Trabajo historia de la seguridad iicopia

REPUBLICA BOLIVARINA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD UNES-Sede-Catia Licenciatura en Investigaciรณn Penal Grupo 2-F ambiente 14

2017

PROFESOR PARRA MARIELA

HISTORIA DE LA SEGURIDAD

INTEGRANTES: AGUILAR LEONARDO C.I-V-13.734.201 GONZALEZ HOLLIES C.I.V-11.559.315 ACOSTA CESAR C.I.V-16.223.845 MORALES FELIX C.I.V-16.857.194 JOSE MORENO C.I.V-18.110.186

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INDICE

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………..Pág. 2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SEGURIDAD POLICIAL EN VENEZUELA (IDEOLOGÍA Y APARATOS) EN LA MODERNIDAD, SIGLOS XVI Y PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX. ………………………...Pág.3 DE DONDE VIENE LA POLICIA EN VENEZUELA………………………………...Pág. 6 SIGLO XIX (VENEZUELA) …………………………………………………………………Pág.7 SIGLO XX (VENEZUELA) ………………………………………………………………...Pág.9 IDEOLOGIA Y APARATOS EN LA MODERNIDAD…………………… ….…….Pág.10 ORDEN PÚBLICO, CONFLICTO SOCIAL Y SEGURIDAD, TENDENCIAS DURANTE LAS DECADAS RECIENTES……………………………………………..Pág.12 CONCLUSIÓN……………………………………………………….……………………….Pág16 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………..Pág.17

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INTRODUCCIÓN Se intenta hacer una reconstrucción histórico-política del surgimiento y temprano desarrollo del aparato policial venezolano. No se trata de una historia sobre “la policía” como función o como cuerpo (aunque se puede hacer referencia ocasionalmente a ella bajo este enfoque), sino como fuente de poder dentro del Estado, como aparato policial.

A diferencia de los tradicionales enfoques (jurídico y criminológico) que estudian la policía en función del delito y la criminalidad en un tiempo y territorio determinados, un enfoque sociopolítico permite estudiar la policía como parte integrante de los instrumentos de control del Estado, como instrumento clave para el ejercicio del poder (pues es allí cuando se configura como aparato) y, por ello, constituye un enfoque que permite identificarla como un mecanismo que cambia y utiliza diversas estrategias según las demandas y necesidades del sistema político y del modelo de Estado en el cual le corresponda ejercer el control penal.

A riesgo seguro de incurrir en omisiones y simplificaciones históricas, se tomarán algunos eventos que se considera han marcado el nacimiento y desarrollo de este aparato, con la finalidad de develar su dimensión política. Tomar la policía como objeto de reflexión sociológica y política, resulta un ejercicio imprescindible pero no sencillo, sobre todo por las dificultades que se presentan al tratar de vincular la policía con el Estado, pues la policía ha sido –y sigue siendo– un buen revelador de éste, y eso la ha revestido de cierta complejidad –y hasta confidencialidad– que no ha facilitado su estudio.

Para cumplir esta tarea, es necesario identificar los orígenes del poder político y del mismo Estado moderno, pues la idea de aparato policial está íntimamente relacionada con ambos.

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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SEGURIDAD POLICIAL EN VENEZUELA (IDEOLOGÍA Y APARATOS) EN LA MODERNIDAD, SIGLOS XVI Y PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX. Si hay algo que debe ser conocido actualmente por la sociedad venezolana, es la historia de una de las instituciones que a lo largo del tiempo ha jugado un papel de primer orden en torno al tema de la seguridad ciudadana. Es por ello que a través de esta breve disertación trataremos de explicar a groso modo, cómo fue el proceso de génesis, desarrollo y consolidación de la policía en Venezuela.

En primer lugar, hay que destacar que la seguridad ciudadana no es nada novedosa, y además no está limitada a los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional (que por supuesto, no dejan de ser importantes). En segundo lugar, la actual crisis que atraviesa Venezuela con respecto a la seguridad tiene sus raíces históricas en la política desarrollada en esa materia.

Desde el momento en que se iniciaron los cuerpos policiales en las primeras tres décadas del siglo XIX en Venezuela, la intervención política no ha estado al margen de dicho acontecer; de hecho, los primeros cuerpos de seguridad estuvieron bajo la jurisdicción del cabildo de cada municipio y los cuerpos más poderosos eran milicias irregulares. Al respecto, Mark Ungar en su investigación titulada: La Policía Venezolana: El Camino Peligroso de la Politización (2003) advierte que: “Las primeras leyes policiales hicieron una distinción entre policía ‘menor’, concebida dentro de la tradición colonial de asuntos locales, y la policía ‘mayor’, pensada para controlar el orden público y político”. .

