REVISTA ACADEMUS SUPLEMENTO JURÍDICO VI by Centro de Investigaciones Multidisciplinarias

CONTENIDO

Presentación

Plan de Manejo de Santiago de Querétaro. Enrique Rabell García

Justos Beneficios en Investigación Biomédica en México. Lili Marlen Aguilar-Chávez Ruth Macklin

Los Valores: Una Estrategia en la Toma de Decisiones para la Responsabilidad Social Universitaria en el Campus San Juan del Río, de la UAQ. Yolanda Cortés Álvarez Rafaél Estrella Velázquez Jovita Georgina Neri Vega Julia Pérez Bravo Maribel Quezada Moreno

Análisis de la Política Pública en el Aprovechamiento de los Recursos para la Seguridad Pública. Daniel Alejandro De la Isla Olguín El Modelo del Ingreso Básico Universal como Opción ante el Esquema Tradicional de Programas Sociales en México Héctor Julio García Contreras

104

La Responsabilidad Social del Gobierno Local, Visión del Funcionario de Primer Nivel. Julia Pérez Bravo

112

Desarrollo Social y Análisis de la pobreza: El Caso de la Delegación Josefa Vergara y Hernández, Municipio De Querétaro.

Edgar Robles Acosta

126

Del Lenguaje General a la Argumentación Jurídica: Una Aproximación Teórica. Martín Silva Vázquez Gabriela Nieto Castillo

Régimen Jurídico del Patrimonio de Familia. Laura Patricia Herrera Vaca

El Deporte y la Juventud en las Políticas Públicas.

ARTE, LITERATURA Y SOCIEDAD

Emmanuel Adrián Macías Olvera

Afirmaciones Iusnaturalistas en la Conformación del Derecho Constitucional Mexicano.

140

Alma Elizabeth Méndez Hernández Gabriela Aguado Romero Teresita de Jesús Arroyo Córdova

Democracia, Gobierno y Sociedad en México. Arturo Molina Zamora Gerardo Servín Aguillón

Oportuna Opera Némesis Poesia

Luis Tovar flores

El Revueltas del Cine Mexicano

146 Juan José Lara Ovando

ACADEMUS Ciencias Jurídicas, año 3 No. 6

PRESENTACÍÓN En el número VI del Suplemento Ciencias Jurídicas, como ya es tradición, se abordan temas que, por su naturaleza resultan de particular relevancia en el acontecer cotidiano del País y particularmente del Estado de Querétaro. Enrique Rabell García desarrolla un estudio llamado “Plan de Manejo de Santiago de Querétaro”, donde analiza el contenido del Plan y Sitios Históricos de la ciudad de Querétaro, desde los antecedentes, su diagnóstico, instrumentación y mecanismos de control para garantizar una respuesta apropiada al nombramiento que esta Ciudad recibió por parte de la UNESCO como Ciudad Patrimonio. El autor señala la trascendencia de la Declaración de la Ciudad de Querétaro, lo que ha tenido resultados favorables para la preservación y restauración del patrimonio histórico de la Ciudad. Además, realiza un estudio comparado con otras ciudades en los que se logra establecer los avances a los proyectos y programas desde los diferentes enfoques como la población, movilidad, deshecho de residuos y basura, seguridad pública, entre otros. Asimismo, Lili Marlén Aguilar-Chávez y Ruth Macklin proporcionan una visión ética de la experimentación biomédica con seres humanos en el contexto internacional. Explican la ética en la investigación en seres humanos, señalando los mecanismos de regulación locales, nacionales e internacionales para quienes realizan investigaciones en el área biomédica. Incluyen el análisis de algunos estudios que abordan la importancia que tiene el PIB de un país, miembro de la OCDE, y su aplicación presupuestal a estas investigaciones; incluyendo las implicaciones de la economía en los procesos científicos que atañen a la investigación con seres humanos. En una muestra ejemplar de trabajo en equipo, Georgina Neri Vela, Julia Pérez Bravo, Maribel Quezada Moreno, Rafael Estrella Velázquez y Yolanda Cortés Álvarez, de la Facultad de Contaduría y Administración, reflexionan en torno a la aplicación de los valores cívicos y éticos desde el plano de la capacitación, priorizando el actuar de la universidad pública como agente promotor y capacitador en materia de valores. El Aprovechamiento de los recursos destinados a la Seguridad Pública es abordado por Daniel Alejandro De la Isla Olguín, a través de la política pública como la herramienta por excelencia encargada de analizar este aprovechamiento. Desde la relación entre las políticas y la seguridad pública hasta un análisis de la incidencia delictiva, contrastándolo con la percepción de seguridad pública, hasta el aprovechamiento del recurso destinado a la atención de éstos fenómenos, el autor propone una serie de soluciones alternativas a las expresadas de manera convencional. Por su parte, Héctor Julio García Contreras, profundiza en el esquema tradicional de los programas sociales en México, con una perspectiva de actualidad y con miras a comprender el futuro de México, ante las nuevas propuestas en esta materia. Considerando fenómenos como: la distribución de la riqueza y la necesidad de acceso a los programas sociales; presenta la propuesta de una reforma fiscal con base en las necesidades reales de una población particularmente desigual, tal como es la mexicana. Laura Patricia Herrera Vaca hace mención de un tema particularmente relevante para comprender la dinámica social de la realidad en México: el patrimonio familiar; estableciendo los conceptos de patrimonio y familia, invita a la reflexión y al análisis sobre estos conceptos y el régimen jurídico bajo el cual se administran, con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho sobre éstos de la manera apropiada, con principios de libertad y autodeterminación, pero también estableciendo las limitantes legales en cuanto a los montos establecidos y su justificación para cumplir las necesidades de una familia. “El Deporte y la Juventud en las Políticas Públicas” es el tema tratado por Emmanuel Adrián Macías Olvera, donde brinda una visión integral de la percepción de las prácticas deportivas en la comunidad estudiantil y juvenil; así como, las perspectivas de la práctica de algunos deportes en México. El autor desarrolló un estudio indagatorio para conocer la opinión de alumnos y personalidades relacionadas en este ámbito, mencionando la relación entre

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políticas públicas y el deporte, atendiendo el caso particular del Municipio de Querétaro y la importancia del deporte como herramienta para el desarrollo de la juventud. Alma Elizabeth Méndez Hernández, Gabriela Aguado Romero y Teresita de Jesús Arroyo Córdova, abordan la conformación del Derecho Constitucional Mexicano con una perspectiva Iusnaturalista. En este trabajo, describen la naturaleza del Constitucionalismo en México, así como su punto de partida establecido por la promulgación de la Constitución de 1917, no sin mencionar pilares importantes de la constitucionalidad mexicana, tales como la laicidad y los derechos políticos de la mujer que, junto con el juicio de amparo constituyen características que dan forma al Estado del Constitucionalismo en México. La relación simbiótica entre Democracia, Gobierno y Sociedad en el contexto mexicano es expuesta por Arturo Molina Zamora y Gerardo Servín Aguillón, quienes exponen una visión novedosa de la democracia, como una forma de vida sobre la que se yergue la nación mexicana y no solo como garante de legalidad con base en la decisión del pueblo mexicano. Lo anterior se justifica a partir de una semblanza histórica de la democracia y su impacto en la sociedad; respaldado en la obra de Schumpeter; para darle forma a las estructuras del gobierno en la sociedad. Julia Pérez Bravo ilustra el actuar del funcionario público de primer nivel, lo cual constituye la responsabilidad social adquirida del gobierno local. Desde la reputación institucional, la responsabilidad social corporativa y los principios de responsabilidad primordial, la autora reflexiona sobre un caso particular del Municipio de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Asimismo, propone la necesidad de integrar un modelo de gestión novedoso y apropiado para cumplir con las necesidades demandadas al gobierno local. El Desarrollo Social constituye un frente fundamental del estado para combatir la pobreza. Edgar Ramírez Acosta proporciona un análisis de la pobreza y la forma en que las políticas de desarrollo social la abordan. Conceptualizando las atribuciones y características de los programas de desarrollo social, establece una explicación clara de responsabilidades y autoridades a nivel municipal en el Municipio de Querétaro, lo que respalda con el análisis de indicadores de pobreza expuestos a lo largo de su escrito; caso particular de la Delegación Josefa Vergara, analiza el presupuesto asignado a estos programas y la descripción de las entidades responsables de atender esta problemática. La aproximación teórica en la transición de un lenguaje general a la argumentación jurídica expuesta por Martín Silva Vázquez y Gabriela Nieto Castillo aborda el tratamiento de algunas teorías relacionadas con la argumentación en la retórica. Explican la necesidad de tratar el lenguaje desde la Filosofía, Hermenéutica y la Lógica para el estudio del lenguaje jurídico. Los temas expuestos culminan con una expresión de arte literario que corre por cuenta de Luis Tovar Flores y Juan José Lara Ovando. Sea el lector bienvenido a la expresión de ideas, resultados, reflexiones y propuestas de los ensayistas y artistas que pretenden aportar herramientas para el entendimiento de la realidad social.

Maestro Ricardo Ugalde Ramírez Director de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Querétaro

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PLAN DE MANEJO DE SANTIAGO DE QUERÉTARO

Enrique Rabell García Facultad de Derecho, UAQ Resumen La finalidad del estudio es evaluar si el Plan de Manejo y Sitios Históricos de la Ciudad de Querétaro ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas que viven o utilizan el Centro Histórico. El Plan de Manejo es la respuesta institucional a la declaratoria de la UNESCO como Ciudad Patrimonio, como una estrategia no sólo de conservación del patrimonio, sino también resolver diferentes problemáticas como vivienda, comercio, turismo, oficinas de gobierno, entre otros problemas. La hipótesis señala que los incentivos del Plan han sido positivos. Se utiliza como marco teórico el relativo al institucionalismo y método multidisciplinario basado en la Historia, Políticas Públicas y Estadísticas. Los resultados muestran respuestas positivas y parciales. Palabras clave Administración Pública, Derecho Público, Ciencias Sociales. Abstract The objective of this study is to evaluate if the Management Plan and Historical Sites of Querétaro City has contributed to improve the life quality of the people living or visiting the Historical Center. The Management Plan is the institutional answer given to the declaration of the UNESCO as Heritage City, this is not only a strategy for the conservation of the Heritage, but an action to solve different problems such as housing, commerce, tourism, government offices, among others. The hypothesis points out that the incentives of the Plan have been positive. It is used as theoretical framework the relative one to the institutionalism and multidisciplinary method based on history, public policies and statistics. The results show positive and partial outcomes. Key Words Public Administration, Public Law, Social Sciences.

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describe los antecedentes de la Declaratoria. El tercero relativo a los trabajos preliminares del Plan. El apartado cuarto describe el contenido del Plan. El quinto estudia la gestión del Plan mediante la aplicación directa de fondos; los trabajos interinstitucionales y los resultados obtenidos en otras ciudades con Declaratoria. Y, el sexto apartado presenta los comentarios finales sobre las conclusiones del trabajo.

Introducción El estudio tiene por finalidad analizar la eficiencia en la gestión del Plan de Manejo y Conservación del Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro (IMPLAN, 2014), tanto en el sentido de conservar este Patrimonio como mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Desde el punto de vista cultural, al igual que muchas ciudades coloniales de Latinoamérica, la conservación del centro histórico representa muchos aspectos esenciales, no sólo de imagen urbana, sino de contar con un pasado histórico sólido, dar mayor cohesión social a los habitantes del centro, generar una mayor responsabilidad social para reproducir un sinnúmero de valores materiales e inmateriales, dar identidad a nuestra gente, aumentar el comercio y el turismo, así como contar con un mejor espacio para vivir.

Antecedentes históricos La Ciudad de Santiago de Querétaro se funda por los españoles el 25 de julio de 1531. Desde esas fechas, predominó la traza urbana colonial gracias a que la Ciudad ha sido un punto estratégico en la económico y político. Ya en nuestros días, se estableció el núcleo del centro como “Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de Querétaro” (ZMHQ), por decreto presidencial en marzo de 1981. La Zona comprende un área de 4 km2, formada por 203 manzanas que representan aproximadamente 1,400 edificios con valor histórico, construidos entre los siglos XVI y XIX, en una superficie aproximada de 400 hectáreas, dividida en cuatro perímetros.

La problemática principal ha consistido en generar consciencia de la importancia de contar con una política de conservación del centro histórico, así como coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. La pregunta básica consiste en saber si el Plan ha dado los resultados esperados. Al respecto la hipótesis es positiva en el sentido de que el Plan ha ayudado a mejorar la imagen urbana, así como las condiciones de sus habitantes. Sirve de sustento teórico el enfoque de la Nueva Economía Institucional (NEI), que permite conocer las instituciones, los incentivos que se crean, así como las reglas y tratos entre los actores que intervienen (North, 1990). Crawford y Ostrom (1995) señalan que las instituciones son “regularidades duraderas de la acción humana, estructuradas por reglas, normas y estrategias compartidas, así como por el medio físico. Las reglas, normas y estrategias compartidas son constituidas y reconstituidas por la interacción humana en situaciones repetitivas” (p. 582). Debido a su ámbito, Carrasco y Castaño (2012) consideran que “la finalidad de la NEI es explicar la importancia de las instituciones en la vida social, utilizando el lenguaje económico, pero integrando conceptos de disciplinas como el derecho, la ciencia política, la sociología, la historia, o la antropología” (p. 43)

Por otra parte, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2018) como política para fomentar la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, promovió el tratado internacional sobre la “Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”, aprobado en 1972. En el caso de Querétaro, la ZMHQ fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 7 de diciembre de 1996, con lo que se estableció la responsabilidad a nivel internacional, de proteger, conservar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural de valor universal excepcional existente. En este sentido la Convención ya citada le confiere a México la responsabilidad de elaborar y poner en práctica medidas para la protección, conservación, rehabilitación y revalorización de este sitio. A nivel mundial los países con más ciudades inscritas son: Italia con 47, España 44, China 43, Francia 38, Alemania 37 y México con 33, siendo el sexto lugar a nivel mundial y el primero en América (UNESCO, 2018). Por otra parte, en la “Carta de Pátzcuaro 2002” de ICOMOS (2015) establece que:

Debido al carácter multidisciplinario, la metodología se basa en diversas ciencias, así como técnicas cualitativas y cuantitativas, con la finalidad de poder evaluar aspectos desde lo cultural hasta aspectos sociales y económicos. En este orden de ideas, el estudio presenta los siguientes partes: el apartado segundo relativo a los antecedentes históricos, en los cuales se

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Como resultado de su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, los sitios quedan sujetos a una serie de fenómenos de distinta naturaleza que no siempre significan su preservación, es por ello que la elaboración de planes y programas de manejo con una visión integral de protección constituye una tarea de especial trascendencia a seguir, previamente y después de la inclusión de un sitio en dicha lista. En particular el plan de manejo debe ser un instrumento que se establece como un mecanismo de gestión que emana de los requerimientos establecidos por la Convención referida de la UNESCO. El plan representa un mecanismo de gestión, operación y administración de múltiples variables con un objetivo de largo plazo. La Convención de Patrimonio Mundial, dentro de sus Directrices Prácticas, definió tres elementos importantes: la protección de los valores de autenticidad, la integralidad y el sistema de gestión. Desde esta perspectiva, el plan de manejo debe de tener en cuenta la conservación de los valores que llevaron al sitio a ser declarado patrimonio mundial. Conforme a lo anterior, el plan de manejo se debe entender como un mecanismo de gestión de un sitio patrimonial donde se encuentran un conjunto de instrumentos normativos, estratégicos y operativos para la acción concertada de los sectores público, privado y de la sociedad en general, mediante un proceso de planeación en el cual se promueve una aproximación participativa, sistemática e integral para la conservación, investigación y difusión de los valores universales excepcionales del sitio en un marco de desarrollo sustentable que toma en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, a través de estrategias que conduzcan al establecimiento de un sistema de gestión que garantice la conservación y salvaguarda del sitio patrimonial y sus valores culturales en el largo plazo. Querétaro fue la primera ciudad patrimonio en nuestro país en contar con un Plan de Manejo, el cual fue aprobado por cabildo en noviembre del 2011. A la fecha tienen la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, las ciudades de Zacatecas, Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, Campeche, Oaxaca, Puebla, San Miguel de Allende, Tlacotalpan en Veracruz, Xochimilco, San Luis Potosí y San Juan del Río; reunidas en la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio (Ciudades Patrimonio, 2018).

Trabajos preliminares del Plan de Manejo Para la promulgación del Plan de Manejo de Querétaro, destacaron como trabajos preliminares, los siguientes:

a. El Catálogo Nacional de Monumentos Históricos e Inmuebles del Estado de Querétaro, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de 1990.

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principales puntos atractores para el Centro Histórico en 2007.

b. Se inicia el proceso del Plan de Manejo del Centro Histórico de Santiago de Querétaro por el Patronato del Centro Histórico en 2003. El proceso es retomado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro en diciembre de 2004, pasando luego al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

k. El Ayuntamiento y el INAH crearon el inventario de mobiliario particular, anuncios y toldos en perímetro “A” de la Zona de Monumentos en 2007. l. La Secretaría de Servicios Municipales, llevó a cabo un estudio para Proyecto de Ahorro de Energía en 2007.

c. Se realizó un estudio de centros atractores, elaborado por el Departamento de Ingeniería de Tránsito Municipal y registro de estacionamientos en vía pública en diciembre de 2003.

m. Entra en vigencia el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 2008 (Gaceta Municipal, 2008).

d. Se elaboró el Sistema de Información Geográfico de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales por el Patronato del Centro Histórico en 2004. e. La Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro realizó el “Estudio de Opinión Pública” a residentes y visitantes del Centro Histórico en 2005. f. Se realizó un segundo Estudio de Opinión como parte del proceso de la elaboración del Plan de Manejo y Conservación en 2007. g. En este mismo año, el Municipio de Querétaro promueve el uso de estacionamientos públicos, por lo que fue necesario realizar un “Estudio de la Infraestructura de Vialidad y Transporte”. h. Se elaboraron levantamientos de usos de suelo y servicios de Barrios Tradicionales por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio en 2006.

n. En este mismo año, por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, inició el proceso de elaboración del Programa de Redensificación de la Zona de Monumentos Históricos. Sobresale en la aplicación de las encuestas a los habitantes de los barrios tradicionales los temas de la falta de equipamiento urbano, inseguridad y caos vial. En concreto, el Plan de Manejo tiene como objetivos la protección y conservación de la Zona de Monumentos Históricos y dar valor a los barrios tradicionales; contar con un desarrollo social y económico equilibrado; mejorar la gestión pública; y mejorar la calidad de vida y el medio ambiente. Contenido del Plan El Plan de Manejo está integrado por los antecedentes, diagnóstico, instrumentación y mecanismos de control.

i. Durante el inicio de la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos Históricos; se diseñó y levantó información para el Sistema de Información Geográfico, a fines del 2006. j. La Secretaría de Obras Públicas Estatal y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, realizaron un análisis por manzanas que incluía los usos del suelo para identificar los

a. Los antecedentes. Reproduce los antecedentes históricos, el fundamento legal, la ubicación geográfica de la Zona y la delimitación del área de actuación. b. El diagnóstico. Retoma parte de los trabajos preliminares ya citados. En concreto, contiene: el contexto interno y externo; la población; los sectores económicos que se encuentran en la Zona; las organizaciones sociales, institucionales y financieras; matriz FODA; patrimonio, estado de conservación

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tal, por ejemplo:

de la traza urbana; monumentos históricos; patrimonio inmaterial (barrios tradicionales, centros culturales, festividades cívicas, gastronomía, música, artesanías); imagen urbana; tipología de viviendas; sistema de drenaje y alcantarillado; mobiliario urbano; infraestructura; agua potable; alumbrado público; seguridad pública; manejo de residuos sólidos; equipamiento urbano y áreas verdes; vialidad y transporte; estacionamientos públicos; turismo; y participación ciudadana.

a. Introducir el cableado subterráneo en 2003. b. La restauración del Teatro de la Ciudad. c. La rehabilitación de fachadas. d. La sustitución de luminarias en Centro Histórico. e. La rehabilitación de banquetas y vialidades.

c. La instrumentación. Sigue los pasos de la planeación estratégica, al incluir misión, visión, objetivos generales, objetivos estratégicos, dimensiones de actuación, escenarios futuros, estrategias de intervención, políticas de acción urbanas, desarrollo social y gestión urbana, y estrategias generales sobre la conservación del patrimonio. Destaca la formación de la Unidad de Gestión, la cual es la responsable de la aplicación y seguimiento del propio Plan. Cabe destacar que es un ente en el cual pueden participar los tres niveles de gobierno, así como los ciudadanos. Además, establece un capítulo especial dedicado a la participación ciudadana y sus mecanismos de articulación.

f. El acondicionamiento de espacios culturales. g. La administración y gestión del Centro Histórico. h. Restauración de la Capilla de Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas. i. La modernización del sistema eléctrico, iluminación y fumigación de retablos, audio y video, en la Iglesia de Santa Rosa de Viterbo. j. La rehabilitación de la explanada del Monumento a Benito Juárez en el Cerro de las Campanas.t

d. Mecanismos de control. Incluye el inventario y sistema de información. En particular es el diseño conceptual del mantenimiento de la base de datos; el sistema de Información Urbana y de Consulta de la base de datos de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de Querétaro; la definición de la base de datos; el Sistema de Indicadores; y el mecanismo de seguimiento de indicadores. Es de destacarse la definición de los alcances del control, así como la formación de los instrumentos que servirán para la evaluación. La gestión del Plan Resultados directos Gracias a esta declaratoria la Ciudad de Querétaro ha logrado obtener en promedio $15 millones de pesos anuales del Presupuesto de Egresos federal (SHCP, 2018) desde el año 2000. Los proyectos se han aplicado en políticas urbanas de preservación y restauración del patrimonio histórico dentro de la Zona declarada como

k. Restauración de la Alameda Hidalgo. Además, la Ciudad participa en la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial (Ciudades Patrimonio, 2018) y en la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM, 2017), permitiéndole tener una mayor difusión y aprovechar las experiencias de otras ciudades. Esta experiencia le ha permitido a Querétaro servir de antecedente para la elaboración de la Guía de Planes de Manejo que fue aprobada por la UNESCO, el INAH e ICOMOS, publicada en 2010 por la SEDESOL (2011). Siendo por tanto un ejemplo a nivel internacional en las estrategias de conservación del patrimonio. Así mismo, Querétaro ha cumplido con el Informe obligatorio que solicita la UNESCO, el cual se realiza cada seis años por los gestores capacitados del Plan. Trabajos interinstitucionales En la Mesa de Conservación, prevista en el Plan

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con distintas autoridades, se elaboró el “Catálogo de Proyectos”, siguiendo de manera puntual las estrategias del Plan de Manejo; siendo éstas: a) Patrimonio, imagen urbana y servicios; b) Equipamiento, vialidad y transporte; y c) Gestión y seguridad. Como ejemplo de la coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, se elaboró el Programa de Mejoramiento Urbano de la Zona de Monumentos Históricos, el cual contiene los siguientes compromisos asumidos: a) señalética Informativa para los monumentos históricos de Querétaro; b) actualización de la Cartografía original de la Zona de Monumentos; c) rehabilitación de la Explanada del Cerro de las Campanas; d) imagen urbana y ampliación de banqueta calle Madero; e) fuentes artísticas en Plaza Constitución y Plaza Mariano de las Casas; f) imagen urbana, sustitución de luminarias en el Centro Histórico; g) mejoramiento de fachadas; h) restauración de la barda perimetral del Ex Convento de la Cruz; i) Proyecto Estratégico para Financiamiento y Sustentabilidad de Vivienda

en la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales; j) Programa para el Rescate de Viviendas Abandonas; k) nomenclatura turística; y l) rehabilitación de la Antigua Estación de Tren. Además, se incluyen como proyectos para los próximos años, ya incluidos dentro del Plan de Manejo, los siguientes: a) sustitución de luminarias en el Barrio de San Sebastián; b) modernización del sistema eléctrico, iluminación y fumigación de retablos, audio y video, en la Iglesia de Santa Clara; c) mejoramiento de la iluminación en la Avenida Zaragoza; d) generación de mercado de artesanías para acomodar comercio informal; e) firma del Convenio de Colaboración para la gestión con el INAH, Gobierno del Estado y Municipio; f) actualización del Plan de Manejo y Conservación; g) actualización del Catálogo de Monumentos Históricos; h) actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Zona de Monumentos; i) mejoramiento de la imagen urbana de la Calle Ezequiel Montes; j) creación de la Gerencia de Sitios y Monumentos Históricos de Querétaro; y k) actualización del Reglamento de Imagen Urbana del Centro Histórico.

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Plan de Manejo en otras ciudades Con la finalidad de conocer los resultados de la gestión del plan de manejo en las otras ciudades con declaratoria de Patrimonio Histórico (ver último párrafo de los Antecedentes) se aplicó un cuestionario a las autoridades que asistieron a la reunión de la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio con motivo del Tianguis Turístico de Mazatlán (Ciudades Patrimonio, 2018). El cuestionario se aplicó a un total de 34 autoridades (6 federales; 11 estatales y 17 municipales) que representan las secretarías y dependencias más relacionadas a la aplicación del Plan de Manejo (ver anexo 1 para cuestionario). Como resultados principales, derivados de la gestión de los fondos federales, destacan la restauración de edificios y monumentos históricos, de imagen urbana, arreglo de parques, jardines y calles, y relativos a movilidad. Se destaca como políticas derivadas o indirectas de la gestión del Plan, la coordinación entre autoridades municipales que tienen competencia en los centros históricos, así como la participación en mesas de trabajo del municipio y entre municipio y gobierno estatal.

que en forma indudable la situación económica general representa la primera variable para lograr preservar estas zonas, ya que al existir un comercio importante, turismo, nuevas fuentes de trabajo y demás relativos, es posible contar con fondos tanto privados y públicos que se aplican a los edificios y diferentes medidas. Sin embargo, los planes de manejo han resultado en una herramienta muy importante que ha logrado como principal mérito coordinar muchas actividades y proyectos entre los tres niveles de gobierno y, en muchas ocasiones, con la misma sociedad civil. Conclusión La finalidad del presente estudio consistió en conocer la efectividad del “Plan de Manejo y Conservación de Zona de Monumentos Históricos de Santiago de Querétaro”, el cual representa el instrumento principal para conservar y restaurar esta Zona. Al respecto, se

En referencia a otras variables que ayuden a la conservación del Patrimonio y mejoramiento de la calidad de vida, se encuentra el desarrollo económico en general; los proyectos y programas propios de otras autoridades (turismo, autoridades delegaciones, obras públicas, organismos especiales, etc.); así como fondos extraordinarios de la Federación. Los retos principales han sido primero los institucionales, esto es, los diferentes partidos representados en los gobiernos, así como los cambios por inicio de nuevos gobiernos. La capacitación inicial o conocimiento de las nuevas autoridades; así como la disposición o confianza para trabajar en forma coordinada. En relación a los problemas principales que encuentran las zonas patrimonio consisten en el estancamiento de la población o envejecimiento; de movilidad; salida de oficinas públicas y privadas de estas áreas; desecho de residuos y basura; de seguridad pública; rehabilitación de viviendas viejas; construcción de edificios o comercios fuera de las normas; y puntos de vista diferentes con autoridades federales (INAH) respecto de las políticas de conservación. En cuanto a la contribución del Plan para preservar estas áreas y mejorar la calidad de vida, la mayoría señaló

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verificó no sólo la propia creación del Plan, sino la creación de las instancias de seguimiento y aplicación de la instrumentación correspondiente. Además, se constataron diferentes resultados que se derivan de la aplicación directa del Plan. Como la obtención de $15 millones anuales del presupuesto federal para la aplicación en obras de restauración y conservación del patrimonio histórico dentro de la Zona ya citada. Dichas obras y acciones fueron debidamente acreditadas, así como la planeación de las siguientes. Respecto de la eficiencia del Plan, los propios índices contenidos en el Plan representan la mejor opción para su evaluación. Al respecto, según el Instituto Municipal de Planeación (2015), en habitantes por hectárea, encontramos una población de 79,151 habitantes, en una superficie de 931 H., resultando en una densidad de 85.02 en el año de 1990. Para el año 2011, con una población de 86,279, la densidad aumentó a 92.67. El porcentaje de inmuebles catalogados respecto del total ha permanecido igual en 10.78% en este período. Del período 2006 al 2011, el número de locales (19) de agencias de viaje ha sido el mismo. Los estacionamientos aumentaron de 42 a 45; los hoteles de 30 a 35 y los restaurantes/bar de 93 a 103. El indicador de ocupación promedio anual en el servicio de hotelería en el Centro Histórico pasó de 35.2% a 55.4% en el período de 1995 al 2004. El gasto per cápita de turismo en esta área, decreció de $1,252 a $1,066 pesos de 1997 al 2008 (presumiendo mayores gastos en los últimos años debido al aumento de la actividad económica). En seguridad pública, al tomarse el robo de autos como una aproximación a este fenómeno se encontró que en 2006 se robaron 107 autos en el Centro; y para 2010 el robo disminuyó a 87. Lo cual demuestra la preocupación por mantener una buena seguridad pública. Es importante subrayar la gran dificultad que existe para obtener datos, ya que la mayoría están agregados al Estado o Municipio de Querétaro, teniendo una gran complejidad encontrarlos por Delegación (Centro Histórico) y mucho menos a la Zona declarada como Patrimonio. Sin embargo, los datos encontrados son una buena aproximación para tener objetividad. En forma auxiliar, del Anuario Económico del Estado de Querétaro (2018) se pueden inferir algunos aspectos. Por ejemplo, el municipio de Querétaro se distingue por no tener gran actividad en los sectores primarios y secundarios de la economía; y estar mucho más cargado al sector terciario (comercio, bancos, etc.), lo cual es representativo del Centro Histórico; y señala al Estado como primer lugar

nacional en turismo como destino sin playa. De los 451 establecimientos hoteleros en el Estado, el 61.2% por ciento se encuentran en el Municipio de Querétaro. Así mismo, destaca el dato de infraestructura cultural (museos, teatros, librerías, bibliotecas, galerías y similares) de 282 establecimientos en el Estado, 159 corresponden al Municipio de Querétaro, encontrándose la mayoría de éstos en el Centro Histórico. Así mismo, el municipio de Querétaro cuenta con 2,137 monumentos históricos catalogados por el INAH, de un total de 4,726 en el Estado. Si bien de estos datos se puede inferir que si ha existido una mejoría en la Zona declarada como Patrimonio (la cual coincide en su mayoría con el Centro Histórico), el reto consiste en relacionar dicha mejoría con el Plan de Manejo objeto de estudio. Se demostró que el Plan ha sido una herramienta eficaz e indispensable en la planeación y aplicación de las políticas de conservación y relativas, así como en la conformación de instituciones colegiadas que han permitido darle seguimiento al Plan para el cumplimiento de sus objetivos. Además de considerar el factor político ya que ha logrado sobreponerse a varias administraciones municipales representadas por autoridades de diferentes partidos políticos. Estos resultados se confirman en las entrevistas a los funcionarios de las demás ciudades que cuentan con Declaratoria de Patrimonio por parte de la UNESCO en México. Los proyectos que se aplican son similares (debido en gran parte a las reglas federales del Fondo), así como la importancia del Plan de Manejo como un instrumento importante en la coordinación de políticas, aunado a otras variables que contribuyen a mejorar estos sitios. Además, destaca el estudio de Cajías de la Vega (2016, 35-41), en el cual al analizar 5 ciudades patrimonio en Bolivia, señala como resultados de la aplicación de sus planes: la creación de instancias interinstitucionales formales de gobierno; mayor facilidad para obtener fondos; el involucramiento de la sociedad civil; creación de instancias formales de evaluación con impacto en políticas públicas; la capacitación permanente en diversas materias para conservar el patrimonio; y mayor difusión de la cultura. Quedando claro el valor que tiene la gestión adecuada de un Plan, como una de las variables de influencia para preservar estos patrimonios y elevar la calidad de vida en estas zonas. Desde el punto de vista del marco de la nueva economía institucional, el Plan de Manejo (derivado de normas de otros niveles superiores), ha logrado

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homologar los incentivos positivos para crear un instrumento eficaz, no sólo para obtener fondos federales, sino para coordinar y articular una gran variedad de proyectos y programas que sin duda contribuyen a mejorar el patrimonio histórico y calidad de vida. En pocas palabras, creando nuevas instituciones (organismos, etapas, instancias, trato entre diversos actores, acuerdos, etc.) a este nivel que permiten la articulación eficaz de políticas.

Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press. Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (2018). Lista de Ciudades Patrimonio. Portal de la OCPM. Recuperado de: https://www.ovpm.org/es/ new_home, febrero 2018. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018). Proyecto de Presupuesto de Egresos. Ramo 48 Cultura. México, SHCP. SEDESOL (2011). Guía de Planes de Manejo. México.

REFERENCIAS Harold Laswell en su ámbito de estudio decide denominar a las políticas públicas como el vínculo científico entre la política y la democracia, surgiendo de esta manera el origen de la política de las ciencias de la democracia; esta noción en el plano activo de las políticas públicas sirve como fomento para la modificación del sistema político en sí mismo, y a su vez adopta la concepción de la política pública más allá de verle como una herramienta administrativa; de igual forma, se resalta el hecho que este estudio en particular fue desarrollado como un método geopolítico por el contexto temporal en el que se encontraba el mundo a raíz de la Guerra Fría. 1

UNESCO (2018). Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Portal UNESCO. Disponible en:http://portal.unesco.org/es/ ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ SECTION=201.html.roduce los antecedentes históricos, el fundamento legal, la ubicación geográfica de la Zona y la delimitación del área de actuación.

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b. El diagnóstico. Retoma parte de los trabajos preliminares ya citados. En concreto, contiene: el contexto interno y externo; la población; los sectores económicos que se encuentran en la Zona; las organizaciones sociales, institucionales y financieras; matriz FODA; patrimonio, estado de conservación de la traza urbana; monumentos históricos; patrimonio inmaterial (barrios tradicionales, centros culturales, festividades cívicas, gastronomía, música, artesanías); imagen urbana; tipología de viviendas; sistema de drenaje y alcantarillado; mobiliario urbano; infraestructura; agua potable; alumbrado público; seguridad pública; manejo de residuos sólidos; equipamiento urbano y áreas verdes; vialidad y transporte; estacionamientos públicos; turismo; y participación ciudadana. c. La instrumentación. Sigue los pasos de la planeación estratégica, al incluir misión, visión, objetivos generales, objetivos estratégicos, dimensiones de actuación, escenarios futuros, estrategias de intervención, políticas de acción urbanas, desarrollo social y gestión urbana, y estrategias generales sobre la conservación del patrimonio. Destaca la formación de la Unidad de Gestión, la cual es la responsable de la aplicación y seguimiento del propio Plan. Cabe destacar que es un ente en el cual pueden participar los tres niveles de gobierno, así como los ciudadanos. Además, establece un capítulo especial dedicado a la participación ciudadana y sus mecanismos de articulación. d. Mecanismos de control. Incluye el inventario y sistema de información. En particular es el diseño conceptual del mantenimiento de la base de datos; el sistema de Información Urbana y de Consulta de la base de datos de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de Querétaro; la definición de la base de datos; el Sistema de Indicadores; y el mecanismo de seguimiento de indicadores. Es de destacarse la definición de los alcances del control, así como la formación de los instrumentos que servirán para la evaluación.

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JUSTOS BENEFICIOS EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN MÉXICO

Lili Marlen Aguilar Chávez Ruth Macklin Facultad de Derecho, UAQ Resumen Desde una perspectiva ética, se revisa la experimentación biomédica internacional con seres humanos en el contexto mexicano. Se comparan cifras actuales en materia de salud directamente relacionadas con la investigación que la industria farmacéutica (IF) realiza en México, abordando las pautas éticas elaboradas por la declaración de Helsinki y el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en sus apartados referentes a la justicia distributiva de beneficios para los participantes. Con el objetivo de reflexionar que la investigación con seres humanos plantea cuestiones éticas debido, precisamente, al hecho de que, en ocasiones, si bien su fin último es el de producir conocimiento útil, no siempre resulta en el mejor interés de los participantes. En general, en aquellas investigaciones que representan un posible riesgo, es importante asegurar que el daño potencial sea inferior a los beneficios esperados, incluyendo la obtención de conocimiento para la ciencia y la sociedad, evitando que los investigadores o patrocinadores provenientes de un país de alto ingreso se marchen del país huésped una vez finalizado el protocolo y abandonen a los pacientes que aún necesitan un tratamiento que ha demostrado ser efectivo. Abstract This article reviews several ethical aspects of biomedical research with human participants in the Mexican context. The ethical analysis includes current data on health that relate directly to research the pharmaceutical industry (FI) sponsors in Mexico. The analysis examines benefits to research participants using the Declaration of Helsinki (2013) and the ethical guidelines issued in 2016 by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). Although the goal of research with human beings is to produce useful knowledge to benefit current and future patients, sometimes the research does not result in the best interest of the participants. Every investigation should seek to ensure that the potential benefits outweigh any risks to the participants enrolled in the study. Those benefits include contributions to knowledge for science and society. Ethical guidelines from the Declaration of Helsinki and CIOMS require that researchers and sponsors from a high-income country do not abandon the host country once the protocol is completed, leaving the community without the benefits of an intervention that has been proven effective in the investigation. Palabras clave Industria Farmacéutica, Investigación biomédica, Justos beneficios. Key words Pharmaceutical Industry, Biomedical Research, Fair benefits.

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para los protocolos en fase III 1 propios de la investigación biomédica internacional (Páez, 2015).

Introducción La experimentación en seres humanos es probablemente tan antigua como la medicina, y supone una necesidad intrínseca en el progreso de la ciencia; sin embargo, a través de la historia se han cometido diversos abusos con los sujetos de investigación. Por lo tanto, actualmente existen una serie de regulaciones locales, nacionales e internacionales que pretenden verificar el actuar de todo aquel que realice investigación biomédica, con el fin de respetar los derechos humanos de los sujetos involucrados. Enfocando los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se establece que: Toda investigación dirigida por valores de equidad y por metas de justicia, necesita generar conocimiento que sea usado para confrontar las tendencias inequitativas y promover los intereses de salud públicos y de la población de manera que beneficie a los miembros más desventajados (OMS, 2005).

La Industria Farmacéutica en México En México, para obtener la aprobación oficial de un nuevo medicamento se debe pasar cuatro filtros de verificación: 1. La aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autoridad mexicana en materia de regulación de medicamentos instaurada en 2001; 2. La aprobación del Consejo de Salubridad General (CSG)2; 3. Una evaluación por parte de las instituciones de salud pública y, por último, 4. La evaluación del caso del paciente en cuestión (Fuentes y Salieri, 2016, p. 3). Se trata de un proceso que tarda alrededor de 4.5 años, y es necesario para que el medicamento sea puesto a disposición de las instituciones públicas de salud de México; situación similar a países como la India, y que implica el doble de tiempo que los procedimientos análogos en países como Japón, Francia y Reino Unido (Valle, 2014). A pesar de la duración y complejidad del proceso regulatorio para introducir nuevos medicamentos en el mercado local, la Industria Farmacéutica (IF) ve un gran potencial en México por características tales como: a) una población amplia; b) bajos costos de manufactura; c) marcos legales avanzados; d) científicos capacitados y, e) una posición estratégica entre Estados Unidos y los mercados de Latinoamérica (Fuentes y Salieri, 2016).

