Informe de balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015 by Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado

JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS Ministro del Interior ALAN EDMUNDO JARA URZOLA Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas HUGO FERNANDO GUERRA URREGO Coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado CLAUDIA VIVIANA FERRO BUITRAGO Subdirectora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ©2016, Ministerio del Interior Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado GAPV. ©2011, Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno. Impreso en Colombia – Printed in Colombia Primera Edición: Noviembre de 2016 © Diseño de cubierta y diagramación: Adriana Amaya Grimaldos © Fotografías: Ministerio del Interior Este es un documento público cuyo texto completo puede ser consultado en la página web http://gapv.mininterior.gov.co/

Impresión: Imprenta Nacional Elaboración

y diseño de mapas:

Equipo RUSICST. Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio del Interior.

Editores: Andrés López Ávila – Coordinador Equipo RUSICST. Ministerio del Interior.

Diana García – Asesora Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.

Colaboradores: Viviana Ramos, Jorge Rubio, Carolina Matus, Martha Cordero, Juan Carlos Jiménez,

Sonia Cifuentes, Sebastián Romero, Natalia Bernal, Jhovana Rojas, Catalina Aragón, Andrés Hernández, Diego Gamba, Luisa Niño, Luz Ángela Rodríguez.

Este informe de análisis parte de una iniciativa liderada por el Ministerio del Interior en conjunto con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que busca aunar esfuerzos tanto técnicos como logísticos, orientados al aprovechamiento y buen uso de la información reportada semestralmente por las entidades territoriales del país a través de la herramienta RUSICST. Aun cuando el contenido de este informe pertenece a sus autores, es de carácter público y puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado, siempre que no haya alteraciones sobre el mismo y se realice la citación correspondiente. La anterior autorización exime el material fotográfico con Copyright ©.

CONTENIDO

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República de Colombia

Capítulo 4 PARTICIPACIÓN................................... 101

INTRODUCCIÓN....................................... 5

Capítulo 1 DINÁMICA DEL CONFLICTO................25

Capítulo 2 COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL....................49

Capítulo 5 RETORNO Y REUBICACIÓN.............. 141

Capítulo 6 ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL................................... 167

Capítulo 7 ADECUACIÓN INSTITUCIONAL....... 199

Capítulo 3 PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL....77 CONCLUSIONES.................................. 217

INTRODUCCIÓN Colombia ha enfrentado el conflicto armado interno de mayor duración en América Latina; más de cincuenta años de guerra han provocado un gran número de víctimas que necesitan especial protección y restitución de sus derechos por parte del Estado, lo que requiere el desarrollo de herramientas legales y normativas específicas. La Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, junto con sus decretos reglamentarios y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, constituyen el marco normativo y jurisprudencial sobre el cual se fundamenta la acción del Estado en este sentido1.

1. La Ley 1448 de 2011 no solo recoge las medidas de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima, también incluye lo dispuesto en la normatividad y la jurisprudencia promulgada con anterioridad a su expedición en el tema concreto de población desplazada. En particular, la Ley 387 de 1997, la Sentencia T-025 de 2004 junto con sus Autos de Seguimiento y la Ley 1190 de 2008, al igual que los tratados y normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Introducción

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras marca un hito en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, fundamental para la construcción de la paz y la reconciliación en el país. La Ley de Víctimas reconoce como tal a todas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Además de todos los derechos que les son reconocidos como ciudadanos y como víctimas, esta ley les concede derechos especiales como medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual y colectiva, material, moral y simbólica. No obstante, la responsabilidad del Estado colombiano frente a las víctimas del conflicto armado interno no es exclusiva de las entidades del orden nacional. Por el contrario, la Ley de Víctimas establece que la formulación y ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención

Introducción

y reparación integral de las víctimas, es responsabilidad del conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territorial. Igualmente, esta ley tiene como uno de sus principios el trabajo armónico y articulado entre las entidades del Estado, para lo cual se constituye el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), del cual hacen parte los departamentos, distritos y municipios. A nivel territorial, el SNARIV opera a través de los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT), cuyas acciones se estructuran en los Planes de Acción Territorial (PAT). En este contexto, el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno (RUSICST) evoluciona como un “mecanismo de información, seguimiento y evaluación al desempeño de las entidades territoriales, en relación con la implementación de las políticas públicas y planes de acción, de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas (…)”, que junto con el Formulario Único Territorial (FUT), la certificación a las entidades del SNA-

RIV y entes territoriales, los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (GED) y los Indicadores de Coordinación, conforman el sistema integral de seguimiento y evaluación de la Política de Víctimas (Artículo 260, Decreto 4800 de 20112). Además de ser un mecanismo para la evaluación y el seguimiento de la Política Pública de Víctimas, el RUSICST permite fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales, mediante la apropiación de la política, la identificación de las falencias institucionales y la propuesta e implementación de un Plan de Mejoramiento, que les permite avanzar gradualmente hacia la garantía de los derechos a la población víctima. Adicionalmente, constituye un insumo en el proceso de certificación de las entidades territoriales y para la aplicación de los principios de subsidiariedad, concurrencia y coordinación. De esta manera, la información suministrada por las entidades territoriales mediante el RUSICST es muy valiosa para identificar su rol en la garantía de los derechos de la población afectada y

la implementación de la Política Pública de Víctimas. El presente informe de balance es la primera apuesta por hacer uso de la información del RUSICST, con el fin de explorar tanto el grado de apropiación que han logrado las autoridades municipales, distritales y departamentales en relación con la Política Pública de Víctimas, como los avances y dificultades que se han presentado en el territorio en materia de su implementación. Este documento es también una invitación para que las entidades territoriales reconozcan la importancia de su rol en la garantía de los derechos de las víctimas y en el proceso de construcción de paz en el país. A su vez, para que las administraciones entrantes se apropien de la política y de esta herramienta, al tiempo que incluyen entre sus objetivos, mejorar la calidad de la atención brindada a las víctimas para la protección y restitución de sus derechos. Sobre este último punto, también es de gran relevancia presentar las dificulta-

Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

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des más frecuentes que suelen expresar las entidades territoriales relacionadas con el diligenciamiento del RUSICST. En primer lugar, en los espacios de capacitación ofrecidos por el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas, es frecuente escuchar, por parte de los enlaces, su inconformidad acerca de la falta de articulación entre las diferentes dependencias que integran la administración municipal y sobre quienes recae alguna responsabilidad relacionada con el tema de víctimas, que en efecto no se tiende a asumir. Por ejemplo, el suministro de cierta información crucial en el ejercicio del reporte en algunas ocasiones no tiende a satisfacerse debido a esa desconexión entre el enlace y la dependencia. En segundo lugar, algunos enlaces municipales manifiestan que los espacios de trabajo, elementos de oficina y equipos de cómputo, resultan insuficientes y/o deficientes para garantizar el cumplimiento de sus funciones, lo que implica en algunos casos, dificultades en el diligenciamiento de la encuesta que se suman a problemas de conectividad o servicios de energía eléctrica en el territorio. Sumado a esto y no menos importante, es la alta

Introducción

rotación de enlaces de víctimas, tanto en los municipios como en los departamentos, a falta de una planta de personal que garantice la continuidad de los procesos y la construcción de capacidades en las personas encargadas de la atención a víctimas y el reporte de los sistemas de información. Por último, en las entidades territoriales se considera insuficiente la duración de las jornadas de capacitación ofrecidas desde el nivel nacional acerca de las diferentes herramientas de seguimiento y evaluación de la política pública, así como también, el tiempo establecido normativamente para su diligenciamiento. Por otra parte, es importante aclarar que la única fuente de información empleada en este balance es el RUSICST, de manera que los resultados obtenidos están sujetos a factores como el nivel de respuesta de cada entidad territorial, la calidad de sus datos y la veracidad de su reporte. Igualmente, es menester mencionar que los archivos de trabajo construidos a partir de las respuestas suministradas por las alcaldías y gobernaciones, para cada una de las preguntas objeto de análisis en este informe,

están a disposición de las diferentes entidades que consideren la necesidad de realizar una labor de verificación sobre los mismos. Al respecto, se reitera a los órganos de control, academia y demás interesados en el tema de víctimas, la invitación para llevar a cabo ejercicios que permitan contrastar los resultados aquí presentados con aquellos producto de sus propios reportes o trabajos de investigación, de manera que sea posible identificar y fortalecer aspectos que contribuyan a una implementación más efectiva de la política pública en las entidades territoriales.

A continuación, presentamos un breve recuento de los antecedentes y el funcionamiento del RUSICST, su estructura y el balance general del nivel de respuesta de las entidades territoriales durante el periodo 2012-2015. En cada uno de los siguientes capítulos del balance desarrollamos uno de los ejes temáticos o secciones del RUSICST: 1) Dinámica del conflicto armado interno, 2) Comité Territorial de Justicia Transicional, 3) Plan de Acción Territorial, 4) Participación de la población víctima, 5) Retornos y reubicación, 6) Articulación y coordinación institucional y 7) Adecuación institucional.

Antecedentes y funcionamiento del RUSICST El RUSICST tiene como principal antecedente la Ley 1190 de 2008 (Art. 4o), el Decreto 1997 de 2009 (Art. 3o) y el Auto 007 de 2009 (Orden 6) que obligaban a los alcaldes y gobernadores a reportar información, tanto al Ministerio del Interior y de Justicia (escindido) como a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (hoy Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado), sobre las acciones adelantadas, los avances y dificultades respecto a los compromisos tanto presupuestales como administrativos para atender a la población en situación de desplazamiento y garantizar el goce efectivo de sus derechos. En consonancia con dicha normatividad, durante el año 2009, cada una de las dos entidades del orden nacional empleó diferentes formularios para indagar sobre la dinámica del desplazamiento forzado en las entidades territoriales y los esfuerzos realizados para Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

la superación del Estado de Cosas Inconstitucional relacionado con la población desplazada. Por un lado, Acción Social diseñó, con el apoyo de la Unidad Técnica Conjunta (UTeC)3, el “Informe municipal o departamental en materia de atención a población desplazada. Acciones Plan Integral Único (PIU)”. Por su parte, el Ministerio del Interior y de Justicia solicitó información a través de dos formularios: la Matriz de Validación y el Plan de Mejoramiento, los cuales tenían por objeto determinar las falencias de las entidades territoriales en términos de capacidad institucional y establecer compromisos tendientes a superar dichas dificultades. Los dos formularios conformaban entonces el Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial (SICST). Con el propósito de reducir la carga logística a las entidades territoriales y mejorar la calidad de la información, las dos entidades iniciaron un trabajo conjunto para la unificación de los formularios, que finalmente se tradujo en

el Reporte Unificado para el Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial en materia de Atención a Población Desplazada (RUSICST). En el año 2010 se recibe el primer reporte unificado. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1448 de 2011, se hace necesario realizar los respectivos ajustes al RUSICST, ya que la información registrada en esta herramienta debía abarcar no solo a la población víctima de desplazamiento forzado, sino también a las víctimas de los demás hechos victimizantes tales como actos o atentados terroristas, amenazas, delitos contra la libertad e integridad sexual, desaparición forzada, homicidio, masacres, minas antipersonal (MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI), secuestro, tortura, vinculación de menores a actividades relacionadas con grupos armados, abandono y despojo de tierras; todos ellos ocurridos en el marco del conflicto armado interno.

3 La Unidad Técnica Conjunta fue constituida en el año 1999 mediante convenio entre la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). Su misión era asesorar a las entidades del Sistema Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) en la formulación y evaluación de políticas públicas para la prevención y atención al desplazamiento forzado por la violencia en Colombia. Este convenio fue terminado en el año 2010.

Introducción

El Artículo 260 del Decreto 4800 de 2011, señala que el RUSICST debe incluir como mínimo información relacionada con la dinámica de ocurrencia de hechos victimizantes en el territorio; el funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional; el estado del Plan de Acción Territorial; la articulación institucional; la oferta de programas de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas; las necesidades de prevención, asistencia, atención y reparación identificadas; la participación de las víctimas; los recursos para la prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, y la autoevaluación de la capacidad de gestión institucional para el diseño de un Plan de Mejora o de corrección de falencias. Igualmente, indica que el RUSICST debía entrar en vigencia el segundo semestre del año 2012 y que es responsabilidad de los gobernadores y de los alcaldes garantizar el personal y los equipos que permitan el suministro adecuado y

oportuno de la información requerida mediante el reporte. En particular, señala que las autoridades de las gobernaciones y alcaldías deben designar un enlace que se encargue de soportar la información actualizada por semestres. El Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas por su parte, deben realizar la retroalimentación a las gobernaciones y alcaldías sobre la información reportada, a efectos de fortalecer su capacidad, corregir las falencias identificadas y verificar el avance de la gestión local de la Política Pública para las Víctimas. El proceso de ajuste del RUSICST se realizó de manera conjunta entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Grupo de Apoyo a la Coordinación Territorial en Materia de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior. Este proceso incluyó la implementación de la plataforma web donde acceden alcaldías y gobernaciones para el diligen-

4 Para acceder a dicha plataforma el Ministerio del Interior asigna un usuario y contraseña, previo envío por parte de la entidad territorial de un oficio donde el alcalde o el gobernador designa a la persona encargada de reportar la información semestralmente.

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ciamiento del reporte4 e igualmente, la revisión de la normatividad y la jurisprudencia sobre las obligaciones de las entidades territoriales y el Gobierno nacional respecto a la Política Pública de Víctimas del conflicto armado interno, que permitió ajustar su contenido hacia los años 2010 y 2011 de conformidad con los nuevos requerimientos. Así, además de la Ley 1190 de 2008, el Decreto 1997 de 2009 y el Auto 007 de 20095, el nuevo RUSICST contiene lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4800 de 2011, el Decreto 4829 de 2011 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011. Mediante la revisión de dicha normatividad y jurisprudencia, se identificaron

las responsabilidades de las entidades territoriales en materia de prevención, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado interno y se transformaron dichas responsabilidades en preguntas concretas que dieran cuenta de sus acciones en este sentido. En el primer semestre de 2012 se realiza una fase de alistamiento, en la que se construye conceptualmente el contenido de las preguntas y se realiza la adecuación tecnológica de la plataforma web. El primer reporte de las entidades territoriales, bajo estas nuevas características, se recibe en diciembre de 2012. A partir de entonces, el sistema ha venido operando con un reporte de periodicidad semestral, seguido por un proceso de retroalimentación por parte del Ministerio del Interior6.

Normatividad que, como fue señalado en párrafos precedentes, hace parte de los antecedentes del RUSICST.

El Artículo 2º del Decreto 2460 de 2015 realiza algunas modificaciones a las fechas de diligenciamiento y contenido del RUSICST, que empezarán a regir en el primer semestre del 2016. En particular indica que el reporte del primer semestre del año debe ser diligenciado por las alcaldías entre el 15 enero a 28 de febrero y por las gobernaciones entre el 15 de febrero a 31 de marzo, y debe contener: 1) La gestión de la política pública dirigida a las víctimas y el plan de mejoramiento correspondiente al segundo semestre del año anterior, de manera acumulada; 2) La ejecución de los compromisos del año anterior de manera acumulada y 3) Las necesidades de la población víctima y los compromisos para planeación del siguiente año. El reporte del segundo semestre del año debe ser diligenciado por las alcaldías entre el 15 julio a 31 de agosto y por las gobernaciones entre el 15 de agosto a 30 de septiembre, y debe contener: 1) La gestión de la política pública dirigida a las víctimas y el plan de mejoramiento correspondiente al primer semestre del año en curso y 2) La ejecución de los compromisos del primer semestre del año en curso.

Introducción

Estructura del RUSICST Como se mencionó anteriormente, el Decreto 4800 de 2011 precisa la información que como mínimo debe incluir el RUSICST. Con base en esto y en la revisión de la normatividad y la jurisprudencia relacionada con la Política Pública de Víctimas, el equipo de la Unidad de Víctimas y del Ministerio del Interior definieron cada una de las secciones que haría parte del nuevo RUSICST: 1) Dinámica del conflicto armado interno, 2) Comité Territorial de Justicia Transicional, 3) Plan de Acción Territorial, 4) Participación de la población víctima, 5) Retornos y reubicación, 6) Articulación y coordinación institucional y 7) Adecuación institucional. Estos son los siete capítulos en los cuales se divide este balance de la política pública. La Ley 1448 de 2011 señala que “los departamentos, los distritos y los municipios deben diseñar, implementar y hacer seguimiento y evaluación a sus políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, teniendo en cuenta los diferentes hechos victimizantes, la participación de las víctimas, el enfoque diferencial y el Goce Efectivo de Derechos de la población víctima”. En este sentido, el RUSICST indaga sobre todo el ciclo de la Política Pública de Víctimas del conflicto armado interno (como se muestra en el gráfico 1), y es por esa razón que se estructura a partir de las acciones realizadas por las entidades territoriales en cuanto al diseño, la implementación y la evaluación de la política pública, para cada uno de los ejes temáticos. En la etapa de diseño, las entidades territoriales definen la estrategia, los instrumentos, recursos, responsables, tiempos y mecanismos de coordinación más acertados para lograr la garantía de los derechos de las víctimas con mayor efectividad, eficiencia, calidad y pertinencia. En la etapa de implementación, las administraciones enlazan de manera coordinada los elementos, recursos, organización y estrategias para poner en marcha la política diseñada, de tal manera que se concreten en procesos, bienes o servicios específicos dispuestos para la garantía Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

de los derechos de las víctimas. Y en la etapa de evaluación, se realiza la recolección, análisis y valoración de información sobre el desempeño administrativo de las entidades territoriales en la implementación de los procesos diseñados, evidenciando el estado de avances y dificultades en la implementación y objetivos por alcanzar.

Gráfico 1. Ciclo de la política pública Fuente: Ministerio del Interior

La siguiente tabla presenta las generalidades de cada sección del RUSICST según la etapa de la política pública en la cual se encuentra ubicada: Introducción

Tabla 1. Generalidades del RUSICST por etapa y componente temático TEMA/ETAPA

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Dinámica del conflicto armado

La identificación de los factores de riesgo, los hechos victimizantes y la población víctima que habita en el territorio es fundamental para el diseño de la Política Pública de Víctimas.

Comité de Justicia Transicional (CJT)

Instancia de articulación en la cual se formula y adopta el Plan de Acción Territorial.

Los subcomités que conforman el CTJT, se encargan de desarrollar los compromisos en tareas definidas en las secciones.

Anualmente se deben evaluar los programas, proyectos y acciones del PAT.

Plan de Acción Territorial (PAT)

Define los programas y proyectos para la prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas.

Ejecución gradual de los programas y demás acciones orientadas a la asistencia, atención y reparación a las víctimas.

Identificación de los programas en ejecución, el número de personas atendidas y el presupuesto ejecutado en los mismos.

Participación de la población víctima

Identificación de las organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos de las víctimas; creación en las entidades territoriales de mecanismos y espacios de participación para la población víctima.

Garantía de los espacios, medios e instrumentos que faciliten la participación de las víctimas en los diferentes escenarios dispuestos por la ley.

Mecanismos utilizados por la población víctima para ejercer su derecho a la participación tales como la rendición de cuentas y las veedurías ciudadanas.

Articulación interinstitucional

Diseño de lineamientos entre la nación, el departamento y los municipios.

Coordinación entre los municipios, el departamento y la nación para la ejecución de acciones y financiación de programas.

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Una vez diligenciada la información correspondiente a cada una de las secciones temáticas en cuando a diseño, implementación y evaluación de la Política de Víctimas, el alcalde o gobernador debe adjuntar una carta donde avale la información enviada, para luego realizar la autoevaluación y concluir con el Plan de Mejoramiento. El propósito de esta etapa del reporte consiste en que la entidad territorial identifique sus debilidades en la implementación de la Política Pública de Víctimas y plantee un Plan de Mejoramiento que deberá desarrollar en el

marco del Comité Territorial de Justicia Transicional. Es importante anotar que el reporte de los departamentos y los municipios se diferencia en algunos aspectos, pues ha sido construido en función de sus competencias. En particular, el artículo 298 de la Constitución Política de Colombia delega a los departamentos la función “…de coordinación, de complementariedad de la acción municipal y de intermediación entre la nación y los municipios”, lo que resulta fundamental para el desarrollo efectivo y eficiente de la política.

Evolución del nivel de respuesta por parte de municipios y departamentos En la actualidad, el 100 por ciento de los departamentos y municipios cuenta con un usuario creado, lo que da cuenta del proceso de apropiación por parte de las entidades territoriales del RUSICST como herramienta de seguimiento. Por otra parte, se tiene un nivel de reporte a 2015 de cerca del 84 por ciento de los 1100 municipios del país y del 87.5 por ciento de los departamentos, si se tienen en cuenta exclusivamente aquellas entidades territoriales que enviaron la información. Estos porcentajes aumentan al 94 y 96.9 por ciento respectivamente, si se tienen en cuenta los municipios y departamentos que diligenciaron y guardaron el reporte, pero no lo enviaron, como se observa en los gráficos 2 y 3. Los departamentos que guardaron la información pero que no enviaron el reporte en el 2015 corresponden a Chocó, Guainía y Sucre. Introducción

La información reportada por las alcaldías y gobernaciones que se incluye en este documento corresponde a siete periodos: 2012, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2014-II, 2015-I y 2015-II. Como se muestra en los gráficos 2 y 3, entre el año 2012, cuando entra en funcionamiento el RUSICST, y el año 2013, se da un incremento importante en el nivel de respuesta de las entidades territoriales que diligenciaron y enviaron el reporte, el cual se sostiene durante los semestres siguientes. En cuanto al Plan de Mejoramiento (PM), se observa también un incremento pues mientras que en el primer semestre del 2013, el 49 por ciento de los municipios y ningún departamento diligenció y guardó el Plan de Mejoramiento, en el primer semestre de 2015 el 75 por ciento de los municipios y el 87.5 por ciento de los departamentos llenó y guardo el Plan de Mejoramiento.

Gráfico 2. Evolución del nivel de respuesta municipal en el RUSICST 2012-2015

822

949

946

922

922 801

669

792

800

821

535

684

821

919

931

962

940

947

1.015

1.064

1.050

1.056

1.071

1.033

1.014

2012

2013-I

2013-II

2014-I

2014-II

2015-I

2015-II

403

Guardó

704

Pasó a PM

Guardó PM

813

Envió

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Mapa 1.

Gráfico 3. Evolución del nivel de respuesta departamental en el RUSICST 2012-2015

29 27

25 29

2 27

2013-I

2013-II

Evolución del nivel de respuesta municipal en el RUSICST 2012-2015

28 23 28

2014-I

2014-II

2015-I

2015-II

Guardó

Pasó a PM

Guardó PM

Envió

El siguiente conjunto de mapas da cuenta del comportamiento de cada municipio en el diligenciamiento del RUSICST. Es necesario subrayar que algunos de los municipios que aún no han adoptado la herramienta del RUSICST de manera sistemática –es decir, que no envían el reporte o no diligencian el Plan de Mejoramiento–, son municipios con alto grado de afectación y en esa medida deberían priorizarse y focalizarse para su fortalecimiento en términos de la política y del uso e importancia del reporte como instrumento para su seguimiento. Si por ejemplo tenemos en cuenta solo los años 2014 y 2015, entre los municipios que no enviaron el reporte en dos o más semestres durante ese periodo, encontramos municipios para los cuales, al comparar la población víctima de acuerdo a la Red Nacional de Información (RNI) con la población proyectada de acuerdo al censo del 2005, la población víctima es por lo menos la mitad de la población proyectada del municipio para 2015, o incluso en algunos casos la sobrepasa. Tal es el caso de San Luis (163%), Dabeiba (67.7%) Introducción

Frontino (67.5%) y Uramita (60.4%) en Antioquia, Córdoba (100%) y Norosí (83.9%) en Bolívar, Bagadó (62.7%) en Chocó y Vista Hermosa (50.4%) en el Meta. Otros municipios con un alto número de víctimas, como porcentaje de la población proyectada para 2015, que no enviaron el reporte en por lo menos dos semestres durante el 2014-2015 son: Puerto Nariño (27.3%) en Amazonas; Buriticá (49.1%), Valdivia (27.5%) y Betania (22.7%) en Antioquia; Arauquita (28%) en Arauca; Altos del Rosario (49.3%) en Bolívar; Timbiquí (49.1%), Suárez (43.5%), Guapi (31.8%) y Corinto (20.5%) en Cauca; Manaure (38%) en Cesar; Bahía Solano (46%), Tadó (36.8%), Lloró (25.2%) y Bajo Baudó (21.3%) en Chocó; Paratebueno (23.2%) en Cundinamarca; El Retén (34.5%) y Zona Bananera (27.9%) en Magdalena; Mapiripán (24.2%) en el Meta; Santa Bárbara (36.7%) y Olaya Herrera (25.5%) en Nariño; Sardinata

(29.2%) en Norte de Santander; Rovira (26%) y Dolores (25.2%) en el Tolima y Buenaventura (38.8%) en el Valle del Cauca. El caso de Buenaventura es bastante preocupante teniendo en cuenta que, de acuerdo a la RNI, con cerca de 152 mil víctimas es el tercer municipio del país mayormente afectado. En cuanto al nivel de avance de la Política Pública de Víctimas por etapa, al tomar el conjunto de las preguntas del RUSICST encontramos que el mayor nivel de avance se encuentra en la etapa de diseño, seguido por la etapa de evaluación, siendo la etapa de implementación la que presenta un menor nivel de avance (gráfico 4). Este resultado es indicativo para las administraciones entrantes, que tienen como gran reto no solo mantener los esfuerzos en cuanto al diseño de la Política Pública de Víctimas, sino también fortalecer su implementación y evaluación.