De allí que actualmente existan los distintos cuerpos policiales (Policía Nacional, Policía Estadal y Policía Municipal) y que además obedecen al perfil ideológico y político de quien los haya creado. EL PROPIO SIMÓN BOLÍVAR PROMULGÓ UN DECRETO EN 1819, delegando responsabilidades del poder mayor al comando militar de cada estado, y a los gobernadores el poder menor. Sin embargo, al examinar las funciones policiales en su devenir histórico se observa que las mismas han sido malinterpretadas y utilizadas como instrumentos de represión y chantaje; de tal manera que en la mentalidad del venezolano se fue fraguando una suerte de rechazo hacia el funcionario policial. Un ejemplo importante de ello es que durante el gobierno de JUAN VICENTE GÓMEZ (1908-1935) se buscaron mecanismos para centralizar el poder policial, no para salvaguardar los intereses del pueblo, sino más bien para obedecer a Página 3

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los intereses políticos y represivos del caudillo; de modo que se crea La Sagrada en 1915, que según Gilda Núñez en su trabajo Orígenes y Desarrollo del Aparato Policial Venezolano(2006) es definida como “…UNA POLICÍA SECRETA, CENTRALIZADA, POLITIZADA, CONSAGRADA AL MANTENIMIENTO Y LA SUPERVIVENCIA DEL GOBIERNO GOMECISTA (…). A través de la información recaudada por los agentes de La Sagrada, se lograba un control más amplio a través del cual era posible detectar y reprimir a los enemigos políticos que pudieran amenazar con alterar el orden.” Luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, no tardó en desaparecer ese cuerpo policial. Entre 1935 y 1958, numerosos elementos van a caracterizar a la policía en Venezuela; tal es el caso de la “…centralización de la policía bajo el control del Ejecutivo, en un marco militar y sin distinción adecuada entre los poderes investigativos de la policía y el poder judicial”. En 1941 se crea la Dirección Central de Investigación Nacional; el 16 de Julio de 1944 fue decretado el día del Policía, coincidiendo con el día de la Virgen del Carmen, y en 1952 fue creada “Seguridad Nacional” como instrumento de represión y subordinada a los intereses del gobierno perezjimenista.

Con la doctrina política de Rómulo Betancourt (1959-1964) la policía fue utilizada para combatir el crimen y la insurgencia izquierdista de una sociedad politizada. A tales efectos, se le dio el ejecútese a la Ley de Vagos y Maleantes, la cual era una “Copia de una ley fascista española” que los gobiernos autoritarios la promulgaron en 1939 y la fortalecieron en 1943 y 1956”. De cualquier forma, así ha venido transitando la policía venezolana, desconociendo sus competencias e inclusive ajenos a sus funciones más elementales, hasta llegar a la actualidad; en donde están obteniendo la oportunidad de formarse como funcionarios de carrera, al servicio de la ciudadanía, con valores humanos, con un pensamiento crítico y reflexivo y aún a sabiendas que ponen en riesgo sus propias vidas.

De allí esta breve reflexión que hacemos para reivindicar a los “Héroes de Azul”, quienes día a día trabajan para combatir el flagelo de la inseguridad, a la vez que forman parte importante de la sociedad venezolana en el resguardo de la población, indistintamente de las condiciones socioeconómicas, como otrora develaron parcialidad ante los hechos delictivos.

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DE DONDE VIENE LA POLICIA EN VENEZUELA La policía, considerada como un cuerpo organizado que está a la disposición de las autoridades civiles para velar por el orden público así como para proteger la seguridad personal y los bienes de los integrantes de una comunidad, no se estableció como tal durante los primeros siglos del período colonial. Entonces la palabra policía no evocaba la imagen de un cuerpo armado especializado, similar a los que hoy existen; más bien, respondiendo a su origen etimológico, del griego politeia, de polis, ciudad, definía la vida ordenada y regularizada de un centro poblado mediante el cumplimiento por sus habitantes y transeúntes de las ordenanzas y disposiciones emanadas de las autoridades correspondientes. Policía era la función, no el órgano. Y esa función no se limitaba al orden público, sino que comprendía también muchos otros aspectos: la exactitud de los pesos y medidas; el aseo de calles, plazas y fachadas; la eliminación de desechos; el libre tránsito por las vías públicas; la captura de animales realengos; el abastecimiento de los alimentos y productos esenciales; la fijación de precios en épocas de escasez; la protección de la salud pública; la designación de los vecinos a quienes les correspondía matar reses, cuando no había matadero; el aprovisionamiento de agua potable; el alumbrado público; la organización de fiestas votivas o cívicas, y otras muchas facetas de la compleja vida comunal, que comprendían también el arresto de los delincuentes, el mantenimiento de cárceles seguras y la persecución de actividades ilícitas o inmorales como los juegos de envite y azar y la prostitución.

