uruguay: estrategia de país del bid (2000-2004)

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

URUGUAY

DOCUMENTO DE PAÍS

APROBADO COMITÉ DE PROGRAMACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE 2000 APROBADO COMISIÓN GENERAL DEL DIRECTORIO EJECUTIVO: 11 DE OCTUBRE 2000

-i-

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO I.

DESAFÍOS EN MATERIA DE DESARROLLO .......................................................................1 A. B.

II.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DEL BANCO..........................................................................5 A. B. C. D.

III.

Antecedentes Macroeconómicos y Sociales ......................................................1 Principales Desafíos al Desarrollo de Mediano Plazo .......................................2 1.

La consolidación de la estabilidad de precios...........................................2 2.

La recuperación de la competitividad internacional y regional................3 3.

La modernización del Estado y la gobernabilidad....................................3 4.

La mejora en el bienestar y la equidad social ...........................................4

Estrategia Anterior y Examen de los Resultados...............................................5 Política Económica del Gobierno y Perspectivas ..............................................7 Objetivos y Areas de Acción de la Estrategia del Banco ..................................9 Estrategia Propuesta.........................................................................................10 1.

Areas prioritarias ....................................................................................10 2.

Servicios no financieros..........................................................................24 3.

Coordinación de los instrumentos para el sector privado.......................25 4.

Otras agencias multilaterales ..................................................................26 5.

Escenarios de préstamos .........................................................................27 6.

Riesgos en la implantación de la estrategia ............................................28 7.

Seguimiento de la implantación de la estrategia.....................................29

AGENDA PARA EL DIÁLOGO CON EL PAÍS .....................................................................30

- ii -

ANEXOS

ANEXO I

PROGRAMA OPERATIVO 2000-2002

ANEXO II

MATRIZ DE ACCION DEL BANCO EN URUGUAY

- iii SIGLAS Y ABREVIATURAS AFAP BCU BHU BM BPS BROU BSE CAIF CGN CND DGI DINAE DINAMA DIPRODE DNA DNV FMI FOMIN FPP GD IAMCS IMM INIA IPH IVA MIEM MSP MTOP MTSS MVOTMA NBI OSE SIAV TCR TOCAF UE UTE

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional Banco Central del Uruguay Banco Hipotecario del Uruguay Banco Mundial Banco de Previsión Social Banco de la República Oriental del Uruguay Banco de Seguros del Estado Centro de Asistencia a la Infancia y Familia Contaduría General de la Nación Corporación Nacional para el Desarrollo Dirección General Impositiva Dirección Nacional de Empleo Dirección Nacional del Medio Ambiente Dirección de Proyectos de Desarrollo Dirección Nacional de Aduanas Dirección Nacional de Vialidad Fondo Monetario Internacional Fondo Multilateral de Inversiones Facilidad de Preparación de Proyectos Gobierno Departamental Instituciones de Asistencia Médica Colectiva Intendencia Municipal de Montevideo Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Indice de Pobreza Humana Impuesto al Valor Agregado Ministerio de Industria, Energía y Minería Ministerio de Salud Pública Ministerio Transporte y de Obras Públicas Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas Administración de las Obras Sanitarias del Estado Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda Tribunal de Cuentas de la República Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera Unión Europea Administración Nacional de Usinas y Transmisión Eléctrica

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RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

La economía uruguaya tuvo un crecimiento satisfactorio con inflación decreciente durante la década pasada. No obstante, en 1999, la economía experimentó un retroceso por desarrollos adversos en MERCOSUR y en los mercados internacionales de los principales productos de exportación. Esta situación ha puesto en evidencia algunas debilidades de la economía que deberán ser encaradas para reactivar la economía con estabilidad, creando así las condiciones para un crecimiento sostenido del PIB a mediano y largo plazo, en el contexto de la integración regional y de la globalización de los mercados.

Ello permitirá mantener, e incluso mejorar, los altos niveles de desarrollo social ya alcanzados.

Desafíos al desarrollo de mediano plazo

El examen de la economía uruguaya ha permitido identificar cuatro desafíos principales al desarrollo económico y social, sobre los cuales se ha estructurado el análisis y la consiguiente definición de los lineamientos estratégicos para la acción del Banco en el país. Dichos desafíos están muy interrelacionados y, por consiguiente, no se les puede asignar un orden de prelación. Éstos son: ♦ Consolidación de la estabilidad de precios, alcanzada en el marco de sucesivos programas con el FMI, requerirá de la contención del gasto público; la desindexación de tarifas y salarios públicos y privados; y, el incremento de la productividad. ♦ Recuperación de la competitividad internacional y regional para lograr un crecimiento vigoroso de las exportaciones e incentivar la inversión productiva, el crecimiento y la creación de empleo. ♦ Modernización del Estado y la gobernabilidad de manera de racionalizar y reducir su peso en la economía, disminuir su incidencia en los costos de producción de las empresas privadas, y concentrar su gestión en la provisión eficiente de bienes públicos en aquellas áreas donde cuenta con ventajas comparativas. La mejora en las condiciones de gobernabilidad requiere también la modernización del sistema de justicia, como garante de los derechos individuales. ♦ Mejora en el bienestar y la equidad social a través de medidas que contribuyan a: disminuir la desocupación; expandir el acceso a la salud y la educación de pre-primaria y escuelas de tiempo completo; mejorar los niveles de aprendizaje y reducir la repetición y deserción en secundaria; mejorar las condiciones de vida en los asentamientos irregulares; atender a los sectores más vulnerables con programas sociales focalizados, enfatizando proyectos de atención de la infancia y las familias de bajos ingresos.

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Política económica del Gobierno

La política económica del nuevo Gobierno tiene dos vertientes. Una, de estabilización de corto plazo y otra de mediano plazo. Para el corto plazo, las autoridades han elaborado un programa económico, el cual sería apoyado por el Fondo Monetario Internacional dentro de un acuerdo de contingencia por un período de 22 meses hasta diciembre de 2001. Dentro de este programa, el ajuste fiscal se centra principalmente en un recorte del gasto público y en una recuperación de la recaudación. El programa de mediano plazo se plasma en el Presupuesto Quinquenal que abarca el período 2000-2004. El énfasis se coloca en promover una mayor competitividad de las exportaciones como mecanismo impulsor del desarrollo del país; en continuar el proceso de modernización de la economía; y en un programa de inversiones que atiende las necesidades de los sectores sociales y de infraestructura económica.

Objetivo de la Estrategia del Banco

Consistente con el programa económico del Gobierno, la Estrategia del Banco para Uruguay tiene como objetivo principal apoyar al Gobierno en su esfuerzo para lograr, dentro de un marco de estabilidad macroeconómica, un crecimiento sostenido, liderado por las exportaciones, y que a su vez permita mejorar la equidad social.

Componentes de la Estrategia

De acuerdo con la situación macroeconómica del país evidenciada durante 1999 y los lineamientos de política económica y social del Gobierno para los próximos años, las áreas prioritarias para la acción del Banco se concentran en: ♦ Apoyar iniciativas que aumenten la competitividad de la producción nacional en el ámbito regional e internacional y promuevan la inversión privada sobre la base de una producción sustentada en sus ventajas comparativas y en la incorporación de tecnología moderna con vistas a crear condiciones de sana competencia que permitan una mayor inserción en los mercados regionales e internacionales. ♦ Apoyar la profundización del proceso de transformación y modernización del Estado y la introducción de mejoras en la gobernabilidad para reducir su peso en la economía; aumentar su eficiencia; racionalizar y focalizar su intervención; y disminuir su incidencia en la producción nacional de bienes y servicios. ♦ Apoyar los esfuerzos para mejorar el bienestar social y aumentar la equidad, incorporando a los grupos más vulnerables al proceso de desarrollo y a una mejor calidad de vida. Concretamente, se priorizarán los sectores de educación y salud, desarrollando redes de protección social vinculadas a la familia, en particular en los sectores más pobres. Asimismo, se continuará el apoyo a las acciones en ejecución en materia de seguridad ciudadana, vivienda, saneamiento y abastecimiento de agua potable.

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Escenarios de préstamos

Consistente con los niveles de aprobaciones del período 1995-1999 y con las restricciones de endeudamiento externo impuestas por el Gobierno se ha establecido un escenario básico de financiamiento de US$1.000 millones para el quinquenio 2000-2004, similar al monto aprobado por el Banco en el período anterior. El Programa Operativo acordado con las autoridades uruguayas concentra significativamente el financiamiento del Banco en los primeros tres años, en los cuales se aprobarían operaciones por un monto de US$850 millones.

En caso que el proceso de ajuste y de reforma estructural lo requiera se ha supuesto un escenario alternativo de préstamos superior de US$1.200 millones.

Temas para el diálogo con el país

La efectiva implantación de la Estrategia del Banco en Uruguay requerirá mantener un diálogo continuo con las autoridades sobre cada una de las áreas prioritarias de acción. Este diálogo se llevará a cabo por medio de: el ejercicio anual de programación y revisión de cartera; la preparación de operaciones específicas; la realización de seminarios y talleres sobre temas relevantes del Programa Económico del Gobierno; y la discusión de las conclusiones de estudios sectoriales.

Proceso de consulta

Durante la elaboración del Documento de País se sostuvieron consultas periódicas con las autoridades uruguayas, discusiones con economistas del sector privado y reuniones de trabajo con los profesionales del Banco Mundial encargados de preparar, para Uruguay, la Estrategia de Asistencia de País (CAS) así como se mantuvieron contactos con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional.

Programa Operativo 20002002

Las autoridades uruguayas manifestaron su acuerdo con el Documento de País y las áreas que el Banco dará prioridad durante el período 2000-2004, las cuales son compatibles con los objetivos del programa económico del Gobierno. En el marco definido por la Estrategia del Banco, los requerimientos de financiamiento externo del país y los límites de endeudamiento fijados por las autoridades uruguayas para el período, se concretó el Programa Operativo dirigido a fortalecer el proceso de inversión y crecimiento de la economía, a la vez que se presta atención a los programas sociales. El Programa Operativo refleja mayoritariamente continuidad de las acciones iniciadas durante el período 1995-1999.

-1I.

DESAFÍOS EN MATERIA DE DESARROLLO

A.

Antecedentes Macroeconómicos y Sociales

1.1

La economía uruguaya tuvo un crecimiento satisfactorio con inflación decreciente durante la pasada década. La política anti-inflacionaria fue Aspectos sociales. Uruguay tiene características demográficas similares a las de los países industriales, una población en proceso de exitosa al reducir la tasa de envejecimiento (13% de la población es mayor de 65 años) y el ingreso aumento de los precios de tres per cápita, de US$6.180, es elevado en relación con el promedio de la región. Asimismo, el país tiene un elevado nivel de desarrollo social, dígitos en 1990 a un dígito en como señalan el Indice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones 1999, utilizando el tipo de cambio Unidas (1997), el Indice de Pobreza Humana (IPH), y el Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El IDH, sobre la base de tres como ancla nominal del sistema de factores: salud y longevidad, (expectativa de vida); educación precios y ejerciendo un control (alfabetización y años de escolaridad); y calidad de vida (PIB per cápita), ubica al país en el tercer lugar en América Latina. El IPH, el estricto sobre las finanzas públicas. cual combina la vulnerabilidad de la muerte a temprana edad, el Particularmente importante fue el analfabetismo y el nivel de acceso a servicios de salud, agua potable y alimentación, otorga al Uruguay el nivel más bajo de pobreza en ajuste fiscal de 1995 y el América Latina, de 4% de la población. Asimismo, el NBI, que mide reordenamiento financiero del el número de hogares por debajo del umbral de la pobreza, se redujo de 10% en 1984 a 6,5% en 1998. Por otra parte, el Indice de Carencias sector público.

El manejo Críticas, que añade al NBI el acceso de los hogares a la electricidad y prudente de las finanzas públicas y cobertura médica, disminuyó de 24% en 1991 a 18% en 1998. No obstante estos avances favorables, todavía subsisten focos de pobreza y un entorno externo favorable marginalidad que requieren una atención especial en los próximos años. permitieron lograr un crecimiento Indicadores Sociales Básicos real del Producto Interno Bruto Población (millones, 1998) 3,2 (PIB) de 3% anual promedio (>60 años en %, 1998) 17,1 Población durante el mismo período. Sin 24,9 Población (<15 años en %, 1998) embargo, la apreciación real efectiva del peso empeoró la 0,6 Tasa anual de crecimiento (1989-1998) competitividad de los sectores 16,4 Mortalidad infantil (tasa/1000 nacidos vivos) productivos en un ambiente de 0,43 Coeficiente de Gini (1998) mayor apertura al exterior, con lo 108,8 Tasa bruta de matrícula primaria, 1996 que el déficit en cuenta corriente Tasa bruta de matrícula secundaria, ciclo básico, 1996 84,3 de la balanza de pagos aumentó a Promedio años de escolaridad, 1995 7,0 lo largo del período.

