Proceso 14 Agosto 2011

M É X IC O / E STA D O S U N I D O S

l consentimiento del gobierno de Felipe Calderón para una creciente operación de agentes de Estados Unidos en México incentivó a especialistas militares de ese país a promover un cambio –de Irak y Afganistán a México– en sus prioridades estratégicas para enfrentar “la guerra multidimensional” que representa el combate al narcotráfico.

Profesores e investigadores del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, del Comando Norte, de la Universidad Militar Americana y del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo buscan que la administración de Barack Obama sustituya la Iniciativa Mérida por uno de mayor alcance que considere al narcotráfico en México como un importante “riesgo estratégico” para la seguridad estadunidense.

Concentrados en el análisis de lo que definen como “delincuencia de alta intensidad” que se debe combatir con “campañas de contrainsurgencia” a cargo de las Fuerzas Armadas, los especialistas han publicado

E

sus trabajos a título personal en Small Wars Journal (http://smallwarsjournal.com), “un sitio no gubernamental, oficial o corporativo” administrado por la Small Wars Foundation, creada por integrantes de los cuerpos de marina para promover la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos.

Desde el año pasado, pero con más frecuencia en lo que va de 2011, el sitio ha publicado análisis sobre la decisión de Calderón de incrementar la presencia de Estados Unidos en la guerra que le declaró al narcotráfico al inicio de su administración, en diciembre de 2006, y que desde entonces ha dejado más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y numerosos desplazados.

A diferencia de organismos internacionales que se niegan a considerar la violencia desbordada en México como resultado de un conflicto interno, los especialistas estadunidenses la refieren como producto de un conflicto armado que ha dado lugar a una “guerra no convencional” en la que participa el Estado mexicano.

Los enfrentamientos que ocurren en la frontera común, la muerte de algunos ciudadanos estadunidenses y las improvisa-

ciones tácticas, como los “narcotanques” o “monstruos” de Los Zetas, los lleva incluso a proponer que se creen “las condiciones militares necesarias” para garantizar la seguridad y el gobierno en México.

Robert Culp, un oficial de carrera del ejército de Estados Unidos experto en operaciones especiales y conflictos de baja intensidad, propone de plano que el narcotráfico se combata con tácticas contrainsurgentes, pues el crecimiento del narco afecta la soberanía y seguridad de México, pero sobre todo los intereses vitales de Estados Unidos.

“Contrainsurgencia” En Estrategia para la contención militar de operaciones de droga, publicado por Small Wars Journal en enero de este año, Culp critica que la Secretaría de la Defensa no aplique una misión tipo contrainsurgencia.

Dice que el gobierno mexicano debe tomar un enfoque “de gobierno completo” y combatir la amenaza de las drogas como si fuera una insurgencia activa. En términos castrenses especifica que “el terreno clave” en la lucha antidrogas es la pobla-

Diagnóstico en Washington

Sin duda, México está

en guerra Los halcones estadunidenses de la guerra consideran que Al Qaeda y el Islam radical ya no son amenazas tan graves, razón por la cual están volando sobre México. Alentados por la permisividad del gobierno de Felipe Calderón, especialistas de las principales escuelas militares de Estados Unidos esgrimen el término “narcoinsurgencia” para proponer que México combata más decididamente al crimen organizado... y si es con ayuda de sus tropas, mejor. El “imperativo estratégico”, aseguran, debe cambiar de Irak y Afganistán a México, donde hay, afirman, una “delincuencia de alta intensidad” que debe combatirse con “campañas de contrainsurgencia”.

ción: “Las fuerzas de seguridad mexicanas deben separar a la población de los grupos de narcotraficantes y dar seguridad a la población, mientras los gobiernos usan todos los elementos de su poder nacional para restaurar los servicios esenciales y cumplir con sus necesidades básicas”.

Asegura que si el gobierno mexicano sostiene una “campaña contrainsurgente” efectiva contra los cárteles de la droga, las “aterrorizadas comunidades” pueden, tarde o temprano, reducir la narcopropaganda y los prospectos para el reclutamiento.

Una de las posiciones más extremas es la de Johnny M. Lairsey Jr., especialista en planes del Comando Norte, fuerza militar estadunidense encargada de la seguridad de Estados Unidos que abarca Canadá, México y parte del Caribe.

En su texto ¿Una estrategia para México?, Lairsey propone que ante las condiciones de violencia en este país, Estados Unidos “debería hacer valer sus poderes nacionales para derrotar a las organizaciones de delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones en México”. Las Fuerzas Armadas constituyen uno de esos “poderes nacionales”.

Explica “cuatro razones” por las que México debe ser visto como una preocupación para su país: El desborde de la violencia hacia Estados Unidos, la extensión de la corrupción en México, el impacto en el Producto Interno Bruto de los dos países y posibles ataques desde áreas sin gobierno en México. Cada una de ellas, dice, tiene “la posibilidad latente de desarrollarse y amenazar la soberanía de Estados Unidos”.

Como ejemplos menciona el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Arizona, en diciembre de 2010; el ataque en agosto de ese mismo año a la Universidad de Texas en El Paso desde Ciudad Juárez, las “muchas áreas” donde las organizaciones delictivas tienen más autoridad que las autoridades mexicanas y la presencia de organizaciones de la delincuencia trasnacional en 230 ciudades estadunidenses.

Ante lo que define como un “riesgo estratégico significativo” para Estados Unidos y después de lo que considera como “éxito limitado” de la Iniciativa Mérida y su ampliación hecha por el exembajador Carlos Pascual, más allá de la Iniciativa Mérida, propone “maximizar el uso de los

poderes nacionales” de su país. Eso supone estrategias y no planes para “derrotar a las organizaciones de delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones existentes en México”.

Paul Rexton Kan, profesor asociado de Estudios de Seguridad Nacional y de la cátedra Henry L. Stimson de Estudios Militares en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, es también un crítico de la Iniciativa Mérida, a la que responsabiliza de haber originado un “punto muerto” entre las autoridades del Estado mexicano y los cárteles de la droga.

“Como en cualquier guerra, un punto muerto puede ser particularmente peligroso en tanto que cada una de las partes intentará incrementar los niveles de violencia”, dice quien de acuerdo con Small Wars Journal recientemente fue asesor antinarcóticos en el cuartel general de la Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional de la OTAN en Kabul, Afganistán.

“La continua confianza del gobierno mexicano en los militares para objetivos no militares ha llevado a ese punto muerto estratégico” e intentar romperlo “puede tener el efecto irónico de provocar el fin de Eduardo Miranda

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Foto: Especial

M É X IC O / E STA D O S U N I D O S Tales “empresarios violentos”, dice, usan la fuerza como una extensión de sus ganancias, lo que explica la “limpieza delictiva” en la que los cárteles han ordenado a los habitantes de algunos poblados abandonar sus lugares bajo amenaza de muerte.

El miedo a los “monstruos”

la Iniciativa Mérida y de ese modo profundizar la crisis en México y crear aún más dilemas para Estados Unidos”, escribe en el texto ¿México: el narco accidental?.

“Aunque ha detenido a jefes del narcotráfico, el gobierno mexicano no ha sido capaz de afectar sustancialmente a los cárteles para reducir sus niveles de violencia o sus operaciones de trasiego de enervantes”, afirma Rexton, quien también ha hecho investigación en la frontera común.

Advierte que en el caso de los cárteles, al intentar acabar con ese “punto muerto” incrementarán su violencia contra las autoridades, por lo que puede sobrevenir el síndrome de “narco por accidente”; es decir, que el gobierno mexicano se convierta “en un tipo de cártel de cumplimiento de la ley”.

Más aún, advierte que tentado a mostrar a Estados Unidos y a los mexicanos una disminución de la violencia puede optar por coludirse con algunos de los cárteles menos violentos para obtener inteligencia e información y usarlas contra los más violentos.

En ese caso, “el gobierno se convierte en un ala armada de los cárteles al actuar contra sus rivales y detener a sus miembros”.

Para apoyar esa idea refiere el autobomba que explotó en Ciudad Juárez en julio de 2010 y con el que el cártel local acusó a la Policía Federal de apoyar la llegada de la mafia de Sinaloa. También cita las mantas que han aparecido en el lugar contra la DEA y el FBI por la misma razón. Prevé que si los cárteles afectados consideran que Estados Unidos apoya a México en esa posición, podrían atacar, incluso en alianza, intereses estadunidenses.

“Pax narcótica” Aunque Calderón reconsideró su término de “guerra al narcotráfico”, Rexton sostiene que el “mosaico de la guerra de cárteles” es un proceso para que algunos o uno de ellos consolide a las varias facciones y 8

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bandas “que ahora son ineficientes para el hipercompetitivo mercado de narcóticos ilegales”.

Se adhiere al escenario de que la nueva federación de cárteles del Golfo y de Sinaloa pueden dominar a su rival, Los Zetas, y convertirse en una suerte de “concierto de cárteles de larga duración que actúe como un consejo de directores capaz de manejar las disputas del narcotráfico”.

Pero esa “pax narcótica”, dice, sería un paso en la dirección de hacer de México, de golpe, un narcoestado, lo que dificultaría las relaciones con Estados Unidos. Convencido de que se debe revisar la Iniciativa Mérida, dice que ésta será medida por contener o no la violencia de los cárteles.

El aporte de Estados Unidos a la iniciativa –mil 400 millones de dólares en cuatro años– sólo se justificará si contribuye a una mayor seguridad de los estadunidenses en su propio territorio y de aquellos que viajen a México, y si define qué tan fiable será México como socio para reducir la violencia y el tráfico de drogas.

Pero su futuro inmediato, asegura, depende de lo que pase en las elecciones presidenciales de 2012 en ambos países.

En otro artículo, México: un mosaico de la guerra de los cárteles, Rexton no deja lugar a dudas al considerar que el país está en guerra: “Una situación de delincuencia de alta intensidad no significa que no esté ocurriendo una guerra en México”.

