Más allá y más acá de los túneles del Chapo Por Juan María Alponte / pág.9
Director: Carlos Ramírez
noticiastransicion.mx
Miércoles 5 de Agosto de 2015
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Número 57
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2018: la sucesión no será la elección Por Carlos Ramírez / pág. 5
Urge la ley de seguridad interior y exterior del Estado mexicano Por Jorge Nuño / pág. 13
La batalla por los secretos Aumenta la Caballada… y los independientes Por Roberto Vizcaíno / pág. 7
Por Rodolfo Aceves Jiménez / pág.12
Estado de la libertad de expresión en México (tercera parte) Por Armando Reyes Vigueras / pág. 4
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C o n s p i r ac y T h e o ry Beltrones no tiene quien le escriba Mientras el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, confirmó que mañana sesionará el Consejo Político Nacional de ese partido con el objetivo de que inicie el proceso interno de renovación de presidente y secretaria general del partido, Manlio Fabio Beltrones no ha recibido ningún aviso o recado de que prepare su mensaje de toma de protesta como dirigente nacional del tricolor. El coordinador de la fracción priista en San Lázaro ha reiterado su interés por ser incluido, pero el perfil dictado por el presidente Enrique Peña Nieto esbozó las características del nuevo líder del tricolor, en especial de enfocarse a recuperar a los jóvenes. Al respecto, Camacho Quiroz explicó que este día se aprobará la convocatoria y el método a seguir para la elección interna, mientras que mañana jueves, la Comisión Nacional de Procesos Internos emitirá de manera oficial la convocatoria. Camacho Quiroz detalló que después de esta etapa, los militantes que aspiren a la contienda tendrán 10 días para que se registren y pidan a los sectores y organizaciones su apoyo. Con relación a los requisitos para llegar al cargo, a pregunta expresa, aclaró que Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, tiene una militancia reconocida y los priístas la ponderan y la presumen, “pero nadie sabe quién puede interesarse por participar en el proceso”. Esta precisión afectó mucho el ánimo de Beltrones y en especial que ya nadie le escriba desde el CEN del tricolor para mantenerlo al día del proceso.
Manlio Fabio Beltrones quiere se líder priísta, pero teme que la convocatoria lo deje fuera al no reunir “el perfil”.
Directorio Mtro. Carlos Ramírez Presidente y Director General carlosramirezh@hotmail.com Lic. José Luis Rojas Coordinador General Editorial joselrojasr@hotmail.com Mtro. Carlos Loeza Manzanero Coordinador de Análisis Económico Emiliano López Analista emiliano_082002@yahoo.com Raúl Urbina Asistente de la dirección general
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Diario Indicador Político es una publicación diaria editada por el Grupo de Editores del Estado de México, S. A., y el Centro de Estudios Políticos y de Seguridad Nacional, S. C. Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Todos los artículos son de responsabilidad de sus autores. Oficinas: Durango 223, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700, México D.F. noticiastransicion.mx
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Estado de la libertad de expresión en México (tercera parte) Por Armando Reyes Vigueras 2018: la sucesión no será la elección Por Carlos Ramírez Agenda del día Aumenta la Caballada… y los independientes Por Roberto Vizcaíno Más allá y más acá de los túneles del Chapo Por Juan María Alponte Descalabros recurrentes al prestigio de las Fuerzas Armadas Por Marcos Marín Amezcua La batalla por los secretos Por Rodolfo Aceves Jiménez Urge la ley de seguridad interior y exterior del Estado mexicano Por Jorge Nuño
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Mundo electoral
Estado de la libertad de expresión en México Por Armando Reyes Vigueras
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os datos acerca de las instancias encargadas de velar por la protección a los periodistas en nuestro país reflejan una abundancia de recursos, pero no así de resultados. Asimismo, la cantidad de comunicadores agredidos o asesinados por ejercer su oficio no ha generado más que un par de casos llevados ante un juez en una década. De esta forma, el asesinato del fotoreportero Rubén Espinosa se suma a una lista que se incrementa con el paso del tiempo y la ineficacia gubernamental para resolver los ataques contra la libertad de expresión. Amplio presupuesto De acuerdo al portal www.horizontal.mx el presupuesto de las instancias encargadas de atender las amenazas a los periodistas distan mucho de ser escasos: la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la PGR, contó con un presupuesto de 39 millones de pesos en 2014 —cuando en 2012 fue de 3 millones de pesos—; el mecanismo de protección para periodistas —mencionado en las entregas anteriores— tiene asignados 135 millones para este año, en tanto que el programa de promoción y protección de los derechos de los periodistas de la CNDH erogó cerca de 16 millones el último año. No obstante las cifras millonarias, la Fiscalía apenas ha llevado 10% de los casos ante un juez; el mecanismo ha tenido éxito en sólo dos casos y la CNDH ha emitido sólo ocho recomendaciones sobre libertad de prensa.