1.2

Al final de la década la situación económica se deterioró. El PIB real se contrajo 3,4% en 1999, debido a la caída de la demanda externa y la baja en los precios de los productos básicos de exportación. Esto, a su vez, ha reflejado el efecto de las crisis financieras del sudeste asiático y de Rusia en 1998, así como la contracción de las exportaciones a MERCOSUR, ocasionada por la devaluación del Real en Brasil y la recesión de la economía argentina. La fuerte caída de las exportaciones incrementó el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual llegó a 2,9% del PIB. El déficit del sector público se deterioró a 3,9% del PIB principalmente debido a la fuerte caída de los ingresos. En este contexto recesivo, la inflación continuó su tendencia descendente, alcanzando al 4,2% a fines del año, por la caída más acelerada en los precios de los bienes transables, resultado de la menor demanda externa, vis-à-vis los bienes no transables. De esta manera, se logró la meta inflacionaria sin tener que reducir el ritmo de devaluación anual, facilitando así una pequeña recuperación del tipo de cambio real.

-21.3

Con una visión de mediano y largo plazo, y en el contexto de la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, el Gobierno, desde 1995, ha estado llevando a cabo un programa de reformas estructurales, entre las que sobresalen las de: (i) la administración central que buscó mejorar su eficiencia y eficacia; (ii) la seguridad social que buscó modificar el régimen vigente de reparto por un sistema mixto de dos pilares, de reparto y de ahorro individual, intentando disminuir en el largo plazo el déficit de la seguridad social y mejorar la equidad del sistema, y generando ahorro privado de largo plazo; y (iii) la educación, que persiguió mejorar su eficiencia, calidad y cobertura.

Indicadores Básicos Macroeconómicos

1995

1996

1997

1998

1999

PIB real (tasa de crecimiento)

-1,3

5,6

4,8

4,4

-3,4

Inflación (%, fin del período)

35,4

24,3

15,2

8,6

4,2

Déficit Sector Público ((% del PIB)

-1,7

-1,5

-1,3

-0,9

-3,9

-212.5

-233.4

-287.4

-475.5

-636.0

-563.0

-686.9

-704.4

-758.9

-831.0

29,5

30,9

33,6

36,5

41,6

24,3

17,0

17,4

26,9

25,0

-2,9

0,7

0,2

1,8

1,6

Tipo cambio real efectivo. (1995=100; Apr.+)

100,0

101,4

106,7

108,8

112,4

Tipo de cambio (peso/US$)

6,352

7,975

9,446

10,472

11,340

Déficit Cuenta Corriente BOP (US$ mill.)

Saldo Balanza Comercial (US$ mill., Déficit -) Deuda Externa Total/ PIB Servicio Deuda/Exportaciones BySNF Salario Real (%)

Fuente: BCU, BM,FMI y estimaciones BID

B.

Principales Desafíos al Desarrollo de Mediano Plazo

1.4

La reciente evolución de la economía uruguaya ha puesto en evidencia algunos problemas que se analizan a continuación. Estos deberán ser encarados para mantener la estabilidad macroeconómica, reactivar la economía y generar las condiciones para un crecimiento sostenido del PIB a mediano y largo plazo, en el contexto de la integración regional y de la globalización de los mercados. Dicho crecimiento deberá, asimismo, permitir mitigar los efectos de corto plazo de la globalización sobre el mercado laboral, y a la vez contribuir a aumentar la equidad social.

1.5

En este contexto, los principales desafíos identificados están estrechamente interrelacionados y, en consecuencia, su listado no indica un orden de prelación. Estos son: (i) la consolidación de la estabilidad de precios; (ii) la recuperación de la capacidad de competir en los mercados externos para generar un crecimiento sostenido de la economía; (iii) la modernización del Estado y la gobernabilidad; y (iv) la mejora de la equidad social, extendiendo los beneficios del crecimiento económico a toda la sociedad, especialmente a aquellos grupos vulnerables que pudiesen quedar marginados del proceso de desarrollo o estar localizados en focos de pobreza.

1.

1.6

La consolidación de la estabilidad de precios

La política anti-inflacionaria de los últimos diez años ha logrado, en 1999, la tasa de inflación más baja de los últimos 50 años. La misma fue el resultado de: (i) la política

-3cambiaria vigente desde 19901; (ii) la política fiscal que evitó recurrir al impuesto inflacionario para financiar los déficits del sector público; y (iii) factores externos, tales como las presiones deflacionarias provenientes del resto del mundo, la menor demanda de Brasil y la caída de los precios de las materias primas agrícolas.

1.7

No obstante estos avances, la consolidación de la estabilidad de precios continúa siendo un desafío muy importante que va a requerir: (i) la contención del gasto público, corriente y de inversión, para disminuir el déficit fiscal; (ii) la desindexación de tarifas y salarios públicos y privados; y (iii) el incremento de la productividad y la disminución de los costos unitarios de producción. Esto permitiría, sin generar presiones inflacionarias, modificar los precios relativos y mejorar la rentabilidad y competitividad de los sectores productores de bienes y servicios transables internacionalmente.

2.

La recuperación de la competitividad internacional y regional

1.8

La globalización de los mercados plantea la necesidad de mejorar la competitividad para lograr un crecimiento vigoroso de las exportaciones e incentivar la inversión productiva, el crecimiento y la creación de empleo. Esto es particularmente importante porque la tasa de crecimiento de los precios internos excedió a la tasa de devaluación durante 19901998, produciéndose, de hecho, un aumento relativo de los costos internos medidos en dólares. Aún cuando esta situación se revirtió parcialmente en 1999 para algunos rubros de exportación, la caída de los costos internos de producción no fue suficiente para contrarrestar los efectos adversos de la devaluación del real en 1999 y la fuerte contracción de los precios internacionales de los productos principales de exportación de Uruguay. Esta situación disminuyó la rentabilidad de los productores nacionales y su capacidad de competir.

1.9

Otros factores de carácter estructural importantes que han afectado la competitividad de la producción nacional, son: (i) el nivel de la carga tributaria y las distorsiones del sistema impositivo; (ii) la alta carga de la seguridad social; (iii) la carencia de inversión pública en infraestructura económica y social complementaria a la inversión privada, en sectores específicos, tales como caminos para el transporte de madera; (iv) el elevado costo de producción de bienes y servicios públicos. Para hacer frente a este desafío, las empresas públicas y privadas deberían, primero, modernizarse tecnológicamente, reducir sus costos de producción en dólares, e incrementar su rentabilidad; segundo, reducir el peso del Estado sobre la actividad privada a través de un menor gasto público y, en consecuencia, disminuir la presión tributaria que incide en los costos y tarifas de las empresas; y tercero, el gobierno debería estimular programas de desarrollo empresarial en las áreas de gestión, productividad y comercialización.

3.

1.10

1

La modernización del Estado y la gobernabilidad

No obstante los avances en la reducción del déficit fiscal, Uruguay continúa enfrentando dificultades para mantener equilibradas las finanzas públicas, especialmente en el contexto de eventos externos con sus efectos depresivos en la economía uruguaya.

Además del alto nivel de gastos totales del Gobierno General (incluye gobiernos departamentales, seguridad social y excluye empresas públicas), alrededor del 35% del

La política cambiaria del BCU utiliza el tipo de cambio como ancla nominal del sistema de precios y está basada en un ajuste mensual del mismo de acuerdo a la tasa de inflación programada dentro de una banda de flotación.

-4PIB, y de la carga tributaria que se requiere para cubrir dichos gastos, la estructura del gasto público corriente limita la disponibilidad de recursos para atender las necesidades de inversión, particularmente en bienes públicos y poder crear externalidades al crecimiento a largo plazo de las actividades de los sectores productivos privados.

1.11

En estas circunstancias se requiere: (i) limitar y controlar la tasa de aumento del gasto fiscal real, especialmente del gasto discrecional primario (excluyendo las transferencias a la seguridad social y el pago de intereses de la deuda pública), por debajo de la tasa de crecimiento del PIB real; (ii) aumentar la eficiencia del gasto corriente total para poder incrementar el ahorro público y focalizar la inversión pública en áreas vitales de apoyo a la producción y a las políticas sociales; (iii) incrementar la eficiencia del aparato recaudador; y (iv) continuar y profundizar el proceso de desregulación y racionalización de precios y tasas públicos, promoviendo mejores condiciones para la competencia y el desarrollo del sector privado.

1.12

La reforma del Estado debería enfocarse en racionalizar y reducir su participación en la economía, disminuir su incidencia en los costos de producción de las empresas privadas, y concentrar su gestión en la provisión eficiente de bienes públicos, en aquellas áreas en donde cuenta con ventajas comparativas. Los principales problemas son: (i) tamaño y presencia del Estado en la economía tanto en la prestación directa de servicios como en la regulación de la actividad económica; (ii) la prevalencia de una cultura de gestión burocrática poco efectiva que incide negativamente en su eficiencia y eficacia; y (iii) gasto público y presión fiscal elevados que inciden negativamente en la competitividad de la producción nacional y en el nivel de empleo.

1.13

La mejora en las condiciones de gobernabilidad requiere de un Estado moderno y eficiente, no solamente a nivel del Poder Ejecutivo. La modernización del sistema de justicia, como garante de los derechos individuales y, en particular, de los derechos de propiedad, es una condición necesaria para lograr tasas de inversión, especialmente privada, que lleven a un crecimiento sostenido en el largo plazo. Igualmente, es importante apoyar la modernización del Poder Legislativo para consolidar su capacidad técnica. La mejora de las condiciones de gobernabilidad requiere también de una sociedad civil vigorosa, que no solamente fiscalice y acompañe la acción pública, sino que asimismo fomente la participación ciudadana.

4.

La mejora en el bienestar y la equidad social

1.14

Uruguay presenta los niveles de desigualdad más bajos de la región, el cual se correlaciona con un alto nivel educativo de su población. En términos generales, la distribución del ingreso se ha mantenido relativamente constante entre 1986 y 1998 con un índice de Gini de alrededor de 0,43 (Argentina, 0,49; Chile, 0,58; Brasil, 0,61). Igual comportamiento ha tenido la participación de cada quintil de ingreso per cápita. Sin embargo, los efectos de corto plazo de la apertura de la economía a la competencia externa, los esfuerzos de redimensionamiento y reestructuración del sector público y la reconversión industrial requerida por la integración regional se han manifestado en un aumento de la tasa de desocupación de un promedio anual de 9% en 1990-94 a 11% en 1995-99, la cual se refleja en un aumento de la marginalidad y la inseguridad pública.

1.15

El desafío de mejorar la equidad social requiere medidas especiales que contribuyan a: (i) reducir la desocupación en general, con énfasis en la creación de empleos para jóvenes y

-5grupos carenciados, y acelerar la adaptación de la mano de obra al nuevo orden internacional; (ii) mejorar las condiciones de vida en los asentamientos irregulares; (iii) atender a las familias de bajos ingresos con programas sociales focalizados enfatizando aquéllos destinados a prevenir el aumento del trabajo infantil; y (iv) expandir el acceso a la educación de las familias de bajos ingresos, especialmente al nivel de pre-primaria y adolescentes egresados del ciclo básico de secundaria.

II. OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DEL BANCO A.

Estrategia Anterior y Examen de los Resultados

2.1

La estrategia del Banco para sus actividades en Uruguay en 1995-99 se orientó a promover la expansión de la inversión como motor del crecimiento tratando, en particular, de mejorar la capacidad de la economía para aprovechar las oportunidades que ofrecía el MERCOSUR y otros mercados externos. A tal efecto, se identificaron tres áreas prioritarias de acción en apoyo a: (i) la profundización de las reformas del sector público; (ii) la mejora del entorno para el desarrollo de la inversión privada; y (iii) la mejora en la prestación y calidad de los servicios sociales.

2.2

Los logros de la estrategia anterior han sido satisfactorios. El diseño fue apropiado a las características del país, donde los proyectos se ejecutan satisfactoriamente aunque frecuentemente con retrasos frente al calendario acordado. La selección de instrumentos resultó ser mayormente acertada para atender los obstáculos al desarrollo previamente identificados. El diagnóstico de la estrategia se basó en estudios y trabajos previos encaminados a identificar los desafíos relevantes. En cuanto a su eficacia, el Banco seleccionó una gama de operaciones de préstamos y cooperaciones técnicas para 19951999 que cumplen el propósito para el cual fueron incluidos en la estrategia. Los principales logros por áreas estratégicas, resultado de la acción del Banco en el país y la del Gobierno en el período, se sintetizan a continuación.

2.3

Reforma del Sector Público. El Banco ha apoyado la modernización de la Administración Central, la reforma del régimen de seguridad social y el fortalecimiento del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). En la Administración Central, se inició el proceso de racionalización de sus estructuras administrativas buscando fortalecer su capacidad institucional; transformar la cultura de gestión burocrática en una de tipo gerencial, aumentar la eficacia en el gasto público, mejorar la administración tributaria y de aduanas; calificar los recursos humanos, con énfasis en los niveles gerenciales; y aumentar la calidad de los servicios. Asimismo, se ha logrado la mejora de la pirámide salarial y un incremento en la productividad media laboral en los ámbitos donde se introdujo la reforma.

2.4

En la seguridad social se reformó el régimen de reparto sustituyéndolo por uno mixto de reparto y capitalización; se reestructuró el Banco de Previsión Social (BPS), y se eliminaron incentivos a sub-declarar montos salariales y a evadir las contribuciones y/o acceder a beneficios sin un historial contributivo, a la vez que se aumentaron las edades jubilatorias. La asistencia técnica al Tribunal de Cuentas financió gastos de tecnificación y organización, capacitación y un diagnóstico general de la institución, estableciendo las bases para una transformación más profunda de esta entidad.