Pero es una guerra diferente, no convencional: “Es multidimensional, de múltiples partes y múltiples locaciones de conflicto armado entre grupos criminales sobre lo que son esencialmente metas delictivas”.

Precisa que se trata de una guerra económica: “La delincuencia de alta intensidad ocurre debido a una guerra motivada por empresarios violentos que buscan imponerse unos a otros y hacer del Estado un mercado ilegal hipercompetitivo, con el objeto de controlarlo todo o en parte”.

Germán Canseco

Atentados. Pretexto intervencionista

La innovación táctica de Los Zetas, grupo fundado por desertores del Ejército mexicano, también lleva a los expertos estadunidenses a definir lo que ocurre en el país en términos de guerra. John P. Sullivan y Adam Elkus, en el texto Narcoblindaje en México, aseguran que hay una “carrera armamentista” de los narcotraficantes mexicanos.

A partir del descubrimiento de los “narcotanques” encontrados en Tamaulipas e identificados como “monstruos”, Sullivan –investigador del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo– y Elkus –analista de política exterior y seguridad– dibujan un inquietante escenario: la necesidad de “crear las condiciones militares necesarias” (en cursivas en el original) para la seguridad y el gobierno en México.

Sin abundar en qué consisten tales condiciones militares, los autores proponen que se estimulen las innovaciones necesarias para enfrentar lo que consideran una amenaza de guerra.

Aunque reconocen que tienen una capacidad limitada, los “monstruos” se ajustan a la categoría bélica de vehículos armados de batalla. Son tan flexibles que sirven en una combinación de fuego directo y transporte de tropas, como los “camiones de armas” utilizados en Vietnam contra Estados Unidos. Según los autores, en México tienen una ventaja sobre las po-

Napolitano. “Guerra multidimensional”

licías municipal y estatal y las unidades federales “de bajo nivel”.

En términos de guerra, dicen: “Las tácticas de los cárteles en México, que comenzaron con el asesinato y con misiones de incursión y que cerraron la brecha entre delincuencia y guerra irregular, se parecen cada vez más y más a las misiones combinadas convencionales de armas e infantería e infantería mecanizada”.

Con la idea que han expresado diferentes funcionarios estadunidenses desde 2009 –incluida la secretaria de Estado, Hillary Clinton– de que en México hay una narcoinsurgencia, Sullivan escribió otro artículo que firma con Robert J. Bunker, especialista en seguridad y formado en el Instituto de Ley de Guerra y la Asociación del Ejército de Estados Unidos.

En el texto Insurgencia delictiva en México: Red mundial y redes sociales, los autores aseguran que la guerra e insurgencia en Irak, Afganistán, el occidente de Pakistán y otros lugares donde hay operaciones locales llamadas outside contiguous representan menos riesgo que los altos niveles de lucha, establecimiento de enclaves delictivos y zonas de seguridad despobladas por los cárteles y el incremento de “narcociudades” en México, como Nuevo Laredo.

En una connotación más amplia los especialistas dicen que los cárteles y bandas de México, Centroamérica y crecientemente de Sudamérica se han transformado de entidades únicamente apoyadas en el tráfico a unas más complejas organizaciones delictivas diversificadas.

Aseguran que se trata de una “guerra asimétrica” que se deriva de una “insurgencia delictiva evolucionada” bajo el principio no sólo de corrupción y armas, sino también de operaciones de información y de una creciente forma desviada de espiritualidad, como en el caso de La Familia Michoacana y su derivación, Los Caballeros Templarios (Proceso 1814).

En otro texto, Bunker es aún más directo sobre las prioridades de Estados Unidos: “El imperativo estratégico de Estados Unidos debe cambiar de Irak y Afganistán a México”. Las Américas y la estabilización de Europa, titula el texto que presenta como “una súplica al gobierno de Barack Obama y a las dos cámaras del Congreso”.

Según Bunker –quien ha sido asesor de los departamentos de Seguridad Interna y de Justicia– los cárteles de la droga y las bandas del narco desde hace décadas han evolucionado, mutado y crecido en capacidad lo suficiente como para desestabilizar países como México, Guatemala y Honduras.

“Los cárteles de la droga y las bandas de narcos del continente, los de México como alta prioridad, ahora deben ser elevados a la categoría de amenaza estratégica número uno para Estados Unidos, en

tanto que la amenaza de Al Qaeda y el islam radical, si bien aún es significativa debe ser degradada a un segundo nivel.”

Insistente en México, dice que la amenaza dominante para Estados Unidos es el potencial de corrupción de las instituciones por parte de los cárteles mexicanos y bandas de narcos, seguida por la extensión de la violencia de la frontera.

Según Bunker, mientras Estados Unidos está bien preparado para enfrentar actos directos de violencia, “la utilización de las técnicas de violencia y corrupción

de los cárteles mexicanos (en Estados Unidos) trae un nuevo elemento que en la actualidad lo hace una amenaza más grande e insidiosa que la representada por Al Qaeda y sus socios islámicos radicales”.

Partes de México se han perdido y pueden o no ser recuperadas. Lo mismo se puede decir de algunas regiones de América Central y Colombia. Ante ello, propone un Plan de Defensa Hemisférica para las Américas, “una actualización de la Doctrina Monroe” que desde 1823 proclama el principio de “América para los americanos”.

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CO N A R C OT R Á F I C N O A/RCCHOT I HRUÁAFHI U A

...Y la narcoviolencia

De tiempo atrás, además de la miseria que asuela a su población, la sierra de Chihuahua se ha contagiado de la violencia que azota al país entero. En medio de la precariedad, los pobladores de la región, cada día más divididos, solos y lastimados, sobreviven a salto de mata en espera de que las autoridades los ayuden, como constató Proceso en un recorrido por la zona. Las mujeres se duelen no solamente por la muerte de sus compañeros a manos de sicarios de La Línea o del cártel de Sinaloa, sino por las vicisitudes que enfrentan para mantener a sus hijos.

se estableció en la

Patricia Mayorga / “Omnia”

Tarahumara

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IERRA TARAHUMARA, CHIH.- Recargada en la estufa de su cocina de rancho, la señora se tapa la cara para que no la vean llorar. Su hija embarazada estalla en lágrimas. La vecina que las acompaña se impone a su propia tristeza y continúa el relato entrecortado sobre lo ocurrido en esa casa tres meses antes, la noche que entraron siete, ocho hombres armados que dijeron ser policías, balearon al padre de familia, lo arrastraron al pórtico y se lo llevaron.

No saben si está vivo o muerto. No volvieron a verlo…

“Quedamos todos asustados porque lo atacaron aquí adentro. Acá estaba él tirado, lo sacaron afuera, creemos que muerto porque el piso quedó todo con sangre; allá lo esperaban otros”, dice la viuda, madre de tres menores.

–¿Ve esos agujeros? –agrega, al tiempo que señala hacia un rincón entre la estufa y la ventana–; son de los balazos que dispararon. Apenas tapé los hoyos con ce18

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mento porque ya no podía verlos: era mucho sufrimiento.

La noche en que se llevaron a su esposo nadie durmió en ese caserío rural con valles arbolados y un río dignos de postal: los falsos policías, en su orgía de sangre, arrancaron de sus casas a otros dos hombres. Su último rastro fueron las piedras de río ensangrentadas.

La vecina continúa los tramos de conversación cuando la primera se traba. Aunque también aparenta 30 años, es más dura porque ya pasó por el mismo ritual de sangre, en ese mismo pueblo de 90 hogares, un año antes, cuando un comando de 30 hombres se llevó a seis parientes suyos. Pero –“por suerte”, si es que aquí cabe la suerte– sus cadáveres descompuestos fueron localizados días después al pie de la carretera.

Este pueblo del municipio de Guerrero –de camino a la Sierra Madre Occidental en la zona de la Tarahumara– jamás ha aparecido en las noticias, aunque en los últimos tres años ha golpeado la tragedia al menos a 13 de los 91 hogares que reporta el censo de población. Todos aquí están afectados porque son parientes.

En el recorrido por esos paisajes de valles, ríos y árboles frutales la gente da referencias sobre casas donde quedan puras mujeres solas o pueblos donde el miedo instaló su feudo. Por estos rumbos la última novedad es que la presidencia seccional de Pachera está huérfana desde junio porque su titular, Jorge Olveda Veleta, fue desaparecido.

En el paraje cercano, la mujer que enfrenta la desaparición de su esposo no se acerca a la ventana que da al camino, aunque constantemente, desde lejos, observa hacia afuera como para cerciorarse de que nadie las vigila. Tiene tanto miedo que hasta en su propia casa habla en voz baja.

Cuando constata que no hay peligro, dice que la culpable de tantas muertes es otra familia del pueblo, a la que acusa de haber enviado al comando de narcos para vengarse por el asesinato de un miembro ocurrido dos años antes.

Cuesta trabajo creer que los homicidios en estas tierras ya no son vengados por los hijos o hermanos de los difuntos, y que ahora intervengan decenas de hombres encapuchados, en comando, armados

con cuernos de chivo, que se dicen parte de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, o gente de El Chapo, del cártel de Sinaloa.

Patricia Mayorga / “Omnia”

MARCELA TURATI

Pero las mujeres aseguran que es así: Los conflictos familiares se convirtieron en pugnas entre cárteles.

“Acá ya no se puede platicar nada. Todo el tiempo estamos vigiladas, siguen aquí, están armados”, dice una de ellas con frustración y resentimiento.

En la casa de adobe de la vecina, la que presuntamente es asesina muestra el expediente de la muerte de su esposo en el que destaca un dato: recibió ocho balazos en el cerebro y en el que los testigos declararon que el homicida –un vecino conocido– activó los últimos tres cuando ya tenía público.

“Dicen que yo mandé matar a los últimos nueve que murieron en el pueblo, y no es cierto. ¿Cómo, si no tengo ni para comer?