Adicionalmente, de acuerdo a Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en el estudio “Homicidio: una mirada a la violencia de México”, de 2000 a 2014 la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un registro de 102 periodistas asesinados en el país, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el mismo período, tiene una cifra de 88 casos de informadores asesinados. Tal discrepancia se da por la forma en que se clasifica la actividad periodística de la víctima, lo que hace que para alguna de las instancias mencionadas el occiso no sea catalogado como periodista. Deuda histórica En 1998, en el marco del Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recomendó a México: adoptar “las medidas necesarias para sancionar a los responsables de delitos cometidos contra personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la investigación rápida, efectiva e imparcial de las denuncias relacionadas con el hostigamiento a periodistas, defensores de derechos humanos, y miembros de organizaciones sociales”. A la vista de los trágicos eventos que le costaron la vida a Rubén Espinosa Becerril —desde que denunció las amenazas en el Veracruz de Javier Duarte, pasando por su exilio en la Ciudad de México y la desatención que sufrió su caso—, la citada
(tercera parte)
recomendación no fue adoptada y las consecuencias son de sobra conocidas. Factores como el comentado líneas arriba son los causantes de que en la actualidad entidades como Chihuahua, con 16 casos contabilizados, Veracruz con 15, Tamaulipas con un saldo mortal de 13, y Guerrero con 11 homicidios dolosos de comunicadores, se encuentren en una lista que ubica a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Lo anterior implica que no hay solución en el corto plazo? Veamos el ejemplo colombiano para darnos una idea de lo que es posible hacer. Colombia, que comparte con México características similares en materia de inseguridad pública, cuenta con un Programa de Protección a Periodistas dependiente del Ministerio del Interior —el equivalente a nuestra Secretaría de Gobernación—. De acuerdo a Freedom House, “aún con las deficiencias que pueda presentar el programa, especialmente en términos de protección integral y fallas operativas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) resalta la importante labor de protección de dicho mecanismo, que coincide con la reducción de los homicidios a periodistas desde su creación. En el 2000, el número de periodistas asesinados rondaba los 9 o 10 por año mientras que en 2011 tuvimos un periodistas asesinado relacionado con el oficio periodístico”. En el documento de Freedom House se comenta que si bien se reconocen los avances con la puesta en marcha del programa de protección, es necesario contar con supervisión internacional para que mantenga estándares mundiales —algo que se aceptó—, también se debe incorporar a organizaciones sociales defensoras de la libertad de expresión —por lo que se incorporó a la FLIP como parte de programa—, así como continuar los esfuerzos para abatir los niveles de impunidad y la falta de garantías judiciales efectivas, a la par que se debe crear mecanismos de prevención y creación de nuevos marcos jurídicos que garanticen el ejercicio de la libertad de expresión e información. Con todo y los retos que se tienen, el programa ha sido reconocido y demuestra que es posible proteger a los periodistas en un país con riesgos a la seguridad pública como es el caso colombiano. En México vamos en sentido contrario y parece que se busca imponer un record con una larga lista de víctimas. @AreyesVigueras
Columna Indicador Político
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2018: la sucesión no será la elección Por Carlos Ramírez
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n la gramática política del viejo régimen priísta, el regreso del PRI a la Presidencia de la República no ha significado la restauración del viejo régimen priísta y sus reglas. Y entre que ya no será lo que era y lo que era no funcionaría, el 2018 se moverá en escenarios inéditos: 1.- La sucesión no será la elección. En el pasado, hasta el 1994, la designación del precandidato presidencial era la elección; la campaña y las elecciones eran meros trámites burocráticos por la falta de competitividad de la oposición y su asunción como oposición leal. El PRI perdió en 2000 y 2006, por lo que el 2018 será una elección de alta competitividad porque la oposición puede ganar. 2.- El mecanismo del destape del candidato oficial priísta terminó en el 2000 por la competencia abierta por la candidatura. En el 2012 no hubo competencia interna en el PRI porque el entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto encabezaba todas las encuestas con una ventaja cómoda. A ello hay que agregar la apertura mediática, la libertad de los medios para examinar aspirantes, el agotamiento autoritario sobre la prensa, la dinámica destructiva de las redes cibernéticas y el espacio mediático de la oposición. 3.- La competencia abierta y adelantada está afectando a los precandidatos priístas, ahora visibles sólo dos: Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El viejo mecanismo del tapado permitiría proteger a los aspirantes para evitar el desgaste; hoy eso es
imposible. Los dos años y medio que faltan para la nominación de candidatos priístas serán fatales para Videgaray y Osorio porque encabezan las dos dependencias más conflictivas y desgastantes, sin posibilidad de éxitos. Ser precandidatos dos y medio años con la crisis sin solución y una oposición que los tiene bajo la mira disminuirán su fortaleza política y llegarían exhaustos y minados. 4.- Si el presidente Peña Nieto tiene un tapado bajo la manga, entonces Videgaray y Osorio serán piezas sacrificables y distractoras. Sólo que un tapado sin espacio de despegue sería de baja competitividad ante una oposición con figuras mediáticas muy posicionadas. La primera encuesta de Reforma el domingo pasado fijó ya el criterio de que la alta exposición mediática es ventaja política competitiva. Por tanto, sería de prever que Videgaray y Osorio pasen a posiciones menos criticables y de mayor proyección. 5.- El PRI carece de una figura dominante como fue en el pasado: Díaz Ordaz en el gobierno de López Mateos, Echeverría con Díaz Ordaz, De la Madrid con López Portillo, Salinas con de la Madrid y Colosio con Salinas. El único tapado en el periodo 1964-2012 fue López Portillo en 1976. Pero la maquinaria priísta perdió competitividad desde 1988, además de que su base electoral leal es menor a 30%. Así, la batalla presidencial 2018 se dará en medios. En este escenario los movimientos presidenciales con miras al 2018 deberán ser diferentes al que aconsejaría una hipotética restauración del viejo régimen priísta. A diferencia
de un PRI sumiso en el pasado, la decisión presidencial requiere de un PRI dinámico, sin conflictos y obligado a negociar con la coalición dominante priísta: corporaciones, gobernadores, grupos locales de poder, inversionistas poderosos, las dos bancadas en el congreso, los viejos grupos de poder tradicionales y votantes sin militancia, entre otros. Es decir, que el PRI ya no debería ser manejado de manera vertical y autoritaria desde Los Pinos. A diferencia del 2012, los precandidatos priístas actuales están dentro del gobierno federal y en posiciones determinantes cuyos resultados fortalecerán o debilitarán sus posibilidades. En el 2012 Peña Nieto era gobernador saliente del Estado de México, con una extraordinaria posición mediática. Los precandidatos más visibles del PRI —Videgaray y Osorio— han sido lastimados por la crisis económica —PIB y peso, y el repudio nacional a la política fiscal agresiva— y la crisis política, de gobernabilidad y de seguridad, mientras los aspirantes de la oposición disfrutan la comodidad de no tener oficinas a su cargo. En este sentido, la gran incógnita a dilucidar está en saber si el Presidente de la República operará la designación del candidato presidencial priísta a la antigüita o si atenderá las exigencias de la nueva dinámica de la política abierta.
Famosas últimas palabras: “El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa representa un grave signo de la descomposición y violencia que afecta a México y a los periodistas en particular”: Sociedad Interamericana de Prensa.
Es pregunta:
¿Por qué han fracasado todos los programas de atención a agresión a periodistas, desde el gubernamental hasta el de la CNDH, pasando por otros?
La crisis que viene:
Efectos políticos desestabilizadores en los partidos causó la primera tendencia electoral del 2018. noticiastransicion.mx carlosramirezh@hotmail.com @carlosramirezh
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Agenda del día
La CNTE analiza paralizar a la Ciudad de México
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a CNTE planea paralizar al DF y analiza la ruta a seguir para llegar a la huelga nacional, así lo confirmó Benito Vásquez, vocero de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Destacó que en la Asamblea Nacional participan representantes de 26 entidades del país para llegar a la huelga nacional. “Son 26 estados los que llegaron a la Asamblea Nacional Representativa que se dio en la Ciudad de México, ahí se está planteando la huelga nacional y se está preparando la ruta”. El vocero magisterial destacó que la Comisión Política de la CNTE va a una mesa de negociación con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y no a una mesa de diálogo para tratar todos los asuntos relacionados con el IEEPO.