-62.5

Entorno para la inversión privada y mejora de la competitividad. El Banco ha apoyado el crecimiento de la inversión privada y la mejora de la competitividad en cuatro direcciones: a.

Facilitando el desarrollo de los mercados financieros de mediano y largo plazo para posibilitar la inversión de las empresas privadas en todas las actividades productivas, mediante: (i) mecanismos de redescuentos del Banco Central del Uruguay (BCU) para créditos de mediano y largo plazo; (ii) el fomento del mercado de capitales y el desarrollo de nuevos productos financieros; (iii) apoyo al BCU en operatorias que involucran descalce de plazos entre depósitos a corto plazo y préstamos a mediano y largo plazo; y (iv) asistencia para adecuar la supervisión bancaria a los nuevos estándares de Basilea, reorganizar el área de créditos del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) e instrumentar la titularización de la cartera hipotecaria;

b.

Mejorando el entorno de leyes e incentivos con que el Estado enmarca y promueve el desarrollo del sector privado, creando las bases jurídicas para promover el ahorro de largo plazo, regulando y controlando los mercados de valores y de seguros, y estimulando la asociación de capitales privados y públicos en varias áreas;

c.

Apoyando: (i) la generación y transferencia de tecnología agropecuaria y el control de la sanidad animal (p.ej. la erradicación de la aftosa) y vegetal; (ii) el desarrollo de la producción frutícola, incluyendo la citricultura; (iii) los avances científicos y tecnológicos para la expansión de la capacidad nacional de investigación y los servicios públicos de apoyo empresarial; y (iv) la infraestructura de electrificación y caminos rurales.

d.

Financiando una parte importante de la infraestructura para el comercio regional, buscando reducir los costos de transporte y facilitar el tránsito internacional de carga.

Igualmente se ha buscado el mejoramiento de los caminos rurales, y la ampliación por concesión de la carretera Montevideo - Punta del Este.

2.6

En cuanto a la gestión empresarial en sí misma, el gobierno, con apoyo del Banco, ha elaborado estudios sectoriales de diagnóstico y definición de lineamientos generales de mejora de la competitividad y ha dado apoyo a las solicitudes de cooperación técnica no reembolsable de operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) que se han concretado en los últimos 6 años, (apoyo a microempresas, comercio minorista, centro de desarrollo empresarial).

2.7

Areas sociales. El Banco ha puesto énfasis en la reforma de la educación, con logros de valores cercanos a la universalización de la educación preescolar (4-5 años); el nuevo modelo de centro y plan curricular en la educación secundaria; la incorporación de los bachilleratos tecnológicos y el fortalecimiento de la capacidad del sistema en formación y capacitación docente, incluyendo la creación de los Centros Regionales de Profesores, lo que se ha traducido en una reducción significativa de las tasas de repetición y deserción y un aumento en los niveles de aprendizaje en los ámbitos donde se introdujo la reforma.

2.8

El Banco ha aprobado proyectos vinculados a la extensión de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, el desarrollo de la vivienda para grupos de bajos ingresos, la mejora en los servicios de la salud pública y el fortalecimiento institucional de ministerios vinculados a las políticas sociales. Más recientemente, estas acciones se han

-7complementado con programas sociales innovativos cuyo impacto se reflejará en: (i) la focalización en la atención de unas 10 mil familias en los sectores más pobres y vulnerables que habitan en aproximadamente 100 barrios en el ámbito nacional, con lo cual se espera reducir en más de 5% la tasa de crecimiento anual del número de familias marginadas; (ii) la implantación de un Programa de Seguridad Ciudadana; (iii) el inicio de la modernización de la gestión de la justicia con la realización de estudios de diagnóstico y el apoyo de la Facilidad de Preparación de Proyectos (FPP).

2.9

Cartera activa. Desde una perspectiva financiera, en el período 1995-1999 el Banco aprobó préstamos para Uruguay por una suma total de US$1.100 millones.

2.10

La cartera activa en el país al 29 de mayo del 2000 asciende a US$1.005 millones de los cuales US$487 millones están sin desembolsar. La cartera activa se compone de 20 préstamos en ejecución y 3 operaciones cuya ejecución ha finalizado pero están en proceso de cancelación (646/OC, 647/OC y 1139/OC).

2.11

Un factor que ha afectado a las operaciones en los últimos años es la demora en la tramitación de las adquisiciones, tanto en compra de bienes como en contratación de obras y servicios de consultoría, particularmente firmas consultoras. Estas demoras inciden en que los plazos de ejecución y desembolsos no se cumplan. Las razones principales, entre otras, de esta situación se refieren a: (i) las normas del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), que proveen el marco de referencia para las licitaciones públicas y otros asuntos administrativos, no son adecuadas para un proceso de compras ágil, eficiente y efectivo; (ii) la interpretación e implantación de las reglamentaciones de TOCAF varían entre las diferentes unidades ejecutoras; y (iii) se precisa entrenamiento específico para el personal que trabaja en las unidades ejecutoras de modo de mejorar la redacción de los Pliegos, definir con precisión las especificaciones técnicas y las condiciones contractuales. Otro factor que incide en la gestión de los proyectos se refiere a la debilidad institucional que aún persiste en algunas áreas, tales como las vinculadas a las políticas sociales. Esto se traduce en servicios poco eficientes e ineficaces.

2.12

No obstante estos problemas, los indicadores de desempeño de la cartera señalan que la totalidad de los proyectos en ejecución cumpliría con sus objetivos de desarrollo, siendo además satisfactorio, en todos los casos, el avance en su implementación.

B.

Política Económica del Gobierno y Perspectivas

2.13

La política económica del Gobierno, que asumió el poder en marzo de 2000, tiene dos vertientes. Una de estabilización de corto plazo, y otra de desarrollo de mediano plazo, para el período 2000-2004, que se plasma en el Presupuesto Quinquenal. En términos generales, se continuarán, por un lado, las políticas macroeconómicas orientadas a consolidar la estabilidad de precios lograda y, por el otro, las destinadas a promover el crecimiento sostenido en el mediano plazo, lograr una mayor equidad social y continuar el proceso de modernización del Estado.

2.14

El compromiso del Gobierno de mantener y profundizar la política de estabilización de los últimos años se ha traducido en un programa económico que se enmarca en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un período de 22 meses hasta diciembre de 2001 y por 150 millones DEG, equivalente a US$197 millones. Los

-8principales aspectos del programa incluyen: (i) tasa de crecimiento del PIB real de 2,0% para el presente año y de 4% para 2001; (ii) reducción del déficit del sector público de 3,9% del PIB en 1999 a 1,8% en 2000 y a 1,2% en 2001; (iii) mantenimiento de la tasa de inflación en un rango de 4-6%; y (iv) continuidad de la política cambiaria de ajuste mensual de la tasa nominal equivalente a un 7,5% anual. Las acciones de política económica de corto plazo incluyen la adopción de un conjunto de medidas para reducir el déficit fiscal tales como recortes en la inversión de la Administración Central, en los gastos no personales del Gobierno y las empresas públicas, y limitando al mínimo el ingreso de nuevos funcionarios. Asimismo, se instrumentó una reducción de los salarios reales para los funcionarios de la Administración Central en el año 2000. Por otra parte, la recuperación de la competitividad en el plazo inmediato estaría basada en el mantenimiento del ritmo de devaluación de 7,5% anual, superior al de la inflación programada, y en la reducción real de las tarifas públicas no petroleras.

2.15

El programa de desarrollo contenido en el Presupuesto 2000-2004, presentado al Poder Legislativo el 31 de agosto, busca mejorar la competitividad de la producción para recuperar el crecimiento de la economía, y consolidar su estabilidad manteniendo el equilibrio fiscal. Por el lado de los egresos se pondrá énfasis en contener el crecimiento de los salarios públicos y en mejorar la calidad del gasto, priorizando la seguridad, la salud y la educación. Por el lado de los ingresos, la tributación del sector agropecuario y los impuestos que afectan la capacidad de competencia de las empresas públicas (Impuesto a la Compra de Moneda Extranjera y aportes patronales especiales) serán objeto de modificaciones.

2.16

Asimismo, se continuará la reforma en la Administración Central y las empresas públicas, poniendo especial énfasis en los cambios estructurales orientados a alentar la libre competencia. En ese contexto, se promoverá la desregulación de todas aquellas actividades del sector privado en las que la normativa legal permite la formación de situaciones monopólicas, se impulsará la desmonopolización de actividades que en la actualidad son del ámbito del Estado, se crearán entidades reguladoras de las actividades desmonopolizadas y se presentará un proyecto de ley de defensa de la competencia.

2.17

Las perspectivas en el mediano plazo Proyecciones 1999 2000 2001 2002 para la economía uruguaya van a Macroeconómicas PIB real (tasa de -3,4 2,0 4,0 4,0 depender, internamente, de la crecimiento) (% fin del 4,2 5,8 4,0 2,5 continuación del proceso de Inflación período) modernización del sector público y de la Déficit Sector Público (% PIB) -3,9 -1,8 -1,2 -0,8 capacidad del sector privado para delAhorro Público 0,2 2,0 2,7 2,9 adaptarse a las rápidas transformaciones Déficit Cuenta Corriente (% del PIB) -2,9 -2,5 -2,0 -1,8 del ámbito internacional de negocios, y BOP Aumento (-) RIN (US$ -16 0 -50 -100 por el lado externo, de la evolución de millones) Fuente: BCU, BM y FMI los precios internacionales de los productos de exportación, de las restricciones que los mismos encuentren en los mercados externos, y del entorno económico regional. Sobre la base de la estrategia del Gobierno se prevé que la economía atraviese una etapa de transición en el 2000 mientras surten efecto las medidas para reducir los desequilibrios fiscales y de balanza de pagos y se mejora la competitividad externa. Para 2001-2004 se espera la continuación de la estabilidad de precios ya alcanzada y una gradual recuperación del PIB real, con una tasa de crecimiento menor a la del período de 1996-1998 (5% acumulativo anual), el que estaría sustentado en

-9una mejora de la competitividad de las exportaciones y un aumento del coeficiente de inversión privada. Dado el modesto incremento del ahorro nacional que sería resultado de las reformas en el sector público, la mayor inversión requeriría de financiamiento externo adicional. La mayor disciplina fiscal combinada con la recuperación de los ingresos, debido al incremento en el consumo privado y a una mejora en la administración tributaria, disminuirá gradualmente el déficit del sector público hasta lograr un virtual equilibrio hacia finales del período. En cuanto a la balanza de pagos, se prevé un incremento moderado del déficit de la balanza comercial el cual sería contrarrestado parcialmente por mayores ingresos por turismo. Se prevé que Uruguay no tendría dificultades para cubrir sus necesidades de financiamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos dado que es uno de los pocos países en América Latina que alcanzan la calificación de “investment grade”.

C.

Objetivos y Areas de Acción de la Estrategia del Banco

2.18

En armonía con la política económica del Gobierno y con la Octava Reposición de Recursos, la Estrategia del Banco en Uruguay, tiene como objetivo central apoyar los programas de desarrollo y las políticas del gobierno para el quinquenio 2000-2004, orientadas a lograr un crecimiento sostenido con estabilidad que permita mejorar la equidad social. En este contexto, el acuerdo con el FMI apoyaría el programa económico del Gobierno en el cumplimiento del desafío de la consolidación de la estabilidad de precios. Por consiguiente, la Estrategia del Banco se concentrará en: a.

Competitividad e integración regional: El Banco apoyará las iniciativas que aumenten la competitividad y la inversión privada, sobre la base de una producción orientada a la exportación y sustentada en sus ventajas comparativas y la incorporación de tecnología moderna con vistas a crear condiciones de sana competencia que permitan una mayor inserción en los mercados regionales e internacionales, así como una mayor coordinación de políticas macroeconómicas en el ámbito regional. En este sentido, se requiere: (i) fortalecer la posición competitiva del sistema financiero; (ii) apoyar las mejoras de eficiencia en las empresas públicas para reducir costos y precios y tarifas, (iii) fomentar un mayor desarrollo tecnológico en las actividades productivas y de servicios; (iv) superar las restricciones al desarrollo productivo superando las limitaciones de infraestructura de transporte y eléctrica en los sectores con mayor dinamismo y potencial exportador; (v) fomentar el desarrollo de las microempresas; y (vi) promover las concesiones de obras y servicios y de sus regímenes regulatorios.

b.

Modernización del Estado y gobernabilidad: El Banco continuará apoyando el proceso de transformación del Estado destinado a reducir su peso en la economía; aumentar su eficiencia y eficacia, racionalizar y focalizar su intervención; y disminuir su incidencia en la producción nacional de bienes y servicios.

Específicamente, se orientará a: (i) completar y profundizar la reforma del Gobierno Central; (ii) racionalizar el gasto del gobierno, mejorar la administración tributaria y reducir su presión sobre las actividades del sector privado; (iii) apoyar el proceso de descentralización departamental, fortaleciendo a los gobiernos locales; (iv) facilitar el establecimiento de marcos regulatorios modernos para la provisión de los servicios públicos; (v) apoyar el fortalecimiento de los mecanismos dirigidos al control de responsabilidades (accountability) y a mejorar la transparencia; (vi) fortalecer la

- 10 capacidad técnica y gerencial de otros poderes del Estado, tal como el Judicial; y (vii) fortalecer las relaciones entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil. c.