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Gráfico 4. Nivel de avance municipios por etapa de la política pública 2013-2015

Proyección del RUSICST y expectativas a futuro El gran reto del RUSICST para el año 2016 es lograr un mayor posicionamiento dentro de las nuevas administraciones municipales y departamentales. Desde el año 2012, cuando inició la recolección de información, se ha gestionado un proceso de difusión y posicionamiento gradual del reporte en las entidades territoriales, donde es importante resaltar que fueron las administraciones anteriores las que se empoderaron del mismo, hecho que representa un valor agregado para las nuevas administraciones que no parten de cero y en cambio disponen de toda la información diligenciada por las administraciones salientes. Sin embargo, las nuevas administraciones tienen el gran reto de seguir y mejorar el legado de sus antecesoras en cuando a la Política Pública de Víctimas y también en cuanto a la calidad de la información que diligencian en el RUSICST.

para capacitarse en el tema de víctimas, en cuanto a sus responsabilidades con esta población y los pasos que deberían seguir para cumplirlas. Por otra parte, mediante el Plan de Mejoramiento, las entidades territoriales pueden autoevaluar su gestión en cuanto a la Política Pública de Víctimas y reconocer, no solo sus debilidades, sino todo lo que han sido capaces de lograr. Al interior de las administraciones territoriales, la obligación de diligenciar el reporte ha servido también para visibilizar el tema, teniendo en cuenta que la información abarca todas las instancias de la administración pública que tienen responsabilidades a cargo en los distintos aspectos del tema de víctimas. Adicionalmente, es de destacar que los entes de control: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, hacen cada vez más uso del RUSICST, por ejemplo, para consultar información que después verifican en terreno. Actualmente cuentan con usuario y contraseña, hecho que les permite acceder al sis-

tema por cuenta propia. Esperamos que al igual que los entes de control, cada vez más instituciones, como universidades y centros de investigación, puedan hacer uso de la información del RUSICST. Igualmente, esperamos que cada vez sea de mayor utilidad para la toma de decisiones dentro de los diferentes niveles e instancias del Gobierno. El presente balance de la implementación de la Política Pública de Víctimas a nivel territorial es un primer esfuerzo por explorar la gestión municipal y departamental, haciendo uso de la información reportada en el RUSICST, así como de las falencias y debilidades de la política. Esperamos que sea de gran utilidad para la toma de decisiones y para el mejoramiento continuo de las acciones encaminadas a garantizar los derechos de la población víctima. Reiteramos la importancia del rol de las entidades territoriales en este sentido y las invitamos a continuar con los esfuerzos conducentes a la materialización de la Política de Víctimas y a la construcción de la paz y la reconciliación en el país.

Además de ser un requisito establecido por la ley y de obligatorio cumplimiento, el RUSICST es para las administraciones municipales y departamentales un recurso Introducción

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

CAPÍTULO

DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO 2012-2015 Conocer la dinámica del conflicto e identificar a las víctimas, es sin duda el primer paso para un diseño de la Política Pública de Víctimas acorde con las necesidades de cada territorio. En primer lugar, la identificación de los factores de riesgo, de la presencia de grupos armados al margen de la ley y de hechos victimizantes facilita la toma de decisiones en términos de prevención y garantías de no repetición. En segundo lugar, caracterizar a la población afectada, conocer la magnitud del problema en cada municipio o departamento y las necesidades particulares de las víctimas que deben ser atendidas bajo un enfoque diferencial, permite diseñar planes, programas y proyectos más acordes con la realidad de las entidades territoriales, ajustar la oferta institucional y enfocar mejor los esfuerzos administrativos hacia la garantía de los derechos de la población víctima.

Dinámica del conflicto armado 2012-2015

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

En cuanto a la información reportada en el RUSICST durante los años 2012-2015 se evidencia que existen diferencias sustanciales entre el número de víctimas identificado por parte de las autoridades locales y los registros de la Red Nacional de Información (RNI), lo cual es significativo para el caso de ciudades como Bogotá y Medellín. También existen diferencias importantes en el número de víctimas por departamento, reportado por las gobernaciones y por otra parte, por las alcaldías. Al comparar la población proyectada en los municipios del país de acuerdo al censo de 2005 con la población víctima identificada por las alcaldías a 2015, se encuentra que en 41 municipios la población víctima corresponde al 80 por ciento o más de la población proyectada en el municipio. En cuanto a los hechos victimizantes, se encuentra que, además del desplazamiento forzado, los hechos victimizantes identificados en mayor medida por los

alcaldes del país son las amenazas, seguidos de homicidios y combates. Respecto a la dinámica del desplazamiento forzado, la mayor parte de los municipios del país (72%) se consideran tanto receptores como expulsores de población. De los municipios del país, 216 presentaron eventos de desplazamientos masivos durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015. El grupo armado con presencia en un mayor número de municipios del país corresponde a las Farc, seguido por las Bacrim y por último el ELN. Con base en el reporte de las administraciones locales se observa que en el año 2015 un menor número de municipios indica tener presencia grupos armados al margen de la ley –tanto Farc, como ELN, como bandas criminales (Bacrim)–, comparado con el 2014. Las bandas criminales con mayor presencia en el país son el Clan Úsuga (antes Urabeños) y Los Rastrojos.

internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Los hechos victimizantes reconocidos son abandono o despojo forzado de tierras, actos o atentados terroristas, amenazas, delitos contra la libertad e integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio, masacres, minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados, secuestro, tortura, vinculación de menores a actividades relacionadas con grupos armados, abandono y despojo de tierras; todos ellos ocurridos en el marco del conflicto armado interno.

Gráfico 5. Evolución población víctima del conflicto armado reportada en el RUSICST 2012-2015

1. Víctimas del conflicto armado y hechos victimizantes La Ley 1448 de 2011 reconoce como víctimas a todas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o de violaciones graves y manifiestas a las normas Dinámica del conflicto armado 2012-2015

El gráfico 5 presenta el número total de víctimas y víctimas de desplazamiento forzado identificadas por los mandatarios locales que diligenciaron el reporte en el año respectivo. Como se observa en el gráfico, se presenta un aumento de la población Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

víctima identificada por los mandatarios locales, lo que puede deberse tanto al aumento en el número de víctimas o en el número de autoridades locales que llenan el reporte, como a ajustes en la metodología de caracterización realizada en los municipios o a la calidad de la información. Existen diferencias entre lo reportado por los mandatarios locales y la información de la RNI. Como se observa, en el año 2015 las administraciones locales reportan haber identificado 7.707.477 víctimas en su territorio, de las cuales 6.039.364 son víctimas de desplazamiento forzado. Por otra parte, de acuerdo a la RNI, a 2015 hay un total de 7.098.632 de víctimas en el país, 6.680.947 si se tienen en cuenta únicamente los municipios que diligenciaron

el RUSICST durante 2015, lo cual implica una diferencia de 416.685 personas. Estas diferencias son notables en el ámbito municipal. Por ejemplo, Bogotá reporta haber identificado 631.206 víctimas en 2015, mientras que de acuerdo a la RNI en Bogotá hay ubicadas 357.269 víctimas, lo que arroja una diferencia de más de 273 mil personas. En Medellín, la diferencia es de más de 157 mil personas, ya que mientras en el RUSICST se reportan 573.319 víctimas, la RNI identifica 416.098. La tabla 2 muestra las diferencias entre el número de víctimas identificadas por las administraciones locales a través del RUSICST y por la RNI, para los municipios con mayor número de víctimas en el país.

Tabla 2. Diferencia número de víctimas por municipio según la RNI y según RUSICST 2015 – municipios con mayor número de víctimas según RNI POBLACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RNI (CENSO DANE)

RUSICST DIFERENCIA

Bogotá, D.c.

POBLACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RNI (CENSO DANE)

Caquetá

Meta

RUSICST DIFERENCIA

Florencia

169.336

96.041

147.712

51.671

473.766

101.961

139.908

37.947

Villavicencio

Atlántico

Barranquilla

1.212.943

81.477

138.232

56.755

Buenaventura

392.054

151.961

131.015

-20.946

Córdoba

Montería

434.950

99.484

121.497

22.013

Cauca

Popayán

275.129

87.783

117.180

29.397

Palmira

302.727

10.715

113.509

102.794

Valle Del Cauca

Bolívar

Cartagena de Indias

990.179

86.357

110.538

24.181

Nariño

San Andrés de Tumaco

195.419

93.306

99.795

6.489

Cesar

443.210

136.182

99.435

-36.747

Santander

Bucaramanga

527.451

54.154

98.687

44.533

Tolima

Ibagué

548.209

78.468

95.936

17.468

Antioquia

Apartadó

173.008

77.389

92.961

15.572

Chocó

Quibdó

115.517

68.800

82.253

13.453

Huila

Neiva

340.046

63.512

79.435

15.923

Norte de Santander

21.085

8.259

70.022

61.763

Bolívar

El Carmen de Bolívar

74.297

58.371

68.019

9.648

Norte de Santander

Cúcuta

643.666

90.192

65.934

-24.258

250.236

52.913

62.500

9.587

La Guajira

Valledupar

Teorama

Riohacha

Antioquia

Bello

447.185

57.869

57.364

-505

Mocoa

41.304

31.185

56.918

25.733

Putumayo

Bogotá, d.c.

7.776.845

357.269

631.206

273.937

Nariño

Pasto

434.486

54.756

53.918

-838

Antioquia

Medellín

2.441.123

416.098

573.319

157.221

Arauca

Tame

52.273

26.661

53.442

26.781

Magdalena

Santa Marta

476.385

137.772

204.000

66.228

Santander

Barrancabermeja

191.784

62.804

49.007

-13.797

Valle Del Cauca

2.344.734

145.397

173.066

27.669

Sucre

49.784

26.073

45.546

19.473

Cali

Antioquia

Turbo

155.173

98.884

164.000

65.116

Sincelejo

271.375

112.062

154.457

42.395

Sucre

Dinámica del conflicto armado 2012-2015

San Onofre

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

En cuanto a la fuente de información de la población víctima presente en su jurisdicción, como se presenta en el gráfico 6, 335 municipios indican tener una fuente propia, como una caracterización realizada por el municipio, 314 municipios afirman que su fuente es la Personería, 240 tienen como fuente de información

el Registro Único de Víctimas (RUV) o la Red Nacional de Información (RNI) y 32 otra fuente. Entre los que respondieron otra fuente, se incluye Sisbén, Familias en Acción, la caracterización realizada por la UARIV y el enlace municipal, entre otras fuentes.

Mapa 2. Población víctima del conflicto armado como porcentaje de la población total del municipio –2015

Gráfico 6. Fuente información para la identificación de la población víctima 2015-2

Al comparar la población proyectada en los municipios del país de acuerdo al censo de 2005 con la población víctima identificada por las alcaldías en 2015, se encuentra que en 41 municipios la población víctima corresponde al 80 por ciento o más de la población proyectada en el municipio. El mapa 2 muestra la población víctima, como porcentaje de la población total del municipio, para los municipios que reportaron en el RUSICST.

Dinámica del conflicto armado 2012-2015

En el mapa se puede observar que los municipios para los cuales las víctimas representan más del 80 por ciento de la población son: San Carlos, Granada, Alejandría, Turbo, Urrao, Argelia, Corconá, San Rafael, Frontino, Concepción, San Francisco, Murindó, Vigía del Fuerte y San Pedro de Urabá (Antioquia); Tame (Arauca); Norosí, Zambrano, San Juan Nepomuceno y Carmen de Bolívar (Bolívar); Samaná (Caldas); Florencia y Puerto Rico (Caquetá); López de Micay y Timbiquí (Cauca); San Diego y El Copey (Cesar); Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Juradó y El Litoral de Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

San Juan (Chocó); San Calixto, El Tarra, Teorama y Hacarí (Norte de Santander); Mocoa (Putumayo); San Onofre, Coloso, Chalán (Sucre); El Rosario (Nariño). Gráfico 7. Total víctimas por departamento –2015 Antiquia Bogotá, D.C. Bolívar Valle del Cauca Magdalena Córdoba Cesar Sucre Cauca Nariño Atlántico Santander Caquetá Chocó Meta Tolima Huila Putumayo La Guajira Cundinamarca Norte de Santander Arauca Caldas Quindío Risaralda Casanare Guaviare Vichada Boyacá Vaupés Guainía Amazonas

En cuanto al total de víctimas por departamento, con base en la información reportada por las alcaldías (gráfico 7), Antioquia presenta la mayor concentración de víctimas en el país con 1.603.614 víctimas, de las cuales 1.156.355 son víctimas de desplazamiento forzado. Le sigue Bogotá con 631.206 víctimas y 542.478 víctimas de desplazamiento forzado, Bolívar con 397.807 víctimas y 373.369 víctimas de desplazamiento forzado, Valle del Cauca con 545.790 víctimas y 359.497 víctimas de desplazamiento forzado. Al comparar la población víctima por departamento, reportada por las gobernaciones y por las alcaldías en el segundo semestre de 2015, encontramos

diferencias importantes como se observa en la tabla 3. Por ejemplo, mientras la gobernación del departamento de Arauca reporta que en los municipios de su jurisdicción hay 353.832 víctimas, el reporte de los municipios indica que hay 98.308, para una diferencia de 255.524 personas. La Gobernación del departamento del Chocó, por su parte, reporta 377.651 víctimas, mientras que los municipios del departamento reportan 196.953 para una diferencia de 180.698 personas. Las gobernaciones en total reportan haber identificado 7.276.530 víctimas para una diferencia total en el número de víctimas, entre lo reportado por las gobernaciones y las alcaldías, de 1.477.608 personas.

Tabla 3. Comparación población víctima por departamento de acuerdo a alcaldías y gobernaciones – segundo semestre de 2015

200.000

400.000 600.000

Total víctimas

Dinámica del conflicto armado 2012-2015

800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

Víctimas desplazamiento forzado

DEPARTAMENTO

ALCALDÍAS

GOBERNACIONES

DIFERENCIA

Amazonas

1.640

2.574

934

Antioquia

1.578.118

1.706.240

128.122

Arauca

98.308

353.832

255.524

Atlántico

211.209

206.508

-4.701

Boyacá

19.210

42.093

22.883

Caldas

105.586

103.846

-1.740

Caquetá

198.771

375.019

176.248

Cauca

279.872

294.485

14.613

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

DEPARTAMENTO

ALCALDÍAS

GOBERNACIONES

DIFERENCIA

Cesar

250.080

397.352

147.272

Chocó

196.953

377.651

180.698

Córdoba

301.744

320.432

18.688

Cundinamarca

69.202

161.251

92.049

Guainía

7.331

8.970

1.639

Guaviare

41.339

50.193

8.854

Huila

164.884

184.165

19.281

La Guajira

131.463

148.912

17.449

Magdalena

280.211

417.351

137.140

Meta

207.112

70.486

-136.626

Nariño

282.866

399.382

116.516

Norte de Santander

167.260

250.669

83.409

Putumayo

165.023

240.783

75.760

Quindío

47.038

55.989

8.951

Risaralda

49.401

105.177

55.776

Santander

244.036

256.601

12.565

Tolima

156.693

322.593

165.900

Valle del Cauca

518.484

412.399

-106.085

Vaupés

3.720

4.283

563

Vichada

21.368

7.294

-14.074

5.798.922

7.276.530

1.477.608

En cuanto a la fuente de información de la población víctima presente en su jurisdicción, 18 departamentos tienen como fuente de información el Registro Único de Víctimas (RUV), 10 afirman usar la información de la Red Nacional de Información (RNI) y solamente el departamento del Meta indica realizar jornadas de identificación de la población víctima Dinámica del conflicto armado 2012-2015

semestre de 2015 por hecho victimizante (exceptuando desplazamiento forzado), según lo reportado por las alcaldías. Los hechos victimizantes para los cuales se identifica un mayor número de víctimas son amenazas (4.078 personas), homicidios (4.006) y combates (1.498).

Gráfico 8. Víctimas por hecho victimizante – segundo semestre de 2015

por parte de la Secretaría para las Víctimas, Derechos Humanos y Paz. Por otra parte, los alcaldes deben identificar la población víctima que habita en su territorio, tanto de desplazamiento forzado, como de otros hechos victimizantes. El gráfico 8 muestra las víctimas identificadas en el segundo

Uno de los principios de la Ley de Víctimas es el Enfoque Diferencial, el cual reconoce que hay poblaciones de especial protección, habida cuenta de su afectación diferencial y sus características particulares de diversidad étnica,

ciclo vital y condición de discapacidad. Igualmente, reconoce que el Estado realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, asistencia y reparación integral contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

RNI, por enfoque diferencial étnico se reportan menos víctimas por parte de los mandatarios locales. Cabe notar sin embargo la afectación relativa de

estas comunidades que, con base en los datos de la RNI, es del 12% para la población indígena y del 16% para la población afrodescendiente.

2. Dinámica del desplazamiento forzado

y marginación que pudieron ser causa de los hechos victimizantes. En particular, tres decretos con fuerza de ley dictan las medidas de atención, asistencia y reparación integral y restitución de los derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas (Decreto 4633 de 2011), al pueblo Rom o Gitano (Decreto 4634 de 2011) y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Decreto 4635 de 2011). De acuerdo con la información suministrada por los municipios, para el segundo semestre del 2015, el 47.9 por ciento de las víctimas identificadas son hombres y el 52.1 por ciento mujeres. Adicionalmente, se identifican 128.350 mujeres cabeza de hoDinámica del conflicto armado 2012-2015

gar, 85.992 personas en situación de discapacidad, 26.026 víctimas LGBTI y 20.026 niños y niñas sin el acompañamiento de un adulto. Por otra parte, el reporte indica que hay 109.409 víctimas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas; 498.142 víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y 12.963 pertenecientes al pueblo rom o gitano. Por su parte, según la RNI a 2015, 166.290 víctimas pertenecen a pueblos o comunidades indígenas y 685.323 pertenecen a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. A diferencia del total de víctimas, para el cual el número de víctimas identificadas por los municipios que diligenciaron el reporte es mayor que lo que indica la

En cuanto a la dinámica del desplazamiento forzado, la mayoría de los municipios indican ser tanto expulsores como receptores de población, seguidos por los que se consideran exclusivamente expulsores. Uno de los cambios notorios en la información reportada por los municipios es que mientras en el 2014, 822 municipios reportan tener la doble condición y 185 reportan ser exclusivamente expulsores, en el 2015 un número menor – 797 municipios – reportan tener la doble condición, mientras que un número mayor – 199 municipios – reporta ser exclusivamente expulsor. Gráfico 9. Condición de los municipios – 2015

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

El siguiente mapa muestra cuáles municipios se consideran expulsores, receptores y aquellos que consideran tener ambas condiciones durante el segundo semestre de 2015. Mapa 3. Municipios expulsores, receptores y con doble condición – segundo semestre de 2015

Municipal, con el acompañamiento de la Personería Municipal, deberá elaborar: (1) un acta con la descripción detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento masivo, así como un informe de verificación de las circunstancias que lo ocasionaron y (2) el censo de las personas afectadas en sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de domicilio, residencia y bienes2. Por otra parte, el artículo 196 de la Ley de Víctimas indica que el Estado deberá proveer los escenarios, estructurar una organización, definir medidas técnicas y apropiar los recursos para prevenir y/o brindar En lo referente a desplazamientos masivos1, las alcaldías tienen responsabilidades tanto en la identificación de las víctimas, como en la elaboración de planes de contingencia para brindar una respuesta adecuada. Por una parte, el artículo 48 de la Ley de Víctimas y el artículo 46 del Decreto 4800 de 2011 indican que en el evento en que se presenten atentados terroristas o desplazamientos masivos la Alcaldía Dinámica del conflicto armado 2012-2015

una respuesta adecuada y oportuna a la emergencia humanitaria producida por un desplazamiento masivo. De ahí la importancia de conocer la dinámica de los desplazamientos masivos en el país. De los municipios del país, 49 presentaron eventos de expulsión masiva de población desplazada y 167 presentaron eventos de recepción masiva durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015. Adicionalmente, el mapa 4 refleja la predominancia de municipios de expulsión masiva y por su parte en el mapa 5, se ilustran los municipios de recepción masiva, donde sobresale la concentración existente en la región Pacífica del país.

1. Se entiende por desplazamiento masivo al desplazamiento forzado conjunto de diez (10) o más hogares o de cincuenta (50) o más personas. 2. Dicho censo debe identificar si se trata de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas y contener información sobre número, nombre, pertenencia étnica y ubicación de las comunidades indígenas afectadas en sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad cultural, al territorio y bienes; y número diferenciado de individuos pertenecientes a cada comunidad, para proceder a su registro (Art. 74 del Decreto 4633).

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Mapa 4. Municipios de expulsión masiva 2012-2105

Dinámica del conflicto armado 2012-2015

Mapa 5. Municipios de recepción masiva 2012-2105

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

3. Presencia de grupos armados al margen de la ley En cuanto a la presencia de grupos armados al margen de la ley, con base en el reporte de las administraciones locales, la principal característica que se puede observar en el gráfico 10 es que en el año 2015 un menor número de municipios indica tener presencia de grupos armados al margen de la ley –tanto Farc, como ELN, como bandas criminales (Bacrim)–, comparado con el 2014. Los grupos armados que hacen presencia en un mayor número de municipios del país son las Farc, seguido por las Bacrim y por último el ELN. Es de notar que durante los años 2012 y 2013 no se incluía la pregunta sobre presencia de bandas criminales en el RUSICST.

En particular, respecto a las bandas criminales que hacen presencia en el país, como se muestra en el gráfico 11, el clan Úsuga o Urabeños, es el que reporta un mayor número de municipios, seguido por Los Rastrojos.

Gráfico 11. Bandas criminales con presencia en los municipios del país 2014-2015

Gráfico 10. Evolución municipios con presencia de grupos armados al margen de la ley 2012-2015

Los mapas 6, 7 y 8 muestran la presencia de grupos armados al margen de la ley –Farc, ELN y Bacrim respectivamente– por municipio durante el segundo semestre de 2015. Dinámica del conflicto armado 2012-2015

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Mapa 6. Municipios con presencia de Farc – segundo semestre de 2015

De acuerdo a lo reportado por las administraciones locales, las Farc tienen presencia principalmente en los departamentos de Antioquia, los departamentos de la región Pacífica (Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca), Huila, Meta, Tolima, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo y Bolívar. Dinámica del conflicto armado 2012-2015

Mapa 7. Municipios con presencia de ELN – segundo semestre de 2015

Por su parte, reportan presencia del ELN mayormente en municipios de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Cauca y Bolívar. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Mapa 8. Municipios con presencia de Bacrim – segundo semestre de 2015

Las administraciones locales reportan presencia de Bacrim principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Valle del Cauca, Chocó, Meta, Nariño y Norte de Santander. Como es posible observar en los tres mapas, varios municipios tienen presencia de más de un grupo armado al margen de la ley. Se reporta presencia tanto de Farc como de ELN en Nariño, Antioquia, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Bolívar. A su vez, presencia tanto de Farc como de Bacrim en Antioquia, Meta, Nariño, Chocó y Bolívar. Dinámica del conflicto armado 2012-2015

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

CAPÍTULO

COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL El Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) es la máxima instancia de coordinación y articulación interinstitucional en el orden territorial. Permite la planificación y coordinación de acciones conducentes a la garantía de los derechos de las víctimas y permite establecer acuerdos y compromisos de las diferentes entidades y dependencias responsables de la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

Comité Territorial de Justicia Transicional

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

La Ley de Víctimas indica que el funcionamiento del SNARIV se fundamenta en los CTJT, que deben ser creados por los gobernadores y alcaldes municipales y distritales. El CTJT es la instancia de articulación en la cual se formula y adopta el Plan de Acción Territorial1, en el marco del plan de desarrollo, con el fin de lograr la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas; coordinar las acciones de las entidades que conforman el SNARIV en el nivel departamental, distrital y municipal; articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición; coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la población vulnerable y adoptar medidas conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración (Art. 173).

Como se presenta en este capítulo, con corte al segundo semestre de 2015, el 87,3 por ciento de los municipios del país indica tener creado el CTJT, de los cuales el 66,2 por ciento afirma tener su respectivo plan de trabajo. Respecto a los departamentos, se observa que a partir del 2013 todas las gobernaciones cuentan con un CTJT creado y que para el segundo semestre de 2015, el 64,5 por ciento cuenta a su vez con su correspondiente plan de trabajo. Por otra parte, los subcomités que han sido creados con mayor frecuencia son Atención y Asistencia; Prevención, Protección y Garantías de No Repetición y Sistemas de Información. Aproximadamente el 75 por ciento de los municipios del país afirman tener los dos primeros subcomités. Con base en los datos de 2015, los CTJT municipales se reúnen en promedio 4,34 veces por año, mientras que los CTJT departamentales se reúnen 4,33 veces

1. Los Planes de Acción Territoriales son el principal instrumento para la implementación de programas, acciones y estrategias definidas en todos los niveles de gobierno para la atención y reparación integral de la población víctima. El diseño e implementación de estos permite a las alcaldías y gobernaciones coordinar acciones de diferentes instituciones de manera armónica; comprometer recursos fiscales, logísticos e institucionales y definir los mecanismos de seguimiento que facilitarán la evaluación y la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances y las dificultades de las acciones desarrolladas para la atención y reparación integral a la población víctima.