Por su parte, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, dirigentes de la Sección 22, advirtieron que no habrá diálogo con el gobernador de Oaxaca si no existen las condiciones de seguridad. Coincidieron en mencionar que si Gabino quiere mesa de diálogo será en la Universidad Autónoma Benito Juárez o en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, en donde participen especialistas y políticos. “Ni con miles de policías van a poder detener a la Sección 22, ni van a poder comprar la dignidad de Oaxaca”, advirtió Villalobos. Rubén Núñez reiteró que será este miércoles cuando definirán las acciones políticas de resistencia, entre ellas, si van a paro nacional. “Tenemos 32 años de lucha y podremos tener otros 35 pero no asistiremos a ningún tipo de plática como la está planteando el gobernador”, indicó.
Promete Mancera esclarecer asesinato de fotoreportero
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l jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, afirmó que en el caso de la quíntuple ejecución en la colonia Narvarte no habrá impunidad. Aseguró que su administración tiene la obligación de resolver la muerte de las cinco personas, entre ellas la del fotógrafo de la agencia Cuartoscuro, Rubén Espinosa. “A todos nos indigna este crimen. He dado instrucciones precisas al procurador (Rodolfo Ríos) para que no se escatimen los esfuerzos a fin de dar con los responsables de este múltiple homicidio. Ninguna línea debe descartarse, absolutamente ninguna (...). “Estaremos muy atentos. Primero, a que
no haya impunidad. Se debe dar con los responsables, sea quien sea”, enfatizó el mandatario local. Informó que la PGJDF solicitará al gobierno federal, al estado de Veracruz y al resto de las entidades la información necesaria, con el fin de esclarecer el asesinato. “Sabemos que hay una relación directa de este tema con el estado de Veracruz y ninguna de las líneas debe descartarse”, apuntó. Subrayó que se comunicó con Miguel Ángel Mancera vía telefónica y que solicitó al titular de la Fiscalía General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, se comunique con el procurador capitalino para colaborar en lo necesario.
Edomex, a la cabeza en corrupción
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n el Estado de México aumentan las denuncias de corrupción, sin embargo los casos incrementaron ante la omisión o complacencia del gobierno de Eruviel Ávila. Hay varios casos que indignan mucho. El primero se refiere a la Delegación Fiscal del gobierno estatal en Tlalnepantla, la cual es dirigida por Ramón Héctor Díaz López, quien pese a que fue dado de baja por reprobar los exámenes de confianza, controla la dependencia mediante la designación de su sobrina Diana Karen López Fernández, en un abierto caso de nepotismo. Díaz López fue cesado al detectarle graves irregularidades, pero por órdenes del gobernador se mantienen en el cargo y puso a su sobrina para la firma de órdenes y demás documentos. También está involucrado Juan Gabriel Gerón, igual dado de baja por corruptelas, pero aún asiste a esas oficinas para realizar negocios turbios con la complacencia del gobierno estatal. Empleados y mandos medios de estas oficinas exigen al gobierno estatal que la Contraloría realice una auditoría y ordene que estos dos personeros se alejen de las instalaciones, ya que fueron cesados por corruptos. Estos y más casos, mantienen a la entidad en el primer sitio de corrupción a nivel nacional.
Columna Tras la puerta del poder
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Aumenta la Caballada… y los independientes Por Roberto Vizcaíno
* No sólo se trata de que faltan 3 años, sino de que son cada vez más los aspirantes * Van 14, de los cuales 6 podrían llegar a los comicios como candidatos independientes * Virgilio Andrade cumple con las 8 acciones ejecutivas ordenadas por Peña Nieto
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a carrera presidencial ya no tiene freno en México. De nada sirve recordarles a todos que las elecciones para designar Presidente de la República serán en julio de 2018, dentro de 3 años.
Así, mientras se dan a conocer las primeras encuestas que ubican ya a los posibles aspirantes en las preferencias ciudadanas, otros aspirantes se suman a la carrera. Hasta hoy la cuenta llega a los 14 precandidatos. Sólo el PRI cuenta con 5 de ellos. En este contexto, y aprovechando el Encuentro del Foro de Sao Paulo, el pasado fin de semana se lanzó el perredista Graco Ramírez, gobernador de Morelos. Ahí afirmó que cómo no, que claro que le gustaría no sólo ser el candidato del PRD a la Presidencia de la República, sino de un conjunto de fuerzas.
Hasta hoy van 14 aspirantes presidenciales, con lo cual a 3 años de realizarse, la contienda presidencial del 2018 se proyecta como quizá la más concurrida en la historia electoral del país.
“Yo con mucho gusto aceptaría participar en la contienda interna de mi partido y ser candidato para el 2018”, precisó. Reveló que esta aspiración no surge en el vacío, sino que militantes del PRD se le han acercado para pedirle se postule por esa candidatura, pero, agregó, “esas no son cosas que se platican, se construyen”. La verdad es que desde el primero de octubre de 2012 en que tomó posesión como gobernador de Morelos, Graco comenzó a analizar la posibilidad de incluirse en la contienda presidencial de 2018. Hoy las condiciones abonan sus aspiraciones, pues el PRD decreció en militancia y votos, y el único posible precandidato es el Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, quien de acuerdo a comentarios de algunos de su círculo interno, podría estar por decidirse a lanzarse como candidato independiente y no por el PRD u otro partido.
Un caso similar podría ocurrir con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco quien ha pedido que le hagan proyecciones a fin de abandonar las filas del Partido Verde Ecologista y buscar la Presidencia de la República en el 2018 como candidato independiente. De ser así, las candidaturas independientes para 2018 engordan si tomamos en cuenta que el ahora gobernador electo de Nuevo León, el expriísta Jaime Rodríguez —“El Bronco”— fue el que abrió esta puerta. Estas candidaturas independientes podrían comenzar a rayar en el lugar político común si es cierto que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien — dicen explora esta perspectiva—, se decide a sumarse en ese camino luego de que por más que ha trabajado para ser considerado como un aspirante presidencial dentro del PRI, nadie lo toma en serio. Eruviel Ávila sabe que cuenta con la malquerencia del presidente Enrique Peña Nieto, quien en 2011 lo dejó llegar a la gubernatura del Estado para no provocar una fractura dentro del tricolor previo su destape como candidato presidencial, pero que no estaría dispuesto a dejarle ahora llegar al tramo final de la contienda por la candidatura presidencial priísta prevista para fines de 2017. Dentro del esquema del PRI (es decir, de Peña Nieto), delante de Eruviel se ubican ya el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Peña Nieto tiene además el enigma que le plantea Manlio Fabio Beltrones, quien de no ser ubicado en un cargo de su nivel y satisfacción dentro de los próximos 20 días, podría iniciar una carrera individual de promoción por el país con miras a competir fuertemente por la candidatura presidencial del tricolor a fines de 2017 o inicios de 2018, lo que le descompondría su sucesión.
