AYOTZINAPA: EL DÍA QUE MÉXICO VOLTEÓ HACIA GUERRERO. VOCES Y CONTEXTO
25 de octubre de 2014
Por Alejandro Álvarez Sánchez FOTOGRAFÍA
Dalila Severiano Garcés
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra.
Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.
En el principio, Blas de Otero.
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos
La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos llegó a Ayotzinapa, Guerrero, en los años 30 del siglo XX, luego de haber sido fundada en 1926, en Tixtla, una ciudad aledaña. Formó parte del programa educativo impulsado por el estado mexicano, con el objetivo de masificar la educación. Pero el proyecto de las escuelas Normales Rurales fue más allá, ya que no solo formó profesores, sino que también fue la cuna de movimientos sociales. En la Normal de Ayotzinapa se formaron líderes sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Genera Vázquez Rojas y Othón Salazar Ramírez, quienes encabezaron movimientos guerrilleros durante el siglo XX. Esta escuela tiene como una de sus funciones formar a profesores de educación primaria, y se enfoca en capacitar docentes para escuelas rurales, a partir de un sistema de interinato. Pero los alumnos además de recibir esta formación académica, también acuden a talleres que fortalecen su formación política, sus herramientas discursivas y su formación social. De esta institución han egresado 88 generaciones de maestros, que provienen de diversos estados del país, como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Distrito Federal, Tlaxcala, Sonora, además de Guerrero, entre otros. Actualmente cuenta con más de 500 estudiantes, de acuerdo con información de Animal Político.
Antecedentes
El historial de violaciones a los derechos humanos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos es largo, al igual que su postura crítica hacia el gobierno. El último caso de agresión sucedió hace más de tres años, el 12 de septiembre de 2011, cuando Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de esta escuela, fueron asesinados al recibir disparos de policías federales y estatales, así como de agentes ministeriales, durante el violento desalojo de un grupo de alumnos de esa escuela, quienes bloqueaban la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, a la altura de Chilpancingo. En ese entonces, los estudiantes de Ayotzinapa buscaban una audiencia con el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien le exigían la reanudación de las clases en la Normal, las cuales estaban suspendidas desde el 2 de noviembre, debido a que los maestros pretendían imponer como director a Eugenio Hernández García, a quien los alumnos acusaban de represor. También exigían el aumento de la matrícula escolar de 140 a 170 plazas para el ciclo 2011-2012 y que los aspirantes que tuvieran promedio de siete de calificación pudieran realizar el examen de admisión. El asesinato de los dos estudiantes generó protestas y manifestaciones en Guerrero, y en varias partes de México. Más tarde, el 14 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que en ese entonces encabezaba García Luna, difundió el resultado de un peritaje que realizó, en el que estableció que un agente de la Policía Ministerial de Guerrero, vestido de civil, era el responsable de la muerte de uno de los dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. La investigación de la SSP no esclarecía por completo las circunstancias del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa, ni sentaba las bases suficientes para que los familiares de los dos estudiantes asesinados encontraran la justicia que llevaban exigiendo por más de un año, por lo que el 13 de diciembre de 2012, miles de personas realizaron protestas en la capital de Guerrero, exigiendo al gobernador castigo a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Dentro de la protesta, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, recalcó que el gobierno de Guerrero no había cumplido las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emito respecto a estos asesinatos. El caso sigue abierto hasta la fecha.
Ataques en Iguala del 26 de septiembre Con el recuerdo latente del asesinato de dos normalistas en 2011, el 26 de septiembre de este año ocurrió otro suceso que permanecerá en la historia de la Escuela Normal Rural René Isidro Burgos. Ese día, un grupo de normalistas provenientes de Ayotzinapa arribó a Iguala por la tarde con el objetivo de recolectar fondos para trasladarse a la marcha que se celebraría el 2 de octubre en la capital del país, por el 46 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968, así que desde las seis de la tarde empezaron a “botear” en la Plaza de las tres Garantías, ubicada en Iguala, de acuerdo a testimonios de los normalistas. Al mismo tiempo, Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF y esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca, presentaba su segundo informe de labores, y al percatarse de la llegada de los normalistas, ordenó a Felipe Flores Velázquez, titular de Seguridad Pública, detener la movilización, ya que consideró que los estudiantes “reventarían” su evento, de acuerdo a un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). “Chalma”, originario de Tijuana, es uno de los normalistas que se encontraban boteando en Iguala, y explica que una vez que Pineda Villa terminó su informe de labores, los normalistas tuvieron un enfrentamiento con los policías que resguardaban el evento, de acuerdo a declaraciones recogidas por Reporte Índigo el 9 de octubre. “Para detener la acción de los policías tuve un pequeño jaloneo con el uniformado, agarre lo que fue la culata del rifle y me amenazó que si no lo soltaba iba a disparar contra nosotros y siguió el jaloneo. Lo tomé por la espalda y empecé a jalar el rifle, solo veía que era gordo y moreno”, explica. El normalista narra que el policía disparó una ráfaga hacia el suelo, y después levantó su arma y disparó contra los estudiantes a una distancia de un metro. Para protegerse de los disparos, los estudiantes subieron a los autobuses y avanzaron. En el trayecto, los policías siguieron disparando, eran como diez patrullas, asegura “Chalma”, quien alcanzó a distinguir que todas eran de la Policía Municipal. El camión iba con las llantas ponchadas, y casi al llegar a la carretera, los policías atravesaron una patrulla, impidiendo el paso del autobús, bajándose para ubicarse detrás de la unidad, a una distancia de unos veinte metros, momento en el que empezaron a apunar sus armas hacia los vehículos de los normalistas, recuerda.