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en promedio. Sin embargo, solamente la mitad de los municipios del país afirma que los CTJT sesionaron para evaluar la necesidad presupuestal del PAT. En 2015,

41,9 por ciento de las gobernaciones indica que en el CTJT departamental se abordaron las necesidades presupuestales de sus respectivos municipios.

1. Creación y conformación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional Los departamentos, municipios y distritos del país no solo deben crear los CTJT, sino que deben elaborar los planes operativos anuales, para su adecuado funcionamiento. El plan operativo es el documento en el cual se enumeran los objetivos y directrices que se propone cumplir el CTJT durante por lo menos un año, en concordancia con las responsabilidades y funciones de sus competencias. El diseño del plan operativo permite planear los pasos a seguir y acciones a desarrollar, junto con su respectivo seguimiento. El gráfico 12 muestra la evolución de los CTJT en los municipios del país, así como del diseño de planes operativos. Como se observa en el gráfico, a 2013 el 96 por Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

ciento de los municipios contaba con un CTJT creado (1056 municipios), de los cuales el 33 por ciento contaba con un plan operativo. Este último porcentaje se ha ido incrementando y en el segundo semestre de 2015 el 66,2 por ciento de los municipios que cuentan con un CTJT, cuentan también con un plan operativo.

Gráfico 12. Evolución creación Comités Municipales de Justicia Transicional 2012-2015

Por otra parte, el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011 indica que los CTJT deben estar conformados por:

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

El Gobernador o Alcalde quien lo preside, según el caso El Secretario de Gobierno departamental o municipal, según el caso El Secretario de Planeación departamental o municipal, según el caso El Secretario de Salud departamental o municipal, según el caso El Secretario de Educación departamental o municipal, según el caso El Comandante de División o el Comandante de Brigada, que tenga jurisdicción en la zona

✪ El Comandante de la Policía Nacional de la respectiva jurisdicción ✪ El Director Regional o Coordinador del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

✪ El Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ✪ Un representante del Ministerio Público ✪ Dos representantes de las Mesas de Participación de Víctimas de acuerdo al nivel territorial

✪ Un delegado del Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) Adicionalmente, el artículo señala que los CTJT pueden convocar a representantes o delegados de otras entidades que contribuyan a garantizar y materializar los derechos de las víctimas. Igualmente, que el gobernador o alcalde debe realizar la secretaría técnica de los CTJT y que las autoridades que componen el CTJT no podrán delegar, en ningún caso, su participación en el mismo o en cualquiera de sus reuniones. Respecto a los departamentos, se observa que a partir del 2013 todas las gobernaciones cuentan con un CTJT creado y que para el segundo semestre de 2015, el 64,5 por ciento (20 departamentos) cuenta con un plan operativo. Comité Territorial de Justicia Transicional

Los Decretos ley 4633, 4634 y 4635, por su parte, indican que los CTJT deben contar con la presencia de un delegado o representante de los pueblos y comunidaInforme de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

des indígenas, de las kumpania y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, respectivamente, del área de influencia de cada CTJT. Dichos representantes promoverán la armonización de los programas de atención a las víctimas con los planes de sus respectivas comunidades y participarán en los procesos relacionados con la formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. Como puede observarse en el gráfico 13, todos los municipios que en el segundo semestre de 2015 afirmaron tener un CTJT creado, cuentan con la presencia del alcalde en un 95 por ciento; con el secretario de planeación un 94,2 por ciento; con el secretario de gobierno un 91,6 por ciento; con el secretario de salud un 85,7 por ciento y con el secretario de educación un 74 por ciento. Respecto a las entidades del orden nacional, un 78,9 por ciento de los CTJT cuenta con un delegado de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), 81,3 por ciento con el Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 69,1 por ciento con el Director del Servicio Nacional de AprenComité Territorial de Justicia Transicional

dizaje (SENA) y 71,1 por ciento con el Comandante de división o de Brigada de las Fuerzas Militares (FF.MM). En cuanto a las instituciones del Ministerio Público, el 94,9 por ciento de los CTJT cuenta con el Personero Municipal y 26,3 por ciento con el Procurador Provincial. Respecto a la representación de la población víctima, 93,6 por ciento de los CTJT cuenta con un representante de las víctimas, el 15,8 por ciento con el representante de las víctimas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, 14,5 por ciento con el representante de las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras y 1,8 por ciento con un representante de las víctimas pertenecientes al pueblo rom o gitano. En cuanto a los departamentos, los datos consolidados al segundo semestre de 2015 indican que en promedio el 90% cuenta con la presencia del gobernador, el comandante de la policía, el secretario de educación, el secretario de gobierno, el secretario de planeación, y el secretario de salud. Igualmente, un 90% cuenta con la presencia del Comandante de división o de Brigada de las FF.MM,

Gráfico 13. Conformación CTJT municipios – segundo semestre de 2015

el Director Regional del ICBF, el Director SENA y el delegado de la UARIV. Por su parte, un 90% cuenta con el Personero Municipal, el Procurador Provincial y un representante de las víctimas; mientras que un 58,1 por ciento cuenta con un representante de las víctimas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, 48,4 por ciento con un representante de las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras y 12,9 por ciento con un

representante de las víctimas pertenecientes al pueblo rom o gitano. Además de los CTJT, los municipios deben crear Subcomités Territoriales de Justicia Transicional con el fin de diseñar, implementar, evaluar y coordinar la Política Pública de Víctimas a nivel territorial de manera adecuada, de acuerdo a sus componentes y sus ejes transversales. Los subcomités son instancias de coordinación que planifican, conciertan, Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

articulan y evalúan las acciones desarrolladas en el territorio para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, de acuerdo con sus responsabilidades institucionales. Dentro de sus funciones están: designar la Secretaria Técnica del Comité, formular los planes operativos anuales de acuerdo a sus competencias y realizar el seguimiento trimestral al avance en el cumplimiento de las metas establecidas en los planes operativos.

Los gráficos 14 y 15 muestran los subcomités que fueron creados por parte de las alcaldías y gobernaciones respectivamente entre 2012 y 2015. Como se puede observar, los subcomités creados con mayor frecuencia son Atención y Asistencia; Prevención, Protección y Garantías de No Repetición junto con Sistemas de Información. Aproximadamente el 71 por ciento de los municipios del país afirma contar con dichos subcomités. Igualmente, se evidencia que la creación de sub-

comités ha sido bastante estable en el tiempo, es decir, no hay periodos en los que se observe un aumento significativo en la creación de subcomités específicos. Se tiene además que menos del 20 por ciento de los municipios cuenta con los

Subcomités de Coordinación Nacional y Territorial, Enfoque Diferencial, Medidas de Rehabilitación, Reparación Colectiva y Restitución. A su vez, menos del 10 por ciento de los municipios cuenta con los Subcomités de Indemnización Administrativa y Medidas de Satisfacción.

Gráfico 15. Subcomités en municipios que concentran el 80% de la población víctima-– 2012-2015

Gráfico 14. Subcomités Territoriales de Justicia Transicional municipios – 2012-2015

Al restringir la muestra a los municipios que concentran el 80 por ciento de las víctimas del país, para los cuales la creación y operación de los subcomités

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es de vital importancia, encontramos la misma tendencia que al incluir todos los municipios del país. Una mayor frecuencia en la creación de los Subcomités de

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, Atención y Asistencia y Sistemas de Información y un bajo porcentaje en la creación de los demás subcomités (ver gráfico 15). En cuanto a los departamentos, como se muestra en el gráfico 16, menos del

40 por ciento cuenta con los Subcomités de Enfoque diferencial, Medidas de rehabilitación, Medidas de satisfacción, Reparación colectiva y Restitución. El 12,9 por ciento cuenta con el Subcomité de Coordinación Nación y Territorial y 6,5% con el Subcomité de Indemnización Administrativa.

Gráfico 16. Subcomités Territoriales de Justicia Transicional departamentos – 2015

tivo. Igualmente, indica que además de sus reuniones ordinarias, el CTJT se reunirá como mínimo cada cuatro meses, con el fin de realizar una evaluación del proceso de implementación de los planes de acción y presentar las necesidades, avances y dificultades de articulación entre entidades estatales, que a su vez deberán ser trasmitidas por su parte al CTJT departamental.

Las reuniones ordinarias del CTJT son aquellas que están contempladas en el plan de trabajo y en las que se definen los temas a trabajar. Por ejemplo, la aprobación del Plan de Acción Territorial, la coordinación de acciones con las entidades municipales que hacen parte del SNARIV y la evaluación del proceso de implementación del PAT, entre otras. Las reuniones extraordinarias son aque-

Gráfico 17. CTJT municipales que se reunieron durante el semestre 2012-2015

2. Operación y funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia Transicional De acuerdo con el Decreto 4800 de 2011 (artículo 253), la estructura interna y el funcionamiento del CTJT debe ser reglamentado por medio de un acto administraComité Territorial de Justicia Transicional

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llas reuniones que se efectúan cuando ocurre una situación imprevista o de urgencia. Por ejemplo, la recepción de un desplazamiento masivo o un atentado terrorista. El gráfico 17 muestra el porcentaje de municipios donde el CTJT se reunió por lo menos una vez durante el semestre y el gráfico 18 presenta lo propio para el caso de los departamentos. Como

puede observarse, el semestre en que un mayor porcentaje de municipios se reunió corresponde al segundo de 2014 (90,4% de los municipios) y el que menos, el segundo semestre de 2015 (79,8%). Para el caso de los departamentos, en el 90,3 por ciento su CTJT se reunió por lo menos una vez durante el primer semestre de 2014, mientras que en el segundo semestre de 2013, solo el 64,5 por ciento se reunió.

El gráfico 19 por su parte, muestra la cantidad de municipios de acuerdo al número de veces que se reunió el CTJT en el semestre. Como puede observarse, durante el primer semestre del año, tanto para el 2014 como para el

2015, la mayor parte de los CTJT municipales se reunieron entre una y dos veces, mientras que en el segundo semestre de 2014 y 2015, la mayoría de los CTJT municipales se reunieron dos o más veces.

Gráfico 19. Número de veces que el CTJT se reunió durante el semestre 2014-2015

Gráfico 18. CTJT departamentales que se reunieron durante el semestre 2012-2015

En cuanto al número promedio de reuniones por semestre, como se observa en el gráfico 20, los CTJT municipales se reunieron en promedio 1,96 veces el primer semestre de 2014, 2,60 veces el segundo Comité Territorial de Justicia Transicional

semestre, 1,94 veces el primer semestre de 2015 y 2,40 veces el segundo semestre de 2015. Los CTJT departamentales por su parte, como lo muestra el gráfico 21, se reunieron en promedio 1,96 veces Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

el primer semestre de 2014, 2,48 veces el segundo semestre, 1,60 veces el primer semestre de 2015 y 2,73 veces el segundo semestre de 2015. Con base en

los datos de 2015, los CTJT municipales se reúnen en promedio 4,34 veces por año, mientras que los CTJT departamentales se reúnen 4,33 veces en promedio.

Gráfico 21. Promedio reuniones ordinarias y extraordinarias CTJT departamentos 2014-2015

Gráfico 20. Promedio reuniones ordinarias y extraordinarias CTJT municipios 2014-2015

Los mapas 9 y 10 muestran el número de veces que los CTJT de cada municipio se reunieron de manera ordinaria y extraordinaria durante el año 2015. Los municipios que más se reunieron de manera ordinaria fueron Granada y Turbo (Antioquia), Busbanza y San Miguel de Sema (Boyacá), Pácora (Caldas), López Comité Territorial de Justicia Transicional

y Patía (Cauca), La Palma (Cundinamarca), Albán y Contadero (Nariño), Puerto Leguízamo (Putumayo) y Bucaramanga (Santander). Los municipios que más se reunieron de manera extraordinaria fueron Apartadó, Turbo y Urrao (Antioquia), Guapi (Cauca), La Playa (Norte de Santander) y Mogotes (Santander). Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Mapa 9. Reuniones ordinarias por municipio – Año 2015

En cuanto a la asistencia a las reuniones del CTJT municipal por parte de las diferentes entidades (gráfico 22), se observa que de acuerdo a lo reportado por las alcaldías durante el segundo semestre de 2015, las secretarías de educación son las entidades del orden municipal que menos asisten a las reuniones. Por su parte, las entidades del orden nacional asisten a las reuniones de alrededor de la mitad de los CTJT del país. Comité Territorial de Justicia Transicional

Mapa 10. Reuniones extraordinarias por municipio – Año 2015

En cuanto a los CTJT departamentales, se observa una participación promedio de las entidades del orden nacional de cerca del 80 por ciento, al tiempo que solamente diez departamentos (10) cuentan con la participación del repre-

sentante de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras, nueve (9) del representante de los pueblos o comunidades indígenas y uno (1) del representante del pueblo rom o gitano (ver gráfico 23). Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Gráfico 22. Asistencia entidades a reuniones del CTJT municipales 2015-2

En cuanto a las reuniones de los subcomités municipales, como lo muestra el gráfico 24, los subcomités que más veces tienden a reunirse son el Subcomité de Coordinación Nacional y Territorial, seguido por los Subcomités de Prevención y de Atención y Asistencia.

Gráfico 24. Promedio reuniones Subcomités Territoriales de Justicia Transicional municipales 2013-2015

Gráfico 23. Asistencia entidades a reuniones del CTJT departamentales 2015-2

El Comité de Justicia Transicional Ampliado es el escenario donde las instituciones departamentales, en cabeza del gobernador, conjuntamente con las autoridades locales, desarrollan agendas que permiten tener una visión de la realidad territorial de los municipios Comité Territorial de Justicia Transicional

en términos de prioridades de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, lo que permite identificar los requerimientos técnicos y presupuestales de los municipios a partir de su capacidad institucional. Por otro lado, se orienta a coordinar acciones de acomInforme de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

pañamiento desde las gobernaciones para mejorar los procesos de atención y mejorar acciones y presupuestos con estas realidades territoriales para materializar los principios de articulación en la aplicación de acciones conducentes al Goce Efectivo de Derechos de las víctimas. La reunión del CTJT ampliado debe realizarse con la participación de los

municipios bajo la jurisdicción del respectivo departamento, en el segundo trimestre de cada año. En dicha reunión se deben abordar las necesidades presupuestales de los respectivos municipios, para que sean tenidas en cuenta en los planes operativos anuales de inversión de los departamentos en la vigencia posterior. La convocatoria y la realización de los CTJT es una obligación de la gobernación.

Gráfico 25. Convocatoria y asistencia al CTJT ampliado durante el semestre 2014-2015

El gráfico 25 muestra el número de municipios donde las alcaldías fueron convocadas a por lo menos una reunión del CTJT ampliado durante el semestre y el número de alcaldías que asistió. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2015, 443 alcaldías afirmaron haber sido convocadas a la reunión del CTJT ampliado, de las cuales 391 asistieron a dicha reunión.

En el segundo semestre de 2015, el promedio de reuniones de CTJT ampliado a las que han sido convocados los municipios durante el periodo 2012-2015-II es 1,30 reuniones y el promedio al que han asistido los municipios es 1,28. El número máximo de reuniones a las que un municipio afirma haber sido citado durante un semestre se ubica en siete.

3. Funciones de los Comités Territoriales de Justicia Transicional De acuerdo con la Ley de Víctimas y el Decreto 4800 de 2011, los CTJT se constituyen en la máxima instancia de articulación territorial. Son presididos por el gobernador o el alcalde, según corresponda, y tienen las siguientes funciones:

✪ Servir de instancia para la discusión, formulación y elaboración del Plan de Acción Territorial a fin de lograr la prevención, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas.

✪ Establecer las necesidades presupuestales para garantizar la implementación del Plan de Acción Territorial.

✪ Coordinar las acciones con las entidades que conforman el SNARIV en el nivel departamental, distrital o municipal.

✪ Articular la oferta institucional de los diferentes niveles y sectores para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición. Comité Territorial de Justicia Transicional

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

✪ Coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la población víctima.

Gráfico 26. Municipios que han adoptado medidas de desarme, desmovilización y reintegración 2015-2

✪ Adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, programas, proyectos y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración.

✪ Garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos encaminados hacia la prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, incorpore medidas que respondan a las necesidades particulares de los sujetos de especial protección constitucional o que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad (Enfoque Diferencial).

✪ Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los ajustes necesarios a la ejecución del Plan de Acción Territorial.

✪ Adoptar las estrategias que se requieran para garantizar la participación de las víctimas en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Acción Territorial de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

✪ Desarrollar estrategias de prevención integral para lo cual coordinará con los Comités Territoriales de Prevención.

✪ Elaborar el Plan de Contingencia para atender las emergencias producidas en el marco del conflicto armado.

✪ Establecer una fecha para honrar a las víctimas en el marco del Día de la Memoria y la Solidaridad con ellas. De acuerdo a la respuesta de las alcaldías en el RUSICST relacionadas con las funciones de los CTJT, se observa que, por ejemplo, en el segundo semestre del año 2015, 181 municipios afirman haber adoptado medidas de desarme, desmovilización y reintegración (ver gráfico 26). Comité Territorial de Justicia Transicional

Entre las medidas conducentes a materializar la política en materia de desarme, desmovilización y reintegración, los municipios mencionan en su mayoría medidas relacionadas con la atención a la población víctima de conflicto armado como aprobación, socialización, implementación y evaluación del PAT, actualización del Plan de Retorno y Reubicaciones, presentación y aprobación de los Planes de Reparación Colectiva, caracterización de la población víctima, implementación de

proyectos productivos para la población víctima, entre otros. En cuanto a medidas de desarme, desmovilización y reintegración propiamente dichas, los municipios mencionan principalmente campañas de desarme y de intercambio de armas por alimentos con el apoyo de la Policía Nacional y participación de la Agencia Nacional para la Reintegración en el marco del CTJT para socializar la ruta de atención para los reinsertados, actos culturales y marchas, entre otras (ver mapa 11). Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Mapa 11. Municipios que han desarrollado medidas conducentes a materializar la política en materia de desarme, desmovilización y reintegración - segundo semestre de 2015

tegias para que en el Plan de Acción Territorial se incluya el Enfoque Diferencial (personas con discapacidad, mujeres, población LGBTI, niños, niñas y adolescentes). En cuanto a las estrategias para que en el Plan de Acción Territorial se incluya el enfoque étnico diferencial (comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y rom), 422 CTJT municipales adelantaron dichas estrategias. Por otra parte, durante el segundo semestre de 2015, 445 CTJT municipales afirman haber desarrollado estrategias y actividades de prevención integral.

En cuanto a las gobernaciones, durante el segundo semestre de 2015, diez departamentos (32,3%) afirman haber adoptado medidas conducentes a materializar la política en materia de desarme, desmovilización y reintegración en el marco del CTJT. Este es el periodo en Comité Territorial de Justicia Transicional

el cual un mayor número de gobernaciones afirma haber adoptado dichas medidas. Por otra parte, durante el segundo semestre de 2015, 730 municipios afirman que los CTJT adelantaron estra-

Respecto a los departamentos, durante el segundo semestre de 2015, 26 CTJT departamentales del país adelantaron estrategias para incluir el Enfoque Diferencial en el PAT, 23 CTJT departamentales por su parte, afirmaron haberlo hecho para incorporar el enfoque étnico diferencial y 20 CTJT departamentales indican haber desarrollado estrategias y actividades de prevención integral. Una de las principales funciones que debe desempeñar el CTJT es realizar

la evaluación y seguimiento al PAT, con el objetivo de medir el cumplimiento de cada una de las metas establecidas en el documento, analizar las causas que han impedido el cumplimiento de las mismas, buscar soluciones a las situaciones problemáticas y realizar los cambios pertinentes. El 84,5 por ciento de los municipios (929 municipios) afirma haber diseñado un mecanismo de evaluación y seguimiento del PAT. El CTJT también deberá establecer las necesidades tanto presupuestales como técnicas que le impiden al municipio cumplir de manera adecuada con la implementación de la Ley de Víctimas en el territorio, a fin de elevar dichas necesidades al nivel departamental y nacional para que sean subsidiadas o concurridas. El gráfico 27 muestra el número de municipios que afirmaron que los CTJT sesionaron durante el semestre para evaluar la necesidad presupuestal del PAT, siendo el primer semestre de 2013 el más representativo.

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Gráfico 27. CTJT municipal ha sesionado para evaluar necesidad presupuestal del PAT

Finalmente, el 29 por ciento de las gobernaciones afirma que en el año 2013 se abordaron las necesidades presupuestales de sus respectivos municipios y el 41,9 por ciento en el 2014 y 2015.

Comité Territorial de Justicia Transicional

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

CAPÍTULO

PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL El Plan de Acción Territorial (PAT) contempla las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Este debe ser elaborado por el municipio o departamento para una vigencia de cuatro años, en concordancia con el periodo del mandatario territorial, y debe guardar coherencia con el Plan Nacional de Atención a Víctimas y el Plan de Desarrollo Territorial respectivo. En este sentido, los programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas deberán contar con las respectivas asignaciones presupuestales dentro de los planes de desarrollo.

Planes de Acción Territorial

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Además del PAT, la Ley de Víctimas y el Decreto 1084 de 2015, contemplan el diseño, implementación y evaluación de otros planes específicos para garantizar de manera integral los derechos de la población víctima. Dichos planes son el Plan Integral de Prevención, el Plan de Contingencia y el Plan Operativo de Sis-

temas de Información (POSI). Adicionalmente, los municipios que así lo requieran deben formular un Plan de Retorno o Reubicación y Planes de Reparación Colectiva. Las acciones planteadas dentro de los planes específicos se verán plasmadas finalmente en el Plan de Acción Territorial de cada entidad territorial.

Las gobernaciones y las alcaldías son las encargadas de formular y ejecutar dichos planes con el apoyo técnico del Ministerio del Interior y en concertación con los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) y Comités Territoriales de Prevención. De acuerdo al gráfico 28, el número de municipios con Planes Integrales de Prevención ha aumentado desde 2012, de 338 a 611 municipios.

Gráfico 28. Entidades municipales con Planes de Prevención 2012-2015

1. Planes integrales para la atención y reparación integral para las víctimas Plan Integral de Prevención El Plan Integral de Prevención debe contener estrategias de prevención que recojan las particularidades de cada hecho victimizante, estrategias propias para prevenir el mismo y estrategias de cultura de DD.HH. y reconciliación. Debe contar además con un enfoque diferencial, a fin de definir las estrategias que permitan reconocer los riesgos y el grado de vulnerabilidad de las poblaciones específicas y de especial protección constitucional, para establecer así acciones que permitan evitar o mitigar el riesgo. Igualmente, debe incluir acciones específicas que respondan a las recomendaciones realizadas por el Ministerio del Interior en el marco de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT).

Planes de Acción Territorial

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Con respecto a los departamentos que cuentan con el Plan Integral de Prevención, en el gráfico 29 se demuestra que para 2015, 31 entidades departamentales contaban con dicha herramienta. Gráfico 29. Entidades departamentales con Planes de Prevención 2012-2015

Plan de Contingencia Define procedimientos, acciones y estrategias, con los recursos financieros, humanos y físicos destinados por las entidades territoriales, frente a escenarios de riesgo, lo que permite prevenir y atender procesos de revictimización derivados de emergencias humanitarias acaecidas en desarrollo del conflic-

to armado interno. Estos planes deben ser elaborados e implementados por los CTJT, con la asesoría y el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas y deben ser actualizados anualmente. De acuerdo al gráfico 30, más del 70% de los municipios cuentan con Plan de Contingencia en el año 2015.

Gráfico 30. Entidades municipales con Planes de Contingencia 2012-2015

Tabla 4. Estado Plan Integral de Prevención por componentes – segundo semestre de 2015 Número de municipios

Porcentaje de municipios

663

75,9%

Diagnóstico de riesgo (línea de tiempo y cartografía del riesgo)

548

62,7%

Identificación y caracterización de los escenarios de riesgo

657

75,2%

Protocolos de actuación (prevención temprana y prevención urgente)

619

70,8%

Además, los departamentos también presentan un alto número de entidades con

Mecanismo de seguimiento y evaluación

562

64,3%

Plan de Contingencia para 2015 como se presenta en el gráfico a continuación.

Componente Información general del municipio (ubicación geográfica, información general de las comunidades o grupos poblacionales en riesgo, reseña sobre la situación de riesgo de violaciones de los DD.HH.)