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Y pese a que Beltrones es un político de la vieja escuela, nadie le asegura a Peña que no iría como candidato independiente en el 2018. Por eso, dicen, el Presidente de la República no permitiría que Eruviel Ávila se le convirtiera en el segundo dolor de cabeza dentro de sus propios preparativos y proyecciones de sucesión. El último caso —hasta hoy—, que se proyecta como la sexta candidatura independiente en las presidenciales de 2018, es la de Margarita Zavala, quien seguramente no logrará la postulación oficial del PAN reservada ya para Gustavo Madero, o Rafael Moreno Valle o Ricardo Anaya. En los hechos la primera candidatura presidencial independiente fue planteada por la esposa del expresidente Felipe Calderón, luego de que a inicios de este año no le dieron la menor oportunidad de ser incluida en las listas de diputados pluris. Es de todos conocido que el expresidente ha insistido en que su esposa sería una excelente candidata presidencial. Y para cerrar la lista está el candidato permanente Andrés Manuel López Obrador, que hasta creó y registró su propio partido para garantizarse su postulación presidencial en 2018, porque —afirma—, “la tercera es la vencida”.
Columna Tras la puerta del poder
VAN 14 Como a esta contienda le faltan 3 años, pues nadie descarta que o sale alguno de esta lista, o se agregan otros. Hasta hoy van 14 aspirantes presidenciales, con lo cual a 3 años de realizarse, la contienda presidencial del 2018 se proyecta como quizá la más concurrida en la historia electoral del país. Pase lo que pase, hoy los precandidatos abiertos son: (por el PRI) Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, Manlio Fabio Beltrones y Eruviel Ávila: (por el PAN) Gustavo Madero, Rafael Moreno Valle, Ricardo Anaya y Margarita Zavala: (por el PRD) Graco Ramírez: (por Morena, o sea, por él mismo) Andrés Manuel López Obrador: (y como independientes) Jaime Rodríguez, Miguel Ángel Mancera y Manuel Velasco. Una novedad es que, como la suma de independientes y las tendencias del electorado son muy amplias, se podría estar perfilando una contienda presidencial que la definan los candidatos sin partido. Si el deterioro de la política continúa aceleradamente como lo ha hecho en los últimos 3 años, no sería una sorpresa que el próximo presidente surgiera de entre Jaime Rodríguez, Miguel Ángel Mancera, Manuel Velasco, Margarita Zavala, Manlio Fabio Beltrones o Eruviel Ávila (si es que estos últimos se deciden a dar el paso y abandonar al PRI).
ACCIONES EJECUTIVAS El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade logró en estos días finalmente echar a andar las 8 acciones ejecutivas que le fueron encargadas por el presidente Enrique Peña Nieto el 3 de febrero pasado, para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés. Entre ellas está la emisión del reglamento interior de la SFP que crea La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, que diseñará las políticas, reglas e instrumentos en favor de la integridad y prevenir conflictos de interés. De igual forma se emiten las Reglas de Integridad, el Código de Ética y los Lineamientos Comunes para los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública Federal. Estos operarán en forma colegiada en cada una de las 300 instituciones del Gobierno de la República. En lo que corresponde a la Ventanilla Única Nacional, prevista dentro de la Estrategia Digital Nacional, entró en operación el portal www.gob.mx, que será el único punto de acceso digital a información, trámites y servicios, así como una plataforma de participación ciudadana que abrirá foros de discusión y consulta para que los ciudadanos puedan influir en el proceso de formulación de políticas públicas. Así se cumple el primer compromiso del plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto que obliga a la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación y el combate a la corrupción a través de facilitar el acceso desde cualquier lugar, dispositivo y hora a toda la información, trámites y servicios del gobierno, a través de Internet. rvizcaino@gmail.com
Columna México y el Mundo
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Más allá y más acá de los túneles del Chapo
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ás allá de los túneles existe un hecho notorio y notable: la mundialización de las drogas. Me sorprenden mucho, en efecto, los debates sobre las drogas sin asumir que en cierta medida forman parte ya de la División Internacional del Trabajo y, por tanto, estamos hablando de una mercancía más, peligrosa y condenable, sin duda, pero que forma parte ya de las mercancías del mercado mundial.
Estado-Narco es el país en el cual el Estado o un Sector del Aparato del Poder (...) utiliza los beneficios derivados del tráfico de drogas.
A un alto personaje en México le envié, hace unos meses, un estudio —de especialistas reconocidos— a escala, que condenaba, científicamente, el consumo de la mariguana. Nuestro pequeño mercado, pero valioso, de intercambios culturales se cortaron totalmente. Así es el encuentro y el desencuentro de las vidas. Jean-Claude Grinal, en su libro Drogue: l’autre mondialisation, “Droga: la otra mundialización”, divide la nueva división del trabajo así: Estado-Narco y EstadoTraficante. En la primera proposición, esto es, Estado-Narco, incluía a Birmania, Colombia, Guinea Ecuatorial, Marruecos, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Surinam, Tailandia y Turquía.
Por Juan María Alponte
Esa nueva División Internacional del Trabajo puede tener errores, pero lo cierto es que implica ya una nueva División Internacional del Trabajo. Jean-Claude Grimal asume que EstadoNarco es el país en el cual el Estado o un Sector del Aparato del Poder que está implicado en el tráfico —véase que emplea la palabra tráfico con una connotación no lejana a la primera Revolución Industrial— y utiliza los beneficios derivados del tráfico de drogas. La segunda definición de Jean-Claude Grimal explicita la significación del EstadoTraficante. Según Grimal esa definición es adecuada para el Estado donde un Sector del Aparato de Estado que además de dominar el tráfico normal de mercancías se implica en el tráfico de drogas. Bajo esa definición, État-Trafiquant, aparecen Albania, Azerbaiyán, Camboya, Gambia, Uzbekistán, Paraguay, Polonia, Rusia, Siria y Ucrania. La División Internacional del Trabajo aparece en esas dos denominaciones como prueba de una nueva División Internacional del Trabajo. Es terrible asumirlo, pero los hechos no se pulverizan sólo con oraciones.