Después, los estudiantes se bajaron y rodearon a los policías, ya que los jóvenes del tercer autobús estaban siendo cercados por elementos policiacos. “Me puse atrás de un policía municipal, el cual ya había cortado cartucho y estaba apuntando sus armas, disparaban y en eso observamos que a los del tercer autobús los estaban bajando los municipales, los tenían sometidos, eran como diecisiete o dieciocho, y policías eran alrededor de sesenta o más”, detalla. Narra que en este segundo ataque a muchos estudiantes los tuvieron un rato en el suelo, y observaba que había normalistas heridos. A “Chalma” y otro grupo de 25 normalistas los quisieron convencer para que se entregaran, mientras que a los estudiantes que bajaron del autobús que tenían cercado se los llevaron, recuerda. Transcurrió una hora para que los policías se retiraran del lugar. En ese momento, arribaron alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN), así como otros de Ayotzinapa. Los autobuses estaban llenos de sangre. Los cristales rotos. En su interior había balas percutidas, recuerda “Chalma”. “Los disparos eran a matar. Nos cazaron como perros, como si fuéramos peor que unos delincuentes”, relata otro estudiante. Un autobús donde viajaban jugadores del equipo de futbol de tercera división Los Avispones, también recibió impactos de bala, por lo que el vehículo se desbarrancó. En el ataque perdieron la vida el chofer de la unidad Víctor Manuel Lugo Ortiz y el futbolista David Josué García Evangelista, de 14 años de edad. En ese ataque, un taxista que pasaba por allí también resultó herido y su pasajera, Blanca Montiel Sánchez, murió. Mientras que otras cuatro personas resultaron heridas por los disparos. Las agresiones continuaron, ya que entre las 11 y 12 de la noche, los normalistas convocaron a una conferencia de prensa para denunciar el ataque que habían sufrido, pero en plenas declaraciones, delante de medios de comunicación, un grupo armado arribó al lugar, abriendo fuego por un lapso de 15 minutos, de acuerdo con testimonios de algunos de los normalistas, recogidas por El Universal el 28 de septiembre. En ese ataque, que se desarrolló a un lado de los camiones de los normalistas, que había sido baleado en la primera agresión, quedó herido gravemente el indígena huave Edgar Andrés Vargas, originario de San Francisco del Mar, Oaxaca, al recibir el impacto de una bala en la boca. De acuerdo a un testigo anónimo, fue en ese tercer ataque cuando decenas de los normalistas desaparecieron, según información publicada por Animal Político el 7 de octubre.
Al mediodía del sábado, los estudiantes realizaron una nueva conferencia de prensa, en donde padres de familia y dirigentes estudiantiles denunciaron que fueron ejecutados los alumnos Daniel Solís Gallardo, oriundo de Zihuatanejo, así como Yosivani Guerrero, del pueblo de Omeapa, municipio de Tixtla; en tanto que a Aldo Gutiérrez Solano, originario de Ayutla de los Libres, se le dictaminó muerte cerebral. Ese mismo día, en la carretera en la que fueron asesinados los estudiantes, se halló el cadáver de un joven con huellas de tortura y la cara desollada. No se aclaró si pertenecía al grupo de los normalistas, sin embargo la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) estableció que con esta víctima se contabilizaban seis muertes. Más tarde, el comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa daría a conocer que el joven asesinado era Julio César Mondragón, alias “El Chilango”, estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, originario del Distrito Federal, quien cursaba el primer año de su Carrera Profesional. Entrada la noche, a través de un comunicado, el gobierno de Iguala anunció la cancelación del segundo informe del alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez tras los hechos violentos registrados el fin de semana. Pero supuestamente, el alcalde desconocía la gravedad de los hechos que habían ocurrido en esa cabecera municipal. Fue entrevistado el viernes a las 22:50 horas, y señaló que “la policía lanzó unos disparos al aire; eso es todo. No me reportan un solo herido ni un solo muerto”. “Fue una provocación, y lo entendemos porque los ayotzinapos llegaron exactamente ahí, en un camión robado, como siempre. Me gustaría que en caso de que hubiera algún detenido declare quién los contrató, porque esos muchachos no viven aquí, no tienen nada que hacer aquí”, declaró.
43 desaparecidos Los desaparecidos no pertenecen al ayer, pero en el presente se encuentran difusos. Son como fantasmas con nombre propio y apellido. Son como huellas que se niegan a borrarse. Aunque no se pueda hablar con ellos, ni se sepa dónde están, tienen ojos y vos, tienen sonrisas, tienen sueños. Porque los desaparecidos nunca serán, siempre son, y son personas: una hermana, un padre, una hija, un amigo. Al siguiente día de los ataques en contra de los normalistas en Iguala, integrantes del comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos denunciaron la desaparición de 58 estudiantes, en conferencia realizada en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa. Entre los supuestos que manejaban acerca de la ubicación de sus compañeros, mencionaron que tenían indicios de que algunos normalistas se encontraban retenidos en el cuartel del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, mientras que otros podrían encontrarse en inmediaciones de los cerros tratando de llegar a un lugar seguro. La reacción del gobierno estatal consistió en la difusión de un comunicado, donde confirmó la desaparición de 58 normalistas desde la madrugada del sábado y anunció el inició de la averiguación previa AEBPNL/49/2014, así como acciones para buscar y tratar de localizar a los estudiantes. El secretario de Seguridad Pública de ese estado, Felipe Flores Velázquez, entregó a las autoridades de la PGJE de Guerrero, días después de la violencia registrada en Iguala, copias de la licencia colectiva para la portación de armas de los policías municipales de ese municipio, además de la relación de armamento de los municipales y la del personal.