Planes de Acción Territorial

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Gráfico 31. Entidades departamentales con Planes de Contingencia 2012-2015

Gráfico 32. Entidades municipales con Plan Operativo de Sistemas de Información 2012-2015

Con respecto al nivel departamental, también se presenta un aumento a partir del 2014 y llega a 20 departamentos en 2015 como se muestra en el gráfico 33. Gráfico 33. Entidades departamentales con Plan Operativo de Sistemas de Información 2012-2015 Plan Operativo de Sistemas de Información (POSI) Es el conjunto de criterios, procesos, procedimientos y actividades diseñados para garantizar la interoperabilidad y el flujo eficiente de la información relacionada con la población víctima, que deben tener en cuenta las entidades territoriales y una vez implementado se logre un adecuado y oporPlanes de Acción Territorial

tuno intercambio de información entre la nación y el territorio, obedeciendo a los estándares establecidos por la Red Nacional de Información. En el gráfico 32, se evidencia que a partir del 2014 el número de municipios disminuyó y volvió a incrementarse hasta 2015, lo que se debe a que a finales de 2013 se socializaron los lineamientos para la construcción del POSI territorial. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Adicionalmente, los municipios que cuenten con población retornada o reubicada, o con algún sujeto de reparación colectiva, deben diseñar e implementar Planes de Retorno o Reubicación y/o Planes de Reparación Colectiva: Plan de Retorno o Reubicación Buscan la definición de acciones orientadas a la integración local y comunitaria y a la estabilización social y económica

de las personas retornadas o reubicadas. En este sentido, son una herramienta elaborada en el marco de los CTJT en donde se encuentra el diagnóstico, definición de responsabilidades, cronograma y seguimiento a los procesos de retorno o reubicación. Desde el 2014 se ha indagado a los municipios en el RUSICST si cuentan o no con este Plan, y en el gráfico 34 se puede evidenciar un aumento significativo de un año al otro.

impacto ocasionado, el contexto concreto, las expectativas de los sujetos de reparación colectiva, y la oferta institucional. En el gráfico 35 se presentan el número de municipios con Plan de Reparación Colectiva en los cuatro años. Gráfico 35. Entidades municipales con Plan de Reparación Colectiva 2012-2015

Gráfico 34. Entidades municipales con Plan de Retorno o Reubicación 2014-2015

Plan de Acción Territorial

Plan de Reparación Colectiva Estos planes se diseñan para cada uno de los sujetos de reparación colectiva1 en función del diagnóstico del daño. A partir del mismo se establecen acuerdos Planes de Acción Territorial

Es el instrumento que contempla las medidas de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas, el cual debe ser elaborado por los municipios, distritos y gobernaciones con la participación de las víctimas del conflicto armado. Este plan contempla entre la institucionalidad y los sujetos de reparación, seleccionando y definiendo las medidas de reparación fundamentadas en el reconocimiento y la dignificación de las víctimas, según el daño e

todas las acciones que efectúan las administraciones municipales o departamentales en materia de víctimas, incluyendo aquellas diseñadas en los planes específicos ya mencionados. En los gráficos 36 y 37 se puede evidenciar el número de alcaldías y gobernaciones que reportaron contar con su respectivo PAT.

1 Se consideran sujetos de reparación colectiva a los grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y al igual que las comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona del territorio en el que habita, o en un propósito común.

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Gráfico 36. Entidades municipales con Plan de Acción Territorial 2012-2015

los cuales 650 lo tienen aprobado en el marco del CTJT o por acto administrativo. El Plan de Contingencia ha sido diseñado en 958 municipios y aprobado en el marco del CTJT o por acto ad-

ministrativo en 791 de los casos. Finalmente, el POSI ha sido diseñado en 688 municipios, aprobado en el marco del CTJT o por acto administrativo en 255 municipios.

Gráfico 38. Estado planes municipales Política de Víctimas a segundo semestre de 2015

Gráfico 37. Entidades departamentales con Plan de Acción Territorial 2012-2015

Por otro lado, el gráfico 38 muestra el estado de los Planes de Acción Territorial municipales acumulado hasta el año 2015. Como puede observarse, 1098 municipios del país afirman tener Planes de Acción Territorial

PAT y 1091 indican que dicho PAT fue aprobado en el marco del CTJT o mediante acto administrativo. En cuanto al Plan Integral de Prevención, 874 municipios afirman contar con este plan, de

Como se mencionó anteriormente, no todos los municipios requieren Plan de Retornos o Reubicaciones ni Plan de Reparación Colectiva. A la fecha, 239 municipios tienen Plan de Retornos o Reubicaciones, aprobado en el marco del CTJT o por acto administrativo en 191 casos. En cuanto al Plan de Reparación Colec-

tiva, 250 municipios cuentan con dicho plan, aprobado en el marco del CTJT o por acto administrativo en 80 municipios. Con corte a 2015, 871 municipios, es decir, el 79% de los municipios y el 61% de departamentos del país entre 2014 y 2015, afirmaron tener el PAT actualizado2.

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Gráfico 39. Plan de Acción Territorial actualizado 2012- 2015

Mapa 12. Estado del Plan Integral de Prevención segundo semestre de 2015

Los siguientes mapas muestran los municipios que cuentan con los planes respectivos de Prevención, Contingencia, Retorno o Reubicación y Reparación Colectiva al segundo semestre de 2015.

2 El Plan de Acción Territorial debe ser actualizado anualmente tanto por municipios como por departamentos.

Planes de Acción Territorial

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Mapa 13. Estado del Plan de Contingencia – segundo semestre de 2015

Planes de Acción Territorial

Mapa 14. Estado del Plan de Retorno o Reubicación – segundo semestre de 2015

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Mapa 15. Estado del Plan de Reparación Colectiva – segundo semestre de 2015

Gráfico 40. Evolución socialización del Plan de Acción Territorial 2014-2015

En cuanto a los departamentos, como se observa en el gráfico 41, todos los departamentos tienen PAT aprobado en el CTJT o por acto administrativo. Todas las entidades departamentales también cuentan con el Plan de Prevención, y en 28 de los casos fue aprobado por acto administrativo o en el marco del CTJT. En

cuanto al Plan de Contingencia, 26 departamentos cuentan con dicho plan, y este fue aprobado en el marco del CTJT o por acto administrativo en 15 de los casos. Finalmente, 27 departamentos cuentan con el POSI, el cual fue aprobado en el marco del CTJT o por acto administrativo en 8 departamentos.

Por otra parte, entre los años 2014 y 2015, un total de 688 municipios socializaron o promovieron espacios de socialización y análisis sobre el PAT en por lo menos un semestre. El gráfico 40 presenta el número de municipios que cada semestre realizó ese tipo de actividades. Se observa que el segundo semestre de 2014 es el semestre donde un mayor número de municipios socializó o promovió espacios de socialización del PAT (406 municipios). Planes de Acción Territorial

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Gráfico 41. Estado planes departamentales Política de Víctimas a segundo semestre de 2015

Por otra parte, como se presenta en la tabla 6, el 97% de los departamentos afirma haber realizado la caracterización del contexto local, todos los departamentos (con excepción de San Andrés) afirman haber realizado la identificación de la dinámica del conflicto, el 97% la identificación acumula-

da de la población víctima de desplazamiento forzado y la de otros hechos victimizantes y el 94% la caracterización de la población. Además de esto, el 94% de los departamentos afirma haber realizado la identificación de las necesidades de las entidades municipales en su jurisdicción.

Tabla 5. Estado Planes de Acción Territorial por componentes segundo semestre de 2015 número de municipios

porcentaje de municipios

Caracterización del contexto local

959

87,2%

Identificación de la dinámica del conflicto armado

963

87,5%

Identificación acumulada de la población víctima del desplazamiento forzado

985

89,5%

Identificación acumulada de la población Víctima de hechos diferentes al desplazamiento forzado

920

83,6%

Caracterización de la población víctima

910

82,7%

componente

2. Inclusión de los componentes de la Política de Víctimas en los Planes de Acción Territorial El Decreto 1084 de 2015 indica que los PAT deben ser elaborados por los departamentos, municipios y distritos con la participación de las víctimas. Igualmente, estos deben contener como mínimo la caracterización de las víctimas de la respectiva jurisdicción, la cual debe considerar las necesidades de dicha población y sus distintos hechos victimizantes. Además de esto, el PAT debe incluir los programas y proyectos que atenderán a las víctimas, la asignación presupuestal correspondiente, así como el mecaPlanes de Acción Territorial

nismo de seguimiento y evaluación con metas e indicadores de los mismos. Como se observa en la tabla 5, el 87% de los municipios indica haber realizado una caracterización del contexto local en el PAT, el 87% la identificación de la dinámica del conflicto armado, el 89% la identificación de la población víctima de desplazamiento forzado y el 84% de la población víctima de otros hechos victimizantes y un 82% la caracterización de la población víctima.

Tabla 6. Estado Planes de Acción Territorial por componentes segundo semestre de 2015 número de departamentos

porcentaje de departamentos

Caracterización del contexto local

96,8%

Identificación de la dinámica del conflicto armado

100,0%

Identificación acumulada de la población víctima del desplazamiento forzado

96,8%

componente

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

97 número de departamentos

porcentaje de departamentos

Identificación acumulada de la población víctima de hechos diferentes al desplazamiento forzado

96,8%

Caracterización de la población víctima

93,5%

Identificación de las necesidades de las entidades municipales en su jurisdicción

93,5%

componente

De acuerdo al Documento Conpes 3726 de 2012, por medio del cual se presentan los lineamientos para el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la Política Pública de Víctimas comprende cinco componentes y cuatro ejes transversales (ver gráfico 42). Los componentes son: 1) Asistencia y Atención, 2) Reparación Integral, 3) Prevención y Protección, 4) Verdad y 5) Justicia. Los ejes transversales son: 1) Sistemas de Información, 2) Retornos y Reubicaciones, 3) Articulación nación-territorio, 4) Participación. Todos los componentes y ejes se desarrollan teniendo en cuenta el enfoque diferencial para niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y grupos étnicos.

Gráfico 42. Componentes y Ejes Transversales de la Política de Atención a Víctimas Participación

Enfoque Diferencial

Articulación Nación - Territorio

Sistema de información

Decretos étnicos con fuerza de ley

El componente de Prevención y Protección integra las acciones y medidas encaminadas a promover y salvaguardar el respeto y la garantía de los Derechos Humanos de todas las personas, grupos y comunidades sujetos a la jurisdicción del Estado colombiano y en especial aquellos en situación de riesgo extraordinario o extremo. El componente de Asistencia y Atención se refiere a las acciones para restablecer los derechos de las víctimas, garantizar las condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. El componente de Reparación Integral se refiere a las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para lograr reparar de manera integral a las víctimas por el daño sufrido como como consecuencias de las violaciones a los

DD.HH. e infracciones al DIH. El componente de Verdad y Justicia hace referencia al derecho que tienen las víctimas de conocer la verdad acerca de los hechos, motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trata el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, así como el esclarecimiento de las violaciones, la identificación de los responsables y su respectiva sanción. De acuerdo a lo reportado por los municipios, como se observa en la tabla 7, los componentes de Atención y Asistencia y Prevención y Protección, principalmente en lo que tiene que ver con diagnóstico del componente e identificación de la oferta institucional, son los que presentan un mayor desarrollo dentro del PAT. El costeo de los programas y proyectos y la matriz de indicadores son los aspectos que presentan un menor nivel de avance en los PAT municipales.

EJES TRANSVERSALES

POLÍTICA DE VÍCTIMAS

Diagnóstico necesidades población víctima

Prevención y Protección

Planes de Acción Territorial

Atención y Asisencia

Caracterización víctimas

Reparación Integral

Verdad y Justicia

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

Tabla 8. Estado del PAT por componentes transversales de la política – segundo semestre 2015 Tabla 7. Estado del PAT por componente de la política pública – segundo semestre de 2015 Variable

Prevención Protección

Atención Asistencia

Repareción Integal

Verdad y Justicia

Diagnóstico del componente

88,1%

87,5%

79,4%

75,0%

Priorización de los problemas

82,3%

81,3%

91,5%

69,7%

Identificación de la oferta institucional

88,4%

85,5%

77,7%

72,8%

Definición objetivo estratégico

82,1%

80,8%

75,7%

71,5%

Formulación programas y proyectos

81,6%

82,0%

76,0%

71,1%

Costeo programas y proyectos

71,5%

73,1%

67,5%

63,0%

Matriz de indicadores

68,9%

67,9%

65,2%

61,6%

Por otra parte, los ejes transversales de la Política Pública de Víctimas que deben ser incorporados en el PAT son: Enfoque Diferencial, Articulación Nación-Territorio, Enfoque Psicosocial, Participación Efectiva y Sistemas de Información. De estos, Participación Efectiva es el eje que más municipios han incorporado en su PAT, mientras que Sistemas de InforPlanes de Acción Territorial

Número de municipios

Porcentaje de municipios

Enfoque Diferencial

873

79,4%

Articulación Nación-Territorio

750

68,2%

Enfoque Psicosocial

782

71,1%

Participación Efectiva

959

87,2%

Sistemas de Información

733

66,6%

Ejes Transversales

mación es el que menos. Respecto a los componentes que deberían incluir los Planes de Prevención se observa que entre el 60% y el 80% de los municipios que cuentan con dicho plan, incluye los distintos componentes – información general del municipio, diagnóstico de riesgo, protocolos de actuación y mecanismos de seguimiento y evaluación. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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CAPÍTULO

PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS La participación efectiva de la población víctima del conflicto armado está contemplada en la Ley de Víctimas y el Decreto 1084 de 2015. Se entiende por participación el derecho de las víctimas a informarse, intervenir, presentar observaciones, recibir retroalimentación y coadyuvar de manera voluntaria en el diseño de los instrumentos de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Víctimas. Para que la participación sea efectiva se requiere que el ejercicio de participar se dé a través del uso y disposición real y material de los mecanismos democráticos y los instrumentos previstos en la Constitución y las leyes.

Participación efectiva de las víctimas

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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En este sentido, es deber del Estado garantizar los espacios y mecanismos para la participación efectiva de las víctimas en el proceso de cumplimiento de la ley y en el diseño e implementación de los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma.

o de sus organizaciones. A pesar que sus integrantes son postulados por Organizaciones de Víctimas (OV), una vez estos son elegidos y forman parte de una mesa, representan a la totalidad de víctimas presentes en el municipio, distrito, departamento o la Nación.

Con este objetivo, el Estado debe garantizar la disposición de medios e instrumentos necesarios para la elección de los representantes de víctimas en las instancias de decisión y seguimiento a la política, además del acceso a la información y a los espacios de planeación y/o decisión adecuados para la efectiva participación de las víctimas en los niveles nacional, departamental y municipal. Las Mesas de Participación de las Víctimas son los espacios institucionales de representación de la población afectada por el conflicto, para la interlocución con el Estado, en todos los niveles territoriales. Las mesas no son asambleas de víctimas,

En las mesas se debe propiciar la participación efectiva de víctimas pertenecientes a los diferentes enfoques diferenciales y/o étnicos que habiten en cada territorio. Por otra parte, el Estado debe llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas a las víctimas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de la ley. A continuación se presentan los resultados detallados sobre la organización y representación de las víctimas, los espacios y mecanismos para la participación, las garantías para la participación efectiva y la rendición de cuentas.

Participación efectiva de las víctimas

1. Organizaciones de víctimas Se entiende por organizaciones de víctimas aquellos grupos conformados en el territorio colombiano, bien sea a nivel municipal o distrital, departamental y nacional, por personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. Por otra parte, por organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas se entienden aquellas organizaciones civiles cuyo objeto social es la defensa, el reconocimiento, la promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.

De acuerdo a los datos reportados en el RUSICST, en el segundo semestre de 2015, 739 municipios cuentan con organizaciones de víctimas, 207 municipios con organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y 734 con víctimas no organizadas. El número total de organizaciones de víctimas registradas ante la Personería Municipal ascendió a 3.648. Los mapas 16 y 17 muestran los municipios que cuentan con organizaciones de víctimas y con organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas en los municipios del país. Por su parte, el mapa 18 representa el número de organizaciones de víctimas registradas en la Personería Municipal. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Mapa 16. Municipios con organizaciones de víctimas segundo semestre de 2015

Participación efectiva de las víctimas

Mapa 17. Municipios con organizaciones defensoras de víctimas segundo semestre de 2015

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Mapa 18. Organizaciones de víctimas registradas en la Personería Municipal Segundo semestre de 2015

Por su parte, todos los departamentos indican tener organizaciones de víctimas durante el año 2015. De acuerdo con los resultados del RUSICST, durante el segundo semestre de 2015, los departamentos reportaron la existencia de 1.216 organizaciones de víctimas registradas ante la Defensoría del Pueblo, siendo los departamentos de Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Meta y Nariño aquellos que registran un número de organizaciones superior a 100 (ver mapa 19). Con respecto a las víctimas no organizadas, todos los departamentos, menos Guainía, indican tener víctimas no organizadas. Participación efectiva de las víctimas

Mapa 19. Organizaciones de víctimas registradas en la Defensoría del Pueblo Segundo semestre de 2015

Por otra parte, los gráficos 43 y 44 muestran el tipo de población víctima al cual representan las organizaciones de víctimas. El gráfico 43 muestra el número de municipios en los que existen organizaciones que representan a las víctimas por cada hecho victimizante y el gráfico 44 a las poblaciones por enfoque diferencial. Ni los hechos victimizantes ni el enfoque diferencial son categorías excluyentes, por tanto, la misma organización puede estar representando más de un hecho victimizante y más de un enfoque diferencial. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 43. Total de municipios con organizaciones de víctimas para cada hecho victimizante – 2015

Como se observa en el gráfico 43, el hecho victimizante que se representa en un mayor número de municipios por las organizaciones de víctimas es el desplazamiento forzado con 893 municipios, seguido por el homicidio con 626 municipios y las amenazas con 517. Situación que contrasta con el número de víctimas

Participación efectiva de las víctimas

identificadas en el municipio por hecho victimizante, donde sobresalen precisamente amenazas (4.078 personas), homicidios (4.006) y combates (1.498). Por su parte, los hechos victimizantes con menor representación en los municipios son víctimas por MAP, MUSE o AEI y vinculación de NNA a grupos armados ilegales.

Gráfico 44. Total municipios con organizaciones de víctimas por enfoque diferencial - 2015

En cuanto al enfoque diferencial, en 2015 se indica que en 618 municipios existen organizaciones de víctimas que cuentan con enfoque diferencial. El gráfico 44 muestra el número total de municipios con organizaciones que representa cada uno de los grupos étnicos o poblacionales. En cuanto a los grupos étnicos, se identifican 78 municipios con organizaciones que representan pueblos o comunidades indígenas, 98 municipios con

organizaciones que representan comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras y 6 municipios con organizaciones que representan al pueblo rom o gitano. Por otra parte, se identifican 550 municipios con organizaciones que representan a mujeres cabeza de familia, 520 a adultos mayores, 407 a niños, niñas y adolescentes, 456 a población víctima en condición de discapacidad y 156 a población LGBTI.

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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2. Espacios y mecanismos de participación Los espacios de participación de las víctimas son aquellos espacios legalmente constituidos en los cuales se adoptan decisiones de política pública y donde las víctimas intervienen, por su propia iniciativa, mediante voceros o representantes. De acuerdo a la Ley de Víctimas y el Decreto 1084 de 2015, entre estos espacios se encuentran:

✪ Las mesas municipales, distritales, departamentales y nacional de participación de víctimas.

✪ El Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas

✪ Los Comités Territoriales de Justicia Transicional ✪ La Comisión de Seguimiento y Monitoreo ✪ El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas ✪ El Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica ✪ Los Subcomités Técnicos Las Mesas de Participación de las Víctimas son los espacios de trabajo temático y de participación efectiva de las víctimas, destinados para la discusión, interlocución, retroalimentación, capacitación y seguimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Víctimas. Las Mesas de Participación de Víctimas están conformadas por las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. Las Mesas Municipales y Distritales están conformadas a partir de la Participación efectiva de las víctimas

inscripción realizada en cada jurisdicción de las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. Las Mesas de Participación Departamentales, por su parte, están conformadas a partir de los representantes de las Mesas Municipales que fueron escogidos por sus pares para hacer parte de esta instancia y a partir de representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas inscritas en las respectivas defensorías regionales. Por su parte, los

personeros, en el orden municipal o distrital, las defensorías regionales, en el orden departamental, y la Defensoría del Pueblo en el orden nacional, ejercen la Secretaría Técnica de las Mesas de Participación de Víctimas en los respectivos niveles. Entre las funciones de las Mesas de Participación de Víctimas se encuentran servir de espacios garantes de la participación oportuna y efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política en el ámbito nacional, departamental, distrital y municipal. Igualmente, participar en ejercicios de rendición de cuentas de las entidades responsables, ejercer veeduría ciudadana sobre el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y realizar observaciones sobre las políticas, planes, proyectos para la implementación de la Ley 1448.

En los mapas 20 y 21 se evidencian los municipios que contaron con mesas a partir de la primera elección realizada en el 2013 y los que cuentan con mesa en la actualidad a partir de la segunda elección realizada en el 2015. De acuerdo a la información reportada por las administraciones locales en el RUSICST, al segundo semestre de 2014, 873 municipios, es decir, el 79.4% de los municipios del país, afirmaron contar con Mesa de Participación de Víctimas. Con respecto a la segunda Mesa elegida, según lo reportado para el primer semestre de 20151, 905 municipios, el 82% del país, afirmaban contar con la misma. Es importante tener en cuenta que existen 98 municipios los cuales indican tener organizaciones de víctimas pero no contar con la Mesa de Participación. Por su parte, todos los departamentos del país, indican contar con la Mesa Departamental de Participación de Víctimas.

Las elecciones de la Mesas Municipales y Departamentales se realizaron en el primer semestre de 2015.

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Mapa 20. Estado de las Mesas Territoriales de Participación de Víctimas segundo semestre 2014

Los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 respectivamente tienen disposiciones específicas respecto a la garantía de la participación real y efectiva de los pueblos y comunidades indígenas, pueblo rom o gitano, y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y paParticipación efectiva de las víctimas

lenqueras. Para este fin, representantes de dichas comunidades participan en la Mesa de Víctimas en el ámbito nacional, departamental, municipal y distrital. El gráfico 45 muestra que de acuerdo a lo reportado por las administracio-

Mapa 21. Estado de las Mesas Territoriales de Participación de Víctimas primer semestre de 2015

nes locales, en 202 mesas municipales, actualmente elegidas, participan representantes de organizaciones de pueblos o comunidades indígenas, en 181 mesas representantes de organizaciones de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palen-

queras, y en 4 representantes de organizaciones del pueblo rom o gitano. Como se puede evidenciar en el gráfico 45, actualmente existen más mesas municipales con representantes indígenas y afrocolombianos que en las mesas municipales elegidas en 2013. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 45. Participación representantes comunidades étnicas en las Mesas a primer semestre de 2015

En cuanto al enfoque diferencial de acuerdo a otros grupos poblacionales, el gráfico 46 muestra que en 896 Mesas Municipales participan representantes de las mujeres, en 809 de los jóvenes, en 846 de los adultos mayores, en 197 de población LGBTI y de 690 personas en condición de discapacidad. Al igual que en el enfoque étnico, se evidencia que existe una mayor representación de los enfoques diferenciales en las Mesas Municipales actualmente elegidas.

Participación efectiva de las víctimas

Gráfico 46. Participación enfoque diferencial en las mesas a primer semestre de 2015

En cuanto a los departamentos, en 2015, 22 mesas departamentales tienen representantes de las organizaciones de víctimas de pueblos o comunidades indígenas, 21 mesas departamentales cuentan con representantes de las orga-

nizaciones de víctimas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, y una Mesa Departamental cuenta con representantes de las organizaciones de víctimas del pueblo rom o gitano. Respecto al enfoque diferencial

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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poblacional, 31 mesas departamentales cuentan con la participación de mujeres, 25 con la participación de jóvenes, 28 de adultos mayores, 25 de población LGBTI, 28 con personas en condición de discapacidad. La ley también contempla la participación de representantes de las Mesas Municipales en la Mesa de Participación de Víctimas Departamental (ver mapa 22). En particular, el Decreto 1084 de 2015 indica que las Mesas de Participación Municipales y Distritales eligen a sus voceros en las Mesas Departamentales y estas a su vez en la Mesa Nacional de Participación. Igualmente, las decisiones de la Mesa Nacional serán informadas a las Mesas

Departamentales, y las de estas a las municipales y distritales.

Mapa 22. Mesas de Participación de Víctimas Departamental con presencia de representantes de las Mesas Municipales 2015-II

Adicionalmente, dicho decreto indica que los representantes de las Mesas de Participación de Víctimas en el nivel municipal pueden ser elegidos para la Mesa de Participación de Víctimas a nivel departamental correspondiente2. En este sentido, de acuerdo a lo reportado por las administraciones locales en el RUSICST, el 60% de los municipios, es decir 664 municipios, afirma que en la Mesa de Participación Departamental hubo representantes de su municipio para la primera elección y también para la segunda elección. A continuación en la tabla 9, se presenta la información a nivel nacional y por departamento:

Igualmente, los representantes de las Mesas Departamentales de Participación pueden ser elegidos para la Mesa Nacional.

