PROCESO 1843:LOS ZETAS INFILTRAN AL EJÉRCITO, LA PGR, LA AFI, LA PF...

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NA R COTRÁ FICO / COA H UILA

Toda la estructura de seguridad,

Morales Ibáñez

L

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

a detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía

Alejandro Saldívar / Procesofoto

Germán Canseco

Benjamín Flores

infiltrada

La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y hasta sicarios.

García Luna

Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.

A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.

De acuerdo con la averiguación pre-

Galván Galván

via PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.

La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custo-

diaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.

Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.

En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.

En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.

La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.

La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.

El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier nivel (que sean corruptos)”.

Morales adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin embargo, el mismo expe-

diente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también implica a otros integrantes de la PGR. En cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.

Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería, radicado en Saltillo.

Poder corruptor Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.

Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.

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Cícero Salazar. Recomendado

Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de Los Zetas”.

En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.

Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.

Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.

Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.

Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un teniente de apellido Hoyos.

A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.

En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.

http://www.criteriohidalgo.com

pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quienes responden al mando de Nuevo Laredo.

En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.

Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López.

Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.

Narcosueldazos En febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se enLas declaraciones de Escorpión, Sagitario contraron con Sarabia y El Gerry en la ageny Sérpico coincidieron con las de Luis Je- cia Chevrolet de Saltillo para comprarle un sús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, deteni- carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió do el pasado 11 de enero en los límites de de ahí a bordo de una pick up azul de doCoahuila y Nuevo León. ble cabina.

Ante el Ministerio Público Sarabia naLos vehículos que se obsequiaron a los rró su carrera delictiva, iniciada en 2005 AFI, y en ocasiones también la narconócomo encargado de las tienditas en Nue- mina, se entregaban en la parte posterior vo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel del edificio de la subdelegación de la PGR Treviño Morales, L-40, quien al contratarlo en Saltillo, en la colonia Topochico. le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se Y contra la afirmación de la procuradora integró a “la operativa”, es decir, a la escol- general Marisela Morales de que no está imta de L-40 y de su hermano Omar Treviño plicado más personal de la PGR, los testigos Morales ( L-42) mientras se escondían en y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle pesos al agente de la AFI José Guadalupe BaHermoso y Matamoros, cuando el Cártel llesteros Huescas, a quien conocían desde del Golfo, aún unido con Los Zetas, lucha- 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral ba por el control de Nuevo Laredo contra Huerta y a Enrique González Nava, este úlel ahora preso Édgar Valtimo responsable estatal dez Villarreal, La Barbie, de la AFI, radicado en Toy Arturo Beltrán Leyva, rreón y quien recibía 600 El Barbas, asesinado en mil pesos mensuales paCuernavaca. ra repartirlos entre los poEn 2007 Sarabia fue licías asignados a Coahuienviado a Piedras Negras la. Según Sarabia, así los con L-42 para fungir cojefes de su grupo delictivo mo “tranca” o encargado andaban por el estado sin de las comunicaciones ser molestados. de la organización en la Además, los elemenciudad. En 2008, L-40 lo tos de la PGR y la AFI deconvirtió en jefe de plabían liberar mercancías za de Monclova y, en vehículos y armas ase2009, Heriberto Lazcano guradas en operativos, lo envió a Saltillo tamo bien consignar mal y Vallejo Malibrán. Corrupción bién como jefe de plaza, quitarles cargos a los ze-

“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.

Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.

El martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.

Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.

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http://www.visionradio.com.mx

NA R COT R Á FICO / COA H UILA

Moreno Aviña. Ejecuciones

tas detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.

No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo ocurrido y liberar el soborno retenido.

El capitán Valbuena Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De acuerdo con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.

Escorpión afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF. El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estancia en los dos estados.

Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, don-

de escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.

El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.

Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos federales en la zona.

El capitán también “resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.

Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.

La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.

Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

Los Torres Charles Por la información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el “Licencia-

do Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.

En Coahuila el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008 fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.

El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales.

Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.

Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresuel-

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as declaraciones de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia o Comandante Pepito, explican algunos hechos de violencia de los últimos años en regiones del norte del país; esto por su cercanía con Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, su compadre, así como por su ascenso en la organización criminal de Los Zetas, de la que llegó a convertirse en asociado.

Detenido el pasado 11 de enero en un operativo incruento, Sarabia está en calidad de indiciado según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, en la que se asienta que hasta marzo de 2011 fue mando regional de Los Zetas, con influencia en San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Coahuila.

A lo largo de su declaración, Sarabia da cuenta de operaciones en las que participó directamente o de las que tuvo conocimiento al formar parte de la también llamada Compañía, operaciones que en su momento se convirtieron en noticias de repercusión internacional.

Uno de esos casos es el ataque a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 15 de febrero de 2011.

Ese día los agentes Jaime Zapata y Víctor Ávila fueron tiroteados en un paraje

de la autopista federal número 57, en San Luis Potosí. Zapata murió.

El 23 de febrero de ese año la investigación a integrantes de Los Zetas derivó en la detención de Julián Zapata Espinoza, El Piolín, quien según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era el mando de la organización delictiva en la zona.

Ricardo Treviño, vocero de la Sedena, aseguró aquel 23 de febrero que el ataque se debió a una confusión, pues por el tipo de vehículo en el que viajaban los agentes del ICE, los sicarios asumieron que se trataba de miembros de un cártel rival.

El 28 de febrero de 2011 el gobierno presentó a Sergio Mora Cortés, El Toto, detenido por la Marina. A El Toto se le atribuyó estar a las órdenes de El Piolín. Con inusual premura los zetas implicados iban cayendo.

Durante un año nadie mencionó que los agentes del ICE iban armados, hasta que el pasado miércoles 15 The Washington Post dio a conocer otros pormenores del ataque.

Por ejemplo que la camioneta en la que viajaban era blindada y hubiera podido resistir los disparos de AK-47 y la detonación de granadas, pero el vehículo tenía una falla técnica: al poner la palanca en “parking” se levantaban los seguros de las puertas.

Los agentes del ICE no pudieron responder la agresión, pues eran superados en armamento.

Con las declaraciones de Sarabia la información complementa lo que ya se había

Historias de sangre

David Deolarte / Procesofoto

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Sarabia. Toda la historia

“El Toto”. Error fatal

asentado en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/051/2011, integrada a partir de la detención de El Toto y El Piolín, ya que explica cómo se vivió la tensión por lo ocurrido en las horas que siguieron al homicidio de Zapata.

Sarabia, indiciado ahora por diferentes delitos federales, explicó que El Toto era el contador de la plaza y se había quedado a cargo aquella semana cuando atacaron a los agentes del ICE.

San Luis. Muerte de Zapata

AFP photo / “El Pulso Diario” de San Luis

dos que nunca se transparentaron. Su “jefe moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.

Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.

Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.

Otro implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas.

Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hijo de 12 años.

Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.

Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.

El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el cargo desde 2010.

Pese a estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia. O

Benjamín Flores

NARCOTRÁFICO / COAHUILA

La averiguación 051/2011 establece que Sarabia pidió a El Toto que explicara lo ocurrido y le ordenó reunir a El Piolín con su “estaca (comando) para darle piso (matarlo) o montarlo” (entregarlo a las autoridades).

Esto último fue lo que ocurrió, por lo que la Sedena y la Marina pudieron tener detenidos rápidamente y no por los trabajos de inteligencia presumidos por Felipe Calderón, a quien inclusive felicitó Barack Obama tras las detenciones.

Sarabia estaba en Monclova, a donde lo había convocado Heriberto Lazcano para que se encargara de organizar una protesta contra la construcción de un penal federal que se realiza en esa ciudad, según se establece en la averiguación 041/2012.

El asunto había hecho crisis. La noche del 15 de febrero de 2011, horas después del asesinato del agente Zapata, L-40 y El Lazca convocaron a Sarabia para pedirle una explicación, por ser el mando principal de esa región. El primero en llegar fue L-40.

De la declaración de Sarabia: “Mi com-

padre 40 me pregunta qué fue lo que pasó en San Luis Potosí, que quién se había chingado a los de Migración, refiriéndose a los güeros del ICE, porque yo era el encargado, a lo que yo le dije que no sabía cómo estaba el pedo, ya que se había quedado encargado El Toto”.

El Piolín y otro sicario mencionado sólo como El Tarta han sido identificados por las autoridades mexicanas como los ejecutores del ataque. De la declaración de Sarabia se desprende que eso es cierto.

“Toto me dijo que había mandado a Piolín y a Tarta a robarse trocas a la carretera de San Luis a México, y al parecer había valido madre porque era gente del otro lado, es decir de los güeros. Después de eso, mi compadre 40 le habló a Lazcano para que checaran qué iban a hacer conmigo. Una vez que llega Lazcano le explicamos cómo están las cosas y Lazcano explica que él me había mandado llamar a Monclova para lo de las pancartas, por lo que queda mi compadre 40 conforme con lo dicho y me dejan seguir haciendo lo de las pancartas.”

Días después, a principios de marzo, L-40 lo cambia de asignación y entonces Sarabia opta por desertar de Los Zetas. “(L-40) me dejó dicho con El Abuelo (jefe de plaza en Monclova) que le migre para la guerra (llaman así al enfrentamiento contra el Cártel del Golfo en la frontera tamaulipeca), que ya no regrese a San Luis Potosí y me ponga a las órdenes de El Gallo y La Papa (ambos ejecutados y calcinados en la carretera Laredo-Monterrey), pero no obedecí y a finales de marzo de 2011 dejo de formar parte de la organización de Los Zetas.”

Carreras en Fresnillo Unos meses antes de su detención, Sarabia empezó a tener problemas dentro de la organización criminal, según dice en su declaración.

El 15 de diciembre de 2010 hubo carreras y fiesta entre zetas. Se reunieron en un hipódromo en las inmediaciones del penal de

La guerra entre cárteles del narcotráfico produce personajes que siempre están en medio de los enfrentamientos más violentos, entre disparos, sangre y muerte. Uno de ellos es el Comandante Pepito, un zeta recientemente aprehendido que en su declaración ante la PGR da detalles, entre otros, de dos sonados episodios: el tiroteo durante una carrera de caballos en el que murió un jefe de su organización y el asesinato del agente estadunidense Zapata, del ICE, hace un año.

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de ventanas selladas, que comparte estacionamiento con la tienda de autopartes donde desapareció su hijo. Las llamadas que, durante un año, se hicieron desde los dos teléfonos celulares de su hijo y hasta la ubicación de los dos cajeros automáticos en los cuales se hicieron retiros bancarios con sus tarjetas.

Pero no hizo nada, ni siquiera incluyó los datos en la averiguación previa 002/2009.

“Siempre nos preguntaban qué cosas nuevas habíamos investigado y muchas veces les dijimos: ‘Ustedes tienen que investigar; esa es su labor, no la nuestra’”, dice a Proceso esta mujer, que forma parte de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), que tiene 230 casos documentados en el estado de 2007 a enero de 2011.

Los cálculos preliminares del gobierno estatal arrojan que en el estado han desaparecido más de mil 600 personas durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Nosotros hacíamos esfuerzos sobrehumanos por obtener información: hicimos un análisis de las llamadas que salían del celular de mi hijo y se los llevábamos cada 10 días para mostrarles que estaban activos, que los recargaban, que tenían dados de alta como amigos a varios celulares; llevábamos estados de cuenta de tarjetas bancarias y les avisamos la semana en la que ininterrumpidamente se presentaron a sacar dinero. Nosotros estábamos esperanzados de que iban a poner a un agente encubierto a esperarlos, porque Monclova es una ciudad pequeña. Pero llegó el sábado y esos animales-infelices-desgraciados que habían sacado de 3 mil en 3 mil le sacaron los últimos 100 pesos que quedaban”, dice.

Especial

uando se enteraron por las noticias de que al exfiscal de Coahuila Jesús Torres Charles y a la subdelegada de la PGR en el estado, Claudia González, se les relaciona con Los Zetas –el primero por parentesco, la segunda por brindarles protección–, a cientos de familias de todo el país se les heló la sangre.

Entendieron que a la par que aportaban nuevos datos a los funcionarios para que buscaran a sus familiares desaparecidos estaban entregando información a los propios criminales. Comprendieron también por qué, a pesar de sus esfuerzos, el gobierno no ha encontrado a ninguna de las personas reportadas como desaparecidas en la entidad en estos tiempos de la guerra contra el narco.

“Siento frustración por la impunidad, por la omisión, por el cochinero y la colusión de todas las autoridades procuradoras de justicia del estado de Coahuila, no nada más las personas que ya aprehendieron, sino las que nos pusieron innumerables obstáculos a las familias que hicimos pesquisas, investigamos con esfuerzos sobrehumanos por ser simples ciudadanos. Y seguramente todo lo que presentábamos al fiscal lo tiraba a la basura”, dice indignada la señora María Guadalupe Fernández Martínez.

Es madre del ingeniero Jorge Antonio Robledo Fernández, un defeño desaparecido en Monclova el 25 de enero de 2009.

Tenía 32 años y trabajaba en ICA Fluor Daniels, en el Proyecto Fénix de Altos Hornos de México. Desde entonces la pareja Robledo-Fernández se volcó en la búsqueda de su hijo y viajó cada semana a Coahuila para entregarle pruebas al fiscal.

Le dieron un video del antro sospechoso,

Familiares. Informantes involuntarios

Los Robledo

Crece el desencanto La Fuundem programó varias asambleas regionales urgentes con el propósito de tomar una postura sobre ese caso. Sin embargo, queda claro que pedirán que se investigue al exgobernador Humberto Moreira que sostuvo a Jesús Torres Charles en el cargo a pesar de su negligencia.

“La primera desaparición fue hace cinco años y a la fecha no hay nada. Hay una clara responsabilidad, como mínimo, por omisión y muy probablemente una deliberación de no buscarlos, y eso implica responsabilidades institucionales y de estado. No dudamos que haya responsabilidades directas de funcionarios de alto nivel, como la subdelegada. Por eso vamos a pedir que se investigue al exfiscal, a todos los funcionarios involucrados en las presuntas investigaciones de los desaparecidos y, obviamente, al exgobernador Moreira”, señala Blanca Martínez.

Durante todo 2011, las familias establecieron mesas con funcionarios estatales y federales en las que participó la subdelegada Claudia González. “(Ella escuchó) todos los casos, dando su opinión, comprometiéndose con las familias a buscar a sus desaparecidos, diciendo –con un manejo emocional poco ético– que entendía a las madres de ellos por ser mujer”.

A raíz del anuncio de la semana antepasada de los vínculos de los dos exfuncionarios con Los Zetas, la desconfianza entre las familias se afianza.

“Desde que nos sentamos la primera vez con Moreira, en septiembre de 2010, una de las demandas de las familias era la renuncia de Torres Charles por sus claros actos de omisión en procurar justicia. El entonces gobernador hizo caso omiso y cuando dejó la gubernatura para irse como presidente del PRI todavía nos dijo: ‘Quédense tranquilas, aquí está el fiscal, él va a seguir buscando’”, dice Martínez.

A pesar del mal desempeño de Torres Charles como procurador estatal, el sucesor de Humberto Moreira, su hermano Rubén, lo nombró jefe de la Oficina de Asuntos Jurídi-

cos, donde se vigilaban las nuevas leyes a aprobarse. En ese lapso se tipificó el delito de desaparición forzada que no cumple los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas.

“La definición está amañada para salirse por la tangente. Vamos pa’trás, dejaron muy ambiguos los castigos a los responsables directos del delito y la responsabilidad del estado para garantizar la justicia”, señala.

El desencanto no es nuevo. Conforme pasa el tiempo y las familias peregrinan de institución en institución para solicitar la búsqueda de sus seres queridos, se han ido dando cuenta de las complicidades entre autoridades y delincuentes. Sin embargo, hasta este momento se hizo explícito.

“Mucho tiempo confiamos en la palabra de esas personas que, dicen las noticias, están inmiscuidas. A nosotros Dios nos iluminó: el 27 de abril de 2009 nos dimos cuenta de que el fiscal no iba a hacer nada. Descubrimos que los nuevos datos que llevábamos, las sábanas telefónicas, las fotografías, no las incluía en la averiguación previa, aunque le dábamos todo en sus manos. Además nos paralizaba, diciéndonos que no buscáramos porque nuestro hijo corría peligro”, dice la madre de Jorge Antonio.

La familia del ingeniero decidió acudir a la PGR; hasta ahora la institución no ha avanzado en el caso de su hijo. La familia Robledo-Fernández y los demás miembros de Fuundec tuvieron pláticas con el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, con quien planeaban la creación de una fiscalía estatal que se dedicara a la búsqueda de los desaparecidos. Pero todo se interrumpió cuando él murió en el accidente aéreo con el secretario Francisco Blake Mora.

“Nos interesa que se investigue a estas personas que ahora son señaladas, porque puede ser el hilo de esta madeja tan dolorosa para nosotros”, dice la señora María Guadalupe. O

Fresnillo los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, L-40 y L-42, respectivamente; Iván Velásquez Caballero, El Talibán o Comandante 50; El Diamante, operador de Zacatecas; otro sujeto conocido como El Gordo, quien se hace cargo de los caballos de la organización, y La Ardilla, jefe de plaza en Zacatecas.

El Talibán le preguntó a Sarabia si le había hecho algo a su compadre L-40, porque andaba muy enojado y le quería montar “a aquel hombre”, refiriéndose a Lazcano.

“Yo lo único que le dije fue que estaba enojado porque me había visto con una muchacha que yo traía y que era de Veracruz, era una teibolera, pero al parecer le había gustado a mi compadre Miguel (L-40)”, explicó Sarabia.

No hubo reclamo, porque de repente recibieron reportes de la presencia de militares en la zona y se acabó la fiesta.

El Ejército reventó la carrera, pero todos los zetas lograron escapar y enfrentaron a los militares a lo largo de la carretera estatal Jerez-Fresnillo. Sólo murió un pistolero.

L-40, L-42, Lazcano y La Ardilla volaron en aviones privados a Monclova. Sarabia huyó por tierra y se fue a esconder a Saltillo.

La información oficial sólo dio cuenta de que un grupo de hombres armados había enfrentado un convoy militar que los repelió, dejando como saldo un sicario muerto.

Villarín y Cañada Park El gusto por las carreras de caballos de Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño ha sido ampliamente referido, sobre todo porque en diferentes ocasiones se han visto atacados o cercados por el Ejército al ser espectadores de justas ecuestres.

Una de las primeras menciones sobre esa afición ocurrió en El Villarín, Veracruz, cuando un desencuentro entre los apostadores terminó en balacera. Aquella vez se especuló con que uno de los muertos podría ser Heriberto Lazcano, pero en realidad se trataba de Efraín Teodoro Torres, Comandante 14 o Z-14.

Villarín es un rancho cuya carretera reducida apenas está pavimentada. Al transitar por ahí es frecuente que salgan al paso gallinas o cerdos, antes de penetrar el breve y paupérrimo caserío. Sin embargo en ese lugar se instaló un hipódromo abatible, con capacidad para unas 10 mil personas y que entre sus curiosidades contaba con arrancaderos profesionales.

La bolsa era de unos 9 millones de pesos, pero al final de la carrera los apostadores no quedaron conformes con el resultado. De ahí surgió la balacera en la que murió el Z-14.

Dos años después, en el Futurity 2009 del Cañada Park, en Ramos Arizpe, Coahuila, asesinaron a balazos a Javier Urióstegui Román, El Gato Urióstegui, un tahúr profesional originario de Morelos.

Dos días después, en una finca de Allende, Nuevo León, donde lo velaban, un comando acribilló a los dolientes. Ahí murió su hermano José Carmelo, además de que otros familiares y amigos del apostador –procedentes de Teloloapan, Guerrero– resultaron heridos.

En su huída del Cañada Park, un convoy encabezado por el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, entonces director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe, se encontró con los delincuentes. Su vehículo iba equipado con cámara y grabó el enfrentamiento. Bajo el fuego se escuchan las desesperadas peticiones de apoyo por radio a otras corporaciones. La ayuda no llegó.

De acuerdo con las declaraciones de Sarabia, fue El Gato Urióstegui quien mató al Z-14 o al menos así lo entendía L-40.

“Conocí a esta persona (Cícero) el 30 de agosto de 2009 ya que hubo una balacera entre la escolta de Cícero en contra de la gente de la Compañía, entre los que nos encontrábamos mi estaca (comando) y yo.

“Fue en la carretera Los Pinos, ya que ese día hubo carreras de caballos a las que fue El Comandante 40, porque sabía que en ese lugar iba a estar un apostador que un año antes (en realidad dos años antes), había matado en unas carreras de caballos que se hicieron en Villarín, Veracruz, al Comandante 14.”

Sarabia estaba estacionado en las inmediaciones de un convento ubicado por la carretera a Los González, en Saltillo, cuando recibió la orden de acercarse al Cañada Park, pero en el trayecto se dio cuenta de que había patrullas esperando el convoy de L-40 que ya había ejecutado a El Gato Urióstegui y venía de regreso. Sarabia fue quien hizo la custodia del convoy de L-40, haciendo frente a los policías y resultando herido.

Miguel Dimayuga

MARCELA TURATI

Marco Antonio Cruz

Funcionarios de doble cara

El asco, la desilusión, la indignación, la sensación de estafa es compartida por las familias que, como la suya, se dedicaron a juntar pistas que ayudaran a las autoridades a ubicar a sus seres queridos. Sin saber que tenían a los enemigos en casa.

La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la Diócesis de Saltillo, Blanca Martínez, también asesora de Fuundec (hoy Fuundem, porque aglutina ahora a desaparecidos en todo México), informa que, ante la noticia reciente, las familias están desconcertadas e indignadas.

“Ya entendemos por qué estos años no se encontró a nadie a pesar de que la gente ha puesto información que no ha servido para nada.”

NA R COTRÁ FICO / COA H UILA

“El Piolín”. Autor intelectual

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NA R COTR Á FICO / NUE V O LE Ó N Reuters /Daniel Becerril

Deshecha por la pena, una pareja de Monterrey relata la estremecedora historia de su hijo, quien fue encerrado a la mala por federales en el penal de Apodaca, donde recibió maltratos y extorsiones permanentes.

Su familia sostiene que no pertenecía a Los Zetas ni al Cártel del Golfo. Aun así, el joven fue masacrado junto con otros 43 reos en el ambulatorio Delta. Los padres describen el poder que los capos del narco ejercen en las cárceles donde deberían purgar sus condenas.

“Los narcos mandan”

Testimonios desde el infierno LUCIANO CAMPOS GARZA

M

ONTERREY, NL.- En el pe-

nal de Apodaca las llaves de las celdas y los accesos eran controladas por los malos. Uno de ellos estaba en cada puerta, tomando apuntes de quién entraba y salía. El comandante en el interior no era un guardia, sino un interno designado por los líderes de los presos. Los locutorios eran territorio tomado, con espías que reportaban lo que se decía en cada visita personal.