Pero de lo ocurrido el viernes 26 de septiembre, no dijo nada. De acuerdo a información de Reporte Indigo publicada el 8 de octubre, Flores Velázquez argumentó que no pudo obtener un informe oficial de sus policías ni comandantes porque la mayoría estaban detenidos. “No tengo conocimiento de quién haya disparado alguna arma de fuego en contra de determinada personal, ni menos aún tengo conocimiento como ocurrieron estos hechos”. El 30 de septiembre trascendió que 14 de los normalistas habían sido localizados, ya que después de los ataques violentos salieron de Iguala, refugiándose en sus casas, por lo que la cifra de desaparecidos quedaba en 43 estudiantes, señaló en entrevista con Radio Fórmula, Uriel Alonso Solís, representante del Comité Estudiantil de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Días después de la agresión en Iguala, varios normalistas se presentaron en las instalaciones de la PGJE para rendir sus declaraciones, además, por medio de un álbum fotográfico que contenía los rostros de los elementos policiales de Iguala, pudieron identificar a 20 policías que participaron en el ataque del 26 de septiembre, asentando, también, el número de identificación de varias patrullas que se encontraban en ese lugar. Pero los policías arrestados se declararon inocentes, argumentando que ese día descansaron y no estuvieron en labores, mientras que otros aseguraron que no escucharon nada por el radio de la policía, de acuerdo a declaraciones recogidas por Reporte Indigo, publicadas el 10 de octubre. “Posteriormente me enteré por la misma vía de radio, que había problemas en el periférico Norte y por mi parte yo no me acerqué, de ahí se quedó en silencio el radio (…) de aquí en adelante ya no me di cuenta de nada”, declaró uno de los policías arrestados. El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció acerca de este caso 4 días después de los sucesos violentos de Iguala, ofreciendo apoyo al estado de Guerrero en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala el viernes 26, aunque pidió al gobierno de Ángel Aguirre que asumiera su responsabilidad. “Me parece que es muy lamentable lo que ha ocurrido, me parece que es un hecho que merece toda la investigación a fondo y a profundidad para deslindar responsabilidades, saber quiénes fueron los responsables de la ley en este caso”, expresó el mandatario.
El silencio que mantenía el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue interrumpido justo el día en que el presidente Enrique Peña Nieto lo había invitado públicamente a asumir su responsabilidad por la violencia que aqueja a la región, por lo que aparte de pronunciarse acerca del caso de Iguala, señaló que la seguridad en el estado era una responsabilidad de los tres niveles de gobierno. En cuanto a su posicionamiento acerca de las muertes, así como de los normalistas desaparecidos, Aguirre Rivero afirmó que “la investigación no se ha concluido, vamos a seguir adelante y vamos a ir hasta donde esto tope, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”. A dos semanas del ataque a los normalistas registrado en Iguala, las autoridades de Guerrero levantaron cargos en contra de alcalde de ese municipio José Luis Abarca, quien ya se había amparado y para ese entonces se desconocía su ubicación. Ante la incertidumbre de por qué Abarca no fue detenido después de la matanza en Iguala, el fiscal de Guerrero explicó que el alcalde contaba con un fuero, por lo que no podía ser detenido ni procesado, pero aseguró que ya se trabajaba en la revocación de ese amparo, para acusarlo de omisión de responsabilidades. El secretario de Seguridad Pública de ese estado, Felipe Flores Velázquez, uno de los personajes centrales en el ataque perpetuado en Iguala, al ser el encargado de los policías durante la noche de la agresión, tampoco había sido arrestado, ya que de acuerdo al fiscal no habían encontrado motivos para arrestarlo, debido a que había colaborado con el caso, al haber presentado a los primeros 22 policías acusados de participar en el asesinato y desaparición de los normalistas. Para cuando se realizó una orden de aprensión en su contra, el 9 de octubre, el jefe policial se encontraba prófugo. La hermana de uno de los normalistas desaparecidos, en entrevista con David Monroy de Milenio, el 20 de octubre, recordó que “cuando mi mamá supo lo que estaba pasando allá (Iguala), se fue para allá para traérselo. Era el 28 de septiembre. Cuando llegó, le dijeron que su hijo no aparecía, que no lo encontraban, y ella preguntó ¿cómo que no lo encuentran?... y entonces ella se quedó, y desde entonces no ha regresado... lo busca en cerros, en montes, en todos lados, por eso mi otro hermano se fue para estar con ella". En las instalaciones de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se encuentran los familiares de los normalistas desaparecidos. Se les pude ver leyendo periódicos, o sentados en bancas mientras observan un punto en el espacio. Sostienen cartulinas con las fotografías de sus hijos. Son campesinos, ojalateros, amas de casa. Algunos llegaron al siguiente día de los ataques en Iguala. Llevan semanas esperando. Todos tienen la misma exigencia, quieren a sus hijos de vuelta, con vida.
