960 y 1970, repercutiendo en México y toda América Latina.

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1977, el inicio de la transición democrática en México El hecho de que en 1976 el PRI haya sido el único partido que postuló un candidato a la Presidencia de la República en la persona del Licenciado José López Portillo, obligó al régimen político a efectuar reformas constitucionales y legales en 1977, alrededor de la llamada tercera ola de la democracia, lapso que muchos analistas denominan como el inicio de la transición democrática en México, cuyo principal logro fue la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, ordenamiento que dio más competitividad al sistema de partidos, al flexibilizar el registro de partidos políticos, insertando en el texto legal el sistema de representación proporcional en función del porcentaje de votación obtenido. Así también, se otorgaron a la ciudadanía nuevos instrumentos o canales para que se manifiesten e intervengan en la vida política del país, como son las Asociaciones Políticas Nacionales, primer antecedente de las actuales Agrupaciones Políticas Nacionales. Sólo por mencionar los cambios que hubo dentro del panorama político nacional al entrar en vigor la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, podemos señalar que en 1979 las elecciones intermedias dieron a la Cámara de Diputados un ligero incremento a la pluralidad de la representación política, aunque la presencia del PRI siguió siendo avasallante; tal situación puede calificarse como el inicio del progreso democrático en nuestro sistema electoral, ya que la pluralidad política lograda permitió que municipios y entidades federativas tuvieran presencia en la Máxima Tribuna del país. A inicios de la década de los 80, los partidos de oposición comenzaron a tener más fuerza política, ejerciendo mayor presión a nivel federal, estatal o municipal. Esto obligó a realizar diversas reformas constitucionales en esos años, lo que permitió la representación proporcional en la integración de los ayuntamientos, fortaleciendo al mismo tiempo la transición democrática. Dichas reformas cumplieron sus objetivos durante ese lapso y ocasionaron que se rompieran poco a poco las condiciones sobre las que el PRI ejercía su hegemonía a nivel federal, estatal y mu-

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nicipal; lo que cambió el panorama de su dominio en el territorio nacional al iniciarse la coyuntura en la que la alternancia política era común en los diferentes municipios y entidades federativas, incorporándose simultáneamente al ámbito electoral, a la negociación política, figura que durante mucho tiempo ha sido clave en el funcionamiento del sistema electoral mexicano, justificándose su existencia con la idea de evitar la violencia y la inestabilidad político-social. La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales no pudo impedir la crisis política de 1988, al contrario, evidenció que 11 años después de su promulgación había sido rebasada por las circunstancias, ya que el contexto político de nuestro país era muy árido desde antes de las elecciones presidenciales de ese año, surgiendo infinidad de pugnas que gestaron nuevos contendientes políticos para dichos comicios, lo que hizo más competitivo el sistema de partidos al incorporarse al escenario político el Frente Democrático Nacional, lo que conocemos hoy como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sumándose al Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional (PAN) como opciones políticas. Como es de todos sabido, los resultados de esa elección presidencial favorecieron al PRI, pero persistió la sospecha de un fraude electoral como principal protagonista, provocando una de las crisis políticas más fuertes de nuestro país. En virtud de lo esto, la opinión pública cuestionó la legitimidad del nuevo mandatario, además de ejercer una gran presión. En 1989, al celebrarse elecciones para gobernador y presidente municipal en diferentes entidades federativas, el electorado, al sentirse engañado por la elección presidencial anterior, otorgó su voto a los partidos de oposición, quienes triunfaron en muchas de esas contiendas. Por ejemplo, el PRD, recién fundado, conquistó más de 80 municipios y el PAN ganó su primera gubernatura en el estado de Baja California con Ernesto Ruffo, no obstante, esto sólo fue el inicio de la alternancia en el poder. Entre 1994 y 1999, la oposición llegó a gobernar 593 municipios y 10 gobiernos estatales.

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La crisis política de 1988 como fundamento del nuevo panorama político electoral mexicano en la década de 1990 De la crisis política que vivió México entre 1988 y 1990, surgieron exigencias de una democracia eficaz al interior del Estado mexicano, tanto en el ámbito interno (movimientos sociales), como en el externo (presión internacional); lo que se tradujo en nuevas reformas constitucionales en materia electoral en la emisión del primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE) el 11 de octubre de 1990, aunque fue de manera precaria porque seguía dependiendo de la Secretaría de Gobernación y del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, ese momento fue clave en la estructura de nuestro actual sistema electoral, pues posteriormente el IFE ha evolucionado hasta llegar a ser un órgano constitucional autónomo ciudadanizado, que permitió la alternancia en la Presidencia de la República en forma pacífica en el año 2000, pero que aún tiene muchos pendientes para lograr un adecuado funcionamiento. Es importante destacar que hasta entonces, la mayor parte de la legislación local en materia electoral era una copia fiel de la legislación federal, lo que paulatinamente cambió con la alternancia política alcanzada en forma simultánea en las gubernaturas y ayuntamientos de las entidades federativas. De este modo, “los estados fueron recobrando autonomía frente a la federación y fue dibujándose un ‘nuevo federalismo electoral’ que no necesariamente estaba en sintonía con el reclamo democrático que recorría al país, sino con afanes más de preservación del statu quo en la esfera local” (Peschard, 2008:99). El ejemplo más claro del intento realizado para fortalecer las entidades federativas en el ámbito electoral se aprecia claramente en los Institutos Electorales Estatales, a los que se brindó el carácter de organismos públicos autónomos e independientes, al igual que el IFE (Peschard, 2008:37). Como se precisó anteriormente, de 1994 a 1999 todas las entidades federativas modificaron sus leyes electorales, incluso el Distrito Federal promulgó su primer Código Electoral como parte de

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esa tendencia reformista local en el ámbito electoral que se vivió en todo el territorio nacional. Esto nos habla de la tendencia que las entidades federativas tuvieron en esa época para reformar sus leyes electorales, lo que alcanzó su máximo nivel cuando se efectuaron las reformas constitucionales en materia electoral el 22 de agosto de 1996, incorporándose en el artículo 116 de la Carta Magna los principios rectores que el artículo 41 menciona para la actividad electoral a nivel federal: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad. Además, en dicha reforma se establece que las entidades federativas tendrán dos tipos de autoridades electorales: administrativas, que organizarán y calificarán las elecciones en la entidad; y las jurisdiccionales, que resolverán las controversias suscitadas con motivo de la celebración de esos comicios. La reforma constitucional, no nada más abarcó esos rubros, sino también se refirió a la calidad de universal, libre, secreto y directo que tendría el sufragio; a la autonomía que las autoridades electorales locales tendrían en su funcionamiento y decisiones, el reparto equitativo de un financiamiento público para las actividades ordinarias y de campaña de los contendientes, establecimiento de limitaciones para los gastos de campaña y aportaciones de simpatizantes, un acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación, el ordenamiento de una rendición de cuentas para los partidos políticos, con procedimientos de control y vigilancia sobre sus recursos, estipulando sanciones y recursos por incumplimiento a ese aspecto, la tipificación de conductas ilícitas consideradas como delitos electorales y la penalización correspondiente, y, una justicia electoral debidamente reglamentada. Tales reformas constitucionales dieron lugar a que las entidades federativas tuvieran libertad de auto determinarse en su régimen interior en lo que respecta al ámbito electoral, ya que de acuerdo a sus propias circunstancias y política interna, proporcionaron heterogeneidad a sus Constituciones locales y a su legislación electoral en relación con la legislación federal; destacando entre otras cosas la integración y naturaleza de sus institutos electorales y órganos jurisdiccionales en la materia, los requisitos para regis-

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trar a partidos políticos, la forma de determinar el financiamiento público de los partidos políticos, así como financiamiento privado, los tiempos en que se suspendería la difusión de propaganda gubernamental de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, reglamentación de las precampañas y campañas, e incluso, dentro de lo que es justicia electoral, existen diferencias en las causales de nulidad de las elecciones. Así mismo, conminaron a las entidades federativas a eficientizar su autonomía y libertad para auto determinarse en su régimen interior, con la única limitante de no contrariar la Constitución General de la República, con la idea de democratizar su régimen político al darle heterogeneidad a sus Constituciones locales y a sus leyes electorales respecto a la legislación federal, lo que se justifica, porque los estados deben ejercer una política interna a través de sus propias instituciones y legislación que obedezca a sus circunstancias y necesidades. De manera paulatina, la Constitución General de la República ha otorgado a las entidades federativas diversas facultades en materia electoral, lo que ha permitido que éstas tengan sus propios Institutos y Tribunales Electorales Locales, así como diversas facultades que se les han concedido, en suma, puede considerarse como un sistema electoral de carácter local, lo que indiscutiblemente es una conquista lograda a base de grandes esfuerzos, y sobre todo, quien jugó un papel muy importante en ello, es la alternancia en el poder que se ha dado no sólo en la Presidencia de la República, sino también en las gubernaturas y en los ayuntamientos, aunado al interés que la ciudadanía mostró durante esa época. Sin embargo, en el mundo fáctico contemporáneo podemos observar casos en los que a pesar de que los institutos electorales locales tienen la naturaleza de órganos constitucionales autónomos, carecen de capacidad estructural y presupuestaria para responder a las encomiendas conferidas; por lo tanto, existen en el sistema político local pero a la sombra del IFE, lo que resulta una simulación más dentro de nuestra Carta Magna y en el federalismo electoral mexicano. Es el caso del Instituto Electoral Veracruzano, el cual sólo cuenta con autonomía técnica y no con una autonomía plena.

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Las reformas constitucionales de 1996 en materia electoral fueron consideradas como definitivas por el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, ya que fortalecieron el federalismo electoral mexicano, calificando esa coyuntura como un rápido proceso de recomposición federal y de democratización tardía, mismas que paulatinamente fueron rebasadas por las circunstancias de los tiempos recientes, confirmando la necesidad de modificar nuevamente la Constitución y las leyes secundarias en materia electoral para ser aplicables a la realidad actual.

EL AÑO 2000, LA ALTERNANCIA EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA El sexenio de la alternancia se dio cuando Vicente Fox Quesada y el Partido Acción Nacional llegaron a la Presidencia de la República en el año 2000, sugiriéndose una nueva reforma a la legislación electoral que no se llevó a cabo. La alternancia política en la Presidencia de la República, gubernaturas y ayuntamientos, así como la pluralidad que comenzó a observarse en el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales, fueron resultado de la coyuntura política, del voto popular y de las reformas constitucionales y legales en el ámbito local en esa época, lo que incrementó la tendencia reformista de los estados, ya que las fuerzas políticas de oposición que asumían tales cargos, buscaron democratizar a toda costa su régimen político con la modificación de sus ordenamientos legales en materia electoral; asimismo, en los estados cuya gubernatura y ayuntamientos fueron conservados por el PRI, en algunos casos dieron apertura a la democratización del régimen con las reformas necesarias, y en otros, el autoritarismo se volvió aún más rígido por el temor a perder el poder político en los ayuntamientos, el Congreso o la gubernatura; como el caso de Oaxaca que recientemente tuvo alternancia en el poder gubernamental después de 80 años de dominio priísta.

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Lo anterior, sin duda fue el inicio de un nuevo federalismo y de una democratización que refrescaba a nuestro país en los primeros años del siglo XXI, pues en la mayor parte de los casos, independientemente del partido que gobernara en los estados, tal coyuntura permitió que éstos tuvieran heterogeneidad en sus leyes y Constitución local respecto a la legislación federal, pero con apego a los lineamientos que establece la Constitución General de la República, en virtud de que el orden constitucional de las entidades federativas, deberá responder a los principios básicos del Estado de derecho republicano, democrático y social establecidos en la Carta Magna. No obstante las conquistas logradas por las entidades federativas desde 1996, la elección presidencial de 2006 evidenció que la dinámica político-social había rebasado totalmente el texto constitucional y la legislación en la materia, provocando una crisis política que fue superada en poco tiempo. Sin embargo, resultó necesario reformar la Constitución Política en 2007 con la idea de ajustar toda la normatividad en materia electoral al contexto actual. A pesar de que en muchos rubros las reformas citadas fueron provechosas desde la óptica del federalismo, si bien es cierto que se reformó la fracción IV del artículo 116 de la Carta Magna dándole a las entidades federativas la posibilidad de contar con un sistema electoral más equitativo, más justo y con innovaciones que permitieran tutelar de mejor manera los derechos político-electorales de los ciudadanos; también es cierto que la libertad y autonomía de las entidades federadas fueron limitadas y restringidas, ya que de acuerdo al texto reformado de los apartados A, B y C de la fracción III del artículo 41 Constitucional, otorgan al IFE el carácter de autoridad única en la administración de los tiempos que los partidos políticos tienen derecho a utilizar en los medios de comunicación, incluso a nivel local, desestimando a los Institutos Electorales locales y su legislación en la materia. De manera concreta, el texto reformado de los apartados A, B y C de la fracción III del artículo 41 Constitucional, ha provocado conflictos entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, debido a que impide que éstos regulen cada una de las etapas de sus procesos electorales, de acuerdo a su legislación

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en la materia, restándoles autonomía y libertad, afectando el federalismo al centralizar y acumular facultades en el Instituto Federal Electoral, que les correspondería ejercer a los Institutos Electorales Locales. Al aumentar las facultades del IFE respecto a la relación que debe existir entre los órganos electorales, partidos políticos y medios de comunicación social; en el nivel federal como local, se impide a las entidades federativas regular en forma directa, pronta y eficaz sus procesos electorales y la renovación de sus órganos políticos de acuerdo a sus propias circunstancias y política interior, lo que puede crear la falsa idea en el electorado de que las instituciones locales carecen de autoridad e incluso cuestionar su existencia dentro de su demarcación, lo que representa una disfuncionalidad en el federalismo mexicano y en la misma Constitución General de la República. Aunado a ello, resulta incongruente que del contenido de los incisos J y K de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución General de la República, se desprenda que existen otros rubros en materia electoral en los que ambos niveles de gobierno tienen facultades que ejercen de manera coordinada, y que de los apartados A, B y C de la fracción III del artículo 41, resten facultades a las entidades federativas para transferirlas a los órganos federales, dado que el IFE tiene el carácter de autoridad única para administrar los tiempos de radio y televisión que les corresponden a los partidos políticos, tanto a nivel federal como local, máxime que en las fracciones del artículo 73 de la Carta Magna, la materia electoral no se define como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, de ahí que pareciera que en nuestro país se legisla de manera desarticulada y sin la más mínima observancia de los principios fundamentales del Estado mexicano. Como hemos observado, el desarrollo del federalismo mexicano ha sido detenido por las últimas reformas constitucionales en materia electoral, no obstante, en virtud de las controversias constitucionales derivadas de tal situación entre los gobiernos estatales y el federal; la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolverlas, ha formado diversos antecedentes sobre el particular, en los que de manera implícita ha fortalecido al federalismo, pues ha

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sostenido que las leyes locales sobre una materia específica (electoral en este caso), deben tener la misma jerarquía que las leyes reglamentarias que regulan una materia de competencia exclusiva de la federación2, debiendo atenderse simultáneamente el texto de los apartados A, B y C de la fracción III del artículo 41, los incisos J y K de la fracción IV del artículo 116 y del artículo 124, todos de la Constitucional General, que como hemos comentado guardan algunas contradicciones entre sí, ya que las entidades federativas tienen facultades expresas sobre la actividad electoral, desempeñándose algunas de ellas sobre bases de coordinación con el Gobierno Federal y que en términos del artículo 41 Constitucional, sin mediar justificación alguna al IFE, le confieren facultades propias de los Institutos Electorales locales. En ese orden de ideas, el Máximo Tribunal de nuestro país ha emitido una tesis jurisprudencial, criterio que refuerza nuestro federalismo al referir a la Constitución General de la República como el sustento de los lineamientos que deben seguir las leyes emanadas de aquélla, así como también las Constituciones Políticas de las entidades federativas y su legislación, sin embargo, éstas podrán desarrollar y pormenorizar los contenidos ordenados sintéticamente en la Constitución General de la República, generando normas de mayor densidad regulativa que lo previsto en esta última; no debemos olvidar que tanto las Constituciones locales, como las leyes están válidamente autorizadas para establecer requisitos en lo relativo a la materia electoral, en caso de que esto tienda a regular de una manera más completa, cierta y clara las finalidades perseguidas a través de la reforma constitucional de 2007, es indudable que las normas locales en la materia que no estén reflejadas y contenidas en la propia Constitución, no transgreden lo establecido en ésta3.

Tesis P. VIII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, Febrero de 2010, Registro número 165231, página 25; y Tesis P. IX/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, Febrero de 2010, Registro número 165230, página 26. 3 Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 9a. Época; Pleno, XXX, Julio de 2009; Registro número 166863, página 1451. 2

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Del contenido del criterio jurisprudencial citado, emana la idea de un deber ser del federalismo electoral con un alto sentido cooperativo y colaborador entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los municipios, lo que se reflejará en el adecuado funcionamiento de las instituciones, en beneficio de la ciudadanía, dejando atrás el federalismo nominal o de retórica que existe actualmente y sólo entorpece y confunde el buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales; además de que mejoraría la percepción que la ciudadanía tiene de cada nivel de gobierno y de sus autoridades. Para tal efecto, es importante entender lo que son las facultades concurrentes y coincidentes, mismas que dentro del diseño constitucional de nuestro país, han sido manejadas como sinónimos y son aquéllas que tanto la Federación, como las entidades federativas, e incluso los municipios, realizan juntas o separadas, haciendo posible la colaboración de todos los niveles de gobierno en el cumplimiento de esas encomiendas. Ello no será motivo de un probable choque en el desenvolvimiento del gobierno federal y de los gobiernos estatales, dado que las disposiciones constitucionales que otorguen tales facultades, deben guardar armonía entre sí (Valero, 2008:18). En ese sentido, vemos que es posible la actuación concurrente o coincidente del Gobierno Federal y los gobiernos estatales en materia electoral, dado que en términos de los incisos J y K de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución General de la República, esos dos niveles de gobierno se coordinaran durante la celebración de procesos electorales locales en las entidades federativas, en lo que respecta a la fijación de las reglas de precampaña y campañas electorales, así como en los acuerdos que se presenten para la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos; razón por la que no se justifica el texto de los apartados A, B y C de la fracción III del artículo 41 Constitucional. Así, la anterior pretensión de ese federalismo eficaz y funcional que el Estado mexicano podría adoptar, coincide con lo que es el federalismo cooperativo, que consiste en la necesidad de cooperación entre los diversos niveles de gobierno a fin de proporcionar un buen servicio a la sociedad. Con ello, la Federación y los Estados

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federados se integrarían en un sistema global, caracterizado por la cooperación en las tareas abordadas o a abordar de manera común. El federalismo cooperativo clásico se basa en que los poderes, responsabilidades, competencias y funciones no están claramente delimitadas y atribuidas a la Federación o a los Estados, quienes con base en esa lógica, no trabajarán como enemigos o bajo alguna subordinación, sino más bien como socios (Häberle, 2006:LXII y LXIII). Por la forma en que se desarrolló el federalismo cooperativo en Alemania, ha sido muy criticado en Estados Unidos de Norteamérica porque las responsabilidades de cada gobierno se difuminan al no estar contenidas en la Ley Fundamental; incluso se puede decir que en su momento se han regulado según costumbres y acuerdos, sin embargo, se estima que para que se desarrollen adecuadamente los principios y lineamientos de ese tipo de federalismo en nuestro país, es necesario establecer expresamente, que determinadas funciones las podrán ejercer de manera coordinada y cooperativa entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, en lo que respecta a la actividad electoral. En este contexto, el federalismo cooperativo abonaría los siguientes beneficios a nuestro país: ➢ Fortalecer la división del poder político nacional al disponer una división vertical del mismo entre la Federación y los Estados, junto a la división horizontal que caracteriza al régimen democrático (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). ➢ Implica una descentralización de competencias y de poder político, lo que hace posible acercar a éste a los ciudadanos, potenciándose la participación y responsabilidad de toda la ciudadanía. ➢ Se acrecienta el compromiso entre las fuerzas políticas que participan dentro de los Estados más autónomos y a la vez, más colaboradores con la Federación. ➢ El Federalismo como institución constitucional que connota una participación vigorosa de los Estados con la Federación, tiene mayor capacidad para prever y asimilar conflictos.

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➢ El Federalismo constitucionalizado como mecanismo de colaboración protege con mayores garantías el valor sustancial de la libertad de los ciudadanos y ➢ Permite combinar eficazmente la unidad y pluralidad de centros de decisión, lo que no sería posible en un sistema de poder altamente centralizado como lo es hoy en día nuestro país (Faya, 1998:257). Resulta imperativo que el federalismo electoral mexicano continúe con el desarrollo que empezaba a lograr paulatinamente, reforzándose con ideales que brinden evolución y progreso político a nuestro país, para lo cual, la colaboración de los tres niveles de gobierno será la clave de dicho objetivo, dado que la relación entre ellos también se sujetaría al principio de pesos y contrapesos; lo que implica que su funcionamiento será constantemente verificado entre ellos mismos, impidiendo la gestación de cacicazgos y concentraciones de poder en las mismas entidades federativas, lo que también resulta dañino para el federalismo. Todo ello en conjunto, coadyuvará a fortalecer el federalismo mexicano, y así, adopte matices de verdadera eficacia, dejando de lado la retórica con la que actualmente lo identificamos, para darle funcionalidad, además de contribuir para tratar de consolidar democráticamente a nuestro país. Dentro de lo que es la llamada Reforma Política del Estado mexicano, debe impulsarse la continuidad del federalismo electoral, mismo que se había adquirido y comenzado a desarrollar desde 1996 aproximadamente, y que hace poco se detuvo sin justificación, dadas las reformas constitucionales de 2007; ya que su plenitud daría una gran evolución política y una consolidación democrática en nuestro país al momento de que el Gobierno Federal reconoce a las entidades federativas, libertad y respeto para autodeterminarse en su régimen interior siempre que haya simetría con los lineamientos de la Constitución General de la República, y en lo que hace al ámbito electoral, se les permita organizar su propio sistema electoral al emitir sus ordenamientos legales, instalar sus propias instituciones y órganos jurisdiccionales, y sistema de partidos, basándose en su política interior y circunstancias específicas que existan dentro de su contexto.

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Sin embargo, para contar con un federalismo electoral mexicano eficaz y verdadero, con un sentido innovador, es indispensable que las instituciones y órganos electorales locales tengan una capacidad de operación real, pues de no ser así, estaremos ante la presencia de reformas y facultades estériles, que no generan los resultados estimados, colocando a dichos organismos locales a expensas del auxilio que le brinden los órganos federales, en virtud de no contar con las condiciones necesarias para tal efecto, es decir, las entidades federativas deben contar con la capacidad presupuestaria suficiente que les permita emplear toda su estructura y sus órganos en los términos de ley, en ejercicio de su autonomía, ya que no basta que la Constitución General de la República lo establezca. Para ello, es importante que se efectúe una reforma hacendaria integral con matices federalistas porque así será posible que las entidades federativas puedan desempeñar eficaz y funcionalmente las facultades que les hayan distribuido desde la misma Constitución General de la República, haciendo realidad el texto de ésta, sin depender del presupuesto que el Gobierno Federal les transfiere.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL FEDERALISMO ELECTORAL MEXICANO Los partidos políticos en nuestro país, independientemente de que sean nacionales o locales, son definidos por la fracción primera del artículo 41 de la Constitución General de la República, como entidades de interés público, cuyo objeto es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la composición de la representación nacional y como organizaciones ciudadanas, posibilitar el acceso del electorado al ejercicio del poder público conforme a los programas, principios e ideas postuladas a través del ejercicio del sufragio universal, libre, secreto y directo.

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El sistema de partidos en México no siempre ha tenido la competitividad y pluralidad que hoy conocemos, ya que durante la mayor parte del siglo XX, el PRI, durante sus tres etapas, estableció un dominio político tanto a nivel federal, estatal y municipal, rodeado de los llamados partidos “satélites”, cuya característica principal es la de encontrarse dentro de un sistema de partidos, pero sin opciones reales de acceder al poder, lo cual significa la ausencia de competitividad en el mismo y la nula democracia en un régimen político. Debido a las características que tuvo el régimen político mexicano durante 70 años, el PRI fue considerado como el partido hegemónico, siendo el instrumento que la figura presidencial y la maquinaria estatal utilizaban para ejercer el dominio y autoritarismo del que se habla. Esto ocasionó que la figura de los partidos políticos, en su calidad de canales o instrumentos ciudadanos para acceder a los cargos públicos y a la vida política del país, tuvieran un desarrollo magro; en consecuencia, la representatividad plural en los órganos legislativos era mínima. La reforma constitucional de 1977 en materia electoral, como se mencionó anteriormente, trajo consigo mejoras en el sistema electoral y en el sistema de partidos. Esa competitividad adquirida por el sistema de partidos mexicano a partir de la década de 1980 y confirmada durante la década de 1990, lo transformó de un partido hegemónico a un tripartidismo, pues comenzaron a observarse fuerzas políticas con verdaderas opciones de acceder al poder: Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. En la década de 1990 existían nuevas circunstancias fácticas, reformas constitucionales y una legislación federal en materia electoral reformada, e incluso un recién creado Instituto Federal Electoral, que coadyuvaban a consolidar la incipiente pluralidad partidista. A pesar de ello, la actividad electoral del Estado seguía centralizada y algunas entidades federativas mantuvieron a conveniencia de su gobierno el statu quo en la legislación electoral, lo que cambió paulatinamente; en 1996 se realizaron nuevas reformas constitucionales en la materia que contribuyeron a la tendencia

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reformista que efectuaron algunas entidades federativas respecto a su legislación electoral, viabilizando la heterogeneidad de las leyes locales, pero con apego a la Constitución General de la República. Una de las manifestaciones de heterogeneidad que muestra la legislación electoral local sobre los partidos políticos es el tratamiento que cada entidad federativa da a los partidos políticos locales, ya que la única legislación electoral en el país que no prevé la existencia de partidos políticos locales es la del estado de Aguascalientes, y en lo que respecta al Distrito Federal, el pasado 20 de diciembre de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del DF, el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, ordenamiento que prevé la posibilidad de registrar partidos políticos locales. Tal situación en el DF, la podemos explicar desde una perspectiva histórica, dado que la mayor parte del siglo XX y aun hasta nuestros días, en aspectos administrativos existe una subordinación política al Poder Ejecutivo Federal, sin embargo, en lo relacionado con la materia electoral, el desarrollo democrático y el ejercicio de los derechos político-electorales de sus ciudadanos han evolucionado lentamente, pues fue hasta 1997 cuando se celebraron los primeros comicios libres y directos para elegir a un Jefe de Gobierno y Jefes Delegacionales. En lo que concierne a Aguascalientes, quizás sea una de esas entidades federadas en las que por su conveniencia, o por circunstancias fácticas, han mantenido su legislación electoral sin reformas sobre el particular, impidiendo la posibilidad de registrar partidos políticos locales que puedan competir en los procesos electorales, dejándole esa atribución en forma exclusiva a los partidos políticos nacionales; lo que cuestiona el desarrollo democrático de la entidad al no tener partidos políticos que entiendan y estén inmersos en la realidad de su contexto, no podremos hablar de una democracia auténtica y pluralista. En relación con tal situación, Hans Kelsen (1992:35-36) señala que la democracia moderna descansa sobre los partidos políticos, cuya significación crece con el fortalecimiento progresivo del principio democrático, ya que no es posible la democracia en un contexto sin partidos políticos, que lo conozcan directamente, así

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como la problemática de su municipio y su estado, existiendo el riesgo de que los partidos políticos nacionales se acerquen ocasionalmente al electorado sólo para obtener su voto sin solucionar realmente la problemática de cada demarcación. Esa particularidad de la legislación electoral de Aguascalientes, es una referencia de que las entidades federadas, al menos en la regulación de los partidos políticos, gozan de relativa libertad y autonomía para emitir sus leyes en materia electoral, como se ha comentado anteriormente, dado que el texto íntegro de la fracción IV del artículo 116 Constitucional lo establece expresamente; lo que justifica la variación que se produce en cada contexto para señalar los requisitos y procedimientos exigidos para poder registrar partidos políticos locales. Otro aspecto que resulta importante destacar, es que en algunos estados como Campeche, Quintana Roo y Yucatán, parte de los requisitos exigidos para registrar un partido político local, es que previamente hayan sido Agrupaciones Políticas Nacionales y que además cuenten con experiencia debidamente comprobable y con un determinado número de afiliados. Otro de los aspectos en los que podemos apreciar matices de heterogeneidad en las legislaciones locales electorales es lo relativo a la forma que se repartirá el financiamiento público que los partidos políticos deben recibir, existiendo dos sistemas para tal efecto, y que son adoptados en forma indistinta por las leyes electorales locales; uno de ellos refiere que se tomará el padrón electoral del estado, o fracción del mismo, como base y se aplicará un multiplicador que represente el salario mínimo o una proporción del mismo y que puede variar según el estado; sistema adoptado por Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelia, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. El otro es un símil de la legislación electoral federal, que parte del costo mínimo de la campaña, identificando los insumos indispensables para desarrollar una campaña y sus costos promedio en el distrito electoral, multiplicándolo por el número de diputados y de partidos políticos en la entidad,

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citando a Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tabasco y Zacatecas, como los estados que lo han adoptado. Esa heterogeneidad de la legislación local que regula los partidos políticos en cada entidad federativa es muestra de la pluralidad que hoy en día vemos en nuestro régimen político, lo que también es visible en la competitividad que presenta el sistema de partidos y su principal beneficio es la representación política que presentan los Congresos locales y el Congreso de la Unión. En ese orden de ideas, el desarrollo de los partidos políticos (siempre que efectúen las funciones que constitucionalmente tienen conferidas), coadyuvará a una transformación profunda del régimen político, máxime que ello se funda en la pluralidad de partidos, lo que moderniza a todo régimen democrático (Duverger, 1994:377). En lo relativo al porcentaje mínimo para poder refrendar el registro como partido político, depende de cada entidad federativa, ya que mientras en unas es el 1.5 % de la votación emitida en la elección de que se trate, en otras es hasta del 3.5 por ciento. Asimismo, hay estados como Coahuila, San Luis Potosí y Tlaxcala en los que sí se diferencia el financiamiento que los partidos políticos reciben por cada tipo de elección, ya sea de gobernador, diputados o ayuntamientos, de esto depende el monto que se les proporciona. Otro punto donde existen diferencias en la legislación electoral local es el relativo a las coaliciones. En algunas entidades como Aguascalientes, Baja California, Durango, Jalisco, Michoacán, Tabasco y Oaxaca, su legislación impone restricciones para su formación, pues de acuerdo a sus leyes, el formar una coalición para un proceso electoral, implica que también deben hacerlo en los demás procesos locales, lo que se conoce como coalición total; en otros estados como Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Morelia, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, sí se pueden celebrar coaliciones parciales, sin un requisito especial, y en otras legislaciones como las de Baja California Sur, Campeche, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas, se establece de manera expresa el número de distritos o ayuntamientos que deben incluirse en la coalición, todo ello en virtud de los calendarios elec-

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torales de cada entidad federativa que en algunas ocasiones son coincidentes entre sí. Actualmente tanto los partidos como toda la clase política tienen un prestigio muy bajo entre la ciudadanía, esto hace que la opinión pública verifique constantemente su actuación y cuestione incluso, la pluralidad política existente y que tanto esfuerzo invirtió nuestro país para consolidarse políticamente, razón por la que hay demandas sociales que buscan retirarle a los partidos políticos la facultad exclusiva de postular candidatos a cargos de elección popular, impulsando las candidaturas independientes, temática que ha sido incluida en la agenda política nacional de los diversos partidos políticos, sin omitir que en el ámbito local existe el mismo debate. Los estados de Yucatán y Sonora se han adelantado al respecto, estableciendo en sus leyes electorales las candidaturas independientes, pero aún no las ponen en marcha. Es necesario reconocer que el sistema de representatividad está pasando por una fuerte crisis, dado que los partidos políticos han perdido credibilidad entre la ciudadanía al dejar de realizar las funciones que constitucionalmente tienen conferidas, lo que ha provocado que la identidad que en su momento existió, haya empezado a diluirse por ese motivo.

Conclusiones PRIMERA. Desde una perspectiva histórica, el federalismo mexicano se ha caracterizado por ser nominalista, ya que su tendencia, incluso hoy en día, ha sido la de centralizar diversas competencias en el Gobierno Federal en un claro perjuicio de la libertad y autonomía que las entidades federativas deben tener para auto determinarse en su régimen interior, pero con apego a la Constitución General de la República. SEGUNDA. Una de las causas que degeneró el federalismo mexicano, fue el presidencialismo y la presencia de un partido hegemónico en el régimen político, basado en el autoritarismo para controlar a su conveniencia e intereses el destino de nuestro país. Afectó la actividad electoral al no tutelar los derechos político-

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electorales de los ciudadanos y demás actores políticos, establecer un débil sistema de partidos para simular un régimen democrático, la manipulación de los órganos electorales y la voluntad popular, establecer la negociación política como forma de resolver los conflictos electorales en lugar de tener un sistema de justicia electoral. TERCERA. El partido hegemónico controló el régimen político a nivel federal, estatal y municipal durante la mayor parte del siglo XX, ocasionando que la legislación electoral fuera homogénea en cada uno de los niveles de gobierno, reprimiendo aquellos intentos por ofrecer una opción política diferente a lo que el PRI concedía al electorado. CUARTA. El deficiente sistema electoral mexicano y la debilidad del sistema de partidos hicieron necesaria una reforma constitucional en materia electoral en 1977, cuya mayor aportación fue la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, considerándose tal momento como el inicio de la transición democrática que vive nuestro país hasta la fecha, en virtud del impulso de nuevas reglas que dieron mayor equidad y oportunidad a minorías, tanto en los órganos legislativos, como en la conformación, participación y competitividad de nuevos partidos políticos. QUINTA. La competitividad que la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales proporcionó al sistema de partidos, se reflejó en la elección presidencial de 1988, así como en los resultados favorables que la oposición comenzó a tener en los procesos electorales locales a mediados de la década de los ochenta, cuyo máximo logro fue en 1989 cuando el PAN ganó la gubernatura en el estado de Baja California, además de una incipiente pluralidad en la representación política ante los órganos legislativos locales. SEXTA. La alternancia política en las gubernaturas de las entidades federativas, la pluralidad de la representación política ante las legislaturas locales y el Congreso de la Unión, fueron las constantes en la década de 1990, lo que se consolidó con la nueva reforma constitucional de 1996 en materia electoral, permitiéndole a las entidades federativas contar con nuevas facultades e iniciar

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una tendencia reformista de su legislación electoral local, iniciando una nueva etapa en el federalismo electoral mexicano. SÉPTIMA. La transición democrática en nuestro país tuvo su auge en el 2000, cuando el PAN obtuvo la Presidencia de la República después de 70 años de dominio priísta, coyuntura que alentó con mayor fuerza la alternancia política en los gobiernos locales y municipales, incrementando la tendencia reformista de las leyes electorales locales que venía dándose desde algunos años antes, formándose una heterogeneidad en tales ordenamientos. OCTAVA. La evolución que el federalismo electoral presentaba desde mediados de la década de 1990, cuya expresión se manifestaba en la libertad y autonomía con que se conducían las entidades federativas en materia electoral en esa época, con apego a los lineamientos establecidos en la Constitución General de la República, se detuvo con las reformas constitucionales de 2007. NOVENA. Las reformas constitucionales de 2007 quedaron estipuladas en los apartados A, B y C de la fracción III del artículo 41 de la Carta Magna; restringiendo la libre y autónoma actuación de los Institutos Electorales locales en los procesos electorales respectivos. Dichos organismos, los partidos políticos y los medios de comunicación social, tuvieron que transferir esta autonomía al IFE, lo que lesiona la libertad de las entidades federativas para aplicar su política interior en los procesos electorales dirigidos a renovar sus órganos políticos. DÉCIMA. Al no ser la materia electoral una de las facultades exclusivas de la Federación, se propone que sea desempeñada de manera coordinada tanto por ese nivel de gobierno, como por los gobiernos estatales y municipales, gestando un nuevo federalismo electoral con alto sentido de cooperación y colaboración, debiendo hacerlo extensivo a los demás rubros en la materia, lo que representaría una gran evolución dentro de nuestro régimen político. DÉCIMA PRIMERA. Es un hecho que aunque se efectúen reformas constitucionales que fortalezcan el federalismo electoral mexicano y le den un sentido innovador, transformándolo eficaz y funcionalmente, ello no será palpable si no existen las condiciones necesarias para tal efecto, es decir, las entidades federativas deben contar con la capacidad presupuestaria que les permita dotar de

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una estructura a los órganos que desempeñen la actividad electoral para que actúen de acuerdo a su autonomía. DÉCIMA SEGUNDA. Para lograr en nuestro régimen político un verdadero federalismo electoral, con un alto sentido cooperativo y colaborador entre los tres niveles de gobierno, es indispensable efectuar una reforma hacendaria integral con matices de federalismo, ya que así, será posible que las entidades federativas obtengan sus propios recursos de las contribuciones que paguen sus habitantes por concepto de impuestos, y así, desempeñar eficaz y funcionalmente las facultades que les hayan distribuido desde la misma Constitución General de la República, pasando del texto a la realidad. DÉCIMA TERCERA. Las legislaciones electorales locales guardan heterogeneidad en lo que respecta a la regulación de los partidos políticos, pues existen particularidades sobre su registro: el financiamiento público y privado que reciben, el acceso a medios de comunicación a que tienen derecho, el umbral de representación, entre otros rubros. De lo que se puede inferir que las entidades federativas, al menos en lo que se refiere a los partidos políticos, han podido ejercer con eficacia su libertad y autonomía para autodeterminar su régimen político.

