PROCESO 1834: El EXPEDIENTE"EL AZUL" CARPETAZO

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NA R COT R Á FICO

“El Azul”, otro capo

bajo cobijo

RICARDO RAVELO

E

n 2002, 15 meses después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal federal de Puente Grande, Jalisco, la Procuraduría General de la República (PGR) emprendió la búsqueda de varios exintegrantes del cártel de Juárez que se habían aglutinado bajo el liderazgo del capo sinaloense.

Por aquellos años la PGR había confirmado que El Chapo pretendía conformar una gran organización criminal con el objetivo de monopolizar el negocio del tráfico de drogas en el país. Más tarde se confirmó que dicha agrupación se llamaría La Federación de Narcotraficantes y que estaría formada por varios cárteles.

Se supo también que el artífice de esa estrategia era nada menos que Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, un capo de bajo perfil y con amplia capacidad para negociar conflictos entre organizaciones rivales, quien fue una pieza clave para proteger al recién fugado Guzmán Loera en aquellos azarosos días.

Al confirmarse que El Azul era el estratega del plan, en la PGR se conformó un grupo especial con policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes comenzaron a seguir los pasos de Esparragoza Moreno en varios estados a fin de ubicarlo, desarticular sus redes y detenerlo.

Sin embargo, cuando la investigación estaba casi concluida, una orden superior frenó la indagación y el expediente fue celosamente archivado en la PGR. Nadie más siguió las indagaciones y el documento se mantiene bajo resguardo hasta la fecha.

Tras los pasos de “El Azul”

Un legajo que permanece “enterrado” en la Procuraduría General de la República contiene información clave sobre uno de los principales capos del narco en México: Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. Agentes de esa dependencia realizaron indagaciones desde 2002 y lograron ubicar domicilios y personas que pudieron darle refugio a ese mando del cártel de Sinaloa; pero de pronto algún alto funcionario federal ordenó suspender la investigación…

Proceso tuvo acceso a los pormenores del expediente, que contiene tarjetas informativas, rutas de trasiego y zonas de seguridad donde suele refugiarse Esparragoza Moreno; domicilios relacionados con amigos y familiares del capo, así como datos del Registro Público de la Propiedad sobre residencias a nombre de amigos y socios de El Azul, muchos de los cuales son señalados como parte de la red protectora y de lavado de dinero al servicio de Esparragoza y del cártel de Sinaloa.

El documento que contiene el minucioso seguimiento que la PGR le hizo a El Azul y a sus socios abre con el reporte de uno de los agentes responsables de la investigación. Dice textualmente: “No omitimos informar que por mención de un informante, el domicilio ubicado en calle L. Van Beethoven No. 5689 es-

quina con Tchaikovski, colonia La Estancia, Zapopan, Jalisco, es frecuentado por la persona denominada El Azul.

“Al dirigirnos a las oficinas del catastro del estado de Jalisco nos informaron que, al mostrarnos el mapa de la zona de la casa con número 5689 y 5691 por el lado de la calle L. Van Beethoven, así como casa marcada con el número 375 y 373 sobre la calle Tchaikovski corresponden al mismo predio.

“Cabe hacer mención que el personal de catastro señaló que esta persona pudo haber realizado algunas irregularidades respecto al predio para que éste solo apareciera registrado por la calle de Félix Mendelson sin número, refiriendo que la calle en mención se encuentra en la parte posterior del predio, ya que nuestra señalización del predio en el mapa que el personal nos mostró no corresponde a la calle de Félix Mendelson…”

La investigación, que requirió varios meses, continuó por parte de los agentes de la PGR. El 17 de junio de 2002 se incluyó en el expediente una tarjeta informativa que refiere: “Continuando con la línea de investigación, se informa lo siguiente: en relación al domicilio ubicado en calle Sierra de Cuale 2015 colonia Las Águilas, en Zapopan, Jalisco, conocimos por dicho de un informante que la residencia es habitada por una persona de confianza de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.

“El informante nos dijo que algunas veces dicho domicilio es frecuentado por El

Azul. Al realizar una vigilancia móvil nos percatamos que en el interior de este se encontraba una persona del sexo femenino de aproximadamente 35 años de edad, y un vehículo marca Rambler tipo América color café con placas de circulación HZL9113 del estado de Jalisco.”

El 3 de junio, los agentes investigadores reportaron las tareas que realizarían para ubicar los domicilios donde suele refugiarse Esparragoza Moreno: “…en relación a la investigación relacionada con El Azul me permito informar que se acudió a las oficinas del Registro Público de la Propiedad, así como a las de catastro, para poder verificar si el domicilio ubicado en calle Beethoven esquina Tchaikovski es propiedad de Rosario Esparragoza Moreno, hermana de la persona denominada El Azul, así como también el domicilio ubicado en la calle Sierra de Cuale.”

En otra tarjeta los agentes federales dicen que en uno de los domicilios que vigilaban en el estado de Morelos pudieron observar a Cristian (Esparragoza Gastélum), hijo de El Azul y a quien también le seguían los pasos, cuando abordaba una camioneta Grand Cherokee negra y de modelo reciente.

No pudieron detenerlo, afirman en el documento, pero confirmaron que el hijo de El Azul se reuniría con unos amigos en una discoteca. Y continúan: “No fue posible distinguir las placas de circulación por la cantidad de personas que había en ese lugar. El agente no tuvo posibilidad de dar aviso a los compañeros

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que se encontraban en espera de la salida de Cristian, esto debido a que junto a él se encontraban otros amigos de Cristian y podían percatarse o descubrir la identidad del agente. Cabe hacer mención que Cristian no entregó su vehículo al personal del estacionamiento porque lo estaban esperando a bordo de la camioneta.”

Provistos de fotografías, domicilios e informes sobre los sitios frecuentados por Juan José Esparragoza Moreno, viajaron a la ciudad de Guadalajara, aparentemente con el fin de aprehenderlo. No obstante, reportaron a la PGR: “…dos casetas antes de llegar a la ciudad de Guadalajara fuimos interceptados por una patrulla de la Policía Federal de Caminos. Al preguntarles a los oficiales por qué motivos nos habían parado nos respondieron que en ese tramo carretero existe un índice elevado de robo a autotransportes, motivo por cual teníamos que ser revisados los tripulantes y el vehículo, para lo que fue necesario identificarnos como elementos de la PGR. “De inmediato nos solicitaron que les mostráramos nuestro oficio de comisión.

Después de leerlo nos indicaron que no nos podíamos retirar”. Los agentes solicitaron a la PGR que les giraran oficios de comisión para investigar a Esparragoza Moreno en todo el estado de Jalisco, así como en Quintana Roo, “ya que nuestra investigación así lo requiere”.

En otra tarjeta informativa, los federales reportaron a sus jefes que continuaban las investigaciones sobre el paradero de Esparragoza Moreno e informaron que ya habían localizado el domicilio de Rosario Esparragoza, hermano del presunto narcotraficante: “Continuando con la línea de investigación nos permitimos informar a usted que

el día 15 de mayo del año en curso (2002) nos trasladamos a la ciudad de Guadalajara con la finalidad de ubicar el domicilio que se encuentra localizado en calle L. Van Beethoven 5689 esquina con Tchaikovski, colonia La Estancia, ya que por dicho del informante está habitado por una persona de nombre Rosario Esparragoza Moreno y a ese lugar llega con frecuencia Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, ya que en el lugar establecido un agente encubierto se entrevistó con una persona del sexo femenino de aproximadamente 25 años de edad, al parecer del servicio doméstico.”

De acuerdo con la ficha informativa, dicha persona se encontraba barriendo la calle y limpiando el jardín. Al verla trabajando, el agente encubierto se le acercó y le preguntó si ahí vivía la señora Rosario y si estaba. La persona –prosiguen los agentes– se mostró nerviosa y contestó que sí era la casa de la señora Rosario, pero que en esos momentos no se encontraba.

El reporte dice que los agentes se enteraron por su informante de que el domicilio ubicado en la calle Jorge Bravo sin número está habitado por una persona de confianza de Esparragoza Moreno, “sin poder obtener por el momento información alguna, ya que al parecer no se encontraba nadie en el domicilio”.

Y añaden: “…la persona que nos está proporcionando información nos pidió que omitiéramos su identidad, ya que nos dijo que no quería salir perjudicada”.

Vínculos mafiosos La investigación de los agentes de la PGR arrojó datos relevadores sobre los vínculos que tejió Juan José Esparragoza Moreno en el estado de Morelos. Según la información, El Azul es compadre de Jorge Luis Rodríguez Mier, conocido como El Capi o Capitán y que,

antidrogas de Estados Unidos, ofrece 5 millones de dólares.

Para la PGR, El Azul es uno de los capos más buscados del narcotráfico mexicano. De acuerdo con su ficha criminal, se le ubica en Morelos, Querétaro, Cancún y la Ciudad de México, pero nadie ha podido dar con su paradero.

El año pasado, la PGR hizo pública una lista de delincuentes peligrosos por quienes ofrece recompensas de hasta 30 millones de pesos. La lista incluye a Esparragoza Moreno, cuyo nombre aparece en el apartado “B”, al lado de Joaquín Guzmán Loera, Ignacio Coronel (finado) y Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, actualmente preso en Estados Unidos.

Esparragoza Moreno es, junto con Zambada García, uno de los capos de la vieja guardia del narco. Se formó en el desaparecido cártel de Guadalajara, que en los años ochenta encabezaban Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

Luego fue aprehendido y a finales de los ochenta compartió celda con Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes en el Reclusorio Sur, de la Ciudad de México, donde tejieron una alianza.

Esparragoza fue una de las piezas importantes de Félix Gallardo para efectuar la cumbre de capos de 1993, en Cuernavaca, donde se repartieron los territorios más codiciados como rutas de trasiego.

Actualmente la PGR lo considera un estratega de las alianzas entre cárteles.

De las 10 organizaciones criminales que operan en México, al menos unas cinco forman parte del cártel de Sinaloa, lo que convirtió a este cártel en el más poderoso de América Latina.

Con todo, la investigación realizada por la PGR para localizar y detener a Esparragoza fue archivada, según se pudo indagar, por una orden superior.

No se sabe si provino de un alto funcionario de la PGR o de la Presidencia de la República.

Lo cierto es que el expediente que incluye información sobre las propiedades y refugios de El Azul sigue guardado.

–¿Qué creen ustedes que pasó con la investigación? –se le pregunta a uno de los participantes en ella.

–No lo sabemos, suponemos que negociaron con El Azul igual que negociaron con El Mayo Zambada, a quien presuntamente detuvieron en 2009 y lo dejaron ir sin mayores explicaciones.

–¿Lo dejaron ir también por una orden superior?

–Sin duda. O

Incursión

descarada en México Ante el peligro que representa el narcotráfico mexicano para la seguridad de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama emprendió acciones con su contraparte del sur para frenar el ingreso en territorio estadunidense de organizaciones criminales como Los Zetas, el cártel del Golfo y el de Sinaloa. Sin embargo, el precio que está pagando México es muy alto en términos de soberanía: agentes de aquél país incursionaron de manera descarada en Tamaulipas, sin que hasta ahora la administración calderonista se haya pronunciado al respecto.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

L

a mañana del jueves 15 dos camionetas suburban blindadas pasaron veloces por la avenida Sexta de Matamoros. En su camino hacia el sur de la ciudad iban escoltadas por cuatro vehículos del Ejército mexicano.

Acostumbrada a este de tipo de movilizaciones y demostraciones de fuerza en una ciudad donde se enseñorean el narcotráfico y la violencia, la prensa captó cómo la policía de tránsito de la ciudad abría paso al convoy en el que una veintena de soldados se desplazaba en estado de alerta.

AP photo / G. Daniel López

r Chávez y, de pie, Amado Carrillo Esparragoza, su “amigo” Julio Césa

de acuerdo con la base de datos del Registro Público de la Propiedad, consultada por los investigadores de la PGR, es propietario de la empresa Aerolíneas Internacionales.

En el informe se añade que Rodríguez Mier es propietario del predio denominado Cuatapaxco, localizado en el poblado de Santa María Ahuacatitlán, así como sus datos generales: nació el 8 de agosto de 1960, es piloto aviador de profesión y vive en Morelos.

El expediente incluye datos sobre otras propiedades relacionadas con Esparragoza Moreno, un mapa de las presuntas rutas de trasiego de droga que utiliza y un itinerario de vuelos que supuestamente realizó mediante Aerolíneas Internacionales a diversos destinos, entre los que destacan Monterrey, Tijuana, León, Cuernavaca, el Distrito Federal, Reynosa, Guadalajara, Veracruz, Hermosillo, Cancún, Aguascalientes y Culiacán.

El capo, nacido en la localidad de Huixiopa, municipio de Badiraguato, Sinaloa, en 1949, no ha vuelto a pisar la cárcel después de su aprehensión a finales de los ochenta y su liberación en 1993, cuando fue beneficiado por una preliberación autorizada por la Secretaría de Gobernación.

Un testigo de aquel momento, quien pidió no revelar su identidad, dijo a este semanario: “Cuando le otorgaron la libertad, El Azul salió caminando de la prisión. Tomó sus cosas y caminó unos dos kilómetros hasta la carretera, donde tomó un taxi”.

A pesar de la turbulencia generalizada que ha generado el narcotráfico en México, Esparragoza Moreno se ha mantenido a salvo. Los nombres de Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada, Eduardo Costilla y otros narcotraficantes se mencionan a cada momento en los medios de comunicación, pero no el de Juan José Esparragoza Moreno, lo que confirma el sigilo con el que se mueve.

En febrero del año que termina, autoridades federales catearon una propiedad en la colonia Jardines del Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal. El operativo, se dijo entonces, era para buscar a Esparragoza Moreno, pero los agentes de la PGR se fueron con las manos vacías.

El operativo, efectuado bajo la orden 622011, se inició a las 17:45 y concluyó tres horas después, pero los policías se equivocaron y entraron en el domicilio de la actriz Marga López, quien se indignó por el equívoco.

Esparragoza Moreno tiene 62 años y en 2005 la PGR ofreció 5 millones de pesos a quien proporcionara información para capturarlo, mientras que la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia

Matamoros. Patrullaje castrense

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Sánchez Garza. “Eran agentes de la patrulla fronteriza”

tiva en esa ciudad durante la semana que terminaba. También dio cuenta de la liberación de 21 personas que estaban secuestradas en Nuevo Laredo.

Ofensiva conjunta El general brigadier Diplomado de Estado Mayor (DEM) Rogelio Armando Patiño Canchola, jefe de la guarnición militar en Matamoros y anfitrión de los estadunidenses, fue el primer obligado a guardar silencio.

Como subordinado de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, se limitó a facilitar el encuentro en las instalaciones a su cargo. Pero su jefe, el comandante de esa Zona Militar, el general de brigada DEM Miguel Gustavo González Cruz, prefirió informar sobre las bajas materiales que el Ejército ha infligido al narcotráfico.

Ambos dependen del general de División Noé Sandoval Alcázar, comandante

estado e incluso llegaba a Tabasco. En noviembre, el Ejército aseguró lo que ese cártel llamaba La Central, en Torreón, Coahuila.

En esa operación, los militares aseguraron equipo de telecomunicaciones por 350 mil dólares.

En diciembre el Ejército desmanteló una red de telecomunicaciones que operaba en los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, estados donde hay presencia de Los Zetas.

Los gobiernos de Felipe Calderón y de Barack Obama se encuentran en una fase de confrontación con el cártel de origen militar, que además de su expansión hacia Centroamérica, en años recientes ha cruzado el Río Bravo y ha desplegado su violencia en Texas.

Incursiones en EU Apenas el 23 de noviembre pasado un grupo de Zetas se enfrentó con elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) en el condado de Harris, en la zona conurbada de Houston. Se trató de una frustrada operación encubierta para capturar a integrantes de ese grupo criminal.

La agencia quería detener in fraganti a la supuesta célula del cártel e infiltró a un agente que haciéndose pasar por trailero recibiría un cargamento de más de 130 kilos de mariguana. Cuando llegó al lugar de la entrega, tres camionetas suburban emboscaron y mataron al policía.

En lo que los medios locales calificaron como una emboscada “al estilo mexicano”, los narcotraficantes se enfrentaron con agentes de la DEA que llegaron al lugar. En la refriega también resultó herido un agente.

Poco antes, el 8 de noviembre, 15 hom-

En la línea fronteriza

bres armados que huían de una confrontación con el Ejército que, según testigos citados por la prensa estadunidense, incluso utilizó helicópteros artillados, se refugiaron en territorio de Estados Unidos en un rancho ubicado cerca de la población Escobares, en Texas, justo en el cruce de la frontera con México, del lado del río Bravo.

La incursión fue reportada a la 1:30 de la tarde por equipos SWAT de la policía estadunidense entrenados en armas y tácticas especiales. Ello provocó la movilización

http://elblogdelhuasteco.blogspot.com

La custodia especial no era para ningún jefe del narcotráfico capturado en la zona, sino para funcionarios de Estados Unidos que viajaban en las dos camionetas con placas del gobierno de ese país, y que a las 9:30 de la mañana cruzaron el puente internacional Brownsville-Matamoros.

La seguridad de los enviados de Washington también era vigilada por un helicóptero de la administración Obama, que desde el cielo seguía la trayectoria de los vehículos que se enfilaron por el Libramiento Emilio Portes Gil rumbo al Regimiento de Caballería Motorizada, de la Guarnición Militar con sede en Matamoros.

La custodia del Ejército y el destino de la caravana fueron motivos para que la prensa local y regional informara sobre la presencia de efectivos militares estadunidenses en territorio mexicano.

Oficialmente no fue así. Según el alcalde de Matamoros, Alfonso Sánchez Garza, los ocupantes de las potentes camionetas vigiladas por tierra y aire eran agentes de la Patrulla Fronteriza. En declaraciones a los periodistas, citó al cónsul de Estados Unidos en la ciudad, Michael Barkin, para asegurar que los agentes federales ya habían pactado esa reunión.

A la explicación del alcalde se sumó la molestia y silencio del secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez. “Pregúntale al gobierno federal. No tenemos información como gobierno estatal. No tengo ningún comentario adicional”, respondió molesto ante las insistentes preguntas acerca de la presencia de funcionarios de Estados Unidos en la guarnición militar.

Pero el gobierno federal no dijo nada de la reunión, ni del propósito ni del nivel de los militares que participaron en el encuentro. Como si éste no hubiera ocurrido, el mando territorial del Ejército en Reynosa, Tamaulipas, informó el sábado 17 de sus aseguramientos de personas, droga, armas, dinero y equipo de logística delic-

de la IV Región Militar, con sede en Nuevo León, responsable de enfrentar al cártel de Los Zetas en esa área castrense, que además de Nuevo León y Tamaulipas comprende a San Luis Potosí. En esas tres entidades hay una fuerte presencia de la organización delictiva creada en los noventa por militares de élite, y que sigue alimentando sus filas con desertores.

Sin precedentes registrados públicamente, la presencia de la delegación estadunidense en las instalaciones del Ejército en Matamoros se enmarca en la actual ofensiva de los gobiernos de México y Estados Unidos contra Los Zetas. Es también una respuesta a las amenazas atribuidas a esa organización en contra de ambos gobiernos.

Del lado mexicano, las acciones contra esa organización delictiva han derivado en el desmantelamiento de redes de telecomunicaciones en Veracruz, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En Veracruz, donde la Marina-Armada de México instaló su principal centro de operación contra Los Zetas, infantes de Marina han detenido a algunos de sus jefes regionales y desarticularon redes financieras y de telecomunicación. Esto ha dado lugar a una recomposición del narco en ese estado.

La experiencia militar de Los Zetas originales le ha permitido a ese cártel innovar en la logística de guerra. Ha adaptado vehículos para resistir los enfrentamientos y ha desarrollado técnicas para construir sus propios sistemas de radio y utilizar los sistemas de comunicación existentes de manera segura.

En septiembre pasado, la Marina desmanteló una red de telecomunicaciones Zeta que prácticamente abarcaba todo el

AP photo / David Maung

www.contextodetamaulipas.info

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Caravana de vehículos estadunidenses

de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de la Oficina del Sheriff del condado rural Starr para asegurar el área.

Lograron la detención de una persona herida y advirtieron al gobierno mexicano del regreso a su territorio de otro sujeto.

Robert Bunker, especialista en seguridad nacional de Estados Unidos y en guerra no convencional, de la Universidad Militar de los Estados Unidos, en Virginia, calificó esa incursión como “una amenaza enteramente diferente” a las ocurridas hasta ahora. En un análisis que publicó en el sitio de internet Small Wars Journal dijo que esos “soldados” del cártel /banda serán más proactivos en sus acciones y no reactivos como la mayoría de los delincuentes.

Aseguró que las unidades SWAT se encuentran en desventaja frente a esos “soldados” que con sus armas semiautomáticas y de asalto y la muy alta probabilidad de que usen lanzagranadas y granadas de fragmentación “crean algo parecido a un escenario militar”, que supera la capacidad de respuesta de esas fuerzas policiales.

La presencia de presuntos Zetas en Texas se suma a las bajas que ha sufrido el gobierno estadunidense en su confrontación con los cárteles mexicanos. En febrero de 2011, una célula de esa organización liderada por Julián Zapata Espinosa, El Piolín, asesinó a Jaime Zapata, agente de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en ingles) y dejó herido a su compañero en un ataque ocurrido en San Luis Potosí.