“Cuando vemos que las personas se pierden o desaparecen, pues nos compadecemos, pero ya cuando te pasa, se siente horrible. Es un sentimiento que a nadie se lo deseamos. ¿Cómo se siente? Pues para aquellas personas que -quizás- han pedido a un familiar, cuando alguien fallece, es el mismo dolor, es el que estamos sintiendo ahorita, nada más que en nuestro caso, nuestro sufrimiento es a diario, día a día, minuto a minuto... es como estar muriendo lento", concluye la hermana de uno de los normalistas.
Guerrero grita… El estado de Guerrero, actualmente es la entidad más violenta del país, con una tasa de homicidio de 69.57 asesinatos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al estudio más reciente publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. La situación de violencia que se vive en este estado, quedó acentuada con el ataque que sufrió un estudiante alemán del Tecnológico de Monterrey, quien resultó herido el 12 de octubre, cuando la camioneta en la que viajaba con otros cuatro estudiantes recibió varios disparos de la Policía Ministerial estatal. Y en ese estado, la violencia no repercute solamente en estudiantes. Los políticos también han sido afectados por estos actos, el último caso es el asesinato de Braulio Zaragoza Maganda, quien era el líder del PAN en Guerrero. En este caso, el procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, dio a conocer que el asesinato fue perpetuado por los hermanos Aldy Manuel y Eder Gonzales Rodríguez, quienes eran ex militantes panistas, y realizaron el homicidio a petición de Benito Manrique Contreras, miembro del Comité estatal panista, por lo que el homicidio tuvo “un móvil político”, de acuerdo a Blanco, según información difundida por El Universal el 18 de octubre.
Dentro de este contexto de violencia, el 26 de septiembre fueron asesinadas seis personas en el municipio de Iguala, mientras que 43 estudiantes desaparecieron. La reacción de la sociedad guerrerense no se hizo esperar. Trabajadores de las nueve normales públicas de Guerrero anunciaron un paro de labores a partir del lunes 29 de septiembre, para exigir la renuncia del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, además de que se investigaran a fondo los ataques realizados por policías municipales contra normalistas. Y no solo hubo paro de actividades, el lunes al menos dos mil estudiantes marcharon en la capital de Guerrero para exigir que se presentaran con vida los 57 estudiantes que permanecen desaparecidos desde los hechos violentos registrados en Iguala. Los inconformes arribaron a la sede del Congreso local para exigir una reunión con los diputados locales, pero los legisladores no los recibieron, lo que provocó que los manifestantes entraran en la sede del Congreso, lanzando piedras contra los vidrios, e incendiando la biblioteca del recinto. Con protestas de los normalistas en varios municipios de Guerrero, con casetas tomadas y con un ataque a la sede del Congreso local, el Procurador General de Justicia del estado de Guerrero (PGJE), Iñaky Blanco, informó el 30 de septiembre que la policía de Iguala había hecho un excesivo uso de fuerza en contra de los normalistas, además de que su reacción no fue adecuada, ni se justificaba el uso de armas de fuego, los 43 normalistas seguían desaparecidos. En declaraciones a Milenio Televisión, el procurador de Guerrero dijo que también se investigaba “la probable responsabilidad” del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y del alcalde José Luis Abarca. Y mencionó tibiamente algo que en muchas partes de Guerrero no causó sorpresa: la participación de grupos delincuentes en la agresión contra estudiantes normalistas. En Guerrero se seguían escuchan voces que clamaban justicia para los normalistas de Ayotzinapa. El 2 de octubre se realizó otra marcha para condenar la masacre de Iguala, en la que se bloquearon todos los carriles de la autopista del Sol. En las calles marchaban normalistas de Ayotzinapa, padres de familia, miembros de organizaciones sociales y del magisterio disidente, dejando claro que la protesta por este hecho no se concentraba solamente en las escuelas normales rurales. No solo marchaban personas por las calles de Guerrero, el 7 de octubre arribó a ese estado un grupo de 170 policías pertenecientes a la división de la Gendarmería Nacional, quienes llegaron con la tarea de asumir el control de seguridad en el municipio de Iguala. El arribo de los elementos de la Gendarmería se dio unas horas después de que el grupo delictivo Guerreros Unidos solicitara a las autoridades que liberara a los 22 policías detenidos tras el acto violento de Iguala, de lo contrario, advirtieron que revelarían los nombres de los políticos que colaboran con esta agrupación criminal.
A la sociedad guerrerense se le empezaba a terminar la paciencia. Ya no solo exigían la aparición con vida de los normalistas, sino también la renuncia del gobernador y del presidente municipal de Iguala. No solo incrementaban las demandas, también aumentaba la gente que marchaba en las calles de la capital de ese estado, en la manifestación que se celebró el 9 de octubre, se contabilizaron más de 10 mil personas, de acuerdo a cifras de La Jornada. Las protestas se empezaron a radicalizar. En la marcha del 13 de octubre en la capital de Guerrero, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, acompañados por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, incendiaron el Palacio de gobierno, además de realizar pintas y romper vidrios en las inmediaciones de este inmueble. Era el primer edificio que incendiarían como parte de los reclamos por la desaparición de 43 normalistas, además del asesinato de tres estudiantes. Las marchas que se han realizado en Guerrero para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos, han estado encabezada por los padres de familia, en una de ellas, Manuel Martínez, padre de un estudiante desaparecido, portaba una gran lona, en donde aparecen los nombres de los estudiantes extraviados. Mientras seguía caminando, declaró que “vamos a pedir que nos hagan la entrega de los 43 jóvenes desaparecidos, o de lo contrario, nosotros vamos a demostrar que es capaz la ciudadanía del estado de Guerrero, cuando el estado ya está molesto, está cansado de tanta porquería, de tanta injusticia”.