Bienestar y equidad social: Esta área será objeto de especial atención por parte del Banco por su importancia en el aumento de la equidad y la incorporación de los grupos más vulnerables al proceso de desarrollo y a una mejor calidad de vida.

Concretamente, se tratará de: (i) consolidar y extender la reforma educativa; (ii) desarrollar redes de protección social vinculadas a la familia, focalizadas en grupos vulnerables, priorizando la atención a la infancia y a los adolescentes; (iii) mejorar la gestión del sistema de salud pública y de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC); (iv) reducir la desocupación y contribuir a la formación de los recursos humanos de modo de generar las aptitudes y actitudes necesarias para desempeñarse con éxito en el nuevo orden internacional; (v) generar la infraestructura social de apoyo a las acciones anteriores, incluyendo la inversión en agua potable, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano; y (vi) mejorar las condiciones de seguridad ciudadana.

D.

Estrategia Propuesta

2.19

En este contexto, a continuación se presenta el diagnóstico de cada área de acción y la estrategia para la acción del Banco.

1.

Areas prioritarias a)

Competitividad e Integración Regional

2.20

El desarrollo económico del país requiere el mejoramiento de la competitividad de las empresas, privadas y públicas, para afrontar las condiciones y restricciones predominantes en los mercados del exterior. La desgravación total de aranceles al interior del MERCOSUR plantea un escenario de mayor competencia en un mercado ampliado que genera fuertes presiones para muchas empresas locales, pero abre también grandes oportunidades para muchas otras.

2.21

Las exportaciones de Uruguay al MERCOSUR crecieron significativamente entre 1995 y 1998. Los rubros principales fueron alimentos, especialmente arroz y lácteos, y productos de la industria metalmecánica. Las exportaciones manufactureras de textiles de lana y productos de cuero han permanecido relativamente estancadas, mientras que las de los rubros industriales de alimentos, bebidas y tabaco, químicos y papel aumentaron significativamente.

2.22

El surgimiento de un amplio espectro de restricciones unilaterales arancelarias y no arancelarias al comercio intrarregional en 1999 indican la fuerte necesidad del fortalecimiento institucional del MERCOSUR. Aunque el MERCOSUR ha adoptado una serie de medidas comunitarias para consolidar el área de libre comercio y perfeccionar la unión aduanera (Protocolo de Defensa a la Competencia; Protocolo Común de Salvaguardias; etc.); éstas, por distintos motivos, no se han traducido en compromisos reales y efectivos. La falta de experiencia nacional en la armonización de restricciones no arancelarias y en marcos jurídicos y regulatorios comunes refleja dificultades institucionales internas para implantar las disposiciones comunes acordadas. El Banco podría apoyar el desarrollo institucional y de recursos humanos en áreas a identificar con

- 11 el Gobierno uruguayo, pero que en principio debería incluir el proceso de armonización en MERCOSUR, que contribuiría a una mayor convergencia macroeconómica y al desarrollo de instituciones regionales.

2.23

Otro tema importante que trasciende el comercio de bienes, involucra los denominados “temas nuevos”, tales como la liberalización del comercio de servicios en el ámbito del MERCOSUR, la protección a la propiedad intelectual, y la liberalización del comercio agrícola en las negociaciones con la Unión Europea, y la tendencia creciente de incluir aspectos ambientales y laborales en los acuerdos comerciales. Para reforzar la capacidad de negociación del país, el Banco, utilizando la Facilidad para el Sector Comercio, podría proporcionar apoyo a la capacitación y entrenamiento de negociadores a cargo de la política exterior y de la instrumentación de acuerdos comerciales. Con esta facilidad también pueden financiarse programas de promoción de inversiones, diversificación de exportaciones e identificación de oportunidades de negocios, particularmente para las PyMES.

2.24

Sistema financiero. Desde principios de la década de los 90 se han producido numerosos ajustes en el marco legal y normativo del sistema financiero, orientados a darle mayor solvencia, adecuación a las tendencias de desintermediación y bancarización crecientes y transparencia operativa.

2.25

El Banco Central ha concentrado las funciones de regulación y supervisión de todos los agentes financieros del país, sean éstos intermediarios financieros, empresas de seguros, fondos de inversión, Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs), u operadores en bolsa de valores y ha creado y regulado instrumentos financieros como el arrendamiento mercantil (leasing), las obligaciones negociables, descuento de facturas comerciales (factoring), y titulación de activos (securitization). Asimismo, se ha facilitado el acceso al crédito de mediano y largo plazo para PyMES y microempresas mediante programas con el BCU y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

2.26

El sistema financiero uruguayo enfrenta varios retos significativos: (i) la dimensión relativa de los mercados, dada por el PIB, población, tamaño de los sistemas financieros y grado de "bancarización" de los países de MERCOSUR; (ii) el impacto sobre las instituciones nacionales de la presencia de entidades financieras de los otros países del MERCOSUR en el mercado local; (iii) la posibilidad de la consolidación de la estabilidad cambiaria y monetaria en los países vecinos con la consiguiente disminución de ventajas comparativas de la operatoria con no-residentes; (iv) los avances en la armonización de los sistemas cambiarios, regulatorios y de supervisión, así como de las políticas fiscales y monetarias; (v) la eficiencia de las entidades del sistema financiero en cada país con relación al uso de tecnología, grados de rigidez laboral, nivel de ingresos y costos por servicios y otros productos; y (vi) el grado de adaptación de las entidades al desarrollo de nuevos productos financieros y su inserción en el mercado local y regional.

2.27

El Banco continuará apoyando la mayor competencia y eficiencia en el sector financiero, mediante acciones dirigidas a reducir los costos operativos; la estricta supervisión de todos los segmentos del mercado (bancos públicos y privados, AFAP's, aseguradoras, y mercado de valores) y la adaptación de la misma a las nuevas normas de Basilea; y la modernización de la banca pública. Asimismo, una pieza central de la acción del Banco en el sector continuará siendo a través de los programas multisectoriales de crédito, la

- 12 promoción del desarrollo de nuevos productos, actividades financieras, y segmentos de mercado que permitan el crecimiento del sector financiero uruguayo tanto en su rol regional como en la profundización de la atención de las necesidades locales, aprovechando ventajas de localización, conocimiento del mercado y mejoras en su competitividad y en la tecnología de productos. El mayor volumen de negocios permitiría reducir la incidencia de los costos operativos en los costos totales de los bancos, al igual que introducir nueva tecnología, incrementar la productividad laboral y mejorar cualitativamente la gerencia.

2.28

Empresas públicas. Los servicios provistos por las empresas públicas representan una fracción importante de la economía uruguaya. La política de precios y tarifas de las empresas públicas ha sido cuestionada por los empresarios privados por su incidencia en la competitividad de los sectores productivos. En este sentido, la fijación de sus tarifas toma en cuenta la generación de utilidades para financiar sus planes de inversión, pagar impuestos por sus operaciones, y efectuar transferencias a la Administración Central.

2.29

En los últimos años, las empresas públicas han realizado esfuerzos para mejorar su eficiencia con resultados variados. En general, ha habido reducciones de personal, y en algunos casos se ha logrado la expansión y mejoramiento de la calidad de los servicios, modernización de sus administraciones, equipamientos e introducción de cambios tecnológicos. También se han realizado esfuerzos para abrir ciertos servicios a la participación privada, tales como la instalación de nuevas líneas telefónicas, y mantenimiento de medidores eléctricos. Además, la reciente legislación para el sector eléctrico permite la participación de empresas privadas en generación, la adquisición de energía en los países vecinos, y la creación de un órgano regulador dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

2.30

Dada la importancia de los servicios públicos para la capacidad de competir del país, se requiere promover reformas adicionales a las realizadas hasta la fecha. Por ello, el gobierno plantea la reestructuración de la organización, dirección y gestión de las empresas públicas preservando la propiedad o control estatal de las mismas, así como rebajar la carga impositiva, que es superior a la de las empresas privadas, e introducir incentivos similares a los que utiliza la empresa privada para mejorar su eficiencia. En este contexto, el Banco apoyaría: (i) el proceso de apertura a la competencia y comercialización de las operaciones de las empresas públicas; (ii) la profesionalización de los cuadros directivos y técnicos; (iii) la modernización de los sistemas administrativos y gerenciales; (iv) la modernización y expansión de los servicios; y (v) la equiparación del tratamiento tributario de las empresas públicas con el de las empresas privadas.

2.31

Desarrollo tecnológico e innovación. El país invierte relativamente escasos recursos en ciencia y tecnología y la disponibilidad de estos recursos limitados no es segura, salvo en el caso del sector agropecuario. La mayor parte del gasto corresponde a programas públicos que privilegiaron la recuperación y consolidación de la capacidad de generación de conocimientos científicos y tecnológicos. Estos se llevaron a cabo mayormente en la Universidad de la República al estar vinculados al financiamiento del Banco de un programa de ciencia y tecnología. Asimismo, aunque ha mejorado la relación entre los científicos/tecnólogos y las empresas, la misma todavía no es fluida. Las empresas uruguayas, mayoritariamente PyMES, encaran dificultades para la incorporación de

- 13 tecnología no obstante su urgente necesidad de enfrentar la mayor competencia del exterior derivada de la globalización de mercados. Finalmente, en el área de recursos humanos, si bien el país cuenta con recursos capacitados, existen algunas debilidades vinculadas con la orientación hacia la formación de académicos y asesores, en lugar de desarrollar la capacidad empresarial, tanto en la gestión como en el mercadeo.

Asimismo, los bajos niveles de retribución de los académicos y asesores, con relación a otros países, dificultan la retención en el país de personal capacitado.

2.32

El gobierno ha apoyado actividades científico-tecnológicas básicamente a través de las actividades del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) para el sector agropecuario, de programas de la Universidad de la República, y del programa de ciencia y tecnología financiado por el Banco.

2.33

El Banco apoyará el interés gubernamental en consolidar y profundizar las acciones de desarrollo tecnológico, con énfasis en el aumento de la eficiencia de las PyMES uruguayas, a través de la innovación en productos, procesos de producción, gestión y distribución. A tal efecto, el gobierno está preparando un Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT, UR-0110) a ser financiado por el Banco complementado con algunas operaciones a ser financiadas por el FOMIN, en las áreas de desarrollo de empresas PyMES. Además, se debería: (i) apoyar la ampliación de los programas y recursos destinados a ciencia y tecnología con la participación de fondos privados; y (ii) promover la instalación de infraestructura para apoyar el desarrollo tecnológico, como parques tecnológicos o incubadoras de empresas de base tecnológica, para fomentar el uso de tecnología informática, que incluya entre otras el comercio electrónico, internet, y comunicaciones.

2.34

Producción agropecuaria. El sector agropecuario constituye un factor clave para el crecimiento económico, generación de empleo y mejoramiento de la equidad social en el Uruguay. No obstante, el sector enfrenta las siguientes restricciones que precisan ser atendidas para aumentar su competitividad y el impacto distributivo de su crecimiento: (i) limitaciones tecnológicas, comerciales y empresariales que afectan adversamente la competitividad de la producción agrícola y ganadera y los niveles de ingreso de las unidades productivas de menor tamaño; (ii) deficiencias en materia de infraestructura (caminos, electricidad y riego), que impiden una mayor desarrollo de la producción y dificultan el acceso de sus productos a los mercados; y (iii) cumplimiento de los requerimientos de los mercados de exportación. Por otra parte, aunque el país tiene actualmente ventajas comparativas en varios rubros agropecuarios, las restricciones de acceso a mercados (tales como la cuota Hilton de la Unión Europea (UE) a la carne uruguaya) afectan su potencial exportable a los países industrializados. En esta área el FOMIN ha prestado apoyo con un programa de mejora de la competitividad agrícola para pequeños productores.

2.35

El Banco apoyará los esfuerzos de la nueva administración en el sector agropecuario, la agroindustria y el desarrollo rural, en los siguientes aspectos: (i) el apoyo al desarrollo comercial y empresarial de las cadenas productivas ganaderas y agrícolas, especialmente al nivel de productores pequeños y medianos; (ii) la aplicación de políticas de control, vigilancia y de estandarización de normas sanitarias, que faciliten el acceso de sus productos a los mercados regionales y mundiales; (iii) el apoyo al desarrollo de infraestructura productiva (caminos, electrificación y riego), en áreas con ventajas

- 14 comparativas para la producción agropecuaria que carezcan de esa infraestructura; y (iv) el apoyo a la implantación de programas que promuevan una distribución más equitativa del crecimiento del sector a la población rural.

2.36

Infraestructura de transporte. El país cuenta con buenos indicadores en términos de alcance y cobertura de los servicios de infraestructura. No obstante, el estado de esta infraestructura ha sido en líneas generales inadecuado por las demoras en la reposición y ampliación de la capacidad existente, insuficiencias en el mantenimiento, y en ciertos casos por la obsolescencia de los diseños y su falta de adecuación a estándares técnicos modernos y a las exigencias de la demanda. El país necesita mejorar y consolidar los diferentes medios de transporte de que dispone en el marco de un crecimiento económico sostenido y de una mayor competitividad para la prestación de servicios eficientes en el corredor Argentina–Brasil.