La ética de la investigación implica que las y los participantes son los fines mismos de la investigación, y no deberán ser considerados como medios de la misma. Se requiere desvincular el interés mercantil de la industria farmacéutica en la investigación biomédica con el fin de que se disminuya el conflicto de intereses y por lo tanto el uso y abuso en poblaciones vulnerables. La investigación biomédica internacional. ¿En qué consiste? Para que un medicamento sea lanzado en el mercado y pueda ser prescrito en una receta médica, primero debe cumplir con un protocolo de investigación que respalde su eficacia para el tratamiento de una enfermedad. Dichos protocolos deben probarse con seres humanos en su etapa experimental con la finalidad de determinar la eficacia, la sensibilidad y minimizar los efectos adversos. Anteriormente la investigación biomédica para el desarrollo de medicamentos, a nivel internacional, había sido llevada a cabo por universidades y centros hospitalarios públicos; sin embargo, desde hace más de cuatro décadas, la industria farmacéutica ha tomado el control de esta investigación, financiando trabajos científicos y buscando en países en vías de desarrollo (mediano y bajo ingreso) una oportunidad para reclutar una diversa y considerable cantidad de participantes

La industria Farmacéutica en México, representa el segundo sector más grande en manufactura -sólo después del sector automotriz-, y se ha convertido en el segundo mercado farmacéutico de América Latina después de Brasil, quedando como el número onceavo a nivel global. Este crecimiento se ha traducido en la instalación de 20 de las 25 compañías biofarmacéuticas más grandes a nivel mundial. De acuerdo con la consultora económica de la industria farmacéutica KPMG; red global de firmas que brindan servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría; Los costos de manufactura en México son aproximadamente 14.4% más bajos que en Estados Unidos (Fuentes y Salieri, 2016). El costo en la producción y aprobación de un nuevo medicamento es aproximadamente entre 92 a 883.6 millones de dólares, no obstante se considera que están sobreestimados tanto el tiempo como el costo por las mismas compañías farmacéuticas para encarecer el precio de los medicamentos; ambos factores no dejan

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por desgracia México invirtió poco y mal en salud pública. En términos proporcionales, el recurso que se empleó en salud fue incluso menor al que asignaron países con un desarrollo similar y los cerca de 1.2 billones de pesos que se destinaron al rubro de salud equivalen al 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB). En los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto en salud promedio es de 9.6% del PIB, y se expande más de lo que lo hacen dichas economías (Pasillas y Zamírez, 2014).

de ser determinantes para que una empresa decida investigar un mayor número de nuevos fármacos, y condicionan una falta de transparencia en el desarrollo de medicamentos, haciendo que sean información inaccesible al público (Morgan, 2011). Por otra parte, el factor tiempo es fundamental. La patente de los fármacos, en la mayor parte de los países, tiene una vigencia de 20 años; durante los cuales las compañías farmacéuticas ostentan los derechos en cuanto a la venta de los medicamentos. Cuando la patente expira, las compañías que no han soportado el costo de la investigación tienen libertad para manufacturar el fármaco y venderlo como producto genérico sin pagar regalías al propietario original de la patente (Schrader, 1994). Las grandes deficiencias del sector salud mexicano En los últimos años, México ha realizado importantes esfuerzos para reducir el inmenso rezago en seguridad social a partir de la salud pública. La creación del Seguro Popular como parte de la estrategia de salud universal en 2003, por ejemplo, da cobertura a 56 millones de personas mediante los sistemas de salud estatales; actualmente 93 de cada 100 mexicanos tienen algún tipo de cobertura de salud, y este Seguro Popular es la opción para los 29 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad, a pesar de ese acierto, el presupuesto que el gobierno designó en el sexenio pasado fue deficiente,

A pesar de que más del 90% de los mexicanos tiene algún tipo de cobertura en el sistema público, es común que en México se cubran diversos servicios de salud, que en varias ocasiones se llevan a cabo con consecuencias familiares, financieramente desastrosas. Según Indicadores de la OCDE, cerca de 45% del gasto en atención médica y medicamentos que se hace, sale de las arcas de los pacientes y sus familias; se trata de un porcentaje muy por encima del promedio 19.5% en los países de la OCDE (2016). Cerca del 22% de la población recibe atención en los consultorios de farmacias –que aun pagando una cantidad simbólica por consulta- realizan una prescrita compra de medicamentos genéricos en la misma farmacia donde son atendidos. Esta situación empeora con enfermedades como el alcoholismo y enfermedades asociadas, cáncer de pulmón y la esclerosis múltiple, ya que no las cubre el seguro popular y por esta razón los derechohabientes se ven obligados a surtir el 30% de medicamentos en farmacias privadas, por desabasto de medicamentos en los centros hospitalarios públicos (OCDE, 2016). Esta situación desfavorece a los pobres. Si no pueden pagar los medicamentos, no será posible costear una salud de calidad. Esto es otro problema de justicia: las personas que no tienen los gastos de bolsillo terminan con peor salud que la población con mejores recursos. Esto es una desigualdad de los “bienes primarios naturales,” un concepto introducido por el filósofo Rawls en 1971 y que refieren a necesidades que son fundamentales para todos los seres humanos; por ejemplo, sin su salud, las personas no pueden trabajar, no pueden cuidar y mantener a sus familiares, ni tampoco realizar actividades de la vida diaria. Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en el periodo 2018-2024, se vislumbra una mejora en las políticas públicas en el sector salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán

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el mayor presupuesto de su historia con 107.000 millones de pesos. El ahora presidente, sostuvo que el Seguro Popular será sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Solicitará el apoyo de la ONU para transparentar la compra de medicamentos, pero si no se logra regularizar, se abrirá la licitación a compañías internacionales para garantizarlos (Presidencia de la Republica, 2019). Quizá esto podría ser una iniciativa para que la industria farmacéutica pueda colaborar con el estado de manera integral. Una investigación desfasada de las necesidades y la carga de enfermedades a nivel local El primer reporte sobre el desequilibrio 10/90, señaló que, de los setenta y tres mil millones de dólares invertidos anualmente en la investigación en salud global en los sectores público y privado, menos de 10% era destinado a investigación en los problemas en salud que tenían que ver con 90% de la carga de la enfermedad global (medido en años de vida desajustados por la enfermedad, o DALYS por sus siglas en inglés: The Global Forum for Health Research, 2004. Esto es un claro ejemplo de injusticia en el ámbito de investigaciones biomédicas globales. Las poblaciones que tienen más necesidades para lograr y mantener su salud reciben menos beneficios. En 1992, Catherine Michaud y Christopher Murray, realizaron un estudio como parte de la comisión Research and Development de la OMS, el cual sirvió de base para el reporte elaborado por el comité ad hoc en 1996. El dato más sobresaliente que señalan los autores del informe de 1992, es que la inversión en investigación y desarrollo relevantes para enfermedades y situaciones que afectan a los países de bajo y mediano ingreso ocupan una muy baja prioridad en el gasto mundial que se hace en investigación y desarrollo. Al estar la industria farmacéutica bajo los mecanismos económicos del mercado, grandes segmentos de la población mundial no reciben adecuada atención sanitaria, puesto que no se invierte en medicamentos nuevos para sus problemas específicos. Muchas compañías farmacéuticas prefieren concentrar esfuerzos en la investigación en medicamentos que tienen una demanda obvia y ofrecen perspectivas de alto rendimiento. Esto implica que muy pocas medicinas costo- efectivas serán útiles para los problemas de los pobres (The Global Forum for Health Research, 2004).

La investigación multinacional no se realiza a partir de preguntas de salud pública nacionales, tales como la incidencia, la prevalencia, la morbilidad, la mortalidad y los determinantes sociales de salud de la identidad en cuestión, sin contemplar preguntas locales (Paez,2015). Existen tres razones más que alejan a los protocolos de investigación internacional de las necesidades nacionales. En primer lugar, son proyectos que ya vienen diseñados desde el extranjero, y a los investigadores locales no se les dan condiciones de iguales; es más, cuando son exitosos los resultados, a la hora de la publicación, muchas veces no se les incluye como coautores de la investigación. Da la impresión que los países de mediano y bajo ingreso son “maquiladores” de la investigación creada en los países centrales. En segundo lugar, el conocimiento se queda en los grandes laboratorios transnacionales y no es compartido con los investigadores locales en “hacer saber cómo lograrlo”. Se llega con el ensayo clínico, se realiza la investigación, y se migra a procesarla y elaborar resultados, prestándose esto a lo que se ha calificado como “investigación safari” (Macklin, 2004). En tercer lugar, el manejo financiero de los protocolos se arregla entre la empresa farmacéutica y las autoridades en salud sin transparentarlo ni beneficiar a los pacientes . 4 En diversas ocasiones, en el caso de los equipos de investigación local, los honorarios representan un sobre sueldo para el investigador y su equipo que es pagado directamente por la industria farmacéutica. Se promueve así el trabajo para el ensayo clínico a expensas del horario destinado a su puesto como médico e investigador, y el pago creciente a este último por el número de pacientes que haya logrado enrolar. Faltan mecanismos que hagan imparcial y sin conflicto de intereses a la investigación en la medida que no represente un interés económico directo para el investigador que manipule la participación del paciente, sin tener que ver con el hospital ni con la investigación científica generada a expensas de la institución, utilizando las instalaciones, sin recibir una generosa compensación por parte de la industria farmacéutica respecto a los enormes dividendos que esta logra (Paez, 2015). El creciente negocio de producción de genéricos La crítica de las asociaciones de consumidores a los laboratorios por el precio incrementado de fármacos, aunado al vencimiento de más de 142 patentes de

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medicamentos en 2017 (Coronel, 2017), influyeron de manera significativa para que el sector de genéricos en México haya crecido, por ende hoy en día la investigación en genéricos y bioequivalencia arroja un incremento en la participación de sujetos. Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en 2017 alrededor de 17 mil 780 personas participaron como sujetos de investigación en estudios de bioequivalencia en México. Estos estudios reclutan de manera voluntaria a individuos para probar si un medicamento genérico, que pretende entrar al mercado, es equivalente en seguridad y eficacia al medicamento innovador cuya patente ha vencido o está por vencer. La respuesta de la COFEPRIS, a la solicitud de información 1215100207918, en 2017, se realizaron 429 estudios de bioequivalencia en el país y hasta julio de 2018, 64 clínicas estaban registradas ante la autoridad sanitaria para llevar a cabo este tipo de estudios (Nava, 2018). El mercado de genéricos es un mercado importante en México, según un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en 2015, 71% de los medicamentos que se vendieron en farmacias y hospitales privados eran genéricos y en total, incluyendo las compras del sector público, 80% en volumen de los medicamentos vendidos en el país fueron genéricos. Para que la selección de los voluntarios y el trato que se les da sean adecuados, existe la Norma Oficial Mexicana NOM177-SSA1-2013. Esta norma establece que los sujetos de investigación deben ser sujetos sanos o pacientes de investigación que hayan expresado libremente y por escrito su consentimiento informado para participar en el estudio. Además, un sujeto de investigación solo puede participar en un estudio cada tres meses, y el tercero autorizado que realiza el estudio debe asegurarse, mediante análisis, que esté clínicamente sano y sea apto para el procedimiento. La norma también establece que los sujetos deben ser remunerados en función del riesgo y tiempo empleado en el estudio. En general, los voluntarios reciben gratis los resultados de sus análisis clínicos y una compensación económica que suele ir de los dos mil a los 10 mil pesos. Gracias a estos voluntarios, se puede tener competencia económica en el mercado de los medicamentos y precios más accesibles para la población (Nava, 2018). Con estos datos se puede comprender que la estrategia de la industria farmacéutica ha cambiado, pasó de ser innovadora en la creación de medicamentos de enfermedades que requieren pronta solución, ha

solo replicar medicamentos con patentes expiradas, seguramente por el lucro comercial que esto implica. Normativa en investigación biomédica internacional referente a justos beneficios Aunque existen varios lineamientos éticos que regulan la investigación internacional con seres humanos, el más utilizado en los acuerdos internacionales es el esquema llamado “disponibilidad razonable” que pretende que el producto investigado con éxito sea disponible en la comunidad huésped al finalizar el estudio. Dicho esquema proviene de las normas CIOMS, en el apartado: Distribución Equitativa de Beneficios y Cargas en la Selección de Individuos y Grupos de Participantes en una Investigación. Pauta 3, en la cual se afirma que cualquier intervención o producto desarrollado, o conocimiento generado, estará disponible razonablemente para beneficio de aquella población o comunidad. La disponibilidad razonable pretende evitar cualquier tipo de explotación en los países de mediano y bajo ingreso en donde se investiga, puesto que la disponibilidad del medicamento o vacuna probada no se podrá tener de manera regular en los mismos, mientras que su acceso para los habitantes de países de alto ingreso, su población tiene acceso al pago de estos medicamentos, o el sistema de salud pública o los seguros lo hacen. Cabe hacer notar que el escenario descrito anteriormente, es considerado como un perfil típico de la explotación y suscita diversas preocupaciones. El problema principal del esquema de la disponibilidad razonable está en que garantiza qué beneficio se va a compartir, pero no especifica cuánto beneficio debe darse a las partes involucradas (Emanuel, 1998). Se han hecho algunos ajustes al beneficio razonable a partir de un esquema llamado “justa distribución de beneficios”, el cual descansa en tres principios: la investigación debe tener valor social, es decir, debe tener que ver con algún problema del país huésped; los sujetos de investigación deben ser seleccionados imparcialmente, de acuerdo a los objetivos de la investigación, evitando toda justificación basada en la pobreza o vulnerabilidad; y la investigación debe tener un cociente riesgo/beneficio favorable. (The participants in the 2001 Conference on Ethical Aspects of Research in Developing Countries, 2004, pp. 19-21).

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La pauta 2 de CIOMS (2016) aborda el tema de la Investigación en Entornos de Escasos Recursos:

en Finlandia y revisada por última vez en 2013. La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la investigación […]

Antes de instituir un plan para realizar una investigación en una población o comunidad en entornos de escasos recursos, el patrocinador, los investigadores y la autoridad de salud pública pertinente deben asegurarse de que la investigación responda a las necesidades o prioridades de salud de las comunidades o poblaciones donde se realizará la investigación. Como parte de su obligación, los patrocinadores e investigadores deben también: Hacer todo lo posible, en colaboración con el gobierno y otras partes interesadas pertinentes, por poner cuanto antes cualquier intervención o producto desarrollado, así como el conocimiento generado, a disposición de la población o la comunidad en la cual se lleve a cabo la investigación, y ayudar a crear capacidad local de investigación. En algunos casos, a fin de asegurar una distribución general justa de los beneficios y las cargas de la investigación, deberían proporcionarse beneficios adicionales, como inversiones en la infraestructura local de salud para la población o la comunidad; y consultar e involucrar a las comunidades en los planes para poner a disposición cualquier intervención o producto desarrollado, incluidas las responsabilidades de todas las partes interesadas pertinentes” (p. 4) Otras críticas que se han hecho a este abordaje son: la noción de beneficios es muy estrecha, sin considerar otros bienes como los sociales; el beneficio depende del éxito del medicamento en estudio si no existe un contrato previo de distribución de beneficios; no puede garantizarse un beneficio de parte de las compañías patrocinadoras o de los gobiernos; el beneficio en los protocolos fase III, puesto que requieren gran cantidad de pacientes, investigadores y centros hospitalarios, tarda en ser demostrado, lo cual retarda mucho la distribución del mismo; la población no puede decidir por sí misma cuál es su mejor beneficio (The participants in the 2001 Conference on Ethical Aspects of Research in Developing Countries, 2004, p. 22). Otra normativa internacional con gran autoridad en la investigación internacional en seres humanos sin lugar a duda es la Declaración de Helsinki, publicada por primera vez en 1964 por la Asociación Médica Mundial,

Antes del ensayo clínico, los auspiciadores, investigadores y los gobiernos de los países anfitriones deben prever el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo. Esta información también se debe proporcionar a los participantes durante el proceso del consentimiento informado (párrs. 20, 34) Lo anterior, también previsto en la pauta 2 de CIOMS anteriormente citada en este documento. Si bien es cierto, existen diferentes manuscritos que establecen los principios científicos, éticos y regulatorios aplicables para conducir estudios clínicos en México, lo escrito en todos ellos remarca el ideal para respetar la dignidad humana; a pesar de ello es imposible su verificación total y el descartar cualquier anomalía en todos y cada uno de los protocolos realizados. Por lo que es indispensable promover la formación de personal humano con herramientas éticas que puedan discernir si el protocolo cuenta o no con los lineamientos plasmados en las pautas nacionales e internacionales; dejar de crear normas y aplicar las ya existentes de forma objetiva. Conclusiones México debe seguir las consideraciones señaladas en las guías internacionales, aplicando de manera efectiva un plan urgente que tenga como prioridad la cooperación conjunta entre la industria farmacéutica y el gobierno mexicano, para que exista una colaboración integral que pueda transcender y responder a las necesidades de la población en materia de salud, disminuyendo el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos y así reducir la carga de enfermedad a nivel nacional. A lo largo de la historia humana se puede observar que ni las guerras de conquista, las colonizaciones y

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la desigualdad en el comercio son tan decisivos como el común denominador del desarrollo humano que se resume en dos palabras: educación e ideología de los que poseen el dinero y el poder para contribuir en el desarrollo local y global; es decir dependiendo del criterio de estos es que hay inversiones en el sector salud y en todos los ámbitos que requieren atención. Esperemos que éste sea el caso de México, tras el cambio de gobierno. Es de vital importancia remarcar que la bioética exige una reflexión que vaya de la mano del desarrollo ético en un mundo irreversiblemente globalizado, priorizando el beneficio humano antes que las reglas de mercado. Lo anterior con la intención de obtener una sociedad consciente de sus problemas de inequidad, es preciso superar un concepto unilateral e injusto de desarrollo para unos cuantos, que nos ha llevado al colapso, viendo como padecen millones de personas víctimas de enfermedades curables por la falta de acceso a un medicamento que en otros países es fácil adquirir, en México se debe trabajar en las abismales desigualdades socioeconómicas y en el tema de corrupción que frenan el gran potencial que como nación se posee. La propuesta de trabajar en conjunto, está dirigida para seguir las normas morales para promover la justicia, concretizada a través del fortalecimiento de los comités de bioética de las instituciones que realicen investigación biomédica, para evitar el daño y aumentar el bienestar generados, evitando la aprobación de protocolos que no cumplan con los beneficios que las leyes establecen. Hasta que los participantes están informados, podrán entender, aceptando los riesgos que implica un estudio de investigación, solo así se estaría aplicando de manera correcta las pautas éticas, para lograr esto es necesario que los comités de ética en investigación, las autoridades de cada institución en salud desde el director del hospital hasta el jefe de investigación, inversionistas, los investigadores locales y los participantes, estén familiarizados con estas normas éticas, reflexionando sobre aquello que en justicia se puede exigir, fomentando así una investigación internacional que colabore totalmente en un bienestar compartido sin incurrir en la explotación de los participantes.

Es fundamental insistir que la bioética no está en contra del avance científico, más bien pretende guiar

su actuar para que no se pierda la esencia motora de ayudar y mejorar la calidad de vida y el progreso de la humanidad. REFERENCIAS Las Fases en los protocolos de investigación: La fase I, que se hace en humanos, es para comprobar la toxicidad del producto investigado. La fase II es aquella en la que el fármaco debe compararse con los mejores medicamentos disponibles para el tratamiento de la enfermedad implicada, y si tales fármacos no existen la comparación sería con placebo. La finalidad de ésta fase es la de establecer mediciones preliminares de la relación eficacia terapéutica/toxicidad, así como definir la dosis óptima o sus límites de variación en la condición a tratar. En la fase III, aparte de verificar la eficacia del fármaco, se busca determinar manifestaciones de toxicidad previamente no detectadas, y se obtiene una mejor perspectiva de la relación entre seguridad y eficacia, parámetros que han de cuantificarse en el contexto del desorden que se pretenda tratar. Esta es la fase más propia de las investigaciones internacionales, puesto que requieren gran cantidad de pacientes, investigadores y centros hospitalarios. La fase IV consiste en el seguimiento del fármaco después de que ha sido comercializado, y se busca básicamente la detección de toxicidad previamente insospechada, así como la evaluación de la eficacia a largo plazo. 1

El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Las disposiciones que emita serán de carácter general y obligatorio en el país. La Organización y funcionamiento se rige por su Reglamento Interior como lo establece el artículo 16 de la Ley General de Salud. Sus integrantes se encuentran contemplados en los artículos 15 de la Ley General de Salud y 3, 4 y 5 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 2

Los safaris están formados por grupos de personas que pertenecen a países ricos y van a África para mirar a los animales; cuando terminan, empacan sus carpas y se van. Los investigadores hacen lo mismo. 3

Al menos esa fue la experiencia de la subcomisión de ética en investigación del IMSS. Tres años después (2008), cuando la subcomisión dejo de existir, se hizo saber a los investigadores del IMSS que el 30% del pago por los protocolos de investigación multinacionales Multicentricos se iba al Fondo para el fomento a la investigación del IMSS, y el otro 70% se utilizaba para el pago a los investigadores y su equipo. 4

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LOS VALORES: UNA ESTRATEGIA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO, DE LA UAQ.

Yolanda Cortés Álvarez

Rafael Estrella Velázquez Jovita Georgina Neri Vega Julia Pérez Bravo Maribel Quezada Moreno Facultad de Contaduría y Administración, UAQ

Resumen Los valores son un aspecto relevante en el ser humano porque con base a ellos, se toman decisiones, se actúa, éstos se transforman, se adquieren y se pierden en el tránsito de la vida. Las instituciones de nivel superior, aún tienen el encargo de promover valores institucionales y cualquier valor en la formación de ciudadanos responsables socialmente. Impartir cursos de Responsabilidad Social a los profesores permiten resultados de porcentajes de coincidencia de cinco valores institucionales, se tiene un 5.80% para el valor tolerancia y 4.51% para el valor de justicia; lo que permite identificar una oportunidad de mejora en el nivel superior con relación a la promoción y práctica de valores. Palabras clave Valores, alumnos, institución, Responsabilidad Social Universitaria. Abstract Values are a relevant aspect in the human being because based on them, decisions are made, action is taken, and they are transformed, acquired and lost in the transit of life. Higher-level institutions still have the task of promoting institutional values and any value in the formation of socially responsible citizens. Providing Social Responsibility courses to teachers allow results of percentages of coincidence of five institutional values, 5.80% for the tolerance value and 4.51% for the value of justice. This shows the great opportunity for improvement at a higher level in relation to the promotion and practice of values. Key words Values, students, institution, University Social Responsibility.

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Introducción La sociedad enfrenta una crisis en la generación de valores.; para Ramos (2001) la educación superior debe hacer prevalecer los valores e ideales de una cultura de la paz (p. 31). El término valores impone al ser humano, lo impresiona, ya que no se pueden tocar, se pueden percibir, pero nadie los puede ver. Se sabe que son parte del mismo; la palabra denota hasta un estatus, prestigio. Se tiene la idea que en la familia es donde se inculcan los valores. Al respecto se debe analizar lo siguiente: de acuerdo con la Ley del Seguro Social (2018) el artículo 101 menciona que la madre trabajadora tendrá derecho a una incapacidad por 42 días antes y después del parto para disfrutar de la llegada de su hijo, así como los cuidados que el recién nacido precisa. A partir de la extinción de este periodo, es decir a los 43 días, el hijo tendrá derecho a recibir la prestación de guardería, a partir de ese momento, el bebé compartirá su tiempo con su familia y las personas que lo rodean en estos centros de cuidado; entonces, el niño llevará hasta el nivel superior un tiempo compartido familia-escuela. Por tal razón se debe esclarecer lo relevante que es para los maestros estar conscientes que por el solo hecho de coincidir en ese tiempo, en esa institución de educación superior, se están modelando, exhibiendo y transmitiendo valores. Los valores La palabra valores implica para López (1996) maneras diversas, encarnadas y clarificadas a lo largo de la historia (p. 17). Para Batista (1980) son metas de empeño por moldear significativamente la existencia y la realización plena de la vida, bajo esta última oración, Ramos (2001) expresa que todo lo que favorece la plena realización del hombre como persona se debe denominar valor (p. 90). Los valores en el ser humano son una herramienta en la toma de decisiones del mismo, ya que orientan la conducta, dan explicación y coherencia a la vida del individuo. Puede decirse que son como el aire que necesita el cuerpo humano para existir. En la Conferencia Regional del Ministerio de Educación de América Latina, convocada por la UNESCO en el año de 1979 México declaró que ningún

país podría avanzar en su desarrollo, más allá de donde llegue su educación. En la misma conferencia también se acepta la teoría de Erich Fromm (2007) en relación a que es el ser y no el tener a lo que se le deberá dar prioridad en la orientación de las políticas de cada país, así como la transmisión de los valores éticos. Por otro lado, los valores éticos son considerados los que están ligados con la ética, forman parte de la vida y pueden ser de varios tipos: económicos, espirituales, religiosos, cognoscitivos, estéticos, morales, además representan una herramienta para que el ser humano logre su finalidad (Silva-Rodríguez, 2017, p. 12). El primer acercamiento del ser humano con los valores es a través de la cercanía que tiene con los demás seres que lo rodean, que son mayores y que le inspiran confianza. (Arjona, 2013). Esto en el lactante se manifiesta en primer lugar con la madre, quien cubrirá su necesidad básica de alimento; en segundo, con el padre y así sucesivamente. Cuando los padres revisan las opciones para alimentar al bebé, ponen en marcha el proceso para llevar a ese ser humano a su máxima expresión, Robbins (2004, p. 47) y Simon (1978, p. 209) con esta selección queda establecido que se toma la primera decisión de vida para un nuevo ser humano, y desde ahí, incluso sin considerarlo, en automático, los padres transmiten los primeros valores al bebé, el de la responsabilidad para con su descendencia, el del cuidado, la alimentación y la atención. Este hecho obedece a lo que Bravo (1998) menciona en cuanto a que para poder transmitir algo, se debe poseer, y esto se da a través del ejemplo práctico cotidiano, de las actitudes y conductas. Si existe el interés de fomentar principios de conducta como padres, maestros, jefes o en cualquier rol de líder, sólo la práctica consistente de éstos ayuda a dar el ejemplo sobre el significado concreto que tienen en términos de actuación (Jiménez, 2010). Es conveniente, entonces señalar que, para la generación de valores en los alumnos, influyen los padres, familia, y personas que los rodean, como los maestros, tutores, asesores, etcétera. Se toma en consideración que los niños pueden entrar a estancias infantiles desde los 43 días de acuerdo con la Ley del Seguro Social (2018) en su artículo 206 y hasta los cuatro años, de ahí en adelante tendrán un tiempo compartido padresescuela hasta el nivel superior, cuando se encuentran a la edad promedio de 22, 23 años. Por tanto, queda claramente expuesto que el nivel de fomento de valores en los individuos es el mismo invertido en tiempo para los padres, como para las instituciones educativas.

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La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) En las Instituciones de Educación Superior (IES), se reconoce el compromiso con los valores, algunos programas incluyen materias de formación humana, pero se considera que aún puede hacerse mayor énfasis en ellos (Tuirán, 2011). Por otra parte, la manera en que las IES pueden aportar a los valores en los alumnos es a través de la Responsabilidad Social Universitaria, es preciso tomar en cuenta algunas consideraciones al respecto, en principio: cómo se dio el surgimiento de este aspecto. En 1959 se creó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este organismo siempre ha apoyado a la Universidad Latinoamericana. En las décadas de los 60–70 se promovió la expansión de la cobertura; posteriormente en el 2002 a través de la Iniciativa de Capital Social, Ética y Desarrollo y gracias al aporte financiero del gobierno del país de Noruega es impulsada la toma de conciencia sobre la Responsabilidad Social Universitaria (López, et al, 2012). Posteriormente el 26 de septiembre de 2016 en México se creó el Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria A.C. (OMERSU), actualmente cuenta con 49 miembros y todos ellos organizados tratan de permear en las instituciones de educación superior el aspecto de la RSU (OMERSU, 2018). Se entiende por RSU “la política institucional integral que se encarga de la gestión de todos los impactos sociales –internos y externos- que la universidad genera, en diálogo participativo con los diversos grupos de interés –internos y externos- que pueden ser afectados por dichos impactos. Un compromiso permanente por parte de todas las funciones de la institución” (Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009, p. 25). Puede considerarse que es un esfuerzo de sinergia y coherencia administrativa- académica. Pide a la universidad conocerse a sí misma, su objetivo es realizar esfuerzos que vinculen la enseñanza e investigación con la participación social (OEA, 2008, p. 21).

(UNESCO, 1998). Afirma que para ello la Educación Superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el mundo laboral de hoy y de mañana, sino sumar a la formación de una ciudadanía dotada de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia (UNESCO, 2008). Dentro de la Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y Acción, se consigna la capacidad que las IES tienen para impulsar las transformaciones y el progreso de la sociedad. Entonces, entre sus misiones educativas, formativas y de investigación, se reafirma la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad. Es precisamente que en lo relacionado al aspecto de los valores en el inciso e) establece claramente: Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en los que reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críticas y objetivos a fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de enfoques humanistas (De la Cruz y Sasia, 2013). Un reto muy importante que tienen las IES es la formación de profesionistas, científicos, tecnólogos y humanistas que cumplan con valores y competencias adecuados para dar respuesta a las necesidades y los requerimientos de las regiones a donde pertenecen. Para la Universidad Autónoma de Querétaro la Responsabilidad Social Universitaria significa: resituar, reacomodar a la universidad en la sociedad, alinear a sus cuatro actores (UAQ, 2018). Es conveniente conocer dentro de la UAQ (2018), qué valores se espera que el alumno alimente en su trayecto de 4 a 5 años por los salones de clase. Los valores de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dentro de la Visión de la UAQ, se plantean los siguientes valores institucionales. a. b. c. d. e.

La Universidad tiene la necesidad de formar a personas para ser profesionales cualificados para su desempeño laboral y el ejercicio de su ciudadanía de forma responsable, brindando a los estudiantes la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades propias con sentido de la responsabilidad social

La búsqueda de la verdad La honradez en la práctica cotidiana La tolerancia con los que piensan distinto La búsqueda de la justicia La solidaridad para con todos

Los valores que requiere la Cámara Nacional de la

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Método El enfoque utilizado en este proyecto fue el cualitativo de acuerdo con Hernández, et al (2010), se trata de un estudio de caso de los maestros en el campus San Juan del Río, de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde durante un curso impartido a profesores sindicalizados de Responsabilidad Social Universitaria, se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas sobre los cinco valores más importantes que ellos consideraban que tenían para posteriormente proceder a generar la interpretación de los mismos y así comparar si algunos de ellos son los valores que la Institución tiene establecidos. Población y muestra Fotografía: La fuente Querétaro , Enero 11 del 2016

Industria de Transformación (CANACINTRA) en San Juan del Río, Qro. son: a. Lealtad b. Honestidad c. Respeto d. Justicia e. Ser congruente.

Padinos (2005) señala que los elementos de una investigación de campo son el instrumento a utilizar y la muestra tomada de la población (p. 89), para el caso se tuvo como sujeto de estudio a los maestros sindicalizados de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), del campus San Juan del Río, incluidos los maestros de la Escuela de Bachilleres, Plantel San Juan en el semestre 2018-1. Se cuenta con una población total de 80 profesores sindicalizados. De acuerdo con Vilalta (2016) para calcular la muestra se recurrió a la siguiente fórmula:

Los valores expresados en el 2do. Foro de vinculación en la UAQ (2018) por Industriales de San Juan del Río, Qro. A. C. son: a. Honestidad b. Positivismo c. Trabajo colaborativo d. Ser congruente e. Ser feliz

Donde:

Los valores de honestidad, justicia y ser congruente se presentan por lo menos en dos organizaciones, pero ningún valor coincide en las tres instancias. Por lo que sería conveniente realizar una revisión entre estas organizaciones a fin de empatar y así poder realizar el aspecto de transdisciplinariedad entre los actores institución educativa-instituciones representantes de empresas dado que precisamente ellas recibirán a los futuros profesionales ciudadanos egresados de la UAQ en San Juan del Río, Qro.

N= Total de la población: 80 p=Posibilidad de ocurrencia del fenómeno: 90% q= Posibilidad e ocurrencia del fenómeno: (1-p) 10% Z= Nivel de confianza 95% d= Margen de error 5%

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La muestra se compuso de 51 maestros a los que se les aplicó la encuesta.

Los valores más representativos son:

Como siguiente paso, se generó la interpretación del cuestionario, en cuestión de definición de conceptos de los valores y lo que para cada maestro significaban estos debido a que para algunos maestros significaban los mismo dos valores denominados de diversa forma, ya con lo anterior se procedió a realizar las denominaciones de los valores, las cuales se procesaron en el sistema SPSS versión 23. Resultados Los valores que los maestros expresaron tener son los siguientes: Tabla 1 Valores de los maestros en la UAQ

Figura 1. Los cinco valores en que coinciden más veces los maestros son: honestidad, respeto, responsabilidad, puntualidad y tolerancia.

Tabla 2 Porcentaje de los valores institucionales en que coinciden los maestros

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Conclusiones

de junio de 2018. Recuperado de: http://www.imss. gob.mx/sites/all/statics/pdf/leyes/LSS.pdf

Los valores se pueden promover en los diversos entornos que las personas actúan, en donde se desarrollan, crecen, estudian y trabajan, en cualquier tiempo y espacio, de ahí que se puede entender que en automático y a lo largo de la vida así como cambian físicamente las personas, los valores en ellas se van transformando. Por consiguiente, es claro entender que existe una gran responsabilidad por parte de los maestros del nivel superior, al tener la oportunidad de transitar junto con los estudiantes en su vida en promedio 4 a 5 años, se puede promover valores, éstos deberían ser en primer lugar los institucionales. Pues como líder, aún en la universidad este aspecto es una obligatoriedad plasmada en la visión de la misma y una estrategia invitada a ser activada desde el aspecto de la Responsabilidad Social Universitaria con la impartición de cursos sobre este tema (Rosemond, 2009, p. 32). REFERENCIAS Arjona, V. (2013) El hombre y el Trabajo Coparmex. Recuperado de: https://www.cemefi.org/archivos/ cemefi_web.pdf Bravo, L. (1998) Valores humanos: por la senda de una ética cotidiana. Chile: Ril Editores. Conferencia Regional del Ministerio de Educación de América Latina y el Caribe, (1979). Recuperado de: https://www.mecd.gob.es/dctm/revistade-educacion/ar ticulosre263/re2632013054. pdf?documentId=0901e72b813ce920 . De la Cruz, C. y Saisa, P. (2013) “La Responsabilidad de la Universidad en el proyecto de construcción de una sociedad”. Educación superior y sociedad 13(12) Recuperado de: http:// unesdoc.unesco.org/images/0018/001820/182067s. pdf Fromm, E. (2007). Del tener al Ser. Caminos y Extravíos de la conciencia. México: PAIDOS. Hernandez, R., Fernandez, C., Baptista, L.P. (2010). Metodología de la investigación. 5ta Edición. México: McGraw-Hill Interamericana. Jiménez, J. (2010) El valor de los valores en las organizaciones. México: Cograf comunicaciones Ley del Seguro Social. Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, 22

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ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Daniel Alejandro De la Isla Olguín Facultad de Derecho, UAQ

Resumen Las políticas públicas que se han generado en materia de seguridad pública han tenido una gran relevancia en la actualidad administrativa y política del país, los estados y los municipios. La eficacia de tales políticas va dirigida hacia la producción de indicadores que contrasten la situación de la seguridad, la disminución de la tasa de hechos delictivos y la mejora en la percepción del actuar de las autoridades de seguridad pública. El aprovechamiento de los continuos recursos asignados para tales políticas y programas de seguridad pública debiera manifestarse en la reducción de las problemáticas derivadas de la inseguridad, pero la realidad del contexto económico y socio-político actual sugiere otra cosa. Palabras Clave Administración Pública, incidencia delictiva, Políticas públicas, prevención, programas de fortalecimiento, seguridad pública, subsidios. Abstract The public policies generated in terms of public security have had a great relevance in the administrative and political situation of the country, the states and the municipalities. The effectiveness of such policies is directed to the production of indicators that contrast the security situation, the decrease in the rate of criminal acts and the improvement in the perception of the acting of the public security authorities. The exploitation of the continuous resources assigned for such policies and programs of public security should be manifested in the reduction of the problems derived from insecurity, but the reality of the current economic and socio-political context suggests something else. Keywords Public policies, public security, public administration, subsidies, strengthening programs, criminal incidence, prevention.

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Introducción

De Políticas y Seguridad Pública

Una de las principales líneas de acción en las que toda administración tiene que enfocarse es la de la seguridad pública, ello implica la implementación de una planeación estratégica con carácter institucional, la alineación de agendas gubernamentales, la profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública con su constante capacitación; y, como elemento clave, la creación y ejecución de políticas públicas efectivas para la disminución de los efectos que la inseguridad provoca en la sociedad y en la ciudadanía.

Una realidad que actualmente se encuentra en las principales agendas de las administraciones y la generación de las políticas públicas es la capacidad de actuación, que se ve sobrepasada para dar atención a las principales problemáticas que hay en la sociedad y cómo afectan a la ciudadanía; ante esta situación, no muy recientemente se ha planteado un esquema que reestructure y permita la generación de vínculos en los que participen nuevos actores sociales y los ciudadanos, este aspecto permitirá la creación de nuevos enlaces de participación y, de esta manera, la gobernabilidad se vea optimizada con la efectiva participación de la ciudadanía y, que en consenso, actúen como agentes activos en la dinámica de la administración pública.

Ante esta situación, es necesario realizar un análisis de los cambios más recientes que se han llevado en la materia, como elemento principal destaca la reforma constitucional que tuvo lugar en el año de 2008 respecto a la seguridad y la justicia; los sistemas mexicanos de seguridad y justicia fueron objeto de un cambio estructural a razón de la ineficacia sistemática anterior que repercutía directamente en la vulneración constante los derechos humanos de las personas y la cobertura limitada que la seguridad ofrecía en las personas mismas y en su patrimonio.

Para el mejor ejercicio de sus funciones, los administradores cuentan con un catálogo de herramientas entre las que destacan principalmente las políticas públicas; de acuerdo a lo hecho por Laswell (1951), a las políticas públicas se les puede considerar como el factor esencial dentro del ejercicio democrático

Se modificaron diez artículos de la Constitución para la renovación del aparato de justicia y de seguridad en México, hubo esfuerzos notorios por parte del Ejecutivo y Legislativo de aquella administración, que obedecieron a la finalidad de generar una transformación total en estos sistemas en todo el país. La seguridad se encontraba en estado crítico y con esta reforma se mejoraron sus condiciones, principalmente en los aspectos de protección a derechos humanos, la coordinación entre autoridades de los tres niveles y la profesionalización de las instituciones de seguridad; pero, para temas administrativos y de políticas públicas, la modificación que tuvo el artículo 21 fue de vital importancia. En el párrafo décimos y en los incisos C y E se señalan los cambios cuantiosos que la reforma trajo consigo, ya que en estos puntos se señalan las temáticas relativas para la Administración Pública en razón de la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos, y asimismo precisa las bases relativas a que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

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efectivo para que el funcionamiento con carácter simbiótico entre la gobernanza, la administración y la gobernabilidad se dé adecuadamente .1 En otro sentido dentro del plano administrativo, a las políticas públicas se les acepta como la respuesta efectiva que los gobiernos buscan, en sus tres niveles de actuación a razón de las principales demandas y problemáticas sociales; de esta forma se prioriza la participación ciudadana activa en la consulta, tanto para la detección de problemas como para la formulación de propuestas en la búsqueda de soluciones. Desde el ámbito teórico y científico, las políticas públicas han sido vistas de diversas formas , ya que permiten la generación de campos de aplicación más prácticos para la toma de decisiones en el ámbito administrativo, ello en relación a lo dicho por Aguilar Villanueva (1993, p. 8), quien refiere acerca de la reestructuración de la ciencia política y sus implicaciones en la políticas públicas, ya que éstas atendieron a una observación más precisa de la problemática y se hizo el auxilio de la información estadística para su comprobación; mostrando de esta manera un carácter disciplinario que atiende al nuevo positivismo de la época y la ejecución de nuevas técnicas tanto para el campo administrativo como el político. Esto se muestra como un resultado favorable al responder a un proceso secuencial para el momento de crear y aplicar una política pública con resultados medibles y favorables; la importancia de la inclusión de análisis desde las disciplinas sociales y científicas han permitido el abordaje de las problemáticas y propuestas para su solución en un plano en el que intervienen activamente administraciones y la ciudadanía; sin un sustento de carácter científico que avale la importancia de la implementación metodológica en la ejecución de políticas públicas y asimismo demuestre que los problemas por resolver se encuentran encaminados hacia un sector en específico mediante análisis rigurosos, se plantearía un escenario en el que el Estado queda como un actor proveedor dentro de la administración pública que únicamente brinda soluciones temporales implementadas a discrecionalidad en las que se prioriza el discurso electoral y de campaña de sus referentes, ello conforme a Guerrero (1994, p. 19) quien hace hincapié en que la dinámica sociopolítica nacional influye considerablemente en la gestación de políticas públicas y, especialmente, en cómo estás se analizan e implementan; mediante la realización de análisis históricos comparativos sugiere que tanto alcances y riesgos de programas sociales específicos pueden ser anticipados y modificados oportunamente. De igual forma señala que el campo de la implementación de políticas públicas efectivas va íntimamente ligado con

el proceso de la promoción de reformas en materia de un óptimo Estado de Bienestar que éstas a su vez tienen que someterse a constantes análisis anteriores y posteriores a su ejecución. En el tema de la creación de políticas públicas en materia de seguridad, uno de los indicadores clave de eficiencia es la disminución de los hechos delictivos y que la ciudadanía aprecie una mejora en la percepción de la seguridad en su persona y patrimonio. Es cierto que una de las principales demandas sociales y políticas son las problemáticas que se desencadenan del incremento de la inseguridad, así como el evidente incremento en la comisión de los hechos delictivos; por ello, esta situación atiende relativamente a mostrar las condiciones de la seguridad pública en la nación, en los estados y en los municipios. Las acciones realizadas en materia de políticas públicas orientadas hacia la seguridad pública se encuentran priorizadas en todas las agendas administrativas dentro de los tres niveles de aplicación gubernamental. La inseguridad es vista como un problema que requiere atención específica y directa, a su vez es de los que demanda mayor concentración de esfuerzos para que la operatividad de la gobernabilidad se ejecute en el Estado, conforme lo dicho por Garza Salinas (1999) el Estado se posiciona como el protector de la vida de sus administrados; para los días actuales esta acepción entra en una interpretación que muestra al Estado como un ente político-jurídico en cuyos representantes se encuentra la responsabilidad de garantizar la seguridad en todas sus distintas manifestaciones, pero a su vez como el responsable directo de las mismas problemáticas derivadas de la situación de inseguridad actual, responsabilizándole así en términos administrativos y razón por la cual la participación ciudadana ha fungido como una alternativa dentro de esta percepción. Las políticas públicas trascienden en la temática de la inseguridad, viéndola como una demanda social y como una creación fenomenológica originada por demasiadas variables y que sólo ha sido abordada conforme discursivas políticas de administraciones en turno y sus representantes. Al día de hoy, la perspectiva que predomina en la ejecución de políticas en la materia es la paz, siendo ésta el elemento clave en todo accionar político-administrativo para que las políticas públicas en materia funcionen sobre la disminución de los hechos delictivos, así como la reducción de la violencia. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, las

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instituciones de seguridad pública se han alineado estratégicamente en el plano del gobierno nacional, cuyas acciones se sustentan en estrategias concretas que van dirigidas hacia la transformación del modelo del sistema de justicia penal en la que la prevención del delito se encuentra enfocada hacia la recuperación del tejido social y la profesionalización de las instituciones policiales mediante su continuo fortalecimiento. A este punto, dentro del ámbito local el Plan Estatal de Seguridad (6) atiende de manera prioritaria el fortalecimiento institucional, el fomento de la cultura de la legalidad y la paz, y la participación ciudadana, incluyendo por supuesto la característica nacional de la profesionalización de las instituciones de seguridad. La visión que toma el Programa Estatal de Seguridad, (20162021) obedece a un enfoque sistemático-integrador en el que se hace reconocimiento de la creciente problemática de la inseguridad, a su vez prioriza la mejora de la respuesta institucional dentro de la agenda de la política pública en materia del restablecimiento del orden y la paz para la garantía del Estado de Bienestar. Las políticas públicas que se adopten en materia de seguridad son aspectos clave para las distintas administraciones, aspecto que ha dado la pauta para que la problemática de la inseguridad se aborde con metodologías multidisciplinarias que buscan el análisis originario de la problemática en sí misma a diferencia de lo que se realizaba con anterioridad. Las acciones que los gobiernos toman en materia de seguridad pública permiten que se alcancen objetivos específicos dentro de sus planes estratégicos, Querétaro es líder en esta temática, ya que ha priorizo atención en áreas que así lo demandaban; como la prevención social del delito y la violencia, la atención a víctimas a través de un enfoque integral, el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, la reinserción social y la operación policial; siendo estas características elementos claves en el posicionamiento del estado a la vanguardia de la seguridad pública. En lo relativo a la seguridad pública, es importante que se elaboren políticas públicas adecuadas, que atiendan un plan estratégico-administrativo, que prevea el desarrollo humano y la vida cotidiana de las personas inmersas en un Estado de Bienestar; los tres planos administrativos tienen que organizar su accionar bajo estas bases, priorizando el sentido racional en programas y políticas públicas conforme a lo que postula Robles (1993), la implementación de un enfoque racionalista que permee la mejora en la toma de decisiones dentro del plano administrativo ya que involucra constante

análisis desde el enfoque cualitativo y cuantitativo que se manifestará con la obtención de mejores resultados a la hora de crear y ejecutar políticas públicas; todo ello en atención a la creación de las etapas que obedece la creación de una política pública y las evaluaciones de resultados; es decir, la mejora administrativa en la gobernanza democrática y la participación ciudadana como logro principal. Incidencia Delictiva y Percepción de Inseguridad en México y Querétaro El incremento de la inseguridad y el aumento en la comisión de hechos delictivos son de las principales temáticas que necesitan atención en los tres niveles administrativos, la situación actual de estos dos puntos permite ver las condiciones reales de la seguridad pública en todo el país. Ambos fenómenos son de las principales problemáticas que los administradores buscan resolver, ya que sus afectaciones repercuten directamente en la ciudadanía y la situación de vivir dentro de un Estado de Bienestar se va complicando conforme las acciones de las instituciones encargadas de velar por la paz y la seguridad en la sociedad se muestran insuficientes. El indicador clave para la generación de políticas públicas en materia de seguridad pública es la disminución o incremento de la incidencia delictiva. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (8); la responsabilidad sobre la veracidad de información relacionada con la incidencia delictiva es responsabilidad directa de las Procuradurías y Fiscalías de los estados, a su vez también son directamente responsables de la actualización de dicha información. De la misma manera, resalta que no se consideran los datos de delitos no denunciados o las denuncias en las que no se contó con información suficiente; se señala muy puntualmente que los análisis que se realicen, así como las conclusiones, son responsabilidad de los usuarios; la incidencia delictiva queda entendida como la presunta ocurrencia de delitos que se registran en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación que son reportadas por las Fiscalías Generales de las entidades federativas según sea el caso. La disminución de la incidencia delictiva tiene como propósito el beneficio social y la garantía de bienestar humano; cuando la percepción de la seguridad mejora y se incrementa, se dan las condiciones básicas para la recuperación del tejido social y el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, y así se generen los vínculos activos entre la ciudadanía y los administradores.

