La Ciudad clausuró 43 bares en el primer mes de reaperturas

La enseñanza es política Docentes le responden a Soledad Acuña

Tras el video donde se ve a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires cuestionando la formación de las y los docentes e incentivando a las familias a denunciar “la bajada de línea” en las aulas, sindicatos y estudiantes de los profesorados salieron a responderle.

Texto: El Grito del Sur Foto: Catalina Distefano

La ministra Soledad Acuña participó recientemente de un ciclo de charlas organizadas por el diputado nacional Fernando Iglesias y su intervención no pasó para nada desapercibida. En un claro ataque al trabajo que desempeñan los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes acusó de «elegir militar en lugar de hacer docencia», la titular de la cartera educativa porteña criticó también el carácter «sobreideologizado» y «la militancia en las aulas». Por último, reforzando su línea -ya conocida por la docencia porteña- se dedicó a cuestionar la formación docente y dijo que la pandemia posibilitó que «las familias empiecen a mirar lo que pasaba con la educación de sus hijos» e instó a que padres y madres denuncien la «bajada de línea», de la cual ella incluso contó que es víctima en la escuela primaria de su hija. La respuesta de les docentes no se hizo esperar y desde El Grito del Sur conversamos con representantes de los sindicatos y estudiantes de los profesorados para conocer su opinión sobre las declaraciones de la funcionaria. «En el zoom que trascendió siete días después de su realización, Acuña asumió el lugar de “patrona” a quienes sus empleados deben obedecer sin cuestionar, responsabilizó a toda la docencia de la Ciudad por las falencias del sistema educativo y convocó a las familias a denunciar docentes», denunciaron desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) a través de un comunicado publicado en su página oficial. «Esto no es nuevo. Acuña viene sosteniendo una línea de confrontación muy fuerte con una docencia que se ha caracterizado por ser un sector que ha enfrentado las políticas de este gobierno, que ha enfrentado la política educativa de su Ministerio, y que no lo ha podido doblegar», expresó Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMYS. En gran medida la viralización del video fue hecha de manera automática por la docencia de la Ciudad de Buenos Aires, que no dudó en repudiar inmediatamente las desafortunadas declaraciones de la ministra Acuña. El secretario adjunto de la UTE y secretario gremial de la CTERA, Eduardo López, se sumó a los cuestionamientos y expresó: «Maltratan como lo hacen con los docentes diciendo que finalmente “las clases empiezan en noviembre”, cuando en verdad las clases empezaron en marzo a distancia y en contexto de pandemia, con un gran esfuerzo y profesionalismo docente en particular y una gran participación de la comunidad educativa en general». «Maltratan como lo hicieron con los 6500 estudiantes a quienes les negaran las computadoras para que tengan que ir a los patios escolares bajo sombrillas y expuestos ante los medios de prensa para realizar “tareas socioeducativas”. Maltratan como maltrataron a Favaloro y como maltratan hoy a los médicos y a las enfermeras, a quienes les desconocen el título y la carrera profesional y por eso hacen un paro mañana», agregó. Les estudiantes de los profesorados, quienes protagonizaron un gran enfrentamiento contra las políticas educativas de Acuña cuando el Gobierno porteño intentó avanzar con la creación de la UniCABA, también alzaron su voz. «Es totalmente bochornoso que una funcionaria del PRO, que forma parte de quienes están en el gobierno de CABA desde hace 13 años, tenga la capacidad para salir a viva voz con tales dichos», sostuvo Nara Madonni, presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 1. Y denunció: «Más vergonzoso aún que no tenga formación en el ámbito educativo y que hable como si conociera la realidad de las escuelas y de todo lo que sucede en ellas». Les entrevistades plantean que no se trata de ninguna novedad, sino más bien de una estrategia ya suficientemente aceitada y conocida por docentes, estudiantes y familias de la Ciudad. «Hay una necesidad constante de querer instalar como enemigo a les docentes frente a las familias, culpándolos de todos los problemas educativos que se presentan, sin siquiera hacer una autocritica», apuntó Madonni y expuso: «Les docentes son quienes garantizan que los pibes y las pibas no sólo tengan educación, sino que puedan tener la panza llena. Son los primeros y las primeras en exigir, junto a las familias, condiciones laborales y de estudio, que sean dignas, al igual que los salarios. Son les docentes y familias quienes salen a denunciar la falta de vacantes en jardines y escuelas, en la jurisdicción más rica del país, y las miserables viandas y bolsones que entregan desde el Gobierno de la Ciudad». «Quizás lo que le molesta a la ministra, es que la docencia y las comunidades educativas visibilicen las falencias que existen producto de la mala gestión educativa», sentenció. En el mismo sentido intervino el secretario adjunto de ADEMYS, quien aseguró que el ataque de la administración porteña se explica «porque la docencia denuncia y reclama salarios, porque se organiza junto a las familias para rechazar la vuelta a la presencialidad, porque la docencia junto a los estudiantes han sido parte de la resistencia a la UNICABA, y porque hay una docencia que no se subordina a la política y a los deseos del gobierno». Además, cuestionó los dichos sobre la ideologización de la educación y acusó a Acuña de desplegar una «campaña de persecución ideológica». «Es una falta de realidad absoluta plantear un trabajador de la educación sin un posicionamiento político-ideológico. Ella lo tiene también, nada más que parece que lo que vale es el posicionamiento de ella y el resto debe ser combatido», dijo. «La enseñanza es política, porque busca formar a sujetos críticos, que piensen y reflexionen, que argumenten y participen en lo que crean mejor para elles y para el resto de la sociedad. Si fomentar todo lo anterior es militar, entonces seguirá sucediendo porque así está establecido en los lineamientos curriculares y porque es una posición política que decide adoptar el trabajador o la trabajadora de la educación», concluyó Madonni.