2.37

El gobierno ha atendido con diferentes niveles de éxito las necesidades del sector. Hay resultados evidentes de las mejoras logradas en la red vial de los corredores de integración y en la red primaria de carreteras; en tercerizaciones y concesiones; apoyadas con el Programa de Reforma del Estado, y en la mejora y ampliación de oferta para la infraestructura aeroportuaria. En el caso de la infraestructura portuaria, de las vías de navegación, del fortalecimiento del transporte ferroviario, y de la regulación y control, los resultados ya no son tan evidentes. Otras acciones han sido el fortalecimiento de la capacidad de planificación y control del Ministerio Transporte y de Obras Públicas (MTOP) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

2.38

Las áreas que requieren atención adicional son: (i) el mejoramiento de la red vial existente y de su mantenimiento preventivo, con énfasis en los corredores de integración regional; (ii) finalizar el proceso de concesión para el aeropuerto internacional de Carrasco, modernizando y ampliando los servicios existentes tanto de cabotaje como regionales e internacionales; (iii) modernizar el sistema portuario; (iv) asegurar la concesión de tramos ferroviarios, orientados a bajar los costos internos de transporte a la industria maderera; (v) mejorar la regulación y fiscalización de los diferentes medios de transporte; y (vi) desarrollar y modernizar el transporte urbano en Montevideo.

2.39

El Banco continuará apoyando el logro de una red vial acorde con los requerimientos de su posición estratégica en el MERCOSUR. Asimismo, podría apoyar acciones para la modernización de otros modos de transporte, así como la regulación y control del transporte.

2.40

Infraestructura eléctrica. El país está enclavado entre un país excedentario en recursos energéticos (Argentina) y otro que requiere de ellos para completar su balance (Brasil).

En términos internos, los servicios de electricidad y suministro de combustibles son brindados por empresas públicas, con excepción del gas, que ha sido concesionado, mientras que están completamente privatizados en Argentina y parcialmente en Brasil.

Dentro de estas realidades el país requerirá buscar la forma de ser competitivo.

2.41

La política del gobierno en el sector eléctrico sigue tres grandes lineamientos: (i) establecer un marco normativo que separa las funciones regulatorias y empresariales del Estado; (ii) introducir la competencia y estimular el ingreso de operadores privados al sector; y (iii) profundizar el proceso de integración con los sistemas de países vecinos.

- 15 2.42

Para impulsar las reformas en el sector eléctrico, el Poder Legislativo sancionó una Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico cuya implantación permitirá crear un Mercado Mayorista de Energía Eléctrica promoviendo la competencia y la participación de agentes privados en el área de generación; permitirá el libre acceso a la transmisión, habilitando a los grandes consumidores a negociar libremente su abastecimiento eléctrico con cualquier generador; establecerá las bases para la conformación de diferentes zonas de distribución, a cargo de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) o eventualmente de concesionarios privados en algunas áreas; y habilitará la separación contable de las actividades de UTE en materia de generación, transmisión y distribución, dando mayor transparencia al funcionamiento del sector. Para la implantación de este nuevo marco el gobierno ha sido apoyado por el Banco a través de un proyecto del FOMIN para la reestructuración del sector de energía. No obstante, las autoridades deberán definir acciones concretas para completar la ejecución de esta asistencia técnica.

2.43

El Banco seguirá acompañando: (i) la modernización y desarrollo institucional de UTE para mejorar la calidad del servicio eléctrico a precios razonables (sus tarifas residenciales son las más altas de la región); (ii) la implantación de medidas para la desmonopolización del suministro de los diferentes tipos de energía, los aspectos regulatorios del sector y la participación del sector privado en proyectos de integración energética regional a través de conexiones en extra-alta tensión o de gasoductos y generación térmica; y (iii) la necesidad de consolidar la confiabilidad del servicio eléctrico, así como de reducir las elevadas pérdidas, y mejorar la seguridad de las instalaciones en las redes de media y baja tensión. El crecimiento de la demanda en Montevideo así como en las zonas productivas y turísticas del interior del país, necesitará ampliar y reforzar el sector eléctrico en los próximos años. Ello requerirá inversiones significativas en transmisión y distribución que el Banco eventualmente podría acompañar.

2.44

Microempresa urbana y rural. La microempresa urbana mantiene una estructura de financiación de corto plazo, con baja participación de préstamos bancarios y alta participación del crédito informal. Los intermediarios bancarios formales que atienden el sector son principalmente el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), algunos bancos privados y las cooperativas. Para ser sujeto de crédito ante la banca, el microempresario debe estar inscrito en la Dirección General Impositiva (DGI) y en el Banco de Previsión Social (BPS) por lo que muchas prefieren continuar desarrollando sus actividades en el ámbito informal. La microempresa rural es de actividades de pequeña escala tanto individuales como comunitarias y asociativas. Es común la ausencia de un mecanismo institucional que les permita obtener capacitación, asistencia técnica y crédito que son los que contribuyen a generar competitividad, a crear las bases para aumentar la inversión en el campo, que fomentan la inversión privada y que contribuyen con el lineamiento estratégico tendiente al mejoramiento de la inequidad social.

2.45

El Banco apoyará los esfuerzos para enfrentar los problemas de la microempresa mediante asistencia: (i) a las entidades de microcrédito que estén en proceso de formalizarse; (ii) tecnológica a los bancos y cooperativas introduciendo metodologías de crédito apropiadas para el sector, tanto urbano como rural; (iii) la creación de fondos rotatorios de crédito y para asistencia técnica a las diferentes organizaciones que ejecutan pequeños emprendimientos en las zonas rurales; y (iv) el apoyo al organismo oficial de fomento de las microempresas y mejoramiento del marco regulatorio de las mismas.

- 16 2.46

Asimismo, se recomienda apoyar la definición de una política hacia la micro y pequeña empresa, de manera que las condiciones bajo las cuales los diferentes donantes, entregan recursos y exigen resultados sean transparentes. Además estas condiciones deberán considerar las necesidades de legalidad de las microempresas y de las entidades que las apoyan; los procesos de formalización de entidades y de microempresarios; y condiciones financieras de los recursos de crédito formales e informales.

2.47

Sector privado: regulaciones y concesión de obras y servicios. El avance ha sido cauteloso en esta área y en general, los procesos acometidos se dilataron en el tiempo. La conducción de estos procesos ha recaído en la repartición del Estado con responsabilidad en la prestación de los servicios o en la administración de las obras a concesionar, aunque se han conformado, en general, comisiones asesoras o coordinadoras ad-hoc. Por otra parte, se han detectado problemas, vacíos y falta de coordinación en los marcos regulatorios de los servicios públicos. En este contexto, el Banco con recursos del FOMIN (ATN/MT-5276 y 5533-UR), está contribuyendo a la capacitación de funcionarios públicos en los organismos involucrados en concesiones de obras y servicios públicos, con objeto de conformar una red de técnicos que participen en los correspondientes procesos de concesión. Asimismo, ha contratado servicios de consultoría para proporcionar bases técnicas que faciliten las diferentes etapas y áreas del proceso de otorgar una concesión.

2.48

Por otra parte, el Banco apoyará la reforma de los sistemas regulatorios de los sectores en que se procesan concesiones, lo que requeriría financiar actividades que van desde la realización de estudios y asesoramientos para propiciar la modificación de marcos regulatorios y fomentar la competencia, hasta el diseño, aprobación y puesta en marcha de unidades regulatorias. Al respecto el Banco podría: (i) apoyar los procesos de concesión que encare el nuevo gobierno, a través del financiamiento previsto en la línea de actividad del FOMIN para este propósito y de eventuales cooperaciones técnicas; y (ii) financiar a las empresas concesionarias a través de los créditos al sector privado otorgados por el Banco. b)

2.49

2

Modernización del Estado y Gobernabilidad.

El Gobierno ha emprendido, con el apoyo del Banco, varios procesos de reforma del Poder Ejecutivo, lo que ha permitido mejorar la gestión pública, focalizar los recursos en cometidos sustantivos y racionalizar los recursos humanos. Las principales acciones se han concentrado en: (i) la reestructuración de las Unidades Ejecutoras2 acorde con una redefinición de sus funciones y cometidos; (ii) la racionalización del empleo público en la Administración Central, incluyendo el apoyo a la reinserción en el sector privado de aquellos que dejaron la función pública. y el mejoramiento de las condiciones de trabajo para aquellos que permanecieron; (iii) la mejora de la gestión pública utilizando recursos provenientes de los ahorros derivados de la reforma; (iv) la modernización de la administración financiera, tributaria y aduanera del Estado, así como del TCR; (v) la realización de experiencias piloto en la forma de prestación de los servicios, en las condiciones objetivas de trabajo y en la modalidad de control de la gestión pública; (vi) el inicio del proceso de ajuste en materia de regulaciones, precios y tasas públicas; y (vii) la

Una Unidad Ejecutora (UE) es una estructura constituida sobre la base de áreas sustantivas, dotadas de unidad interna, orgánicamente completas y capaces de desempeñarse con autonomía de gestión (ej. Dirección Nacional de Vialidad, OPP). Varias UE conforman un inciso de la Administración Central (ej. Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Presidencia de la República).

- 17 racionalización en el uso y destino de los activos del Estado, incluyendo inmuebles y vehículos 2.50

En cuanto a los restantes poderes del Estado, se ha iniciado el apoyo a la modernización del Poder Judicial y de la gestión administrativa en el Poder Legislativo. En ambos poderes se realizaron diagnósticos institucionales con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de las Áreas Sociales. En el Poder Judicial se ha avanzado en la conceptualización de futuras modalidades de intervención para superar los problemas identificados. En este contexto, el Banco está preparando una operación para modernizar la administración del Poder Judicial y mejorar la gestión de los Juzgados. Dado que el Poder Legislativo contará con el apoyo de la Unión Europea para su modernización, la Misión de Pre- programación acordó con las autoridades que no se requeriría financiamiento del Banco durante este período.

2.51

Gobernabilidad. En los próximos años será necesario consolidar las bases que fortalezcan la gobernabilidad, a través de: (i) un Estado más eficiente, redimensionado y actualizado en sus funciones; (ii) un Poder Judicial más moderno y eficiente; y (iii) una articulación más estrecha con la sociedad civil.

2.52

Gobierno Central. Se requiere profundizar el proceso de transformación en marcha. El Banco apoyará una segunda fase del Programa de Reforma del Estado, el cual podría orientarse a: (i) consolidar las actividades iniciadas en la primera fase; (ii) reformar sectores no contemplados en la primera fase (salud, educación); (iii) eliminar duplicaciones de funciones y mejorar la coordinación inter-institucional (ej. medio ambiente, políticas sociales); (iv) incrementar la eficiencia de los servicios públicos; (v) modernizar los procedimientos de compras estatales, incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías de información; (vi) desarrollar una auditoría de gestión interna; (vii) implantar y ejecutar contratos de desempeño en las empresas públicas; (viii) desarrollar una estrategia y política de recursos humanos y de capacitación en el Estado; y (ix) consolidar las acciones de fortalecimiento de entidades vinculadas a la recaudación y el control financiero- DGI, Aduanas y Contaduría General de la Nación (CGN).

2.53

Regulaciones del Estado. Las regulaciones se pueden clasificar en tres categorías: económicas, sociales y administrativas. Las regulaciones económicas le permiten al Estado intervenir en las decisiones de mercado e incrementar la eficiencia económica reduciendo barreras a la competencia y a la innovación. En este contexto, la regulación de las actividades de las empresas públicas debería orientarse a estimular la competencia, garantizar servicios de adecuada calidad y asegurar supervisar que los precios y tarifas sean competitivas. Por otra parte, se requerirán agencias reguladoras separadas e independientes de las empresas públicas y de sus actividades de producción de servicios.

En este sentido, con el fin de supervisar las nuevas actividades desmonopolizadas el gobierno planea presentar al Poder Legislativo un proyecto de ley para crear un organismo regulador de los servicios públicos. El Banco podría apoyar al Gobierno en la implantación de esta ley.

2.54

Uruguay no posee mecanismos para proteger al consumidor de la posición monopólica u oligopólica de las empresas, o de otras formas anti-competitivas. En este contexto, el Banco encaminará su apoyo a promover las acciones correctivas de esta situación, incluyendo una posible legislación anti monopólica y la creación de un organismo

- 18 encargado de vigilar el cumplimiento de la misma. Esta legislación debería ser compatible con los documentos aprobados por el Consejo de MERCOSUR en 1994 y 1995 en los cuales los países miembros se comprometen a eliminar las prácticas anticompetitivas por parte de las empresas bajo sus respectivas jurisdicciones. Esta legislación también protegerá a las empresas uruguayas relativamente más pequeñas frente a las prácticas de empresas de mayor tamaño de los otros socios y asociados del MERCOSUR. 2.55

Las regulaciones sociales buscan proteger el bienestar común en temas tales como salud, seguridad, y medio ambiente. Este tipo de regulación busca asegurar estándares mínimos de calidad y acceso. Este tema es tratado en la sección correspondiente a los sectores sociales. Finalmente, las regulaciones de carácter administrativo se refieren a los procesos burocráticos y formalidades administrativas. En la primera fase del Programa de Reforma del Estado se hizo un levantamiento de este conjunto de normas con el objetivo de lograr su simplificación o eventual eliminación. La estrategia propuesta contempla continuar con este proceso de simplificación de las regulaciones, especialmente teniendo presente el efecto que tiene en los costos de producción y de transacción del sector privado.