El jueves 22 el gobierno de México extraditó a Estados Unidos a El Piolín para que sea

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Por lo que corresponde al gobierno mexicano, el jueves 8 Felipe Calderón inauguró en Ciudad Mier, Tamaulipas, las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, el primer cuartel militar “móvil” del Ejército mexicano.

Ubicada a 190 kilómetros de Matamoros, Mier representó hasta el año pasado una línea divisoria entre el cártel del Golfo (CDG) y sus antiguos aliados de Los Zetas, organización formada en la década de los noventa para actuar como brazo armado del grupo encabezado por Osiel Cárdenas Guillén.

A mediados del año pasado, la mayoría de los 6 mil 300 habitantes de Mier abandonaron la ciudad y se mudaron a municipios vecinos y a Estados Unidos obligados por la confrontación entre ambas organizaciones delictivas. Se trató del primer gran desplazamiento interno en México forzado por la delincuencia organizada.

El reporte de la Sedena

Veracruz:

tercera gran matanza REGINA MARTÍNEZ

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ALAPA, VER.- La tercera gran matanza en Veracruz este año ocurrió la madrugada del jueves 22 en la región norte del estado. Criminales atacaron tres autobuses de pasajeros procedentes de Nuevo León y de Tamaulipas que se dirigían a distintos puntos del norte veracruzano. Luego se produjo un tiroteo con militares. El saldo hasta el cierre de esta edición era de 11 civiles y cinco presuntos delincuentes muertos.

Al principio los ataques y el posterior tiroteo desataron entre las autoridades una guerra de cifras; ninguna se ponía de acuerdo para precisar el número de bajas civiles.

Las primeras versiones afirmaban que sicarios que viajaban en cuatro camionetas habían detenido los autobuses cerca de las cinco de la mañana en la carretera Tempoal-Pánuco, en el municipio de El Higo, y habían disparado con armas de alto poder contra las unidades y otros vehículos que transitaban por la misma ruta.

Reporteros locales que recogieron versiones de testigos señalaron que los delincuentes habrían obligado a los pasajeros a bajar de los autobuses y cuando éstos empezaron a correr aterrorizados, los asesinaron.

Alrededor de las 6:30 de la mañana efectivos del Ejército y de la Marina llegaron a la carretera Pánuco-Tantoyuca, donde tuvieron lugar una persecución y un za-

farrancho con los sicarios que duró casi seis horas.

“El norte de Veracruz se convirtió en una zona de guerra”, dijo uno de los reporteros de esa región limítrofe con Tamaulipas y a quienes se les impidió acercarse al sitio del enfrentamiento.

Fuentes de la 19 Zona Militar, con sede en Tuxpan, señalaron que el enfrentamiento más intenso con los delincuentes tuvo lugar en la zona conocida como la “Y”, entre los municipios de El Higo y Tempoal.

El alcalde de Tantoyuca, el panista Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, fue la primera autoridad que confirmó el enfrentamiento: “Un grupo de maleantes atacó unos autobuses y vehículos en la carretera de esta zona, parece que hay varios muertos”.

Proceso le preguntó sobre el número de víctimas, ya que en esos momentos se hablaba de más de 20. El edil señaló: “Se habla de más, entre 20 y 40. No tengo el número exacto. Es algo que está sucediendo ahorita”.

Los datos sobre los muertos le fueron proporcionados al presidente municipal por las autoridades militares asentadas en ese municipio. “El Ejército que esta aquí en Tantoyuca se fue hacia aquella zona a reforzar a la Marina”, informó Guzmán.

–¿Los muertos son civiles o delincuentes? –le preguntó Proceso.

–Hay civiles que fueron atacados por

Comandante Aguilar Páez. Rueda de prensa

Julio Argumedo

los maleantes. Se habla de dos autobuses, de un camión repartidor de una tienda y una camioneta Suburban blanca. Después llegó la Marina a atacarlos, a los maleantes.

Esto, dijo, ocurre un día después de un enfrentamiento en la congregación Calentadores, municipio de Pánuco, donde marinos abatieron a varios presuntos delincuentes.

“Probablemente haya sido una reacción de la delincuencia”, señaló.

En el norte del estado, refirió, “la inseguridad es bastante fuerte”; desde Tantoyuca hasta Álamo, pasando por los municipios de Tepetzintla, Tempoal, Pánuco y El Higo, “donde ha habido robo de vehículos y constantes enfrentamientos de maleantes con la Marina y el Ejército”.

Por desgracia, acusó, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública no actúan en la región: “No tenemos ninguna respuesta de parte de ellos, ya que está llegando mucha gente maleante que ya se ha asentado aquí y precisamente es la que está haciendo estas atrocidades”.

–¿Se calculan entonces cerca de 40 muertos? –se le volvió a preguntar.

–Más o menos, pero podrían ser más.

No tenemos el número exacto, pero eso es lo que ha comentado el Ejército.

La versión del edil fue confirmada por el diputado local panista Wilibaldo García Zenil, quien también mencionó que desde las primeras horas de ese 22 de diciembre “se reportaban entre 25 y 40 víctimas de un grupo armado”.

“Esta gente venía viajando en autobuses de Monterrey y Tamaulipas hacia varios municipios del norte del estado; obligaron a los pasajeros a bajar de los camiones que fueron asaltados, tiroteados”, explicó a este semanario en entrevista.

Fotos: Especial

Cuarteles móviles

Fotos: Especial

juzgado en aquel país por su presunta responsabilidad en la agresión contra los agentes estadunidenses.

El gobierno de Estados Unidos busca evitar más bajas en su propio territorio.

Cinco días después de la reunión en la base militar de Matamoros, el Departamento de Defensa (Pentágono) y el Departamento de Seguridad Interna anunciaron que en los próximos meses pasarán de operaciones en terreno a la vigilancia por medio de aviones y helicópteros en la frontera sureste con México, limítrofe con Tamaulipas.

La CBP es la agencia encargada de la defensa de esa parte de la frontera de Estados Unidos con México, pero desde 2010 el Pentágono, a través de la Guardia Nacional, se sumó a la vigilancia de esa zona.

Por orden del presidente Obama fueron desplazados mil 200 elementos de la Guardia Nacional. Con el nuevo método de vigilancia sólo habrá 300, aunque se prevé su retiro total para diciembre de 2012. A partir de enero, la Patrulla Fronteriza comenzará a aplicar una plataforma aérea que le proveerá de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y movilidad en la frontera. El gobierno estadunidense prevé tener completamente en marcha el nuevo sistema hacia marzo próximo.

A su vez, la Guardia Nacional sobrevolará la frontera con Tamaulipas con helicópteros OH-58 y UH-72 con un radio de detección de seis y 12 millas náuticas, respectivamente. Además, sus elementos volarán en aeronaves RC-26 de detección y monitoreo con capacidad de 12 millas náuticas.

De esta manera el gobierno de Obama espera responder más rápido a las crecientes acciones de violencia que le llegan desde México.

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Boca del Río. Primera llamada

Comentó que el martes 20, en la carretera federal Álamo-Pánuco, se produjo “un enfrentamiento donde al parecer hubo entre 10 y 12 muertos, presuntamente de la delincuencia organizada”, que fueron abatidos por marinos.

La incidencia delincuencial en esa región veracruzana es muy alta, subrayó, y aun cuando dijo no tener cifras exactas, “podemos asegurar que regularmente hay dos o tres enfrentamientos por semana o hechos de violencia y robos de vehículos y de ganado”.

Números cambiantes Horas después de los asesinatos y del enfrentamiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dijo que el saldo fue “de cinco delincuentes abatidos”. En un comunicado difundido cerca de las 14:00 horas del jueves 22, la PGJE señaló que las “fuerzas del orden destacadas en la zona norte del estado se enfrentaron a un grupo armado que la madrugada de este jueves agredió a tres autobuses que circulaban en la carretera Tempoal-Pánuco, cerca de la frontera con Tamaulipas”.

La dependencia explicó que en las primeras horas del día los presuntos delincuentes atacaron tres autobuses que circulaban en esa vía, “resultando siete personas fallecidas” y, en un evento diferente, “habían dado muerte a otras cuatro en el municipio de El Higo”.

En un escueto boletín la PGJE dijo que, una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, “de inmediato se puso en marcha un operativo para dar con los agresores, quienes fueron ubicados horas después, dándose un enfrentamiento con las fuerzas del orden”.

De los hechos, agregó, “tomaron fe las

autoridades ministeriales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes”. Además, apuntó, “las autoridades estatales y federales reforzarán la vigilancia en todas las carreteras de la región para proteger a los usuarios”.

Alrededor de las 18:30 horas el comandante de la VI Región Militar, Carlos René Aguilar Páez, en rueda de prensa en las instalaciones del cuartel de La Boticaria, Boca del Río, se limitó a dar lectura a un comunicado sobre los sucesos. Lamentó que en dicho enfrentamiento “hayan muerto 11 personas” abatidas por integrantes de la delincuencia organizada, aunque no precisó a qué grupo criminal pertenecen.

Y refirió: “En las primeras horas de esta fecha, al atender una denuncia ciudadana referente a que en la carretera PánucoTantoyuca un grupo de individuos armados se encontraban asaltando a varios autobuses de pasajeros y agrediendo a la población civil, personal militar perteneciente a este mando territorial procedió a trasladarse al citado lugar para ubicar a los agresores y salvaguardar la seguridad de la población.

“Al efectuar reconocimientos en la mencionada área localizaron a un grupo de individuos, quienes al detectar la presencia militar agredieron a las tropas, por lo que los efectivos castrenses repelieron la agresión, falleciendo en el lugar de los hechos cinco agresores.”

Agregó: “Es importante señalar que este grupo de delincuentes durante las primeras horas de esta fecha, en el poblado de El Higo, privaron de la vida a tres personas que se encontraban cargando una camioneta de verduras y en otro punto de la población arrojaron una granada provocando la muerte de una persona más”.

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Después, sobre la carretera a Tempoal, en el punto denominado la “Y”, dijo, “asaltaron un autobús en donde asesinaron a dos pasajeros, después continuaron sobre la misma carretera para detener a un segundo autobús sobre el que efectúan disparos de arma de fuego, ocasionando el fallecimiento de otras cuatro personas”.

“Para verificar lo sucedido, el conductor de un tercer autobús descendió de su automotor, donde fue asesinado por los citados delincuentes”, aseguró Aguilar y dijo que los cadáveres quedaron a resguardo de las autoridades civiles.

El alcalde Guzmán Avilés subraya que pese a que en Tantoyuca hay cierta tranquilidad ante la presencia del Ejército, hay municipios como Tempoal, Pánuco o El Higo “donde la gente ya no quiere pasar por las carreteras”.

Obviamente, aseveró, “hay temor porque se topan con este tipo de situaciones, con enfrentamientos en las carreteras o porque se pueden topar con un convoy de maleantes que te atacan o agreden, esta es la situación que esta ocurriendo en la zona, donde la presencia de seguridad pública estatal es ínfima”.

El año pasado el gobierno estatal le quitó a varios municipios el control de los cuerpos policiacos. Guzmán considera que “ahora estamos a merced de la delincuencia organizada, porque los policías estatales que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública no quieren coordinarse con los ayuntamientos”.

Vigilancia tardía Por la tarde del jueves el gobernador Duarte ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública “redoblar” la vigilancia en las carreteras del norte de la entidad, y reconoció el trabajo y respaldo del Ejército mexicano “en la tarea de mantener la vigencia del estado de derecho y salvaguardar a los veracruzanos”.

La matanza de este jueves se suma a los hechos de barbarie perpetrados en la entidad, como el del 22 de septiembre pasado en Boca del Río, donde fueron tirados los cuerpos de 35 personas ejecutadas por el crimen organizado, o a los 32 cadáveres que fueron hallados en octubre en varias casas de seguridad del puerto de Veracruz.

Tras los hechos de violencia del jueves 22 el gobierno de Estados Unidos, desde su consulado general de Matamoros, Tamaulipas, emitió un mensaje de emergencia en el que pide a sus ciudadanos “extremar” precauciones y no realizar viajes nocturnos en el norte de Veracruz. O

Octavio Gómez

N ARC OTRÁF ICO

Calderón. Abanderamiento del “cuartel móvil” en Ciudad Mier, Tamaulipas

De acuerdo con investigadores del fenómeno del narcotráfico en Tamaulipas, quienes hablaron a condición de permanecer en el anonimato, Los Zetas han ido perdiendo posiciones en la entidad y en la actualidad se disputan la capital del estado –Ciudad Victoria– y Nuevo Laredo, con el CDG, ahora asociado al cártel de Sinaloa.

El establecimiento del cuartel militar en la llamada frontera chica entre México y Estados Unidos pretende acelerar el retorno de la población que comenzó a regresar tras la llegada del Ejército a mediados de 2011.

La instalación castrense está ubicada en las afueras de Mier en una zona de 40 hectáreas; tiene capacidad para 600 efectivos y se puede desplazar a otras áreas del estado.

De acuerdo con Bunker, el cuartel “móvil” es un nuevo “componente estratégico” del gobierno mexicano contra las “insurgencias criminales”, además de ser un prototipo de ciudad fortificada que se podría aplicar en Tamaulipas, entidad dominada por la confrontación entre Los Zetas y el CDG. En un análisis publicado este mes el especialista asegura que el gobierno mexicano intenta crear islas de autoridad federal y estabilidad en la entidad para recuperar las zonas que se han perdido a manos de esos grupos delincuenciales.

Explica que los elementos del Ejército destacados en Mier patrullarán la zona y actuarán como fuerza de despliegue rápido en apoyo de una nueva fuerza policial que se creará junto con la llegada de los soldados y se establecerá cerca de las comunidades que se quieren recuperar.

Después de Mier, el modelo de ciuda-

des fortificadas con un cuartel militar móvil se extenderá a San Fernando, donde 72 migrantes –la mayoría centroamericanos– fueron masacrados por Los Zetas en agosto de 2010. Una tercera base de ese tipo se construye en Ciudad Mante, otra ciudad dominada por el narcotráfico.

“En esencia, las ciudades fortificadas (ciudades militares) están siendo establecidas como forma de recolonizar (y estabilizar las poblaciones existentes) en una región de México perdida de facto por el control que sobre ella ejercen insurgentes criminales”, dice el experto que ha sido consultor tanto para agencias militares como de justicia de Estados Unidos.

Historiador, antropólogo y doctor en ciencia política, Bunker compara esa medida del gobierno mexicano con lo ocurrido al final del Imperio Romano y del oscurantismo en Europa, sobre todo a la luz de la multitud de atrocidades cometidas (torturas, mutilaciones y decapitaciones).

Por otra parte, sin confirmar ni negar la presencia de soldados armados de Estados Unidos en el estado de Tamaulipas, el teniente coronel Robert Ditchey, uno de los voceros del Pentágono, dice a Proceso que “las fuerzas armadas de los dos países con mucha frecuencia” llevan a cabo operaciones específicas contra grupos criminales.

“Son operaciones enfocadas a combatir a grupos criminales en la frontera común, e integran actos de colaboración entre las fuerzas armadas de México y de Estados Unidos”, subraya.

Cuestionado sobre cuántos operativos militares a nivel bilateral se han realizado y en qué lugares, Ditchey se limita a responder que esta información debe ser proporcionada por el gobierno de México.

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DER ECH O S H UMA NO S

La violación sexual, método de

La denuncia presentada por Miriam Isaura López Vargas ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) es contundente, pues documenta que los abusos sexuales por parte de militares están previstos en un manual de tortura del Ejército. Lo mismo sostiene la abogada Silvia Vázquez Camacho, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien incluso se lanza contra el gobierno federal porque, dice, su discurso sobre el respeto a los derechos humanos simplemente es falaz.

AP photo /Guillermo Arias

tortura castrense GLORIA LETICIA DÍAZ

L

a violación sexual a mujeres como método de tortura sigue siendo una práctica recurrente entre los miembros del Ejército, según la denuncia presentada en la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por una mujer de Ensenada, Baja California.

El jueves 15, el mismo día que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó el “acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano” ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Valentina Rosendo Cantú, la indígena guerreren-

se que en 2002 fue objeto de abuso sexual por elementos del Ejército, Miriam Isaura López Vargas presentó su querella en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Su denuncia va dirigida contra soldados de la II Región Militar de Baja California y funcionarios de la PGR “por actos de tortura física y psicológica, entre ellos la violación sexual”. Los hechos, asegura, ocurrieron en las instalaciones castrenses de esa entidad en febrero pasado.

El jueves 15 Poiré afirmó que el agravio a Valentina Rosendo era uno de esos “casos aislados que no representan la política del Estado mexicano”. Y Miriam Isaura, de 28 años, dio los detalles de las vejaciones que sufrió ante la agente del

Ministerio Público de la Fevimtra, Jazmín Mendoza Sánchez.

Dijo que fue detenida por soldados que la torturaron y abusaron sexualmente de ella, y tras amenazarla la obligaron a declarar en contra de 10 integrantes del 67 Batallón de Infantería, a quienes la justicia militar acusó de recibir dinero del crimen organizado para dejar pasar cargamentos de droga.

Miriam relata que permaneció 80 días en el Centro Nacional de Arraigo de la Ciudad de México y que el 26 de abril fue trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ensenada, para ser procesada por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de mariguana con fines de comercio. El 1 de septiembre pasado el juez décimo de Distrito, José Neals André Nalda, la absolvió de los cargos.

De los abusos sufridos por Miriam en los cuarteles militares de Ensenada y Morelos, en Tijuana, la CNDH tomó nota en marzo pasado, cuando el marido de la detenida, Alfonso Ladrón de Guevara Bravil, relató su caso a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). La organización pidió el apoyo del ombudsman nacional para que documentara la queja.

Una vez libre, Miriam, quien había decidido olvidar el agravio, se sintió amenazada nuevamente por militares, según cuenta a Proceso: “Desde los primeros días de diciembre he visto a militares rondar por mi casa; un día llegaron unos soldados armados en un carro militar a tocarme la puerta y a gritarme que saliera. Tengo mucho miedo, porque cuando me obligaron a señalar a

militares, dos de ellos me amenazaron delante de los agentes del MP. Me dijeron que cuando salieran iban a ir por mí y por mi familia; temo por mis hijos y por mi esposo.

“Mi miedo es grande desde antes de que me detuvieran. Yo mandé un correo a la Sedena para denunciar a un coronel que estaba en el retén Loma de Oro, porque era muy prepotente conmigo cuando pasaba por ahí. Creo que de ahí viene todo.”

Para Silvia Vázquez Camacho, abogada de la CMDPDH, el caso de Miriam López Vargas “es una prueba de que la violación sexual como mecanismo de tortura está legitimada por el Ejército y que ese es su método de investigación”.

Miriam López. Secuelas de la tortura

Peor aún: “Lo que le ocurrió a Miriam demuestra lo que le ocurre a las personas que tienen el valor de denunciar los abusos de los militares”.

Los primeros acosos El 10 de enero último, semanas antes de que la detuvieran, Miriam Isaura López envió un correo electrónico a la cuenta atn.ciudadana@mail.sedena.gob.mx para denunciar a elementos del 67 Batallón de Infantería y a su responsable, un coronel del que, dice, nunca supo su nombre: “Me siento acosada por el personal que labora en ese puesto de control, continuamente he recibido amenazas por

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DER ECH O S H UMA NO S José Luis de la Cruz

tario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien ordenó el desalojo de los normalistas que bloqueaban la autopista del Sol.

Publicidad turística

López Rosas. “Que se haga justicia”

En Guerrero

no hay culpables...

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

C

HILPANCINGO, GRO.- La investigación sobre el asesinato de los dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa continúa enfrentando a las autoridades federales con las del estado.

Aun cuando inicialmente la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso, tres días después optó por recular. La dependencia federal delegó la responsabilidad de las investigaciones en la procuraduría estatal por tratarse, dijo, de delitos del fuero común.

Las autoridades locales se encarga-

rán también de definir la situación jurídica de los 12 policías implicados –seis preventivos, cinco ministeriales y un aspirante a ingresar a esta corporación–, quienes están bajo arraigo desde el domingo 18 por “su posible autoría o participación” en el homicidio de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, según los informes oficiales consultados por Proceso.

Alberto López Rosas, destituido como procurador de Justicia, insiste en que fueron los policías federales quienes dispararon contra los manifestantes, motivo por el cual, sostiene, la PGR está protegiendo a los miembros de la corporación.

A su vez, el gobernador Ángel Aguirre se empeña en intentar el deslinde de su secre-

En medio de la crisis por el crimen de los normalistas, Ángel Aguirre viajó a la Ciudad de México, donde fue entrevistado en El Noticiero, de Televisa, el lunes 19. Al día siguiente por la mañana el mandatario apareció en el programa matutino de frivolidades Hoy, del mismo consorcio televisivo, en un intento de lavarse la cara hablando de las bondades de los destinos turísticos de la entidad.

A nivel estatal, la Coordinación de Comunicación Social ordenó a los medios locales que tienen convenio de publicidad oficial –prácticamente la mayoría– omitir las críticas hacia Aguirre y minimizar la información relacionada con las protestas de los normalistas que exigen juicio político contra él, dice al corresponsal el director de un medio de comunicación que pidió el anonimato.