Todo eso lo supieron Sofía y Arturo a partir de lo que les contaba su hijo Mario Humberto Ramírez Calderón, asesinado la madrugada del 19 de febrero junto con otros 43 internos.

Arturo había solicitado el 29 de julio de 2011 que trasladaran a su hijo de 19 años al penal de Cadereyta porque estaba en peligro. Le envió una carta a Ernesto García Guerrero, entonces comisario general de Administración Penitenciaria, en la que le decía que quería el cambio “por motivo

de soborno y golpes que me le dan. (…) Tiene mucho miedo mi hijo, ya que el día que estamos con él todo parece bien, y nomás nos vamos retirando del penal lo golpean y le preguntan todo, si habló mal del penal.

Por favor, ayúdenos con el traslado”.

El 1 de agosto le contestaron con un oficio firmado por José Anastacio Fuentes Rojas, comisario de apoyo, dirigido al director del penal, maestro Gerónimo Miguel Andrés Martínez, que dice: “Le solicito realice las acciones necesarias para su debida atención y remita a la brevedad informe escrito de lo consumado. Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración”.

Los padres dicen que nada se hizo para proteger a su hijo. Hablaron con el director para que acelerara el traslado, pero les respondió –dice Sofía– “que era un buen chavo, que para qué lo trasladaban, que estaba bien, que no tenían problemas… y que él (el director) no mandaba adentro; que él sólo mandaba a los azules, a los uniformados. No nos dijo nombres de organizacio-

ba a trabajar, pero de pronto lo encarcelaron y afirmaba que su estancia en prisión eran los ocho meses más horribles que había vivido. “Decía que había recibido más golpes ahí que en toda su vida”, cuenta su madre.

El día de la masacre, que primero se difundió como “un motín”, el gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina estaba a unos cuantos metros del penal de Apodaca, brindando con los soldados en el campo militar. “Lo vi en las noticias levantándose el cuello, sentado ahí, diciendo que los penales son seguros”, añade Sofía.

nes ni de personas, no nos dijo ni zetas ni del Golfo ni alguna otra organización que esté adentro. Nomás nos dijo que mandaban los que estaban adentro”.

Pero lo seguían golpeando y por eso decidieron “ya no moverle”, porque podrían desencadenar más agresiones hacia el muchacho. Cada vez que iban a visitarlo había una persona sentada a su lado para escuchar lo que platicaban. Por eso Mario Humberto tenía que hablar con sus padres en susurros o con señas; les decía que se la pasaba bien, pero tenía en la nuca moretones que su madre veía al abrazarlo.

“Contaba que se había golpeado porque se caía –dice Arturo–. Uno lo conoce. Yo le decía: ‘A ver, si estás bien, descobíjate’. Pero contestaba que no podía”. Él piensa que, en caso de levantarse, el oreja lo hubiera reportado a sus jefes y la consecuencia sería una golpiza peor que las habituales.

Mario Humberto, a quien le decían El Gavilán, fue detenido el 16 de junio de 2011. Vivía con sus padres en la colonia La

Estanzuela, en el sur de Monterrey. Estaba separado y tenía una hija de dos años. Había dejado trunca la escuela mecánica para trabajar.

En la versión de sus padres, aquel 16 de junio, a las 14:00 horas, el joven salió del taller automotriz donde trabajaba para ir a comer. Frente al local de alimentos vivía un amigo ocasional con el que Mario Humberto intercambiaba películas y, cuando fue a entregarle algunas, lo detuvieron policías federales.

Según la familia, bastó que al Gavilán le sembraran un cargador de ametralladora para que lo procesaran por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y le dieran siete años de prisión. También lo acusaron a él y a su amigo de tener secuestrado a un Luis Maldonado Méndez, pero esto se estaba desahogando en una averiguación previa por privación ilegal de la libertad en su modalidad de “secuestro a un no servidor público” (sic).

Sus padres afirman que él es inocente.

No tenía antecedentes penales y se dedica-

Sofía y Arturo son nombres falsos. Sus identidades han sido alteradas por seguridad.

Ella es empleada en un centro comercial y él mecánico automotriz que hace trabajos ocasionales. Durante la entrevista tienen con ellos las cenizas de su hijo, que les entregaron el miércoles 22 por la mañana.

“Mario me decía que cuando saliera, nada nos iba a separar. Por eso pedí que me lo cremaran y que me dieran las cenizas.

Así cumplimos lo que habíamos dicho, que cuando saliéramos nadie nos iba a separar.

Ahora siempre va a estar conmigo”, dice Sofía con la mirada fija en la urna.

Toda la información de los padres sobre las condiciones que prevalecían en el penal de Apodaca procede de Mario Humberto, que vivía atemorizado. Dicen que tan pronto ingresó al presidio le ofrecieron jalar con los malos, adentro y cuando saliera.

Los padres declinan precisar quién es el grupo que manda adentro del penal, Los Zetas o el Cártel del Golfo. Sin embargo, fue el gobernador Medina quien precisó que Los Zetas controlan la cárcel y que habían cooptado a los mandos (incluido el director) y a los celadores con dinero.

Para Sofía, Mario Humberto rechazó la orden de unírseles y por eso lo golpeaban: “Fue muy hombre, el canijo, y les dijo que no. Por eso buscábamos el traslado, mi esposo escribió esa hoja. Fuimos con el director y nos dijo que si no tenían problemas con él no había por qué trasladarlo; que sí trasladaban a los reos problemáticos”.

Cuando llegó al reclusorio, el muchacho fue asignado al ambulatorio Delta. Preguntó por qué, y las autoridades penitenciarias respondieron que se debía a que él era de La Estanzuela y que esa era una zona dominada por el Cártel del Golfo, así que él pertenecía a éste. Así sellaron su suerte.

“Teníamos ocho meses de estar peleando su inocencia. Todos nos decían que teníamos todo para sacarlo, pero que había que esperar un proceso y eso tardaba un año, lo que él tenía que estar para que los jueces dijeran que podía salir”, dice ella entre suspiros.

Ni siquiera pudieron trasladarlo y sólo les quedó un recurso para aliviar la si-

tuación de su hijo: “Pagábamos para que lo golpearan menos. Dimos una vez 3 mil pesos. Luego nos pidieron unos tenis de 2 mil 600, de los Nike Choice, que ni conocíamos. Luego 500 por semana. Se los dábamos a él. Los otros, lógico, no iban a dar la cara”, expone Sofía.

“Lo amarraban para golpearlo. Lo sacaban a un campo los mismos malos. Por eso digo que no es cierto que los custodios tenían las llaves adentro, las tenían los malos.”

Secunda Arturo: “Si mi muchacho quería ver a un amigo, tenía que pedirle permiso al comandante, pero no al de la justicia, sino al de la injusticia. Ese daba la orden y hablaba por teléfono”.

El 20 de diciembre del año pasado fue asesinado Ramón Gumaro Garza, un reo conocido en la localidad e implicado en el maxiproceso contra Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo. Llevaba encerrado 15 años, de una condena de 40, cuando fue asesinado con una puntilla por otro interno.

Los papás dicen que, inexplicablemente, tras ese crimen recluyeron a Mario Humberto en su celda, bajo llave, y lo dejaban salir nada más cuando ellos lo visitaban. El resto del tiempo lo pasaba encerrado y no veía el sol durante días.

En las visitas siempre tenían vigilancia, dice Arturo, “por eso queríamos trasladarlo a Cadereyta, porque se supone que ahí no es territorio de nadie. En Apodaca, en cada acceso había una persona sentada con una libreta y una pluma, anotando los movimientos: a dónde van, quién es, qué hace, cuántos son. No eran celadores, sino internos”.

Y cuestiona lo que todos: ¿por qué le han permitido tanta libertad a personas que están purgando penas? Los pandilleros pueden inconformarse cuando quieren, queman colchones, se amotinan y asesinan.

En su afán de salvar a su hijo de la violencia del penal, la pareja cayó en manos del abogado Gonzalo Reséndiz, que les pidió 35 mil pesos en varias entregas, con la promesa de que conseguiría la preliberación del Gavilán.

Ansiosos de ver a su hijo libre o por lo menos trasladado a un penal donde no lo acosaran, Arturo y Sofía estaban dispuestos a mudarse a cualquier estado para seguir demostrando su inocencia. Pero después de la última entrega de dinero el abogado ya no les contestó el teléfono.

“Querían destazarlos” En el ambulatorio Delta, los internos hacían rondas de vigilancia durante las 24 horas. Cubrían las ventanas de sus dormitorios con cartones para prevenir ataques con bombas molotov. El propio Mario Humberto dormía de día para estar alerta

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Conferencia improvisada en Apodaca

Traslado de los cuerpos

16

1843 / 26 DE FEBRERO DE 2012

cuestionó: ¿por qué no había denunciado lo que ocurría adentro del penal? “Yo le dije que, cuando detuvieron a mi hijo, le di una carta al propio gobernador en su mano para que checara el caso de mi hijo y viera que era inocente, y hasta ahorita no me han hablado de su parte. Por eso no me digas ahora que no hablé: lo hice y nadie escuchó”.

Los familiares de los internos, desesperados, apedreaban los coches que entraban o salían de la prisión. A Sofía le tocó una pedrada en la pierna.

A las 16:30 horas tenían claro que en el penal no les darían dato alguno y se trasladaron al Hospital Universitario, en Monterrey. Ahí se encuentra el Servicio Médico Forense, adonde se enviaban los muertos y lugar en que el gobierno estatal instaló una mesa de orientación.

A las 19:00 horas tuvieron que ver fotografías de los cadáveres deshechos. Vieron 36 antes de encontrar a Mario Humberto. A decir de Arturo, reconocieron el tatuaje de un dragón que tenía en el brazo izquierdo y los dibujos dérmicos de una mano. La cabeza y el rostro eran irreconocibles.

“Nos mostraron las fotos y sí eran los tatuajes –relata Sofía–, pero por lo que nos Reuters /Daniel Becerril

durante la noche, por eso sus padres suponen que estaba despierto cuando ocurrió la masacre.

Ellos acostumbraban visitarlo los lunes, pero el de esa semana iba a tener un careo como parte de uno de los procesos que enfrentaba, así que anticiparon el encuentro para el domingo 19.

Precisamente esa mañana los noticiarios matutinos de televisión informaron del asesinato masivo de reos en el penal de Apodaca. A las 9:00 horas Sofía y Arturo ya estaban afuera del penal. Era un caos de aglutinamiento, desesperación y exigencias de información.

Un empleado del gobierno de Nuevo León salió a decirles que pronto revelaría listas de fallecidos. Luego salió y dijo que había 40 muertos, todos del ambulatorio Delta, y que no había otros lesionados.

Entraban y salían elementos de la Fuerza Civil y federales.

A las 14:00 horas la pareja no tenía información concreta sobre su hijo. Sofía, igual que los demás familiares, exigía nombres, pero la información llegaba con exasperante lentitud.

Mientras esperaban, una persona que dijo trabajar en derechos humanos la

mostraron no se podía reconocer. Lo quería abrazar, verlo, pero el ataúd estuvo sellado y no se pudo abrir. Sus amigos querían verlo en el velorio. ‘Ábralo, doña’, me decían, pero yo no quería que lo vieran.

No lo iban a conocer. ‘Quédense con el recuerdo de la foto, porque lo que hay adentro no es su cara’, les dije.”

Arturo exigió ver el cadáver completo. “Hasta ahorita no se me hace que sea su rostro, no se me hace que es él… Pero sí eran su cuerpo y sus tatuajes. Su cabeza estaba unida por una parte, pero estaba casi cortada. Sí era la de él. Pero al principio yo les decía (a los empleados del Semefo) que no era su cabeza, porque es mi hijo y lo conozco”.

Se lo habían advertido: “Es muy duro lo que usted va a ver”. Pero él les contestó que “quería saber qué me estaban entregando. Lo descobijaron y sí estaba unida la cabeza, pero definitivamente no era la persona que yo conocía. Lo vi un día, y cuatro después me lo dejaron muy diferente. Y así estaban los cuerpos de todos los que nos enseñaron”.

Sofía se hace una idea de lo que sufrió Mario Humberto: “Me imaginaba a unos perros que les avientas un trozo de carne.

Como que decían: ‘Ten, golpéalo tú. ¿Ya te cansaste? Ahora golpéalo tú’”.

Arturo piensa lo mismo: “No era cuestión de matarlos, sino de destazarlos. Tuvieron tiempo para soltárselo a 15, pienso.

Y háganle lo que quieran, y otros 15 agárrense a otro. Porque tuvieron el tiempo”.

Unos trabajadores del DIF de Nuevo León que la atendieron afuera del Semefo aun se atrevieron a decirle a Sofía que el gobernador estaba de su lado. “Le dije que al gobernador le entregué una carta en su mano y no me escuchó –recuerda ella–; por eso no me digas que ahora el gobernador está conmigo. Aunque me digas que está de mi lado, cuando lo ocupé no estaba ahí”.

Les entregaron el cuerpo el lunes 20 y lo velaron en la casa de la madre de Sofía.

Recibieron el ataúd sellado a las 7:00 horas y la funeraria quería llevárselo esa tarde, pero los padres pidieron más tiempo.

Finalmente se llevaron el cuerpo 24 horas después. Ese martes lo cremaron.

Ahora piden que el nombre de su hijo sea reivindicado, que se castigue la corrupción de las autoridades penitenciarias estatales y federales, y que el gobierno de Nuevo León contribuya a la manutención de la hija de Mario Humberto.

Arturo y Sofía deben cuidar lo que les queda de familia. Otro de sus hijos, Ramón Martín, desapareció el 13 de agosto de 2010. Salió a comprar unas salchichas a la tienda, allá en La Estanzuela, y ya no apareció. Les queda otro de 12 años, al que se proponen educar para que sea “un buen muchacho”. O

Los Zetas siguen

dueños del penal LUCIANO CAMPOS GARZA

M

ONTERREY, NL.- El lunes 20,

al día siguiente de la masacre en la que murieron 44 reos y una treintena más se fugó, un grupo de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León acudió el penal de Apodaca para comprobar las condiciones de los internos.

Un funcionario del gobierno estatal que presenció la visita asegura que los celadores advirtieron a los visitantes que no podían ingresar a todas las áreas debido al alto grado de peligrosidad prevaleciente, sobre todo en las que el autogobierno impuesto por Los Zetas y por los internos del Cártel del Golfo (CDG) anula toda autoridad, aun la del gobierno estatal.

Luego del ataque al casino Royale el 25 de agosto último, a raíz del cual perecieron 52 personas, la ejecución tumultuaria en Apodaca es el segundo ataque más oprobioso del crimen organizado.

El mismo lunes 20, pasmado aún por los acontecimientos, el gobernador Rodrigo Medina declaró a los medios que la culpa era de las autoridades federales “por retacar los reclusorios estatales”, si bien es cierto que su administración ha hecho muy poco para remediar el hacinamiento

Víctor Hugo Valdivia Estrada

Juan Alberto Cedillo

NA R COTR Á FICO / NUE V O LE Ó N

Partidos políticos, la clase empresarial de Nuevo León, activistas locales y la propia ombudsman estatal, Minerva Margarita Martínez, reprueban al gobernador Rodrigo Medina por su torpeza política y su falta de eficacia para enfrentar a la delincuencia en el estado. Prueba de ello es la matanza y fuga multitudinaria de sicarios de Los Zetas del penal de Apodaca, donde son los grupos criminales los que imponen su ley. Medina culpa de estos hechos a la federación, y el PAN le pide que renuncie. y el autogobierno en ese centro penitenciario y en el de Topo Chico.

Y aun cuando el vocero de Seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, intentó limpiar la imagen del gobierno de Nuevo León, las declaraciones de Medina detonaron las inconformidades. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Margarita Martínez, aliada del gobernador, pidió a las autoridades locales trabajar en serio para “tener el verdadero control de las penitenciarías”.

El alcalde de García, Jaime Rodríguez, fue más allá. Dijo que los penales son centros de consumo de droga; incluso comentó que a Medina le ha faltado carácter pa-

ra enfrentar al presidente Felipe Calderón y solicitarle que sea el gobierno federal el que se encargue de los reos federales.

Riña, fuga y confusión La madrugada del domingo 19 el guardia de la torre 6 del penal de Apodaca reportó a dos custodios que se sentía enfermo.

Cuando acudieron a auxiliarlo, fueron sometidos por varios internos. Hasta ahora se desconoce si el celador estaba amenazado o fue presionado por ellos.

Así empezó la trifulca en este penal, ubicado a 20 kilómetros al norte de Monterrey. Poco después, a las 1:13 horas, el

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Fidel Aguilar Castillo

NA R COTR Á FICO / NUEVO LEÓ N

Familiares de los presos. Indignación

acceso a la torre, próxima al ambulatorio Coca, fue abierto. Por ahí salieron los 30 presos, 25 del fuero federal y cinco del común, todos ellos pertenecientes a Los Zetas, quienes tienen el control del penal.

Uno de ellos es Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, operador de esa organización en la entidad, quien purgaba una condena por su participación en la muerte del general retirado Juan Arturo Esparza García, secretario de Seguridad Pública del municipio de García, y de cinco escoltas el 4 de noviembre de 2009.

De acuerdo con las versiones recabadas por el reportero entre autoridades y familiares de los reclusos, éstos subieron al puesto de vigilancia y se deslizaron por medio de sogas hacia el exterior, donde abordaron varios autos que los estaban esperando.

Aproximadamente a las dos de la madrugada, armados con objetos contundentes y punzocortantes, los del ambulatorio Coca enfrentaron a los del Delta.

Según los testimonios, no hubo una confrontación abierta; al parecer las víctimas ya habían sido seleccionadas.

Domene Zambrano declaró que los muertos eran del CDG. Los cuerpos mutilados fueron colocados en un rincón que servía de criadero de cabras. Una hora más tarde, cuando había concluido la matanza, alguien dio la voz de alerta. Los primeros en llegar fueron los agentes de la Fuerza Civil del estado y los de la Policía Federal.

Para las nueve de la mañana del domingo 19, familiares de los internos acudieron al penal a pedir información acerca del amotinamiento; algunos lanzaron piedras contra los uniformados, sobre todo contra los de la Fuerza Civil, que custodiaban el enrejado de la entrada.

En medio del caos, el gobierno de Nuevo León instaló una mesa única de orientación a los familiares en el Servicio Médico Forense, ubicado en el Hospital Universitario de Monterrey, donde fueron trasladados los cuerpos.

Al día siguiente, Medina organizó una

conferencia de prensa en la que se dedicó más a exaltar los logros de su gobierno. Dijo que de 2009 a la fecha en la entidad se ha consignado a 8 mil 500 delincuentes, la mayoría por delitos federales, y culpó a la federación de los males que le ocurren a Nuevo León, en particular por el sobrecupo de internos federales que, expuso, fue lo que causó el homicidio masivo.

Medina afirmó que la evasión fue producto de una traición del personal interno, pues su administración había comprobado que Los Zetas controlaban el penal tras haber comprado con cuotas a directivos y a los custodios.

Incluso cesó a Ernesto García Guerrero, comisario de la Agencia de Planeación Penitenciaria; mientras que Gerónimo Miguel Andrés Martínez, director del penal, así como el subdirector, Juan Hernández Hernández, y el jefe de Seguridad, Óscar Deveze Laureano, permanecerán arraigados en tanto se investiga su presunta participación en los hechos. El mandatario anunció que 26 de los 70 custodios también serán interrogados.

Los reporteros le preguntaron por qué había contratado a Andrés Martínez, toda vez que en 2009 fue destituido como titular del penal de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, por corrupción. Medina respondió que lo hizo porque “aprobó las pruebas de confianza”.

La tensión aumentó. El martes 21 en el penal de Topo Chico fueron asesinados con armas blancas los reclusos Alán Josué González Rojas, de 24 años; Jorge Eduardo González Salas, de 32, y Dewin Vianey Rojas Martínez, una mujer de 28 años; todos ellos relacionados con el CDG. Habían ingresado al penal el día anterior.

El martes 21 por la noche el traslado de tres internos federales vinculados a Los Zetas –Marcos de León Quiroga, alias El Chabelo; Mario Andrés Alcorta Ríos, El Junior, y José Francisco Gámiz Vega, El Extraño– provocó nuevos disturbios dentro y fuera del centro penitenciario de Apodaca. En el incidente cuatro internos fueron lesionados; uno de

bala y los demás con armas punzocortantes.

Al día siguiente el gobernador tuvo dos actos públicos. En el del Centro Internacional de Negocios (Cintermex) dijo a los reporteros que los sistemas de seguridad de los penales de Topo Chico, ubicado al norte de Monterrey y con una población de 4 mil 500 internos, así como el de Cadereyta, 40 kilómetros al oriente de esta capital y ocupado por mil 100 prisioneros, se habían reforzado.

También declaró que el estado cuenta con mil 100 celadores y que el déficit para los tres centros de reinserción social es de 4 mil. Consultado al respecto, un funcionario que pidió omitir su nombre dice que sólo 20% de los trabajadores penitenciarios han sido sometidos a exámenes de confianza.

El diputado local priista Héctor Gutiérrez de la Garza hace sus propios cálculos y responsabiliza al gobierno federal de la sobrepoblación penitenciaria en la entidad. Dice que son ya 8 mil 862 los internos en los tres centros, si bien la capacidad es para 6 mil 108; de ellos, asegura, 2 mil 254 son federales.

De acuerdo con el legislador, el estado resolvería su problema de internamiento de prisioneros del fuero común si se construye un penal en Mina, 50 kilómetros al oriente de la capital, que podría tener un cupo para 2 mil 300 personas.

Su correligionario Raymundo Flores presentó recientemente un punto de acuerdo en el Congreso local para pedir a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) que se haga cargo de los presos que le corresponden, o que convierta el de Apodaca en un penal federal. Su moción fue aprobada por el pleno.

Luis Farías, presidente del partido local Cruzada Ciudadana, se sumó a los reclamos contra la federación y señaló que es tiempo de que se haga cargo de todas las penitenciarías del país, porque es la única instancia con poder para solucionar esta emergencia nacional.

El miércoles 22, el titular de la SSP, Genaro García Luna, respondió al gobernador en una entrevista radiofónica que el problema de las fugas masivas en los estados se debe a la corrupción, no a la sobrepoblación, como alega el nuevoleonés. Recordó incluso que cinco entidades –Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora– concentran casi 50% de los internos estatales y federales.

