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Luis Montañez Cartaxo
meterse a las cero emisiones a mediados de siglo en el tema de carbón. México firmó, por lo que es necesario mejorar mucho nuestra implementación para cumplir lo que se firmó.
En 2017 la representación del país firmó el documento “Alianza para la eliminación del carbón”. En este tema México tiene una gran oportunidad. A diferencia de países como Indonesia, Sudáfrica, China, India, que tienen un uso enorme del carbón para generar electricidad, el país tiene muy acotado el problema del carbón. Usar carbón hoy en la generación de electricidad nos cuesta más caro que las energías renovables y el gas, lo que carece de racionalidad económica. La acción que debería emprenderse es diseñar una transición socialmente justa para que esos 4 mil o 5 mil trabajadores del carbón tengan empleos dignos, seguros y bien pagados en otro tipo de actividades.
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México en algunos días firmará en Glasgow una nueva reencarnación de estos esfuerzos promovida por Estados Unidos. Está bien que México lo haga, pues de hecho venía avanzando muy bien para reducir sus emisiones de metano, pero desafortunadamente Pemex pidió una prórroga a la ASEA con respecto a los lineamientos de control de metano, que debieron haber empezado el 1 de enero de 2021.
Hemos escuchado que Pemex está avanzando en la reducción de las emisiones de metano. Ojalá que ya no pida prórrogas; así que hay una gran oportunidad de –cerrando las fugas, sobre todo en instalaciones de Pemex tierra dentro–, primero, recuperar un combustible muy valioso y, segundo, de reducir de manera muy significativa las emisiones, dado que el metano es un gas con un potencial de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono.
También de manera periódica, México firmaba, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, acuerdos acerca del cambio climático, pero no han tenido mucho seguimiento. En los últimos tres años no ha habido este tipo de reuniones. México no tiene, en lo absoluto, en su agenda internacional el tema del cambio climático, mucho menos el de las energías limpias.
El Acuerdo de París dispuso las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, sus siglas en inglés) que cada país establece. Las NDC son el núcleo del Acuerdo de París y de la consecución de esos objetivos a largo plazo. Las contribuciones determinadas en el plano nacional encarnan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático. El Acuerdo de París requiere que cada país prepare, comunique y mantenga las sucesivas las contribuciones que se proponga lograr, además de adoptar medidas nacionales de mitigación con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones. Es aconsejable que vayamos por contribuciones más estrictas. México, desafortunadamente, entregó con premura sus contribuciones determinadas a nivel nacional para la COP26 en Glasgow, poco ambiciosas, por desgracia.
Es bueno trabajar más en adaptación a los efectos adversos del cambio climático, pero también tenemos que empezar a implementar medidas de mitigación y mejorar las metas respectivas. De hecho, se anunció que la organización ambientalista Greenpeace obtuvo una suspensión definitiva por parte de un juez acerca de una NCD que México presentará en Glasgow. Esto sin duda representa un desafío.
El objetivo no es elegir metas más ambiciosas y suicidarnos ante la comunidad internacional, por ejemplo: ofrecer que gastaremos millones de dólares, que no tenemos, para reducir emisiones. No. Nuestra primera obligación es reducir las emisiones que sí podemos y nos conviene. Esto es viable en el sector energético. ¿Cómo le explicaremos al mundo que acá queremos lo contrario, que queremos pagar el triple o cuádruple de electricidad, que queremos contaminar con combustóleo, con carbón, que estamos frenando la inversión privada, o más bien frenando las energías renovables por el pecado de que las promueven empresarios privados? Estamos en serios problemas como país, más allá del desprestigio. Aquí lo importante es el imperativo y la responsabilidad ética y moral de México con el resto del mundo.
Muchos países avanzan en la dirección correcta mediante la reducción de emisiones y tomando diversas medidas contra el cambio climático. Nosotros no lo estamos haciendo. Es una pena que no le diéramos importancia a estos temas. En los países donde avanzan estos temas, el jefe de Estado entiende y diseña políticas para atender la problemática ambiental.
Impacto ambiental y social de proyectos de infraestructura energética
LUIS MONTAÑEZ CARTAXO Ingeniero civil, maestro en Ingeniería, diplomado en Tecnología y administración ambiental y en Dirección de empresas. Presidente del Consejo Mexicano para la Evaluación de Impactos y coordinador del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del CICM.
Antes de exponer el tema repasaré los términos legales. ¿Qué significa ambiente, qué dice la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente? Esta legislación establece que el ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales, o inducidos por el hombre, que posibilitan la existencia y el desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos, los cuales interactúan en un espacio y en un tiempo determinados.
