VOX POPULI PROCESO CONSTITUCIONAL:

sido lo suficientemente estudiado para encontrar las causas finales del fenómeno.

Las democracias se están viendo sacudidas por explosiones de indignación bajo la forma de protestas, irrupción del populismo (Argentina es un “caso de manual”) y malestar general en contra de nuestros dirigentes. Así lo muestran varias encuestas, vaya como ejemplo la “Cadem-Plaza Pública” que se presentó el pasado domingo 20 de agosto: el 73% de la ciudadanía cree que la situación del país “va mal”, mientras que el 22% dice que “va bien”. Y no es que se trate de fenómenos estrictamente nuevos ni anormales, pues, además, forman parte de la naturaleza de la democracia y son condicionantes de la misma, como es el caso de su imprevisibilidad y la legitimidad de la protesta; pero es la concentración y la periodicidad de estos actos “antidemocráticos”

(o sea que van más allá de la legitimidad del ejercicio de un derecho fundamental como es la protesta) las que hacen que pensar en que existe un “algo más”, que no se ha visto ni tampoco, por lo mismo, ha

Quizás una de las explicaciones plausibles, pero también demasiado considerada, es la desigualdad en todas sus formas y manifestaciones. Sin duda es una causa que está detrás de las muchas revueltas, más aún en nuestro país que está dentro de los cinco países más desiguales de la OCDE en cuanto a la concentración de riquezas. Sin perjuicio de lo anterior, estimo que no vale como explicación única, aunque sea solo por el hecho que mayores desigualdades en otros momentos de la historia no han causado inestabilidad política. No siempre la rebelión es de los perdedores y hay formas de regresión democrática que están protagonizadas por los ganadores que cuestionan las instituciones, por ejemplo, Chile.

Aunque si bien se trata, creo, de fenómenos que son más expresivos que estratégicos y que responden a un malestar difuso que carga contra el sistema político en general, no se concretan en liderazgos claros ni en causas distinguibles, sino más bien en la suma de una serie de intereses de nicho que no se concretan en programas de acción con la intención de producir un resultado concreto; son agitaciones poco transformadoras de la realidad. Sin ir más lejos, basta ver la trayectoria electoral desde el denominado “estallido social”, pasando por el plebiscito de entrada, la elección de los “Convencionales 1” y la votación del Presidente Boric, todo lo cual no hacía sino ver que la izquierda más radical había tomado espacios de Poder en los cuales podría generar, supuestamente, cambios estructurales. Pero luego vino el 4 de marzo del año 2022 y la elección de los actuales “Consejeros Constitucionales 2” –voto obligatorio de por medio-, y el eje de las preferencias políticas de la ciudadanía parece haber dado un giro en 180°.

Pero la pregunta es la siguiente: ¿Qué ha cambiado desde el “estallido social” hasta la fecha? Además de los resultados de las elecciones, absolutamente nada en lo que se refiere a mejoras inmediatas, y es tal vez porque no existen. Por eso palabras como “gradualidad”, “procesos”, “acuerdos” y “ciudadanía” comienzan a tomar especial importancia. Los cambios son siempre necesarios, pero si, sobretodo en política, se prometen o se acometen de manera abrupta, el resultado ya es conocido. El único cambio registrado durante los últimos años ha sido la polarización de las élites dirigentes, mientras los consensos (y su necesidad) empiezan a sonar fuerte en una ciudadanía lejana que parece requerir vías por las cuales transitar y un mensaje en el cual creer.

Siguiendo con las encuestas, esta vez con la última que entregó el Centro de Estudios Públicos (www. cepchile.cl), en junio pasado, los números arrojan que los cinco principales problemas que aquejan a los chilenos son la delincuencia, salud, pensiones, educación y narcotráfico. El mismo estudio afirma que el 59% de los encuestados prefieren líderes “que privilegien los acuerdos y los consensos”

Ahora bien, a los números de la encuesta “Cadem-Plaza Pública” que hice mención en el primer párrafo, sumado a los que entrega la del Centro de Estudios Públicos, se puede concluir, en principio, que si bien la gente tiene una mala percepción del futuro del país, muchos de ellos sí tienen preferencias y, que al mismo tiempo, les exigen a sus líderes políticos privilegiar los acuerdos y los consensos. Visto de otra forma, los ciudadanos le estamos dando una nueva oportunidad para que sea la democracia la que entregue las soluciones que le son exigibles, demandando sensatez de sus líderes, calidad en el debate y no atrincherarse en posiciones ideológicas que tienen estancado al país en varias aristas que son más que relevantes para la sociedad chilena.