Referencias Calva, José Luis (coord.) (2007), Democracia y gobernabilidad, Cámara de Diputados/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México. Duverger, Maurice (1994), Los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México. Faya Viesca, Jacinto (1998), El federalismo mexicano, régimen constitucional del sistema federal, Ed. Porrúa, México. González Casanova, Pablo (1967), La democracia en México, Ediciones Era, México. Häberle, Peter (2006), El federalismo y el regionalismo como forma estructural del Estado constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. Hamilton, Alexander (1957), El Federalista, Fondo de Cultura Económica, México.

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Kelsen, Hans (1992), Esencia y valor de la democracia, trad. Rafael Luengo Tapia y Luis Legaz Lacambra, Ed. Colofón, México. Pérez Royo, Javier (2005), Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid-Barcelona. Peschard, Jacqueline (coord.) (2008), El federalismo electoral en México, UNAM/Miguel Ángel Porrúa/Cámara de Diputados, México. Saldívar Aguirre, Enrique (1997), Los retos del derecho público en materia de federalismo, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. Valadés, Diego y Serna de la Garza, José María (coord.) (2005), Federalismo y regionalismo, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. Valero Flores, Carlos Norberto (2008), El municipio libre en el marco del federalismo mexicano, derechos y obligaciones, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, Serie Verde Temas Económicos, México. Vergottini, Giuseppe (2004), Derecho Constitucional comparado, traducción de Claudia Herrera, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. ➢ http://www.diputados.gob.mx

Jurisprudencias y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultados Tesis P. VIII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, febrero de 2010, Registro número 165231. Tesis P. IX/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, febrero de 2010, Registro número 165230. Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 9a. Época; Pleno XXX, julio de 2009; Registro número 166863.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SU DEMOCRACIA INTERNA COMO ELEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO Mario Eduardo Maldonado Smith

INTRODUCCIÓN

os partidos políticos constituyen elementos imprescindibles en toda democracia digna de ser considerada auténtica y pluralista. Es a través de ellos como se canalizan las demandas de amplios sectores de la sociedad para discutir temas relevantes de interés nacional. Sin duda alguna la democracia contemporánea de México (y de la gran mayoría de los países democráticos) resulta ser una democracia de partidos políticos “ya que la mayor parte de las decisiones (…) adoptadas en cualquier instancia de poder, se derivan, a su vez, de decisiones previamente adoptadas en el seno de las organizaciones partidarias” (Del Pilar, 2002:107). Kelsen y otros teóricos de la ciencia jurídica y política señalaban la gran importancia de los partidos políticos para la democracia. De acuerdo con el autor, para quien la democracia es fundamentalmente una cuestión procedimental (sólo una forma o método de creación del orden social)1, “la democracia descansa, puede decirse, sobre los partidos políticos, cuya significación crece con el

“la democracia es ante todo una cuestión de procedimiento, de método específico de creación y aplicación del ordenamiento social que constituye la comunidad; éste es el criterio distintivo de ese sistema político al que se llama propiamente democracia.” (Kelsen, 1988: 210).

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fortalecimiento progresivo del principio democrático”; para José Manuel Estrada “La ausencia de partidos es el cretinismo de los pueblos”; para Domingo Faustino Sarmiento “todas las instituciones modernas que reconocen la libertad y la igualdad de derecho de las opiniones políticas, tienen por base los partidos políticos”; para Sartori los partidos políticos “son el tipo de organismo político que más debería acercarse al prototipo ideal de cada democracia: las asociaciones voluntarias”; para Manuel García Pelayo “sólo la interacción entre el sistema de partidos y el sistema estatal puede proporcionar a éste una legitimidad y funcionalidad democráticas” (Esposito, 1996:49; Kelsen, 1992:35-36; Haro, en Del Pilar, 2002:110; Sartori, 2003:154; Esparza, 2000:182; García, 1986:86). A sí mismo, y con motivo de las reformas experimentadas en nuestra constitución en 1977, nuestra ley fundamental considera, en su artículo 41, a los partidos políticos como entidades de interés público, que tienen como fin el promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; de acuerdo con los programas, principios e ideas postuladas y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Las consideraciones anteriores descansan en el deber ser de la democracia y los partidos políticos. Hoy día podemos advertir el distanciamiento que diversas figuras teórico-conceptuales experimentan con la realidad. Es indudable una crisis interna en los partidos políticos y el reflejo de ésta en la democracia de cada país. La falta de legitimidad en la dirigencia de los partidos políticos, el descrédito en la elección de candidatos a cargos de elección popular, la incapacidad para desempeñar con eficacia, la función de transmisión de las demandas sociales, la partidocracia imperante2, la falta de espacios para la real participación de la sociedad civil, la vinculación entre los líderes partidarios y fuerzas que pueden

A la que “se le ha acusado de querer canalizar todo por el cauce de la política institucional de los partidos, de no dejar espacio a la sociedad civil, a las verdaderas necesidades de las masas.” (Esparza, 2000:125).

Los partidos políticos y su democracia interna como elemento ...

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interferir en los procesos políticos, conocidas como poderes indirectos o poderes fácticos (los medios de comunicación, la iglesia, organismos empresariales, sindicatos, empresas nacionales y trasnacionales, delincuencia organizada)3 que en definitiva no representan los intereses de la gran mayoría de los simpatizantes del partido; son sólo algunas de las causas por las que se ha puesto en tela de juicio la credibilidad de los partidos políticos (Esparza, 2000; Cárdenas, 2006). Uno de los factores que sin duda contribuiría a mejorar las relaciones entre los partidos políticos, sus integrantes y la sociedad en general, tiene que ver directamente con la democracia interna en los partidos políticos. Es necesario repensar este elemento para que en el campo fáctico se reflejen y sean respetadas las decisiones de la mayoría de los integrantes del partido; se requiere, como señala Manuel Atienza (2001:310), lograr realmente que el poder se someta a la razón y no la razón al poder. En el presente ensayo se abordarán las nociones generales en torno a la democracia interna de los partidos políticos para demostrar la importancia que tiene para la construcción y el fortalecimiento del sistema democrático. Así mismo, expondremos cómo se maneja la democracia interna tanto en nuestro país como en diversos Estados iberoamericanos, recopilando además, criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales. Finalmente, habremos de proponer una serie de elementos que contribuyan a mejorar la democracia interna partidista y que trasciendan (y se reflejen) en el propio sistema democrático nacional. Nociones generales en torno a la democracia interna La democracia es una forma de organización del poder, pero aún más, es un orden social “destinado a realizar la plena personalidad del ser humano, cuyos componentes esenciales son definidos e indubitables: Estado de derecho, división de poderes, elecciones libres y justas para escoger a los gobernantes, pluralidad de

“Los poderes fácticos son los auténticos poderes que en buena medida condicionan el actuar de los poderes y del orden jurídico formal. Bien podría decirse que los poderes formales y el orden jurídico son el reflejo de intereses, pactos, acuerdos y decisiones de estos poderes fácticos” (Cárdenas, 2006:218).

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partidos políticos, alternancia en el poder, libertad de expresión y libertad de prensa, libre asociación de los ciudadanos con fines políticos, vigencia y respeto de los derechos humanos”4. La democracia implica múltiples facetas, pero sin duda, la que puede expresar con mayor amplitud su contenido es la que permite entenderla como un sistema de vida. De acuerdo con esta interpretación, la democracia se extiende a diversos ámbitos y no queda limitada únicamente la emisión del sufragio. Uno de los ámbitos que abarca la democracia es el relativo a los partidos políticos5. Estos organismos son los conductores de las demandas sociales, pues a través de ellos se canalizan las decisiones económicas, políticas y sociales que definen el rumbo del país; son los mediadores entre la sociedad y el gobierno, constituyen factores de integración social6, son en fin, la “caja de resonancia de los diversos intereses en continua transformación”. Su importancia es de primer orden “pues sin ellos no hay o no puede sobrevivir este sistema político” por tanto, su democracia interna debe ser una de las mayores preocupaciones en todo Estado (Garrido, en Del Pilar, 2002:95; Esparza, 2000:125; Del Pilar, 2002: XXI). Para aclarar elementos terminológicos, podemos señalar que la democracia o democratización interna de los partidos políticos es

“La iniciativa popular en la Argentina y en el mundo. Una base para determinar la calidad del procedimiento y definir un diseño óptimo de esta herramienta.” en Proyecto Iniciativa Popular, Buenos Aires, Argentina, 2004. Pág. 5-6. Disponible en: http://www.iniciativapopular.org (18/03/2011) “La democracia interna es una de las cuestiones determinantes para la vida democrática, no exclusivamente de los propios partidos, sino de un país. Tal democracia va más allá de la que se practica al nivel de las instituciones y los órganos del Estado: pretende configurar una democracia integral que se verifique en el aparato estatal, pero también en el plano de la sociedad y de sus organizaciones, por lo menos en las más relevantes, como los mismos partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, etc.” (Cárdenas, 1996:37-38). “Los partidos políticos son factores de integración. Por ello una de sus funciones primarias es la de formar concepciones políticas unitarias, a partir de las diferentes opiniones que cada uno de sus adherentes tiene sobre lo que debe ser la conducción del Estado y, en segundo lugar, intentar llevarlas a la práctica. Por tanto, su estructura interna debe ser integradora, es decir, debe hacer prevalecer la totalidad frente a la parte.” (Hernández, en Del Pilar, 2002:149).

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todo aquel conjunto de disposiciones normativas y medidas políticas tendientes a garantizar que: La selección de los dirigentes internos, la designación de los candidatos a puestos de elección popular y, la determinación de la plataforma política sean el resultado de la voluntad mayoritaria de los miembros del partido y no la imposición de las cúpulas políticas o económicas. Así mismo, la democracia interna debe garantizar fundamentalmente la financiación de las tendencias, la representación proporcional por género y tutelar los derechos fundamentales (como la libertad de expresión) de los miembros del partido mediante la existencia de un control heterónomo de constitucionalidad y legalidad sobre la actividad interna de los partidos (Hernández, en Del Pilar, 2002:148). Otros de los elementos que suelen asociarse a la democracia interna de los partidos son: la distribución del poder dentro de la organización, las responsabilidades en los órganos partidistas y el perfil social de las élites que componen esos órganos, la disciplina de los miembros, los métodos de rendición de cuentas dentro de la organización, así como la transparencia en los donativos y su financiamiento (público y privado), la descentralización de los órganos del partido, rotación y revocación de sus dirigentes, incompatibilidad entre dos o más cargos, ya sean del partido o del Estado, prohibición de expulsión de los afiliados sin procedimiento previo y sin garantías procesales y constitucionales; entre otros (Zovatto y Orozco, 2008:144; Esparza, 2000:189). Para comprender a plenitud lo antes señalado y, coincidiendo con Hernández del Valle (2002:146), debemos advertir que los partidos políticos, en general, cumplen con cuatro funciones básicas: “a) seleccionan a los futuros líderes, b) mantienen contacto entre el gobierno (oposición incluida) y la gente en general, c) representan los diversos grupos de la comunidad d) integran esos grupos como sea posible. Lo anterior se origina en la necesidad de las comunidades organizadas cooperativamente (comunidades políticas) de reunir parte de sus miembros y situarlos en organizaciones que decidan los rumbos alternativos de la decisión y acción política del Estado”.

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De acuerdo con esto, y siguiendo a Zovatto y Orozco (2008:144), podemos concluir que un partido gozará de democracia interna “cuando sus dirigentes y candidatos sean elegidos por los miembros a través de mecanismos participativos, con decisiones inclusivas y tomadas con la participación voluntaria de sus miembros; cuando los órganos de gobierno no discriminen la integración de los diferentes grupos (incluso aquellos minoritarios) y se respete una serie de derechos y responsabilidades que garanticen la igualdad de los miembros en cualquier proceso de toma de decisiones.” A continuación procederemos a realizar una breve explicación de algunos de los elementos más importantes que comprenden la democracia interna de los partidos políticos.

SELECCIÓN DE DIRIGENTES INTERNOS En cuanto a la selección de los dirigentes internos, debe imperar el principio de que su designación debe recaer en la totalidad de los afiliados. No obstante, en muchos casos ha prevalecido el criterio de que son sólo unos cuantos quienes tienen la facultad de nombrar de manera unilateral, o bien mediante procedimientos poco democráticos a la cúpula partidaria. Ante esto el ciudadano común se siente solo, impotente y resignadamente obligado a firmar un contrato de adhesión donde todo está decidido (Hernández, 2002:150)7. La decisión de las bases debe ser un principio que guíe en todo momento la acción del partido y no las decisiones unilaterales y autoritarias que se toman sin haber consultado a las bases.

Estas decisiones unilaterales y autoritarias constituyen parte de lo que Robert Michels llama La ley de hierro de la oligarquía. Para profundizar en la misma se recomienda: Michels, 1991:164-180.

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DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS A PUESTOS ELECTIVOS Por otra parte, en lo referente a la designación de los candidatos a puestos electivos existen dos sistemas generalmente aceptados: las convenciones o asambleas y las elecciones primarias. Convenciones o asambleas: Los candidatos son elegidos por un selecto grupo de miembros delegados que representan los distintos sectores del partido, la forma de elegirlos tiene diversas modalidades, en algunos casos se eligen mediante votaciones cerradas entre los grupos de interés que representa el partido (cooperativas, sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera); otras veces son elegidos mediante votaciones populares realizadas primeramente a nivel distrital, luego por circunscripción y así hasta llegar a conformar una asamblea (convención) a nivel nacional (Hernández, 2002:152). Elecciones primarias: Pueden adquirir dos modalidades, abiertas y cerradas. En las elecciones primarias abiertas, el votante escoge la papeleta de cualquier partido y no está obligado a declarar a cuál de ellos pertenece mientras que en las cerradas el elector debe declarar de qué partido es integrante y solicitar la papeleta del partido de su preferencia. Ambas modalidades tienen ventajas y carencias. En las primarias abiertas los partidos contrarios pueden interferir en la designación para favorecer a los candidatos con menos posibilidades de triunfo electoral; en las cerradas se viola el principio del voto secreto. Las elecciones primarias, son consideradas como “el sistema más democrático para elegir a los candidatos a puestos de elección popular”. (Hernández, 2002:152,155).

EQUIDAD DE GÉNERO Asimismo, la equidad de género es otro de los factores que debe existir al interior de los partidos políticos. Tal equidad debe apreciarse en diversas acciones afirmativas como la representación

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equitativa por género en la selección de candidatos a cargos de elección popular. Son diversos países los que hoy en día contemplan en sus legislaciones distintos porcentajes obligatorios de representación por género8.

CONTROL HETERÓNOMO DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD Un tema de gran polémica, por las implicaciones que tiene dentro y fuera del partido político, es el relativo al control heterónomo de constitucionalidad y legalidad sobre la actividad interna de los partidos políticos. Se trata de una instancia gubernamental donde una determinada acción del partido es sujeta a valoración para determinar si se ha realizado con apego a los lineamientos constitucionales y legales correspondientes. A través de este control se busca garantizar el respeto efectivo a los derechos políticos de los miembros del partido y evitar la aplicación de prácticas arbitrarias y/o antidemocráticas por parte de los dirigentes. De esta forma, actos como la expulsión de miembros del partido, resoluciones de los órganos internos, elección de dirigentes y candidatos a cargos de elección popular, administración de presupuesto, etc., pueden ser objeto de revisión ante una instancia gubernamental para constar su apego a las normas y principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico. En el derecho comparado existen diversas formas en que este control puede manifestarse. En algunos casos, el control de los actos electorales es asignado a un tribunal constitucional, como en

En Costa Rica, por ejemplo, al menos el 40 % de los candidatos a diputados y a regidores municipales deben ser mujeres. Por jurisprudencia, el Tribunal Supremo de Elecciones estableció que al menos una de las dos candidaturas a vicepresidentes de la República debe ser ocupada por una mujer. Puede consultarse la resolución 1544-E-2001 del 24 de julio de 2001 del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

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el caso de Austria, Francia y España. En otros países, los tribunales ordinarios son los competentes para conocer la materia electoral como en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Paraguay. Finalmente, en algunos países opera un sistema mixto donde la resolución de los conflictos electorales se asigna a órganos especializados, los cuales pueden ser de naturaleza jurisdiccional o administrativa. Tal es el caso de Uruguay, Costa Rica y México, donde la jurisdicción electoral es competencia de un tribunal especializado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Hernández, 2002:161)9. Como se comentó, el control heterónomo de constitucionalidad y legalidad resulta ser un tema controvertido porque implica un choque de derechos: el derecho de autoorganización de los partidos políticos (como parte del derecho fundamental de asociación) y el derecho a la participación democrática de los afiliados. El objetivo en el ordenamiento jurídico es lograr ese pleno equilibrio y armonía entre los derechos en conflicto, pero cuando el choque entre los mismos sea inevitable habrá que optar entre aquel derecho cuya protección sea más trascendental. En efecto, los partidos políticos son un tipo de asociación, pero por su misma naturaleza tienen un límite en el derecho de los propios afiliados a la participación democrática en su organización y funcionamiento (Orozco, 2004:12-13).

En cuanto al mecanismo idóneo para la protección de los derechos políticos de los miembros del partido político, en México se cuenta con el “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, el cual “se ha convertido en un medio idóneo para promover y garantizar judicialmente la democracia interna de los partidos políticos, a través de la tutela de los derechos de los ciudadanos a votar y ser votados en las elecciones, así como de asociarse y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, no sólo con motivo de la impugnación de los actos de las autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones, sino a partir de 2001, con respecto a la impugnación de actos definitivos y firmes de los partidos políticos ante un cambio de criterio de la Sala Superior (…)” (Orozco, en Córdova y Salazar, 2007:41). Asimismo, puede consultarse la siguiente tesis del Tribunal Electoral: “Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Procede contra actos definitivos e irreparables de los partidos políticos”, en (TEPJF, 2005:161-164).

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En este sentido se justifica la intervención de los órganos competentes del Estado para asegurar el apego de los actos partidarios a los principios más elementales del sistema democrático. Actualmente en la gran mayoría de los países se contemplan procedimientos jurisdiccionales o administrativos ante los cuales pueden impugnarse actos de los partidos políticos cuando atentan contra los derechos político-electorales de sus miembros o contra los principios del sistema democrático. Esto se debe, entre otras cosas, al reconocimiento de que no sólo el Estado puede vulnerar los derechos fundamentales de los gobernados, sino que éstos pueden ser objeto de transgresión por parte de entidades, grupos o individuos particulares distintos a los órganos del poder público que por su posición preponderante o dominio frente a los ciudadanos, pueden causar daños irreparables en sus derechos fundamentales10. Este es el caso de los partidos políticos, donde la intervención del Estado se justifica aún más debido a la importante función que desempeñan como entidades de interés público. José de Jesús Orozco justifica la intervención gubernamental (para adecuar los actos de los partidos a los principios de la democracia) en razón de “su posición preponderante o de dominio frente a los ciudadanos, cuya eventual inmunidad al control jurisdiccional de la constitucionalidad y legalidad de sus actos sería también injustificada, pues podría hacer nugatorio el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, máxime el monopolio o cuasi monopolio que en los países de la región se les ha conferido para la postulación de candidatos a cargos de elección popular.” (Orozco, 2004:14). En razón de esa posibilidad real de que los partidos políticos vulneren los derechos fundamentales de sus afiliados o bien, transgredan los principios base del sistema democrático, resulta justificable el control heterónomo de sus actos por instancias gubernamentales. 10

Esta es la doctrina denominada Eficacia horizontal de los derechos humanos (Dritwirkung) o eficacia de los derechos fundamentales entre particulares. Sobre el particular se recomienda Estrada, 2000.

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CAUSAS QUE ORIGINAN LA FALTA DE DEMOCRACIA INTERNA La mayor democracia interna de los partidos políticos es una tendencia en los países latinoamericanos y en muchos otros países democráticos. Sin embargo, aún se presentan reticencias para lograr una plena democracia interna. Los factores o razones por las que ha sido difícil conseguir estas transformaciones en beneficio de la propia democracia son de diversa índole. Sin duda, una de las principales causas (si no es que la más importante) es la existencia de factores reales de poder o poderes fácticos al interior de los propios partidos políticos que se niegan a aceptar los avances para la consolidación del sistema democrático al considerar que perderán los privilegios que han mantenido tanto tiempo. Durante mucho tiempo imperó la tendencia “que suponía que la solución elitista al debate sobre la democracia, con la consecuente supervaloración del papel de los mecanismo de representación, podría ser hegemónica sin que estos últimos necesitaran ser combinados con mecanismos sociales de participación” (De Sousa y Avritzer, 2004:38). En efecto: “existe un hecho objetivo [que] las dirigencias de los partidos tienen un fuerte peso en los procesos de selección de candidatos, lo que trae como consecuencia la marginación de las bases en la designación de sus propios representantes a cargos públicos, lo que significa una clara contravención con lo establecido en la Constitución, pues carece de todo sentido democrático” (Garrido, en, Del Pilar, 2002:97). Asimismo, se suele argüir que la mayor democracia al interior de los partidos políticos puede traducirse en el debilitamiento de su cohesión y armonía interna, pues “la adopción de prácticas democráticas en su interior [significa], en muchos casos, el surgimiento de enfrentamientos entre las diferentes facciones partidistas, la fragmentación del partido e incluso su división”. (Zovatto y Orozco, 2008:147).

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Otras causas que explican la reticencia para incorporar prácticas democráticas al interior de los partidos políticos son la incertidumbre política, la corrupción, el corporativismo, los grupos de presión, el surgimiento de nuevos movimientos sociales, corrientes internas, el transfuguismo11 y submarinismo político12 que escinden a los propios partidos (Zovatto y Orozco, 2008:188; Esparza, 2000: XXXI, 402, 409-410). Pese a los factores anteriores que inciden para una efectiva democratización interna de los partidos políticos, la realidad es que en los últimos años la tendencia ha sido superar estas viejas prácticas e incluir dosis graduales de democracia, pues ante los retos actuales que afrontan; las propias dirigencias partidistas han advertido que la legitimidad y la pervivencia de los partidos políticos está condicionada a su capacidad para traducirse en instrumentos reales que permitan a sus miembros en particular y a la sociedad en general, canalizar efectivamente sus demandas sociales para ser el portador real de sus necesidades. Resulta contradictorio que durante el amplio periodo que se ha necesitado para construir instituciones más o menos democráticas, los partidos políticos hayan sido quienes propugnaron por el establecimiento de procesos electorales equitativos, legales y transparentes en las elección estatales y, en su interior aún existan procesos de elección carentes de legitimad ante sus bases, como señala Garrido Maldonado (en Del Pilar, 2002:105), lo que se trata con

El transfuguismo es “aquella forma de comportamiento en la que un individuo, caracterizado como representante popular democráticamente elegido, abandona la formación política en la que se encontraba para pasar a engrosar [repentinamente] las filas de otra…”; Asimismo “el problema penetra, como un virus, al sistema democrático en el ámbito de los procedimientos democráticos, específicamente en el momento en que el político se muda a otro partido sin restricciones estatutarias, rompiendo con los vínculos ideológicos y de acción del partido al que pertenecía y del mismo partido que lo recibe…”. El submarinismo “es cuando el mismo tránsfuga pasa información de la estrategia política del partido político que lo aceptó al partido político que abandonó… Con el submarinismo el tránsfuga político confirma aún más su deslealtad a la democracia, que a su vez involucra a los partidos políticos, por tanto, al sistema democrático plenamente instaurado en la Ley Fundamental y en el ordenamiento secundario que deriva de ella”.

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la democratización interna es devolver a las bases la posibilidad de elegir a sus candidatos y dirigentes.

EFECTOS DE LA FALTA DE DEMOCRACIA INTRAPARTIDARIA EN LA DEMOCRACIA NACIONAL La falta de elementos que garanticen la democratización interna de los partidos políticos, se reflejará necesariamente en el propio sistema de partidos y en el funcionamiento de los órganos de poder de todo Estado que se digne de ser considerado democrático, por ello “la regulación de los partidos propende a incorporar normas que garanticen su democracia interna y su probidad pública” (Valadés, 1998:65). Los partidos políticos son conductores de las demandas sociales. Cuando en los propios partidos operan mecanismos contrarios a los principios democráticos, dejan de cumplir con su misión traicionando a la sociedad y al sistema democrático nacional. Los partidos políticos dejan de reflejar el interés público para centrarse sólo en intereses de determinados sectores elitistas que no representan en absoluto las necesidades reales de la sociedad. Lo anterior se manifiesta en la crisis partidista y en mayor medida en la inestabilidad política del propio Estado, “ello obedece a las circunstancias que generan los partidos cuando reducen su capacidad para originar prácticas democráticas…es decir, se desploman sus principios por la utilización de métodos poco fiables o ilegales para efectuar sus fines, esto ocasiona corrupción y por ende, inestabilidad política” (Esparza, 2000:105), ejemplo de lo anterior lo encontramos en figuras derivadas de la falta de democracia interna como el transfuguismo y el submarinismo político. Como hemos señalado en párrafos anteriores, quizá la salida más adecuada a esta crisis de legitimidad de los partidos políticos (y su efecto en el propio sistema democrático nacional) sea su capacidad para dotarse de una razonable democracia interna

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que devuelva a sus bases el derecho de contar con procedimientos democráticos en la elección de candidatos, ya que en gran medida el distanciamiento entre sociedad y partidos políticos radica en la marginación de aquella en los procesos internos (Garrido, en, Del Pilar, 2002:96). Como señala Navarro Méndez, “la exigencia de democracia interna de los partidos políticos tiene por objeto impedir que un eventual déficit democrático o funcionamiento autocrático de estas organizaciones se traduzca en una consecuente merma en el mecanismo de la representación política y ponga en peligro el correcto funcionamiento del Estado democrático.” (Navarro, en Espín y Díaz, 2000:312).

LA DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL DERECHO COMPARADO En el contexto latinoamericano, una vez recuperada la democracia en muchos de los países de la región, se experimentó un fuerte proceso de democratización interna en los partidos políticos, fundamentalmente durante la década de 1990, con el propósito de dotar de mayor transparencia a sus prácticas internas (Zovatto, en Córdova y Salazar, 2007:116). No obstante, el proceso de democratización no se ha realizado por igual en todos los países y tampoco se ha desarrollado con la misma velocidad. Pese a ello, se observa que en general existe una preocupación en los diferentes Estados por incluir en sus respectivos ordenamientos jurídicos un mínimo de requisitos, para los partidos políticos, que se traduzcan en un régimen interno acorde con los principios democráticos. De acuerdo con el derecho comparado de la región (Latinoamérica) hemos extraído los siguientes datos:

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En cuanto a la exigencia de democracia interna en los partidos políticos, ésta sólo se encuentra prevista en la constitución de Uruguay y Venezuela13. En efecto, la constitución de la República Oriental del Uruguay señala en su artículo 77 lo siguiente: Artículo 11. Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán. El sufragio se ejercerá en la forma que determine la Ley, pero sobre las bases siguientes: 11) El Estado velará por asegurar a los partidos la más amplia libertad. Sin perjuicio de ello, los partidos deberán: Ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades; Dar la máxima publicidad a sus cartas orgánicas y programas de principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente

Por su parte, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé la exigencia de democracia interna, en los partidos políticos, en su artículo 67 que indica: Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes…

Es importante señalar que en un plano más global son varios los países que prevén a nivel constitucional la exigencia de democracia interna de los partidos políticos, tal es el caso de España que en el artículo 6º de su constitución señala que la estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos deberá ser democrática. En el caso de Italia, su constitución prevé en el artículo 49 que todos los ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente para concurrir con procedimiento democrático a la determinación de la política nacional. En Alemania, su constitución señala en el artículo 21 que el ordenamiento interno de los partidos políticos deberá de responder a los principios de la democracia, así mismo señala que serán anticonstitucionales los partidos que se propongan menoscabar o eliminar el orden básico democrático liberal. En Francia, su constitución en el artículo 4º señala que los partidos políticos deberán de respetar los principios de la soberanía nacional y de la democracia. En Grecia, su constitución señala en el artículo 29.1 que los partidos políticos deberán estar al servicio del libre funcionamiento del régimen democrático.

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La ley regulará lo concerniente al financiamiento y las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Asimismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización

No obstante que en los demás países no se prevé la democracia interna a nivel constitucional, en sus diferentes ordenamientos jurídicos todos los países de la región prevén la democracia interna de los partidos políticos. Otro dato interesante es el relativo a los mecanismos de democracia interna para la selección de candidatos a cargos de elección popular; regulados a nivel constitucional sólo en Uruguay, mientras en ley electoral (leyes o códigos): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Asimismo, tratándose de la intervención de órganos electorales al interior de los partidos políticos, se encuentran regulados en: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Sólo en Brasil no se prevé en su constitución ni ley electoral la intervención de un órgano electoral. En cuanto al financiamiento público de los partidos políticos, se prevé en Colombia, Honduras, México y Panamá. Por el contrario, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela (Zovatto y Orozco, 2008:148-150). En cuanto a nuestro sistema jurídico nacional, hemos señalado que la exigencia de democracia interna en los partidos políticos no se establece expresamente en nuestra constitución; queda relegada a nivel de ley secundaria en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en efecto el COFIPE dispone lo relativo a la democracia interna en los siguientes artículos:

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Artículo 27 1. Los estatutos establecerán: c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos… d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos… Artículo 38 1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos…

Si bien es cierto que se encuentra prevista la democratización interna de los partidos políticos en nuestro ordenamiento jurídico, estamos firmemente convencidos que la importancia de la democracia interna de los partidos políticos debería estar prevista a nivel constitucional para reafirmarla como un principio elemental de nuestro sistema democrático nacional. Para reafirmar lo anterior, podemos señalar que en los estatutos de los principales partidos políticos mexicanos (PRI, PAN y PRD), se prevé en la participación de las bases en la elección de sus candidatos mediante mecanismos de participación democrática, lo cual refleja el interés cada vez mayor de la democratización interna que los propios partidos se conceden. Esta importancia debería estar prevista no en una ley secundaria, sino a nivel constitucional por la trascendencia que tiene.

JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL En México, la exigencia de democracia interna en los partidos políticos no se encuentra prevista a nivel constitucional, y es relativamente nuevo el criterio que considera la facultad de la autoridad electoral para intervenir en la organización interna de los partidos

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(para exigir que sea democrática) o bien, para defender los derechos político-electorales de los miembros del partido. En efecto, hasta hace poco se consideraba que los actos de los partidos políticos no podían ser objeto de impugnación frente a una autoridad jurisdiccional por considerar que no podían ser equiparados a ésta. Este criterio permaneció hasta hace algunos años cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) comenzó a emitir resoluciones que fueron cambiando el criterio antes sostenido. De esta forma, comenzó a abrirse la posibilidad para que los ciudadanos pudieran impugnar los actos procedentes de partidos políticos (Del Pilar, 2002:138). Un ejemplo de lo anterior es la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-781/2002, reafirmada en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 03/2005 en la que el TEPJF estableció lo siguiente: Estatutos de los partidos políticos. Elementos mínimos que deben contener para considerarse democráticos. —El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de establecer en sus estatutos, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona elementos suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la democracia es posible desprender como elementos comunes característicos de la democracia los siguientes: 1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto a otro; 3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertad de expresión, información y asociación y 4. Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del gobierno y removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite. Ahora bien, los elementos esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido 2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados 3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas…4. La existencia de procedimientos de elección donde

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se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido y 6. Mecanismos de control de poder, por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.

La tesis citada anteriormente permite advertir el cambio de criterio adoptado por el TEPJF para reconocer la importancia de la democracia interna de los partidos en la consolidación de un efectivo sistema democrático nacional, razón por la cual reconoce la exigencia de democratización partidaria en diversos criterios jurisprudenciales. Asimismo, hacemos acopio de la jurisprudencia internacional, citando la sentencia del tribunal constitucional de España STC 56/199. En la sentencia aludida, el tribunal constitucional sostuvo: La exigencia constitucional de organización y funcionamiento democráticos no sólo encierra una carga impuesta a los partidos, sino que al mismo tiempo se traduce en un derecho o conjunto de derechos subjetivos y facultades atribuidas a los afiliados respecto o frente al propio partido, tendientes a asegurar su participación en la toma de decisiones y en el control del funcionamiento interno de los mismos. Se trata, sin duda, de derechos de configuración legal…El derecho de asociación en partidos políticos es, esencialmente, un derecho frente a los poderes públicos en el que sobresale el derecho a la autoorganización sin injerencias públicas; sin embargo, a diferencia de lo que suele suceder en otros tipos de asociación, en el caso de los partidos políticos y dada su especial posición constitucional, ese derecho tiene un límite en el derecho de los propios afiliados a la participación en su organización y funcionamiento. La tensión entre ambos derechos, que cobra especial relieve en el ámbito de las garantías jurisdiccionales, estará presente a lo largo de los próximos fundamentos jurídicos, ya que ésta es, sin duda, una de las cuestiones capitales que subyacen al problema aquí enjuiciado…La democracia interna se plasma, pues, en la exigencia de que los partidos políticos rijan su organización y su funcionamiento internos mediante reglas que permitan la participación de los afiliados en la gestión y control de los órganos de gobierno y, en suma, y esto es lo relevante, mediante el reconocimiento de unos derechos y atribuciones a los afiliados en orden a conseguir esa participación en la formación de la voluntad del partido. Puede afirmarse, en conclusión, que, por lo que aquí interesa, la exigencia constitucional de organización y funcionamiento democráticos no sólo encierra una carga impuesta a los partidos, sino que al mismo tiempo se traduce en un derecho o un conjun-

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to de derechos subjetivos y facultades atribuidas a los afiliados respecto o frente al propio partido, tendientes a asegurar su participación en la toma de las decisiones y en el control del funcionamiento interno de los mismos

Asimismo, resulta aplicable la Sentencia C-089 de la corte constitucional colombiana que señala: La práctica de las consultas internas puede derivarse de los estatutos de los partidos o movimientos o de una decisión suya adoptada en cualquier momento posterior a su vida política. La constitución y la ley, aunque no la imponen en aras de respetar el ámbito de la libertad organizativa interna (CP art. 108, inciso 2) —que garantiza la libertad del proceso político en su propia fuente—, sí la estimula en el convencimiento de que la democracia interna beneficia a la organización política y a la sociedad en general, pues fortalece su función mediadora y mantiene su apertura hacia las pretensiones, intereses y demandas genuinas de sus bases que apelan a ella como instancia de ascenso de la sociedad hacia el Estado. El proyecto conserva como premisa la libertad de los partidos y movimientos, ya que de acuerdo con sus disposiciones, la consulta sólo se realiza si es solicitada por sus respectivas autoridades.