De manera que en la Venezuela de los siglos XVI y XVII y hasta las últimas décadas del XVIII, en los centros poblados las actividades que más tarde se encomendaron a la policía estaban entremezcladas con muchas otras que, en su conjunto, equivalían al buen gobierno de una población. A medida que las ciudades fueron creciendo y su vecindario aumentó, se nombraron alcaldes de la Santa Hermandad, alguaciles y alcaldes y cabos de presos, cuyas funciones específicas fueron las de celar para impedir delitos, arrestar a los delincuentes y vigilar las cárceles para que no escaparan los allí detenidos. En la jurisdicción eclesiástica existieron desde el siglo XVII comisarios y alguaciles del Santo Oficio de la Inquisición en algunas de las principales poblaciones como Caracas, La Guaira, Valencia, entre otras. Otro sentido de la palabra «policía» en aquellos tiempos, designaba a la buena crianza, la educación y cortesía; lo que más tarde se llamó también urbanidad, voz ésta que, igual que «policía», tenía en su raíz etimológica a la urbe latina, la ciudad. Se consideraba que los citadinos eran más educados y tenían mejores costumbres que los rústicos del campo. Por esto, en reales cédulas y otros documentos de los siglos XVI y XVII se menciona la conveniencia de «reducir a los indios a policía», es decir, según el concepto de la época, educados, civilizados, hacer que

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adoptasen los hábitos de vida europeos. Una de las actividades que más se asemejaban a las de un cuerpo de policía fueron las de las patrullas de milicianos blancos o pardos que se formaban esporádicamente para perseguir esclavos fugitivos. Al principio se desbandaban una vez terminada su misión, pero a medida que las cumbes y cimarroneras aumentaron, estas patrullas se convirtieron en permanentes, sobre todo en poblaciones del llano o de sus zonas colindantes como San Sebastián de los Reyes, San Carlos, Barinas, Calabozo. El abigeato, endémico en esos lugares, hizo que a partir de 1772 esas patrullas, rondas o cuadrillas, pagadas a prorrata por los propios ganaderos, se multiplicasen e institucionalizasen como una policía montada rural, bajo la inspección de los jueces de llanos.

Estos últimos existían desde la década de 1720. Al comienzo sus funciones consistían, principalmente, en procurar que el ganado orejón se distribuyese equitativamente entre los dueños de hatos, que éstos no hicieren matanzas indiscriminadas y que hubiera armonía entre ellos, pero al aumentar el abigeato realizado por grupos de cuatreros blancos, indios, negros, mestizos y mulatos, los jueces de llanos tuvieron que asumir una actitud más represiva. Por la Ordenanza de Llanos del 29 de enero de 1794, se constituían cuadrillas a caballo de 6 hombres cada una, al mando de un cabo que debía ser «persona blanca de conocida hombría de bien» y saber leer y escribir. Además, en las principales poblaciones de la zona había una cárcel «con calabozos de la mayor fortaleza», cubierta de tejas y vigilada por una guardia a pie de 4 hombres y un cabo. Esta organización subsistió hasta que la crisis de la independencia vino a dislocarla, a pesar de que la Sección Legislativa de Caracas del Congreso Constituyente la reiteró en 1811 con algunas modificaciones.

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SIGLO XIX (VENEZUELA) Los intentos pro-independentistas de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX (conspiración de Gual y España, desembarco de Francisco de Miranda; conspiración de los mantuanos) motivaron la aparición de una especie de policía política. Por lo poco que de ella puede saberse, no era un cuerpo organizado, sino individuos aislados de quienes los sucesivos gobernadores Pedro Carbonell, Manuel Guevara Vasconcelos, Juan de Casas y Vicente de Emparan y Orbe se valieron para vigilar y denunciar a quienes conspiraban a favor de la Independencia. A esos agentes secretos se les llamaba, en el lenguaje de la época, «disfrazados». Desde ese momento hasta 1830 los 3 conceptos de policía van a estar presentes; seguirá hablándose de policía con el sentido originario de organización y desarrollo de las actividades de la vida cotidiana municipal; los alcaldes celadores de barrio creados en Caracas en 1778, también ejercerán funciones de policía común, dedicada a la prevención del delito y a la persecución de los delincuentes; finalmente, existirá la policía política, secreta, cuyas actividades se expandirán y fortalecerán, tanto entre los realistas como entre los republicanos, durante la Guerra de la Independencia. Una de las primeras medidas adoptadas por la Junta de Gobierno de Caracas constituida a raíz del 19 de abril de 1810 fue la creación de un cuerpo que se llamó Tribunal de Policía, presidido por Bartolomé Blandín, cuyas funciones eran, según la disposición que lo establecía, «…entender en los abastos, pesos, medidas, alumbrado, aumento y conservación de propios y propagación de la vacuna…» Es decir, actividades de policía, en el primero de los sentidos de esta palabra, que anteriormente correspondían al Cabildo; como éste se había convertido (ampliado) en Junta de Gobierno, se descargaba de una parte de sus atribuciones en el Tribunal de Policía. A fin de llevar a cabo las funciones de vigilancia y preservación del orden público, tanto en lo concerniente a los delitos comunes como a las actividades subversivas contra el régimen apenas instaurado, la Junta de Gobierno creó en su propio seno, el 18 de junio de 1810, un Tribunal de Seguridad Pública constituido por Isidoro Antonio López Méndez, Rafael González y José Félix Ribas, con Mariano de la Cova como fiscal y José Tomás Santana como escribanosecretario. Durante las décadas de 1810 y 1820, diversas autoridades, tanto republicanas como realistas, dictan e imprimen bandos de buen gobierno y reglamentos de policía, en los cuales se establecen normas para el buen desenvolvimiento de la vida cotidiana en campos y ciudades, y a la vez se adoptan medidas de seguridad pública, tanto para enfrentar al hampa común como para perseguir o neutralizar a los adversarios políticos. Entre estos documentos se destacan el Bando de Policía firmado en Caracas el 29 de enero de 1811 por Carlos Cornejo, quien era entonces escribano-secretario del Tribunal de Policía que desempeñaba funciones de autoridad municipal. El 11 de noviembre del mismo año, el propio Cornejo firma en Caracas otro impreso, titulado Reglamento de los zeladores de Policía, formado para el mejor régimen