Al tratar el tema me gusta siempre subrayar que los seres humanos están incluidos en el ambiente. Los ingenieros, a
Tabla 1. Efectos ambientales por la construcción y operación de instalaciones eléctricas Impacto Tipo de proyecto Efecto espacial Efecto temporal
Remoción vegetación; pérdida de hábitat para vida silvestre
Cambio de régimen hidráulico de ríos - Líneas eléctricas - Subestaciones - Centrales de generación - Hidroeléctricas Local → Global
Local Largo
Largo
Colisión y electrocución de aves - Líneas eléctricas - Eoloeléctricas Regional Largo
Generación de gases de efecto invernadero Afectación a especies protegidas
Generación de residuos peligrosos
Generación aguas residuales Generación ruido - Centrales termoeléctricas
- Todos
- Líneas eléctricas - Subestaciones - Centrales de generación
- Termoeléctricas - Geotermoeléctricas Global
Local
Local
Local
Largo Corto → Largo
Largo
Largo
Desplazamiento poblaciones - Hidroeléctricas Local Corto → Largo
veces, estamos tentados a decir que el ambiente está de un lado y las personas del otro lado de la raya. No es así, estamos en el mismo lado, de manera que es muy difícil pensar en impactos ambientales por un lado e impactos sociales por otro. Eso no existe, a pesar de que así los tratemos.
Abundemos en este punto un poquito más. ¿Qué es el impacto ambiental? La ley señala que es la modificación del ambiente, ese que acabamos de explicar, causada por la acción del hombre o de la naturaleza. Solemos ver muchos efectos naturales que modifican el ambiente debido al cambio climático, por ejemplo.
Uno de los asuntos muy ligados al tema es la manifestación de impacto ambiental. La mayoría, supongo, conoce estos documentos. Justo con un documento se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo, en caso de que dicho impacto sea negativo.
El impacto social lo define la Secretaría de Energía (Sener) en estos lineamientos: los posibles cambios y consecuencias, sean positivas o negativas, en la población, resultantes del desarrollo de proyectos capaces de alterar la forma en que las comunidades y los individuos viven, trabajan, se relacionan entre sí, y se organizan para satisfacer sus necesidades, incluyendo aquello que pudiera afectar sus derechos, creencias y valores que rigen y organizan su cosmovisión, su entorno y sus contextos socioeconómicos y culturales.
Esta definición de la Sener no es una ocurrencia, sino que se basa en documentos originales de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto. Esta sostiene que los impactos sociales son cambios en alguno o algunos de los siguientes aspectos de la vida de las personas: en la forma de vida, en su cultura, su comunidad, su sistema político, su ambiente, su salud y bienestar, sus derechos individuales y grupales, sus miedos y aspiraciones.
Aquí importa destacar que la percepción es distinta a la realidad, en la cual pensamos quienes desarrollamos proyectos, incluyendo los ingenieros. Otro ángulo es cómo lo ven las personas que pudieran resultar afectadas por los proyectos de desarrollo.
Una conclusión, resultado de muchos años de experiencia, es que no hay impacto ambiental sin impacto social resultante. Todos los impactos ambientales tienen consecuencias sociales.
En la tabla 1 se enumeran los efectos ambientales debidos a la instalación y operación eléctricas. En la figura aparecen diferentes tipos de proyectos, el impacto general y los efectos espaciales y temporales.
Por ejemplo, la instalación de líneas eléctricas, subestaciones y centrales de generación, es decir, todo el conjunto de instalaciones eléctricas, requiere la remoción de la vegetación, la pérdida de hábitat para la vida silvestre. No importa dónde se haga, el efecto espacial es tanto local como general. A veces, incluso global. El efecto temporal es permanente, es de largo alcance.
El cambio de régimen hidráulico de ríos está asociado con hidroeléctricas, lo que representa un efecto local, pero el efecto temporal es de largo plazo. En la misma tabla se consignan otros impactos ambientales de diversos tipos de proyectos. ¿Cómo se evalúa el impacto ambiental? ¿Qué se hace en México? ¿Qué se hace en el mundo?