2.56

Gobiernos Departamentales. Las autoridades nacionales han llevado a cabo, con apoyo del Banco, acciones para fortalecer la capacidad administrativa y financiera de los Gobiernos Departamentales (GDs). Para ello se han utilizado operaciones con un componente de inversión en obras departamentales que ha inducido a las autoridades departamentales a introducir mejoras en su gestión (Programa de Obras Municipales II, Plan de Desarrollo Municipal III), con énfasis en la actualización del catastro urbano y suburbano, la gestión financiera y tributaria, sistemas administrativos y gerenciales, y capacitación del personal.

2.57

Los gobiernos locales deberán ser apoyados y fortalecidos en los aspectos institucionales, financieros y de gestión, de modo de contribuir al proceso de descentralización previsto en la legislación, pero teniendo en cuenta las diversidades de índole regional y los problemas que las distintas zonas del país presentan, en lo productivo y social, incorporando a la comunidad y al sector privado al proceso de transformación

2.58

Ética y transparencia. La consideración de los aspectos de ética y transparencia está siendo apoyada por el Banco en los aspectos siguientes: (i) la modernización de la gestión del Poder Judicial, continuando con la implantación de la FPP (1168/OC-UR) y apoyando posteriormente la formulación de un programa integral; (ii) el fortalecimiento institucional del TCR para adaptarlo a los requerimientos modernos del control de las finanzas y de la gestión de los organismos públicos; y (iii) el fortalecimiento del control de la gestión pública, las licitaciones, la tercerización y concesión de obras, así como la política de compras del Estado. La nueva Administración ha comenzado a elaborar proyectos de ley de revisión del TOCAF referente a licitaciones públicas, para simplificar su tramitación administrativa y minimizar situaciones que permiten presentar impugnaciones al proceso, sin afectar las condiciones de legalidad y de garantía para el oferente.

2.59

Alianzas estratégicas. El Estado y el sector privado tienen muchos ámbitos comunes que se requiere fortalecer y desarrollar, tales como los procesos de tercerización y concesión

- 19 de obras, el apoyo a las PyMES en las áreas de desarrollo empresarial, la introducción de innovaciones, la incorporación de la tecnología de la información, la formación de los recursos humanos en todos los niveles y el diálogo social. El Banco podría apoyar iniciativas de alianzas estratégicas entre los actores involucrados, que, sobre la base de una agenda común de desarrollo integral (sectores, productos, regiones) eviten superposiciones en las acciones.

2.60

Turismo. El turismo cuenta con un gran potencial de desarrollo, ocupando actualmente un lugar relevante entre las actividades del país, y con un impacto significativo en el empleo.

Las inversiones privadas en hotelería y capacitación de recursos humanos auguran una expansión y una mejoría en la profesionalidad del personal ocupado en el sector. Sin embargo, el país carece de un programa que articule y apoye los esfuerzos que se realizan desde diferentes entidades públicas, tanto en el ámbito nacional (infraestructura, etc.) como departamental, así como de los diferentes agentes privados. El Banco consideraría acciones para fortalecer un mayor desarrollo del turismo con énfasis en la preservación de los recursos naturales y culturales, incluyendo la elaboración de un estudio integral del sector.

2.61

Sociedad civil, Estado y empresas. En los últimos años se han desarrollado, con éxito, diversas modalidades de vinculación entre el Estado y la Sociedad civil, en especial en temas sociales y ambientales, lo que ha contribuido a nuevas formas de gestión pública.

Se espera que estos mecanismos se extiendan y profundicen, contando para ello la participación activa del Estado. En este sentido, el sector privado ha planteado al Banco iniciativas muy incipientes pero potencialmente valiosas, creando una vía para dar respaldo a la “responsabilidad social de las empresas”, que podrían materializarse probablemente con financiamiento del Banco. Otro mecanismo para ello sería el desarrollo de micro proyectos sociales a través de la sociedad civil. Una acción específica en esta materia procuraría la creación de un Fondo para financiar iniciativas de la sociedad civil en micro-proyectos sociales que se presenten a convocatorias públicas. c)

Bienestar y Equidad Social

2.62

Las posibles intervenciones se refieren a aspectos de pobreza y equidad, empleo, redes de protección social y condiciones de vida en las ciudades. Estas intervenciones pueden basarse en: (i) programas focalizados en los grupos más vulnerables; y (ii) programas de corte sectorial (educación, salud, vivienda, agua potable, saneamiento, otros).

2.63

Pobreza y equidad social. La atención del problema de la pobreza y la equidad social, requiere la consolidación y profundización de las acciones ya emprendidas con énfasis en: (i) el desarrollo de alternativas de crecimiento económico que beneficien a los sectores más pobres y excluidos y la definición de políticas específicas para los mismos; y (ii) la focalización de los recursos en beneficio de los grupos más vulnerables, con énfasis en familias pobres e indigentes con hijos menores de 18 años.

2.64

La modalidad de acción del Gobierno ha sido de naturaleza sectorial (educación, salud, vivienda, otros), la cual no siempre ha asegurado una adecuada focalización en los sectores más pobres. Por ello, en los últimos años se han conceptualizado algunos programas focalizados en la población más necesitada (Programa de Asentamientos Irregulares 1186/OC-UR)Una primera área de intervención que el Banco apoyaría en los próximos años refiere a los menores de 18 años que viven en familias pobres o

- 20 indigentes. En tal sentido, las acciones a desarrollar podrían estar dirigidas a garantizar la asistencia efectiva a los centros de enseñanza, el acceso a la atención médica y el apoyo en materia de alimentación de los menores de 18 años, con énfasis en la atención de la infancia (Plan Centro de Asistencia a la Infancia y Familia, CAIF) y las familias carenciadas, apoyando paralelamente los procesos de capacitación e inserción laboral del jefe del hogar. El Programa de Atención a la Infancia y la Familia (UR-0134), por un monto estimado en US$35 millones, estaría apoyando acciones: (i) que contribuyan a la consolidación de la familia, carenciada y con hijos menores de 18 años; y (ii) garanticen que los menores tengan acceso a la educación, salud y alimentación adecuada.

2.65

Una segunda área de acción prioritaria se refiere a la situación de los adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos y que pertenecen a familias de ingresos medios y bajos. Una acción específica en beneficio del adulto mayor debería dar prioridad: (i) la protección de los ancianos más vulnerables; (ii) la instrumentación de las normas regulatorias recientemente aprobadas para los hogares y casas de ancianidad; (iii) la promoción de iniciativas de la sociedad civil dirigidas a este grupo de ancianos; y (iv) el apoyo al adulto mayor afectado por alguna enfermedad crónica de difícil atención en el hogar. El Banco podría apoyar propuesta concretas en esta materia.

2.66

Empleo. En esta área los principales problemas a resolver son: (i) la persistencia de altas tasas de desempleo asociadas al ajuste estructural de la economía uruguaya y a las rigideces del mercado de trabajo y de la legislación laboral; (ii) la incidencia del desempleo en los grupos más vulnerables: jóvenes, mujeres y jefes de hogar con bajo nivel de instrucción; (iii) la actualización de los perfiles ocupacionales requeridos por la incorporación de nuevas tecnologías; (iv) las rigideces del sistema educativo y de formación profesional que impiden calificar los recursos humanos acorde a las demandas del sector productivo en respuesta a la globalización de los mercados; y (v) la ausencia de un sistema institucional integrado de formación profesional.

2.67

Las autoridades nacionales han procurado desarrollar instrumentos que favorecieran la reducción del desempleo y mejoraran la calificación de los trabajadores. Para ello, con apoyo del Banco, se han emprendido acciones de fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE), el diseño de un sistema de competencias laborales, la creación de programas de inserción laboral de jóvenes y grupos desfavorecidos, el apoyo a las PyMES y la modernización de las relaciones laborales.

2.68

El Banco le dará prioridad a aquéllas acciones orientadas a crear oportunidades de empleo a través de: (i) el diseño de una estrategia y política de empleo que contemplen la incidencia del MERCOSUR sobre el mercado de trabajo y los instrumentos disponibles, en especial el Fondo de Reconversión Laboral; (ii) el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores en respuesta a las demandas del sector productivo; (iii) la modernización de las relaciones laborales; y (iv) la creación de ámbitos institucionales y de instrumentos efectivos, eficientes y que garanticen su sostenibilidad.

2.69

Educación. El principal reto en el corto y mediano plazo es mejorar el nivel y la calificación de los recursos humanos en respuesta a la demanda del sector productivo por personal de mayor capacitación en nuevas tecnologías.

La reforma educativa actualmente en ejecución, alcanza a todos los niveles, desde el preescolar hasta la enseñanza técnica. En este escenario, cabe destacar la extensión de la cobertura

- 21 preescolar para niños de 4 y 5 años hasta la casi universalización de la misma (89%); el funcionamiento de escuelas de tiempo completo; el diseño e implantación de un nuevo curriculum y modelo de gestión para el Ciclo Básico de Educación Media; la mejora en infraestructura escolar, equipamiento informático, y dotación de textos escolares, y material didáctico; el avance en la formación y capacitación docente; la creación de cinco centros regionales de profesores (CERP) en el Interior del país y el aumento de los postulantes a docentes; el diseño e instrumentación de los Bachilleratos Tecnológicos en la Educación Técnica y las mejoras en los sistemas de información y de evaluación de aprendizaje, entre otros. Estos resultados se reflejan en una imagen positiva de la reforma y en un apoyo a su instrumentación por parte de la opinión pública y del sistema político. Todo ello se ha traducido en un aumento en la equidad.

2.70

El Banco seguirá apoyando los procesos de mejora y actualización tecnológica de la educación como una de las vías fundamentales para aumentar la equidad y generar los recursos humanos que demanda el sector productivo para competir con éxito en los mercados internacionales. Bajo ambas perspectivas, se trataría de crear las condiciones adecuadas (pedagógicas, de organización y gestión, de recursos humanos, de infraestructura, de incentivos, entre otras) para lograr un mayor impacto en términos de aprendizaje de los estudiantes, reducir las tasas de repetición y deserción, garantizar la transmisión a los jóvenes de los conocimientos necesarios para incorporarse a la vida productiva del país y atender a los niños en la escuela desde una edad temprana.

2.71

En la futura agenda del sector, el Banco contribuirá al financiamiento de un programa de fases múltiples para la educación media y de acciones de apoyo a la infancia, en el cual se priorizarán:

2.72

a.

Educación Primaria: lograr la universalización de la cobertura a preescolares de 4 y 5 años y apoyar la extensión del sistema de escuelas de tiempo completo. Ambos aspectos podrían estar vinculados a las acciones mencionadas en beneficio de las familias más pobres con hijos menores de edad;

b.

Educación Media: apoyar la consolidación de la reforma del Ciclo Básico y del Bachillerato Tecnológico, y contribuir a su extensión al Bachillerato Diversificado de Secundaria;

c.

Gestión: promover la mejora efectiva de la gestión administrativa y operativa del sistema educativo en su conjunto y de los centros educativos en particular;

d.

Formación Docente: desarrollar un sistema integrado de Formación Docente; apoyar la mejora de su cobertura y calidad, incluyendo la consolidación de los CERP, la modernización del IPA y la capacitación y actualización de docentes; y finalmente, mejorar los mecanismos de incentivo para los recursos humanos del sistema.

Salud. En los últimos años se ha registrado una tendencia al crecimiento del gasto en salud, que ha llegado a representar alrededor del 10% del PIB pero con una baja eficacia y eficiencia respecto de la evolución que han registrado los indicadores de salud y la calidad de los servicios prestados. Los principales problemas identificados en el sector salud son: (i) un modelo de atención centrado en la atención hospitalaria y con escaso desarrollo de la atención primaria, sobre todo de carácter preventivo; (ii) la vigencia de regulaciones y mecanismos parciales y descoordinados que han incentivado

- 22 comportamientos inadecuados por parte de las instituciones que organizan y prestan servicios de promoción y prevención de salud, y asistencia médica en los sectores públicos y privados; (iii) la extrema debilidad institucional del Ministerio de Salud Pública (MSP) en las áreas de formulación de políticas, regulación, promoción y prevención de la salud; (iv) las debilidades en materia de gestión gerencial de los hospitales de ASSE; y (v) el crecimiento de los gastos y los problemas de gestión técnica y financiera del Fondo Nacional de Recursos.

2.73

A pesar de estos problemas, no se han encarado transformaciones profundas en el sector.