Según un informe de la AGC La Ciudad clausuró 43 bares en el primer mes de reaperturas

La necesidad de controles efectivos de los protocolos sanitarios se impone con mayor fuerza a medida que se flexibilizan las reaperturas del sector. La Ciudad detectó “fiestas dentro de los patios” de algunos bares durante el primer mes, en que sólo se pudo desplegar mesas sobre las veredas. “Se necesita una mayor planificación para evitar problemas”, sostuvo la legisladora Claudia Neira.

Texto: Matías Ferrari

Los bares, restaurantes y cervecerías de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a atender en noviembre dentro de los locales. La nueva flexibilización se suma a una serie que tuvo su primer capítulo en septiembre con las mesas desplegadas sobre las veredas. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, precisó que sólo podrán habilitar el ingreso de clientes aquellos comercios gastronómicos que puedan dar cuenta de una correcta ventilación y circulación, y sólo podrán hacerlo en un 25 por ciento de su capacidad. También dijo que, para garantizar el cuidado de les comensales, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) jugará un rol fundamental en el control de las medidas sanitarias.

La AGC, sin embargo, sólo comunicó algunas pocas inspecciones y clausuras durante la primera semana de septiembre (durante la cual el propio Quirós dijo haber visto “cosas que no nos gustan” en relación a la avalancha de clientes sobre algunas cervecerías), y desde entonces no hubo novedades públicas sobre su tarea.

Pero de acuerdo con información de la propia AGC a la que accedió El Grito del Sur, durante los primeros 30 días de reapertura -del 1 al 30 de septiembre- la AGC clausuró 43 bares, cervecerías y restaurantes por no cumplir con el protocolo sanitario. Se realizaron 1840 inspecciones en ese lapso, lo que da un promedio de 2,3 bares en infracción de cada 100.

La mayoría de las clausuras, 19 de las 43, se debieron a la presencia de “mesas y sillas en vía pública fuera de hora” (el protocolo obligaba a cerrar a partir de las 12 de la noche, horario que se extendió luego hasta la una de la mañana). El resto se repartió entre la aparición de “público en patio interior del local” (12 de 43), “fiesta con público en el interior del local” (solo 2 de 43) y “falta de distancia social en vía pública” (2 de 43). También hubo otras irregularidades por fuera del protocolo de COVID pero igual de riesgosas, como la ausencia de matafuegos u obstrucción de las salidas.

Durante ese lapso, a medida que se inspeccionaban los bares abiertos, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana -a cargo de la ex directora de “veredas”, Clara Muzzio- abrió nuevas “áreas peatonales transitorias” en San Telmo, Villa Devoto, Retiro, Recoleta, La Boca, Boedo, Villa Urquiza, Belgrano, Palermo y Parque Chacabuco, entre otros barrios clásicos con actividad gastronómica.

La necesidad de recuperar espacios públicos para cumplir con la exigencia de la Cámara del rubro, que presionó fuerte para que las reaperturas le den una salida al sector, apareció entonces con mayor claridad. “Uno de los problemas que desnudó la pandemia fue la carencia de un plan urbanístico integral que la Ciudad arrastra durante años y que, de haberlo tenido, hubiera permitido aperturas mejor controladas y más equitativas para todos los barrios y todos los rubros. Como no hubo un diagnóstico correcto del espacio público, vimos las reaperturas desordenadas y preocupantes como dijo el ministro Quirós, que se vieron durante los primeros días”, aseguró a este medio Claudia Neira, legisladora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Espacio Público.