Para eso se necesita dinero”, expresa la mujer entre llanto. Tiene tres hijos pequeños.

A raíz de los asesinatos y levantones, la gente ya no sale a la calle y, aunque son pa-

Caseríos rurales. Desolación

rientes, si se ven no se saludan. Los hijos de los difuntos son tratados como apestados. A ella se le nublan los ojos cuando dice que en la primaria otros niños se burlan de los suyos.

“Mi hijo está creciendo con resentimiento. No me dice nada, todo se lo guarda. La otra vez que fui a recogerlo a la escuela me dijo: ‘Oiga, mamá, ¿esa es la hija del que mató a mi papá?’. Trato de no contarles nada, pero de pronto, por lo que escuchan en la escuela, me dicen: ‘Oye, mami, ¿cuántos balazos tenía mi papá en la cabeza?’”, lamenta.

Otra mujer de una familia enfrentada con la de ella se queja de lo mismo: “Aquí ya no se puede decir nada, ni siquiera se puede intervenir cuando se pelean los niños. Aquí hay un niño que, si le pegan otros en la escuela, les dice: ‘Van a ver, les voy a echar a La Línea’, y todos se quedan asustados”.

–¿Y qué hacen cuando pasa eso? –se le pregunta.

–Los adultos no nos podemos meter.

La violencia en ese poblado dejó a una docena de viudas, con hijos pequeños, al frente de sus hogares, y a varios padres ancianos sin sostén. Las mujeres entrevistadas, además de cuidar a los hijos, suplen al esposo en sus labores campesinas: cultivan la tierra, cuidan el ganado, se alquilan en las huertas manzaneras por temporadas o hacen los trabajos pesados por los que ellos recibían una paga. Algunas enviaron a los hijos mayores a Estados Unidos para que colaboren con la manutención de los menores. Tres familias abandonaron todo y se arrimaron en casas de parientes en Ciudad Cuauhtémoc o en Estados Unidos.

Todas están traumadas.

“Mis hijos están muy tristes, lloran mucho. El chavalo más grande no habla; la chavala ya no quiso estar en la danza ni en la escolta; el bebé tiene mucho miedo, llora en la noche, no sale ni aguanta la oscuridad, a veces se pone a jugar con palos y dice: 1815/ 14 DE AGOSTO DE 2011

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Miguel Dimayuga

N A R C OT R ÁF I CO N A/RCH COTR I H UÁAFHI U CO A

Para combatir el olvido al que sus muertos han sido condenados y repudiar la infamia ocurrida durante este sexenio en este pueblo serrano, las familias organizan un homenaje.

“El día 16, vamos a colocar una placa en memoria de los 13, en el mugrero de plaza que se hizo y que nunca terminaron. Todo lo seguimos viendo como una burla porque el juicio a los tres detenidos siempre se pospone y no han ido por otro de los asesinos que ya dijimos dónde está”, critica Brisa Loya, hermana de Kristian, uno de los jóvenes estudiantes masacrados.

Connie Encinas, quien perdió a su esposo y a su bebé de año y medio en la matanza, confirma: “La plaza está igual: ni se ve porque no tiene ni luz, está incompleta, le faltaron detalles, les iban a poner las fotos de ellos en unos monolitos, pero el gobernador Reyes Baeza la dejó incompleta, y ahora menos le va a echar ganas el nuevo. Como vemos que se va a quedar así haremos una misa, una procesión, y pondremos una placa para que sepan que no los vamos a olvidar nunca, se haga o no justicia”.

El 16 de agosto de 2010, una caravana de asesinos entró al pueblo y no encontró a ningún policía que la interceptara (convenientemente, las autoridades estaban de día de campo), llegó a la pista donde recién terminaba una carrera de caballos, interrogó a varios asistentes, se dirigió a una bodega donde un grupo de muchachos descalzos jugaba carreras, sacó sus metralletas, disparó contra 19, hirió a uno, mató a 13 (entre ellos a un bebé en brazos de su padre), salió rechinando llanta por la calle principal y cruzó varios pueblos sin un solo inconveniente.

Al lugar de los hechos no llegó ninguna autoridad a levantar los cadáveres, por lo que el cura del pueblo, Javier Ávila, tuvo que fungir como Ministerio Público. Desde entonces las familias no han dejado de investigar la masacre y ni de exigir justicia: suspendieron todos los actos públicos en el pueblo, detuvieron el tren Chihuahua-Pacífico, tomaron casetas, se presentaron en actos del gobernador, hicieron plantones, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, ofrecieron recompensas por los asesinos, interceptaron al presidente Felipe Calderón, se entrevistaron con funcionarios de la ONU y se unieron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Pero nada les ha valido contra la impunidad.

“Las familias llegan (a este tercer aniver-

protegerse mutuamente y para velar por intereses individuales”, dice.

“De medio año hacia acá empezaron a perderse los hombres. Se pierden, se pierden y hasta ahí nomás se sabe. Antes todo era bonito: primero la población era de 300 gentes, pero quedamos como 100. Muchos se han salido. Ya estamos desunidos y está muy feo para sobrevivir”, dice un poblador de San Miguel Temechi, municipio de Guerrero, zona de nogales y manzanos.

En un recorrido por varios municipios serranos, Proceso recabó información sobre la nueva realidad social al platicar con pobladores, políticos, autoridades y activistas sociales. Al salir de la sierra, en el municipio de Guerrero –entre Cebollas y Seguériachi– pasó un convoy de camiones repartidores de mercancías (Bimbo, Bif, Sigma, Zaragoza, Marinela) y gas custodiado por la Policía Ministerial. Así repelen los asaltos, como en el viejo oeste.

Durante el recorrido, la reportera constató que pueblos donde aparentemente no ocurre nada pagaron ya su cuota de sangre o de miedo.

Uno de ellos es Jicamórachi, municipio de Uruachi, que en abril fue evacuado por sus pobladores, quienes pidieron la intervención del Ejército porque las mujeres, los ancianos y los niños estaban durmiendo en los cerros.

Ellos señalaron que en dos ocasiones distintos grupos de hombres armados (los primeros uniformados como policías estatales, los segundos como militares) entraron a la comunidad, quemaron casas, buscaron a varios hombres y amenazaron con matar a todos.

Según el diario local Omnia, que entró a ese pueblo localizado de camino a Sonora, seis casas fueron quemadas; 80 de las 120 familias que habitan la comunidad estaban desplazadas, mientras las clases y la atención en la clínica de salud fueron suspendidas.

Luto que no cesa

Creel: Tres años

de impunidad

MARCELA TURATI REEL, CHIH.- Durante tres años escucharon promesas de gobernantes que decían compartir su dolor. Sin embargo, este martes 16 se cumple el tercer aniversario de la masacre en la que perdieron a sus esposos, hermanos o hijos, y las familias de los 12 jóvenes y el bebé asesinados en este pueblo siguen con las manos vacías: los homicidas no están pagando una condena y el memorial que iba a construirse en honor a los difuntos fue dejado a medias.

C

‘Así mataron a mi papá’, porque lo piensa todo el tiempo y me pregunta mucho por qué lo mataron”, dice una viuda.

Tierra de sangre Las comunidades serranas tradicionalmente han sido “zonas calientes” donde las disputas históricamente se dirimen a balazos, según el exdiputado Víctor Quintana, del Frente Democrático Campesino, pero la violencia se agudiza por la mayor presencia del Estado, por la llegada de “elementos fuereños”, porque hay más dinero en juego y acceso a armas.

“En las comunidades se dan nuevas formas de sociabilidad, y como tienen relativamente fácil el acceso a la siembra o al transporte de enervantes, que es la vía más ordinaria para salir de una relativa pobreza, se crean redes sociales perversas, se rompe la solidaridad, sólo se aglutinan para auto20

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sario) con su dolor que nadie se los ha quitado, con una esperanza muy debilitada y desilusionados en la justicia y en la verdad.

Llegamos muy decepcionados de las actuaciones de los gobiernos estatal y federal porque vemos que la táctica de los gobiernos es dilatar y dilatar la justicia para cansar a la gente y apostarle al olvido, pero nosotros le apostamos a la memoria”, dice el jesuita Ávila.

Hay memoria, pero no justicia En una ceremonia solemne, en la que se tiene planeado que participen representantes del Movimiento por la Paz y organizaciones de toda Chihuahua, se colocará la placa con la inscripción: “Porque el hombre es capaz de las peores atrocidades y no podemos permitir que se borre la historia ni se pierda la memoria, se construyó esta Plaza por la Paz, símbolo de la barbarie y la impunidad a la memoria de los masacrados en este lugar el 16 de agosto del 2008”.

Le seguirán los nombres de Daniel Armendáriz Galdeán (18 años), Fernando Adán Córdova Galdeán (19), Kristian Loya Ortiz (22), Daniel Alejandro Parra Mendoza (20), Alberto Villalobos Chávez (28), Luis Javier Montañez Carrasco (29), Édgar Alfredo Loya Ochoa (33), Édgar Arnoldo Loya (1), Juan Carlos Loya Molina (21), Fredy Horacio Aguirre Orpinel (34), Alfredo Caro Mendoza (36), René Lozano González (17) y Óscar Felipe Lozano Lozano (19).

Tras la colocación de la placa habrá un encuentro donde cualquiera de los asistentes podrá tomar la palabra y en la que se reflexionará sobre la manera en la que las organizaciones nacionales y estatales, con las personas comprometidas, podrán articularse para trabajar juntas.

“Reyes Baeza nunca terminó la plaza, que se entregó sin terminar y se sigue dete-

riorando. Tampoco hizo las otras dos obras que ofreció, no terminaron el área deportiva y al centro cultural, que se solicitó mucho antes de la masacre, ni siquiera le pusieron la primera piedra”, señala el sacerdote, que acompaña a los deudos desde la masacre.