En forma preliminar se han identificado las siguientes áreas para la acción del Banco: (i) la definición del marco regulatorio, especialmente de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMCs), incluyendo la ampliación de la cobertura y financiamiento de riesgos no cubiertos; (ii) la creación de un modelo de autonomía hospitalaria que permita al sector público funcionar de forma eficiente y competitiva; (iii) la mejora en la gestión de la red pública integrada de servicios de salud, posiblemente incluyendo la reorganización del MSP; y (iv) la adecuación del modelo de formación y de utilización de recursos humanos al nuevo modelo de marco regulatorio. En este último aspecto, el Banco está procesando el Programa de Reforma de la Formación de Recursos Humanos en Salud (UR-0120). Un programa sectorial para el sector salud podría apoyar la atención de los problemas detectados en alta tecnología, autonomía hospitalaria y regulación de las IAMCs. El mismo dependería del desarrollo de estudios a financiarse con cooperación técnica y otros recursos que pudieran ser provistos por el Banco.

2.74

Condiciones de vida en las ciudades. En un contexto de creciente urbanización, los problemas de crecimiento no planificado de las ciudades, marginalidad, inseguridad, y exclusión representan un problema serio en el futuro inmediato. En tal sentido, merecen especial atención: (i) vivienda; (ii) servicios de agua potable y saneamiento; (iii) recolección de residuos sólidos; (iv) medio ambiente; (v) desarrollo urbano y transporte colectivo; y (vi) seguridad.

2.75

Vivienda. El sector vivienda presenta diversos problemas de funcionamiento asociados a la escasa participación del sector privado en la provisión de vivienda para el sector de bajos ingresos, los elevados costos de la construcción de viviendas en comparación con otros países de similar desarrollo relativo, la existencia de un marco normativo desactualizado en materia de uso del suelo, loteo de las propiedades y construcción de viviendas, la ausencia de una adecuada articulación institucional entre los actores pertinentes, las restricciones para el acceso a la vivienda social y al arrendamiento debido a requisitos vinculados a las garantías.

2.76

La asistencia del Banco ha estado orientada a la modernización de los mecanismos de apoyo a la oferta de la vivienda, en particular la del sector de bajos ingresos. Con el apoyo del Banco, se ha desarrollado el Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV); se construyeron núcleos básicos evolutivos (NBE); se otorgaron subsidios habitacionales directos para familias de bajos ingresos; y se inició un programa de Integración de Asentamientos Irregulares, que incluye también la revisión del marco normativo, financiero e institucional del sector vivienda, así como el diseño de un Fondo de Garantía de alquileres.

- 23 2.77

El Banco le dará prioridad a acciones orientadas a: (i) la consolidación del SIAV; y (ii) el reordenamiento del sector financiero de la vivienda, incluyendo el rol financiero del BHU y el rol normativo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). En particular apoyaría el financiamiento de soluciones habitacionales de bajo costo, incluyendo subsidios directos y focalizados hacia familias carenciadas.

2.78

Agua potable y alcantarillado. El servicio de agua potable y saneamiento en Uruguay padece de problemas, entre los que se destacan: (i) las coberturas de agua potable son elevadas en todo el país pero los niveles de cobertura de alcantarillado son bajos en el interior del país; y (ii) OSE tiene baja eficiencia, alto número de funcionarios, elevadas pérdidas, procedimientos internos complejos y burocráticos, y limitaciones en su gestión empresarial.

2.79

El sector necesita de una reforma básica estructural que contemple una racionalización de las organizaciones, una mejora en su eficiencia y un incremento en la participación del sector privado en la gestión de los servicios. A tal efecto, el Banco considera prioritario realizar un estudio del sector, que defina las líneas de acción a los efectos de una reforma institucional integral, que orientaría la futura participación del Banco y el cual precedería un eventual nuevo programa de inversión con OSE. Dicho programa podría comprender: (i) un componente de reforma y mejoramiento institucional; (ii) la regionalización efectiva de la entidad, puesto que además de mejorar su gestión, facilitaría una eventual fusión de los servicios de agua potable y alcantarillado en Montevideo; y (iii) algunas inversiones prioritarias en agua potable y saneamiento, principalmente en el interior del país. Asimismo se apoyarían los esfuerzos de apertura a la inversión privada como otra forma de aumentar su eficiencia.

2.80

Residuos sólidos. El manejo y disposición final de los residuos sólidos en todo el país es de responsabilidad municipal. Hay serias deficiencias en la disposición final, incluso en la ciudad capital. La recolección es realizada principalmente en forma directa por los municipios, con una baja participación del sector privado. Se encuentra próximo a su inicio la elaboración de un Plan Director de Residuos Sólidos para toda el área metropolitana de Montevideo, que alberga a más de la mitad de la población del país. El Plan será un instrumento esencial para definir las futuras áreas de intervención, en un sector que reviste particular importancia para las condiciones de vida, medio ambiente y salubridad de la principal ciudad y capital del país.

2.81

Medio ambiente. Uno de los problemas básicos que afectan al sector es de índole institucional, derivado de la superposición, duplicación y falta de coordinación de funciones entre diversas entidades en el ámbito nacional y departamental, que ocasionan ineficiencias en la gestión. La atención de los problemas de medio ambiente tiene particular relevancia para Uruguay porque el país posee características especiales, no suficientemente aprovechadas, que pueden constituirlo en un importante exportador de bienes elaborados mediante tecnologías limpias, que lo hagan competitivo no tanto por el volumen de su producción sino por su calidad. Asimismo, el país dispone de sitios naturales no suficientemente aprovechados, que pueden ser explotados bajo la modalidad de turismo ecológico.

- 24 2.82

Las autoridades, con el apoyo del Banco, llevaron a cabo un programa de fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA). En la actualidad, el Banco está financiando una cooperación técnica con recursos del Fondo Italiano para establecer una red de información ambiental.

2.83

El Banco le dará prioridad al ordenamiento ambiental del territorio y a las medidas de reforma y consolidación de la gestión pública que permitan una mayor eficiencia en el área ambiental, a fin de evitar duplicación de funciones y facultades. Así mismo, el Banco podría apoyar la labor de diseño y aplicación de estrategias de producción limpia tanto en el área industrial como agrícola y turística; el diseño deberá basarse sobre una comprensión cabal de las implicaciones económicas, sociales y ambientales de los métodos y tecnologías propuestas, mientras que la aplicación deberá sustentarse en una participación directa y comprometida de los sectores privado y comunitario en concordancia con los esfuerzos del sector público.

2.84

Desarrollo urbano. Las actividades de desarrollo urbano se encuentran atendidas en el marco de diversas formas de intervención de otros sectores (agua y saneamiento, asentamientos irregulares, vivienda, etc.) así como en obras de desarrollo municipal (pavimento y cordón cuneta, centros de barrio, hogares de ancianos, terminales de ómnibuses, etc.) que se vienen implementando desde los inicios de la década a través de tres operaciones consecutivas con el Banco (Programa de Obras Municipales I y II y Programa de Desarrollo Municipal). El Banco podría apoyar una nueva fase del Programa de Desarrollo Municipal, en un contexto de desarrollo y transformación de la gestión y de las finanzas municipales.

2.85

En el área de recuperación urbana, el país ha emprendido, con el apoyo del Banco, actividades de preservación del patrimonio nacional y de desarrollo de algunos barrios de la capital del país, a través de: (i) un Programa Nacional de Recuperación Urbana (PNRU), que tiene por objetivo revitalizar el barrio de La Aguada, en Montevideo, mediante nuevas actividades económicas y culturales capaces de atraer y retener población estable a dicho barrio; y (ii) una cooperación técnica del Fondo Italiano, cuyo objetivo es apoyar a la IMM en el desarrollo de planes especiales de ordenamiento urbano para otros dos barrios de Montevideo (Carrasco/Punta Gorda y El Prado). Por su parte, durante la gestión del PNRU, el gobierno manifestó su interés en apoyar programas similares al del barrio de la Aguada en otras ciudades del interior del país.

2.86

Seguridad. Se ha comenzado a actuar desde diversos ámbitos: la justicia; las políticas sociales, el empleo y el desarrollo de programas focalizados. En éste último caso, se encuentra en ejecución, con apoyo del Banco, un programa muy innovativo de prevención del delito y la violencia doméstica que procura fortalecer la capacidad preventiva y de respuesta del Estado y la Sociedad, desde la perspectiva de las organizaciones sociales, la educación y la policía, entre otros, de modo de reducir los índices de delincuencia y violencia, en el ámbito de la comunidad y la familia. El Banco continuará dando prioridad a aquéllas iniciativas orientadas a disminuir el nivel de la violencia y de la inseguridad ciudadana.

2.

2.87

Servicios no financieros.

El Banco ha mantenido una actitud comprometida y cooperativa con el país, acompañando técnicamente el proceso de identificación, formulación, ejecución y

- 25 evaluación de operaciones. Para ello, ha aportado financiamiento y ha contribuido en: (i) promoción del diálogo sobre temas económicos y sociales del país y la región, sirviendo de foro o aportando al financiamiento o a la organización de eventos vinculados a estos temas (ej. temas de reforma del Estado, rol de la mujer, inserción laboral de jóvenes, políticas de empleo); (ii) realización de cursos a ejecutores en los cuales se ha procurado transmitir metodologías e instrumentos de gestión que conducen a prácticas óptimas de trabajo, en el marco del Programa de Entrenamiento que integra el Plan de Acción para países C y D; (iii) intercambio técnico y aporte de lecciones aprendidas, en oportunidad de las reuniones anuales de evaluación de cada proyecto o de revisión de la cartera global; (iv) aporte y difusión de otras experiencias regionales y extra-regionales, generando además los contactos pertinentes; (v) asistencia técnica a través del Plan de Acción para países C y D, colaborando en las diversas fases de los proyectos, a solicitud del prestatario; y (vi) la búsqueda de puntos de encuentro para el diálogo y para compartir enfoques y metodologías con otras agencias de cooperación internacional así como con instituciones de la sociedad civil, el Estado y el sector privado.

2.88

Las acciones referidas conforman un conjunto de servicios no financieros que ha contribuido a consolidar la presencia del Banco en el país, a garantizar la pertinencia de su intervención y fundamentalmente a transformarlo en un referente de las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, así como de la opinión pública.

El Banco continuará realizando acciones según se materialice la necesidad de los mismos, promoviendo la discusión abierta y participativa de los problemas.

3.

Coordinación de los instrumentos para el sector privado

2.89

Departamento del Sector Privado (PRI). PRI continuará dando prioridad a proyectos de infraestructura. A la luz de las prioridades del Gobierno en lo referente a privatización de infraestructura, la oportunidad más concreta para operaciones de PRI se presenta en los sectores de agua y transporte. Se estima que PRI podría iniciar una propuesta de financiamiento del Banco para apoyar la concesión recientemente otorgada por las autoridades para el saneamiento del agua en la intendencia de Maldonado. Por otra parte, una vez resueltos los problemas de adjudicación relacionados con la concesión para la operación del Aeropuerto Internacional de Carrasco, el Banco podría considerar su participación.

2.90

Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN). La acción del FOMIN en el apoyo al sector privado se ha enfocado en cinco áreas: (i) fomento y facilitación de la actividad del sector privado en los sectores de transporte, energía; (ii) establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos entre empresas; (iii) desarrollo, regulación y control del mercado de capitales; (iv) mejora de la productividad de los recursos humanos y fortalecimiento del mercado de capacitación; y (v) el desarrollo de la competitividad empresarial distinguiendo tanto el apoyo a la internacionalización y productividad de las pequeñas y medianas empresas como a la consolidación de las microempresas a través de su acceso a servicios financieros.

2.91

El apoyo del FOMIN en el futuro se dirigirá al fortalecimiento de los servicios públicos, al ordenamiento de las políticas que orientan el crecimiento y consolidación del sector de la micro, pequeña y mediana empresa; la mejora de la competitividad empresarial mediante la implantación de estándares de calidad en la producción; la facilitación del

- 26 acceso de la micro y pequeña empresa a fuentes de crédito y servicios financieros innovadores; y el aumento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas particularmente en el sector de tecnologías de la información, así como su internacionalización dentro del ámbito MERCOSUR. 2.92

Corporación Interamericana de Inversiones (IIC). La cartera activa alcanza a US$22,5 millones en: Línea de Agencia a Banco de Montevideo (US$15 millones); FOFIP (US$1.4 millones), un fondo de inversión para pequeñas y medianas empresas; Gralado (US$1.1 millones), una terminal de autobuses y centro comercial en la ciudad de Montevideo, y Udeman (US$5 millones), una terminal de autobuses y centro comercial en el Departamento de Salto. Todos los proyectos activos se vienen desempeñando bien y repagando a la CII de acuerdo al calendario. En los últimos dos años, la CII tuvo dos proyectos con problemas: Granja Moro S.A. y MiGranja S.A. En ambos casos, la venta de la participación de la CII fue exitosamente negociada, minimizando las pérdidas para la CII.

2.93

Para el año 2000, la estrategia continúa siendo la de apoyar al sector privado, dando prioridad a las pequeñas y medianas empresas, a través de la Línea de Agencia mencionada que fue aprobada en 1999; mediante la misma, la CII y el banco local otorgarán créditos corporativos, hasta por US$3 millones. Para la CII, ésta representa la primera operación en América Latina y el Caribe, bajo una nueva modalidad de crédito.

Complementariamente, existen operaciones y proyectos actualmente bajo análisis, entre los cuales se pueden mencionar: (i) el desarrollo portuario en el interior por US$20 millones; y (ii) un complejo hotelero por US$20 millones.