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Para el caso de la medición de la percepción de la inseguridad se obtiene que es el entendimiento de la situación de qué tan inseguras se sienten las personas en su entorno, y como en muchas situaciones esta problemática puede combatirse a razón de la información con la que se cuenta en el momento. Carmina Jasso (2013) complementa esta situación de la subjetividad predominante en la percepción ya que muchas personas que no han sido víctimas del delito tienen su juicio y lo comparten, pero se destaca el hecho que emiten su percepción basándose principalmente con la información que permea en los medios de comunicación y con las personas más inmediatas en su núcleo local, comunitario, familiar y laboral; además, destaca el elemento de subjetividad en la percepción, ya que atiende principalmente a la emisión de juicios sobre qué tan probable es que sea víctima de un delito y que además realizan sus construcciones a base de lo observado principalmente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos maneja indicadores muy directos en cuanto se refiere a la incidencia delictiva, y éstos son sus dos principales herramientas de medición en los que se prioriza el sentimiento de seguridad al caminar solos por la noche y la tasa de homicidios. La razón principal de que esta organización lleve a cabo estos indicadores es que el delito afecta directamente al bienestar de las personas y las pone en riesgo, y refieren que uno de los mayores impactos del delito es la sensación de vulnerabilidad infundido en las personas. Además, constantemente desarrolla estudios en materia de la mejora de la calidad de vida en las personas y para ello genera indicadores y bases estadísticas que a su vez sirven como auxiliares para la creación e implementación de políticas públicas en específico; esto aplica de igual forma para los temas de seguridad e incidencia delictiva, ya que para que se creen políticas públicas en esta y otras materias se tiene que contar con un sustento estadístico y evidencias que demuestren su necesidad y que con un carácter metodológico se complementen auxiliarmente para la toma de decisiones, situación que permite la generación de información precisa y verídica que muestra un margen de comparación entre la problemática y la realidad del tema que se está abordando. Uno de los instrumentos estadísticos que sirven para la medición del incremento de la tasa delictiva es elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quienes anualmente realizan la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. La finalidad principal de la encuesta es generar

información en los niveles federal y estatal respecto a la victimización provocada por la incidencia delictiva durante el año, asimismo incluye la percepción general que la ciudadanía tiene acerca de las instituciones encargadas de la seguridad pública y el desempeño de los administradores; esta cuestión atiende principalmente a que se proporcione información verídica a las personas y que esto a su vez contribuya para la participación ciudadana activa en la toma de decisiones por parte de las autoridades que repercutan en la creación de políticas públicas en la temática particular de la seguridad pública. En el 2017 se estimó que 24.2 millones de víctimas en un grupo que especifica a las personas mayores de 18 años, especificando que estas aproximaciones van dirigidas a los años de 2013 y 2015; es necesario mencionar que el catálogo de delitos que esta encuesta considera engloba a las personas que han sido víctimas de robo de vehículo, en casa habitación, asalto en la vía pública, extorsión, lesiones y otros que no pertenezcan al catálogo de delitos de alto impacto como el homicidio, secuestro y delitos de índole sexual viéndose estos excluidos. El rubro de la percepción de la inseguridad tiene una importancia muy significativa ya que es un elemento subjetivo por su naturaleza, pero sus alcances sirven para el desarrollo de políticas públicas en materia. De acuerdo con la encuesta, el 74.3% de las personas encuestadas confirma percibir inseguridad en su entorno; y de la mano con este dato un 66.3% de las personas que participaron en la encuesta refieren sentirse inseguras en sus núcleos más cercanos de desarrollo como lo son su propio municipio y en sus colonias. De acuerdo a los datos recabados durante la más reciente encuesta ENVIPE 2017, Querétaro en comparación con la media nacional sale mejor posicionado ya que en el caso del estado el 29.7% de los hogares encuestados señalan que han sido víctima de algún delito; y para el caso del resto del país, el 34.2% señala haber sido víctima del delito. Este punto nos refiere que Querétaro se encuentra por debajo de la media nacional, aspecto relativamente positivo para destacar. Ahora, para el registro en la cantidad de hechos delictivos, la media nacional fue de 28,788 delitos, y para el caso del estado de Querétaro fueron 24,288. Esto nos conduce a que, con base en estos dos principales rubros

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denuncia son situaciones que se atribuyen directamente al ejercicio de las funciones de la autoridad, destacando que en términos puntualizados es la creencia de que la denuncia se ve considerada como un desperdicio de tiempo, asimismo se destaca la existencia de la desconfianza en la autoridad como los elementos principales por los cuales no se denuncia y por ello es que se propician las condiciones para la existencia de la cifra negra.

Figura 1. Fuente: ENVIPE 2017, INEGI

de incidencia delictiva en el país, el estado de Querétaro ha obtenido resultados favorables en comparación con la media nacional y a raíz de ello, las políticas públicas que se han ejecutado en materia de seguridad han funcionado, aspecto que puede traducirse como un impacto positivo en las políticas públicas propias en materia de seguridad pública. Un factor que posee igual importancia es el de la cifra negra, que hace referencia a los delitos no denunciados pero que sucedieron; las razones principales por las que existe una gran resistencia hacia la cultura de la

A razón de esto, los delitos que se registran sirven para mostrar las condiciones de criminalidad en determinado lugar y sirven como indicador para la revisión de la eficiencia en la administración de justicia; lo particular aquí es el análisis relacionado con lo que sucede con las personas que no denuncian y los motivos por lo que no lo hacen, Georges Picca (1987) menciona estas razones como las más representativas, sin embargo, menciona que el proceso metodológicoestadístico deja en segundo plano a la víctima ya que prioriza más la conducta, el hecho y a la persona imputada. La criminalidad manifestada en la incidencia delictiva muestra los fallos en los planes y programas de los administradores de acuerdo a él, pero como efecto indirecto permite la generación constantemente actualizada de información e indicadores que servirán para el análisis y la propuesta de acciones a tomar. De las principales razones de la no denuncia se encuentra el temor a represalias, la desconfianza en que las autoridades no den con los responsables, porque denunciar resulta una pérdida de tiempo o porque las afectaciones fueron mínimas. Esto se manifiesta en la cifra negra de la criminalidad, y lo importante de esta situación es que con la ausencia de denuncias es complicado establecer las estrategias para la diminución de los hechos delictivos, y por ende las políticas públicas en materia de seguridad. Asignación de Recursos para la Seguridad Pública: Análisis y Propuesta

Figura 2. Fuente: ENVIPE 2017, INEGI

La inversión en materia de seguridad es una temática que se analiza desde múltiples perspectivas y campos de estudio, generalmente esta inversión es entendida como una respuesta de la nación, los estados y los municipios para contrarrestar los efectos negativos que la inseguridad y el incremento de la tasa delictiva trae en la sociedad y en la ciudadanía. Ésta a su vez es canalizada en fondos y recursos que tienen como propósito fungir como un apoyo económico-financiero

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3. Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal.

para la optimización y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en su actuar en contra del crimen y las principales afectaciones que éste provoca. La situación actual conduce a pensar que el propósito esencial de estos fondos y recursos no está arrojando los mejores resultados y que el objetivo para el que fueron creados está lejos de lograrse a raíz del contexto social de seguridad en el que el país y la ciudadanía se encuentran. Catalogar como un fracaso la política de recursos para la seguridad pudiera considerarse un aspecto demasiado radicalizado y poco prometedor de acuerdo con Barachina (2014) la ineficiencia política de inversión en materia de seguridad no se relaciona con las continuas aportaciones presupuestarias que se realizan desde la Federación; señala como principal problemática de la situación a una voluntad política obstaculizada y falta de coordinación entre los actores involucrados, lo que repercute en mayores problemáticas como la corrupción y programas que atienden a la simulación derivadas de políticas públicas débiles, ya que los esfuerzos de generación de políticas públicas en la materia han sido continuos; un factor evidente en la ineficiencia de la seguridad pública es la inestabilidad institucional, que contribuye a que no se cumplan con los objetivos de las estrategias nacionales y locales, se encuentra directamente ligada al poco y mal aprovechamiento de fondos y recursos para la materia. Las políticas públicas en materia de seguridad, son estrategias clave en los tres niveles administrativos para la gobernabilidad, dado que la problemática de la inseguridad afecta a la dinámica social y a la ciudadanía en múltiples aspectos. Para ello, desde el nivel federal existen programas que tienen el propósito de contribuir auxiliarmente en la disminución de los hechos delictivos, la prevención del delito y el fortalecimiento y optimización de las instituciones de seguridad pública. Estos programas atienden a una priorización dentro de la agenda nacional y para el caso de los programas en materia de seguridad pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) plantea los Programas de Prioridad Nacional de la siguiente forma:

1.Desarrollo, profesionalización y certificación Policial. 2. Sistema nacional de información para la seguridad pública.

4.Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial. 5. Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas. 6. Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia. (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018) Además de estas líneas de acción puntualizadas, contempla recursos directamente para la creación de programas relacionados con la Prevención del Delito; este punto en específico tiene su relevancia ya que estos programas atienden al fomento de la participación ciudadana en la implementación de programas de prevención, y aunque el secretariado enfrentó la problemática de programas duplicados o muy similares, la prevención del delito sigue siendo una de las apuestas más grandes y efectivas en materia de políticas públicas para la seguridad pública. En la Ley de Coordinación Fiscal se generan fondos en los que se transfieren recursos a los estados y municipios para el cumplimiento de estrategias que se alinean con el plan nacional; para el caso de la seguridad pública se cuenta con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, este fondo se adapta a los ejes estratégicos del SESNSP y su finalidad compete a la creación de programas relacionados principalmente al desarrollo de capacidades institucionales en el ámbito local para el diseño de políticas públicas que se encaminan a la prevención social de la violencia y la delincuencia considerando como aspecto principal el que la ciudadanía se involucre y participe activamente en temas y problemáticas de seguridad pública en su entorno. Uno de estos programas es el de Fortalecimiento para la Seguridad, éste programa es un subsidio que se brinda a los estados y a los municipios del país para el fortalecimiento de temas multidisciplinarios de seguridad. Con este subsidio para el fortalecimiento de la seguridad pública, el SESNSP tiene como propósito dar cobertura a los aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos policiales, la

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capacitación, la homologación policial y la mejora de las condiciones laborales de los elementos policiales; asimismo abarca aspectos de mejora en equipamiento, infraestructura, profesionalización y certificación. Conforme a los Lineamientos Generales del Programa FORTASEG (2018) puntualizan en sus primeros artículos las modalidades de los procesos para la participación en el programa; para el caso de la problemática de la duplicación de programas y similares se buscó la cancelación previo análisis de programas en específicos, tal fue el caso del Programa Nacional de la Prevención del Delito, siendo esta situación que en el primero y segundo apartado de estos lineamientos se señala que se debe de evitar la duplicidad de recursos y que los recursos de FORTASEG no sustituirían a los recursos que Estados y Municipios aportan. El objetivo de éste es fungir como apoyo en el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, asimismo se puntualiza que los recursos que este programa aporta desde el orden federal no son regularizables (sic), y que la vía de obtención es mediante concurso. La administración de estos recursos, su ejercicio, seguimiento, verificación y evaluación estarán sujetos al Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal que sea correspondiente; también menciona que los recursos que el programa contempla son de carácter adicional y complementario a lo que otros programas, federales y locales, proporcionan, destacando que tiene que evitarse la duplicidad de asignación con los recursos de otros fondos y programas. De acuerdo a la información estadística de los últimos años, se han apreciado variaciones en el presupuesto asignado para seguridad conforme el Presupuesto de Egresos de la Federación; desde el último año que estuvo activo el SUSBSEMUN en 2015, hasta el año actual de 2018 hubo una serie de un incremento en su presupuesto y un decremento que se mantuvo constante durante estos últimos dos años ahora en la modalidad del Programa FORTASEG.

Figura 3. Fuente: Presupuesto de egresos de la Federación 2015-2018; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2018

y creación de políticas locales para el combate a la delincuencia y la disminución de la tasa de comisión de hechos delictivos. Este aspecto tiene su relevancia ya que cinco municipios queretanos participan como beneficiarios de este recurso federal. De acuerdo a la información del SESNSP, los municipios que participan en el programa federal son Querétaro, El Marqués, Corregidora, San Juan del Río y el municipio de Tequisquiapan; el monto para el ejercicio fiscal del programa FORTASEG 2018 es de $114,364,043.00 para el estado de Querétaro, y en años anteriores las cifras del monto tenían cierto rango considerable de variación. La principal problemática que rodea a un mayor apoyo y fomento para la creación más recursos y fondos para la seguridad pública es que no se ven acciones reflejadas en la disminución de la violencia, la mejora en la percepción del buen actuar de los elementos de

El estado de Querétaro ha tenido una participación constante e ininterrumpida en los recursos que el programa aporta; ello implica que a nivel nacional se destaque por ser referente en las acciones de gobierno Figura 4. Fuente: Presupuesto de egresos de la Federación 2015-2018; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015-2018

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mayoritariamente al fortalecimiento de las instituciones y no apostar demasiado a la prevención.

seguridad pública ni en la disminución de la tasa de comisión de delitos; esta situación se relaciona con el aspecto de que la calidad del gasto público pareciera no ser suficiente para el logro de los objetivos en materia de seguridad pública, Vidal Llerenas (2017) hace un esquema comparativo del gasto habido para seguridad pública, educación, salud y desarrollo social, destacando que para el caso de la seguridad pública ha habido relativa duplicación de recursos para el combate a la problemática de inseguridad y muy pocos resultados en comparación con los otros rubros; para la mejora en la eficacia de estos recursos sugiere la creación de mecanismos de evaluación de gastos y de las políticas públicas, asimismo se establecería una escala de priorización de programas y políticas con indicadores positivos para su continuidad y replicación. Por lo que debe haber mejores mecanismos de evaluación de rendimiento y aprovechamiento de recursos, priorizando de esta forma que los resultados sean visibles para la ciudadanía y así haya más eficiencia y eficacia en el gasto destinado para la seguridad pública. Conclusiones Para términos de análisis financieros y económicos, la política pública en materia de seguridad pública tiene como objetivo complementario la adecuada canalización de fondos y subsidios para su fortalecimiento, estos ingresos aparte de su función principal que es el coadyuvar en la mejora de las instituciones de seguridad pública y sus integrantes, contemplan la creación de programas que se enfoquen a la seguridad en su perspectiva de prevención más que la reacción, y éste puede ser el factor detectado como el principal problema de enfoque que se tiene para enfrentar las múltiples problemáticas en materia de seguridad pública; la tendencia de apoyar

De acuerdo con la información generada por el Índice de Paz en México (2018) el factor de la violencia y la inseguridad desempeñan un papel fundamental en la alteración del comportamiento económico del país ya que desvían tanto recursos públicos como privados de las actividades productivas para contrarrestar las afectaciones que estas problemáticas generan en el país y en los ciudadanos; en el 2017 las problemáticas generadas por la violencia y la inseguridad superaron a la inversión realizada en el sector de salud en ocho veces y siete veces más en materia de educación, lo que se traduce como que invertir efectivamente en políticas públicas que reduzcan la inseguridad y apuesten a la prevención, los otros sectores se verían considerablemente beneficiados en términos económicos. Para que se creen políticas públicas efectivas en materia de seguridad es necesario contar con indicadores que, más allá de enfocarse en la cantidad de hechos que contribuyen al incremento de la inseguridad y la violencia, posicionen y fomenten la realización análisis multidisciplinarios en los que se involucren múltiples actores y que de éstos destaquen los mismos ciudadanos, ya que actualmente la seguridad es vista como una temática de interés público con grandes connotaciones políticas, a su vez que el rol de los ciudadanos es de vital importancia en la consulta y en la participación activa relacionada con la seguridad pública. Gabriel Rojas Lasch (2012) refiere que, en múltiples ocasiones, el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno se ve complicado porque los servidores públicos no toman en cuenta las propuestas de la ciudadanía para la mejora de las condiciones de seguridad público, y éste vínculo puede mejorarse a través de acciones que se dirijan en el incremento del sentido de pertenencia de las personas para su comunidad. El vínculo de la ciudadanía y los administradores determinará el adecuado funcionamiento de la seguridad pública y la disminución de la inseguridad, factor que a su vez se manifestará en la creación de nuevas políticas públicas para la seguridad, que además de los mejores mecanismos para la toma de decisiones para los administradores, mejorarán la condición de vida de las personas en lo referente a la nueva, y más efectiva adopción de la seguridad humana: estar libre de todo miedo y libre de todo riesgo.

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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2018) Índice para una Vida Mejor: Seguridad. Indicadores de Seguridad, Autor.

REFERENCIAS Aguilar Villanueva, L. F. (1993) Hacia una Disciplina de las Políticas Públicas. Ciudad de México: COLMEX. Barrachina, C. (2016). Las Trampas de la Seguridad: El gasto en seguridad pública en municipios y entidades federativas mexicanas. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016. Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia. México: CASEDE. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2017) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 21. Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Servicios Parlamentarios. Garza Salinas, M. A. (1999) “Políticas Públicas y Seguridad en el Marco de la Acción del Estado”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ciudad de México: UNAM. Guerrero, O. (1994) Los Usos del Análisis de Implementación de Políticas. Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas. Institute for Economics and Peace. (2018) Índice de Paz México 2018: Evolución y Perspectiva de los Factores que Hacen Posible la Paz. Nueva York: Autor. Jasso López, C. (2013) “Percepción de Inseguridad en México”. Revista Mexicana de Opinión Pública. Ciudad de México.

Picca, G. (1987). La criminología. México: Fondo de Cultura Económica. Programa Estatal de Seguridad: Querétaro. 2016-2021. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Secretaría de Gobierno. Secretaría de Seguridad Ciudadana. Robles Tapia, G. (1993). “La Evaluación de Alterativas en el Análisis de Políticas Públicas”. Revista de Administración Pública. (84). México: Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. Rojas Lasch, G. (2012). “Ciudadanía y Seguridad: Aproximaciones y Reflexiones sobre el Carácter Ciudadano de la Gestión en Seguridad”. Revista Latinoamericana Polis. Chile: Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas, CISPO. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018) Incidencia Delictiva del Fuero Común. Acciones y Programas: SESNSP. México: Autor. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018) Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. Acciones y Programas: SESNSP. México: Autor. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018) Lineamientos Generales del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.Poder Ejecutivo. Secretaría de Gobernación. Acciones y Programas: SESNSP. México: Autor.

Laswell, H. (1951). Las Ciencias Políticas: Desarrollo Reciente en el Alcance y Método. Stanford: Stanford University Press. Llerenas Vidal (2017). “¿De Verdad es Eficiente el Gasto en Seguridad?”. Forbes México. Recuperado de: https://www.forbes.com.mx/de-verdad-eseficiente-el-gasto-en-seguridad/

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EL MODELO DEL INGRESO BÁSICO UNIVERSAL COMO OPCIÓN ANTE EL ESQUEMA TRADICIONAL DE PROGRAMAS SOCIALES EN MÉXICO

Hector Julio García Contreras Facultad de Derecho, UAQ

Resumen México es un país con una de las más graves disparidades sociales del mundo. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los cinco países con mayor desigualdad de la región en 2015 fueron: Guatemala, Colombia, Brasil, Panamá y México. En los últimos tres años han operado 5,491 programas sociales; pero carecen de coordinación y objetivos claros. Este número de programas supone un gran gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, existen algunas opciones para redistribuir el gasto social. En nuestro país la aplicación de un Ingreso Básico Universal (IBU) como política pública puede ser una forma de sustituir los programas sociales ineficientes y costosos, por una sola transferencia monetaria, fija y automática para los ciudadanos, garantizaría vivir con un mínimo de seguridad y dignidad. Palabras Clave Desigualdad, IBU, opacidad, pobreza, programas sociales, transparencia. Abstract Mexico is one of the countries with most serious social differences in the world. According with the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), the 5 countries with most inequity in the region, in 2015, where Guatemala, Colombia, Brazil, Panama and México. In the last 3 years, 5,491 social programs have been implemented, that nevertheless lack of coordination and clear objectives. This huge amount of programs suppose a large spending in the Federation Expenditures Budget. Nevertheless, there are some options to redistribute the social spending, for example, the application of a Universal Basic Income (UBI) in our country as public policy to substitute the expensive and inefficient social programs, for a unique monetary transference, fixed and automatic for the citizens, and that will guarantee them to live with a minimum of security and dignity. Key Words Inequity, social programs, poverty, opacity, transparence, UBI.

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por el hecho de que la desigualdad y el crecimiento no sostenible en muchas ocasiones son dos caras de una misma moneda (Ostry & Berg, 2014); mientras que la igualdad sí es una variable determinante para el crecimiento sostenible. De acuerdo a los factores que determinan cuánto tiempo perdura el crecimiento, el más fuerte es la redistribución de los ingresos; un 10% en la reducción de la desigualdad representa, de forma directa, un 50% en el aumento de la duración que tendrá el crecimiento, en comparación con otros factores (inversión extranjera directa 15%, apertura del mercado 40%). (Berg & Ostry, 2011)

El Problema de la Redistribución de la Riqueza. La visión generalizada en las últimas décadas sobre la redistribución; sobre todo en los Estados Unidos de América; subir los impuestos a los ricos e impulsar a los más desfavorecidos, ha sido más o menos homogénea y es negativa. Subir los impuestos a los ricos y expandir el estado de bienestar para los más necesitados es perjudicial para la economía, por lo que se considera que es necesario reducir los impuestos a los ricos para que toda la economía crezca mediante la filtración de la riqueza, si a los de arriba les va bien a los de abajo también (Krugman, 2014).

Es importante agregar una advertencia, la redistribución debe ser eficiente (Berg & Ostry, 2011), de lo contrario los problemas lejos de solucionarse, aumentan. Para esto se debe tener en cuenta que la participación del gobierno es fundamental, no sólo en la parte de implementación de políticas fiscales que graven a los más ricos y de políticas de redistribución que beneficien a la población de clase media y baja; sino, sobre todo, en que las políticas de redistribución creen oportunidad de forma eficiente y no se conviertan en subvenciones inútiles y malgastadas

Con la evolución de los datos de ingresos de la población durante la presente crisis esta visión parece tambalearse; en EUA el 1% de la población más rica aumentó sus ganancias en 31,4% de 2009 a 2012, mientras que el resto del 99% de la población, durante el mismo periodo, sólo lo hizo en 0,4%; esto quiere decir que el 1% de la población más rica de EUA acaparó el 95% de las ganancias por ingresos, mientras el 99% restante de la población se tuvo que conformar con el 5%. Otros datos profundizan en esta realidad, por ejemplo, la riqueza de la clase media en EUA ha disminuido en un alarmante 40% en el periodo de 2007 a 2010 (Saez, 2013). Con estos datos es imposible dejar de preguntar: ¿Cómo se sostiene que el beneficio de los más ricos es el beneficio de todos?, si durante la crisis económica el 1% más rico se ha vuelto más rico, mientras que el resto de la población se ha visto perjudicada. Recortar los impuestos a los ricos ya no parece ser la mejor solución. Parece que esta premisa empieza a ser fuertemente cuestionada a la luz de los números. Mientras tanto, la desigualdad no hace más que aumentar, lo que genera grandes problemas políticos, sociales y también económicos. Se está de acuerdo en que la economía de mercado necesita de cierta desigualdad para funcionar (Krugman, 2014); sin embargo, dentro de límites, que hace tiempo han sido rebasados en EUA y otros países de Latinoamérica y Europa. El haber sobrepasado estos límites tiene innumerables consecuencias: reducción de la inversión de las empresas debido a las débiles perspectivas de crecimiento de la demanda, deterioro de la educación y falta de nuevas oportunidades (Wolf, 2014). En definitiva un panorama negativo para la recuperación de la crisis y el crecimiento económico. La solución apunta a estar más del lado de la redistribución que del lado de la filtración de la riqueza,

Muchos gobiernos populistas han abusado de las subvenciones para mantener al electorado de su lado, lo que ha contribuido a reforzar las teorías de la filtración de la riqueza –si el gobierno malgasta los impuestos, mejor recortarlos y dejar que los ricos generen los empleos y las oportunidades-. En México existe una creciente desconfianza en las instituciones públicas y una permanente sospecha sobre el estado de nuestra democracia. Andrés Manuel López Obrador, asume en diciembre de 2018 el cargo de Presidente de la República Mexicana y basa gran parte de sus campañas en esa desconfianza, así como en poner énfasis en la desigualdad económica que sufre gran parte de la población del país. Uno de sus grandes retos será disminuir esa desigualdad, apartándose del populismo y del paternalismo que tanto daño han causado, y establecer políticas sólidas que ataquen la pobreza, la inseguridad, y la corrupción para fortalecer el tejido social. Estos tres problemas fuertemente arraigados en la sociedad son los que principalmente se deben combatir; juntos, gobierno y ciudadanía; durante los próximos seis años. Por esta razón, hoy más que nunca, los gobiernos paternalistas no deben tener un lugar en la sociedad.

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El trabajo para la redistribución de la riqueza se debe llevar a cabo con objetivos específicos: (i) Potenciar el talento humano -mejorar el acceso a la educación y las oportunidades de trabajo-, (ii) aumentar la calidad y cobertura del sistema de salud pública, (iii) inversión en infraestructura. (Krugman, 2014) Existen ejemplos de cómo la redistribución que en números concretos genera igualdad, parece ser, para la situación actual de ciertos países europeos y norteamericanos –con administraciones más o menos disciplinadas- la mejor opción para optar por una recuperación paulatina de la crisis y un crecimiento sostenible a largo plazo. Sin contar con el hecho que en un país con mayor igualdad, la estabilidad política y la social son más fáciles de alcanzar y mantener (Berg & Ostry, 2011). De acuerdo a estudios realizados por el Profesor Rodrigo R. Soares, por cada aumento de un punto porcentual en la desigualdad, el índice de homicidios puede llegar a aumentar hasta 1,5 puntos. (Soares, 2004) México está inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, falta de desarrollo económico y pobreza, está frenando el potencial crecimiento y mermando el capital físico, social y humano. Es un país con mucha riqueza; sin embargo, en él viven millones de pobres. La cifra es de 53.4 millones de personas viviendo en la pobreza, a pesar de estar entre las 15 economías más grandes del mundo, de acuerdo al ranking mundial de economías 2017 realizado por el Banco Mundial, que las clasifica por el tamaño de las finanzas absolutas de 195 países con base en su Producto Interno Bruto. De esta desigualdad derivan problemáticas que en origen estaban diferenciadas, como la violencia, ahora

Figura 1. Fuente: CONEVAL

son parte de un mismo círculo vicioso alimentado por la ineficiencia o el repliegue del Estado. Una manifestación de esta afirmación es la proliferación de grupos paramilitares o de autodefensa, que inicialmente son el remplazo que la ciudadanía ve más viable ante el abandono de las fuerzas de seguridad estatales. Hoy, en muchas comunidades y regiones proliferan estos grupos contraviniendo al Estado de Derecho y que con facilidad derivan en gavillas de hombres armados que sin capacitación y actuando en total impunidad, terminan formando parte de actividades como el narcotráfico, el secuestro o el crimen organizado. De acuerdo a una investigación de Brian J. Phillips, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas en la Ciudad de México, estos grupos son una manifestación más de la desigualdad. En un análisis de 2500 poblaciones de nuestro país, Phillips estableció que las autodefensas no aparecen forzosamente en áreas con mayores tasas delincuenciales o donde la presencia del Estado es más débil, sino más bien donde es mayor la brecha entre ricos y pobres. (Phillips, 2016) Los ricos que viven en zonas rurales pueden contratar fuerzas armadas particulares para su protección, remplazando a la policía; la población que no puede costear esta seguridad forma sus propias fuerzas voluntarias de autodefensa. Por otra parte las pocas oportunidades de empleo, de educación superior y la pobreza han impactado también en una migración forzada a los países del norte, que con las políticas migratorias actuales en aquellas fronteras van cerrando poco a poco incluso esta opción. Bajo este panorama: sin empleo, sin educación, ni migración; los jóvenes, particularmente aquellos que pertenecen a la población más necesitada, aspiran a solucionar sus necesidades participando en el crimen organizado y el narcotráfico, que son ya para muchos de ellos una meta válida y deseable en un país que glorifica la imagen del buen ladrón, a través de series de televisión, corridos y la generación de una cultura que hace ídolos a quienes viven con lujos transgrediendo la ley. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) arrojan que en 2016 el número de personas en situación de pobreza era de 53.4 millones, una estadística que si bien muestra una disminución en algún periodo, por ejemplo: entre el 2014 y el 2016, también es verdad que se encuentra en una dinámica de constante aumento respecto al total de la población.

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Cabe señalar que esa aparente disminución de personas en situación de pobreza, podría obedecer a que los datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, levantado durante el periodo del 11 de agosto al 28 de noviembre de 2015, para integrar información sobre ingresos, salud, educación, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos, alimentación y redes sociales; no es comparable con los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de años anteriores. De acuerdo con el INEGI en su boletín de prensa NÚM 286/16 del día 15 de julio de 2016, el MCS 2015 no es comparable con ejercicios estadísticos previos y no permite dar continuidad a la serie de pobreza ni con los años anteriores ni posteriores al 2015. De igual forma el CONEVAL, en sus estadísticas relativas a la población con ingreso inferior a la línea de bienestar, señala que en 2016 ésta era de 62 millones de personas, una cifra también en permanente ascenso Los Programas Sociales en México. México es un país con una de las más graves disparidades sociales del mundo. De acuerdo a datos publicados por la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe de 2016 sobre el Panorama Social de América Latina, los 5 países con mayor desigualdad de la región en 2015 fueron: Guatemala, Colombia, Brasil, Panamá y México, que promediaron un coeficiente GINI –que mide la desigualdad en la distribución interna de los ingresos o la riqueza–, superior a 0,5. En México durante los últimos tres años han operado 5 mil 491 programas sociales. De acuerdo al Informe de Evaluación 2016, elaborado por el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2016), existe en estos programas una falta de coordinación y objetivos claros, lo que dificulta el éxito de la política social. En el informe, se evidencia una gran falta de coordinación entre programas, pues 37 están duplicados, de los implementados por el gobierno federal, sólo 83 se enfocan en combatir las carencias sociales. El número de programas supone un gran gasto. De 2015 a 2017, 63% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación para financiar las políticas públicas se destina al gasto en desarrollo social, 27.6 al gasto económico y 9.4 al gasto de gobierno. El Consejo Nacional de Evaluación concluye en su análisis que el gobierno “ha terminado por fragmentar sus esfuerzos en una serie de acciones desvinculadas que, por tanto, no logran los resultados esperados”

Figura 2. Fuente: CONEVAL.

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(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2016, p. 47)

asignación presupuestaria conjunta para 2018 de 209 mil 469 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, a finales de octubre del 2017 la organización civil GESOC, que lleva nueve años analizando los programas de gasto social en México, presentó un informe ante la Cámara de Diputados en el que señala que sólo dos de cada diez programas sociales del Gobierno federal mexicano logran avanzar en el cumplimiento de las metas para las que fueron creados. El resto, 111 de 136 programas analizados, o no inciden en resolver los problemas sociales para los que se crearon o su opacidad es tan grande que no son susceptibles siquiera de ser evaluados (Gestión Social y Cooperación, A.C., 2017).

4. No incrementar el presupuesto a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas. 5.Exigir al Ejecutivo Federal una revisión integral de su política social para evitar los actuales niveles de dispersión. 6. Considerar una revisión profunda para reorientar el Gasto Social Federal hacia los programas dirigidos a los sectores más vulnerables y aquellos afectados por los recientes desastres naturales. (Gestión Social y Cooperación, A.C., 2017)

El 82% de estos programas sociales federales que no inciden en la solución de las problemáticas que se supone deben atacar, representan más del 60% del gasto social en el país.

El resultado fue desalentador; el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 destinó 90,482 millones de pesos a 25 programas que mostraron ser opacos. Este monto representa un incremento de 4.8% superior a lo destinado a esos mismo programas en 2017.

Estos programas claramente no están establecidos mediante criterios de resultados, se ejecutan sin las mínimas condiciones de transparencia, no existen garantías de que su uso no tenga fines electorales, sino más bien justificadas sospechas de que así sea. El enorme gasto que se hace en estos programas sociales que carecen de resultados, simboliza un agravio más para los derechos de la población con mayor vulnerabilidad de nuestro país.

Por otra parte, los programas identificados con el mejor desempeño tuvieron un aumento presupuestal mínimo, en promedio 1.55% más de los recursos destinados el año pasado.

A raíz de los resultados de su informe, GESOC A.C. emitió las siguientes recomendaciones a la Cámara de Diputados: 1. Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2018 a los 25 programas presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño y para los cuales el Ejecutivo proponía una asignación presupuestaria conjunta para 2018 de 90 mil 482 millones de pesos. 2. Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 14 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo y para los que el Ejecutivo proponía una asignación presupuestaria conjunta para 2018 de 139 mil 980 millones de pesos. 3. Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 10 programas que poseen un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo proponía una

Particularmente en un año electoral, estos recursos podrían ser desviados con suma facilidad para beneficiar a determinados candidatos. Los programas públicos que no tienen establecidas metas claras y medibles; que no cuentan con datos sobre la población que supuestamente benefician, y que no presentan mediciones de su desempeño, representan una “Caja Negra” para el Gobierno Federal, que no puede subsistir en un país moderno. No se está combatiendo a la pobreza efectivamente, las actuales políticas públicas en este rubro están mal diseñadas, los programas no inciden en la población a la que están destinados, y la opacidad es la norma en su aplicación. En menos palabras, se gasta mucho y se gasta mal para mitigar la pobreza. Aunado a la corrupción que propicia la opacidad de estos programas. Recapitulando, las principales críticas a las políticas y programas sociales en México son las siguientes: A. No existe una política social integral, que atienda todos los aspectos del problema y que involucre a las autoridades de todos los niveles.

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B. Estos programas son creados sin diagnósticos serios que les den un sustento adecuado, y objetivos precisos y medibles. C. La gran mayoría de los programas carecen de evidencia sólida que registre efectos positivos sobre el abatimiento de la pobreza. D. Tenemos muchos programas, desarticulados, con deficiente coordinación, e incluso con objetivos duplicados. E. Los programas sociales tienen una fuerte susceptibilidad para ser utilizados con fines clientelares y electoreros. F. Representan una trampa, donde el pobre sabe que si sale de la línea de pobreza, dejará de recibir los apoyos. Resulta muy preocupante que la política social en nuestro país esté sujeta a ocurrencias pasajeras y electorales. No existe una estrategia nacional que pueda percibirse como la visión de largo alcance del Estado Mexicano para combatir a la pobreza y la desigualdad. Ingreso Básico Universal. Existen algunas visiones modernas en este tema, que dada la situación actual valen la pena ser analizadas. Durante el reciente proceso electoral, el candidato a la Presidencia de la República por Acción Nacional propuso crear un Ingreso Básico Universal (IBU) en el país. Es la primera vez que un candidato a la Presidencia propone esta medida para combatir a la pobreza. El IBU es una política pública que propone sustituir a los programas sociales ineficientes y costosos, por una sola transferencia monetaria, fija y automática para todos los ciudadanos, independientemente de su ingreso y que les garantizaría vivir con un mínimo de dignidad. Ricardo Anaya no especificó si sería entregado a toda la población o sólo a algunos sectores; por ejemplo: el de mexicanos en edad productiva; tampoco se estableció a detalle los montos del ingreso o los criterios para establecerlo, así como si la instrumentación sería progresiva o inmediata. Algunos de los principales beneficios que se obtendrían de acuerdo al candidato de Acción Nacional son:

A. Erradicar la pobreza extrema en nuestro país y reducir la desigualdad. B. Eliminar los gastos burocráticos y la corrupción de los programas sociales, entregando el recurso directamente a la gente. C. Eliminar por completo la política clientelar. D. Promover el espíritu emprendedor, al contar la gente con un piso mínimo. E. Hacer en automático sujetos de crédito a todos los ciudadanos del país y formalizar a la economía informal. F. Aumentar el gasto para fortalecer el mercado interno y dinamizar la economía nacional. Las fuentes de financiamiento propuestas por Anaya eran los excedentes de la gestión pública, que se sumarian al presupuesto de los programas sociales enfocados al ingreso que actualmente funcionan en el país y a los recursos ahorrados con políticas de austeridad implementadas por el gobierno federal. En su momento, los analistas consideraron que de ser universal el otorgamiento o para la población en edad productiva, aún faltarían recursos para garantizar vivir por lo menos en la Línea de Bienestar Mínimo. Si bien Anaya es el primer candidato presidencial en hacer esta propuesta, en el 2016 las diputadas Araceli Damián González y Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron una propuesta de instrumentación por etapas y a 20 años de un IBU en el país. (Cámara de Diputados LXIII Legislatura, 2016) Le llamaron ICUA (Ingreso Ciudadano Universal Alimentario), con el principal objetivo de cubrir las necesidades alimentarias. Las diputadas propusieron una reforma de los artículos 4o y 73 de la Constitución Federal, a fin de crear este derecho. El proyecto pretendía implementarse en varias fases dentro de un periodo de 20 años dividido en cuatro quinquenios. Primero los adultos mayores y niños menores de 8 años de edad, la segunda etapa con el grupo poblacional de entre los 8 años y los 17 años. Para el tercer quinquenio se contemplaba a las mujeres entre los 18 años y los 64 años y por último a los hombres

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entre los 18 años y los 64 años. La idea era que los programas sociales existentes fueran eliminándose gradualmente para ser remplazados por el ICUA.

d. Evitar el uso que con fines electorales se ha hecho de los programas sociales, pues el IBU no podría ser cooptado por los poderes políticos con fines clientelares.

De acuerdo a los cálculos del proyecto serían entregados 1,800 pesos por persona al mes. En la iniciativa de reforma se detalla que bajo este plan, la cobertura universal de la población representaría 8.35% del PIB nacional, beneficiando a 143 millones de habitantes —el total de la población calculada para el año 2038—.

e. El trabajo tendría que ser mejor pagado, porque nadie se vería obligado a aceptar condiciones laborales adversas por necesidad. Como puntos negativos a la implementación del ingreso básico universal se han considerado los siguientes:

En cuanto al financiamiento, la iniciativa propone basarlo en la redirección del 30% del gasto social hacia el ICUA, llevando el presupuesto de los programas que ya operan y que son ineficientes o de bajo impacto, y los ahorros ocasionados por un plan de gasto racional de los recursos públicos por parte del gobierno federal.

a. Es incosteable con las finanzas públicas actuales de México. b. Desincentivaría la búsqueda de empleo entre la población. Al ser un ingreso no condicionado mucha gente dejaría de trabajar y pasaría a ser dependiente del Estado.

Estas y otras propuestas de implementación de un modelo del IBU son diferentes en lo referente a los montos, plazos, sector de la población atendido y otros más referentes a su operación, por lo que los cálculos para su aplicación son muy variados.

c. Podría dejar al Estado sin presupuesto para proveer bienes y servicios que, por su bajo o nulo retorno económico, las empresas privadas no proveen, como servicios de salud, obras de infraestructura, o inversiones tecnológicas de alto riesgo a cambio de beneficios puramente sociales.