“Ahí no ha habido ningún incidente de este tipo –expuso García Luna–. Es decir, no corresponde que la variable donde hay fugas sea por la perspectiva de la sobrepoblación.

En todas las fugas no ha sido porque tiren una pared o entre un comando por ellos, sino porque siempre hay alguien que los libera.”

El viernes 24 por la tarde García Luna anunció que el general retirado Javier del Real Magallanes, quien hasta 2010 fue comandante de la Cuarta Región Militar con sede en Escobedo, sustituía al también ge-

neral Jaime Castañeda Bravo como titular de Seguridad Pública en Nuevo León.

Presión a Medina Desde que inició la gestión de Medina, los medios locales lo han criticado por su frivolidad e insensibilidad política. El 4 de octubre último, por ejemplo, se le vio con su familia en las instalaciones de Disney World, en Orlando, Florida, cuando debía estar trabajando.

Meses atrás, el 23 de enero de 2011, el mandatario voló a Chicago para presenciar el juego de futbol americano entre Osos y Empacadores, aun cuando la entidad estaba inmersa en una “crisis de seguridad”. Y en estos días, mientras se define quiénes serán los candidatos del PRI a diputados locales y federales, el PAN estatal se lanzó contra él.

En un boletín difundido el lunes 20, Acción Nacional calificó al gobierno de Medina de ser institucionalmente frágil y débil: “Ante su incapacidad, insensibilidad y superficialidad públicamente demostrada en numerosos ejemplos, queremos exhortarlo a que nos conteste a los ciudadanos una simple pregunta: ¿Puede o no puede con el manejo del estado? Estos son tiempos de sumar, señor gobernador: si de verdad en algún momento le importó Nuevo León, es hora de que conteste esta pregunta.”

El alcalde de García, el priista Jaime Rodríguez Calderón, ha sobrevivido a dos atentados. Cuando tenía cuatro días en el cargo Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, quien se fugó de Apodaca el domingo 19, ejecutó a su secretario de Seguridad y a sus escoltas.

Consultado sobre la matanza, dice que todo indica que Nuevo León no puede con los criminales: “La autoridad tiene que atreverse a quitar a todos los que manejan; es lo que yo haría si fuera gobernador. Los penales son centros de consumo de droga muy grandes, son productores de delincuentes. Hay que rediseñar todo esto”.

–¿Hay un autogobierno en los penales? –se le pregunta.

–Ya lo vimos. El problema de los penales aquí es el dinero. La federación no ha dado suficientes fondos; lo que urge es que ambas instancias –la federal y la estatal– se pongan de acuerdo en ese tema.

Aldo Fasci Zuazua, exsecretario de Seguridad estatal y ahora candidato a diputado federal por la alianza PRI-PVEM, asegura que la crisis en el penal de Apodaca se originó porque no está diseñado para alojar presos de alta peligrosidad.

Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), considera que la crisis en los penales es resultado de la impunidad con que se manejan los internos y los celadores.

Dice que le llegan reportes de personas que se quejan de cobros constantes ahí. “Hasta

por dormir cobran adentro, pero las autoridades no sancionan a los culpables”, dice.

Morales Elizondo confía en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigará los acontecimientos del reclusorio apodaquense, tal como lo anunció el organismo, y dice que es mejor que eso lo haga el ombudsman nacional y no el estatal, porque tiene capacidad técnica y mayor libertad para hacerlo.

El miércoles 22, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado mexicano a “adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares”, y le pidió “investigar y sancionar a los responsables”.

Al día siguiente, la clase empresarial arreció sus críticas contra el gobierno de Medina en rueda de prensa. Sus dirigentes locales señalaron que los niveles de inseguridad son alarmantes y exigieron al mandatario atender con rigor los problemas de la entidad.

José Mario Garza Benavides, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Eugenio Clariond Rangel y Guillermo Dillon, presidente y director de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), y Víctor Zorrilla y Miguel Treviño, presidente y director del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), estuvieron en ese acto.

Garza Benavides expuso: “Al gobernador Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad es Nuevo León, no los procesos partidistas.

Le exigimos ocuparse en el trabajo que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de manera que responda a la gravedad del problema que enfrentamos”.

Lo secundó Clariond Rangel: “Hoy estamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al gobierno del estado. El tema de la seguridad no se deslinda a secretarios ni se delega a voceros. Queremos ver al gobernador liderando y resolviendo los grandes problemas que enfrentamos, en lugar de solamente aparecer en eventos de otra índole”.

Horas antes, en la asamblea de accionistas, el presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, dijo que en Nuevo León la seguridad es mediocre: “Hay mucha mediocridad en el área de seguridad en el estado y se manifiesta de esta manera; es increíble y me lastima. En general yo diría que falta muchísimo en la capacidad (…) Tenemos mucho por hacer todavía y mientras no haya personas claramente capaces y responsables de las áreas de seguridad en Nuevo León no vamos a avanzar con la rapidez que debiéramos.”

La noche del jueves 23 el gobernador convocó a una conferencia de prensa en la que dijo que ya fueron identificados 10 de los agresores en la riña del penal de Apodaca.

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Yahir Ceballos / Procesofoto

NA R COTR ÁFICO / V E R A CR UZ

privado RICARDO RAVELO

Los primeros días de este mes se descubrieron varias fosas con los restos de al menos 14 personas asesinadas por Los Zetas en un predio de Acayucan, Veracruz. Capturado poco antes del hallazgo, el jefe de los sicarios en esa sureña región de la entidad, El Pollo H, confesó los crímenes sin empacho; pero resulta que el predio donde estaban las fosas clandestinas tiene un dueño, al menos nominalmente: un ganadero que se vio forzado a abandonar la finca para salvar su vida y la de su familia, y sobre el que ahora se ciernen las sospechas.

A

CAYUCAN, VER.- “Yo soy gente de trabajo y me sigo preguntando por qué me pasó esto tan horrible. Se robaron mi tranquilidad y temo que un día vengan y me maten. Esta gente ya no respeta nada. Hoy les pagas y al rato vienen y masacran a toda tu familia. Así no puede uno vivir tranquilo.”

Habla René Reyes Ramírez, ganadero y dueño del rancho La Poma Rosa, a dos kilómetros de esta cabecera municipal. Sicarios del cártel de Los Zetas lo secuestraron y luego lo despojaron de su propiedad para usarla como cementerio clandestino.

En entrevista con Proceso, René Reyes narra lo que padeció hace un año y medio, cuando lo secuestró “un grupo de encapuchados” que, según se supo después, eran sicarios al servicio de Los Zetas afin-

da entraban y salían del rancho que, supone, les servía de refugio. Ahí sólo vivía un matrimonio, dice el ganadero, que cuidaba la propiedad; pero no aguantaron las presiones, se asustaron y se fueron.

“A veces pasaban seguido por aquí y en ocasiones tardaban varias semanas en regresar. Desde mi casa yo veía que pasaban y pasaban vehículos y suponía que eran ellos.

Yo no me quise enterar de nada y hasta la fecha no me he parado por el rancho.”

–¿Qué suponía usted que hacían ahí?

–Que se escondían. No me quise enterar porque durante todo un año y medio no se metieron conmigo y así vivía tranquilo.

–¿De verdad vivía tranquilo?

–Bueno... más o menos tranquilo; no se puede vivir tranquilo en medio de todo esto.

Uno nunca sabe cuándo van a venir a matarlo a uno, pero pensaba que ya no se iban a meter conmigo y yo, la verdad, me desentendí del rancho y me olvidé del predio.

Asegura a este semanario que no denunció los hechos ni piensa denunciarlos ante las autoridades porque no tiene confianza en la justicia.

Se autodefine como una “persona de trabajo que suele ayudar a la gente” y niega estar ligado al crimen organizado, aunque reconoce que después de su secuestro ya carga con la mala fama de estar metido en el narco y todo esto ha surgido –reconoce– sólo “porque a veces ayudo a la gente, le regalo un poco de carne”.

Reyes es propietario de varias carnicerías en Acayucan. Cada fin de año y cada 10 de mayo suele matar unas 15 vacas para vender el kilo de carne a 20 pesos o regalar alimentos a la gente que lo necesita.

“Esto lo he hecho porque me siento bien dándole alimento a la gente pobre, pero esta decisión me ha acarreado muchos problemas. Un día me vinieron a ver los marinos y me llevaron a un cuartel. Me

preguntaron si yo era narco. Les dije que no, que sólo ayudo a la gente que lo necesita. Y me dijeron que eso que yo hacía también lo hacían los narcos.

“Y por hacer un bien salí hasta perjudicado, porque mucha gente ahora piensa mal de mí, aunque aquí en el pueblo también hay muchas personas que me estiman. Soy muy conocido aquí porque patrocino equipos de futbol, beisbol y, la verdad, son buenos equipos.

“Como le digo, yo no tenía problemas.

Aquí se vivía muy bien. Todo eso de los secuestros y matanzas sólo lo veía en la televisión y en los periódicos, pero jamás pensé que esta pesadilla fuera a llegar hasta acá. Hoy ya no se puede hacer nada. Aquí no hay seguridad más que la que Dios le da a uno y para eso hay que pedirle todos los días, porque uno se puede acostar tranquilo pero no sabe si va a amanecer vivo.

–¿Conoce usted otros casos como el suyo en la zona?

–Se oye hablar mucho de eso por aquí y no sé ahora. Eso ya tiene un buen rato, como año y medio o dos años que se descompuso la cosa, y feo. Pero nada más se oye el ruido, yo no sé de nadie en particular. Ahora parece que se está medio componiendo esto con la llegada de los marinos, que andan por todos lados; vamos a ver cómo termina todo esto porque, no se crea, está muy mal.

“Cocinados” y calcinados René Reyes pensaba que con la entrega del rancho La Poma Rosa los sustos y las sorpresas habían llegado a su fin. Pero se equivocó. En realidad Los Zetas que lo plagiaron no sólo usaban el predio como casa de seguridad, sino como cementerio.

En ese sitio fue enterrado un número aún no precisado de personas, hasta ahoYahir Ceballos / Procesofoto

Narcopanteón

cados en el corredor petrolero Coatzacoalcos-Acayucan, en el sur de Veracruz.

Cuenta que lo plagiaron en pleno centro de esta ciudad. “Ese día”, recuerda, “tomé mi camioneta y fui al pueblo a dar una vuelta, como siempre lo hacía; de pronto me interceptaron esas personas y me llevaron a la fuerza”.

–¿Qué le dijeron? –se le pregunta.

–¿Qué me van a decir? Lo que le dicen a la gente que secuestran. Que cooperara o me mataban. Me llevaron a dar vueltas y más vueltas. No sabía ni dónde estaba porque me vendaron los ojos y me golpearon. Luego me llevaron a una casa y ahí estuve tres días. Querían que les diera dinero, que le dijera a mi esposa que llevara una cantidad y se las entregara para que me dejaran libre.

–¿Cuánto le pidieron?

–No quiero hablar de ese tema.

–En otros casos han exigido hasta 5 millones de pesos…

–Fue menos. Pero perdí lo más importante de mi vida: mi tranquilidad. Ya nada es igual.

En medio de la constante amenaza de muerte, siempre encañonado, los plagiarios le exigían el dinero para dejarlo libre.

Pero había un problema: su esposa no tenía acceso a su cuenta bancaria. Reyes negoció con Los Zetas: les pidió que lo liberaran y se comprometió a liquidar el pago tan pronto reuniera el dinero. Sus plagiarios aceptaron pero le advirtieron que si no pagaba, los matarían a él y a toda su familia.

Una vez liberado le contó lo ocurrido sólo a su esposa. Luego vendió unas vacas, pidió prestado, dispuso de lo que tenía en una cuenta bancaria y finalmente pagó. Pero la pesadilla no terminó ahí. Los Zetas le exigieron que les entregara el rancho, localizado a un kilómetro y medio de su casa.

No se pudo negar.

–Sólo te pedimos que no vuelvas al rancho, que no te pares por ese lugar –le dijeron.

Reyes accedió.

–¿Por qué no denunció el secuestro y el despojo del rancho? –le pregunta el reportero.

–¿Para qué? Aquí no hay justicia para nadie. Más iba a tardar en denunciar que ellos en saberlo y mi vida vale más que lo que tengo. Les di el rancho porque pensé que así podía vivir tranquilo con mi familia. Es un ranchito de 10 hectáreas donde tengo un ganadito, ya no mucho porque todo se ha ido acabando; pero yo sólo pensaba en mí, en mis hijos y mi esposa, y lo demás no me importó.

–¿Desconfiaba de las autoridades?

–Sí. Aquí ya no sabe uno quiénes son los buenos y quiénes los malos. Sólo Dios sabe y a él me encomiendo todos los días.

Reyes cuenta que al paso de los días comenzó a observar que de día o de noche vehículos con gente armada y encapucha-

“Los narcos deshacían a las víctimas”

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Peinando el rancho

entre los 14 cuerpos que extrajeron están los que presuntamente corresponden a tres policías municipales –María del Carmen Domínguez Cadena, Ceferino Santiago Jiménez y uno más apodado El Palillo.

Los dos primeros desaparecieron en junio de 2010 luego de participar en un operativo para recuperar un taxi robado.

También se cree –aunque las autoridades estatales no han podido confirmarlo– que ahí podrían estar los restos de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, Cuco, de 17 años, reportero del diario local El Mañanero y desaparecido en este municipio desde el 17 de septiembre de 2011.

Los despojos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Minatitlán, donde aún está en curso el proceso de identificación.

Bajo sospecha –¿Qué pensó cuando supo que su rancho servía de cementerio de Los Zetas? –se le pregunta a René Reyes.

Yahir Ceballos / Procesofoto

ra no identificadas, presuntamente policías municipales de Acayucan, sicarios que traicionaron a la organización delictiva o víctimas que no pagaron su rescate.

El tema de los entierros clandestinos salió a la luz entre el domingo 5 y el martes 7 de febrero cuando fue detenido Juan Francisco Alvarado Martagón, El Pollo H, identificado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz como líder de Los Zetas en el sur del estado.

Según las autoridades, este hombre era el artífice de muertes y secuestros en esa región ganadera, y su detención ocurrió cuando a bordo de un vehículo sin placas intentó evadir un retén a la entrada de Acayucan.

El Pollo H fue llevado a la Agencia Segunda del Fuero Común de la PGJ con sede en Acayucan, donde se integró la averiguación previa ACA/1/123/2012.

En el interrogatorio confesó ser miembro de Los Zetas y jefe de Los Halcones en la zona sur del estado. También dijo que en el rancho La Poma Rosa habían enterrado a 15 personas.

Con base en estas declaraciones las autoridades estatales y un equipo de peritos acudieron al predio, aún propiedad de René Reyes Ramírez, donde El Pollo H señaló los lugares en los que estaban enterrados los cuerpos. Los peritos excavaron y comenzaron a extraer restos humanos en descomposición.

Se hicieron 20 excavaciones de donde extrajeron los restos casi completos de 14 personas, aunque el número de enterrados clandestinamente podría ser mayor: en el fondo de las fosas excavadas se observó una sustancia blanca que hizo sospechar a los peritos de la procuraduría que los sicarios cocinaban a sus víctimas; es decir, las deshacían con ácido o sosa cáustica. Había también restos de cadáveres quemados.

Los peritos no han podido identificar a nadie hasta ahora, pero trascendió que

Yahir Ceballos / Procesofoto

N ARC OTRÁ F ICO / VERACR UZ

El cementerio clandestino

–No lo podía creer.

–¿Usted sabía de esos entierros clandestinos?

–¡Para nada! Ni he ido al rancho desde que me lo quitaron. A mí me dijeron: “No te pares por el rancho”. Y no he ido ni iré hasta que un sacerdote venga a hacer una misa. Ese lugar está perdido. Creo que con todo lo que pasó ni lo podré vender. ¿Usted cree que alguien pueda vivir tranquilo ahí?

–¿Lo interrogó la PGR sobre lo ocurrido? ¿Le notificaron que su rancho podría quedar asegurado?

–A mí no me vino a ver nadie. Los marinos vinieron a verme dos o tres veces, me llevaron a un cuartel y me interrogaron.

Les conté todo lo que me pasó y cómo me pasó y eso fue todo. No me han dicho que el rancho está asegurado ni nada.

“Yo ya no quiero problemas, todo esto me ha perjudicado mucho y lo que deseo es vivir tranquilo con mi familia. Y aquí la voy pasando, vivo el día como Dios me lo presenta y eso es todo.”

–¿Ha pensado irse del pueblo?

–¿A dónde voy a ir? Sólo sé trabajar la tierra y criar ganado. Aquí me voy a quedar. No tengo por qué ir a otro lado a dar lástima. Sé que estamos viviendo una dura crisis, tengo 48 años y siento que me quedan muchas fuerzas para seguir trabajando y salir adelante.

“Esto fue como una maldición, y créame usted que no se lo deseo a nadie. Le roban a uno la tranquilidad, el sueño, la vida.

Después de lo que viví ya no se puede vivir en paz.”

–¿A qué le teme?

–A la muerte. Tengo mucho miedo de que esas gentes (Los Zetas) vengan otra vez y me maten con mi familia.

–¿Ha pedido apoyo a las autoridades para que le den seguridad?

–No. –¿Por qué?

–No confío en nadie. Así está mejor.

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Germán Canseco

VIO LE NCIA S O C I A L En octubre Julián LeBarón mandó la primera señal de inconformidad al ausentarse del segundo encuentro con el presidente Calderón. Pero no fue sino hasta el viernes 24 cuando envió una carta a sus compañeros del Movimiento por la Paz, que encabeza Javier Sicilia, para comunicarles que lo dejaba porque no está de acuerdo en que dialogue con el gobierno y los partidos y les exija soluciones. Dice a Proceso: “Estoy dispuesto a participar en el movimiento, con cualquier ciudadano que adopte una actitud de accionar”.

LeBarón pinta

su raya ante Sicilia

JOSÉ GIL OLMOS

P

or considerar que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad está siendo utilizado con fines políticos al recurrir al gobierno y los partidos para resolver el problema de la violencia que azota el país, Julián LeBarón, una de sus principales figuras junto con Javier Sicilia, decidió separarse de él.

Poco antes de anunciar su decisión, el agricultor y constructor chihuahuense comenta a Proceso: “Yo estoy dispuesto a participar con el movimiento siempre que las víctimas y los ciudadanos podamos resolver nuestros propios asuntos. Lo que ya no quiero es que se utilicen mis esfuerzos, mi nombre y mi dolor para estarle exigiendo al gobierno y a los partidos resolver algo que no pueden”.

Comenta al reportero que habló con Javier Sicilia para anunciarle de su decisión y asegura que el poeta estuvo totalmente de acuerdo: “Yo respeto mucho a Javier, es como un padre para mí, lo considero un gran líder. Le dije que estoy dispuesto a participar en el movimiento, con cualquier ciudadano que adopte una actitud de accionar…

Pero creo que exigirle a las autoridades sólo es estar reaccionando; desde la reacción no podemos lograr nada”.

Aclara que no se va del movimiento por problemas personales, sino por una diferencia de posiciones ideológicas y morales; e insiste en que está dispuesto a seguir colaborando, siempre y cuando no haya de por medio algún interés político: “No, yo no tengo ningún problema con las personas del movimiento ni tampoco problemas con los políticos como personas. En lo que me estoy enfocando es en los principios, en las ideas.”

Consultado al respecto, Sicilia asegura que durante un encuentro con LeBarón en la casa del poeta en Cuernavaca le expuso que no estaba de acuerdo con sus argu-

lectura muy reducida y quizás eso obedece a que (LeBarón) está en Chihuahua y desde allá no se ven las cosas igual. Desde allá, por ejemplo, no toma en cuenta la campaña ‘En los zapatos del otro’, que se construye desde la sociedad y las víctimas”, dice.

El exombudsman capitalino relata que después del diálogo con el presidente Felipe Calderón y con el Poder Legislativo se avanzó en la creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia y en el reconocimiento de 15 casos consignados de desaparecidos en Nuevo León.

Al igual que Sicilia, considera que no cree que la salida de Julián LeBarón tenga un impacto negativo en el movimiento.

“Lo vamos a extrañar, pero las comisiones y los trabajos tienen su ritmo. Vamos a seguir trabajando por la paz y las víctimas, y aunque él no vaya en el mismo barco, sabemos que vamos por el mismo camino”.

Fines políticos

mentos, y tras recomendarle que no hiciera pública su decisión, le dijo que la respetaba.

Sicilia considera errónea la apreciación de LeBarón respecto del uso político del movimiento. “Se equivoca –dice–.

Nunca ha habido intereses políticos en sentido partidista. El movimiento es político en el sentido de la polis, de la participación ciudadana, pero no partidista. De hecho hay que recordar que rechazamos las candidaturas que nos ofrecieron”.

Sicilia se muestra asombrado por la decisión de LeBarón, quien le envió una carta el viernes 24, sobre todo porque, dice, lo hizo en un momento en el cual el movimiento busca fortalecerse para sentarse a dialogar con los candidatos a la

Presidencia de la República. No obstante, confía en que esa decisión no impacte al movimiento de manera negativa.

LeBarón, líder de una comunidad mormona que su numerosa familia fundó en el municipio de Galeana, Chihuahua, participó más en las marchas y caravanas, no tanto en la organización interna ni en la planeación del movimiento, puntualiza Sicilia, y reitera que seguirá teniendo las puertas abiertas para que colabore como él quiera. De manera similar se expresa Emilio Álvarez Icaza Longoria, otro de los representantes del movimiento: “No coincido con eso de que el movimiento ha centrado sus acciones sólo frente al gobierno. Me parece que esa es una

Casi siempre de botas, pantalón vaquero y camisa a cuadros, Julián LeBarón se convirtió en uno de los referentes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad al que dio vida el poeta Javier Sicilia en abril de 2011, luego del asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia y otras seis personas en Cuernavaca, Morelos.

Constructor de casas en Chihuahua, Julián se sumó de inmediato a esa organización como una más de las víctimas de la violencia del crimen organizado y la guerra declarada por el presidente Calderón al narcotráfico desde diciembre de 2006.

En 2009, su hermano Benjamín y su cuñado Luis Widmar fueron asesinados por un grupo de secuestradores que un año antes habían plagiado a Eric, otro de sus hermanos de sólo 17 años. Los delincuentes dejaron una manta en la que de-

cían que las ejecuciones eran en represalia por el activismo de Benjamín y Luis.

Desde entonces, Julián LeBarón y su familia comenzaron con su activismo en demanda de justicia, hasta que se unió al movimiento liderado por Javier Sicilia. La mañana del 6 de mayo de 2011 enarboló una bandera nacional y al lado de Sicilia inició en Cuernavaca la marcha de la paz hacia la Ciudad de México.

