“CRISIS CONSTITUCIONAL” EN ISRAEL

El nuevo gobierno se enfrenta a preocupaciones reformas judiciales

POR DAVID PARSONS, VICEPRESIDENTE DE ICEJ Y VOCERO PRINCIPAL

En vez de un enfrentamiento como se esperaba, las recientes elecciones de Israel terminaron con Benjamín Netanyahu, -el primer ministro con más años de servicio-, asegurando un camino fácil para formar un gobierno de centroderecha gracias a un margen de 64 escaños en la Knesset. Sin embargo, desde que asumió el cargo, el nuevo gobierno se enfrenta a crecientes protestas contra las reformas judiciales propuestas que están sacudiendo los cimientos democráticos de Israel. La acalorada disputa hace que los tres últimos años de estancamiento político casi parezcan «los buenos viejos tiempos».

Sin duda, la mayoría de los israelíes se sintieron aliviados de romper el estancamiento que llevó al país a cinco elecciones en 43 meses, y que un líder fuerte y probado como Netanyahu regresara al poder. Después de todo, existe una tendencia hacia la derecha desde hace tiempo: el 62% de los israelíes se identifican como tal, según un estudio del Instituto de Democracia de Israel.

Para muchos israelíes y extranjeros, hay elementos de la coalición de Netanyahu que son demasiado de derecha. Preocupa especialmente las opiniones intolerantes de ciertos líderes religiosos sobre la minoría árabe, el movimiento LGBTQ e incluso los cristianos. Netanyahu ayudó a la extrema derecha a unirse y ganar legitimidad política, pero seguramente no previó que ganaran 14 escaños en la Knesset convirtiéndose en un jugador muy poderoso.

El nuevo gobierno de Netanyahu ha estado aprobando una serie de leyes para solidificar su posición, con el objetivo de controlar los tribunales. Ellos sienten que el poder judicial liberal ha ido demasiado lejos en su revisión y revocación de leyes y decisiones gubernamentales en los últimos años. El nuevo Ministro de Justicia, Yariv Levin del Likud, anunció una serie de reformas judiciales que la coalición pretende aprobar, incluida una medida que prohíbe a los jueces no electos anular leyes aprobadas por los miembros electos del parlamento. Incluso selección de jueces está sujeta a cambios importantes.

Esto ha provocado pánico en la izquierda, que advierte que estas reformas destruirán la democracia de Israel al paralizar su rama de gobierno más respetada y con más principios. Prometen lanzar un levantamiento nacional mayor que las protestas contra Netanyahu de los últimos años, una amenaza que la derecha califica de “insurrección” e intento de “golpe de estado”.

Este acalorado debate se ha estado gestando desde hace tiempo, cuando los tribunales israelíes comenzaron a desde los años 90 a invalidar leyes de la Knesset sin ninguna autoridad clara para hacerlo. El problema es que el poder judicial no puede declarar una ley como «inconstitucional» porque Israel no tiene constitución. Por lo tanto, no existen controles y equilibrios que regulen las relaciones entre los poderes legislativo y judicial.

Una explicación comúnmente escuchada de la falta de una constitución es que los ultraortodoxos originalmente se opusieron a tal documento porque la Torá debería considerarse la constitución. Pero en realidad fue el fundador de Israel, David Ben Gurión, quien anuló la idea, diciendo que la joven nación estaba preparada para ser un modelo de so- cialismo progresista y no necesitaba un documento legal rígido que obstaculizara el camino a seguir. La derecha dice que la izquierda no debe quejarse, pues la verdadera democracia es dejar que los funcionarios electos tomen las decisiones importantes, y los tribunales solo interpreten las leyes.

En el corazón de la actual «crisis constitucional» hay un estira y afloja sobre el carácter de Israel como estado judío y democrático. Por décadas, el poder judicial liberal, basado en las decisiones judiciales de otras democracias occidentales ha expandido y protegido los derechos de las minorías y las libertades democráticas individuales. Muchos en la derecha ven esto como una extralimitación que está socavando el gobierno de mayoría judía.

La derecha religiosa está preocupada porque recientemente, muchos inmigrantes no son judíos según la ley halájica y, por ello quiere cambiar la Ley del Retorno. Su desconfianza en los tribunales también los llevó a aprobar la polémica Ley Básica sobre Israel como Estado-Nación del Pueblo Judío en 2018, y así recordar a los jueces la parte “judía” de los judíos y la democracia.

La furiosa disputa sobre las reformas judiciales está llegando a un punto crítico. La Corte Suprema de Israel dictaminó que el líder del partido Shas, Arye Deri, no puede servir como ministro debido a sus antecedentes por delitos financieros mientras ocupaba un cargo público. Netanyahu necesita la facción de Deri para mantenerse a flote y debe encontrar una forma de evitar una crisis política o hundir a Israel en una sexta elección anticipada consecutiva.