Por otro lado, en la sentencia C-303/10 la corte constitucional de Colombia expresó: El principio democrático participativo es esencial en la medida en que conforma una condición necesaria para la vigencia del Estado constitucional, de la manera como éste es comprendido en occidente. La tesis que subyace a esta afirmación es que existe Estado constitucional cuando radica en el pueblo el poder soberano, que configura la instancia legitimadora de los demás poderes públicos. En ese sentido, todo Estado constitucional debe contar con instituciones y procedimientos que permitan que esa voluntad soberana se exprese, de forma libre e inequívoca, con el fin de determinar la conformación de esos poderes…Así como lo reconocen corrientes doctrinales tradicionales de la ciencia política, la existencia de la democracia y, por ende, de Estado constitucional, depende del grado de cumplimiento de determinadas variables, consistentes en tener la oportunidad de (I) formular sus preferencias, condición que depende a su vez de la garantía de determinados derechos, como la libertad de asociación, expresión y voto, al igual que la libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo y la diversidad de fuentes de información; (II) manifestar esas preferencias, para lo cual se requiere, además de los derechos y libertades mencionadas, la garantía del derecho a elegir y a ser elegido a través de actos electorales libres e imparciales; y (III) recibir igualdad de trato por parte del Estado.

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Puede fácilmente advertirse, de los extractos antes expuestos, la gran trascendencia que la democracia interna de los partidos políticos tiene para distintos (en realidad la mayoría) de los países democráticos, pues han advertido que de la existencia de tal requisito depende en última instancia la estabilidad y permanencia del propio sistema democrático nacional.

PROPUESTAS PARA UNA MAYOR DEMOCRATIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Después de los análisis y consideraciones previas podemos señalar que, si bien contamos hoy día en nuestro país con un sistema de democracia interna partidaria regulado legalmente (por el COFIPE), así como de manera autónoma por los respectivos estatutos partidarios (al menos en el caso de los principales partidos políticos: PRI, PAN, PRD), debemos señalar que la misma resulta insuficiente al regular en una forma escueta y vaga lo referente a la exigencia de democracia interna en los partidos políticos. Ante las carencias existentes, consideramos que sería pertinente la inclusión legal y constitucional de las siguientes propuestas: En primer término debería de incorporarse a nivel constitucional (en el artículo 41) la exigencia de democracia interna en los partidos políticos para reafirmar la gran importancia que la misma tiene en la consolidación del sistema democrático nacional. De igual modo sería conveniente regular en la legislación secundaria: mecanismos de democracia directa como el referéndum o la iniciativa popular, posibilidad de revocabilidad de los cargos directivos en todo momento, el respeto a la exigencia de minorías dentro del partido, la revocación del mandato en todo momento para los dirigentes (previa consulta a las bases), la descentralización de los órganos del partido; la prohibición para impedir la compatibilidad entre dos o más cargos, ya sean del partido o del Estado; la prohibición de expulsiones sin procedimientos previos y sin las

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garantías procesales y constitucionales, la transparencia en el financiamiento y en los donativos, el acceso a la información, sobre todo de los asuntos del partido; la fundamentación de los rechazos de solicitudes de incorporación, prohibir las prácticas colectivas o privilegiadas de afiliación, no intervención de los órganos directivos para modificar la selección de candidatos, la representación equitativa en las listas por género, la prohibición de prácticas antidemocráticas como el transfuguismo y el submarinismo político, entre otras (Del Pilar, 2002:135,141-142,144). Confiamos en que con la incorporación de estas propuestas en nuestro ordenamiento jurídico, podrá avanzarse en el camino hacia una mayor democratización interna de los partidos políticos que se traducirá en la consolidación del sistema democrático nacional.

Conclusiones El presente ensayo expuso en líneas generales el sentido y alcance de lo que constituye la democracia interna en los partidos políticos. Con la información vertida se demostró su importancia para la consolidación de la democracia en todo país digno de ser considerado democrático. Asimismo, se señalaron las consecuencias negativas que la falta de democracia intrapartidaria puede tener en un Estado. Como propuesta para hacer frente a la crisis por la que atraviesan los partidos políticos en particular y el mismo Estado en general, se ha sugerido una mayor democratización de los partidos políticos, lo cual constituye uno de los elementos clave para devolver a la ciudadanía la credibilidad en sus instituciones políticas. Los partidos políticos, como hemos comentado, son instituciones imprescindibles en toda democracia. No puede concebirse la democracia sin la existencia de partidos políticos en función de las importantes tareas que realizan para la sociedad y en vista de que hasta el momento no existe otra figura que pueda equiparárseles y desempeñar las funciones que éstos desarrollan. En razón de ello, nuestro actual sistema democrático se considera como una “de-

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mocracia de partidos”, pero sin duda, estos organismos aún tienen mucho por hacer internamente para consolidar en primer lugar su propia democracia (Zobatto y Orozco, 2008:143). Finalmente, me gustaría terminar este trabajo con una cita muy particular de Anne Phillips, quien señala que: “una democracia plena tal vez nunca se realice, pero se hacen tantas aproximaciones a ella como se puede.” (Phillips, 1996:158). Esta interpretación puede aplicarse a la democracia interna de los partidos políticos, pues quizá nunca logren una completa democratización; no obstante, el reto lo constituye el propio proceso que hagamos como ciudadanos para lograrlo.

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LA DEMOCRACIA SUSTANTIVA COMO ESTÁNDAR DE JUSTICIA Y LO ELECTORAL. (RE)FORMULACIÓN DE PARADIGMAS Daniel Márquez Gómez La ley es, por tanto, la razón sin apetito Aristóteles

PROLEGÓMENOS

stamos en un momento crítico de nuestra historia política. La batalla que se libra desde la institucionalidad en contra del “crimen organizado” lo muestra. En este periodo se incrementan de manera alarmante los espacios en los que las autoridades son incapaces de garantizar la vigencia del orden jurídico. En lo político el avance de la partidocracia parece regla, no importa cuánto se alegue la necesidad de fortalecer el sistema político, sus carencias son evidentes: 1) negativa de los partidos políticos a sujetarse a la constitución y a las leyes, 2) carencia de una adecuada toma de decisiones públicas en el entorno interno y externo de los partidos políticos, sus órganos directivos son presa de un oscuro pragmatismo, 3) la “captura” de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales; como evidencia se puede mostrar la inacabable elección de los tres consejeros electorales faltantes en el Instituto Federal Electoral, 4) la impunidad en la violación de las normas electorales, sobre todo en lo que se refiere a la propaganda política, donde advertimos cómo desde el gobierno y los partidos políticos se destinan recursos multimillonarios para intentar ¿convencer? o ¿vencer? la voluntad del electorado.

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Por lo anterior, el título de este acápite se puede considerar extraño, sobre todo porque se refiere a ideas que han sido exploradas desde diversas dimensiones, están presentes no sólo en libros, también en volúmenes y bibliotecas enteras; por otra parte ¿Cómo es posible hablar de justicia electoral y democracia, sin aludir al poder? Quizá extrañe este retorno al debate en lo electoral sobre lo justo y lo democrático, pero en su decantación se encuentra el eje que orienta estas reflexiones: cómo las facciones, léase los partidos políticos, deben cumplir los estándares mínimos de un proyecto de nación en la “democracia moderna” para revertir la barbarie en la que nos encontramos. En este sentido, poder, partidos políticos, democracia y justicia parecen estar fuertemente relacionados. Umberto Cerroni señala que la democracia es un problema central del mundo moderno y muy complicado, para él nadie está en contra de la democracia, pero quiere cierta democracia (Cerroni, 2004:47). Para evitar debates innecesarios aceptaremos con Karl Loewenstein (1970:23) que la política no es sino la lucha por el poder, en lo que se refiere al poder, Norberto Bobbio (2006:110) destaca que la definición de poder político como el poder que está en posibilidad de recurrir en última instancia a la fuerza (y es capaz de hacerlo porque detenta su monopolio) es una definición que se refiere al medio del que se sirve quien detenta el poder para obtener los efectos deseados. El criterio del medio es el que se utiliza comúnmente porque permite una tipología a la vez simple y clara, la llamada tipología de los tres poderes: económico, ideológico y político, o sea, de la riqueza, del saber y de la fuerza; lo que nos parece funcional para este trabajo. Destacamos además, con Karl Loewenstein (1970:24), que debemos entender la soberanía como la racionalización jurídica del factor poder, mientras que el poder es el elemento irracional de la política, conceptos claros que acreditan el papel de los “soberanos” en la integración de la institucionalidad al generar la ley, y, con ella, las formas actuales de gobierno, idea a la que volveremos más adelante.

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La justicia, desde la antigüedad, se entiende como el hábito que dispone a los hombres a hacer y querer cosas justas. Lo justo es lo legal y lo igual. Los actos definidos por la legislación son legales; por tanto, decimos que son justos. En este contexto, “llamamos justo a lo que produce y protege la felicidad y sus elementos en la comunidad política”1. Así, lo justo y lo injusto políticamente de acuerdo con la ley se da entre personas sujetas a ésta (Aristóteles, 2000:59-66). Con un enfoque más moderno, Manuel Atienza (2004:183) destaca la complejidad del concepto justicia en términos de sus principales componentes: igualdad, libertad y seguridad, que pueden entenderse de diversas formas o presentar facetas distintas difíciles de armonizar. Por lo anterior, aceptaremos la fórmula aristotélica porque a partir de la idea de felicidad concilia los proyectos individuales sin olvidar el enfoque social destacado en la idea de comunidad política. En lo que se refiere a las formas de gobierno, según Norberto Bobbio existen tres tipologías: la de Aristóteles, Maquiavelo y Montesquieu. También destaca que en éstas, se toma más en cuenta la estructura de poder y las relaciones entre los diversos órganos a los que la Constitución asigna el ejercicio del poder (Bobbio, 2006:144). El propio Norberto Bobbio destaca que la democracia se ha vuelto en estos años el denominador común de todas las cuestiones políticamente relevantes, teóricas y prácticas. En lo que se refiere a su “definición mínima” de democracia, como contrapuesta a la autocracia, la considera caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos (2005:9,24). Esto lleva a lo que el autor llama los “universales procedimentales” de la democracia: es decir, los principios normativos perte

Para el autor la justicia es la virtud perfecta porque el que la posee puede practicar la virtud con relación a otro y no sólo para sí mismo. Así la virtud y la justicia son lo mismo en su existir, pero no en su esencia lógica (Aristóteles, 2000:59).

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necientes a los procedimientos de discusión colectiva que todas las democracias deben tener en común y que, por ello, definen a la propia democracia frente a las demás formas de gobierno (Vitale, 2005:77)2. Según Michelangelo Bovero (2000:12) hay democracia si se cumplen estas condiciones: a) todos aquellos a quienes se dirigen las decisiones políticas (leyes, decretos, reglamentos, etc.) tienen derecho a participar directa o indirectamente en el mismo proceso de decisión; b) el voto de cada uno cuenta (o mejor dicho, pesa) en la misma medida que los demás; c) cada voto es resultado de una decisión individual, libre de condicionamientos materiales y morales que podrán anular la posibilidad y la capacidad misma de selección de los individuos3. Así, a reserva de una revisión de este concepto, aceptaremos que la democracia existe como forma de gobierno y asentaremos como hipótesis que se puede distinguir entre lo formal y lo sustancial, esto es, entre la estructura y lo funcional de lo democrático. De una revisión breve de nuestra institucionalidad jurídica se advierte que se plasma la idea de instituciones democráticas, con lo que lo formal está razonablemente representado en el sistema jurídico mexicano. Sin embargo, en una primera aproximación, se

El propio Ermanno Vítale destaca esos “universales procedimentales”: 1) todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad sin distinción de raza, religión, condición económica, sexo, deben gozar de derechos políticos; 2) el voto de todos los ciudadanos debe tener el mismo peso, 3) todos los titulares de derechos políticos deben ser libres para votar según su propia opinión, formada lo más libremente posible, es decir, en una competencia libre entre grupos organizados; 4) deben también ser libres en el sentido de que deben estar en condiciones de elegir entre opciones diferentes, es decir entre partidos que tengan programas diversos y alternativos; 5) tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas debe valer la regla de la mayoría numérica, 6) ninguna decisión adoptada a mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho a convertirse en su momento también en una mayoría en igualdad de condiciones (2005:83) [También existe versión electrónica en: http://redalyc.uaemex.mx/ pdf/592/59202605.pdf]. Este autor destaca que la vida pública de un colectivo puede ser considerada democrática si las decisiones políticas no caen desde lo alto sobre las cabezas de los ciudadanos, sino más bien son el resultado de un juego en el cual participan, y controlan, los mismos ciudadanos.

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advierte que se desatiende lo sustancial, o sea, de qué manera se cumplen los fines que la Constitución y la ley prescriben para lo democrático. En el caso concreto no sabemos cómo en la democracia mexicana se acredita el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, fuera de los indicadores formales. Aquí nos hacemos eco de una idea de Diego Valadés para incorporar los estándares de felicidad a la medición de los beneficios que la asociación colectiva proporciona4. Como se advierte el problema no es menor, no se trata única y exclusivamente de entender el contenido del sistema político desde el punto de vista de sus componentes: objetos y ambiente; sino cómo ese sistema se vuelca hacia el ser humano, al pueblo como sujeto político, sin caer en el exceso conceptual del humanismo, para mostrar de qué manera el sistema político garantiza efectivamente las mejores condiciones de vida al sujeto originario de la asociación política. En este contexto, los partidos políticos son las instancias a partir de las cuales se hace realidad el acceso ciudadano al poder5, por lo que es necesario reflexionar sobre su papel en la construcción de la democracia, partiendo de una contradicción: si los partidos políticos evolucionan a partir de la facción y si aún no pierden su carácter de parte, en el sentido de facciones o partidos, ¿cómo se garantiza, más allá de la sumisión formal de estas facciones al derecho, que cumplan con el proyecto de nación constitucional y generen efectivos beneficios colectivos? ¿Los partidos políticos cumplen efectivamente con la democracia sustantiva? ¿Cuáles son los indicadores que nos permitirían una respuesta positiva o negativa? Consideramos de manera provisional que podemos responder estas preguntas acudiendo a la idea de democracia sustantiva; así,

Opinión vertida en la conferencia pronunciada el viernes 6 de abril de 2011, en el Foro “La Protección de la Salud como obligación del Estado, en el marco del seminario permanente 15 años, 15 temas. Una reflexión para el futuro”. Véase el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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en la medida en que los partidos políticos la incorporan en su acción colectiva se cumple el proyecto constitucional de nación.

DEMOCRACIA SUSTANTIVA COMO ESTÁNDAR DE JUSTICIA En el famoso discurso de Gettysburg, la democracia se consideró como el “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”6, reflexión que encontramos en nuestro ordenamiento constitucional, donde se plasma la “voluntad” del pueblo mexicano de constituirse en una República representativa, democrática y federal7, visión que permite superar la idea negativa de la democracia contenida en La Política de Aristóteles. No desconocemos las diferencias conceptuales entre el discurso antiguo y actual, sin embargo, podemos salvar las contradicciones aceptando que los discursos antiguos pueden servir de orientación —comparación o contrastación— para delimitar las conceptualizaciones actuales8. Hecha la aclaración, en la teoría aristotélica el ciudadano debía tener el conocimiento y la capacidad de mandar y obedecer, en este sentido, es quien participa en la magistratura indefinida, esto es,

Discurso pronunciado por Abraham Lincoln en Gettysburg (Pensilvania) el 19 de noviembre de 1863. Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entrecomillamos la palabra “voluntad” porque parece referirse más a una situación hipotética que a un hecho real. Umberto Cerroni nos alerta sobre el problema al destacar: advertencias como las anteriores son esenciales en la historia del pensamiento político, para evitar que el equilibrio de los variados elementos de un determinado complejo conceptual —por ejemplo el de la Política de Aristóteles— sea alterado por nuestra indagación, interesada en verificar aquello en que ese complejo conceptual preanuncie aquello que podría ser considerado como mero “defecto”, caducidad o falta de respeto de éste; con lo que se nos escaparía el significado auténticamente histórico que aquel complejo conceptual tiene en su preciso contexto de la historia de la civilización. (Véase Cerroni, 2004:15-16).

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tiene derecho a participar en el poder deliberativo (asamblea) o judicial de la ciudad, así, el ciudadano se define por su participación en la judicatura y el poder. La Constitución es el ordenamiento de la ciudad respecto a sus magistraturas; el gobierno es soberano y la Constitución es el gobierno, las constituciones que miran el interés público son rectas y las que miran el interés particular son erradas, desviaciones de las correctas (Aristóteles, 2000:197-198, 203-204). Además, destaca que los términos Constitución y gobierno significan lo mismo. Cuando uno, los pocos o los más gobiernan para el bien público, las formas de gobierno son: la monarquía que es unipersonal, el gobierno de más de uno pero pocos es la aristocracia; cuando la multitud gobierna es la república o gobierno constitucional, la clase más poderosa en esta clase de gobierno es la militar. Las desviaciones de estas formas de gobierno son: de la monarquía; la tiranía que es la monarquía en interés del monarca; de la aristocracia, la oligarquía que es la aristocracia en interés de los ricos; y de la república, la democracia que es la república en interés de los pobres, y ninguna de estas formas de gobierno mira la utilidad común (Aristóteles, 2000: 201, 204-205, 221)9. Para conjurar el peligro de la multitud pobre, por los errores, injusticia o enemistad; según Aristóteles (2000:208) es necesario otorgar al pueblo parte del poder, esto es, que participen en la función deliberativa y judicial, sostiene que por eso Solón y otros legisladores asignaron al pueblo la función de elegir a los magistrados y tomarles cuentas, sin permitirles gobernar individualmente. Así, según Aristóteles (2000:204, 235, 287): Cuando la multitud gobierna con miras al interés público se llama república o gobierno constitucional, destaca además, que este régimen tiene

Aunque debemos destacar que en la versión de Antonio Gómez Robledo de La Política de Aristóteles, la palabra “democracia” cuenta con un uso “positivo” (e. g. “la democracia existe cuando son los libres quienes detentan la soberanía”, p. 223 y “los antiguos llamaran democracias a las que hoy llamamos repúblicas”, p. 235), a nosotros nos interesa destacar el problema de la democracia como “desviación” de la forma de gobierno republicana, y de su tránsito a “gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”.

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como virtud lo militar, en esta clase de república la clase militar es la más poderosa y los ciudadanos armados tienen parte en el gobierno. El gobierno debe estar constituido solamente por los que tienen armas, y quienes tienen en su poder las armas, tienen también en su poder la permanencia de la república. Por lo anterior debemos llamar la atención hacia un hecho ignorado en los debates, pero trascedente para la comprensión del problema que abordaremos: la Constitución Norteamericana de 1787, uno de los modelos que inspiran al sistema de gobierno mexicano, no utiliza la palabra democracia. Sin embargo, en el artículo cuarto de la Sección Cuarta de esa Constitución se garantiza a cada estado de la Unión Americana “una forma republicana de gobierno”10. En la enmienda II se establece la idea de una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, por lo que plasma el derecho del pueblo a “poseer y portar armas”11. En este contexto, no debemos olvidar que nuestro artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna el derecho de los habitantes a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa12. Así, el sentido de lo soberano se relaciona no sólo con el ejercicio de la magistratura colectiva titular de la soberanía, sino también con la posibilidad de su defensa: en la República el derecho ciudadano de poseer y portar armas, forma parte de la garantía de la democracia, porque se relaciona con la posibilidad de enfrentar

The Constitution of the United States, Article IV, Section. 4. The United States shall guarantee to every State in this Union a Republican Form of Government, and shall protect each of them against Invasion; and on Application of the Legislature, or of the Executive (when the Legislature cannot be convened), against domestic Violence. The Constitution of the United States, Amendment II A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. Primeras diez enmiendas de 15 de diciembre de 1791 (Bill of Rights). Aunque en ese precepto se hace excepción de las armas prohibidas por la Ley Federal y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; además, destaca que la ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

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los ataques que sufre constantemente el Estado por parte de diversos grupos, e incluso con el uso ilegítimo que se hace del poder13. Debido a esto, previo al estudio de los partidos políticos se requiere una teoría del ciudadano que permita conciliar de alguna manera la interacción de lo que se considera el “sistema” de partidos y lo que formalmente constituye el acceso al “poder”. Como lo destaca Umberto Cerroni (2004:97-98), el pueblo es un puente entre el elemento natural, el territorio y el ideal abstracto de soberanía; en cambio el “ciudadano” es el sujeto primario de la política, los demás: partidos políticos, sindicatos, asociaciones y grupos son sujetos secundarios y, como tales, prescindibles en la relación política. También sostiene que no todos los integrantes de la población hacen funcionar la voluntad política del pueblo, sólo aquellos que responden a determinados requisitos esenciales (como edad). Además, nos advierte que la soberanía del pueblo se ejerce por vía indirecta mediante la representación política. Así, la idea de lo democrático, con los caracteres destacados se encuentra en la fórmula de Lincoln, sentido que se refrenda en la Constitución de nuestro país al destacar: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo14. La segunda parte de la fórmula parece confirmar la lectura realizada, al señalar: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. ¿Quién es el pueblo en la democracia? Cerroni (2004:98) responde que es un elemento del Estado, pero también un conjunto de entes naturales y un sujeto político. Como “todo poder dimana del pueblo”, la idea de lo democrático se resuelve o ¿disuelve? de alguna manera en el titular del poder soberano: el pueblo como sujeto político en el sentido aris-

Pierre Grimal (1998:51-52) narra como en la época republicana en Roma, la libertad se definía por la existencia de dos magistrados que encabezaban el gobierno anualmente y por el hecho de que el poder supremo (el imperium) procede de las leyes y no de los hombres. Sin embargo, siguiendo a Tito Livio, destaca cómo uno de los hombres que contribuyeron a expulsar al monarca Tarquino el Soberbio, Lucio Tarquino Colatino fue expulsado del cargo por el otro cónsul, Bruto, y enviado al destierro, así, sostiene que el primer acto de la ciudad “libre” es privar de su derecho de ciudadano a un hombre. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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totélico, esto es, como titular de la magistratura (el cuerpo electoral o los electores) que elige a los magistrados (a los titulares de los órganos públicos) y les pide cuentas (Aristóteles, 2000:235-236)15. Pero lo democrático no sólo tiene una función positiva, también funciona como ideología. Maurice Joly (2009:195) pone en boca de Maquiavelo: el sentimiento de la soberanía absoluta penetra en los espíritus más rebeldes, como la gota de agua que sin cesar cae de la roca orada al pedestal de granito16, así, lo democrático se transforma en un relato que orienta otros relatos sociales. En otra dimensión, Umberto Cerroni (2004:99) señala que la moderna “soberanía popular” se revela articulada por dos elementos esenciales: la legitimación de todos los intereses particulares de los miembros de la nación y la necesidad de su integración selectiva en la voluntad política, lo que significa que ningún interés puede ser excluido de la competencia política y que los intereses particulares deben competir por obtener un consenso político general (mayoritario). Sin embargo, la visión de Cerroni es limitada, porque se agota en lo formal, en la competencia y el consenso, lo que soslaya la belleza de su fórmula que alude a la legis-matio17 de todos los intereses particulares, o sea, el probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las leyes18, lo que agrega a lo democrático otra dimensión: los actores políticos tienen la obligación de informar y justificar sus acciones, esto es, rendir cuentas

Aristóteles destaca que el “poder deliberativo” es soberano en lo que atañe a la guerra y a la paz, así como las alianzas y su disolución; y también en lo que se refiere a las leyes, la imposición de la pena capital, destierro y confiscación, y también para tomarles cuentas a los magistrados. Aunque el autor se refiere al valor de lo simbólico para la construcción de la imagen del soberano, más que a la soberanía como abstracción. Se destaca que la palabra “ley” (latín lex) se refiere a la fórmula (regla) para mezclar metales, especialmente las monedas de oro romanas. El genitivo de lex es legis. Esta palabra contiene la raíz indoeuropea leg (pie, escoger y elegir) que se encuentra en la palabra “legitimación” (Indogermanisches Etymologisches de Julius Pokorny). Pie de página elaborado con información de http://etimologias. dechile.net/PIE/?leg, consultada el 12 de mayo de 2011. Éste es uno de los significados de legitimar según el Diccionario de la Real Academia Española.

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en términos de ley; lo que implica que el pueblo como sujeto político no sólo tiene el derecho de recibir esas cuentas, sino también el deber de evaluar esas justificaciones para pronunciarse sobre la calidad de lo democrático. Esto se desprende de la delimitación que realiza Loewenstein (1970:24) de la idea de soberanía ya destacada19, porque la racionalización jurídica del factor poder involucra necesariamente la ley. Así, en las democracias, al menos en la teoría, y aunque suene algo arcaico, el poder soberano es aquel que elabora las leyes, esto es, el que orienta cierta idea de justicia en esas normas. En este orden de argumentos, el pueblo como sujeto político es el origen y destino final de la democracia, por eso no es extraño que desde la antigüedad se establezca que nadie puede hacer uso digno de la autoridad si no ha sabido antes obedecer20, de lo que se infiere que el mando o la autoridad requieren de un tránsito natural; la obediencia prepara de alguna manera para ejercer la autoridad. Desde esta perspectiva, el ciudadano se define por su participación en la judicatura y el poder (Platón, 2008:134; Aristóteles, 2000:197-198). Así, el régimen jurídico mexicano destaca que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo21, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y de los Estados22, el cuadro se complementa con la idea de la democracia como sistema de vida, donde se entiende a lo democrático como el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo23, es con estos elementos con los que debe darse la “evaluación” de lo democrático (CPEUM, Art. 3º, 39, 41).

Si la “soberanía” es una “racionalización” esto es, sujetar a leyes al poder, esas leyes son “reglas” para contrastar los fines de lo democrático. Aristóteles (2000:202) destaca que la virtud del ciudadano es mandar y obedecer. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Véase el artículo 41, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3°, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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La democracia o lo democrático no es inamovible en el constitucionalismo mexicano, porque se destaca que: El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Sin embargo, sí existe la limitante de que cualquier clase de asociación política debe proveer de beneficios al pueblo, esto es, al sujeto político por excelencia en la asociación. Así, el constitucionalismo de nuestro país contiene tres ideas de democracia: a) como estructura jurídica, b) como régimen político y c) como sistema de vida. Esta última delimitación es importante porque se entiende lo democrático como sistema de vida como proyectivo, esto es, como lo que se sustenta en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo (CPEUM, art. 3º)24. Desde este punto de vista, en nuestra opinión el esquema formal de la democracia se agota en el sistema jurídico y político. Sin embargo, existe otra dimensión de lo democrático, como lo destaca Platón: la acción política ha llegado a su verdadera finalidad, que es entrelazar un sólido tejido y cruzar los caracteres fuertes con los moderados hasta conseguir que el arte real, uniendo así una vida común por los lazos de la concordia y de la amistad a estos hombres diferentes, formando el mejor y más magnífico tejido de constituir un todo y abarcando a la vez a todos los hombres libres y esclavos que haya en los Estados; encierre todo entre sus mallas y sin omitir nada de lo que pueda contribuir a la prosperidad del Estado, mande y gobierne (Platón, 2008:405).

Así, estos elementos los podríamos adaptar a la época moderna y dejar en claro que la unión de todos los habitantes de la nación y prosperidad del país deberían ser los fines del mando y gobierno, o sea, del poder político. Aquí surge un fin del Estado que se puede identificar plenamente con lo justo, se debe cumplir con los fines de la asociación política. Desde esta perspectiva, lo sustancial sólo es mensurable en la medida en que efectivamente se logra el proyecto de nación contenido en la Constitución, es decir, la acción pública se traduce en un

Artículo 3°, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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mejor nivel de vida para la población en los ámbitos económico, social y cultural: aquí está presente lo sustantivo de la democracia. La democracia sustantiva tiene como destinatario el titular de la soberanía y es una consecuencia del ejercicio del poder soberano, lo que significa que los actores políticos en general y los partidos políticos en particular deben “justificar su presencia en la institucionalidad mostrando al electorado la calidad de esa democracia”, tomando como regla de contrastación los fines constitucionales y legales de la asociación política. Así, la democracia formal se relaciona con las estructuras y sus funciones, esto es, que en los ordenamientos legales y constitucionales se plasmen una serie de órganos y facultades que hagan realidad la presencia de la voluntad popular en el poder; como el sistema de partidos, el voto, esquemas de solución de controversias, etc., que permitan calificar de alguna manera una forma de gobierno como democrática. Así, en esta visión, lo democrático se agota en los procesos electivos que permiten la renovación de los poderes mediante elecciones libres, auténticas y periódicas (véase CPEUM, art. 41)25. En cambio, la democracia sustancial aparece en ese espacio donde el poder, gobierno o la administración, siguiendo a Aristóteles, cumplen efectivamente con los fines de la asociación política, esto es, con el beneficio del pueblo; para dejarlo más claro, es en este espacio donde encontraremos el vínculo entre ciudadanía y justicia en cuanto a que las instituciones sociales realizan sus fines, entre ellos la justicia26.

Esta es la visión de Giovanni Sartori (2010:222), quien en el Posfacio a su Ingeniería Constitucional Comparada señala: “Recientemente, y con sólo permitir elecciones libres y respetar su veredicto, México ha logrado transformarse en un régimen presidencial democrático mediante un proceso sostenido y fluido”. De hecho el artículo 3, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca: La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Además, el artículo 17, párrafo segundo, de la propia Constitución federal prescribe el derecho de todo ciudadano a que se le administre justicia por tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes.

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Así, el estándar de democracia sustantiva puede transformarse en una mejor herramienta para evaluar el sistema político, sobre todo porque no se limita a lo formal o legal, aunque lo incluye, sino que los trasciende y se vuelca hacia los destinatarios de la acción política, aquellas personas denominadas destinatarios del poder, enfocándose en los fines de la acción política y la manera en la que los actores políticos contribuyen a su realización.

LA DEMOCRACIA SUSTANTIVA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS Desde la perspectiva formal y sustancial, corresponde ahora analizar uno de los actores políticos por antonomasia: el partido político y destacar cómo debe servir de manera sustantiva a sus fines Es lugar común referirse a la génesis de los partidos políticos a partir de la facción. Al referirse a esa idea en la Roma antigua, Pierre Grimal destaca: Las alianzas familiares y políticas que los nobles realizaban entre sí fueron estimadas como facciones. La palabra facción que habría de tener una gran fortuna, 19 siglos después fue analizada magistralmente en la obra de J. Hellegourac’h sobre el Vocabulaire des relations et des partis politiques sous la République. El vocablo designa a las agrupaciones formadas por un pequeño número de personas que tienen miras de apelar todos los medios de que disponen para obtener lo que desean. Lo cual equivale a un intento de falsear la vida política, a una violencia hecha a la libertad (Grimal, 1998:69).

Para distinguir al partido político de la facción, Bolingbroke27 estableció en 1733 que los partidos dividen al pueblo en función de ciertos principios; en cambio, las facciones se constituyen a par-

Henry St John, 1er Visconde Bolingbroke (1678-1751), político y filósofo inglés identificado con el partido “tory”.

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tir de intereses exclusivamente personales (Goldsmith, 1890:1415,82,87)28. En 1770 Edmund Burke (1942:289) definió al partido político como “un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante una labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo”. Como se advierte de estas ideas, parece que los partidos políticos al institucionalizar los principios los transforman, a partir del consenso de sus integrantes, en base para la lucha política, lo que implicaría que en esos grupos existen dos elementos claves: los principios como ejes de acción política y el consenso de los miembros del grupo sobre el contenido de esos principios. El constitucionalismo mexicano no define los partidos políticos, sin embargo, destaca que son entidades de interés público; establece la reserva de ley para su registro e intervención en el proceso electoral; y destaca el derecho de los partidos políticos nacionales de participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. Además, los partidos políticos tienen como fines promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos: hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público (véase CPEUM art. 41, frac. I). Desde esta perspectiva podemos definir a los partidos políticos como las organizaciones de ciudadanos que promueven la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyen a la inte-

A country party must be authorized by the voice of the country. It must be formed on principles of common interest. It cannot be united and maintained on the particular prejudice any more than it can, or ought to be, directed to the particular interest of any set of men whatsoever; además destaca: They did not enough consider, that they were changing the very nature of their party, and given a opportunity to the court, which was them become, in the strict sense of the word, a faction, to grow up into a party again, and such as would divide, at least, the people in them, upon principles, plausible in those days, and sufficient to raise a spirit capable to disappoint all their endeavors) y (National interest would no be longer concerned; at least on one side. They would be sometimes sacrificed, and always made subordinate to personal interest; and that, I think, is the true characteristic of faction.

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gración de la representación nacional y permiten el acceso al poder público. Así podemos entender a los partidos políticos como instancias de intermediación (¿representación?) entre los ciudadanos y la institucionalidad, atendiendo el papel de formación cívica, la idea de la integración de la representación nacional y el hecho de que permiten el acceso de los ciudadanos al poder. Hay que señalar que no existe ninguna limitación para que cualquier ciudadano participe políticamente, atendiendo a que constitucionalmente se establece que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Aquí surge una primera contradicción del papel de los partidos políticos mexicanos en nuestra democracia. En términos constitucionales sólo son ciudadanos quienes hayan cumplido dieciocho años y tengan un modo honesto de vivir (CPEUM, Art. 34), en cambio, la nacionalidad mexicana (la pertenencia al pueblo como sujeto político) es por nacimiento o naturalización (CPEUM, Art. 30), así, la necia realidad nos muestra que en el “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, existe un grupo al que se excluye de las decisiones públicas, a saber, a quienes carecen del estatus de ciudadanos, pero la contradicción es mayor cuando se interpreta el papel de los partidos políticos como monopólico en lo que se refiere al acceso al poder, porque también se restringe a los ciudadanos no organizados en los partidos políticos el acceso a la institucionalidad. Esta contradicción no limita que los partidos políticos se organicen de acuerdo con programas, principios e ideas mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, porque las autoridades electorales pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señale la ley. En otro orden de ideas, para asegurar el cumplimiento de los fines de los partidos políticos, legalmente se garantiza que cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades; además se establecen las reglas para el financiamiento de los partidos y sus campañas electorales, garantizando que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado (CPEUM, Art. 41, frac. II).

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Destaca además el acceso de los partidos políticos nacionales, de manera permanente, a los medios de comunicación (CPEUM, Art. 41, frac. III), permitiéndoles difundir sus ideas entre el electorado. Para complementar el esquema se establece que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. Se definen reglas en materia de campañas e inicio de la contienda electoral. Resalta también la presencia de un órgano administrativo, el Instituto Federal Electoral (IFE) como autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia y un órgano superior de dirección integrado por un consejero presidente y ocho consejeros electorales; y con los consejeros del poder legislativo, los representantes de los partidos políticos, un Secretario Ejecutivo, órganos ejecutivos y técnicos con el personal calificado para prestar el servicio profesional electoral y una Contraloría General con autonomía técnica y de gestión. Ese Instituto tiene a su cargo, en forma integral y directa, las actividades de capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, el padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. En materia de finanzas de los partidos políticos nacionales, destaca que su fiscalización estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del IFE, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del pro-

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pio Consejo a propuesta del consejero Presidente (CPEUM, Art. 41, frac. V). Por último, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se crea un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación. Se establece también que en materia electoral, la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado (CPEUM, Art. 41, frac. VI).