A partir de entonces, asistió a las principales acciones del movimiento: estuvo en las caravanas del norte y sur; también en el primer diálogo con Calderón del 23 de junio de ese año, aunque ya no asistió al segundo encuentro con el presidente, el del 11 de octubre, en el Castillo de Chapultepec. Esa fue la primera señal de su desacuerdo.

“Ya no fui al segundo diálogo porque me di cuenta de que era un desperdicio de esfuerzos. Si (Calderón) quisiera resolver el problema, ya lo hubiera hecho, pero no puede porque es imposible hacerlo con la misma herramienta, con la misma filosofía que crea el problema: la violencia”, comenta LeBarón.

El líder mormón confía en que su salida no tenga efectos negativos para los demás integrantes del movimiento: “Mi decisión no es para hacerle daño a nadie, es para poner en claro mi posición. Desde un principio acordamos que (la organización) no iba a utilizarse para fines políticos y creo que ha habido mucho de eso. Yo no quiero participar así”.

–¿Puede precisar esta idea?

–¡Claro! Cuando el movimiento exige a Estados Unidos que deje de mandar armas a México, estamos pidiendo algo abstracto; no creo que vaya a funcionar. Me parece que pone a las víctimas en una posición de porristas para un régimen, para ciertos fines políticos. Yo no estoy de acuerdo con eso.

Dice que le incomoda que se le tome

como bandera en la caravana en territorio estadunidense que Sicilia prevé realizar en agosto próximo para exigir un alto al contrabando de armas.

“Mira, esa caravana es para exigir a los estadunidenses que dejen de mandarnos armas; creo que eso no resuelve nada. Si las armas fueran el problema, entonces Estados Unidos sería el país más inseguro, el más violento y tendría el nivel de secuestros más alto del mundo.”

E insiste en que enfocarse en ese tipo de demandas es hacerle el juego al sistema que ha propiciado el clima de violencia y muerte en el país. “Me parece que ésta no es una forma efectiva de hacer las cosas. Creo que el gobierno es una buena herramienta para la comunicación social, pero no lo es para asuntos morales o económicos”.

Muestra de ello, argumenta, es que el gobierno calderonista nos ha dejado 60 millones de pobres y desde que el presidente declaró la guerra al crimen organizado tenemos 60 mil muertos y más drogadictos que nunca.

–¿Esencialmente es ésa su diferencia con el movimiento, la demanda de que Estados Unidos deje de vender armas?

–No sólo esa, hay otras más. Yo me he fijado en eso desde un principio y he llegado a la conclusión de que no puedo seguir apoyándolo. Tampoco me gustó esa idea de la reforma política y algunas otras cosas más que se han planteado. Yo no creo que nuestro sistema político vaya a cambiar así; tiene que haber un cambio de fondo, y para eso hay que ver dónde se contradice y dejar de apoyarlo.

–¿Por dónde cree entonces que vaya el camino?

–Precisamente por la organización ciudadana, por gente que ya no está esperando que llegue Quetzalcóatl, el mesías o el cuadillo, y asume la responsabilidad de cambiar por sí mismo su destino.

Insiste: “Creo que esta idea de delegar el poder a las autoridades que no funcionan no está bien. Hace unos días el presidente puso un anuncio en la frontera para decir que no quiere más armas de Estados Unidos, aunque de manera simultánea en Coahuila se descubrió que el Ejército ha sido corrompido por el crimen organizado”.

–¿Observa usted que el movimiento se está inclinando hacia un partido o candidato?

–No es tanto eso, como que tiende a esperar que el gobierno resuelva nuestros problemas. La idea de educación universal y seguro social, por ejemplo; no creo que resuelvan las cosas, porque forman parte de un sistema criminal que ve a las personas como objetos. Eso es lo que se necesita cambiar de fondo. Si no se hace, nunca vamos a salir de este precipicio.

–¿Hay una supeditación hacia la clase política y gobernante?

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VIO LE NCIA S O C I A L

“Zeta” denuncia amenazas ADELA NAVARRO BELLO *

“

Y

a los andan correteando. Los traen cortitos”, señaló la voz al otro lado del teléfono.

Inmediatamente sentenció: “Quieren darles un chingadazo”.

No de manera directa, pero sí en forma de aviso, llegó la amenaza.

A los que anuncian traer “cortitos” son a los editores de Zeta. Refieren con esa palabra, que los han seguido. Los han ubicado.

A la pregunta de quién es el hostigador, el anónimo interlocutor dijo sin preámbulo ni regateo: El Melvin. Se refirió así a Melvin Gutiérrez Quiroz, un hombre extraído de los fondos del barrio Logan en San Diego, California, por miembros del Cártel de los Arellano Félix (CAF).

Integrante del brazo armado de esa organización desde inicios de la década de los noventa, Gutiérrez Quiroz sirvió a Ramón Arellano Félix, a Francisco Javier Arellano Félix, y cuando el primero fue asesinado y el

segundo aprehendido en 2002 y 2006, respectivamente, se quedó en el organigrama de la mafia comandada por Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.

Identificado ahora como cabeza de una célula criminal en Baja California, Melvin Gutiérrez Quiroz fue identificado por la DEA en 2009 en el afiche de búsqueda de miembros de la organización criminal Arellano Félix. Aún sin una recompensa por información que lleve a su captura, los norteamericanos habilitaron números especiales (01-800720-7775 y 001858-277-4215) y un correo electrónico (afotips@usdoj.gov), para recibir datos que puedan ayudar a la detención de ése y otros delincuentes.

Autoridades mexicanas confirmaron que Gutiérrez Quiroz pertenece todavía al CAF que comanda Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.

La amenaza al semanario Zeta proviene de esa estructura criminal.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que un anónimo interlocutor informa de intimidaciones a personal de este semanario. En el pasado inmediato fuimos alertados de las malas intenciones de otra célula perteneciente al mismo cártel. Hoy aquellos que planearon atentar contra nosotros, están tras las rejas. Detenidos unos por elementos del Ejército Mexicano, por la Policía Municipal otros.

En México el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, se lleva a cabo aun contra las presiones de los integrantes del narcotráfico y del crimen organizado, personas que gozan de la impunidad

–Sí. Pero es más que eso. Siento que queremos resolver el problema de la violencia con las mismas herramientas que crearon el problema. Para un cambio verdadero necesitamos una conciencia social que reconozca que todos los seres humanos somos iguales. Los políticos nos ven como ganado, como objetos de sus experimentos. Yo no quiero ser eso.

des, porque forman parte de un sistema “criminal” que realiza “actos dañinos de gran irresponsabilidad”.

–¿Tiene usted la idea de formar otro movimiento?

–Antes de que conociera a Javier yo ya era parte de uno. Eso es lo que me impulsó a marchar y participar con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, porque observé que ellos estaban haciendo efectivo lo que pienso: que los ciudadanos empezaran a tomar el control de su propio destino.

–¿Cómo ve las acciones del movimiento?

–Para que pueda justificarme, tengo que hacer las cosas en las que creo. Yo respeto y quiero a toda la gente del movimiento, no creo que tengamos diferencias en los fines, pero creo que es importante ser claros en nuestra posición.

–Los medios que propone el movimiento son la resistencia civil pacífica, los diálogos con el gobierno, ¿en eso no está de acuerdo?

–No estoy de acuerdo en que se busque al gobierno para que resuelva nuestros problemas, porque no puede. ¡Es como querer reparar un auto con un serrucho!

Y pone un ejemplo: “Hace como dos semanas el presidente mandó el Ejército a Ciudad Juárez con maquinaria para reconstruir el tejido social. Nada más veo eso, camiones llenos de soldados armados, y digo: es como mandar a cirujanos a ope-

rar corazones con motosierras. Las cosas no jalan de esa manera”.

–¿Está de acuerdo con las acciones de resistencia civil pacífica?

–Yo no creo en la violencia de ninguna forma. Creo que en el momento en que se levanta un arma para cualquier causa, esa causa ya está perdida.

Tomada su decisión de salir del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Julián LeBarón refiere que por el momento piensa terminar un documental, Encender el corazón, en el que aborda la violencia en México.

Dice que incluso planea realizar una gira por el país para promover la cinta y hablar de las causas de la violencia. “No más odio, no más rencor, no más política”, dice el dirigente mormón, cuya religión considera la compasión como elemento fundamental para salir del atolladero.

–¿Reiniciaría sus propias acciones ciudadanas?

–Sí, eso es lo que quisiera hacer, participar con cualquier movimiento. Me gustaría impulsar a todos los ciudadanos para que hagan lo mismo: luchar por las cosas en las que verdaderamente creemos.

–¿Qué le propondría a la gente?

–Más que nada que estemos conscientes de que cada una de nuestras acciones afectan al resto de la humanidad para siempre, que debemos ser conscientes de que, actuemos o no, eso afecta a los demás.

Por un movimiento ciudadano Julián LeBarón relata que aún tiene presente el día de abril de 2011 en que Javier Sicilia emplazó a las autoridades de Morelos a que presentaran a los responsables de la muerte de su hijo en 13 días; de lo contrario, les dijo, tendrían que presentar su renuncia.

Cuenta que le pareció que por fin la ciudadanía estaba asumiendo la responsabilidad de resolver sus propios problemas: “Por eso me uní al movimiento y también porque después de eso nos fuimos por todo México a mover conciencias. Ese aspecto de la caravana me pareció muy positivo, pero cuando nos sentamos con las autoridades más falsas del Estado para exponer nuestras inconformidades, ya no me gustó… Así no se puede resolver el problema de la violencia”.

A diferencia de Sicilia y de Álvarez Icaza, LeBarón piensa que no tiene caso seguir buscando el diálogo con las autorida-

que sólo el Estado mexicano puede proveer.

No están en prisión porque compran protección, pagan aparatos judiciales, corrompen corporaciones policiacas y gozan de cortesías oficiales.

Durante los últimos seis años, en nuestro país los cárteles de la droga se han triplicado. De 12 organizaciones criminales en 2006 hoy se cuentan 28. El poderío del Cártel de Sinaloa es reconocido por autoridades y medios de Estados Unidos, y la violencia cruenta de Los Zetas es motivo de estudios en la República y allende las fronteras mexicanas. Las autoridades federales –el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa– encargadas de facto del combate al narcotráfico y el crimen organizado, han fallado en su estrategia de guerra. La prueba son los más de 60 mil ejecutados hasta noviembre de 2011, los cientos de secuestrados. Los 69 periodistas asesinados. Los 12 comunicadores aún desaparecidos.

Melvin Gutiérrez Quiroz, el que tiene la intención de acabar con el periodismo de investigación de Zeta a partir de un crimen, es uno de esos prófugos de la justicia sin orden de aprehensión. Al menos en México no cuenta con una.

Sirvió entrando al CAF en la célula de Gustavo Rivera, El P1, quien a su vez se inició como escolta de Enedina Arellano Félix. Otra integrante del cártel que no interesa a las autoridades mexicanas ni a las estadunidenses.

A la detención de El P1, Melvin Gutiérrez Quiroz, alias El Melvin, El Camacho y El Marino, entre otros, permaneció cerca de la mafia Arellano. Recientemente, ante la llegada de elementos del Cártel de Sinaloa a Tijuana, refrendó su posición como uno de los hombres fuertes de El Ingeniero.

En Zeta hemos dado cuenta, a partir de investigaciones especiales realizadas por un calificado equipo de reporteros y editores, de las actividades ilícitas de los narcotraficantes asentados a fuerza de corrupción y amenaza en territorio bajacaliforniano. El Melvin no ha sido la excepción. Lo ubicaron oficialmente en la restructuración del Cártel de los Arellano Félix, y en la reorganización de los hombres del barrio Logan en tierra mexicana.

Desde esa posición ha trasegado droga, encabezado a distribuidores y narcomenudistas. Arropado a asesinos y homicidas. Es parte de una de las estructuras que pelean calles y avenidas de Tijuana. Que contribuyen a la muerte y la perdición de las drogas.

Así se ha informado, con sustento en expedientes, reportes de inteligencia, fotografías y documentos que en el Consejo de Seguridad del Estado son parte de una investigación.

La fotografía de Melvin Gutiérrez Quiroz la hizo pública la DEA. Las autoridades mexicanas la replicaron para su publicación y distribución. También la de su hermano Benjamín Gutiérrez Quiroz, que le entró al negocio de la droga como quien se dedica a mantener el patrimonio familiar.

Es evidente –por la amenaza– que el periodismo de Zeta es incómodo a los del barrio Logan. Lo mismo el trabajo de las autoridades que en San Diego y Tijuana los persiguen.

Nosotros, como en el pasado, ante la impunidad nos queda la publicación. El ejercicio de nuestra libertad de expresión y el derecho del lector a estar informados es lo que nos sostiene.

A las autoridades corresponde investigar, capturar, procesar y sentenciar a los criminales, a los prófugos de la justicia, acabar con la impunidad. Nuestro compromiso es informar. Y esto, es lo que sucede. O Directora general del semanario Zeta de Tijuana.

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ELECCIONES 2012

La

sucia

Hugo Cruz

El Partido Acción Nacional sigue perfeccionando las trapacerías que en otros tiempos denunció. Ahora, en su proceso interno de selección de candidatos a senadores campearon las más añejas prácticas priistas, ya usuales en el panismo: uso de dinero público para comprar votos, acarreos, amenazas e inducción del sufragio. La lista resultante de aspirantes blanquiazules incluye, sobre todo, a militantes que tienen alguna cercanía con el presidente Felipe Calderón o con su hermana Cocoa.

lista del PAN

ÁLVARO DELGADO

I

ntimidaciones, amenazas, coacción, inducción y sobre todo compra masiva de votos con recursos gubernamentales, entre otras prácticas de fraude electoral, caracterizaron la elección de candidatos a senadores del Partido Acción Nacional (PAN) el domingo 19, dos semanas después de la contienda de los aspirantes presidenciales, marcada también por el desaseo.

Con base en demandas de impugnación presentadas ante la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del PAN, entrevistas y pronunciamientos públicos de los

panistas, puede afirmarse que en la jornada electoral no sólo se registraron prácticas antidemocráticas –incluyendo el voto de personas muertas–, sino conductas delincuenciales por el uso clientelar de programas sociales.

Oportunidades, el programa del gobierno federal de combate a la pobreza, fue el más utilizado por candidatos, dirigentes y militantes del PAN para la obtención del voto de los mexicanos más pobres, pero también entregaron leche Liconsa y estufas ecológicas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Según las denuncias de los panistas, las acciones de mapachería electoral –entre ellas el masivo reparto de despensas

y el acarreo de electores aun sin ser militantes, como en Chihuahua– se presentaron en numerosos estados como Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Yucatán, donde funcionarios federales, estatales y municipales actuaron de manera facciosa.

Veracruz es un ejemplo claro del uso clientelar de los programas sociales para beneficio de un candidato y una facción del PAN: Fernando Yunes Márquez, quien ganó la mayoría de los votos para la senaduría, es hermano de Miguel Ángel, coordinador estatal de Oportunidades, programa federal usado para comprar votos.

De acuerdo con Alejandro Vázquez Cuevas, quien contendió para senador

y quien ya solicitó a la CNE que anule la elección, los dos hijos del expriista Miguel Ángel Yunes, en complicidad con el delegado de la Sedesol, Abel Cuevas Melo, utilizaron clientelarmente los programas sociales, como lo acreditan numerosas pruebas documentales y videográficas.

“No es posible que usemos el recurso de los que más lo necesitan para un propósito electorero”, puntualiza Vázquez Cuevas, uno de los dos principales operadores electorales de Josefina Vázquez Mota en el país para la elección presidencial. “El PAN no puede seguir caminando hacia el abismo”.

Consciente de la gravedad de la acusación, sobre todo porque Cuevas Melo es amigo de Felipe Calderón, Vázquez Cuevas advierte sobre la aplicación de esta estrategia interna en la elección constitucional: “Es evidente que si lo hacen adentro lo van a hacer afuera. Sería estúpido no hacer esa consideración”.

Sabe que en la CNE hay quien dice que anular la elección de Veracruz sería reconocer el uso de programas sociales por el PAN –“que sería como hacerse el hara-kiri”–, pero cree que debe haber una “autocorrección, a pesar del costo político. De lo contrario acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“El dinero del pueblo que ejerce el gobierno federal para disminuir la pobreza se está usando de manera interna en un proceso electoral y eso acaba con la razón de fondo de por qué nacimos los panistas.”

–Son delitos.

–Sí, el desvío de recursos es uno de los delitos más claros y está demostrado plenamente por la forma en que se votó, por cómo cuadra el padrón panista con el programa.

–Cuevas Melo es allegado de Calderón. ¿Cree que puede haber impunidad?

–Sí. Lamentablemente son esos riegos...

Es cercano al presidente Calderón desde que fueron diputados federales. El tema de la impunidad, sin duda, está presente.

“Pero como yo actúo en conciencia (…) tengo que ir por lo que jurídicamente puedo probar y no detenerme por cues-

tiones de que, porque hay una relación cercana y personal, mejor cobardemente me callo y veo cómo me acomodo en una posición política. No. “Si no somos autocríticos los panistas, el ciudadano sí. El ciudadano relevó al PRI del poder porque abusó de los recursos públicos, porque generó tanta pobreza para abusar de la misma, porque la Sedesol se convirtió en un instrumento electoral, y si eso hace Acción Nacional, entonces se convierte en el PRI, queramos o no.

Nos convertimos en lo que combatimos.”

Chihuahua impune Estas prácticas de mapachería electoral, que se han multiplicado desde que el PAN llegó al gobierno federal en 2000, han ofendido a la militancia, sobre todo porque no se sanciona a quienes las cometen.

Chihuahua es un ejemplo de esta impunidad: En la elección para candidatos a diputados federales plurinominales, en marzo de 2009, hubo prácticas fraudulentas, como el voto de muertos en Batopilas, donde nació Manuel Gómez Morín, y se identificó al entonces presidente local del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, como uno de los responsables.

“Lo que pasó en Batopilas es un escupitajo a la cara de Gómez Morín”, dijo Javier Corral en aquella ocasión y aseguró que fue Calderón el que ordenó evitar que lograra la candidatura a diputado.

Tres años después, en la elección del domingo 19, Pérez Cuéllar fue el beneficiado, junto con Carlos Borruel Baquera, no sólo de un operativo de acarreo de miles de personas, sino de “una cadena de delitos, pues a la compra y coacción del voto, al condicionamiento a través de una despensa, se le sumó el abierto y descarado rebase de los topes de campaña”, como aseguró Corral.

El mismo agrega que “cada día sale más mugrero” y ya solicitó la nulidad de la elección ante la CNE, con base en un expediente de 189 fojas que documentan las prácticas clientelares y delincuenciales de

Pérez Cuéllar y Borruel Baquera, que le ganaron en votos.

“La coalición que se armó entonces en mi contra, alentada desde Los Pinos, estuvo integrada por Carlos Borruel y Cruz Pérez Cuéllar, ahora precandidatos”, afirma. “Son exactamente los mismos, incluido en el mismísimo Batopilas: El ejecutor del fraude, el responsable material de los 59 votos falsos, es ahora el presidente del Comité Municipal del PAN, el profesor Chito Aguilar”.

Corral dice que cada día que pasa se sorprende de la que supone una “confabulación” más amplia de lo que mucha gente cree. “¿Por qué se atascaron así? ¿Tan burdos? ¿Por qué alguien les dijo: de nuevo con todo, a pararlo de nuevo? Pero dejaron suciedad por todos lados”.

Corral se hace preguntas que arrojan indicios de los responsables del fraude en el PAN de Chihuahua que, en 1986, fue baluarte de la defensa del voto. “¿Quién animó esto? ¿Quién financió los cientos de camiones y las miles de despensas de Borruel y de Pérez Cuéllar? ¿Las televisoras? ¿Peña? No tengo elementos aún, pero nadie me quita de la cabeza esa posibilidad, porque la base de apoyo tanto de Borruel como de Cruz fueron seccionales priistas”.

Las mismas preguntas formula, y no tiene respuesta, sobre la identidad de quienes garantizaron impunidad a los autores del fraude de 2009: “¿Quién protegió a los responsables de Batopilas que hasta ahora no hay un sólo sancionado?”.

En Guanajuato, el estado emblema del panismo, ocurre algo análogo: En 2000 se impuso mediante métodos clientelares y fraudulentos a Juan Carlos Romero Hicks como candidato a gobernador; el presidente local del PAN era Juan Manuel Oliva.

Actualmente Oliva es gobernador y con su apoyo Romero Hicks resultó electo candidato a senador el domingo 19; el derrotado fue el diputado federal Javier Usabiaga, secretario de Agricultura de Vicente Fox, confrontado con Calderón.

“Hemos convertido el voto en una mercancía”, acusó Usabiaga tras denun-

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El

Durazo, Aristegui, Espino y Scherer Ibarra

ÁLVARO DELGADO

A

nueve meses de dejar la Presidencia de la República, cargo que asumió “en medio de escándalos e impugnaciones”, Felipe Calderón enfrenta ya el juicio sobre su sexenio, y el libro de Julio Scherer García, Calderón de cuerpo entero, es un elemento fundamental para esa valoración histórica, advirtieron Carmen Aristegui, Manuel Espino y Alfonso Durazo en la presentación de la obra, el jueves 22.

Manuel Espino, expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) que presidió cuando en 2006 Calderón asumió la Presidencia de la República, afirmó que decidió aportar información al periodista, porque los mexicanos tienen derecho a saber y porque Scherer García “quería escribir historia con la verdad”.

Testigo directo durante años de la manera de hacer política de Calderón, el político duranguense aclaró que en el más reciente libro del fundador de Proceso, del que es protagonista con sus testimonios, “no hay chisme, no hay mitote, son páginas de historia”.

A su vez, Durazo advirtió que Calderón –“una persona que sintetiza absolutamente todos los vicios de la política nacional”– intervendrá en el proceso electoral aún más que el expresidente Vicente Fox, de quien fue secretario particular.

“Creo que las dimensiones que tomará con Calderón resultarán inéditas”, vaticinó Durazo, quien afirmó: “Me queda claro que Calderón ha degradado aún más la ya de por sí baja credibilidad de la política mexicana, no estaba preparado emocionalmente para llegar a esa responsabilidad y que parece no tener una línea roja que respetar. Es decir, el haiga sido como haiga sido en estado puro”.

En el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, cuyo Salón de Actos fue abarrotado por alrededor de 350 personas –otra cincuentena se quedó a las puertas-, Aristegui abrió la presentación, moderada por Julio Scherer Ibarra –hijo del periodista–, y justamente aludió al inicio de la valoración histórica de Calderón y su gobierno.