Además, Aguirre propuso crear una comisión ciudadana que sea encabezada por integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el mismo lunes 19 se reunió en privado con los familiares de Alexis Herrera Pino, uno de los normalistas ejecutados.

Dos días después, al término de un acto oficial, trató de minimizar los reclamos de los estudiantes, quienes insisten en que se separe del cargo: “No es tema, como dicen en la Cámara de Diputados”, atajó el mandatario.

Expuso también que las demandas del estudiantado –ampliación de la matrícula para nuevo ingreso, promedio mínimo para los aspirantes, plazas automáticas para egresados– se estaban atendiendo. Sobre este último punto mencionó incluso que si le demostraban que en otras normales rurales del país se otorgan las plazas de manera automática, él mismo acudiría a la federación para exigir trato igual para Ayotzinapa.

Planteó también la creación de otra comisión ciudadana para revisar el futuro de la normal, debido a que su comunidad estudiantil está a punto de perder el semestre, pues las clases se suspendieron hace casi dos meses.

El mismo miércoles 21, alrededor de 800 estudiantes de diferentes normales rurales del país, aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), marcharon en la zona turística de Acapulco para exigir a Aguirre que renuncie al cargo.

Entre tanto, en la Ciudad de México la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la creación de un grupo especial que dará seguimiento a la investigación sobre el asesinato de los normalistas. El jue-

ves 22 hubo otra marcha de normalistas en la Ciudad de México.

El martes 13, el gobernador Ángel Aguirre solicitó a la PGR la atracción del caso ante la confrontación entre su gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. Ambas instancias intentaban deslindarse de la muerte de los dos normalistas.

El miércoles 14, dos días después de la ejecución de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, la PGR atrajo el caso. El agente del Ministerio Público de la federación(MP) adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la dependencia federal incluso integró el expediente APPGR-DGCAP-ZNEVIII-114-2011.

Las confrontaciones continuaron. A lo largo del sábado 17 familiares y compañeros de los policías arraigados amagaron con tomar medidas extremas para que los cinco policías enviados la víspera a la Ciudad de México fueran regresados a la entidad. El diferendo provocó una reunión extraordinaria en la residencia oficial Casa Guerrero.

Agentes de la PGR y el gobernador buscaban “ajustar los tiempos jurídicos” para que el MP de la federación realizara los trámites necesarios para cumplir con los términos legales, señalan al reportero Óscar Alvarado

parte de dicho personal, porque según me tienen de consigna por orden de dicha persona (el coronel)”, quien le decía que ella era narcotraficante. El día 24 de enero la Oficina de Atención Ciudadana de la Sedena informó a Miriam que había iniciado “una investigación para resolver lo que conforme a derecho proceda”.

La abogada Vázquez Camacho insiste: “El caso de Miriam refleja que el Ejército ha ido intensificando sus métodos de tortura, por lo que la CMDPDH, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la CNDH han documentado un patrón de tortura en instalaciones militares desde 2009”.

Ese patrón, que consiste en golpes, intentos de asfixia con bolsa de plástico, intentos de ahogamiento por ingesta de agua, toques eléctricos y amenazas de muerte a los detenidos, es descrito a detalle en la recomendación 87/2011 de la CNDH publicada el martes 20.

La abogada señala que desde 2009 ambas organizaciones han documentado siete casos de tortura en instalaciones militares de Tijuana, Ensenada, Mexicali y San Felipe, Baja California, y que representan al menos 52 víctimas. En todos los casos, dice, “hay evidencias de que los tormentos fueron atestiguados y solapados por agentes del MP federal y castrense, así como personal del servicio médico militar”.

El nombre de Miriam López Vargas fue mencionado por primera vez el 11 de febrero pasado en el diario Reforma en una nota en la que se informaba que había sido detenida por soldados en el retén de La Loma al “intentar transportar cinco kilos de mariguana”.

Diez meses después de su detención, el jueves 15, Miriam dio su versión a la agente de la Fevimtra. Declaró que aproximadamente a las 10:30 de la mañana del 2 de febrero de 2011, mientras transitaba en su vehículo por calles céntricas de Ensenada, fue abordada por dos hombres armados, vestidos de civil y con pasamontañas, quienes descendieron de una camioneta Silverado blanca.

Según la denuncia penal que interpuso ante la Fevimtra, de la que Proceso tiene copia, Miriam fue obligada a pasarse al asiento trasero, donde uno de los hombres le cubrió los ojos con vendas; y cuando ella gritó para llamar la atención, le colocó una pistola en la sien derecha y la amenazó con volarle la cabeza.

Dijo que fue trasladada a las instalaciones del cuartel militar de Ensenada, donde al tratar de defenderse de sus agresores, uno de ellos, al que identificó como Eduardo Villarreal, le cortó la muñeca izquierda con un cuchillo. Poco después la trasladaron al cuartel Morelos, de Tijuana, donde permaneció hasta el 9 de febrero,

testigos de ese encuentro que piden omitir sus nombres. No lo lograron y la PGR regresó el expediente de la investigación a la procuraduría estatal.

Los forcejeos Según los documentos oficiales a los que tuvo acceso este semanario, la noche del sábado 17 los cinco policías estatales que se encontraban en el Centro Nacional de Arraigo fueron regresados a esta capital y puestos a disposición del MP del fuero común, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves de la procuraduría local, que integró la averiguación previa FEIDG 0081 2011, en la que también se incluyó a los otros siete detenidos.

El domingo 18, a las 23:20 horas, el Juzgado Primero autorizó el arraigo 092001-1 solicitado por la procuraduría estatal horas antes, por lo que los 12 inculpados fueron trasladados a una casa de seguridad de la dependencia, ubicada en la calle Juan Jiménez, lote 3 del fraccionamiento Tepango.

Para el miércoles 21, el encargado de despacho de la procuraduría local, César de los Santos Mendoza, aclaró que, mediante un desglose, la PGR determinó que los delitos del fuero común –“homicidio, leNormalistas de Ayotzinapa. Demandas

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José Luis de la Cruz

donde fue torturada con el patrón tradicional mencionado en líneas anteriores.

En su denuncia, Miriam relató que se desvaneció en dos ocasiones y que fue asistida por una mujer vestida de militar, a quien pudo reconocer porque le quitó la venda de los ojos.

La tortura

siones, daños y lo que resulte”– fueran investigados por la procuraduría estatal, mientras que la dependencia federal se encargará sólo de los delitos relacionados con ataques a las vías federales de comunicación.

En su declaración ministerial, los 12 policías niegan haber disparado contra los normalistas de Ayotzinapa. No obstante, los 24 manifestantes detenidos tras los hechos en los que fueron abatidos Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús refieren lo contrario.

Los agentes preventivos estatales Santiago Zúñiga Valle, Abraham Santiago Guzmán Alonso, Álex González Castillo, Miguel Ángel Cortés Morales, Alejandro Ramírez Neri y Miguel Ángel Moreno Téllez declararon que el lunes 12 recibieron órdenes de acompañar al exsubsecretario de Seguridad Pública, el general Ramón Miguel Arreola Ibarra.

Por lo que atañe al resto de los agentes detenidos, indicaron que Rey David Cortés Flores, el jefe de grupo de los ministeriales, se encontraba franco ese día, aunque dice que acudió armado al desalojo de los normalistas. Las declaraciones de la coordinadora de zona Leticia Pinto Muñoz, así como de Jorge Armando López Ruiz, Víctor Hugo Almazán Domínguez, Ricardo Arévalo Adam y del aspirante a policía ministerial Ismael Matadamas Salinas, coinciden con las de los preventivos.

En contraste, los 24 normalistas, quienes fueron puestos en libertad al día siguiente, expusieron que “los policías comenzaron a realizar disparos al aire”, luego arremetieron contra ellos.

El martes 13, al día siguiente de la agresión, Alberto López Rosas renunció a la Subprocuraduría de Justicia. Lo mismo hicieron el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja; el subsecretario de la dependencia, Ramón Arriola Ibarra, y el director de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdez.

En entrevista con Proceso, López Rosas sostiene que los agentes federales borraron evidencia al recoger parte de los casquillos percutidos. Y acusa a la PGR de proteger a los miembros de su corporación, quienes, recalca, fueron los primeros en llegar al lugar de la protesta. Iban armados y comenzaron a disparar.

“Los federales dispararon al aire y de forma directa; me sorprende que no estén arraigados por principios de equidad y porque hay mucho que investigar, y me parece que han pretendido dilatar las investigaciones”, dice el exsubprocurador López Rosas.

Y reitera: “Resulta improcedente y de intento de protección a la corporación federal. Por eso seguiré insistiendo en la liberación de los estatales y en que se profundice en la investigación”. O

Germán Canseco

Estudiantes detenidos. Versión no oficial

En el certificado médico integrado en el expediente que se le siguió a Miriam López Vargas aparece una nota firmada por la doctora Eva Lorena Rodríguez Hernández, médico de la II Región Militar, que instruye la utilización del salbutamol porque la víctima “padecía asma desde los cuatro años”. Eso es mentira, comenta la entrevistada.

También expone que perdió la noción del tiempo por estar vendada de los ojos.

Aunque recuerda que los primeros días llegaron a las instalaciones militares la defensora de oficio Sayda Rafaela Román López y María Dolores Moreno Calderón, así como un agente del MP de apellido Nieto –“quien padece vitíligo”; los tres la obligaron a firmar documentos sin que pudiera leerlos, mientas otras personas le tomaron huellas dactilares y fotografías.

Después de los abusos, Miriam fue llevada ante Nieto y Román López, quienes, dice, le mostraron fotos de militares con sus nombres y le entregaron un texto que tenía que aprenderse para inculpar a 10 militares a quienes presuntamente les había entregado dinero para pasar droga por el retén Lomas de Oro. Miriam fue confrontada con los soldados. Recuerda que en cada declaración la obligaban a firmar documentos. Dos de

Poiré. Discurso vacío

los inculpados la amenazaron; le dijeron que si los acusaba, cuando salieran libres la iban a buscar, según declaró ante la Fevimtra.

Relató también que los militares la videograbaron para que repitiera un texto autoinculpatorio: “Si me equivocaba, me pegaban en la parte de atrás de la cabeza”; también le mostraban fotos de sus hijos y de su esposo para amedrentarla.

El 26 de abril, luego de 80 días de arraigo, Miriam fue trasladada a Tijuana y de ahí a Ensenada, donde fue puesta a disposición del Décimo Juzgado de Distrito acusada de transportar cinco kilos de mariguana, cargos de los que fue absuelta.

La versión de los militares no concordaba con un parte informativo del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Ensenada (C4), presentado por la defensa de Miriam. El documento tenía información de ciudadanos que observaron cuando fue detenida.

Miriam creyó que todo había terminado cuando recuperó su libertad y decidió no denunciar a los militares que la agredieron. Pero cambió de parecer cuando familiares de los soldados a los que ella presuntamente implicó y que fueron procesados en el fuero castrense comenzaron a intimidarla.

Pero lo que la decidió a presentar su denuncia ante la Fevimtra fue la presencia de una camioneta blanca similar a la que usaron sus aprehensores en las inmediaciones de su domicilio. El clímax llegó el martes 6, cuando soldados armados a bordo de un vehículo militar azotaron la puerta de su casa y le gritaban que saliera.

“Entendí que si quería proteger a mi familia no podía quedarme callada, que no era justo lo que hicieron conmigo y que no quería que otra mujer sufriera lo que a mí me pasó”, dice Miriam.

En su denuncia, firmada también por la psicóloga Daniela Michelle Cisneros Vargas, de la Procuraduría de Víctimas del Delito, Miriam pide a la Fevimtra “que se garantice mi seguridad correspondiente al caso, a fin de que garanticen mi integridad y la de mi familia”; también, que se actúe en contra de los funcionarios mencionados en su declaración y quienes resulten responsables.

Miriam López expone: “Quiero que se limpie mi nombre, porque me tacharon de narcotraficante y se demostró que no es cierto, pero ante todo quiero justicia, que castiguen a quienes abusaron de mí y que ya no vuelvan a molestarme”.

Y Silvia Vázquez Camacho, la abogada de la CMDPDH, insiste: “Una vez más se demuestra en el caso de Miriam que el abuso sexual sigue formando parte del manual de tortura del Ejército”. O

AP photo /Christian Lutz

D E RE C HOS H U M ANOS

Visita

controlada

Durante la visita que en noviembre pasado hizo a la Ciudad de México y a Oaxaca la delegación para México del Parlamento Europeo, funcionarios del gobierno calderonista manipularon la agenda del grupo de legisladores europeos para que no se reunieran con ninguna ONG. Así lo señaló Susana Nistal, de la organización PBI, quien sostiene que se trató de una gira “a modo” para que los eurodiputados no pudieran percatarse de hasta qué punto se ha deteriorado en México el respeto a los derechos humanos.

MARCO APPEL

B

RUSELAS.- A pesar del creciente clima de violencia contra activistas de derechos humanos en México, la delegación para este país del Parlamento Europeo –que preside el eurodiputado español Ricardo Cortés Lastra– se rehusó a reunirse con ellos duran-

te la visita que realizó a este país del 24 al 28 de noviembre pasado durante la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México.

Así lo dio a conocer la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), creada en 1981, con sede en Londres y que desde 1999 opera en México con oficinas en el Distrito Federal, Oaxaca y Guerrero. Sus miembros “acompañan” a defensores de derechos humanos que son amenazados o que

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Félix Reyes Matías

DER ECH O S H UMA NO S

Cué. Encuentro con eurodiputados

Carlos Tischler

corren algún riesgo por su activismo. De esta manera les brindan una especie de “protección internacional”.

En carta enviada el miércoles 7 de diciembre a integrantes del Parlamento Europeo, la representante del Proyecto México de PBI, Susana Nistal, plantea que su organización está preocupada por la violencia ejercida contra los defensores de derechos humanos en México y por la lentitud con la que marcha el diálogo con las autoridades para crear un mecanismo legal que los proteja de agresiones.

La guerra contra el crimen organizado y la inseguridad, plantea PBI, fueron algunos de los temas de trabajo del grupo

parlamentario. Además se programó un encuentro con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para revisar los avances en las investigaciones del caso de Jyri Jaakkola, el activista finlandés asesinado por paramilitares el 27 de abril de 2010 en las inmediaciones de San Juan Copala.

Cuando PBI preguntó a las autoridades mexicanas y europeas si era posible organizar una cita con los defensores de derechos humanos, señala Nistal en su misiva, éstas respondieron que “el tema de los derechos humanos no formaba parte de la agenda” de trabajo de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México.

Nistal lamenta que en los últimos años la delegación para México del Parlamento Europeo “no haya sostenido ningún encuentro con ONG mexicanas durante sus visitas al país, a pesar del rápido deterioro de la situación de los derechos humanos”.

Marcaje diplomático

Fuentes-Beráin. Control

Los miembros de la delegación para México del Parlamento Europeo que viajaron al país provienen de los dos grupos mayoritarios: del Partido Popular Europeo (PPE) y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD).

Son Santiago Fisas Ayxela, Teresa Jiménez Becerril, Verónica Lope Fontagne (del grupo del PPE), Edite Estela, Enrique Guerrero, Emilio Menéndez del Valle, Gianluca Susta y el presidente de la delegación, Ricardo Cortés Lastra (del grupo de la APSD). Salvo Estela y Susta, de

nacionalidades portuguesa e italiana, respectivamente, los demás son españoles.

El itinerario de los eurodiputados fue elaborado por el gobierno mexicano, tal como le toca al Parlamento Europeo preparar el viaje de los legisladores mexicanos cuando el encuentro de la Comisión Parlamentaria Mixta ocurre en Europa.

Así, el pasado 25 de noviembre comenzó la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México en la sede del Senado en la Ciudad de México.

El día 26 los eurodiputados viajaron a Hidalgo, donde el gobernador de la entidad, Francisco Olvera, entregó a Cortés Lastra –en un evento social al que acudieron la clase política y los empresarios locales– una “carta de intención de relaciones e intercambio” entre la UE y su estado.

Al día siguiente los eurodiputados volaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la ciudad de Oaxaca. Ahí, Cué les preparó un coctel de bienvenida en la casa de gobierno y un paseo turístico por el Centro Histórico.

El último día, el lunes 28, los diputados europeos viajaron a Tlaxcala para reunirse con el gobernador Mariano González.

En ese encuentro, Cortés Lastra expresó –según el sitio en internet de Comunicación Social del gobierno estatal– que la delegación europea se había “enriquecido mucho al conocer la realidad social, cultural y económica de México”.

Durante su estancia en el país los integrantes del Parlamento Europeo estuvieron acompañados de manera permanente por la jefa de la misión mexicana ante la UE, Sandra Fuentes-Beráin, quien incluso tomó con ellos el vuelo en la aeronave que puso a su disposición el gobierno de Felipe Calderón.

A Cortés Lastra se le preguntó si no considera que aceptar esos privilegios comprometía su libertad de pensamiento o su percepción respecto del gobierno mexicano y de la situación en México. “De ninguna manera”, respondió.

Sólo promesas El jueves 8 se realizó en el Parlamento Europeo la reunión trimestral de la delegación para México, que estuvo dedicada al tema de los derechos humanos. Cortés Lastra agradeció ante todo “la gran generosidad” mostrada por las autoridades en su viaje a México. En la sala de reunión estaba presente Alejandro Sousa, responsable de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la embajada mexicana en Bélgica.

El eurodiputado español invitó a la reunión a dos funcionarios del gobierno calderonista: Gustavo Salas, fiscal especial para la atención de delitos contra pe-

riodistas, dependiente de la PGR, y Dilcya García, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Salas expuso que el gobierno de Calderón reiteraba “su pleno compromiso de garantizar la viabilidad, el pleno ejercicio e independencia del derecho a la libertad de expresión y al periodismo en México”.

Ensalzó las acciones oficiales para supuestamente garantizar esos derechos y presentó una evaluación muy optimista del desempeño de su fiscalía.

El funcionario ofreció datos duros. Dijo que de febrero de 2010 a la fecha la fiscalía inició 215 investigaciones que resultaron en la consignación ante tribunales de 55 “probables responsables” de diversos delitos. En marzo de 2011, continuó, la fiscalía ejerció acción penal contra Miguel Ángel Bustos Rodríguez y Javier del Río Martínez, miembros de Los Zetas, por su presunta responsabilidad en el asesinato del periodista Martín Valdés Espinoza, del diario El Zócalo, cometido en Saltillo el 8 de enero de 2010.

Sin embargo no mencionó el número de periodistas asesinados y desaparecidos, casi 100, que sirviera a los eurodiputados de punto de referencia. Tampoco pudo citar un solo caso resuelto.

Después la eurodiputada alemana Franziska Keller, del Partido Verde Europeo, presentó un informe en el que critica a las autoridades, así como al sistema de impartición de justicia en México. Ella y su colega finlandesa Satu Hassi estuvieron en Oaxaca y en la Ciudad de México del 1 al 7 de septiembre últimos.

Mencionó que a pesar de las promesas hechas en visitas anteriores por el gobernador Cué y las autoridades federales para avanzar en el esclarecimiento de los asesinatos de Jaakkola y Bety Cariño, el caso sigue impune. También mencionó que el principal sospechoso, Rufino Juárez, arrestado el 12 de mayo pasado por otros crímenes, pronto podría quedar en libertad.

Al final, Keller le preguntó a Cortés Lastra qué respuestas había obtenido la delegación sobre el caso Jaakkola por parte de las autoridades mexicanas en su

viaje. El eurodiputado respondió que primero quería hacer “algunas anotaciones”: “Entiendo que a veces ponemos a las autoridades mexicanas en grandes aprietos; entiendo que como diputados todos queremos realizar nuestro trabajo lo mejor posible, y en ese sentido tengo que decirles que como presidente de esta delegación he estado en dos ocasiones en Oaxaca por este asunto.”

Y agregó: “Hay un nuevo gobierno que ha intentado abrir de manera importante sus puertas a la sociedad civil, incluyendo en su equipo el compromiso en materia de derechos humanos de manera muy importante, y con quien trabajamos desde esta delegación en el interés común de resolver el caso de Jyri Jaakkola”.

En lo que respecta a la pregunta concreta de Keller, Cortés Lastra se limitó a responder que en su último encuentro con el gobernador Cué le pidió “seguir avanzando en este asunto”. También reconoció que el gobierno de Oaxaca ha mostrado una actitud positiva para tratar de resolver el caso.

Prometeo Lucero

Ciudad Universitaria. Homenaje a Cariño y Jaakkola

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P O LÍT ICA / PA N

La guerra contra

ÁLVARO DELGADO

M

anuel Clouthier Carrillo, primogénito de Maquío, Manuel Clouthier del Rincón, el candidato presidencial que en 1988 marcó un antes y un después del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones, califica de absurda la decisión de “descarrilar” su precandidatura a senador y la atribuye sólo a la irracionalidad de los dirigentes partidarios.

“Rechazar a quien puede aportarles votos me dice que estas personas no están lúcidas mentalmente, que algo no está bien en su mente”, diagnostica el diputado federal al presidente y a la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Gustavo Madero y Cecilia Romero, responsables formales del veto.

Por ello Clouthier va más allá: “¿Querrán ganar o será un plan perfectamente diseñado y operado para que gane el PRI?”.