Los tres años en que las autoridades han ignorado sus exigencias de justicia han sido pesados. El año pasado fue asesinado uno de los padres de familia más activo en la investigación de la masacre: Daniel Parra, padre del joven Daniel Alejandro y quien se topó de frente con los sicarios cuando iban en retirada. A todas las familias las tocó la enfermedad. El caso más extremo es el cáncer en la garganta que le acaban de detectar al señor Óscar Loya.

Sobre esto, su hija Brisa dice: “Cuando empezamos las terapias, la psicóloga nos decía: ‘Saquen todo, no se queden con nada, a la larga les afecta, se les hace cáncer’, y eso pasó con mi papá por la tristeza, la amargura, la impotencia, el coraje que se tragó por lo de mi hermano, pero ahorita, gracias a Dios, sí le está echando ganas y, como todas las familias, estamos tratando de salir adelante”.

El señor Loya, de 58 años, días después de recibir una de sus sesiones de quimioterapia habla con esta reportera: “Yo nunca he fumado, he llevado una vida sana, no tomo alcohol ni nada, y hasta el médico me dijo: ‘Esto te pasó porque nunca te atendiste una depresión muy fuerte y tus defensas se bajaron’. Y sí lo creo: mi garganta se enfermó de tanto que gritamos y que no nos hicieron caso”.

Desde el sillón de la sala de su casa, frente a la chimenea de donde cuelga un retrato con la foto de su hijo Kristian, al quien día y noche acompañan las luces de unas veladoras, explica: “El expediente (de la investigación) es un cochinero: en vez de investigar a los asesinos nos acusaron a todos de narcos.

Es algo triste, como lo de la plaza, que aun-

que no la terminaron como lo prometieron cuando menos dejaremos esa placa ahí para que sepa la gente por qué la ponemos”.

Todas las familias la pasaron mal. Quien no necesitó pastillas para dormir, enfermó de nervios, tuvo problemas del corazón o padeció incremento de presión o diabetes. La depresión o la rabia, para muchos, parecía inmanejable. Con el tiempo, cada uno fue encontrando la manera de canalizar sus emociones. Echaron mano de grupos de autoayuda, terapias psicológicas, clases de boxeo, o se refugiaron en la iglesia y en el trabajo.

“A mí me dejaron sin mi marido y mi hijo, me dejaron sin nada, pero gracias a Dios he tratado de salir adelante. Muy al principio no hallaba qué hacer, sentía una desesperación, algo horrible; sentía un miedo a todo, a estar sola, a que nos hicieran algo, a enfrentar todo yo sola. He salido adelante gracias a que tomé unas terapias, a mi familia y a Dios”, dice la señora Encinas.

Y Yuriana Armendáriz, hermana de Daniel, relata: “Estamos exactamente igual de lastimados y de dolidos, pero un poco más fortalecidos. En mi caso, el de mi hermana, y la señora Blanquita, las Lozano, mi tía Bety y su esposo, pertenecemos a una agrupación de autoayuda (Guerreros Unidos) donde se trabaja con adicciones y defectos de carácter, pero a donde todas llegamos por problemas de depresión. (La tragedia) me llevó a la neurosis, estaba vuelta loca. Estar en la agrupación nos ha ayudado a ir aprendiendo a vivir con este dolor, a tranquilizarnos.

Obvio que no se olvida, pero está sanando”.

La joven, que representó a Creel en los diálogos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con los legisladores, lamenta que, además de que no se ha hecho justicia, las autoridades ni siquiera han reforzado la seguridad del pueblo para que no ocurra otra masacre: “Las cosas siguen igual”. O

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N A R C OT R Á F I C O / C H I H U A H U A La gente se sentía aterrada porque una semana antes habían encontrado el cadáver mutilado de un repartidor de leche Zaragoza, a quien consideraban una persona neutral. Aunque algunos pobladores señalan que quizás “en algo andaba metido”.

“Ya se meten con gente inocente, la gente se está yendo. A los chavalos de aquí se los llevan, no sabemos si los traen trabajando o los matan. Uno de los grupos los engancha, les ofrece algo, el otro los lleva por la fuerza, pero los dos los matan si los ven trabajando con los contrarios. Como son puro de fuera, ya no reconocen ni respetan”, relata uno de los lugareños.

Los choferes de camiones repartidores consultados en San Juanito, municipio de Bocoyna, aseguran que han suspendido rutas de distribución y en otras contratan policías ministeriales para que los escolten con sus patrullas. “‘Ta muy feo. Por eso pedimos a los de la ministerial que nos escolten, así tenemos cierto blindaje trasladándonos todos juntos. En El Nogal asaltaron a uno de los cigarros y hasta la mano le volaron. Ahí apenitas asaltaron a los de Gamesa y Sabritas.

Y no crea que está lejos; está a 15 kilómetros. De San Juanito ya se retiró Carta Blanca, luego de sufrir tres asaltos o más, y un comando les sacó la caja fuerte; Bimbo y Marinela ya no van a Témoris, Bahuichivo, Cerocahui y Cuiteco. Los de Bimbo son los más asaltados: les ha tocado en El Cajón (antes de las Barrancas), en El Nogal, Los Topes, Témoris, Cerocahui, Moris y Yécora. Ahorita, a causa de lo que pasó a la gente de Zaragoza, muchos se van a retirar del rumbo hacia Ocampo”, asegura el conductor de una compañía refresquera.

El 25 de julio, el periódico La Jornada publicó que los asustados pobladores de los municipios de Maguarichi y Uriachi, colin-

Patricia Mayorga / “Omnia”

Un lugareño que huyó de la zona cuenta a Proceso que el problema surgió porque uno de los líderes locales de La Línea (grupo armado del cártel de Juárez) se pasó al bando del cartel rival que comanda El Chapo.

Una persona con familiares en Jicamórachi explica: “(Los sicarios) son mucha gente de fuera que trae carros yonkeados (chocados), sin placas. No falta quién se les una porque ofrecen trabajo y a los chavalos les gusta porque de ser cultivadores de frijol se convierten en ídolos. La gente no quiere a estas gentes, pero recurre a ellas porque actúan como ley, ponen orden y hacen justicia.

“Tienen a la población atemorizada.

Desde que te acercas hay gente con armas largas en el cerro vigilándote. Te paran si no conocen tu mueble (camioneta), revisan quién eres. Ha habido actos muy traumáticos que aterran a todos, como el asesinado del maestro Tony, que lo aventaron en un basurero y le arrancaron el rostro, lo que dolió a todos. Ahí nunca duermes porque sabes que te puede caer una bala perdida; o duermes en el monte para ver de lejos o escuchar si alguien viene, sobre todo si hay fiestas o si sienten que va a haber ‘un evento’. Por eso todos hablan en voz baja en sus casas.”

En cuanto el Ejército restauró la tranquilidad en el poblado, el conflicto se desplazó a pueblos cercanos como Betórachi, Cajurichi y Memelechi, del municipio de Ocampo.

Durante el recorrido por esa ruta, un vecino advierte a Proceso: “No sigan adelante: ya está todo tomado. Aquí, en las noches, es campo de batalla. Está horrible.

Apenas se llevaron a un señor y a sus dos hijos, los torturaron, los dejaron trozados, los trataron peor que animales. Si los van a matar, bueno, pero ¿tanta crueldad, por qué? Está horrible”.

dantes con Sonora, han visto “bajar avionetas llenas de hombres armados del cártel de Sinaloa que se apoderaron de caminos y brechas, aparentemente para custodiar una nueva ruta para sacar cargamentos de mariguana y amapola producidos en la Alta y Baja Tarahumara”.

Además, los moradores de Maguarichi, Guazapares, Batopilas y Uruachi han visto largas caravanas de vehículos de doble rodada por las accidentadas rutas de la montaña. Menciona también la entrada de grupos grandes de hombres a cabeceras municipales como Guachochi, Guadalupe y Calvo, Moris y Uruachi, cercanas a Sinaloa, por lo que los serranos temen que pronto se desate la violencia por el control del territorio.

El último día de junio, en La Mesa de La Simona, límite con Sonora, un convoy de 30 soldados y policías fue emboscado por un numeroso grupo armado que lo recibió a balazos y bloqueó su camino con árboles y camionetas. Los oficiales tuvieron que refugiarse en un cañón y esperar refuerzos, informó El Heraldo. Los delincuentes tenían instalado en ese lugar un campamento con 60 casas provisionales y medio centenar de vehículos.

Un activista de la zona asegura que en algunas comunidades hay familias divididas; algunas, dice, tienen miembros aliados al cártel de Sinaloa y otros a La Línea, o mujeres con hermanos en un bando e hijos en la organización contraria.

La esposa de un hombre desaparecido en el municipio de Guerrero afirma que sus vecinos se aliaron con un cártel para despojarlo de su terreno. Asegura que constantemente ve a los asesinos paseándose por su pueblo: “Son gente de aquí que se metieron con un grupo de ésos, se hicieron fuertes. ¡Imagínese!, para que 30 hubieran subido a mi esposo y sus primos… Traen radios, todo se comunican. Desde la muerte de ellos, se apoderaron más. Nos los topamos a cada rato. Ya no te puedes pelear ni echar habladas ni nada, porque ya tiene miedo uno.”

En su denuncia expuso: “Es mi deseo que me ayuden a buscar a mi esposo, el cual traía puesto pantalón negro de mezclilla, una camiseta de manga larga, andaba descalzo. Tenía una cicatriz en el abdomen del lado derecho de cuando lo operaron del apéndice. En estos momentos no traigo fotografía de mi esposo, pero prometo con posteridad traerla”.

Relatos de muerte

Violencia en la sierra

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Episodios violentos, que parecen aislados, se rumoran por toda la sierra e impactan a comunidades con pocos pobladores.

En San Juanito, municipio de Bocoyna, se habla del asesinato de tres miembros de una familia, hallados rumbo a Las Estrellas. Cerca de ahí, en Los Napuchis, cin-

NARC OTRÁF I CO / CHIH UA HU A co jóvenes que viajaban en una camioneta cargada con madera recibieron ráfagas de balas; sólo uno se salvó. La gente rumora que fue en castigo por haber robado madera en un rancho del Chapo. La familia de una maestra rural de Samachique fue atacada.