LA REALIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICo En México, a nivel nacional, compiten diversos partidos para ganar el voto de los ciudadanos: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Verde Ecologista de México(PVEM), el Partido del Trabajo (PT), y el Partido Nueva Alianza (PANAL). Estos institutos deben cumplir con los fines constitucionales. No obstante, un partido político “verdadero” tiene la voluntad de acceder al poder estatal, pero se entiende que su ejercicio del poder —acceder a él— por mandato popular puede ser revocado en otro ciclo electoral, como se advierte, lo definitorio de la democracia es el papel del ciudadano, no el partido político (De Andrea, 2002:42). La institucionalización de los partidos políticos en México es reciente, data de la reforma política de 1977-197829. En este con29

Véase Paoli Bolio, Francisco José; Naturaleza de los partidos políticos, en http:// biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2967/25.pdf, consultado el 13 de junio de 2011.

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texto, si atendemos al discurso oficial, el sistema de partidos funciona de manera excepcional, sin embargo, la percepción social es diferente. Como lo destaca Daniel Moreno (1994:41), a pesar de que el postulado que provocó el estallido, independientemente de las causas profundas, del movimiento de 1910 fue el sufragio efectivo y la no reelección; la elección fue más bien el acuerdo o conveniencia de quienes más tarde habrían de conocerse como la familia revolucionaria30. El 20 de enero de 1929, al darse a conocer la declaración de principios del Partido Nacional Revolucionario (PNR) —antecedente del PRI— se destacó: El PNR acepta en forma absoluta y sin reservas de ninguna naturaleza, el sistema democrático y la forma de Gobierno que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Moreno, 1994:118-119). Según Eduardo García Gaspar (2008), la expresión ha cobrado fama. Se repite con cierta frecuencia que México después de 2000 no es propiamente una democracia, sino una partidocracia. Por su parte, Víctor Sánchez Baños (2007) destaca: En México se vive una democracia cosmética. Los mexicanos asistimos a las urnas para votar, pero al final de cuentas las reglas para las elecciones no son realizadas por el pueblo ni para el pueblo, sino por los partidos políticos que son los que se despachan con la cuchara grande (…) Cada que los intereses partidistas están en riesgo, hacen una “reforma electoral”. Por su parte, José Enrique Olvera (2011) señala: Poniéndose en evidencia la pobreza de la incipiente democracia representativa en México, a la par que se exhibe la profundidad de la crisis de

El autor destaca (1994:42,43), siguiendo a Jorge Vera Estañol, la reunión de 25 de octubre de 1916 en la que participaron los “ciudadanos armados” generales Pablo González, Álvaro Obregón, Cándido Aguilar, Cesáreo Castro, Alejo González, Rafael Tejada, Francisco Cosío Robelo, Fermín Carpio, Nicolás Flores, Fernando Vizcaíno, César López de Lara, Manuel W. González, Carlos Green, Alfredo Rodríguez, Rafael de la Torre, Flores Alatorre y otros muchos oficiales del ejército, y los licenciados Herminio Pérez Abreu, Jesús Rodríguez de la Fuente, José Inocente Lugo y varios más, para constituir el Partido Liberal Constitucionalista y designar a Venustiano Carranza como Ejecutivo.

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un sistema político en el que los partidos nacionales representan a un sector minoritario de la población al haber perdido confianza, legitimidad y eficacia como interlocutores, se arrogan por sus pistolas una soberanía nacional que por principio, en su Artículo 39, la Constitución General de la República establece que “esencial y originariamente reside en el pueblo”. Más adelante el autor sostiene: Si bien la propia Constitución en su Artículo 41 determina que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en ningún caso concede tal atribución a los partidos políticos, hoy constituidos de facto en una rancia “partidocracia” autoritaria y patrimonialista que, despachándose con la cuchara grande, determina quehacer y rumbo del Congreso de la Unión en demérito de la representatividad democrática hoy secuestrada (Olvera, 2007). La alternancia política entre los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional no ha tenido el resultado deseado, como lo destaca Daniel Moreno (1994:401), haciendo eco de un artículo de Antonio Vargas MacDonald, señala que las ideas políticas del PAN se modifican gradualmente para acercarse a las que profesa el régimen31. Desde este punto de vista el argumento de la presencia de la alternancia democrática en el sistema político mexicano es menor, además, deja sin argumentos el tránsito democrático que, según algunos, se dio en el México contemporáneo el 2 de julio de 2000, con las elecciones en las que triunfó Vicente Fox, porque los esquemas de decisiones públicas son los mismos, sin importar cuál partido gobierne. Desde esta perspectiva los grandes problemas de la política son: 1. El concepto de ciudadanía ¿abarca a todos o sólo a unos cuántos? 2. Las funciones del Estado ¿la esfera de actividad del Estado es limitada o ilimitada? 3. La fuente de autoridad ¿se origina en el pueblo o en el gobierno? 4. La organización de la autoridad ¿el poder está concentrado o disperso? 5. La magnitud del Estado y 31

El autor destaca que el jefe del PAN en esa época descubrió que el Estado moderno debe abandonar la democracia. La fuente que cita Moreno es la revista Siempre! del 15 de diciembre de 1965.

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sus relaciones externas ¿Qué unidad de gobierno es preferible y realizable? ¿Qué sistema entre Estados existe? El primer problema es la elección entre la igualdad y la desigualdad; el segundo la elección entre el Estado pluralista y el Estado monista; el tercero la elección entre la libertad y la dictadura; el cuarto entre la dispersión de poderes y la unificación; y el quinto la elección entre una multitud de Estados o un Estado universal (Lipson, 1964:34-35). Estos grandes problemas se concentran sólo en aspectos cuantitativos de la política, sobre todo el concepto de ciudadanía y la fuente de la autoridad, en este contexto se soslaya el problema de la calidad de la democracia.

A MANERA DE CONCLUSIÓN Y PROLEGÓMENOS: HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARTIDARIA Si después de los argumentos anteriores no generamos una efectiva reflexión sobre el papel de los partidos políticos en la democracia, encaminada a la realización de lo sustantivo percibido como institucionalidad, entonces nuestras ideas quedarían truncas, porque, para avanzar en la mejora constante del pueblo, en mi opinión, se requiere la construcción de una nueva institucionalidad partidaria. Así, una de las cuestiones más difíciles en la vida política mexicana es la contradicción entre la acción política y el discurso, como se advierte del cumplimiento de las promesas vertidas en las campañas políticas o en la toma de decisiones públicas —como lo es lanzar al país a una guerra—, lo mismo en el caso de los candidatos presidenciales, a las gubernaturas estatales y aun a las diputaciones y senadurías federales (Lipson, 1964:409). Lo anterior acredita uno de los absurdos de la institucionalidad política mexicana: los políticos se desvinculan de la ciudadanía. Este escrito muestra la necesidad de transformaciones en la legislación electoral, por razones obvias me centraré en los partidos políticos, en este sentido plasmaré algunas ideas, no limitativas que,

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considero, pueden servir de conclusión a los argumentos vertidos, pero que, además, pueden utilizarse como prolegómenos para una discusión más sólida sobre el papel de los partidos políticos en la democracia sustantiva, por lo anterior, el debate debe centrarse en: 1. Generar una reflexión amplia sobre el contenido y las implicaciones de lo democrático en el país, sobre todo en lo que se refiere a lo definitorio de la democracia, como operador en lo político y en el subsistema gobierno, mi propuesta es enfocarse en lo sustantivo de la democracia. 2. Propiciar un giro de la política hacia el ciudadano, terminar con la perversión que los intereses personales o de grupo incorporan a lo político y poner énfasis en los derechos del pueblo políticamente organizado, construyendo ciudadanos efectivos, desterrando la visión de súbditos o simples electores; esto implica la necesidad de una teoría sólida del ciudadano. 3. Entender el papel del partido político en la democracia, partiendo de la idea de que la participación democrática no puede sustentarse en ideologías que arropen la desigualdad, por lo que debe permitirse una efectiva competencia de los partidos políticos con otros institutos políticos. Además, es prudente desterrar la visión privada de esos institutos públicos32. 4. Debatir seriamente el financiamiento de los partidos, sobre todo si consideramos su cercanía a los intereses de facción que limitan en los hechos el valor de su representación; por eso, si aceptamos las implicaciones de la representación de los intereses de facción por parte de los partidos políticos, debemos preguntarnos por qué los ciudadanos estamos obligados a financiar esos intereses, que no los colectivos; en cambio, si aceptamos la idea de una democracia sustancial, el financiamiento público debe constituir

Es importante destacar la idea de Francisco José Paoli Bolio, quien propone dejar de considerar a los partidos políticos como entidades de interés público, sino de derecho público. Estableciendo la primacía de lo público sobre lo privado. Cambio que, en mi opinión, no es menor (véase: Paoli Bolio, Francisco José; Naturaleza de los partidos políticos, en http://biblio.juridicas.unam.mx/ libros/6/2967/25.pdf, consultado el 13 de junio de 2011).

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una garantía (herramienta democrática) para acceder a la igualdad en la contienda electoral. 5. En concordancia con lo anterior, fortalecer una efectiva competencia política, en particular eliminar el sistema de derechos adquiridos de los partidos políticos, que premia de manera absurda las violaciones a la ley al permitir que partidos políticos que “ganan” las elecciones usando recursos ilegales (dinero público, propaganda negra, uso faccioso del aparato estatal, etc.), continúen recibiendo mayores prerrogativas del Estado. 6. Sin contrariar la vida interna de los partidos, establecer esquemas que permitan la circulación de los militantes en los órganos de dirección partidaria, obligando a las dirigencias de los partidos políticos a demostrar su compromiso con la democracia, estableciendo procedimientos claros, efectivos, eficaces y democráticos para garantizar que en la renovación de sus dirigencias podrán participar todos los militantes que lo deseen, sin mayores limitantes que las legal y estatutariamente establecidas. 7. Aprovechando las herramientas legales del Estado mexicano, eliminar la zona de penumbra en la que se ocultan los partidos políticos y obligarlos a cumplir directamente, no a través del Instituto Federal Electoral, con transparencia, rendición de cuentas (fiscalización) y sobre todo con estándares de compromiso ideológico adecuados con la democracia sustantiva. 8. Plasmar en el nivel constitucional la obligación de los partidos políticos de transformarse en efectivas escuelas de democracia, lo que implica que el gasto sustantivo de los partidos políticos debe ser el cívico-cultural, no el propagandístico electoral; por lo que se debe limitar drásticamente el uso de la propaganda política en espacios públicos. La difusión de las ideas políticas debe anclarse en lo republicano. 9. Impedir el uso faccioso de los medios de comunicación, en particular debe reconocerse que eventualmente una reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe evitar que el gobierno de cualquier signo partidista utilice los medios a su disposición, sobre todo los medios de información, para disfrazar de comunicación social lo que en realidad es propaganda política a favor de un partido político. También se

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debe avanzar hacia una ley general de imagen pública y difusión social. 10. Generar esquemas eficientes de control para evitar que los partidos políticos —sus dirigencias o militancias— utilicen los cuadros administrativos en los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, tanto federal como estatales, impulsando, entre otras medidas, una ley de neutralidad de la administración pública; generando esquemas de ingreso, permanencia y egreso en donde se privilegien los méritos y no la pertenencia a un partido político. 11. El tema de la justicia electoral es trascedente, no se puede judicializar la política, pero tampoco es prudente permitir que los políticos violen la ley, impunemente amparados en el poder delegado que ejercen cuando se integran a la institucionalidad en los órganos de gobierno. Los integrantes de los partidos políticos desde las dirigencias hasta las militancias sólo pueden cometer infracciones legales o delitos, las infracciones legales deben sancionarse en la vía administrativa; los delitos, en la vía penal. Desde esta perspectiva, un avance significativo sería eliminar la jurisdicción especial que se creó para los partidos políticos representada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sujetarlos junto con sus integrantes a las normas que se aplican a la población en general. Estos conceptos: definición de la democracia, giro al ciudadano, igualdad de participación, financiamiento, renovación democrática de directivas, transparencia, rendición de cuentas y estándares sustantivos, educación cívico-cultural, escuela democrática, imparcialidad y control, y justicia electoral, podrían ser la base para la generación de una nueva institucionalidad partidaria en México, sustentada en la ley, como la “razón sin apetito”.

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TERCERA PARTE

ACERCA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA

CUOTAS DE REPRESENTACIÓN POR GÉNERO EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Francisco Saracho Navarro

INTRODUCCIÓN Nuestra constitución política garantiza la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Asimismo condena la discriminación fundada en motivos de raza, cultura, lengua etc. Podría pensarse que México es un país donde la interculturalidad tiene cabida, donde la convivencia entre las diferentes culturas y el respeto entre los diferentes grupos de la sociedad se dan en un marco de igualdad y no discriminación y que pueblos indígenas, grupos homosexuales, feministas, ecologistas, etc., participan en la conformación de la democracia mexicana; evidentemente esto no es así. En el contexto internacional la situación tampoco es tan distinta. En el caso de las mujeres, durante mucho tiempo se les ha ubicado dentro de los grupos minoritarios que no cuentan con una efectiva y verdadera participación política. En la actualidad no podemos considerar a las mujeres como parte de un grupo minoritario, ni podemos pensar que carezcan de participación política. Muchos cargos públicos, de gran importancia, son dirigidos por mujeres (piénsese, por ejemplo, en el caso de la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, o en el caso de la Presidenta Dilma Rousseff en Brasil). Su inclusión en los centros educativos es innegable, en la investigación, en la ciencia y la tecnología. Los movimientos feministas de la década de los 60 y 70 han transformado radicalmente a la sociedad contemporánea. El camino de las mujeres en esta tarea por la reivindicación de sus derechos se ha caracterizado por un sinnúmero de desaguisa-

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Francisco Saracho Navarro

dos y sinsabores que, a la fecha, han sido atenuados por su mayor posicionamiento en la vida política de muchas naciones. En nuestro país este recorrido también ha tenido que librar múltiples obstáculos. En materia de equidad y género, no fue sino hasta el año de 1953 que se concedió el voto a la mujer (por reforma al artículo 34 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de ese año)1. Más tarde y mediante una reforma a la constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974, se estableció en el párrafo primero del artículo 4º constitucional, la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley (Carbonell, 2005:138). En muchos países a pesar de los cambios institucionales, aún persiste cierta reticencia de los sectores más conservadores a aceptar la inclusión de las mujeres en los diferentes ámbitos de la estructura política. Es necesario ya no un cambio institucional, sino axiológico que permita salvar estas reticencias. El cambio no empieza en las instituciones gubernamentales, ellas sólo son el reflejo de una sociedad determinada; el cambio empieza con la modificación de los patrones culturales en la sociedad2. Acertadamente Ely Chinoy señala (2004:64) que: La considerable variación que hay en los papeles desempeñados por hombres y mujeres en diferentes sociedades sugiere la posibilidad de que, con excepción del embarazo, no hay diferencias inherentes, y que la masculinidad y la feminidad, los papeles masculinos y femeninos, dependen solamente de lo que la cultura les atribuya.

Las mujeres pues, no requieren y no piden, ser calificadas como un sector vulnerable en la sociedad, requieren que se tomen

Es importante señalar que la infravaloración jurídica y social de la mujer no es exclusiva de México. Un país democrático como Suiza concedió el derecho de votar a las mujeres hasta 1971 (Carbonell, 2005:124). Iris Marion Young señala que una verdadera teoría de la justicia debe comenzar con un análisis de los conceptos de dominación y opresión que se dan en un determinado contexto histórico y cultural para realmente tener una teoría de la justicia capaz de responder fácticamente a las necesidades de una sociedad. Para ello, será necesario partir de un análisis de la dominación sufrida por la mujer, en palabras de Marion Young, partir de “oír un grito de sufrimiento o angustia” (Marion, 2000:16).

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las medidas necesarias, para que su presencia y participación, en los ámbitos donde se ejerce el poder, sea significativa y sobre todo, cobre trascendencia, lo que implica no sólo ese cambio en los valores de la sociedad (que resulta esencial), sino también el que se realicen las reformas legales y constitucionales necesarias para colmar ese fin. Como señala Estela Serret (2004:54) “no se trata sólo de ver con buenos ojos una imagen social que ha sido hasta ahora menospreciada y discriminada, porque son los términos mismos de esa definición los que implican la marginalidad y la subordinación.” El papel de la mujer a través de la historia, dentro de la participación política de una sociedad es relativamente nuevo, cosa de apenas unos siglos. A la mujer se le consideró durante muchísimo tiempo ajena a la participación política. Probablemente es hasta la Revolución francesa cuando la mujer da los grandes saltos en la conquista por la igualdad jurídica. No obstante, los resultados fueron pocos, y la vejación a sus prerrogativas elementales prevaleció. El filósofo francés Condorcet señalaba, en alusión a las leyes votadas que prohibían a las mujeres la participación política, que: “los individuos no pueden ser representados por otros que no posean los mismos intereses. Así los varones no pueden representar a las mujeres, ya que sus intereses son distintos, como lo prueban las leyes opresivas y discriminatorias votadas por los hombres contra las mujeres” (Serret, 2004:54). Asimismo, la filósofa Amélie Poulain señalaba en relación con el sometimiento social: “Las mujeres no reciben una educación adecuada y tienen vedadas todas las actividades que cultivarían su espíritu y su razón. Es imposible, entonces, que desarrollen y demuestren el carácter que se exige a un individuo para considerarlo merecedor de la autonomía” (Serret, 2004:18). En la primera mitad del siglo pasado, basta señalar que las principales demandas de los movimientos feministas giraban en torno a que se les reconociera el derecho a manejar su dinero, administrar sus bienes, tener títulos de propiedad, recibir herencia y desempeñar profesiones liberales, recibir el mismo tipo de educación escolarizada que los varones y poder asistir a la escuela en

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todos los niveles, incluyendo el universitario; ejercer la tutela de sus hijos, hablar y escribir en y para el público, circular libremente por la vía pública y no tener que prestar obediencia a un varón y, como consumación de esas prerrogativas, el derecho político de poder emitir el sufragio. El sufragismo pide a su vez que las mujeres puedan elegir y ser electas para ocupar cargos públicos (Serret, 2004:30). En la actualidad, la demanda de los derechos antes precisados, parecería extraña, dado que, ni en el Estado más primitivo es concebible que existan individuos que no gocen de esas prerrogativas, sin embargo, muchas generaciones de mujeres vivieron y murieron con esas carencias. Nuestra generación parte de un cambio de paradigmas en el que las mujeres son imprescindibles para el funcionamiento del orden social. Un importante debate actual gira con relación al posicionamiento equitativo entre hombres y mujeres, en los órganos de representación política, como una medida para lograr una mayor participación de la mujer en la vida política y con ello una verdadera equidad de género. Tal medida se conoce como “cuotas de género”, que pese a los nobles motivos que la impulsan ha recibido distintas críticas desde diferentes sectores3. Las cuotas electorales, por razón de género, son una especie dentro del concepto más amplio de las acciones afirmativas y su objeto es asegurar un mínimo de representación para el género femenino (Ojeda, 2006:41). – Por “acciones afirmativas” o “discriminaciones positivas”, podemos entender “las políticas destinadas a erradicar las discriminaciones ya existentes, y compensar por medio de ellas a los

Una de las principales críticas a las cuotas de género es la relativa a que contraviene el principio de igualdad en razón de que establecen un umbral de representación sólo tomando en consideración el género y no las aptitudes y capacidades de los aspirantes a esos cargos de representación política. Al respecto Anne Phillips señala: “La tensión continua entre los que argumentan en favor de oportunidades iguales y los que acentúan la importancia de la acción afirmativa es un ejemplo de la brecha entre la antidiscriminación liberal y los mecanismos que asegurarían activamente una representación igual de las mujeres” (Phillips, 1996:147).

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grupos en situación de vulnerabilidad (menores y ancianos, mujeres, indígenas, personas con discapacidad). Constituyen “medidas que tienden a corregir, por medio de disposiciones legales o administrativas, una situación histórica de discriminación, infravaloración o sujeción…”, es “el trato formalmente desigual que basa la diferencia en el tratamiento en la pertenencia a un grupo que comparte la posesión de un rasgo minusvalorado…se caracteriza por ser medidas que favorecen a los miembros de un colectivo por su pertenencia al mismo, no por circunstancias individuales” (Carbonell, 2002:57 y 2005:153; Giménez, 1999:62).- El propósito de estas medidas de participación política es loable, toda vez que se “pretende contribuir a una representación política más incluyente y por tanto a dotar de legitimidad a los regímenes democráticos al plantearse amplias bases de representación, ya que se parte de la idea que una mayor representación de las mujeres en las legislaturas garantiza una potencial influencia en la elaboración de las políticas públicas…Las cuotas, desde el punto de vista de los estudiosos del tema, son necesarias y se justifican, aunque sea temporalmente, si con ellas se logra el objetivo final que borre las diferencias, ya que se trata que al final podamos construir una sociedad más igualitaria en la que la pertenencia a la categoría de los hombres o mujeres sea irrelevante para el reparto de papeles públicos o privados” (Ojeda, 2006:41). Las acciones afirmativas suelen incorporarse a lo que se conoce como “normas con mandato de igualdad sustancial”, de acuerdo con éstas, los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan el logro de la igualdad en los hechos, lo que puede llegar a suponer o incluso a exigir la implementación de medidas de discriminación positiva (Carbonell, 2006:270). La Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1978), de la Asamblea General de Naciones Unidas (y de la que México es parte) hace referencia en su artículo 4.1 a las acciones afirmativas encaminadas a lograr una igualdad sustancial entre el hombre y la mujer. La citada Convención señala:

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Artículo 4 1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. Así mismo, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belem Do Para” precisa en su artículo 8. b lo siguiente: “Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar los prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer…”

Al respecto es necesario considerar las cuotas de género como una de las medidas especiales a las que hacen referencia las citadas convenciones y que, en todo caso, tienen el carácter de ser temporales, no se traducen en normas desiguales o separadas y el objetivo que las guía es contrarrestar esos prejuicios y prácticas que mantienen en condición de inferioridad al género femenino. Un elemento de gran importancia es que tampoco se debe reducir al absurdo la extensión de estas “cuotas” a una infinidad de grupos, pero alguna extensión es apropiada y un principio de funcionamiento útil es que cuando una característica particular ha llegado a importar (o sea, que dicta esencialmente la suerte de las personas a las que define) entonces debería haber algunos mecanismos para asegurar la representación proporcional de ese grupo. Cuando la característica ha perdido su importancia determinante, se debería poner fin a esos mecanismos (Phillips, 1996:151). En el caso de las mujeres, el establecimiento de cuotas de género tendría un gran beneficio para una mayor participación política y

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contribuiría, con el transcurso del tiempo, a disminuir las diferencias materiales que aún subsisten en la sociedad. En efecto, resulta innegable la igualdad jurídica y material que debe existir entre los dos géneros, pero tampoco somos tan ingenuos para creer que tal situación se ha alcanzado, no podemos partir de esa “posición original” donde los principios de igualdad se elijen bajo un “velo de ignorancia” como señalara el filósofo John Rawls (2006:126). La realidad es que aún existen múltiples barreras que superar para alcanzar una igualdad material (real) y por tal razón resultan justificables las cuotas de género. El canon liberal insiste en que las diferencias entre nosotros no deberían importar, pero en sociedades conducidas por intereses de grupo es deshonesto pretender que somos lo mismo (Phillips, 1996:149).

De acuerdo con Alfonso Ruíz Miguel, las cuotas de género se justifican en la siguiente medida: “en cuanto al fin, las cuotas pretenden una sociedad más igualitaria en la que la pertenencia a la categoría de los hombres o de las mujeres sea irrelevante para el reparto de los papeles públicos y privados, un proceso que se está mostrando muy lento y en buena parte reacio a producirse por mera maduración; en cuanto al medio, facilitar el acceso a puestos socialmente importantes puede ser un instrumento eficaz para lograr ese fin, si no de manera directa y completa, sí al menos como forma de simbolización de la posibilidad de romper el techo de cristal que obstruye a las mujeres para formar parte de la inmensa mayoría de los centros de decisión…ofreciéndoles nuevos modelos de rol más igualitarios para las generaciones más jóvenes” (Ruíz, 1999:48).

DERECHO COMPARADO En diversos países del mundo se aplican acciones afirmativas, las cuotas de género y los resultados son variables, pues la aceptación o no de tales medidas responde al contexto cultural en el que se

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aplican, no obstante, se observa que por lo general se manifiesta un incremento en la participación política de la mujer, y particularmente en el caso latinoamericano, como ejemplos tenemos los siguientes: Perú La Ley Orgánica de Elecciones 26859 señala en su artículo 116 lo siguiente: “Las listas de candidatos al Congreso deben incluir un número no menor del 25 % de mujeres o varones”.

Paraguay El Código electoral de Paraguay en su artículo 32 declara: La carta orgánica o estatuto del partido establecerá las normas a las cuales deberá ajustarse su organización y funcionamiento. Es la ley fundamental del partido político y deberá contener cuando menos las siguientes cuestiones: Los mecanismos adecuados para la promoción de la mujer a cargos electorales en un porcentaje no inferior al 20 por ciento y el nombramiento de una proporción significativa de ellas en los cargos públicos de decisión. A los efectos de garantizar la participación de la mujer en los cuerpos colegiados a elegirse, su postulación interna como candidatas deberá darse en razón de una candidata mujer por cada cinco lugares en las listas, de suerte que este estamento podrá figurar en cualquier lugar pero a razón de una candidata por cada cinco cargos a elegir. Cada partido, movimiento o alianza propiciador (sic) de listas queda en libertad de fijar la procedencia. Los partidos políticos, movimientos o alianzas que no cumplan en las postulaciones de sus elecciones internas con estas disposiciones, serán sancionados con la no inscripción de sus listas en los Tribunales electorales respectivos.

Argentina El Código electoral Nacional argentino menciona en su artículo 60 Registro de candidatos y pedido de oficialización de listas (…) Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.

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Uruguay Ley 18.476/09 de cuotas de representación de género o sexo. Señala en su artículo 2 en toda elección de primer grado que se celebre para la integración de las autoridades nacionales y departamentales de los partidos políticos se deben incluir en las listas o nóminas correspondientes, personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, titulares y suplentes, en el total de la lista o nómina presentada. La presente disposición también regirá para las elecciones de segundo grado a efectos de integrar los respectivos órganos de dirección partidaria. A su vez, y para las elecciones nacionales y departamentales que se indican en el artículo 5º, cada lista de candidatos a la Cámara de Senadores, Cámara de Representantes, Juntas Departamentales, Juntas Locales Autónomas de carácter electivo y Juntas Electorales deberá incluir en su integración personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, titulares y suplentes, en el total de la lista presentada o en los primeros quince lugares de la misma. El mismo criterio se aplicará a cada lista de candidatos, el titular y sus suplentes a las Intendencias Municipales. En el caso de los departamentos para los cuales la adjudicación de bancas previa a la elección, efectuada por la Corte Electoral, determine que el número de Representantes Nacionales a elegir por el respectivo departamento sea de dos, los candidatos titulares tendrán que ser de diferente sexo, manteniéndose para los candidatos suplentes de los mismos, el régimen general de ternas de la presente ley. A los efectos de esta ley y de la conformación de las listas integradas por ambos sexos, el régimen de suplentes mixto, suplentes preferenciales y respectivos (literal d) del artículo 12 de la Ley Nº 7.812, del 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 17.113, del 9 de junio de 1999, se considerará de suplentes respectivos.

Bolivia La ley electoral 2282 señala en su artículo 112: Hasta cuarenta días después de la inscripción de los candidatos, los partidos políticos o alianzas, entregarán la documentación que acredite el cumplimiento de los Artículos 104º, 105º y 106º de este Código… Serán presentados mediante nota firmada por el representante oficial del partido político o alianza, acreditado ante la Corte Nacional Electoral en los formularios correspondientes y en soporte electrónico y, consignarán las candidaturas a: a) Senadores titulares y suplentes, en las que en cada Departamento al menos uno de cada cuatro candidatos será mujer;

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b) Diputados plurinominales por cada Departamento, en estricto orden de prelación de titulares y suplentes. Estas listas serán formuladas de modo que, de cada tres candidatos, al menos uno sea mujer. La Corte Nacional Electoral, no admitirá las listas que no cumplan con esta disposición, en cuyo caso, notificará con el rechazo al partido o alianza que deberá enmendarlas en un plazo de setenta y dos horas de su legal notificación.

Como podemos apreciar, el establecimiento de cuotas de género es una máxima adoptada en diferentes países y, como hemos señalado sus resultados son variables en cada sociedad. No obstante que, el establecimiento de cuotas permite una mayor participación de la mujer en el ámbito político, estamos firmemente convencidos de que una mayor participación de la mujer no se logra sólo con el establecimiento de estas medidas, sino que además se requiere de muchas otras acciones que van más allá de disposiciones legales y que responden sobre todo a los patrones culturales de cada sociedad. Sólo a través de un cambio de concepción cultural podrá lograrse una efectiva equidad de género. Como señala Estela Serret “La autoafirmación orgullosa de la diferencia confronta una normalización tramposa y homogeneizante. Esta diferencia afirmada con orgullo ha sido forjada sobre la desigualdad: al vanagloriarse estos grupos de encarnar una identidad subordinada, los códigos de opresión se han reproducido y consolidado. El reclamo de la diferencia suele traducirse en su contrario: la consideración de todas las mujeres (los indígenas, los judíos, etc.) como idénticas (que no iguales): una mujer es la que no es un hombre” (Serret, 2004:53). Una de las ideas más aceptada es que sólo los representantes pertenecientes a un grupo determinado podrán dar a conocer, de manera fidedigna, las necesidades, problemas y posibles soluciones de ese mismo grupo; de algún modo, alguien que no pertenezca a tales grupos difícilmente velará por sus intereses. Precisamente, los legisladores son representantes de la sociedad, cada uno es representante de cierto número de electores que confiando en los propósitos de dichos servidores, le han concedido su voto para que éste se traduzca en mejoras para la comunidad de la cual forman parte. Por ello, es correcto tener representantes de

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todos los sectores de la sociedad mexicana, lo que es imprescindible en una democracia que en su grado máximo de expresión es incluyente. Finalmente, lo que se busca es que las mujeres realmente reivindiquen su posición que es de vital importancia en el quehacer político La llamada “discriminación positiva” pretende garantizar mediante la ley la incorporación de cierto porcentaje mínimo de personas, perteneciente a grupos tradicionalmente excluidos de posiciones de poder y prestigio a los sitios adecuados. Estos porcentajes o cuotas asegurarían que la experiencia de ejercer el poder y ocupar posiciones de prestigio, transformen tanto a quienes la viven (y a quienes pueden verse reflejados en su caso) como la propia percepción social acerca de las personas que ocupan y desempeñan puestos de poder” (Serret, 2004:50). Dentro de la misma teoría política feminista algunas posiciones consideran que los resultados de la acción afirmativa no son contundentes, señalan que: no basta con ver más mujeres en las cámaras, los partidos o el gabinete; es fundamental promover que las mujeres participen del poder público en tanto que ellas, como los miembros de otros grupos, tienen necesidades especiales derivadas de una experiencia cotidiana de la marginación, deberían tener también representantes que abogaran por sus intereses como género subordinado…El asunto aquí es que un simple sistema de cuotas no puede garantizar la representación de los diversos intereses, pues no todas las mujeres que se incorporan al gobierno defienden una agenda de equidad de género, ni todos los hombres la ignoran. Lo que se requeriría es un sistema de elección que permita a los diversos grupos considerados con necesidades especiales, llevar al gobierno y al parlamento un porcentaje de representantes que obedezcan de forma expresa el mandato de sus electores (Serret, 2004:50).

Atento a lo anterior, y más en países donde la corrupción y favores políticos imperan, para lograr una real participación política de la mujer, y de todo otro grupo, es requisito esencial no reducir las medidas de equidad de género al establecimiento de cuotas para mujeres, indígenas, personas de la tercera edad, etc. De limitarse a ello, los partidos políticos elegirían simplemente a cualquier mujer identificada con los intereses del partido y de las personas que

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la proponen para ocupar la bancada. Nos encontraríamos frente a títeres, frente a sujetos que sólo ocupan una bancada para cubrir el mero trámite de “cuota porcentual”. Lo que verdaderamente se requiere es la presencia de sujetos comprometidos con las personas que los han electo. Lo anterior se llevaría a cabo si existiera en nuestra sociedad mexicana una real posibilidad para que todo ciudadano pudiera acceder a estos cargos públicos. Lo que se necesita es eliminar la corrupción, los llamados servidores públicos elegidos al frecuente “dedazo”, los favoritismos políticos, etc., que limitan la posibilidad de la gran mayoría de mexicanos para hacer escuchar su voz. Si pensamos que sus necesidades especiales requieren de una representación especifica, contribuimos parcialmente a reproducir los elementos de identidad subordinada que generan esas mismas necesidades. Si, por el contrario, ignoramos del todo la desigualdad de condiciones entre varones y mujeres, para efectos de la representación política, cometemos el error de tratar igual a los desiguales y a reproducir, con ello, las condiciones objetivas de desigualdad (Serret, 2004:55).

El caso de Chile Chile es de los pocos países latinoamericanos que ha experimentado un gran crecimiento económico en los últimos años. Sus niveles de vida son comparables a los de los países europeos y su capital, según el Informe sobre la calidad de vida de Mercer 2009, posee la mejor infraestructura urbana de Sudamérica. La sociedad chilena se caracteriza por ser altamente conservadora. Y esto se refleja en sus instituciones. Apenas hasta 2004 fue aprobada la Ley de divorcio después de grandes deliberaciones con la Iglesia católica. No obstante, en los últimos años, en especial a partir del mandato presidencial de Michelle Bachelet, las políticas de género han sido una constante. Como ejemplo, basta señalar que la ex presidenta Chilena comenzó su mandato con una propuesta de “política paritaria” para abordar los bajos niveles de participación de las mujeres en la esfera política. Como reflejo, en la designación de su gabinete un 50 % de los ministros, subsecretarios e intendentes eran mujeres.

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La CEPAL describió la paridad y su aplicación como política de Estado en Chile en los siguientes términos: La paridad es un fenómeno reciente y se ha ido desarrollando de acuerdo con las tradiciones políticas de cada país, entre las que se incluye la capacidad de incidencia del movimiento de mujeres. En América Latina, Chile es el único país que ha asumido la paridad como compromiso programático en el gobierno de la Presidenta Bachelet. Este compromiso se ha traducido en el nombramiento de un gabinete paritario y se ha extendido a la integración de subsecretarias, intendencias y otros servicios públicos. Más aún, la búsqueda de un equilibrio de género en la toma de decisiones está acompañada de políticas con perspectiva de género en ámbitos como la previsión social, las prácticas laborales, la salud reproductiva y la gestión, entre otros4.

Los resultados en el país sudamericano no fueron los esperados. Un gran escepticismo de diferentes sectores se dejó sentir en los primeros meses de gobierno. Uno de los aspectos más criticados a la “paridad” consistió en que las autoridades no estaban obligadas a aplicar el mismo criterio para nombrar el resto de los cargos públicos, a lo anterior debemos sumar el conservadurismo, la asignación de cargos públicos por el sólo hecho de ser mujer y algunos otros movimientos opositores (principalmente sectores estudiantiles e indígenas). Al término de su primer año, la presidenta tuvo que realizar un cambio de colaboradores por una percepción de crisis política del gobierno que implicó la salida de dos mujeres de su gabinete que ocupaban cargos de relevancia política. A lo largo de su mandato, la Presidenta realizó varios cambios en su equipo, costándole la “paridad política”, no obstante los resultados fueron alentadores, al término de su periodo su gabinete estaba integrado por un 40 % de mujeres y un 60 % de hombres5.

Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile: la igualdad en la familia, el trabajo y la política. 2009. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consultado en: http://www.cidh.org/countryrep/ChileMujer2009sp/Chilemujer09iv.sp.htm (24/03/2011). Para mayor información ver: Gámez, 2010.