“El juicio de la historia, para decirlo en términos en los que se suele hablar, evidentemente ya empezó y don Julio es de los pri-

juicio ya empezó meros que escribe precisamente para este ejercicio”, puntualizó Aristegui. “Sin duda va a ser un sexenio a analizar de una y mil maneras, de todos los ángulos posibles. Desde el ángulo periodístico don Julio aporta Calderón de cuerpo entero”.

La conductora evocó la suspensión de su noticiario en MVS, hace “un año y días”, a raíz de que preguntó si Calderón tenía problemas de alcoholismo, a raíz de que el diputado petista Gerardo Fernández Noroña desplegó en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados una manta que decía: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto...? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir al país?”

Expuso: “Se señalaba algo obvio: El estado de salud de un mandatario es, desde luego, un tema de interés público. No hubo respuestas a las preguntas específicas. Lo que hubo fue una reacción autoritaria y desmesurada. Un berrinche de notables dimensiones. Una personalidad retratada”.

Aristegui agregó: Scherer García, “el legendario periodista mexicano, ha puesto, por este y otros temas, su incisiva mirada en la figura de Felipe Calderón Hinojosa, el hombre que llegó, en medio del escándalo y las impugnaciones, a la Presidencia de México en 2006”.

En su libro, puntualizó, “se muestran ciertos comportamientos del hombre público y algunos rasgos de personalidad inquietantes de quien hoy ejerce el más importante cargo de poder político en este país”.

Una de las “voces implacables” recogidas por Scherer García en su libro, como las llamó Aristegui, fue la de Espino, quien, dijo, no quiso desaprovechar la oportunidad de hablar “no sólo con un gran periodista, sino con un periodista extraordinario que estaba haciendo historia y que quería escribir historia con la verdad”.

Reveló que Scherer García lo invitó a su casa para entregarle el manuscrito, pero no quiso revisarlo antes de la impresión. Luego, cuando lo leyó, se emocionó del resultado: “Ahí se mezcla al periodista y al historiador, y a ambos personajes los une un gran mexicano, y los tres son la misma persona: don Julio Scherer”.

Se trata de un libro histórico, precisó, que inquietó a panistas y algunos periodistas aun antes de que saliera, en la Presi-

dencia de la República, la Secretaría de Gobernación, el PAN y la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota: “Yo lamento, pero al mismo tiempo celebro, que los testaferros del calderonato hayan trabajado horas extras desde que se publicó el avance del libro en la revista Proceso, y de Bucareli, de Los Pinos, de una oficina de partido de la colonia Del Valle y de una oficina de campaña de la colonia Del Valle comenzaron a diseñarse jugadas de comunicación para neutralizar, contrarrestar o desprestigiar a un libro que todavía no estaba en las librearías, pero que ya se sabía que pronto iba a aparecer.”

Añadió: “Y quienes lamentablemente como periodistas reaccionan en contra del libro, sin haberlo siquiera conocido, evidenciaron a quién estaban sirviendo, y periodistas a los que yo tenía aprecio y respeto por su objetividad, comenzaron a poner énfasis en un tema, en un enfoque de un tema, el tema del alcoholismo, y el enfoque de que era injusto hablar del alcoholismo del presidente.

“Yo nunca le dije alcohólico al presidente, porque no me espanta que una persona tome bebidas alcohólicas (…) Ese no es el problema, el problema es que se tome de manera irresponsable, el problema es que se tome cuando se trabaje y el problema es que se tome cuando se trabaja en una responsabilidad del tamaño de la Presidencia de la República. Y yo no sé si el presidente toma o no, pero sé que tomaba cuando era diputado y lo hacía cuando trabajaba.”

Y enseguida Espino reveló: “Yo conocía las inclinaciones de Felipe Calderón y por eso yo no quería que fuera el presidente o el candidato a presidente de mi partido. Eso es público y nunca lo he negado”.

Se explayó: “Cuando ya era candidato lo tuve que apoyar, porque era mi obligación como presidente de un partido. Cuando era precandidato por supuesto que no quería, pero tampoco me atrevía a difundir, porque siendo presidente de un partido político nacional hubiera sido muy mal visto que, estando en el papel de árbitro, tratara de persuadir a los militantes de por qué no votar por una persona. Pero esa ya es experiencia y esa ya es historia que se plasma en los libros de don Julio Scherer.”

En su oportunidad, Durazo dijo que Scherer García se anticipa a lo que vendrá después de que Calderón deje el cargo, el último minuto del 30 de noviembre, porque a menudo esto no ocurre antes de que los presidentes concluyan su periodo de gobierno.

“Es hasta que los presidentes dejan el poder que todas aquellas estructuras que los cercaban tan eficazmente para que ignoraran la realidad empiezan a ceder y es también cuando se van los presidentes que los intereses cómplices que los protegían con su silencio empiezan a romper sus ataduras con el pasado y se llenan de libertad y nos permiten a destiempo conocer la verdad.”

Durazo, quien fue secretario particular del candidato priista Luis Donaldo Colosio, afirmó que, contrario a lo que se piensa, los presidentes mexicanos son los más mal informados de México, y “terminan por vivir como el presidente Fox, en foxilandia, y Calderón en su propio mundo”.

El libro de Scherer García, dijo, rescata de la anécdota lo esencial y, “al final, nos termina presentando a un Felipe Calderón de cuerpo entero, que no obstante que se presenta en esa dimensión yo digo que sigue siendo un Felipe Calderón realmente pequeño”.

Durazo, quien forma parte de un grupo ciudadano que respalda al candidato Andrés Manuel López Obrador, insistió en que Calderón se entrometerá en la elección presidencial en México, más que Fox. “Una amenaza mayor que la que ya padeció nuestro país en la elección de 2006 se cierne sobre la elección presidencial de 2012. No obstante la intromisión indebida del presidente Fox en el anterior proceso electoral, creo que las dimensiones que tomará con Calderón resultarán inéditas. Espero que no. Pero hay un patrón de comportamiento y operación de Felipe Calderón que refleja con toda claridad el libro de don Julio.” O

ciar el uso clientelar de la estructura del gobierno de Guanajuato para derrotarlo, como ocurrió también con José Ángel Córdova Villalobos, precandidato a gobernador, en la elección del domingo 5.

Exsecretario de Salud de Calderón, Córdova fue vencido por Miguel Márquez Márquez: “Lo he manifestado desde la elección anterior, ahora se corrobora la elección de Estado, donde hay participación de todas las autoridades”.

Otra alta funcionaria de la Secretaría de Salud con Córdova Villalobos, la subsecretaria Maki Ortiz, fue derrotada como candidata a senadora de Tamaulipas por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, debido presuntamente al uso de programas sociales federales.

Desde el miércoles 15 Ortiz declaró públicamente que presentó ante el CEN del PAN evidencias de que personal de Oportunidades visitaba a militantes panistas para presionarlos a sufragar en favor de García Cabeza de Vaca, porque de lo contrario se les retiraría el apoyo federal.

Y luego de la elección del domingo 19 su equipo de campaña denunció que durante la jornada se registraron irregularidades, como la coacción del voto a favor García Cabeza de Vaca. En Reynosa, Aldama, Mante y San Fernando, dijeron, los

na en Ario de Rosales, en Lázaro Cárdenas votaron hasta muertos o panistas que residen en Estados Unidos.

Jiménez Rojas condenó a los panistas que pretenden “ganar las candidaturas a billetazos y no sólo eso, ofreciendo despensas, apoyos de cocinas ecológicas y de programas, aprovechándose de la necesidad de otros miembros del partido”, en referencia a un audio en el que se escucha que Cocoa Calderón instruye a su equipo a contrarrestar con “billetazo” al senador Marko Cortés, su adversario en la contienda interna.

En ese audio, filtrado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el cual ella anunció que presentará una denuncia por espionaje, se escucha la voz de Antonio Plaza, delegado de la Sedesol en Michoacán y operador electoral, junto con el delegado de la Sagarpa, Esteban Cruzaley.

Apenas el miércoles 22 unos 100 panistas tomaron las instalaciones del PAN michoacano para exigir que se les cumpla la promesa de recursos de la Sagarpa que funcionarios de esa dependencia ofrecieron por apoyar a Cocoa Calderón en la elección interna, hace un año, y a Cordero.

En Oaxaca el exgobernador priista

y la parcialidad del gobernador Emilio González Márquez fue manifiesta en Lagos de Moreno, su municipio natal.

A tres días de la elección, el miércoles 15, el gobernador presidió la reunión del Comité de Festejos del 450 aniversario de la fundación de Lagos, cuya mesa fue coordinada por José Guadalupe Atilano Magdalena, quien había renunciado a un cargo en la burocracia estatal en diciembre para ser candidato del PAN a presidente municipal.

Vázquez Mota y “La Cocoa”. Aplanadora No sólo eso: González MárDiódoro Carrasco se impuso al exdelegaquez anunció más de 100 millones do de la Sedesol, Humberto Aldaz, presun- de pesos en obras para ese festejo y, más tamente mediante prácticas clientelares, tarde, visitó a la familia del candidato, hicomo la compra de votos –tasados entre jo de su compadre Víctor Atilano, quien lo 200 y 300 pesos– así como a cambio de ce- inició en el Partido Demócrata Mexicano. mento, láminas y despensas.

El domingo 19, tras el acarreo de miEl equipo de campaña de Aldaz asegu- litantes, ganó Atilano en medio de acuró también que en San Felipe Usila los mi- saciones de reparto de despensas, entrelitantes panistas fueron obligados a vo- ga de dinero en efectivo en la zona rural tar por Carrasco, con la complicidad de los del municipio, llamadas telefónicas intifuncionarios electorales. En la Costa, ade- midatorias y promesas de empleo. más de la compra de voto se ofrecía trabaSin embargo para el presidente de la jo en dependencias federales.

CNE, el poblano José Espina, la jornada En Jalisco además de elegirse candida- del domingo 19 “se desarrolló con mutos a senadores, se definieron aspirantes cha tranquilidad y con una importante a diputados federales, locales y a alcaldes, afluencia de electores...”

Enrique Castro Sánchez

Germán Canseco

E LE CCIO NE S 2 0 1 2 militantes aceptaron votar a favor del exdiputado local porque les prometieron incorporarlos a Oportunidades.

El área jurídica de Ortiz anunció también que documenta y sustenta las denuncias que presentará ante la CNE del PAN para anular el proceso.

Los mapaches de “Cocoa” Precisamente Maki Ortiz había sido considerada por el CEN del PAN, junto con María Elena Álvarez de Vicencio, como su propuesta de senadora plurinominal, pero Luisa María Calderón, quien fue derrotada en la elección de gobernador de Michoacán, fue la beneficiaria.

Por esa razón en Michoacán no se realizó elección de aspirante a senador, aunque sí de candidatos a diputados federales plurinominales, en cuyo proceso y jornada electoral se registraron prácticas fraudulentas por parte del grupo de los Calderón, según la impugnación de Epigmenio Jiménez Rojas para la nulidad de la elección.

El diputado local aseguró que entre las “múltiples irregularidades” se encuentran el uso de programas de la Sedesol para comprar votos, como la entrega de estufas ecológicas, leche Liconsa y despensas.

Afirmó que además del robo de una ur-

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Benjamín Flores

EDUCACIÓN Al comenzar el año Felipe Calderón anunció un programa de 2 mil 500 millones de pesos para financiar a 23 mil aspirantes a la educación superior, y lo festejó como un apoyo que redundará en beneficio del país. Pero las becas tienen una trampa de tres bandas (como se ha hecho evidente en Chile, donde se aplica el mismo modelo): “beneficiarán” sólo a un reducido sector de la clase media, no a los desposeídos de siempre; la banca –que gestionará los créditos– acabará por cobrar hasta tres veces lo prestado... y finalmente el dinero irá a parar a universidades privadas. Es decir, “el primer paso en firme para privatizar la educación en México”.

tramposas SANTIAGO IGARTÚA

L

a fragmentación social del sistema educativo de nivel superior es clara. Profundas las diferencias socioeconómicas entre alumnos de instituciones públicas y privadas, los jóvenes que se preparan en las de presupuesto gubernamental se enfrentan a la desigualdad, la discriminación y la indiferencia que se fomentan desde el Estado, coinciden analistas consultados por Proceso.

A su entender, apoyos que se están canalizando hacia las universidades privadas tendrían que abrir las oportunidades en universidades públicas y respaldar las necesidades de los alumnos que menos recursos tienen para sostenerse en el estudio. En pugna por los favores del gobierno, ambos subsistemas, público y privado, demandan apoyo desde dos lógicas completamente distintas: La lógica mercantil

de Calderón del sector privado de querer mantener su negocio y la lógica pública en la medida de poder prestar un servicio.

Autor del estudio Un sistema de educación superior, dos circunstancias distintas: la universidad pública y la universidad privada, el exrector de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A) Adrián de Garay ha dedicado años de investigación a documentar el abismo entre ambas realidades.

Entrevistado por Proceso, el investigador asegura que las diferencias socioeconómicas entre cada subsistema son reflejo de la polarización social y cultural que hay en el país.

Estudian y trabajan En sus investigaciones, De Garay ha manifestado que el sistema de educación supe-

rior está marcado por la necesidad. Desde su ingreso, miles de estudiantes universitarios del sector público –más de 40%– no dedican su tiempo completo a los estudios por exigencias laborales. El 27% de los universitarios inscritos en instituciones privadas también trabaja.

Repercutiendo “inevitablemente” en su desempeño académico, según los datos del experto, de los estudiantes-trabajadores que integran la universidad pública 40% dedica entre cuatro y ocho horas diarias a su empleo. De la educación privada destaca, con 37%, el sector que invierte de 11 a 20 horas laborando.

La desigualdad se ahonda a medida que el estudio se va explicando: 53.4% de los alumnos de educación pública está destinado a trabajar en algún sector ajeno a su carrera. Lastimoso el contraste con 70.9% de los alumnos de instituciones particula-

desde la educación básica hasta la superior”, explica.

El tránsito a la educación superior se ha convertido en “suplicio” para los aspirantes al sector público, explica la doctora Carlota Guzmán, especialista del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. “Influye todo: que tengan computadora con conexión a internet, que tengan dinero para comprar libros, lo que comen, el lugar en donde viven y hasta las horas que tardan para llegar a la universidad.

Las condiciones en las que estudian son muy distintas. Y esto incide”, señala.

El estudio de Adrián de Garay lo dice claro: los alumnos “padecen” un desgaste cotidiano: simplemente en transportarse, 51.4% tarda más de una hora en llegar a su universidad en transporte público. Algunos, tardan más. De Garay cuenta la historia de un alumno suyo que, por esa circunstancia, abandonó la UAM-A: “(Ese alumno) hacía dos horas de ida y dos de regreso y tenía clase de siete. Se tenía que levantar a las cuatro de la mañana. El transporte le

Beneficio a particulares El pasado 9 de enero, Felipe Calderón anunció el Programa de Financiamiento de la Educación Superior, que prevé otorgar créditos bancarios con la garantía de Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un monto de 2 mil 500 millones de pesos, etiquetados para 23 mil plazas a distribuirse en 21 universidades privadas.

Los préstamos, que estarán a cargo de Financiera Educativa México (Fiem), Banco Santander, HSBC, Bancomer y Banorte, serán de 250 mil a 280 mil pesos a pagar en plazos de 15 años y medio con tasas de interés que irán de 9 a 13% anual.

Al hacerlo público en el campus del Instituto Tecnológico de Monterrey, Calderón celebró esta medida en pos de un “México más justo y más igualitario”. El financiamiento a estudiantes, dijo, “democratizará el acceso a la educación superior y acelerará la ampliación de la cobertura educativa”.

Según De Garay, es una “mentira” que la finalidad de esta medida responda a un interés por aumentar la cobertura educativa y propiciar mayor equidad. Con la incorporación de los 23 mil beneficiarios del financiamiento promovido por Calderón – comenta a este semanario– el aumento de la matrícula nacional de estudiantes en educación superior alcanzaría “un impacto mínimo” de apenas 0.8%. Y se pregunta: “¿Cuántos estudiantes más podrían adherirse al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) con esos recursos?” La respuesta es que se podrían triplicar los más de 300 mil apoyos que actualmente otorga ese programa.

De Garay recuerda que, en noviembre de 2011, el Congreso negó 57% de los recurJesús Cruz / Procesofoto

Las becas

res que logra emplearse en un mercado “de plena relación” con sus estudios.

De Garay lanza una pregunta. ¿Es un secreto a voces que las empresas prefieren contratar a los jóvenes que estudian en instituciones privadas?

El 26.1% de los estudiantes de instituciones públicas tiene dependientes económicos y 42.7% no podría sostener sus estudios sin trabajar. El 54.8% de los alumnos de instituciones privadas trabaja para adquirir experiencia laboral.

“Es un problema grande. Muchos alumnos tienen que trabajar forzosamente para pagar sus estudios, algunos no tienen tampoco para su manutención o tienen que llevar dinero a su casa. Eso merma en gran medida el desempeño de los estudiantes y muchos terminan por desertar en algún momento de su carrera”, reconoce Ángel Cano, presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

Otro factor diferencial es lo que Adrián de Garay llama el “capital cultural”: el pasado académico de los padres marca el destino de los hijos. En tanto 70% de los padres de alumnos que atienden a la educación superior particular cuenta con estudios profesionales, sólo 28.6% de los padres del subsistema público alcanzó la universidad.

Dentro del contexto social en el que se desarrollan los alumnos, los que llegan a las universidades públicas “en buen número” provienen de estratos sociales de clase media y media baja, dice a este semanario el investigador de la UNAM y doctor en sociología René Jiménez. “Los más pobres no pueden estudiar. Van creciendo en un contexto social desigual. Los que más recursos tienen llevan una trayectoria estudiantil en el sector privado

costaba 900 pesos mensuales. Se inscribió en una universidad “patito” a 10 minutos de su casa, por los mismos 900 pesos mensuales de colegiatura”, relata el exrector y remata con el argumento del joven. “Pagaba lo mismo, pero se ahorra cuatro horas y el riesgo de que lo asalten”.

Aspirantes. No hay lugares

Félix Reyes / Procesofoto

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Educación pública. Estigmas y carencias

sos adicionales que instituciones de educación superior solicitaron a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Según De Garay, “si los recursos destinados al programa de créditos para estudiantes de universidades privadas se hubieran destinado a las públicas” se habría conseguido 69.3% de lo gestionado, “garantizando que las instituciones públicas pudieran admitir a mucho más de 23 mil estudiantes”.

No sólo eso. De haber seguido el rol natural del Estado, el gobierno pudo impulsar significativamente a diversos sectores de la educación superior pública antes de priorizar al sector mercantil. Jóvenes de universidades públicas que reclamaron por esta medida aseguran que 2 mil 500 millones de pesos serían suficientes para cubrir 56% del presupuesto de la UAM, 23% del Politécnico, cuatro veces el presupuesto anual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como ampliar 17% la matrícula de la UNAM, un equivalente a 30 mil alumnos más de nuevo ingreso al año.

El economista Salomón Rodríguez publicó –un día después del anuncio– que tomando en cuenta los intereses de un crédito para licenciatura por 215 mil pesos, a una tasa de 10% anual, un estudiante terminaría pagando más del doble. Aproximadamente 600 mil pesos por su preparación. Para posgrados, cada alumno terminaría endeudado por cerca de 750 mil pesos por los 280 mil recibidos.

Un negocio redondo para la banca y el sector privado de la educación superior, dice a Proceso Carlota Guzmán. “Llama la atención que es el modelo chileno, por el que vemos tantas movilizaciones por el endeudamiento de las familias, hipotecadas por la educación. Y justamente se vino a escoger ese modelo. Los créditos no van a ser utilizados por los miles de aspirantes que no logran ingresar a la educación pública, sino por un sector que por falta de recursos ya antes perdieron las universidades privadas”, aseguró la investigadora. Según Guzmán, no se dimensiona la magnitud del problema.

No obstante, el subsecretario de Educación Superior y encargado del despacho de la SEP, Rodolfo Tuirán, justifica el modelo de financiamiento, que también se aplica en países como Estados Unidos.

Sobre el endeudamiento de los estudiantes Tuirán dice: “Son decisiones como cuando compramos una casa o tomamos una hipoteca. Tiene responsabilidades y riesgos, y también los beneficios”.

David Brooks, de The New York Times, describió a la actual como la generación de estadunidenses universitarios más endeudada de la historia de aquel país a causa del sistema de créditos, similar al que se acaba de implementar en México.

Dichos préstamos, escribió Brooks el pasado 10 de enero, convierten a los estudiantes en “esclavos” de su deuda, en beneficio de universidades e instituciones bancarias.

En 2011 el monto de préstamos estudiantiles superó 100 mil millones de dólares. “Estos jóvenes aceptaron el equivalente a la hipoteca de una casa en deuda”.

Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, cita Brooks, en 2008 67% de los egresados de escuelas de educación pública estaba endeudado y 96% de las instituciones privadas también.

Esos jóvenes nutren el movimiento de indignados Ocupa, que desde el pasado septiembre protesta por el endeudamiento y la falta de empleo.

En el sistema de créditos se dio concesión a 21 universidades, bajo dos criterios: que fueran grandes en cuanto a matrícula y cumplieran ciertos estándares de calidad.

Sin embargo, el presidente de la FIMPES, instancia encargada de acreditar la calidad de las instituciones de educación superior privada, dice que el requisito primordial, que es la calidad, no todas lo cumplen: “Algunas están en proceso (de acreditación). Nosotros siempre insistimos en que fueran puras acreditadas para que no hubiera ninguna duda. No es una decisión que tomó la FIMPES. Ellos lo que hicieron fue buscar que tuvieran una acreditación de calidad, aunque insisto que no todas están propiamente acreditadas”.

–Ellos, ¿quiénes?

–Fue propiamente Nafin la que impulsó el programa. Nafin hizo el contacto con la SHCP, que son parte de la misma administración, y entre ellos escogieron las universidades. Seguramente algo tuvieron que ver los bancos con los que están trabajando y la financiera (Fiem). Supongo que tuvo que ver mucho el contacto que ya tenían los bancos con las universidades para impulsar estos programas.

–¿Sabe el criterio para elegir los 23 mil alumnos, se busca también un perfil socioeconómico determinado?

–Sí. Se les pide a cada uno de los alumnos su poder adquisitivo familiar, su estatus socioeconómico. Estamos partiendo de que esos alumnos puedan pagar esos créditos, aunque ahorita sólo pagan los intereses. En algunas ocasiones no es muy significativo, dependiendo de la colegiatura de cada universidad.

–¿No podría aspirar a ese crédito un alumno de bajos recursos?