En el caso de la evaluación de impacto ambiental (EIA) en México, la primera pregunta que debe formularse es si las leyes establecen que debe realizarse una EIA para un determinado proyecto. Si la respuesta es “No”, ahí termina el asunto. En cambio, si la EIA es obligatoria, el siguiente paso es analizar las opciones disponibles para el proyecto. Una vez definida la opción más conveniente, se practica un análisis detallado de los impactos; se define cuál es el programa de manejo ambiental para reducir, disminuir o eliminar esos impactos, y al final se evalúa la significancia de los impactos residuales. Ese es un asunto discutible en el plano internacional, ¿quién evalúa la significancia de esos impactos? Normalmente lo hace quien se encarga de la evaluación, pero ¿en qué se basan? ¿dónde están los criterios? A veces los criterios no satisfacen al creador del proyecto, aunque muchas veces sí lo hacen. ¿Qué se hace en el mundo? Si se determina que debe hacerse la EIA, antes de analizar la opciones se requiere determinar el objetivo, fase que en México se soslaya. Es decir, se elude el proceso de scouping, el enfoque, el alcance del proyecto. ¿Quién determina qué es lo que se debe estudiar en la manifestación de impacto ambiental (MIA), en la evaluación de impacto ambiental? Esto, lo hacen quienes se encargan de analizar el impacto, quienes analizan el sitio, el área que será impactada. Es decir, se debe incorporar la opinión de quienes acusarán el impacto. Esto no se hace en México.
Después de cumplir todas las fases (análisis de opciones, análisis de impactos, programa de manejo ambiental y evaluación de la significancia de impactos residuales) se prepara la MIA. Esta manifestación de impacto ambiental debe revisarla el desarrollador, el impulsor del proyecto, lo que en la legislación mexicana se denomina el promovente (palabra que en español usual se reemplaza por promotor). Al final, el dueño del proyecto aprueba el contenido de la MIA y se envía la documentación a las autoridades; éstas la analizan y, en su caso, la aprueban de manera condicionada.
Pareciera que ahí termina todo, pero no, hay que darle seguimiento y monitoreo. Esto implica siempre preguntarse ¿los impactos son los previstos o no? Si no lo son, entonces habrá que regresar al análisis de impactos.
En general, los proyectos de infraestructura eléctrica, por ejemplo, y también los energéticos, tienen 30 años de vida. Prever un lapso como ese es muy difícil, por lo tanto es preciso seguir los impactos, darles seguimiento. Esto no se hace en México ni en el resto del mundo. Es un asunto muy importante porque hacerlo nos permitiría aprender a reducir los impactos en nuevos proyectos similares.
Evaluar el posible alcance y los impactos de un proyecto requiere tratar con las personas a las que presumiblemente afectará el proyecto. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó Consultas públicas: el paso a paso; Consulta significativa con las partes interesadas y Evaluación de impacto social; lineamientos para la evaluación y gestión de impactos sociales de proyectos, trabajos indispensables para evaluar el impacto del proyecto y dialogar con la comunidades.
Otro documento clave para la evaluación de impacto ambiental es Principios de la mejor práctica para la evaluación de impacto ambiental, de la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos.
El BID establece cuatro requisitos para lograr consultas públicas efectivas: 1. Conocer el contexto, analizar dónde se desarrollará el proyecto, cuál es el alcance de los impactos ambientales y cuáles son los impactos sociales. 2. Dialogar no es imponer, sino informar a las personas posiblemente afectadas y recibir información de ellas. Dialogar consiste en ponerse de acuerdo, conocer qué hay en ambos sentidos y mapear estos intereses. 3. Planificar, algo que normalmente no hacemos en este país.
No se puede hacer una consulta sin planificarla antes. 4. Preparar la consulta, no es cualquier documento. Hay muchas recomendaciones al respecto, hay que seguirlas; invitar con tiempo a los posibles afectados para que den sus comentarios y después informarles, devolverles la información. Preguntarles si lo que dijeron se ha contemplado en las modificaciones, si lo que propusieron ya estaba contemplado o si sólo lo consideraron tangencialmente, y cerrar entonces el ciclo.
El intercambio de información planteado en el numeral 4 reviste especial importancia para poblaciones indígenas, pues implica, seguramente, hablar en su idioma, algo no muy fácil de hacer, pues hay pocos casos de experiencias en México. En otros países también hay casos semejantes, sobre todo en América Latina, donde hay mucha población indígena.
Con base en dos casos en México y uno en el extranjero, se tratan las respectivas manifestaciones de impacto ambiental (MIA).
Al describir el proyecto de la refinería de Dos Bocas, el gobierno de México se planteaba solucionar estos problemas: • La infraestructura de refinación se ha mantenido sin crecimiento durante casi tres décadas, frente a una demanda interna de petrolíferos que aumenta a tasas de 2.9% anual. • Las importaciones de petrolíferos, fundamentalmente de gasolinas, se han incrementado en aproximadamente 70% de los combustibles vendidos a nivel nacional, lo que representa un factor de riesgo para la seguridad energética del país.