Guerrero empezaba a ser una bomba de tiempo. La paciencia de los familiares de los desaparecidos se terminaba. Las manifestaciones crecían cada día, y con el transcurso del tiempo, más estados de México se unían al reclamo que exige la presentación con vida de los estudiantes. Y en el mundo también marchaban. En países como España, Venezuela, Alemania y Estados Unidos, los estudiantes salían a las calles exigiendo justicia para los normalistas de Ayotzinapa. “Lo único que queremos que aparezcan los jóvenes, que aparezcan nuestros hijos, porque ya estamos hartos, estamos cansados de que las autoridades federales tampoco estén haciendo algo por la búsqueda de nuestros hijos, entonces nosotros mismos vamos a buscar la manera de que se nos haga la entrega de nuestros hijos, vivos, porque vivos se los llevaron”, explicaba Manuel Martínez en un enlace con Carlos Reyes el 17 de octubre. Mientras que en la capital de Guerrero y otros municipios del estado, se llevaban a cabo protestas para exigir la aparición con vida de los normalistas, además de condenar el asesinato de seis personas en Iguala, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (EPRI) anunciaba medidas en contra del gobierno. “En el ambiente de terror del narco-Estado que vive México, se hace necesario el ejercicio de la autodefensa. Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no”, advertía el EPRI en su segundo comunicado, emitido el 19 de octubre. Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) denunciaban que “los tres partidos políticos y los tres niveles de gobierno son culpables” de los hechos ocurridos en Iguala. Además exigían la presentación con vida de los estudiantes.
Narcotráfico y gobierno De acuerdo con Reporte Indigo, María de los Ángeles Pineda Villa convirtió su presidencia del DIF de Iguala en una precampaña con la intención de convertirse en la próxima alcaldesa de Iguala. En días posteriores a la agresión de un grupo de normalistas en esa localidad, se dio a conocer que la presidenta del DIF pertenece a la familia del Clan Pineda, un grupo del narco que operó conjuntamente con el Cártel de los Beltrán Leyva. Dos de sus hermanos -Alberto Pineda Villa, alias “El Borrado”, y Marco Antonio Pineda Villa, alias “El MP”- eran cabecillas de este grupo del crimen organizado, quienes fueron ejecutados hace cinco años, presuntamente por el mismo cártel. Sin embargo, su otro hermano, Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, quien estaba recluido en el Cefreso de Matamoros por delitos contra la salud, salió en libertad el año pasado, y actualmente es uno de los presuntos líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos. En Guerrero no solamente existe un clima de violencia, también está la relación que tienen algunos políticos con miembros del crimen organizado. Tal es el caso del ex alcalde de Iguala y su esposa, quienes sostenían trato con el grupo criminal Guerreros Unidos, de acuerdo a testimonios de Sidronio, testigo de la PGR, difundidas por Milenio el 23 de octubre. Además, identificó a María de los Ángeles como la principal operadora de Guerreros Unidos desde la presidencia municipal, en compañía de su marido y del secretario de Seguridad local, Felipe Flores Velázquez. También reveló que José Luis Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos a Guerreros Unidos para tener bajo control la localidad; al menos 600 mil pesos eran usados para control de la policía local. Cabe señalar que el 14 de octubre, en entrevista con Carmen Aristegui, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, afirmó que él mismo había hablado con funcionarios de la PGR, el Ejército y el Cisen, sobre los vínculos del alcalde de Iguala con el crimen organizado. "Tengo entendido que se abrió una averiguación previa por eso, " declaró esa ocasión. Además, el 16 de octubre Aguirre destituyó de su cargo a Lázaro Mazón, secretario de Salud, al encontrar que tenía una relación de amistad con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. El secretario de salud, en días anteriores, había sido destapado como precandidato a la gubernatura de Guerrero por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
#Todos somos Ayotzinapa
Las protestas en apoyo a los normalistas empezaron a extenderse fuera de Guerrero. En Chiapas se anunció una marcha en solidaridad con los normalistas desaparecidos, en la que participarían maestros, campesinos, estudiantes y activistas. Las manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos continuaron. El 9 de octubre, en por lo menos 25 estados miles de personas salieron a manifestarse en favor de los normalistas de Ayotzinapa, todos con la misma exigencia: ‘‘¡Vivos se los llevaron, vimos los queremos!’’. Hubo marchas en Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Campeche, Puebla, Yucatán, Tlaxcala, estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Nuevo León.
Una luz por Ayotzinapa
El miércoles 22 de octubre se realizó una jornada mundial de apoyo a los normalistas desaparecidos, bajo el lema de “Una luz por Ayotzinapa”. Parecía un miércoles más, pero al Metro y Metrobus empezaban a arribar grupos que portaban pancartas, rompiendo con la cotidianidad de la tarde. Se dirigían al Ángel de la Independencia, donde a las 6 de la tarde iniciaría la jornada de solidaridad con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y con las personas asesinadas el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. En la manifestación se encontraba un contingente proveniente de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes exigían la aparición de sus 43 compañeros con vida, además de justicia para los estudiantes asesinados. Con el grupo también viajaban padres de familia de los normalistas desaparecidos, portando fotografías de sus hijos, y carteles exigiendo castigo a los responsables de las desapariciones. En la marcha participaban estudiantes de la UNAM, del Poli, la UACM, de la UAM y de la Ibero. Los carteles eran diversos, en algunos se podía leer “Si ya llegó el México bárbaro también deberá llegar al revolución”, mientras que otros cuestionaban la situación actual de México “¿De qué tamaño son las fosas en este país?”. El sol empezaba a ocultarse. Aún no llegaba la noche, pero pronto sería iluminada por miles de luces.