La familia necesitaría un aval para tomar en cuenta los pagos de intereses que se tienen que hacer en este momento. Para la parte del capital, que se pagaría seis meses después de haber egresado, lo que se busca es que el alumno con su propio trabajo lo pueda pagar.

“Los créditos van dirigidos a un sector de clase media o clase media alta que antes podía ingresar a la universidades privadas y que por cuestiones económicas en los últimos años ya no lo pueden hacer. Están tratando de recuperar para las universidades privadas un público que tenían y que han perdido. O que acceden a universidades más baratas. Pero no son nuevos públicos los que acceden porque no todos son sujetos de crédito. No es un beneficio, es un endeudamiento”, según Carlota Guzmán Para Adrián de Garay la explicación del programa de financiamiento responde a una generación gubernamental que no tiene claro qué es lo público. “Es inadmisible que el señor (Calderón) otorgue 2 mil 500 millones para que se beneficien la banca privada y las escuelas privadas con las cuotas que los jóvenes van a pagar. No acaban de entender que la principal responsabilidad de la educación es pública. Ahora le metieron 2 mil 500 millones de pesos. ¿Qué tal que el año que viene le meten más?”.

–Y si le meten más, ¿qué?

–Ahí sí creo que iniciamos ya, con toda claridad, un proceso de privatización de la educación.

Durante el anuncio del programa Felipe Calderón alardeó: “Y le vamos a meter más. ¿Cuánto? Todo lo que se necesite para que cualquier estudiante que no tenga recursos para pagar su universidad pueda obtener un crédito accesible dentro de este programa”.

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ANÁLISIS JAVIER SICILIA

NARANJO

Convenio

El sepulcro de las elecciones

L

a documentación de los asesinados, de los desaparecidos, de los despreciados de esta nación continúa creciendo en la Comisión de Víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Lo que no crece, y es competencia del Estado, es la justicia que reclaman y que continúa sepultada en las procuradurías.

La realidad es terrible. No sólo porque las víctimas, a pesar del consuelo y de la dignidad que el MPJD les ha dado, no encuentran en el Estado ni la seguridad ni la justicia que les corresponde (ni los culpables de los homicidios y desapariciones están presos, ni los desaparecidos aparecen muertos o vivos), sino porque en medio de esa realidad de impunidad, de ausencia de estado de derecho que vive la nación, los partidos políticos se han lanzado a la contienda electoral. Unos y otros, a través de sus respectivos candidatos, no cesan de decir lo que siempre repiten hasta la náusea en cada elección: que ellos tienen la clave para gobernar, para sacar al país adelante, para lograr la prosperidad.

Sin embargo, bajo los rostros de los candidatos que empiezan a poblar las calles y las carreteras del país –presencias ominosas del mal gusto de las agencias de imagen–; bajo sus inanes eslóganes –frutos podridos del despilfarro del dinero de los ciudadanos–; bajo la complicidad de los medios de comunicación que los exaltan y bambolean en una pasarela sin fin

de vanidades –esquelas mortuorias de la vida ciudadana–, los rostros, los nombres y las historias de los muertos, de los desaparecidos y de los que sufrimos por su ausencia no sólo continúan sepultados, sino aumentando su número.

En este sentido, las campañas electorales que comenzaron, lejos de augurarnos una salida, son en realidad monumentos mortuorios bajo las cuales se ahoga el grito de miles de víctimas destrozadas por el crimen y humilladas por el Estado.

Por más que los partidos nos digan que sus gobiernos serán distintos, la realidad es lo contrario. Adondequiera que volvamos el rostro a lo largo y ancho del país, los gobiernos con los que nos topamos –sean del PAN, del PRD o del PRI– tienen la misma impronta: el dolor, la injusticia y el rostro de las estatuas mortuorias de los gobernantes o de sus nuevas representaciones electorales levantadas sobre nuestras desgracias. Cambiar una estatua mortuoria por otra no garantiza, como quieren hacernos creer los partidos y los medios de comunicación, ni la justicia ni la paz de las víctimas. Simplemente señalan el tipo de gusto con el que queremos adornar y mantener sepultado el horror.

Contra lo que quieren hacernos creer el gobierno y los partidos a fuerza de dispendios publicitarios y virtualidad, las elecciones, en las condiciones de dolor, corrupción e impunidad en que vivimos, no son un ejercicio democrático, sino una

simulación, un monumento tan mortuorio como kitsch de la ignominia a la que un Estado omiso y delincuencial ha llevado a la nación, y cuyo rostro más claro en su dolor son las víctimas que no conocieron la seguridad del Estado ni tras su muerte o desaparición la justicia que les corresponde.

Cuando esto sucede, las elecciones, esos momentos críticos de la historia de una nación, lejos de avivar la vida democrática, la destruyen. Una elección democrática, en condiciones normales, tiene –dice Jean Robert comentando a JeanPierre Dupuy– por lo menos una característica contradictoria: El momento en que el pueblo está más cerca de realizar la “voluntad general” es también el momento en que “el ruido electoral debilita las redes sociales en las que los ciudadanos están inmersos, actúan, deciden y hablan”. Es precisamente allí, escribe Claude Lefort, “en el momento en el que se supone se manifiesta la soberanía popular […] que las solidaridades se deshacen y que el ciudadano se ve extraído de todas las redes en las que se realiza la vida social para convertirse en una unidad contable, en un ‘individuo estadístico’”, como las víctimas de la nación.

Esta verdad, en las condiciones de emergencia nacional que vive México, destruye nuestra vida democrática: Bajo el llamado electoral, las redes de solidaridad que los ciudadanos tejimos en el 2011 para defendernos de la violencia

y de la impunidad, y que generaron una fuerza verdaderamente democrática en la búsqueda de la justicia, la paz y la participación ciudadana, han quedado deshechas. Desprovistos del derecho a tener candidatos civiles, iniciativas ciudadanas, referendo, voto blanco y revocación de mandato; ajenos a la seguridad y a la justicia, los ciudadanos yacemos sepultados bajo los monumentos mortuorios de esas muecas de plástico, de esa musicalidad monocorde de voces y eslóganes, y de esa autosuficiencia cosmética de los candidatos que se diputan, no la vida democrática del país, sino los sepulcros de la patria que los criminales han cavado.

Recuperar la democracia, hacerla resucitar, sólo será posible cuando juntos retejamos nuestras redes de solidaridad ciudadana y pongamos un coto al poder de los monumentos mortuorios que llamamos partidos y cuya ineficiencia nos es tan costosa como inmensa. “Nuestros sueños –hay que decir con los Indignados– no caben en sus urnas”.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón. O

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ANÁLISIS JESÚS CANTÚ

JOHN M. ACKERMAN

Auditorías, escándalos e impunidad

Voto razonado y elecciones auténticas Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, gran político guerrerense: In memoriam.

L

o más probable es que el miércoles 29 el Instituto Federal Electoral (IFE) tome la salida fácil de organizar únicamente los dos debates presidenciales requeridos por la legislación y emitir una serie de lineamientos burocráticos para que universidades, medios de comunicación y grupos de ciudadanos también convoquen a encuentros entre los candidatos. Si esto ocurre, la autoridad electoral estaría abdicando a su responsabilidad constitucional de asegurar la celebración de elecciones auténticas y libres, así como a la de desarrollar la cultura democrática y la educación cívica de los mexicanos.

El minimalismo burocrático y la interpretación letrista de la ley suelen presentarse como si fueran el camino más seguro y objetivo para las autoridades. Pero la historia ha demostrado que en materia electoral este tipo de acercamientos típicamente tienen un fuerte trasfondo partidista y reflejan una parcialidad reprobable. Durante los primeros años posteriores a la reforma electoral de 1996, los consejeros y magistrados electorales más cercanos al PRI utilizaban argumentos similares para limitar las facultades del IFE en materia de compra y coacción del voto, fiscalización de gastos de campaña y control sobre la propaganda gubernamental.

Posteriormente, los funcionarios electorales más conservadores también recurrían al inmovilismo burocrático con el fin de obstaculizar tanto las

históricas multas en los casos Amigos de Fox y Pemexgate como el despliegue de la “causal abstracta” de nulidad. En 2006, el entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, dio uno de los ejemplos más claros del abuso de una lectura supuestamente “estricta” de la ley al enviar, el 4 de julio, un circular a los Consejos Locales del IFE con la intención de limitar al máximo el recuento de los votos y la transparencia de los resultados electorales.

Una vez más, los consejeros del IFE se encuentran ante una decisión clave que definirá su legado histórico. Si se niegan a obligar a los candidatos presidenciales a confrontar ideas de manera sistemática y periódica, estarán facilitando una grave afectación a nuestro derecho ciudadano a la información y poniendo en riesgo la autenticidad del proceso electoral. También estarán demostrando un claro sesgo hacia el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, a quien le conviene reducir al mínimo los momentos de intercambio libre de ideas con sus contrincantes y la ciudadanía en general.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de ninguna manera prohíbe al IFE organizar más debates entre los presidenciables. Dos de los candidatos, Josefina Vásquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, ya han solicitado a la autoridad electoral que haga todo lo posible para asegurar una campaña dinámica y cercana a la sociedad. Cualquiera de los candidatos, evidentemente, estaría en su derecho de

no asistir a las convocatorias adicionales emitidas por la autoridad electoral.

Sin embargo, ningún partido o candidato cuenta con la facultad de prohibir u obstaculizar la realización de estos encuentros.

Más allá de convocar a debates adicionales, el IFE también debería informar directamente a la ciudadanía sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos para todos los cargos de elección popular a nivel federal, así como convocar a debates ciudadanos sobre la problemática nacional. No hace falta que esté presente ninguno de los candidatos para que los ciudadanos reflexionen sobre la coyuntura y analicen las propuestas de los partidos.

Por ejemplo, la exitosa experiencia de las Encuestas Deliberativas, organizadas en una docena de países por el Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford (http://cdd. stanford.edu/), ha demostrado que entre más y mejor información tienen los ciudadanos, más auténtica y razonada es su participación electoral. Estas encuestas se levantan entre grupos de ciudadanos que previamente son informados sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos y tienen la oportunidad de debatir sobre las mismas. No se busca medir, como en las encuestas tradicionales, el impacto de estrategias de mercadotecnia o de escándalos mediáticos, sino de poner en acción la inteligencia ciudadana y obligar a los candidatos a elevar el nivel del debate.

La mera celebración de elecciones no es suficiente para legitimar el ejercicio del poder público. Los mexicanos conocemos mejor que casi cualquier otro pueblo la farsa en que fácilmente se convierten las campañas y los procesos electorales. La norma a lo largo de más de 200 años de vida independiente ha sido precisamente la celebración de comicios carentes de valor democrático.

El IFE existe no solamente para contar boletas electorales, sino también para facilitar un contexto de participación y exigencia ciudadanas que obligue a los candidatos a rendir cuentas a la sociedad y a proporcionar suficiente información para el ejercicio de un voto razonado. Si las campañas no despiertan interés, se pone en duda la calidad del proceso electoral porque los ciudadanos nos quedamos relegados a ser meros espectadores de un show entre políticos.

En lugar de limitarse a organizar dos debates acartonados, maquillados y sobre-producidos, así como a publicar las metodologías de las mismas casas encuestadoras de siempre, los consejeros electorales deberían aprovechar al máximo sus amplias facultades constitucionales para asegurar que los 90 días de campaña federal sea un periodo ejemplar de reflexión y debate participativo sobre el futuro de la nación. O www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman

C

ada año, al concluir la primera quincena de febrero, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entrega a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el informe sobre la revisión de la cuenta pública del ejercicio antepasado (ahora se trata de la del 2010) se desatan las denuncias de los partidos de oposición y los escándalos mediáticos por el gran número de irregularidades detectadas.

La única diferencia en esta ocasión es que nos hallamos en un año electoral y, por lo tanto, los partidos que hoy son de oposición levantan un poco más la voz y amenazan con presentar más denuncias penales de lo que normalmente hacen, aunque el informe del auditor es muy similar a otros y sólo cambian los números y los presuntos responsables.

De acuerdo con dicho informe, se interpusieron mil 893 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública con el fin

de que los responsables de los órganos de control interno de las respectivas dependencias inicien la integración de los expedientes para eventualmente imponer sanciones administrativas a los servidores públicos responsables.

Sin embargo, todavía no terminaba el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, de presentar su informe cuando el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan, ya minimizaba dichas promociones, pues señalaba que “la información ni es definitiva ni hay hechos consumados; todavía están en el proceso de observación y vigilancia, de solventación o a lo mejor de asignación de algún castigo”.

El auditor también presentó 98 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República, cifra que rebasa todas las correspondientes a las revisiones de 1998 a 2009, y que casi triplica las 34 del 2009. Al respecto, el mismo Morgan seña-

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ANÁLISIS DENISE DRESSER

AMLO amoroso ló que la revisión del auditor “no queda completa porque sus tiempos no le permiten más”. Así, aunque la responsabilidad de iniciar las investigaciones y, en su caso, integrar la averiguación previa es de la PGR, el contralor se adelantó a descalificar las denuncias.

Y es que de nada sirve la buena o mala actuación del auditor, ya que la ASF no puede imponer ninguna sanción administrativa o penal, sino únicamente lograr el resarcimiento de los daños económicos, por lo cual la gran mayoría de las ilegalidades quedan sin castigo. Cierto, como dice el mismo auditor, no puede ser la misma instancia la que revise, integre el expediente y sancione, pero tampoco es posible dejar la responsabilidad del castigo en manos de los mismos que violaron la ley, que es exactamente lo que sucede hoy.

Es decir, esta vez el responsable de decidir la imposición de las sanciones administrativas es el titular del órgano de control interno de cada una de las dependencias, y aunque formalmente dicho órgano depende de la Secretaría de la Función Pública, en realidad quien decide imponerlas es el titular de cada dependencia, o sea, el secretario o el director general. Así, en algunos casos el titular del órgano de control interno estaría ante la aberración de que tendría que sancionar a su jefe real. El resultado es que la gran mayoría de los casos, tal como se apresuró a señalar Morgan, finalmente terminan en absoluciones.

En la actualidad, el mismo auditor propone la integración de un Tribunal Federal Autónomo para respetar la división de poderes y, al mismo tiempo, evitar los clarísimos conflictos de interés.

Otros especialistas han propuesto que sea la misma Auditoría la que imponga las sanciones, tomando en cuenta que los afectados siempre tienen la instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para recurrir dichas sanciones, o la vía del amparo en el Poder Judicial.

La propuesta del auditor de crear un órgano autónomo que tenga incluso facultades para sancionar administrativamente

a los funcionarios de los tres poderes, así como de los gobiernos estatales y municipales, es acertada, pues se atacarían varios problemas con una misma solución. Obviamente, en las otras instancias de gobierno sucede lo mismo que en el federal, por lo que también empoderarían a órganos garantes de la transparencia que asimismo dispondrían de una instancia autónoma para la aplicación de las sanciones.

En lo que se refiere a las responsabilidades penales, lo que sucede nuevamente es que la PGR obedece las instrucciones del presidente y, por lo tanto, únicamente se integran averiguaciones previas y se consigna ante el Poder Judicial cuando existe el interés político de hacerlo, y no necesariamente cuando hay elementos para ello. En este caso la solución es mucho más sencilla, ya que no hay que crear ninguna nueva instancia, simplemente concederle a la misma Auditoría la atribución de integrar los expedientes y consignar directamente ante el Poder Judicial, de modo que serían los jueces los responsables de sancionar o exonerar.

La lógica es muy sencilla en ambos casos: quien acusa no debe ser el mismo que sanciona; pero quien sanciona tampoco puede ser un subordinado de quien eventualmente será sancionado, es decir, en ninguno de los dos casos se puede ser juez y parte, que es justamente lo que hoy sucede en las instancias responsables de decidir sobre la aplicación o no de la sanción penal y administrativa.

Como bien señala Irma Sandoval, estudiosa del tema, en las condiciones actuales “la labor de la ASF solamente abona el aumento de la sospecha y la desconfianza en el gobierno”, ya que se conocen las ilegalidades, pero éstas no tienen ninguna consecuencia para los responsables, que en algunos casos son delincuentes que no sólo no reciben ninguna sanción, sino que –en muchas ocasiones– siguen viviendo del presupuesto público al brincar de un puesto a otro. Definitivamente, el actual mecanismo de revisión de la cuenta pública no es funcional y únicamente contribuye a incrementar el descrédito de los políticos y del gobierno. O

A

MLO amoroso, amable, afectuoso. Intentando colocar una cara nueva sobre una imagen cansada y confrontadora. Sabiendo que tiene demasiados enemigos como para crear más.

Entendiendo –quizás– la necesidad de deslizarse hacia el centro del espectro político y liderar una izquierda moderna y propositiva desde allí. Comprendiendo –quizás– que precisamente eso llevó al poder a Tony Blair y a Ricardo Lagos y a Felipe González y a Michelle Bachelet. La transformación del agravio histórico en propuesta práctica. La reinvención del resentimiento en planteamiento. El combate a la desigualdad junto con medidas para asegurar la movilidad. López Obrador nunca ha pensado de esta manera pero ahora intenta hacerlo para desmantelar la desconfianza que creó.

Porque las preguntas que persiguen a López Obrador tienen razón de ser. Las dudas que lo rodean son legítimas. Durante los últimos seis años, el Peje muestra múltiples facetas, múltiples caras, múltiples maneras de ser y de pelear. A veces cae en la provocación, a veces promueve la reconciliación; a veces empuña el machete, a veces extiende la mano; a veces ha hablado de la refundación total de la República y a veces ha hablado tan sólo de reformarla. Y de allí las dudas que despierta. De allí los temores que suscita.

Porque las posturas de AMLO han sido fogosas, combativas, provocadoras. Porque por táctica o por convencimiento, AMLO ha usado sus palabras como un sable. Las ha pronunciado para despreciar la ley, para “mandar al diablo a las instituciones”, para condenar a la Suprema Corte, para enjuiciar a la clase empresarial, para hablar de la mafia que manda en México, para convocar a un plantón sobre Paseo de la Reforma. En el 2006 AMLO fue un redentor que ofreció aliviar la pobreza pero no explicó cómo lograría crear riqueza.

Fue el líder social que no supo cómo ser político profesional.

Ahora vemos emerger a un López Obrador que trata de distanciarse de René Bejarano y dice que lleva siete

años sin verlo o hablar con él. Que se refiere al fraude de la última elección presidencial pero ya no lo vuelve el eje central de su discurso. Que está invitando a empresarios a formar parte de su equipo en vez de denostarlos a cada paso. Que habla de la colaboración entre del sector público, el sector privado y el sector social. Que –sorprendentemente– acepta la posibilidad de la inversión privada en telecomunicaciones. Que tal vez comprende que el proyecto de nación que ofreció en el 2006 era demasiado estrecho, demasiado monocromático, demasiado centrado en qué hacer con los pobres y sin propuestas claras para las clases medias.

Ahora vemos surgir a un AMLO que quiere amar y ser amado.

El problema con esta postura es que difícilmente será suficiente para remontar la desconfianza que generó con su comportamiento poselectoral, sobre todo entre los electores independientes.

Entre los electores indecisos. Entre los electores moderados que quieren un cambio pero no están convencidos de que el AMLO amoroso de hoy tan sólo enmascara al AMLO radical de ayer. Erich

Fromm alguna vez escribió que “el amor es la respuesta al problema de la existencia humana”. Pero en el caso del Peje no queda claro que sea una bandera tan ancha como para arropar al electorado que necesita para ganar.

Porque la República del amor, con los códigos morales y las obligaciones éticas que AMLO ofrece, satisface el anhelo que muchos mexicanos tienen por un gobierno mejor. Un gobierno menos corrupto y más decente. Un gobierno menos rapaz y más honesto. Pero el amor de AMLO no es capaz de tapar los grandes hoyos que caracterizan su propuesta de gobierno.

Los besos y abrazos de AMLO no alcanzan a llenar los huecos de su oferta económica o de combate al crimen. López Obrador hace el diagnóstico correcto de los males que aquejan a México pero no logra proponer las soluciones adecuadas.

Porque para hacer crecer a la economía no basta con combatir la corrupción, prometer la austeridad republicana, confrontar los privilegios. Porque para resolver el problema del crimen no basta con decir que el Ejército estará fuera de las calles y los jóvenes dentro de las escuelas. Porque para encarar el problema

de Pemex no basta con construir cinco refinerías. Porque para lidiar con los intereses atrincherados AMLO tendría que reconocer que existen también en los sindicatos que él defiende. ¿Qué hará López Obrador con las tribus rapaces del PRD que proliferan en el Distrito Federal? ¿Con el monopolio de Carlos Slim a quien defiende? ¿Con el sindicato petrolero? ¿Con Televisa y TV Azteca? ¿Con La Familia y el Chapo y Los Zetas? López Obrador aún no logra responder estas preguntas de manera clara y cabal, de frente y convincente. No logra todavía construir una izquierda capaz de remontar la imagen de intransigencia que fortalece al priismo en vez de frenar su avance. Una izquierda que sea acicate del cambio progresista y no pretexto para la restauración conservadora. Una izquierda con ideas viables y no sólo posiciones morales. Una izquierda que sepa hablarle a las clases medias en lugar de alienarlas. Una izquierda que sepa ser opción viable de gobierno, porque el país la necesita. John Lennon cantaba “Todo lo que necesitas es amor”. En el caso de Andrés Manuel López Obrador resulta ser que no es así. O

AP photo / Markus Schreiber

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I N T E R N A C I O N A L / E U R O PA

La

Des-Unión Europea,

Dirigentes políticos y banqueros europeos que fueron entrevistados para un documental recientemente divulgado revelan la magnitud de los desencuentros y los errores político-financieros que tienen a la Unión Europea al borde de la desintegración. La crisis en esa comunidad de naciones es producto de la negligencia y la falta de previsión que antecedieron al diseño de la unión monetaria.

Francia y Alemania incumplieron requisitos político-económicos clave, lo que derivó en una ausencia de disciplina en el manejo de las deudas soberanas; en tanto que Grecia, el eslabón más débil, manipuló sus cifras para poderse incorporar a la eurozona. Todo este conjunto de desatinos acarrearon los desastrosos efectos que ahora padece la región.

cada vez más cercana...

MARCO APPEL

B

RUSELAS.- Errores de cálculo político, falta de visión común, intereses electorales, negligencia...

Estos factores han agravado la crisis económica que afecta a Europa desde hace más de dos años, la peor desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial.

Así lo exhiben los propios dirigentes europeos en el documental El efecto dominó: ¿el euro al filo del abismo?, creado por los realizadores alemanes Stephan Lamby y Michael Wech y transmitido el 17 de enero último por Arte, el canal franco-alemán de televisión.