En Sinaloa, recuerda, el candidato de la coalición Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Nueva Alianza (Panal) es Fernando González Sánchez, exsubsecretario de Educación de Felipe Calderón y yerno de Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del magisterio.

“Por lo menos en el estado pareciera que el objetivo es plancharle el camino al yerno de la profesora. Porque el tiro iba a ser entre él y yo, y resulta que quitan al hijo de Maquío y quieren ponerle un bulto al yerno de la profesora. No entiendo la lógica de estas gentes.”

Clouthier

Germán Canseco

Madero. Veto

el apellido

Lo que es un hecho, y así se lo dijo personalmente a Romero, el martes 13 –cuando se reunió con ella para exponerle las razones de su precandidatura–, es que en Sinaloa el gobernador, Mario López Valdés, conocido como Malova, y el exgobernador Juan Millán ya controlan parte del PRI, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ahora el PAN. “Le dije que eso es un grave riesgo y que yo alertaba al CEN a defender al PAN de Sinaloa y no entregárselo a Malova, porque hay quienes se lo están entregando, afiliando priistas del grupo millanista, lobos con piel de oveja que se van a quedar con el PAN”, subraya.

“Le describí el modelo, pero al mismo tiempo le dije a esta señora: ‘No me creas, haz tu tarea. En otras palabras, no seas floja, ponte a trabajar. Si tú haces tu tarea, estoy seguro que van a encontrar lo que planteo’.”

–¿Le dio nombres?

–Le dije todo lo que tenía que decir. Y le expuse mi situación para ser precandidato. Ella me dijo, con la sonrisa de caballo que tiene, que no me preocupara, que era un trámite.

Sin embargo, el sábado 17 le fue notificado el veto: el argumento del CEN del PAN para no otorgarle la “aceptación”, requisito para los aspirantes que no son militantes activos ni adherentes, es que Clouthier “ha agredido tanto al partido como a sus miembros y dirigentes en repetidas ocasiones, generando un daño al partido, por lo que su postulación atentaría contra el prestigio y buena fama del mismo”.

Detrás de la línea telefónica, en una entrevista efectuada la mañana del martes 20, la voz de Clouthier se eleva: “¡Fíjate nomás! Es decir, Fernando Larrazabal no afecta la buena fama del partido, vender quesos como su hermano tampoco, Miguel Ángel Yunes no atenta contra la buena fama del partido y los escándalos del exsecretario de la Función Pública (Salvador Vega Casillas) por su esposa no afectan”.

Y enseguida contrasta: “¿Negarle el registro como precandidato al hijo de Ma-

Sus críticas al PAN le costaron a Manuel Clouthier Carrillo la precandidatura a senador por Sonora, pero él recuerda que no cuestionó al partido sino a Fox y a Calderón por no combatir eficazmente al narco. Por lo tanto –dice en entrevista–, el veto evidencia una intromisión del gobierno en el partido y la posible intención de allanarle el camino a su principal competidor: Fernando González, el yerno de Elba Esther Gordillo. quío no afecta la imagen del partido? Yo puedo decir que sí, porque al menos en Sinaloa, con todo respeto para ellos, tengo mejor fama que el partido”.

Más aún, advierte, el veto del CEN del PAN se sustenta en tres notas periodísticas del diario El Universal, una en la que critica a Vicente Fox y dos que recogen reacciones a la entrevista publicada en Proceso, el 14 de febrero de 2010, en la que acusó al gobierno de Calderón de no combatir al cártel de Sinaloa que encabezan Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, ni a la “camarilla mafiosa” del estado.

“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto –declaró a la revista–. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el cártel de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses es más evidente!”

Clouthier acusó directamente a Calderón por no atacar la “narcopolítica” en Sinaloa: “Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras, porque un cabrón irresponsable –y digo irresponsable porque es su responsabilidad– no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato”.

El expediente que le fue notificado, con el número SG/0437/2011, establece también que se le niega la aceptación, porque criticó al partido, cuando en realidad fue al gobierno federal, lo que –afirma el legislador– viola el derecho constitucional a la libertad de expresión, pilar fundamental de toda democracia.

“Pienso que estas gentes están cayendo en una confusión mental al estilo del viejo régimen priista de confundir el gobierno con el partido. ¡Y más me preocupo, porque no era esto contra lo que luchába-

mos! ¡Luchábamos contra el PRI-gobierno y ahora resulta que si criticas al gobierno criticas al partido! ¡Caray, algo no está bien o no soy muy listo!”

Clouthier Carrillo sostiene la exigencia a Calderón a que combata el crimen organizado y la “narcopolítica” en Sinaloa. “Y estos señores del partido dicen que si criticas al gobierno estás afectando la imagen del partido, y lo que yo aprendí de mi padre es que al gobierno había que criticarlo, presionarlo y exigirle para tener mejor gobierno”.

–¿Es una revancha por sus declaraciones?

–No lo sé. Yo lo que percibo son confusiones severas en los criterios y principios de Acción Nacional, que nos llevan a algo que yo he venido señalando: los grandes reclamos de la sociedad a los gobiernos panistas, hoy por hoy, no son la falta de resultados, como algunos lo quieren hacer ver, sino su falta de congruencia.

–¿Será que a Calderón le enojó que le haya llamado “cabrón irresponsable”?

–Espero que no por una razón: sería muy lamentable que el gobierno se esté metiendo al partido.

–Eso ya es público y notorio…

–Bueno, todavía espero que el partido tenga, como debe corresponder, cierta independencia y que el gobierno sea respetuoso del partido. Vicente Fox lo fue, hay que decirlo. Con mil errores, con mil cosas que no estoy de acuerdo, pero yo le tengo que reconocer que fue un hombre respetuoso del partido.

–Pero con Germán Martínez y César Nava está más que clara la intervención de Calderón…

–No sé, yo sencillamente espero que el gobierno no se esté metiendo al partido, porque sería una barbaridad en cuanto a falta de respeto.

Entrega al PRI… Convencido de que ganará la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque la resolución del CEN que le fue notificada tiene claras fallas de forma y de fondo, que vulneran sus derechos políticos, Clouthier niega que, de serle adverso el fallo, acepte ser postulado por la izquierda.

“A los medios y a la gente le encanta especular. A mí me gusta irme muy objetivo. La única realidad es que voy a pelear en el PAN para que se me reconozcan mis derechos políticos. Eso es lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo, por lo pronto.”

Militante panista hasta 1994 –“cuando tenía chiste ser panista, es decir, cuando era ir en contra de todo el establishment, cuando era un panismo generoso, de entrega, y no un panismo de oportunidad en el poder”–, Clouthier respalda a Santiago Creel en la búsqueda de la candidatura presidencial.

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Octavio Gó

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P O LÍT ICA / P R D

Fernando Gu

En ese carácter habló en la ceremonia de registro de Creel, el miércoles 14, en la sede del PAN, donde estuvo presente Madero: “Se la pasó con la BlackBerry, haciendo no sé qué, y cuando llegaba a soltar el aparatito se le notaba una cara de güeva espantosa. El lenguaje corporal en alguna medida nos delata”.

Consciente de que el PAN “la tiene difícil” en la elección de 2012, y que por eso le parece irracional que se rechace a precandidatos que jalen votos, Clouthier Carrillo está convencido de que el sexenio de Calderón ya terminó, pero la duda es si van a entregarle el poder al PRI. “Estos señores ya están pensando en el proceso electoral, lo que no sé es con qué fines: si están con los fines de que gane el PAN o si están con los fines de entregarle al PRI. Eso es lo que no he podido descifrar, porque los hechos me dicen una cosa y lo que debería hacerse me dice otra.”

Interrogado sobre los saldos de dos sexenios del PAN, enfatiza que hay tres aspectos negativos: la falta de combate a la corrupción, la mala educación y la pésima atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Es inconcebible que a casi dos sexenios de gobiernos federales panistas no haya existido una cruzada contra la corrupción, siendo que era una de las banderas del PAN.” Añade: “Otro elemento inadmisible es que, a dos sexenios casi, no hubiese existido una revolución educativa que permitiera formar al nuevo mexicano que formará al nuevo México. Ese mexicano, bajo la tesis de Acción Nacional, tenía que acabar con los criterios clientelares y populistas que ahí están ahora en programas, ese nuevo mexicano debería ser honesto, capaz de trabajar en equipo, una gran cantidad de cosas que están en los principios del PAN y que no se ven en el sistema educativo”.

–Se firmó el Acuerdo Nacional por la Educación con Gordillo.

–Sí, están bien los acuerdos nacionales por la educación, pero lo que vale es lo que se está haciendo, no lo que se dice.

“Y finalmente: ¿el servicio, la atención médica en el IMSS es mejor en los gobiernos panistas que en los gobiernos del viejo régimen? Y la respuesta es no, sigue teniendo el mismo trato deshumanizado que se tenía antes y eso es inconcebible en un gobierno emanado de un partido que se dice humanista.”

Concluye que para ninguna de esas tres cosas se requiere la aprobación del Congreso: “No hay pretextos. Esos tres aspectos tienen que ver con algo fundamental que no debe perderse en el PAN: ¿Para qué quieres el poder? ¿Para qué quieres gobernar? Cuando no hay claridad sobre eso y se finca en proyectos personales, es muy fácil perderse con las personas”. O

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Tal como lo había expresado desde febrero del año pasado, cuando también reveló que había sido obstaculizada su afiliación al PAN, Clouthier insiste en que hay un embate no sólo contra él, sino contra su familia.

“Se percibe un ambiente de agresiones no de la familia Clouthier al partido, sino del partido a la familia Clouthier”, acusa el diputado federal, quien recuerda que, en 2005, Manuel Espino “corrió” del CEN del PAN a Leticia Carrillo, la viuda de Maquío.

“Fueron dos las razones: una por ser la viuda de Clouthier y la otra porque les decía sus verdades. La corre Espino en una renovación del CEN y dice que se trata de conformar un nuevo comité donde no existan personas como figuras decorativas, como la señora Leticia Carrillo viuda de Clouthier. Así lo dijo él. Ahí está consignado para la historia.”

La conducta de Espino derivó en la renuncia al PAN de Tatiana Clouthier, pero a la viuda ya no se le volvió a convocar al CEN tampoco en las gestiones de Germán Martínez, César Nava y Gustavo Madero.

“Nadie se ha preocupado por irle a pedir por lo menos una disculpa a la señora Lety, menos volverla a invitar ni nada. Al contrario, después de eso agarraron la estatua de Maquío en Guadalajara y la aventaron a una bodega”, subraya en alusión a la imagen del excandidato que, desde septiembre de 2009, y hasta octubre de este año estuvo embodegada en Zapopan.

Y ahora le fue rechazada su precandidatura a senador, debido a sus críticas al PAN y a los gobiernos de Fox y Calderón. “¡Esto ya es el acabose!”, exclama.

Porque, además, las críticas a los gobiernos de Fox y Calderón las había hecho desde antes de que fuera invitado a ser candidato a diputado federal.

A Fox lo criticó duramente en una carta abierta que publicó el 1 de octubre de 2002, en el 19 aniversario luctuoso de su padre y a dos años del inicio del gobierno de la alternancia.

En 2006, en una entrevista con Carmen Aristegui, en la cadena CNN, también acusó a Fox no sólo de no haber atacado el narco en Sinaloa, sino de haber actuado facciosamente en la elección de 2006.

“Es inconcebible que siendo Sinaloa la capital nacional del narcotráfico no haya sido tocado en el gobierno foxista. ¿Cómo lo explicas? Ese es el grito que hago yo como sinaloense. ¿Es complacencia o es complicidad?”

Y enjuició: “La intromisión (de Fox) en el proceso electoral es inconcebible e intolerable, porque era contra lo que luchábamos… El señor estaba obligado a ser respetuoso del proceso y no lo fue”.

Clouthier fue más allá en esa entrevista,

al decir que le consta que en Sinaloa hubo graves irregularidades en la elección de 2006, que fue “el desenlace de dos pleitos: el pleito personal de Vicente Fox con Andrés Manuel López Obrador y el pleito personal de la profesora (Gordillo) con (Roberto) Madrazo”.

Explicó: “Las grandes irregularidades de esta elección las hicieron los gobernadores y como se trataba, en alguna medida, de no dejar llegar a Madrazo, había que hacerlo entonces en contra de alguien, pero a favor de alguien. Y ahí percibo que hubo una especie de arreglo”.

–¿Arreglo? –preguntó Aristegui.

–Sí, así lo creo. Para mí es evidente que el resultado está arreglado en el marco de estos dos pleitos, insisto, finalmente convergen estos dos pleitos: Fox contra Andrés Manuel y la maestra contra Madrazo. En Sinaloa yo vi con mis ojos que hubo irregularidades, las hizo el PRI y mi sorpresa fue al ver los resultados: las hizo a favor no del PRI. Esa es la parte importante, pero yo los vi.

Luego de lo que dijo en esa entrevista sobre su reclamo al gobierno de Fox por no atacar el narcotráfico –“no puede ser que nos echemos otros seis años sin que Sinaloa sea tocado”–, Clouthier insistió en el tema, el 1 de octubre de 2008, en otro aniversario de la muerte de su padre, al que asistió el presidente del PAN, Germán Martínez.

“Hice posicionamientos severos de lo que debe ser el papel del gobierno en el combate al crimen organizado, a la narcopolítica y a un elemento adicional: el liderazgo como gobernante”, dice Clouthier, y aún así Martínez lo invitó a ser diputado.

“Y hoy se escandalizan de lo que ya sabían. Entonces la incongruencia no es mía, la deslealtad no es mía. Con esos antecedentes me invitan y ahora se tiran al suelo, como Pancha a la bola.”

Miguel Dimay

2006: “arreglo” en Sinaloa

da Eduardo Miran

P OLÍTICA / PAN

Germán Canseco

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Precandidatos:

carrusel multicolor ROSALÍA VERGARA

E

ntre los precandidatos de las organizaciones que forman el Movimiento Progresista a diputados federales, senadores y demás cargos de representación pública hay de todo: expriistas (Manuel Bartlett entre ellos), exsalinistas, militantes del PT e incluso perredistas que aún no se separan de su cargo, como dictan los estatutos de su partido.

Aunque son las comisiones de Asuntos Electorales del PRD y del PT las que han aprobado los nombres de los mejor posi-

Pragmatismo obliga… Hoy los aspirantes a ocupar cargos de representación popular registrados ya ante las comisiones de Asuntos Electorales del PRD y del PT no se caracterizan por su militancia partidista, pues entre ellos hay expriistas y exsalinistas –de manera notable Manuel Bartlett Díaz, quien buscará una curul en el Senado. Y lo peor: algunos perredistas en activo no sólo se apuntaron en las listas de los dos partidos, sino que aún no renuncian a sus cargos, como lo marcan los estatutos.

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cionados, sólo falta que las dirigencias del Movimiento Ciudadano y la asociación civil Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los otros integrantes del Movimiento Progresista, definan mediante encuestas quiénes serán sus representantes.

Los nombres de Purificación Carpinteyro Calderón, Benito Bahena y Lome, Camerino Gutiérrez López, Amador Jara Cruz y Alberto Esteva aparecen simultáneamente en las listas del PRD y del PT, según se observa en los portales en internet de ambas organizaciones.

Según los estatutos del PRD, quienes busquen un cargo por el principio de mayoría relativa podrán ser seleccionados por elección universal, libre, directa y secreta en la que podrán votar ciudadanos que exhiban su credencial del Instituto Federal Electoral vigente.

Por lo que atañe a los aspirantes a un escaño de representación proporcional, la selección será diferente: “La mitad de las listas, con los numerales nones, serán elegidos en Convención Electoral convocada por el consejo (del partido) correspondiente. La otra mitad, con los números pares, serán elegidos directamente por dicho consejo, o por cualquier otro método contemplado en el Reglamento General de Elecciones y Consultas, si así lo deciden las dos terceras partes de los integrantes de los consejos correspondientes”.

En el caso del PT, la selección la harán, según el caso, la convención nacional electoral, la estatal o la del Distrito Federal. Cada candidato deberá obtener 50% más uno de los votos. Este principio aplica para quienes contiendan por la Presidencia de la República, un lugar en el Congreso de la Unión, las gubernaturas, la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las diputaciones locales, los ayuntamientos y las 16 demarcaciones políticas de la Ciudad de México.

El domingo 18 al filo de la medianoche, la Comisión Nacional Electoral del PRD subió a su página electrónica una “fe de erratas” sobre los acuerdos ACU-CNE/12/339/2011,ACUCNE/12/340/2011, ACU-CNE/12/341/2011 y ACU-CNE/12/342/2011, difundidos en el sitio http://cne.prd.org.mx/ dos días antes, relativos a los registros de los precandidatos a diputados federales y senadores por representación proporcional; es decir, por la vía plurinominal y por mayoría relativa.

Los senadores pluris Firmados por el presidente de la Comisión Nacional Electoral, Iván Texta Solís, y los cuatro consejeros, los documentos mencionados contenían errores sobre la base de datos del registro de los 15 mil aspirantes perredistas para diputaciones plurinominales y 190 para el Senado.

Entre los inscritos había miembros del

secretariado nacional, de la Comisión Política Nacional y órganos autónomos que aún no se separaban de su cargo, como señalan los estatutos. Luego de la publicación de la “fe de erratas”, algunos pidieron licencia, aunque aún no se les concede.

Los casos más connotados son los de la secretaria general del PRD, Dolores Padierna, quien aspira a una curul en el Senado; Manuel Camacho Solís, coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), formada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano; así como los comisionados nacionales Miguel Alonso Raya, Amador Cruz Jara, Miguel Barbosa y Martha Dalia Gastélum.

También están Javier Salinas Narváez, secretario de Finanzas del PRD, y los diputados federales Alejandro Encinas, Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña, Francisco Hernández Juárez y su suplente, Enoé Uranga.

Para los cargos en el gobierno del Distrito Federal destacan el secretario de Gobierno de la administración de Marcelo Ebrard, José Ángel Ávila Peña, y el exdiputado federal por Convergencia, convertido en Movimiento Ciudadano, Alberto Esteva, subsecretario de Políticas Públicas del gobierno capitalino, quien se inscribió también en las listas del PT. Otros funcionarios de la administración capitalina que aspiran a un cargo legislativo son el titular de la delegación Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román; la asambleísta Aleida Ruiz Alavez y la directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Malú Micher.

La lista también incluye a la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, quien el 30 de noviembre de 2010 consiguió un amparo en la Suprema Corte de Justicia que dejó sin efecto el proceso de sanción de responsabilidad administrativa iniciado en su contra el año pasado por el supuesto manejo irregular de recursos durante su administración, y Carlos Antonio Heredia Zubieta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Un ejemplo del apresuramiento en el proceso de inscripción es el de Florentino López Martínez. Consultado vía telefónica, el exvocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), aclara que él no busca un escaño en el Senado sino en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que su nombre está en ambas listas.

Los diputados pluris Martha Sánchez Néstor es una precandidata singular. Dirigente de la agrupación de las Mujeres Organizadas del Cerro del Carrizo –Guu Kam Ba Xun Ku Ba I’/N en lengua mephaa’–, ella imparte un taller de género organizado por la Coordinado-

Octavio Gómez

POLÍTICA / PRD Lorenzo Zambrano Zambrano, dirigente de la Organización Política Nacional Democracia Liberal, que impulsó las candidaturas ciudadanas dentro del partido, también aspira a un cargo legislativo, lo mismo que la asambleísta Karen Quiroga y los perredistas Fernando Belaunzarán, Javier González Garza, José Antonio García Mondragón, Alfonso Ramírez Cuéllar y la actual senadora María Rojo.

Martha Patricia Ruiz Anchondo, exdelegada en Gustavo A. Madero, y Virginia Jaramillo, exdelegada en Cuauhtémoc, también se registraron. Lo mismo que Florentino López Martínez, exvocero de la APPO, y los diputados federales Néstor Juárez Martínez e Hipólito Amado Sánchez Pérez y la senadora Claudia Corichi, hija de Amalia García.

Los precandidatos del PT

Padierna, Ebrard, López Obrador, Zambrano y Encinas

ra Nacional de Mujeres Indígenas, cuyo propósito es combatir el elevado índice de muertes durante el proceso de gestación.

Sorprende también el caso de René Bejarano, conocido como El Señor de las Ligas por el escándalo que protagonizó en 2004 al recibir dinero del empresario argentino Carlos Ahumada supuestamente para financiar campañas políticas. Siete años después Bejarano aspira a una diputación.

Otros precandidatos perredistas son: Socorro Ceseñas Chapa, secretaria de Acción Política Electoral; Ricardo Ruiz, presidente de la mesa directiva del VII Consejo Nacional; Armando Contreras Luna, secretario de Alianzas y Relaciones Políticas Nacionales; Silvano Aureoles, senador y excandidato al gobierno de Michoacán.

De la administración pública capitalina destacan en las listas Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno, y Héctor Serrano Cortés, director general de Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal y gente de confianza de Marcelo Ebrard.

Están los asambleístas David Razú, Salvador Martínez Della Rocca, Víctor Hugo Romo, Mario Carrillo, actual director del DIF-DF, y Alejandro Encinas Nájera, hijo del diputado Alejandro Encinas Rodríguez.