El gobierno de la República presentaba estas razones de por qué se eligió Dos Bocas: • Cercanía de almacenamiento y distribución de crudo. • Cercanía con los sistemas de distribución de productos.
Marco de referencia estratégico (MRE)
Programa Programas regionales
Evaluación ambiental estratégica (EAE)
Desmantelamiento
• No se requiere desarrollar infraestructura externa para enviar productos hacia el Valle de México. • Facilidad de acceso para instalar equipos pesados en la construcción. • El terreno en el que se construirá la refinería es propiedad federal.
Los beneficios esperados de la nueva refinería incluían, según los planes del gobierno mexicano: • Contribuir en la recuperación de la autosuficiencia energética de México. • Aumentar la producción nacional de gasolinas y diésel. • Garantizar el abasto permanente, eficiente, oportuno y sustentable de petrolíferos. • Detonar el desarrollo económico en el sureste de México. • Contar con combustibles más limpios al producir gasolinas y diésel de ultrabajo azufre (UBA). • Impacto positivo en la industria y sociedad mexicanas, debido al incremento de demanda de empleos e infraestructura. ¿Qué ha ocurrido? Una nota periodística de julio de 2019 informaba que la Sener había adjudicado contratos para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Al final de la nota podía leerse que la nueva refinería “tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles de petróleo, una vez concluidas las plataformas y terracerías que se encuentran en ejecución”. En ese momento ya se encontraban en ejecución, pero no fue hasta agosto de 2019 que se emitió la autorización desde la Semarnat, de manera que se estaba incumpliendo la regla.
Entre 2017 y 2021 acabaron con unas 80 ha de manglar. ¿Cuál fue la sanción?: 14 millones de pesos. Según la MIA correspondiente, estas serían obras asociadas, acerca de las cuales en la MIA respectiva tenía que “ubicar espacial-
mente en la región la distribución de las obras y/o actividades incluyendo las asociadas y/o provisionales (especificar las coordenadas en una lista)”, disposición que no fue respetada. El hoy cancelado proyecto hidroeléctrico de La Parota causó protestas de los habitantes de diversas comunidades, ya que se oponían a la construcción de la presa. El proyecto necesitaba inundar 17 mil hectáreas (170 millones Figura 1. Herramientas de planificación sustentable de proyectos. de metros cuadrados) de selva mediana y baja caducifolia, tierras de cultivo, carreteras y puentes; significaría el desalojo de 25 mil personas y la afectación de más de 75 mil campesinos río abajo, además de que el cierre del cauce del río dejaría sin agua por varios años al puerto de Acapulco. Se violaron los derechos a la información y la consulta. La CFE no informó a los comuneros y ejidatarios sobre el proyecto y, por ende, ejecutó obras sin haber obtenido los permisos de las asambleas respectivas, con lo que infringió la Ley Agraria. No contaron además con la autorización previa de la Semarnat relativa al cambio de uso del suelo. Ante este panorama, informamos a la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la gravedad de la situación. Proporcionamos la información recabada, pero alguien de arriba dijo: “No, no hagan ruido, déjenlo así, hagan nada más como que vamos a hacer unos estudios”. El caso de la explosión del pozo Macondo de Deepwater Horizon ejemplifica un mal estudio de riesgo. El Servicio de Manejo de Riesgos de Estados Unidos había declarado que las posibilidades de una explosión eran menores de 1%. British Petroleum calculó que, en el peor de los casos, el derrame sería de 162 mil barriles diarios, casi tres veces el caudal que se derramó; la petrolera afirmaba que podría recuperar hasta 500 mil barriles diarios utilizando tecnología estándar, y que el peor derrame causaría daños mínimos a la pesca y la vida marina en el Golfo de México, incluyendo morsas, nutrias y leones marinos. Además de que no hay morsas, nutrias ni leones marinos en el Golfo, el plan de la British Petroleum también incluía, para casos de emergencia, a un biólogo marino muerto hacía años y daba la dirección de un lugar de entretenimiento en Japón como sitio de abasto para adquirir equipo de respuesta para los derrames. Por último, en el diagrama de la figura 1 se muestran las diversas fases necesarias para la planificación sustentable de proyectos energéticos.
Diseño Operación Construcción Monitoreo de EIA y EAE Selección de sitios / trayectos Evaluación de impacto ambiental (EIA)
MIA