La complejidad que representa establecer el IBU ha sido discutida por los académicos desde hace décadas. Se han realizado en el mundo diversos experimentos con él y hasta el día de hoy ningún país lo ha implementado completamente, como ingreso universal e incondicional para todo habitante. Quienes están a favor de la implementación de un ingreso básico universal le atribuyen los siguientes posibles beneficios que tendrían grandes efectos transformadores en las relaciones sociales, económicas y culturales. a. Erradicar la pobreza extrema, porque el IBU representa un subsidio importante al ingreso, que ayuda a permanecer por arriba de la línea mínima de bienestar económico. b. Generar contrapesos al sector patronal en las relaciones laborales, al darle a los trabajadores mejores condiciones de negociación al contar con un ingreso seguro que los respalde. c. Impulsar a los emprendedores, pues las personas podrán iniciar sus negocios y generar empleos con el apoyo de un ingreso seguro.

d. Generaría inflación creciente en la economía. e. Los trabajos mal remunerados o desagradables pasarían a ser realizados por personas que no tengan la ciudadanía y que no reciban el subsidio. Establecer en México un Ingreso Básico Universal parece viable, dependiendo de las condiciones y características con que se quiera implementar. Se podría considerar entregar una cantidad, que quizás no cubriría en su totalidad las necesidades alimentarias de cada persona, pero que sin embargo sumado a los ingresos de la población en condición de pobreza, sea suficiente para llegar a la Línea de Bienestar Mínimo. Se debe considerar reservarle recursos al estado para atender sus demás labores y proveer otros servicios públicos necesarios como salud, educación, infraestructura, investigación, etcétera. Falta hacer cálculos serios sobre cuál es la cantidad de que se está hablando, cuánto costaría que todos los mexicanos tuvieran un ingreso que les permitiera

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alimentarse. Esto dependerá del modelo de IBU que se quiera implementar. Cálculos realizados por la economista Viridiana Ríos (Ingreso Básico Universal para México, ¿se puede?, 2017) señalan que al contemplar al 10% de los habitantes más pobres del país como beneficiarios del IBU, éste podría llegar a costar 7.3 billones de pesos anuales. Lo cual con las finanzas públicas actuales no es viable. Sin embargo existe un camino muy claro para poder hacerlo una realidad y el inicio es sanar las finanzas de México. Una Reforma Fiscal a Fondo. El sistema fiscal de una economía moderna cumple varias funciones esenciales. Proveer de bienes públicos y capital público, estabilizar la actividad económica a niveles altos de utilización de los recursos disponibles, y redistribuir la riqueza mediante un sistema de impuestos progresivo. En México ninguna de estas funciones se cumple satisfactoriamente (Ros, 2015). La carga fiscal es muy baja comparada con estándares internacionales, alrededor del 10% del PIB, muy por debajo de los países de la OCDE e incluso de los países de América Latina. Además la carga impositiva recae de manera no proporcional en los impuestos indirectos en lugar de los ingresos a las personas y empresas e impuestos a la propiedad, como sucede en países desarrollados.

De acuerdo a Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en la última década y con las peores condiciones de opacidad, el Servicio de Administración Tributaria ha condonado un total aproximado de 200 mil millones de pesos en impuestos en beneficio de quienes deberían ser nuestros más grandes contribuyentes. (Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 2016) Los llaman programas de amnistía fiscal y deberían servir para que los contribuyentes se pongan al corriente con sus obligaciones y mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado. Sin embargo, se han utilizado sin controles establecidos y sin reglas claras para beneficiar a unos pocos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tan sólo 15 contribuyentes dejaron de pagar más de 46 mil millones de pesos en 7 años. El primero en plantear un ingreso incondicional básico fue Thomas Paine, en el libro “Agrarian Justice”, publicado en 1797. Paine establece el principio de que ningún individuo nacido en un estado civilizado, debería encontrarse en una situación peor que en la que estaría al haber nacido antes de establecerse la civilización. De acuerdo con el autor, la agricultura es uno de los mayores inventos de la humanidad. Sin embargo, el monopolio territorial al que dio origen, ha desposeído a más de la mitad de los habitantes del mundo. A nadie se ha indemnizado por la apropiación de bienes comunes –caza, pesca, aire, agua, pastos-. Apropiación que ha generado pobreza y miseria que antes no existían. De lo anterior se infiere que cada propietario de terrenos cultivados adeuda a la comunidad una renta del suelo por el terreno que ocupa.

Aunado a lo anterior el gasto redistribuye el ingreso hacia la población más pobre, por medio de transferencias en especie como servicios de salud o educación, que tienen una naturaleza segmentada y un sesgo urbano que representa un sistema muy limitado de redistribución del ingreso.

Con esta renta según Paine se debería: Crear un fondo nacional, del cual se pagará a cada persona, cuando alcance la edad de veintiún años, la suma de quince libras esterlinas, como compensación parcial por la pérdida de su herencia natural causada por la introducción del sistema de propiedad territorial. Y además, la suma de diez libras al año, de por vida, a cada persona actualmente viva de cincuenta años de edad, y a todos los demás cuando alcancen esa edad. (1797, s.p.)

Se debe mejorar el sistema de recaudación de impuestos, para que todos paguen y paguen lo justo, con una base tributaria amplia, con menos informalidad, y donde todos participen. Una reforma fiscal progresiva para incrementar la recaudación, -actualmente menos de la mitad de la población paga impuestos-, eliminar la evasión y las exenciones de impuestos inexplicables para los más ricos.

La libertad real, como la llama Van Parijs, es la oportunidad para que cada individuo acceda a las condiciones necesarias para tomar decisiones y

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emprender acciones. Es decir, si todos tienen cubiertas las necesidades alimentarias básicas, entonces podrán tomar decisiones con libertad, sin tener miedo al hambre, como debería ser en una democracia auténtica. En “Libertad real para todos: ¿Que puede (si hay algo) justificar el Capitalismo?”, Van Parijs afirma que una renta básica para cada ciudadano promovería la consecución de esta libertad real para tomar decisiones de vida, redistribuyendo los ingresos de cada país a través de los impuestos. Con seguridad las elecciones del 2018 en México han demostrado que al menos el sistema democrático se robustece, que cada día se garantiza con más energía el respeto al sufragio popular. Ahora falta cumplir con la parte difícil de la democracia, donde cada miembro de la sociedad cumple su misión y su papel con dedicación, honestidad y lealtad a nuestro país y al bien común de sus habitantes. El aumento de la desigualdad y la pobreza, la transformación laboral que están produciendo las nuevas tecnológicas, y el fracaso de las políticas públicas para redistribuir la riqueza, invitan a explorar diferentes

medidas para repartir los frutos del progreso económico y permitir que cada mexicano pueda ejercer de manera más efectiva su libertad. En uno de los primeros discursos después de su triunfo electoral en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador dijo: Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige, necesariamente, del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia (s.f.). Existen muchas expectativas de cambio por parte de la población; sin embargo, estas se reducen al ver que muchos de los miembros de otros partidos con pasados políticos oscuros, por decirlo de manera amable, formarán parte del nuevo gobierno como colaboradores, asesores, y operadores. Los medios anuncian que en México “gano la izquierda”; pero esta izquierda,

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al menos de momento en el discurso y en el perfil de sus miembros, mantiene la ideología neoliberal de los gobiernos anteriores. López Obrador cuenta con la fortaleza y con los elementos necesarios en el legislativo para hacer una reforma completa de nuestro sistema político. En sentido positivo para la sociedad, pero también por caminos que otorgan a un solo hombre más poder del que quizás sea deseable en una democracia. El nuevo presidente electo de México tiene dos opciones: legitimar su actuación con modelos modernos que disminuyan la brecha entre ricos y pobres, y nos ayuden a convertirnos en una sola nación que aproveche todos sus talentos en justicia y paz o caer en la tentación de continuar con los antiguos modelos que buscan convertir a los ciudadanos en clientes electorales de un partido político. La respuesta a esta incógnita es en gran medida la respuesta al país en que se convierta México durante las próximas décadas.

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RÉGIMEN JURÍDICO DEL PATRIMONIO DE FAMILIA

Laura Patricia Herrera Vaca

Resumen El patrimonio de familia es una figura establecida en la legislación mexicana que se define como: el conjunto de bienes indispensables para cubrir las necesidades materiales de una familia; de no constituirse o reconocerse el patrimonio familiar, la familia quedaría en el desamparo y en estado tal que no sería capaz de cubrir sus necesidades materiales. Jurídicamente, se define el patrimonio familiar como: “la institución de orden e interés público cuyo objeto es afectar los bienes suficientes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar. El principal conflicto de la constitución del patrimonio familiar, es el posible fraude de acreedores, que en sentido práctico, lo podemos observar, cuando el propietario de un inmueble constituye patrimonio de familia sobre dicho bien, con la intención de eludir la obligación de cubrir la cantidad que le adeuda al acreedor. Palabras Clave: Acreedor, familia, patrimonio. Abstract Family property is a figure established in Mexican legislation that is defined as: the set of essential goods to cover the material needs of a family; if the family patrimony is not constituted or recognized, the family would be left in distress and in such a state that they would not be able to cover their material needs. Legally, the family patrimony is defined as: “the institution of public order and interest whose purpose is to affect enough assets to economically protect the family and sustain the home. The main conflict of the constitution of the family patrimony, is the possible fraud of creditors, that in practical sense, we can observe it, when the owner of a property constitutes family patrimony on said good, with the intention of avoiding the obligation to cover the amount owed to the creditor. Keywords Creditor, family, property.

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Introducción

o bien bienes propios que se adquieren por cualquier título. También se identifica a la palabra patrimonio con el conjunto de elementos culturales, sociales, etcétera, comunes a una colectividad” (Gran Enciclopedia Universal, 2003).

Conforme el humano crece, también crecen los deseos de proteger el patrimonio que ha obtenido a lo largo del tiempo y de igual manera, el Estado busca proteger todos los ámbitos de una persona, desde el aspecto físico hasta el aspecto económico. En respuesta a esta problemática y con la finalidad de salvaguardar lo básico para la subsistencia de una familia, el Estado creó la figura del patrimonio familiar.

De la definición anterior se destaca que el patrimonio tiene dos fuentes: una gratuita que es la herencia y otra, la adquisición de bienes por cualquier título; pero cabe hacer la aclaración que dentro de la misma definición no se mencionan los pasivos de una persona, los cuales también forman parte del patrimonio. Entonces se concluye que el patrimonio es el conjunto de activos y pasivos estimables en dinero que tiene en su propiedad una persona física o moral.

En este trabajo atiende al estudio del patrimonio familiar, sus principales características: la inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad, las cuales convierten al patrimonio de familia en una figura que cuenta con diversas protecciones en favor del bienestar familiar y, sobre todo, el impacto social que tiene actualmente. Dentro del presente proyecto, también se aborda el tema del fraude acreedores, siendo éste el problema principal al momento de constituir un patrimonio de familia, ya que esta figura ha sido constantemente utilizada para eludir obligaciones legales y defraudar a los acreedores; por lo cual, se buscan mecanismos de control para evitar que una figura creada para salvaguardar el bienestar de una familia, sea utilizada para evadir responsabilidades contraídas con anterioridad. Por último, se abordan diversas propuestas a lo establecido en la legislación mexicana referente al patrimonio de familia, con la finalidad de complementarla, realizando un análisis con la finalidad de estudiar si el monto máximo establecido para la constitución del mismo se encuentra apegado a la realidad; su procedimiento ante notario público y la implementación de la extinción del patrimonio de familia ante notario público, concluyendo con un apartado donde se promueve la creación de un programa de Constitución de Patrimonio Familiar implementado por el Consejo de Notarios, donde en un mes del año se otorgue un descuento a las personas que pretendan constituirlo sobre sus inmuebles, para darle mayor promoción; tal y como se viene realizando con el mes del Testamento. El Patrimonio de Familia

El término familia no se encuentra dentro de la ley una definición como tal, ya que sería en extremo complicado definir algo que es absolutamente distinto en cada espacio temporal y territorial, lo que generaría confusión. El concepto familia puede definirse como: personas emparentadas entre sí que viven juntas, o como el conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje (Gran Enciclopedia Universal, 2003). La familia es una comunidad de vida, es algo natural en los hombres y es la primera expresión que conocemos de la vida en sociedad. Después de haber definido los elementos del objeto de estudio en el presente trabajo de investigación, se define el Patrimonio Familiar como: el conjunto de bienes indispensables para cubrir las necesidades materiales de una familia; de no constituirse o reconocerse el patrimonio familiar, la familia quedaría en el desamparo y en estado tal que no sería capaz de cubrir sus necesidades materiales. Jurídicamente, se define el patrimonio familiar como: “la institución de orden e interés público cuyo objeto es afectar los bienes suficientes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar” (Muñoz Rocha, 2013). Características del Patrimonio de Familia Las características del patrimonio familiar son las siguientes:

Según el Diccionario de la Lengua española el término patrimonio deriva del término latino “patrimonium”; en la Gran Enciclopedia Universal se define como: “Hacienda que una persona ha heredado de sus ascendientes,

a. Inembargable: los bienes que constituyen el patrimonio familiar quedan exceptuados del embargo, precisamente por ser de interés público; por ello se debe salvaguardar lo

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indispensable para la subsistencia de la familia.

Según el Código Civil vigente para el Estado de Querétaro, son objeto del patrimonio de familia:

b. Inalienable: se constituye mediante bienes destinados a un fin social determinado, para proteger a la familia y favorecer su desarrollo; en consecuencia se ha de asegurar los medios necesarios para su subsistencia, los cuales no pueden ser enajenados por los beneficiarios.

I. La casa habitación de la familia, adquirida en propiedad por cualquiera de sus integrantes; II. En el caso de pequeños propietarios, una parcela cultivable;

c. Imprescriptible: quiere decir que la propiedad de los bienes que integran el patrimonio familiar no puede ser adquirida por el transcurso del tiempo; aun cuando hayan sido adquiridos y poseídos de manera continua, pacífica y a título de dueño, sobre ellos no puede operar la prescripción positiva.

III. El mobiliario de uso doméstico indispensable para la convivencia familiar, que no tenga la característica de suntuoso; IV. Tratándose de familias campesinas, el equipo agrícola, considerándose como tal, los semovientes, las semillas, los útiles, implementos y aperos de labranza;

d. Es único: cada familiar puede constituir sólo un patrimonio. Los que se constituyan subsistiendo el primero no producirán efecto legal alguno. Sólo puede constituirse con bienes que se encuentren en el lugar donde se encuentre domiciliado el que lo constituya.

V. Tratándose de familias obreras o trabajadores en general, el equipo de trabajo, considerándose como tal, la maquinaria, los útiles, las herramientas y, en general, toda clase de utensilios propios para el ejercicio del arte, oficio o actividad a que la familia se dedique; y

e. Traslativo de propiedad: la constitución del patrimonio familiar hace pasar la propiedad de los bienes al que quedan afectos, a los miembros de la familia beneficiaria; el número de integrantes de la familia determinará la copropiedad del patrimonio, señalándose los nombres y apellidos de los mismos al solicitarse la constitución del patrimonio familiar. (Muñoz Rocha, 2013, s.p.)

VI. Los lotes destinados a la construcción de casa habitación y los derechos derivados del acto jurídico que transmita la propiedad sobre el terreno objeto de este fin, siempre que la familia no cuente con casa habitación o, contando con ella, ésta no sea acorde con las necesidades o circunstancias particulares de la familia y no rebase el máximo fijado para la constitución del patrimonio de familia.

Bienes sobre los cuales puede ser constituido el patrimonio de familia

Fraude de Acreedores Según la Gran Enciclopedia Universal, la palabra fraude; se define como: Engaño mediante el cual alguien perjudica a otro y se beneficia a sí mismo/Der. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, y aún de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos/Acto realizado para usurpar derechos o eludir obligaciones legales. (Gran Enciclopedia Universal, 2003)

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Por otro lado, la palabra Acreedor, según la misma enciclopedia, se define como: “La persona a la que se le debe dinero/Que tiene derecho a pedir el cumplimiento de una obligación/ Que tiene mérito para obtener alguna cosa.” (Gran Enciclopedia Universal, 2003, p. 2333) De los conceptos antes mencionados, se define al fraude de acreedores como el engaño mediante el cual el deudor a través de artimañas, elude la obligación que tiene de cumplir con una obligación contraída con el acreedor. En sentido práctico, se identifica el fraude de acreedores en la constitución del patrimonio de familia, cuando el propietario de un inmueble constituye patrimonio de familia sobre dicho bien, con la intención de eludir la obligación de cubrir la cantidad que le adeuda al acreedor. Debemos recordar que esto es posible ya que el patrimonio de familia tiene dentro de sus características principales la inembargibilidad, lo

cual permite que el deudor, utilizando una figura cuya finalidad es proteger y salvaguardar la integridad física de la familia y garantizar una vida digna, se convierta en una herramienta para eludir obligaciones legales. El Código Penal para el Estado de Querétaro tipifica en su artículo 193 al delito de fraude como: Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. (Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 1987) En el fraude de acreedores, el deudor no se aprovecha del error en que se halla el acreedor, pero sí utiliza una figura legal con el fin de no cumplir con las obligaciones contraídas; es decir, obtendría un lucro indebido al aprovechar los bienes que el acreedor le entregó, sin intención de restituir dicho bien; dejando en estado de indefensión y sin garantía alguna al acreedor que actuó de buena fe. Como se establece en el apartado inmediato anterior, el Fraude de Acreedores provoca que el Patrimonio Familiar constituido se declare nulo, si de estos actos

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resulta la insolvencia del deudor. Lo anterior, en virtud de que se presume que la constitución del patrimonio familiar fue creado con la intención de evadir la obligación contraída con el acreedor.

genere la salida de bienes del patrimonio del mismo, reduciendo su capacidad económica. Basta realizar la aclaración de que si bien la constitución de patrimonio familiar no es una enajenación, y mucho menos genera la salida de bienes del patrimonio del titular, sí convierte al inmueble en un predio inembargable, imprescriptible e inalienable que impide la garantía de lo adeudado con el inmueble.

Razón por la cual, el Patrimonio Familiar constituido no cuenta con las formalidades esenciales, y no cumple con la finalidad principal que dicha figura; ya que no ha sido creado para salvaguardar la integridad física y económica de la familia; sino como una evasión a las obligaciones contraídas.

• La intención fraudulenta por parte del deudor, siendo consciente del perjuicio que su actuación conllevará y con la finalidad de evitar que los acreedores accedan a sus bienes.

Es por ello, que tanto los Jueces de Primera Instancia o el Notario Público, cual sea el caso, debe cerciorarse detalladamente, antes de constituir el Patrimonio Familiar, que no existen acreedores que puedan reclamar derechos sobre el inmueble que se pretende constituir dicha figura jurídica.

• Que la acción rescisoria deba ser ejercitada en modo subsidiario, después de haber perseguido los bienes que estén en posesión del deudor, de forma que el acreedor no disponga de otro medio para cobrar lo que se le deba. (Aob Abogados, 2017)

Medios de control para evitar el fraude de acreedores Como es bien sabido, si un deudor incumple su obligación de pago, el acreedor corre el riesgo de actuar en contra del primero, pero que éste no disponga de bienes para hacer frente al crédito existente; pero podemos encontrarnos de que el estado de insolvencia sea provocado por la actuación del propio deudor, en este acto de la constitución del patrimonio de familia, con la intención de eludir la deuda que ha contraído. Ante tal situación, la ley prevé la acción de rescisión o acción pauliana por fraude de acreedores, cuyo objetivo es dar la facultad a los acreedores para impugnar los actos llevados a cabo por el deudor en fraude de su derecho, impidiendo que el deudor se desprenda de sus bienes o en este acto, constituya patrimonio de familia para no hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones. Para que dicha acción prospere, se ha establecido que deben concurrir las siguientes circunstancias: • Existencia de un crédito a favor del acreedor y en contra del deudor anterior o preexistente al acto de enajenación de sus bienes para eludir el pago de la deuda; • La realización de un acto de enajenación por parte del deudor en beneficio de un tercero, que

Procedimiento ante Notario Público Es importante mencionar que existe un evidente error que se plasma en el artículo 730 del Código Civil Federal, ya que establece que el valor máximo de los bienes afectados al patrimonio de familia, será la cantidad que resulte de multiplicar por 3650 el importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en la época en que se constituya el patrimonio; lo cual da como resultado que el monto máximo de los bienes afectos al patrimonio familiar es la cantidad de: $292,146.00. Dicha cantidad resulta completamente ilógica, ya que es evidente que los bienes inmuebles que son destinados a casa habitación o a parcelas cultivables exceden del monto ahí establecido, por lo cual, prácticamente todos los bienes que sean de interés del propietario a efecto de constituir el patrimonio de familia, no serían procedentes conforme a la ley por el monto máximo establecido. Dicho monto es insuficiente para garantizar la vivienda digna de una familia; además de que conociendo los valores catastrales, es sabido que los inmuebles en México siempre superan esa cifra; con sus pocas excepciones en caso de inmuebles con muy poca superficie o en condiciones muy precarias. Para el estudio de dichas propuestas, referentes al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles para

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el Estado de Querétaro, se establecen puntos para su mejor comprensión: a. Dentro de dichos ordenamientos legales, no se maneja la posibilidad de que la extinción del patrimonio familiar sea solicitado ante Notario público, y aunque sí se contempla la posibilidad de constituirlo ante Notario, la extinción se debe realizar de manera exclusiva ante los Juzgados competentes.

se establece que el patrimonio familiar lo puede constituir cualquier miembro de la familia que sea mayor de edad, o que esté emancipado, entendiéndose la emancipación como la institución civil que permite sustraer de la patria potestad y de la tutela al menor, otorgándole una capacidad que le faculta para la libre administración de sus bienes, con determinadas reservas, expresamente señaladas en la ley. (Pina Vara, 1977) El emancipado tiene la posibilidad de administrar sus bienes, y dentro de la administración se encuentra la posibilidad de que proteja sus bienes. La ley establece la limitante de que el emancipado no puede vender, gravar o hipotecar los bienes adquiridos, pero sí existe la posibilidad de constituir el patrimonio familiar ya que genera un beneficio para los bienes raíces adquiridas.

Razón por la cual, mi propuesta sería una reforma de ley donde la extinción de patrimonio familiar pueda ser realizado ante Notario Público, quien deberá seguir todas y cada una de las formalidades que se llevan dentro del procedimiento judicial, inclusive oyendo al Ministerio Público correspondiente. b. Dentro del Código Civil para el Estado de Querétaro no se hace referencia de la figura del concubinato y de sus alcances legales en la figura del patrimonio familiar; por lo cual, es importante destacar que junto al matrimonio de derecho, la legislación mexicana reconoce la existencia del matrimonio de hecho, o concubinato, que se define como la unión de un hombre y una mujer sin formalización legal, para cumplir los fines atribuidos al matrimonio. (Pina Vara, 1977)

Monto máximo establecido para los inmuebles en patrimonio familiar

En este punto cabe la aclaración de que dicha definición es del año 1977, por lo que se considera desactualizada; además, en dicho texto se señala el concubinato como una “plaga social”, mientras que en el Código Civil vigente del Estado de Querétaro hacen referencia a lo siguiente:

Cantidad que es congruente y cumple con la finalidad del patrimonio familiar: salvaguardar la integridad física y económica de una familia, cumpliendo con las necesidades básicas de la misma.

“ARTÍCULO 135.- La familia es una institución social, compuesta por un conjunto de personas unidas por el vínculo del matrimonio, el concubinato o por el parentesco de consanguinidad, civil o afinidad” (Tribunal Superior de Justicia, 2009).

Implementación del Programa Mensual “Constitución de Patrimonio Familiar”

El artículo 275 menciona que el concubinato es la unión de un hombre y una mujer, libres de matrimonio, con el propósito de integrar una familia y realizar una comunidad de vida con igualdad de derechos y obligaciones; en el entendido de que los bienes adquiridos durante el concubinato, se regirán por las reglas relativas a la comunidad de bienes. Dentro del Código Civil para el Estado de Querétaro, sí

Como fue establecido al principio del tema, se expone el error existente en el Código Civil Federal; pero en el caso del Estado de Querétaro, en su artículo 711 establece que el monto máximo que debe corresponder a los bienes con los que habrá de constituirse el patrimonio de familia, será el equivalente a cuarenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de la entidad; es decir, la cantidad de $3’201,600.00.

La principal causa de que la figura del Patrimonio Familiar no sea muy conocido y no exista gran demanda, tanto ante Notario Público como en Juzgados, es la desinformación y la falta de difusión de dicha figura. El Estado debe promover y difundir la constitución del patrimonio familiar, para que los ciudadanos estén informados de los beneficios que tiene dicha institución y tengan la posibilidad de agotar tal figura en favor de sus beneficios familiares. La posibilidad de la difusión la encontramos en la implementación de un Programa Mensual denominado

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de esos procedimientos se debe a la desinformación sobre dicho tema. Se debe difundir la figura del Patrimonio Familiar, para que las personas estén informadas de que pueden constituir dicha institución sobre sus bienes, y así proteger lo más preciado que tienen: la familia. Para que la difusión sea exitosa, también se debe procurar crear medios de control para evitar el fraude de acreedores, ya que, esta figura ha sido utilizada para eludir obligaciones legales, y así, defraudar a los acreedores, para que este último no pueda embargar los bienes y garantizar el pago de lo adeudado.

“Constitución de Patrimonio Familiar”, tal y como se viene realizando con el mes de Septiembre implementado como “Mes del Testamento”, para que los ciudadanos se acerquen con el Notario Público de su preferencia a efecto de constituir el patrimonio de familia sobre los bienes de su patrimonio, y así, proteger a los miembros de su familia, y garantizarles una vivienda digna.

Por último, el tema de los Notarios Públicos es de suma importancia, ya que al acercarse con un Notario Público puede orientar al usuario los costos, procedimiento y duración en Notaría Pública; lo cual permite, que las personas estén más cercanas e informadas de la figura del patrimonio familiar. Inclusive, como se menciona en las propuestas, que la extinción del patrimonio familiar también pueda ser tramitada ante Notaría pública, lo cual permitiría celeridad en los trámites y desahogo por cuanto ve a dichas constituciones en los Juzgados Civiles o familiares, cual sea el caso. REFERENCIAS Aob Abogados. (29 de Noviembre de 2017). Fraude

Como lo establece Rafael de Pina Vara (1977): El patrimonio de familia, como institución jurídicosocial de la mayor trascendencia, merece ser rehabilitada, introduciendo, al efecto, en ella, las reformas que sean precisas para su adaptación a las realidades del país, de acuerdo con los datos que arrojen las experiencias obtenidas hasta ahora, sobre su funcionamiento, especialmente en lo relativo a su evidente fracaso (s.p.)

de Acreedores: la acción de rescisión o la acción pauliana. Recuperado de Servicios Jurídicos [Blog]: https://www.aobabogados.com/blog/accion-derescision-por-fraude-de-acreedores Gran Enciclopedia Universal. (2003). Patrimonio. XVI. Coacalco: Editorial Reymo, S.A. de C.V. Muñoz Rocha, C. I. (2013). Derecho Familiar. México: Oxford. Pina Vara, d. R. (1977). Elementos de Derecho Civil Mexicano. México: Porrúa.

Conclusión La figura del patrimonio de familia fue creada con la finalidad de que los integrantes de una familia, tuvieran la posibilidad de asegurar su patrimonio y la integridad física y moral de las personas, así como salvaguardar lo indispensable para una vida digna. Aun cuando es una institución que puede beneficiar a los ciudadanos que se encuentren dentro del supuesto, es sabido que los procedimientos no son recurrentes, ni ante los órganos jurisdiccionales y mucho menos ante Notario Público. La respuesta a la falta escasez

Poder Legislativo del Estado de Querétaro. (23 de julio de 1987). Código Penal para el Estado de Querétaro. Recuperado de http:// legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/ COD004.pdf Tribunal Superior de Justicia. (1 de septiembre de 2009). Código Civil del Estado de Querétaro. Recuperado de https://www.google.com/url?sa=t &rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ah UKEwiGkqOAwJviAhVGwMQHHU6ZDYAQFjABe gQIBBAC&url=https%3A%2F%2Ftribunalqro.gob. mx%2Fbiblio%2FleeDoc.php%3Fcual%3D30330& usg=AOvVaw2Jh2uSdaHikKZ3hmPWAJkE

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EL DEPORTE Y LA JUVENTUD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Emmanuel Adrián Macías Olvera Facultad de Derecho, UAQ

Resumen Este trabajo destaca la importancia del fomento, la práctica del deporte y su impacto en la juventud. Se llevó a cabo una entrevista con el titular del Instituto del Deporte y Recreación del Municipio de Querétaro, para conocer qué programas sociales se llevan a cabo en materia deportiva y relacionados con la juventud; por otro lado, se aplicó una encuesta a 343 estudiantes de distintos niveles educativos en Querétaro, con el propósito de conocer la percepción del deporte y su práctica. Por último, se realizaron cuatro entrevistas a personalidades destacadas en el mundo del deporte: Silvano Téllez, ex futbolista queretano; Jonathan Bornstein, futbolista profesional de los Estados Unidos de América; Ana Gabriela Guevara, ex atleta olímpica y actual Diputada Federal en México y Enrique Garay, comentarista deportivo con más de 30 años de experiencia en México. Palabras clave Deporte, políticas públicas, juventud. Abstract The present document highlights the importance of the promotion and practice of sports and its impact in young people. An interview took place with the leader of the Institute of Sports and Recreation in the municipality of Queretaro, to know the social programs of sports that are taking place with respect to the young people. On another hand, a survey was made to 343 students from different academic levels in Queretaro to know the perception they had about sports and how well the young people are embracing them. To finalize, four interviews were made to worldwide distinguished personalities in sports matter; to the soccer player from Queretaro Silvano Téllez, to Jonathan Bornstein professional football player from USA, to Ana Gabriela Guevara ex-olympic athlete and Federal deputy in Mexico, and last but not least, to Enrique Garay sports commentator with more of 30 years of experience in Mexico. Keywords Sport, public policy, youth.

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Introducción

los Jóvenes se consagra el Derecho al Deporte para los jóvenes que habiten en algún país de Iberoamérica, que expresa:

Este artículo presenta una investigación realizada acerca del impacto y la importancia que tiene el deporte en el desarrollo integral de la juventud y en la sociedad, destacando diversos aspectos positivos que aportan al crecimiento personal y en otros ámbitos en los jóvenes que lo practican. Se llevó a cabo una exploración de campo, específicamente en el Municipio de Querétaro, para conocer los programas y acciones realizadas por el gobierno para el fomento del deporte, así como la percepción del mismo en la juventud. Surgieron dos ideas principales: la primera, plantea que el deporte constituye una herramienta para el desarrollo integral de la juventud; la segunda, conocer si en el Municipio de Querétaro, se están ejecutando políticas públicas enfocadas a la juventud por medio del deporte.

Los jóvenes tienen derecho a la educación física y a la práctica de los deportes. El fomento del deporte estará presidido por valores de respeto, superación personal y colectiva, trabajo en equipo y solidaridad. En todos los casos los Estados Parte se comprometen a fomentar dichos valores así como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del deporte. (Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 2008, p. 10

Juventud, Deporte y Políticas Públicas En el año 2005, los Estados miembro de la Organización Iberoamericana de la Juventud, se reunieron para crear la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, donde se consagraron derechos indispensables para su desarrollo. El Artículo 1º de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes define como “joven”, “jóvenes” y “juventud” a todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un periodo de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro (Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, 2008, p. 7). La juventud actual, atraviesa problemas y dificultades que obstaculizan su desarrollo, como son la violencia intrafamiliar, las adicciones, la delincuencia e inseguridad en sus países, estados y municipios, entre otros. Una de las herramientas con las que el gobierno cuenta para incentivar y promover su desarrollo, sin lugar a dudas es el deporte; que, de acuerdo a la Carta Europea del Deporte (Consejo de Europa, 1992) son todas las formas de actividad física que, a través de una participación informal u organizada, tiene por objetivo mejorar el estado físico y mental, formando las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles (p. 8). En el Artículo 33º de la Convención de Derechos de

En este mismo sentido, el deporte proporciona un foro para desarrollar habilidades como la disciplina, la confianza y el liderazgo; además, fortalece principios fundamentales como la tolerancia, la cooperación y el respeto. El deporte fomenta actitudes positivas hacia el esfuerzo y cómo manejar la victoria, así como la derrota; cuando estos aspectos del deporte son enfatizados, este se vuelve un poderoso vehículo (Naciones Unidas, 2003, párr. 4), a través del cual, los gobiernos pueden combatir y prevenir aquellos fenómenos que dañan el desarrollo integral de las y los jóvenes, en cualquier ámbito del que se trate. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidos por todo el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica. El fomento y atención al Deporte en México, está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 4º que a la letra señala: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, p. 10). Para el caso, la ley de la materia, refiere a la Ley General de Cultura Física y Deporte, que en su Artículo 1º delega su aplicación a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), las autoridades de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, así como al sector privado y social (Ley General de Cultura Física y Deporte, 2013). Es así como el tema del deporte se convierte en un aspecto, que debe ser atendido por todos los ámbitos de gobierno y no solo eso, comparte su promoción y fomento con el sector privado y social, fomentando así la coordinación entre gobierno y sociedad.

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La conexión entre el deporte y la juventud, se encuentran en la obligación y compromiso de una nación, sus estados y sus municipios, al brindar a los jóvenes la oportunidad de desarrollarse de manera integral para enfrentar los retos y desafíos del futuro. El deporte debería estar al alcance de todos, con el fin de fortalecer el desarrollo de la persona. A través del deporte se pueden lograr objetivos importantes para la educación y crecimiento de los jóvenes, siendo una opción distinta a la educación tradicional, la académica y también la familiar; la importancia de ofrecer a los jóvenes alternativas para enfrentar los problemas y amenazas externas y llevarlos a un estado donde la paz, la convivencia y la cohesión social sea una nueva forma de establecer sus relaciones, contrario al mundo actual, donde el tejido social se ve más deteriorado conforme avanza el tiempo. El deporte es una actividad donde se despliegan algunas de las operaciones narrativas más pregnantes y eficaces para construir identidades (Altuve Mejía, 2016) Para las autoridades gubernamentales el tema del deporte es un área de oportunidad; las necesidades que presenta coadyuvan en la creación o mejora de políticas públicas que, como define Julio Franco Corzo (2013): Son acciones que permiten un mejor desempeño gubernamental que tanto al interior como al exterior del aparato público parten de cuatro supuestos: el interés público, la racionalidad, la efectividad y la inclusión. Tales supuestos se logran a través del uso racional de los recursos públicos, la focalización de la gestión gubernamental a problemas públicos acotados y la incorporación de la participación ciudadana (p.89).

Fernando Segura M. Trejo y Bernardo Buarque de Hollanda (2015) exponen algunas investigaciones realizadas en localidades de Argentina y Brasil que coinciden con la búsqueda de ofrecer a los jóvenes y a la ciudadanía en general la práctica del deporte como una herramienta para su desarrollo integral (p. 10). Alejo Levoratti (2015), señala la importancia del uso del deporte como herramienta para la inclusión social; mediante la aplicación de un programa gubernamental denominado “Patios Abiertos en las escuelas” realizó un estudio donde participaron alrededor de cuatrocientos establecimientos educativos, abarcando unos veinticinco mil niños y adolescentes. El programa se basó en iniciativas provenientes de la Secretaría del Deporte en el ámbito provincial y del Ministerio de Educación a nivel federal; estas iniciativas fueron desarrolladas por medio de reformas educacionales a lo largo de los últimos veinte años. En la investigación se trata de estimar varios tipos de alcances efectivos de la constitución ciudadana del deporte. ¿Hasta qué punto la “universalización de los derechos” por medio del deporte permite a sus usuarios re significar sus prácticas cotidianas y su vivencia escolar?, el autor se interroga también sobre esa asumida “cultura de paz”, idealizada por las instituciones promotoras y los discursos de imagen política, al preguntarse si se logra una efectiva disminución de la violencia, el consumo de drogas, lícitas e ilícitas, y la deseada superación de la estigmatización de poblaciones juveniles situadas en zonas desfavorecidas (pp. 113-120)

En este mismo sentido, Fábio Antnio Muller y Sérgio Pereira da Silva Filho (2015), señalan que el deporte permite al Estado, a través del Ministerio del Deporte

La ciudadanía, organizaciones civiles y asociaciones deportivas preocupadas por el desarrollo de los jóvenes, deben proponer convertir el tema de la juventud y el deporte en agenda pública, para que por medio de ellos avance en la solución de las necesidades que se presentan, logrando alcanzar niveles prioritarios en el debate político y la acción de aquellos actores políticos que por su posición, tienen la posibilidad de impulsarlos y finalmente esa iniciativa ciudadana se convierta en una agenda de gobierno y sea parte del conjunto de prioridades que cualquier gobierno constituido plantee a manera de proyecto, buscando materializar propósitos dentro de su gestión (Franco Corzo, 2013, p. 85)

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en Brasil y entidades de carácter filantrópico, inspiradas en principios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la legislación brasileira, más específicamente en la denominada Lei Pelé; estimular el ejercicio de prácticas articuladas en núcleos temáticos entre la escuela pública, las familias de los participantes y la comunidad en cuestión. El programa examinado comenzó en el año 2012 y ha sido evaluado con base en el acompañamiento, de sus etapas de realización, antes, durante y después de su implementación. De este modo, ha sido posible evaluar su impacto en la comunidad implicada, equilibrando fortalezas, las debilidades y las oportunidades ofrecidas a los jóvenes, niños y niñas desde su creación. A partir de encuestas y grupos focales desarrollados por los autores, se han identificado mejoras en el rendimiento escolar, en las relaciones familiares, en la integración de la comunidad y sobre todo en la formación de liderazgos juveniles, con un impacto positivo en índice de desarrollo humano en el barrio de Arsenal, municipio de San Goncalo, en Rio de Janeiro (pp. 143-145). México es un país en la que la práctica del deporte es muy grande; sin embargo, ha faltado la acción de las autoridades gubernamentales para promoverla y fomentarla, enfocándola a la solución de problemas sociales. El Municipio de Querétaro no es muy diferente, pues es una ciudad en la que sus habitantes y sus jóvenes practican el deporte, ya sea en conjunto o en lo individual. Surgen entonces dos interrogantes fundamentales respecto al desarrollo de la juventud y la aplicación del deporte como una herramienta para lograrlo: ¿El deporte en verdad constituye una herramienta para incentivar el desarrollo integral de la juventud?, y por otro lado ¿En el Municipio de Querétaro, se están ejecutando políticas públicas enfocadas a la juventud por medio del deporte?

Para el inicio de la administración en el año 2015, por medio del Plan Municipal de Desarrollo 20152018, se establecieron líneas de acción: en su primer eje rector Ciudad Humana, emplea por medio de tres programas, igualmente tres líneas de acción concretas para el fomento del deporte (10). De acuerdo al Anuario Económico 2017 del Municipio de Querétaro, existen 273 canchas registradas en las siete delegaciones municipales (Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 2017). El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, es el organismo encargado del fomento y promoción del deporte en el Municipio de Querétaro, tal como lo menciona el Manual General de Organización del mismo, (Municipio de Querétaro, s.f.), establece su objetivo funcional de la siguiente manera: Promover y fomentar el desarrollo del deporte y la recreación en el Municipio de Querétaro, para tener una población más sana y colaborar en la prevención del delito y adicciones a través de programas, actividades e instalaciones apropiadas para la práctica del deporte como complemento a la educación, el desarrollo y la salud de las y los habitantes del Municipio (p. 11). Con la información proporcionada por las autoridades del Instituto, en el año 2017, se creó el programa Intervención Deportiva, que es descrito de la siguiente manera: Con este programa, a través de promotores deportivos, se podrá intervenir con actividades deportivas y recreativas, dando cobertura a los sectores escolar, laboral, socialincluyente y familiar- recreativo, logrando así la participación de la mayoría de estudiantes de los planteles educativos dado que los torneos no son selectivos, sino de manera grupal, en un esquema a contra turno, ya sea antes o después de clases, los juegos se llevan a cabo en la deportiva municipal más cercana a su plantel, teniendo acceso gratuito a las instalaciones y campos asignados (sin dato).

El Deporte en el Municipio de Querétaro Se tiene como objeto de este estudio, conocer la situación actual del deporte en el Municipio de Querétaro, a través del análisis y estudio de documentos públicos municipales como el Plan Municipal de Desarrollo y el Anuario Económico del Municipio de Querétaro del año 2017.

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El programa tiene cuatro sectores de la población a los cuales se dirige; el sector escolar, el sector recreativofamiliar, el sector laboral y el sector social. Para el objeto de estudio de esta investigación se abordará solamente el sector escolar y el sector social, enfocado a la juventud. Tabla 1

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro.

La autoridad gubernamental, llevo a cabo alianzas estratégicas con distintas instituciones educativas del nivel básico, media superior y superior, tanto de carácter públicas como privadas, esto durante los meses de febrero a junio de 2017, obteniendo un número total de 11,656 beneficiarios. Se destaca qué, se ofrecieron deportes de destreza mental, para todos aquellos jóvenes que no practicaran deportes tradicionales, cumpliendo con la inclusión y diversidad que busca el programa. Miguel Ángel Álvarez Ramos, director del Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro desde el año 2015; argumentó que el deporte es una de las actividades que permiten formar y tener más mejores y buenos ciudadanos con principios, sin embargo, políticamente no se le ha dado el peso y atención necesaria para darle una mayor importancia en la agenda de la administración municipal. De manera personal mencionó, que el deporte influyó de manera importante en su educación académica, poniendo en práctica precisamente la disciplina que aprendió con su práctica.