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de esta ciudad por el Ilustre Concejo Municipal y aprobado por el Supremo Poder Ejecutivo. Estos zeladores (o celadores) tenían actividades similares a los alcaldes celadores de barrio de 1778, pero ahora había uno en cada cuadra (o manzana) de la ciudad. La diferencia entre la que en 1812 empezó a ser llamada policía menor (la que se ocupaba del régimen municipal) y la alta policía política se refleja durante la Primera República en textos como la Constitución Provincial de Barcelona de comienzos de 1812, donde en el artículo relativo a los «abastos y otras incumbencias de la municipalidad» tales incumbencias son repetidamente mencionadas como policía menor. Durante el predominio realista en Caracas el gobernador y capitán general Salvador de Moxó dicta en 1815 un Reglamento general de policía para las provincias de Venezuela, que difunde a través de varios números de la Gaceta de Caracas y publica también en un folleto.

Después de la liberación de Guayana el general Simón Bolívar dicta un decreto el 6 de octubre de 1817 que restablece la Municipalidad de Angostura, a fin de que exista «una administración regular de policía municipal». A comienzos del año siguiente, en la misma ciudad, Juan Vicente Cardoso, gobernador político de Guayana y presidente de la Municipalidad de Angostura, emite un bando de gobierno en el cual, como ocurría en ese tipo de documentos, los artículos relativos a la salvaguarda del orden público y la persecución de malhechores se alternan con los que tratan sobre cementerios, alumbrados, blasfemias, limosneros, entre otros asuntos. La diferencia más precisa figura ya en el decreto expedido por el Libertador en Bogotá el 17 de agosto de 1819, donde a los gobernadores comandantes generales de cada provincia (militares) se les encomendaba especialmente la alta policía y a los gobernadores políticos (civiles) se les conferían, entre otras atribuciones, las de «jueces de primera instancia y jefes de la baja policía», es decir, de la policía común. Concluida la guerra y restablecido el orden civil, la Municipalidad de Caracas (como las otras de Venezuela) dicta regularmente, a comienzos de cada año, bandos de policía cuyas disposiciones suelen variar muy poco de un año para otro; el de 1824, por ejemplo, titulado Bando de Policía formado por la muy ilustre Municipalidad de Caracas y suscrito por todos los miembros del cuerpo, encabezados por Francisco Barrutia, comprende 52 artículos. La ciudad queda dividida, en 8 cuarteles (barrios) y se precisa que «en cada cuartel habrá tantos inspectores de policía como cuadras comprenda», sometidos a las órdenes del comisionado de cada barrio, que era un concejal. Aunque no se trataba todavía de funcionarios públicos propiamente dichos, ni mucho menos de policías uniformados que tuviesen como centro de actividades un cuartel o retén policial, eran ya, de hecho, el germen de la policía municipal en el sentido actual. Para todo el ámbito de la Gran Colombia y por consiguiente con vigencia en Venezuela, el Libertador dio en Bogotá el 22 de diciembre de 1827 un decreto que organizaba a la policía ya como un cuerpo orgánico, cuyos jefes debían cuidar «…de la seguridad pública, de la vida, del honor y de los bienes de los ciudadanos…» Los principales capítulos del decreto se referían a la «Policía de seguridad», con 38 artículos, la policía de aseo (4 artículos), la de ornato (5 artículos) y la de Página 8

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salubridad (8 artículos). Todavía estaban reunidos esos diversos aspectos, pero la policía de seguridad, o sea la que hoy entendemos por policía, tenía la primacía. Los jefes de policía usaban ya uniforme, llevaban bastón y espada, y una cucarda nacional en el sombrero. A comienzos de 1828, el general José Antonio Páez, en su calidad de jefe superior civil y militar en Venezuela, dictó un reglamento de policía basado en los lineamientos del decreto del Libertador, y nombró jefe de ese cuerpo al general Juan Bautista Arismendi. En comunicaciones enviadas en mayo de aquel año a Bolívar, Páez le informaba de los resultados obtenidos en la lucha contra el hampa común y contra bandidos-guerrilleros como Dionisio Cisneros. Como jefe de la alta policía, o policía política secreta, Arismendi tuvo una destacada actuación en el decomiso, en octubre de 1828, de unos folletos de propaganda clandestina antibolivariana introducidos desde Curazao por el general Francisco Esteban Gómez, quien fue arrestado. Tuvo también el general Arismendi un importante papel, como jefe policial, en los acontecimientos que a partir de noviembre de 1829 condujeron al desconocimiento de la autoridad del Libertador y luego a la separación de Venezuela de la Gran Colombia.