El planteo de la legisladora hace hincapié en el déficit de espacios destinados al ocio y esparcimiento que tienen muchos barrios en detrimento de otros. Lo que redunda, en definitiva, en que en algunas zonas comerciales como Palermo se haya producido una sobre-circulación de gente por la saturación de zonas comerciales. De hecho, la mayoría de los bares clausurados por infracción se detectaron en esas zonas, que a su vez son las de mayor poder adquisitivo.

La Ciudad primero autorizó las mesas en la calle, luego abrió calles peatonales para expandirlas y, por último, habilitó llevarlas incluso a espacios linderos como los estacionamientos a cielo abierto, antes de permitir el despliegue dentro de los locales. En todas esas flexibilizaciones medió el lobby de la Asociación De Hoteles, Restaurantes, Confiterías Y Cafés (HRCC). “Se trata de un paso adelante luego de las intensas gestiones realizadas por la AHRCC desde el comienzo de las restricciones y las reuniones mantenidas durante la última semana con funcionarios de las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad”, blanquearon en uno de sus comunicados sobre la última de las permisiones.

Lo curioso es que la AGC, encargada de hacer cumplir los protocolos, negocia con la Cámara los requisitos para las habilitaciones, pero no tiene la misma contemplación con otros rubros igual de necesitados de salir a trabajar, como son los vendedores ambulantes. Sin ir más lejos, su titular, Matías Lanusse, es señalado por las organizaciones de trabajadores de la vía pública por ensañarse con migrantes del Once, Flores y Constitución. Las historias de operativos conjuntos con la Policía de la Ciudad son cotidianas y terminan siempre igual: confiscación de la mercadería, detenciones y represión. El propio Lanusse todavía sigue procesado en la causa por apremios ilegales tras su paso por la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), la tristemente célebre patota paraestatal que pegaba a las ranchadas de personas en situación de calle.

“Es necesario que los bares abran y puedan trabajar, el sector gastronómico fue de los más golpeados y nos parece bien que retomen su actividad. Pero la AGC no da la garantía y nuestro rol como oposición es estar atentos y que los controles se realicen como corresponde”, señala Neira.

“Hubo mucha improvisación, y donde quizás se ve con mayor claridad fue en las reaperturas en las escuelas, donde prácticamente se anotaron para participar muy pocos chicos y terminó más en un acto de marketing que en una revinculación efectiva. Se pudo haber hecho de manera más eficiente si la Ciudad hubiera tenido una planificación y redistribución equitativa de los espacios públicos y verdes aprovechables”, agrega la legisladora.

Hacia un paradigma comunitario

Experiencias fuera de los muros

A diez años de la ley de salud mental, todavía subsiste un paradigma manicomial. Sin embargo, diferentes experiencias promueven la intervención comunitaria para la inclusión social y laboral de personas con padecimientos mentales severos. ¿Cómo funcionan estas prácticas destinadas a ampliar los derechos de usuarios y usuarias?

Texto: Ludmila Ferrer

En 1961, el filósofo francés Michel Foucault publicó «Historia de la locura en la época clásica», ensayo en el que recorre el tratamiento que se le ha dado a la locura a lo largo de la historia. En la obra de Foucault, los manicomios aparecen como un dispositivo donde se encierran a las personas “desviadas de la norma” y que cargarían con ese estigma para siempre.

En 2010, en Argentina se promulgó la nueva ley de salud mental, elogiada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ser “la primera ley de salud mental que incluye los principales estándares de salud mental y normas de derechos humanos regionales e internacionales”. Uno de los puntos que plantea la ley es el fin (progresivo) de los manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados.

“El manicomio no es solo una cuestión de encierro, vos podés tirarlo abajo, pero lo que hay que desterrar son las prácticas manicomiales”, dijo a El Grito del Sur Luciana Stampella, médica, especialista en psiquiatría y diplomada en desmanicomialización. El paradigma que se contrapone al manicomial, agregó, es el comunitario.

PENSAR LA DESMANICOMIALIZACIÓN: ...HACIA UN PARADIGMA COMUNITARIO

La ley de salud mental, explicó Stampella, establece que los profesionales de la salud mental deben fundamentar su accionar y tener el consentimiento -en estado de lucidez y con comprensión de la situación- de la persona que recibirá el tratamiento.

Las internaciones involuntarias solo están contempladas en el caso de que el equipo de salud detecte que la persona está en una “situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Asimismo, la internación debe ser lo más breve posible y atender la crisis que presente el usuario del servicio de salud mental en ese momento.

A pesar de que la ley establece el fin