Por intervalos, en la marcha se realizaba el simbólico conteo de los 43 estudiantes desapercibidos. También se escuchaban las consignas que se han popularizado en las manifestaciones en favor de los normalistas, como “Todos somos Ayotzinapa”, o “Nos faltan a todos no solo a Guerrero”. La noche acababa de llegar, por lo que poco a poco se fueron prendiendo las velas. Había jóvenes que también prendieron antorchas. Algunos niños cubrían las velas con sus manos, para evitar que el viento apagara la flama. Pero no, nada apagó las miles de luces que se desplazaban hacia la plancha del Zócalo. Llegó el momento de hablar. En el templete se encontraban los padres de los normalistas desaparecidos. Un alumno de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue el primero en tomar la palabra. Mientras hablaba acerca de la desaparición de sus compañeros, la gente estaba expectante, en silencio, salvo uno que otro grito esporádico en apoyo a su causa.
Fue el turno de que hablaran los padres. El primero fue un hombre robusto, que se dijo campesino, y padre de Adán. Exigió a las autoridades la aparición de los estudiantes y el castigo para los responsables de las desapariciones. Mientras que otro de los padres cuestionó el hecho de que los jóvenes se encuentren desaparecidos, ya que dijo que ellos podrían ser los próximos líderes del país, al recordar que en Guerrero han surgido revolucionarios como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y eran más voces. Otro padre dijo estar sufriendo, porque ya van a llegar al mes y no hay respuestas del gobierno, por lo que puso un plazo de dos días para la aparición de su hijo, provocando los gritos de apoyo de la multitud. Además de exigir la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y del presidente Enrique Peña Nieto. Al finalizar los discursos, se depositaron las velas en la plancha del Zócalo, como un acto simbólico de la esperanza que existe en que los 43 normalistas regresen a sus hogares y a su escuela. La gente se empezó a retirar, algunos en grupos, otros caminaban solos. El cielo estaba oscuro. Miles y miles de personas regresaban a sus hogares. Se escuchaban voces, otros aún sostenían sus cartulinas. El Zócalo quedó lleno de luces. Esa noche también marcharon en varios países del mundo. En Costa Rica, Chile, Bolivia, Holanda, España, Finlandia e Inglaterra, en donde también se lanzó la exigencia “Vivos se los llevaron… vivos los queremos”.
Iguala un gran cementerio El
primer
avance
en
las
investigaciones para encontrar a los normalistas, dio un giro cuando se anunció el hallazgo de cinco fosas en las cercanías de Iguala, en las que encontraron 28 cadáveres, los cuales habían sido calcinados. Después de ese hallazgo empezaron las contradicciones. Mientras Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, declaraba en días posteriores que no todos los cuerpos hallados en las fosas correspondían a los normalistas, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, le respondía que aún no existían pruebas suficientes para la identificación de los cuerpos. La incertidumbre continuaba acerca de la identidad de los cuerpos hallados en las fosas, por lo que el 14 de octubre la Procuraduría General de la República (PGR) informó que los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas no corresponden a los de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde hacía más de dos semanas.
"En las primeras fosas encontradas, que ya tenemos algunos resultados, les puedo decir que no corresponde a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han hecho llegar”, dijo ese martes el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en conferencia de prensa. Ahora fue el turno del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), agrupación que había sido invitada por las familias de los estudiantes desaparecidos para la identificación de los restos hallados en las fosas, la cual aseguró que aún no tenía sus propios resultados, por lo que no podía descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas de Iguala fueran de los estudiantes normalistas. “Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador (Jesús Murillo Karam), pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros y podamos seguir con el peritaje independiente y podamos cumplir con las familias”, informó un portavoz de la organización internacional. El experto señaló que, “posiblemente dentro de tres semanas” puedan dar sus resultados.
Mientras la identidad de los cuerpos hallados en las 20 fosas en Guerrero era desconocida, el padre Alejandro Solalinde Guerra aseguró el 17 de octubre que los 43 normalistas desaparecidos estaban muertos, además de afirmar que algunos habían sido quemados vivos, de acuerdo a lo que varios testigos anónimos le habían contado. “Desde el domingo a la fecha he tenido varios encuentros con testigos, algunos testigos presenciales, que sufrieron el primero y segundo ataque, estudiantes, pero hay otras fuentes, que no son estudiantes, que nos hablan de otro momento. Hablan de que aun estando algunos vivos, heridos, pero vivos, fueron quemados”, dijo el sacerdote y activista social.
El sacerdote aseguró que el gobierno mexicano le estaba dando un manejo político y no de justicia al caso, ya que buscaba difundir la información, de manera que tuviera el menor costo político. “¿Qué es menos penoso para el sistema?, ¿decir que están calcinados con todo lo que implicó eso?, o decir que están desaparecidos y que no saben lo que les pasó, porque es menos impactante decir lo segundo, y además menos comprometedor, pero es más doloroso para los familiares tenerlos con la esperanza. El gobierno sabe muchas cosas, si está reteniendo la verdad es su responsabilidad, hay que decirlo, este manejo ya se contaminó y su manejo no es de justicia, es político”, sentenció. La Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG) informó que la tarde del 23 de octubre fueron encontradas entre 7 y 9 fosas más con restos humanos en la Loma del Zapatero en Iguala, Guerrero. Manuel Vázquez Quintero, abogado de la organización, confirmó a SinEmbargo que las fosas contienen cadáveres recientes y que el hallazgo fue realizado hoy por una de las brigadas que diariamente salen a buscar a los 43 normalistas desaparecidos en la zona rural de Iguala. Miguel Ángel Jiménez Blanco, también integrante de la UPOEG, confirmó la existencia de restos humanos en una de las fosas en que se encontraron restos de piel, cabello y unos huaraches “quemados con ácido, no con fuego. El olor es espantoso… Queda un poco de carne. No es posible saber cuántos cuerpos son, pero las fosas son frescas”.