En el ámbito municipal del que él participa, al ser titular del instituto encargado de la promoción del deporte en la demarcación, considera como un privilegio ser la autoridad pública que proporciona el primer contacto a la niñez y la juventud para la práctica del deporte, por medio actividades y programas, además de ofrecer un catálogo de 30 disciplinas deportivas diferentes en las distintas unidades deportivas del municipio, fomentando así la diversidad y la inclusión, no solo enfocándose a los deportes tradicionales o más populares. En el Municipio de Querétaro, existen deportistas que han logrado destacar en los primeros lugares de las olimpiadas nacionales que se celebran en México. Estos deportistas destacados, se han convertido en embajadores del deporte, siendo un ejemplo para toda la juventud de superación personal y ejemplo de compromiso con su profesión y de esa manera contribuir con la reconstrucción del tejido social, que día con día se debilita. Por su parte el Coordinador Técnico de Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, hablando exclusivamente del programa de “Intervención Deportiva” en el sector escolar, menciona que este programa debe éxito a la excelente coordinación entre tres sectores: la autoridad municipal, las instituciones educativas (públicas y privadas) y todos los alumnos participantes. Una de las claves como lo considera el Coordinador de este programa, es que tiene un esquema universal de su aplicación, pues en las escuelas lo que comúnmente se lleva a cabo, es la selección de los estudiantes con mejores aptitudes para practicar algún deporte en específico, al contrario, este programa se aplica por grupos de cada institución, asegurando así la participación de la totalidad de los alumnos de la institución, aportando a una mayor cohesión entre los alumnos y mayor integración entre los compañeros. Con todo lo anteriormente expuesto, se permite conocer el estado bajo el que se encuentran los programas y políticas públicas municipales, enfocados a la promoción del deporte y, sobre todo, aquellas que están enfocadas al desarrollo de la juventud queretana, desde diversos esquemas y métodos. Percepción del deporte en la juventud del municipio de Querétaro Con el objetivo de conocer la percepción que tiene la juventud en el Municipio de Querétaro, respecto al interés por la práctica del deporte, se llevaron a cabo

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350 cuestionarios, a estudiantes de distintos niveles educativos (Secundaria, Preparatoria y Universidad), entre las edades de 13 y 25 años. Proceso y método Por medio de una investigación exploratoria se aplicó una encuesta titulada Práctica del deporte en la juventud, utilizando un método de muestreo no probabilístico, por cuotas. La encuesta se aplicó en un periodo de cuatro semanas, con cuestionarios a 100 alumnos de tercero de secundaria (13-15 años), 100 alumnos de preparatoria (15-19 años) y 150 estudiantes de Universidad (1827 años), de distintas instituciones educativas del Municipio. De dichos cuestionarios fueron considerados válidos 338, teniendo una tasa de rechazo del 3.43% y considerando un nivel de confianza del 96%.

Resultados Como datos generales, el promedio de edad de los encuestados fue de 17.5 años; el 54% fueron mujeres por lo que correspondió un 46% de hombres encuestados; por lo tanto, fueron tomados en cuenta, 95 alumnos de secundaria (28%), 100 alumnos de preparatoria (30%) y 143 alumnos de nivel universitario (42%). Uno de los principales objetivos de esta encuesta, fue conocer la edad promedio en que la juventud del municipio de estudio, comenzó a practicar deporte, resultando una edad promedio de 7.8 años con una desviación estándar de 3.7 años (4.1 a los 11.5 años de edad). Otra de las principales variables a estudiar, fue conocer la cantidad de veces que practican deporte en una semana. En general fue que un 46% de los encuestados practican algún deporte o actividad física de dos a tres veces a la semana, un 25% más de tres veces, el 14% al menos una vez y el 15% contestaron que no lo practican. En relación al 15% que contesto no

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El deporte como herramienta vital para el desarrollo de la juventud

practicar deporte, se les preguntó la razón por la que esto sucedía y a qué edad ocurrió; en la primera variable el 51% informó que, por falta de tiempo, el 23% por que les da flojera, el 18% por qué no existen instalaciones públicas para practicarlo cerca de su casa y por último el 8% contestó que no les gusta el deporte; por otro lado, en la segunda variable el promedio de edad en que los encuestados dejaron de practicar deporte fue de 15.06 años, con una desviación estándar de 3.75 años (entre los 11 y 18 años).

El deporte alrededor del mundo, sin importar el género, la raza, la condición social, cuenta con historias maravillosas de logros tanto personales como colectivos, se llevaron a cabo cuatro entrevistas a personalidades dentro y fuera del deporte, con el objetivo de que compartieran sus experiencias de vida y como el deporte aportado valiosas herramientas que utilizan hasta la actualidad.

Para conocer el trabajo que realizan las instituciones educativas a las cuales pertenecen los encuestados en cuanto a la oferta deportiva que hacen a sus estudiantes; resultó que en todas las instituciones existe como materia curricular; educación física, así como actividades extracurriculares deportivas. En un tercer segmento de la encuesta realizada, con la finalidad de investigar si los jóvenes, cuentan con espacios públicos donde puedan practicar deporte, así como su opinión e interés por participar en actividades deportivas si el gobierno las ofreciera en dichos espacios públicos de manera gratuita. En primer lugar, el 85% de los encuestados contestaron que en sus colonias si existen espacios públicos para llevar a cabo actividades deportivas; en segundo lugar, con la pregunta ¿Si el gobierno municipal realizara actividades deportivas cerca de tu colonia, participarías en ellas?, se obtuvieron los siguientes resultados: de manera general el 61% de los encuestados contestaron que sí y el 39% contesto en sentido negativo; por niveles educativos, los encuestados de nivel secundaria contestaron afirmativamente en un 92% y en un 8% negativamente; en nivel preparatoria el sentido negativo fue mayor al reflejar un 55% de las respuestas y 45% contesto en sentido afirmativo; por último en el nivel universitario, respondieron afirmativamente el 52% y el 48% negativamente. Se cuestionó a los participantes, sobre el tipo de deportes les gustaría que el gobierno ofreciera en dichos espacios públicos, resultando los siguientes: fútbol, basquetbol, natación, voleibol, otro (sin especificar cuál), atletismo y el béisbol. Para finalizar con este ejercicio, se cuestionó a los participantes si consideran el deporte y su práctica como un aspecto importante en su vida; para lo que el 97% contesto que, si lo consideran de esa manera, mientras que el 3% del total contestaron que no lo consideran importante.

En primer lugar, se entrevistó al ex futbolista profesional Silvano Téllez, quien jugó en el equipo de la Ciudad de Querétaro, durante 10 años, anotando 300 goles, considerado el máximo goleador de la institución; es entrenador y formador de jóvenes desde hace 35 años. Don Silvano como muchos lo llaman, comentó que, desde la edad de 6 años, se familiarizó y apasionó por el deporte, practicando béisbol. Silvano Téllez debutó en primera división cerca de los 20 años en el equipo de Gallos Blancos, sin embargo, su historia comenzó con el equipo La Concordia, equipo que le brindó la oportunidad de trabajar en la empresa a la que pertenecía, por lo que significó un crecimiento también en el ámbito laboral y no solo el deportivo. A lo largo de su paso por el fútbol, desde que era un niño, su adolescencia y su juventud como futbolista profesional, aprendió valores importantes que hasta la actualidad le han enseñado a como conducirse en su vida, en todos los aspectos de ella, el respeto por las reglas, los rivales e incluso los árbitros, la amistad que encontró en sus compañeros, rivales, aficionados, son sin duda de los aspectos que el deporte le aportó a su vida. Desde su punto de vista como entrenador y formador de niños y jóvenes, ha sido testigo de cómo el deporte aleja a estos sectores de adicciones, malos hábitos y momentos de ocio negativo, por el contrario, conoce del impacto positivo que él mismo tiene, sobre todo a esa edad. Finalmente aseguró que el deporte es un aspecto fundamental en la vida de cualquier persona, desde la salud, el crecimiento personal, su impacto en la sociedad y su desarrollo integral. En segundo lugar, se entrevistó a Jonathan Bornstein, futbolista profesional que actualmente se desempeña en el equipo Maccabi Netanya en el país de Israel, ha sido seleccionado nacional del equipo de fútbol de los Estados Unidos, participando, en la Copa

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Confederaciones 2013 y en el Mundial 2014 de la FIFA. Creció en Orange County, en el estado de California, Estados Unidos, lugar donde comenta que tenía acceso a la práctica de cualquier deporte, en los parques y espacios públicos, además de que su acceso era gratuito o con costos bajos. Acerca del deporte como herramienta para educar a la juventud, contestó que considera que el deporte educa y previene de malos hábitos a los jóvenes, para un joven, la mejor cosa que pueda estar haciendo es participando en un tipo de deporte (sic). Destacó valores principales que el deporte le ha enseñado desde que era un joven; la disciplina, el trabajo en equipo y sobre todo la humildad; valores que ha puesto en práctica en toda su vida. También fue entrevistada una de las grandes figuras del deporte mexicano, Ana Gabriela Guevara, campeona mundial de atletismo en la prueba de 400 metros planos y medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, fue Senadora de la República Mexicana del 2012 al 2018 y actualmente se desempeña como Diputada Federal en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de los grandes logros que ha obtenido a lo largo de su carrera, el haber representado a México en tantas competencias alrededor del mundo, significó un gran orgullo y también una enorme responsabilidad. En el desarrollo de su juventud el deporte le enseñó valores como la disciplina y el trabajo en equipo, que incluso en su actual cargo pone en práctica todos los días. Está convencida de que cualquier disciplina que se ejerza con constancia y dedicación, es una herramienta educativa que provee a la juventud del desarrollo integral que requiere. Desde su posición actual, considera que se deben de impulsar políticas públicas que beneficien a todos los ciudadanos que aspiren a practicar y destacar en alguna disciplina deportiva e identificar las limitaciones y los obstáculos que eviten lograr sus metas. Por último, se entrevistó a Enrique Garay, comentarista deportivo, comenzó su carrera en el periódico Heraldo de México, desde el año de 1989 ha formado parte el equipo de TV Azteca Deportes, cubriendo eventos de enorme magnitud y trascendencia entre los que destacan, 33 Superbowl de la NFL, 7 Juegos Olímpicos, 4 Mundiales de la FIFA, finales de la NBA, entre otros.

Enrique Garay, ha sido testigo de momentos históricos en el mundo del deporte, por lo que en su opinión el deporte es de lo más valioso que ha generado el ser humano (sic). Hablando del deporte profesional y de alto rendimiento, compartió que todos esos logros que se ven en los estadios, en la televisión, son una fuente real de inspiración para el que los percibe, pues motiva la superación personal; sobre todo como él lo mencionó a las personas de clases sociales más desfavorecidas, pues pueden ver en el deporte una salida y una oportunidad de crecer tanto personal, profesional y económicamente. A nivel personal, compartió que desde pequeño practicó deporte, destacando que los valores que pudo conocer en esa época (esfuerzo, disciplina, puntualidad, respeto, aprender de las derrotas), valores que como comentó saltan de cancha a la vida (sic). Ha entrevistado deportistas como Kaká, Usain Bolt, Michael Phelps, Michael Jordan, Kobe Bryant y Yelena Isinbáyeva, destacando la manera en que el deporte puede cambiar la vida de un joven que tuve sueños y que los cumplió a base de mucho esfuerzo y sobre de todo de siempre ser autentico y congruente, un detalle que destacó de los deportistas mencionados fue la humildad con la que se conducen. Considera que deben realizarse políticas públicas eficientes en su punto de vista, en las zonas más marginadas, llevando programas deportivos específicos dependiendo de la zona de atención. En su opinión existe la falta organización dentro del gobierno, para generar programas que utilicen esos espacios de forma adecuada, ya que ya se cuenta con los recursos para aplicarlos. Conclusiones Por medio de la encuesta realizada, se puede destacar que la edad en que los jóvenes comenzaron a practicar deporte conlleva una responsabilidad entre el gobierno, las instituciones educativas y también el núcleo familiar. En la edad en que los jóvenes comenzaron a abandonar el deporte en términos de escolaridad, se encuentra entre el último año de preparatoria y el primero de universidad por lo que la edad en la que el gobierno debe implementar políticas públicas es precisamente entre los 13 y 15 años, pues significa dejar sentadas bases para que los jóvenes no pierdan el interés y el gusto por la práctica del deporte.

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En esta investigación se acreditó que los jóvenes están interesados en continuar practicando deporte y que en sus colonias cuentan con la infraestructura necesaria para hacerlo y lo más importante, estarían dispuestos a participar en programas realizados por las autoridades gubernamentales. Como lo mencionan Fernando Segura M. Trejo y Bernardo Buarque de Hollanda (2015), el estudio de políticas públicas sobre deportes tiene un importante déficit con respecto a otras áreas públicas y sociales. Sin embargo, es posible percibir que, en los últimos años, aunque todavía en grados insuficientes, la agenda del deporte ha ganado cierto peso en los discursos y decisiones de política pública en diferentes contextos. Es por ello, que se necesitan de una política pública bien entendida, que exige un proceso racional, informado y comprometido de selección y definición de problemas prioritarios, a partir de medios efectivamente disponibles para solucionarlos. El gobierno debe considerar al deporte como un tema prioritario para su agenda de gobierno, pues se cuentan con los medios suficientes para atenderlo de manera eficaz y haciéndolo llegar a la juventud.

De manera general, en todos aquellos instrumentos o documentos gubernamentales en donde se expresan las líneas de acción en cuanto al deporte se refiere, se detecta un problema en común, que Sandra Fabiola Valdez Méndez (2015), destaca la generalidad de los instrumentos lleva a la dispersión de las acciones y la falta de claridad sobre los factores y actores que lograron el éxito o fracaso de la política pública, la falta de definición de proyectos específicos se asemeja a una lista de intenciones y buenos deseos que podrían no concretarse por falta de una ruta crítica de acción o lineamientos de cómo desarrollarlos (p. 24). Por su parte Luis F. Aguilar (2010), la política pública se entiende, como un plan específico de acción, un plan limitado, orientado hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de problemas públicos específicos y con la mejora de situaciones de vida social, cada una de las cuales es diferente y posee su propia circunstancia (p. 31). Es por ello que se concluye que, respondiendo a las hipótesis planeadas al inicio de este artículo, el deporte constituye una herramienta vital para el desarrollo de la juventud, por medio de los testimonios compartidos y atención que se brinda en organizaciones internacionales que se preocupan por el acceso del deporte a la

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juventud. Por su parte el Municipio de Querétaro, cuenta con programas específicos para el fomento del deporte en la juventud, sin embargo, sigue siendo un área de oportunidad muy grande, para continuar con la creación y desarrollo de políticas públicas respecto al deporte y su impacto en la juventud.

REFERENCIAS

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AFIRMACIONES IUSNATURALISTAS EN LA CONFORMACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO

Alma Elizabeth Méndez Hernández Gabriela Aguado Romero Teresita de Jesús Arroyo Córdova Facultad de Derecho, UAQ

Resumen El presente estudio, tiene como finalidad vislumbrar la influencia del Derecho natural dentro del Derecho constitucional mexicano, analizando algunos supuestos de afirmaciones iusnaturales en la conformación de este último como son la laicidad, los derechos políticos de la mujer y el juicio de amparo, con el objeto de demostrar que el orden social contenido en la actual Constitución Federal así como en aquellas que le precedieron, está regulado por principios de la Ley natural. Palabras clave Derecho Constitucional Mexicano, Derecho natural, Derechos Políticos, Juicio de Amparo, Laicidad. Abstract The purpose of this study is to glimpse the influence of natural law within Mexican constitutional law, analyzing some assumptions of natural claims in the conformation of the latter such as secularism, the political rights of women and the amparo trial, with the object of demonstrating that the social order contained in the current Federal Constitution as well as in those that preceded it, is regulated by principles of the Natural Law. Key Words Natural Law, Mexican Constitutional Law, Laicity, Political Rights, Amparo Trial.

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Introducción Antes de comenzar con el desarrollo del presente trabajo, es menester hacer el siguiente cuestionamiento ¿Qué significado tiene hoy el derecho natural para la convivencia política? Esto puede contestarse examinando su posible influencia en el ordenamiento constitucional, observando los efectos de los diferentes posicionamientos de la corriente iusnaturalista dentro de la Constitución mexicana. Este estudio desentraña preceptos constitucionales que recogen principios de derecho natural, con lo que se demuestra la efectividad real de este derecho, en el “Estado Constitucional”, dado que éste no es simplemente un Estado en el que está vigente una Constitución, sino el Estado dotado de una Constitución que prevé además de la distribución formal del poder entre los órganos estatales, la existencia de ciertos contenidos que limitan o condicionan la interpretación, producción y aplicación del derecho. El debate que se plantea no se da sobre la naturaleza de los principios de Derecho natural, sino sobre la vigencia que estos tienen dentro de la ley suprema del país. Los cuestionamientos sobre un derecho suprapositivo, han llegado a afirmaciones radicales en donde se niega su existencia. Sin embargo, siendo objeto de estudio el constitucionalismo mexicano, se puede dar cuenta y evidenciar su eficacia. El Derecho Natural continúa siendo el parámetro de reformabilidad de la Constitución, que se actualiza a la par de los principios iusnaturales. Para dar cuenta de esto se examina la relevancia del Derecho Natural en el Derecho Constitucional Mexicano, para lo cual bien valdría la pena realizar un estudio extenso de manera cronológica, señalando las líneas de desarrollo y los puntos de contacto entre el iusnaturalismo y el derecho constitucional. No obstante lo anterior, para objeto del presente análisis, únicamente se puntualizan algunos ejemplos de la presencia de principios iusnaturalistas que han acompañado al desarrollo del constitucionalismo mexicano, para demostrar con esto la efectiva influencia iusnaturalista en la formación del Derecho Constitucional Mexicano.

El Constitucionalismo en México A nivel universal, se observar que en los orígenes del derecho constitucional, influyen en mayor medida la posturas de pensamiento que se desarrollan en la etapa del Derecho Natural Racionalista, que se caracteriza por tener bases y motivaciones exclusivamente humanas y sociales, en donde destacan los teóricos del liberalismo como Locke, Montesquieu y Rousseau, no obstante, esta escuela lleva aspectos y contenidos muy distintos al iusnaturalismo tradicional (Lucas Verdú, 1957, p. 138) de bases teológicas, fundamentación divina y religiosa, al que corresponden exponentes como San Agustín o Santo Tomas de Aquino entre otros. México es un país con una historia constitucional muy joven, en su pasado tuvo dominación de un país europeo, con la conquista española; lo que da lugar a que el ordenamiento constitucional tenga presencia tanto del Derecho Natural Racionalista, como del tradicional, pero además presenciando actualmente un renacer del derecho natural con el Neoiusnaturalismo que ha inspirado las últimas reformas. La Constitución española de 1812; conocida como la Constitución de Cádiz; además de ser una de las más liberales de su tiempo, sirvió de modelo a las primeras leyes fundamentales del México que se transformaba en nación independiente. El constitucionalismo en México surge en la medida en que los asuntos de la convivencia humana plantean grandes controversias, en las que van implicadas perspectivas sobre la justicia, la licitud, conveniencia y moralidad de las acciones humanas. “Uno de los grandes debates rumbo a la Constitución de Cádiz fue el de la igualdad y los derechos de los americanos”. (Cruz Barney, 2014, p. 608) La problemática de la convivencia político social del México independiente, indudablemente forzó a la creación de una constitución como obra de una asamblea convocada ex profeso, a la que se le dio el carácter de constituyente por la fracción revolucionario-triunfante. El ejército constitucionalista de Venustiano Carranza la impuso y promulgó. Dicha Constitución actualmente sigue en vigor. La primera Constitución del México Independiente, fue la de 1824, aunque ya con anterioridad, en plena lucha por la independencia, se redactó la Constitución de Apatzingán en 1814 (Cruz, 2014, p. 645), las raíces ideológicas de ambas constituciones se encuentran tanto en la Constitución de Cádiz de 1812, como en los Sentimientos de la Nación de José María Morelos

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y Pavón. La Constitución de 1824 es el resultado de cómo reacciona naturalmente una sociedad ante el sometimiento, como señala José Luis Soberanes (1995): Se actuó en contra de la tradicional organización de corte centralista que había imperado en México desde antes de la llegada de los españoles. Así los vaivenes entre federalismo y centralismo fueron una constante en la historia constitucional mexicana de los años posteriores a la primera Constitución federal (p. 121). Esta última Constitución estuvo vigente hasta 1835, año en que el Congreso de corte conservador promulgó las Bases Constitucionales del 23 de octubre de 1835 y, posteriormente, las Siete Leyes Constitucionales de 1836, que establecieron el centralismo y que fueron sustituidas por las también centralistas Bases Orgánicas de 1943. En 1846 se restableció la Constitución federal de 1824 y se modificó con el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, hasta 1853, año en que Santa Anna presidió una dictadura en México tendiente al centralismo y fue derrocado en 1855 por la revolución de Ayutla. Con ella se dio inicio a la primera fase del movimiento de Reforma (Sayeg Helú, 1983, p. 73 citado en Cruz, 2014, p. 646) y se convocó a un nuevo Congreso Constituyente de 1856-1857, que expidió la Constitución Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857, con la que se retornó al federalismo. (Cruz, 2014, p. 646) La Constitución de 1917 representa un punto de partida del Constitucionalismo mexicano en la época contemporánea, es una Constitución que además de reflejar una reingeniería constitucional en el Estado, un rediseño de instituciones y fortalecimiento de los órganos del Estado, también está reflejando la forma de entender los derechos y refleja abiertamente un retorno del derecho natural o un neoiusnaturalismo como doctrinariamente se le ha nombrado. La Constitución Mexicana es la primera constitución social del siglo XX, es una Constitución que sirve como modelo para otras constituciones, representando un momento de la vida económica, política y cultural del país, pues se ha ido adaptando conforme a afirmaciones iusnaturales, a una nueva forma de ser, de vivir y de pensar del pueblo mexicano, respondiendo a las condiciones de vida que norma, que rige, respaldando la afirmación iusnatural de que el hombre es un ser social por naturaleza.

Derecho Natural y Laicidad La Constitución de 1824 establece la forma de gobierno republicana, representativa y popular, dividiendo el poder en legislativo, ejecutivo y judicial, pero además señala que la religión católica era la oficial y única. Lo cual da cuenta también de la influencia del Derecho Natural Tradicional en la conformación de la ley fundamental; sin embargo, respecto a esta situación, posteriormente los legisladores del constituyente de 1857, plantearon que la laicidad es una formula eficaz para la convivencia de la pluralidad y que se ha constatado en la experiencia colectiva y la de otras naciones. Esto prueba esa evolución en la conformación del texto constitucional, que vuelve a observar al hombre en su estado natural, sin imposiciones ideológicas. Ello si se toma en cuenta que las sociedades suelen ser plurales en esta y en otras materias relevantes (Blancarte, 2013). En 2012 se realiza una reforma constitucional en la cual, se da una transformación de Estado laico a República laica (Salazar Ugarte, Barrera Rosales, y Chorny Elizalde, 2015, p. 18) , y queda previsto en el artículo 40 constitucional que: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) se ratifica una afirmación iusnaturalista: para que exista una convivencia pacífica debe haber tolerancia entre las distintas opciones éticas y morales. Derecho Natural y los Derechos Políticos de la Mujer Otro momento histórico que demuestra que en la conformación del constitucionalismo mexicano, se reconocen principios del derecho natural, es cuando: Culmina así, el proceso legislativo iniciado el 10 de diciembre de 1952, cuando a nueve días de iniciado su mandato, el presidente Ruíz Cortines envío al Congreso una iniciativa para reformar los artículos 34 y 115 de la Constitución para conceder a la mujer el derecho a votar y ser elegida en los comicios […] Tras más de cincuenta años y a pesar de constituir más de la mitad del electorado (Carmona Dávila, 2018) El derecho al voto de la mujer y a postularse en puestos de elección, que antes no existía en el texto original, da muestra de que el derecho no sólo sirve para mantener el orden social, el derecho sirve también para

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subvertirlo, para cambiar el orden social, para modificarlo, como por ejemplo, siguiendo con el tema de la mujer, se observa cómo los jueces han decidido temas como la paridad de los géneros en las candidaturas, que se va avanzando primero en las jurisprudencias y después en el texto constitucional, ahí el derecho constitucional sirvió para el cambio social; se alteró el orden, orden en el cual la mayoría de los cargos eran para los hombres, estos cambios sólo reflejan que el constitucionalismo en México ha ido avanzando considerando características propias del ciudadano, pero sobretodo del ser humano, en este caso el Derecho natural direcciona el ordenamiento y lo lleva a confirmar que la sociedad está conformada por hombres y mujeres.

derecho natural, que respalda el principio de dignidad, ha permitido modular lo que “dice el Derecho” o “debe decir el Derecho” como la herramienta racional en la aplicación del “Derecho de los humanos”, el discurso a partir del cual reconoce la migración de la Moral a los textos Jurídicos Positivos, la cual en el caso mexicano entona que la función integradora de la Carta Magna opera también a partir de valores (Avendaño González, 2015, p. 78).

Una Constitución tiene que ser dinámica, y tiene que atender a las necesidades de la comunidad en su contexto natural, cambiar lo que haya que cambiar para adaptarse a la sociedad que rige. Por tanto, el derecho natural, que respalda el principio de dignidad, ha permitido modular lo que “dice el Derecho” o “debe decir el Derecho” como la herramienta racional en la aplicación del “Derecho de los humanos”, el discurso a partir del cual reconoce la migración de la Moral a los textos Jurídicos Positivos, la cual en el caso mexicano entona que la función integradora de la Carta Magna opera también a partir de valores (Avendaño González, 2015, p. 78). El derecho al voto de la mujer y a postularse en puestos de elección, que antes no existía en el texto original, da muestra de que el derecho no sólo sirve para mantener el orden social, el derecho sirve también para subvertirlo, para cambiar el orden social, para modificarlo, como por ejemplo, siguiendo con el tema de la mujer, se observa cómo los jueces han decidido temas como la paridad de los géneros en las candidaturas, que se va avanzando primero en las jurisprudencias y después en el texto constitucional, ahí el derecho constitucional sirvió para el cambio social; se alteró el orden, orden en el cual la mayoría de los cargos eran para los hombres, estos cambios sólo reflejan que el constitucionalismo en México ha ido avanzando considerando características propias del ciudadano, pero sobretodo del ser humano, en este caso el Derecho natural direcciona el ordenamiento y lo lleva a confirmar que la sociedad está conformada por hombres y mujeres.

Derecho Natural y el Juicio de Amparo

El juicio de amparo se introdujo por primera vez a nivel Federal en el Acta Constitutiva de Reforma de 1847, por Mariano Otero y se consolidó en la constitución política de 1857. Dentro de la actual Constitución, dicho juicio

Dentro de la conformación del constitucionalismo mexicano, en el que se manifiestan principios de derecho natural, se ubican las denominadas garantías procesales, las que también son derechos humanos pero llamados garantías precisamente porque su finalidad consiste en asegurar o satisfacer el ejercicio y la defensa de los derechos ante los tribunales, por lo que tienen un carácter instrumental (Ovalle Favela, 2016, p. 82). Dentro de dichos derechos humanos se encuentran: a) el juicio de amparo; b) la controversia constitucional; c) la acción de inconstitucionalidad; d) el juicio de revisión constitucional electoral; y, e) el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. En el presente estudio a manera de ejemplo, se realiza una breve descripción del juicio de amparo.

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se contempla en los artículos 103 y 107, en donde se dispone que los Tribunales Federales son competentes para conocer del juicio de amparo y establece cual es el procedimiento que debe seguirse ante las mismas para su desarrollo. (Carranco Zúñiga, 2013, p. 9) Conforme a lo que sostiene el Tribunal Colegiado de Circuito, Décima primera Sección, en la tesis de jurisprudencia 2367, publicada en la página 2760, Sexta época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 2011, intitulada “Sentencias de Amparo y sus efectos”: El juicio de amparo es el instrumento procesal, creado por la Constitución Federal, para que los gobernados puedan hacer proteger sus “garantías constitucionales” de las violaciones que al respecto cometan las autoridades. Dicho juicio se prevé para otorgar a los ciudadanos una protección fácil y accesible a sus derechos más fundamentales. El juicio de amparo constituye, por un lado, el medio de defensa procesal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por el otro, la tutela de los derechos humanos y sus garantías de los que goza todo gobernado, establecidos tanto en la carta magna, como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Dicha tutela se hace efectiva cuando concurre alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando esos derechos y garantías, se estimen violados por normas generales o; b) Por actos u omisiones de autoridades o de particulares, bajo un proceso autónomo seguido ante autoridad orgánica y materialmente distintas a las que emitieron la norma o acto (Aguilar López, 2017, citado en Ferrer y Herrera, 2017, p. 367) El juicio de amparo, las diversas reformas a la constitución, la nueva Ley de Amparo, y la adición al artículo 17 Constitucional, han permitido que éste sea un instrumento efectivo. Bajo el principio de mayor beneficio a favor de la parte quejosa, se reitera que las autoridades, entre ellas los juzgadores federales, deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. El juicio de amparo, tiene su fundamento constitucional en los artículos 103 y 107, en el primero de ellos, se dispone que los Tribunales Federales, pero no todos los Tribunales Federales (Carranco Zúñiga, 2013, p. 9),

sólo los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea en amparo indirecto o directo, son competentes para conocer del juicio de amparo ,1 mientras que en el segundo de los mencionados se establece el procedimiento del juicio de amparo. La acción de amparo corresponde única y exclusivamente al gobernado, el que al estimar que un acto de autoridad (acción u omisión) vulnera su esfera jurídica ya sea fuera de un juicio, dentro de juicio (cuando sea de imposible reparación) o bien después de concluido el mismo. Dicho ejercicio de la acción, se da por medio de la presentación del escrito de la demanda ,2 ante el Juez de Distrito3 competente. El amparo indirecto tiene la naturaleza de un juicio, y es biinstancial, se inicia sólo a instancia de parte agravia,

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mediante la presentación de una demanda que debe cumplir con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo , 4 ante el Juez de Distrito quien, de considerar que cumple con las exigencia de ley, la admitirá a trámite, señalará fecha para audiencia constitucional, que deberá desahogarse dentro de los 30 días siguientes o dentro de 30 días más si existe causa justificada, entre otras cuestiones, pedirá un informe a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro del plazo 15 días y se podrá ampliar por otros 10 días ,5 integrado el expediente de amparo, se desahogará la audiencia en sus fases de pruebas, alegatos y sentencia.6 Mientras, que en el amparo directo es uniinstancial y por excepción biinistancial, tiene una naturaleza de recurso, dado que la presentación de la demanda es ante la autoridad responsable, quien a su vez, previa notificación al tercero interesado y rendición del informe justificado, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito competente, quien previos trámites, emitirá en pleno la sentencia respectiva .7 La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el juicio de amparo, constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad o incluso la inconvencionalidad, y que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso efectivo. Ferrer McGregor y Sánchez Gil (2013) sostienen que la tutela judicial efectiva se inclina por preferir que la protección de los tribunales se dispense a problemas sustantivos, antes de meros formalismos. (pp. 187-189) Tal instrumento jurídico, tiene como finalidad que los tribunales federales amparen y protejan a la parte quejosa del acto o actos de autoridad que se le reclama, restituyendo a la parte quejosa en el derecho humano violentado, plasmado en una sentencia, en cuyo dictado opera la suplencia de la deficiencia de la queja únicamente en los conceptos de violación8 y sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.9 Tal instrumento procesal reitera la eficacia del derecho natural en el constitucionalismo mexicano, dado que sin duda, este mecanismo, juega una función trascendental en el sistema jurídico de nuestro País, ya que resulta determinante que a través de esta vía,

se asegure el cumplimiento, eficacia y respeto de los derechos contenidos en la Norma Suprema. Conclusión La Constitución debe dejar de verse como un documento inerte, la constitución debe, ser un instrumento vivo para regir la vida del país, para regular la actividad del Estado, para proteger a los individuos y para que éstos desarrollen sus plenas capacidades, por lo tanto, pensar en la Constitución como un documento histórico que merece remembranza y en cierto sentido hasta un culto cívico, es erróneo. La Constitución es un conjunto de decisiones, valores, principios y no sólo es un ordenamiento positivizado, pues si lo vemos desde esa arista, se puede señalar que el texto contiene un leguaje que a veces es crítico; es decir, que no es comprensible para todos, que a veces es abstracto y peor, que a veces contiene contradicciones e incongruencias internas, que es necesario que el derecho natural solvente o aclare. Todos esos principios de igualdad, de seguridad jurídica, de libertad, de propiedad que son el contenido de la parte dogmática de la constitución guardan total proximidad y apego con los principios del derecho natural como si a la letra se insertasen. Hoy se vive una transformación muy importante en el ámbito constitucional, antes la Constitución era ordenar instituciones, hoy esto queda en un segundo término, hoy son derechos fundamentales y cuando se habla de derechos fundamentales se habla del principio iusnatural de dignidad de las personas, si no se materializan los derechos fundamentales, si no se garantizan libertades públicas, si no se garantiza la igualdad y se acaba con los privilegios, se está traicionando los principios y los ideales de la Constitución. Dignidad es el trasfondo de los Derechos fundamentales y los Derechos fundamentales, es la obligación que tiene el Estado y que se materializa finalmente en la Constitución, se vive en un mundo jurídico, todos los actos que se realizan día con día, son actos jurídicos, que parten del reconocimiento de los derechos que están en la Constitución, y que reflejan afirmaciones del Derecho natural: el tener acceso a la educación, el poder transitar libremente, el tener creencias religiosas propias, preferencias sexuales, no ser discriminados, es lo que realmente marca la libertad y la dignidad.

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Al revisar el fundamento de la laicidad en la Constitución, el fundamento de los Derechos civiles y políticos de la mujer y el fundamento del Juicio de Amparo, se puede constatar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un documento que contiene afirmaciones iusnaturalistas que dirigen a un pueblo hacia su bienestar.

Avendaño González, L. E. (2015). El principio de dignidad en la jurisprudencia. Un parámetro de eficacia de los derechos humanos en México, en Bello Gallardo, N. et al. Temas actuales del Derecho contemporáneo, México, FUNDAp.

REFERENCIAS

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Lo anterior de conformidad con artículos 1, 33, 34 y 35 de la ley de amparo. 1

Cabe precisar que la demanda de amparo se puede presentar vía electrónica o por comparecencia, sin embargo, para los efectos de este estudio, se refiere a la presentación de la demanda como el acto mediante el cual se inicia el juicio de amparo. 2

La competencia de los Tribunales Federales, con excepción del Tribunal Electoral, y el superior jerárquico de la autoridad responsable, sólo en materia penal en los supuestos de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, para conocer del juicio de amparo. En el caso, el estudio sólo versará a la competencia de los jueces de distrito. 3

Esta disposición establece los requisitos que debe contener una demanda de amparo indirecto.

Blancarte, R. (2013). Laicidad en México. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas- Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Carranco Zúñiga, J. (2013). Juicio de amparo procedencia y sobreseimiento, 3a. ed., México: Porrúa. Cruz Barney, O. (2014). Historia del derecho en México (2ª ed.). México: Oxford. Ferrer Mc-Gregor, E. y Sánchez Gil, R. (2013) El nuevo juicio de amparo guía de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, 3a. ed., México: UNAM, Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional.

Véanse, artículos 115 y 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

Lucas Verdú, P. (1957) El horizonte iusnaturalista del derecho constitucional occidental, Revista de estudios políticos (94), 135-172.

Véase, artículo 124 de la Ley de Amparo.

Cfr. los artículos 175 a 189 de la Ley de Amparo.

Consúltese artículo 79 de la Ley de Amparo.

Véase artículo 107, fracción II de la Constitución Federal.

Ovalle Favela, J. (2016). Teoría General de Proceso, 7a. ed. México: Oxford. Salazar Ugarte, P., Barrera Rosales, P. y Chorny Elizalde, V. (2015). La República laica y sus libertades. Las reformas a los artículos 24 y 40 constitucionales. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Aguilar López, M.A. (2017). Sentencias de amparo: efectos, motivación e interpretación constitucional y convencional, en Ferrer Mc-Gregor, E. y Herrera García, A. El juicio de amparo en el centenario de la constitución mexicana de 1917 pasado, presente y futuro, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Semanario Judicial de la Federación (2011) “Sentencias de Amparo y sus efectos. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte –TCC Décima primera Sección-.” Sexta Época, apéndice 2011, t. II. Tesis 2367, p. 2760. Soberanes Fernández, J. L. (1995). Historia del derecho mexicano. 3ª ed. México: Porrúa.

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DEMOCRACIA, GOBIERNO Y SOCIEDAD EN MÉXICO

Arturo Molina Zamora Gerardo Servín Aguillón Facultad de Derecho, UAQ

Resumen La democracia es compleja, no es únicamente una forma de Estado, o bien, una forma de vida como lo expresa nuestra Constitución; democracia es una característica de aquellas sociedades que deliberan el desarrollo y lo mejor para los ciudadanos; a través de la democracia los temas de interés público se vuelven derechos de una sociedad plural, tolerante y abierta. La democracia también es un principio que reviste importancia en el contenido de las leyes, como se crean y como se reforman, asimismo, democracia es el mejoramiento económico y social de la población donde el ingreso y la riqueza se distribuyan de manera justa. Palabras Clave Democracia, derechos fundamentales, gobernalismo. Summary Democracy is quite complex, it is not just a form of State, or a way of life as expressed in our constitution; Democracy is a characteristic of those societies which deliberate on the development, seeking the best for the citizens; through democracy the topics of public interest become the rights of a plural, tolerant, and open society. Democracy is also a principle of great importance in the content of laws, as how they were created and reformed, likewise, democracy is the economic and social improvement of the population where income and wealth are distributed fairly. Keywords Democracy, fundamental rights, governance

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Introducción Dieter Nohlen y Daniel Sabsay señalan que el derecho electoral es el conjunto de normas que regulan la elección de los órganos representativos (Nohlen & Sabsay, 1998. p. 13), no se refiere exclusivamente a leyes electorales y reglamentos, organización, administración y ejecución de los procesos electorales, ya que incluyen otros elementos necesarios para su estudio como son principios políticos, representación, partidos políticos, democracia, parlamentarismo, presidencialismo, gobernalismo,1 entre otros. La democracia se relaciona con el desarrollo de los derechos fundamentales en México, sobre todo, porque en el pasado los movimientos sociales y la revolución tenían como principal argumento la falta de órganos, procedimientos y derechos electorales (Madero, 1986, pp. 46-53, 293-304), tema que también fue objeto de discusión por el Constituyente de 1916-1917 cuando se presentó el debate entre el presidencialismo y parlamentarismo entre los Diputados Constituyentes Pastrana Jaimes contra Manuel Herrera y Martínez Escobar, estos últimos defendiendo el sistema presidencial. Con motivo de lo anterior, la democracia es un tema por demás trascendental en la vida de los estados modernos, que no se agota con la regulación jurídica de la organización de las elecciones ni con los tribunales autónomos, debemos analizar los actores que intervienen, los procedimientos, las instituciones gubernamentales, organismos internacionales y demás entes sociales, tanto internos como externos. Por eso, el presente trabajo busca hacer una discusión respecto de la vida democrática en México, la necesidad de construir los cambios necesarios para la democracia verdadera dijera Luis Rubio, analizando las transformaciones estructurales para la mejor gobernanza frente a los retos de los nuevos modelos de gestión administrativa y legitimidad social. La democracia es un valor indispensable en los estados modernos y que sin ella no se puede hablar de derechos fundamentales, desarrollo económico, gobiernos eficaces e instituciones públicas con sentido social; la democracia es un parámetro de sociedades líderes y autoridades con responsabilidad política y social. No hay democracia sin participación ciudadana, lo que representa un valor supremo de los estados

modernos y legitimidad de las decisiones del poder público. La democracia también es vista como un principio en nuestro sistema jurídico, se puede observar en los criterios del Poder Judicial de la federación la llamada democracia deliberativa como aquella en que participan todas las fuerzas políticas parlamentarias en condiciones de libertad e igualdad en el procedimiento para la emisión de una ley. Asimismo, esta deliberación pública se refiere a las decisiones colectivas en un debate abierto en temas de interés público. Democracia y adjetivos democráticos Los modelos democráticos recurren al sufragio universal, lo que no implica necesariamente que el voto sea libre; el caso de los modelos democráticos que expresa Maurice Duverger, contemplan tres rasgos que los identifican, a saber el sufragio de los ciudadanos, órgano legislativo y jueces independientes (Duverger, 1992, p. 41-42). Paralelamente, a este modelo de democracia que señala Duverger, existe un régimen político con características de modelos previos, que fueron extraídos de otros sistemas políticos como la monarquía, aristocracia, y muy recientemente, por los sistemas de gobiernos civiles (Duverger, p. 43). La democracia tiene diversos significados, entre ellos el conjunto de reglas necesarias para que el poder sea distribuido entre los ciudadanos, lo que se denomina como las reglas que juega el juego, o bien, que la democracia construye gobiernos inspirados en la libertad e igualdad. No obstante lo anterior, el modelo democrático de un gobierno civil con reglas de derecho constitucional surge hasta el movimiento francés, sin que ello advierta que previamente desde los griegos existían mecanismos en que los ciudadanos definían la vida pública. Aristóteles expresó que en la democracia el derecho político es la igualdad, no con el mérito, sino según el número, que una vez definidas las bases del derecho, la población que vota debe ser soberana, que decida la mayoría para legitimidad, es decir, la mayoría es ley. Asimismo, Aristóteles tenía un especial cuidado para aceptar la democracia, porque incluso limitaba el cargo,

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ya que nadie podía ejercer más de una vez el mismo, o bien, salvo en ocasiones especiales, para los cargos menos importantes (Aristóteles, 2007, pp. 231-232). De estas dos reflexiones, queda claro que Aristóteles no aceptaba del todo la democracia, decía que su origen es humilde, pobre y que era el ejercicio de un oficio, que la democracia se distingue por la igualdad de todos los ciudadanos sin que exista otra diferencia que el número. Aristóteles señaló que la democracia es la decisión de la mayoría y la mayoría es pobre, contrariamente a la oligarquía, que es la decisión del ilustre, la riqueza e instrucción (Aristóteles, 2007, pp. 233-234). Para Aristóteles, la democracia es el ejercicio clasista en la organización del Estado, si bien señala que lo único que la define es la mayoría, no tiene un origen ilustre sino de las clases de los pobres, donde se encuentran los labradores, agricultores, ganaderos, artesanos, mercaderes; no define la democracia como el gobierno de la sabiduría o del conocimiento, sino de los pobres, una clase mayoritaria del Estado. El modelo de la democracia actual, tiene sus raíces en los diálogos teóricos contra el absolutismo a cargo de los pensadores ingleses, franceses y norteamericanos, quienes construyen un converso liberal frente al desgastado Estado conservador, absolutista y anquilosado.El Estado moderno aun en transición no tenía cabida en el nuevo modelo de desarrollo de la naciente democracia en los países europeos principalmente, la influencia de derechos, libertades y economía influyeron para crear un modelo de participación de lo público; sin embargo, los beneficios de este nuevo Estado se originó en los países con economías desarrolladas; por el contrario, en aquellos países donde prevalecía la miseria, explotación y el desorden social, continuo el viejo Estado feudal, explotado y sin condiciones de libertad política e igualdad social. El surgimiento de las nuevas estructuras y organizaciones políticas para el ejercicio de la democracia, surge de manera paralela al crecimiento del capital económico, por lo que, valdría la pena analizar la existencia de tantas democracias como derechos o libertades políticas se practiquen. Norberto Bobbio señala la diferencia entre la democracia formal de la sustancial, o con otra conocida, democracia como gobierno del pueblo de la democracia como gobierno para el pueblo (Bobbio, 1992, p. 40). La democracia ideal tiene como fundamento igualitario

la voluntad general, que tiene un complejo análisis por la relación entre el liberalismo y la democracia, es decir, entre la libertad y la igualdad, si bien, esta doctrina se inspira en la teoría roussoniana, también tiene influencia de la división de poderes de Montesquieu, con lo cual, se construyó el dogmatismo y práctica del nuevo modelo al constitucionalismo europeo y americano. Continua señalando Bobbio (1992) que la democracia comprende la ampliación de los derechos políticos a todos los ciudadanos mayores de edad, principio democrático que tuvo expresión política en el año de 1649, con el llamado Pacto del Pueblo Ingles Libre, donde se exclama el principio democrático y la limitación de los derechos políticos (p. 55). La democracia la podemos definir como la describieron algunos filósofos de la edad antigua; es decir, la definición tradicional del gobierno del pueblo por el pueblo, pronunciado por Lincoln en Gettysburg en 1863. Para Giovanni Sartori (1997) la democracia puede identificarse como legitima, es decir, tiene la investidura de venir de una voluntad popular entre gobernantes y gobernados (p. 24). La democracia guiada por el espíritu igualitario, aquel estándar no presente en los estados feudales, es un concepto prioritariamente, político y no requiere de adjetivos, es la democracia mayor, supraordenada y condicionante (p. 8). Luis Salazar y José Woldemberg (1997) señalan que la democracia es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político, que en lo sucesivo el pueblo no es sólo el objeto del gobierno – lo que hay que gobernar - sino también quien gobierna (p. 15). La democracia es el mecanismo para acceder al ejercicio del poder público, también es una organización de los entes públicos, que define las características del sistema de gobierno y la forma de Estado, pero también es la legitimidad de la sociedad a las decisiones de lo público por las autoridades. Giovanni Sartori (1997) sin más explicación y preámbulo, señala que las democracias son sistemas y regímenes políticos en los que el pueblo manda (p. 13). Es así que, elemento fundamental de la democracia es la soberanía, sine quanon del poder público ante la toma de decisiones para mantener el orden, someter en su territorio a grupos, que al igual buscan mantener

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presencia y hegemonía en el ejercicio del poder dentro y fuera del Estado, más en estos momentos de globalización.

de la democracia, a saber formal, sustancial, liberal, burguesa, social, progresiva, socialista, proletaria, fascista, etcétera; sin embargo, Michelangelo Bovero retoma la idea de que la democracia auténtica es la democracia sin adjetivos.