4.

Otras agencias multilaterales

2.94

Banco Mundial (BM). El nivel de ingreso per cápita de Uruguay ya sobrepasa el umbral indicativo establecido por el BM para iniciar el proceso de graduación como país prestatario, y en consecuencia, dicho banco está preparándose para desvincularse gradualmente como fuente de financiamiento externo multilateral del país. Con ese propósito, la Estrategia de Asistencia Financiera del BM para Uruguay (CAS) incluye la definición de variables claves y su seguimiento. En ese contexto, un deterioro significativo de estas variables implicaría la posibilidad de que dicha estrategia sea revisada. Los indicadores bajo consideración serían: (i) el desempeño económico y financiero (crecimiento del PIB real, déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, deuda externa como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios no factoriales); y (ii) sociales (tasa de desempleo, niveles de pobreza, coeficiente de Gini, tasa de mortalidad infantil). En ese mismo ámbito, el BM además consideraría variables tales como una fuerte caída en los precios internacionales de los principales productos de exportación o un deterioro significativo en la calidad de su cartera.

2.95

Para los próximos años el Banco Mundial tiene aprobaciones programadas en su escenario básico por un monto entre US$150 y US$200 millones para los años fiscales (julio 1 a junio 30) del período 2001-2005, inferior al programado para 1998-2000, que fue de US$180 millones a US$225 millones. Su actuación estaría concentrada principalmente en servicios no financieros en las áreas de pobreza y exclusión social, medio ambiente, y reforma del Estado y gobernabilidad. Esta participación sería complementaria a la acción del Banco en esos temas. Dentro de este contexto, el Banco

- 27 continuará siendo la principal fuente de financiamiento externo multilateral para el Uruguay, rol en el cual se espera que su peso relativo siga creciendo como ha ocurrido en los últimos años: (59% de la deuda multilateral en 1995 y 65,4% en 1999).

2.96

FMI. El FMI ha dado un apoyo sostenido a los programas económicos de estabilización de Uruguay. Como se indicó anteriormente, el FMI ha negociado un nuevo acuerdo de contingencia de tipo precautorio con vigencia hasta 2001. A la luz del fuerte ajuste fiscal programado las autoridades y el FMI han postergado la implantación de reformas estructurales de gran alcance en el año 2000 y han decidido focalizar su acción en temas tales como la auditoría y publicación cuatrimestral de información financiera de los bancos oficiales.

5.

Escenarios de préstamos

2.97

Los factores principales en la determinación del Programa Operativo del Banco para el quinquenio 2000-2004 son el programa económico de mediano plazo del Gobierno y los límites de endeudamiento externo definidos por las autoridades en el acuerdo con el FMI. En este contexto, se ha establecido un escenario básico de préstamos por un monto global de US$1.000 millones para el período, el cual es similar al monto aprobado por el Banco para el período 1995-99. El Banco y el Gobierno han acordado concentrar dicho financiamiento en los tres primeros años en los cuales se aprobaría un monto de US$850 millones. En caso de que la implantación de las reformas estructurales programadas diera lugar a la necesidad de recursos adicionales en el sector público, el Banco podría considerar un escenario alternativo de financiamiento por un monto de US$1.200 millones.

2.98

Al respecto, no existen limitaciones derivadas de la exposición del Banco en Uruguay, tanto en términos del porcentaje de la deuda del país en la cartera del Banco (inferior al 18%) como en cuanto a la participación del financiamiento del Banco en el total del endeudamiento externo del país, de manera que la proporción del servicio de la deuda del BID en relación con el servicio de la deuda total se mantendría bajo el 30%. Los flujos previsibles de la ejecución de la cartera existente y de las nuevas operaciones propuestas darían lugar a niveles de servicio de la deuda y de flujos netos aceptables.

- 28 -

URUGUAY. ESCENARIO DE DESEMBOLSOS E INDICES DE DEUDA HISTÓRICO Desembolsos de Préstamos Repago

PROYECCIONES

1997

1998

1999

2000

2001

2002

178,8

150,8

358,5

175,0

275,0

275,0

45,7

48,3

57,0

58,9

66,1

76,6

133,1

102,5

301,5

116,1

208,9

198,4

Intereses y Cargos

56,8

63,4

79,1

93,8

101,6

110,7

Flujo Neto de Caja (incl. suscrip. y contr. capital BID)

74,4

36,9

220,8

22,3

107,3

87,8

Flujo Neto de Préstamos

Exposición Crediticia del BID en % (18%) Deuda Externa Total Desembolsada/ PIB Servicio Deuda del BID/Exportaciones BSNF (8%)

2,6

2,5

2,9

2,9

3,1

3,5

31,2

34,0

42,2

41,5

40,5

39,0

2,4

2,7

3,8

3,7

3,7

3,8

13,7

9,8

15,0

13,5

17,3

15,2

Servicio Deuda Multilateral/Servicio Deuda Total (50%)

27,2

18,9

32,8

26,1

36,0

35,4

Total Servicio Deuda/Exportaciones BSNF

17,4

26,9

25,0

27,6

21,5

25,3

Servicio Deuda del BID/ Servicio Deuda Total (30%)

Fuente: BCU, Banco Mundial y estimaciones BID

6.

2.99

Riesgos en la implantación de la estrategia

Los riesgos que podría enfrentar la estrategia propuesta estarían asociados con: (i) restricciones presupuestarias que afecten la disponibilidad de recursos de contrapartida; (ii) debilidades institucionales o de administración de los programas contemplados; (iii) dificultades o demoras en obtener la aprobación de legislación necesaria para llevar adelante planes de reformas; y (iv) medidas o políticas imprevistas originadas en las economías de la región o perturbaciones en el resto del mundo con consecuencia desestabilizadoras o recesivas en la economía de Uruguay.

2.100 El riesgo de restricciones presupuestarias ha sido reducido mediante el fortalecimiento de la administración financiera del Gobierno Central. Por una parte, la administración de impuestos internos y la de aduanas ha sido fortalecida con la adopción de nuevos sistemas informáticos, capacitación de personal y reestructuraciones administrativas. El control presupuestal del gasto también se ha fortalecido poniendo énfasis en la gerencia financiera de caja en la TGN y el perfeccionamiento de la información de la CGN así como con controles preventivos y el TOCAF. Este proceso se consolidará y profundizará en la nueva fase de la reforma del Estado. Además, en cada operación específica la disponibilidad de recursos de contrapartida será acordada con el Gobierno durante el diseño del financiamiento de cada programa.

2.101 En cuanto a las debilidades institucionales, en la preparación de los nuevos proyectos se le asignará especial atención al análisis y solución de los problemas que se identifiquen.

2.102 Los requerimientos de legislación para llevar a cabo planes de reforma son relativamente modestos con respecto a la estrategia en su conjunto. Los principales programas de reformas se abocan a la profundización o consolidación de reformas en curso así como otros aspectos que no requieren aprobación legislativa. Aún más, los programas para establecer marcos regulatorios en la mayoría de los servicios públicos tienen antecedentes de legislación ya aprobada.

- 29 2.103 La estrategia está basada en la continuidad de los programas de estabilización en los países vecinos por lo que está sujeta a riesgos de cambios importantes en el entorno regional. De materializarse estos riesgos pueden requerir cambios en la política cambiaria y medidas adicionales de ajuste fiscal para evitar un resurgimiento de las presiones inflacionarias. En ese sentido, están bajo consideración iniciativas a nivel del MERCOSUR para profundizar la integración económica regional y extenderla a mecanismos de cooperación para reducir el impacto de transmisiones o contagios de efectos desestabilizadores.

7.

Seguimiento de la implantación de la estrategia

2.104 Para evaluar la implantación de la estrategia se proponen una serie de indicadores en la Matriz del Anexo II que servirían para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia del Banco. Por otra parte, la evaluación de la intervención del Banco requerirá el desarrollo de indicadores específicos en cada proyecto aprobado.

- 30 III. AGENDA PARA EL DIÁLOGO CON EL PAÍS 3.1

El diálogo del Banco con las autoridades uruguayas debería incluir los siguientes temas: Area Estratégica

Gestión Macroeconómica

Competitividad e Integración Regional

Modernización del Estado y Gobernabilidad.

Bienestar y Equidad Social

Temas para el Diálogo La política fiscal y las acciones de control del gasto para reducir el déficit del sector público.

Posibles impactos fiscales de modificar la política de precios y tarifas de las empresas públicas y de unificar su tratamiento tributario, incluyendo la posible reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social.

La coherencia de la política cambiaria y fiscal con las reformas en el sector público destinadas a mejorar la eficiencia y la competitividad de la producción.

Medidas para mejorar la eficiencia de las empresas públicas, reducir costos, y adecuar precios y tarifas, incluyendo impacto impositivo.

La posición competitiva del sistema financiero uruguayo en MERCOSUR. La estrategia para promover un mayor desarrollo tecnológico en las actividades productivas y de servicios.

Planes de inversión del gobierno para superar restricciones al desarrollo productivo, particularmente las carencias de infraestructura de transporte en sectores dinámicos con potencial exportador.

Planes y estrategia para promover concesiones de obras y servicios, así como sus regímenes regulatorios.

Apoyo del gobierno para la reorganización de los procesos productivos del sector privado, incluyendo aspectos laborales, con miras a la promoción de exportaciones particularmente a mercados extra regionales.

Formulación de un programa para completar las reformas de la Administración Central y mejorar su control de gestión, y además reforzando la atención de las áreas de educación y salud y en otras áreas no cubiertas por el Programa de Reforma del Estado.

Atención prioritaria a la modernización de las administraciones municipales.

Coordinación de las acciones del gobierno para proteger al consumidor de la posición monopólica de las empresas nacionales y de las de mayor tamaño en el MERCOSUR. Identificación de mecanismos operativos para promover vinculaciones entre el Estado, la sociedad civil y las empresas.

La coordinación del apoyo a la modernización del Poder Judicial.

La continuación de los esfuerzos por lograr la universalización de la cobertura a preescolares y la consolidación de la reforma del ciclo básico y del bachillerato tecnológico.

Focalización de acciones en beneficio de grupos vulnerables, en particular, los menores y adolescentes que viven en familias pobres.

Desarrollo de un sistema integrado de formación docente.

Preparación de opciones para identificar un marco regulatorio para el sector salud.

La adecuación de modelo de formación y utilización de recursos humanos en el sector salud.

Realización de estudio para definir lineamientos de una reforma institucional integral del sector saneamiento.

La participación del sector privado en el sector de agua y alcantarillado.

Reordenamiento de las funciones de los organismos del sector de medio ambiente.

I.

URUGUAY – PROGRAMA OPERATIVO 2000-2002 (US$ millones)

a) Operación

b) Número

Monto

Año

2. COMPETITIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL Desarrollo Tecnológico UR-0110 UR-0135 (1) Infraestructura Vial Multisectorial de Crédito UR-0136 Programa de Desarrollo Ganadero UR-0137

30,0 230,0

2000A 2001B

100,0 40,0

2001B 2001A

3. MODERNIZACION DEL ESTADO Y GOBERNABILIDAD Modernización del Poder Judicial UR-0122 Modernización de la Gestión Pública UR-0130 Desarrollo de la Gestión Municipal UR-0131 Mejora de la Gestión Departamental IMM UR-0139

5,0 150,0 100,0 3,0

2000B 2000B 2001B 2001B

4. BIENESTAR Y EQUIDAD SOCIAL Formación de Recursos Humanos de Salud Apoyo a la Gestión y Ordenam. Ambiental del Territorio Programa Sectorial en Salud Modernización de la Educación Media y Formación Docente Atención a la Infancia y la Familia Total

50,0 4,0 S/D 75,0 35,0 822,0

2001A 2001A 2001B 2001A 2002A

250 750 125 S/D 1.125

2000A 2000A 2000A 2000B

900

2001A

840 1.500

2000A 2000B

UR-0120 UR-0138 UR-0133 UR-0132 UR-0134

II. PROGRAMA DE COOPERACIONES TECNICAS 2000 (US$ miles) 1. COMPETITIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL Conversión Datos INE y Catastrales a SIG (CTF) TC0004017 Gerenciamiento Infraestructura con SIG TC9811911 Desarrollo Apícola para MIC Productoras Leche (CT/SP) TC9911187 Seguridad Aeronáutica CT S/N (i) Total III. PROGRAMA FOMIN 2000 (US$ miles) 1. COMPETITIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL TC9910056 (1) Desarrollo Empresarial, Industria del Software Modernización y Fortalecimiento Sector MyPES (DINAPYME) TC0005012 Normas ISO a Empresas Exportadoras TC0009005

-2Total

3.240

IV. INVENTARIO FOMIN 2000-2001

1. COMPETITIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL Fortalecimiento Tecnolรณgico al Sector Turismo CT S/N Capacitaciรณn Bancaria CT S/N Marco Regulatorio del Sector Telecomunicaciones CT S/N Apoyo Comisiรณn Nacional Desarrollo Sociedad de Informaciรณn CT S/N

S/D S/D S/D S/D

2001B 2001A 2000B 2001A

2. MODERNIZACION DEL ESTADO Y GOBERNABILIDAD Modernizaciรณn de Compras y Regulaciones del Estado CT S/N

S/D

2001A

-3-