La caída de un gobernador
Desde el 30 de septiembre, Ángel Aguirre Rivero, aún gobernador de Guerrero, fue el blanco de las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, exigiéndole que asumiera el control de la seguridad en ese estado. Desde ese día, todo fue cuesta arriba para el gobernador. Ese mismo día, el gobernador perredista emitió sus primeras declaraciones acerca de la violencia registrada el 26 de septiembre en Iguala, asegurando que “vamos a seguir adelante y vamos a ir donde esto tope, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Además declaró que la seguridad en el estado es una responsabilidad de los tres niveles de Gobierno, en una respuesta a las declaraciones vertidas por Peña Nieto. Las manifestaciones que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala fueron aumentando. Ya no solo las calles de Guerrero estaban llenas de manifestantes, varios estados del país, incluyendo la capital, fueron escenario de movilizaciones en apoyo a los estudiantes. En el mundo también se hacían reclamos de justicia en favor de los de Ayotzinapa.
Ante este panorama, Aguirre Rivero mencionó por primera vez la posibilidad de dejar su cargo. “Si mi renuncia resuelve el caso, si contribuye a darle claridad y luces al asunto tan condenable y tan criticable que hoy se presenta, no tendré ningún inconveniente. Si hubiera alguna responsabilidad hacia el gobernador de Guerrero seré el primero en enfrentarla”, declaró. Los normalistas no aparecían. Las movilizaciones se empezaban a radicalizar, ya habían sido incendiados varias sedes políticas en Guerrero, y las autodefensas y las guerrillas locales aumentaban su actividad en la zona, ante esto, el gobernador perredista planteó la posibilidad de realizar una consulta el domingo 19 de noviembre, en la que se realzaría un referéndum de revocación de mandato, para que “el pueblo decida democráticamente si debo o no continuar en el cargo de gobernador”, explicó. Más tarde, el 14 de octubre, Aguirre Rivero declararía, en entrevista con Carmen Aristegui, que ya había hablado con funcionarios de la PGR, el Ejército y el Cisen, sobre los vínculos del alcalde de Iguala con el crimen organizado. "Tengo entendido que se abrió una averiguación previa por eso, "dijo.
Integrantes del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), ya habían hablado de la posibilidad de que el entonces gobernador de Guerrero pidiera una licencia para separarse del cargo. Incluso, miembros del Partido de la Revolución Mexicana (PRD), como el senador Alejandro Encinas, había expresado la necesidad de que Aguirre Rivero dejara la gubernatura del estado. Sin embargo, el gobernador de Guerrero contaba con el apoyo del presidente del PRD, Carlos Navarrete, por lo que se aferró a seguir en el cargo. La marchas que se realizaron el 22 de octubre, en México y varios países del mundo, exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, pudo haber sido el detonante para la salida de Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero, ya que dos días después de las múltiples manifestaciones, anunció su dimisión al cargo para disminuir la tensión social por el caso de la violencia registrada el 26 de septiembre en Iguala. “Para favorecer un clima político que ponga la atención y la solución de estas prioridades (la localización de los normalistas), el día de hoy, con fundamento en el artículo 84 de nuestra Constitución Política del estado de Guerrero, he decidido solicitar licencia al honorable Congreso del estado", indicó Aguirre Rivero el 23 de septiembre. Ante este anuncio, el Congreso de Guerrero inició el trámite de la solicitud de licencia a la Gubernatura de Ángel Aguirre y procederá al proceso de nombramiento de un sustituto. Por el momento, la carrera política de Ángel Aguirre Rivero, en Guerrero, parece que terminó.
Muchas voces, una sola exigencia
El próximo domingo 26 de septiembre se cumplen 30 días de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, además de los seis asesinatos cometidos en Iguala. Durante estos días, se han dado todo tipo de muestras de solidaridad con ellos, desde la sociedad guerrerense, hasta universidad como la UNAM, UACM, UAM, Politécnico, además del EZLN y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones sociales e instituciones educativas. Pero en estos 30 días no solo ha habido marchas y jornadas de apoyo, también ha existido una larga espera, la de los padres por ver a sus hijos de vuelta, la de los estudiantes que quieren volver a ver a sus compañeros, a sus amigos. Son 43 estudiantes desparecidos. Son vidas que apenas comienzan, demasiado jóvenes como para saber de dolor y sufrimiento. Las voces que reclaman su regreso son muchas, porque faltan, y nos faltan a todos, porque son hermanos, novios, hijos. Porque son parte de México, y sin ellos no estamos completos. Aquí, un recuento de voces, de sombras, de esperanza y de deseo de justicia. Son palabras que se niegan a borrarse. Son frases que se niegan al olvido. Porque el recuerdo habita en el presente, y el futuro se dibuja día con día.