Ettore A. Albertoni, citando a Gaetano Mosca expresa que en todo régimen frente al poder de la mayoría y el ejercicio de muchas voluntades populares que pretenden gobernar, requieren de una maquina gubernativa, organización compuesta por una minoría numérica por la cual se justifica toda acción de gobernar, esta clase es llamada clase política a quienes llamamos representantes del pueblo (Ettore A., 1992, p. 95). La democracia para que tenga éxito requiere que sea soberana. La historia de los pueblos muestran que quien tenía el ejercicio soberano decidía el poder público con independencia del origen de esa soberanía; sin embargo, el ejercicio del poder requiere de varios actores para que no sea absoluto y mantener el equilibrio de las funciones públicas, que representen a diferentes actores de la sociedad; es así que, frente a la ficción de la representación, las estructuras gubernativas realizan actividades con la mayoría, con ello se justifica que la minoría gobierne con legitimidad en la democracia, es decir, como consecuencia del resultado de la mayoría electoral su origen legitimo en la soberanía, es esa mayoría. Como consecuencia de la soberanía y la democracia, las funciones exclusivas de los poderes públicos controlan el territorio y la población, a cambio se obligan a respetar los derechos de las personas, reconocer y respetar el orden legal y actuar con orden público y bien común. En este sentido, equilibran el ejercicio del poder público y los derechos fundamentales, es decir, la democracia y los derechos de las personas son requisitos esenciales para el ejercicio del poder público. Se ha dicho que la democracia no tiene adjetivos o etiquetas que la distinga. Gian Enrico Rusconi (citado en Bovero, 1995) afirma que, la más importante de las virtudes cívicas de la resistencia contra el fascismo fue la capacidad de asumir y practicar en los hechos la democracia sin adjetivos por parte de hombres y partidos que tenían concepciones antagónicas acerca de la democracia (p. 9). Sin duda, Michelangelo Bovero (1995) enfatiza que en la democracia se pueden encontrar cambios importantes para la vida de los pueblos, la democracia es única y los adjetivos vienen a desvirtuar la esencia de los objetivos. Enrico Rusconi expresa algunos adjetivos

Michelangelo Bovero acepta parcialmente, la idea de Enrico Rusconi cuando indica que los adjetivos son indispensables, ya que el adjetivo permite acercarse al lenguaje común, dice que los adjetivos de la democracia disciernen el juicio crítico, pero que son limitativos, distorsionan, o bien son peligrosos, pero aclara que los adjetivos ayudan a la pertinencia y análisis cuidadoso en la jerga del mundo moderno. La democracia de finales del siglo XX se desarrolló como: a) b) c) d)

Frente contra el comunismo; Sistema político de libertades e igualdad; Fundamento para la forma de gobierno, y Forma de vida.

Así, la palabra democracia se ha vuelto imprecisa y ambigua. Actualmente, la democracia contemporánea se identifica con la práctica del régimen presidencial y parlamentario, que no debe ser confundida con la democracia mayoritaria y democracia consensual. Existen otros adjetivos como la democracia representativa y directa. En ambas, el derecho de participación política es equitativo y distribuido entre los ciudadanos, encontrando la diferencia en el proceso para la decisión con los objetos que regula cada democracia, ya que en la directa se deciden temas colectivos. Democracia y poder público Sin duda, existe una riqueza dogmática con los diversos adjetivos que ha acompañado a la democracia, las cuales se pueden plantear de acuerdo a los objetivos y temas planteados, lo cierto es que la democracia va unida al ejercicio del poder público. Para acercarnos a la relación entre la democracia y el poder público, Michelangelo Bovero define a la democracia como el conjunto de procedimientos de los ciudadanos en el proceso político (Bovero, 1995, p. 20).

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La democracia es el flujo de poder en un proceso donde las decisiones son lineales, ya sea indirecta como la autocracia (arriba hacia abajo), o bien, representativa moderna (abajo hacia arriba), la suma de muchas voluntades y mediante un sistema de elecciones que organizan en los procesos para la toma de decisiones por los órganos habilitados para ello. En este orden, la democracia representativa para elegir representantes, ya están dados tanto los procedimientos como los instrumentos de participación, los ciudadanos organizan y ejecutan lo señalado en el procedimiento, de ahí que sea un procedimiento con decisiones en lo público. Karl Popper (citado en Bovero, 1995) define la democracia como el régimen en el que es posible deshacerse pacíficamente de los gobernantes (p. 23). La definición de Popper limita la voluntad de los ciudadanos en las decisiones ya que la democracia conlleva un estilo para la toma de decisiones colectivas, no teniendo como único y exclusivo propósito reemplazar al titular de las decisiones. Asimismo, si en la democracia todo procedimiento conlleva deshacerse de los gobernantes, ésta sería una práctica imposible en el proceso político de un País, difícil de practicar y fácil para modificar. Michelangelo Bovero continúa señalando que la democracia tiene muchas variantes y cambian en todo momento los procedimientos, ya que la grotesca democracia italiana por desarrollar mecanismos como el referéndum y el papel de los medios televisivos a través de los sondeos, advierte el peligro de la democracia dirigida (p. 26).

18/2011 con referencia SUP/RAP-57/2010. Por último un caso por demás importante en los medios de comunicación y las comunidades indígenas, ya que debe considerarse los medios de comunicación de la población como un principio de progresividad y no discriminación con la finalidad de conseguir igualdad material, más que formal y el derecho de acceso integral de condiciones equitativas, conforme con la Jurisprudencia 7/2014 con referencia SUP/REC-36/2011. Como se puede observar, en al caso de México existen una discrepancia más que clara; por un lado, el internet como instrumento de debate abierto, critica e inducción de candidatos y partidos políticos; por otro, las limitaciones gubernamentales en la propaganda para beneficiar algún participante en la contienda electoral; pero también, la realidad de México, donde se protegen a los grupos vulnerables para generar las condiciones equitativas del proceso electoral. Sin duda, estas situaciones son ejemplo de lo que sucede con la democracia dirigida desde la tecnología y lo difícil que resulta tener espacios de igualdad y no discriminación en la democracia. Por eso, cuando Bovero señala los peligros de la democracia dirigida, también debemos analizar lo sucedido en el proceso electoral 2018 para Presidente de la República en México, donde fue claro que el internet juega un papel decisivo en el resultado, un ejemplo de democracia dirigida.

Es importante señalar que a través de la Jurisprudencia 17/2016 del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación con referencia SUP/RAP-542/2015, el Tribunal hace referencia que la libertad de expresión en internet en un proceso electoral tiene una configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación como la radio, televisión o periódicos, por la forma en que se genera la información, opinión y los debates, ya que el internet facilita el acceso a las personas de la información en el proceso electoral, generando un mayor involucramiento del electorado. 2

Continua señalando Bovero (1995) que uno de los desafíos actuales de la democracia es agregarle procesos de control, correctivos y de garantía. Tales mecanismos deben alcanzar los poderes salvajes que Luigi Ferraioli define como los poderes que crecen en la sociedad civil por acumulación y concentración de medios de diverso tipo carentes de freno y límite constitucional. No únicamente el internet puede distorsionar un proceso electoral, existen otros medios de control con los ciudadanos, pero no son cualquiera, son organizaciones grandes y fuertes, que interactúan dentro y fuera de los estados políticos. Ejemplo de estos poderes salvajes es Forza Italia a través del partido de Berlusconi, donde se concentran los medios para lograr tener éxito en el proceso electoral (pp. 26-27).

Respecto a la propaganda gubernamental, se prohíbe durante las campañas electorales para evitar se influya en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de determinado candidato o partido político. Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia

En efecto, la acumulación de poderes en manos de grupos diversos para la toma de decisiones en procesos electorales, es un factor determinante en los resultados de la democracia, ya que la acumulación de espacios para la intervención y decisión proporciona poder desbordado

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y la falta de equilibrio entre actores públicos dentro del Estado, éste a su vez, influye en la generación de normas jurídicas, se apoyan en el derecho buscan la eficacia de los resultados electorales y en la misma democracia. Cuando los poderes salvajes hacen presencia en cualquier sistema político, la autocracia corre el riesgo de convertirse en un proceso de legitimación social para quienes controlan esos poderes salvajes y que aspiran a determinar los instrumentos para las decisiones del poder público. Un desafío importante para la democracia es el equilibrio del poder mismo. Al respecto Bovero le llama reversión consensual o autorreversión, ya que no es un ataque al mismo régimen democrático, sino a los sujetos de la democracia que son determinantes en los canales del proceso democrático, hacen creer que se participa de manera real y sí, pero también lo hacen con fines victoriosos y con estrategias para resultados favorables, aunque con acciones antidemocráticas como lo sucedido en Italia con la llamada Alianza Nacional (Bovero, 1995. pp. 26-27). Dieter Nohlen debate sobre el desarrollo político en América Latina a través de tres líneas de estudio como la democracia en la región, la transición desde regímenes autoritarios a regímenes democráticos y los problemas de gobernabilidad. Las críticas a la democracia en América Latina por parte de los intelectuales y politólogos, sugiere las siguientes líneas de análisis (Nohlen, 1995): I. Guía por insuficiencias. Se refiere a cuestiones como los recursos, logros, viabilidades, cambios efectuados en el ejercicio democrático de varios países de América Latina y de ahí realizar las estrategias para su consolidación; II. Sujeta a determinismos. Se refiere a la determinación de la democracia de acuerdo a la imposición desde fuera por parte de un poder dominante, o bien, escasa participación de los electores, asimismo cuando se guían los resultados sobre la transición, se maneja la idea de la democracia por imposición, no es una democracia, sino una forma de gobierno autoritario; III. Culpable de la miseria. La democracia ha tenido un significado en la cuestión

económica y social de los países, como lo expresó el guatemalteco Héctor Rosada Granados irresponsablemente, cuando dice que refiriéndose a su País, la democracia institucional es responsable de los problemas económicos y la marginación social de gran parte de la población, que ya existían hace décadas (pp. 15-18). Robert Dahl (citado en Nohlen, 1995) expresa que la democracia se compone de dos elementos: la participación y la oposición. La transición a la democracia supone una competencia libre y pluralista de partidos políticos y elecciones universales y libres. Además, para este autor, la democracia posee un componente importante que son los derechos humanos y su protección (p. 19). A través de la Tesis 3/2013 con referencia SUP/JDC1985/2012, toda persona tiene derecho a defenderse o a manifestar lo que a su derecho corresponda por los actos de autoridad que puedan privarle de sus derechos, además las normas deben interpretarse favoreciendo a las personas con la protección más amplia. 3 Para Louis Hartz (citado en Chambers & Salisbury, 1967) de la Universidad de Harvard la democracia ha trabajado siempre por medio de la coerción de grupo, la psicología de multitudes y el poder económico, no obstante que durante muchos años esos factores han provocado descontentos en la misma democracia, no se ha perdido la imagen clásica de la democracia contra el feudalismo y la monarquía (p. 3). No se debe olvidar que el ejercicio del poder público es el acuerdo de proyectos entre lo público y privado, acceder a gobernar por el mecanismo popular de participación pacífica, ello implica establecer las reglas de igualdad y libertad, por eso, los mecanismos e instrumentos tendrán que ser integradores, igualitarios y libres, es decir, se unifican los derechos con los procedimientos para la democracia que Locke y Rousseau expusieron. A finales de los años sesenta, Estados Unidos e Inglaterra experimentan ajustes estructurales sociales y políticos, donde el resultado fue que la democracia no logró ajustarse a las realidades de la distribución del poder político. Samuel H. Beer (citado en Chambers & Salisbury, 1967) analiza lo que llamó la democracia de organización o democracia de colectivismo. Dice que esta democracia en un principio requiere de una

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clase de política – el Estado protector y la economía planeada o controlada – y se emplea para referirse a la concentración del poder donde surge la democracia colectivista que ha transformado la antigua democracia individual de la imagen clásica (p. 49). La nueva conceptualización de la democracia colectiva por supuesto que influye en la creación de nuevas estructuras y estudios de la teoría del Estado, partidos políticos y representación política, lo que sin duda también es un agente para el poder político y la economía, al generar interacción con otros elementos que terminan en una organización para la democracia. De estas nuevas estructuras, se deriva la teoría del gobierno, se observa de lo más normal que el gobierno deba ser dirigido por un partido político, cuyos miembros formen parte de los mismos lo cual no es ajeno a la democracia, ya que el éxito será como se gobierna y que decisiones se toman desde la administración pública, por lo tanto, la democracia se vuelve una competencia entre partidos políticos con la participación individual de los ciudadanos en las decisiones públicas, es decir, hay una estructura y una organización para la democracia. Las relaciones gubernamentales requieren de la coordinación entre los partidos políticos para la unidad en las decisiones a cargo de los miembros en los órganos legislativos, quienes a su vez, mantienen relación respetuosa con el titular del Poder Ejecutivo. Junto con la imagen del gobierno, los teóricos de la política han puesto atención especial no únicamente en los partidos políticos, sino ahora también los grupos organizados que surgen de estas nuevas estructuras, entes que apoyan y colaboran, pero también opinan en temas de orden público.

Asimismo, surge un vasto sistema de estructuras formales e informales que están en contacto permanente con el gobierno y los partidos políticos. Los grupos minoritarios se vuelven el centro del escenario en razón que estas organizaciones se sustentan en los derechos humanos, requieren de la política pública para medir las decisiones favorables a la colectividad. México experimentó la primera y única transición democrática electoral de la época moderna hasta el año 2000, después de tantas décadas de gobierno a cargo de un solo partido político, evidente que el cambio fue a través de la democracia, pero el cambio de partido político no significó un cambio del sistema democrático a una democracia verdadera, más bien el acceso se hizo por medio del mecanismo pacifico para la decisión electoral con reglas y actores similares a lo acontecido en elecciones previas. Luis Rubio (1998) expresa que si bien la alternancia entrañaría cambios, potencialmente muy positivos para el desarrollo de un sistema político abierto y competitivo, ese cambio, por sí mismo, no implicaría que el país lograra incrementar o profundizar la estabilidad política, ni mucho menos que arribara a la democracia (p. 39). Como se puede observar, la democracia trae consigo cambios estructurales, filosóficos, sociales, etcétera, el cambio del partido político que accede al gobierno es significativo, resultado de prácticas democráticas que poco a poco se experimentan con nuevas reglas para desarrollar una democracia verdadera en México, y si bien, la alternancia modifica el ejercicio gubernamental, permite que el poder tenga equilibrios y ajustes entre los diversos actores, aunque no siempre es benéfico para la sociedad, sino para los interesados del sistema político donde la ciudadanía ya no participa en virtud que ya decidió. Democracia y sociedad Joseph Schumpeter (citado en Rubio, 1998) definía a la democracia como algo más que un conjunto de reglas, arreglos, instituciones, organizaciones, estructuras, gobierno, poder, etcétera; es un modo de tomar decisiones en la sociedad, regulado por una serie de mecanismos perfectamente establecidos, además de aceptar y respetar las reglas por los actores políticos (pp. 39-40).

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Las condiciones políticas y económicas son variables que determinan en el las reglas del sistema electoral, sin olvidar que debe funcionar con la protección de los derechos fundamentales y la limitación de las actividades para las autoridades. La esencia de la democracia en y con la sociedad la describe perfectamente Karl Popper (citado en Rubio), cuando dice que la democracia no reside en los procesos electorales o en la forma de gobierno, sino en la protección con que cuenta la ciudadanía para evitar que los gobernantes se perpetúen en el poder (p. 42). Más allá de cualquier cuestión respecto al sistema político, sus órganos y mecanismos para las decisiones en caso de controversias, la democracia se refiere menos a la forma de gobierno que a los derechos de los ciudadanos y aquellos mecanismos para hacer efectivos esos derechos,4 por lo tanto, las elecciones son una parte importante pero no suficiente en la democracia. Juan Linz y Alfred Stepan (citados en Rubio) afirman que la democracia se logra cuando la mayoría de la población concuerda que ante cualquier crisis política o económica el cambio debe ser a través de la misma democracia; es decir, cuando nadie busca actos de autoridad o de fuerza para los nuevos retos. La democracia es exitosa cuando la violencia deja de ser una en opción política. Asimismo, señalan hay una segunda condición en los estados democráticos, es cuando la normatividad constitucional tiene vigencia y aplicación para resolver los problemas del Estado, cuando se utiliza como único canal y medio para los conflictos. El marco jurídico debe ser respetado por todos los actores políticos llevando a cabo éstos sus estimaciones y posibilidades de éxito dentro de la vida democrática (p. 44). Linz y Stepan (citados en Rubio) mencionan que mientras sobreviva cualquier actor que piense o calcule racionalmente, qué puede tomar el poder por cualquier método distinto a las urnas, o que puede saltarse al proceso legislativo o judicial por medios ilegales o ilegítimos, la democracia seguirá siendo una aspiración (p. 44). Por otra parte, ambos autores concluyen que hay cinco cuestiones que deben satisfacerse para que la democracia sea una realidad con independencia de los países y al margen de las diferentes entre éstos; a saber son: 1. Condiciones que permitan el desarrollo de una sociedad civil libre y vigorosa;

2. La existencia de una sociedad política, autónoma y reconocida por la sociedad en general; 3. Un estado de derecho que garantice las libertades y derechos de los ciudadanos con la independencia para desarrollar una vida política; 4. Una burocracia gubernamental y un servicio civil capaces de funcionar eficientemente con diversos gobiernos, estilos e ideologías o características de éstos, y 5. Una sociedad económica institucionalizada. Aun cuando los requisitos señalados en líneas arriba son bajo la apreciación dogmática de Linz y Stepan (citados en Rubio), la democracia es mucho más que un régimen electoral y/o político, es un sistema vivo e interactivo que según Luis Rubio nada funciona bien si el conjunto del sistema no opera bien, y para que la democracia opere se requiere que todos los elementos funcionen adecuadamente (pp. 54-55). 5 Juan J. Linz (1998) expresa que para Michels la voluntad popular no es un criterio de democracia. Es posible que exista una dictadura instituida mediante un sistema electoral y por medio del plebiscito el gobierno se da un dominio absoluto (p. 93). 6 En México, a finales del siglo XX cambió el partido político único que accedía al poder, pero no cambio nada, existió en esa época estabilidad social, se legitimó la democracia y con ello el ejercicio gubernamental, y para ello, fue indispensable el arraigamiento del pluralismo social. En los términos de Samuel P. Huntington (citado en Meyer, 1998) un sistema político es democrático en la medida que aquellos que más poder tienen para tomar las decisiones colectivas son seleccionados por la vía de elecciones periódicas, honestas y justas, aquellas donde todos los candidatos pueden competir libremente por los votos y, prácticamente toda la población adulta puede ejercer ese voto. También implica la existencia de las libertades civiles y políticas de expresión, publicación, reunión y organización que se necesitan para el debate político y la celebración de campañas electorales (pp. 24-25). La democracia, desde el punto de vista político, puede definirse como un régimen que estimula la rendición de cuentas de los gobernantes, esto es, la democracia radica en la capacidad de las instituciones políticas para

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pedir cuentas pacíficamente a sus gobernantes, en caso de haber ejercido el poder de manera ineficaz, abusiva o ilegal (Bingham Powell, Jr., citado en Crespo, 1999, pp. 37-38). S.E. Finer (citado en Cansino, 1995) estudia la tipología de regímenes políticos no solo basada elementos que regulan la actividad política, sino en elementos funcionales y sistemáticos, la democracia se presenta en aquellos que tienen instituciones donde predomina la participación por convencimiento, la representatividad de los grupos organizados de la sociedad, así como, la búsqueda de fines inmediatos. Estas características no se encuentran en aquellos regímenes totalitarios o militares (p. 168). Asimismo, Finer analiza la llamada Democracias de Fachada o Cuasidemocracias, donde existen instituciones que permiten la participación y conviven con estructuras que dirigen la manipulación, teniendo como objetivo los fines inmediatos como forma de legitimidad, combinando criterios de representatividad con la presencia y dominio de grupos autónomos con intereses selectivos.

Conclusión En la dogmática, la democracia tiene una gran diversidad de objetivos y alcances, desde la democracia verdadera hasta la cuasidemocracia, desde el conjunto de procedimientos políticos hasta el derecho que regula tanto los temas electorales como los derechos fundamentales. La democracia no es solo el gobierno de los pobres (Aristóteles) o de las mayorías, es también acceso a la tecnología y digitalización. La democracia y los derechos fundamentales impiden al administrado tener certeza que no está sujeto a decisiones arbitrarias por parte de las autoridades, la opinión pública, la libre expresión de ideas y acceso a la información son componentes necesarios para el funcionamiento de la democracia. En este ensayo se debate desde los diferentes autores que escriben sobre democracia hasta la importancia que tiene en el desarrollo de los estados modernos.

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El Poder Judicial de la Federación a través de la Jurisprudencia Electoral 1000770, Tesis 131, Apéndice de 2011, expresa que la democracia es una deliberación y participación de ciudadanos, es una condición de igual frente a otro y que no exista desproporción de participación. Es importante señalar que la democracia hace igual a los desiguales, es una condición donde no existe la diferencia, sino por el contrario, cada ciudadano participa igual respecto de otros ciudadanos.

Duverger, M. (1992). Instituciones políticas y derecho constitucional. Barcelona: Ariel.

La democracia también es la garantía de ciertos derechos fundamentales, como la libertad de asociación, expresión e información, con lo cual se hace posible la práctica democrática de interés público en la elección de los representantes populares para no utilizar la violencia o la fuerza física. Por último, democracia también es el control de órganos electos que implica que los ciudadanos pueden elegir a los titulares del gobierno y removerlos con voluntad soberana del pueblo.

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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO LOCAL, VISIÓN DEL FUNCIONARIO DE PRIMER NIVEL

Julia Pérez Bravo Facultad de Contaduría y Administración, UAQ.

Resumen El presente trabajo expone los resultados de un primer acercamiento teórico y de investigación de campo sobre la Responsabilidad Social y su desarrollo en el sector público, particularmente en el municipio de San Juan del Río, Qro. El objeto de establecer una relación entre los beneficios que implican ser un órgano público socialmente responsable y su impacto en cuanto a su reputación institucional. Se establecen las nociones básicas de los términos de reputación institucional y responsabilidad social corporativa, las cuales se analizan a la luz de algunas consideraciones hechas por uno de los funcionarios de primer nivel del órgano gubernamental del caso de estudio, donde se estudia la percepción que tiene hacía la Responsabilidad Social Gubernamental y las acciones que se han implementado durante su administración; para posteriormente presentar una conclusión sobre los retos que conlleva la gestión pública respecto de la responsabilidad social. Palabras clave Gobierno local, Reputación institucional, Responsabilidad social gubernamental. Summary This text exposes the results of a first theoretical approach and field research on Social Responsibility and its development in the public sector, particularly in the municipality of San Juan del Río, Qro. The purpose of establishing a relationship between the benefits of being a socially responsible public body and its impact in terms of its institutional reputation. The basic notions of the terms of institutional reputation and corporate social responsibility are established, which are analyzed in the light of some considerations made by one of the top level officials of the government body of the case study, where the perception that has made the Government Social Responsibility and the actions that have been implemented during its administration; to later present a conclusion on the challenges that come with public management regarding social responsibility. Key Words Local government, Institutional reputation, Government social responsibility.

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productos que desde entonces, ha ido cobrando cada vez más fuerza. Introducción La Responsabilidad social (RS), es sin duda una de las más innovadoras estrategias para que las organizaciones luzcan bien ante todos aquellos que forman parte de ella o que se ven afectados por las decisiones y acciones de la misma organización; entre lo que se consideran se encuentran dentro: los directivos y los empleados y, fuera: clientes, proveedores, vecinos, etcétera, también conocidos como grupos de interés. Si bien, estas prácticas ya se llevaban a cabo desde inicios del siglo XX; como lo evidencian los antecedentes históricos; es en este siglo, cuando se ha tomado como “bandera” de organizaciones del sector privado, cuyos dirigentes conocen la importancia de crear e implementar estrategias que les permitan generar rendimientos superiores al promedio; aunque es bien sabido que el objetivo principal de las practicas socialmente responsables no es ser una estrategia de posicionamiento en el mercado, es determinante que gracias a ellas, se puede llegar a percibir como tal y “usarla”. En el ámbito público o gubernamental también se incursiona en el terreno de la responsabilidad social a efecto de mejorar la imagen ante sus grupos de interés, que en ocasiones se ve deteriorada por distintas razones. En esta investigación se analiza el caso en el Municipio de San Juan del Río, Querétaro; atendiendo dos momentos en el proceso de indagación; el primero: la revisión documental sobre las variables de responsabilidad social y responsabilidad social gubernamental; para posteriormente realizar una entrevista estructurada con uno de los más altos funcionarios del gobierno municipal, lo anterior con el propósito de determinar la percepción que se tiene sobre la Responsabilidad Social Gubernamental, sus grupos de interés y las acciones implementadas en la actual administración; llegando a determinar áreas de oportunidad, presentadas como parte de las conclusiones de esta investigación. Antecedentes, Reputación institucional De acuerdo con Dowling (2002), Villafañe (2006) y Martín de Castro (2008) (citados en Redoli, 2013, s.p.), la reputación en las organizaciones tiene sus orígenes en el ámbito corporativo, emergiendo con fuerza en los años setenta, con la irrupción de la gestión empresarial y la gestión de la calidad de los procesos y de los

Actualmente, en el ámbito privado, la reputación empresarial es considerada como un recurso estratégico que utilizan las organizaciones para alcanzar ventajas competitivas a través de la confianza y la credibilidad alcanzada con su comportamiento, la relación con el entorno, la calidad del servicio y la calidad de gestión (Martín de Castro y Navas López, 2006). En el ámbito público, se está siendo testigo de cambios significativos en las formas que se las instituciones públicas se relacionan con su entorno, hoy este sector está inmerso en una crisis de confianza, de credibilidad y de valores, que afecta directamente su reputación y que son motivo de preocupación. Según Beck (2002), son las instituciones públicas las responsables de garantizar seguridad a los ciudadanos; seguridad en todos los sentidos: económica, medioambiental, jurídica, alimentaria, vial, etcétera; y si los ciudadanos no perciben o no experimentan una buena provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado, ni una gestión eficaz y eficiente por parte de sus administraciones públicas se pierde confianza en ella, pierde prestigio, pierde reputación. Es así que se considera de gran importancia el posicionamiento de una institución pública, como un ente creíble, de confianza y sólido, que genere, un sentido de confianza y cercanía a con sus partes interesadas tanto internas como externas. Redoli (2013) afirmó, respecto de la reputación, después de analizar a diversos autores que, se trata de un concepto relevante para cualquier organización tanto del sector público como del sector privado, pero que no hay un consenso claro sobre qué es y cómo se construye en el tiempo, debido a que, dependiendo del ángulo académico, se puede referir a una identidad organizacional, a factores intangibles, a una conducta organizacional, a cuestiones gerenciales o a la posición estratégica de una compañía en una red determinada. Para Villafañe (2004), la reputación corporativa es el reconocimiento que los grupos de interés de una compañía hacen de su comportamiento corporativo, a partir del grado de cumplimiento de su compromiso con relación a sus clientes, empleados, accionistas si los hubiera y a la comunidad en general. El mismo autor señala que la reputación de una organización, es fruto del cumplimiento de los

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compromisos con sus actores implicados: empleados, clientes, accionistas, proveedores y que es un fenómeno en alza, que tiene la misión de añadir valor, aunque se trate de un intangible no reconocido en el capital de la compañía. (Villafañe, 2004, s.p.) En el artículo El arte de gestionar lo intangible (2010), se define la reputación corporativa como la forma en que la empresa es percibida por los públicos y se basa, principalmente, en el conjunto de actividades que ésta desarrolla.

El autor define la responsabilidad social como “la obligación gerencial de tomar las medidas que protejan y mejoren el bienestar de la sociedad como un todo y también los intereses organizacionales” (p. 541). La cantidad de atención dada al área de responsabilidad social tanto por los administradores como por la sociedad ha aumentado en años recientes y probablemente continuará aumentando en el futuro. Principios básicos rectores de responsabilidad social aplicables a los trabajadores como partes interesadas de una empresa.

Responsabilidad social corporativa La Responsabilidad Social Corporativa surge entre los años 50 y 60 en Estados Unidos; sin embargo, no llega a desarrollarse en Europa hasta los años 90, cuando la Comisión Europea la utiliza para implicar a los empresarios en una estrategia de empleo que generase mayor cohesión social, ya que en la sociedad europea había problemas en torno al desempleo de larga duración y la exclusión social que eso suponía. Más tarde, en 1999 el Secretario General de la ONU durante el foro Económico Mundial de Davos pidió que se adoptasen valores con rostro humano al mercado mundial. (Ubiera, 2014)

Diversos organismos y documentos en materia de RSC de todo el mundo, establecen los principios básicos rectores los cuales se deben observar para ser una empresa socialmente responsable, dentro de estos se citan los establecidos por el Global Compact (10 Principios, s.f.), diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción destacando, para efectos del presente trabajo los de derechos humanos y estándares laborales.

En el siglo XX y con el desarrollo del estado de bienestar, el sentimiento filantrópico se volcó en relaciones formales integrales dentro de las instituciones; cuando hasta entonces el único objetivo empresarial había sido aumentar la productividad y los beneficios económicos.

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos.

Lo cierto es que desde los años 90, este concepto ha adquirido mayor fuerza y ha evolucionado tras el advenimiento de la globalización, el aceleramiento de la actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de nuevas tecnologías. Koontz (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2008) afirmó que el concepto de la responsabilidad social no es nuevo, ya que había sido considerada en el siglo XX; pero que no se cuenta con un consenso generalizado, según una encuesta que se realizó a 439 ejecutivos la RSC, estos la definían como: “la seria consideración del impacto en la sociedad de las acciones de las compañías” (p. 45). Samuel C. Certo (1992), señala que como en el caso del término administración, el término responsabilidad social significa diferentes cosas para distintas personas.

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Derechos Humanos:

Estándares Laborales: Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

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Las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales (OCDE, 2013) son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales, enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable, compatible con las legislaciones aplicables y las normas internacionalmente admitidas; estas incluyen once capítulos, de los cuales se destacan, para efectos del presente trabajo los de derechos humanos y empleo y relaciones laborales: Derechos Humanos: enuncia que las empresas deben respetarlos, en sus actividades y en las vinculadas con sus actividades evitar incidencias negativas, emplear la diligencia debida, elaborar una política que formule su compromiso. Empleo y Relaciones Laborales: abarca aspectos tales como la no discriminación, la eliminación del trabajo forzado y del trabajo infantil, y libertad de sindicación y de negociación colectiva de los trabajadores. Asimismo, temas como: aportar información a los representantes de los trabajadores, respetar normas de empleo que no sean menos favorables que las que se practican en empresas comparables del país de acogida, garantizar la salud y seguridad en el trabajo. (OCDE, 2013) De más reciente creación, la Norma ISO 26000 (ISO, 2010), publicada en noviembre del año 2010, se encuentra sustentada en siete materiales fundamentales, destacándose para efectos del presente trabajo el comportamiento ético, el respeto a los intereses de las partes interesadas y el respeto a los derechos humanos, las cuales se encuentran establecidos en los principios tres, cuatro y siete del documento citado. (p. 3) Al observar los principios de responsabilidad social establecidos en las líneas directrices, se determina claramente que una empresa socialmente responsable o que pretenda serlo debe respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales reconocidos universalmente y asegurarse que sus empresas no sean cómplices de la vulneración de los mismos, apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo, garantizar la salud y seguridad en el trabajo.

Destacándose también el comportamiento ético de una organización que debe basarse en los valores de la honestidad, equidad e integridad, valores que implican el respeto por las personas, animales y medio ambiente. Aunado a las recomendaciones establecidas al ser una organización socialmente responsable, se generan beneficios con sus grupos de interés en el ámbito interno, específicamente con su capital humano; por ejemplo: la mejora de la motivación de los trabajadores, quienes ven en su labor una motivación extrínseca, ya que esto les permite percibirse realizados, al colaborar con una organización que contribuye al bienestar social y que les apoya en la conciliación entre vida laboral y familiar, el respeto en las relaciones, la equidad y los salarios justos (Fernández Iturriaga, 2017, p. 13). De esta forma, el trabajador mejora en su motivación y en su formación, así como en sus relaciones con el interior y exterior de la empresa repercutiendo en la productividad y reputación de la organización. El caso del Municipio de San Juan del Río Como primer avance en el tema de la responsabilidad social en el sector público se realizó una entrevista a un funcionario local de alto nivel, con el propósito de conocer el estado actual que tiene la dependencia donde realiza sus actividades, recordando la importancia que tiene la credibilidad y confianza en este sector, tanto al interior como al exterior, el entrevistado señala que como funcionario público es consciente del valor que tiene la reputación institucional y enfatiza la importancia de esta imagen; además comenta que las acciones comunes que se realizan en la dependencia están orientadas en el marco de valores éticos, sin dañar a otras personas o a un determinado entorno social. Lo que obliga a recordar que, al referirse a la ética del servicio público o del trabajo de los empleados públicos, supone hacer referencia a uno de los pilares de las reformas administrativas que están en marcha en todo el mundo. La ética y la responsabilidad de las actuaciones del poder público y de sus agentes sean éstos políticos o empleados públicos ocupa un lugar predominante en el debate social (Campos Álvarez Tostado, 2017, p. 239). Además, el funcionario público mencionó que para asegurar el apego en el actuar de los servidores públicos se encuentran diversas técnicas de capacitación y la exigencia con base al Código de ética del funcionario público.

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La declaración hecha se ajusta a noción sobre la importancia que tiene la formación de los servidores públicos en valores, ya que esto es considerado pieza clave para quienes forman u orientan a los gobernantes. Platón consideraba que de esta formación dependía que los servidores públicos sirvieran correctamente. (Platón, 403a, citado en (Bautista, 2017, p. 39). Así mismo, el entrevistado señaló que para dar seguimiento a las acciones y actos de los grupos de interés se llevan a cabo reportes mensuales de resultados que son revisadas de manera periódica por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del Municipio de Querétaro para el cumplimiento de las metas. En ese sentido, y a partir de las necesidades reflejadas en la gestión pública del siglo XXI y la agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015), se entiende que uno de los principios y valores que caracterizan la gestión pública en el Municipio de San Juan del Río es la transparencia; así, el órgano público y sus funcionarios están obligados a actuar con apego a los procedimientos establecidos y al criterio de máxima publicidad, lo que permite a los ciudadanos el acceso a la información pública, a la participación ciudadana, entre otros elementos que coadyuvan a la credibilidad y confianza en un principio referida. Si bien los resultados obtenidos a través de las respuestas revelan que el representante del gobierno local se encuentra preparado en el tópico de responsabilidad social, dando importancia al considerar que sus acciones como gobernante están encaminadas al logro del bienestar social de los sanjuaneneses de manera equitativa, no deja de considerarse que los retos enunciados por la Naciones Unidas en este tema son contundentes y no debe olvidarse que aunado a los principio y valores éticos, se debe atender otras encomiendas en la gestión pública y la responsabilidad social: la imparcialidad, la eficiencia y la disposición a la respuesta oportuna (Campos Álvarez Tostado, 2017, p. 233) En otro orden de ideas, se destaca el hecho de que este organismo gubernamental se encuentre certificado como Socialmente Responsable por haber alcanzado la condición de calidad aceptable como municipio con vigencia del Estado de Derecho, otorgando esta certificación el Consejo Nacional desde lo local, en el marco de la Agenda desde lo local, la cual se basa en principios fundamentales establecidos en la Agenda

Local 21 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que actualmente se realiza la Agenda para el Desarrollo Municipal, programa que tiene el objetivo de valorar por medio de indicadores entre otros temas, la responsabilidad social como gobierno municipal, cumpliendo con determinados parámetros calificados por el Instituto Nacional Para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), midiendo la gestión y desempeño del Municipio. La información obtenida es fundamental como base de la investigación futura, ya que representa un avance importante reconocer que, si bien solo se realizó una entrevista, este funcionario público en particular es de primer nivel y conoce la relevancia que conlleva el actuar con RS, con los grupos de interés y para beneficio de los mismos y de la imagen de la institución; lo que puede garantizar que se implementen estrategias con relación a los grupos de interés internos y externos, enmarcadas en sus programas de responsabilidad social para el cumplimiento estratégico de la misión institucional. Conclusiones Es por ello que se reconoce que desde la perspectiva pública es necesario la integración de un modelo de Responsabilidad Social y un modelo de Gestión y planeación; ya que es fundamental alinear los intereses funcionales, tácticos y operativos al servicio de la gente. Es imprescindible considerar que la RS representa la forma en cómo se establecen las relaciones con los grupos de interés, sobre cómo atraer y mantener a los empleados talentosos y cómo asegurar la reputación del sector; esto impacta desde luego en los ámbitos de la comunicación y la educación, en especial en cuanto cómo poder hacer participar a los servidores públicos; mantener informados a los interesados y a la misma sociedad sobre las actividades del gobierno en relación a la RS; y es además, reconocer y asumir el compromiso y el ejemplo de los altos funcionarios de los órganos gubernamentales, por lo que deben asumir sus responsabilidades ante este panorama. Mantener a los servidores públicos con el pensamiento puesto sobre nuevas soluciones e ideas para la RS, no es sencillo, no basta conocer las políticas y los códigos, es imprescindible reconocer que ser un organismo ético y socialmente responsable puede traer consigo beneficios en relación a la confianza y credibilidad de los ciudadanos. No se debe perder de vista que la sociedad y

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los interesados en las organizaciones gubernamentales exigen cada vez más responsabilidad de las mismas.

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Fotografía de Favvio Vargas título: Niñez Perdida

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DESARROLLO SOCIAL Y ANÁLISIS DE LA POBREZA: EL CASO DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Edgar Robles Acosta Facultad de Derecho, UAQ

Resumen En este artículo, se describe el concepto de desarrollo social, tocando antes la parte concerniente a bien común como fin del Estado. Después se habla acerca de las autoridades y entidades responsables en el tema de desarrollo social en el municipio de Querétaro. Posteriormente se toca el tema de los índices de pobreza en el Municipio de Querétaro, tomando como referencia a instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Para finalizar se habla acerca del presupuesto municipal, del presupuesto a las secretarias de desarrollo social y de gestión delegacional, para terminar exponiendo los programas que lleva a cabo la Delegación Josefa Vergara y Hernández en conjunto con el municipio de Querétaro, así como las funciones del departamento de desarrollo social. Palabras clave Bien común, desarrollo social, pobreza. Summary In this article, the concept of social development is described, mentioning beforehand the concerned part regarding the common good as a purpose of the state. Then, a particular mention concerning about the authorities and entities responsible for the issue of social development in the municipality of Queretaro is made. Subsequently the topic of poverty rates in the municipality of Queretaro will be addressed, taking as a reference the institutions such as the National Council for the Evaluation of Social Development Policy (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) (CONEVAL). Finally the issues concerning the municipal budget, the budget to the secretariats of social development and the delegation management are brought up, to conclude presenting the programs carried out by the Delegation Josefa Vergara and Hernandez in association with the municipality of Queretaro, as well as the functions of the department of social development. Key words Social development, common good, poverty.