Participación efectiva de las víctimas

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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No. Municipios

Departamento

Porcentaje que tienen representación en la de municipios (2014-2) Mesa Departamental (2014-2)

Tabla 9. Representación de los municipios en las Mesas de Participación Departamental No. Municipios

Departamento

Porcentaje que tienen representación en la de municipios (2014-2) Mesa Departamental (2014-2)

No. Municipios

Porcentaje

que tienen representación en la Mesa Departamental

de municipios

(2015-1)

Total

de municipios

(2015-1)

No. Municipios

que tienen representación en la Mesa Departamental

Porcentaje de municipios

Total de municipios

(2015-1)

Norte de Santander

73%

68%

Huila

73%

84%

Chocó

65%

58%

Córdoba

80%

77%

Magdalena

73%

63%

Meta

69%

86%

Caldas

78%

67%

Sucre

85%

77%

Cesar

88%

76%

Atlántico

78%

83%

Casanare

79%

Caquetá

81%

88%

La Guajira

87%

Risaralda

93%

Putumayo

100%

Quindío

100%

Antioquia

65%

55%

125

Arauca

100%

86%

Boyacá

21%

28%

123

Guaviare

75%

Cundinamarca

53%

55%

116

Vichada

25%

100%

Santander

46%

49%

Vaupés

67%

100%

Nariño

59%

58%

Amazonas

50%

Tolima

49%

Guainía

100%

Bolívar

57%

43%

Total general

60%

663

60%

1100*

Cauca

57%

64%

Valle del Cauca

62%

69%

Participación efectiva de las víctimas

664

* No se encuentran Bogotá D.C. y San Andrés ya que para estas entidades la representación es directa.

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Por otra parte, la Ley de Víctimas y el Decreto 1084 de 2015 contemplan otros espacios en los cuales el Estado, en sus distintos niveles, debe garantizar la participación de las víctimas como lo son: el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), los Subcomités Técnicos o Mesas Temáticas, y las Jornadas de Trabajo. De igual forma, el decreto indica que las Mesas de Participación de Víctimas Departamentales, Municipales o Distritales, según el caso, deben elegir a los representantes de las víctimas que presidirán dichos espacios.

El gráfico 47 muestra los espacios brindados por los municipios para garantizar la participación efectiva de las víctimas, de acuerdo a lo reportado en el RUSICST en los últimos cuatro años.

Por su parte, las gobernaciones (gráfico 48), indican que el principal espacio de participación son los CTJT, seguidos por los Subcomités Temáticos. Gráfico 48. Espacios para garantizar la participación efectiva de las víctimas departamentos 2012-2015

Como puede observarse, a manera de ejemplo, en el segundo semestre del 2015, el 75,3% de los municipios (828 municipios) afirmaron haber garantizado la participación de las víctimas en el CTJT, 49,6% (546 municipios) en los Subcomités Temáticos y 36,8% (405 municipios) en jornadas de trabajo.

Gráfico 47. Espacios para garantizar la participación efectiva de las víctimas municipios 2012-2015

Además de la participación de las organizaciones de víctimas mediante las Mesas de Participación, la Ley 1448 de 2011 reconoce el derecho a la participación de las víctimas no organizadas. Las víctimas no organizadas tienen derecho a la participación efectiva a partir de dar a conocer sus observaciones, propuestas y opiniones, a través de inParticipación efectiva de las víctimas

tervenciones o escritos dirigidos a la Mesa de Participación o de forma directa a las entidades públicas encargadas de implementar la Política Pública de Víctimas. De acuerdo a lo reportado por las administraciones locales en el RUSICST, durante el segundo semestre del 2015 en Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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225 municipios (27,4% de los 821 municipios que afirman tener víctimas no organizadas) las víctimas no organizadas ejercieron su derecho a la participación mediante observaciones y en 161 municipios mediante propuestas (19,6% de los municipios que afirman tener víctimas no organizadas). En cuanto a los departamentos, en 2015, todos menos el departamento de Guainía indicaron tener víctimas no organizadas. Seis departamentos afirmaron que las víctimas no organizadas ejercieron su derecho a la participación mediante observacio-

nes y cinco mediante propuestas en el segundo semestre del correspondiente año. El gráfico 49 muestra el porcentaje de municipios y departamentos que afirman haber recibido propuestas, sugerencias u observaciones por parte de la población víctima no organizada en el semestre respectivo. En promedio, el 14% de los municipios recibieron propuestas, sugerencias u observaciones por parte de las víctimas no organizadas por semestre.

Gráfico 49. Municipios y departamentos que recibieron propuestas u observaciones por parte de la población víctima no organizada 2012-2015

El gráfico también muestra el porcentaje de departamentos que afirma haber recibido propuestas, sugerencias u observaciones por parte de la población víctima no organizada en el semestre respectivo. En promedio, el 24% de los departamentos recibieron propuestas, sugerencias u observaciones por parte de esta población por semestre. El semestre en el que más se recibieron propuestas u observaciones de la población víctima no organizada fue el segundo semestre de 2014. En cuanto a la participación de la población víctima en la definición de instrumentos de planeación e implementación de la política pública, en la tabla 10 se presenta el número y porcentaje de municipios que afirman que las víc-

timas han participado en la definición de dichos instrumentos. Por ejemplo, se observa que la población víctima ha participado en la formulación del Plan de Acción Territorial en 768 municipios, en el Plan de Desarrollo en 613 municipios y en los proyectos de inversión en 539 municipios. En cuanto a medidas de satisfacción y construcción de memoria, la población víctima ha participado en 283 y 349 municipios de los casos, respectivamente. Finalmente, como se mencionó en el capítulo anterior, los planes de reparación colectiva y de retornos y reubicación dependen de la necesidad específica de los municipios. La población víctima ha participado en el 14% y 21% de los municipios en la definición de dichos planes, respectivamente.

Tabla 10. Participación de la población víctima en la definición de instrumentos de política – 2015

Participación efectiva de las víctimas

Componente

Número de municipios

Porcentaje de municipios

Definición de los programas y proyectos para la población víctima en el Plan de Desarrollo Municipal

613

55,7%

Formulación del Plan de Acción Territorial

768

69,8%

Formulación de los proyectos de inversión para la población víctima

539

49,0%

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Número de municipios

Porcentaje de municipios

Planificación y gestión de los procesos de retorno y reubicación

230

20,9%

Diseño de las medidas de satisfacción

283

25,7%

Definición de iniciativas de construcción de memoria

349

31,7%

Formulación del Plan de reparación colectiva

155

14,1%

Componente

El gráfico 50 muestra el número de alcaldías que afirman conocer el Protocolo de Participación. Como se observa, mientras que en el 2012, 772 alcaldías (70% de los municipios del país) afirman conocer el Protocolo de Participación, en el segundo semestre de 2015, 835 alcaldías (76% de los municipios) afirman conocerlo. Por su parte, todas las gobernaciones indican conocer el Protocolo de Participación para el segundo semestre de 2015. Gráfico 50. Evolución conocimiento Protocolo de Participación municipios 2012-2015

3. Garantías para la participación Para garantizar la participación efectiva, la Ley de Víctimas y el Decreto 1084 de 2015 determinan que los alcaldes, gobernadores y el Comité Ejecutivo de Atención y Reparación a las Víctimas, contarán con un Protocolo de Participación Efectiva a fin de que se brinden las condiciones necesarias para el derecho a la participación. El Protocolo de Participación Efectiva, adoptado bajo la Resolución 0388 del 10 de mayo de 2013 y sus debidas actualizaciones3, tiene por objeto generar el marco en el cual se garantice por parte de las entidades públicas la participación efectiva de las víctimas en la planeación, ejecución y control de las políticas públicas y garantizar a las víctimas su intervención real y efectiva en los espacios de participación ciudadana local, regional y nacional. Igualmente, las entidades públicas encargadas de la toma de decisiones deben valorar las observaciones y propuestas realizadas por la Mesa de Participación de Víctimas, de tal forma que exista una respuesta institucional respecto a cada observación. Las propuestas que una vez valoradas sean rechazadas, deben ser dadas a conocer a las respectivas mesas con las justificaciones correspondientes.

3 Resoluciones 0588 de 2013, 01448 de 2013 y 00828 de 2014.

Participación efectiva de las víctimas

Por otra parte, las entidades territoriales deben también garantizar la conformación y el funcionamiento de la Mesa de Participación de Víctimas de su territorio. Teniendo en cuenta lo anterior, las mesas de participación están conformadas por organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de las víctimas.

Para hacer parte de las mesas, las organizaciones interesadas en participar en dicho espacio, deben inscribirse en la Personería en el caso de los municipios o distritos y en la Defensoría del Pueblo en el caso de los departamentos. Estas entidades abren las inscripciones en el mes de enero del año de elección de las Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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mesas y las organizaciones deben registrarse durante los primeros 90 días de dicho año. Por tanto, el Decreto 1084 de 2015 indica que, previamente y durante el periodo de inscripción, las alcaldías y gobernaciones, con el apoyo de las Personerías Municipales y las Defensorías deben hacer una amplia difusión del periodo de inscripciones, utilizando para tal fin, la combinación de los diferentes medios de comunicación. De acuerdo a lo reportado en el RUSICST, en el año 2013, primer año de elecciones, 935 municipios, es decir, el 85% de

los municipios del país, afirmaron haber hecho difusión del periodo de inscripciones para participar en la Mesa Municipal de Participación de las Víctimas durante los primeros 90 días del año. En el año 2015, segundo año de elecciones, este porcentaje fue 86,5%, es decir, 951 municipios. El gráfico 51 muestra los medios utilizados por las entidades territoriales para la difusión del periodo de inscripción. Los medios de difusión más utilizados son la radio y los medios escritos, aunque en el año 2015 se incrementó el uso de medios electrónicos y afiches.

En cuanto a los departamentos, tanto en el año 2013 como en el 2015, 30 departamentos afirmaron haber hecho difusión del periodo de inscripciones para participar en la Mesa Municipal de Participación de las Víctimas durante los primeros 90 días del año. Los medios de difusión más usados son los medios electrónicos, los medios escritos y la radio. Gráfico 52. Medios de difusión periodo de inscripciones para participar en la Mesa Departamental de Participación de las Víctimas 2013 y 2015

Gráfico 51. Medios de difusión periodo de inscripciones para participar en la Mesa Municipal de Participación de las Víctimas 2013 y 2015

Igualmente, la Ley de Víctimas contempla que las alcaldías, distritos y gobernaciones, tienen el deber de garantizar los recursos técnicos, logísticos y presupuestales necesarios que aseguren el funcionamiento de las Mesas de Participación de las Víctimas en todos los niveles. En ese sentido, el RUSICST también Participación efectiva de las víctimas

indaga sobre las acciones que realizan las alcaldías y gobernaciones para promover y garantizar la participación de las víctimas en la construcción de la política pública. Entre estas se encuentran: los espacios de capacitación a las víctimas, el aporte de elementos y recursos para garantizar la participación y la misInforme de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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ma ejecución de proyectos de inversión presentados por parte de las organizaciones de víctimas y de las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. De acuerdo a lo reportado en el RUSICST, aproximadamente el 92% de las alcaldías han facilitado espacios de capa-

citación a las víctimas en los primeros cuatro años de la Ley 1448. Respecto a los temas de dichas capacitaciones, como puede observarse en el gráfico 53, para 2015 el tema que presenta mayor frecuencia es Derechos Humanos (779 municipios) y el que presenta menor frecuencia es Derecho Internacional Humanitario (669 municipios).

departamentos), Marco normativo y Ley de Víctimas (17 departamentos), liderazgo (13 departamentos) y DIH (12 departamentos). El de menos frecuencia es goce efectivo de derechos (11 departamentos). Por otra parte, más del 60% de los municipios indica aportar recursos para la participación efectiva de las víctimas por semestre como se presenta en el gráfico 54. En particular, en el año 2015, el 73% de las alcaldías afirmó haber aportado recursos para la participación efectiva. Por su parte, 28 gobernaciones (90% de los departamentos) afirmaron haber aportado recursos para la participación efectiva en el año 2015.

Gráfico 53. Temas de capacitación de las víctimas municipios y departamentos 2015

En cuanto a los departamentos, el 97% (30 departamentos) ha facilitado espacios de capacitación a las víctimas en 2015. Respecto a los temas de dichas capacitaciones, como puede observarse en el mismo gráfico, los que se presentan con mayor frecuencia son Derechos Humanos y Participación efectiva (20 departamentos), seguidos por Rutas y medios de acceso a las medidas contempladas en la ley (19 Participación efectiva de las víctimas

Gráfico 54. Municipios y departamentos que aportaron recursos para la participación efectiva 2012-2015

Adicionalmente, a la pregunta sobre la ejecución de proyectos de inversión por parte de las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, entre 2012 y 2015, en un total de 555 municipios (50% de Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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los municipios) organizaciones de víctimas ejecutaron proyectos con financiamiento del municipio en por lo menos un semestre. Por otra parte, en 280 municipios (25% de los municipios) organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas ejecutaron proyectos con financiamiento del municipio en por lo menos un semestre entre 2012 y 2015. El gráfico 55 muestra que, mientras en el año 2012 en 59 municipios organiza-

ciones de víctimas ejecutaron proyectos con financiamiento del municipio y 192 organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, en los demás semestres esta relación es inversa: un mayor número de alcaldías afirma que organizaciones de víctimas ejecutaron proyectos con financiamiento de los municipios y un menor número de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas.

Gráfico 55. Ejecución de proyectos por organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, financiados por los municipios 2012-2015

En cuanto a las gobernaciones, entre 2012 y el segundo semestre de 2015, en un total de 20 departamentos (65% de los departamentos) las organizaciones de víctimas ejecutaron proyectos con financiamiento del departamento en por lo menos un semestre. Por otra parte, en 9 departamentos (el 29% de los departamentos) organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas ejecutaron proyectos con financiamiento del departamento en por lo menos un semestre entre 2012 y 2015. El gráfico 56 muestra que mientras el

número de departamentos en los que organizaciones de víctimas ejecutan proyectos financiados por los departamentos aumenta entre el 2012 y 2015, los departamentos en los cuales las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas ejecutan proyectos financiados por el departamento disminuyen entre 2012 y 2015. Tanto para municipios, como para departamentos, se muestra una tendencia hacia un mayor número de entidades financiando y ejecutando proyectos en el segundo semestre de cada año.

Gráfico 56. Ejecución de proyectos por organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, financiados por los departamentos 2012-2015

Participación efectiva de las víctimas

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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4. Rendición de cuentas Entre las funciones de las Mesas de Participación de Víctimas se encuentra participar en ejercicios de rendición de cuentas de las entidades responsables, ejercer veeduría ciudadana sobre el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y realizar observaciones sobre las políticas, planes, proyectos para la implementación de la misma. Sin embargo, para que las mesas puedan efectuar estas funciones, las entidades deben divulgar todo lo referente a lo establecido en la Política Pública de Víctimas y socializar sus acciones en el diseño, implementación y seguimiento de la misma. De acuerdo a lo reportado en el RUSICST, el 86% de los municipios y el 93% de los departamentos divulgaron la Política Pública de Víctimas en el 2015. Como se presenta en el gráfico 57, los medios más usados para difundir la Política Pública de Víctimas por parte de los municipios son la radio (639 municipios) y los medios escritos (612 municipios) y los menos usados son la televisión local (163 municipios), los boletines (218 municipios) y las campañas publicitarias (219 municipios).

Por su parte, los medios más usados para difundir la política pública de víctimas por los departamentos, como se observa en el gráfico 57, son los medios electrónicos (25 departamentos), los medios escritos (20 departamentos) y la radio (17 departamentos). Los menos usados son las campañas publicitarias (5 departamentos), los afiches (6 departamentos) y los volantes (8 departamentos). A partir de lo reportado en el RUSICST, también se encuentran los municipios y gobernaciones que cuentan

con un mecanismo de divulgación de la oferta institucional, que han socializado los avances en la implementación de la política pública y han establecido una interlocución con la Mesa de Participación. Como se observa en el gráfico 58, el número de municipios que afirman contar con dicho mecanismo de divulgación se incrementó en el tiempo: para 2012, 751 municipios y, para 20134, 24 departamentos contaban con el mecanismo, y para 2015 incrementó a 939 municipios y 28 gobernaciones.

Gráfico 58. Entidades con mecanismo de divulgación de la oferta institucional 2012-2015

Gráfico 57. Medios de difusión de la Política Pública de Víctimas municipios – 2015

4 En el 2012 no se contaba con la pregunta para gobernaciones.

Participación efectiva de las víctimas

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A su vez, en los años 2012 y 2013 se observa (gráfico 59) un mayor número de municipios que afirman socializar con la población víctima los avances en la implementación de la Política Pública de Víctimas (77% de los municipios en promedio). Por otra parte, en los semestres de 2014 y 2015 se observa una leve disminución de los municipios

que socializaron los avances de la política (67% de los municipios). Esta tendencia también se ve representada en los departamentos, en donde un mayor número de los mismos socializaron con la población víctima los avances en la implementación de la Política Pública de Víctimas en el primer semestre de 2013 que en el de 2015.

departamentos se evidencia un incremento entre el primer semestre de 2014 y el primer semestre de 2015, con un promedio del 56% de departamentos que realizan esta labor por semestre. Gráfico 60. Mesa de Participación estableció interlocución, consulta o socialización de documentos con la alcaldía o gobernación 2012-2015

Gráfico 59. Socialización de los avances en la implementación de la política pública 2012-2015

Con respecto a la pregunta sobre si la Mesa de Participación estableció interlocución, consulta o socialización de documentos con la alcaldía, esta se empieza a realizar desde el año 2014. Se observa que en promedio por semestre, en el 26% de los municipios se realizó dicha interlocución entre la mesa y la alcaldía. En el caso de los Participación efectiva de las víctimas

Una vez se realiza la divulgación y socialización de la Política Pública de Víctimas la Mesa de Participación podrá empezar a participar en los ejercicios de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas. El gráfico 61 muestra el número de municipios que afirman haber realizado ejercicios de rendición de cuentas sobre la implementación de la Política Pública de Víctimas en cada semestre y el número de municipios en los cuales la Mesa Municipal de Partici-

pación de Víctimas hizo veedurías sobre la implementación de la política pública. El semestre en el que se presenta un mayor número de municipios que realizaron ejercicios de rendición de cuentas es el segundo semestre de cada año, es de resaltar que el último semestre de los cuatro años es donde se encuentra el mayor número con 585 municipios. Aunque con respecto a veedurías ciudadanas no se presenta el mismo comportamiento, el semestre en el Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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que un mayor número de alcaldías afirma que se presentó veeduría ciudadana es el segundo semestre de 2014, el que menos es el primer semestre del mismo año.

Gráfico 62. Temas de los ejercicios de rendición de cuentas 2012-2015

Gráfico 61. Evolución ejercicios de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas municipios 2012-2015

Gráfico 63. Temas de los ejercicios de veedurías ciudadanas 2012-2015

Los gráficos 62 y 63, por su parte, muestran los temas sobre los cuales se realizaron los ejercicios de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas respectivamente. En primer lugar es importante resaltar que en menos de 100 municipios se abordó cada uno de los temas en los ejercicios de veedurías ciudadanas, contrario a lo que sucede en el caso de los temas expuestos en las rendiciones de cuentas donde el número de municipios es superior. AdicionalParticipación efectiva de las víctimas

mente, tanto en el caso de la rendición de cuentas como en las veedurías los temas más tratados han sido ejecución presupuestal, cumplimiento de metas PAT y participación efectiva de la población víctima; aunque es importante resaltar que en el caso de las veedurías dichos asuntos tienen en promedio la misma frecuencia, evidenciando que en la mayoría de estos municipios se realizó en los segundos semestres de 2014 y 2015. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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En cuanto a los departamentos, el gráfico 64 muestra que el semestre en el que un mayor número de departamentos afirma haber realizado ejercicios de rendición de cuentas es el segundo semestre de 2014 con 22 departamentos y el que menos es el año 2012 con nueve departamentos. Sobre si la Mesa Departamental de Participación hizo veeduría ciudadana, el semestre en el que más departamentos contaron con esta veeduría fue también el segundo semestre de 2014.

Gráfico 65. Temas de ejercicios de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas departamentos-2015

Gráfico 64. Evolución ejercicios de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas departamentos 2012-2015

El gráfico 65 evidencia los temas sobre los que han hecho ejercicios de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas a nivel departamental en el 2015. Los temas de mayor interés son el cumpliParticipación efectiva de las víctimas

miento de metas PAT (23 departamentos), la ejecución presupuestal de proyectos municipales (22 departamentos) y la participación efectiva de la población víctima (19 departamentos). Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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CAPÍTULO

RETORNO Y REUBICACIÓN

La Ley de Víctimas y el Decreto 1084 de 2015 reconocen el derecho a retornar o a reubicarse de las personas víctimas de desplazamiento forzado, en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad. En este sentido, el Estado debe garantizar el Goce Efectivo de Derechos y la atención integral a quienes voluntariamente decidan retornar o reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables y mediante el diseño de esquemas especiales de acompañamiento.

Retorno y reubicación

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La reubicación, por su parte, es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide asentarse en un lugar distinto del que fue forzado a salir.

que deseen regresar a su lugar de origen voluntariamente o decidan establecerse en un lugar diferente puedan hacerlo. De acuerdo a la información suministrada por los mandatarios locales mediante el RUSICST, al segundo semestre de 2015 han sido identificadas aproximadamente 215 mil víctimas de desplazamiento forzado retornadas y 134 mil reubicadas. En total, 581 municipios indican tener población víctima de desplazamiento retornada y 525 población reubicada.

Los procesos de retorno o reubicación tienen por objeto establecer las condiciones para que las personas u hogares

A continuación, se presentan la información consignada por las entidades territoriales respecto a esta temática.

De acuerdo al Decreto 1084 de 2015, el retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide regresar al sitio del cual fue desplazado, con el fin de asentarse indefinidamente.

Mapa 23. Municipios con expulsión masiva 2012-2015

1. Situación de los municipios respecto a los procesos de retorno y reubicación En primer lugar, es importante tener en cuenta la dinámica de expulsión y recepción masiva que conlleva al desplazamiento de la población. Entre el 2012 y 2015, tanto en el centro, como en el occidente y norte del país se evidencia un mayor número de municipios con expulsiones masivas (ver mapa 23). Por otro lado, se encuentra la información respecto a los municipios con recepciones masivas en los últimos cuatro años. En el mapa 24, se logra identificar que existe una tendencia de recepción de la población desplazada en un menor número de municipios respecto a los de expulsión y se concentran en la zona occidente y algunas capitales. Retorno y reubicación

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Mapa 24. Municipios con recepción masiva 2012-2015

La población expulsada y recepcionada de estos municipios puede referirse a la misma población en proceso de retorno o reubicación. Aquellas personas que fueron expulsadas de su tierra y quieren volver, entran en un proceso de retorno, mientras que aquellas que fueron recibidas en algún municipio diferente al de su origen y Retorno y reubicación

quieren residir en el mismo entran en un proceso de reubicación. El gráfico 66 muestra el total de población retornada o reubicada identificada por las administraciones locales con periodicidad semestral entre los años 2012 y 2015. Como puede observarse, al segundo semestre de 2015, se han identificado aproximadamente 215 mil

Gráfico 66. Población retornada y reubicada 2012-2015

víctimas de desplazamiento forzado retornadas y 134 mil reubicadas. En total, 581 municipios indican tener población víctima de desplazamiento retornada y 525 población reubicada. A partir del gráfico anterior se puede evidenciar que el nivel de población retornada es siempre mayor que la población reubicada, además en el caso

de la población reubicada se ha presentado una tendencia al alza a lo largo de los semestres. Es importante denotar que en los años 2013 y 2014 se identificó un mayor número de población retornada o reubicada en los segundos semestres del año. Los gráficos 67 y 68 muestran el comportamiento de los retornos y reubicaciones según enfoque diferencial. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 67. Población retornada según enfoque diferencial 2012-2015

Como se identifica en los siguientes mapas, los municipios donde la población retornada representa más del 80% de la población desplazada son Maripi y Tipacoque (Boyacá), Riosucio (Chocó), Puerto Escondido (Córdoba), Gualmatán y Nariño (Nariño) y El Zulia (Norte de Santander). Con respecto a la población reubicada, se sitúan en municipios como Moniquirá,

Paz de Río, Pisba, Santa Rosa de Viterbo, Susacón, Tota y Tunungua (Boyacá); Norcasia y Viterbo (Caldas); Soacha (Cundinamarca); San Andrés de Tumaco (Nariño); Ábrego (Norte de Santander); Armenia y Finlandia (Quindío); Guatica (Risaralda); Betulia, Cimitarra, Enciso, Palmar y Suratá (Santander); Vijes (Valle del Cauca) y Cumaribo (Vichada).

Mapa 25. Población retornada a 2015 del total de población víctima de desplazamiento forzado

Gráfico 68. Población reubicada según enfoque diferencial 2012-2015

Retorno y reubicación

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Mapa 26. Población reubicada a 2015 del total de población víctima de desplazamiento forzado

Adicionalmente, en los siguientes mapas se evidencia la misma proporcionalidad, pero en comparación a la población total. El municipio con un 80% de población retornada corresponde a San Rafael (Antioquia) y con más de un 60% de población reubicada se encuentra el municipio de Betulia (Antioquia). Mapa 27. Población retornada a 2015 respecto a la población total del municipio

Retorno y reubicación

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Mapa 28. Población reubicada a 2015 respecto a la población total del municipio

Gráfico 69. Municipios con procesos de retorno o reubicación identificados 2012-2015

Con respecto al número de procesos reportados por dichos municipios, en el siguiente gráfico se evidencia un aumento de los procesos de reubicación hasta el 2014 y una disminución de los procesos de retorno desde el 2013. Gráfico 70. Número de procesos de retorno o reubicación identificados 2012-2015

Procesos de retorno y reubicación En total, durante el periodo comprendido entre 2012 y el segundo semestre de 2015, 441 municipios identificaron procesos de retorno y 432 procesos de reubicación. El gráfico 69 muestra el número de municipios que identificaron procesos de retornos o reubicación por semestre. Como puede observarse, el semestre en el cual más municipios identificaron procesos de retorno o reubicación es el segundo semestre de 2013 con 252 municipios con procesos de retorno y 260 municipios procesos de reubicación. El primer semestre de 2015 es el semestre en que menos procesos se identifican: 77 municipios con procesos de retorno y 62 municipios con procesos de reubicación. Retorno y reubicación

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Por otro lado, a partir de lo reportado por los municipios en el RUSICST, también se han identificado los procesos de retornos y reubicación de víctimas que residen en el exterior. En total se han identificado 11 procesos de retorno connacionales y 13 de reubicación, entre 2014 y 2015.