22 de octubre. Padres de normalistas en el Zócalo de la Ciudad de México. Bernabé, padre de Adán “Realmente, yo, no sé qué es lo que pasa con las autoridades. ¿Por qué matan a estudiantes que apenas empiezan a hacer su vida? A hacer una vida, tener una carrera digna de trabajo. Hoy en día, realmente no tengo confianza ni en el gobierno (federal), el presidente, ni el gobierno estatal. Realmente, desde esa fecha ya va a ser un mes y no sé nada de mi hijo.” “Hoy, a través de los medios veo que no están apoyando, y queremos el apoyo para poder encontrar a nuestros hijos, a los 43 alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa. Es por eso que nos estamos levantando, y queremos que esto no se quede así. Queremos que se castigue a esas autoridades, esos policías se llevaron a nuestros hijos.” “Realmente yo no sé por qué tendrían a nuestros hijos, quizás de que semos (sic) pobres y no podemos defendernos. Pero yo sé que todos los pobre tenemos un corazón, y con ese corazón vamos a luchar”.
Mario César González, padre de César Manuel “…mi hijo tuvo la costumbre de querer ser maestro, porque se metió a trabajar en CONAFE y de ahí aprendió lo que era la sierra, lo que era la pobreza de los señores que viven allá… Y él me decía – yo quiero ser maestro para ayudar a la gente de la sierra –.” “Nosotros solo queríamos que estudiara, que no tuviera las carencias que tuvimos nosotros, como padres, desafortunadamente no tenemos dinero como para pagarle otros tipos de estudios, pero lo que sí sé es que donde quiera que esté mi hijo yo estoy orgulloso de él, porque él quería ser maestro”.
Epifanio Álvarez Carvajal, padre de Jorge Álvarez Nava “Compañeros, buenas noches se las diera, pero como ven no son buenas para nosotros, los padres de familia, que nos encontramos sufriendo bastante. Ya vamos a llegar al mes y no hay respuestas por el gobierno. Tal vez como campesinos que somos no nos sepamos expresar, pero lo que nosotros sintemos (sic) en nuestro corazón, sintemos rabia porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo.” “Mi nombre es Epifanio Álvarez Carvajal. Mi hijo, Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo, mijo, un hombre, sin vicios. Y lo sigo esperando con todas las esperanzas. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque, de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Fuera el maldito gobernador de Guerrero Ángel Aguirre. Estamos cansados tanto andar en búsquedas. Nos traen pa´arriba pa´bajo y no hay nada concreto, no hay nada serio. Es todo lo que puedo decir señores, pero no me importa la muerte, no me importa nada, por dios, con vida mi hijo. Gracias”.
Padre de Telumbre.
Cristian
Rodríguez
“Buenas noches compañeros. De antemano les pido una disculpa. Pasamos en algunas escuelas, y no pudimos pasar a todas, porque el tiempo está muy saturado. Les voy a comentar de mi hijo Cristian Rodríguez Telumbre. Con mucho orgullo me siento, porque él me supo inspirar. Me decía – papá, yo me siento muy orgulloso de ti, porque nos has apoyado –…” “Yo lo único que quiero decir es que mi hijo, mis hijos son todo, y no lo puedo encontrar desde el 26 de septiembre. He salido a buscar en Iguala, Cocula, Santa Teresa y hasta la fecha no he parado. He venido desde el domingo para darles a conocer que pinche gobierno tenemos. Hice el conocimiento a su gabinete de Ángel Aguirre Rivero, de echar a andar a su gabinete para buscar a los compañeros. Supuestamente tiene aparatos de inteligencia para buscar a los 43 compañeros, y dónde están sus pendejos aparatos que nada más los utiliza para su chingado desfile. A Aguirre ya no lo queremos en Guerrero, que se largue a chingar a su madre”.
10 de octubre. Declaración de Omar García Velázquez, alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgo, a través del video #43 Con Vida.
“Exigimos al gobierno federal a que presente con vida a los compañeros desaparecidos, y al mismo tiempo convocamos a la sociedad civil a que se sume a estas movilizaciones que estamos emprendiendo. No somos los únicos en el país, este descontento debe ser generalizado”.
Porque nos faltan a todos, no solo a Guerrero Jhosivani Guerrero de la Cruz, Luis Ángel Abarca Carrillo, Marco Antonio Gómez Molina, Saúl Bruno García, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Abel García Hernández, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Adán Abraján de la Cruz, Felipe Arnulfo Rosa, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, César Manuel González Hernández, Jorge Álvarez Nava, José Eduardo Bartolo Tlatempa. Isarel Jacinto Lugardo, Antonio Santana Maestro, Christian Tomás Colón Garnica, Luis Ángel Francisco Arzola, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Benjamín Ascencio Bautista, Alexander Mora Venancio, Leonel Castro Abarca, Everardo Rodríguez Bello, Doriam González Parral, Jorge Luis González Parral, Marcial Pablo Baranda, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Abelardo Vázquez Peniten, Cutberto Ortiz Ramos, Bernardo Flores Alcaraz. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Mauricio Ortega Valerio, Martín Getsemany Sánchez García, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Giovanni Galindo Guerrero, José Luis Luna Torres, Julio César López Patolzin, Jonás Trujillo González, Miguel Ángel Hernández Martínez, Christian Alfonso Rodríguez, José Ángel Navarrete González, Carlos Iván Ramírez Villareal, José Ángel Campos Cantor, Israel Caballero Sánchez.
-----------------------------------------------------------