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SIGLO XX (VENEZUELA) Una vez separada Venezuela de la Gran Colombia, el Congreso de Valencia (1830) dicta una serie de leyes donde se establecen las funciones de los concejos municipales, haciendo mención entre ellas de la organización de la policía como cuerpo encargado de la salubridad, orden, ornato y comodidad pública. El primer esfuerzo para darle coherencia a la organización policial fue la aprobación del Reglamento interior de Policía, cuyo anteproyecto fue presentado al Ejecutivo por el comandante general de la policía, general Hipólito Acosta, en 1888. Paralelamente a la policía uniformada encargada de mantener el orden público y la paz ciudadana, se va a formar, a la llegada del general Juan Vicente Gómez al poder (1908), un cuerpo de policía a caballo, La Sagrada, destinado a mantener el orden político, integrado en su mayoría por andinos, vestidos sin uniforme, llevando un machete en la cintura y un fusil al hombro y que popularmente fueron llamados los «lecheros» o «chácharos». La creación de la Escuela de Aspirantes a Policías, durante el período presidencial del General Eleazar López Contreras (1936-1941), constituyó un avance dentro de la organización del cuerpo policial, permitiendo la capacitación de sus agentes, que hasta 1936, eran en su mayoría analfabetas.

Pero va a ser a partir de 1941, bajo la presidencia del general Isaías Medina Angarita, cuando se comienza a transformar la policía venezolana. Se inician los cursos de formación de agentes, se adquieren uniformes, armamentos y vehículos, estableciéndose un ordenamiento de los aspectos que deben regir las acciones policiales. Sin embargo, dadas las limitaciones del medio, la policía municipal no logró cumplir su verdadero papel en la prevención del delito y la asistencia a la ciudadanía. A raíz del 18 de octubre de 1945, el cuerpo uniformado de la policía municipal quedó disuelto. En agosto de 1946, el gobierno de la Junta Revolucionaria creó la Seguridad Nacional, cuerpo investigador y policía política, con asesoría de la Sûreté Nationale de Francia, cuyo primer director fue Ramón Cordido Salom. Desde sus orígenes, la Seguridad Nacional fue acusada de utilizar métodos violentos de represión, incluyendo la tortura. Con el derrocamiento de Rómulo Gallegos , se inicia un proceso de reorganización de los cuerpos policiales. La policía municipal uniformada es reestructurada y su disciplina es mejorada, pero se va militarizando progresivamente y empieza a ejercer funciones de carácter político que afectan sus objetivos propios. La Seguridad Nacional, reorganizada con la asesoría de Scotland Yard (julio 1949), se convierte, bajo la dirección de Jorge Maldonado Parilli (19491951) y sobre todo, bajo la dirección de Pedro Estrada (1951-1958), en el máximo organismo represivo al servicio del régimen del general Marcos Pérez Jiménez. Una vez derrocado el gobierno de Pérez Jiménez y disuelta la Seguridad Nacional (enero 1958), se inicia la reestructuración de la Policía Municipal. En 1961, llega a Venezuela una misión de Carabineros de Chile para asesorar a la policía; se dictan leyes y ordenanzas, se inauguran nuevas Escuelas de Formación de Agentes y de Formación de Oficiales en diferentes regiones del país. Se crea

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la policía femenina y las brigadas especiales. Todos estas medidas han contribuido a que la policía venezolana, que dejó de depender de los concejos municipales en 1969 y pasó a depender de cada uno de los estados, haya mejorado su grado de tecnificación, cumpliendo, en la medida de sus posibilidades, con las funciones de prevención del delito y el resguardo del orden y la seguridad del ciudadano. Al mismo tiempo, a partir de 1958, se crearon varios organismos policiales cuyas funciones no eran ya de prevención sino de investigación, tales como el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ), adscrito al Ministerio de Justicia, y la Dirección General de Policía (DIGEPOL), adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores; este último, reemplazado por la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policial (DISIP), durante el gobierno de Rafael Caldera en 1969. Cabe señalar la creación, en las décadas de 1970 y de 1980, de unas brigadas especiales de carácter paramilitar, adscritas a la PTJ, a la Disip o a la Guardia Nacional, con funciones especiales para la prevención del delito.