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Conclusiones La propuesta de otorgar un cierto porcentaje de bancadas en los órganos de elección popular a las mujeres, por el simple hecho de serlo, no debe considerarse como contrario a la igualdad y a la democracia, por el contrario, debe considerarse como complementaria para lograr una verdadera democracia incluyente donde puedan expresarse las distintas voces e intereses de nuestro país y que contribuya con el transcurso del tiempo a lograr una igualdad jurídica y material entre ambos géneros. En muchos países se han implementado las cuotas de género con distintos resultados, algunos muy buenos y otros no tanto. Los resultados no dependen del proyecto, no dependen de las buenas intenciones, sino del contexto cultural en el cual se apliquen, pero independientemente de ello, la existencia de estas formas de acción afirmativa ha demostrado tener efectos favorables para el fortalecimiento de la democracia. En la mayoría de los países latinoamericanos, donde la participación política de la mujer es relativamente nueva, los resultados son parecidos a los de Chile o Argentina en donde la participación de la mujer se ve incrementada, aunque no sustancialmente equilibrada. Es necesario precisar que el equilibrio de género no sólo se logra de esta manera, sino transformando los roles culturales de una sociedad. En nuestro país, es indudable que la consolidación y fortalecimiento de la democracia nunca será plena mientras no exista esa paridad de género al interior de los órganos del Estado. Tengo la plena certeza de que este camino iniciado por las mujeres en la exigencia de sus derechos más elementales, concretados en una igualdad jurídica, no se detendrá, pero para que pueda alcanzarse se requiere del esfuerzo y cooperación de la sociedad en general.

Referencias Carbonell, Miguel (2005), La Constitución en serio. Multiculturalismo, igualdad y derechos sociales, Porrúa, México.

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– (2002), La Constitución pendiente. Agenda mínima de reformas constitucionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México. – (2006), Los derechos fundamentales en México, UNAM/Porrúa/CNDH, México. Chinoy, Ely (2004). La sociedad. Una introducción a la sociología, Fondo de Cultura Económica, México, 2004. De Beauvoir, Simone (2005), El segundo sexo, Cátedra, Madrid. Gámez Gilma (2010), “Michelle Bachelet y su forma diferente de gobernar”, Diario el País. Publicado en www.elpais.es, 10 de enero de 2010 (consultado el 20/01/2011). Giménez Gluck, David (1999), Una manifestación polémica del principio de igualdad: acciones positivas moderadas y medidas de discriminación inversa, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia. Marion Youn, Iris (2000), La justicia y la política de la diferencia, Ed. Cátedra, Madrid. Ojeda Rivera, Rosa Icela (2006), “Las cuotas de género para el empoderamiento de las mujeres”, en Revista El cotidiano, Año/vol. 21, número 138, julio-agosto, UAM, México. Phillips, Anne (1996). “¿Qué tiene de malo la democracia liberal?”, en Anne Phillips: Género y teoría política democrática, Traducción de Isabel Vericat, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México. Rawls, John (2006). Teoría de la justicia, Traducción de María Dolores González, Fondo de Cultura Económica, México. Serret, Estela (2004), Género y democracia, IFE, México.

Derecho positivo Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1978), de la Asamblea General de Naciones Unidas. Código electoral nacional argentino. Código electoral paraguayo. Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile: la igualdad en la familia, el trabajo y la política. 2009. Comisión Interamericana de derechos humanos, en: http://www.cidh.org/countryrep/ChileMujer2009sp/Chilemujer09iv.sp.htm (24/03/2011). Ley electoral boliviana 2282. Ley peruana orgánica de elecciones 26859. Ley uruguaya 18.476/09 de cuotas de representación de género o sexo.

TRAYECTORIAS Y PERSPECTIVAS DE LA POST-TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA. NOTAS COMPARATIVAS SOBRE LOS PROCESOS DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ Ana Pamela Paz García

INTRODUCCIÓN

n el bicentenario de los procesos independentistas latinoamericanos, tempranamente iniciados con la gesta revolucionaria de Haití en 1804, los países de la región se encuentran hoy situados en una etapa post-transicional que desmitifica las ideas de incompletitud o contradicción con que la transición democrática pudiera ser juzgada. Dentro del debate crítico desplegado localmente y en sintonía con nuevos procesos y experiencias populares, se consolida la búsqueda de una legitimación institucional del sistema democrático bajo contornos específicos y alternativamente en conflicto con el discurso hegemónico del liberalismo, devenido en neo-modelo y esquema universal de gestión políticoeconómica de los asuntos del Estado. En este sentido, se consideran aquí tres casos de transición —“acelerada” en Argentina, “estancada” en Chile y “temprana” en Perú—, procurando profundizar en sus respectivas dinámicas institucionales sin descuidar la “densidad” interpretativa de la democracia como fenómeno social, político y económico. Sólo un planteamiento integrado del fenómeno democrático, permite “observar el grado en que la democracia constituye una formación histórica que ha penetrado en la sociedad (clases sociales) y en el Estado (régimen político)” (Ansaldi, 2007:32). Se propone enton-

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ces analizar tanto las condiciones socio-históricas como la trama político-cultural contemporánea de las experiencias de estos países en términos comparativos. Por un lado, se trata de casos testigos de transformaciones que durante gran parte del siglo XIX y desde la segunda mitad del siglo XX, indican una historia de construcción y reconstrucción democrática compartida. Por otro lado, la especificidad de cada cultura política y coyuntura nacional tampoco son soslayadas, aportando interesantes contrastes. Las diferencias histórico-geográficas que señalarían a Perú como un país más enclavado en la tradición andina —en razón de ello y de su condición de nación no limítrofe, más distante de Argentina—, también podrían indicarnos a Chile como país tradicionalmente más identificado con su condición austral, más sureña y patagónica que andina —por ende, más lejana políticamente de Colombia o Bolivia, en tanto integrantes decisivos de la comunidad de países andinos—1 y nos permitirán obtener un panorama distinto de comparaciones analíticas más tradicionales —por ejemplo, Argentina con Brasil, en virtud de la potencialidad estratégica con que se ha visto reafirmado su vínculo a partir de una experiencia regional como Mercosur—. Asimismo, los criterios económicos que en la época de la colonia española determinaron que los tres países pertenecieran a distintas zonas de explotación geográfica y

La Comunidad Andina (CAN), en virtud del Acuerdo de Cartagena celebrado el 26 de mayo de 1969 incluía originalmente a cinco países sudamericanos: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Luego de su fundación, ha perdido vigencia comparativamente frente a otros procesos regionales como Mercosur. Chile se retira en 1976 por disposición de la dictadura de A. Pinochet, reintegrándose como “miembro asociado” en 2006 (Decisión 645, 20 de septiembre). Argentina se asocia al grupo en 2005, junto a Brasil, Uruguay y Paraguay (Decisión 613, 7 de julio). Por su parte, Venezuela (miembro pleno desde 1973) se retira en 2006, debido a diferendos en materia de integración comercial, particularmente sostenidos con Perú y Colombia por su vínculo con Estados Unidos y el TLC. Para observar dos versiones políticamente opuestas en el tratamiento de este hecho noticioso —interpretado en términos de diferencias en política económica en el caso del portal Aporrea y como “muerte anunciada” de una institución regional por parte de la cadena BBC—, se sugiere consultar los sitios http://www.aporrea. org/actualidad/n76452.html y http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/ newsid_4924000/4924980.stm.

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políticamente diferenciadas en el mapa de la dominación (Virreinato del Perú, Capitanía General de Chile y tardío Virreinato del Río de la Plata), marcaron trayectorias que hoy continúan constriñendo no sólo las instituciones dentro de cada espacio nacional, sino también el tiempo y el espacio regionales.

CONFLICTO EN Y POR EL ORDEN DEMOCRÁTICO O EL HORIZONTE BIFRONTAL DE LA POSTTRANSICIÓN EN AMÉRICA LATINA Y SUS ANTECEDENTES SOCIO-HISTÓRICOS La democracia, en cualquiera de sus formas y más allá de su relativa calidad o fortaleza, en tanto proyecto y promesa de orden colectivo ciertamente entraña una “conflictiva y nunca acabada construcción” (Lechner, 1990:12), debiendo ser asumida como horizonte futuro siempre “problemático”. Desde esta visión comprensiva del orden institucional como contracara del conflicto social implicado en su definición y sostenimiento para un análisis perspectivo y prospectivo amplio de su lógica de funcionamiento contemporánea, en la práctica se requiere de una valoración tanto de experiencias pasadas como de desafíos y condiciones presentes. La consolidación de los actuales regímenes democráticos latinoamericanos se produce desde una superación de experiencias autoritarias que reconoce como antecedentes al menos dos momentos clave: el régimen de terror y represión instaurado por las dictaduras militares institucionales, producto de la “Doctrina de Seguridad Nacional” impulsada por Estados Unidos en su guerra contra el comunismo internacional; y antes de ello, el régimen de concentración oligárquica del poder social, político y económico protagonizado por las élites nacionales, en tanto operadores locales de un régimen de explotación y dependencia externa fundado tempranamente con la colonización europea. Con esta pesada herencia, la democracia representativa se instala precariamente en la década de los 80, con la doble tarea de

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reconstruir las condiciones formales, instituciones y normas sociales necesarias para garantizar su vigencia, a la vez que recuperar su dimensión política. Debieron reconstruirse los sujetos y fundamentos del orden democrático en un “mismo movimiento” (Lechner, 1990:34) y en un momento de la historia donde la exigencia de solución a la crisis económica constituía un tercer factor crítico, gravitante sobre la posibilidad de restituir los referentes éticos y la legitimidad democrática. Asimismo esta etapa de transición desde las dictaduras a la democracia política, se manifiesta en América Latina dentro de un clima ideológico de “renuncia a transformaciones radicales” (Ansaldi, 1985:93), cuando se diluye el proyecto de una revolución socialista y la utopía de democracia social es confinada a un pasado nostálgico. Debilitada la dictadura de mayor persistencia instalada en Chile en 1973 —pionera no sólo en materia represiva sino también en la aplicación de políticas neoliberales tempranas— y luego de los golpes militares desarrollados antes en Perú (1968) y posteriormente en Argentina (1976)2, la transición se produce entonces sobre la base de un agotamiento de los regímenes militares ante sociedades crecientemente demandantes en materia social, económica y política. Comienza tempranamente en Perú (Ansaldi, 1985:29), en 1978 con la convocatoria a elección de constituyentes, se produce aceleradamente en Argentina y de manera estancada en Chile (Lechner, 1990:18), en el marco de un proceso que hasta finales de los ochentas se extendió por toda la región. Asimismo y de acuerdo con las especificidades de los contextos nacionales, este período es propiciado de distintas maneras: por un lado y aunque desde diferentes situaciones disparadoras, de manera “pacífica” en Perú y Argentina; por otro, más tardíamente, bajo una negociación conservadora y elitista en Chile.

Cabe recordar que el golpe militar de 1976 en Argentina contaba ya con una secuencia de experiencias antecesoras en 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966, en el marco de un siglo XX latinoamericano signado por una “trunca transición del régimen oligárquico al democrático” (Waldo Ansaldi, Op Cit, pág. 531), cuyo proceso será referenciado más adelante como otra de las experiencias históricas fundantes de una tradición autoritaria.

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En Argentina, el movimiento de lucha por los derechos humanos desarrollado a partir de la tortura, desaparición forzada y asesinato de personas, impulsó el inicio de este proceso y la derrota en la guerra por las Islas Malvinas, en tanto último acto fallido del gobierno dictatorial, operó como su catalizador. Dentro del contexto altamente represivo en que el movimiento de derechos humanos emerge, como una fuerza que luego sería decisiva en la configuración de la sociedad civil argentina, sus acciones iniciales fueron de “carácter defensivo”: “recopilación de información sobre el modus operandi de las fuerzas represivas, asistencia legal a las familias de las víctimas y la búsqueda de apoyos externos a la causa” (Peruzzotti, 2002:102). Posteriormente, cuando inicia el proceso de liberalización autoritaria que habilita un “descongelamiento” de las actividades políticas, el discurso de estas organizaciones logra calar más profundo en la sociedad penetrando amplios sectores civiles y políticos. Así el elemento distintivo que este importante movimiento aporta a la recreación de la sociedad civil argentina es la construcción de una “política de derechos” (Peruzzotti, 2002:111) como clave para la recuperación de los límites constitucionales entre sociedad y Estado y también como cuestión germinal en la instauración de una “cultura de auto-limitación” que, aunque sin garantías, desde entonces sentaría las bases para un desarrollo autónomo de la acción política de la ciudadanía. En Perú, el régimen militar organizaba corporaciones que intentaban aglutinar y mantener a los sectores populares bajo el poder estatal. En el marco de la crisis económica que se volvió insostenible a mediados de la década de los 70, estos espacios son “copados” por organizaciones que operaban en forma independiente: “mientras la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTPR) —creada desde el gobierno— languidecía, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) se convertía en el eje vertebral de un movimiento sindical en ascenso” (Kahatt, 2002:455). En este sentido, el repliegue de los militares es propiciado por dicha movilización y desde un conjunto de organizaciones tanto partidarias como barriales articuladas en su entorno. No obstante, a diferencia de Argentina y Chile que cuentan todavía con sendas tradiciones obrero-sindicales, esta movilización inicial se vería

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desarticulada por un sostenido deterioro masivo de las condiciones socio-económicas en décadas subsiguientes. Por otra parte, en contraste con Argentina, mostrando una mayor proximidad al caso de la transición chilena, la militarización se observa como una constante en la vida política peruana que se extiende incluso luego de la recuperación del régimen democrático, en las condiciones de una guerra interna contra Sendero Luminoso y en la creación de los Comités de Autodefensa Civil (Kahatt, 2002:456), que siendo legalmente reconocidos en 1992, operaban en estrecha coordinación con comandos estatales-militares. El caso de Chile, resulta particular en cuanto a la extensión y complejidad de su proceso de transición, en principio explicable por el fuerte condicionamiento político-militar-elitista subyacente a los proyectos de recuperación de su institucionalidad política. Con relación al resto de los procesos en la región, la transición chilena comenzó tardíamente (1982) en virtud de un “pacto transversal” (Ansaldi, 2007:533) para cambiar los denominados “enclaves autoritarios” de su carta orgánica, tomando la forma de una transición “incompleta” en términos de M. Garretón (citado en Ansaldi, 2007:536) o “transformista” de acuerdo con T. Moulian (citado en Ansaldi, 2007-537). El grado de institucionalización de las fuerzas militares se mostraba particularmente férreo en este país y a diferencia de Argentina y Perú, no se producía una salida precipitada o forzada por un contexto de colapso socio-económico. Dentro de una transición negociada y sin ruptura institucional, la nueva estrategia económica frente a la recuperación del régimen democrático se mostraba en Chile como una re-edición del modelo pinochetista, manteniendo una fuerte apertura y dependencia externas. Lejos de los intentos de organización de una sociedad civil en reconstrucción, el protagonismo se centraba en élites políticas y económicas que “negociaban” los términos de la transición desactivando las posiciones antidictatoriales. Reformas significativas debieron esperar hasta comienzos del siglo XXI para producirse efectivamente, asegurando una “subordinación” del poder militar al poder político civil. Tal es el caso de acontecimientos como el desafuero y enjuiciamiento de Augusto Pinochet que se concretó en el año 2000; la derogación de un artículo fundamental de la

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Constitución pinochetista de 1980 por el cual las Fuerzas Armadas se mantenían como garantes del orden institucional, en 2003; y durante 2005, la rendición pública de honores por parte del Ejército a Carlos Prats, ex comandante asesinado junto a su esposa en un operativo del Plan Cóndor, coincidiendo días después con el fin del nombramiento de senadores vitalicios y derogación del sistema de elección binomial en tanto “clave de bóveda de la institucionalidad autoritaria de la dictadura militar chilena”3. Considerando entonces que la “norma” —no sólo en los países estudiados, sino en la región latinoamericana tomada en su conjunto— ha sido el despliegue de “transiciones pactadas” incluso en el caso de aquellos países donde el empuje de la sociedad civil fue significativo, dentro de una lectura de estas transformaciones conservadoras en clave socio-histórica, se advierte una fuerte conexión de sentido entre éstas y las condiciones de “revolución pasiva dependiente” (Ansaldi, 2007:70) en las que se produce la construcción del orden político poscolonial durante la primera mitad del siglo XIX. Entre las soluciones formales y elitistas de estos períodos distantes, más de un siglo entre sí, se advierte la existencia de profundas conexiones explicativas, en tanto “grandes líneas, de larga duración” o “continuidad” que no deberían obviarse en la necesidad de abordar la complejidad del presente que interpela a los latinoamericanos (Ansaldi, 2007:12; Argumedo, 2006:300). De igual manera que la transición y postransición democráticas no podrían ser comprendidas considerando a la dictadura como un “mero paréntesis”, tampoco la dominación oligárquica podría ser significativamente interpretada sin valorar su inscripción dentro de un “proceso omnicomprensivo mayor”, como fue la experiencia de “ruptura” colonial y la formación de los modernos estadosnación (Lechner 1990:104; Ansaldi, 2007:35).

Dicho sistema, vinculado a la reforma constitucional chilena de 1980 impulsada por intereses pinochetistas, disponía que “si el mayor de los partidos minoritarios recibía al menos 33,4 % de los votos en cada circunscripción, tenía asegurada la mitad de los escaños. De este modo, mayorías y minorías grandes podían llegar a ser equivalentes, mientras que minorías pequeñas no lograban tener representación” (Ansaldi, 2007:533).

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Advirtiendo entonces esta sincronía que nos muestra la existencia de cierto ritmo de continuidad estratégica entre algunos procesos históricos, es posible dar cuenta en un sentido amplio de las transformaciones posteriormente producidas —y del horizonte de posibilidades a partir de ellas—, en términos de una no lineal ni unicausal aunque potente cadena explicativa. Por caso, la “revolución pasiva dependiente” como solución “desde arriba” y “antipopular” muestra un posicionamiento pasivo y dependiente de las élites locales, replicado en otro contexto y bajo otra configuración de intereses, por parte de las cúpulas dictatoriales adscriptas a la “Doctrina de Seguridad Nacional” instaurada en los setentas. Asimismo, teniendo en cuenta el sostenimiento de una instancia decisiva de presión externa durante ambas etapas en tanto situación estructural que interacciona con las circunstancias, desde el campo de confluencia entre la sociología institucional e histórica cobra importancia el análisis complementario tanto de este patrón de “dependencia del camino trazado” como de las “coyunturas críticas” en torno a las cuáles se desenvuelve la dinámica de las instituciones políticas objeto de análisis. La caracterización del desarrollo político involucraría ambos aspectos, en dos niveles analíticos complementarios: por un lado, el nivel de las “coyunturas críticas” relativo al estudio de aquellos “momentos fundacionales cruciales en la formación institucional que conducen a los países a través de patrones de desarrollo completamente diferentes”; y por otro lado, el nivel del “patrón de dependencia”, considerando que “las instituciones continúan evolucionando en respuesta a las condiciones de su ambiente cambiante, a la vez que maniobrando respecto a sus metas políticas, pero dentro de caminos constreñidos por sus trayectorias pasadas” (Thelen, 1999:387). Desde otro ángulo interpretativo respecto a los procesos de democratización acontecidos en la región latinoamericana, A. Quijano (2003) va más allá del reconocimiento de patrones institucionales heredados señalando la vigencia de una situación de

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“dependencia histórico-estructural”4, al producirse de hecho la coexistencia paradójica de “estados independientes y sociedades coloniales”. En este sentido, el autor sostiene que “el proceso de independencia de los Estados en América Latina sin la descolonización de la sociedad no pudo ser, no fue, un proceso hacia el desarrollo de los Estados-nación modernos, sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre nuevas bases institucionales”. De esta manera, su identificación de reconfiguraciones estructurales sobre una línea de continuidad histórica tiene que ver con “problemas de la colonialidad” que “van más allá de la trama institucional del Estado-nación” y de este modo coincide con el planteamiento de autores antes señalados como Lechner, Argumedo y Ansaldi (Quijano, 2003:234-236). Retomando el concepto de “revolución pasiva” de W. Ansaldi como “entramado de continuidades y cambios, de persistencias y rupturas en el conjunto de la sociedad, que la modifican (modernizan) sin transformarla radicalmente” (Ansaldi, 2007:70), en la génesis de estos frágiles procesos de democratización impuestos desde afuera, A. Argumedo reconoce la influencia de dos matrices de pensamiento dominantes dentro del paradigma eurocéntrico de una “modernidad superadora”. La autora destaca: “la etapa independiente latinoamericana evidencia que el liberalismo econó-

A. Quijano, en su profundo estudio sobre la “colonialidad del poder” y respecto a los beneficiarios internos de la situación de dependencia colonial (élites capitalistas locales), destaca la falta de conciencia de esta clase propietaria que de manera menos evidente y violenta también es explotada por el sistema junto a las grandes mayorías excluidas y marginadas al interior de los países latinoamericanos: “la colonialidad de su poder los llevaba a percibir sus intereses sociales como iguales a los de otros blancos dominantes, en Europa y en Estados Unidos. Esa misma colonialidad del poder les impedía, sin embargo, desarrollar realmente sus intereses sociales en la misma dirección que los de sus pares europeos, esto es, convertir capital comercial (beneficio producido lo mismo en la esclavitud, en la servidumbre, o en la reciprocidad) en capital industrial, puesto que eso implicaba liberar indios, siervos y esclavos negros y convertirlos en trabajadores asalariados. Por obvias razones, los dominadores coloniales de los nuevos Estados independientes, en especial en América del Sur después de la crisis de fines del siglo XVIII, no podían ser en esa configuración sino socios menores de la burguesía europea” (Quijano, 2003:234-236).

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mico y las vertientes nacional-populares constituyeron las corrientes ideológicas fundamentales en la confrontación por orientar el destino de nuestros países” (Argumedo, 2006:302). Considerando entonces la influencia de estas dos matrices en el proceso “revolucionario” de modernización conservadora, cabe distinguir dos parámetros o patrones de dependencia derivados: primero, la organización económica de la propiedad y el trabajo; segundo, la homogeneización cultural como ideología constitutiva de lo nacional. En relación con lo primero, para A. Quijano la situación de los países del Cono Sur fue inicialmente similar a la de Estados Unidos, en función de la instrumentación de una “necesaria conquista del territorio que los indios poblaban” (Quijano, 2003:231). A partir del exterminio, por parte de la población blanca, de estas poblaciones originariamente mayoritarias —durante el siglo XIX en Argentina y siglo XX en Chile—, a diferencia de Estados Unidos, sin embargo la apropiación de la tierra se produjo generándose una “extrema concentración”, sobre cuya base “se constituyó una sociedad y un Estado oligárquicos, sólo parcialmente desmantelados desde la segunda Guerra Mundial” (Quijano, 2003:231). Apoyándose en esta hipótesis de la propiedad de la tierra aunque posicionando su análisis más allá de esta cuestión, para W. Ansaldi el fenómeno de la “oligarquía” latinoamericana entendida como “forma de ejercicio de dominación política de clase” situada históricamente cerca de 1880 y entre 1930-1940, tiene efectivamente su núcleo duro en el latifundio pero presenta importantes variantes en función del “papel desempeñado por el capital y las formas de organización de trabajo”. De esta manera pueden distinguirse tres “matrices societales”, en ocasiones coexistentes pero constituidas en tiempos y espacios diferentes: la “plantación” que surge con el siglo XVI y además del Caribe, el nordeste brasileño, Guayanas y partes de Colombia, se extiende por la costa de Perú; la “hacienda” que emerge con el siglo XVII y finaliza en la década de los 60, abarcando “una superficie mayor, a lo largo de tierra firme” que va desde México hasta el noroeste argentino y el centro de Chile; y finalmente la “estancia”, que aparece a finales del siglo XVIII y cuya distribución geográfica se circunscribe a “áreas rioplatenses,

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en la periferia pobre del antiguo espacio peruano, donde todavía subsiste”. En conjunto, estas unidades económicas coloniales generaron “pautas culturales” condicionantes de la futura formación social de los estados latinoamericanos —“concepción jerárquica del orden, paternalismo, clientelismo, modo de ser aristocrático (donde pesan el linaje, la tradición y el ocio), redes de familia”— gravitando su “peso original” sobre los principios de legitimidad, representación y organización política propiciados tras el quiebre del régimen colonial (Ansaldi, 2007:56-58,72). Con referencia a la segunda cuestión planteada, en el proceso de constitución de los modernos Estados nación latinoamericanos se produce además una urgente “limpieza racial” como parte de una estrategia de necesaria “homogeneización cultural” que, dentro de los países abordados en este trabajo y siguiendo a A. Quijano, observará distintas trayectorias: por un lado, se desplegará un “limitado pero real proceso de homogeneización colonial (racial)” en Argentina y Chile, “por medio de un genocidio masivo de la población aborigen”; y por otro lado, se desarrollará “un siempre frustrado intento de homogeneización” a través del “genocidio cultural de los indios, negros y mestizos” en el caso de Perú (Quijano, 2003:237). Finalmente, la dominación oligárquica se diluye de manera “pacífica” en Argentina con la sanción de la histórica Ley Sáenz Peña en 1912 y de forma “tardía” durante la década de los 60, tanto en Chile “bajo la presidencia del democristiano Eduardo Frei”, como en Perú con la “revolución” iniciada “bajo el liderazgo del general Velasco Alvarado” (Ansaldi, 2007:78). No obstante y considerando entonces los términos laxos y superfluos en que esta forma de dominación es históricamente superada, su herencia de un orden socio-político centralizado desde arriba y por fuera de las estructuras sociales latinoamericanas, hoy continúa siendo un patrón que obstaculiza la consolidación de una auténtica cultura democrática en la región.

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LA COMPLEJA TRAMA DE LA CULTURA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA: INSTITUCIONALIDAD DEL ESPACIO Y LAS RELACIONES, PRECARIEDAD DEL TIEMPO HISTÓRICO E IDEOLOGÍAS SOBRE LA SUBJETIVIDAD La cultura política inserta en un determinado ambiente ideológico del que se alimenta, para N. Lechner constituiría el aspecto central de los procesos de democratización. En este sentido, la articulación de un orden colectivo en torno a la cultura política democrática como eje vertebrador, para este autor implica la consideración de dos dificultades básicas del mundo contemporáneo: la “indeterminación del espacio” de la política y la “precariedad del tiempo” social disponible (Lechner, 1990:106-107). Dentro del presente apartado, estas dos dificultades identificadas en plena etapa de transición democrática (entre mediados de los 80’s y principios de los 90’s), serán adoptadas como categorías conceptuales que, despegadas del contexto histórico de reflexión que acompaña la obra del autor, conservan su poder interpretativo sobre la construcción contemporánea de la política y lo político. En cuanto al “espacio” indeterminado de lo político, el problema radica en la confusa distinción entre “lo político” y “lo nopolítico” e implicaría preguntarnos “qué pertenece a la política y también qué cabe esperar” de ella (Lechner, 1990:106-107). Al igual que ya no es posible una identificación del espacio político con la esfera pública, tampoco resulta efectiva la identificación lineal de la política con el ámbito de instituciones macro como el Estado o micro como los partidos políticos. Para otros autores, esta limitación conceptual incluso se articula sobre una tendencia al “reduccionismo politicista” de la democracia, en tanto “moda” intelectual de las últimas décadas, que queda desautorizada cuando “la revisión del pasado y una atenta mirada del presente” muestran el estrecho imbricamiento de la democracia política “con la estructura social, económica y cultural en que está inserta” (Sala, 2007:232).

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Se vuelve necesaria entonces una nueva definición del espacio político como “campo de lo políticamente decible/decidible” (Lechner, 1990: 117) y en tanto espacio de movimiento de la política que en la actualidad, va más allá de las estructuras institucionales para incluir un abanico de expectativas sociales emergentes desde el ámbito cotidiano de la vida democrática. Esta reactualización de la política en los términos de nuevas formas de sociabilidad cultural, implica considerar distintas formas de conducta participativa adoptadas por la ciudadanía, trátese de actores sociales o de entidades supraindividuales. Revisando la literatura sociológica sobre “sociabilidad”, algunos autores (Alaminos, Francés y Santacreu, 2005) han encontrado un relativo vacío conceptual respecto a las motivaciones que conducen a la participación política en los procesos actuales de debilitamiento de los espacios tradicionales de “sociabilidad formal” (como son los partidos políticos, sindicatos, iglesias, escuelas, etc.) y vinculan la “intersubjetividad” contenida en esta noción con el concepto de “capital social” —no desde la perspectiva crítico-reproductiva de P. Bourdieu, sino desde el institucionalismo histórico de R. Putnam, en su obra de 1993—. En cuanto a las formas en que las sociedades construyen y se apropian de los espacios institucionales, retomando nuevamente el planteo de K. Thelen en torno a una plausible “fertilización cruzada” entre las ramas sociológica e histórica del institucionalismo, cobra importancia la aplicación de un punto de vista amplio de las instituciones sociales en tanto “conjunto de entendimientos compartidos que afectan la manera en que los problemas son percibidos y las soluciones son visualizadas” (Thelen, 1999:371). Volviendo sobre la segunda cuestión indicada por R. Lechner sobre el “tiempo” precario y su efectiva disposición por parte de los sujetos políticos, la definición de este autor conecta con el papel de la memoria histórica en la conciencia social y la ideología política, siendo empleable más allá de la discutible y problemática vigencia de una etapa de posmodernidad: No disponemos de un concepto fuerte de tiempo, capaz de estructurar pasado, presente y futuro en tanto ‘desarrollo’ histórico, ni siquiera compartimos horizontes de temporalidad conmensurables. Nuestra concien-

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cia del tiempo se muestra sumamente volátil, resultando difícil acordar plazos y sincronizar expectativas (Lechner, 1990:117).

La cuestión del “tiempo” en términos de “timing & temporality”5 también es discutida por K. Thelen, representando un importante aporte a la comprensión de las instituciones políticas en clave socio-histórica. La autora destaca dos características centrales de la vida política institucional: primero, la existencia de diferentes temporalidades en su desarrollo dado que “los acuerdos institucionales que construyen una política emergen de diferentes tiempos y configuraciones históricas”; segundo, la comprobación de que “una importante fuente de cambio proviene de las interacciones entre diferentes órdenes institucionales dentro de una sociedad”. De esta manera, el cambio dentro de un patrón histórico tendría una temporalidad y una lógica social múltiple, considerando que dentro de un determinado espacio nacional pueden encontrarse “muchas transiciones” ocurriendo en diferentes dominios —político, económico y social—, donde la temporalidad de estos procesos se advierte frecuentemente asincrónica y su articulación resulta raramente armoniosa (Thelen, 1999:383). En su propuesta de “reinvención” de la democracia latinoamericana, B. de Sousa Santos también recupera la centralidad de las dimensiones espacial y temporal de la política, aunque respecto a ellas construye una categoría unificada “espacio-tiempo” para la lectura de tensiones y anomias propias de una contractualización democrática fundada en la racionalidad moderna occidental. Para el autor, el contrato social rousseaniano se convierte en el “metarrelato” de inspiración euro céntrica sobre el que se edifica

Se conserva la versión original (en inglés) de estos términos empleados por los estudios del institucionalismo histórico, debido a que su traducción literal puede complicar su conceptualización. Empleando un diccionario nativo, podría señalarse que “timing” remite a la “manera en que una cosa es temporizada” y “temporality” (sin traducción exacta) gravita dentro de la idea de “temporalidad”, siendo otra palabra inglesa cercana “temporal” como adjetivo vinculado al tiempo que significa “opuesto a lo espiritual, secular” (traducción propia en base al Oxford dictionary, Oxford University Press, 1995, páginas 693 y 681 respectivamente).

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la obligación política moderna y en este sentido, el modelo de democracia liberal cuya expansión encuentra numerosas dificultades y complicaciones al interior de las sociedades latinoamericanas, entraña una lógica operativa excluyente y contradictoria derivada de los parámetros de legitimación de aquel contrato. Entre sus “supuestos de carácter meta-contractual”, figura el “espacio-tiempo estatal nacional” como ámbito privilegiado donde “se consigue la máxima agregación de intereses y se definen las escalas y perspectivas con las que se observan y miden las interacciones no estatales y no nacionales” (De Souza, 2005:341). Las perspectivas y escalas a las que refiere el autor portugués, operarían como las bases de sustentación del principio de “soberanía popular”, dentro de los límites formales de una democracia meramente representativa que supone como “única solidaridad posible” sólo a aquella que se produce “entre iguales”. En el marco del proceso de “homogeneización cultural” llevado a cabo para la formación de los Estados nación latinoamericanos (cuya política de exterminio ya fue discutida en el apartado anterior), estos supuestos liberales conducen a la asunción de una “correspondencia” entre “ciudadanos” como algo natural y efectivamente existente dentro de todas las sociedades institucionalizadas como democráticas (De Souza, 2005:341). El espacio-tiempo nacional estatal es el espacio señalado de la cultura en cuanto conjunto de dispositivos identitarios que fijan un régimen de pertenencia y legitiman la normatividad que sirve de referencia a todas las relaciones sociales que se desenvuelven dentro del territorio nacional: desde el sistema educativo a la historia nacional, pasando por las ceremonias oficiales o los días festivos (De Souza, 2005:342).

Los conceptos de “perspectiva” y “escala” asociados al de “espacio-tiempo”, dentro de la idea crítica de S. Santos, de este modo indican tanto “campos de visión” como “áreas de ocultación”, estructurando para la ciudadanía una suerte de horizonte regulado dentro del cual auto-comprenderse y comprender sus sociedades, a la manera de “fundamento ideológico y político de la contractualidad sobre el que se asientan la sociabilidad y la política” (de Souza, 2005:342). En el siguiente apartado, la argumentación retomará otros planteamientos importantes de este autor respecto a

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la manera en que “sociabilidades alternativas” podrían articular otro tipo de “espacio-tiempo” donde la democracia latinoamericana recuperase patrones culturales y sociales propios, que sin dejar de reconocer y trabajar las herencias obstructivas de un pasado colonial, le permitieran forjar otro modelo institucional más plural y efectivamente incluyente. Hasta aquí podría concluirse que dada la compleja cultura democrática latinoamericana y más allá de las particularidades propias de cada espacio nacional, en un intento por asir dicha complejidad y plantear alternativas coherentes a los dilemas existentes, deben reconocerse todas aquellas contradicciones predominantes en determinados espacios-tiempos históricos (como las soluciones elitistas y autoritarias del orden democrático abordadas en el apartado anterior), que se encadenaron en forma de espiral, ocluyendo el presente democrático —no sin atravesar diversas mutaciones y reconfiguraciones para su efectiva reproducción—. Retomando entonces las condiciones de “indeterminación” del espacio y “precariedad” del tiempo apuntadas por N. Lechner en referencia a la cultura política democrática, es la “incertidumbre” acerca de estas dos dimensiones lo que “deja traslucir” “crecientes dudas sobre nuestro poder de disposición efectivo” sobre la propia realidad (Lechner, 1990:117). Aquí puede leerse con mayor claridad un tercer elemento, que puesto en juego dentro de la trama contemporánea y latinoamericana de dicha cultura, de manera transversal también nos interroga en términos de tiempo y espacio atravesando ambas dimensiones. Se trata de la “subjetividad” política y sus condiciones ideológicas de construcción. En la producción de un orden colectivo, la cual como ya se dijo es “siempre conflictiva”, el “imaginario político” y las variadas “imágenes que nos formamos de la sociedad” intervienen en la definición del sentido de la política que los sujetos elaboran desde su propia experiencia: Presumo que la política, al igual que las ciudades, está hecha de deseos y de miedos. No es la obra exclusiva de la mente ni del simple azar y, por tanto, sólo interrogándonos por los sentimientos involucrados podemos reflexionar lo que es una política razonable (…) Al hablar de nuestro tiempo como una época de crisis nos referimos precisamente a la experiencia

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subjetiva de que los problemas estructurales han alcanzado su momento de decisión (Lechner. 1990:10).

