Jueves 8 de Octubre, 2015
Carlos Ramírez
Apareció el peine de la CIDH: Ejército, Corte Penal y Ebrard
Carlos Ramírez
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etrás de la presión inusual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-OEA sobre México por el caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa se localizan tres elementos políticos de largo alcance: 1.- A pesar de que México ya cumplió con los compromisos para desmilitarizar la justicia militar involucrada con civiles y acotar el fuero castrense, la intención del grupo de investigadores de la CIDH es la de sentar al ejército en el banquillo de los acusados, a pesar de que todas las evidencias periciales involucran a políticos municipales y estatales del PRD. El objetivo es sacar al ejército de la seguridad interior para que EE.UU., que controla la OEA, abra su paraguas militar sobre México. 2.- La meta final de la CIDH de la OEA es la de obligar a México a aceptar sus conclusiones aunque sean políticas y luego llevar el caso de IgualaCocula-Ayotzinapa a la Corte Penal Internacional contra el Presidente de México. Ya lo intentaron en otros casos con Ernesto Zedillo y con Felipe Calderón. La CIDH puede acusar a México de no cumplir con sus compromisos con este organismo, reabrir el caso Ayotzinapa en función sólo de sus intereses y poner a los investigadores de este organismo como testigos de cargo. 3.- Detrás del activismo antisistémico de Emilio Álvarez Icaza, en su tarea simultánea de liderar víctimas y representar la “objetividad” tramposa de la CIDH, se localiza nada menos que Marcelo Ebrard Casaubón, ahora en el exilio francés por irregularidades en obras en el GDF que pudieran llevar a que se ordene su aprehensión. Icaza y Ebrard coincidieron en el DF en 2006-2009 y los dos se sienten traicionados por el sistema priísta y por compromisos, según ellos, incumplidos por el presidente Peña Nieto. Ebrard ha sido señalado como la mente estratégica en la revelación de la “casa blanca” y culpa de su exilio al Presidente de la República. Y Álvarez
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Carlos Ramírez
Icaza dijo haber tenido el apoyo del entonces gobernador Peña Nieto para la CNDH, pero a última hora el PRI votó por Raúl Plascencia. Las tres acciones en torno al caso IgualaCocula-Ayotzinapa forman parte de una ofensiva estratégica contra el Estado mexicano, sus instituciones fundamentales —sobre todo las fuerzas armadas como la última línea de defensa de la seguridad nacional— y el gobierno priísta. Detrás del operativo se localiza el sistema de inteligencia, seguridad nacional, espionaje y estructura militar de EE.UU. que busca engullirse a México y liderar desde Washington la lucha contra el narcotráfico no para liquidarlo o acotarlo, sino para hacerlo funcional a los intereses estadunidenses de consumo de drogas.
La reorganización del enfoque de seguridad nacional de Washington tiene que ver con el regreso de la guerra fría EE.UU.-Rusia-China y la penetración islámica, china y rusa en América Latina. Este nuevo escenario fue el que apresuró a Barack Obama a reconocer a Cuba, aprovechando el estado geriátrico de Fidel Castro y su urgencia en encontrar una salida al hundimiento de Cuba en la pobreza. Al recuperar a Cuba para los intereses geopolíticos de EE.UU. y congelar el activismo regional de Fidel, Washington afectó a la zona de influencia de Castro: Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. El endurecimiento de México al acoso inusual de la CIDH mostró que el juego geopolítico de los derechos humanos ha sido descubierto.
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