El documental, de hora y media de duración, contiene entrevistas exclusivas con algunos de los responsables de manejar la crisis, quienes imprimen a sus comentarios una inusual y reveladora sinceridad

o, de plano, se lanzan recriminaciones mutuas. Inicia con la cumbre de emergencia de jefes de gobierno de la Unión Europea (UE) celebrada el 21 de julio de 2011, y finaliza con la que se efectuó el 9 de diciembre del mismo año.

En esta última ocasión, el veto británico hizo fracasar el proyecto franco-alemán de incorporar a las leyes comunes de la UE un riguroso tratado fiscal aplicable a los 27 Estados asociados. Por consiguiente, Francia y Alemania se vieron obligados a instrumentar un tratado entre gobiernos que en la más reciente cumbre del 30 de enero último fue rechazado por la República Checa.

Este tratado intergubernamental establece que el país que rebase un déficit presupuestario de 0.5% anual de su Producto Interno Bruto podría recibir sanciones automáticas y una multa de hasta 0.1% de su PIB. Con base en este documento los diri-

gentes europeos esperan contener la crisis provocada por un insostenible endeudamiento público.

Sin embargo, el contenido del documental alemán deja muchas dudas al respecto.

“Es todo o nada: o consolidamos nuestra integración y unimos nuestras fuerzas, o vamos hacia una rápida disolución no sólo de la zona euro sino de la UE entera”, advierte en el filme Giorgios Papandreou, quien dimitió el 11 de noviembre como primer ministro de Grecia luego de su sorpresivo y fracasado intento por someter a un referéndum el refinanciamiento de la deuda de su país, acordada en la cumbre del 26 de octubre por los gobernantes de la UE.

Versiones encontradas El documental recuerda que la cumbre del 21 de julio fue convocada porque Grecia –cuya posible salida del euro fue se-

riamente considerada esta semana por varios líderes políticos si fracasan las negociaciones que sostiene con sus acreedores– se encontraba al borde de la bancarrota y se propagaba el temor de un contagio a otros Estados que también están endeudados.

Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo (las 17 naciones que usan el euro), negociaba con los bancos acreedores la condonación voluntaria de una parte de la enorme deuda griega.

El representante de los banqueros, Josef Ackermann, quien preside el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) y el Deutsche Bank, confiesa ante la cámara: “Fue una decisión muy difícil de tomar. Al principio, la mayor parte de los bancos no estaban dispuestos a renunciar a nada. Entonces les propuse aceptar una quita de 20%”.

Los jefes de gobierno de la UE aceptaron, pero fue un error fatal.

Así lo admite el propio presidente del IIF: “Cuando calculamos la viabilidad de la deuda, que es el aspecto determinante sobre el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido, nos dimos cuenta de que no sería suficiente condonarle a Grecia 20% de su deuda”.

Papandreou, quien conoce los entretelones de las negociaciones, asegura que faltó “instaurar desde el principio un clima de confianza”. Según él, “todo mundo en la cumbre se percató de que habíamos reaccionado muy débilmente o demasiado tarde”.

Juncker lo reconoce sin rodeos: “Para mí, lo que hemos hecho desde el verano de 2011 no lleva ciertamente la marca de un gobierno de Estado de alto nivel”.

La situación griega continuó deteriorándose y llegó a ser tan crítica que la única posibilidad de salvar al país era aumentar la condonación de su deuda, lo que fue discutido en la cumbre de emergencia del 26 de octubre.

Las negociaciones con los bancos comenzaron días antes.

Ackermann relata que en una reunión con Herman Van Rumpuy (presidente del Consejo), Olli Rehn (comisario de Economía) y Juncker, la IIF les presentó un programa de medidas que consideraba como necesario restructurar las deudas de Italia, España y Grecia. Según Ackermann, su organismo propuso una condonación voluntaria de 50% en el caso griego.

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble, da una versión diferente en

torno al origen de esa iniciativa: “En julio –dice–, confiados en su poder, los bancos nos dijeron: ‘No podemos conceder ninguna ventaja; más allá de tal límite, una reducción de la deuda ya no será voluntaria y ustedes deberán asumir el riesgo’”.

Y añade: “En julio ese discurso nos impresionó, pero meses después ya no. En octubre les dijimos a los bancos: ‘Ni siquiera vale la pena discutir una reducción menor a 50% de la deuda total; sería una pérdida de tiempo: sepan que habrá una condonación de por lo menos 50%”.

Condonación Los acreedores bancarios, revela Juncker, aceptaron “cargar con la mitad del sacrificio” sólo después de que los jefes de Estado europeos los amenazaran: si no lo aceptaban, expusieron en la mesa de negociaciones, “la última solución sería anular, pura y simplemente, el conjunto de la deuda griega”.

Pero Ackermann insiste en que propuso tal reducción en un memorándum previo a la cumbre, e interpreta las versiones de Juncker y Schauble: “Cada uno –explica– quiere posicionarse según sus intereses. Nosotros y los dirigentes europeos habíamos llegado a una convergencia de intereses: antes de la cumbre ya estábamos dispuestos a reducir 40% de la deuda griega”.

Y ofrece una explicación de los hechos que, en caso de ser cierta, revelaría el enorme poder alcanzado por el sector banca-

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y riesgo de recesión LEONARDO BOIX

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ONDRES.- Gran Bretaña enfrenta actualmente dos problemas graves: la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial –lo que podría acarrear una recesión– y un índice de desempleo que afecta sobre todo a jóvenes y que llegó a su nivel más alto en 16 años.

El informe semestral de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), dado a conocer el miércoles 15, advierte que el índice de desempleo en el Reino Unido subió a 8.4% en el último trimestre de 2011, signo inequívoco del agravamiento de la situación económica del país.

Lo anterior se traduce, indica la ONS, en 2.67 millones de personas sin trabajo, un aumento de 48 mil casos desde el trimestre anterior. Además señala que el número de ciudadanos que cobraron el seguro de desempleo en enero se incrementó en 6 mil 900, hasta llegar a 1.6 millones.

Respecto a los jóvenes desocupados, la ONS reporta que la cifra aumentó en 22 mil

casos y llegó a 1.04 millones, lo que elevó a 22.2% el índice de desempleo para británicos de entre 16 y 24 años, hecho sin precedente en la historia del Reino Unido.

Ante este panorama, el gobierno de coalición que encabeza el conservador David Cameron anunció una serie de medidas, entre ellas incentivos a compañías privadas y a organizaciones no gubernamentales para que se sumen a un programa nacional de empleo para jóvenes sin trabajo.

El proyecto –anunciado días después del informe del ONS por el viceprimer ministro británico, el demócrata liberal Nick Clegg– implicará una inversión de 126 millones de libras esterlinas (unos 200 millones de dólares) y pretende que 55 mil adolescentes británicos que abandonaron los estudios por sus bajas calificaciones obtengan un empleo o un entrenamiento con salida laboral.

El objetivo “es sacar a los jóvenes de sus living rooms, lejos de la televisión y llevarlos al mundo del trabajo”, explicó Clegg.

mo los bancos abandonaban por voluntad propia esa parte de la deuda, los seguros que la cubrían no se hicieron efectivos.

Por su parte el presidente del directorio del Commerzbank, Martin Blessing, explica: “Si Grecia se declara en quiebra, las aseguradoras indemnizan a los bancos; pero si éstos renuncian a los créditos, no. El resultado: no sirve de nada suscribir un seguro (de deuda soberana) porque los políticos encontraron una manera para hacernos participar en el pago de la factura sin que se nos indemnice. Así, un préstamo de Estado no constituye un riesgo que se pueda asegurar, por lo que los inversionistas se retiran”.

Papandreou se sincera: “Después de la cumbre pensé: ‘La condonación es una buena noticia para Grecia... pero muy probablemente nos tengamos que volver a Ackermann. Quita insuficiente ver esta semana o el mes que AP photo / Michael Probst

rio: “Yo creí –apunta Ackermann– que era justo que los políticos reivindicaran el éxito (de la cumbre); que pudieran mostrarse unidos y capaces de una acción coordinada. En todo caso, nosotros no quisimos jugar un papel protagónico”.

La medida fue contraproducente: co-

viene para discutir los mismos temas’”.

Y así continúa ocurriendo.

Sin visión ni proyecto La actual crisis europea de endeudamiento encuentra también origen en la terrible negligencia política mostrada durante la época en que se diseñó la unión monetaria.

Jacques Attali fue consejero del presidente socialista François Mitterrand, quien durante los años ochenta selló con el canciller alemán Helmut Kohl la reconciliación entre sus países. Attali, que mantiene cierta influencia en el Partido Socialista francés, declara: “Desde el principio sabíamos muy bien que la integración monetaria sólo era una etapa de un proceso que había comenzado con la creación del mercado común (1968), y a la que seguía el Acta Única Europea (que completó la realización del mercado interior en 1986), el establecimiento de la moneda única (2002) y finalmente una unión con base en el federalismo. Era una lógica inevitable.”

Los temores ante una eventual recesión en el Reino Unido se sintieron con fuerza en el mundo empresarial del país.

Un sondeo del influyente Instituto de Directores (ID), elaborado con base en entrevistas a mil dueños de empresas británicas, señala que 53% de los consultados cree que existe un riesgo moderado de recesión.

La economía británica se contrajo en el último trimestre de 2011, debido sobre todo a los problemas de deuda en la eurozona, y serán las soluciones que se adopten en los países de la región las que contribuirán a evitar una recesión en Gran Bretaña, según la mayoría de los entrevistados por el ID. Por su parte, el Instituto Nacional de In-

vestigaciones Económicas y Sociales vaticinó que el Reino Unido entrará en recesión en la primera mitad de 2012, si bien consideró que ese ingreso a terreno negativo podría no ser tan dramático como algunos economistas ya están adelantando. (Una recesión económica es definida como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo.)

El sondeo del ID destacó además que sólo 11% de los empresarios cree que existe un bajo o muy bajo riesgo de que el país entre en recesión en 2012; 43% considera que una eventual recesión será corta y ligera, y sólo 10% cree que la contracción será larga y profunda.

La principal fuente de preocupación de los empresarios británicos es el futuro del euro: más de la mitad de los directores de empresas temen que haya un alto o muy alto riesgo de un quiebre de la Eurozona este año.

“El mensaje resonante de este sondeo es el rol crítico de la confianza en el ciclo económico”, declaró Graeme Leach, economista jefe del ID. “Si la crisis del euro se estabiliza, la confianza podría regresar relativamente rápido y las compañías podrían poner en marcha planes de inversión y reclutamiento de empleados, que estaban suspendidos desde el año pasado”, agregó.

La deuda gubernamental es de 93 mil 500 millones de libras (148 mil 270 millones de dólares) hasta el año fiscal vigente; en el periodo 2010-2011 fue de 109 mil 140 millones de libras (173 mil millones de dólares). O

Attali va más lejos. Acusa a Alemania de “no tener visión ni proyecto ni ambición europea”. Puntualiza: “Si hubiera te-

nido una visión europea no estaríamos en crisis. Hubiéramos pensado juntos una estrategia, federal o no, pero una. Lo que

Añadió: “La necesidad subyacente para reparar el déficit público significa que el camino hacia la recuperación será lento e incierto”.

A comienzos de febrero el Banco de Inglaterra decidió aumentar en 50 mil millones de libras (unos 80 mil millones de dólares) su programa de compra de activos para reactivar la economía hasta un total de 325 mil millones de libras (más de 500 mil millones de dólares).

La entidad advirtió que pese a ese estímulo el crecimiento seguirá siendo bajo, con una previsión para este año de sólo 1%, aunque podría aumentar a 1.8% el año próximo, dependiendo de la situación en la zona del euro y otros factores externos.

El fantasma de la recesión

Sin crecimiento, sin empleo

segunda desde la crisis de 2008. King indicó que la crisis de la Eurozona sigue siendo un gran riesgo para la economía británica.

“La consolidación fiscal, las condiciones difíciles de crédito y el debilitamiento de nuestros principales socios comerciales en el mundo están afectando nuestro crecimiento”, afirmó en su reporte el gobernador del Banco de Inglaterra.

Schauble admite: “Durante los noventa no logramos implementar una moneda común a partir de la unión política, a partir de una institución capaz de imponer límites a la política financiera de cada país y de hacerlos respetar. Esa proposición fue rechazada por otros países; comenzamos entonces con la unión monetaria (...) Dijimos: ‘vamos a comenzar con un Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y si eso algún día no es suficiente, iremos más lejos’”.

Ese pacto de disciplina fiscal fue adoptado en junio de 1997 como parte de la legislación común a los Estados socios de la UE. Nació precisamente con el objetivo de prevenir un déficit presupuestario excesivo en la zona del euro.

Juncker explica: “En esa época, Alemania y Holanda estimaban que la política económica debería mantenerse como una facultad exclusiva de cada país.

Hoy, cuando veo a aquellos que reclaman un gobierno económico europeo, constato que la mayoría proviene de los países que se opusieron a la puesta en marcha de esa arquitectura de base, y no puedo creerlo”.

AP photo / Yves Logghe

En Gran Bretaña, desempleo

Sin embargo, la oposición laborista declaró que el proyecto no ayudará a la mayoría de los jóvenes desempleados; muchos de ellos tienen título universitario y buenas calificaciones, a pesar de lo cual no han logrado ingresar al sistema laboral.

Los problemas para la economía británica parecen no tener fin este 2012; por lo menos así lo expresó el gobernador del Banco de Inglaterra (el Banco Central), Mervyn King, quien destacó que la evolución de ésta “será volátil” y marcará un rumbo en zigzag este año, al entrar y salir de forma alternada de la zona de crecimiento.

Según King, pese a los vaivenes de la economía el índice inflacionario seguirá bajando en los próximos meses hasta alcanzar la marca de 1.8% en 2014, después del 5.2% de 2011. Esto explica por qué se consolidó el aumento al IVA de 17.5 a 20%, una medida que ha sido criticada por numerosos sectores productivos del país.

Al presentar el miércoles 15 su informe periódico sobre inflación, King subrayó que encuestas realizadas entre las empresas en los primeros meses de 2012 apuntan a un “leve” crecimiento, lo que permitiría evitar otro trimestre de retroceso.

El Producto Interno Bruto (PIB) británico cayó 0.2% entre octubre y diciembre del año pasado, si bien el crecimiento total en 2011 fue de 0.9%.

En caso de que en el primer trimestre de 2012 el crecimiento fuera negativo, el Reino Unido entraría técnicamente en recesión, la

AP photo / Sang Tan

INTERNACIONAL / EUROPA

Juncker y Schauble. Cúmulo de desatinos

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INTERNACIONAL / EUROPA El libro de Geuens

Incumplimientos Apenas entró en circulación el euro el primer día de 2002, el gobierno del entonces canciller alemán, Gerhard Schroeder, comenzó a incumplir los acuerdos económicos establecidos.

El propio primer ministro luxemburgués lo narra en el documental: “Los alemanes se preparaban a emprender su Agenda 2010 de reformas socioeconómicas (que arrancaron en 2003). Pidieron permiso para transgredir provisionalmente el máximo déficit presupuestal autorizado. Tenían reformas sociales que implementar; el gobierno alemán dijo que no podía comprimir el gasto público y, a la vez, exigir más sacrificios a la población más afectada por las reformas”.

Ackermann, el líder de los banqueros, lo ratifica: “Los dirigentes de entonces omitieron conferirle a los criterios de Maastricht, para entrar a la eurozona, un carácter obligatorio con mecanismos de sanción. Alemania y Francia fueron los primeros países en infringirlos, y luego siguieron otros países, lo que condujo a una ausencia de disciplina en las deudas soberanas”.

En ese contexto Grecia manipuló durante años sus estadísticas económicas para estar en condiciones de cumplir con dichos criterios.

“Durante años –comenta Juncker– la Comisión Europea explicó a los ministros de Finanzas que la oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, debía tener derecho a verificar la contabilidad de cada país para asegurar un control. Pero los ministros, y yo mismo, siempre lo rechazamos.”

La razón de tal negativa, reconoce el primer ministro luxemburgués, fue que los Estados asociados a la UE no querían que la Comisión Europea, que representa los intereses comunes y de la que depende Eurostat, adquiriera más poder en detrimento de las soberanías nacionales.

“Jamás imaginé que se podían falsificar esas cifras sabiendo de antemano que, con base en ellas, serían tomadas decisiones importantes”, agregó Juncker.

“Si nos hubiéramos sujetado a las estadísticas reales –remató Schauble– Grecia no hubiera podido adoptar el euro.”

Pero Yanis Stournaras, quien fuera consejero del Ministerio de Finanzas de Grecia cuando el país ingresó a la eurozona, niega todas las acusaciones. Aseguró que “en esa época existían muchas zonas oscuras en los presupuestos públicos” y que lo único que hizo el gobierno griego fue “presentar el mismo tipo de informaciones económicas que los otros países del euro”. O

Los rescates sólo benefician

a los bancos MARCO APPEL

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IEJA, BÉLGICA.- La afirmación de que los gobernantes son “víctimas” de los mercados financieros internacionales es un mito que ha logrado imponer la clase política, con el apoyo de los medios de comunicación, para no rendir cuentas por el desastre económico ocasionado por las rigurosas medidas de austeridad que están empobreciendo a millones de personas.

“El capitalismo y la élite financiera no pueden existir sin la estructura del Estado, sin sus redes políticas y mediáticas, por lo que los gobernantes tienen una aplastante responsabilidad en la actual crisis económica”, afirma en entrevista Geoffrey Geuens, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lieja y autor de un libro de título provocador: La finanza imaginaria. Anatomía del capitalismo: de los mercados financieros a la oligarquía.

La obra, que requirió el análisis de artículos periodísticos y académicos publicados desde 1998, ha despertado gran interés en la prensa francófona y los círculos universitarios belgas.

Geuens es experto en el tema de la relación entre los poderes político, financiero y mediático. Ha publicado los libros Todos los poderes confundidos: Estado, capital y medios en la era de la mundialización, y La información bajo control: medios y poder económico en Bélgica. Este año apareció su última obra: Las viejas élites de la nueva economía.

En entrevista con Proceso, el académico plantea que en La finanza imaginaria –publicado en octubre de 2011– propone una “línea de ruptura entre una visión dominante y otra más crítica de la globalización y del papel del Estado”.

Explica: “La percepción general que comparte un amplio espectro ideológico, desde la derecha liberal hasta una parte del movimiento altermundista, indica que hay una separación muy nítida entre el Estado y el mundo de las finanzas. Para los liberales esta separación entre la política y las finanzas, entre el interés público y el privado, permite que el sistema funcione correctamente. Los altermundistas no están de acuerdo: consideran que el Estado es víctima de los intereses financieros y le

exigen que retome el control del mercado; sin embargo, al final comparten con los primeros la misma presunción.”

Coartada Geoffrey Geuens comenta que acusar a los mercados financieros del origen y agravamiento de la crisis se ha vuelto un discurso “políticamente correcto” que ofrece a las autoridades, tanto de derecha como de izquierda, un margen de maniobra “muy confortable” desde el cual pretenden deslindarse de las medidas tan impopulares de austeridad que deben instrumentar.

–¿Cómo interpreta usted el discurso en el caso de Grecia, que se presenta como un país al que hay que salvar forzosamente de la quiebra? –se le pregunta.

–En cada plan sucesivo de austeridad se nos hace creer que los miles de millones que recibe Grecia en préstamos sirven para rescatar al país de la bancarrota. Ese discurso de austeridad nos llega a los ciudadanos porque los medios de comunicación dominantes lo retoman y lo divulgan.

“Hay dos puntos a observar: por un lado, los préstamos no sirven para impedir tal ‘quiebra’, sino para resarcir a los acreedores privados, a los bancos. Se matan dos pájaros de un tiro: se abre el flujo de dinero a la banca para protegerla de la crisis y, además, se impulsan las privatizaciones como uno de los dispositivos necesarios de las políticas de austeridad.”

Y agrega: “Afirmar que un Estado puede ‘quebrar’ es pura propaganda. Lo que puede ocurrir es una suspensión de pagos. Pero con el primer mensaje se deduce que el pueblo griego debe aceptar rigurosas medidas de austeridad, y aunque ello es terrible y provocará mucho sufrimiento, su aplicación es obligatoria; es una retórica de compasión y de represión a la vez”.

Y la misma lógica se impone en el caso del tratado de rigor fiscal que firmaron 25 de los 27 gobiernos de la Unión Europea.

“El argumento que nos transmiten es que ese acuerdo va a otorgarles un mayor control de la economía. En realidad, lo que sucede en Europa está ligado a una correlación de fuerzas políticas: cuando los gobiernos de Alemania y Francia han querido

eludir las reglas europeas, lo han hecho sin dificultades. Sin embargo, lo más grave de este texto de disciplina fiscal es el simple hecho de que los gobiernos suscribirán, por escrito, esas medidas de austeridad”.

Geuens afirma que la voracidad de mercado es resultado de las acciones políticas de “hombres de carne y hueso” asociados a fuerzas políticas del Estado.

En Estados Unidos, señala, el sistema financiero es producto de políticas implementadas en la época del gobierno demócrata de Bill Clinton. “Él hizo votar medidas que pusieron fin, en ese momento, a los dispositivos antimonopolios que hacían una distinción entre la banca comercial, la de inversiones y las compañías aseguradoras”. Ello provocó el aumento de la especulación.

Abunda: “Tales ejemplos los encontramos a escala internacional. Son medidas económicas que nos han llevado a donde estamos. Con frecuencia escuchamos, sobre todo de los socialdemócratas, que las culpables de tales decisiones de choque son las instituciones de la Unión Europea (UE). Se les olvida que, desde hace 30 años, ellos han estado presentes en todos los niveles del poder, incluyendo a nivel de la UE”.

Los barones del dinero En su libro, Geuens evoca una reunión del Foro Progresista Global (GPF, por sus siglas en inglés), celebrada en abril de 2009 en Bruselas, que fue dedicada al análisis de la crisis. Ese foro se creó gracias a una iniciativa conjunta del Partido Socialista Europeo y de la Internacional Socialista, y lo dirige el español Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo y exministro en su país de Trabajos Públicos, Transportes, Medio Ambiente y Telecomunicaciones.

Borrell, remarca Geuens, también es administrador del conglomerado Abengoa, que opera en el campo de las energías renovables, las telecomunicaciones y la construcción de infraestructura.

Comenta: “En la sesión plenaria, titulada ‘Políticas progresistas para la globalización’, participaron Bill Clinton, exasociado del magnate estadunidense Ron Burkle en su firma de inversiones Yucaipa y del sheik de Arabia Saudita y esposo de la actual secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien fuera ejecutiva de Wal-Mart; Howard Dean, excandidato demócrata a la elección presidencial estadunidense y consejero de la firma de negocios McKenna Long & Aldridge, y Poul Rasmussen, líder del gobierno

danés (1993-2001) y expresidente del GPF, que entró en la historia de su país por haber realizado el más ambicioso programa de privatizaciones que haya conocido Dinamarca en el siglo XX”.