En un momento social crítico y crucial cuando “todo parece posible”, la democracia recibe esta “demanda de certidumbre” respecto al orden social y político, la cual es individual e intersubjetiva pero también adquiere dimensiones institucionales y macro sociales. Consecuentemente todo intento de respuesta a esta incertidumbre a partir de algún “proyecto” político, sin duda es un esfuerzo por “dar al tiempo una dirección” y “constituir una continuidad que permita situar el tiempo actual”. En este sentido, el proyecto democrático presenta dos aspectos inextricablemente unidos: por un lado, el problema de la “legitimidad” y por el otro, el de la capacidad de “organización” de la democracia. Al respecto, N. Lechner se vale de una recuperación de los aportes de tradiciones tan dispares como el materialismo histórico de Marx y la visión más institucional e idealista de Tocqueville, para hacerlos discutir y converger en torno a una carencia compartida en sus perspectivas sobre el papel de la democracia ante el desafío del orden colectivo: ambos enfoques ubican la demanda social de certidumbre “al nivel de una lógica social (económica o cultural)” y respectivamente olvidan el papel de la política, cuando para este autor en los procesos de democratización latinoamericanos definitivamente “la institución de lo social pasa por lo político” (Lechner, 1990:143,148). En la práctica, es teniendo en cuenta esta premisa que pueden comprenderse las debilidades o fortalezas de las distintas culturas políticas locales y como podrá observarse a continuación —en el marco de una breve referencia a las características de las sociedades civiles argentina, chilena y peruana—, la política estatal ha sido determinante, tanto en su conformación, como en mayor o menor apertura al cambio social y político. Asimismo, esta “institucionalización política de lo social” también opera condicionando el grado de precariedad con que los intereses de los grupos más desfavorecidos social y económicamente han encontrado y encuentran alternativas institucionales para ser reconocidos (más allá de representados).

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Nuevamente vuelve a emerger, aún en medio de la materialidad de las condiciones sociales y económicas de la política, el potencial significativo del término “imaginario” en relación con la democracia: “imaginario colectivo” que en la definición de A. Panfichi conecta con la idea de “imaginario político” de N. Lechner antes mencionada, al situar el horizonte de la democracia “más allá de las elecciones libres y legales” (Panfichi, 2002:7) y ponerlo en relación con imágenes, idealizaciones, expectativas y memorias sociales: Se trata de un proceso que es consecuencia tanto del aprendizaje colectivo de la sociedad civil acerca de los límites de las democracias formales que surgieron de las transiciones a la democracia en el Cono Sur (elitistas e incontrolables por la ciudadanía), como del reconocimiento de la capacidad protagónica que adquirieron diversos movimientos sociales tanto en los períodos de transición como en los de consolidación de la democracia. Así atestiguamos la emergencia difusa y desigual, pero generalizada, de una aspiración social a una democracia más inclusiva y menos excluyente, más vigilada y controlada por los ciudadanos y menos elitista, más responsable frente a la sociedad y menos monopolizada por las propias élites políticas (Panfichi, 2002:7).

Los altos niveles de desigualdad y pobreza persistentes y crecientes dentro de las sociedades latinoamericanas, se convierten en obstáculos estructurales para la democracia, favoreciendo un evidente debilitamiento de sus “tejidos” sociales, políticos e imaginarios.

LAS ALTERNATIVAS DE OTRA DEMOCRACIA: LO NECESARIO FRENTE A LO POSIBLE Y LO PENSABLE ANTE LO IMPOSIBLE AUNQUE LEGÍTIMAMENTE DESEABLE (UTOPÍAS CON FUTURO) Más allá del horizonte de expectativas sociales y el conjunto de experiencias que lo soporta en términos culturales e históricos sobre el imaginario colectivo de una comunidad política, inciden además las urgencias propias de su presente, generando conflictos

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y contradicciones cotidianas. En este sentido, la problemática del espacio-tiempo reaparece, dado que la “fuerza de lo necesario” parece aumentar incesantemente “mientras se ha debilitado nuestra capacidad político-cultural de redefinir lo posible y, con mayor razón, lo pensable” (Lechner, 1990:14). Frente a proyectos y alternativas de cambio social, la disposición efectiva de una sociedad sobre su tiempo político e histórico que en definitiva es la capacidad de disponer sobre el alcance de sus expectativas, no es una cuestión menor teniendo en cuenta que en la práctica la “incertidumbre” tiende a achicar el presente social mientras el futuro se diluye. Para S. Santos se precisa entonces una nueva “ecología de temporalidades”, que desmitifique la idea eurocéntrica de un tiempo lineal y evolutivo, recuperando la posibilidad de contraer el futuro —como pensamiento generador de expectativas movilizadoras pero también de ansiedades y temores— expandiendo el presente —hoy efímero—. De esta manera, las energías sociales pueden concentrarse en las transformaciones que el momento histórico les demanda, recuperando experiencias pasadas en el marco de una memoria activa que lejos de mostrar “anclas” o despertar “fantasmas”, permita ampliar las posibilidades y alternativas existentes e imaginables entre un presente y un futuro conjugables. La propuesta de esta nueva inteligencia en el manejo de la temporalidad histórica y política, responde al hecho que las sociedades actuales para estos autores enfrentan “problemas modernos (promesas incumplidas)”, para los que sin embargo no hay soluciones modernas. Para superar los “recortes de realidad” que esta racionalidad moderna ha operado conduciendo a una suerte de “desperdicio de la experiencia social”, S. Santos propone el ejercicio complementario de una “sociología de las ausencias” y una “sociología de las emergencias”, que operando respectivamente sobre pasado y presente, en su interacción posibiliten la articulación de nuevos modos de acción social permitiendo alcanzar “una relación más equilibrada entre experiencias y expectativas” (De Sousa, 2005:43-170). Asimismo, al ingresar en un terreno de reflexión sobre prácticas y proyectos alternativos tendientes a una ampliación y consolida-

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ción de experiencias democráticas genuinas, es importante recordar que las “condiciones de posibilidad” no equivalen a “condiciones de realización” y en este sentido, como expresa W. Ansaldi la “tensión entre demanda de mayor ciudadanía a los ciudadanos (…) y demanda de mayor poder represivo a los gobernantes —por parte de actores democráticos sólo por oportunismo e interés— es un buen ejemplo de las dificultades a vencer” (Ansaldi, 2007:114). En el marco de una investigación comparativa que coordinada desde Perú se pregunta por el impacto que el grado de articulación entre sociedad civil y Estado tiene sobre la gobernabilidad democrática en América Latina, puede observarse cómo Argentina, Chile y Perú coinciden en trayectorias complejas de articulación de sus respectivas sociedades civiles (Panfichi, 2002). Si bien cada país ha presentado y presenta problemas específicos, éstos son susceptibles de ser interpretados dentro de un contexto compartido de democratización, históricamente forzado desde arriba y por fuera de sus respectivas sociedades (retomando ideas ya adelantadas en el primer apartado del presente trabajo). Conociendo estas limitaciones es que pueden pensarse y diseñarse experiencias superadoras. En términos generales, entre los países andinos y del Cono Sur, desde la expansión de las políticas neoliberales durante la década de los noventa se destaca una simultánea “pérdida de centralidad de los actores clasistas” y la emergencia de nuevos protagonistas “entre los que pueden citarse movimientos feministas, grupos ecologistas, redes de organizaciones no gubernamentales, asociaciones filantrópicas y movimientos populares contra la violencia, el hambre y la inexistencia de derechos sociales”. Por otra parte, dentro de este nuevo mapa de organizaciones y movimientos sociales ampliado en extensión y diversidad, marcados “desniveles de disposición y acceso a recursos materiales, simbólicos y de conocimiento” son factores condicionantes de una significativa “desigualdad de poder” social entre ellos que, potenciada por mediaciones de intereses materiales y políticos en su desarticulación, ha determinado que muchas de sus actividades y propuestas de cambio perdieran efectividad y se vieran confinadas al papel de luchas episódicas y fragmentarias (Panfichi, 2002:9,11).

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Un caso testigo de la profundidad de estas transformaciones ha sido Perú, donde la aplicación de las reformas de mercado fue más tardía que en Chile y Argentina pero igualmente radical. En este país, los sindicatos “se han visto fuertemente debilitados por la confluencia de crisis económicas, modificaciones en el mercado laboral (empleos temporales, desregulación e informalización), inadecuación de las formas de organización y prácticas sindicales a los nuevos contextos, así como por la violencia política”. La convergencia de estos factores a finales de la década de 1990 tuvo el efecto paradójico de producir, por un lado, una fuerte crisis en los sindicatos y partidos políticos, muchos de ellos asociados a los primeros; y por otro, provocar la proliferación de organizaciones barriales y vecinales (Panfichi, 2002:27). Con relación a lo primero, entre los años 1980 y 1997 las estadísticas muestran un descenso abrupto de la tasa de sindicalización peruana, que de un 25 % pasa a un escaso 5,7 %. Mientras el movimiento sindical “apenas si agrupa hoy en día el 3 % de la población económicamente activa”, los partidos tradicionales (APRA, Acción Popular, Partido Popular Cristiano e Izquierda Unida) muestran un respaldo electoral que desde un 96,9 % en las elecciones generales de 1985 desciende a un 8 % en las de 1995 (Panfichi, 2002:27; Kahatt, 2002:456). Respecto al segundo punto antes indicado, las organizaciones emergentes que despliegan sus liderazgos en ámbitos comunales y vecinales, cuyas actividades mayormente se hayan concentradas en la satisfacción de necesidades básicas de supervivencia y alimentación, aglutinan como voluntarios a la “quinta parte” de la población peruana con fuerte presencia femenina (Comedores Populares, Comités de Vaso de Leche y Clubes de Madres entre otros). Si bien a partir de estas organizaciones se ha fortalecido el tejido social a partir de la contención de amplios sectores de población marginados y se ha construido una importante “instancia de empoderamiento”, particularmente de “mujeres pobres tanto de sectores urbanos como rurales”, se trata de proyectos que “despliegan sus esfuerzos en medio de una precariedad material que los hace vulnerables a la presión política de aquellas instituciones que constituyen sus fuentes de abastecimiento —en particular el Estado—”, imperando la

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fragmentación y pérdida de autonomía de estos nuevos liderazgos sociales (Kahatt, 2002:457). Sumado a esto, el retiro del Estado peruano tanto en la provisión y garantía de servicios públicos fundamentales como a partir de un fuerte proceso de descentralización administrativa y económica, ha perjudicado a las comunidades campesinas originarias del interior del país. Al contar con un acceso restringido a los mercados y al crédito, para las economías rurales era fundamental la participación estatal en la distribución de su producción a través de la “Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI)”, además del otorgamiento de créditos “en condiciones preferenciales” a través del “Banco Agrario”. Asimismo y con relación a una tendencia creciente a la descentralización, cabe destacar que los gobiernos locales —como único contrapeso al poder del gobierno central dentro del propio Estado— se encuentran limitados en atribuciones y recursos, dependiendo fuertemente de las “transferencias del gobierno central” para cumplir sus funciones (Kahatt, 2002:458,472). Tempranamente en sus “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”, J. C. Mariátegui (2005:137) había advertido sobre los riesgos de una política de descentralización “como reforma simplemente política y administrativa”, que “actuada sin otro propósito que el de otorgar a las regiones o a los departamentos una autonomía más o menos amplia, aumentaría el poder del gamonalismo contra una solución inspirada en el interés de las masas indígenas”. Cualquier similitud con la realidad contemporánea y propiamente la argentina no debería interpretarse como pura coincidencia: en nuestro país es histórica la disputa por los recursos fiscales entre nación y provincias, situación que desde la fundación constitucional de la República no ha podido pacificarse con una Ley de Coparticipación consensuada y en torno a lo cual, se han articulado múltiples conflictos entre los que figura actualmente la presión de la “billetera” nacional oficialista para el financiamiento de las regiones, cuyo uso sigue manejándose a discrecionalidad política del gobierno en turno. Continuando con el caso de Argentina, donde la actividad sindical ha tenido un papel fundamental en el marco de una “tradición” que ha hecho del derecho al trabajo “un verdadero paradigma de

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los derechos sociales”, la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) muestra uno de los desarrollos más novedosos en la región: liderada por “sectores fuertemente golpeados por las reformas” (docentes, trabajadores estatales, etc.) redefine las formas de representación y acción sindical, al extender su campo de acción a otros sectores sociales con diversidad de demandas (desocupados, inquilinos y residentes precarios, trabajadores inmigrantes, etc.). Estos “sindicatos de nuevo tipo” reivindican su “autonomía respecto a los partidos, las empresas y el Estado” y postulan la “necesidad de nuevas articulaciones con la sociedad civil, coordinando las luchas de las organizaciones sindicales con las que no lo son” (Panchifi, 2002: 26-27). M. Novick (2001:38), por su parte, señala cómo, desde que fue fundada, la CTA mantiene una discusión acerca de constituirse bajo la forma de una organización política o sindical, y de hecho, en la actualidad un importante eje de debate interno “continúa siendo la posibilidad de representar movimientos sociales diversos y dispersos o ser la base de un partido político alternativo”. Esta estrategia de ampliación de su vinculación social —por medio de “afiliación individual” y no sólo corporativa, así como la incorporación de intelectuales y el desarrollo de vínculos con instituciones académicas, entre otras pautas organizativas de nuevo tipo ya indicadas—, cobra mayor significación teniendo en cuenta el contexto histórico en el que surge esta organización6, de coopta-

De hecho, es interesante el testimonio del propio Secretario General de la CTA y ex integrante de la CGT (Central General de Trabajadores), dando cuenta de la dinámica política distintiva de la CTA frente a la crisis del sector durante los 90’s: “Hubo quienes dijeron que lo mejor era integrarse al modelo, y entonces se transformaron en empresas sindicales. Empresas que entendieron que había que salvar al sindicato aunque se perdieran los trabajadores y que, obviamente, participaron en las administradoras del fondo y pensión privada, en aseguradoras de riesgo de trabajo, en acciones de empresas privatizadas. Como si esas empresas estatales y el capital social acumulado fueran de ellos y no del pueblo. Se transformaron y cambiaron su identidad (…) Necesitamos que el trabajo se distribuya de una manera diferente. Y aceptar esto nos llevó a hacer un congreso de trabajadores primero y después a constituir una central con la afiliación directa de todo aquel que se sienta trabajador, que viva de su trabajo, que haya vivido de su trabajo o que realmente quiera vivir de su trabajo. Cualquiera puede ser parte de la central, y elegir directamente a sus autoridades.” (De Gennaro 2001:49-50).

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ción estatal, crisis de representación y “preferencia neoliberal por la inversión sobre la democracia” que presiona “especialmente en el mundo del trabajo” (De la Garza, 2001:23). El proceso de cooptación y transformación del tradicional sindicalismo “clasista” en “corporativista”, en Argentina se reforzó en la década de los noventa, específicamente durante la gestión de C. Menem y teniendo como principal protagonista a la CGT (Central General de Trabajadores) como “central histórica y tradicional del movimiento obrero argentino”. A diferencia de su actividad opositora durante el anterior gobierno de transición del radical R. Alfonsín (1983-1989) —cuando realiza trece paros nacionales mostrando una tendencia importante en su activismo dado que “su arena principal era la del estado, no la de las empresas” —, durante este período que coincide precisamente con la gestación de la CTA, la CGT atraviesa tres etapas: “primero la de la primera gran reforma de Menem, la convertibilidad, que todavía reconoció gran conflictividad; segunda, la CGT entra a un corporativismo de Estado y se frena la conflictividad; y tercera, con De la Rúa, se desregulan las obras sociales que administraban los sindicatos y se incrementa la conflictividad sindical y social”. Al cierre de esta última etapa, “un sector disidente aunque integrado al principio en la Central tradicional, el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos) que nació desde la UGTT (Unión General de Trabajadores de Transporte), se constituyó desde principios de 2000 en una CGT paralela” denominada “CGT disidente”, en conflicto frente a diferentes medidas de desregulación del transporte. De esta manera y como parte del saldo institucional conflictivo del ajuste neoliberal de los años 90’s, el campo sindical argentino quedó fragmentado en tres organizaciones principales: CGT, CGT disidente y CTA (Novick, 2001:36; de la Garza, 2001:20). Por su parte, Chile resulta un caso paradigmático de desarticulación creciente de la sociedad civil, como proceso paralelo a la aplicación de las políticas neoliberales de ajuste estructural. Luego del Consenso de Washington (1989) —en tanto reconocido hito de este proceso que en realidad cuenta con un gran historial previo de medidas y presiones internacionales— y a partir de una re-edición de este “acuerdo” en el Consenso de Santiago (1998), Chile recru-

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dece sus políticas estatales en la orientación indicadas por estos programas y se convierte en la economía latinoamericana “modelo del éxito” de sus propuestas. Durante la década de los noventa, las tasas de crecimiento en Perú y Argentina fueron del 5,4 y 4,9 % respectivamente, mientras que Chile fue la excepción con un 7,2 %, superior incluso a las tasas de los países del sudeste asiático que durante el mismo período se ubicaron alrededor del 7 %. Sin embargo, la contracara de este proceso fue el notable incremento de la desigualdad social, siendo la tendencia de Chile la “más preocupante” de la región de acuerdo con los estudios realizados: “a pesar de las tasas de crecimiento durante el decenio de 1990 y una inicial reducción de la concentración del ingreso durante los últimos años de la década de 1980 y 1992, la desigualdad se incrementó en años posteriores”, mostrando una sucesión de valores de coeficientes de Gini que desde un 0.59 (la más alta de los países andinos en 1989), pasó a 0.53 en 1992, 0.57 en 1995 y subió a 0.58 en 1996 (mayor valor de la región) (Panfichi, 2002:20-22). Retrotrayéndonos al golpe militar de 1973, es a partir del régimen hegemónico de dominación instaurado por la dictadura pinochetista que la relación entre la política y la sociedad civil chilena se torna “manipuladora y con tendencia a la cooptación”, obstaculizándose el desarrollo de todos aquellos movimientos sociales que no contaban con apoyo del poder político y promoviéndose una creciente “privatización de los ciudadanos”, “alejados tanto de la participación política como de sus propias formas asociativas”. Apoyado este esquema en lo social, por un modelo económico de apertura exterior, privatización y desregulación que se tradujo en una importante concentración de la propiedad y los ingresos, al creciente empobrecimiento de amplios sectores de la población se agrega un “aumento de la diferenciación social” que se convirtió en un rasgo estructural de la sociedad. Para G. De la Maza, esta desarticulación social observable en el “ocaso de los movimientos sociales” y la “supervivencia” de una concentración del poder en las élites económicas y políticas que sustentaron la dictadura militar, son “expresiones de la transformación socioeconómica, que es el marco de la transición política”. Transcurridos hoy más de 15 años desde el inicio de esta transición, una circuns-

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tancia fundamental que puede derivarse de lo anterior es la “escasa participación social que caracteriza a la democracia chilena”, en virtud de que su sociedad civil “no logra remontar su fragmentación interna y la debilidad de sus expresiones organizadas”. Su desenvolvimiento se da precariamente en el marco de “mayores niveles de inclusión socioeconómica a través del consumo” pero por la vía de un “mantenimiento y profundización de la inequidad social”, dentro de un régimen político crecientemente elitista (De la Maza, 2002:221,228). Como puede deducirse de este breve repaso por las trayectorias de las sociedades civiles en Perú, Chile y Argentina, ciertos factores serían clave para el logro de una democracia más inclusiva y participativa en tanto forma de organización legítima de un orden colectivo: • una sociedad civil suficientemente autónoma respecto a las élites de poder político y económico como al poder estatal y supraestatal de otros estados y organismos internacionales; heterogénea y representativa de la diversidad de sectores sociales; • un modelo económico suficientemente incluyente que incorpore a los grupos más necesitados y las regiones más postergadas en sus estrategias de despliegue; • un Estado articulador respecto a las necesidades sociales y económicas, que sin replegarse respete la autonomía de la sociedad civil pero al mismo tiempo sea su soporte. Con estos señalamientos, lejos de recuperar el tradicional esquema tridimensional sociedad civil —Estado— mercado empleado por algunas perspectivas político-normativas —por ejemplo la de J. Cohen y A. Arato (2001:556-635) que integra la idea de cultura política tocquevilleana con elementos conceptuales de la teoría de la racionalidad comunicativa de Habermas—, se pretenden puntualizar tres cuestiones que además de reiterarse en las trayectorias problemáticas de los países estudiados, constituyen puntos de tangencia entre las reflexiones críticas y perspectivas alternativas que (como podrá observarse a continuación) los autores consultados presentan. Considerando que “la sociedad no se comporta como un mercado, ni funciona de acuerdo con un conjunto de reglas le-

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gales” (De la Maza, 2002:237), su complejidad —que es al mismo tiempo contingente e histórica, política y cultural, micro y macro institucional, entre otros parámetros importantes que subyacen al análisis realizado hasta aquí— nos señala el riesgo de imaginar un único modelo de democracia ideal aplicable a todos los países latinoamericanos. Por el contrario, la lectura y la propuesta también deben complejizarse a partir de los límites que la democracia liberal y representativa ha evidenciado. Quizá el punto de partida, considerando los modelos de una democracia social, participativa y hasta redistributiva propiciados por diversos autores, podría ser el desafío de “devolver a la democracia su significado específico y literal de gobierno por el pueblo” (Ansaldi, 2007:38). Recuperando esta premisa básica y teniendo en cuenta (como se ha podido observar en los casos estudiados) que cuando la estructura de la sociedad civil se presenta débil, consecuentemente los derechos de ciudadanía son más restringidos y operan dentro de un horizonte de posibilidades más estrecho, el que tales derechos históricamente se configuraran en torno al trabajo como principio articulador de las sociedades modernas, se convierte en un problema central para cualquier modelo alternativo. En las actuales condiciones de desempleo masivo, precariedad e inestabilidad laboral donde “el trabajo sustenta cada vez menos a la ciudadanía y ésta cada vez menos al trabajo”, la pérdida del “estatuto político de producto y productor de ciudadanía” por parte del trabajo, requiere de nuevos parámetros sociales y económicos que neutralicen su “eficacia desocializadora” al haberse convertido en un factor de exclusión más que de inclusión. Para S. Santos, se requiere de “un redescubrimiento democrático del trabajo” sólo alcanzable en virtud de una “reconstrucción de la economía como forma de sociabilidad democrática”, a través del desarrollo de nuevas condiciones tales como una reducción de la jornada laboral, el establecimiento de pautas mínimas en la relación laboral como condición previa a la libre circulación de los productos y flexibilización de leyes migratorias con vistas a una progresiva desnacionalización de la ciudadanía. En el marco de una tensión constitutiva entre capitalismo y democracia en torno a la cual “del mismo modo que la ciudadanía se configuró desde el trabajo, la democracia estuvo

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desde el principio ligada a la socialización de la economía”, queda claro que el redescubrimiento del trabajo se encuentra supeditado a la transformación del modelo de explotación, consumo y organización de las relaciones sociales que el orden económico actualmente vigente supone. Ponderando tamaño desafío, que excede las posibilidades de una economía y una sociedad necesitando de reconfiguraciones a escala regional y mundial, cobra particular importancia la consideración del papel del Estado como discusión transversal a cualquier alternativa de cambio de las estructuras de la sociedad civil y del modelo económico, mutuamente imbricadas y hasta aquí parcialmente reflexionadas (De Souza, 2005:343, 352, 360-361). Frente a un contexto de concentración del poder político y económico donde “la estabilidad política se mantiene suprimiendo la autonomía de la sociedad civil”, la gestión estatal condiciona decisivamente los parámetros de participación e inclusión social (Panfichi, 2002:15). En procura de una democracia que no replique los patrones de concentración y fragmentación y que por el contrario, desde su normatividad e institucionalidad masiva permita revertirlos, el Estado se ve forzado a reestructurar su función de garante y regulador del orden social reconstruyendo sus responsabilidades hacia arriba-abajo de su organización política y por dentro-fuera de sus mecanismos y aparatos de gestión territorial. Reconociendo la herencia histórica de una “contradicción irreductible” entre dos patrimonios socioculturales (uno derivado del orden colonial, devenido en moderno y liberal, y otro externo al primero, derivado de la propia herencia política e ideológica de la cultura latinoamericana), para A. Argumedo “el conocimiento y la creatividad constituyen factores clave en los nuevos patrones de desarrollo” y en este sentido, la política estatal resulta decisiva en cualquier propuesta de cambio hacia otra democracia. Por un lado, para esta autora los “intentos de aniquilar la educación pública y gratuita promovidos por las políticas neoliberales” responden a “una estrategia de desarticulación del potencial intelectual ligado

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con las clases populares”7 y en este contexto, “la crisis del sistema educativo latinoamericano no es una casualidad”. La imaginación, la sensibilidad y la creatividad se convierten en los recursos más valiosos para encontrar alternativas frente a las situaciones problemáticas; por ende, “más allá de los acosos presupuestarios” que los proyectos neoliberales imponen como parte de una estrategia de destrucción, es necesario el desarrollo de una “matriz endógena” “en función de un proyecto nacional y latinoamericano con fuerte contenido social”. En coincidencia con S. Santos, A. Argumedo destaca que “la democratización socioeconómica participativa se transforma en el núcleo estratégico de la participación en otras esferas de la actividad social, cultural y política” y para su desarrollo deberían desplegarse formas de organización más autónoma que “autogestionadas o bajo formas de cogestión social-estatal” permitan suprimir la “oligarquización” creciente del poder y la riqueza (Argumedo, 2006:318, 320, 322, 324). Así como a entender de A. Argumedo (2006:326) “la consolidación de la legitimidad política del Estado mediante una vigorosa presencia social en sus formas de gestión”, permitiría superar la conflictividad inherente a las prioridades democráticas —respecto a las cuales, las instancias de representación existentes “no agotan ni el concepto de democracia participativa ni el conjunto de la participación social”—; S. Santos (2005:366, 370) se muestra aún más radical en su propuesta, al proponer una redefinición del Estado como “novísimo movimiento social”, que desde un papel rearticulador permita la experimentación de “distintas soluciones institucionales” cuya coexistencia y competencia definan nuevas y mejores alternativas. De esta manera, el Estado podría “estabilizar mínimamente las expectativas de los ciudadanos y crear pautas

Esta “estrategia de desarticulación” para A. Argumedo tiene raíces históricas profundas, fundada en el riesgo de instruir a las clases subalternas, tempranamente advertido por las clases dirigentes de la colonia. Por ejemplo, en 1785 el Virrey del Perú señalaba “el establecimiento de escuelas en los pueblos puede traer perniciosas consecuencias y los indios deben ser instruidos solamente en la doctrina cristiana, pues cualquier otra enseñanza es muy peligrosa respecto a que desde la conquista no ha habido, parece, revolución de esos naturales que no proceda de algunos más instruidos (Argumedo, 2006:322).

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mínimas de seguridad y de inclusión que reduzcan la ansiedad”, permitiendo el ejercicio activo de la ciudadanía y paradójicamente, tendiendo a la superación de su propia “debilidad”. En la “reinvención” de la institucionalidad democrática vigente a partir de “sociabilidades alternativas” y superadoras de las existentes, S. Santos señala tres principios, a su entender, “inspiradores” del cambio posible. Primero, la necesidad de un “metapensamiento” que más allá de desarrollar alternativas sea capaz de promover “un pensamiento alternativo sobre las alternativas” desde una epistemología que —a diferencia de la racionalidad lineal moderna que parte de un “punto de ignorancia” o “caos” para llegar a otro de “orden” y conocimiento como regulación— “tenga por punto de ignorancia el colonialismo y como punto de llegada la solidaridad (conocimiento como emancipación)”. Segundo, una atención en torno a la distinción existente entre “acción conformista” y “acción rebelde”, dado que sólo en virtud de la implantación de la segunda puede generarse un conocimiento emancipador y una transformación del sistema de exclusión. Tercero y recuperando el problema del espacio-tiempo de la política señalado en los apartados precedentes, la reconstrucción de “espacios-tiempos” que promuevan la deliberación democrática al interior de las sociedades y culturas actuales, cada vez más fragmentadas y donde la existencia de una “zona de salvajes” se desarrolla sin esperanzas dentro de una “espiral” que “se comprime hasta transformarse en un tiempo circular en el que la supervivencia no tiene otro horizonte que el de sobrevivir a su inminente quiebra” (De Sousa 2005:359-360). Por último y luego de la apretada síntesis sobre los principios que para S. Santos deberían regir los cambios posibles dentro del modelo democrático vigente en Latinoamérica, cabe recordar también el papel de la utopía y de los cambios, ya sea pensables pero hoy limitados en sus posibilidades de aplicación o bien impensables pero que pueden emerger en cualquier momento, a partir de la reflexión y el trabajo sobre las limitaciones existentes, en el marco de un conocimiento crítico y alerta como espacio de expansión de lo posible. En la recuperación de la utopía democrática que para el peruano A. Quijano (2003:242) —siguiendo las ideas de J. C. Mariátegui sobre una necesaria “redistribución entre la gente, en su

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vida cotidiana, del control sobre las condiciones de su existencia social”—, tiene que ver con “dejar de ser lo que no somos” y que desde otro ángulo, para el chileno N. Lechner (1990:12), tiene un sentido muy cercano al tratarse de la “autodeterminación de un pueblo sobre sus condiciones y modos de vida”, la “crisis de proyecto” actualmente existente puede convertirse en la oportunidad más inmediata de cambio social.

PALABRAS FINALES Actualmente, las trayectorias de Argentina, Chile y Perú desplegadas dentro de un espacio geopolítico sudamericano compartido y coincidente en una etapa democrática post-transicional, se advierten repletas de interrogantes específicas en lo que respecta a la evolución coyuntural de sus instituciones políticas. Estos países recuperan definitivamente la vigencia de sus sistemas de partidos y su regularidad electoral, dentro de la temporalidad histórico-política señalada como “tercera ola” de democratización8, sin quedar exentos desde entonces de los desafíos reconstructivos inherentes a la superación de ciertos legados institucionales obstructivos derivados de los procesos autoritarios antecedentes. Las principales conclusiones en torno a la lectura de dicho pasado como sustrato de un futuro democrático en plena edificación, procurarán ser retomadas en este último tramo del trabajo hilvanado, junto a una breve reseña de las condiciones políticas contemporáneas de los países analizados. Recordando una vez más la validez del planteamiento de Jorge Graciarena (citado en Ansaldi, 2007) en torno a la necesaria atención a las dimensiones social, política e histórica del fenómeno democrático, dentro de toda búsqueda interpretativa suficientemente integradora de sus condiciones actuales, se observa cómo desde la década de los 80 las dificultades económicas

Aquí se hace referencia al esquema clasificatorio de Samuel Huntington (1993) atendido por diversos autores como Moreira, 2006:31 y Gervasoni, 2004:2.

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van de la mano de una aguda crisis de los partidos gobernantes en Perú y Argentina, mientras que en Chile la política parece tomar otro rumbo, paradójicamente no menos conflictivo. En el caso de Perú y como se ha señalado previamente, cabe destacar que la transición democrática se despliega desde un punto de partida muy singular, al incluir un amplio abanico de fuerzas políticas de izquierda como rasgo distintivo y antecedente del discutido giro político regional hacia la izquierda9, observado durante la última década en América Latina. Cuando se recupera la institucionalidad democrática en 1980, fuerzas trotskistas, marxistas-leninistas, nacionalistas y socialistas junto a varios partidos y agrupaciones comunistas, ya formaban parte del parlamento sosteniendo una importante tradición participativa. A diferencia de las transiciones argentina y chilena —producidas como instancias superadoras de unas dictaduras militares institucionales ligadas a proyectos neo-liberales, netamente combativos e ideológicamente antitéticos de las orientaciones políticas de izquierda—, en Perú la transición se origina en el marco de un proceso político conducido “desde arriba”, en virtud del cual la institución militar no ilegaliza ni persigue a las fuerzas partidarias como ocurriera por ejemplo con la proscripción del peronismo en Argentina entre 1955 y 1966. La dictadura militar peruana cancela la dominación oligárquica, “enfrentando de manera radical la dominación norteamericana, realizando una amplia reforma agraria y generando un importante proceso de democratización en la sociedad” (Pease, 1988:2). En este contexto, Pease García destaca cómo la izquierda aporta a la gobernabilidad democrática desde dentro del propio juego político-partidario, sustentada en una fuerte base social, sindical y popular. A pesar de sus debilidades estructurales en términos de recursos, organización y propaganda partidaria, esta fuerza logra sostener una significativa “representatividad social y cultural” dentro de la historia política nacional. Sin embargo y al igual que en el caso de la transición democrática argentina iniciada con el

Como se podrá observar más adelante, en términos ideológicos este giro es discutido por Alcántara Sáez, García Díez y Zovatto, 2008, entre otros autores consultados sobre este punto.