También están los senadores Pablo Gómez, Yeidckol Polevnsky y Antonio Or-

tega Martínez, hermano del expresidente nacional del PRD Jesús Ortega Martínez. Él ya fue diputado federal en la LX Legislatura y en 1982 formó parte de la LII Legislatura, arropado entonces por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Los legisladores por mayoría relativa Y aun cuando ninguno de los precandidatos perredistas que aspiran a una plurinominal tiene asegurada su curul, la situación se complica más para los que buscan un cargo por mayoría relativa. Ello se debe a que no sólo tienen que ser los mejor posicionados en las encuestas, sino que también deben tener la venia de la dirección del partido.

La lista de aspirantes al Senado incluye 296, de entre los que sobresale el diputado federal Víctor Manuel Castro Cosío, investigador del CIDE. El PRD incluyó al expriista tabasqueño Óscar Cantón Zetina, quien fue senador entre 2000 y 2006.

El año en que terminó su encomienda legislativa, Cantón compitió incluso por la gubernatura de su entidad natal en las internas del PRI. Al no lograr la candidatura llamó a votar por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Ese año fue electo diputado plurinominal al Congreso de Tabasco ya bajo las siglas del PRD.

Llama la atención que los perredistas citados como precandidatos al Senado por la vía plurinominal también aparecen en la lista de los precandidatos al mismo cargo por el principio de mayoría relativa, lo que implica que deberán ser elegidos por votación en las elecciones del 1 de julio de 2012.

Lo mismo sucede con el tamaulipeco Emiliano Fernández Canales, exdirigente de Movimiento Ciudadano; el diputado federal chiapaneco Federico Ovalle Vaquera; la titular de la delegación Iztapalapa, Clara Brugada, y José Narro Céspedes, diputado federal del PRD. Por lo que concierne a los precandidatos a diputados por la vía de mayoría relativa, resaltan los nombres de algunos inscritos en las listas de representación proporcional, entre ellos David Razú, Alberto Esteva, Víctor Hugo Romo; y otros nuevos, como el delegado en Coyoacán, Raúl Flores García, y el dirigente de la Alianza de Tranviarios de México (ATM), Benito Bahena y Lome.

También están en las listas Purificación Carpinteyro Calderón, quien hasta 2009 fue subsecretaria de Comunicaciones y Transportes y fue cesada por diferencias con el entonces titular de la dependencia, Luis Téllez, quien la acusó ante la PGR de intervenir sus líneas telefónicas, y Juan José Jacobo Femat.

La lista de petistas que aspiran a una diputación federal incluye 152 nombres, entre los que destacan los de Purificación Carpinteyro, el de la exdelegada en Cuauhtémoc Virginia Jaramillo, el de Benito Bahena y Lome, el del perredista Camerino Gutiérrez López y otros que dobletean precandidatura, como Alberto Esteva, quien va para senador en el PT. Se registraron como precandidatos la diputada federal Beatriz Neyra Cuevas, quien en 2009 apoyó a Rafael Acosta, Juanito, en sus intenciones por permanecer al frente de la delegación Iztapalapa; Jorge Isaac Arvizu Martínez, el actor que apoya a López Obrador desde 2006 y lo ha acompañado a las asambleas. Conocido como El Tata, es el autor de la frase “No se apendeje, vamos con el Peje”. Hoy buscará posicionarse en el distrito 22 del Estado de México.

Entre los precandidatos a senadores hay nombres conocidos, entre ellos el del exdiputado mexiquense Óscar González Yáñez; Genaro Vázquez Flores, coordinador en Guerrero del Morena; el senador Pedro Vázquez González; el excandidato a la alcaldía de Cancún por el PRD en 2009, Gregorio Sánchez, vinculado con el narcotráfico y después exonerado por las autoridades; David Monreal Ávila, hermano de Ricardo, coordinador de la precampaña y la campaña presidencial de López Obrador.

Pero el nombre que más desconcierta es el del priista poblano Manuel Bartlett Díaz, quien aspira de nuevo a una curul en el Senado. Secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, él fue el que anunció la “caída del sistema” en 1988, con lo que impidió que el candidato del Frente Democrático Nacional a la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, se impusiera a su contrincante priista Carlos Salinas de Gortari. En 2006 Bartlett llamó a votar por López Obrador y aun hoy simpatiza con su movimiento.

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ECO NO MÍA / P E ME X JESUSA CERVANTES

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AP photo / Manu Fernández

in beneficios para México y con un injustificado endeudamiento de mil 120 millones de dólares por la innecesaria compra de acciones de Repsol YPF concluyó el fugaz acuerdo de “voto sindicado” firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la inmobiliaria española Sacyr Vallehermoso, que entre otras cosas inició una guerra por el control de la trasnacional.

El “hostil” acuerdo –así calificado por Rogelio Gasca Neri, consejero independiente de Pemex– se dio en sigilo, sin el permiso del Consejo de Administración de la paraestatal el pasado 29 de agosto.

De la misma forma, sin previo aviso al gobierno mexicano, a las autoridades de Pemex o a sus consejeros independientes, la inmobiliaria se deshizo de la paraestatal al vender la mitad del 20% de acciones que tenía en Repsol YPF, cancelando con ello el acuerdo.

Y mientras el equipo de funcionarios mexicanos impulsor del acuerdo con Sacyr ofrece explicaciones imprecisas y no da la cara públicamente, se fortalece ingresando a la nómina del gobierno federal a uno más de sus hombres: Antonio Murrieta Cummings, recién colocado en la gerencia de Administración Financiera del Corporativo Pemex.

Antonio Murrieta Cummings es hermano del secretario de Finanzas del Estado de México, Raúl Murrieta, y de Carlos Rafael, director Corporativo de Operaciones de Pemex, así como primo del subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fausto Barajas Cummings, quien participa en los consejos de Administración de Pemex Petroquímica, Pe-

Un

tropezón que huele mal mex Exploración, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Raúl Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y aún permanece en ese puesto. Raúl Murrieta y Videgaray fueron compañeros de Ernesto Cordero en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde Felipe Calderón estudió una maestría.

Rompimiento anunciado Luego de que en México los consejeros independientes de Pemex y el resto de la población se enteró por la prensa española de que la paraestatal firmó el 29 de agosto con Sacyr un acuerdo que la obligaba a comprar 4.6% de acciones de Repsol, para luego de manera “sindicada” ejercerlos conjuntamente y hacer valer su fuerza en el consejo de administración, el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel

hubo de dar la cara y afirmar que su actuar fue “legal” y que no estaba obligado a pedir autorización al consejo.

Explicó que el costo para el gobierno mexicano fue de mil 600 millones de dólares; 480 millones los tomó de la caja de Pemex y el resto, mil 120 millones, lo obtuvo con la contratación de créditos con cuatro bancos: Inbursa, Crédit Agricole CIB de Francia, Natixis y HSBC de Inglaterra.

El 18 de octubre, a petición de los consejeros independientes Fluvio Ruiz Alarcón, Héctor Moreira Rodríguez y Fortunato Álvarez, se reunió de manera extraordinaria el Consejo de Administración de Pemex. Suárez Coppel dio una breve explicación de la relación Pemex-Repsol y el abogado de la petrolera, Marco Antonio de la Peña dijo que no se requería la autorización de ellos para firmar el convenio.

En privado Gasca Neri recriminó a Suárez Coppel que ni siquiera les entregara copia del acuerdo, que alegara que no

La empresa española Sacyr envolvió en una complicada trampa a Pemex, instancias ambas que poseen acciones en la petrolera hispana Repsol. En sus planes estaba unirse accionariamente para tomar el control de la entidad española de hidrocarburos, pero los empresarios españoles, agobiados por las deudas, simplemente vendieron la mitad de sus acciones y dieron por terminado el acuerdo con Petróleos Mexicanos... y ésta quedó metida en un doble predicamento: falló su gran maniobra internacional y aquí se hizo evidente que el director de la paraestatal firmó contratos sin avisarle a su Consejo de Administración. requería de permiso y calificó de “ilegal” la compra de acciones y de “hostil” el acuerdo. En general, sostuvo, el acuerdo hace que se “perciba un ambiente negativo y de desaprobación en los medios financieros, empresariales y políticos”.

Reclamó que el voto de Pemex en Repsol se estuviera atando, mediante el acuerdo, a los intereses de Sacyr.

Antes de este acuerdo Pemex tenía 4.8% de acciones de la petrolera española; La Caixa (caja e ahorro española) 13%, Sacyr 20% y el restante 62% estaba fraccionado entre una serie de empresas y bancos, cada uno con menos de 1%.

Con la compra de acciones de Pemex por mil 600 millones de dólares llegó a 9.9% que sumado al 20% de Sacyr, debido al acuerdo, alcanzaba 29.9% lo que les daba supremacía sobre el resto, derecho a tomar las principales decisiones en Repsol e incluso se buscaba impulsar, según el acuerdo, que Antonio Brufau dejara de

ser director de la petrolera española y presidente de su Consejo de Administración.

En la reunión extraordinaria del 18 de octubre Gasca Neri fue más allá: dijo que no se podía atar el voto de Pemex al de Sacyr por 10 años –como establece el acuerdo– y develó los motivos de Sacyr para buscar el respaldo de Pemex: “Obtener dinero fresco para pagar sus deudas a través de la obtención de mayores dividendos en contubernio con Pemex”. El acuerdo previó también nuevas formas de distribución de dividendos entre los accionistas.

En 2006, cuando Sacyr adquirió 20% de Repsol, obtuvo créditos con 39 bancos por cinco mil millones de euros con vencimiento al 21 de diciembre de 2011. “Esta situación”, dijo Gasca, “implica la necesidad apremiante de Sacyr por aumentar dividendos, ordinarios y extraordinarios, mediante la venta de activos de Repsol”.

Recordó que luego del anuncio del acuerdo Sacyr-Pemex, Crédit Agricole in-

formó que la inmobiliaria tiene una deuda impagable e incluso le recomendó que venda “activos, entre ellos una parte importante de sus acciones en Repsol”.

Ante la recomendación, el consejero independiente sugirió desde el 18 de octubre cancelar el convenio Sacyr-Repsol, pues seguramente ya no podría alcanzarse el objetivo de tener 29.9% de acciones de Repsol en forma conjunta.

Suárez Coppel y el director de Finanzas de la paraestatal, Carlos Rafael Murrieta Cummings, no hicieron caso a Gasca y el pasado martes 20, a un día de que se venciera el plazo de Sacyr para restructurar su deuda, la inmobiliaria vendió 10% de sus acciones a los bancos acreedores para pagar parte de su deuda. Las instituciones bancarias a su vez ofrecieron esas acciones a Repsol, que las adquirió de nuevo.

Lo anterior, sin avisarle a su contraparte mexicana.

“Era previsible” En entrevista con Proceso el consejero independiente que llegó a dicha posición a propuesta del PRD, Fluvio Ruiz Alarcón, reconoció que Sacyr nunca les informó nada de la venta de sus acciones y mucho menos que pretendiera acabar con el acuerdo.

Sin embargo aclaró: “Se jugó con esa posibilidad (de que vendiera y por lo tanto, que el contrato quedara sin efecto); era claro que iba a ser difícil que pudiera restructurar su deuda sin deshacerse de esas acciones. Desde hacía 10 días circulaba entre nosotros esa versión”.

Repitió lo que Pemex dijo a través de un impreciso comunicado: que Sacyr avisó a Pemex de la venta “una vez que se hizo la operación” y no antes.

Germán Canseco

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El 20 de diciembre Pemex también estableció en su comunicado que “mantiene canales abiertos de comunicación y negociación con los distintos accionistas de Repsol y su administración. Repsol ha ofrecido realizar un convenio industrial para maximizar las oportunidades de colaboración conjunta, además de ciertas medidas que le darían un mayor peso en el consejo de la empresa. Pemex y Repsol mantienen pláticas acerca de las características y condiciones de estos acuerdos”.

Pero nunca precisó cuáles serían esas “ciertas medidas” que darían mayor peso en el consejo.

El consejero de Pemex explicó que la paraestatal perdió de facto el derecho de tanto, es decir que le ofrecieran antes que a nadie el 10% de acciones que vendió a los bancos.

Esto, detalló Ruiz Alarcón, porque Sacyr se acogió al punto 8 del acuerdo que define las salvedades para la aplicación de esa medida. Ese punto pone como salvedad que “cualquiera de los instrumentos derivados de cobertura contratados por cada una de las partes en relación con su participación en Repsol hiciera recomendable dicha transmisión...”, como fue el caso, pues Crédit Agricole así lo hizo.

Y por último, comenta, para evitar la obligación de ofertar de manera pública ese 10% de las acciones.

Incluso Repsol en el comunicado que emitió para justificar la compra inmediata del 10% de las acciones dijo: “La falta de acuerdo entre los bancos y Sacyr Vallehermoso habría producido un escenario de incertidumbre prolongada en esa compañía, lo que resultaría dañino para la cotización de Repsol y tendría efectos negativos adicionales sobre el proyecto de crecimiento de la empresa. Además, dado el gran número de bancos involucrados y la heterogeneidad de sus planes e intereses era previsible una venta masiva y desordenada de títulos”.

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1340 / 25 DE DICIEMBRE DE 2011

ECO NO MÍA / AV IA CIÓ N asocie con Repsol para trabajar en aguas someras en otras partes del mundo o un intercambio de tecnología, pues Repsol tiene un sistema de análisis sísmico muy avanzado”.

Y defendió el acuerdo: con esa firma y esta nueva venta Pemex dejará esa actitud pasiva que tuvo durante 30 años en Repsol “y es posible que tenga mayor peso, quizá otro consejero más, pero no sabemos”.

Como resultado del fiasco con Sacyr, en enero el Consejo de Administración de Pemex sesionará de manera extraordinaria para definir una estrategia de internacionalización, aclarar qué tiene que pasar por la aprobación del conseSuárez Coppel. Omisiones jo y qué no, y qué se hará en función de lo que decida hacer Repsol con ese 10%.

Repsol anunció que el jueves 22 realizaría sesión de consejo para determinar Los operadores callan qué hacer con ese 10% de acciones que adquirió. Entre las opciones está: “Analizar la El 30 de octubre de 2011 el corresponsal de venta a inversores institucionales y/o in- Proceso en Madrid reveló que un consulversores estratégicos, que contribuirán al tor español, que estuvo al tanto de la recumplimiento de los objetivos a largo pla- lación Pemex-Repsol-Sacyr, se enteró de zo de Repsol. Adicionalmente, parte de es- que el acuerdo Sacyr-Pemex tuvo “el vistas acciones podrían ser utilizadas como to bueno del presidente Felipe Calderón y agilizaron los preparativos antes de la safórmula de remuneración al accionista”.

Sin embargo dicha reunión no se reali- lida de Ernesto Cordero de la Secretaría zó o por lo menos no fue notificada a tra- de Hacienda”, para que autorizara los mil 600 millones de dólares que se necesitavés de ningún medio oficial.

El consejero Alarcón dijo que al pre- ron para la compra de las acciones, condisentarse las salvedades del punto ocho ción establecida en el acuerdo.

Y añadió: “En esa operación fue cladel acuerdo Pemex perdió automáticamente su derecho de tanto, es decir a que ve la gestión de Ignacio Quesada, director de Finanzas de Pemex y hombre cercano a se le ofreciera primero ese 10%.

Además, dijo, “al hacerse la venta tam- Ernesto Cordero, para que Hacienda agilibién se anuló de manera automática el zara los recursos públicos con el propósito acuerdo entre Sacyr y Pemex pues el pun- de comprar acciones”.

Ignacio Quesada Morales, a quien hato 10.1 del acuerdo establece que si una de las partes vende 50% de sus acciones, el ce referencia el consultor español, es el diconvenio concluye de manera inmediata”. rector financiero de Corporativo Pemex y Fluvio Alarcón rechazó que la paraes- fue quien firmó el acuerdo con Sacyr Vatatal haya perdido con todos estos mo- llehermoso, junto con José Manuel Carrevimientos: “Pemex no necesariamente ra Panizzo, representante de PMI Holdings pierde pues el plan estrictamente finan- BV, una filial de Pemex.

Apenas el 25 de octubre pasado, bajo ciero, a raíz de los importantes yacimientos existentes en Argentina y en donde las órdenes de Quesada Morales, se nomRepsol es socio, incrementa bró a Antonio Murrieta Cummings gerenel valor de la acción. Y por la te de Administración Financiera del Corsituación económica, del día porativo. Entre sus funciones está la de de la compra al de hoy Pemex autorizar y delinear la distribución, inteya recuperó 200 millones de gración y difusión de techos presupuestales en las direcciones corporativas, la codólares”.

Lo que se deberá definir ordinación e instrumentación de fondos ahora, continuó, es ver cuál se- revolventes y la cancelación y apertura de rá la relación o peso que ten- cuentas bancarias de las unidades admidrían los accionistas principa- nistrativas del corporativo, entre otras.

Pemex y los involucrados en la operales pues con la venta ahora Sacyr tiene 10%, Pemex 9.9% y La Caixa ción del acuerdo no han dado una expli13%. Están casi igual. “Relevado el cación pública, pero la paraestatal anunacuerdo que generó tanto enco- ció algunos cambios: entre ellos que en no, ahora se abre la posibilidad de PMI Internacional se nombró como dique las relaciones se establezcan rector a Luis Felipe Luna Melo; de esta sobre otras bases y existe la posi- área forma parte PMI Holdings BV que bilidad de un convenio industrial, fue otra instancia que firmó el acuerdo como por ejemplo que Pemex se con Sacyr. O Los contratos de Sacyr Vallehermoso

Los millones

ocultos JESUSA CERVANTES

L

a Compañía Mexicana de Aviación (CMA) tiene en el extranjero “activos intangibles” y “derechos de posesión” por una cantidad que va de “500 a mil millones de dólares”, dinero que literalmente quedó volando, pues no se reportó en el concurso mercantil que la empresa solicitó en México y tampoco se informó de esas cantidades a los trabajadores, según se desprende de documentos notariados de los que este semanario tiene copia.

Por ello Ricardo del Valle, secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, acudirá la próxima semana ante el juez encargado del concurso mercantil de CMA en México, Felipe Consuelo Soto, para que antes de que haga una declaratoria tome en cuenta los nuevos activos detectados en Estados Unidos.

Documentos “apostillados” (notariados) –cuya copia tiene Proceso y en los que la representante de CMA en Estados Unidos, Maru E. Johansen solicita el embargo de “activos valiosos” a un juez de distrito de Nueva York– fueron presentados ante las autoridades judiciales estadunidenses el 2 de agosto de 2010, el día en que en

Benjamin Flores

Información reciente puede influir de manera decisiva en el caso de Mexicana de Aviación: la empresa que está a punto de ser declarada en quiebra tiene en aeropuertos de Estados Unidos “activos intangibles” –es decir rutas y derechos de uso de mostradores y pistas de aterrizaje–, además de cuentas bancarias que podrían totalizar mil millones de dólares, suma que ya está en la mira de los acreedores de la aerolínea... Pero a sus administradores se les olvidó reportar esos bienes hace más de un año, cuando solicitaron el juicio mercantil.

México se solicitó la declaratoria de concurso mercantil.

En la solicitud de concurso mercantil –de la que Proceso tiene copia– que hizo el entonces administrador de CMA, Javier Christlieb, no se incluyen los “activos valiosos” de Estados Unidos; tampoco en la traducción al inglés de dicha petición y que fue entregada a una corte de distrito en Nueva York como parte de los documentos para solicitar que se le permitiera a la aerolínea acogerse al artículo 15 del Código de Quiebras de la Unión Americana.

El abogado Eddie Varón Levy, exdiputado federal del PRI y quien desde hace más de una década litiga asuntos en la Unión Americana –ahora representa a una veintena de jubilados de CMA, que demandaron a la empresa por haber suspendido operaciones– detectó los documentos a través del instrumento llamado lexis nexis, un archivo especializado sobre determinado tema y al cual pueden ingresar sólo los interesados.

Por su parte el diputado petista Mario di Costanzo, del grupo de trabajo de la Cá-

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ECONOMÍA / AVIACIÓN

Singapur Airlines y Mexicana El 28 de agosto de 2010 Mexicana de Aviación suspendió vuelos por estar presuntamente en insolvencia financiera. Desde esa fecha por lo menos 29 inversionistas han querido comprarla y echarla a volar, pero han visto frustradas sus pretensiones.

Este mes el juez Felipe Consuelo anunció que a partir del 1 de enero de 2012 la empresa tendrá 40 días naturales –hasta el 11 de febrero– para que algún inversionista concrete la compra. De lo contrario se declarará la quiebra en Mexicana de Aviación.

Sin embargo, los activos intangibles en Estados Unidos que han estado “prestados” y ociosos no están incluidos en el concurso mercantil por lo que el aviso formal al juez, que los miembros del sindicato de sobrecargos le harán la próxima semana, puede modificar el caso.

Entre los datos revelados está por ejemplo que algunos mostradores de Mexicana en Los Ángeles, California, están siendo utilizados por Singapur Airlines, en tanto

http://www.triportreats.com/

Desperdicio de “intangibles”

que otros bienes, como la ruta a Reno, Nevada, están siendo explotados por Interjet y Volaris sin que se les cobre un peso, en detrimento de la empresa.