La gente dice que en Tomochi y Cerocahui hay maras armados.

“Antes, uno veía camionetas detenidas en el camino y se paraba a ayudar; ahora mejor acelera”, dice el dueño de un hotel de San Juanito.

Algunos dicen que hay movimiento de hombres armados en Norogachi, Cusárare y Carichic; otros, que en Nanagochi y Bahuinocachi hombres extraños invadieron tierras de los tarahumaras y los forzaron a sembrar mariguana.

Un cura que trabaja en la zona de las barrancas, colindante con Sinaloa, se queja: “Estos cabrones sólo vienen y obligan a los rarámuris a sembrar. No pueden negarse porque los matan, y ni siquiera les construyen caminos o les pagan, como se decía que hacía Caro Quintero”.

La última semana de junio, la prensa local reportó 20 asesinatos en distintos municipios serranos, ocho de las víctimas cayeron en Moris, colindante con Sonora.

El Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de Víctimas de la Violencia (Fanvi), que beneficia a 2 mil 98 infantes huérfanos, es una pálida muestra del impacto de la violencia. De los menores inscritos, mil 72 son de Juárez y 428 de Chihuahua, otros son de municipios con ciudades pequeñas como Parral (con 152), Delicias (35) o Aldama (9); y el resto proviene de municipios mayoritariamente rurales como Nuevo Casas Grandes (69), Jiménez (53), Camargo (50), Janos (28), Ascensión (19), Praxedis G. Guerrero (15), Rosales (14) o los serranos Guadalupe y Calvo (60), Guachochi (38), Cuauhtémoc (27), Chínipas (13), Buenaventura (9) y Carichí (2).

“La violencia al por mayor sigue en la sierra con la protección de las autoridades.

Además de esos muertos están los muertos de hambre, porque este año la sequía hizo imposible conseguir alimentos; además se están agotando las reservas de maíz del año pasado”, dice Felipe Ruiz, coordinador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C Cosyddhac).

“Las que están sufriendo las consecuencias de la violencia son las mujeres por la cantidad de hijos que tienen que mantener o buscar, o porque les ejecutaron al marido o porque se los desaparecieron, además de las familias que tienen que migrar”, dice Isela González, directora de la organización Alianza Sierra Madre.

A su vez, el párroco de Creel, Javier Ávila, señala: “No dejas de escuchar sobre la violencia. Lo malo es que ya no llaman la atención las muertes”.

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N A R COTR Á F I CO

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El “halconazo” visto desde Los Pinos

Confirmatorios de la criminal decisión de Estado que condujo al aplastamiento de la pacífica marcha estudiantil del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México –pero sobre todo del conocimiento que el presidente Luis Echeverría tenía acerca de la existencia de los Halcones– son los datos que se revelan en el libro México en riesgo. Una visión personal sobre el Estado a la defensiva. Su autor, Jorge Carrillo Olea, fue jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial entre 1970 y 1976, desde la que atestiguó las decisiones políticas, militares y paramilitares que llevaron a consumar la matanza. Con la autorización de la editorial Grijalbo se reproducen aquí partes sustanciales del libro, que empezará a circular en los próximos días.

JORGE CARRILLO OLEA

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l dramático acontecimiento del 10 de junio de 1971 se manejó por canales irregulares de información y de toma de decisiones. A decir verdad, para mí lo que pasó aquel día fue enteramente oscuro. Por supuesto, en los sucesos participaron –aunque de muy distintas maneras– el presidente Luis Echeverría; el regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, y el entonces coronel Manuel Díaz Escobar. Este último era el jefe del grupo Halcones, cuyos integrantes habían sido organizados y adiestrados (algunos incluso en Japón) con la autorización del presidente Díaz Ordaz, a propuesta del general Gutiérrez Oropeza, con el aparente objetivo de convertirlos en elementos de seguridad del Metro, que en ese tiempo empezaba a operar.

La circunstancia inmediata que precedió al halconazo fue un reclamo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes exigían paridad de representación hacia profesores y alumnos en el proyecto de ley orgánica de esa institución.

En tal contexto, estudiantes de la Ciudad de México salieron a las calles en su apoyo. Los actos se multiplicaron durante semanas hasta que los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional convocaron a una marcha mayor desde el Casco de Santo Tomás hacia el Zócalo. Aunque era inofensiva, la movilización debió haberse disuadido desde antes. Aquellos eran tiempos de cero tolerancia, aunque esta expresión aún no se utilizaba. Los hechos ocurridos en las calles son de todos conocidos.

Alguna vez, en un viaje en autobús de Palacio Nacional a Los Pinos, escuché que el subsecretario Gutiérrez Barrios aseguró con firmeza: “No podemos dejar que nos tomen las calles”. Lenguaje nuevo para mí, extraño pero inquietante.

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Aquel 10 de junio en el Estado Mayor todo estaba en calma.

En la residencia oficial, el presidente Echeverría sostendría una reunión de trabajo con el titular de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade, y con distintos funcionarios de esa secretaría. No tenía conocimiento de más actividades o de la presencia de alguna otra persona ajena en Los Pinos.

Poco después de la comida establecí contacto con el teniente coronel Enrique Salgado Cordero (compañero en el Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra) en la policía capitalina y le pedí que me notificara sobre la movilización estudiantil que se había anunciado. Yo tenía varios informantes: la SDN y los míos propios. Es regla de la búsqueda de información acudir a más de un medio. Mis reportes servían para corroborar los que comunicaba el general Gutiérrez Santos, director de Policía y Tránsito del Distrito Federal.

La afluencia de jóvenes se inició aproximadamente a las tres de la tarde; la marcha comenzó unas horas después y transcurrió como estaba programada. Se organizaron en las inmediaciones de la calle de Carpio y se dirigieron hacia San Cosme. Al iniciar su entrada en esa avenida los encontró un alto funcionario de la policía de la ciudad, quien con gran formalidad y respeto los conminó a abandonar su propósito, pero la recomendación fue rechazada.

En ese momento me anunciaron un dato que yo ignoraba: en la Alameda de Santa María, a escasas 10 calles del cine Cosmos, principal referencia de la marcha, se encontraban cinco autobuses con personas adentro. Los vehículos carecían de identificación. Lo anterior, que pasó inadvertido en el proyecto de operación de la policía, se lo informó con enojo el general Gutiérrez Santos al general Castañeda.

Cuando los estudiantes se negaron a atender la sugerencia de que desistieran de la marcha, los autobuses se desplazaron hacia el Circuito Interior y al llegar al cruce con San Cosme descendieron de ellos grupos de jóvenes de estatura mayor a la media y de características atléticas. Portaban una suerte de larga estaca.

Me apresuré a comunicarle lo que sucedía al general Castañeda, pero cuando llegué a su despacho me dijeron que había bajado a la residencia. Supuse que estaba con el presidente para informarle lo mismo y fui a buscarlo.

Al llegar a unos metros de la entrada peatonal encontré al general ya de regreso con la expresión alterada. No pregunté nada. Espontáneamente me dijo: “Véngase, Jorge, hay problemas, adelántese y cíteme a Salvador, a Fuentes y a Alvarado”, se refería al comandante del Cuerpo de Guardias Presidenciales y a los jefes de las secciones tercera y cuarta, San Cosme. El ataque los responsables de operaciones y logística.

Dado que el cuartel general del Cuerpo de Guardias Presidenciales está a escasos metros de Los Pinos, el general Salvador Revueltas Olvera llegó de inmediato. Los jefes de las sec-

ciones se presentaron casi al mismo tiempo. Castañeda hizo una referencia a los hechos violentos que estaban ocurriendo y ordenó tajantemente al general Revueltas –un hombre muy impulsivo– que previniera al primer batallón y al de asalto, pero que no fuera a hacer nada sin una autorización expresa, asimismo pidió a los jefes de las secciones que mantuvieran en alerta a su personal.

Armando Salgado Al regresar a mi oficina me notificaron los detalles de los hechos violentos y sus sangrientas consecuencias. Envié más informantes a la zona, el recorrido era cuestión de minutos. Más avezados que otros, dieron cuenta de ambulancias y una buena cantidad de lesionados que llevaron a la Cruz Verde. Dada la cercanía con San Cosme, a la mayoría de los heridos los trasladaron al hospital Rubén Leñero, a otros los condujeron a la Cruz Roja, en avenida Ejército Nacional. El número de heridos y de lesionados, todos civiles, fue estimado en varias decenas; por la dispersión de los hospitales a los que fueron remitidos y por los que evacuaron sus compañeros no se obtuvo una suma total.

En la parte inferior de Los Pinos continuaba la reunión del presidente con los funcionarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. El general Castañeda bajaba de vez en vez para infor1815 / 14 DE AGOSTO DE 2011

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A Calderón le hace falta JORGE CARRILLO OLEA

liderazgo*

a perplejidad no deja de ser la constante para la sociedad mexicana y para una buena parte de la opinión internacional: México está sumido en un caos. De manera creciente, a partir del 11 de enero de 2006, el país, sus instituciones y su pueblo se han hundido en una situación inimaginable de violencia.

Sin duda, el titular del Ejecutivo nunca valoró la debilidad de las instituciones para hacer prevalecer la ley, ni la capacidad del crimen organizado para multiplicar sus fortalezas.

A través de la plataforma WikiLeaks, se filtró una confesión que Felipe Calderón le hizo a José María Aznar acerca del “cálculo erróneo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción en México”. Dado que la publicación de WikiLeaks revelaba un reporte del ex presidente español a la embajada estadu-

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nidense en Madrid, el caso sólo dio lugar a la exhibición de Aznar como un traidor y contumaz colaborador de Estados Unidos.