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gobierno de Raúl Alfonsín, el momento de materialización formal de la transición peruana observado con la reforma constitucional y el proceso eleccionario de 1980, lejos estaría de cerrar definitivamente la etapa de conflictividad heredada de los procesos políticos anteriores. El desgaste económico afectó políticamente a los sucesivos gobiernos de la transición democrática representados por el segundo mandato de Fernando Belaúnde Terry (Acción Popular, 1980-1985) y el primero de Alan García (APRA, 1985-1990), dejando al país sumido en la pobreza, el estancamiento, la inflación y la inseguridad. Esta crisis impactó en los partidos tradicionales, sentándose en los noventas las condiciones para el ascenso político de figuras consideradas como “outsiders” del juego partidario (Gervasoni, 2004). Entre ellas destacan el escritor Mario Vargas Llosa y, principalmente, Alberto Fujimori; quienes se disputaron la presidencia en el año 1990. Su orientación neoliberal, así como su permanencia en el poder político encarnada en un liderazgo personalista extendido durante toda la década de los 90, aproximaron fuertemente la figura de Fujimori a la del argentino Carlos Menem. Desde entonces, la política electoral peruana incorpora novedades que más allá del imprevisible peso de la contingencia, muestran un poderoso juego de equilibrio con los patrones de “dependencia del camino trazado” destacados por Thelen (1999). En el año 2006, el socialdemócrata Alan García es electo nuevamente presidente en segunda vuelta por el Partido Aprista Peruano (PAP, dentro del histórico movimiento tradicional APRA), cuestionando dicho resultado todo supuesto de linealidad en las trayectorias partidarias tendientes a soslayar la conexión del presente político con sus antecedentes históricos. Como también podrá observarse en el caso del “transformismo” peronista en Argentina, este caso de “retorno” peruano a figuras emblemáticas de su política nacional evidencia que en el campo político contemporáneo las identidades tienden a actualizarse y reconfigurarse permanentemente, en relaciones de fuerza completamente dinámicas. En Argentina, las dificultades políticas interpuestas por la híperinflación y una presión sindical todavía enlazada a los vestigios del poder militar derrocado, precipitarían el final del mandato de R. Alfonsín (1983-1989), como figura emblemática del retorno de

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la democracia. Esta coyuntura forzaría situaciones de negociación intrasistémica como el denominado “Pacto de Olivos”, suscrito entre las dos fuerzas políticas tradicionales del radicalismo y el peronismo a fin de organizar el adelanto de elecciones y garantizar la continuidad institucional. A esta experiencia, le sucedería primero una década de reforma política neoliberal propiciada por la doble presidencia de Carlos Menem (1989-1999) y luego un fallido experimento de alianza entre fuerzas emergentes y partidos tradicionales, cuando Frepaso y Unión Cívica Radical conformaron la Alianza. Esta última iniciativa se agotaría junto con la presidencia de Fernando De la Rúa (1999-2001) en diciembre de 2001 en el marco de una crisis social, económica e institucional sin precedentes, expresada en un generalizado repudio a la clase política canalizado a través de manifestaciones públicas y movimientos sociales de diversa índole. La paradoja de este primer trayecto transicional transcurrido entre la década de los 80 y los albores del siglo XXI, radica en que la creciente complejidad y fragmentación del espectro partidario argentino aparecen conectadas de diversas maneras a sus políticas tradicionales: mientras el debilitamiento del radicalismo se torna cada vez más evidente, el peronismo atraviesa todas las crisis socio-económicas y políticas afianzando su poder territorial, tanto desde dentro como desde fuera del ámbito estatal. Esto podría comprenderse considerando el personalismo hegemónico característico de los gobiernos peronistas, el cual enhebraría la transformación y expansión histórica del movimiento. Respecto a su capacidad de mutación, Natalio Botana advierte la estrecha conexión que las transformaciones hacia dentro y fuera del “movimiento” han mantenido con las expectativas mayoritarias de la ciudadanía dentro de cada coyuntura específica, dando lugar a la existencia sucesiva de “varios peronismos”: “popular, incluyente y autoritario-corporativo en una primera época; luego resistente y anclado al poder sindical frente a la proscripción; revolucionario, liberacionista y tercermundista después; conservador y fiel aliado occidental más tarde”. Dicho “transformismo justicialista”, como característica que atraviesa el sistema político argentino, esconde la paradoja de que “a mayor división de un movimiento antes unificado, menor resistencia de la ciudadanía a prestar su concurso

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al menú de ofertas provenientes del mismo tronco”, evidenciando cómo los mecanismos de la cultura de la hegemonía se encuentran articulados en su penetración tanto del cuerpo político como social (Botana, 2006:42,72). Aquí nuevamente se observa un decisivo puente de significado entre las condiciones pasadas y presentes de una “insuficiencia institucional” de la que, en términos de Botana, adolecería el tipo republicano de democracia en Argentina. En la actualidad el poder presidencial es detentado por una facción del justicialismo (kirchnerismo) cuya estrategia de autoposicionamiento de centro-izquierda ha venido a superar el esquema de centro-derecha propiciado por la gestión anterior (menemismo), en tanto otra facción del mismo movimiento. Bajo una trama circular de poder político puede observarse como el ciclo de crisis que eclosiona en el 2001 y se precipita junto con el fallido intento de la Alianza, en definitiva, durante la última década ha caído en la órbita peronista. Por otra parte y dentro de un segundo trayecto político desde la crisis de 2001 a la actualidad, en un escenario de plena vigencia de la institucionalidad democrática el peronismo ha predominado como fuerza electoral. Luego de la breve presidencia de Eduardo Duhalde (2002-2003), completado el mandato por De la Rúa, los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (de Kirchner) dan cuenta de la elasticidad y persistencia político-ideológica de dicho movimiento. Siguiendo a Constanza Moreira, en este punto se observa cómo la alta fragmentación del sistema partidario argentino contemporáneo, no muestra un correlato político en la articulación de un suficiente “pluralismo ideológico”. Manteniéndose históricamente como un sistema bipartidista enlazado por un espacio de opciones de centro-izquierda y centro-derecha de una alta volatilidad electoral, el peronismo tiende a dominar el espectro ideológico frente a unas “terceras opciones” que funcionan más “como alternativas para el elector disconforme de ambos partidos o como posibles socios de un gobierno en problemas, que como alternativas de gobierno real” (Moreira, 2006:41). Por último, Chile se presenta como caso paradigmático en el contexto latinoamericano, en tanto “modelo” político-democrático estable a la vez que experiencia interpelante en función de

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una todavía dificultosa articulación socioeconómica de sus instituciones contemporáneas. Desde su recuperación democrática en 1989, en el marco de una salida negociada del régimen militar que como ya se dijo se produjo de manera más tardía en comparación con las trayectorias de Perú y Argentina. En Chile dos coaliciones dominan la política partidaria: una de centro-izquierda representada por la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD) en tanto protagonista indiscutido de la transición y otra de derecha correspondiente a la Alianza por la Democracia (Alianza y Progreso). Organizada originariamente en torno al plebiscito de 1988 por el “no” a la continuidad del dictador Augusto Pinochet, la CPD está integrada por los partidos Demócrata Cristiano (DC), Por la Democracia (PPD), Radical (PRSD) y Socialista (PS). A éstos en un comienzo se sumaban el Partido Democrático de Izquierda (PDI), el MAPU Obrero Campesino, el Partido Liberal y otros movimientos civiles, constituidos en la década de los ochenta y hoy desaparecidos o fusionados con otras fuerzas. A diferencia del protagonismo histórico de los partidos de izquierda en Perú, dentro del espacio de la CPD históricamente se han concentrado iniciativas de un amplio arco ideológico en torno a la democracia social, perdiendo protagonismo institucional partidos pequeños como el Partido Comunista. El carácter sistemático de esta pérdida de participación política por parte del PC —caso testigo cuya gravedad se observa al notar que esta fuerza no ha conseguido participación parlamentaria desde la transición—, se comprende como efecto de la “falta de representatividad” de un sistema electoral que “sistemáticamente excluye a algunos partidos políticos”(Ruiz, 2008:101). Siguiendo el análisis de Ruiz Rodríguez en este punto y en línea con una profundización sociohistórica respecto a las bases de este fenómeno, se advierte la pervivencia del sistema electoral chileno como último gran enclave autoritario heredado del período pinochetista (1973-1989). Operando como “freno” a la fragmentación partidista, en tanto circunstancia generalizada en otros sistemas políticos como ocurre en los casos de Argentina y particularmente Perú, dicho sistema viene ocluyendo también el carácter diversificado de la representación política.

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Transcurridas más de dos décadas del histórico plebiscito opositor a Pinochet, la transición muestra actualmente en su haber cuatro gobiernos sucesivos en manos del CPD —Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (20002006) y Michelle Bachelet (2006-2010)— y una quinta presidencia contemporánea ejercida por Sebastián Piñera, quien resultara electo en las últimas elecciones presidenciales celebradas a comienzos del año 2010. Con el triunfo de este candidato de Renovación Nacional (RN), partido históricamente aliado a la Unión Demócrata Independiente (UDI), la Alianza de derecha retorna al poder luego de 50 años. Esta victoria trasunta el entender democrático de la ciudadanía respecto a que la alternativa de cambio en la reciente coyuntura chilena era mejor representada por la derecha, poniendo sobre el tapete de la reflexión socio-histórica el papel de las ideologías políticas en la apertura de contextos de cambio. El “supuesto giro hacia la izquierda” como lugar común de la política latinoamericana contemporánea apuntado por algunos análisis políticos, cede el paso al replanteamiento de preguntas previas y fundamentales en el marco de una geografía política latinoamericana ciertamente heterogénea: “¿de qué izquierda se está hablando?” proponen reflexionar estudiosos de las instituciones partidarias en la región como Alcántara Sáez y García Diez (Alcántara y García, 2008:11), considerando al “timing y la secuencia de formación de regímenes democráticos y partidos” como “variables explicativas clave”10. 10

La premisa del mencionado “giro” posneoliberal en la región comienza a verse relativizada a partir de los resultados electorales producidos en Honduras, Costa Rica y Colombia. En “Elecciones y democracia en América Latina. Balance electoral latinoamericano. Noviembre 2005-diciembre 2006” (Alcántara y García, 2008:358), Daniel Zovatto menciona al respecto los triunfos de fuerzas liberales de centro o derecha en las elecciones presidenciales producidas en dichos países entre 2005 y 2006. En el mismo sentido, Zovatto destaca la profundización de la política democrática como terreno desde el cual los electores buscan (a escala regional aunque en línea con sus respectivas coyunturas nacionales), solución a aquellos problemas no resueltos. Siguiendo a Rosendo Fraga, para el autor en todo caso se produce un “giro hacia el centro”, desde la coexistencia de tres orientaciones ideológicas bien definidas: la social-democracia, la izquierda populista y la centro-derecha.

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En este sentido, Rovira Kaltwasser enmarca los problemas de la postransición chilena en torno a tres importantes aspectos derivados de la manera en que su transición democrática se ha producido: “la institucionalización de negociaciones a puertas cerradas entre las élites, el anclaje de la ortodoxia neoliberal y la tardía confrontación de la sociedad con el legado autoritario” (Rovira, 2007:346). Así, el caso chileno se presenta entonces como moneda de dos caras: “modernización” relativamente exitosa y “débil democratización”. En el plano socio-económico, entendido como condición material de posibilidad de los avances políticos e institucionales en materia democrática, se destaca la fuerte persistencia de una orientación conservadora en la política chilena cuya “estética progresista” de los últimos años no ha dado entidad ni sustento suficiente a una consecuente inversión en “política social”. A esta pobreza política interna se suman ciertas dificultades regionales en materia de política exterior. Al salirse del pacto andino y no integrarse plenamente al Mercosur, Chile se mantiene relativamente aislado de Sudamérica, omitiendo que “en un mundo global no es suficiente tener buenas relaciones con EE UU; se necesitan proyectos conjuntos con vecinos más próximos” (Ruiz, 2008:110). Durante gran parte de la década de reformas neoliberales propiciadas por organismos internacionales en la región durante los noventas, Chile era destacado con frecuencia por instituciones financieras como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como ejemplo de la transición democrática. Como señala Rovira Kaltwasser, sin duda una serie de variables económicas sustentaron la visión de este país como modelo de modernización donde la estabilidad política acompañaba el crecimiento económico: “entre 1990 y 2004 ha tenido un crecimiento promedio de su PIB del 6 %, en el mismo período disminuyó la cifra relativa de la pobreza de 40 a 20 %; y en el índice de transparencia internacional, Chile figura como la nación menos corrupta de la región latinoamericana” (Rovira, 2007:354). Sin embargo y en el mismo acto, indicadores contundentes de la desigualdad social como el coeficiente de Gini, posicionaban también a este país entre aquellos de estructura más

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regresiva e inequitativa del mundo11. Respecto al “arraigo” de esta situación contradictoria en las valoraciones de la propia ciudadanía chilena, los resultados de otro tipo de estudios contemporáneos como el informe anual de la consultora chilena Latinobarómetro12 alimentan nuevamente la paradoja en torno a la “auto-regulación” funcional que la sociedad realiza en relación con las instituciones democráticas, a través de mecanismos políticos institucionalizados como las elecciones. Reconociendo la necesidad de una reflexión profunda sobre las condiciones sociales de la democracia, como expresa Rovira Kaltawasser no es casualidad que “los índices de legitimidad de la democracia chilena se mantengan en un nivel intermedio dentro de América Latina pese al sostenido proceso de modernización” (www.latinobarometro.org). En un escenario postransicional donde los ciudadanos se muestran cada vez menos vinculados a los partidos y las élites políticas, encuentran escasa o nula motivación para invertir en su construcción o renovación, quedando atravesados ambos por una política de la imagen que articulada en torno a estrategias del marketing electoral tiende a centrarse casi exclusivamente en la acción de los medios masivos de comunicación: La política democrática requiere urgentemente reencontrarse con su potencial de “auto-determinación colectiva”, y la sociedad, origen y destino final de la misma, de la mano del conocimiento producido por sus intelectuales, debe recuperar la capacidad de reflexión histórica sobre sí misma acorde a los desafíos políticos del presente. Si bien el tratamiento 11

Como medida estadística económica, “el coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad de ingresos” (Rovira, 2007:354). Con un coeficiente de 0.571 y según un informe del PNUD, citado por el autor, en el año 2004 Chile se ubicaba entre los 10 países peor situados a nivel internacional. En su informe sobre la “democracia churchilliana” en Chile (disponible en http:// www.latinobarometro.org/), la Corporación Latinobarómetro produce dos datos significativos en esta dirección: la satisfacción generalizada de los chilenos con la economía existente, más allá de las desigualdades persistentes (Chile aparece después de Uruguay como el segundo país con mayor índice de satisfacción al respecto) y el incremento del apoyo a la democracia coincidente con el primer año de gobierno de S. Piñera (el cual fluctúa durante el gobierno de M. Bachelet entre el 45 y 55 % y asciende a un histórico 63 % acompañando el retorno de la derecha al poder político).

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de las cuestiones hasta aquí abordadas excede al alcance limitado del presente trabajo, siendo objeto de importantes discusiones académicas y políticas más extensas y profundas, la propuesta ha sido recuperar la inteligibilidad de una lectura sociohistórica de las condiciones y desafíos de la post-transición democrática en América Latina. Desde una sociología que se pregunta por el efecto del tiempo en las instituciones y una historia que reflexiona sin anclarse al pasado, todo proyecto político de cambio social supone un contenido institucional en disputa y frente a la complejidad propia de la democracia latinoamericana, adquiere otra dimensión al ser abordado desde el aspecto socio-histórico. Se trata de construir un enfoque no determinista, abierto al encuentro tanto de líneas de continuidad como de ruptura en las configuraciones políticas y culturales de las democracias contemporáneas, entendidas como fenómenos ciertamente dinámicos y siempre en construcción. Encontrar la alternativa de cambio en el marco institucional y darle continuidad a esta apertura para concretarlo. Desde los aportes del institucionalismo histórico a los análisis de política comparada, implica entender que el cambio político es inseparable del análisis de las bases de su estabilidad, aunque metodológicamente sean reflexionados por separado. Más allá del desafío analítico de descubrir el “potencial” de cambio latente en los mecanismos de “reproducción” existentes, se trata entonces de un esfuerzo por acercar en la mayor medida posible nuestra capacidad de comprensión a la complejidad y al dinamismo inherentes a la propia “naturaleza” de los procesos sociales.

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VOTO A DISTANCIA, VOZ CIUDADANA Evelyn Téllez Carvajal

INTRODUCCIÓN Ser mexicano significa que un individuo ostenta la nacionalidad mexicana. Definida ésta como el vínculo jurídico-político que liga a los individuos con un determinado Estado1. Tenemos esta calidad de mexicanos, dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haber nacido en territorio nacional, tener padres mexicanos o al menos uno de ellos lo sea, (ius soli y ius sanguini respectivamente). Esto significa que residir en territorio de la República Mexicana no es suficiente para obtener la nacionalidad, así los extranjeros avecindados en nuestro país, tienen la opción de solicitar la nacionalidad mexicana (ius optandi). La calidad de nacional es primordial para poder acceder a la ciudadanía mexicana y con ella a los derechos políticos. Luego de un decreto que modificó el artículo 37 constitucional en el año 1997, se estableció que ningún mexicano por nacimiento podía ser privado de su nacionalidad. Con ello se abriría poco a poco la posibilidad del voto a distancia para millones de connacionales que residen en el extranjero, pues aquellos que habían perdido su nacionalidad pudieron recuperarla, siempre y cuando no se

Cfr. Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Porrúa-UNAM, 1988, Tomo I-O, pp. 2173 -2177; Pereznieto Castro, Leonel, Derecho internacional privado, 6a. ed., Colección de textos Jurídicos, México, Harla, 1980, p. 32; Contreras Vaca, Francisco José, Derecho internacional privado, parte general, 4a. ed., México, Oxford, 2004, p. 235 y Arellano García, Carlos, Derecho internacional privado, 14a. ed., México, Porrúa, 2001, pp. 185188.

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pusieran bajo alguna de las causales de pérdida de la ciudadanía2, mantendrían sus derechos políticos sin importar que se encontraran residiendo en un Estado extranjero.

DE AZTLÁN A LOS CHICANOS Los mexicanos conocemos historias sobre migrantes y, algunas veces, vivimos esas historias. La migración de mexicanos, a los Estados Unidos principalmente, es un tema que todos conocemos, sabemos de alguien cercano o tenemos un familiar allá, en el otro lado. Ese otro lado marcado por una frontera política. Fronteras porosas, símbolo de separación, fronteras que son y dejan de serlo puesto que hoy en día es difícil indicar en dónde termina el territorio mexicano: ¿es en Tijuana o se ha trasladado a San Diego con su gran población de mexicanos?3 Las fronteras que efectivamente son marcadas política y jurídicamente se desdibujan con la identidad y pertenencia a una nación. Somos parte de un pueblo que migró sin querer hacerlo; de pronto un día los mexicanos ya estaban “del otro lado”. Los pri-

Artículo 37 inciso C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. A la letra indica: “La ciudadanía mexicana se pierde: I. Por usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente. III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente. IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente. V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y VI. En los demás casos que fijan las leyes”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomado de: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/28.htm?s=. Última consulta el 17 de enero de 2011. Casi once millones de mexicanos residían en California en 2002 de acuerdo a la Oficina de Censos de los Estados Unidos. Cfr. US Census Bureau http://www. census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-3.pdf. Consultado el 17 de enero de 2011.

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meros migrantes mexicanos se encontraban en el territorio cedido a los Estados Unidos por el tratado Guadalupe-Hidalgo en 1848, justo lo que hoy conforma los estados de Texas, Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Utha, parte de Colorado, Wyoming y Kansas4. Sin embargo y a pesar de los 165 años que han pasado, seguimos encontrando razones para entender lo que pasa en el país vecino con los mexicanos. Las fronteras políticas y jurídicas parecen borrarse cuando encontramos motivos que nos hacen ser parte de una misma comunidad, ¿por qué algunas lenguas que hablan los pueblos nativos originarios de Estados Unidos guardan un parecido con el náhuatl que aún se habla en algunas comunidades originarias en México? ¿acaso los aztecas no venían de Aztlán? Este lugar ubicado al norte del continente pudo haber sido parte de los Estados Unidos de América, desde donde emigraron los aztecas. ¿Qué significa hoy por hoy ser mexicano? En México existe el concepto de nacionalidad y de ciudadanía, conceptos ligados a una idea de pueblo, nación, población e incluso de raza. En nuestra sociedad existen grupos minoritarios como los pueblos originarios (mixtecos, zapotecos, triquis, huicholes, tzotziles, kiliwas, entre otros), o los migrantes. Grupos vulnerables sin lugar a dudas, pero mexicanos y ciudadanos también. No todos los Estados en el mundo entienden como nosotros la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Los Estados Unidos prefieren hablar de residencia y ciudadanía más que de nacionalidad, y con estos conceptos protegen los deberes y obligaciones que ostentan cada una de esas calidades. En nuestro país el gobierno otorga la nacionalidad a todos aquellos individuos que nacimos en alguna parte del territorio mexicano, en alguna aeronave o buque de nacionalidad mexicana

Cfr. Levine, Eliane, “Empleos para mexicanas migrantes en los Estados Unidos” en Galeana, Patricia (editora), La migración México-Estados Unidos y su feminización, Cuadernos de América del Norte, núm. 11, México, CISAN-UNAM, 2008, pp. 65-83.

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o también si nacimos de padres mexicanos, o aunque solo uno de ellos lo sea5. En otras palabras, un mexicano nacido en el extranjero, cuyos padres son mexicanos o sólo uno de ellos lo sea, es considerado mexicano porque hereda la nacionalidad de sus padres, pero si los hijos de éste nacen en el extranjero, ya no heredan la nacionalidad adquirida del padre. Lo anterior se tomó como medida para evitar que los mexicanos heredaran la nacionalidad sin límite de generaciones, pues eso ocasionaba que existieran mexicanos que nunca habían estado en el país, luego entonces el vínculo jurídicopolítico que representa la nacionalidad de los individuos con el Estado no se cumplía. Aquí es importante observar que los derechos y las obligaciones derivados de la ciudadanía, resultaban difíciles de cumplir a causa de la distancia, y aunque aquellos derechos, prerrogativas y obligaciones no se perdían, dejaban de ejercitarse. Es importante recalcar que ser nacional mexicano no necesariamente significa ser ciudadano. Para ello, se anota en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es necesario tener la nacionalidad mexicana, 18 años cumplidos y un modo

Artículo 30 constitucional. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. A) Son mexicanos por nacimiento: I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres; II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional; III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. B) Son mexicanos por naturalización: I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carta de naturalización, y II. La mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/31.htm?s=, consultado el 17 de enero de 2011.

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honesto de vida6. El significado de “modo honesto de vivir” no se encuentra definido. Basta dar un vistazo a nuestro alrededor para observar que existen muchos ciudadanos que probablemente no tengan un modo honesto de vida. Así encontramos (en Estados Unidos principalmente), a ciudadanos mexicanos que residen temporalmente en ese país, algunos otros han echado raíces y no piensan regresar, pero también hay quienes quieren volver a México. En esta gama de migrantes encontramos a personas que si bien cuentan con raíces mexicanas no se conciben como tal, algunos tampoco se integran a la sociedad norteamericana dando paso a una nueva cultura: la del “Chicano”7.

CIUDADANO SOBERANO Los mexicanos que se van al otro lado en busca de empleo no tienen derechos, son como invisibles, allá no son mexicanos, son latinos, brownskin, wetbacks, beanors, beaners, border jumpers, browners, spicanos, greasers, burritos boys, alien invaders, illegals; delincuentes, ilegales. Seres humanos en un país en el que la mayoría no reconoce la importancia de su trabajo. Nuestros connacionales son contratados, trabajan, estudian, pagan impuestos, comen, viven, enferman, aman. Y pese a esto no son vistos como ciudadanos, mucho menos como nacionales. No son integrados a la sociedad, se quedan atra-

Artículo 34 constitucional, Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, y II. Tener un modo honesto de vivir, http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/35. htm?s=, última consulta el 17 de enero de 2011. Ramírez, Axel, “Chicanas y chicanos: dos facetas de la migración”, en Galeana, Patricia, op. cit., nota 5, pp. 85-95.

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pados en un lugar propio pero a la vez ajeno, donde se violan sus derechos más elementales, como los políticos. No es que los mexicanos que viven en Estados Unidos regresen de la noche a la mañana a nuestro país, pero muchos de ellos tienen aquí a sus familias, les mandan remesas8 para apoyar su economía y algunos sueñan con regresar después de trabajar durante algún tiempo en el extranjero para abrir un negocio, construir un hogar, tener un futuro más digno del que tendrían si no hubieran migrado o si decidieran no regresar del extranjero. Los chicanos han desarrollado una cultura que encierra la realidad de ser mexicano, latinoamericano y no poder incorporarse a la sociedad norteamericana por carecer de vínculos históricos, lengua e identidad nacional. Y sin embargo son parte de aquella comunidad. Lo anterior nos hace pensar que existen distintas categorías de mexicanos en el extranjero, fenómeno que se presenta complejo.

Remesas de mexicanos enviadas en 2009. “Las remesas, que sumaron en enero 1,571.77 millones de dólares, son una de las principales fuentes de captación de divisas de México, lo que significaría una disminución de 4.9 % respecto a los 1,653 millones de dólares alcanzados en igual mes del 2008. De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), la llegada de remesas al país descendió en 82 millones de dólares respecto a enero de 2008 y han disminuido en los últimos años, pues en enero del 2007 habían alcanzado 1,757 millones de dólares. Del total de remesas del primer mes del año, la mayor parte, es decir, 1,485.62 millones de dólares, llegaron al país por medio de transferencias electrónicas. Asimismo, en enero se realizaron 4 millones 801,420 operaciones de envío de dinero a México, mientras que la remesa promedio fue de 327 dólares. En el 2008, las remesas totalizaron 25,145 millones de dólares, lo que significó un descenso anual de 3.6 %, equivalente a 931 millones de dólares. Así, el año pasado se realizaron 72.6 millones de transferencias de dinero hacia México con un valor promedio por remesa de 346 dólares. De acuerdo con analistas, la caída en la entrada de recursos al país por este concepto obedece al mayor desempleo de los trabajadores hispanos en Estados Unidos, derivado de una agudización de la crisis económica en el país. La recesión estadounidense ha pegado más en los sectores donde labora un mayor número de mexicanos, como la construcción y el sector manufacturero”. Tomado del periódico El Economista en línea, finanzas, consultado en http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/02/27/caen-49-envios-remesasmexico, último acceso el 17 de enero de 2011.

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En primer lugar podemos pensar en los chicanos que si bien tienen raíces mexicanas, cuentan con un lugar dentro de la sociedad estadounidense, me refiero a los mexicanos que ostentan la ciudadanía norteamericana, es decir, son mexicanos ciudadanizados norteamericanos. En segundo plano los mexicanos que no poseen la ciudadanía norteamericana pero cuentan con un permiso de residencia. Posteriormente los que ingresan sin los documentos que acrediten su calidad migratoria. Esta última calidad de mexicanos que labora en Estados Unidos por no haber encontrado una oportunidad en México, son ciudadanos de nuestro país, no pierden esta calidad por el hecho de radicar en el extranjero. Sin embargo, un empleo tampoco les brinda el reconocimiento como ciudadanos norteamericanos. Ser ciudadano de un país significa tener derechos y obligaciones, en el caso particular de México se refieren en especial a los derechos políticos. Es un derecho y una prerrogativa votar en las elecciones. En 2006 nuestro gobierno incluyó en este ejercicio a los mexicanos que radican fuera del territorio nacional. Cumpliendo así con incluir en ese ejercicio soberano a todos los mexicanos en el mundo. Esta acción nos permitió observar que no es la nacionalidad sino la ciudadanía el vínculo por el que los mexicanos pudieron votar desde el extranjero. Es un error creer que la nacionalidad es el vínculo necesario para ejercer los derechos políticos. El Estado mexicano comete el error de otorgar la “nacionalidad mexicana” vía ius optandi, en realidad, ese vínculo cultural y de sangre no puede ser otorgado tras un mero trámite administrativo. El vínculo que debería otorgarse es la ciudadanía; no la nacionalidad. Es por medio de la ciudadanía que se adquieren derechos y obligaciones para con el Estado que otorga la ciudadanía. Sin embargo junto al concepto de ciudadano y nacional en la Constitución Política mexicana también se mencionan conceptos como el de pueblo o nación. En el caso particular de la soberanía, la carta magna indica que reside en el pueblo9. El concepto ha

Artículo 39 constitucional que a la letra dice: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se

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evolucionado, algunas de las causas de que se esté replanteando con otras perspectivas es, por ejemplo, la situación de los pueblos tras los movimientos migratorios, actualmente el pueblo mexicano ya no sólo se encuentra dentro de las fronteras políticas y jurídicas pactadas, sino que las ha traspasado y aquí es donde nos preguntamos si ese pueblo asentado fuera de las fronteras mexicanas conserva su soberanía o no. En el caso de los mexicanos en el extranjero, el gobierno mexicano ha escuchado esa voluntad soberana de querer participar en los asuntos políticos del país y ha tenido un acierto al escuchar a sus ciudadanos más allá de las fronteras, dando un paso al modificar la normatividad electoral y permitir el sufragio desde el extranjero. Sin embargo, los derechos políticos no se limitan al voto activo, también se relacionan con el derecho a ser electo a cargos de representación popular, así como asociarse libre y pacíficamente, como podría ser en partidos políticos, pero todos estos derechos aún no son ejercidos por los mexicanos en el exterior10. Los primeros países que instauraron el voto a distancia lo instrumentaron para aquellos ciudadanos que laboraban en el extranjero enviados por el mismo gobierno, como agentes diplomáticos o consulares, para que pudieran ejercer su derecho al voto desde el exterior. En algunos países como Estados Unidos también pensaron en el voto a distancia para aquellos ciudadanos que eran parte de la milicia y que se encontraban en guerra fuera del territorio norteamericano y querían participar en ese ejercicio soberano.

instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Tomado de: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/40.htm?s=, consultado el 17 de enero de 2011. Los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos son enumerados como prerrogativas en el artículo 35 constitucional: I. Votar en las elecciones populares, II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; (…). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión electrónica en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/36.htm?s=, última consulta: 19 de enero de 2011.

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Nuestro país ha tenido necesariamente que ir más allá, pues nuestros connacionales han migrado por la falta de empleos y oportunidades, pero al emigrar no pierden sus derechos ciudadanos. La soberanía reside en la totalidad del pueblo, esto quiere decir que los mexicanos que residen en el extranjero forman parte de ese poder soberano. El flujo migratorio de nuestro país hacia Estados Unidos es constante, en el pasado una de sus características era que la migración se daba por temporadas, los mexicanos que migraban regresaban después de la temporada de cosecha. Con las políticas que restringieron el ingreso y las dificultades para el flujo regular de ida y vuelta, los mexicanos que laboran en Estados Unidos se quedan por más tiempo allá por temor a no poder regresar a sus empleos y cada vez más emigran junto a sus familiares. Los más de tres mil kilómetros de frontera11 que compartimos con nuestro vecino del norte hacen de la migración mexicana un fenómeno único en el mundo. La población latina en Estados Unidos se ha percatado de la importancia que tiene para la sociedad norteamericana, y con la marcha del sábado 25 de marzo de 2006 en Los Ángeles se convocó a cerca de un millón de participantes. Esta capacidad de organización provocó que el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos aceptara una reforma para legalizar a un millón y medio de trabajadores agrícolas que concluyó a finales del año 2011, también se contempló un programa de trabajadores temporales de 400 mil visas al año con posibilidad de residencia, y lo más importante es que se pretendía descriminalizar a los migrantes que permanecieran en ese país aún si el plazo de su visa estuviera vencido. Sin embargo en una evaluación de las políticas migratorias del país vecino, la realidad demuestra que la criminalización de los migrantes es constante. La inseguridad en los cruces fronterizos y las

Hay datos que indican 3,000 kilómetros de frontera, otros sostienen 3,200, algunas otras fuentes indican 3,141 kilómetros de frontera. Cfr. Santibáñez Romellón, Jorge, “Problemática de la migración en la frontera norte de México”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 70, octubre 2003-febrero 2004, Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, p. 127.

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violaciones a los derechos humanos como el derecho a la vida se ven afectados. Aun así se considera que para 2025 los latinos serán la primera minoría con 25 % de la población total de los Estados Unidos12. Los mexicanos en Estados Unidos laboran principalmente en el campo, en la industria de la construcción, en el área comercial y de servicios, lo cual no representa competencia con los trabajadores domésticos, pues de acuerdo a los estándares de los ciudadanos estadounidenses esos trabajos son arduos, inferiores y mal pagados. George W. Bush dejó en claro que en materia de inmigración su país se rige por algunos principios básicos como: controlar las fronteras para impedir el tránsito de terroristas o narcotraficantes, promover leyes de inmigración que permitan las contrataciones de inmigrantes, pero sólo atendiendo las necesidades económicas de su país y los empleos que no quieren ser realizados por sus ciudadanos, no recompensar a los inmigrantes ilegales otorgándoles beneficios como la obtención de la residencia o acceder a la ciudadanía, ofrecer incentivos para que los migrantes que se encuentran laborando temporalmente en los Estados Unidos regresen a sus lugares de origen luego de un periodo de trabajo que les permita desarrollarse en su país, crear un sistema de trabajadores temporales al que puedan acceder los inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en los Estados Unidos y bajo este esquema promover que se queden con trabajo temporal por tres años prorrogables por un periodo igual, pero acabando este lapso salgan del país. También reunir a las familias que se encuentran separadas, otorgar tarjetas de trabajo temporal a los inmigrantes para que puedan obtener licencias de conducir y con ello también permitir el tránsito entre Estados Unidos y el país del que sean originarios13. Todo lo anterior escasamente llevado a la práctica.

Cfr. Hernández, Ángel, “Despierta el gigante”, Vértigo, año VI, núm. 263, 2 de abril de 2006, p. 46. Cfr. Meissner, Doris, “Reflexiones sobre la propuesta de las reformas migratorias en Estados Unidos”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 70, octubre 2003-febrero 2004, Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pp. 135 a 144.

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Por otro lado, hemos visto que la migración en la agenda del presidente Obama después de no haber sido considerada al principio, ha tenido que retomarse sin obtener resultados favorables para la mayoría de los migrantes. Sería un gran paso que se retomaran las negociaciones para atender la problemática migratoria de una manera multilateral que tomara en cuenta todos los Estados involucrados, ya sea como expulsores o receptores de migrantes y evitar prácticas unilaterales que perjudican y criminalizan a los seres humanos.

REPLANTEAR EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA Los atributos o privilegios de ser ciudadano mexicano son claramente señalados en el artículo 35 constitucional que a la letra indica: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que representen las leyes, y V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición14. La ciudadanía es la base de los derechos políticos de los mexicanos. El artículo 36 de la Carta Magna establece las obligaciones de los ciudadanos que podemos mencionar en forma breve: inscripción en el catastro y en el Registro Nacional de Ciudadanos, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/36.htm?s=, consultado el 19 de enero de 2011.

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en los términos que señale la ley, desempeñar cargos de elección popular y cargos concejiles del municipio donde se resida15. Como se apunta arriba, el votar en las elecciones es tanto una prerrogativa como una obligación de los mexicanos. Lamentablemente coartamos el derecho de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero al permitirles sufragar solamente por el encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, sin embargo si ya se ha dado un paso en el sentido de garantizar los derechos políticos de los mexicanos en el exterior, es necesario considerar la necesidad de que también puedan ser electos para cargos de representación popular e incluso formar partidos políticos (prohibidos por ley en la actualidad)16. La ciudadanía también es en consecuencia, un proceso de toma de conciencia del individuo que en un principio entendía que se subordinaba al Estado, pertenecía a él, posteriormente se convirtió de miembro del Estado a ciudadano del mismo al participar en el ejercicio de la política. Así ciudadanía se entendía como los derechos políticos, civiles y sociales.

Artículo 36 constitucional: Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el registro nacional de ciudadanos en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del registro nacional de ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establece la ley, II. Alistarse en la Guardia Nacional; III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley; IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, que en ningún caso serán gratuitos, y V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las del jurado. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/37. htm?s=, consultado el 19 de enero de 2011. El artículo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, indica: 1. Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y afiliarse a ellos individual y libremente (…). http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/ref/cofipe.htm, último acceso el 19 de enero de 2011.

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La ciudadanía fue entendida también como una unión de los individuos que integraban una sociedad y participaban activamente en su política. De ser una característica de la unión de los individuos que pertenecían a un Estado se ha convertido en un elemento de exclusión. Así al diferenciar entre ciudadano y extranjero permitimos ideas de racismo y xenofobia. La ciudadanía también puede ser usada como pretexto para excluir y negar derechos básicos a los inmigrantes, entre otros, los derechos políticos17. Ya el destacado jurista italiano Luigi Ferrajoli18, hablaba de desvincular la ciudadanía del carácter estatal y concebirlo supraestatalmente, tanto dentro de la Constitución misma como en el ámbito internacional, para poder tutelar de forma efectiva los derechos ciudadanos dentro, fuera y frente a los Estados. Por otro lado, esta necesidad de replantear la idea que tenemos de la ciudadanía no es una idea actual, desde el siglo XVIII, llamado de las Luces, Emmanuel Kant advertía sobre la necesidad de una ciudadanía mundial y sostenía que un extranjero no debía ser tratado con hostilidad sólo por provenir de un lugar distinto. Para él, la extensión territorial era limitada y por lo tanto los seres humanos debíamos aprender a convivir y tolerar mutuamente nuestra presencia19.

Véase Ibarra Palafox, Francisco, “La ciudadanía migrante”, en Valadés, Diego y Carbonell, Miguel (coords.), El Estado constitucional contemporáneo. Culturas y sistemas jurídicos comparados, tomo I, UNAM, pp. 483 a 505. Artículo 33 constitucional. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título Primero de la presente Constitución; pero el ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/34.htm?s=, consultado el 20 de enero de 2011. Véase Moreno Cruz, Rodolfo, “El modelo garantista de Luigi Ferrajoli. Lineamientos generales” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año LX, núm. 120, México, UNAM, pp. 825 a 852. Véase Brito Melgarejo, Rodrigo, La ciudadanía como exclusión” en Valadés, Diego y Carbonell, Miguel (coords.), El Estado constitucional contemporáneo, Tomo I, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 37.

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Jürgen Habermas20 también consideró la ciudadanía cosmopolita como una opción real. Aunque parezca un tanto ilusorio debemos considerar estas opciones, ya que como en el pasado, al hablar de derechos políticos se descartaba la idea de que las mujeres podrían participar en un ejercicio considerado exclusivo para los hombres; una ciudadanía cosmopolita puede estarse gestando hoy.