La información de los activos en Estados Unidos llegó a México el pasado martes 6 cuando el abogado Varón Levy le entregó documentos notariados a Di Costanzo. Entre ellos había tres carpetas en las que está la petición de Maru E. Johansen de que los “activos valiosos” sean embargados para que ningún “acreedor” se quede con ellos.

Con los documentos en la mano Di Costanzo se comunicó con el administrador de Mexicana, Gerardo Badín quien negó la existencia de tales activos. El lunes 12 Badín convocó a una reunión en la Torre de Mexicana a Di Costanzo, Varón Levy e incluso, como invitado, al abogado Arturo Alcalde. Quien presidió el encuentro fue Javier Christlieb, exadministrador de Mexicana quien les dijo que no eran “bienes raíces” lo que la empresa tenía en Estados Unidos sino “bienes intangibles” y que efectivamente, no fueron incluidos en el concurso mercantil.

Di Costanzo viajó a Los Ángeles donde el viernes 16 habló durante dos horas con Johansen. Ésta fue quien el 2 de agosto de 2010, como representante de CMA en Estados Unidos y Canadá, solicitó en el distrito de Nueva York que se le permitiera acogerse al “capitulo 15 del Código de Quiebras de Estados Unidos” y que no es otra cosa que informar del proceso de concurso mercantil que se sigue en México, de los bienes de la empresa en la Unión Americana y pedir que sean embargados para que nadie pueda reclamarlos como pago por lo que le pueda deber Mexicana.

En la forma que llenó –de la que Proceso tiene copia– Johansen notificó en el apartado “activos estimados” de 500 a mil millones de dólares. En “pasivos estimados”, más de mil millones de dólares y en “número estimado de acreedores”, de mil a 5 mil.

“Yo lleno esa forma y pongo eso porque eso me dijeron que pusiera”, le reveló Johansen al diputado cuando éste le preguntó de dónde salía dicha cifra y cuáles bienes conformaban tal cantidad. La segunda parte de su respuesta fue que desconocía si tales “activos” estaban o no en el concurso mercantil.

En el punto 3 de la solicitud Johansen declara que de aceptarse el acogimiento al capitulo 15 del Código de Quiebras se podría iniciar el embargo a la par que en México, por el concurso mercantil que se sigue, comenzaría el proceso de reorganización de la empresa.

Y luego establece: “La restructuración prevista bajo el concurso alcanzará una restructuración significativa para los negocios de Mexicana. Mexicana anticipa que saldrá más fuerte del proceso, tendrá una línea y compañía más competitiva y

será capaz de conservar su supremacía en el mundo”.

Pero lo más destacado de su declaración y de donde se derivan todos los cuestionamientos sobre los activos, figura en el punto 5 que dice: “Sin embargo, el desarrollo pendiente y el plan de restructuración por la corte mexicana requiere de la protección del capitulo 15 del Código de Quiebra con el objeto de proteger los ACTIVOS VALIOSOS en Estados Unidos. Por ejemplo, Mexicana tiene interés en bienes raíces de los aeropuertos de Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Fresno, Las Vegas, Miami, Oakland, Orlando, Sacramento, San Antonio, San Francisco, San José, Dulles, Los Ángeles…”

Y más: “Mexicana tiene valiosos slots (tiempo de uso de pistas) para sus aviones en estas localidades. Mexicana también tiene aproximadamente 147 empleados, múltiples aviones en múltiples aeropuertos y partes relacionadas con las aeronaves en Estados Unidos”.

Un aspecto que llama la atención y en ningún momento se especifica a cuáles cuentas de banco se refiere: “Mexicana también tiene intereses en cierto banco y cuentas colaterales localizadas en Estados Unidos”.

En el punto seis Johansen dice: “Mexicana busca la protección del capitulo 15 para asegurar las operaciones mientras está el concurso (mercantil en México). La protección de activos de Mexicana con base en Estados Unidos asegura que no haya rompimiento operacional en Estados Unidos y ayudará a asegurar la restructura de Mexicana de manera rápida…”

Estas revelaciones llevaron al abogado Varón y al diputado Di Costanzo a entrevistarse con Johansen; al primero no se le permitió estar presente por representar a una de las partes en conflicto (los jubilados de Mexicana) pero el legislador sí pudo hablar con la representante de la aerolínea en el extranjero.

En su explicación Johansen dijo, según relata Di Costanzo, que aunque ella se refirió a “bienes raíces” en 15 aeropuertos de Estados Unidos, el concepto no se usa como en México y que se trata más bien de espacios o mostradores que Mexicana tiene en cada uno de esos aeropuertos, una especie de concesión que incluso puede subarrendar.

Le recordó que en Chicago uno de los acreedores de Mexicana trató de quedarse con tal bien, “por eso tuvimos que acogernos al capítulo 15”, para que todos a los que se les debe se formen en la fila y primero se les pague a los de México.

“Tuve que ir a los juzgados porque son activos que teníamos que proteger.

Tuve que pedir el concurso para que no se me dejaran venir los acreedores, porque no estoy pagando la renta que les debo por cada mostrador y aunque no lo puedo vender, tampoco lo he rentado aun-

que eso sí se puede hacer”, dijo Johansen.

Aclaró que si no se ha rentado cada una de las posiciones es porque México no ha dado la orden y reveló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “ha estado cediendo las rutas y los slots, pero nosotros nos hemos opuesto a que le den espacios a otras aerolíneas”, reveló.

Johansen también reveló que en una de las rutas y mercado que abrió Mexicana, en Reno –de las que más venden–, no se está rentando sino que la tiene “prestada” a Interjet y Volaris. Y añadió: “Este año que viene va a seguir subiendo el chárter; ese es el coraje que nos da, porque quien lo está explotando son esas aerolíneas”... y gratis.

Aceptó que los bienes raíces a los que se refiere son intangibles, como un slot; esos son activos y las líneas aéreas valen por sus rutas y slots.

También le comentó al legislador que ignora las razones por las cuales a ella no se le aclaró si los bienes de Estados Unidos forman parte o no del concurso mercantil en México y tampoco las razones por las que no se están rentando, cuando de ahí podrían obtenerse recursos para que la aerolínea trabajara en México.

En suma: no se están rentando los slots sino que se están prestando a Interjet y Volaris por orden de la SCT y no se están rentando los espacios que Mexicana tiene en 15 aeropuertos de Estados Unidos. El área en el aeropuerto de Los Ángeles la usa Singapur Airlines, reclama Di Costanzo.

“Para cerrar con broche de oro”, agrega, “nunca nos aclaró cuáles son las cuentas de banco que tiene Mexicana, en qué bancos ni a cuánto asciende su valor; lo que sí reveló es que entre octubre y noviembre Banorte dispuso de 18 millones de dólares de un fideicomiso de la empresa” como cobro de las deudas que Mexicana tenía con esa institución bancaria.

Di Costanzo tenía más dudas: ¿cómo pudo Banorte hacer el retiro, quién lo autorizó y cómo fue que las autoridades estadunidenses lo permitieron si ya se había solicitado el embargo bajo el Código de Quiebras?

Nerviosa, según relata el petista, Johansen respondió: “En ese momento quien estaba negociando para adquirir Mexicana era PC Capital, aquí ellos llevaban la negociación; yo no sé por qué se quedaron con ese dinero”.

La decisión de solicitar el embargo de “bienes valiosos” en Estados Unidos fue decidido por el Consejo de Administración de Mexicana de Aviación en su junta del 30 de julio de 2010, 28 días antes de que dejara de volar.

Todo esto, concluye el diputado, será notificado formalmente al juez Consuelo y éste tendrá que tomarlo en cuenta antes de cerrar el concurso mercantil. La SCT por su parte tendrá que explicar por qué ocultó esta información. O

Ingeniería para la

quiebra Octavio Gómez

mara de Diputados que da seguimiento a la crisis de CMA, dice que todo esto le da a la aerolínea valor y potencial para ponerla a volar nuevamente, pero las autoridades se han negado a ello.

Además, Varón y Di Costanzo cuestionan el “ocultamiento” de información sobre el verdadero valor de la empresa. Si el juez toma en cuenta los activos detectados y que éstos están ociosos en vez de generar recursos, la situación de la CMA daría un giro y podría empezar a volar dentro de México sin necesidad de un inversor, considera Di Costanzo.

Azcárraga. Plan perverso

El empresario Gastón Azcárraga dedicó mucho tiempo y trabajo para demoler la Compañía Mexicana de Aviación –una de las líneas aéreas más sólidas del país–: tras comprarla se dedicó a desbaratarla y a vender sus restos a precios irrisorios. Ni su emblemática torre de la Ciudad de México se salvó. Al mismo tiempo que la aerolínea caía en la insolvencia y se aproximaba a la quiebra, otras empresas de Azcárraga llegaban al rescate de las áreas que quedaban desprotegidas... Todo esto se desprende de la demanda que el sindicato de pilotos interpuso ante la PGR hace tres meses.

JENARO VILLAMIL

E

n plena crisis de solvencia financiera y cuando a los trabajadores sindicalizados les decían que estaban a punto de la quiebra, los directivos de la Compañía Mexicana de Aviación (CMA) se otorgaron en 2008 y 2009 bonos por 112 millones y 108.3 millones de pesos, respectivamente, y al perso-

nal gerencial clave le entregaron beneficios directos por 112 mil 907 pesos y 102 mil 942 pesos, al 31 de diciembre de 2008 y de 2007.

Estos privilegios se dieron a pesar de que en el contrato de compra-venta de Mexicana, firmado por el Grupo Posadas el 20 de diciembre de 2005, en su numeral A.14 se estableció que “ningún ejecutivo de alto nivel tendrá derecho al pago de cantidad alguna, incluyendo el pago de bonos, o a un incremento en su sueldo o prestaciones como re-

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sultado de la celebración del presente contrato o la consumación de las operaciones previstas en el mismo o en los demás documentos de operación”.

Como ésta hubo muchas otras irregularidades que apuntan a una clara intención de pulverizar la estabilidad financiera de Mexicana de Aviación –ante la actitud pasiva o hasta la probable complicidad de las autoridades de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Hacienda y la del Trabajo– y que fueron documentadas en una denuncia penal interpuesta por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) ante la Procuraduría General de la República el pasado 30 de septiembre.

En la relación de hechos que expone la demanda, cuya copia obtuvo Proceso, también se documenta cómo a menos de dos meses de que el Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga Andrade, adquiriera la aerolínea nacional más importante, concretó la venta de la Torre de Mexicana –en la avenida Xola de la Ciudad de México– a un precio menor que su valor catastral y, al mismo tiempo, celebró un contrato de arrendamiento de ese inmueble, con vigencia de 10 años para el uso de 11 mil metros cuadrados.

El 3 de febrero de 2006 el edificio emblemático de la compañía se vendió en 422 millones 307 mil pesos, cuando su valor catastral era de 507 millones 261 mil pesos, según consta en la escritura pública número 3531.

Es decir, “sin razón de peso se vendieron unos de los principales activos tangibles de la Compañía Mexicana de Aviación que generaban ingresos, a un precio por debajo del valor catastral” y también se celebró en febrero del mismo año un contrato de arrendamiento del mismo inmueble con la empresa Fibra Mexicana de Inmuebles, que entregó sólo 5% del precio como depósito de garantía.

Según el comunicado emitido por la compañía el 26 de febrero de 2006, la venta del edificio fue “para amortizar la deuda

de Mexicana y contar con mayores recursos para invertir en beneficio de nuestros clientes” y para que se generarán “ahorros adicionales por compactación del personal”.

Otra maniobra que afectó la solvencia de la CMA fue la venta, en junio de 2006, de las acciones que tenía en Aerovías del Caribe, Alas de América, Aeropuertos y Terrenos y Aerosys por 298 millones 697 mil pesos. ASPA argumenta que “la venta no tuvo razón o algún beneficio para Mexicana de Aviación, no existe ingreso a la tesorería... es nuevamente una simulación para canibalizar los activos de CMA”.

“Sin razón de peso o algún beneficio, salieron estas unidades de negocio a valor contable, lo cual, al parecer, debilitó la estructura financiera de Compañía Mexicana de Aviación”, subraya la demanda.

También el Nuevo Grupo Aeronáutico, denominación del consorcio que desde el 30 de diciembre de 2008 controla la mayoría de las acciones de CMA, creó nuevas “marcas” y aerolíneas de bajo costo que afectaron la solidez financiera de la compañía.

La demanda argumenta que hubo un “desplazamiento” de CMA por una nueva marca, denominada Mexicana Link, creada el 4 de diciembre de 2008 y que empezó a funcionar el 15 de marzo de 2009, con una base de operaciones en Guadalajara y 40 rutas concesionadas, las cuales aumentaron a 52 al cierre de diciembre de 2009.

Al crear Link, “en lugar de maximizar la capacidad instalada en Compañía Mexicana de Aviación/Mexicana Click y buscar rentabilidad, al parecer se incrementaron sustancialmente los costos y hubo aumento de oferta en un entorno recesivo. Por la falta de operatividad, se reorientaron los vuelos de esta aerolínea hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Insolvencia provocada Mexicana de Aviación entró en concurso mercantil el 2 de agosto de 2010. El gru-

ta también cómo los créditos contratados con Bancomext y Banorte afectaron la solidez de la línea aérea.

El 16 de octubre de 2009 Bancomext le otorgó a CMA un préstamo por 991 millones 967 mil pesos a través de Nacional Financiera, a un plazo de 24 meses y con seis meses de gracia de capital incluido, resultando 18 amortizaciones en pagos mensuales iguales y consecutivos.

“Este endeudamiento de tan corto plazo resulta, al parecer, muy oneroso y pone en grave riesgo el negocio en marcha, pues maneja 18 amortizaciones de 55 millones 109 mil pesos de capital, más intereses”, argumenta la querella.

En abril de 2008 Gamma Servicios de Negocios, afiliada a Mexicana de Aviación, solicitó un crédito por mil 572 millones de pesos con Grupo Financiero Banorte para pagar el crédito original con Banco Inbursa que fue de mil millones de pesos en 2001.

En la contratación de la deuda con Banorte se comprometió el flujo de los ingresos y se otorgaron como garantías las acciones de Gamma Servicios de Negocios, de Compañía Mexicana de Aviación, de Mexicana Click, de Nuevo Grupo Aeronáutico y de Aeropuertos y Terrenos.

Al 31 de diciembre de 2010 el monto del crédito que comprometía los ingresos y las acciones de las filiales de CMA ascendía a mil 322 millones de pesos y los derechos de cobro derivados de la venta de boletos fueron transferidos por Gamma Servicios al banco HSBC. Además de estas deudas, el pasado viernes 16 el magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa, Jaime Marroquín Zaleta, reconoció que existen mil 571 acreedores adicionales de Mexicana de Aviación, que son los dueños de boletos o de VTP que no fueron incluidos en la sentencia original del juez decimoprimero de Distrito en Materia Civil, Felipe Consuelo Soto, encargado del concurso mercantil de la aerolínea desde diciembre de 2010.

A cada uno de estos nuevos deudores, que recurrieron a la Procuraduría Federal del Consumidor, se les deben de 5 mil a 30 mil pesos. También se reconoció como nuevo acreedor al despacho neoyorquino Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, representante de la aerolínea ante las cortes estadunidenses, al que se le reconoció una deuda de 324 mil dólares.

La Torre. Remate

según ASPA, fue capitalizar las pérdidas fiscales del Nuevo Grupo Aeroportuario, afectando el patrimonio de CMA. El 14 de septiembre de 2007 se crearon dos tipos de subsidiarias: las del Grupo A: Impulsora de Negocios Omega S.A. de C.V., Operadora de Servicios Empresariales Zeta S.A. de C.V., Gestiones y Servicios Operativos Kappa S.A. de C.V., Impulsora de Enlaces Industriales Delta S.A. de C.V. e Impulsora Industrial Empresarial Beta S.A. de C.V..

Omega, Zeta, Delta y Beta se dedicaban “a la compraventa, importación, exportación, fabricación, distribución, representación, comisión y comercialización de toda clase de artículos, productos y mer-

caderías”. Todas fueron vendidas a un tercero el 30 de diciembre de 2008.

El Grupo B fue la subsidiaria Mexicana MRO, dedicada a la “operación y construcción de plantas dedicadas a fabricar, desarmar, realizar mantenimiento y reparaciones (menores, parciales o totales) de aeronaves, motores, turborreactores y sus módulos”.

La demanda encabezada por ASPA advierte que la escisión representó la desincorporación de parte del patrimonio de CMA, toda vez que a raíz de esta operación también se sacaron los saldos de las cuentas fiscales del capital contable de años anteriores, que ascienden a 14 mil 621 millones 249 mil pesos (2006) y que disminuyeron a mil 120 millones de pesos a diciembre de 2008.

Otra estratagema para descapitalizar a CMA fue la creación, en septiembre de 2007, de la unidad de negocios Mexicana MRO S.A. de C.V. que sustituyó a la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la propia aerolínea, reconocida internacionalmente por su capacidad.

Al separar estas unidades de negocios, el monto por concepto de mantenimiento de aviones se incrementó de mil 666 millones en 2008 a 2 mil 67 millones en 2009.

Además se separaron los servicios a terceros que “era una de las unidades de negocio que más apoyaban la rentabilidad de la aerolínea, dado que, aparte de brindar mantenimiento a la flota aérea de Compañía Mexicana de Aviación, potencializaba la oferta de servicios a las aerolíneas que lo solicitaran”.

El 10 de febrero de 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le retiró a Mexicana de Aviación el permiso para operar como taller aeronáutico y fungir como operador de mantenimiento de aviones. Le dejó eso a Mexicana MRO. David Deolarte

Los afectados de siempre

po de inversionistas y empresarios encabezados por Gastón Azcárraga argumentó que la insolvencia de la empresa para pagar sus deudas (más de 3 mil 500 millones de pesos) se debió a la crisis causada por el alza de las gasolinas, la crisis económica y la contingencia sanitaria provocada por la influenza en 2009.

Pero documentos obtenidos por la reportera de Proceso Rosalía Vergara revelaron desde agosto de 2010 que la trama para llevar a la insolvencia y a la quiebra a Mexicana fue una maniobra consentida por las propias autoridades y tuvo su origen en la compra de la aerolínea a un precio menor de su valor en el mercado: 165 millones de dólares, cuando en diciembre de 2005 su valor era de mil 456 millones de dólares; hubo otra serie de actos de simulación financiera y empresarial para descapitalizar a la empresa con el pretexto de “sanearla” (Proceso 1762 y 1805).

Entre 2005 y 2007 el Grupo Posadas, propietario de 33% de las acciones de la empresa, fue desinvirtiendo: pasó de 562.2 millones en 2005 a 566.1 millones en 2006, a 210.7 millones en 2007 y a cero pesos en 2008.

Ese año los inversionistas encabezados por Gastón Azcárraga decidieron crear Nuevo Grupo Aeronáutico y ceder los derechos de las empresas inmobiliarias, flotillas, edificios y activos de CMA a fin de pulverizar a la compañía que llegó a tener el control de 40% del mercado de la aeronáutica civil en el país.

El beneficio fue directamente para el Grupo Posadas y no para Mexicana de Aviación. Los ingresos de Posadas se incrementaron consistentemente: pasaron de 5 mil 974 millones en 2007 a 6 mil 905 millones en 2008 y a 7 mil 231 millones de pesos en 2009, al tiempo que los ingresos de la aerolínea disminuyeron hasta llegar a la insolvencia.

Uno de los negocios más escandalosos, citados en la demanda de ASPA ante la Procuraduría, relata cómo Mexicana de Aviación tuvo que firmar contratos con subsidiarias del Grupo Posadas para servicios de apoyo tecnológico (Conectum S.A. de C.V.), sistema de reservaciones (Conexo S.A. de C.V.) y productos VTP de Mexicana (Solosol Tours S.A. de C.V.). En este último caso, la transferencia significó una disminución en la venta de paquetes VTP. Estos cambios de sistemas tecnológicos incrementaron sustancialmente los costos de CMA tal y como se refiere en los estados financieros dictaminados de 2009. La inversión para contratar a las subsidiarias del Grupo Posadas fue de 856 millones 281 mil pesos, “cuando ya se contaba con sistemas tecnológicos operando, lo cual generó serios problemas de liquidez y rentabilidad” a la aerolínea.

En la trama para llevar a la insolvencia financiera a Mexicana de Aviación, la demanda interpuesta por ASPA documen-

Eduardo Miranda

Hugo Cruz

ECONOMÍA / AVIACIÓN

La atomización Por si no bastara esta serie de irregularidades financieras, también se “balcanizó” a la CMA para que sus activos, pasivos, capital y cuentas fiscales se escindieran en compañías nombradas con letras griegas que luego fueron vendidas. El objetivo,

Pilotos. Resistencia

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Agencia “El Universal”

ESTADOS / SISTEMA PENITENCIARIO

lo “normal”

en los penales de Nuevo León El gobierno de Nuevo León parece haber perdido el control de sus centros penitenciarios, al menos de los tres más importantes de la zona metropolitana de Monterrey: Cadereyta, Topo Chico y Apodaca, donde a lo largo de 2011 ha habido 65 asesinatos de reos y numerosas fugas. El gobernador Rodrigo Medina, rebasado, pidió la ayuda del Ejército y comenzó la construcción de otra cárcel, ahora en el municipio de Mina... pero la situación anárquica no cambia en los penales, en cuyo interior, y aparentemente con la colaboración de las autoridades, se reproduce la guerra que libran en todo el país los cárteles del narcotráfico.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

L

a detención en octubre pasado del presunto zeta Carlos Oliva Castillo, La Rana, exhibió la descomposición del sistema carcelario nuevoleonés al descubrirse que su brazo derecho, Juan Carlos Garza Rodríguez o Rodolfo Peña Hinojosa, quien se suponía estaba preso, no apareció en ninguna de las cárceles de la entidad... y nunca se informó que se hubiera fugado.