En la actualidad la sociedad mexicana está tan acostumbrada a los oprobios que el escándalo no tuvo mayores consecuencias.

Sin embargo, el hecho sí llevó a analizar con mayor detenimiento las políticas básicas de Calderón.

Por lo que pudo verse, la motivación inicial de su estrategia de seguridad consistió en dar un golpe de fuerza autoritaria que evidenciara la dureza de su presidencia, pero incurrió en errores y omisiones.

Por principio de cuentas, no formuló ningún cálculo de probabilidades para su guerra. Sus policías propiamente no existen y sus Fuerzas Armadas están diseñadas para otras circunstancias. El grupo de asesores que discutió con él su proyecto lo hizo sin el menor conocimiento de lo que podría desa-

mar al mandatario. La reunión finalizó aproximadamente a las siete de la noche, y a la misma hora terminó el sangriento encuentro frente al cine Cosmos. Posteriormente, contrario a lo que era de esperarse, el presidente no tuvo ninguna actividad que requiriera la presencia de otras personas; debe haber hecho múltiples llamadas telefónicas pero no tuve conocimiento de ellas.

Varios días después me llamaron al despacho del general Castañeda. Ahí se encontraba el coronel Manuel Díaz Escobar en un estado de ánimo muy exaltado. El general me preguntó: “¿Tiene usted idea de dónde Escobar pudiera esconder a entre 800 y mil hombres?”. Me quedé pasmado, pensé que estaba bromeando. Pero poco a poco me di cuenta de que Castañeda estaba tirando de la lengua a Díaz Escobar. El coronel empezó a elucubrar con ideas absurdas, al grado de proponer los talleres del Metro como escondite de los Halcones, o que se impidiera el acceso a la Cuchilla del Tesoro, un predio al norte del aeropuerto que ocupaban La agresión. Acto premeditado sus Halcones en instalaciones ligeras. Del mismo modo propuso apartar algunos hangares del aeropuerto, tomar la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca o el Palacio de los Deportes.

Díaz Escobar se retiró después de pedir con nerviosismo el auxilio del Estado Mayor. Enseguida el general me ordenó presentarle un informe oficial detallado de lo que había sido testi28

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tarse. Sin sustento alguno, le aseguraron que “en dos años el narco sería eliminado”.

Debe recordarse que algunos días antes del anuncio de la declaratoria de guerra, cuando Calderón informó a su gabinete de seguridad las acciones que se llevarían a cabo, ninguno de sus colaboradores elevó la voz para plantear alguna duda sobre su supuesta eficacia y sobre el terrible riesgo en que se pondría al país. Por falta de conocimiento y experiencia, el presidente no ha podido hacer cooperar ni concertar a sus fuerzas.

Su falta de liderazgo en la coordinación ha generado fricciones reprobables entre su equipo. Por lo demás, ante las graves deficiencias de sus recursos de inteligencia, aprobó la participación de representantes de la comunidad de inteligencia estadunidense, tanto en las actividades de planeación como en las operativas. Muy probablemente, una de las razones de tanto desacierto sea la renuencia de Calderón a acreditar el valor de la cooperación, la coordinación y el trabajo en grupo.

De manera absurda, expresó esta convicción en el seno mismo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). La consecuencia lógica, por él aceptada como una forma de operar, es que cada una de las instituciones marche por su lado. Cuando Calderón se-

go en esa reunión. Según me enteré más tarde, la solución final consistió en liquidarlos económicamente a gran velocidad: se les ofreció una buena cantidad de dinero y se fijó como requisito que abandonaran la ciudad de inmediato. El proceso se llevó a cabo durante los siguientes días y estuvo a cargo del DDF, instancia de la que dependían los Halcones.

Este acontecimiento tuvo el carácter trágico de toda manifestación pública que es objeto de un violento acto represivo. La notiArmando Salgado cia se difundió con rapidez en los medios internacionales y lógicamente la represión se vinculó con la matanza de Tlatelolco. Fue inevitable el efecto adverso que tuvo sobre los ingentes esfuerzos del presidente por recomponer la herencia que había recibido del gobierno anterior. Para el sexenio de Luis Echeverría, el 10 de junio de 1971 resultó el sello correlativo del 2 de octubre de 1968. De forma paradójica, tal marca de fuego la provocó un órgano creado por el mismo gobierno.

A fin de cuentas, la administración de Echeverría no se entendería sin algunos de sus logros más importantes, como la Zona Económica Exclusiva de mar —equivalente a casi 3 millones de kilómetros cuadrados—, el Infonavit y tantos otros. Sin embargo, el halconazo, que ocurrió a tan sólo seis meses de haberse iniciado su mandato, es por lo que se le recordará históricamente. Como gusta decirse ahora, se trató de un acoso por fuego amigo.

ñala, por medio del portavoz del CSN, Alejandro Poiré, que una de las bases donde el narcotráfico ha encontrado la mayor complicidad e impunidad es en los estados y municipios, habla como si él no fuera el presidente de una República, sino sólo el encargado de una superestructura ajena a las partes que la componen.

El crimen organizado, en su vertiente de narcotráfico, se ha propagado casi en todo el territorio y también ha dado lugar al crecimiento de una criminalidad de orden común que lastima a la sociedad con el robo de autos, a transeúntes o domiciliario, las violaciones y los secuestros.

La penetración del delito en la sociedad es mucho más profunda de lo que se cree, e incluso los segmentos más alejados teóricamente del fenómeno, como podrían ser las iglesias y las organizaciones educativas, dan muestras de contaminación.

Por otro lado, se cree que la asociación entre delito y gobierno ocurre sólo en el ámbito policiaco, pero la verdad es otra. Aunque existen servidores públicos honestos, la corrupción es rampante también en los poderes judiciales: ministerios públicos, peritos, jueces y magistrados.

Cuántas campañas políticas han sido y están siendo financiadas por los campeo-

nes del delito, cuántos servidores públicos se han enriquecido repentinamente a la vista de todos. Además basta con revisar los expedientes del pasado inmediato para ver con pesar que las Fuerzas Armadas no son la excepción, como tampoco lo son el ámbito deportivo, el comercio o los grandes inversionistas extranjeros.

En todo lo anterior hay razones suficientes para estremecerse. Vivimos en un Estado acosado por el delito, la impunidad, la corrupción y la inacción social a pesar de las ya muchas marchas que estamos presenciando.

El Ejército, a los cuarteles Existen antecedentes en los países desarrollados de la participación de sus ejércitos en conflictos internos y sus lamentables consecuencias. Cuando sus gobiernos advirtieron esto, inmediatamente se produjo la desmilitarización, lo que implicó que se separara a la policía y al ejército o que se creara un cuerpo policial que se encargara de los conflictos internos. Ellos han eliminado ese factor de irritación que era el servicio militar obligatorio; nosotros lo sostenemos, sin razón alguna, como emblema de vergüenza.

Ahora mismo en varios países existen

importantes amenazas de naturaleza no militar: migraciones masivas, desplazamientos y asentamientos de refugiados, integrismos religiosos, violaciones de los derechos humanos, atentados contra el medio ambiente. Ante eso… la regla a nivel mundial ha sido preservar a las Fuerzas Armadas de intervenir en ellas todo lo posible. En su sustitución se han activado programas muy exitosos de desarrollo de variados cuerpos policiacos, así como de organización social, como son los programas de protección civil.

En efecto, las Fuerzas Armadas no pueden seguir desempeñando funciones policiacas. Todo lo contrario, no sólo debe retirárseles, sino también reivindicárseles. Dar un paso adelante, por muchos años demorado, para al fin optar por una institución moderna, eficiente y respetable.

La transformación, que puede requerir mucho tiempo, pero sobre todo la concientización hacia el interior, es un deber del presidente de la República pero que debe ser especificado por las propias Fuerzas Armadas. O * Extracto del libro México en riesgo. Una visión personal sobre el Estado a la defensiva. (La cabeza general y la cabeza intermedia son de la Redacción.)

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La estrategia

rosa

El jefe del Gobierno capitalino y la corriente del PRD que lo apoya decidieron utilizar la estrategia mediática que tan buenos resultados le ha dado a Enrique Peña Nieto y en su momento le dio a Vicente Fox. Para ello se han valido de la revista Quién, a la que Marcelo Ebrard ha otorgado varias entrevistas en las que desvela aspectos de su vida íntima. En la portada de su edición de agosto, esa revista del corazón presenta una fotografía en la que aparecen el político y su nueva novia, la hondureña Rosalinda Bueso. En el reportaje, ella admite que luchará para que Marcelo pueda lograr el sueño de su vida: la Presidencia de la República.

RODRIGO VERA

M

arcelo Ebrard abraza a su novia Rosalinda Bueso y comenta embelesado: “Es una mujer lindísima, un encanto… Ya no estoy solo, tengo a mi novia y me siento feliz”.

Ella le contesta con otro piropo: “Me enamoró no el jefe de Gobierno, sino Marcelo; es un hombre tierno… sus ojos hablan”. Le pide que la bese y un beso apasio-

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nado sella los labios de los dos enamorados que “derraman miel” y ya empiezan a hablar de matrimonio.

Este es el momento climático de la entrevista que el jefe de Gobierno capitalino y la exembajadora de Honduras en México concedieron a Quién, publicada en la edición de agosto de esa revista del corazón. Ahí hablan de cómo se conocieron, de lo mucho que se aman y de su lucha para que Marcelo llegue a la Presidencia de la República.

La edición de Quién –en cuya portada aparecen maquillados Marcelo y Ro-

salinda– empezó a circular justo cuando se anunció la creación de Demócratas de Izquierda (DI), la corriente del PRD impulsada por Jesús Ortega que ya comenzó a promover la candidatura presidencial de Ebrard para las elecciones de 2012.

La entrevista se encuadra en una novedosa estrategia mediática del PRD encaminada a pregonar la vida íntima de Ebrard a través de la prensa rosa. Sigue la misma táctica de Enrique Peña Nieto, el aspirante presidencial del PRI, quien lleva ya tiempo exhibiendo su relación amorosa –que culminó en casorio– con la actriz Angélica Rivera, La Gaviota.