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Para Grimal “el mercado de la droga es un mercado internacional donde las zonas de producción son, a menudo, alejadas de los principales mercados de consumo”. Añade: “La transformación de la materia prima en productos más o menos elaborados se efectúa en laboratorios clandestinos”. Grimal precisa (su libro se editó en el año 2000) “que el crimen organizado tiende, poco a poco, a asumir el monopolio de las drogas por múltiples razones: reducir los costos y crear sistemas financieros y organizaciones para poder actuar a niveles ilegales con capacidad para eliminar a los pequeños competidores”. Marx diría que es una lucha de clases a escala del mundo. Pone, Grimal, como ejemplo la Mafia italiana. El análisis de las mafias colombianas es notable, pero no menos el “mercado” de consumidores. En Estados Unidos, según Grimal, un millón 200 mil personas están implicadas en el narcotráfico. México, añade, con sus 3,500 kilómetros de frontera con Estados Unidos hace posible que entre el 50% y el 70% de la cocaína introducida en Estados Unidos transite por México. En el capítulo V Grimal se plantea el papel central del blanqueamiento del dinero negro. Se trata, dice en la página 153, que
Columna México y el Mundo
alrededor de 85 mil a 120 mil millones de dólares se blanqueen anualmente. Añade: “El crecimiento del blanqueo va a vivir un salto, cualitativo, en los procedimientos del blanqueo de dinero”. Jean-Claude Grimal, agregado de Ciencias Sociales, nos plantea “que los fondos monetarios ilícitos podrían, un día, sumergir los sistemas financieros mundiales”. Él calcula 500 mil millones de dólares anuales. Hay dinero, sin duda, para hacer muchos túneles. En la página 227 Grimal nos dice “que estas sumas inmensas que los criminales disponen no sirven para tener un automóvil más, sino que se convierten en verdaderos instrumentos de poder en la economie et la politique”. El libro, en estos momentos, nada librescos, lo editó Gallimard. Sin duda estremece y ya, de alguna manera, lo vivimos. Sobre todo allí donde la Ley y el Estado de Derecho son todavía un déficit en la cotidianidad. Jean-Claude Grimal nos añade, al hablar de esa nueva derrota ética y jurídico-política que vive el mundo ante el crimen y las drogas, con la aparición histórica de la corrupción — añade quien esto escribe— crea problemas a escala del mundo. No olvidemos que el 1% de la población del planeta Tierra controla el 50% de la riqueza mundial. El combate a las drogas, por ello mismo, es indisociable de la creación verdadera del Estado de Derecho al servicio de los pueblos y no de minorías lamentables. alponte@prodigy.net.mx
No olvidemos que el 1% de la población del planeta Tierra controla el 50% de la riqueza mundial. El combate a las drogas, por ello mismo, es indisociable de la creación verdadera del Estado de Derecho al servicio de los pueblos y no de minorías lamentables.
Columna Sin Miramientos
Descalabros recurrentes al prestigio de las Fuerzas Armadas Por Marcos Marín Amezcua
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ace ya tiempo que algo no anda bien en las fuerzas armadas mexicanas. Las denuncias crecen, las evidencias asoman, las exigencias de claridad y transparencia arrecian enfiladas hacia ellas, a la par de su desatención, desoídas, minimizadas o negadas las más —en colusión con la tardanza y lentitud en la actuación de las autoridades civiles y militares correspondientes— y ante el ya insostenible e incomodo silencio desde ellas, que apenas si se torna en balbuceo, mientras la sociedad observa; y en tanto surgen airados defensores civiles de ellas, que endurecen sus alegatos en pro de su buen nombre, mezclando sórdidos, alaban su enorme labor de asistencia a la Patria —que nadie cuestiona— con incidentes deplorables y vergonzosos que las señalan y cada vez más. Pero si cada denuncia es un descalabro, no proviene de la denuncia —ni gratuita ni a priori infundada— sino del hecho denunciado, no lo perdamos de vista, porque direcciona dónde yace la responsabilidad de las fuerzas armadas. Cúmulo contrario a su espíritu de servicio y de lealtad a la Patria, cuando merecen atenderse porque nada más dañino habría al buen nombre de las fuerzas armadas que desatender las denuncias. Eso sí que les sería perjudicial y no las denuncias en sí. Se compromete a los cuerpos castrenses a impedir investigaciones que conduzcan a la verdad y a la impartición de justicia o a retrasarlas, cosa preocupante en una democracia que clama por la transparencia y el apego a la ley. Pásese de los discursos a los hechos bajo la mirada atenta y vigilante, cuando no denunciante, del pueblo de México al que se deben las fuerzas armadas mexicanas que con
sus impuestos las sufragan. Parece necesario tenerlo que recordar, nuevamente. Los ciudadanos no merecen ver mancillado un ápice el nombre de sus fuerzas armadas, que sostienen y nutren con apego y respeto, y esperan, eso sí, que aquellas se conduzcan en todo momento apegadas a derecho, sin obstruir la justicia y asuman sus responsabilidades, porque a él se deben y de ellas el pueblo de México espera todo. Nombres como Apatzingán, Tlatlaya, Ayotzinapa, Calera, Tanhuato y Aquila ni son inventados ni puede minimizarse lo que allí sucedió. Debe probarse, desde luego. Debe de precisarse las responsabilidades puntuales de los que sí y de los que no las tienen, pero nunca pasarse por alto e inquieta y ofende la lentitud de la reacción proactiva que cabría esperar de las fuerzas armadas, que actúan, acaso, cuando la denuncia crece contra sus miembros y no por emprender por sí mismas acciones contundentes que no dejen duda de su imparcialidad y de su voluntad de transparencia. Ante el exasperante silencio reiterado del Ejecutivo Federal —jefe supremo de las fuerzas armadas— ha tenido que salir al paso el propio secretario de la Defensa Nacional, que no puede hablar por todas las fuerzas armadas, pues queda fuera de su ámbito legal de competencia la Marina (y la no independencia de la Fuerza Aérea es una asignatura pendiente de nuestra democracia en materia militar, que de momento no es tema de la presente entrega) pronunciándose de forma cauta, ya no quejándose, ya no refunfuñando de los señalamientos crecientes, como antes sí lo hizo el secretario de la Marina, en desafortunadas declaraciones.