En la década de 1990, acompañando a los procesos de descentralización administrativa y a la elección de las nuevas figuras de los alcaldes, se ha retornado a la municipalización de las policías, comenzando por la ciudad de Caracas. La primera iniciativa se tomó en el municipio autónomo Sucre del estado Miranda (Petare), donde el Concejo Municipal, después de una decisión temprana (27.9. 1990) espoleada por la premura de resolver problemas de orden público, dictó una resolución modificatoria de la ordenanza de Policía Municipal en la Gaceta Municipal Extraordinaria núm. 277 del 3 de agosto de 1992 mediante la cual, a la vez que ratificaba la autonomía para darse su propio cuerpo policial, reglamentó el funcionamiento de éste como órgano dependiente del alcalde. Le siguió el municipio Chacao cuyo Concejo Municipal creó el Instituto de Policía Municipal según Gaceta Municipal Extraordinaria núm. 22 del 15 de marzo de 1993 y lo puso bajo supervisión directa de su alcalde. De inmediato el municipio Baruta seguirá la misma orientación, al crear su propio cuerpo policial según ordenanza publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria núm. 67 del 8 de julio de 1993.

Luego vendrá la del municipio Libertador, creada como Policía Administrativa Municipal según Gaceta núm. 1470-C, del 12 de agosto de 1994 y reglamentada por decreto núm. 73 aparecido en la Gaceta Municipal Extraordinaria núm. 1522 del 15 de junio de 1995, luego vendría la constitución del 99, mas adelante la conarepol, luego la eliminación de la metropolitana y la creación de la nacional...

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IDEOLOGIA Y APARATOS EN LA MODERNIDAD Junto a la inserción del país al mundo capitalista e industrializado del siglo XX, se perfecciona el aparato represivo, creándose por primera vez un ejército “profesional, moderno y bien organizado”, un aparato militar de cobertura nacional que es utilizado para garantizar el orden civil interno y suprimir cualquier intento para derrocar al régimen, un aparato militar que logra destruir los ejércitos privados de los caudillos regionales, funcionando como una importante fuerza de poder político. Si bien este aparato militar no escatimó recursos para impedir manifestaciones populares, patrullar fronteras, reprimir revueltas y alborotos públicos, no era capaz de identificar al disidente individual, al callado conspirador intelectual, al estudiante reformista o al ciudadano desafecto al régimen (Lombardi, 1985).

Eliminado efectivamente el caudillismo y frente a la necesidad de lograr un mayor y más intenso control de personas con fines primordialmente políticos, surge un aparato policial embrionario conocido como “La Sagrada” (1915), una policía secreta, centralizada, politizada, consagrada al mantenimiento y la supervivencia del gobierno gomecista y que escapaba al proceso de burocratización del Estado. A través de la información recaudada por los agentes de “La Sagrada”, se lograba un control más amplio a través del cual era posible detectar y reprimir a los enemigos políticos que pudieran amenazar con alterar el orden. A pesar de que generalmente se le atribuye al Ejército la subsistencia del Gobierno de Gómez, “La Sagrada” juega un importante papel en esta labor, pues a través de sus tácticas represivas y labores de investigación garantizaba la información necesaria para prevenir acciones políticas que vulneraran o pudieran vulnerar la estabilidad del régimen. Bajo un clima de terror, prohibiciones, fuertes castigos y omnipresentes órganos de represión,3 el Estado gobernado por Gómez logró superar situaciones de grave crisis política y garantizar la “paz” y el “orden público” tan necesario para la subsistencia de su gobierno y para la continuidad de las exportaciones petroleras.

La creciente maquinaria represiva del Gobierno sería legitimada por una ideología que erigía el principio de autoridad en fuente de poder, progreso y estabilidad política, la Doctrina del gendarme necesario (1919), cuyo propósito era analizar y justificar el surgimiento del caudillo y la necesidad de su existencia, la necesidad de un “gendarme electivo o hereditario de ojo avizor, de mano dura, que por las vías de hecho inspira el temor y que por el temor mantiene la paz.

Es así como Gómez logró gobernar durante 27 años, decretando leyes para intimidar y reprimir insurgentes y prevenir posibles alteraciones del orden público. No fue sino hasta después de su muerte (1935) cuando fueron proclamadas algunas libertades. A un nuevo gobierno a cargo del Ministro de Guerra y Marina de Gómez –Eleazar López Contreras– le correspondería asegurar el orden interno y mantener la imagen internacional de “estabilidad política” que se conservó durante el gomecismo, pues con ella se garantizaba la exportación del petróleo y se conservaba la confianza de los capitales extranjeros.