A sus 52 años, con dos divorcios y tres hijos, Ebrard no quiso quedarse atrás y ahora presume también a su Gaviota. Se trata de la hondureña Rosalinda Bueso Asfura, una guapa y espigada exmodelo de 32 años que se desempeñaba como embajadora en México del gobierno de Manuel Zelaya. Sin embargo, el golpe de Estado contra el mandatario hondureño ocurrido en 2009 dejó a Rosalinda sin chamba… y la arrojó a los brazos de Ebrard, quien heroicamente se encargó de protegerla de los golpistas y de darle un cargo en su gobierno.

A grandes rasgos esta es la trama de la novela rosa protagonizada por Marcelo y Rosalinda, quienes desean que ésta culmine felizmente en Los Pinos. Por su heroísmo, sus gafas y su chino en la frente –que compite con el copete de Peña Nieto–, Ebrard empieza a ser visto por Quién como una especie de Clark Kent mexicano.

Sin lastres Desde hace tiempo, Ebrard se ha estado preparando para interpretar el papel de superhéroe. La misma revista –en su edición de enero pasado– detalló la “reingeniería en imagen” a la que se sometió el nuevo don Juan. “Se inyectó botox en la frente y seguramente se injertó pelo”, ya que “su nuevo peinado evidencia injertos para reducir las entradas”. Los cuidadosos tratamientos faciales –peeling, mascarillas y masajes– lo muestran hoy con “la piel bien cuidada”.

La revista le recomendó cubrirse el cuello, pues ahí “los signos de la edad ya son visibles”. Por eso, Marcelo suele aparecer con sus corbatas Hermes bien anudadas.

Los estudios en colorimetría –que tomaron en cuenta el color de su pelo, piel y

ojos– determinaron que el color que mejor le sienta es “el amarillo paja”, o tonos de la misma gama cromática.

Por esas fechas, Ebrard aún seguía casado con la actriz Mariagna Prats, su segunda esposa. Quién reparó en su descuidado aspecto, que la ponía en desventaja frente a Angélica Rivera, su rival para primera dama.

“A la que sería muy bueno hacerle un makeover es a su mujer, Mariagna Prats, a la que tienen muy descuidada. En contraste con la Rivera, desafortunadamente se queda atrás”, diagnosticaba la revista.

Desde tiempo antes, Prats se había convertido en un estorbo para las aspiraciones presidenciales de Ebrard. Se rumoraba que padecía alcoholismo y, por lo mismo, cometía torpezas que mellaban la imagen del marido.

El 12 de noviembre de 2007, durante un acto en Tláhuac en el que Ebrard colocó la primera piedra de un centro comunitario, Mariagna llegó pasada de copas y pronunció un trastabillante discurso. Subía y bajaba la voz, dejaba frases sin terminar y asumía el proyecto de la obra como un triunfo personal: “Le pido a la comunidad que me apoye, porque yo tengo ocho meses trabajando con los arquitectos, los ingenieros, los administradores, agarrándome del chongo con todos ellos, a sartenazos, con el molcajete.”

Veía a los asistentes y les decía: “No los oigo, andan muy aplatanados, necesitan un café, o un, o un … Voy a abogar por ustedes, voy a ser un puente. Es lo que soy y he sido siempre: comunicóloga a través de la televisión, del cine, del teatro, a través de mis pinturas o de este micrófono el día de hoy”.

A Marcelo le decía ante el público: “Amor mío, independientemente, y aparte de que es jefe de Gobierno, es mi amor y, pues eso nos ayuda, ¿no?”.

Finalmente Ebrard se divorció de ella a principios de este año. Él se quedó en su departamento de la colonia Condesa y Mariagna se fue a vivir a Cuernavaca.

Quién –en su edición de abril pasado– dio las primicias de la ruptura en una entrevista con el propio Ebrard, que empezó a ventilar su vida íntima al señalar que el divorcio se debió a que Prats no aguantó su absorbente ritmo de trabajo encaminado a conseguir la Presidencia: “Es muy difícil para la otra persona seguirte en esta disciplina. Tienes que dejar tus espacios propios y todas tus actividades propias; el trabajo es más absorbente.

Así que llegó el momento de decir: ‘Vamos a llevar una relación cordial, amistosa, cariñosa, pero cada quien va a tener su actividad porque no son muy compatibles’”, dijo Ebrard.

–¿Cuál fue la respuesta de Mariagna?

–le preguntó Quién.

–Por supuesto que no es algo que le haya gustado ni caído bien. Siempre es muy doloroso un planteamiento de divorcio.

Pero le dije: “Mira, si no hacemos esto, entonces sí vamos a llegar a un conflicto, vamos a acabar en una situación ya no de separación de esferas, sino de tensión permanente”. Le comenté que era mejor preservar una relación de amistad, de cariño, en lugar de arriesgarnos. ¿Que cuál fue su reacción? Finalmente dijo: “Bueno, hagámoslo entonces así”. Y así lo hicimos.

“La Gaviota” de Ebrard En la entrevista con Quién, Ebrard habló de su primera esposa, Francesca Ramos Morgan, de quien se divorció en diciembre de 2005 también en buenos términos.

Incluso la nombró coordinadora general de Asuntos Internacionales del gobierno capitalino asignándole un salario de 71 mil 824 pesos mensuales, sólo 4 mil 440 pesos menos que el percibido por él.

Francesca –a quien conoció cuando ambos eran estudiantes de relaciones internacionales en El Colegio de México– aún ocupa el cargo y es la madre de los tres hijos de Ebrard: Francesca Ebrard Ramos, de 23 años; Anne Nicole, de 20, y Marcelo, de 16.

Ebrard mencionó que su primera esposa ha hecho “buen trabajo” en el cargo, y recalcó que actualmente llevan una “relación profesional”.

De esta manera, divorciado de Francesca y Mariagna, Marcelo quedaba nuevamente libre para amar. Le decía a Quién que buscaba una nueva pareja “que pueda aguantar el ritmo de un político con aspiraciones presidenciales”.

Desde entonces se rumoraba que sostenía una relación amorosa con la despampanante hondureña, lo mismo que con la excolumnista Marcela Gómez Zalce, titular de la Oficina de la Jefatura de Gobierno. Quién se lo recordó. Pero Marcelo negó las versiones y recalcó: “Yo no tengo novia

ahora. Si tuviera, ya la hubiera presentado”.

En esa edición de abril, Quién manejó la imagen del perredista como la del guapo y poderoso soltero solitario con posibilidades de ser el próximo presidente de México. Era el primer capítulo de la novela rosa sobre Ebrard. La revista lo anunciaba en su portada con el siguiente título: No me quiero quedar solo: Marcelo Ebrard. ¿Quién será, pues, la elegida?, era la pregunta que dejaba en suspenso a los lectores.

Y justamente en su edición de agosto la publicación da la respuesta. En un segundo y mucho más impactante capítulo, Quién presenta con bombo y platillo a La Gaviota de Ebrard. En varias fotos aparece Rosalinda mostrando la frescura de su piel y su negra cabellera radiante, que enmarca un rostro de labios carnosos. El vestuario resalta su estrecha cintura, la redondez de su busto y sus piernas torneadas que culminan en unas zapatillas negras. ¿Quién es ella? Se nos dice que nació en Tegucigalpa en junio de 1977. Estudió dos carreras: mercadotecnia y administración de empresas, así como un par de diplomados en España.

Es divorciada: “Hace cuatro años me divorcié y no quiero revivir el pasado. Ya no me entendía con mi anterior pareja”, asegura.

Su madre es de origen libanés y su padre es un empresario hondureño propietario de algunos hospitales. “Muy conservadores” los dos, al igual que la católica Rosalinda que ya casi convence a Marcelo para que la acompañe a misa.

Además, es fervorosa guadalupana: “Todas las mañanas le enciendo su velita. Mi futuro está en manos de la Virgen de Guadalupe. Vine a la Basílica a conocerla hace cuatro años, me desahogué, puse mi vida en manos de ella porque eran momentos confusos. A la semana me ofrecieron la embajada en México”.

Este “milagro guadalupano” ocurrió en julio de 2007, cuando el presidente hondu-

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P O L Í T I CA torias de amor dosificadas en capítulos que se disputan la escenografía de Los Pinos, como lo logró la pareja Vicente Fox-Marta Sahagún, pionera en México de la novela rosa de no ficción y estelarizada por la familia presidencial.

Cálculo político

reño Manuel Zelaya la nombró embajadora en México. Pero dos años después, en junio de 2009, un golpe de Estado derrocó a Zelaya y repercutió en la embajada, donde el encargado de Asuntos Consulares, Rigoberto López, se alió con los golpistas y le impidió a Rosalinda el acceso a la sede diplomática.

Es en ese momento cuando interviene el héroe que defiende a su doncella del villano. Ebrard envió a la embajada a elementos de la policía capitalina para que se le permitiera la entrada a Rosalinda. Ella logró replegar a los golpistas de Roberto Micheletti, pero no se mantuvo mucho tiempo como embajadora. Al quedar sin trabajo, Ebrard le dio chamba en un programa de supervisión de servicios hospitalarios.

Dice que él sólo apoyó “la posición de Rosy”, como cariñosamente le llama.

Y sobre una posible boda comenta: “Ya lo veremos. Lo que sí es que sería una cosa muy íntima. Nada de fiestas y cuestiones publicitarias”. Rosy lo secunda amorosa: “Nos casaremos cuando Dios lo permita”.

El político perredista habla sobre sus gustos personales: usa corbatas Hermes, relojes Longines y camisas con sus iniciales bordadas. Le gustan los “buenos vinos”, sobre todo “los italianos de tipo franco-romano”, difíciles de conseguir en México.