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En efecto, el 27 de julio de 2015 el general Cienfuegos ha expresado palabras duras, que no pasan desapercibidas, advirtiendo que aquellos militares que “por acción u omisión atenten contra la vida, la seguridad, la integridad y el patriotismo de las personas [serán] llevados ante las instancias jurídicas correspondientes […] las fuerzas armadas seguirán acompañando a México con honor, lealtad y compromiso… (y rematando, dijo) aspiramos a seguir siendo un pilar fundamental del desarrollo […]”. Asumirlo abiertamente es un avance enorme, pero insuficiente. Las fuerzas armadas requieren demostrarlo en los hechos. No sólo con instancias fiscalizadoras, sino con castigos públicos ejemplares y además, legales, congruentes con los altos valores que las sustentan y legitiman, y que casan perfectamente con los propios de nuestra democracia. Que sean congruentes en cuatro vertientes sencillas, pero ineludibles: a) al favorecer la transparencia en toda investigación que las involucre, particularmente a las que están bajo su mando; b) castigando a los responsables en cada caso enlistado; c) sin miramientos ni evasivas legaloides y menos omitiendo el mandato constitucional que precisa que en delitos que involucren paisanos, prevalecerá la ley civil a la militar y, d) permitan la auscultación desde organismos internacionales, a los que hasta ahora se les ha negado el acceso a cuarteles y apenas si les han atendido, a juzgar por las reticencias y evasivas de las autoridades mexicanas, civiles y militares. La dilación en atender y resolver cada caso enunciado sería un desacato que traicionaría las palabras del secretario, consolidando un clima de impunidad que no necesitan ni merecen el pueblo de México ni sus fuerzas armadas. Resultaría inadmisible y altamente provocador hacerlo. No cabe la evasión. Porque los recientes sucesos enlistados citando los escenarios involucrados, hablan de un desorden en las fuerzas armadas; porque no puede concederse que sea una política sistemática. El desorden es la antítesis del orden que representan los cuarteles. Siendo como lo es, entonces poner orden conforme a derecho donde prima el desorden, se antoja apremiante, urgente, para nuestro cuerpo castrense. Nada más contrario a su naturaleza que estar tropezándose tiro por viaje con incidentes que mancillan su buen nombre. Ese que se pone en entredicho ante un mal ejercicio por parte de algunos de sus miembros. Atribuciones para preservar la seguridad nacional las tiene y no puede consentir que el desorden contrario a su naturaleza le esté ganando la partida. Una democracia no puede permitirse ni la simulación ni la impunidad ni mucho menos el sometimiento del poder civil, lo cual podría favorecer, por activa o por pasiva, la impunidad.
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Columna Brújula Pública
La batalla por los secretos Por Rodolfo Aceves Jiménez
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arece que los cables de Wikileaks en 2009 cobran nuevamente vigencia, al señalar que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) “carece de la capacidad para dirigir con efectividad el proceso (de inteligencia) entre dependencias, particularmente cuando se incluye a gigantes institucionales como la SSPF […] La incapacidad del Cisen para funcionar hasta ahora como un líder real en las operaciones de inteligencia y análisis, ha dejado a México sin un coordinador intergubernamental efectivo”. El modelo institucional que esta administración implementó para las funciones del Cisen incluye, reincorporarse a la Secretaría de Gobernación (Segob) por la vía de
La corrupción, como lo advirtió el Secretario de Defensa al señalarlo como problema de seguridad nacional, no debió permear en mandos medios o superiores que relajaron la disciplina y consintieron el escape de Guzmán Loera.
la Comisión Nacional de Seguridad, es decir, una concentración de poderes al eliminar la Secretaría de Seguridad Pública, invocada recientemente con motivo de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La recopilación de información y su procesamiento, a fin de aportar análisis y diagnósticos a los tomadores de decisiones, son funciones del Cisen, pero distintas de las funciones policiales a cuya naturaleza pertenece la Policía Federal. Al Cisen le asignaron la tarea de vigilar los centros penitenciarios, desplazando al ejército de estas funciones, y por tanto, el poder civil se encontraba vulnerado a la corrupción. A pesar del anuncio al inicio de este sexenio que hizo Manuel Mondragón, excomisionado Nacional de Seguridad, Plataforma México no se desmanteló del todo. Diseñada como una gran base de datos criminal para desplegar en tiempo real información proveniente de los C-4 de las policías de los Estados, Plataforma México siguió informando al siguiente nivel de autoridad, sobre los movimientos de los criminales. A lo anterior debe sumársele la nula experiencia del titular del Cisen, Eugenio Imaz, quien parece que no ha sabido estar a la altu-
ra para sostener un sistema de inteligencia y contrainteligencia civil, capaz de generar información para ser consumida por las instancias de seguridad nacional que la Ley establece: Defensa, Marina, Relaciones Exteriores, Hacienda y la misma Segob. Quizás Imaz no sea el responsable del malogrado estado en que se encuentre la inteligencia en México, cuyos consumidores de información parece que no confían en los productos generados por el Cisen, pero debería informarle al Presidente el verdadero estado en que se encuentra la inteligencia mexicana. Ejemplos sobran. La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) producida por el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, debió prever escenarios políticos y sociales, como Tlatlaya, Ayotzinapa u Ostula, para evitar su realización o aminorar sus consecuencias a la mínima expresión. Esta ANR es el documento que identifica riegos y amenazas a la seguridad nacional. La corrupción, como lo advirtió el Secretario de Defensa al señalarlo como problema de seguridad nacional, no debió permear en mandos medios o superiores que relajaron la disciplina y consintieron el escape de Guzmán Loera. Es más, ni siquiera el Cisen debió de hacerse cargo, ya que se desvió la naturaleza de sus funciones. Luego entonces, si en la ANR no están contemplados con base al análisis de la información, los eventos que puedan generar crisis, políticas, económicas o sociales, es que alguien en la cadena de consumo de información no hizo bien su trabajo y, por omisión, no se advirtió del riesgo que representaba el contenido de la información, o bien fue subestimada como si se tratara de una reunión de amigos de preparatoria y, por tanto, solamente se le dio un valor por la conveniencia política de divulgarla. Aquí se incluye al Poder Legislativo como corresponsable por Ley del consumo de esta información. *Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México racevesj@gmail.com Twitter: @racevesj
Artículo
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Urge la ley de seguridad interior y exterior del Estado mexicano Por Jorge Nuño*