Gráfico 71. Alcaldías que conocen el Protocolo de Retornos o Reubicaciones 2012-2015

2. Planes de retornos y reubicaciones El Protocolo de Retornos y Reubicaciones es un instrumento guía a partir de enunciados teóricos, metodológicos y prácticos que permite a las entidades del SNARIV y a las víctimas, llevar a cabo el paso a paso para el acompañamiento integral a los procesos de retorno o reubicación. A su vez, el Protocolo de Retorno y Reubicación incorporará los lineamientos para la construcción del Plan de Retorno o Reubicación, la herramienta de carácter territorial que establece el acompañamiento a la población, de acuerdo a las competencias de cada entidad, con el fin de pasar de la asistencia a la reparación de las víc-

Retorno y reubicación

timas, logrando que el retorno o la reubicación constituya parte integral del proceso de reparación. De acuerdo a lo reportado por las alcaldías en el RUSICST, en el 2015 aproximadamente el 51% de las alcaldías del país conocían el Protocolo de Retornos o de Reubicaciones. Como lo muestra el gráfico 71, entre los años 2012 y 2013 se observa un incremento considerable del número de municipios que afirma conocer el protocolo, mientras que en el primer semestre del 2014 se evidencia una caída comparada con los periodos anteriores, seguida de un incremento

paulatino. Lo último se debe a que en el año 2014, se actualizó el protocolo y desde esa fecha se ha venido socializando en el territorio. Los Planes de Retorno o Reubicación, por su parte, tienen como objetivo garantizar la atención integral a las víctimas del desplazamiento forzado que decidan retornar o reubicarse voluntariamente, bajo condiciones de seguridad favorables. Dichos planes deben ser elaborados y aprobados en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional. Como se mencionó en el

capítulo 3, la información consolidada al segundo semestre de 2015 indica que 239 municipios tienen Plan de Retornos o Reubicaciones, de los cuales 191 han sido aprobados en el marco del CTJT o por acto administrativo. En cuanto al comportamiento por semestre, el gráfico 72 muestra que, desde el primer semestre de 2014, el número de municipios con Plan de Retornos o Reubicaciones ha aumentado significativamente y proporcionalmente también aquellos municipios que lo han implementado. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 72. Municipios con Plan de Retornos y Reubicaciones diseñado e implementado 2014-2015

El gráfico 73 por su parte, muestra el porcentaje de los municipios cuyos planes de retornos y reubicaciones contienen compromisos para el cumplimiento de los 14 elementos básicos. Como se puede observar, a lo largo del tiempo hay un

incremento del porcentaje de municipios con Plan de Retornos y Reubicaciones que cuentan con compromisos para el cumplimiento de los 14 elementos básicos1, de 65,8% en el primer semestre de 2014 al 83,6% de municipios en el pri-

1 Los elementos básicos son: Identificación, salud, educación, alimentación, vivienda, orientación ocupacional, reunificación familiar, atención psicosocial, tierras, vías y comunicaciones, servicios públicos básicos, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo, organización social.

Gráfico 73. Planes con compromisos para el cumplimiento de los 14 elementos básicos 2014-2015

mer semestre de 2015. Es importante recalcar la disminución en el último semestre del año 2015, hecho probablemente asociado a la finalización del periodo de las administraciones locales. En cuanto al diseño y la implementación de los componentes del Plan de Retornos o Reubicaciones, como se observa en el gráfico 74, en el segundo semestre de 2015, en el 32% de los municipios que cuentan con plan, el CTJT definió un cronograma para su cumplimiento y en el

Retorno y reubicación

26% este cronograma fue implementado. Con respecto al diseño de esta herramienta, en el 71% de los municipios con plan se incluye el desarrollo de una fase de estabilización socioeconómica y en el 52% se desarrollaron las acciones propuestas. Igualmente, en el 71% de los municipios con plan, el diseño incluye el desarrollo de una fase de acceso a otras medidas de carácter gradual y progresivo y en el 42% de los casos se desarrollan las acciones propuestas para esta fase. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 74. Diseño e implementación de componentes Plan de Retorno y Reubicación 2015

o Reubicación. Las condiciones de seguridad para el retorno o la reubicación temporal o definitiva, tanto individual como colectiva, deben ser evaluadas por parte de los CTJT del territorio receptor a partir de los conceptos que emita la Fuerza Pública y las pruebas aportadas por las entidades del Ministerio Público. Como lo muestra el gráfico 75, el número de municipios en los cuales el CTJT realizó la valoración de los conceptos finales sobre condiciones de seguridad, se incrementó de 107 en el segundo semestre de 2014 a 145 en el segundo semestre de 2015. Es interesante que los resultados aumentan a final de cada año. Gráfico 75. Valoración por el CTJT de los conceptos finales sobre condiciones de seguridad 2014- 2015

3. Acciones para la garantía de los derechos de la población retornada o reubicada En cuanto a las acciones para garantizar los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado que retorna o se reubica, el Decreto 1084 de 2015 indica que la Unidad para las Víctimas debe coordinar el diseño e implementación de las acciones dirigidas a garantizar la implementación integral de los procesos de retorno y reubicación, en conjunto con las entidades nacionales y territoriales del SNARIV. Las acciones de coordinación, planeación, seguimiento y participación de las víctimas incluidas en los procesos de retorno y reubicación se deben realizar en el marco de los CTJT bajo los lineamientos del Protocolo de Retornos y Reubicaciones. En este sentido, el acompañamiento institucional solo debe ocurrir bajo condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, y deberá ceñirse al plan concertado de Retorno Retorno y reubicación

A continuación, se presenta en el mapa 29 la ubicación de los municipios que ha valorado los conceptos de seguridad, y se observa que dicho proceso se ha realizado alrededor de todo el país. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Mapa 29. Municipios con valoración realizada por el CTJT de los conceptos finales sobre condiciones de seguridad 2014-2015

Cabe mencionar que los procesos de retorno o reubicación también deben ser incluidos en los planes de prevención y protección, lo cuales tienen por objeto contrarrestar las amenazas, disminuir las vulnerabilidades, potenciar las capacidades institucionales y sociales y Retorno y reubicación

Gráfico 76. Participación de la población víctima en los procesos de retorno o reubicación 2014-2015

fortalecer la coordinación institucional y social para la disminución del riesgo.

el CTJT aumentó de 80 en el segundo semestre de 2014 a 121 en el segundo semestre de 2015. En el gráfico 76, se puede identificar que la participación se presenta en un mayor número de municipios para el segundo semestre de cada año.

Adicionalmente, el número de municipios con procesos de retorno o reubicación en los cuales las víctimas incluidas en dichos procesos participaron en

Por otra parte, el Decreto 1084 de 2015 indica que las víctimas cuyas viviendas han sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, tendrán

prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda, establecidos por el Estado. Por lo tanto, el acceso a programas de subsidio familiar de vivienda a aquellos hogares que decidan retornar en los predios afectados es prioritario, previa verificación de las condiciones de seguridad por parte de la autoridad competente. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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El gráfico 77 muestra el número de municipios que afirma haber realizado inversiones de vivienda de interés social (VIS) en otros municipios y el número de municipios que ha recibido inversiones de VIS provenientes de otros municipios que permitan el retorno de la población desplazada. Entre 2012 y 2015, un total de 108 municipios afirma haber realizado in-

versiones en VIS en otros municipios, dirigidas al retorno de la población víctima desplazada, mientras que un total de 94 municipios afirma haber recibido inversiones en VIS de otros municipios. Por su parte, entre 2012 y 2015, un total de 141 municipios llevaron a cabo acciones articuladas con otros municipios donde la población desplazada manifestó voluntad de reubicarse, como puede observarse en el gráfico 78.

Gráfico 78. Municipios que han realizado acciones de manera conjunta con municipios donde la población desplazada ha manifestado voluntad de reubicarse 2012-2015

Gráfico 77. Municipios con inversiones en Vivienda de Interés Social (VIS) para el retorno de población desplazada 2012-2015

4. Acompañamiento institucional en los procesos de retorno o reubicación En primer lugar, respecto al acompañamiento de las alcaldías a la población retornada o reubicada, en promedio, el 35% de los municipios con población retornada y el 36% de los municipios con población reubicada, afirma haberle brindado acompañamiento a la respectiva población durante el periodo 2014-2015. El gráfico 79 muestra la información semestre a semestre.

Retorno y reubicación

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Gráfico 79. Acompañamiento de alcaldías a la población retornada y reubicada 2014- 2015

Como se mencionó anteriormente, la Unidad para las Víctimas debe coordinar y articular el diseño e implementación de las acciones dirigidas a garantizar la implementación integral de los procesos de retorno y reubicación, en conjunto con las entidades nacionales y territoriales del SNARIV. En promedio, el 56% de los municipios con procesos de retorno y el 55% de los municipios con procesos de reubicación indicaron contar con acompañamiento de las entidades del SNARIV en los respectivos procesos. El gráfico 80 muestra la información semestre a semestre.

Retorno y reubicación

Gráfico 80. Acompañamiento entidades del SNARIV en procesos de retorno y reubicación 2012-2015

En cuanto al acompañamiento de las gobernaciones en los procesos de retorno, 25 gobernaciones afirman haber hecho acompañamiento en el diseño de los planes de retorno de los municipios en por lo menos un semestre; 31 gobernaciones haber hecho seguimiento a los procesos de retorno; 22 gobernaciones haber promovido procesos de retorno en por lo menos un semestre y 29 haber hecho acompañamiento a los procesos de retorno en por lo menos un semestre. El gráfico 81 muestra las respuestas semestre a semestre.

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 81. Acompañamiento gobernaciones en procesos de retorno 2013-2015

Gráfico 82. Acompañamiento gobernaciones en procesos de reubicación 2013-2015

Respecto a los procesos de reubicación, 19 gobernaciones afirman haber hecho acompañamiento en el diseño de los planes de reubicación de los municipios en por lo menos un semestre, 28 gobernaciones haber hecho seguimiento a los procesos de reubicación y 23 haber hecho acompañamiento a los procesos de reubicación en por lo menos un semestre. El gráfico 82 muestra las respuestas semestre a semestre.

Retorno y reubicación

Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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CAPÍTULO

ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL La articulación institucional hace referencia a los canales de comunicación, las medidas y decisiones a través de las cuales los municipios se articulan con las gobernaciones y la nación, para el diseño coordinado de la Política Pública de Víctimas del conflicto armado interno, sus instrumentos y la oferta institucional. La Ley de Víctimas considera la articulación como un proceso necesario para el logro efectivo de la garantía integral de los derechos de la población víctima. En este sentido, el Decreto 4800 de 2011 hace referencia a los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, que se definen a continuación.

Articulación y coordinación institucional

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Coordinación

Subsidiariedad

Las entidades nacionales y territoriales deben trabajar armónicamente para realizar los fines del Estado y en particular, para garantizar el Goce Efectivo de Derechos de las víctimas.

En su orden, la nación y los departamentos, deben apoyar a los municipios que presenten menor capacidad institucional, técnica y/o financiera para ejercer eficiente y eficazmente las competencias y responsabilidades que se deriven de la Ley 1448 de 2011. Considerando el principio de subsidiariedad, los departamentos deben apoyar en el ejercicio de sus competencias a sus municipios, que demuestren su incapacidad de ejercer eficiente y eficazmente sus competencias y responsabilidades.

Concurrencia Las entidades nacionales y territoriales deben actuar oportuna y conjuntamente, en busca de un objetivo común. Las entidades involucradas deben ejercer acciones de manera conjunta, respetando siempre el ámbito de competencias propio y el ámbito de competencias de las demás. En virtud del principio de concurrencia, los departamentos, distritos y municipios deben realizar acciones conjuntas con otros departamentos, distritos y/o municipios, para prevenir, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas. Complementariedad Para perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades nacionales y territoriales deben prestar colaboración recíproca y para ello pueden utilizar mecanismos de asociación, cofinanciación y convenios. Articulación y coordinación institucional

El presente capítulo describe lo reportado por alcaldías y gobernaciones en materia de coordinación y articulación interinstitucional, en particular en lo que se refiere a diferentes niveles de gobierno. El capítulo está dividido en cuatro partes: 1) Instancias de articulación y coordinación institucional, 2) Mecanismos y herramientas para la coordinación institucional, 3) Regionalización de la oferta y 4) Coordinación con otros sectores. Por instancias de articulación y coordinación institucional nos referimos a los medios a través de los cuales se puede dar la articulación en el diseño de la po-

lítica como los CTJT, los PAT, los planes de prevención y otros planes y programas. Por su parte, los mecanismos y herramientas se refieren a los instrumentos para materializar dicha articulación como los convenios, mecanismos de asociación y cofinanciación. La regionalización de la oferta se refiere a la labor informativa que deben realizar las entidades del nivel nacional dirigida a las entidades del nivel territorial, durante cada vigencia y en virtud de sus características propias, acerca de la oferta programática en materia de prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas, para que sea incorporada en sus respectivos PAT. Por último, la coordinación con otras instancias, indaga por la gestión que han realizado las autoridades territoriales para recibir apoyo de sectores no gubernamentales como el sector privado y la academia. De acuerdo con lo reportado por las alcaldías, 999 tuvieron en cuenta las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en materia de Política Pública de Población Víctima para el diseño de planes, programas o proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal. Mientras que más del 90 por

ciento de los municipios tuvo en cuenta en la formulación de su PAT los objetivos, componentes, medidas y metas del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, así como los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental; solamente el 53.5 por ciento de los municipios tuvo en cuenta las orientaciones técnicas de los subcomités nacionales. Respecto a la relación entre las alcaldías y las gobernaciones, se encuentra que 880 alcaldías recibieron apoyo y acompañamiento de la gobernación para el diseño de su PAT y 804 alcaldías consideran que el PAT departamental incorporó las particularidades de su municipio. Mientras que 494 alcaldías tienen definidas las temáticas a coordinar con la gobernación, 769 alcaldías respondieron que el departamento indagó sobre su capacidad institucional y 691 alcaldías conocen la estrategia de acompañamiento técnico a las entidades territoriales liderada por la gobernación. Adicionalmente, en 734 municipios la gobernación apoyó la operación del Comité Territorial de Justicia Transicional Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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en por lo menos un semestre, en 612 municipios el departamento apoyó con recursos para la producción de bienes y servicios a la población víctima y en 526 casos las alcaldías reportaron que la oferta del departamento ha sido socializada con los municipios. En cuanto a la relación entre las alcaldías y la nación, se encuentran resultados como los siguientes: 345 municipios respondieron que la nación participa en la financiación de alguna de las estrategias de atención (punto de atención, estrategias móviles) a víctimas del conflicto armado. Adicionalmente, 749 municipios reportaron que la oferta nacional ha sido socializada con los municipios y 589 que la nación ha apoyado de manera presupuestal la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a la población víctima en su entidad territorial. En cuanto a lo reportado por las gobernaciones, se encuentra que 29 gobernaciones afirman que sus PAT se definieron con base en los PAT de los municipios de su jurisdicción, mientras Articulación y coordinación institucional

que 24 gobernaciones han definido una estrategia o metodología para asesorar a los municipios en el diseño de los PAT y 28 gobernaciones diseñaron proyectos en conjunto con los municipios para la garantía de los derechos de las víctimas. Respecto al apoyo que han recibido las gobernaciones de la nación, mientras que solo seis gobernaciones afirman haber recibido financiación de las entidades del orden nacional para la formulación del PAT, 31 gobernaciones recibieron asesoría y 29 capacitaciones. Finalmente, en cuanto a la participación del sector privado y la sociedad civil, mientras que 678 alcaldías y 25 gobernaciones afirman haber promovido la participación del sector privado en la Política Pública de Víctimas, 265 municipios y 16 gobernaciones indican que el sector privado ha participado en la financiación de la política.

1. Instancias de articulación y coordinación institucional

1.1. alcaldías Planes, programas y proyectos La Ley de Víctimas y el Decreto 4800 de 2011 contemplan como obligación de la nación el diseño de estrategias de corresponsabilidad, así como la obligación de los departamentos de apoyar y promover tanto el diseño como la implementación de los planes de acción sobre prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de los municipios bajo su jurisdicción. El gráfico 83 muestra el número de alcaldías que cada año reportaron haber participado en el diseño de planes, programas o proyectos dirigidos a la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, liderados por las entidades del orden nacional por una parte, y por la gobernación por el otro. Como se observa, el año 2013 es el año en que un mayor número de alcaldías reporta haber participado en el diseño de programas liderados por las entidades del orden nacional con 669 municipios (60,8% de los municipios del país) y liderados por la gobernación con 564 municipios (51,3% de los municipios). En el año 2015 la tendencia se mantiene, pues 462 municipios (42,0%) reportan haber participado en el diseño de programas liderados por las entidades del orden nacional y 447 (40,6%) en el diseño de programas liderados por la gobernación.

Adicionalmente, 304 alcaldías y 24 gobernaciones han promovido la participación de la academia en el diseño de metodologías, instrumentos o acciones que contribuyan a la ejecución de la Política Pública de Víctimas. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 83. Participación de las alcaldías en el diseño de programas liderados por otros niveles de gobierno 2012-2015

Tabla 11. Acompañamiento de las gobernaciones para el diseño del PAT por departamento –segundo semestre de 2015 DEPARTAMENTO

A 2015, 999 alcaldías, es decir, aproximadamente el 91 por ciento de los municipios del país, afirman tener en cuenta las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en materia de Política Pública de Población Víctima para el diseño de planes, programas o proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal. En total entre 2012 y 2015, 880 alcaldías afirman haber recibido apoyo y acomArticulación y coordinación institucional

pañamiento de la gobernación para el diseño de su PAT. La tabla 11 muestra el número y porcentaje de municipios que recibieron acompañamiento de las gobernaciones por departamento en el segundo semestre de 2015. Los departamentos donde un menor porcentaje de municipios reporta haber recibido acompañamiento de las respectivas gobernaciones son Chocó (7%), Atlántico (9%), Sucre (12%), Valle del Cauca (13%) y Caquetá (13%).

NÚMERO DE MUNICIPIOS PORCENTAJE

Amazonas

Antioquia

62%

Arauca

29%

Atlántico

Bolívar

19%

Boyacá

47%

Caldas

56%

Caquetá

13%

Casanare

53%

Cauca

45%

Cesar

60%

Chocó

Córdoba

33%

Cundinamarca

49%

Guainía

Guaviare

75%

Huila

65%

La Guajira

40%

Magdalena

50%

Meta

66%

Nariño

34%

Norte de Santander

59%

Putumayo

69%

Quindío

58%

Risaralda

64%

Santander

41%

Sucre

12%

Tolima

49%

Valle del Cauca

13%

Vaupés

33%

Vichada

50%

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Respecto a los mecanismos de apoyo de la gobernación para el diseño del PAT, durante el segundo semestre de 2015 se encuentra que 129 alcaldías afirman haber recibido financiación, mientras que 853 alcaldías afirman haber recibido capacitaciones y asesorías. Adicionalmente, 804 alcaldías respondieron por lo menos una vez afirmativamente a la pregunta respecto a si su administración considera que el PAT departamental incorporó las particularidades de su municipio. La tabla 12 por su parte, muestra los componentes que las alcaldías tuvieron en cuenta para la formulación del PAT.

Como se observa, más del 90 por ciento de los municipios tuvo en cuenta los objetivos, componentes, medidas y metas del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, así como los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental. Por otra parte, solamente el 53,5 por ciento de los municipios tuvo en cuenta las orientaciones técnicas de los subcomités nacionales, el 31,9 por ciento las metas y componentes de los Planes Integrales de Vida de las comunidades indígenas y el 25,5 por ciento las metas y componentes de los Planes Integrales para comunidades afrocolombianas y rom o gitanos.

Por otra parte, 454 alcaldías realizaron acciones conjuntas con otros municipios para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, entre 2012 y el segundo semestre de 2015. El gráfico 84 muestra el comportamiento semestre a semestre y el mapa 30 ilustra esta dinámica con corte al año 2015. Gráfico 84. Alcaldías que han realizado acciones conjuntas con otros municipios en materia de Política de Víctimas 2012-2015

Tabla 12. Componentes que tuvo en cuenta la formulación del Plan de Acción Territorial - segundo semestre de 2015 Municipios

Porcentaje

Objetivos del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas

1082

98,4%

Componentes del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas

1066

96,9%

Medidas definidas en el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas

1043

94,8%

Metas del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas

1033

93,9%

Lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental

1042

94,7%

Orientaciones técnicas de los subcomités nacionales

589

53,5%

Metas y componentes de los Planes Integrales de Vida de las comunidades indígenas

351

31,9%

Metas y componentes de los Planes Integrales para comunidades afrocolombianas y rom ó gitanos

280

25,5%

La formulación de su Plan de Acción Territorial tuvo en cuenta:

Articulación y coordinación institucional

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Mapa 30. Alcaldías que han realizado acciones conjuntas con otros municipios en materia de política de víctimas – consolidado a 2015

Gráfico 85. Municipios en los cuales la gobernación ha apoyado la operación del CTJT 2012-2015

1.2 gobernaciones Planes, programas y proyectos

Comité Territorial de Justicia Transicional En 734 municipios la gobernación ha apoyado la operación del Comité Territorial de Justicia Transicional del municipio en por lo menos un semestre. Como se observa en el gráfico 85, los periodos en los cuales las gobernaciones apoyaron un mayor número de municipios fueron el 2012 y el primer semestre de 2013-1. Articulación y coordinación institucional

El Decreto 4800 de 2011 determina que las gobernaciones deben formular sus planes de acción departamentales, teniendo en cuenta las necesidades establecidas en los planes de acción de los distritos y municipios bajo su jurisdicción, de tal manera que se adecúe la oferta del departamento a las necesidades de sus distritos y municipios. En este sentido, 29 gobernaciones afirman que sus PAT se definieron con base en los PAT municipales de los municipios de su jurisdicción, mientras que 24 gobernaciones han definido una estrategia o metodología para asesorar a los municipios en el diseño de los PAT. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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En total 28 gobernaciones, afirman que se diseñaron proyectos en conjunto con los municipios para la garantía de los derechos de las víctimas. El gráfico 86 muestra el comportamiento semestre a semestre, lo que evidencia que el segundo semestre de 2014 y el primer semestre de 2015 fueron lo semestres en los cuales un mayor número de gobernaciones diseñaron proyectos en conjunto con los municipios.

Gráfico 87. Asistencia y apoyo de las gobernaciones a los municipios para el diseño de la Política Pública de Víctimas 2013-2015

Gráfico 86. Gobernaciones que diseñaron proyectos en conjunto con los municipios 2013-2015

Por otra parte, el gráfico 88 muestra el apoyo de las gobernaciones en la implementación de los planes de prevención municipales, planes de reparación colectiva y en la garantía del derecho a la participación de las víctimas. Se registra un aumento gradual, con un máximo en el primer semestre del año 2015 de 23, 14 y 20 departamentos respectivamente.

Por otra parte, el gráfico 87 muestra el apoyo y acompañamiento que han brindado las gobernaciones a los municipios de su jurisdicción para el diseño de la Política Pública de Víctimas por semestre, en cuanto a la caracterización de las víctimas de sus municipios, el diseño de programas o proyectos para las víctimas y en el diseArticulación y coordinación institucional

ño e implementación de los PAT. Como se observa en el gráfico, la mayor asistencia de las gobernaciones a las alcaldías se ha dado en el diseño de los planes de acción en los municipios y la menor consiste en la definición de una estrategia metodológica para asesorar a los municipios en el diseño de los planes de acción. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 88. Evolución apoyo de las gobernaciones a la implementación de los planes de prevención, reparación colectiva y el derecho a la participación 2013-2015

En cuanto a la relación de las gobernaciones con la nación, 30 gobernaciones afirmaron en por lo menos un semestre haber participado en el diseño de programas o proyectos dirigidos a la prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado liderados por la nación. Igualmente, al segundo semestre de 2015, 30 gobernaciones, afirman tener en cuenta las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en materia de Política Pública de Población Víctima. Por otra parte, durante el segundo semestre de 2015, 22 gobernaciones inArticulación y coordinación institucional

Comité Territorial de Justicia Transicional Respecto a la asistencia y apoyo que ha dado la gobernación a la conformación y fortalecimiento de los CTJT, el gráfico 89 muestra el número de gobernaciones que 1) asesoraron y apoyaron la conformación de los CTJT de los municipios, 2) asesoraron a los municipios en la implementación de la Política de Víctimas en el marco de los CTJT, 3) cuentan con una estrategia para fortalecer el funcionamiento de los CTJT de los municipios, y 4) apoyaron la operación de los CTJT municipales.