Siguiendo con los números: el Proceso Constitucional 2023 tuvo un ejercicio de participación ciudadana que estuvo a cargo de las Universidades de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, junto a todos los Centros de Estudio acreditados por el Estado. El ejercicio, que contó con un equipo de profesionales de alto nivel y un compromiso serio de todas las Universidades, no tiene parangón a nivel mundial en la materia, menos aún con lo ocurrido en el fenecido proceso del año 2021. Se podrán medir número por número, pero la forma de enfocar ambos procesos fue completamente diferente. Por ejemplo, todas las audiencias, iniciativas populares de norma, diálogos autoconvocados y consulta ciudadana fueron sistematizadas seriamente y sus resultados fueron sometidos a un proceso de inteligencia artificial y, finalmente, analizados por un equipo de metodólogos para extraer cuáles fueron los temas mencionados con mayor nitidez y cómo la ciudadanía opinó ya no solo en “el aire”, sino que sobre el texto aprobado por los expertos. Otra cuestión sumamente interesante, es que los resultados se presentaron al Consejo antes de la votación de las enmiendas, por lo que no existe razón para no considerar los temas que más aparecieron.

A continuación, presentaré (elaboración aleatoria propia) los principales resultados del proceso de participación, partiendo por mencionar los números sobre los cuales se trabajó y las consecuencias que ellas pueden tener o no en la votación, o sea, la real incidencia.

Primero hay que definir que el escenario del actual proceso carece de la efervescencia del anterior, por lo que llegar a la ciudadanía e instarla a participar fue una barrera de entrada muy compleja, pero, así y todo, la gente quiso participar. El plazo fue breve, un mes, con el objeto de que los consejeros conocieran de manera previa a votar qué estaba diciendo Chile sobre el anteproyecto. A la fecha de hoy, se supone que las votaciones ya comenzaron con las Iniciativas Populares de Norma (IPN) incluidas. Es de esperar que al momento de votar, además, se tengan en cuenta las cifras que siguen.

269.864 ciudadanas y ciudadanos, provenientes de 346 comunas del país, y 1.640 compatriotas fuera del territorio nacional se sintieron convocados a manifestar su opinión por el Chile que viene. En términos etarios, el 57% de quienes participaron tienen 45 años o menos, mientras que el 43% tiene 46 años o más. Por género, un 47,9% se identifican como mujeres, un 47,7% como hombres, un 2% como no binarios y otro 2% prefirió no especificar su género. Del total de personas, 253.097 participaron en un solo mecanismo; 16.220 en dos mecanismos; 499 personas en tres mecanismos; 45 en cuatro mecanismos, y cinco se sumaron a todas las opciones disponibles que existieron en la página web. secretariadeparticipacion.cl

Más allá de los resultados que el lector puede leer y concluir de los datos públicos disponibles en www. secretariadeparticipacion.cl, me atrevo a señalar los que siguen:

1. Fortalecimiento de la Democracia participativa y representativa. Existe preocupación por la participación ciudadana y la necesidad de formación cívica, además de la valoración de los mecanismos de “democracia directa” del proyecto de los expertos.

2. Respeto por la vida (sin apellidos que implique retrotaer el escenario de protección a épocas anteriores, o sea, que no se mencione el aborto en la Constitución).

3. Alta valoración de Chile como un Estado social y democrático de derechos.

4. Reformas para fortalecer el sistema político y electoral en Chile. Existe una preocupación transversal por la probidad, y, en general, surge la idea de incrementar los requisitos de exigibilidad. Existe preocupación por la fragmentación de los partidos, por lo que se está de acuerdo con el mínimo de votación del 5% para que estas colectividades existan.