Rasmussen, continúa el profesor, “actualmente preside el Partido Socialista Europeo y es parte del Policy Network, un ‘tanque de pensamiento’ cercano al primer ministro laborista Tony Blair y dirigido por Lord Mandelson, excomisario de Comercio de la UE que ahora trabaja para el banco Lazard. Rasmussen es también miembro del Consejo Consultor del European Policy Centre, controlado por Peter Sutherland (presidente de Goldman Sachs, expresidente de British Petroleum y exmiembro de la dirección de Investor) y Lord Kerr, antiguo secretario general de la Convención Europea (que redactó la llamada Constitución de la UE), quien luego se convirtió en vicepresidente de la petrolera Shell”.

Geuens se muestra escéptico ante las comisiones y grupos de expertos que, desde 2008, diversos políticos han creado con el objetivo de regular el mundo financiero.

“Quieren regular únicamente limitando los excesos. Se pueden instaurar comisiones de regulación a nivel belga, del Banco Central Europeo o la banca internacional, pero nada cambiará si las fuerzas políticas representadas en esas instancias son las mismas que han construido el mercado europeo, trasatlántico e internacional. Es querer convertir a los pirómanos en bomberos”.

Pone algunos ejemplos: En 2008, la Comisión Europea designó al francés Jacques de Larosière como presidente de un grupo de vigilancia y de redacción de una nueva normativa financiera. Larosière fue director general del Fondo Monetario Internacional (1978-1987), gobernador del Banco de Francia (1987-1993) y presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (1993-1998). Sin embargo, al momento de preparar su reporte ejercía como consejero privado del presidente del grupo bancario francés BNP Paribas, Michel Pebéreau, y ocupaba un puesto de dirección en la firma financiera BMB Group, propiedad de varios sultanes y jeques.

En 2009, el gobierno belga eligió al barón Alexandre Lamfalussy para dirigir el Alto Comité para una Nueva Arquitectura Financiera. El barón había presidido el comité de dirección del Banco de Bruselas, fue director ejecutivo del Banco Bruselas Lambert (BBL, adquirido por el banco holandés ING), director del Banco de Reglamentos Internacionales y presidente del Instituto Monetario Europeo. Geuens recuerda que Lamfalussy también dirigió el comité internacional del banco belga Fortis (adquirido tras una crisis por BNP Paribas) y la aseguradora CNP Assurances.

Algunos miembros de ese “comité independiente” eran Geert Noels, jefe economista de la sociedad de gestión financiera Petercam, fundador del fondo financiero Crelan Fund EconoFuture y actual director de la compañía privada de gestión Econopolis; Peter Praet, economista en jefe de Fortis y director del Banco Nacional de Bélgica, y Daniel Gros, quien presidía la firma de gestión de activos San Paolo IMI Asset Management, además de dirigir el Centro Europeo de Estudios Políticos, espacio de reflexión presidido por el exnúmero dos de Citybank, Onno Ruding. O www.ulg.ac.be/cms

hay es una canciller, Angela Merkel, que quiere ganar las próximas elecciones. Es todo lo que quiere”.

Geuens. Tesis de impacto

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ENSAYO

Transparencia y rendición de cuentas

México: ¿Estado corrupto? (I) A partir de los resultados del Índice Nacional de Corrupción de 2010 elaborado por Transparencia Mexicana, Arturo González de Aragón elabora un crudo análisis de la realidad mexicana. En este ensayo exclusivo para Proceso (cuya segunda parte se publicará la próxima semana) el extitular de la Auditoría Superior de la Federación desmenuza los alarmantes factores que están condenando a la sociedad mexicana –sumida en un mar de opacidad gubernamental, de impunidad y de costosa deshonestidad de funcionarios públicos– al atraso permanente.

ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O. *

U

no de los males fundamentales que aquejan al país es la convivencia cotidiana de nuestra sociedad con manifestaciones de corrupción de todo tipo y magnitud. Cuando intentamos un análisis de este fenómeno enfrentamos serias dificultades para su medición, impacto y secuelas en nuestra vida y patrimonio.

La corrupción florece en medio de la opacidad y procura no dejar rastros. No obstante es preciso medirla para poder evaluarla, enfrentarla y mejorar la actitud social frente a este enorme cáncer que corroe a la sociedad.

Transparencia Mexicana, capítulo nacional de Trasparencia Internacional, ha llevado a cabo la primera serie de análisis a través de la construcción del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno en 2001, 2003, 2005, 2007 y 2010.

En este último año el índice se hizo a partir de encuestas realizadas en 15 mil 326 hogares en los 32 estados de la República e incluyó la evaluación de 35 servicios públicos básicos, registrando la frecuencia con la que ocurren los actos de corrupción en los tres niveles de gobierno, con los resultados siguientes: 1. Se registraron más de 200 millones de actos de corrupción en el uso de 35 servicios públicos básicos (197 millones en 2007 y 115 millones en 2005);

2. En promedio las “mordidas” costaron casi 165 pesos a cada hogar mexicano (138 pesos en 2007 y 180 en 2005); 3. Se pagaron más de 32 mil millones de pesos (mmdp) en sobornos por el uso de los 35 servicios públicos seleccionados (27 mmdp en 2007 y 19 mmdp en 2005); 4. Los hogares que reportan el pago de “mordidas” destinan 11% de su ingreso a este rubro (8% en 2005). En los hogares con ingresos de un salario mínimo, llega a representar hasta 33% de su ingreso (24% en 2005); 5. Los trámites que mayor incremento registraron en corrupción fueron los sobornos para vender o trabajar en la vía pública, evitar que un agente de tránsito se lleve un vehículo al corralón o que ponga una multa, recuperar un auto robado, evitar ser detenido en el ministerio público e introducir objetos prohibidos en alguna aduana, retén, garita o puesto fronterizo.

En los resultados de la encuesta de 2010 se observa que los estados en los que se percibe menos corrupción son Baja California Sur, Durango y Nayarit, en tanto que los que reflejan mayor percepción de este fenómeno son Guerrero, el Estado de México y el Distrito Federal, siendo este último el peor calificado.

Peor cada año Por cierto, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 que publica Trasparencia Internacional, México aparece con una ca-

lificación de tres puntos sobre 10 (3.1 en 2010); ocupa el lugar 100 entre 182 países (98 entre 178 en 2010). Según este indicador, el país es cada vez más corrupto.

En su reciente visita a México, Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, afirmaba que la corrupción es el cáncer del mundo. La gente corrupta no tiene principios morales ni autodisciplina y muestra actitudes egocéntricas. La brecha entre pobres y ricos genera frustración. La frustración se convierte en enojo y el enojo en odio, que a su vez genera violencia, la que sólo se puede combatir con valores éticos, necesarios para alcanzar la felicidad y la paz interiores.

De acuerdo con el diccionario, “transparencia” es todo aquello que tiene la condición de transparente y significa en la administración pública la perfecta accesibilidad de la información en las áreas que competen a la opinión pública.

La Government Accountability Office (GAO) de Estados Unidos, fundada en 1921, explica que el término “accountability” en la administración pública puede entenderse como “ser transparente y responsable de sus actos”, lo que significa “rendición de cuentas” ante la ciudadanía y el Congreso. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en México es el órgano equivalente a la GAO. A instancias del denominado Grupo Oaxaca –formado por académicos, analistas, investigadores y personas preocupadas por la falta de información de las acciones públicas– se generó la necesidad de contar con un gobierno transparente que informara a la sociedad de sus actividades y de los costos de su actuación.

Con el apoyo del gobierno y del Poder Legislativo se aprobó el 11 de junio de 2002 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyo supremo postulado implica dar la máxima publicidad a las acciones de gobierno.

Esta ley cubrió un profundo vacío legal, institucional y social, pues ahora cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier parte, puede solicitar la información en posesión del gobierno, pues ésta es considerada un bien público.

En la última década hemos creado importantes instituciones: la ASF y sus equivalentes en los estados para fiscalizar el gasto público, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y sus réplicas en las entidades federativas, poderes y entes autónomos, como órganos garantes del derecho de acceso a la información.

Tomamos acciones trascendentes en materia de contabilidad gubernamental, evaluación al desempeño y presupuesto basado en resultados. Se ha formado una buena cantidad de organizaciones civiles que vigilan políticas públicas diversas y, sin embargo, la transparencia y la rendición de cuentas en México dejan mucho que desear por los niveles de corrupción e impunidad que nos ahogan.

Para analizar esta situación, este mes se organizaron mesas de debate con la participación del IFAI, de los órganos garantes de los estados, del Instituto Federal Electoral (IFE), de la ASF, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), El Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Guadalajara, Fundar, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, entre otros.

Tanto las instituciones públicas responsables, como las académicas y la sociedad civil, en una reunión de 43 organizaciones acordaron en días pasados crear una Red por la Rendición de Cuentas con base en una hipótesis consensuada: “Es la fragmentación y la desarticulación conceptual, institucional, normativa y política que existe en materia de rendición de cuentas lo que genera que los esfuerzos se pierdan en el vacío”.

No se requieren más normas ni nuevos organismos, sino generar un entramado institucional articulado, concreto y con objetivos bien definidos con el fin de construir una po-

lítica integral de rendición de cuentas del Estado mexicano.

La democracia mexicana está secuestrada por los intereses mezquinos de los partidos políticos. Se retrasó más de un año el nombramiento de los tres consejeros del IFE. No se aprobaron las reformas fiscal, laboral, electoral, política y de seguridad nacional, entre las más importantes, por sus intereses egoístas y miopes. La Cámara de Diputados parece ser un foro de recreo para entorpecer la gobernabilidad. El teatro del absurdo de Eugene Ionesco está presente. Los partidos políticos sólo practican la política del agandalle.

El tema de la seguridad Gracias a la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad pública del actual gobierno, conocemos los resultados siguientes: En la exposición de motivos del proyecto de presupuesto para 2012 se señala que en 2007 el gobierno de la República gastó 88 mil 757.4 millones de pesos en justicia, seguridad pública y seguridad nacional. Para 2012 se presupuestaron 147 mil 270.5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 58 mil 513.1 millones, equivalente a 66%. Es uno de los aumentos más importantes del presente sexenio.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México se cometen 12 millones de delitos al año, de los cuales no se denuncian 85% y sólo terminan en sentencia 120 mil, lo que significa que únicamente se castiga 1% del total de delitos cometidos.

Los crímenes derivados del combate a la delincuencia han sido 39 mil 210 al 10 de febrero de 2012, según el periódico Reforma; 47 mil 515 al 30 de septiembre de 2011, según la Procuraduría General de la República (PGR) y 34 mil 612 al 12 de enero de 2011, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2011 se registraron 12 mil 366 asesinatos. El “sexenio de la muerte”, escribe en su editorial Jesús Silva Herzog-Márquez.

De acuerdo con el gobierno federal, de 37 líderes criminales se ha anulado a 21, de los cuales cinco fueron abatidos, dos murieron por ajustes de cuentas, uno fue extraditado, uno está arraigado, uno fue capturado y 11 fueron procesados. Desconocemos el tipo de castigos aplicados y la eficiencia de la PGR, de los jueces y de los magistrados involucrados.

No sabemos lo que se ha hecho en materia de lavado de dinero por parte de la Unidad de Investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Estamos ayunos en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en el combate a los capitales negros.

A finales de 2011 Human Rights Watch presentó su informe Ni seguridad ni derechos, donde señala que de 35 mil homicidios registrados por el gobierno federal sólo se han investigado 997 (2.8%) que derivaron en 22 condenas, 0.06% del total. Este informe desnuda la realidad de nuestra justicia.

En la VIII Semana Nacional de Transparencia, celebrada del 7 al 9 de septiembre de ese año, el presidente de México afirmaba: “No es cierto que la transparencia atente contra la seguridad, lo que atenta contra el interés nacional son la opacidad, la corrupción y la impunidad. Eso es lo que daña a México y afecta a los ciudadanos”.

Por su parte Peter Eigen, presidente del Consejo Asesor de Transparencia Internacional, criticaba que México no haya mostrado los avances suficientes en la lucha anticorrupción.

Hay que desarrollar un enorme sentido de enojo, de impaciencia de la gente y de los medios de comunicación en cuanto a la corrupción existente.

La presidenta del IFAI aseguró por su parte que no puede existir un Estado fuerte sin transparencia. “No hay seguridad

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ENSAYO pública sin transparencia, no hay derecho a la educación y a la salud sin transparencia, no hay derecho a un desarrollo sustentable y no hay combate a la corrupción sin transparencia”.

En el Tercer Encuentro Mundial de Valores celebrado en Monterrey el año pasado, el exalcalde de Palermo Leoluca Orlando afirmaba que un funcionario con familiares ligados al crimen no es digno de liderar una ciudad. Hay impedimento ético para que el servidor público se mantenga en su cargo al revelarse que tiene algún nexo con negocios ilícitos. Una persona cuya familia se relaciona con criminales no es digna de ser alcalde de una ciudad.

Todo ello a propósito de la tragedia del casino Royale.

Recientemente en Brasil, con motivo de la celebración de su independencia, miles de ciudadanos convocados por las redes sociales se manifestaron ante las autoridades gubernamentales con el grito “¡Paren de robar!”, exigiendo un profundo combate a la corrupción. La presidenta de Brasil, en su primer año de gobierno, ha despedido a ocho ministros de su gabinete, sujetos a investigación por actos de corrupción.

Las exigencias de cambio se suceden en Túnez, Egipto, Siria, Libia, España, Gran Bretaña, Grecia, Israel, Chile, Brasil, Estados Unidos y, en menor medida, en México a través de convocatorias en las redes sociales para manifestar el descontento contra los gobiernos por las políticas públicas que generan pobreza, desempleo, desigualdad, inseguridad, corrupción e impunidad.

En materia de educación, la prueba ENLACE 2011 refleja que México tiene serios problemas con la calidad educativa pues más de 60% de los alumnos de primaria y secundaria salieron reprobados: no superan los niveles insuficiente y elemental. En México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 58% de la población de 25 a 34 años no tiene bachillerato, lo que nos coloca en el último lugar de la organización junto con Turquía. Requerimos con urgencia una revolución educativa sin la cual no podremos alcanzar el desarrollo esperado.

El 23 de noviembre pasado la organización Mexicanos Primero presentó el estudio Metas. Estado de la educación en México 2011, destacando los resultados siguientes: −En México de cada 100 estudiantes prácticamente ninguno (0.8%) alcanza un nivel avanzado en matemáticas. En Chile lo alcanza 1.3% del alumnado; en Uruguay, 2.4%; en Canadá, 18.3% y en Corea, 25.5%. −A pesar de que nuestro país destina hasta 20% del gasto público en educación, su calidad no es equivalente. −México tiene un ciclo escolar de 200 días, superior a Estados Unidos y Francia; sin embargo, las horas efectivas de clases son 562, en tanto que esos países reportan 710 y 875, respectivamente. −Sólo siete estados tienen alta y muy alta calificación en el índice de desempeño educativo incluyente en primaria y secundaria. Oaxaca y Michoacán están en los últimos lugares. −De cada 100 niños que ingresan a primaria en México, 64 la terminan, sólo 60 ingresan a secundaria y 51 la concluyen. Sólo 46 inician el bachillerato y 45 lo terminan: 45% de los que iniciaron la primaria. Finlandia y Japón reportan 95%; el Reino Unido, 92%; Nueva Zelanda, 90%; Corea del Sur, 89%; Estados Unidos, 76%; Brasil, 74% y China, 65%.

La OCDE señala que espera que en 2024 México tenga cubierto el nivel de bachillerato para toda la población.

Opacidad en el Legislativo Por su parte las fracciones parlamentarias de los partidos políticos en las Cámaras de Diputados y Senadores son de los grupos que mayor opacidad muestran en el ejercicio de los recursos pú-

blicos. No son transparentes, no rinden cuentas públicamente y no permiten su fiscalización.

El gasto de los grupos parlamentarios no puede ser auditado por la ASF ni las contralorías de las cámaras; aquéllos sólo comprueban sus gastos con un recibo universal. No entregan facturas. Los informes no se pueden subir a internet. Y mantienen congeladas dos iniciativas para transparentar el gasto. El Poder Legislativo es el único que no admite la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual es vergonzoso.

Con información de 2010 un grupo de investigadores del CIDE realizó el estudio ¿Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados?, que concluye lo siguiente: “El ejercicio de su presupuesto es una ‘caja negra’, está lejos de ser un ejemplo de transparencia, la emisión de tabuladores sólo proporciona 60% de las percepciones de los legisladores, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación; la discrecionalidad y opacidad existentes propician que se distribuyan recursos presupuestales no ejercidos con base en decisiones unipersonales y arbitrarias de los coordinadores parlamentarios, las asignaciones a los grupos parlamentarios se comprueban únicamente con un recibo universal, sin rendir cuentas de su aplicación y destino. En 2010 el monto de esas asignaciones fue cercano a los mil 180 mdp.”

México es el país de América Latina que tiene el periodo legislativo más corto: 195 días, sólo debajo de Costa Rica, que es de 183 días. En Chile y Argentina descansan un mes al año, 30 días. En México 170 días, más de cinco meses; y en México hay 85 comisiones (44 ordinarias y 41 especiales), un exceso utilizado para subir las percepciones. Los congresos latinoamericanos muestran un promedio de 37 comisiones (23 ordinarias y 14 extraordinarias). Argentina tiene 67 (45 y 22), Brasil 39 (20 y 19) y Chile 32 (25 y 7).

Existen grandes resistencias de algunos estados de la República, de los partidos políticos, del Poder Legislativo y los sindicatos para avanzar en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos. Existen actitudes regresivas que pretenden volver a situaciones superadas.

Existe una falta de compromiso de muchos actores políticos.

Los partidos políticos son los principales violadores de las normas existentes.

Las fuerzas políticas deben entender que la transparencia y la rendición de cuentas son la cimentación de las instituciones públicas y el camino para recuperar la credibilidad en la política. Decía Aristóteles: “La política es la esencia de la cual se alimenta el alma”. Seguramente esta afirmación no la entienden la mayoría de los políticos mexicanos.

Ante esta situación de resistencia a la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de recursos públicos sólo basta señalar que hay principios universales en estas materias que deben ser cumplidos. Todas las instituciones públicas están sujetas a la rendición de cuentas, sin oponer resistencias o recurso alguno para impedirlas.

Si en México no consolidamos la transparencia y la rendición de cuentas estamos expuestos a repetir los casos vergonzosos del Fobaproa, el Pemexgate, los Amigos de Fox y La Estela de Luz, los más conocidos de los últimos tiempos. En estos casos tanto la ASF como el IFE actuaron con toda responsabilidad, hicieron uso de todas las facultades con que contaban y actuaron hasta el límite de sus funciones, no obstante las enormes presiones de las cúpulas del poder.

Otro de los grandes pendientes en materia de transparencia y rendición de cuentas lo representan los enormes recursos que se entregan a estados y municipios. En 2011 se asignaron 1 046 443 millones de pesos (510 938 mdp de participaciones federales y 512 943 mdp de aportaciones federales), en tanto que en el presupuesto para 2012 se aprobaron 1 067 314.1 mdp

(504 867.7 mdp de participaciones federales y 562 446.4 mdp de aportaciones federales).

Los estados y municipios han sido los más observados por la ASF en la fiscalización de las cuentas públicas de la última década y han sido obligados a devolver 22 258.8 millones de pesos por las prácticas indebidas detectadas en las cuentas públicas de 2001 a 2009. El total recuperado por la ASF en ese periodo fue de 43 326.3 mdp.

Las principales irregularidades detectadas por la ASF en el manejo de los fondos federales que se transfieren a estados y municipios obedecen a las causas siguientes: Pérdida constante de bienes, pagos efectuados con fines distintos a los autorizados, pagos indebidos a personal y a conceptos de obra pública, pagos de obras no realizadas, carencia de documentación comprobatoria, falta de aplicación de sanciones y penas convencionales, otorgamiento de anticipos superiores a los previstos, obras incompletas, trabajos de mala calidad e incumplimiento de estándares, sobreprecios en el pago de estimaciones de obra, exceso de discrecionalidad de los servidores públicos, desvío de recursos para actividades electorales, reintegros de recursos no efectuados o realizados extemporáneamente, carencia de perfiles profesionales adecuados y falta de estabilidad laboral, prácticas de nepotismo, aumento constante de los niveles de endeudamiento, y, por último, falta de actualización de la Ley de Coordinación Fiscal y de las Reglas de Operación de los fondos.

Al inicio de la administración 2005-2011, Coahuila tenía una deuda pública de 196 millones de pesos. Al cierre de 2010 era de 35 mil 641 millones de pesos, es decir 182 veces más. Esta información fue ocultada a la población, a los bancos y a la SHCP por una administración estatal que falsificó documentos oficiales (decretos y autorizaciones) para obtener más recursos de créditos bancarios con el aval de la Secretaría de Hacienda.

Existen denuncias penales de diputados y de la SHCP por estos hechos. Coahuila recibió 45 mil 886 millones de pesos de participaciones federales entre 2006 y 2010.

Sólo resta saber qué se hizo con tantos recursos.

Según Hacienda, la deuda pública en las entidades federativas y los municipios creció tres y media veces al pasar de 89 mil 501 millones de pesos en 2000 a 314 mil 13 millones de pesos al cierre de 2010, sin considerar la información que fue maquillada, falseada u ocultada por error o mala fe. En 1995 se entregaban a estados y municipios, entre participaciones y transferencias federales, 49 mil millones de pesos, en tanto que en 2010 se entregaron 1 billón 22 mil millones, 207 veces más en 15 años.

Ahora bien, recientemente conocimos una buena noticia. Según el Foro Económico Mundial, México está en el lugar 58 entre 142 países en el Índice de Competitividad Global, avanzó ocho lugares (posición 66 en el índice del año anterior). Los primeros lu-

gares son ocupados por Suiza, Singapur, Suecia y Finlandia. Las economías emergentes en mejor posición que México son: China, lugar 29; Chile, 31; Polonia, 41: Brasil, 53 e India, 56.

De acuerdo con este reporte los factores que más afectan el ambiente para hacer negocios son la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia burocrática. Faltaría añadir que difícilmente avanzaremos si no corregimos la impunidad que tanto afecta al estado de derecho, si no aprobamos las reformas legislativas pendientes, si no mejoramos la calidad de nuestra educación y si no acabamos con los monopolios. *Auditor superior de la Federación de 2002 a 2009.

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