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Bajo el lema “calma y cordura” se llamó a la paz, asegurando el fin de la tiranía. Para procurar el consenso, se exaltó la ideología nacionalista, fundamentada en el culto a Bolívar y la glorificación de sus ideales. Para impedir la propagación de algunas doctrinas político-económicas que imperaban a nivel internacional –contrarias al capitalismo–, por vía constitucional se limitó la libertad de pensamiento. El Ejecutivo, habilitado para tomar las medidas necesarias para controlar y reprimir la oposición al Gobierno, decretó una ley para garantizar el orden público y el ejercicio de los derechos individuales (Gaceta Oficial Nº 19.607, de 18 de junio de 1936), que en respuesta a las acciones de los movimientos progresistas políticos y sociales que amenazaban con un cambio radical, regulaba la organización de las reuniones públicas y las asociaciones, prohibía las huelgas con fines políticos y aquellas realizadas por funcionarios y empleados públicos en cualquier ramo de la administración. También, prohibía la propaganda política ilegal (considerando como tal aquella que se realizaba en favor de la abolición de la propiedad privada, lucha de clases, incitación de los obreros contra los patronos, dictadura del proletariado, etc.). En fin, una ley enfocada a garantizar el orden público, entendido como orden político y económico, más que el ejercicio de los derechos individuales.

El mismo año en que se decreta la Ley para garantizar el orden público y el ejercicio de los derechos individuales, se inicia un proceso de desestabilización política que conllevó la suspensión de garantías constitucionales y el endurecimiento de la reacción penal. La criminalización de toda acción política que pretendiera una modificación a la estructura de autoridad, no hacía más que poner en evidencia la estrecha relación entre la legislación y el poder político (o la servidumbre la primera con respecto al segundo). Es así como a través del sistema jurídico penal se logró la instauración de las instituciones, prácticas y procedimientos “legales” para el ejercicio político de la represión y la fuerza. El mismo año en que se decreta la Ley para garantizar el orden público y el ejercicio de los derechos individuales, se inicia un proceso de desestabilización política que conllevó la suspensión de garantías constitucionales y el endurecimiento de la reacción penal. La criminalización de toda acción política que pretendiera una modificación a la estructura de autoridad, no hacía más que poner en evidencia la estrecha relación entre la legislación y el poder político (o la servidumbre la primera con respecto al segundo). Es así como a través del sistema jurídico penal se logró la instauración de las instituciones, prácticas y procedimientos “legales” para el ejercicio político de la represión y la fuerza.

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ORDEN PÚBLICO, CONFLICTO SOCIAL Y SEGURIDAD, TENDENCIAS DURANTE LAS DECADAS RECIENTES Si bien la obtención del monopolio de la violencia física sería pieza clave para el fortalecimiento del Estado moderno (entendido en sentido weberiano), el aparato policial como tal no estaba formalmente desarrollado aún. Hasta las primeras décadas del siglo XX el aparato represivo por excelencia había sido el Ejército Nacional. La policía como aparato represivo del Estado no surgirá sino a partir de su definitiva institucionalización durante el Gobierno de López Contreras, pues los cuerpos policiales aislados y desordenados que funcionaron durante la dictadura gomecista no estaban ni estructural ni funcionalmente organizados. Tampoco estaban preparados para garantizar el mantenimiento del orden interno ni para enfrentarse al conflicto social y político que se estaba generando en la sociedad. Por ello, la necesidad de crear una institución policial que se erigiera principalmente en garante del orden público nacional: un aparato policial.

Cuando luego de la muerte de Gómez desaparece “La Sagrada”, los cuerpos policiales de algunos estados y del Distrito Federal se abocaron al resguardo del orden público. Para ello se crearon oficinas político-sociales, que realizaban labores de policía secreta y de investigaciones, para detectar y reprimir militantes de la izquierda política, pero no existía en ellos una organización para combatir las nuevas fuerzas políticas, ni una formación doctrinaria para darle contenido y justificación a sus actividades. Según Pedro Estrada, jefe de la Sección Político-Social de la Policía de Caracas, estos cuerpos no estaban preparados para la lucha ideológica (Blanco Muñoz, 1983a), y es que esos cuerpos policiales desarticulados no garantizaban la protección de los “intereses nacionales” ni la intervención del Estado en todo el territorio.

La institucionalización, profesionalización y centralización de la función policial era necesaria para salvaguardar el orden público nacional. Según Gabaldón (1999), el tránsito de la larga dictadura a la apertura y flexibilización requería de un control policial centralizado, y es así como en 1937 se decreta la creación del Servicio Nacional de Seguridad (según Gaceta Oficial Nº 20.331 de 4 de agosto de 1937), de carácter cívico-militar, que comprendía la Guardia Nacional (inspirada en la Guardia Civil española y mucho más moderna que la Guardia Nacional venezolana del siglo XIX) y el Cuerpo de Investigación.5 Vale la pena resaltar que a través de este servicio se regulariza la permanencia del control militar en la sociedad.

También, es importante señalar que la Guardia Nacional en Venezuela, creada en 1811 por disposición constitucional (artículo 62 de la Constitución Federal de Venezuela, 1811), fue reestructurada y eliminada en distintas oportunidades durante el siglo XIX, y no obtendrá suficiente importancia ni estabilidad como cuerpo de seguridad del Estado hasta su incorporación al Servicio Nacional de Seguridad, funcionando como importante brazo militar del poder político. Las consecuencias de este nuevo e importante rol marcarán la existencia de una cultura y función policial militarizada, históricamente muy funcional a regímenes autoritarios.