5. Mejora en la gestión pública y probidad pública. Conceptos tales como recursos, eficiencia, administración, carrera y evaluación de la gestión pública fueron recurrentes.

6. Mayor descentralización. Descentralización fiscal, sistemas nacionales integrados de salud con especialistas en todas las regiones, participación ciudadana en las decisiones públicas y, por sobre todo, equidad en la distribución territorial de recursos. La participación indígena es altamente valorada, evidenciando una preferencia por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarias, pero dentro de un Estado unitario.

7. Mejorar el acceso a la justicia. Reforma y modernización del Poder Judicial. Se propone crear la figura del “Defensor de las Víctimas”. Mayor agilidad en los procesos judiciales.

8. Chile debe ser un país unitario y descentralizado.

9. La familia, en cualquiera de sus formas, es el núcleo fundamental de la sociedad.

10. Defensa de los Tratados Internacionales ratificados por Chile.

11. Mayores garantías en el acceso y el servicio público para exigir el cumplimiento de los derechos sociales.

12. Importancia del derecho al cuidado.

13. Reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

14. Valoración del principio de paridad.

15. Chile como un Estado laico.

16. Pensiones y seguridad social. Existe acuerdo en que es prioritario que existan cambios relevantes sobre la materia y la dignidad de la tercera edad. Sí hay discrepancias en torno a la propiedad de los fondos previsionales, su heredabilidad, apropiabilidad de los mismos, la importancia del mérito y ahorro individual, la libertad de elección y la posibilidad de retiros y de lucro en el sistema.

17. Educación. Hay preocupación transversal por la calidad del sistema público y su cobertura, incluyendo a las salas cunas y jardines infantiles. Especial mención merece la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos.

18. Salud. La preocupación central es la calidad, cobertura y listas de espera, en que se incluya, como una patología más, a los problemas de salud mental.

19. Vivienda. Respaldo mayoritario a que incluyan adjetivos tales como “digna”, “adecuada”, “accesible” y “segura”.

20. Derechos laborales. Hay demandas por el derecho al trabajo decente, libre elección del mismo, ampliar la libertad sindical y enfatizar la no discriminación.

21. Medio ambiente. Existe un gran respaldo respecto del deber del Estado, pero también de las personas, de proteger el medio ambiente, la naturaleza y la biodiversidad.

22. Agua. Se aprecia su instalación como un bien nacional de uso público, especialmente para el uso personal y doméstico. Sobre la propiedad del recurso, no existe unanimidad.

23. Protección de los animales.

24. Libertad económica con mayor regulación del Estado.

Para la estabilidad de una democracia, ya lo he sostenido, es muy importante la existencia de una “cultura democrática” al interior de la sociedad que se gobierna por ella. Cultura entendida como ethos, como un cierto sello que tiene una determinada comunidad en cuanto a creencias y manera de actuar que se comparten muy mayoritariamente y que se está dispuesto a mantener. En la democracia, los adversarios luchan, en sustitución del enemigo por el adversario, y en el diseño y funcionamiento de determinadas instituciones para procesar los conflictos.

En medio del “Proceso Constitucional 2023” la gente manifestó sus preferencias por medio de los cuatro mecanismos disponibles. 269.864 ya colocaron y jerarquizaron sus prioridades arriba de la mesa. Pues bien, si queremos efectivamente “profundizar la democracia”, tendremos que escucharla. Tenemos una herramienta en la mano para ver y evaluar cómo vota cada uno de nuestros consejeros. La encuesta más grande ya se hizo y los resultados están a la vista. Destaqué de forma arbitraria los 24 puntos centrales que deben definir el próximo texto constitucional, y ahora nacido en democracia. Veremos hacia dónde van las enmiendas, las IPN y las votaciones de los consejeros sobre los temas valorados por la ciudadanía.

Como dice el viejo adagio popular, “Vox populi, Vox Dei”: La voz del pueblo es la voz de Dios. Como ateo que soy, prefiero decir “Vox populi, Vox civitas”