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s de todos sabido que las Fuerzas Armadas Mexicanas son instituciones creadas por voluntad expresa del pueblo para garantizarle su seguridad, tanto de índole exterior como para el mantenimiento del orden interno de nuestro país, y así lo ha decretado expresamente en la Constitución Política que nos rige, en donde se ha establecido, tanto el número de estas organizaciones castrenses como a quien le corresponde su regulación jurídica, y así ha determinado que sean sus representantes legales, los individuos que conforman el Congreso de la Unión, quienes realicen tal actividad y ha dispuesto: “Artículo 73.- XIV. [...] levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio”. Por otra parte, también nuestro magno ordenamiento jurídico le ha impuesto a las instituciones marciales la obligación de velar por la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, y para cumplir con dicha obligación le ha otorgado al Presidente de la República, en su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y dentro de las atribuciones que le han sido conferidas, la facultad de disponer de la totalidad de la fuerza armada federal para realizar tal función. Según lo establece el Artículo 89 Constitucional en su fracción XIV. Estas fuerzas militares no actúan con absoluta y total libertad, y menos en forma arbitraria, toda vez que rigen su comportamiento cotidiano por las disposiciones contenidas en las Leyes de Disciplina y sus reglamentos, y cuando alguno de sus elementos deja de cumplir con las obligaciones que le han sido impuestas, puede hacerse acreedor a una pena, según lo preceptúa el Código de Justicia Militar; ordenamiento publicado en 1934, y que sin lugar a duda requiere de un estudio profundo, para determinar si debe ser modificado, o bien mantenerse como actualmente aparece redactado. En tal orden de ideas, mucho se ha hablado en pro y en contra de las actividades que desarrolla en la actualidad el personal de tales fuerzas, mismas que han pagado una factura muy cara al realizarlas, en virtud que
de acuerdo con datos recientes más de un centenar de individuos con diversos grados militares han fallecido en acciones diversas, quienes han sido agredidos por grupos delincuenciales, y que salvo escasas excepciones la sociedad ha reconocido el sacrificio de estos militares caídos en cumplimiento de sus deberes en misiones de seguridad pública, tareas que están sujetas a un escrutinio general de la colectividad y revisión sobre la legalidad de las mismas. Estas instituciones han trabajado bajo viento y marea, en medio de presiones de actores perversos que tratan de desprestigiarlas, y como todos sabemos, en realidad son las principales garantes de la seguridad interior de la Nación, pero algunos sectores de la sociedad con ánimo crítico negativo les pide el respeto a las leyes y la preocupación para que no vulneren los derechos humanos, en tanto les exige eficiencia en su actuación, cuando así conviene a sus intereses. Sobre este tema, debe asentarse que el Ejército ha tomado con seriedad esta obligación, exigiendo a sus elementos respetar y hacer respetar estos altos valores en toda su estructura. Es del dominio general de la población que la seguridad pública ha sido vulnerada en muchas regiones del país, y que las autoridades estatales o municipales, por omisión, incapacidad, y en algunas ocasiones por colusión, han sido totalmente rebasadas por las actividades ilícitas de diversos grupos delictivos, y en multitud de ocasiones su actuación ha sido insuficiente para garantizar
la paz. En estos casos el Ejército, sin titubeos y sin cansancio, ha enfrentado en medio de vacíos y confusión legal el fortalecimiento de la seguridad interior de nuestro país, cubriendo así los vacíos que han dejado las autoridades a quienes en principio, les corresponden esas tareas. En múltiples ocasiones, sin fundamento y sin pruebas, y solamente con el ánimo de desprestigiarlo, se ha afirmado que el Ejército es un violador contumaz de los derechos y garantías fundamentales de los habitantes del país, olvidando que esta institución en esencia es, el pueblo en uniforme. La ciudadanía en general tiene absoluta y total confianza en el Ejército, que en ningún caso ha abusado de su fuerza cuando en cumplimiento de órdenes recibidas ha operado en forma legítima y totalmente legal para mantener el orden o restaurarlo en caso necesario, en los casos en los cuáles las autoridades locales las más de las veces han sido superadas. El Ejército no actúa de mutuo propio, lo ha hecho siempre previa solicitud de las auto-
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ridades estatales competentes, mismas que en múltiples ocasiones no pueden hacer frente con sus cuerpos de seguridad para desactivar a las bandas de criminales despiadados que se han convertido en el nuevo flagelo de la sociedad, generando miedo y terror en diversas poblaciones a lo largo y ancho del país. Situación que acontece en forma cotidiana, y que es del conocimiento general del país, a través de noticias periodísticas o televisivas. Desde su origen, estas fuerzas cuentan con una misión a realizar y su filosofía es la de no invadir o interferir en las funciones de las autoridades civiles, y mucho menos violentar los derechos humanos. Así lo preceptúa el artículo 29 del Reglamento General de Deberes Militares que textualmente dispone: “Los militares de cualquier graduación, no intervendrán jamás en asuntos de la incumbencia de las autoridades civiles, cuyas funciones no les es permitido entorpecer, antes bien, respetarán sus determinaciones y les prestarán el auxilio necesario, cuando sean requeridos siempre que reciban órdenes de la autoridad militar competente”. Y en cuanto a los derechos de las personas, existe el afán de protegerlos y por ende observar la Constitución y las leyes ordinarias. El despliegue actual de tropas en todo el territorio nacional, sin descanso, ha sido en cumplimiento a órdenes específicas de sus altos mandos y sin duda alguna su objetivo no es gobernar ni suplir a ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno, sino apoyarlos,
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restableciendo el orden y el imperio de la ley, y concluida dicha misión regresar a sus cuarteles, generando condiciones que permitan el progreso de la Nación y resguardar a las autoridades democráticas. El acto anterior no resulta ser una novedad, en épocas anteriores cuando nuestra Patria se encontraba en período de consolidación como un Estado moderno y democrático, después de la lucha revolucionaria, en la década de los años cuarenta, en muchas poblaciones de la República que carecían de policía, el Ejército vigilaba el orden, lo mismo hacía en caminos y custodiaba los ferrocarriles que conducían personas y valores, y jamás hubo un acto que violentara el buen funcionamiento de los gobiernos civiles. Por el contrario sus actividades permitieron que nuestro país avanzara hasta el sitio que en la actualidad se encuentra. En algunos foros a los cuales se me ha invitado, he expresado mis convicciones en torno a las fuerzas armadas y su desempeño en funciones de seguridad pública, y he afirmado, en contra de todas las opiniones tendenciosas y sin fundamento el hecho que: “el Ejército a fin de cuentas es el garante del orden constitucional, la paz y la seguridad nacional”. Y dentro de tales actividades es obligación constitucional del Ejército mantener el orden interno para que así exista armonía entre los pobladores y con ello absoluta paz y respeto total de los derechos humanos de los mismos.
El artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos dispone que a estas instituciones castrenses les corresponde, además de su función prioritaria de defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación, las siguientes misiones: Garantizar la seguridad interior, del estado mexicano; auxiliar a la población civil, en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastres prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectada. Una correcta lectura de los anteriores conceptos necesariamente nos conduce a la conclusión que tres de las últimas actividades o misiones, tienden fundamentalmente a mantener un ambiente de seguridad en el país a efecto que la sociedad que en él habita se encuentre libre de daño o riesgo; esto es en esencia el mantenimiento del orden interno y con ello se garantiza la seguridad interior del Estado Mexicano; en términos similares está redactada la normatividad de la Armada de México o marina de guerra, como la denomina la Constitución. En la actualidad todas las instituciones del país y en particular las Fuerzas Armadas están obligadas a cumplir con sus responsabilidades como son la lucha en contra del narcotráfico, el combate a la delincuencia organizada, el apoyo a la población civil en caso de desastres naturales (PLAN DN-III-E) que,
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insistimos, son acciones encaminadas a mantener la seguridad interna evitando así severos perjuicios a la colectividad, como serían en los casos de desastres ocasionados por la naturaleza, la propagación de enfermedades o el fallecimiento de personas, por falta de auxilio oportuno, la vigilancia de sus hogares para evitar saqueos y otras acciones; actividades en las cuales el personal militar todos los días libra una gran batalla, en muchas ocasiones sin armas, y que involucra en múltiples ocasiones una parte importante de sus efectivos material y personal, con una fe plena en su sentido humanista para preservar el bien más valioso, después de la vida, como son la defensa de la seguridad e integridad de la nación, del orden constitucional y las instituciones jurídicas. Diversos ordenamientos constitucionales establecen las normas y principios por los cuales deben transitar las fuerzas armadas para cumplir con sus altas misiones, como es el caso del artículo 13 de nuestra carta magna, el cual preconiza la subsistencia del fuero de guerra, para los delitos y faltas en contra de la disciplina militar, estableciendo dicho ordenamiento que los tribunales militares por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan a dicha institución, y en caso dado de la comisión de un delito o falta del orden militar que estuviese involucrado un paisano o civil, conocerá del caso la autoridad civil correspondiente lo cual sin duda es una garantía a la sociedad para evitar atropellos o excesos de la jurisdicción militar en contra de ciudadanos civiles. El precepto legal antes mencionado, además de la garantía que confiere a los ciudadanos no militares para ser juzgados por los tribunales civiles aun en los casos en los cuales pudiesen cometer delitos marciales, implica necesariamente un principio de seguridad interior de la Nación toda vez que impide que la autoridad militar juzgue actos ilícitos cometidos por personas ajenas al ámbito castrense. Aun cuando tales acciones pudiesen afectar la disciplina militar. Con respecto al tema del fuero de guerra, procede mencionar que es el Código de Justicia Militar el que regula la organización y funcionamiento de los citados tribunales, y dentro de tal ordenamiento el artículo 57 establecía que en todos los casos en los cuales el personal militar, en actos propios del servicio o como consecuencia de ellos, cometiese delitos del fuero común o federal, conocería del asunto la justicia marcial. Dicho artículo fue reformado recientemente por sentencia de los tribunales internacionales, y considero que tal reforma reblandeció la estructura de mando y afecto gravemente la moral del personal de las fuerzas armadas. Por lo que el reto es profesionalización.
Pensando en la seguridad interior de la nación, es menester subrayar el mandato del artículo 35 de nuestro ordenamiento supremo, el cual establece que: dentro de las prerrogativas de los ciudadanos mexicanos, está la de poder tomar las armas en el Ejército y la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones de acuerdo con las leyes correspondientes, mismas que en relación con la segunda de las instituciones mencionadas, en la actualidad no existe. Con apoyo en dicho precepto sería benéfico analizar la conveniencia de actualizar y regular la Guardia Nacional, la cual solamente existe en el texto constitucional, a efecto de que además de su función de apoyo a las fuerzas armadas permanentes, también desempeñara algunas actividades de seguridad interior en cada una de las entidades federativas. Interpretando que la soberanía nacional emana y reside originalmente en el pueblo, corresponde a éste defender también el bien supremo del Estado mexicano y que es la soberanía, misma que en la actualidad en múltiples ocasiones se ha visto seriamente afectada por las actividades ilícitas de diferentes grupos que de manera constante trastornan la paz y tranquilidad de la población y, que entre otros elementos, es la principal finalidad del mantenimiento de la seguridad interna de todo Estado. Con apoyo en los anteriores argumentos y a manera de propuestas, formulo las siguientes sugerencias y conclusión: Es menester repensar con seriedad y en honor a la verdad, que el mejor regalo que les podemos proporcionar a nuestras instituciones castrenses será otorgarles un marco jurídico adecuado, arquitectura en la cual puedan cumplir con toda claridad sus tareas e importantes misiones y que esto redunde en el fortalecimiento de la seguridad interior del
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estado; sabedores que actualmente estas funciones no las pueden realizar a satisfacción, las fuerzas policiacas de las diferentes entidades federativas, toda vez que la mayoría de ellas se encuentran inmersas en una profunda crisis y en descomposición, con un amplio rechazo de la colectividad, generando con esto un profundo vacío que agobia actualmente a nuestro país. A manera de conclusión y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 129 Constitucional, el cual establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podrá tener más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina marcial, resulta indispensable que el Poder Legislativo estudie con detenimiento el problema existente y elabore una Ley reglamentaria que precise las diferentes funciones que deben desarrollar las instituciones castrenses en sus múltiples actividades de mantenimiento de la seguridad interior del Estado Mexicano; ello, a efecto de evitar los constantes, aun cuando muchas veces infundados ataques que se le han formulado a las fuerzas militares de nuestro país, en su necesaria intervención para preservar la paz y tranquilidad a la que los mexicanos aspiramos. * Se desempeñó como militar auxiliar del Presidente de la República entre 1970-1976; abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM; representante ante la Comisión Económica para África, ONU, Addis Abeba, Etiopia e igualmente para la Comisión Económica para Europa, ONU, Ginebra, Suiza y ante la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Santiago de Chile. Igualmente participó en el Consejo Económico y social de las Naciones Unidas, New York y en la Unesco París, Francia. Es representante ante el Sistema Económico Latinoamericano (CELA), con sede en Caracas, Venezuela y representante ante la Casa Jean Monnet (París-Unión Europea).
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