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El Servicio Nacional de Seguridad marcó la pauta en el desarrollo institucional de la policía venezolana, «significó el desarrollo de los cuerpos policiales frecuentemente centralizados, rígidamente jerarquizados, con cobertura en todo el territorio nacional y con estilos militarizados de gestión» (Gabaldón, 1999). Las características del novedoso aparato policial serían la mejor garantía de sumisión jerárquica del conjunto al sistema político, una sumisión basada principalmente en la dependencia orgánica y funcional de la institución policial al poder político gubernamental, creando una estrecha relación entre la policía y el sistema político, según la cual la autoridad que dispone del poder no sólo dicta normas y toma decisiones, sino que ahora más que nunca tiene la capacidad de hacerlas cumplir a través del ejercicio de la función policial y del uso de la fuerza, de ser necesario.

Concebido legalmente como una institución autónoma de carácter apolítico y técnico, el Servicio Nacional de Seguridad es perfeccionado como cuerpo investigador en 1946 (aunque no sufre cambios significativos en su organización) con asesoría de la Seguridad Nacional francesa. Es así como durante el mandato de la Junta Revolucionaria presidida por Rómulo Betancourt, desde la cual se ordena la disolución de las policías municipales que fueron reorganizadas durante el Gobierno de Medina Angarita (1941-1945), surge la Seguridad Nacional, que como aparato policial se distinguirá aún más por su estructura piramidal, altos niveles de burocratización y escasa flexibilidad y permeabilidad ante las exigencias sociales.

En este punto es importante destacar la doble dimensión de la función policial, según la cual, por un lado, se protegerían importantes objetivos para el conjunto social, así como los derechos de las personas reconocidos en la Constitución y las leyes, y por el otro también cumpliría determinados objetivos políticos, a través de la preservación del orden público y el mantenimiento de un grupo en el ejercicio del poder político. Desde este punto de vista, el ejercicio de toda función policial se debate naturalmente entre motivaciones políticas y sociales (Loubet del Bayle, 1998:15), pero será la ruptura de este equilibrio en beneficio de la lógica política, orientada principalmente hacia la protección de las instituciones y autoridades políticas establecidas, lo que, como se tratará más adelante, definirá y consolidará el desarrollo del aparato policial en Venezuela .

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CONCLUSIÓN  El aparato represivo en Venezuela –especialmente el Ejército– surge para garantizar principalmente la seguridad y protección de las instituciones y la autoridad establecida, asegurando por un lado el predominio del poder político y, por el otro, la continuidad de las actividades petroleras y conservación de la confianza de los capitales extranjeros.  La creación de un aparato policial centralizado fue el resultado de una situación social y política caracterizada por fuertes conflictos que amenazaron la estabilidad del poder político, propiciando el desarrollo de un aparato que se adaptaba fácilmente a las políticas contingentes del gobierno nacional y que, convertida en fuerza en sí misma, su prioridad era garantizar el orden público interno y la seguridad de las instituciones del Estado.  Una policía fuertemente centralizada, subordinada al poder político y a la vez convertida en poder mismo, con pocos mecanismos de rendición de cuentas, es susceptible de servir como herramienta del Estado para lograr un absoluto control interno y, específicamente, mantener un control muy estricto sobre las actividades políticas. Se convierte en un aparato que se presenta como una importante fuerza represiva, incluso por encima de los límites establecidos para el ejercicio de tal actividad.  En Venezuela el aparato policial, tanto en dictadura como en democracia, ha respondido con violencia e intimidación ante presiones sociales y políticas, y se ha concentrado en garantizar la estabilidad del régimen político, aun en detrimento de los derechos y garantías civiles y políticos reconocidos constitucionalmente a las personas.  El aparato policial surge en el Estado moderno y sus funciones se han ido definiendo progresivamente, siempre a la par de las necesidades de control.  La historia parece demostrar que esas necesidades de control y, más recientemente, de

gobernabilidad, se han impuesto, y esas mismas necesidades de gobernabilidad (malinterpretadas) han servido de excusa para el mantenimiento del orden en sentido autoritario, privilegiando el statu quo a través del uso irracional de la fuerza ejercida por las instancias de control penal. No es necesario recordar que mientras más autoritario puede ser un gobierno, más predomina el carácter represivo de la policía.

A lo largo de la historia venezolana el aparato policial se ha inventado y reinventado en distintas oportunidades, inclusive bajo el discurso manifiesto de la protección de la seguridad ciudadana y de dar respuesta a las demandas sociales, pero en el fondo Página 16

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pervive el riesgo latente de privilegiar la lógica política y convertirse en instrumento idóneo para el mantenimiento del poder.

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BIBLIOGRAFIA

http://www.elimpulso.com/opinion/opinion-historia-de-la-policia-en-venezuela

http://historiapolicialdevenezuela.blogspot.com/

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-97572006000200005

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