UNA MIGRACIÓN MUY MEXICANA Migraciones en el mundo se dan a diario, pero no como la mexicana. La migración de mexicanos hacia Estados Unidos es única, ningún país europeo podría entender la realidad del fenómeno migratorio en nuestro país, en principio porque ninguno cuenta con un flujo migratorio como el nuestro. Diariamente miles de mexicanos cruzan la frontera. El Colegio de la Frontera Norte hace estudios sobre este particular fenómeno. Como el Proyecto Cañón Zapata que arrojó datos interesantes21. Los mexicanos en Estados Unidos reconocen las limitaciones que representa ser mexicano sin documentos para acreditar su estancia legal. Resulta necesario que escuchemos más detenidamente las necesidades de ese grupo, pues también son ciudadanos de nuestro país. Debemos dejar de lado la idea de que al salir del país pierden su calidad de mexicanos y ciudadanos. Los mexicanos que migran no dejan de ser parte de nuestra nación. Es necesario observar el interés por sus familias que perma-

Cfr., Habermas, Jürgen, “La inclusión del otro. Estudios de teoría política” citado por Brito Melgarejo en “La ciudadanía como exclusión”, en Valadés, Diego y Carbonell, Miguel (coords.), El Estado constitucional contemporáneo, Tomo I, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 33. Un estudio realizado de septiembre de 1987 hasta el mismo mes de 2001 y cuya finalidad fue proporcionar datos sobre los flujos migratorios irregulares en la frontera norte de México luego de 180 mil entrevistas a migrantes. Bustamante, Jorge, A., Migración internacional y derechos humanos, Serie doctrina jurídica núm. 94, México, UNAM, 2002.

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necen en el territorio nacional. No debemos olvidar lo que representan las remesas enviadas por los migrantes a nuestro país, hoy en día son la segunda fuente de ingresos; únicamente por debajo del petróleo. Lamentablemente no conocemos el número real de mexicanos que reside en el extranjero. Algunas cifras hablan de más de siete millones, otras de más de 10. No es posible garantizar sus derechos políticos en el extranjero si no contamos con los datos suficientes para ubicar los lugares en donde se encuentran residiendo, y los mexicanos migrantes irregulares no pueden ejercer esos derechos por no contar con un documento migratorio en regla. Las características de los migrantes han cambiado, anteriormente quienes migraban eran hombres y su preparación académica era nula o escasa, ya que se dedicaban a trabajar en los campos. Actualmente migran más mujeres o familias enteras, y cada vez más los migrantes cuentan con una formación académica más completa. El número de mexicanos con estudios de posgrado que deja el país, refleja la fuga de cerebros y el interés por conservar y ejercer entre otros los derechos políticos.

UNA VISIÓN RETROSPECTIVA El voto a distancia no es razón sólo de partidos. Desafortunadamente se ha confundido con asuntos partidistas, esto limita la visión del tema. El voto a distancia se relaciona ampliamente con la voluntad soberana de los mexicanos en cualquier lugar del mundo, más que con los intereses de algunos grupos. Los mexicanos en el extranjero han pedido votar y participar, cumplir con una obligación y lo han podido hacer a distancia. No descarto aquellas personas que consideran que los mexicanos en el extranjero se han desligado de la realidad que vive nuestro país, y sin embargo también deberían reconocer que muchos de los que permanecen en territorio nacional no están interesados

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en ejercer su voto. La falta de participación no es exclusiva de los mexicanos en el extranjero. Tampoco lo es la desconfianza en algunas de nuestras instituciones, pero eso no es razón para privarlos de un derecho que por ser ciudadanos les pertenece constitucionalmente. La falta de conocimiento de las propuestas de partidos y de la situación política del país tampoco es un fenómeno único de los mexicanos en el extranjero, como muestra podemos mencionar a los miles de mexicanos en nuestro territorio que desconocen la situación política actual o la incapacidad de votar de los sujetos a proceso, que sin haber perdido sus derechos políticos no pueden salir de los centros de detención para sufragar. Permitir que los mexicanos en el extranjero emitan su voto ha sido tema de largas discusiones, actualmente el artículo 36 deja abierta la posibilidad de que los mexicanos que no se encuentran en su distrito electoral puedan ejercer su voto en otro distrito. Como lo han analizado diversos especialistas, esta reforma no dice expresamente que se permite el sufragio de los mexicanos en el extranjero, pero es posible al omitir la restricción de votar en el distrito electoral correspondiente: Artículo 36. Votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le corresponda (antes).

votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley… (ahora). El 22 de noviembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma electoral que en su artículo octavo transitorio establece: Octavo. Durante el primer semestre de 1997, la Secretaría de Gobernación publicará el Acuerdo mediante el cual dará a conocer el Programa para el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la correspondiente Cédula de Identidad Ciudadana, con vistas para su utilización en el proceso electoral federal del año 2000, realizándose con oportunidad las modificaciones legales necesarias para regular las adecuaciones pertinentes al actual Registro Federal de Electores. Si al aplicarse los procedimientos técnicos y administrativos que tiendan al logro del propósito señalado en el párrafo que antecede, se presentaran inconsistencias en la información de los registros civiles del país que impidieran la adecuada expedición de la autorización o utilización de la

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cédula de identidad ciudadana en las elecciones del año 2000, se harán al efecto los planteamientos de ajuste que se requieran. Con el propósito de estudiar las modalidades para que los ciudadanos residentes en el extranjero puedan ejercer el derecho al sufragio en las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral designará una comisión de especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la materia electoral para que se realicen los estudios conducentes, procediéndose a proponer en su caso, a las instancias competentes, las reformas legales correspondientes, una vez que se encuentre integrado y en operación el Registro Nacional Ciudadano y se hayan expedido las cédulas de identidad ciudadana.

Éste es un avance en la planeación de la posibilidad del voto de los mexicanos en el extranjero, sin embargo podría pensarse que no estaba bien definida la manera de hacerlo ni los gastos que generaría. En 2005 el voto de los mexicanos en el extranjero ya era un logro y se proponía que se instalaran mesas de votación o casillas especiales. Se habló mucho sobre la modalidad del voto que se podría dar e incluso de casillas móviles o voto por Internet. Finalmente se optó por el voto por correo y se decidió que la credencial de elector era el medio idóneo para que los mexicanos en el extranjero pudieran sufragar e inscribirse en un padrón electoral desde octubre de ese año. Este proceso resultó demasiado costoso, aproximadamente cinco mil pesos por voto. Si multiplicamos esta cantidad por el número de votantes potenciales veríamos que la cifra supera por mucho la cantidad que es destinada para los comicios dentro del territorio nacional. Considero que se debe replantear la modalidad de voto a distancia y hacer uso de las nuevas tecnologías, siendo el voto electrónico una buena alternativa. La forma en que se llevó a cabo el voto a distancia comenzó por el registro de los mexicanos que tenían su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) y con la elaboración de un padrón electoral de mexicanos en el extranjero. Se solicitó que los interesados en participar avisaran por escrito a partir del 1º de octubre de 2005 a fin de ser inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, enviando por

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correo certificado copia fotostática de su credencial para votar y un comprobante de su domicilio. Esta medida limitó a los indocumentados. El 15 de febrero de 2006 venció el plazo de recepción de solicitudes, de este mes a mayo se elaboraron las listas nominales. Del 30 de enero al 20 de mayo, poco más de tres meses, se imprimieron y enviaron las boletas que usarían los mexicanos en el extranjero. El mismo IFE envió sobres en los que cada elector introdujo la boleta en la cual emitió su voto y lo remitió por correo certificado al mismo Instituto. Los votos se recibieron en el IFE hasta 24 horas antes de que iniciaran las votaciones en México y se computaron el día de la elección. Finalmente las boletas recibidas se contabilizaron en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la ciudad de México el mismo 2 de julio, día de los comicios en la República Mexicana. El escrutinio comenzó a las 18:00 horas y se realizó frente a representantes de las autoridades electorales y observadores. La tendencia del voto pudo apreciarse claramente, pero esta situación no es determinante en este trabajo, sino la importancia de que el ejercicio se llevó a cabo y ahora debe continuarse con el siguiente paso: que los mexicanos en el extranjero tengan completos sus derechos políticos como ciudadanos mexicanos y detentadores de la soberanía nacional. Que voten y puedan ser votados. Como es sabido, el derecho a la libertad de asociación y reunión son derechos fundamentales que están protegidos por nuestra Carta Magna. Si bien son distintos, se complementan; ya que el origen de una asociación de individuos es necesariamente la reunión de los mismos. La asociación comprende la asociación política, ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos pueden participar en la conformación de organismos que promuevan y defiendan los mismos intereses y derechos políticos. La legislación establece que los ciudadanos mexicanos pueden formar asociaciones políticas nacionales y partidos políticos nacionales. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) es muy claro cuando indica que no se pueden rea-

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lizar actos electorales en el exterior; de toda la gama de derechos políticos, los mexicanos sólo pueden ejercer el voto activo22. Si lo importante es que los mexicanos en el extranjero puedan ejercitar sus derechos políticos ¿no sería necesario replantear qué tan factible es la posibilidad de que puedan organizarse en agrupaciones o partidos políticos? ¿a quién interesa que los mexicanos voten pero no se asocien? Nuevamente nos encontramos ante una disyuntiva, nos interesa que los mexicanos voten pero sólo por quien será presidente de la República, ¿no nos interesa que voten por senadores, diputados, ni presidentes municipales? Debemos entender que ¿nos interesa que voten pero no que participen en asociaciones o partidos políticos? Entonces ¿por qué nos interesa su voto? ¿por qué no permitir la participación de estos mexicanos en órganos directivos y postulación de candidaturas dentro de los partidos políticos? ¿cuál es el peligro existente cuando se habla de que los partidos políticos deben realizar sus actividades libremente, participar en el desarrollo, preparación y vigilancia de las contiendas electorales, postular candidatos, participar en elecciones estatales e incluso municipales, la posibilidad de formar coaliciones y finalmente gozar del acceso de transmitir información por radio y televisión, franquicias postales, tener representantes en el Congreso? Continuamente se escucha que los ciudadanos no nos sentimos representados por nuestros diputados o senadores, inclusive existen casos de candidaturas independientes como el Caso Castañeda. En el presente la doctrina conceptúa a los partidos políticos como grupos organizados que se proponen conquistar, retener o participar en el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), Articulo 336. 1. Los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular no podrán realizar campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas en el extranjero, en cualquier tiempo, las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere el artículo 228 de este código. 2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

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ejercicio del poder a fin de hacer valer el programa político, económico y social que comparten sus miembros. Es por ello que se puede mencionar la idea de Robert Michels: los partidos son asociaciones de combate en el sentido político del término23.

Al hablar de la participación de los mexicanos en la contienda por el poder no se excluye a los mexicanos que ostentan doble nacionalidad ni a los mexicanos que radican en el exterior, así el COFIPE establece en su artículo 22: 1. La agrupación política nacional que pretenda constituirse en partido político y participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral. 2. La denominación de “partido político nacional” se reserva, para efectos de este Código, a las organizaciones políticas que tengan su registro como tal. 3. Los partidos políticos nacionales tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y de las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y este Código. Como podemos observar no se hace referencia a imposibilidad alguna para que los mexicanos en el extranjero puedan establecer un partido político nacional. Por su parte el mismo Código Federal establece en su artículo 33 sobre las agrupaciones políticas que si éstas han de participar en procesos electorales deben realizarlos por medio de algún partido político, pero tampoco se hace referencia a la imposibilidad de que los mexicanos en el extranjero puedan acceder a estas asociaciones. El problema radica en que los mexicanos que quisieran acceder a esos cargos públicos deberían regresar al país. Queda por analizar y llevar a la práctica la posibilidad de ampliar la participación de los mexicanos en el extranjero en las elecciones de senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales. Al hablar de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero no podemos olvidar que por un lado se encuentra el de-

Patiño Camarena, Javier, Nuevo derecho electoral mexicano 2006, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 382.

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recho a votar pero también existe el derecho a ser votado, es decir el sufragio pasivo. Una vez que hemos logrado dar un primer paso hacia la garantía del sufragio activo de nuestros connacionales: ¿se ha pensado en la posibilidad de que ellos sean elegibles para cargos de elección popular? Desde mi perspectiva creo que sí, ya que múltiples leyes se vieron reformadas para que mexicanos con dos nacionalidades no puedan acceder a dichos cargos. Lo interesante debe ser la manera en que vamos a promover y garantizar que los mexicanos en el exterior sean elegibles para dichos cargos. 1. Sufragio activo Este derecho político que se encuentra consagrado en el rango constitucional en México, señala que toda persona física que cumpla con los requisitos de nacionalidad, edad y modo de vida puede emitir su voto, puede participar de la vida política del país. Uno de los derechos que se conquista al tener 18 años cumplidos es que se puede adquirir la ciudadanía y por tanto participar en la elección de personas que habrán de desempeñar un cargo público. Es interesante señalar que en algunas otras latitudes para poder participar en las contiendas electorales se pedía comprobar un monto mínimo de ingresos al año. Otra situación es que hasta no hace mucho, la lucha de las mujeres logró que pudieran votar. A pesar de que somos una República con un gobierno democrático no todos ejercemos este derecho. En las elecciones presidenciales de 2006 para desalentar el abstencionismo se hicieron campañas mediáticas en las que se indicó que si el ciudadano no se sentía representado y no quería votar, acudiera a las urnas para sufragar y anulara su boleta electoral. La lectura de esto sería que el ciudadano quiere participar en la vida política pero no encuentra empatía por ninguno de los contendientes. Desde otra perspectiva la interpretación es que no existe interés por participar en la arena política. Sabemos que en algunos países ya se estudió e implementó el voto a distancia, el voto en nombre de otro, la multa por no ejercitar el derecho y obligación de votar. En algunos países como el nuestro el voto activo se limita por sentencia de alguna autoridad del poder Judicial que estipula la suspensión de derechos políticos

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de manera temporal. En algunos países, aunque el ciudadano se encuentre privado de su libertad, puede ejercer sus derechos políticos. En México hacen falta mecanismos que recojan la voluntad soberana del pueblo, como pueden ser los refrendos. Muchas de las modificaciones no contribuyen con el voto a distancia, sino que es un logro de las comunidades de mexicanos en el extranjero y es perfectible. Debemos reconsiderar si es posible que en México se otorguen derechos políticos a los extranjeros avecindados en nuestro país. 2. Sufragio pasivo El sufragio pasivo en cambio se refiere a la posibilidad de que los mexicanos en el exterior detenten cargos públicos relacionados con la política del país. Esta es una de las situaciones que más conflictos ha puesto sobre la mesa del voto a distancia, ya que uno de los principales argumentos que se tenía al momento de legislar a favor o en contra, era considerar como extranjeros a mexicanos residentes en el exterior y permitirles tomar decisiones en asuntos que sólo debían competer a los mexicanos del país. Mientras que el sufragio activo en México se pretende realizar de la manera más extensa, en materia de derechos pasivos son muy pocos los que logran ingresar a puestos públicos. Existen determinados requisitos para formalizar el contender, acceder y participar en este tipo de puestos políticos. La edad, la profesión, la temporalidad para poder contender y abandonar algún puesto o residir en la demarcación territorial correspondiente se estipulan en la Constitución mexicana, lo que evita que la participación de los migrantes mexicanos se vea vulnerada por esta situación.

VOTO A DISTANCIA, MÁS ALLÁ DE LA DEMOCRACIA Alf Ross, destacado filósofo del derecho danés, señaló que es importante que el gobierno se lleve a cabo por medio de representan-

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tes que en caso de no cumplir con sus mandatos sean sancionados penalmente. Este pensador sostuvo que la voluntad del pueblo era la fuente suprema de todo poder político. Lamentablemente al voto a distancia no se le ha dado la importancia y trascendencia que tiene, sólo se ha visto como una cuestión de democracia y no como una expresión soberana. Siguiendo el pensamiento de Ross vemos que el gobierno no es más que un mandato que puede ser revocado por los ciudadanos en cualquier momento y esto es posible porque la soberanía recae en el pueblo; él la consideraba como la doctrina de la soberanía popular, plena e indivisa: el derecho del pueblo a gobernar eternamente y que ningún pacto, acuerdo o tratado podría suprimirla o disminuirla.

PARTIDOS POLÍTICOS Y VOTO A DISTANCIA El antecedente más remoto sobre la representación de los intereses de los mexicanos migrantes en el Congreso mexicano lo podemos ubicar en 1934 con la creación de la Comisión de Migración (Reglamento para el Gobierno del Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos)24. En 1935 se estableció la Comisión de Migración y Vías Generales de Comunicación. Desaparecida en 1979 y sustituida en el 2000 por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Cfr. Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 20 de marzo de 1934. Consultado en Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Comisión Legislativa”, en Migración, Frontera y Población, en www.diputados.gob.mx/cesop/ el 7 de diciembre de 2008.

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Cuadro 1. Evolución de las comisiones dedicadas a los temas de población y asuntos fronterizos, según la Ley Orgánica del Congreso General (1994-2005) Diario Oficial de la Federación 20 de julio de 1994

3 de septiembre de 1999 9 de octubre de 2000 29 de septiembre de 2003

Comisiones vinculadas al tema ▪ ▪ ▪

Asuntos Fronterizos Población y Desarrollo Asuntos de la Frontera Sur (comisión especial) ▪ Gobernación, Población y Seguridad Pública ▪ Población, Fronteras y Asuntos Migratorios ▪ Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Fuente: Sandra Espinosa Morales, “Evolución de las comisiones en la ley orgánica del Congreso General”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Reglamentos y Prácticas del Congreso de la Unión25.

Lo más relevante sería analizar qué tipo de iniciativas y propuestas ha emitido esta Comisión y sobre todo cuáles se han llevado a la práctica, además de la evaluación de sus actividades, tema por demás interesante pero debido a que no pertenece a los objetivos de este trabajo se dejará de lado y sólo se utiliza esta información para resaltar la importancia del tema y hacer conciencia respecto a que nadie podrá representar mejor los intereses de los mexicanos en el extranjero que aquellos que en algún momento han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia. En los siguientes cuadros se mencionan los nombres de los diputados que han sido miembros de la comisión y la distribución de acuerdo al partido que representan.

Tomada del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, ibídem, p. 1.

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Cuadro 2. Integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados (2000-2006) LVIII Legislatura (2000-2003)

Cargo

Nombre Presidente

Secretarios

Nombre

Partido

Aguilar García Patricia

PRI

Guajardo Anzaldúa Juan Antonio

Del Real Muñoz Óscar Alfonso

PRI

Badillo Ramírez Emilio

PRI

Bravo y Mier Alfonso Guillermo

PAN

Fernández Saracho Jaime

PRI

García Cabeza de Vaca Francisco Javier

PAN

Hernández Martínez Ruth Trinidad

PAN

Santos Ortiz Petra

PRD

Avilés Nájera Rosa María

PRD

Acosta Salazar Sergio

PRD

Álvarez Monje Fernando

Aguirre Solís Roberto

PAN

Ávila Serna María

Alí de la Torre Jesús

PRI

Córdova Martínez Julio César

Aragón Castillo Hortensia

PRD

Cruz Silva Isabel Carmelina

PRI

Arredondo García Arcelia

PAN

Díaz Delgado Blanca Judith

PAN

Beaurregard De los Santos Lorena

PRI

Gama Basarte Marco Antonio

PAN

Borbón Vilches Bernardo

PAN

Guillén Quiroz Ana Lilia

PRD

Borunda Zaragoza José Carlos

PAN

Herrera León Francisco

PRI

Cardona Benavides Cuauhtémoc

PAN

Martínez López Margarita (Licencia)

PRI

Castañeda Salcedo Salvador

PRI

Martínez Rivera Laura Elena

PRI

Miranda Campero López Malo Gabriela

PAN PRD

Del Río Virgen José Manuel Integrantes

Partido

LIX Legislatura (2003-2006)

CONV

PAN PVEM PRI

Díaz De la Vega Fernando

PRI

Mora Ciprés Francisco

Duarte Jáquez César Horacio

PRI

Pedraza Martínez Roberto

PRI

Fuentes Domínguez Roberto Javier

PRI

Ríos Murrieta Homero

PAN

Galarza González Adrián Salvador

PAN

Rodríguez Rocha Ricardo

PRI

Martínez González Raúl

PAN

Suárez Ponce María

PAN

Martínez Pérez J. Timoteo

PRI

Suro Barbosa Kerimme Isabel

PRI

Mendoza Cruz María Lilia Arcelia

PRI

Torres Cuadros Enrique

PRD

Ochoa Patrón Oscar

PAN

Tovar De la Cruz Elpidio

PRD

Raymundo Toledo Carlos

PAN

Trejo Reyes José Isabel

PAN

Rubio Valdez Luis Gerardo

PRI

Valdés Manzo Reynaldo Francisco

PRD

Solano Camacho Teodoro Román

PRI

Vargas Bárcena Marisol

PAN

Sondón Saavedra Víctor Hugo

PAN

Vega Rayet Juan Manuel

PRI

Spezia Maldonado Erika Elizabeth Varón Levy Eddie Secretario Lic. Beatriz Equihua Enríquez Técnico

PVEM PRI

Yu Hernández Nora Elena

PRI

Zúñiga Romero Jesús

SP*

Ing. Noé González Lira

*Sin partido26.

www.diputados.gob.mx, consultado el 9 de diciembre de 2008.

402

Evelyn Téllez Carvajal

Cuadro 3. Composición de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, según partido (2000-2006) Legislatura Absolutos LVIII Porcentajes

LIX

PRI 13 43%

PAN 12 40%

PRD 3 10%

PVEM 1 3.5%

SP*

CONV 1 3.5%

TOTAL 30 100%

Absolutos

Porcentajes

40%

30%

20%

3.3

3.3 %

3.3%

100%

*Sin partido27.

En esta Comisión se tratan temas relacionados con los derechos humanos de los migrantes, el voto de los mexicanos en el extranjero y cuestiones de fronteras (sur y norte). La presencia de los mexicanos con doble nacionalidad en el Congreso es un logro, pues se está escuchando la voz soberana de un pueblo aunque se encuentre dividido por fronteras artificiales. Como muestra de ello tenemos la organización durante la XL Legislatura, de una Comisión Plural de legisladores para escuchar al Primer Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos en el extranjero. Algunos de los participantes fueron el diputado José Jaques Medina, quien coordinó este Primer Parlamento y fungió como secretario de la Comisión de Población y Fronteras y Asuntos Migratorios; el diputado Nicolás Morales Ramos, presidente; el diputado Nicolás Morales Ramos, presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados; el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, secretario de la misma; Andrés Bermúdez Viramontes, el senador Luis Alberto Villarreal García y el senador Jesús María Ramón Valdés28. Con la participación cada vez más cercana de los líderes migrantes mexicanos y la voluntad de continuar participando en

27 28

Idem.

Cfr. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LX Legislatura. Versión estenográfica del Primer Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos que viven en Estados Unidos de América, celebrado el 16 de noviembre de 2007.

403

Voto a distancia, voz ciudadana

las contiendas electorales a distancia, el Estado mexicano puede proteger los derechos humanos de nuestros connacionales aún y cuando los Estados Unidos se empeñen en violentarlos, pues con la experiencia del Caso Avena hemos puesto al descubierto que se cuenta con la capacidad de llevar a tribunales internacionales casos de violaciones graves a los derechos humanos. A continuación presento algunas iniciativas desde 1998 al respecto: Cuadro 4. Iniciativas legislativas: 1998-2003 Fecha

Diputado/Senador

30 de abril de 1998

Diputado federal Lázaro Cárdenas Batel

Partido

Propuesta

PRD

Adicionar diversos artículos del COFIPE con objeto de permitir el voto de los mexicanos en el extranjero, únicamente para presidente de la República.

17 de noviembre de 1998

Diputado federal José de Jesús González Reyes

PAN

17 de noviembre de 1998

Diputado federal Rafael Alberto Castilla Peniche

PAN

15 de abril de 1999

Diputado federal Rafael Alberto Castilla Peniche

PAN

22 de abril de 1999

Diputados Pablo Gómez, Carlos Medina, Jorge E. González y Marcelo Ebrard

PRD, PAN, PVEM Independiente

Reformar diversos artículos del COFIPE con el fin de regular todo lo referente a la instalación de casillas especiales, el lugar donde deben instalarse, la capacitación a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, la acreditación de representantes de los partidos políticos en dicho caso y las atribuciones del Consejo General para llevar a cabo dichas elecciones en el exterior. Adicionar a la fracción I del artículo 35 de la Constitución, como prerrogativa del ciudadano, el derecho al voto en el extranjero. Reformar el artículo 236 del COFIPE a fin de integrar al Registro Federal de Electores la sección de Votantes en el Extranjero y adicionar un Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se reglamentan los procedimientos para hacer procedente el voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Reformar diversos artículos del COFIPE con el fin de hacer efectivo el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero.

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Evelyn Téllez Carvajal

27 de abril de 2000

Diputado federal Felipe de Jesús Preciado Coronado

PAN

6 de septiembre de 2001

Diputado federal Sergio Acosta Salazar

PRD

4 de octubre de 2001

Diputado federal Gregorio Urías Germán

PRD

12 de junio de 2002

Senador Genaro Borrego Estrada

PRI

Reformar el artículo 53 en su segundo párrafo, adicionar un séptimo párrafo al artículo 54 y modificar la fracción III del artículo 55, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer una sexta circunscripción especial que integre a los mexicanos radicados en el extranjero para que elijan a 10 diputados federales. Adicionar un segundo párrafo a la fracción I del artículo 35, a fin de permitir el voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero para presidente de la República. Además de reformar el párrafo décimo de la fracción III del artículo 41 de la Constitución para otorgar al IFE la facultad de establecer los mecanismos tendientes a garantizar el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Adicionar y reformar los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el derecho al voto en las elecciones presidenciales de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y ampliar su participación, organización y representación plenas. Aumentar el número de integrantes de la Cámara de Diputados (a 540), agregando una circunscripción electoral, la que correspondería a los mexicanos avecindados en el extranjero, con el derecho a elegir 40 diputados. Propone la incorporación de un Libro Noveno al COFIPE. Adicionar un artículo transitorio al COFIPE para determinar que, a través de los partidos políticos, se promoverán procedimientos para la participación de ciudadanos mexicanos en el extranjero a diputaciones federales por la vía de la representación proporcional.

405

Voto a distancia, voz ciudadana

24 de julio de 2002

Diputado federal Miguel Bortolini

PRD

13 de diciembre de 2002

Senador Luis Alberto Rico Samaniego

PAN

18 de marzo de 2003

Diputada federal Irma Piñeiro Arias

PRI

28 de abril de 2003

Diputado federal Eduardo Rivera Pérez

PAN

30 de abril de 2003

Senador Raimundo Cárdenas Hernández

PRD

Adicionar y reformar los artículos 35, 52, 53, 54, 55, 115 y 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de la sexta y séptima circunscripciones electorales, una para los mexicanos residentes en el exterior, eligiéndose 40 diputados y otra para que los indígenas elijan a 60 diputados abarcando el territorio nacional. Propone la adición de un Libro Noveno al COFIPE para reglamentar la instauración del voto de los mexicanos en el extranjero. Reformar diversos artículos del COFIPE con objeto de otorgar atribuciones al Consejo General del IFE para regular el voto fuera del país, especificar a través de cuáles autoridades pueden emitir el voto y las formas de operación en el procedimiento electoral. Adicionar y reformar diversos artículos del COFIPE para permitir el derecho a votar y ser votados a los ciudadanos mexicanos en el extranjero; establecer la colaboración y el apoyo de otras instancias gubernamentales con el IFE y conformar el Padrón Electoral de Ciudadanos en el Extranjero. Por lo que propone reformas a los artículos 52, 53 y 54 constitucionales, referentes a la integración de la Cámara de Diputados, para el efecto de crear una sexta circunscripción para la elección de 20 diputados de representación proporcional que representen a los mexicanos en el exterior.

Fuente: Trabajo realizado por el magistrado Ángel Durán Pérez, en colaboración con Érika Navarro Moctezuma, Mónica Liliana Campos Magaña y Jazmín García Ramírez. Consultado en http://www.tee.org.mx/documentos/voto %20exterior.pdf el 17 de enero de 2007.

Además de las iniciativas presentadas formalmente por los legisladores, un grupo de ciudadanos mexicanos, en gran medida residentes en el extranjero, entregó en abril de 2003 a las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión su Propuesta Ciudadana, para reformar diversos artículos de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

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con el fin de ampliar gradualmente los derechos políticos de los ciudadanos residentes en el extranjero: en el 2006 el voto para presidente; en el 2009 el derecho a ser votados; y en el 2012, el ejercicio pleno de votar y ser votados. También propusieron adicionar un Libro Noveno al COFIPE, con el fin de reglamentar el ejercicio del derecho al voto de los mexicanos para todo proceso electoral federal. Cuadro 5. Proporciones de votos obtenidos por cada partido político o coalición (voto de los mexicanos residentes en el extranjero 2006) Partido político o coalición Partido Acción Nacional Coalición Alianza por México Coalición por el Bien de Todos Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

Porcentaje de votos válidos 58.29 4.17 34.0 0.39 2.72

Fuente: Voto de los mexicanos Residentes en el Extranjero29.

Pueden existir varias lecturas de estos resultados, incluso y pese a que el proselitismo en medios de Estados Unidos se consideraba prohibido, se presentó en particular un anuncio por televisión en donde se exhortaba a no votar a favor de López Obrador, candidato presidencial. En particular se habló de la Asociación Continental de Remeseros. Dos semanas antes del día de las elecciones, a nombre de esa falsa organización aparecieron los siguientes diálogos que simulaban ser entrevistas a inmigrantes mexicanos en un anuncio de televisión transmitido en programas matutinos de alta audiencia entre la población de habla hispana en los Estados Unidos… ‘Yo ya le envié un mensaje a mis familiares para que no voten por López Obrador’30.

29 30

Ibidem, pág. 29. Santamaría Gómez, Arturo, 2006, emigrantes mexicanos: movimientos y elecciones transterritoriales, Editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 2007, Pág. 192.

407

Voto a distancia, voz ciudadana

No podemos afirmar que gracias a estos anuncios televisivos se haya definido la tendencia del voto, sin embargo el tema de proselitismo en el extranjero requiere un mayor control para garantizar que los mexicanos que viven en otro país cuenten con la información necesaria para ejercer un voto razonado. El voto a distancia puede considerarse un gran logro de la sociedad mexicana, un paso hacia el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos más allá de las fronteras, lamentablemente hay poca participación. Esto podría ser interpretado como desinterés por la situación política de nuestro país.

EPÍLOGO Debemos evaluar si este ejercicio valió la pena, se anunció con júbilo que hubo un 81 % de participación de los connacionales en el extranjero, pero en realidad fue el 81 % de los mexicanos que se inscribieron en el padrón de registro para poder sufragar desde el exterior, de los 71 países en el mundo en donde existe la presencia de mexicanos, sufragaron 32 mil 632. Si comparamos esta cifra frente a los posibles 4 millones de electores, nos damos cuenta de tres aspectos principalmente: 1) El impacto en la economía que representaría el hacer posible que todos los probables votantes en el extranjero sufragaran. Aproximadamente 5,000 pesos por voto, y por lo menos cuatro millones de votantes, si a esto sumamos los migrantes indocumentados, nuestro universo sería mucho mayor. Tan sólo los cuatro millones representan aproximadamente un gasto de 20 mil millones de pesos, cuando el total del gasto de las elecciones del 2006 fue de 2,186 millones. 2) La diferencia en votos con la que Felipe Calderón resultó ganador fue de 243,898 votos, lo que podría significar que en un futuro las elecciones se decidan desde el exterior si sufragaran todos los votantes potenciales.

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3) La falta de interés demostrada en el ejercicio del voto desde el extranjero. Más del 50 % de los mexicanos residentes en Estados Unidos desconocía la fecha de los comicios en nuestro país. Si analizamos la trascendencia del voto a distancia por el número de boletas recibidas sería un análisis superficial. Las 32 mil 632 boletas representan la voluntad soberana y la participación democrática de los mexicanos más allá de las fronteras políticas y jurídicas que fueron pactadas. México no termina en la frontera sur y mucho menos en la frontera norte. Existen millones de mexicanos en Estados Unidos y muchos más en otros países del mundo, y no por eso dejan de ser parte del país; la identidad y el interés nacional han traspasado esas fronteras. El balance del voto a distancia debe ir más allá de las cifras y las tendencias; debe avanzar hacia una mejor protección de los derechos políticos de los connacionales y enfatizar la protección de las características del voto. Nuestras autoridades han interpretado acertadamente la voluntad soberana. Ahora miles de mexicanos han votado desde algún lugar del extranjero, Estados Unidos, España, Canadá, Reino Unido, por mencionar algunos. Ellos no tienen reparo en decir que su voto fue por correo, porque saben que como ciudadanos sus derechos políticos son ejercidos, como mexicanos reconocen que su voto es libre, universal, directo, personal, intransferible y secreto. Es una voz de mexicanos desde el exterior, un eco de nuestra propia voz.

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ACERCA DE LOS AUTORES Castro López, Jesús Licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Litigante desde 1999. Asesor Legislativo de la Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LXI Legislatura. Actualmente en proceso de obtención de grado de la Maestría en Derecho Electoral.

Cuna Pérez, Enrique Profesor investigador de tiempo completo adscrito al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestro en Estudios Sociales (UAM), licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo (UNAM), y licenciado en Ciencias Políticas (UAM).

Escamilla Cadena, Alberto Profesor investigador titular del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Doctor en Estudios Sociales (UAM), miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Espinoza Toledo, Ricardo Doctor en Ciencia Política por la Universidad de París-Sorbona; profesor-investigador titular de tiempo completo de licenciatura, maestría y doctorado de la UAM Iztapalapa; integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Líneas de investigación: presidencialismo, partidos políticos y relaciones Ejecutivo-Legislativo.

Esteinou Madrid, Javier Investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. jesteinou@gmail.com.

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Autores

Farrera Bravo, Gonzalo Catedrático de Posgrado en Derecho de la UNAM y de la Escuela Libre de Derecho.

Maldonado Smith, Mario Eduardo Asesor Legislativo de la Comisión de puntos constitucionales de la H. Cámara de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión. Así mismo, profesor ayudante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado diversos estudios en derechos humanos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina; en la Universidad del Rosario, Colombia; en la Universidad Complutense de Madrid. Colaborador en temas de investigación y prácticas profesionales de Derecho Indígena.

Márquez Gómez, Daniel Investigador asociado de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Líneas de investigación: Combate a la Democracia y Derecho Comparado.

Morales González, David Candidato a doctor en Estudios Sociales. Maestro en Estudios Sociales. Licenciado en Ciencia Política (UAM). Profesor de la Carrera en Ciencia Política en la FES Acatlán (UNAM). Actualmente es Director de Asuntos Interinstitucionales del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (SEGOB).

Navarrete Vela, Juan Pablo Doctor en Estudios Sociales, con especialidad en procesos políticos, por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Entre sus líneas de investigación se encuentran partidos políticos y liderazgo político. Correo electrónico: jpnvela@hotmail.com.

Paoli Bolio, Francisco José Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Autores

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Paz García, Ana Pamela Maestra en Sociología, Doctorante en Estudios Sociales de América Latina (Universidad Nacional de Córdoba). Becaria de Posgrado del Centro de Estudios Avanzados, Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Reveles Vázquez, Francisco Doctor en Ciencia Política por la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor de carrera titular C de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Investigador Nacional Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente coordina el proyecto de investigación denominado: Los partidos políticos en el Distrito Federal: vida interna, gestión gubernamental y trabajo parlamentario, el cual es auspiciado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM en el programa PAPIIT. Su libro más reciente es: Partidos políticos en México. Apuntes teóricos, México, UNAM-Gernika, 2008.

Saracho Navarro, Francisco Diputado Federal, del Grupo Parlamentario del PRI, en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Secretario General del Movimiento Territorial en Coahuila, PRI (1994); Presidente Municipal de Acuña, Coahuila, (1997-1999); Diputado local Propietario (PRI) en la LIII Legislatura (1994-1996) y LVII Legislatura (2006-2008); Subdirector de Seguridad e Higiene de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (1986); Coordinador Censal Estatal del INEGI en el Estado de México (1989); Coordinador Regional y Estatal de Solidaridad en el Estado de Coahuila (1990-1994); Director del Registro Público de la Propiedad en Acuña, Coahuila (2001-2005).

Téllez Carvajal, Evelyn Maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para estudios doctorales en Alemania.