Quién analiza su apariencia y destaca que “ya no usa tanto gel” en el pelo, por lo que se ve “muy natural y auténtico”. Es delgado y transmite un “mensaje de salud”. Sus lentes “no generan interferencia visual” y más bien lo hacen parecerse a Clark Kent. En las fotografías publicadas aparece muy acicalado, siempre de traje oscuro y con una corbata amarillo paja, el color que le sugirió la misma revista.

Así, la pareja formada por Marcelo y Rosalinda se abrió de lleno a competir en las páginas del corazón con Enrique Peña Nieto y La Gaviota. Dos his-

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Mariagna. Estigma

Desde tiempos de Fox, Javier Martínez Staines, a la sazón director editorial de Quién, comentaba sorprendido que “la novela rosa de los Fox” había alcanzado incluso más “rating en el extranjero que aquí en México”.

Aseguró que todos “somos chismosos”, por lo que la prensa rosa –en México y en el resto del mundo– satisface esa curiosidad por conocer la intimidad de los famosos: sus matrimonios, divorcios, fiestas, pleitos familiares, infidelidades conyugales, cirugías estéticas, etcétera.

Sin embargo, advirtió que los famosos “no son ingenuos, saben aprovechar muy bien las oportunidades para mejorar su imagen… Detrás de esa aparente frivolidad existe una estrategia bien montada” (Proceso 1303).

Hoy el PRD recurre a esta estrategia promocional minuciosamente calculada. El pasado 31 de julio fue presentado el movimiento Demócratas de Izquierda, que dentro del PRD impulsa la candidatura presidencial de Ebrard. En el evento, realizado en el Polyforum Cultural Siqueiros, el jefe de Gobierno del Distrito Federal enarboló en su discurso el progresismo de la izquierda: “El regreso no es opción. Tenemos que ir hacia delante, y quien va a conducir y quien puede proponer es exactamente la filosofía, la forma de pensar del progresismo de las izquierdas mexicanas”.

Le aplaudían representantes de distintos sectores: Marta Lamas, de las feministas; Aram Barra, del sector juvenil; Angélica Ortiz, activista en derechos humanos, y Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, entre otros.

Se sumaron a la cargada los gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre, y de Sinaloa, Mario López Valdez. Dos corrientes del PRD estuvieron presentes: Nueva Izquierda y Foro Nuevo Sol. En sincronía con el destape, ese mismo día empezó a circular la actual edición de Quién, con la imagen en portada de Rosalinda acurrucada y sonriente en el regazo de Marcelo.

Después, el equipo de comunicación de Ebrard informó que el sábado 6 y el domingo 7 la pareja estuvo en Yucatán, con la familia de la novia. Ahí formalizaron la boda para octubre próximo y que será un evento “súper exclusivo” al que acudirán unas 40 personas.

En la edición especial de Proceso, Los aspirantes 2012, número 1 –correspondiente a marzo de este año y dedicada a Ebrard– se publica la investigación Arquitecto de su propia candidatura, en la que el reportero Raúl Monge abunda sobre las maniobras del jefe de Gobierno para construir su imagen: “En la construcción de la imagen del titular del GDF como potencial precandidato a la Presidencia, Televisa ha sido un inmejorable aliado, como lo ha sido del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto. Un dato así lo deja ver: en 2007, Ebrard apareció 407 veces en los canales de Televisa, mientras que Peña Nieto lo hizo en 700 ocasiones. Casi el doble.”

Agrega que en 2008, “de los 122 millones de pesos destinados al área de Comunicación Social… 116 se etiquetaron como ‘difusión y promoción’; de éstos, 105.3 fueron a parar a manos de Televisa (71.7%), TV Azteca (31.4%) y Proyecto 40 (2.1%)”.

En el reportaje se plantea que a Marcelo “le inquieta tanto verse bien ante las cámaras que desde hace un par de años se hace acompañar de una maquillista de cabecera, exempleada de Televisa”.

A pesar de sus afanes por desplazar a Peña Nieto, los sondeos le siguen siendo muy desfavorables. La última encuesta de Mitofsky, de mayo pasado, le da 3.6% de preferencia electoral para los comicios presidenciales, muy por abajo del 33.9% de Peña Nieto.

Ni siquiera los capitalinos aprueban su gestión al frente de la jefatura de gobierno. La última encuesta del diario Reforma –realizada este agosto– indica que solamente 50% está de acuerdo con su trabajo de gobierno. ¿Logrará Marcelo remontar en las encuestas? ¿Desplazará como galán a Peña Nieto? ¿La bella hondureña se impondrá en imagen sobre La Gaviota? ¿Se casarán Marcelo y Rosalinda? ¿Llegarán juntos a Los Pinos?... Faltan muchos capítulos por ver de la novela rosa perredista.

Apenas comenzó la novela rosa del PRD.

Francesca. Arreglos

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ERNESTO VILLANUEVA

Guerra de Calderón, principios a la deriva A Alfredo Rivera Flores, con mi solidaridad.

A

lgunos de los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional 2011, elaborada por el área de opinión pública del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, son de preocupar habida cuenta de lo que revelan.

Ante todo debe decirse que es un trabajo de gran calado. Lo organizaron la maestra Julia Flores, y en su preparación participaron los doctores Héctor Fix Fierro, Sergio López Ayllón y Diego Valadés, quienes ya anteriormente, en 2003, hicieron un ejercicio similar con rigor académico y metodológico, como se muestra en esta entrega.

La encuesta aborda más de 100 rubros de la agenda nacional, y ninguno tiene desperdicio. Me interesa compartir, por ahora, la manera en que ha evolucionado la percepción de la sociedad mexicana en materia de transparencia y seguridad. Veamos.

Primero. Como es sabido, el tema de la transparencia ingresa al conocimiento público en el año 2000 y se viene identificando, en sus grandes trazos, a partir del 2003, con el inicio de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia. De entrada, la encuesta señala que el 56.2% de los entrevistados está a favor de que la prensa no se halle controlada, mientras que el 27.3% cree lo contrario. También es apreciable el dato de que el 59.8% de los mexicanos manifiesta su desacuerdo con el hecho de que a un periodista se le impida criticar al gobierno.

Sobre la lucha del gobierno contra el narcotráfico, la sociedad considera ampliamente que dicha información debe ser pública.

En efecto, tres de cada cuatro entrevistados (75.7%) así lo indicaron. Incluso, seis de cada 10 se pronunciaron por que los datos personales de los servidores públicos sean del conocimiento colectivo. En este rubro podrían incluirse los datos de la declaración patrimonial, teléfonos celulares y todo tipo de gasto de representación, tres temas que

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hoy la autoridad suele clasificar como información confidencial.

La percepción sobre el dicho mexicano que reza: “está bien que roben, pero que hagan algo”, ha dejado de tener el mayor número de adeptos, toda vez que el 38.9% de los entrevistados se expresó en contra de esta práctica, mientras que sólo el 20.6% estuvo acuerdo, lo que supone que sigue existiendo un clima de tolerancia relativa a los actos de corrupción. Paradójicamente, el principal problema del país es la corrupción, según revelan el 22% de los entrevistados (el porcentaje más alto). Es de llamar la atención que los servidores públicos y la policía estén en el penúltimo y último lugar, respectivamente, de aceptación social, con calificación de 5.4 de una escala de 0 a 10, en tanto que nadie obtuvo más del 7.5.

Segundo. La sociedad mexicana es pesimista ante su presente y su futuro. Según la encuesta, en el 2003 el 42.8% de los entrevistados pensaban que la situación era peor que la del año anterior; ahora, en el 2011, los que piensan de esa forman constituyen el 45.1%. Asimismo, si en 2003 el 22.2% opinaba que ese año era mejor que el anterior, en 2011 opinan así sólo el 14.8%.

En este 2011 la sociedad percibe la situación como preocupante (45%, poco más que en el 2003, cuando se registró la cifra de 44.1%) y peligrosa (24%, contra el 16.

3% que eso creía en el 2003). En la misma línea, la mayoría de los encuestados considera que la situación del país en el 2012 va a empeorar (39.3%).

El principal temor de la comunidad no es, como uno se imagina por las noticias, ser víctima de la violencia del narcotráfico o el crimen organizado (27.2%), sino de robo con violencia (31.5%). El 19.3% teme ser víctima de fuerzas de seguridad pública.

La desesperación de la sociedad por ver que cada día que pasa pierde sus espacios públicos ha generado que la mayoría prefiera la seguridad (42.5%) a la libertad (35.6%). La existencia del Estado encuentra su sustento inicial en asegurar la convivencia pacífica de los seres humanos, circunstancia que en México se está perdiendo, por lo cual la colectividad prefiere sacrificar en buena medida sus libertades para asegurar su supervivencia.

Tercero. Las cosas no han quedado ahí.

La zozobra colectiva también se ha traducido en que casi siete de cada 10 entrevistados (66.3%) considere que el toque de queda ayudaría a combatir la inseguridad.

Peor todavía, las campañas negras del gobierno federal de estigmatización social han distorsionado los umbrales de respeto razonables de los derechos humanos. En efecto, tres de cada 10 personas están de acuerdo en que se obtenga información bajo tortura de personas sospechosas de formar parte de grupos de narcotráfico. Quienes así piensan son varones, ubicados en las franjas de edad de 15 a 19 y de 45 a 49 años. De igual forma, tres de cada 10 personas estuvieron de acuerdo en que las fuerzas del orden priven de la vida a personas sospechosas de formar parte del crimen organizado, aunque tengan la opción de detenerlos y someterlos a un proceso judicial. ¿No es esto por sí mismo una señal inequívoca de que la guerra de Calderón tiene fallas crecientes? ¿No es una irresponsabilidad utilizar las campañas oficiales para trastocar los principios básicos de los derechos humanos y generar confusión y diluir certezas del deber ser? O ernestovillanueva.blogspot.com twitter: @evillanuevamx 1815 / 14 DE AGOSTO DE 2011

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