Comparado con el 2013, se observa una disminución en las gobernaciones que asesoraron a los municipios en la conformación de los CTJT y la implementación de la Política de Víctimas en el marco de los CTJT, contrario a ello se encuentra un leve incremento en el número de gobernaciones que contribuyeron al fortalecimiento de los CTJT municipales. El número más alto de departamentos que apoyaron la operación de los CTJT municipales se dio en el primer semestre de 2015 con 20 departamentos.

dican haber recibido apoyo y acompañamiento del Gobierno nacional para el diseño de su PAT. Igualmente, 22 afirman haber recibido apoyo y acompañamiento de la UARIV y 19, haber recibido apoyo del Ministerio del Interior. Otras entidades del nivel nacional que brindaron acompañamiento a algunas gobernaciones fueron: Ministerio de Justicia, DNP, Defensoría del Pueblo e ICBF. Por último, con corte a 2015 solamente 6 gobernaciones afirman haber recibido financiación de las entidades del orden nacional para la formulación del PAT, 31 gobernaciones recibieron asesoría y 29 capacitaciones. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 89. Asistencia y apoyo de las gobernaciones para la conformación y funcionamiento de los CTJT municipales 2013-2015

Por otra parte, todas las gobernaciones afirman haberse articulado en procesos con la Defensoría regional en por lo menos un semestre, con un promedio de 26 departamentos por semestre. Siete gobernaciones afirmaron haber realizado acciones conjuntas con otros departamentos para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado tanto durante el primer como el segundo semestre de 2014. Este número se reduce a dos, en el primer y segundo semestre de 2015.

Articulación y coordinación institucional

2. Mecanismos y herramientas para la coordinación institucional

2.1 alcaldías Mecanismos de acompañamiento y seguimiento 723 alcaldías afirman haber reportado a la gobernación las acciones en prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral desarrolladas por lo menos en un semestre y 494 alcaldías tienen definidas las temáticas a coordinar con la gobernación. Por otra parte, 769 alcaldías respondieron que el departamento indagó sobre la capacidad institucional de su alcaldía para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a víctimas en por lo menos un semestre. El gráfico 90 muestra los resultados por semestre, donde se observa que el segundo semestre de 2014 es el momento en que un mayor número de municipios afirman que el departamento indagó sobre su capacidad institucional. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 90. Municipios para los cuales el departamento indagó sobre su capacidad institucional 2012-2015

Gráfico 91. Municipios que recibieron apoyo del departamento con recursos 2012-2015

Por otra parte, 691 alcaldías conocen la estrategia de acompañamiento técnico a las entidades territoriales liderada por la gobernación. Mecanismos de financiación A segundo semestre de 2015, en 612 municipios el departamento apoyó con recursos para la producción de bienes y servicios a la población víctima. Como se observa en el gráfico 91, el año 2012 y el primer semestre de 2013 son los periodos en los cuales un mayor número de alcaldías respondió afirmativamente a esta pregunta. Por otra parte, 345 municipios respondieron que la nación participa en la financiación de alguna de las estrategias de atención (punto de atención, estrategias móviles) a víctimas del conflicto armado, en por lo menos un semestre. El gráfico 92 muestra el comportamiento por semestre. Al igual que en la pregunta anterior, el año 2012 y el primer semestre de 2013 son los periodos en los cuales un mayor número de alcaldías respondió afirmativamente a esta pregunta. Articulación y coordinación institucional

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Gráfico 93. Municipios que han entregado información a entidades del nivel nacional 2012-2015

Gráfico 92. Municipios en los cuales la nación participa en la financiación de las estrategias de atención 2012-2015

Información En total, 482 alcaldías han entregado información, en por lo menos un semestre al Centro de Memoria Histórica y 435 a la Unidad de Restitución de Tierras. El gráfico 93 muestra el comportamiento semestre a semestre. Por su parte el mapa 31 representa aquellas alcaldías que en el segundo semestre de 2015 disponían de un Sistema de Alertas Tempanas (SAT). Articulación y coordinación institucional

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Mapa 31. Alcaldías que cuentan con un Sistema de Alertas Tempranas actualizado a 2015

2.2 gobernaciones

Gráfico 94. Medios usados para la implementación de la estrategia de fortalecimiento técnico de las gobernaciones a las alcaldías a segundo semestre de 2015

El gráfico 95 por su parte, muestra el número de gobernaciones que han realizado convenios con municipios y con la nación para implementar proyectos para la garantía de derechos de las víctimas. En ambos casos se observa un aumento, con un máximo en el primer semestre de 2015, en el cual 15 gobernaciones afirman haber hecho convenios con municipios y 21 gobernaciones con la nación.

Mecanismos de acompañamiento y seguimiento Al segundo semestre de 2015, 31 gobernaciones afirman contar con canales de coordinación con los municipios del departamento, efectivos para el tema de víctimas; 28 gobernaciones contar con una estrategia de acompañamiento técnico a los municipios en materia de víctimas y 29 gobernaciones haber desarrollado una estrategia de fortalecimiento a las alcaldías de su jurisdicción para la implementación de la Política Pública de Víctimas. Dicha estrategia se implementó principalmente mediante capacitación a los funcionarios responsables, asesorías permanentes y asistencia y acompañamiento para la gestión de proyectos ante otros organismos, como se observa en el gráfico 94. Articulación y coordinación institucional

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Gráfico 95. Evolución gobernaciones que han realizado convenios con las alcaldías y la nación para la garantía de los derechos de las víctimas 2012-2015

El instrumento de articulación más usado para la atención de la población víctima de manera conjunta con los municipios es la cofinanciación de proyectos, seguido por los convenios administrativos y por último la asociación, como se observa en el gráfico 96.

Articulación y coordinación institucional

Gráfico 96. Instrumentos de articulación que utilizan las gobernaciones para la atención de la población víctima de manera conjunta con los municipios 2012-2015

Adicionalmente, 25 gobernaciones afirman haber apoyado a los municipios que no cuentan con la capacidad de gestión técnica, operativa y financiera en la creación y fortalecimiento de los Centros de Atención y Reparación a las Víctimas. Por otra parte, 31 gobernaciones afirman contar con canales de coordinación con la nación, efectivos para el tema de víctimas.

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Información En total, 18 gobernaciones han entregado información, en por lo menos un semestre al Centro de Memoria Histórica y 24 a la Unidad de Restitución de Tierras. El gráfico 97 muestra el comportamiento semestre a semestre.

Gráfico 97. Departamentos que han entregado información a entidades del nivel nacional 2012-2015

3. Regionalización de la oferta El Decreto 4800 de 2011 determina que para cada vigencia fiscal, las entidades del nivel nacional deben presentar a las entidades territoriales, la oferta programática en materia de prevención, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas, para que sea incorporada en los PAT. Los planes, programas y proyec-

tos de la oferta programática deben considerar las características particulares de las entidades territoriales y la situación de las víctimas en las mismas. Las entidades del orden nacional deben determinar año a año, la regionalización de la oferta teniendo en cuenta las características propias de las entidades territoriales.

3.1 alcaldías En cuanto a la socialización de la oferta del departamento con los municipios, 526 alcaldías respondieron que el departamento ha socializado la oferta con los municipios en por lo menos un semestre entre el 2014 y el 2015. El gráfico 98 muestra que el semestre en que se dio una mayor soArticulación y coordinación institucional

cialización de la oferta departamental con los municipios fue el segundo semestre de 2014. Por otra parte, 749 alcaldías afirmaron que se socializó la oferta nacional en los municipios, siendo el primer semestre de 2013 en el que un mayor número de municipios respondió afirmativamente. Informe de Balance de la Política Pública de Víctimas 2012-2015

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Gráfico 98. Socialización de la oferta departamental y nacional en los municipios 2014-2015

A segundo semestre de 2015, 29 gobernaciones afirman haber socializado con los municipios de su jurisdicción la oferta departamental para el tema de víctimas. Por otra parte, al segundo semestre de 2015, 25 gobernaciones afirman haber apoyado a los municipios que no cuentan con la capacidad de gestión técnica, operativa y financiera en la creación y fortalecimiento de los Centros de Atención

y Reparación a las Víctimas1. Adicionalmente, al segundo semestre de 2015, 26 gobernaciones respondieron afirmativamente en por lo menos un semestre que se socializó la regionalización de la oferta nacional. El gráfico 99 muestra el comportamiento semestre a semestre, con un máximo de 15 departamentos tanto en el segundo semestre de 2014 como en el primer semestre de 2015.

Gráfico 99. Socialización de la oferta nacional en los departamentos 2012-2015 Adicionalmente, 589 municipios respondieron afirmativamente que en por lo menos un semestre la nación apoyó de manera presupuestal la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a la población víctima en su entidad territorial.

3.2 gobernaciones Veintinueve gobernaciones afirman contar con un mecanismo para conocer las necesidades de los municipios de su jurisdicción en la garantía de los derechos de las víctimas. Igualmente, 29 gobernaciones indican contar con un mecanismo para identificar la oferta de los municipios para las garantías de los derechos de las víctimas. 1

Articulación y coordinación institucional

De acuerdo con la Ley 1448 de 2011 (Art. 168), los Centros Regionales de Atención y Reparación deben unificar y reunir toda la oferta institucional para la atención a las víctimas, de tal forma que las mismas solo tengan que acudir a estos centros para ser informadas acerca de sus derechos, facilitar el acceso a las medidas de asistencia y atención según sea el caso, y para llevar a cabo la solicitud de registro. El Decreto 4800 de 2011 (Art. 121) afirma que los Centros Regionales de Atención y Reparación son una estrategia de articulación interinstitucional del nivel nacional y territorial que tiene como objetivo atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el seguimiento a las víctimas que requieran acceder a la oferta estatal. Funcionan en un espacio permanente que reúne la oferta institucional y se implementan de manera gradual en los municipios donde concurre la mayor cantidad de víctimas, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada territorio.

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4. Coordinación con otros sectores En cuanto a la participación de la sociedad civil y el sector privado, la Ley de Víctimas reconoce que los esfuerzos transicionales que propenden por la materialización de los derechos de las víctimas, especialmente la reparación, involucran al Estado, la sociedad civil y el sector privado. En este sentido, a continuación se muestra lo reportado por las entidades territoriales en cuanto a sus esfuerzos por articular al sector privado y la academia en la implementación de la Política Pública de Víctimas.

Gráfico 100. Participación del sector privado en la Política Pública de Víctimas en los municipios 2012-2015

4.1. alcaldías Mientras que 678 alcaldías afirman que han promovido la participación del sector privado en la Política Pública de Víctimas en por lo menos un semestre, 265 indican que el sector privado ha participado en la financiación de la política en su municipio. El gráfico 100 muestra estos resultados semestre a semestre. Respecto a la participación de la academia, 304 municipios han promovido su participación en el diseño de metodologías, instrumentos y/o acciones que ayuden a la ejecución de la Política Pública de Víctimas.

Gráfico 101. Participación del sector privado en la Política Pública de Víctimas en los departamentos 2012-2015

4.2 gobernaciones En total 24 gobernaciones afirman haber promovido la participación de la academia en el diseño de metodologías, instrumentos y/o acciones que ayuden a la ejecución de la Política Pública de Víctimas. Adicionalmente, 25 gobernaciones afirmaron en por lo menos un semestre haber promovido la participación del sector privado en la política pública y 16 indicaron que el sector privado participó en la financiación de la Política Pública de Atención a Víctimas en por lo menos un semestre. Como se observa en el gráfico 101, se da un aumento significativo en la participación del sector privado en la financiación de la política durante el segundo semestre de 2015. Articulación y coordinación institucional

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CAPÍTULO

ADECUACIÓN INSTITUCIONAL La adecuación institucional se refiere a los esfuerzos administrativos, humanos, financieros y técnicos necesarios para la atención adecuada a la población víctima y en consecuencia, para la implementación de la Política Pública de Víctimas. Este capítulo presenta los esfuerzos realizados por alcaldes y gobernadores en términos de estructura administrativa, recursos técnicos, financieros, organizacionales y físicos y fortalecimiento institucional.

Articulación y coordinación institucional

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En cuanto a la estructura administrativa para la implementación de la Política Pública de Víctimas, se encuentra que un total de 904 municipios y 31 departamentos cuentan ya sea con una dependencia exclusiva o con una dependencia responsable de la coordinación y gestión de la Política Pública de Víctimas. Respecto a los gastos de funcionamiento e inversión para la implementación de la Política Pública de Víctimas, 113 alcaldías reportan haber apropiado recursos entre 2014 y 2015 y 86 alcaldías haber ejecutado recursos durante el mismo periodo. En total se apropiaron 50 mil millones para gastos de funcionamiento y se ejecutaron 28 mil, se apropiaron 203 mil millones para gastos de inversión, de los cuales se ejecutaron aproximadamente 45 mil millones. En total los municipios reportaron haber apropiado aproximadamente 253 mil millones para gastos de funcionamiento e inversión para la implementación de la política entre 2014 y el segundo semestre de 2015, de los cuales ejecutaron aproximadamente 73 mil millones. Por su parte, 24 departamentos reportaron haber apropiado recursos entre Adecuación Institucional

2014 y 2015 para la implementación de la Política Pública de Víctimas y 23 departamentos haberlos ejecutado. En total se apropiaron 1.215 millones aproximadamente para gastos de funcionamiento y se ejecutaron 97 mil millones por parte de las gobernaciones y apropiaron aproximadamente 378 mil millones para gastos de inversión, de los cuales se ejecutaron aproximadamente 207 mil millones. En total los departamentos reportaron haber apropiado aproximadamente 1.593 millones para la implementación de la política entre 2014 y el segundo semestre de 2015, de los cuales ejecutaron aproximadamente 304 mil millones. El 54,2 por ciento de los municipios (596) cuenta con una herramienta que les permite llevar un registro de la atención brindada a las víctimas. Dicha herramienta facilita el intercambio de información con la RNI en 262 casos. En cuanto a los departamentos, siete disponen de una herramienta para llevar un registro de la atención brindada a las víctimas. De estos a su vez, en seis casos, dicha herramienta permite el intercambio de información con la RNI.

1. Estructura administrativa Al segundo semestre del 2015, 151 alcaldías reportan disponer de una entidad o dependencia creada exclusivamente para la coordinación y gestión de la Política Pública de Víctimas. De estas, en 13 casos se trata de ciudades capitales. Respecto a las entidades que no cuentan con una dependencia exclusiva para la coordinación y gestión de la política, en 753 municipios existe una dependencia responsable de coordinarla, de los cuales 18 son ciudades capitales. En total 904 municipios, de los cuales 31 son ciudades capitales, cuentan ya sea con una dependencia exclusiva o con una dependencia responsable de la coordinación y gestión de la Política Pública de Víctimas.

Por su parte, 169 municipios cuentan con una dependencia responsable de coordinar la atención a las comunidades étnicas presentes en su jurisdicción, de las cuales 20 son ciudades capitales. En cuanto a los departamentos, en 18 existe una entidad o dependencia creada exclusivamente para la coordinación y gestión de la Política Pública de Víctimas. En 8 departamentos que no cuentan con una dependencia exclusiva, existe una dependencia responsable de coordinar la política. Por otra parte, 23 departamentos cuentan con una dependencia responsable de coordinar la atención a las comunidades étnicas presentes en su jurisdicción.

2. Recursos financieros, técnicos, organizacionales y físicos

2.1 Recursos financieros En cuanto a los gastos de funcionamiento e inversión para la implementación de la Política Pública de Víctimas, 113 alcaldías reportaron haber apropiado recursos entre 2014 y 2015 y 86 alcaldías haber ejecutado recursos durante el mismo periodo. Como se observa en el gráfico 102, entre 2014 y 2015, de acuerdo a lo reportado por las alcaldías, se apropiaron aproximadamente 37 mil millones de pesos para Informe de Balance de la Política Pública Informe de Víctimas balance 2012-2015

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servicios profesionales y se ejecutaron 21 mil millones; se apropiaron 11 mil millones para gastos generales y se ejecutaron aproximadamente 6 mil millones; y se apropiaron 1,4 mil millones de transferencias corrientes, de los cuales se ejecutaron 774 millones aproximadamente. En total se apropiaron 50 mil millones para gastos de funcionamiento y se ejecutaron 28 mil.

Gráfico 103. Recursos apropiados y ejecutados en gastos para la implementación de la Política de Víctimas municipios – 2014-2015

Gráfico 102. Recursos apropiados y ejecutados en gastos de funcionamiento para la implementación de la Política de Víctimas municipios – 2014-2015

Por otra parte, se apropiaron aproximadamente 203 mil millones para gastos de inversión, de los cuales se ejecutaron aproximadamente 45 mil millones. En total los municipios reportaron haber apropiado aproximadamente 253 mil millones para gastos de funcionamiento e inversión para la implementación de la Política Pública de Víctimas entre 2014 y el segundo semestre de 2015, de los cuales ejecutaron aproximadamente 73 mil millones (ver gráfico 103). Adecuación Institucional

Por su parte, 24 departamentos reportaron haber apropiado recursos entre 2014 y 2015 para la implementación de la Política Pública de Víctimas y 23 departamentos haberlos ejecutado. Como se presenta en el gráfico 104, entre 2014 y 2015, de acuerdo a lo reportado por las gobernaciones, se apropiaron aproximadamente 968 mil millones de pesos para servicios profesionales y se ejecutaron 69 mil millones; 30 mil millones se apropiaron para gastos generales y se ejecutaron aproximadamente 10 mil millones; y se apropiaron 217 mil millones de transferencias corrientes de los cuales se ejecutaron 17 mil millones, aproximadamente. En total se apropiaron 1.215 millones aproximadamente para gastos de funcionamiento y se ejecutaron 97 mil millones por parte de las gobernaciones. Informe de Balance de la Política Pública Informe de Víctimas balance 2012-2015

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Gráfico 104. Recursos apropiados y ejecutados en gastos de funcionamiento para la implementación de la Política de Víctimas departamentos – 2014-2015

Adicionalmente, las gobernaciones apropiaron aproximadamente 378 mil millones para gastos de inversión, de los cuales se ejecutaron aproximadamente 207 mil millones. En total, los departamentos reportaron haber apropiado aproximadamente 1.593 millones en gastos de funcionamiento e inversión para la implementación de la Política Pública de Víctimas entre 2014 y el segundo semestre de 2015, de los cuales ejecutaron aproximadamente 304 mil millones (ver gráfico 105).

Adecuación Institucional

Gráfico 105. Recursos apropiados y ejecutados en gastos para la implementación de la Política de Víctimas departamentos – 2014-2015

2.2 recursos técnicos El 54,2 por ciento de los municipios (596 municipios) cuentan con una herramienta propia para llevar un registro de la atención brindada a las víctimas. De estos, en 459 casos dicha herramienta permite identificar y medir avances y dificultades en la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y en 262 municipios permite el intercambio de información con la RNI (ver gráfico 106).

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Gráfico 106. Herramienta para el registro de la atención brindada a la población víctima 2015

2.3 recursos organizacionales Los recursos organizacionales hacen referencia al lugar donde deben dirigirse las víctimas cuando requieren atención, así como las estrategias de atención complementarias con que cuentan alcaldías y gobernaciones para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Los enlaces municipales, el enlace con las organizaciones de víctimas y la atención telefónica son

las estrategias de atención más usadas por los municipios. A pesar de estar contemplados en la normatividad relacionada con la política de víctimas, como se observa en el gráfico 107, únicamente 67 municipios en 2014 y 69 en 2015, es decir, menos del siete por ciento de los municipios del país, afirman contar con los centros regionales como estrategia de atención.

Gráfico 107. Estrategias de atención con que cuentan los municipios – 2012-2015 Por otra parte, 605 alcaldías indican contar con un mecanismo de registro, proceso y control de los derechos de petición presentados por las víctimas y 655 afirman haber firmado el acuerdo de intercambio de información con la RNI. En cuanto a los departamentos, 7 gobernaciones cuentan con una herramienta para la caracterización de las víctimas. De estos, en 6 casos dicha herramienta hace parte de la RNI, mientras que 23 gobernaciones afirman haber firmado el acuerdo de intercambio de información con la RNI.

Adecuación Institucional

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El gráfico 108 muestra que para el caso de las gobernaciones, las estrategias de atención con que cuenta un mayor número de departamentos son los enlaces departamentales, seguida por los enlaces con organizaciones de víctimas y la atención telefónica. Solamente cinco departamentos cuentan con traductores étnicos y siete con esquemas móviles.

Gráfico 109. Recursos físicos con que cuentan los municipios 2012–2015

Gráfico 108. Estrategias de atención con que cuentan los departamentos – 2012-2015

Respecto al número de albergues temporales con que cuentan los municipios, en el segundo semestre de 2015, 172 cuentan con un albergue, 78 con dos o tres, 21 con cuatro a ocho y 4 municipios cuentan con más de 8 albergues, siendo el número máximo de albergues reportado de 26 albergues (ver gráfico 110).

2.4 recursos físicos En cuanto a los recursos físicos con que cuentan las alcaldías para la implementación de la Política de Víctimas, un número cercano a 1.000 municipios indica contar con oficinas, equipos de cómputo y comunicación, acceso a internet, papelería y servicio de energía eléctrica permanente. Cerca de 284 municipios cuentan con albergues temporales (ver gráfico 109). Adecuación Institucional

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Gráfico 110. Número de albergues temporales con que cuentan los municipios - segundo semestre de 2015

Por otra parte, 145 municipios manifiestan no tener el servicio de energía eléctrica las 24 horas del día. De estos y como se presenta en el gráfico 111, aproximadamente el 1 por ciento tienen menos de 6 horas, el 30 por ciento de 6 a 8 horas, otro 10 por ciento de 9 a 10 horas, el 21 por ciento de 11 a 12 horas, el 13 por ciento de 13 a 18 horas y otro 24 por ciento entre 19 y 23 horas.

Adecuación Institucional

Gráfico 111. Horas de energía eléctrica - segundo semestre de 2015

Por su parte, 30 de los departamentos afirman contar con oficinas, equipos de cómputo y comunicación, acceso a internet, papelería y servicio de energía eléctrica permanente, mientras que ocho departamentos en el 2014 y seis en el 2015 afirmaron contar con albergues temporales.

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3. Fortalecimiento institucional Entre 2014 y 2015, un total de 764 alcaldías afirman haber solicitado capacitación sobre la Política Pública de Víctimas por lo menos en un semestre. En cuanto a los temas para los que se solicita y se recibe capacitación, el gráfico 112 muestra lo reportado por los municipios en el segundo semestre de 2015. Es interesante notar que existe cierta correspondencia entre los temas

sobre los cuales se solicita capacitación y los temas sobre los cuales se recibe. Adicionalmente, se observa un mayor número de municipios que reciben capacitación frente al número de municipios que la solicitan. Los temas sobre los cuales más se solicita y se recibe capacitación son el RUSICST, la RNI y el PAT; en cambio sobre los que menos se solicita corresponden a presupuesto y estrategia de corresponsabilidad.

En el caso de los departamentos, es más cercana la relación entre el número que solicita capacitaciones y el número que las recibe. Como se observa en el gráfico 113, los temas en los que más se requiere y se recibe capacitación son RUSICST, Prevención y Protección y PAT. Por el contrario, los temas en los que menos se solicita y se recibe son IGED, normatividad y jurisprudencia y estrategia de corresponsabilidad. Gráfico 113. Capacitaciones solicitadas y recibidas por los funcionarios y contratistas encargados de la implementación de la Política de Víctimas a nivel departamental – segundo semestre 2015

Gráfico 112. Capacitaciones solicitadas y recibidas por los funcionarios y contratistas encargados de la implementación de la Política de Víctimas a nivel municipal – segundo semestre 2015

Al segundo semestre de 2015, 997 alcaldías afirman haber brindado recursos o medios a la Personería para el cumplimiento de sus funciones en la implementación de la Política Pública de Víctimas, en por lo menos un semestre. El gráfico 114 muestra un incremento importante entre el año 2012 y el segundo semestre de 2015.

Adecuación Institucional

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Gráfico 114. Alcaldías que brindaron recursos o medios a la Personería para el cumplimiento de sus funciones en materia de Política de Víctimas

En cuanto a los departamentos, también se evidencia un aumento de las gobernaciones que brindaron recursos o medios a la Defensoría Regional para el cumplimiento de sus funciones en la implementación de la Política Pública de Víctimas. En 2013, 13 departamentos respondieron afirmativamente a esta pregunta, mientras que en el 2014 fueAdecuación Institucional

ron 15 las gobernaciones que afirmaron brindar recursos a la Defensoría Regional y 23 en 2015. Entre 2012 y el segundo semestre de 2015, un total de 431 municipios han sido citados para debate de control político sobre la ejecución de la Política Pública de Víctimas por lo menos en una ocasión. Informe de Balance de la Política Pública Informe de Víctimas balance 2012-2015

CONCLUSIONES El RUSICST es un instrumento muy importante para el seguimiento de la Política Pública de Víctimas a nivel territorial, el cual ha sido gradualmente apropiado por parte de las alcaldías y gobernaciones del país desde su creación. Actualmente, el 100 por ciento de los departamentos y municipios cuenta con un usuario creado para el diligenciamiento del RUSICST y es importante señalar que en el año 2015, el nivel de reporte fue cercano al 84 por ciento en los municipios y el 90 por ciento en los departamentos (si se tienen en cuenta solo aquellas entidades territoriales que enviaron la información). Estos porcentajes aumentan al 94 y cerca del 100 por ciento respectivamente, si se tienen en cuenta los municipios y departamentos que diligenciaron y guardaron el reporte.