La mañana del pasado 12 de octubre la Operación Escorpión –aplicada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el noreste mexicano después del ataque al Casino Royale de Monterrey, donde mu-

24 horas por su traslado de un penal a otro junto con otros del Golfo CDG del Topo a Cadereyta. Inocencio Mireles, La Pechuga, El Moisés, La Golondrina, Los Pedraza apoyados x el CDG en el Penal del Topo al Penal de Cadereyta y entran aun sabiendo las autoridades a cualquier hora…”

Los narcomensajes pasaron casi inadvertidos en medio de la vorágine de información surgida por la tragedia del Casino Royale. Lo que permaneció inalterado fue el fenómeno de fugas y homicidios en las penitenciarías.

Respuesta: militarización El 20 de noviembre el gobierno estatal debió reconocer que del penal de Apodaca, además de Garza se habían fugado Pedro González, Inocente Contreras Rodríguez y Juan Antonio Carreón, quienes salieron con permiso de los vigilantes entre junio y septiembre pasados. Por la evasión de reos fueron acusados 35 custodios de esa penitenciaría, 25 de los cuales están sujetos a proceso penal.

Desde hace al menos tres años las penitenciarías de Apodaca, Topo Chico y Cadereyta se han convertido en una extensión de la violencia que mantiene asolado a Nuevo León; este año 13 celadores han sido asesinados afuera de los penales. Las evasiones son apenas uno de los aspectos del caos que en lo que va de 2011 ha generado 65 muertes de internos, no esclarecidas por las autoridades.

Uno de los casos más sonados ocurrió el 31 de diciembre de 2010 cuando el cadáver de Gabriela Elizabeth Muñiz Tamez, La Pelirroja, fue colgado de un puente peatonal en la transitada avenida Gonzalitos de Monterrey. La mujer de 31 años cumplía sentencias por secuestro y extorsión; además, según versiones de la policía, era pareja sentimental de un presunto narcotraficante.

La Pelirroja fue torturada en el penal; después la sacaron con el consentimiento de los custodios, la volvieron a torturar y finalmente la colgaron del puente.

Poco a poco el penal regiomontano del Topo Chico se llenó de violencia: el 9 de agosto un comando entró a punta de disparos, supuestamente con la ayuda de los custodios. En los hechos perdieron la vida dos personas. No obstante aun entonces el vocero de seguridad del estado, Jorge Domene, aseguraba que el gobierno mantenía el control de la cárcel.

Ante la vulnerabilidad de las penitenciarías Rodrigo Medina solicitó apoyo militar a mediados de octubre, cuando la estadística de muertes en los tres penales superaba los 50 casos. El 24 de ese mes el

gobernador confirmó la presencia militar, aunque precisó que sólo hacían revisiones en el exterior y que el control interno lo mantenía el gobierno del estado.

Para la coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León (Cadhac), Consuelo Morales Elizondo, la situación de los penales no ha cambiado a partir de la vigilancia militar, aunque sí los protocolos de revisión que deben seguir los familiares de los internos, quienes viven un calvario cada vez que visitan a un interno.

Entre actos de prepotencia, revisiones exhaustivas y ociosas y un reglamento en constante cambio que muchas veces priva a las familias de visitar a algún interno, los militares cuidan los accesos; pero no hay cambios de fondo en las condiciones de vida y el descontrol que prevalecen en el interior. En síntesis, la violencia es contra los familiares, afirma.

“Como ocurre con la seguridad pública, el estado claudica en otra de sus funciones en un entorno en el que los soldados, marinos, policías y criminales desaparecen gente, asesinan o violentan derechos fundamentales, que nos llevan a preguntarnos si las autoridades están rebasadas o forman parte de esta violencia”, dice.

Tortura y muerte Ramón Gumaro Garza de la Garza era una leyenda del narcotráfico local. El pasado sábado 17 cumplió en Apodaca los primeros 15 años de los 40 de su sentencia por el aseMEX-PRES

Homicidios y fugas,

rieron 52 personas el 25 de agosto– ubicó y detuvo en Saltillo a Oliva Castillo a quien el mando castrense identificó como un operador de Los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila que respondía sólo a las órdenes de Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca y Miguel Ángel Treviño Morales El Z-40, líderes de esa organización criminal.

Las supuestas actividades de Oliva y de Garza Rodríguez fueron narradas a detalle el 13 de octubre por el vocero de la Sedena, Ricardo Trevilla, quien atribuyó a La Rana, entre otras muchas actividades criminales, haber ordenado el ataque al casino. Nada dijo del estatus de prófugo de Garza Rodríguez –aunque sí le atribuyó ser traficante de drogas desde 1998– quien se suponía que estaba preso en el penal de Apodaca, uno de los tres de la zona metropolitana de Monterrey.

Y han sido los propios cárteles del narcotráfico los que, en su afán de perjudicar a sus rivales, han evidenciado el caos penitenciario en Nuevo León: En narcomantas con mensajes dirigidos al presidente Felipe Calderón y al gobernador Rodrigo Medina, han denunciado las fugas y los descuidos en los penales locales.

El pasado 20 de agosto en el Puente del Papa, uno de los que atraviesan el río Santa Catarina, apareció el primer mensaje a Calderón y Medina: “Hay que ponerle mas atención a los penales de Nuevo León, principalmente al de ‘APODACA’ ciertos presos tienen el privilegio de salir y entrar al penal, en estos días se maneja una fuga masiva hay personas de afuera interesadas en sacar a un tal ‘FITO’ preso en el penal de Apodaca esta persona cuenta con orden de aprehension en Estados Unidos de América, por ser el principal distribuidor de cocaína y quien trabaja para la ‘RANA’ actual encargado de los (Z’) en Nuevo León y el principal exportador de droga para Estados Unidos. El nombre real de el ‘FITO’ es (RODOLFO PEÑA TERCERO) y el nombre de lista dentro del Centro de Readaptación ‘PENAL’ de ‘APODACA’ es ‘ABELARDO GARCÍA PEÑA’”.

Esos alias son atribuidos también a Juan Carlos Garza Rodríguez.

El 24 de agosto otro mensaje fue colocado en un puente de la avenida Revolución, en el sur de Monterrey: “Sr. Gobernador Informe al señor Presidente y a la ciudadanía el motivo por que no informaron de los acontecimientos que suceden dentro del Penal de Cadereyta ¿Por que? ¿Quiénes lo controlan? El que pasa revista Comandante Alemán si hasta ahora actúan como muy rectos líderes, de la delincuencia pagan 1,000,000 al Tila, quien le paga a un alto funcionario en sólo

Elizabeth Muñiz. Excarcelada y ejecutada

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Octavio Gómez

sinato del abogado Agapito Garza Salinas en los noventa, cuando un homicidio todavía era un escándalo. Al pistolero se le atribuían varios crímenes cometidos cuando era madrina de la Policía Judicial Federal en León, Guanajuato, y Cancún, Quintana Roo. Sus contactos con el mundo político fueron importantes en una investigación: estando preso por la muerte de Agapito Garza se convirtió en testigo clave de la Procuraduría General de la República en su acusación contra el exgobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, ya extraditado a Estados Unidos.

El pasado martes 20 Gumaro Garza fue asesinado por otro reo federal, a quien se identificó como Reynaldo Arizpe García y quien apenas llegó a Apodaca el domingo 4. Cerca de la medianoche de ese martes le dio unas 20 puñaladas a Gumaro.

A la opacidad en el penal de Cadereyta y a la inocultable violencia del de Topo Chico se suman la violencia y la opacidad del de Apodaca donde además de las mencionadas evasiones de internos, se han registrado hechos sangrientos. Este año en los tres penales se ha sumado un total de 65 muertes, algunas con brutalidad extrema.

Por ejemplo el 20 de mayo 14 reos fueron torturados, asesinados y sus cuerpos calcinados durante un supuesto motín en Apodaca.

Consuelo Morales indica que la violencia en la cárcel se incrementó desde hace tres años, en paralelo al proceso de violencia en el área metropolitana de Monterrey.

La religiosa, quien apenas en noviembre recibió el premio del organismo internacional Human Rights Watch por su “activismo ejemplar”, advierte que el avance de la violencia ha sido progresivo y coincidente con datos que reflejan la pérdida de control de las autoridades.

“La Rana”. Su socio desapareció

En entrevista con Proceso añade que 2011 ha sido un año “de una brutalidad tan asombrosa” como la impunidad que prevalece por las 65 muertes en condiciones hasta ahora inexplicadas por las autoridades.

El aumento de la población penitenciaria ha sido enorme en estos años por el ingreso de reos del fuero federal. Además explica que una peculiaridad de Nuevo León es la criminalización con motivaciones políticas puesto que, en respuesta a las presiones por hechos violentos, la clase política plantea reformas y el endurecimiento de penas sobrelegislando.

La sobrelegislación con fines de criminalización es calificada por la activista como un “populismo legislativo con una visión punitiva” que agudiza la violencia.

Ejemplifica: el martes 13 el Congreso local tipificó como delito el robo de ferrocarril – cuando ya existe el delito de robo– y creó un nuevo tipo penal –como lo ha hecho para las marchas y protestas o para el grafiti– que encuadra en delitos ya tipificados.

“Eso ha generado sobrepoblación y hacinamiento como nunca, sin que las prácticas de tortura dejen de existir; se han vuelto más brutales.”

Entre los testimonios recabados por Cadhac hay relatos de los casos de muchos policías municipales y civiles detenidos, golpeados y hasta violados por efectivos de las fuerzas federales.

Uno de esos casos es el de Marcelo Laguarda, acusado del asesinato del estudiante de excelencia de la UNAM Víctor Castro Santillán en abril de 2010. Laguarda, hijo de un empresario y político panista de Coahuila, fue sometido a torturas entre las que destaca la quemadura de las yemas de los dedos cuando se negó a firmar una confesión.

Consuelo Morales, quien el último se-

mestre ha emitido seis pronunciamientos alertando sobre la violencia en las prisiones de Nuevo León, vuelve a la denuncia por la mortandad: “Ahora no sólo vemos que los internos son sometidos a tratos crueles, inhumanos y denigrantes, sin programa de readaptación. Lo peor es que están perdiendo la vida.

“Y lo más doloroso es que se trata de la muerte de gente joven, en muchos de los casos con ingreso reciente a los penales y algunos por delitos menores. No cabe duda de que se trata de una política de seguridad, local y federal, que pretende hacer creer que trabajan porque meten a la cárcel a personas”, dice.

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ESTADOS / SISTEMA PENITENCIARIO

Traslado inhumano De acuerdo con la estadística oficial la población de los penales de la entidad está creciendo 2% mensual. De ahí que los gobiernos estatal y federal hayan determinado construir una nueva cárcel, ahora en el municipio de Mina, unos 40 kilómetros al noroeste de Monterrey.

La construcción de la penitenciaría empezó el pasado 14 de julio con la asistencia de Medina y del comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas. La inversión inicial será de 100 millones de pesos pero costará más de 3 mil 500 millones. Tendrá capacidad para 2 mil 300 internos y ocupará una superficie de 359 hectáreas.

El proyecto pretende concentrar ahí a los internos del fuero federal y remplazar paulatinamente el obsoleto penal de Topo Chico.

Morales Elizondo afirma que desde la perspectiva de los derechos humanos el proyecto es un error, pues ante la falta de política de readaptación trasladarán ahí la deshumanización, los mismos vicios e ilegalidades de los otros tres penales; en tanto más lejos, más fáciles de ser vulnerados los derechos, afirma.

“Las autoridades están perdiendo de vista que la privación de la libertad de ninguna manera significa que las personas recluidas en centros penitenciarios puedan ser expuestas a tratos crueles, inhumanos o denigrantes y mucho menos que puedan ser privadas de sus vidas.

“Pero es justamente lo que está ocurriendo. No es racional suponer que en un ambiente cerrado y extremadamente protegido puedan suceder en menos de 12 meses más de 65 muertes que hasta hoy permanecen en total impunidad. Las autoridades tienen la obligación de garantizar que las prisiones sean un espacio de reinserción social, no un lugar de abusos, extorsiones, tortura y riesgo para la vida de los reclusos; pero eso es lo que está sucediendo y cada vez nos encontramos más lejos de los estándares internacionales en los servicios penitenciarios.” O

Y en los consejos tutelares,

degradación Desde 2008 organismos de la ONU han constatado las condiciones infrahumanas en que permanecen recluidos menores infractores en México, sobre todo en Monterrey. También han pedido al Estado mexicano que resuelva este problema. Los centros de reclusión en que malviven estos adolescentes no garantizan ninguna readaptación y únicamente los preparan para ser delincuentes al llegar a la adultez.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

E

n una construcción semejante a una nave industrial viven decenas de menores infractores que cumplen condenas en condiciones infrahumanas, sujetos a torturas y tratos degradantes.

Otros se encuentran en instalaciones más apropiadas, aunque carecen de las medidas más elementales de higiene.

Son vigilados por custodios con perros y “cuando se portan mal” les propinan golpizas brutales para después incomunicar-

los durante un mes en una celda de castigo. Se trata de los tutelares de Monterrey y Escobedo.

En ambos centros de reclusión la seguridad es deficiente. El lunes 19 Jayson Alberto y Éric Javier, de 17 años, se evadieron del tutelar de Monterrey aprovechando la media hora diaria de recreo. Con este caso ya suman cinco los escapes de menores ocurridos de julio a la fecha en los centros de internamiento de Nuevo León.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León (Cadhac), organismo coordinado por Consuelo Morales Elizondo, documentó que en estos lugares más de la mitad de los internos no sabe por qué está ahí. Puso como ejemplo el caso de un adolescente indígena que no habla español ni entiende por qué está preso.

Desde el año pasado el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT) evidenció el trato inhumano que en Nuevo León reciben los menores infractores recluidos en centros que, conforme a la recomendación del organismo internacional, deben ser cambiados por completo o incluso cerrados.

Ese documento contenido en el expediente CAT/OP/MEX/R.1 –basado en el Pro-

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E S TA D O S / S I S T E M A P E N I T E N C I A R I O

Especial

Clausura Por su parte, Cadhac demostró desde 2008 que en los dos Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores (Ciaai), uno ubicado en Monterrey y otro en el municipio de Escobedo, los jóvenes son víctimas de abusos penitenciarios.

Para las muchachas la situación es aún peor. Permanecen 23 horas al día en un espacio de apenas siete metros cuadrados.

Sólo pueden salir media hora. Cuando ocurre cualquier insubordinación o desorden, los custodios obligan a los jóvenes a hincarse y pedir perdón. Esto no los libra de recibir una andanada de golpes.

Represalias Un mes después de la visita del SPT, el 13 de octubre de 2008, policías estatales irrumpieron en el Ciaai de Escobedo. Los menores fueron enviados a una celda de castigo.

Luego de este incidente un custodio aseguró que había perdido un llavero y acusó a los internos de robo. Se inició una revisión exhaustiva en los dormitorios, donde los custodios prendieron fuego a los colchones, rompieron aparatos eléctricos y arremetieron contra los internos.

El gobierno de Nuevo León declaró que se trataba de un motín, por lo que se montó un operativo de policías encapuchados, perros de ataque y equipos especiales pa-

La actualidad

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tocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes– fue recibido por el Estado mexicano el 27 de mayo de 2009, pero declarado bajo reserva por la Secretaría de Relaciones Exteriores. No fue sino hasta el 24 de marzo de 2010 que organismos civiles consiguieron, vía solicitudes de transparencia, la apertura de ese informe.

El SPT quedó “negativamente impresionado” cuando vio lo que ocurre en el Centro de Adaptación de Adolescentes Infractores de Monterrey, donde los integrantes de la delegación “sólo pueden calificar el trato que los menores reciben como cruel, inhumano y degradante”.

Luego de describir como “una especie de jaulas” los sitios donde permanecen recluidos los niños, el informe detalla que los miembros de la delegación quedaron impactados al escuchar los relatos de los internos, pues ellos mismos les dijeron que son víctimas de golpizas, vejaciones y amenazas.

Lo mismo ocurrió con las menores internas. “Los integrantes de la delegación quedaron profundamente consternados” al saber que ahí ocurrió un aborto seguido de una grave infección por falta de atención médica. Nunca le quisieron proporcionar una prueba de embarazo a la jovencita que lo pidió.

Por todo lo anterior, los observadores de la ONU consideraron que ese centro de internamiento es la antítesis del debido trato a menores: “La delegación desea expresar su preocupación sobre las condiciones en que se encontraban los menores privados de su libertad en ese centro en el momento en que lo visitó y constató condiciones de trato cruel, inhumano y degradante”, expuso el SPT en la observación 46 de su informe.

ra derrumbar un muro y crear un acceso.

Entre ruido, gritos y desorden sacaron a los internos de sus celdas.

En medio de un aguacero los condujeron al patio. Los obligaron a acostarse boca abajo y permanecieron así durante varias horas, mientras los policías pasaban lista y caminaban encima de ellos.

Según la versión ofrecida por Aldo Fasci Zuazua, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, un grupo de internos había intentado amotinarse, quemó mantas y colchones y agredió a los guardias.

Luego del operativo, Cadhac elaboró un informe acerca de la situación de los menores infractores recluidos en ese lugar. En el documento se indica que 17 menores fueron severamente golpeados y presentaban heridas. En entrevistas que les hicieron por separado la narración de los jóvenes es consistente: no existe ningún elemento para aceptar que la incursión de las fuerzas del orden haya sido propiciada por un disturbio causado por los muchachos.

Los dictámenes médicos realizados por el organismo, de los cuales Proceso tiene copia, establecen que además de heridas por tortura, varios de los jóvenes recibieron toques eléctricos en los genitales.

Hay imágenes obtenidas por este semanario que muestran los rostros tumefactos de los internos.

De conformidad con el Protocolo Facultativo ya mencionado, el SPT puede visitar centros de detención y hacer recomendaciones a los estados, con el fin de proteger a los presos contra tratos o penas crueles o degradantes, así como para cooperar para la prevención de la tortura en general.

Durante su estancia en México, que transcurrió del 28 de agosto al 12 de septiembre de 2008, la delegación del SPT encabezada por Víctor Rodríguez Rescia visitó el Distrito Federal y los estados de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca. También se entrevistó con representantes de organismos defensores de derechos humanos públicos y civiles.

Por si fuera poco, el organismo de Naciones Unidas señala que las instalaciones son inadecuadas, por lo que es preciso iniciar un proceso a fin de cambiar “de manera drástica y completa” las condiciones del centro de internamiento. De no ser posible la realización de esos cambios, el SPT indica que debe cerrarse el Ciaai.

Tutelar de Monterrey. Degradación

Aunque las conclusiones y recomendaciones del SPT entregadas al Estado mexicano en mayo de 2009 indican su “inmediata aplicación”, las condiciones son las mismas que cuando se realizó la inspección. En 2010, una vez que el informe se hizo público, el gobierno del estado acordó con la Secretaría de Gobernación que capacitaría a su personal. Hasta ahora no se ha hecho nada.

La incursión policial del 13 de octubre de 2009 no fue un hecho aislado. De acuerdo con los testimonios, los maltratos son sistemáticos y se han repetido durante las cinco fugas registradas este año. Los organismos defensores de los derechos humanos no han podido ingresar a los centros de reclusión para atestiguar cómo se desarrollan los operativos.

A pesar de que las denuncias de Cadhac y las recomendaciones del SPT tenían más de un año de haber sido notificadas al gobierno de Nuevo León, el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2010, las autoridades realizaron operativos conjuntos para buscar armas y drogas en los que participaron custodios penitenciarios y policías municipales, quienes golpearon y vejaron a 18 internos.

De acuerdo con trabajadores sociales que piden el anonimato, con la radicaliza-

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Huellas de la tortura

Escobedo. Hacinamiento e insalubridad

ción de la violencia en la entidad los Ciaai se han sobrepoblado con adolescentes ingresados por delitos relacionados con delincuencia organizada. Un ejemplo: el lunes 19 el Ejército detuvo a 14 integrantes de una supuesta célula de Los Zetas, de los cuales cinco eran menores de edad.

Otro dato revelador: según Cadhac 50% de la población de los Ciaai es femenina. Muchas de esas jovencitas han sido detenidas como parejas sentimentales de presuntos criminales.

Las quejas también llegaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sus exhortos han sido insuficientes. Por cierto, el SPT informó que el ombudsman ni siquiera sabía de la existencia de esa instancia internacional.

En los operativos mencionados a los jóvenes los amenazaron que si denunciaban les aumentarían las penas. Cuando Cadhac hizo públicas sus denuncias, la secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal emitió comunicados en los que asegura que los custodios fueron atacados por los menores.

Los intentos que Cadhac ha realizado para establecer comunicación con el secretario de Gobierno, Javier Treviño, han sido infructuosos. Además de evasivas, este organismo ha recibido burlas, ironías y descalificaciones por parte de funcionarios de la SSP, de donde dependen los Ciaai.

