CEPSAL y GTAI ante injusta detencion de los caciques Yukpa Sabino Romero Olegatorio Romero y indigena Wayuu Alexander Fernández Por Anzoateguivive • 1 ago, 2010 • Sección: Tribuna Abierta
Merida: El CEPSAL y el GTAI en uso de las atribuciones y obligaciones que como entes universitarios y académicos tienen asignados por ley, en materia de docencia, investigación y extensión, con estupor, impotencia y asombro, ante lo que está ocurriendo con los Caciques Yukpa Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y el indígena Wayuu Alexander Fernández, se pronuncia de nuevo públicamente para manifestar lo que sigue: Resulta inconcebible e inaudito, fuera de todo cálculo legislativo constituyente, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en materia de derechos indígenas, se esté desmembrando por la incompetencia de los órganos administrativos de justicia en el país. Que a cuatro meses y medio de haber sido introducido un Recurso de Amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por parte de los abogados defensores de los indígenas, resulta insólito que este órgano en vez de avocarse a sentar jurisprudencia echando a andar los derechos indígenas reconocidos, decida a través de la Sala Penal la radicación del juicio del Estado Zulia al Estado Trujillo. Por si fuera poco el estado de indefensión de los familiares de estos indígenas, a la seguidilla de obstáculos interpuestos por el sistema judicial venezolano, se le agrega uno nuevo trasladando el juicio a un Estado ajeno a cualquier acontecer en la materia. De la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción militar, de la jurisdicción militar a la jurisdicción del olvido, es lo que se pretende con esta perversa decisión que toma la Sala Penal del TSJ. Aún no hay un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, es decir, la necesidad de crear las condiciones a través de lo que podría ser una decisión histórica de un tribunal superior de Estado, en torno al significado de una jurisdicción indígena reconocida constitucionalmente. Una decisión de tal magnitud y de tal profundidad, no sólo cumple con el cometido de un órgano judicial en cuanto a interpretar el derecho constitucional consagrado, sino sobre todo, crearía las mejores condiciones para que el derecho reconocido no sea derecho muerto. Diez años han transcurrido de emergencia de nuevos derechos, de reconocimiento de los mismos así como de avance y ampliación del catálogo de derechos humanos existentes, en el seno de la CRBV. No obstante, los pueblos en general y los pueblos indígenas en particular, están conscientes que derecho que no anticipa y que no es creativo, no es derecho sino norma caduca. A diez años de revolución los principios constitucionales reconocidos se asemejan más a norma anquilosada que a derecho nuevo. La CRBV corre el riesgo de sucumbir frente a las instituciones judiciales encargadas de administrar justicia, de destrabar la norma y de empujar el derecho hacia materializaciones concretas. Las instituciones judiciales no comprenden aún que el derecho nuevo y emergente requiere también de una nueva institucionalidad, pero sobre todo, de un nuevo individuo administrador de justicia que acompase el tiempo jurídico con el tiempo histórico.
El Estado Social, Democrático y Justicia de Derecho sigue impedido y corre el riesgo de ser aniquilado por la desidia implícita en nuestro Estado, revolucionario en el discurso pero liberal en sus acciones. En Mérida a los 29 días del mes de julio de 2010 Profesor. Vladimir Aguilar Castro Coordinador CEPSAL-GTAI aguilarv@ula.ve EL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES DE AMERICA LATINA (CEPSAL) Y ELGRUPO DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDIGENAS (GTAI) DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA) ANTE LA INJUSTA DETENCION DE LOS CACIQUES YUKPA SABINO ROMERO IZARRA, OLEGARIO ROMERO Y EL INDIGENA WAYUU ALEXANDER FERNANDEZ