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Entre el año 2012, cuando entra en operación el RUSICST, y el año 2013, se da un incremento importante en el nivel de respuesta de las entidades territoriales que diligenciaron y enviaron el reporte, el cual se sostiene durante los semestres siguientes. En el diligenciamiento del Plan de Mejoramiento, también se observa un incremento. Mientras que en el primer semestre del 2013, el 49 por ciento de los municipios y ningún departamento diligenció y guardó el Plan de Mejoramiento, en el primer semestre de 2015 el 75 por ciento de los municipios y el 87 por ciento de los departamentos llenó y guardó el plan. A pesar de los avances logrados en la apropiación del RUSICST, como herramienta de seguimiento a la Política Pública de Víctimas, es importante priorizar y focalizar aquellos municipios y departamentos que no llenan y envían el reporte, de manera que sea posible fortalecerlos (en especial si se trata de municipios con alta afectación). Por su parte los departamentos que guardaron la información pero que no enviaron el reporte en 2015 fueron

Resumen ejecutivo - Conclusiones

Chocó, Guainía y Sucre. En cuanto a los municipios, entre los que no enviaron el reporte durante por lo menos dos semestres entre los años 2014 y 2015, hay entidades donde la población víctima es por lo menos la mitad de la población total proyectada para el 2015, de acuerdo al censo de 2005. El caso de Buenaventura es bastante preocupante teniendo en cuenta que, de acuerdo con la RNI, es el tercer municipio del país mayormente afectado con cerca de 152 mil víctimas registradas. En cuanto al nivel de avance de la Política Pública de Víctimas por etapa, los resultados más satisfactorios se encuentran en la fase de diseño, seguidos por la etapa de evaluación, siendo la fase de implementación la que presenta un menor nivel de avance. Este resultado es indicativo para las administraciones entrantes, que tienen como gran reto, no solo mantener los esfuerzos en cuanto al diseño de la política, sino también fortalecer su implementación y evaluación en el nivel territorial.

1. Dinámica del conflicto armado En primer lugar, debe resaltarse que existen diferencias sustanciales entre el número de víctimas identificado por parte de las autoridades locales y por parte de la Red Nacional de Información (RNI), lo cual es significativo para el caso de ciudades como Bogotá y Medellín. Igualmente, existen diferencias importantes entre el número de víctimas reportadas, tanto por parte de las gobernaciones como de las alcaldías. Al comparar la población proyectada en los municipios del país, de acuerdo al censo de 2005, con la población víctima identificada por las alcaldías a 2015, se encuentra que en 41 municipios la po-

blación víctima corresponde al 80 por ciento o más de la población proyectada en la entidad territorial. Esta información es importante si se tiene en cuenta el porcentaje que representa la población víctima dentro de la población total de estos municipios, donde en consecuencia resulta determinante focalizar tanto las inversiones locales como la oferta institucional departamental y nacional, de manera que logren adaptarse a la realidad que afrontan. En cuanto a los hechos victimizantes, además del desplazamiento forzado, según el reporte realizado por los muniInforme de Balance de la Política Pública Informe de Víctimas balance 2012-2015

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cipios cobran relevancia las amenazas, seguido de homicidios y combates. La mayor parte de los municipios del país (72%) se consideran tanto receptores como expulsores de población y 216 municipios presentaron eventos de desplazamientos masivos durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015. Respecto los grupos armados al margen de la ley con mayor presencia en los territorios, en primer lugar se ubican las Farc, seguido por las Bacrim y el ELN. No

obstante, es importante anotar que durante el año 2015, un menor número de municipios reportó la presencia de tales grupos en su territorio en comparación lo registrado en el año 2014. Así las cosas durante el segundo semestre de 2015, se reportó presencia de las Farc en 139 municipios del país, del ELN en 112 municipios y de las Baccrim en 148 municipios. A su vez, las bandas criminales con mayor presencia identificadas corresponden al clan úsuga (antes Urabeños) y Los Rastrojos.

2. Comité Territorial de Justicia Transicional Al segundo semestre de 2015, el 87,3 por ciento de los municipios del país indica tener creado el CTJT, donde el 66,2 por ciento señala contar con un plan operativo. Respecto a los departamentos, a partir del 2013 todas las gobernaciones cuentan con un CTJT creado y para el segundo semestre de 2015, el 64,5 por ciento cuenta con un plan operativo. En cuanto a la conformación de los CTJT municipales, como es de esperarse, se encuentra una participación de cerca Resumen ejecutivo - Conclusiones

del 100 por ciento de las entidades que lo integran en el nivel local, con excepción de las Secretarías de Salud y Educación que, de acuerdo a lo reportado, solo participan en el 85,7 y 74 por ciento de los CTJT, respectivamente. En cuanto a las entidades del orden nacional, el SENA y el Comandante de división o de Brigada de las Fuerzas Militares (FF. MM) son las que participan con menor frecuencia: 69,1 por ciento y 71,1 por ciento de los CTJT municipales respectivamente.

Los subcomités que han sido creados con mayor frecuencia son Atención y Asistencia, Prevención, Protección y Garantías de No Repetición y Sistemas de Información. Aproximadamente el 75 por ciento de los municipios del país afirman tener los dos primeros subcomités. Por otra parte, los subcomités que más veces se reúnen son el subcomité de Coordinación Nacional y Territorial, seguido por los subcomités de Prevención y de Atención y Asistencia. Con base en los datos de 2015, los CTJT municipales se reúnen en promedio 4,34 veces por año, mientras que los CTJT departamentales se reúnen 4,33 veces

en promedio. Sin embargo, solamente la mitad de los municipios del país afirma que los CTJT sesionaron para evaluar la necesidad presupuestal del PAT. Por otra parte, el 84,5 por ciento de los municipios (929 municipios) afirma haber diseñado un mecanismo de evaluación y seguimiento del PAT. En segundo semestre de 2015, 443 municipios fueron convocados a por lo menos una reunión del CTJT ampliado, de los cuales 391 afirman haber asistido. En ese mismo año, 41,9 por ciento de las gobernaciones indica que en el CTJT departamental se abordaron las necesidades presupuestales de sus respectivos municipios. Informe de Balance de la Política Pública Informe de Víctimas balance 2012-2015

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El 93.5 por ciento de los departamentos afirma haber realizado la identificación de las necesidades de las entidades municipales en su jurisdicción. En cuanto a los componentes de la política pública, de acuerdo a lo reportado por los municipios se evidencia que Atención y Asistencia y Prevención y Protección, principalmente en lo que tiene que ver con diagnóstico de componente e identificación de la oferta institucional, son los que tienen un mayor grado de incorporación en los PAT. El costeo de los

programas y proyectos y la matriz de indicadores son los aspectos que presentan un menor desarrollo en los PAT municipales. Respecto a los componentes que debería incluir el Plan Integral de Prevención se observa que entre el 60 y el 80 por ciento de los municipios que cuentan dicho Plan, incluye los distintos componentes – información general del municipio, diagnóstico de riesgo, protocolos de actuación mecanismos de seguimiento y evaluación.

3. Planes de Acción Territorial A segundo semestre de 2015, prácticamente todos los municipios y departamentos del país cuentan con un PAT, aprobado en el marco del CTJT o por acto administrativo. Con corte a 2015, 871 municipios, es decir, el 79 por ciento de los municipios del país, afirmaron tener el PAT actualizado. Entre los años 2014 y 2015, un total de 688 municipios promovieron espacios de socialización y análisis sobre el PAT en por lo menos un semestre. Más del 80 por ciento de los municipios indican haber realizado una caracterización del contexto local en el PAT, la identificación de la dinámica del conflicto armado Resumen ejecutivo - Conclusiones

y la identificación de la población víctima de desplazamiento. Un porcentaje menor (82%) indica haber realizado la caracterización de la población víctima. Por su parte, más del 90 por ciento de los departamentos afirman haber realizado una caracterización del contexto local en el PAT, la identificación de la dinámica del conflicto armado y la identificación de la población víctima de desplazamiento forzado. A su vez, entre el 94 y 97 por ciento indica haber realizado la identificación de la población víctima de otros hechos victimizantes y la caracterización de la población víctima.

4. Participación de las víctimas De acuerdo a lo reportado por los gobiernos municipales y departamentales respecto a la participación de las víctimas, se encuentra que en el segundo semestre de 2015, 739 municipios tienen organizaciones de víctimas, 207 municipios tienen organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y 734 tienen víctimas no organizadas. El total de organizaciones de víctimas registradas ante la Personería Municipal durante el segundo semestre de 2015 es 3.648 y registradas ante la Defensoría

del Pueblo corresponde a 1.216. Los hechos victimizantes representados por un mayor número de organizaciones son desplazamiento forzado, homicidio y amenazas, mientras que los hechos victimizantes representados por un menor número de organizaciones son víctimas de MAP, MUSE o AEI y vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados. Respecto a la segunda Mesa de Participación de Víctimas elegida, según lo Informe de Balance de la Política Pública Informe de Víctimas balance 2012-2015

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reportado en el primer semestre de 2015, 873 municipios, es decir, el 79,4 por ciento de los municipios del país, afirman tener Mesa de Participación de Víctimas, mientras que el 60 por ciento de los municipios, es decir 664 municipios, afirma que en la Mesa de Participación Departamental hay representación de las víctimas de su municipio. Por su parte, todos los departamentos del país, indican contar con la Mesa Departamental de Participación de Víctimas. Acerca de la representación en las Mesas de Participación por enfoque diferencial, se encuentra que en 202 mesas municipales participan representantes de organizaciones de pueblos o comunidades Indígenas, en 181 representantes de organizaciones de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y en 4 municipios representantes de organizaciones del pueblo rom o gitano. Adicionalmente, en 896 mesas municipales participan organizaciones que representan a las mujeres, en 809 a los jóvenes, en 846 a los adultos mayores, en 197 a población LGBTI y en 690 personas en condición de discapacidad. En cuanto a los departamentos, en 2015, 22 mesas departamentales tienen reResumen ejecutivo - Conclusiones

presentantes de las organizaciones de víctimas de pueblos o comunidades indígenas, 21 mesas departamentales cuentan con representantes de las organizaciones de víctimas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, un departamento representantes de las organizaciones de víctimas del pueblo rom o gitano. Respecto al enfoque diferencial poblacional, las 31 mesas departamentales cuentan con la participación de mujeres, 25 con la participación de jóvenes, 28 de adultos mayores, 25 de población LGBTI, 28 con personas en condición de discapacidad. En cuanto a la participación de la población víctima no organizada, durante el segundo semestre de 2015, en 255 municipios las víctimas no organizadas participaron mediante observaciones y en 161 municipios lo hicieron mediante propuestas. Igualmente, seis departamentos con víctimas no organizadas (excepto Guainía) ejercieron su derecho a la participación mediantes observaciones y cinco mediante propuestas. Respecto a la participación de la población víctima en la definición de los instrumentos de política, se observa que la

población víctima ha participado en la formulación del PAT en 768 municipios, en el Plan de Desarrollo en el 613 municipios y en los proyectos de inversión en el 539 municipios. En cuanto a medidas de satisfacción y construcción de memoria, la población víctima ha participado en 283 y 349 municipios de los casos, respectivamente. Adicionalmente, el 14 por ciento de los municipios ha participado en la definición del Plan de Reparación Colectiva y el 21 por cien to de los municipios en la definición del Plan de Retornos y Reubicaciones. Acerca de las garantías ofrecidas por las alcaldías y gobernaciones para ejercer el derecho a la participación efectiva, se observa que al segundo semestre de 2015, 835 alcaldías (76% de los municipios), afirman conocer el Protocolo de Participación. El 85 por ciento y 86,5 por ciento de las alcaldías difundieron el periodo de inscripciones para participar en la Mesa Municipal de Participación de las Víctimas durante los primeros 90 días del año, en los años 2013 y 2015 respectivamente. De otro lado, aproximadamente el 92 por ciento de alcaldías afirma haber facilitado espacios de capacitación a las víctimas y más del 70 por ciento afirma

haber aportado recursos para la participación efectiva en 2015. En el 50 por ciento de los municipios las organizaciones de víctimas ejecutaron proyectos con financiamiento del municipio en por lo menos un semestre entre el 2012 y el segundo semestre de 2015. En cuanto a las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, este porcentaje es del 25 por ciento. Por su parte, todas las gobernaciones indican conocer el Protocolo de Participación, el 97 por ciento (30 departamentos) facilitó espacios de capacitación a las víctimas y el 90 por ciento (28 departamentos) aportó recursos para la participación efectiva en el año 2015. En el 65 por ciento de los departamentos las organizaciones de víctimas ejecutaron proyectos con financiamiento del departamento en, por lo menos, un semestre entre el 2012 y el segundo semestre de 2015. En cuanto a las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, este porcentaje es del 29 por ciento. En el año 2015, el 58,9 por ciento de los municipios (648 municipios) y el 81 por ciento de los departamentos (25 deparInforme de Balance de la Política Pública Informe de Víctimas balance 2012-2015

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tamentos) afirman haber realizado ejercicios de rendición de cuentas sobre la implementación de la Política Pública de Víctimas. A su vez, solo el 17 por ciento de las alcaldías y el 9 por ciento de las gobernaciones reportan que la Mesa de Participación de Víctimas hizo veeduría ciudadana sobre la implementación de la política pública.

5. Retornos y Reubicaciones De acuerdo con la información suministrada por los mandatarios locales en el RUSICST, durante el segundo semestre de 2015 se identificaron 1.024 procesos de retorno y 2.053 procesos de reubicación. Adicionalmente, al segundo semestre de 2015 se han identificado aproximadamente 215 mil víctimas de desplazamiento forzado retornadas y 134 mil reubicadas. En total, 581 municipios indican tener población víctima de desplazamiento retornada y 525 población reubicada. Por último, durante el periodo comprendido entre 2012 y el segundo semestre de 2015, 441 municipios identificaron procesos de retorno y 432 procesos de reubicación. Resumen ejecutivo - Conclusiones

En cuanto a las herramientas de planeación e implementación de los procesos de retorno y reubicación, con corte al año 2015, aproximadamente el 51 por ciento de los municipios del país conocen el Protocolo de Retornos o de Reubicaciones. Por otra parte, 239 municipios tienen Plan de Retornos o Reubicaciones, de los cuales 191 han sido aprobados en el marco del CTJT o por acto administrativo. Respecto a las garantías para el cumplimiento de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado retornadas o reubicadas, durante segundo semestre de 2015, en 121 municipios con procesos de retorno y/o reubicación, las víctimas participaron en el CTJT. Adicionalmente, el número de municipios con procesos de retorno y/o reubicación para los cuales el CTJT realizó la valoración de los conceptos finales sobre condiciones de seguridad, se incrementó de 107 en el segundo semestre de 2014 a 145 en el segundo semestre de 2015. En cuanto a las inversiones en vivienda de interés social (VIS), por parte de los municipios, entre 2012 y 2015, un total de 108 municipios afirma haber realizado

inversiones en VIS en otros municipios, para facilitar el retorno de la población víctima desplazada; mientras que un total de 94 municipios recibió inversiones en VIS por parte de otros municipios. En relación con el acompañamiento a los procesos de retorno y/o reubicación, el 35 por ciento de los municipios con población retornada y el 36 por ciento de los municipios con población reubicada brindaron acompañamiento a dicha población durante el periodo 2014-2015. Por otra parte, el 56 por ciento de los municipios con procesos de retorno y el 55 por ciento de los municipios con procesos de reubicación indicaron contar con acompañamiento de las entidades

del SNARIV en los respectivos procesos. Respecto al acompañamiento de las gobernaciones en los procesos de retorno, 25 gobernaciones afirman haber acompañado en el diseño de los Planes de Retorno de los municipios en por lo menos un semestre; 25 gobernaciones hicieron seguimiento a los procesos de retorno, 22 gobernaciones promovieron procesos de retorno y 29 acompañaron los procesos de retorno. En cuanto a los procesos de reubicación, 19 gobernaciones afirman haber hecho acompañamiento en el diseño de los Planes de Reubicación de los municipios en por lo menos un semestre, 28 gobernaciones, hicieron seguimiento a los procesos de reubicación y 23 acompañaron los procesos de reubicación.

6. Articulación y Coordinación Institucional

6.1 alcaldías A 2015, 999 alcaldías, es decir, aproximadamente el 91 por ciento de los municipios del país, afirman haber tenido en cuenta las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en materia de Política Pública de Población Víctima para el diseño de planes, programas o proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal. Por otra parte, entre 2012 y 2015, 880 alcaldías recibieron apoyo y acompañamiento de la gobernación para el diseño de su PAT. En cuanto a lo reportado para cada Informe de Balance de la Política Pública Informe de Víctimas balance 2012-2015

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departamento, los casos donde un menor porcentaje de municipios afirma haber recibido acompañamiento de las respectivas gobernaciones son Chocó (7%), Atlántico (9%), Sucre (12%), Valle del cauca y Caquetá (13%). Respecto a los mecanismos de apoyo de la gobernación para el diseño del PAT, 129 alcaldías recibieron financiación, mientras que 853 alcaldías, recibieron capacitaciones y asesorías. Adicionalmente, 804 alcaldías consideran que el PAT departamental incorporó las particularidades de su municipio. Mientras que más del 90 por ciento de los municipios tuvo en cuenta en la formulación de su PAT los objetivos, componentes, medidas y metas del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, así como los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental; solamente el 53,5 por ciento de los municipios tuvo en cuenta las orientaciones técnicas de los subcomités nacionales, el 31,9, por ciento las metas y componentes de los Planes Integrales de Vida de las comunidades indígenas y el 25,5, por ciento las metas y componentes de los Planes Integrales para comunidades afrocolombianas y rom o gitanos. Resumen ejecutivo - Conclusiones

Por otra parte, en 734 municipios la gobernación han apoyado la operación del Comité de Justicia Transicional en por lo menos un semestre. Adicionalmente, 494 alcaldías tienen definidas las temáticas a coordinar con la gobernación, en 769 casos el departamento indagó sobre la capacidad institucional del municipio para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a víctimas en por lo menos un semestre y en 612 el departamento apoyó con recursos para la producción de bienes y servicios a la población víctima. Igualmente, 526 reportaron que la oferta del departamento ha sido socializada con los municipios. Por otra parte, en términos de la relación entre el municipio y la nación, 345 municipios respondieron que la nación participa en la financiación de alguna de las estrategias de atención (punto de atención, estrategias móviles) a víctimas del conflicto armado; 749, que la oferta nacional ha sido socializada con los municipios, y 589 que en por lo menos un semestre la nación ha apoyado de manera presupuestal la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a la población víctima en su entidad territorial.

Finalmente, en cuanto a la participación del sector privado y la sociedad civil, mientras que 678 alcaldías afirman promover la participación del sector privado en la Política Pública de Víctimas, 265 indican que el sector privado ha participado en la financiación de la política en su municipio. Adicionalmente, 304 municipios han promovido la participación de la academia en el diseño de metodologías, instrumentos y/o acciones que contribuyan a la ejecución de la Política de Víctimas.

6.2 gobernaciones Por su parte, 29 gobernaciones afirman que sus PAT se definieron con base en los PAT de los municipios de su jurisdicción, mientras que 24 gobernaciones han definido una estrategia o metodología para asesorar a los municipios en el diseño de los PAT y 28 gobernaciones diseñaron proyectos en conjunto con los municipios para la garantía de los derechos de las víctimas. En cuanto al apoyo y acompañamiento que han brindado las gobernaciones a los municipios de su jurisdicción para el diseño de la Política Pública de Víctimas, la mayor asistencia de las gobernaciones a las

alcaldías se ha dado en el diseño de los planes de acción en los municipios y la menor consiste en la definición de una estrategia metodológica para asesorar a los municipios en el diseño de los planes de acción. Por otra parte, 31 gobernaciones afirman contar con canales de coordinación con los municipios del departamento efectivos para el tema de víctimas, 28 gobernaciones con una estrategia de acompañamiento técnico a los municipios en materia de víctimas y 29 gobernaciones con un mecanismo para conocer las necesidades de los municipios de su jurisdicción en la garantía de los derechos de las víctimas. En el segundo semestre de 2015, 30 gobernaciones han participado en el diseño de programas/proyectos dirigidos a la prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado liderados por la nación. Igualmente, 30 gobernaciones, afirman tener en cuenta las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en materia de Política Pública de Población Víctima. Mientras que solamente seis gobernaciones recibieron financiación de las Informe de Balance de la Política Pública Informe de Víctimas balance 2012-2015

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entidades del orden nacional para la formulación del PAT, 31 gobernaciones recibieron asesoría y 29 capacitaciones. En el segundo semestre de 2015, 29 gobernaciones socializaron con los municipios de su jurisdicción la oferta departamental para el tema de víctimas y 26, la regionalización de la oferta nacional. Finalmente, en cuanto a la participación del sector privado y la sociedad civil, 25 gobernaciones afirmaron haber promovido la participación del sector privado en la Política Pública de Víctimas y 16 indicaron que el sector privado participó en la financiación de la misma. Adicionalmente, 24 gobernaciones promovieron la participación de la academia en el diseño de metodologías, instrumentos y/o acciones que faciliten la ejecución de la Política de Víctimas.

Víctimas. De estos, en 151 municipios y 13 ciudades capitales se trata de una dependencia creada exclusivamente para la gestión de la política pública. Respecto a los gastos de funcionamiento e inversión para la implementación de la Política Pública de Víctimas, 113 alcaldías reportan haber apropiado recursos entre 2014 y 2015 y 86 alcaldías ejecutaron recursos durante el mismo periodo. En total se apropiaron 50 mil millones para gastos de funcionamiento y se ejecutaron 28 mil, 203 mil millones para gastos de inversión, de los cuales se ejecutaron aproximadamente 45 mil millones. En total los municipios reportaron haber apropiado aproximadamente 253 mil millones para gastos de funcionamiento e inversión para la implementación de la política entre 2014 y el segundo semestre de 2015, de los cuales ejecutaron aproximadamente 73 mil millones.

7. Adecuación Institucional Se encuentra que un total de 904 municipios y 31 departamentos cuentan ya sea con una dependencia exclusiva o con una dependencia responsable de la coordinación y gestión de la Política Pública de Resumen ejecutivo - Conclusiones

gastos de funcionamiento y se ejecutaron 97 mil millones por parte de las gobernaciones y apropiaron aproximadamente 378 mil millones para gastos de inversión, de los cuales se ejecutaron aproximadamente 207 mil millones. En total los departamentos reportaron haber apropiado aproximadamente 1.593 mil millones para la implementación de la política entre 2014 y el segundo semestre de 2015, de los cuales ejecutaron aproximadamente 304 mil millones. El 54,2 por ciento (596 municipios) reportaron disponer de una herramienta para llevar el registro de la atención brindada a las víctimas. Dicha herramienta facilita el intercambio de información con la RNI en 262 casos. En cuanto a los departamentos, siete cuentan con una herramienta para la caracterización de las víctimas. Dicha herramienta permite el intercambio de información con la RNI en seis casos. Asimismo, 655 alcaldías y 23 gobernaciones afirman haber firmado el acuerdo de intercambio de información con la RNI. Adicionalmente, los enlaces municipales, la atención telefónica y los puntos de atención son las estrategias de atención

más usadas por los municipios. A pesar de estar contemplados en la normatividad relacionada con la Política de Víctimas, únicamente 67 municipios en 2014 y 69 en 2015, es decir, menos del 7 por ciento de los municipios del país afirman tener centros regionales como estrategia de atención. En cuanto a los recursos físicos con que cuentan las alcaldías para la implementación de la Política de Víctimas, un número cercano a 1000 municipios indica disponer de oficinas, equipos de cómputo y comunicación, acceso a internet, papelería y servicio de energía eléctrica permanente. Cerca de 284 municipios cuentan con albergues temporales. Por su parte, 30 de los departamentos afirman contar con oficinas, equipos de cómputo y comunicación, acceso a internet, papelería y servicio de energía eléctrica permanente, mientras que 8 departamentos en el 2014 y 6 en el 2015 afirmaron contar con albergues temporales. Entre 2014 y el segundo semestre de 2015, un total de 764 alcaldías solicitaron capacitación sobre la Política Pública de Víctimas por lo menos en un semestre. Informe de Balance de la Política Pública Informe de Víctimas balance 2012-2015

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Los temas sobre los cuales los municipios solicitan y reciben más capacitación son el RUSICST, la RNI y el PAT y los que menos son presupuesto y estrategia de corresponsabilidad. Por parte de las gobernaciones, los temas en los que más se pide y se recibe capacitación son RUSICST, Prevención y Protección junto con el PAT, y los que

Resumen ejecutivo - Conclusiones

menos son IGED, normatividad, jurisprudencia y estrategia de corresponsabilidad. Entre 2012 y el segundo semestre de 2015, un total de 431 municipios han sido citados para debate sobre control político de la ejecución de la Política Pública de Víctimas por lo menos en una ocasión.

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