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Desarrollo social: Concepto y características Cuando se habla de desarrollo social, se tiene que hablar del bien común, del bien público que es el fin del Estado. El bien público son las condiciones mediante las cuales el ser humano puede lograr su desarrollo individual y social. El fin del Estado es el bien común para todos sus integrantes, el bien público se define como: El bien público que debe realizar el Estado, consiste en establecer el conjunto de condiciones económicas, sociales, culturales, morales y políticas necesarias para que el hombre pueda alcanzar su desarrollo material y espiritual como persona humana, como miembro de la familia, de la agrupación profesional o de trabajo, del municipio, del Estado o de la sociedad internacional de Estados y de la humanidad (Gómez Sandoval, 1992, p. 361) En la definición anterior se encuentran elementos como: las condiciones económicas, mismas que muchos integrantes de la sociedad y sus familias no tienen por sus situaciones de carencias, que son originadas por una falta de un ingreso digno que permita a los integrantes del hogar tener acceso a la educación básica (que abarca educación primaria y secundaria), a una vivienda digna, a servicios de salud, a agua potable y a otros servicios. Las condiciones sociales se refieren al ambiente en el que se desarrollan las personas y sus familias. Lo ideal, es que este ambiente cumpla con condiciones de seguridad, que permita la recreación y sano esparcimiento, el acceso a servicios de educación y salud, libre de violencia y de otras situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas como lo son las adicciones. La parte relativa a los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala las condiciones que deben tener las personas para lograr su desarrollo individual y social; por ejemplo, el artículo tercero de la Constitución, habla del derecho a la educación; el artículo cuatro, es más amplio y menciona los derechos a la alimentación, a la salud, al desarrollo en un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, al acceso al agua y el derecho a una vivienda digna y decorosa, entre otros derechos.

El artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social es puntual al contener los derechos para el desarrollo social: Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley General de Desarrollo Social, 2018, p. 3) Lo relativo a los derechos humanos, el derecho al desarrollo humano, están plasmados también en convenciones y tratados internacionales, teniendo como antecedente más importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La Declaración Universal promete a todas las personas sin distinción de raza, credo o condiciones económicas derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye más elementos sobre el desarrollo social, teniendo similitud con el artículo cuarto de nuestra Carta Magna: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (Naciones Unidas, 2015, p. 52). El artículo 26 del mismo documento, establece el derecho a la educación y su obligatoriedad, por lo menos en el nivel básico. Además, señala que la educación tiene como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, así como de fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El diccionario de la Real Academia Española (RAE), define el desarrollo como la “Evolución de una economía hacía mejores niveles de vida” (Desarrollo, 2018) El desarrollo significa crecimiento, evolución, mejora, avance, y es parte de conceptos económicos y sociales como lo son, el desarrollo económico, desarrollo sustentable, desarrollo humano y desarrollo social, entre otros.

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El desarrollo social es una herramienta para lograr el bien común, para ayudar a lograr que las personas y las familias tengan las condiciones que les permitan alcanzar su desarrollo material y espiritual, tiene el objetivo de buscar mejorar la calidad de vida de las personas en diferentes temas, como lo son salud, educación, nutrición, vivienda, empleo, seguridad social. El desarrollo social, en cierta forma, sería el resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar como esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta calórica o acceso a servicios sociales, es decir, todo lo que significa que los grupos humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes de consumo y sufran menos las penalidades impuestos por los embates de la naturaleza, la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos (Uribe Mallarino, 2004, p. 13) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que (Desarrollo Social, 2018): El concepto de desarrollo social abarca muchos temas, entre otros, la eliminación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la creación de empleo, la familia, el rol de la sociedad civil, la tercera edad y el envejecimiento de la sociedad, la juventud, la discapacidad y los pueblos indígenas (párr. 1)

social por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno. Se reconoció en dicha Cumbre la importancia de combatir problemas que limitan el desarrollo humano, como lo son la pobreza, el desempleo y la marginación social. El concepto de bien común se hace presente en la Declaración de Copenhague, en el tercer punto indica que se deben atender las necesidades materiales y espirituales de las personas, las familias y las comunidades. Así como en el punto 7, menciona que:

La pobreza no solo se trata de las personas que tienen bajos ingresos, el concepto tiene más amplitud y abarca diversos temas como la exclusión, la vulnerabilidad, el aislamiento y las instituciones que no asumen sus responsabilidades. El desarrollo social, busca combatir dichas problemáticas, promoviendo la inclusión, la adaptación, la seguridad de las personas, particularmente las que están en situaciones de riesgo, vulnerables. En igual sentido, el desarrollo social se dice que “es un garante de los derechos innatos y de la observancia general de la justicia social distributiva”; es decir, “trato desigual a los desiguales” para equilibrar sus derechos con relación a los que están en mejor posición socioeconómica” (Chávez Gutiérrez, 2011, p. 41) En 1995 se celebró la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague, esta fue histórica ya que por primera vez se dio la importancia al desarrollo

El desarrollo social es un elemento fundamental de las necesidades y aspiraciones de las personas del mundo entero y de las responsabilidades de los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad civil. Declaramos que, en términos económicos y sociales, las políticas y las inversiones más productivas son las que facultan a las personas para aprovechar al máximo sus capacidades, sus recursos y sus oportunidades (Garcia Moriyon, 1999, 426). En las definiciones expuestas sobre desarrollo social, convergen elementos como pobreza (eliminación de la misma), los derechos humanos como salud, educación, vivienda, alimentación, el bienestar y el trabajo conjunto entre sociedad y autoridades en mejorar la calidad de vida de los más necesitados, disminuyendo la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen.

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El punto 28 de la misma cumbre, se habla sobre la participación de las autoridades en el tema de desarrollo social mediante estrategias, políticas y programas:

En la formulación y aplicación de las estrategias, políticas, programas y medidas en favor del desarrollo social es competente cada país y se ha de tener en cuenta la diversidad económica, social y ambiental de las condiciones de cada país (Garcia Moriyon, 1999, p. 433) En cuanto al tema de pobreza, desde los aspectos económico y social: Expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos. Estas normas se expresan en términos tanto absolutos como relativos, y son variables en el tiempo y los diferentes espacios nacionales (Casas Herrera, 2009, p. 45). Por otra parte, una de las definiciones de pobreza que menciona los temas de economía familiar y de participación social es la que refiere: La incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo. Este nivel de vida se puede alcanzar a través del consumo y consta de dos elementos. Por un lado, el gasto necesario para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras necesidades básicas y, por otro, el costo de la participación en la vida diaria de las sociedades (Enríquez Mendoza, 2011, p. 229). Autoridades y entidades responsables del desarrollo social en el Municipio de Querétaro La autoridad supone un tipo de poder. Una de las características de la autoridad es que todos estarán de acuerdo en identificarla como tal, esto significa reconocimiento y hace del poder que tiene, un poder legítimo (Oyarzun Robles, 2008, pp. 9-10)

El poder del que se habla en el parrafo anterior, va vinculado con la realización del bien común, no hay imposición: Ejerce autoridad sobre los demás en la medida en que sirve para realizar un bien común. La voluntad de la autoridad no se impone a las voluntades ajenas. Su función es hacer eficaz el poder de todos, al unificarlos en una acción colectiva. Ésta sería una sociedad en la que, en sentido estricto, nadie impone su voluntad (Villoro Toranzo, 2001, p. 81) Quien tiene autoridad, tiene el derecho de exigir obediencia, a su vez, el subordinado tiene la obligación de obedecer. Cabe mencionar que la autoridad es legal, ya que proviene de una norma jurídica, ley o reglamento, a través de estos se delegan funciones y responsabilidades. Las autoridades responsables en materia de desarrollo social son algunas de las Secretarias del Municipio de Querétaro, como lo son la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de Gestión Delegacional y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF). También a nivel federal se trabaja con el programa Prospera de la Secretaria de Desarrollo Social. En este orden de ideas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Finanzas y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) son autoridades coadyuvantes en las labores que realizan la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández. De igual forma la Secretaría de Desarrollo Social Federal es coadyuvante. La Secretaria de Gestión Delegacional tiene la función de superior jerárquico en el organigrama. Las normas que regulan el trabajo y funciones de las Secretarias a nivel municipal es, por un lado la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que en su artículo 44 menciona las secretarias con las que debe contar el Municipio como mínimo, entre otras la Secretaria de Finanzas Publicas Municipales. La otra norma que regula a las Secretarias Municipales es el Código Municipal de Querétaro que establece las funciones de dichas dependencias. La Secretaria de Desarrollo Social tiene como funciones realizar campañas para prevenir adicciones y pandillerismo, se encarga de la administración de los recursos destinados a obra social de la demarcación,

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también establece los lineamientos que promuevan la participación ciudadana en los temas de obras y acciones, además de definir los lineamientos de apoyo social reflejado en los temas de vivienda, educación, así como programas sociales y de participación ciudadana, lo anterior para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el Municipio de Querétaro.

el año, dejándose a un lado muchas necesidades que aquejan a la delegación, ya que el trabajo solo se limita a reparación de banquetas, poda y reparto de agua, además de ser una oficina donde se reciben oficios y quejas de los ciudadanos que se remiten en la mayoría de los casos a otras dependencias, al no haber forma de solucionarlos.

La Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Querétaro trabaja en conjunto con la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández en temas como: la elección de comités de participación ciudadana en cada una de las colonias de la demarcación, la difusión mediante carteles de campañas de prevención de violencia y adicciones, también se trabaja en temas como la promoción de becas entre los estudiantes de los niveles de educación secundaria, media superior y superior. La Delegación difunde los programas de la Secretaria y apoya con préstamo de mobiliario en la entrega de apoyos municipales como lo son las despensas alimenticias.

La Secretaría de Gestión Delegacional es una dependencia de reciente creación, que coordina el trabajo de las delegaciones municipales a su cargo, se encarga de ordenar y supervisar el funcionamiento de las delegaciones municipales y de sus áreas, también coordinan el trabajo de los delegados municipales. Con dicha Secretaria la delegación trabaja en lo relativo a la difusión de las obras y acciones de la administración municipal en los periodos que permite la ley para difundir el informe de gobierno municipal, también se trabaja en lo relacionado con el programa “Jalando Parejo”, en él, el Presidente Municipal va a las colonias a platicar con los ciudadanos, escuchando sus peticiones y quejas, proponiendo acciones para resolver las diversas Si bien, la delegación auxilia a la Secretaría de problemáticas de la localidad. El trabajo que se realiza Desarrollo Social en los temas de difusión y préstamo de con el programa ciudadano tiene que ver con la difusión mobiliario es un trabajo muy limitado y no abona en una del evento y citar a líderes ciudadanos al mismo, así de las tareas más importantes, el combate a la pobreza. como a presidentes de comités comunitarios de las Por otra parte, el trabajo en comités comunitarios es muy diferentes colonias de la delegación. limitado por el poco presupuesto con el que cuenta la delegación, limitándose a recorridos y faenas, además Si bien, la creación de la Secretaría de Gestión de que muchas veces los vecinos desconocen quienes Delegacional tenía como objetivo mejorar el trabajo son las personas que conforman los comités. con las delegaciones para dar mejores resultados, la realidad es que las delegaciones vieron reducidos sus Después, se localiza la Secretaría de Finanzas. El presupuestos, retirándoseles además material como artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal la prevé como pintura con el que se realizaban rehabilitaciones de parte de la estructura del gobierno municipal; entre sus parques y escuelas, se centralizo el trabajo en esta funciones, se encarga de realizar las acciones y trabajos Secretaria y en la Secretaria de Servicios Públicos previos a la elaboración de proyectos de iniciativa de Ley Municipales, limitando la capacidad de acción de de Ingresos y Presupuesto de Egresos para ponerlos las delegaciones para el trabajo en las colonias y a consideración del Ayuntamiento. Lo anterior tiene comunidades. relación con el trabajo que realiza la Delegación Municipal porque ve todo lo relacionado con el Presupuesto de Entre las funciones del Sistema Municipal para el Egresos para la Secretaria de Gestión Delegacional y Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) están el trabajo las Delegaciones Municipales. con niñas, niños y adolescentes, con organizaciones de la sociedad civil, con comunidades en lo relativo Entonces, el trabajo que se realiza con la Secretaria a desayunos para estudiantes de educación básica de Finanzas se reduce al Presupuesto para la delegación de escasos recursos, con grupos de adulto mayor y año con año, siendo uno de los filtros la Secretaria de población en situación de vulnerabilidad. Además, el Gestión Delegacional que es la que pide el presupuesto SMDIF trabaja la asistencia social, brindando apoyo a a Finanzas. El presupuesto delegacional es bastante familias, mujeres y hombres en situación de calle; también limitado y apenas se alcanzan a cubrir necesidades promueve la participación ciudadana para el desarrollo como material para trabajar (de oficina, herramientas comunitario en zonas rurales, se capacita a las mujeres para personal operativo) y eventos que se realizan en para la elaboración, distribución y comercialización de

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productos que permita mejorar la situación económica de sus familias, entre otras funciones. Con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia (SMDIF) la Delegación trabaja con los grupos del adulto mayor, la delegación se encarga de la difusión de eventos de dicha dependencia y se ayuda en la actualización de los grupos de adulto mayor de la demarcación, grupos a los que el SMDIF apoya con despensas mensuales siempre y cuando cumplan con sus actividades (ejercicios, platicas, talleres). También se realizan estudios socioeconómicos cuando los ciudadanos requieren algún apoyo por parte del SMDIF. El trabajo con el SMDIF mejoraría si se tuviera en cada una de las delegaciones un representante que pudiera realizar trabajo con colonias y comunidades, trabajo como la implementación de talleres, de pláticas, la entrega de despensas y apoyos para personas en situación de vulnerabilidad. Lo anterior con la ayuda del departamento de desarrollo social, que realizaría un mapeo y diagnóstico de las necesidades de las colonias y comunidades de la delegación para compartir la información con el SMDIF. Con la Secretaría de Desarrollo Social Federal se trabaja en la difusión de las listas de beneficiarios y de entrega de apoyos del programa “Prospera”, con préstamo de mobiliario para las reuniones con beneficiarios, ya sea para entrega de apoyos económicos o juntas informativas. Además, se trabaja en el tema de difusión de los diversos programas como “Prospera”, “65 y más”, y “Sin Hambre”. Índices de pobreza en el Municipio de Querétaro El miércoles 16 de junio de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza. Este documento fue emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y da los siguientes criterios para la clasificación de la pobreza en nuestro país: • Pobres multidimensionales. Es la población con un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social.

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• Vulnerables por carencias sociales. Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. • Vulnerables por ingresos. Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. • No pobre multidimensional y no vulnerable. Población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna. 14 Cabe mencionar que en el rubro de pobreza multidimensional, tenemos la siguiente clasificación que presenta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI): pobreza, pobreza extrema y pobreza moderada. • Pobreza. En este rubro se encuentran las personas que tienen al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vida, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es suficiente para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. • Pobreza extrema. Es definida por el Banco Mundial como vivir con menos de 1.25 dólares de Estados Unidos al día. El INEGI menciona que una persona está en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas que se encuentran en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. • Pobreza moderada. En esta situación se encuentran aquellas personas que siendo pobres, no se encuentran en situación de pobreza extrema. La incidencia de pobreza

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moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la pobreza en pobreza menos la de la población en pobreza extrema (INEGI, 2018). El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de generar información sobre la situación de la política social y de medir la pobreza en México. Dicho organismo dio a conocer las cifras de medición de pobreza en el año 2015 y su comparación con el año 2010. Hay diversos datos, entre ellos el número de personas en situación de pobreza, en pobreza extrema, en pobreza moderada, en vulnerabilidad por carencia social, en vulnerabilidad por ingreso, en rezago educativo, en carencia por acceso a los servicios de salud, en carencia por acceso a los servicios básicos en vivienda, etcétera.

En cuanto al tema de “vulnerabilidad por carencia social”, la cifras que muestra CONEVAL presentan disminución en cuanto al porcentaje, al hacer una comparación entre los años 2010 y 2015; pero un aumento en lo concerniente al número de habitantes. Con respecto a lo expuesto, en 2010, el 32% de los habitantes del Municipio de Querétaro, estaban en una situación de “vulnerabilidad por carencia social”, para 2015 la cifra disminuyó ubicándose en un 30.4%. En 2010, 243,524 personas estaban en situación de “vulnerabilidad por carencia social” y en 2015 hubo un aumento a 258,766 habitantes en la situación mencionada (tabla 3).

En primer lugar, en lo que respecta al porcentaje de personas en situación de pobreza, en el año 2010 el 28.3% de la población estaba en pobreza, esto es 215,270 personas, en contraste, para el año 2015 se presentó una disminución, ubicándose el porcentaje de personas en situación de pobreza en 23%, esto es 195176 habitantes (Tabla 1).

En lo concerniente a vulnerabilidad por ingreso, en 2010 el 6.4% de la población del Municipio estaban en ese supuesto, esto es 48,396 habitantes; para el año 2015 la cifra de personas vulnerables por ingreso aumento a 9.4%, esto es 79,951 habitantes (tabla 4).

El porcentaje de pobreza incluye dos rubros: pobreza extrema y pobreza moderada. Con base a lo anterior, en el año 2010 el 3% de la población estaba en situación de pobreza extrema (esto es 22,580 personas) y el 25.3% en pobreza moderada (es decir 192,690 habitantes); para el año 2015 el 1.5% de la población estaba considerada en pobreza extrema (12,389 personas) y el 21.5% en pobreza moderada (182,787 habitantes). Es decir, las cifras de pobreza extrema y pobreza moderada mostraron una disminución (tabla 2).

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En el tema de rezago educativo existe una disminución de personas en esta situación. En el año 2010 el 15.2% de los habitantes del Municipio de Querétaro estaban en situación de rezago educativo, es decir, 115,653 personas; mientras que, en 2015 la cifra bajó a 10.1%, es decir, 85,706 habitantes (tabla 5).

Por otra parte, la Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Integral, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la República emitió un “Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018: Querétaro”. En el anexo uno de dicho informe señala que el 64.9% de la población que vive en situación de pobreza se concentra en cinco municipios: Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, El Marqués, Querétaro y San Juan del Río (Legislatura, 2018). Indicadores de vivienda en el Municipio de Querétaro (porcentajes de personas)

En lo que respecta al tema de carencia por acceso a los servicios de salud, hubo también una baja en el porcentaje de personas con esta situación. Para el año 2010 el 24.9% de habitantes del Municipio tenían carencia por acceso a los servicios de salud, es decir, 189,839 personas; en 2015 el porcentaje bajó a 14.1%, es decir, 119,881 habitantes (tabla 6).

En lo concerniente a carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda, hubo un aumento del 2010 a 2015. En el año 2010, el 5.1% de habitantes del Municipio de Querétaro, es decir, 38,655 personas presentaban la carencia anteriormente mencionada. Para el año 2015, se incrementó la cifra a 6.3% o 53,225 personas (tabla 7).

El tema de pobreza puede trabajarse en la delegación de diversas formas; el departamento de Desarrollo Social es clave para hacer un diagnóstico de la problemática. En primer lugar, se debe realizar un mapeo que permita conocer las necesidades de cada colonia, si presentan pobreza y que tipo de pobreza tienen. Después se tienen que identificar las posibles soluciones a la problemática, que si puede hacer la delegación y que otras necesidades tienen que ser atendidas por otras dependencias, ya sean municipales o estatales. Por ejemplo, en el caso de que exista una colonia donde exista pobreza con carencia social y rezago educativo, se puede trabajar en el tema de desayunos escolares en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Social Estatal y/o el programa Hombro con Hombro, además de acercar las programas de becas por medio de la Secretaria de Educación Estatal y la de Secretaria de Desarrollo Social Municipal.

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Programas y presupuesto para el Desarrollo Social en la Delegación Josefa Vergara y Hernández Los programas que implementa el Municipio de Querétaro en conjunto con la Delegación Josefa Vergara y Hernández son: Programa Ciudadano “Jalando parejo”, Programa “Becas para todos” y los apoyos de despensa a grupos de adulto mayor. El Programa Ciudadano “jalando parejo” inicio en la administración 2015-2018, trabajando en aspectos como: mejora de espacios públicos como lo son parques, canchas y escuelas, además de reuniones ciudadanas en diferentes colonias del municipio donde el Presidente Municipal exponía los avances en su administración, para después dar oportunidad para que los habitantes externaran sus inquietudes y se les diera respuesta inmediata. Por último, el Programa “Jalando parejo” llegó a la Alameda Hidalgo con el encuentro “Jalando parejo con el adulto mayor” donde se brinda apoyo al adulto mayor en áreas como la médica, asesoría nutricional y apoyo jurídico. En el Programa “Jalando parejo” la delegación apoyó con la difusión de dicha jornada en la demarcación, así como con la atención de problemas que dicha dependencia gubernamental puede atender. También, la delegación implementa jornadas en las colonias,

se realizan actividades recreativas donde participan las familias y se rehabilitaban parques y canchas con la participación de personal de los departamentos de Desarrollo Social y Operaciones, en conjunto con vecinos de las colonias. El Programa “Becas para todos” apoya económicamente a alumnos de secundaria, preparatoria y licenciatura para que puedan continuar con sus estudios. La delegación apoya difundiendo las convocatorias de renovación y de nuevo ingreso, además ahí los estudiantes pueden realizar la actividad social que se les pide como requisito. El área encargada de entregar las despensas a los adultos mayores es el Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la Familia (SMDIF); dichos apoyos se les entrega a través de los grupos de adulto mayor de cada una de las delegaciones municipales. En el caso de la Delegación Josefa Vergara, el departamento de Desarrollo Social tiene la información actualizada de los grupos de adulto mayor de dicha demarcación, dicha información se comparte con el SMDIF. La delegación apoya a los grupos de adulto mayor con gestiones ante el SMDIF, con préstamo de mobiliario y equipo para las festividades de dichos grupos, así como con eventos para conmemorar el día del abuelo.

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Como área de oportunidad, la delegación puede implementar otros programas en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Social Estatal y/o el programa Hombro con Hombro; lo anterior para atender problemáticas de rezago social en colonias con pobreza alimentaria a través de comedores comunitarios o desayunos escolares, o bien, ayudando a llevar programas de mejoramiento de vivienda como piso firme y de dignificación de las condiciones de vida de las familias. La labor que desempeñaría la delegación sería la de realizar un diagnóstico a través del departamento de desarrollo social para conocer las principales problemáticas de las colonias y comunidades, además de que los beneficiarios podrían solicitar los apoyos directamente en la delegación, que tendría una lista de solicitudes y beneficiarios, descentralizando el trabajo que realiza la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. Sería útil implementar un programa ciudadano del delegado con vecinos de las colonias de la delegación, cuyo objetivo sería escuchar las peticiones de los ciudadanos, llevando a dicho evento representantes de dependencias municipales y estatales que atiendan las necesidades de los vecinos, principalmente en materia de desarrollo social y humano, tales como becas escolares, apoyo alimenticio a escuelas, rehabilitación de escuelas, mejoramiento de vivienda, piso firme, etcétera.

Vergara y Hernández, le correspondió un presupuesto de $413,567.00. En el año 2017 el Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017 fue de $3,317,386,440.00; el 85.58% correspondió a gasto social. En lo que respecta a las Secretarías, se nota una disminución de presupuesto a la de Desarrollo Humano y Social, ya que le correspondió un presupuesto de $149,064,830.00; contrario a lo anterior, la de Gestión Delegacional casi triplico su presupuesto, ya que le correspondieron $337,533,629. A la Delegación Josefa Vergara y Hernández le correspondió un presupuesto de $104,000.00. En el año 2018 el Presupuesto de Egresos municipal para el Ejercicio Fiscal 2018 fue de $4,196,187,254.00; el 86.22% corresponde a gasto social. En lo que respecta a las Secretarias, a la de Desarrollo Humano y Social le correspondió un presupuesto de $207,324,766.00; contrario a lo anterior, a la Secretaria de Gestión Delegacional le correspondieron $408,824,116. A la Delegación Josefa Vergara y Hernández, le correspondió $385,131.00.

De este modo estarían apoyando representantes de dependencias estatales como lo son: Secretaria de Educación, Secretaria de Desarrollo Social, el Instituto de Infraestructura Fisca Educativa del Estado. Del mismo modo dependencias municipales como lo son: Secretaria de Desarrollo Social, SMDIF y Secretaria de Movilidad.

En lo que respecta al presupuesto asignado a la delegación, es importante mencionar que el presupuesto se destina a la compra de material para las labores diarias de la dependencia, como material de papelería y herramientas, también se destina al pago de eventos que se hacen en la delegación, tales como: el día del niño, el día de las madres, el día del abuelo, el Grito de Independencia, el Desfile del 20 de Noviembre y el encendido del Árbol de Navidad.

Presupuesto

Departamento de Desarrollo Social

En el año 2016 el Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2016 fue $2’737, 801,445.00, de la cual el 80% correspondió a gasto social.

El Departamento de Desarrollo Social es una de las dependencias de la Delegación Josefa Vergara y Hernández, su estructura se compone por un jefe de departamento, que depende directamente del delegado, colaborando con él se encuentran una secretaria, los concertadores sociales y auxiliares administrativos.

En lo que respecta a las Secretarías, a la de Desarrollo Humano y Social le correspondió un presupuesto de $165,875,572.00; a la de Gestión Delegacional $123,952,859.00. A la Delegación Josefa

Entre las funciones del departamento de desarrollo social están el préstamo de mobiliario y sonido, la colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social en

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lo concerniente a la integración y reuniones con los comités de participación social de las colonias de la delegación, difusión de eventos con el delegado y/o con el Presidente Municipal, la rehabilitación de espacios deportivos y parques, organización de ferias de la salud, del empleo y de regreso a clases, también se llevan a cabo eventos deportivos y culturales, involucrando a escuelas, grupos de adulto mayor y vecinos de las colonias. Conclusiones El presupuesto que se asigna a las Secretarías de Desarrollo Social y Gestión Delegacional es suficiente para las actividades que realizan las mismas; sin embargo, existe un contraste con el presupuesto asignado a la Delegación Josefa Vergara y Hernández.

Es necesario trabajar en el tema de presupuesto participativo para que los ciudadanos colaboren en conjunto con las autoridades en la toma de decisiones. En este sentido, la nueva gobernanza es una herramienta útil en la administración pública, ya que mediante ella, la sociedad y las organizaciones sociales toman decisiones respecto al destino de los recursos, las obras y las acciones. Se debe buscar que la Delegación tenga trabajo coordinado con dependencias estatales y municipales, principalmente las encargadas del tema de desarrollo social, tales como las Secretarias de Desarrollo Social y de educación, facilitando a los ciudadanos el acceso a apoyos que les permitan mejorar su calidad de vida.

El presupuesto asignado a la delegación es insuficiente para las labores de desarrollo social que se requieren hacer con los habitantes de las colonias de la demarcación, requiriéndose, un mayor presupuesto y un plan de acción conforme al mismo para llevar a cabo más actividades con la ciudadanía, y ayudar a combatir la problemática en los temas de pobreza y desigualdad.

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DEL LENGUAJE GENERAL A LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA

Martín Silva Vázquez Gabriela Nieto Castillo Facultad de Derecho, UAQ

Resumen El texto presenta una primera aproximación al tema del lenguaje jurídico, sus relaciones con el lenguaje en general y su tratamiento en algunas teorías relacionadas con la retórica, la argumentación y la literatura. Para entender el lenguaje jurídico es condición entender sus aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos. Los especialistas han propuesto para ello diferentes vías. Aquí se refiere especialmente a la Nueva Retórica de Perelman y a la Teoría de la Argumentación Jurídica de Alexy. Por último, se apuntan algunas otras posibilidades interpretativas, como la Teoría Literaria del Derecho. Palabras clave Argumentación, discurso, lenguaje jurídico, retórica. Abstract The text presents a first approach to the topic of legal language, its relations with language in general and its treatment in some theories related to rhetoric, argumentation and literature. To understand the legal language is a condition to understand its semantic, syntactic and pragmatic aspects. The specialists have proposed different ways to do this. Here we refer especially to Perelman’s New Rhetoric and Alexy’s Theory of Legal Argumentation. Finally, we point out some other interpretive possibilities, such as the Literary Theory of Law. Keywords legal language, discourse, rhetoric, argumentation, Perelman, Alexy.

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Introducción Lo que se propone aquí es presentar una primera aproximación al tema del lenguaje jurídico, sus relaciones con el lenguaje en general y su tratamiento en algunas teorías relacionadas con la retórica, la argumentación y la literatura. Más que un repaso cronológico, se intenta poner sobre la mesa puntos de vista dispares pero ilustrativos, sea a nivel de ideas enriquecedoras, interrogantes o teorías completas, que motiven a la reflexión sobre lo que significa el lenguaje jurídico, sus especificidades, sus aplicaciones y las perspectivas que distintos autores han adoptado para su estudio. Lenguaje general y lenguaje jurídico Se parte de la consideración de que el lenguaje jurídico es una derivación de lo que se conoce como lenguaje común y de que guarda con él, lazos estrechos. El lenguaje jurídico expresa normas, otorga facultades, prevé sanciones. Hace todo esto a través de estructuras lingüísticas. Incluso, en la visión del Derecho como un conjunto de normas escritas, salta a la vista que esas normas requieren ser expresadas, y además, fundadas y motivadas. Así pues, la primera afirmación que cabe hacer es la que reproduce Karl Olivecrona (2013) en su texto Lenguaje jurídico y realidad: “Nuestro lenguaje jurídico es substancialmente una parte del lenguaje corriente” (p. 7). El autor hace notar que a diario se realizan actos jurídicos (extender un cheque, alquilar una vivienda), y que en esos actos se utiliza, a veces sin saberlo, un lenguaje jurídico. Existe, desde luego, un lenguaje técnico, altamente especializado, que solo es accesible a los juristas, pero los elementos más importantes del lenguaje jurídico son familiares y necesarios para la orientación en el mundo. Los problemas surgen cuando, más allá del uso general, surge la pregunta sobre la validez y la corrección de los enunciados jurídicos. Sea cual sea el origen y el sentido que se atribuya al Derecho; discusión que solo tangencialmente se menciona aquí; lo cierto es que las prescripciones jurídicas se expresan por medio del lenguaje. Se dirá que lo mismo sucede con cualquier ciencia, pero la pretensión de corrección y de verdad atañe directamente a los enunciados jurídicos en razón de su prescripción o vigencia.

El Derecho obliga a ciertos comportamientos, autoriza o prohíbe pero, sobre todo, sanciona, de modo que la forma lingüística en que se expresan tales mandatos, ha de ser tal que no deje lugar a dudas sobre su contenido; aún más, sobre su validez y su poder de coerción para los sujetos obligados. Esta característica del lenguaje jurídico estaba ya presente en ordenamientos tan antiguos como Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio (2006), donde se establece: Las leyes han de ser cumplidas y cuidadas y miradas para que sean hechas con razón y las cosas hechas según naturaleza; las palabras de las leyes han de ser claras para que todo hombre las entienda y guarde en su memoria. (p. 3) Los debates que pudieran considerarse como estrictamente lingüísticos o literarios, afectan a las concepciones sobre el Derecho y el lenguaje jurídico. En especial, se ha discutido sobre las condiciones en que un enunciado puede considerarse como verdadero. Las relaciones entre Derecho y verdad son complejas y no son parte medular de este escrito. Sin embargo, se hace notar que, si se ha indagado tanto en las relaciones entre la filosofía, la lógica y el derecho, es en buena medida para saber si los enunciados jurídicos son, o pueden considerarse, verdaderos, y en tal caso cuándo, cómo y por qué. José Juan Moreso (1996) señala que habría poca resistencia en aceptar que el Derecho es dependiente del lenguaje; el reto intelectual consiste en determinar cuáles son las relaciones que rigen entre derecho y lenguaje; estudiar estas relaciones, requiere un análisis detallado, sobre la cual no existe tan amplio acuerdo. La misma expresión lenguaje jurídico es ambigua, de tal forma que se pueden distinguir, al menos, dos sentidos de ella: a) puede referirse al lenguaje en el que se expresan las normas, esto es al lenguaje del Derecho; b) también puede significar el lenguaje en el que se expresan los juristas, esto es, referirse al lenguaje de los juristas acerca del Derecho. María del Carmen Platas (2007) distingue entre el lenguaje del Derecho y el lenguaje jurídico: “El primero es donde se formulan las normas jurídicas, es el derecho positivo, y el segundo es el que se utiliza para referirse a las normas, es la ciencia del derecho o jurisprudencia” (p. 10).

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En cuanto al sentido del lenguaje del Derecho, Moreso (1996) estudia la relación entre normas y lenguaje, el tipo de discurso del lenguaje del Derecho, y la dependencia del lenguaje del Derecho en relación con los lenguajes naturales. En relación al lenguaje de los juristas, se ocupa del nivel lingüístico de dicho lenguaje, de la dependencia de este lenguaje en relación al lenguaje legal y, por tanto, de la dependencia del lenguaje de los juristas de los lenguajes naturales.

lenguajes artificiales se expresan con mayor rigor y precisión, por ello, son más adecuados para algunas finalidades. Desde hace décadas, se han dedicado esfuerzos importantes a ‘traducir’ el lenguaje jurídico a un lenguaje racional preciso, que otorgue algunas certezas sobre la validez de los enunciados normativos. La lógica deóntica puede verse, en esta perspectiva, como un intento de construir un lenguaje artificial para el lenguaje de las normas. El Derecho como lenguaje prescriptivo

El mismo autor señala que la existencia de las normas es dependiente del lenguaje. Y el lenguaje como conjunto de símbolos puede analizarse desde tres puntos de vista: a) Sintáctico, que estudia la estructura y relaciones entre los símbolos y su significado; b) semántico, que estudia los enunciados en cuanto susceptibles de verdad o falsedad; y c) pragmático, que estudia la relación entre los símbolos y su uso. Según el punto de vista que se privilegie, se obtendrá una relación distinta entre normas y lenguaje e, incluso, diversas concepciones de las normas jurídicas. También Platas (2007), considera que el “ordenamiento jurídico es, en su modo de transmisión y recepción, un conjunto de proposiciones lingüísticas” (p. 8); sin embargo, adelanta que: La palabra no le da sentido, ni ayuda a la sociedad a alcanzar su perfección por sí misma. Para ello es necesaria una relación entre la lógica, la argumentación y la hermenéutica que encamine los discursos de modo verdadero y válido. (p. 8) Estos dos puntos de vista –el de Moreso y el de Platas- ilustran dos posibles caminos para estudiar las complejas relaciones entre el lenguaje común y el lenguaje jurídico. Sea desde la semántica, la pragmática o la hermenéutica; o como se verá más adelante, desde la retórica o la argumentación; es posible establecer parámetros útiles para el análisis del lenguaje jurídico. Existe cierto consenso en el punto de partida: el lenguaje jurídico parte del lenguaje natural. Ahora bien, los lenguajes naturales suelen contraponerse a los lenguajes artificiales, como el lenguaje de las matemáticas o de la lógica de la proposicional. Los

La concepción del Derecho como un lenguaje, está ligada al pensamiento de Norberto Bobbio (citado en Guastini, 1999). Antes de este planteamiento, lo que prevalecía era una concepción del derecho como norma. Cabe aclarar que durante el siglo XX hubo muchas concepciones del derecho sin que dominara claramente una sobre otra. De hecho, para la ciencia jurídica ha representado una crisis permanente el no contar con una concepción unánime acerca de qué es o en qué términos definir el Derecho. Hay quienes incluso sostienen (Flores Mendoza, 2011) que el Derecho es indefinible y por tanto no tiene sentido empeñarse en lograr un acuerdo sobre ello. Según Bobbio (citado en Guastini, 1999), el derecho es primordialmente un discurso: las normas son comunicaciones lingüísticas prescriptivas; es decir, enunciados (ni verdaderos ni falsos) dirigidos a modificar la conducta humana. En consecuencia, la ciencia jurídica no es una ciencia normativa sino simplemente un análisis lingüístico, precisamente el análisis del lenguaje legislativo. Para el mismo autor, la ciencia jurídica es un discurso acerca de un discurso, un metalenguaje descriptivo cuyo lenguaje objeto es el discurso prescriptivo del legislador. En esta línea, se pueden ubicar algunas consideraciones de Pierre Bourdieu (2008) sobre el lenguaje como sistema de símbolos que expresan relaciones de dominación en un contexto social dado. El lenguaje no puede desvincularse del contexto en el que se articula y de las condiciones específicas del hablante. En ¿Qué significa hablar?; obra llena de agudezas, que propone superar las restricciones impuestas por la separación entre lingüística externa e interna operada por Saussure; Bourdieu intenta mostrar que “las relaciones de comunicación por excelencia, los

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intercambios lingüísticos, son también relaciones de poder simbólico en las que se actualizan las relaciones de fuerza entre los locutores o sus respectivos grupos” (p. 12). Dicho de modo más simple, el lenguaje en general, y los lenguajes particulares como el jurídico, no solo implican un acto de habla con sus condiciones internas; de la lengua propiamente dicha; y externas; capacidad de producir discursos y usarlos adecuadamente en un contexto social; sino que incluyen, en la estructura y el modo de generación y apropiación, elementos explícitos e implícitos que atañen a una superestructura; usando el término en su sentido más general; de “dominación simbólica” (Bourdieu, 2008, p. 28). El autor va más allá cuando considera que la imposición de una lengua oficial en un contexto dado tiene más que ver con estas estructuras de dominación simbólica que con la imposición de normas jurídicas: Los efectos de dominación que entraña la unificación del mercado [se refiere con este término al conjunto de hábitos y usos sociales comúnmente aceptados o impuestos] solo se ejercen a través de un conjunto de instituciones y mecanismos específicos en los que la política propiamente lingüística e incluso las intervenciones expresas de los grupos de presión no representan más que el aspecto más superficial. Y el hecho de que presupongan la unificación política o económica… no implica en absoluto que se deba imputar el progreso de la lengua oficial a la eficacia directa de normas jurídicas o casi jurídicas (que, en el mejor de los casos, pueden imponer la adquisición, pero no el uso generalizado y, al mismo tiempo, la reproducción autónoma de la lengua legítima) (p.29). Los modos de apropiación o imposición de las normas a través del lenguaje que las expresa representan, en efecto, otra faceta de las relaciones entre lenguaje común y lenguaje jurídico. En la línea de Bourdieu (2008), la imposición de una norma es equivalente a la imposición del lenguaje que la expresa, y forma parte de las relaciones de poder entre los distintos grupos de una sociedad en un momento dado.

Un tratado de la argumentación Si, en la línea de Bobbio (citado en Guastini, 1999), el análisis lingüístico está en la médula de la ciencia jurídica, puesto que el Derecho es un lenguaje, un acercamiento al campo de la retórica y de la teoría de la argumentación es totalmente pertinente. Para hablar de la retórica se hace referencia a la obra de Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989). Por otro lado, en cuanto a la argumentación se aborda a Robert Alexy (2012). Desde luego, el de Perelman y OlbrechtsTyteca es precisamente un Tratado de la Argumentación, cuyo subtítulo es La nueva retórica, y habla en distintos momentos de la argumentación jurídica, que era, desde la retórica clásica, uno de los tres géneros principales de discurso. Pero la obra de Perelman y Olbrechts-Tyteca no es un tratado de la argumentación jurídica; la de Alexy, sí. De modo que, por razones estrictamente de orden en la exposición, se ofrecen algunas nociones de retórica para encuadrar la obra de Perelman y Olbrechts-Tyteca, para después hacer lo propio con la argumentación, lo que permite encuadrar la obra de Alexy. La conexión entre el lenguaje y la retórica es evidente. La relación entre lenguaje jurídico y retórica puede no parecerlo. Aún hoy, hay condicionantes por un uso restringido del término retórica que, en la noción común se relaciona solo con el adorno del lenguaje. Emplear la retórica en un discurso es, incluso, privilegiar la forma en detrimento del fondo. La centenaria historia de la retórica revela significados más amplios y profundos. En sus orígenes clásicos, la retórica era tanto una manera de decir como una manera de pensar; una manera de convencer tanto como una manera de aprehender la realidad. Ya desde entonces, las definiciones y los usos de la retórica variaban. Según la esquematización de Meyer (Meyer, 2013) las definiciones de la retórica podían estar centradas 1) en el auditorio (el pathos de Platón, para quien, dicho sumariamente, la retórica es una manipulación del auditorio); 2) el lenguaje (el logos de Aristóteles, que resalta la pericia del orador, que puede ser puesta al servicio de causas buenas o malas); o 3) el orador (el ethos de Cicerón, virtudes sociales y morales que definen los deberes y prerrogativas de cada cual) (p. 24) La retórica pervivió a todo lo largo de la Edad Media ligada a la argumentación escolástica. Recuérdese que en el programa de las universidades medievales se estudiaba el trívium (Gramática, Retórica y Dialéctica)

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y el quadrívium (Aritmética, Geometría, Astronomía y Música), que constituían las siete artes liberales. Durante el Renacimiento experimentó una renovación (que por distintos caminos la asoció a la estilística); y en la época moderna se diversificó para significar tanto el estudio de las formas del discurso (que se asocia, en su nivel más elemental, con el corpus de las figuras literarias), como el estudio de las formas de argumentación y los temas recurrentes. En realidad, a siglos de distancia, se sigue discutiendo los alcances de dos de las tres formas del discurso clásico: 1) el judicial, 2) el deliberativo o político, y 3) el demostrativo o epidíctico. El género epidíctico, el de los panegíricos y las oraciones fúnebres de la antigüedad clásica, cayó en desuso, pero la vigencia de los otros dos es indudable. Meyer (2013) hace notar que los puntos más altos del estudio de la retórica coinciden con momentos de transición, en los que los viejos paradigmas desaparecen y los nuevos tardan en aparecer: “Los grandes momentos de la historia de la retórica tienen su racionalidad propia” (p. 39). En el momento en que apareció la Lingüística, la retórica estuvo en riesgo de ser considerada objeto de museo. El horizonte de la nueva ciencia parecía lo bastante amplio como para absorber y modernizar lo que había sido la materia prima de la retórica: el lenguaje en todas sus manifestaciones. Resistió después los embates de la Lógica, que dominó el panorama del análisis del discurso y las categorías del pensamiento en la época moderna.

carga simbólica, había probado desde el Renacimiento su eterna capacidad de resurgir. Así pues, la Nueva Retórica de Perelman y OlbrechtsTyteca (1989) recuperaron para la teoría jurídica un camino que empezaba a desdibujarse. Si bien los autores adscriben expresamente su Tratado de la Argumentación al campo de la lógica, no utilizan las herramientas de la lógica formal preferidas por otros autores. Si no que eligen entroncar con la retórica clásica, porque consideran que, más que un arte del buen decir; perspectiva de la retórica que rechaza; la retórica consiste en el arte de persuadir y de convencer. Lo que proponen, explícitamente, es estudiar “los medios discursivos que sirven para obtener la adhesión del auditorio” (p. 39). ¿Por qué una nueva retórica? Perelman y OlbrechtsTyteca (1989) lo explican en estos términos: Nuestro tratado se acerca principalmente a las preocupaciones del Renacimiento y, por consiguiente, a las de los autores griegos y latinos, quienes estudiaron el arte de persuadir y de convencer, la técnica de la deliberación y de la discusión. Por este motivo también, lo presentamos como una nueva retórica (p. 36). En este tenor, la consideración más interesante del Tratado de Perelman y Olbrechts-Tyteca es la que privilegia la verosimilitud sobre la certeza. No se trata de argumentar, a la manera de las ciencias empíricas, lo verdadero y verificable, sino de argumentar racionalmente lo verosímil: “el campo de la argumentación es el de lo verosímil, lo plausible, lo probable” (p. 30).