Escobedo Mientras el SPT documentó el caso del Ciaai de Monterrey, Cadhac hizo lo propio en el de Escobedo.

Este lugar cuenta con celdas de castigo donde se aísla a los internos hasta por un mes. La falta de higiene también fue registrada mediante testimonios e imágenes que muestran la inmundicia que se en-

cuentra en baños, celdas, comedores, pasillos, así como en la cocina.

La situación prevaleciente en este Ciaai desmotiva a los internos a participar en actividades educativas. Además, se les hacen exigencias escolares que no pueden cumplir por su situación, explica la coordinadora de Cadhac.

Aunque sólo hay una cancha deportiva, los internos pueden trabajar en una carpintería o una cartonera donde se les pagan 250 pesos semanales que no pueden usar para solventar sus necesidades ni las de sus familias, ya que el dinero se deposita en una cuenta y se les entrega cuando salen.

Los reclusos aseguran que en la enfermería reciben buen trato. Sin embargo, cuando el médico responsable trata de conseguirles medicinas para mejorar las condiciones en que se encuentran ha sido objeto de presiones y malos tratos por parte de la dirección.

La coordinadora del Cadhac comenta que más allá de las condiciones de infraestructura, en estos centros de reclusión “más de la mitad de los internos saben que están allí pero no la razón. Por ejemplo, uno de ellos menciona que fue detenido en una esquina con otros dos niños que lograron salir, pero él se quedó y no sabía por qué. Tampoco cuánto tiempo permanecerá ahí.

“El recuerdo que quedará en la mente de todos los adolescentes ahí confinados será haber pasado momentos importantes de sus vidas entre rejas, en condiciones más indignas, injustas y humillantes que las que tuvieron fuera y que determinaron que acabaran delinquiendo. De este modo se refuerza una identidad delincuencial y sentimientos antisociales que los llevan a convertirse, cuando llegan a la adultez, en delincuentes irredentos.”

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ANÁLISIS JESÚS CANTÚ

NARANJO

Gallos y gallinas

Decisiones antidemocráticas

L

a decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN de negarle el registro a Manuel Clouthier a fin de competir como precandidato externo para integrar la fórmula al Senado en Sinaloa, y la respuesta de éste a los argumentos que esgrime la dirigencia partidista, ponen sobre la mesa dos asuntos que Acción Nacional no puede resolver desde su arribo a la Presidencia de la República, en diciembre de 2000: los procesos de selección de los candidatos a puestos de elección popular y su rol como partido en el gobierno.

Particularmente en este proceso electoral el PAN vive un desaseado y atropellado proceso de selección interna de sus candidatos, lo cual se refleja en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya corrigió varias de sus decisiones y, a juzgar por sus intentos de estrechar las vías democráticas, todo indica que todavía faltan algunas más.

Su primer tropiezo lo sufrió en noviembre pasado, cuando el Tribunal le ordenó motivar adecuadamente su decisión de recurrir a la designación directa para la selección de los candidatos a diputados federales en 141 de los 300 distritos federales uninominales y a 24 de las 32 fórmulas para senadores de mayoría relativa. El 18 de noviembre, dos días después de la decisión del Tribunal, el PAN reiteró su decisión pero únicamente en 42 distritos y en tres fórmulas de senadores, entre los que se encontraban todos los puestos de elección popular federal en Nuevo León y Tamaulipas.

El pasado sábado 17 el Tribunal volvió a enmendarle la plana a los blanquiazules

al dejar el procedimiento de designación directa únicamente en el caso de las candidaturas de Nuevo León y revocarlo en los casos de Tamaulipas, Oaxaca, Chihuahua, Distrito Federal y Guanajuato.

En el proceso de selección del candidato presidencial, desde que se empezaron a manifestar abiertamente las aspiraciones de los distintos interesados, se definió que la selección se realizaría mediante la elección entre miembros activos y adherentes; sin embargo los esfuerzos de Gustavo Madero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, se enfocaron a disminuir el número de precandidatos a dos o máximo tres, lo cual implicó presionar a diversos aspirantes para que declinaran.

Además de las declinaciones voluntarias, la instancia interna le negó el registro a Javier Livas y Luis Paredes con el argumento de que incumplieron el requisito de acompañar su inscripción con 30 mil 804 firmas de miembros activos.

Los reveses en las instancias jurisdiccionales y la canalización de los esfuerzos de la dirigencia en disminuir el número de precandidatos reducen las posibilidades de aprovechar el hecho de que el blanquiazul es el único partido que realiza un proceso de selección interna, porque la imagen que se transmite es la de procesos limitados, controlados y no democráticos.

Esta percepción en la opinión pública se acrecienta por la negativa del CEN panista al registro de Clouthier Carrillo; la razón que esgrimen, en una extensa carta que le envió la secretaria general del PAN,

Cecilia Romero, es por sus críticas al partido y al gobierno.

En febrero de 2010 Clouthier Carrillo, quien en 2009 llegó a la Cámara de Diputados dentro de las listas plurinominales del PAN, expresó severas críticas a la lucha contra el narco del actual gobierno federal, particularmente porque en su estado natal no se manifiesta el combate contra el cártel de Sinaloa (Proceso 1737). Tras conocer la decisión de la dirigencia blanquiazul, Clouthier manifestó que él no ha criticado al PAN, que cree en los principios que enarbola y anunció que interpondrá los recursos jurídicos a su alcance para ser admitido en la contienda interna.

En entrevista telefónica con el Grupo Reforma señaló: “Es muy diferente criticar al gobierno que criticar al partido. Al gobierno yo creo que todos los ciudadanos lo debemos criticar y exigirle, porque eso es lo que nos va a hacer que tengamos mejores gobernantes”.

Lo cual complementó en una declaración al periódico Noroeste, de Sinaloa: “Ellos plantean que al criticar al gobierno estoy criticando al partido, con una gran confusión, como lo había en el vejo régimen priista, cuando se confundía al PRI-gobierno, el concepto de partido de Estado”.

El PAN funcionaba bien como partido de oposición, pero como partido en el gobierno no encuentra su posición, pues en los dos aspectos señalados al inicio parece retomar las prácticas del régimen autoritario: designación de candidatos por la vía del dedazo presidencial, así sea por interpósita persona; y su actuación como partido del gobierno.

La intromisión presidencial en la designación de candidatos se agudizó en el actual sexenio y es una de las razones del fracaso del PAN en algunas de las elecciones de gobernador. A pesar de ello persisten en su decisión, como es evidente con lo expresado en los párrafos previos.

Respecto a su rol como partido en el gobierno, el PAN no logra comprender que como instituto político debe vigilar que la actuación de los gobernantes emanados de sus filas se apegue a los principios y postulados del partido y sean acordes con su plataforma electoral y sus propuestas de campaña. En los casos en los que así suceda, deben respaldar firme y comprometidamente sus acciones y decisiones; pero en los que esto no sea realidad, deben exigirle la rectificación o deslindarse de las mismas. Como partido del gobierno, simplemente siguen las instrucciones de sus gobernantes y respaldan, sin ningún análisis, todas sus iniciativas y acciones gubernamentales; hasta hoy el PAN actúa como partido del gobierno.

Esta confusión los lleva a rechazar acríticamente cualquier cuestionamiento al gobierno y optar por recurrir a las formas autoritarias para cerrarle el paso a las voces incómodas, antes que correr el riesgo de que los militantes blanquiazules de Sinaloa decidan respaldar la candidatura de Manuel Clouthier al Senado.

La incapacidad del PAN para resolver estos dos asuntos y su apego a las tradiciones autoritarias son de los mayores obstáculos a la construcción de la democracia en México. O

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ANÁLISIS AXEL DIDRIKSSON

SABINA BERMAN

El obispo Andrés Manuel Pensando en Carlos Monsiváis

¿

Con quién habla López Obrador? ¿Con quién dialoga? Ahora que su amigo Carlos Monsiváis, nuestro amigo también, ese erudito de filosa sapiencia suavizada por el humor, se ha ido de la vida; ahora que José María Pérez Gay, su apoyo intelectual y emocional, también su memoria histórica portátil, está enfermo; ¿con quién se sienta, frente a frente, rodillas contra rodillas, a intercambiar ideas? ¿A quién le confía, cuando nadie más está presente: diré esto, haré esto? ¿A quién que esté dispuesto a contradecirlo y al que él escuche con paciencia y confianza?

La pregunta viene a cuento por esa idea que hace un mes expresó López Obrador en su registro como candidato de las Izquierdas y ha ido ganando espacio en su discurso, al grado de que hoy acapara sus declaraciones, y resulta, digámoslo primero con suavidad, inoportuna. La Constitución Moral.

La idea, explayada, es llamar en fecha próxima a una junta de notables: “de profesionistas, padres de familia y ancianos venerables”, para redactar una Constitución alterna, que dicte conductas morales. Que eleve a rango de obligación constitucional la honestidad y el amor.

Hay que decirlo ahora de tajo. El proyecto de una Constitución Moral delata una confusión de territorios en el candidato de las izquierdas. Una confusión entre lo personal y lo público.

En su acepción lata, la Moral es la distinción entre el Bien y el Mal. En el ámbito personal, y en una República democrática, la Moral puede tener fuentes diversas: religiosas, culturales, familiares: es de cierto una síntesis personal, en la que nadie, menos el Estado, tiene derecho legal a intervenir.

En cambio en la vida pública, la Moral debe tener una fuente única. La Constitución política. Esa creación de una junta

de notables, precisamente, que ha sido revisada y vuelta a revisar por otras juntas, durante décadas, y es el código del Bien y el Mal común a todos los ciudadanos.

Las virtudes y los pecados personales no tienen lugar en la Constitución política, pero desde luego que sí sus consecuencias para los Otros en el espacio público.

No se menciona a la honestidad, pero el robo, el fraude, el tráfico de influencias, están prohibidos y se ordena su castigo. El amor al prójimo no se considera obligatorio, pero se expresa con una generosidad superlativa cuando se manda respeto a las garantías individuales, servicios públicos gratuitos universales y una educación laica, gratuita y científica.

No necesitamos una nueva Constitución, y menos una que viole nuestra libertad personal. Nuestra Constitución política es sabia, y si tiene imperfecciones, como cualquier creación humana, la mayor de ellas es por mucho el que no se cumple. He ahí una hazaña épica para un próximo presidente del país: cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Moralizar la vida pública aplicando la Constitución a través de una nueva generación de jueces y policías que suplan a los de hoy. Una hazaña que sería una novedad histórica en México y tendría un costo exorbitante, aunque, para citar a

Paco Ignacio Taibo II, cuando un grupo de escritores coincidimos en el deseo de un presidente con tal determinación, “un costo exorbitado y sin embargo menor que la guerra del presidente Calderón contra el narco”.

Hace quince años, el entonces presidente del PRD, López Obrador, les habló desde un templete a los perredistas que habían triunfado en las elecciones para alcaldes del Estado de México. Les advirtió que estaría pendiente de sus conductas futuras, no fuera a ser que el Poder los hiciera cambiar de coches y de esposas en un santiamén, como si fueran priistas instantáneos.

La reunión puso a teclear a Monsiváis un segmento de Por mi madre bohemios, donde llamaba al líder del PRD “El Obispo Andrés Manuel” y donde descubría en su arenga “una tendencia teologal”, adecuada para una misa y no para una reunión política.

El texto no distanció al político y al intelectual. Al contrario, al cabo de los años se volvieron cercanísimos. En especial durante la pasada elección presidencial, pasaron numerosas horas frente a frente, rodillas contra rodillas, dialogando, probando ideas para el país, puliéndolas, el político fiado en la claridad mental del intelectual y su don para la palabra precisa, el intelectual admirado de la capacidad operacional del político y conmovido “por su auténtica conexión con la gente”, palabras de Monsiváis, ambos en el acuerdo de que ser de izquierda significa, entre otras cosas, depender del diálogo para convertir las ideas propias en ideas donde quepan muchos.

Que Monsiváis no haya estado para sentarse ante Andrés Manuel, antes de que éste haya lanzado al plato de los enemigos rabiosos de la izquierda la idea cruda de una Constitución Moral; que no lo haya prevenido sobre “la tendencia teologal” del proyecto, es otra razón para volver a extrañar a Monsi. O

El costo de las incompetencias E

ste año se cierra con hechos deplorables, avistando un escenario muy complicado. Las demostraciones de un autoritarismo crecido y desmedido de parte de algunos gobiernos estatales y del federal, la hechura de programas orientados a etiquetar sin más como delincuentes a los jóvenes, sean éstos estudiantes o no, la polarización que ya presentan las campañas electorales entre sólo dos posiciones políticas abismales, y un panorama de gran incertidumbre en el contexto mundial, dan muestra de lo que se puede dejar venir de forma convulsiva.

La perspectiva de un nueva recesión y crisis financiera en los países otrora desarrollados que impacte la economía mexicana y contraiga la llegada de capitales, catapulte la fuga de divisas, eleve la inflación y los precios de los alimentos y servicios fundamentales está pendiendo de un hilo, y su impacto puede echar por la borda las posibilidades que se han considerado de un mejoramiento sustancial de la economía en los próximos años.

El asesinato de los dos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Ayotzinapa,Guerrero, Gabriel Echeverría de Jesús y JorgeAlexis Herrera, es el resultado del constante golpeteo que ha sufrido desde hace años ese tipo de centros de estudio, con la idea de mercantilizarlos y de que, como declaró recientemente el aún secretario de Educación, Alfonso Lujambio, deberían mejor desaparecer porque no hay para sus egresados mayores expectativas de trabajo, cuando lo que más hace falta en el país son maestros que puedan desarrollar sus labores en las poblaciones campesinas.

Las pifias de la ignorante clase política y sindical que ha buscado convertir estas

escuelas en institutos de comercio y administración dan cuenta del nivel al que se les ha rebajado.

La brutalidad policiaca, los enredos gestuales y discursivos del gobernador de Guerrero, la negligencia para atender el caso de los estudiantes asesinados, y todas las evidencias que ya se han conocido, dan cuenta de la revoltura de responsables que involucran al SNTE, al gobierno federal y al local y a otros tantos, y de que el problema, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, quedará en la tristeza de los familiares de los muertos, pero no en la justicia.

Ante el incremento de población joven sin empleo y sin escolaridad, y con el atraso de reformas educativas que hagan posible enfrentar el terrible nivel de deserción y reprobación que se tiene año con año entre quienes cursan la secundaria y el bachillerato, con la equivocada manera de imponer un atrasado y mal planeado curriculum por competencias en la secundaria, en la educación media superior y aun en la superior (copia mal calcada de lo que se organizó en la Unión Europea), se padece de una suerte de tendencia inversamente proporcional, porque entre más se insiste en que las competencias deben ser el eje de los nuevos esquemas de trabajo docente y educativo, más resultan evidentes las incompetencias de quienes las promueven.

Incompetencia también en lo político de parte de aquellos que se ufanan de ser los más experimentados por sus años en el servicio público, pero que están vacíos de propuestas y de oficio.

Y luego, una reforma constitucional al artículo 24 que abre las puertas de las calles y las escuelas a una sola Iglesia, como si fuera ésta la única, lo que permite dar

rienda suelta a la desigualdad entre las creencias y al monopolio del saber sólo desde determinados valores. Y la negativa a que se restablezca la filosofía en el bachillerato, y los trampolines que se reproducen en la SEP para impulsar a nuevas posiciones políticas y económicas a los más ineptos, y también el código de conducta que se quiere echar a andar, por ejemplo, en el Distrito Federal, promovido por los más corruptos representantes que se han tenido en el ámbito de la SEP federal en la ciudad, con el que se pretende criminalizar a los alumnos antes que hacer reformas sustanciales que prevean y formen para una ciudadanía íntegra y participativa. La carreta jalando a los bueyes.

Da para mucho más hacer el recuento del saldo de las incompetencias de los políticos con las que se llega en este fin de año fatídico. Da para mostrar que las incongruencias en la lectura y la escritura, en la comprensión de la realidad, en la manera como se considera el ejercicio de una ubicación de responsabilidad pública, pueden conducir al uso de la sinrazón y de la represión que asesina inocentes, echar a perder a generaciones enteras, y hacer sufrir a millones de mexicanos.

Está a la vista, pues, que la incultura y la incompetencia son causales de desgracias y de equivocaciones reiteradas, pero que siempre será peor que se les aguante o que se les ignore, porque entonces la complicidad se hace extensiva e irracional. Evitemos entonces que sigan llegando y escalando posiciones especímenes políticos ignorantes e incompetentes, porque lo único que vamos a tener serán seis años más de lo que ha ocurrido en estos días. Lo peor no es equivocarse, sino empecinarse en volver a hacerlo. O

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ANÁLISIS M A RTA L A M A S

Valentina y Martha: Mis esperanzas E

n este cierre de año tan desolador me infunden esperanza las luchas, distintas pero complementarias, de dos mujeres de Guerrero. Valentina Rosendo Cantú (tlapaneca) y Martha Sánchez Néstor (amuzga) son ejemplos de una transformación crucial que está ocurriendo entre las mujeres indígenas de nuestro país.

Valentina fue violada por soldados en febrero de 2002, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero) asumió su defensa legal y la acompañó durante las largas etapas de un proceso que rebasó las instancias nacionales, pasó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente el pasado jueves 15 el gobierno mexicano hizo un reconocimiento público de responsabilidad, donde el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, calificó a Valentina de “mujer ejemplar” y al acto “una mínima restitución de justicia”. No ha sido poca cosa obligar al Estado mexicano a aceptar que Valentina siempre dijo la verdad.

Sobre todo, cuando el año pasado el director de Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exterior declaró que “sólo hay pruebas circunstanciales que no prueban” la violación y que no se podía responsabilizar al Estado mexicano por no otorgar a Valentina el debido proceso.

Para una víctima, el reconocimiento público de responsabilidad es una de las medidas de reparación más trascendentes, que confirma la veracidad de su denuncia. Valentina se ha sostenido en su dicho a lo largo de nueve años y medio, pese a agresiones y amenazas de todo tipo. Ahora Inés Fernández Ortega, la otra indígena tlapaneca igualmente violada por soldados y cuyo caso también llegó a la Corte Interamericana, espera una resolución similar. Y estamos pendientes de ello.

El otro ejemplo que me entusiasma es el de Martha Sánchez Néstor, quien acaba de solicitar su registro como precandidata a diputada por el PRD. Ella es parte de una generación de indígenas que iniciaron su activismo político muy jóvenes, que han estudiado, que saben de feminismo y se manejan con las modernas tecnologías de comunicación.

Martha ha participado activamente en las instancias organizativas de los pueblos indígenas, donde ha cuestionado la dramática desigualdad de género y la violencia machista que existe en muchas de sus comunidades. Lo atractivo de su postura política es que reivindica una nueva forma de asumirse mujer indígena, sin olvidar su cultura ni negar sus raíces étnicas, pero sin avalar usos y costumbres machistas. Junto con otras compañeras Martha tendió puentes entre mujeres de las cuatro etnias de Guerrero (la amuzga, la mixteca, la nahua y la tlapaneca) para formar la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas. Además, sigue colaborando en la construcción una plataforma política y justamente el sábado 17 participó en Chilpancingo en la conferencia de prensa para dar a conocer la Agenda de mujeres indígenas y afromexicanas en el estado de Guerrero.

La convocatoria fue espectacular: llegaron desde activistas hasta académicas, pasando por funcionarias y representantes de instituciones. Ahí estuvieron el Grupo Plural por la Equidad de Género y el Adelanto de las Mujeres en Guerrero, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, ONU Mujeres, Morena de Guerrero, la Red Macuilxóchitl, la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero, el Consejo de la Nación Amuzga, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales AC, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado, y la Universidad Autónoma de Guerrero, entre otras. La pluralidad de las asistentes, y su compromiso con la agen-

da, es un signo muy alentador.

Aunque los casos de Valentina y Martha son muy distintos, ambas encarnan aspectos indispensables de las reivindicaciones femeninas… y feministas. No es fácil asumir públicamente que se ha sido víctima de una agresión sexual, y mucho menos lo es sostenerse cuando los violadores son miembros del Ejército. Valentina ejemplifica la coherencia y el coraje de una mujer que superó el horror de lo vivido y persistió en su denuncia para así proteger a otras mujeres. Por otra parte, Martha se ha dedicado a construir su liderazgo político desde la base, y así ha logrado tener una representatividad impresionante. Martha es un “cuadro” político de primer nivel que debería ocupar un lugar en la Cámara de Diputados. Ojalá y el PRD sea consciente de su trayectoria y de la influencia que tiene.

La experiencia de estas dos mujeres indígenas tiene algo en común: una forma de “empoderamiento” a partir de su integridad personal. Valentina, que no ha cejado en defender su palabra y sus derechos, y Martha, que trabaja para conquistar nuevas vías políticas y así erradicar desigualdades milenarias. Las dos son ejemplo de una nueva generación de mujeres indígenas que ha perdido el miedo a denunciar; que se niega a subordinarse o a retroceder en sus aspiraciones políticas. Ambas han aprendido a exigir y a hacer valer sus derechos. Ambas desean construir un México más justo, para todas y todos. Y en este fin de año ellas dos hacen que el panorama político me parezca menos negro que de costumbre. O