Durante todo ese tiempo, el lenguaje jurídico estuvo vinculado a los cambios en el enfoque de la retórica, aunque no siempre de manera explícita. La ciencia jurídica parecía tener sus propias herramientas, pero en el momento de auge de la lógica descriptiva y la filosofía analítica, el estudio del lenguaje en general y del lenguaje jurídico en particular pareció correr la misma suerte. Es justamente en el momento de inflexión del paradigma lógico cuando llega un nuevo impulso de la retórica, revalorada por figuras como Perelman y Toulmin. La obra de Perelman y Olbrechts-Tyteca se publicó en 1958 y corresponde a la tesitura cultural de la segunda posguerra. Había que encontrar nuevas formas de diálogo, partiendo de un acuerdo racional mínimo que dejara atrás los dislates que llevaron al mundo a la confrontación, y la Antigüedad clásica, con toda su

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El descrédito de todo lo que no puede ser reducido a evidencia, herencia de la lógica cartesiana, había impedido prestar atención al debate de posturas opuestas, de opiniones. En el siglo XX, que recibió, dicen Perelman y Olbrechts-Tyteca: “la clasificación del siglo de la publicidad y de la propaganda” (p. 35), los lógicos y los filósofos “se han desinteresado totalmente” (p. 35) de los problemas inherentes a la argumentación, es decir, de la manera de convencer y persuadir, que debiera ser central para esos fines. El comentario se aplica en la actualidad. Las limitaciones cartesianas, dice Perelman y Olbrechts-Tyteca, originaron ajustes que se expresaron como dicotomías. Pascal opuso la voluntad al entendimiento; Kant opuso la ciencia a la fe; Bergson opuso la intuición a la razón. Más allá de dicotomías, Perelman y Olbrechts-Tyteca buscan reinscribir a la retórica y a la argumentación en el campo de lo verosímil. Les parece que la restricción cartesiana y su larga secuela “es una limitación indebida y perfectamente injustificada del campo en el que interviene nuestra facultad de razonar y demostrar” (p. 33). La construcción central de dicho Tratado de Perelman y Olbrechts-Tyteca es el concepto de auditorio. El orador construye un auditorio para el que su argumentación pueda resultar convincente: “En la argumentación, lo importante no está en saber lo que el mismo orador considera verdadero o convincente, sino cuál es la opinión de aquellos a quienes va dirigida la argumentación” (p. 61). El papel del auditorio es el que separa a la argumentación de la demostración propia de las ciencias exactas. Igualmente interesante es su distinción entre persuadir y convencer. Persuadir se refiere al mundo afectivo; convencer se dirige a la esfera racional. Para encauzar hacia la acción lo mejor es persuadir; para efectos racionales es preferible convencer. Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989), distinguen entre auditorio universal (una construcción racional con fines de análisis) y auditorios particulares, y a ellos enlaza la distinción entre convencer y persuadir: Nos proponemos llamar persuasiva a la argumentación que solo pretende servir para un auditorio particular, y nominar convincente a la que se supone que obtiene la adhesión de todo ente de razón. El matiz es mínimo y

depende, esencialmente, de la idea que el orador se forma de la encarnación de la razón (p. 67). El extenso Tratado de ambos autores parte de los límites y fines de la argumentación, para abordar en concreto las técnicas argumentativas. Su aportación no se dirige específicamente al campo de la ciencia jurídica, pero tiene en ella innegables aplicaciones. La Nueva Retórica abrió un nuevo –o un antiguo y renovadohorizonte para el estudio de la que es, probablemente, la aplicación por excelencia del lenguaje jurídico: la argumentación. Por su parte, el mexicano Pedro Reygadas (2015) se refiere a esta obra como “trabajo fundante [que] formula un enfoque aplicable al análisis concreto en forma reproducible con facilidad” (p. 295) y quien considera que: La nueva retórica no es una simple teoría de la argumentación sino también una ética y una axiología, una visión del conflicto social […] es una vía práctica para tratar y polemizar sobre lo que es considerado un valor con miras a llegar a un acuerdo cuando se parte de puntos de vista incompatibles (p. 300). Desde luego, autores más recientes han enderezado algunas críticas contra la obra de Perelman y OlbrechtsTyteca (1989). En sus Ensayos sobre la argumentación, Plantin considera que no tomó en cuenta el papel de la sociedad, la ideología y el poder en los argumentos, centrándose solo en su carácter lógico-discursivo (p. 301). Se ha dicho también que las categorías que utiliza para clasificar los argumentos son empíricas, y que no reconoce la complejidad de la lógica moderna ni hace uso de su instrumental. Esta es precisamente la crítica que le dirige Robert Alexy. Una teoría de la argumentación jurídica Al hablar de Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989) es acercarse al campo de la retórica, clásica y nueva. Se presenta aquí un acercamiento al concepto de la argumentación, para encuadrar la obra de Alexy. Usar, escuchar, sopesar argumentos forma parte de la vida cotidiana. Al hablar, necesariamente se argumenta. Y qué decir de la necesidad de entender los resortes de la argumentación para el ejercicio del Derecho.

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Precisamente ahora, en México seestá transitando de un esquema acusatorio escrito a uno oral. Saber cómo argumentar, construir argumentos lógicos y válidos se ha vuelto una tarea urgente. Argumentar, antes y ahora, es un medio de convencer, una estrategia de ataque y de defensa, de adoctrinamiento, crítica o refutación de ideas políticas, económicas, sociales o de cualquier índole. Se vive rodeado, y a veces aturdido, por ideas contrapuestas y eventualmente por argumentos esgrimidos desde distintos frentes, con muy distintos fines. Hay diversas definiciones de la argumentación, en su sentido general y en su uso jurídico. Para Lázaro Carrillo (2007): Argumentar es construir una realidad a través del lenguaje, mediante un proceso, el discurso, y un producto, el texto; pero dentro de la variabilidad que el uso de la lengua conlleva. En este marco, la lengua despliega una dimensión argumentativa, ya que su uso tiene un rol intencionado, y éste existe de acuerdo con las relaciones que se establecen entre los interlocutores. Entendemos, pues, que la argumentación está situada en una perspectiva sociolingüística (p. 290). Reygadas (2015), por su parte, propone una reflexión –más que definición- incluyente, que abarca inquietudes propias de nuestro momento: diversidad, solidaridad, medio ambiente, etcétera; además, considera que: Es necesario defender una teoría de la argumentación cotidiana y científica que tome en cuenta la conservación de la naturaleza, el bienestar humano global, la solidaridad y la ética que permiten argumentar nuestros deseos y planteamientos para construir, en común, el contacto emocional que nos une a los otros, y la explicación del mundo susceptible de un acuerdo intersubjetivo lo más amplio posible y que atienda con respeto a las opiniones divergentes (p. 34).

Lógica y la Filosofía. La importancia otorgada al análisis lingüístico varía en cada caso. Javier Aguirre (2008) delimita dos enfoques: 1) el enfoque instrumentalista, usado por los autores que consideran que el Derecho usa al lenguaje como vehículo de expresión; y 2) el enfoque constitutivo, usado por los autores para quienes “el derecho es constituido en el lenguaje y por el lenguaje”. (pp. 143-144) Entre los exponentes del enfoque constitutivo incluye a Bourdieu, a quien ya se ha mencionado, y a Alexy. Si para Pierre Bourdieu “el derecho es la forma por excelencia del discurso actuante capaz, por virtud propia, de producir efectos” (citado en Aguirre, 2008, p. 146), para Robert Alexy la argumentación jurídica “se concibe como una actividad lingüística que tiene lugar en situaciones tan diferentes como el proceso y la discusión científico-jurídica” (citado en Aguirre, 2008, p. 146) Se mecnionó que la obra de Robert Alexy sí se ocupa específicamente de la argumentación jurídica. Su premisa general es que el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general. Tras estudiar las teorías precedentes que considera de especial relevancia (Austin, Hare, Habermas, Perelman, entre otros), Alexy (2012) propone un esbozo de teoría del discurso práctico racional general. Explica que una teoría del discurso puede ser empírica, analítica y/o normativa. La teoría del discurso racional es una teoría normativa. Se plantea en ella el problema de cómo pueden fundamentarse las reglas del discurso racional. Utilizando las herramientas de la lógica formal, Alexy construye una teoría en la que hay un número concreto de grupos, reglas y formas de argumentos. Para encontrar reglas del discurso, Alexy descubre 4 vías:

Argumentar en general supone los mismos mecanismos que argumentar jurídicamente. Pero, como se apuntó al inicio, en los enunciados jurídicos es mayor la exigencia de corrección, en razón de la pretensión de validez. Para determinar la corrección y validez de los enunciados jurídicos, diversos autores han acudido a las herramientas proporcionadas por la Lingüística, la

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1. Considerar las reglas del discurso como reglas técnicas. 2. Mostrar que determinadas reglas rigen de hecho, o que determinadas reglas se corresponden con convicciones normativas realmente existentes. 3. Considerar que el sistema de reglas define un juego de lenguaje y aceptar que son esos juegos (interacciones) los que determinan la praxis de ese sistema de reglas.

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4. Mostrar que la validez de determinadas reglas es condición de la comunicación lingüística. Este esquema no es, desde luego, exhaustivo. Pero cada vía define un aspecto importante. En suma, Alexy plantea las que considera reglas fundamentales del discurso práctico. El primer grupo de reglas es condición para que exista cualquier comunicación lingüística en que se trate de la verdad o corrección: 1. Ningún hablante puede contradecirse. 2. Todo hablante sólo puede afirmar aquello en lo que él mismo cree. 3. Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A, debe estar dispuesto a aplicar también F a cualquier otro objeto igual a A en todos los aspectos relevantes. 4.Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados. Alexy también enuncia las formas de argumento características del discurso práctico, cuyo objeto inmediato son las proposiciones normativas singulares. Para ello se vale de distintas fórmulas, que combinan las reglas y las consecuencias de seguir determinados imperativos. Esto en cuanto al discurso práctico general. En cuanto a la argumentación jurídica como un caso especial de este discurso, Alexy hace notar que hay muchos tipos de discusiones jurídicas: sobre ciencia jurídica (dogmática), deliberaciones de jueces, debates ante tribunales, tratamiento de cuestiones jurídicas en los órganos legislativos, entre estudiantes, con los medios de comunicación, etcétera. Entre ellos hay muchas diferencias, pero el aspecto común importante es que en todas las formas se argumenta jurídicamente.

vigente pueda ser racionalmente fundado” (Alexy, 2012, p. 208). Así, en los discursos jurídicos de lo que se trata es de la justificación de un caso especial de proposiciones normativas. Dicha justificación implica dos aspectos: interno y externo. El interno corresponde al silogismo jurídico, que se rige por el principio de universalidad. El aspecto externo consiste en la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna. Alexy clasifica las formas de argumentos y las reglas de justificación externa en seis grupos: 1. Reglas y formas de interpretación. 2. Reglas y formas de la argumentación dogmática.

El núcleo del razonamiento de Alexy consiste en plantear que la argumentación jurídica, como caso especial del discurso práctico, se caracteriza por su condición vinculatoria respecto al Derecho vigente.

3. Reglas y formas del uso de los precedentes.

En el discurso jurídico hay además una pretensión de corrección, pero con límites: “No se pretende que el enunciado jurídico normativo afirmado, propuesto o dictado como sentencia sea sin más racional, sino sólo de que en el contexto de un ordenamiento jurídico

5. Reglas y formas de la argumentación empírica.

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4. Reglas y formas de la argumentación práctica general.

6. Formas especiales de argumentos jurídicos.

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Tras explicar y establecer las fórmulas para cada una de estas variantes, Alexy considera probada “la inextricable unión del discurso jurídico con el discurso práctico general” (p. 272), y distingue cuatro aspectos de esta vinculación: a) la necesidad del discurso jurídico sobre la base de la naturaleza del discurso práctico general; b) la coincidencia parcial en la pretensión de corrección; c) la coincidencia estructural de las reglas y formas del discurso jurídico con las del discurso práctico general; y d) la necesidad de argumentación práctica de tipo general en el marco de la argumentación jurídica.

3. El Derecho como literatura presenta los productos jurídicos como creaciones literarias (literatura legislativa, judicial) y “somete a perspectiva metodológica de canon literario el análisis crítico y comprensión de los discursos, experiencias y actos, criterios interpretativos y construcciones jurídico-dogmáticas” (Calvo, 2015, p. 698). Desde luego, los textos jurídicos y los textos literarios cumplen diversas funciones sociales, pero:

El esfuerzo de Alexy ha tenido sonoras repercusiones en los debates sobre el discurso jurídico. No hay muchos trabajos que puedan considerarse herederos directos de su teoría, pero logró cimentar un modelo que, hoy por hoy, es punto de referencia obligado en el tema.

Sí se imbrican a una función social indiscutible y común a través de su fundamento en el Mito (Mythos); en ambas creaciones humanas la función mítica se halla presente a través de la vocación instituyente de dación de sentido frente al desorden de la experiencia; la institución jurídica otorga sentido reordenando el conflicto social, la literatura socializa mediante la ficción una promesa de sentido ante el desconcierto de la experiencia (p. 699).

La teoría literaria del Derecho En este breve panorama sobre el lenguaje jurídico y su tratamiento en algunas teorías, por último se incluye una vertiente poco explorada, pero enriquecedora: aquella que vincula directamente al Derecho con la Literatura, en la versión desarrollada por José Calvo González como Teoría Literaria del Derecho (Calvo González, 2015). Para este autor “Las intersecciones entre lo jurídico y lo literario se articulan a través de cierta clase de sintagmas gramaticales que actúan como puente, organizadas concretamente mediante tres preposiciones [en, de y como]” (p. 679). Así llega a la postulación de la relación entre lo jurídico y lo literario por medio de tres vertientes: 1) El Derecho en la Literatura; 2) El Derecho de la Literatura; y 3) El Derecho como Literatura. 1. El Derecho en la literatura presenta la recreación literaria (tanto de género narrativo, como lírico o dramático) de alguna “forma organizativa jurídica” o de determinados “conceptos y valores jurídicos”, es decir, presenta a la literatura asociada a temas o asuntos jurídicos. 2. El Derecho de la literatura presenta el fenómeno literario desde el punto de vista jurídico-normativo (propiedad intelectual, derechos de autor).

Todavía habría entonces otra dimensión, la del Derecho: “con apropiación de lo literario. Tal apropiación de la Literatura por el Derecho consiste en la traslación/ transcripción de formas instituyentes literarias a las jurídicas, y su posibilidad obedece a que, positivamente, ambos comparten socialmente una misma práctica poética” (Calvo, 2015, p. 699). Así “la Teoría Literaria del Derecho comprendería la superficie y volumen ocupados por las intersecciones Derecho en la Literatura y Derecho como Literatura y Derecho con Literatura” (Calvo, p. 700). A estas intersecciones el autor las denomina instrumental, estructural e institucional. Esta vinculación entre Derecho y Literatura, que a primera vista podría parecer extraña, puede al parecer, resultar muy fructífera. Nuevos horizontes El siglo XXI estará marcado por nuevos enfoques de la argumentación que tomen en cuenta los contextos sociológicos y los aportes semiológicos recientes. Aspectos antes relegados como la emoción y la subjetividad, o de aparición intermitente como las ideologías, tendrán probablemente un papel relevante. Ninguna opción está cancelada.

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La posibilidad de acercamientos entre ciencias consideradas dispares, es sin duda un tópico de la posmodernidad. Se ha explorado el vínculo entre Derecho y Literatura. Se acude a un último terreno: el de la historia, concretamente la microhistoria. En un luminoso texto, el historiador italiano Carlo Ginzburg (2003) se plantea seriamente la posibilidad de tomar una existencia individual como punto de partida para una teoría. No para ilustrarla, sino para constituirla. Una existencia pintoresca como la de JeanPierre Purry merece ser observada de cerca. Se podría contar una historia sobre él, inclusive una bella historia. Pero mi proyecto de investigación era (y es) diferente y más ambicioso. Desde el principio he buscado responder a esta pregunta: ¿puede un caso singular, analizado profundamente, mostrarse relevante de un punto de vista teórico? (Ginzburg, 2003, p. 12) Es un reto inquietante. Partiendo de este autor se hace una analogía: ¿un texto jurídico concreto puede contener las claves para constituir una teoría? Hasta ahora se ha hablado de la corrección lógica o discursiva de los argumentos jurídicos; de sus formas y su validez. El lenguaje jurídico es abstraído en teorías diversas. Cada nueva aproximación establece contrapesos y asigna un grado de influencia a cada elemento. A veces el énfasis está en la abstracción pura, a veces en la correspondencia con la realidad concreta; a veces en la reflexión, a veces en los usos posibles. Pareciera que lo importante ha sido otorgar legitimidad al lenguaje jurídico en función de la observancia de una serie de reglas, encuadradas por una teoría válida. Pero puede haber otros caminos. Así pues, retomando a Ginzburg (2003), las discusiones jurídicas concretas, las leyes, las sentencias, las tesis jurisprudenciales, ¿pueden dar un punto de partida válido para construir una teoría más comprensiva de la realidad? ¿Se puede ascender de la práctica a la teoría, en vez de descender de la teoría a la práctica? Si ello fuera posible, las herramientas para descubrir esas claves provendrían de la retórica, la argumentación, la hermenéutica, la semiótica, la historia y la literatura. Después de todo, como se ha mencionado en este ensayo, el lenguaje común a todas las ciencias humanas, no solo las expresa, también las constituye, y la ciencia jurídica no es la excepción.

Así, aunque teóricamente es deseable que las fronteras entre retórica, teoría de la argumentación, hermenéutica, semiótica y otras disciplinas queden claras, en la práctica están llamadas a relacionarse para hacernos más comprensible el proceso de la comunicación y el sentido último del lenguaje en general y del lenguaje jurídico en particular. El lenguaje, ese esquivo don humano, seguirá planteando enigmas que cada época y cada parcela del saber tendrán que resolver a su modo, alumbrándose unas a otras por el camino. También el lenguaje jurídico tiene sus enigmas y seguirá exigiendo soluciones, teóricas y prácticas. Conclusiones El lenguaje jurídico es una derivación de lo que se llama lenguaje común, guarda con él lazos estrechos. Los enunciados jurídicos son, en primera instancia, estructuras lingüísticas. Su especificidad proviene de su pretensión de corrección y validez, en función de su prescripción o vigencia. Para estudiar las complejas relaciones entre el lenguaje común y el lenguaje jurídico, se ha acudido a la Filosofía, la Lógica, la Lingüística, la Hermenéutica y otras disciplinas. La Nueva Retórica de Perelman y la Teoría de la Argumentación de Alexy establecieron parámetros útiles para el análisis del lenguaje jurídico. Perelman entronca con la retórica clásica y rescata la noción de la argumentación como un medio para persuadir y convencer. Construye el modelo de auditorio universal como destinatario de la argumentación. Los medios discursivos sirven para obtener la adhesión de ese auditorio. Privilegia la noción de verosimilitud, partiendo de un diálogo racional entre posturas opuestas, sobre la pretensión de certeza. Alexy desarrolla una teoría para demostrar que el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general. Utilizando las herramientas de la lógica formal, delimita 5 grupos, 22 reglas y 6 formas de argumentos. La argumentación jurídica, como caso especial del discurso práctico, se caracteriza por su condición vinculatoria respecto al Derecho vigente. La Teoría Literaria del Derecho establece una conexión entre Derecho y Literatura en tres vertientes: 1) El Derecho en la Literatura (literatura asociada a temas

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jurídicos); 2) El Derecho de la Literatura (propiedad intelectual, derechos de autor); y 3) El Derecho como Literatura (análisis crítico y comprensión de discursos jurídicos). Tomando el ejemplo de la microhistoria, pueden aún explorarse nuevos horizontes para la elucidación del lenguaje jurídico, por ejemplo tomando como base los textos o discusiones jurídicas concretas como base para una elaboración teórica. Ningún enfoque está cancelado, dada la posibilidad de interconexión entre distintas disciplinas para enriquecer el análisis del lenguaje en general, y especialmente del lenguaje jurídico, como objeto de estudio relevante para el Derecho.

Flores Mendoza, I. B. (2011). La concepción del Derecho en las corrientes de la Filosofía Jurídica. Boletín Mexicano de Derecho Comparado(90), s.p. Obtenido de http://historico.juridicas.unam.mx/ publica/rev/boletin/cont/90/art/art6.htm Ginzburg, C. (2003). La latitud, los esclavos, la Biblia: Un experimento de microhistoria. Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar (págs. 1-13). Guadalajara: UdG. Obtenido de http://www. jcortazar.udg.mx/sites/default/files/GINZBURG.pdf Guastini, R. (1999). Distinguiendo. Barcelona: Gedisa. Meyer, M. (2013). Principia Rhetorica, una teoría general de la argumentación . Buenos Aires: Amorrortu Editores. Moreso, J. J. (1996). Lenguaje jurídico. En E. Garzón Valdés, & F. Laporta, El derecho y la justicia (2 ed.). Madrid: Tritta. Olivecrona, K. (2013). Lenguaje jurídico y realidad (10 ed.). Buenos Aires: Fontamara. Perelman, C., & Olbrechts-Tyteca, L. (1989). Tratado de la Argumentación, la nueva retórica. Madrid: Gredos.

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OPORTUNA OPERA NEMESIS, POESIA

Luis Tovar Flores

EL REVUELTAS DEL CINE MEXICANO

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OPORTUNA OPERA NÉMESIS

BLEU En el azur alas del albatros yo te vi, fugaz flamenco: o cisne obra de Dios viene a por mí: viene del golfo trae mentolados, mi ajenjo ¿Cuál encanto es mejor, el gotero de miel en Hungría, el ferro atestado en Madrid, el metal fundido de New York o desear, esperar de tus labios? Nunca decir: Si. Si.

IMAGIN-ACCION [….] Algo para que el corazón no se transporte en una carroza, algo para el dolor de cabeza después de la ruleta rusa, algo para cambiar crascitar de cuervos por trinar de jilguero. Emocionante libertad cóndor que por instinto sonríe ameba que cura rubí en la obscuridad para quien me quiera Bucéfalo dragando la corriente, tú eres fortaleza fiera compañera en mi soledad, tu boca que no me nombra dueña mía… dueña de la ambición de mis ojos. Apasionante universo escucharnos en comunión: ¡ca! es el amor, ese dragón que anda por ahí tras de ti APOLO Padre de los poetas a tinto añejados enamórose de la hija de Príamo y Hécuba al andar por el mundo en pena, encontrase mujer tan hermosa y altiva; la serpiente depositó vaho en Casandra para purificarla y darle el don de la profecía. AGAMENÓN, enamórose de la hermana de Heleno, y tuvo gemelos: Teledamo y Pélope. Troya, París, Licrofón, Clitemnestra, Laocoonte, Héctor, Áyax…

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JODER, QUE IMPORTA! ¡Oh señorita! por eso este alado, Estrellándome en la pared, lejos de los libros atenienses, sin ser el más sabio bucólico, te llamo Alejandra para protegerte, de tanto mal y cubrir tu condena. AVE MARÍA llena de gracia -gratia plenaLibera ¿me ama o no me ama? ¿Será iconoclasta lo eterno? Garra del pájaro de luna carabela que naufraga en el cielo. “En algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme” Por qué urgente no soy cayena veo la Cruz; tú luz y rezo por vos -heridas de salva me sanasgato Lotario mi única compañía ya de noche, ya de día.

OPERA Cicatrices que aran cirros de un mundo reluciente reloj de arena, un verso quimeras de otro tiempo eres todas las flores, lógica y locura nácar: Avec carmín encendido siroco sobre Casablanca ¿Por qué diáfana recorres el mundo y das de beber al sibarita en tu dril drapeado de estrellas? Pero la garganta es dulzura, los sueños sueños son…

AVE MARIA llena eres de gracia. -de rebozo y enaguala que entiende esta dilatada locura quisiera de ti una fotografía en satín diluvio: -sos didáctica bellaenvuelta en besos de aromática infanta se quiebran los cristales ante tanta espera aullando una pulchérrima canción de Bosé recorre la tierra y luna como Verne sin quietud, temblando de felicidad sólo un compás de acero me recuerda que estoy loco ante pálido rostro.

TORMENTA Escaleras y serpientes: duelen: No sé sí coexistir con lo que temo. Avena para ti, para mí el blues del querty teclado y un demonio idiota crispando un Do major al piano. Tú en mi risa en pedazos olvidada; es lo poco que tengo, que me queda… te comparto una Perseidas, un gajo de limo, princesa de las luciérnagas, un soplo de viento al trigo ¿quieres saber que en este momento tu significas todo para mí?, opus algebraico en alas de murciélagos correrán a por ti en la tormenta nocturna y te preguntaré: ¿Escucháis latir el Sensemayá, a Sandro Botticelli, escucháis con sus dientes preñar pinceles? Lágrimas melancólicas de Rubens entre los puentes, un cielo que huye de la paleta del loco Van Gogh, de la isla de los flamencos, los sin trazos de Renoir:

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EMOCIONES Y/o la lámpara de mármol sin firmar, y/o las frescas fresas del joven Chagall, y/o la incandescente insurgencia de Basquiat. Y/o tormenta incendiaria cúpula de Notredame.

SI O NO Un grillo sin bardo una postal sin aerosol el cacao sin sombrilla estoy en el andén esperando desnudarme para cuando llegue la lluvia llevo conmigo el rosario con perlas amorosas que bebí de tus labios margarita sin balcón cárdena noche larga fue un día en celofán entonces tropezamos vagando por veredas me curaste el Estadio del espejo lo reconozco nunca supe tu nombre sé que eres mi destino como bendito castigo para deshojar fuego loca infusión tonto corazón tus ojos pétalos mi alegría mi dolor petardo de amor… ante la urgencia olvidé preguntar: ¿Sí o no?

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TESIS Tengo un defecto que es un acierto por cierto, efeto tengo el cerebro desierto enebro no iguana no papeles no ángel no tabú no Poe no flores non groove non glam non dark non underground not Byron not poison not my moon not Chac-Mol; tengo una virtud: Tú…tú…tú.

PISCIS Pez con cola de pez pez que alimenta a pez marzo a marzo velo a sol trazo a trazo celo a vos de llave a puerta tren a tren de la citara a la cabeza de cintura a plexo ¿Un beso a oscuras? -pregunta el gato viejo.

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FOTO

INALCANZABLE

Eres armónica aromática, en éxtasis licor de amor viento entre los cipreses, brebaje relámpago. Alfil: Hermosa.

Si pudiese alcanzarte, si pudiese tocarte; no puedo, soy tan pequeño, soy apenas una gota soy apenas una hoja… soy el aire. TÚ eres eterna troglodita, inmensa y fuerte. aunque el poeta quiera besar desde la cuna la druna, a la duna de la luna, nunca hacia ella llegará. tal vez mañana lo vuelva a intentar si te vuelve a soñar.

QUIXOTE 400 Tiro molinos, sifones y carraras con mi yelmo de mambrino con mi costal de huesos sin dientes y sin nación el arrecife es una canción; amanece mientras duermes yo coloco banderas en los techos escribo versos con defectos exfolio mi piel en bardo barro por si me lees en el asfalto sea Sancho un charco para que no se mojen tus pies en la madrugada… Dulcinea, es por ti esta locura. ¿Cuándo pasara?

Luis Tovar Flores

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EL REVUELTAS DEL CINE MEXICANO

Juan José Lara Ovando Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ La vida de José Revueltas es, con toda probabilidad, la más accidentada de todos los escritores mexicanos contemporáneos. Va de la miseria a momentos fugaces de opulencia; pasó, adolescente, por las cárceles correccionales, víctima de la persecución política y desde joven, por toda clase de prisiones, debido al mismo motivo, encerrado en sucias celdas de pueblo hasta en el apando de la penitenciaría. Estuvo confinado un par de veces en las Islas Marías, acusado de subversión, siendo menor de edad, hechos que registró en Los muros de agua. Habitó en barrios miserables que por su condición extrema no se diferenciaban mucho de las cárceles (documentado en novelas como Los errores o la pieza dramática El cuadrante de la soledad). También militó en el Partido Comunista Mexicano y fue expulsado por sus puntos de vista críticos (Ensayo sobre un proletariado sin cabeza). Fundó sindicatos y organizaciones políticas de las que también fue arrojado. Viajó por todo el país en vagones y autobuses de segunda, incluso a pie. Recorrió el mundo, a veces como pasajero clandestino, en ocasiones como escritor aventurero. 1 Penetró en el mundo del cine, ofreció lecciones, pronunció discursos, desempeñó humildes tareas burocráticas, pero sobretodo, escribió y, a partir de esto último, pero en realidad por todo lo que hizo y la forma en que lo desempeñó, se ha vuelto un personaje mítico que, al menos, al cumplir un centenario de su nacimiento, en 2014, se le reconoció y dio cuenta de su vigencia. Cada texto salido de la pluma de Revueltas era una invitación a la discusión y al debate, una verdadera asamblea, muestra elocuente de un estilo original, obtenido de la experiencia que su vida le daba. Su fertilidad fue asombrosa, la colección de su obra editada por Era consta de 32 libros, señalando todavía textos no encontrados, como su primera obra, que el mismo autor menciona en un prólogo que se la robaron. Sin embargo, su prolijidad no lo proveía, no le daba para comer. Tuvo que recurrir al cine, por gusto, pero eso le dio para alimentarse y en esa actividad su camino lo trazo a través de lo que mejor podía hacer, escribir guiones, lo cual hizo muy bien, pues tuvo la misma fecundidad que como escritor: 21 guiones filmados en 11 años, etapa en la que también colaboró en diálogos de 3 filmes más, descontando 6 guiones más que no llegaron a filmarse, entre 1944 y 1955, su etapa más productiva, porque si se toman en cuenta algunos filmes posteriores y otras historias filmadas sobre sus obras o su vida, suman más de 40, cabe destacar entre las últimas, v, dirigida por el académico universitario Mitl Valdez, en 1994. Lo que truncó su dedicación al cine fue un enfrentamiento al monopolio de la comercialización de esta industria, después de la llamada época de oro, encabezada por el empresario norteamericano William Jenkins que contraatacó con todo su poderío económico y el control de los medios de comunicación, que una vez más dieron por resultado la persecución de Revueltas y motivaron su alejamiento de esa actividad, pero no impidieron su cruda crítica contra una industria que se vendía al mejor postor cuando podía aportar mucho más al arte y la educación en México.

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Se sentía culpable de tantos churros que inundaban las salas de cine por lo que trató de escribir de una manera digna para directores de probada calidad como Julio Bracho, Luis Buñuel y Roberto Gavaldón, a quién consideraba gran amigo y con quién hizo una excelente mancuerna esos 11 años citados. A partir de 1955, su labor como escritor tendía a ser menospreciada y decía que la cinematografía nacional se había llenado, en esa época, de una cantidad de personas sin escrúpulos, acusando particularmente a libretistas (no guionistas como él) que hacían lo que se les pidiera por dinero.

antes de su estreno (76), pero se ha convertido en uno de los filmes de denuncia más fuertes al sistema político autoritario mexicano. La puede encontrar con relativa facilidad en internet, en centros de video, a la venta e incluso en la televisión, vale la pena buscarla, eso sí, es muy reflexiva, no es palomera.

Para él la actividad del guionista no era la de transcribir o adaptar un texto literario sino la de crear una realidad que se reflejara en el cine, por lo que tenía que reescribir la obra literaria y convertirla en otra, para que no perdiera su realismo o lograra otro a través de la película, lo que daba originalidad al cine a través del guión, por eso para él, el guión era el alma del cine, no podían existir uno sin el otro. No obstante eso, el cine le brindó la oportunidad de reivindicarse con una obra suya, que a la postre sería la que cerraría el circulo de su vida, El apando.

REFERENCIAS Alvarado, José (1967), “La obra de José Revueltas”, en “Excélsior”, 6 de diciembre, p. 7-A, citado por Ruíz Abreu, Álvaro (2014), “Revueltas, el ángel caído”, en Nexos, 1 de octubre.

El apando (75) se basa en un relato homónimo escrito durante su último cautiverio, precisamente a consecuencia del movimiento estudiantil del 68. La película trata de dos presos comunes (no políticos), a quienes se les incomunica dentro del propio penal, se les apanda (encierro en la celda de castigo), por desmanes con droga y sexo durante una visita de sus parejas. Ya incomunicados, planean utilizar a otro preso, también incomunicado, tuerto y maltrecho, al que sólo visita su anciana madre, para introducir droga al apando, escondida en sus genitales, ya que ella no será revisada como lo son las más jóvenes. Pero el plan fracasa porque la señora se niega a entregar la droga al no ver a su hijo. La historia de los apandados no es simplemente la de los presos carcelarios, sino la de los pobres y marginados, las verdaderas víctimas del sistema judicial mexicano, que reiteradamente aparecen como en un círculo vicioso y que en esta obra aparecen como una cruda metáfora. Dirigida en el mejor momento de uno de los mejores directores mexicanos de las últimas décadas, Felipe Cazals y coescrita entre Revueltas y José Agustín, El apando conservó muy bien la atmósfera revueltiana en cuanto a seres marginales, pobreza humana, realidad cruda mostrada sin contemplaciones, crítica a un sistema corrupto y autoritario, violencia social e impunidad política. Revueltas no llegó a verla, falleció unos días

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ACERCA DE LOS AUTORES

Gabriela Aguado Romero - Licenciada en Derecho, Especialista en Derecho Fiscal y Notarial, con Maestría y Doctorado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es Integrante del Cuerpo Académico Derechos Humanos y Globalización. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor investigador de tiempo completo de la UAQ. Lili Marlen Aguilar Chávez - Maestría en Ética aplicada y Bioética, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Querétaro. Teresita de Jesús Arroyo Córdova - Licenciada en Derecho, Especialista en Derecho Penal y Maestría en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es en la misma universidad profesora de tiempo completo. Obtuvo una Especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Yolanda Cortés Álvarez - Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Contaduría y Administración, campus San Juan del Rio desde 1994. Certificaciones: PRODEP, CERTIDEMS, SEP-CONOCER. Miembro: Sistema Nacional de Investigadores (SIN) “Candidata” Y de ANFECA. Ponente en congresos nacionales e internacionales. Autora de artículos en revistas indexadas. Yolanda Cortés Alvarez - Profesor-Investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Contaduría y Administración Campus San Juan del Río, desde 1994. Con siete años de experiencia laboral del sector industrial en empresas: Kimblerly Clark de Mëxico, División Bajío. Condutel, S. A. de C. V. de Grupo Condumex, Acerlan, S. A. de C. V. y Grupo Kaltex. Trece años de experiencia en el sector público: IMSS, interventor-administrador. Certificaciones: PROMEP, CERTIDEMS, SEP-CONOCER ECO 217. Miembro: Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) y Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. (ANFECA) 2018 núm. 2375. Ponente en congresos Nacionales e Internacionales. Autora de artículos de libros y revistas indexadas a nivel Nacional e Internacional. Daniel Alejandro De la Isla Olguín - Egresado de la Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal y Licenciado en Ciencias de la Seguridad por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gestor de proyectos sociales de prevención del delito en Consultores Asociados en Seguridad Humana S. A. de C.V. Auxiliar administrativo de coordinación y docente suplente en la licenciatura en Ciencias de la Seguridad de la UAQ. Postulante activo a supervisor en la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Gobierno del Estado de Querétaro. Rafael Estrella Velázquez. - Profesor-Investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Contaduría y Administración Campus San Juan del Río, desde 2005. Con 13 años de experiencia laboral en el Sector Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y 14 años de experiencia en el IMSS como Interventor Fiscal . Certificaciones: PROMEP, Certificado como Facilitador de Negocios, SEP-CONOCER ECO 217. ANFECA (Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración) 2018 No. 2379. Ponente en congresos Nacionales e Internacionales. Autor de artículos de libros y revistas a nivel Nacional e Internacional indexadas. Premios y Distinciones: 2004 Excelencia Acdémica, 2010 Asesor de Maratón Regional de Impuestos. Gemma Fernández Pichardo - Licenciada en derecho, especialista en Derecho Fiscal, maestrante en Derecho y, maestrante en Administración Pública Estatal y Municipal por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha desempeñado como docente y como consejera académica en el Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la UAQ.

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Héctor Julio García Contreras - Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Su experiencia profesional va desde Jefe del Departamento de atención de Quejas y Denuncias de la Delegación en Querétaro de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, asesor en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, a Secretario Adjunto del Municipio de Querétaro y actualmente Regidor del Municipio de Querétaro a partir del 2018. Rabell García Enrique - Obtuvo la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro (1992). Maestro en Administración, con especialidad en Finanzas (UAQ), Master en Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Y Ph. D. in Public Affairs por parte de la Indiana University (School of Public and Environmental Affairs). Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UAQ, así como Investigador nivel I del SNI. Se ha desempeñado como Director del Instituto Municipal de Planeación de Querétaro y Jefe de Proyectos Gubernamentales, además de Director del Instituto de Estudios Legislativos de la Legislatura del Estado de Querétaro. Laura Patricia Herrera Vaca - Licenciada en Derecho con cargo de Jefatura en la Notaría Pública 7 de San Juan del Río, Querétaro. Actualmente se encuentra en proceso de titulación de la Especialidad en Derecho Notarial en la Universidad Autónoma de Querétaro. Juan José Lara Ovando - Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene licenciatura en Sociología, Maestría en Historia, y Doctorado en Ciencias Sociales. Es presidente del Colegio de Sociólogos de Querétaro y crítico de cine. Emmanuel Adrián Macías Olvera - Licenciado en Derecho por la Universidad Mondragón México, egresado de la Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro; Abogado auxiliar corporativo en De Oliveira & Asociados, S.C., Jefe de Departamento de Atención Ciudadana en la Delegación Josefa Vergara y Hernández del Municipio de Querétaro, actualmente Asesor legislativo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Docente en la carrera de Derecho en la Universidad Mondragón México. Ruth Macklin - Profesora Emérita de la Universidad Albert Einstein de Medicina, Nueva York; Profesora Invitada de la Maestría en Ética aplicada y Bioética de la Facultad de Derecho. Alma Elizabeth Méndez Hernández - Licenciada en Derecho con Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, así como Maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Profesor de la Facultad de Derecho. Se ha desempeñado como Agente del Ministerio Público, Secretaria de estudio y cuenta adscrita a los Juzgados de Distrito y Tribunal Colegiado de Circuito, actualmente titular del despacho jurídico “Escala Jurídica”. Arturo Molina Zamora - Licenciatura en Derecho y pasante de Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro. Profesor de Justicia Alternativa en la UAQ y capacitador en formación de mediadores de conflictos como promotores de la paz. Jovita Georgina Neri Vega - Docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, FCA-SJR, en las áreas de Contabilidad y Finanzas a nivel licenciatura y posgrado. Profesora-Investigadora, integrante del CA UAQ-119 Innovación y Competitividad. Experiencia laboral en el sector privado en las áreas de Contabilidad General, Costos y Recursos Humanos por 15 años. Certificaciones: Perfil-PRODEP, SEP-Conocer ECO217, ANFECA, Cil’s Italiano B-2, Università di Siena. Autor de Publicaciones en Revistas Indexadas, Libros y capítulos de libro. Ponente en Congresos Nacionales e Internacionales. Gabriela Nieto Castillo - Estudió la Licenciatura en Derecho, Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y el Doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UAQ. Ha sido Coordinadora de la Facultad de Derecho UAQ en el Campus SJR, Qro., Secretaria Académica, y Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad

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Autónoma de Querétaro. Ha impartido en su alma mater las materias de Teorías del Estado y Derecho Constitucional. Actualmente se desempeña como Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Teorías del Estado y Constitucional. María Nieto Castillo - Licenciada en Derecho y Maestra en Administración Pública Estatal y Municipal por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro; especialista en Derechos Humanos Pueblos Indígenas y Políticas Públicas por el Instituto Henry Dunant en Chile; Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como docente y consejera académica en el Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la UAQ. Julia Pérez Bravo - Doctora en Gobierno y Administración Pública, maestra en administración con especialidad en alta dirección, certificada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. (ANFECA), Perfil PRODEP, cuenta con la certificación ECO 217 por el Consejo Nacional de Certificaciones (CONOCER). Autora y coautora de diversos artículos científicos publicados en revistas arbitradas e indizadas, nacionales e internacionales y ponente en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es profesorinvestigador en la UAQ, en la Facultad de Contaduría y Administración Campus San Juan del Río. Qro. Línea de Investigación: Gestión del conocimiento y Responsabilidad Social Empresarial y Gubernamental. Maribel Quezada Moreno - Licenciatura en Contaduría Pública, trabaje en la iniciativa privada como Contador en la empresa ASPERTRADE, S.A. de C.V. y en la empresa Plastiespuma S.A. de C. V. por 5 años. Docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, participando activamente en la Licenciatura en Administración, Contaduría, Negocios Turísticos y Negocios y Comercio Internacional desde 1993, con 26 años de Servicio. Investigador, integrante del Cuerpo Académico Consolidado, “Innovación y Competitividad” registrado ante la SEP con oficio No 13961. Participación activa en Congresos nacionales e internacionales como ponente, autor de artículos indexados publicados en libros y revistas nacionales e internacionales. Contador Público Certificado ante la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, (ANFECA) certificado No.2480. Certificada por El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales,(CONOCER) en Estándar de competencia como Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal, con Folio 04752216. Gerardo Servín Aguiñón - Doctor en Derecho, especialista en temas de Derecho Natural, Humanismo, Ética y desobediencia Civil. Así mismo, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Docente y Servidor Público. Actualmente es Coordinador de Investigación el el área de Admninistración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.

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