La extinción de la comunidad “El Barco” bajo el decreto de un nuevo aeropuerto. Por Paola Ascencio La resignación se incrementa a medida que las casas siguen siendo demolidas. El sustento, el patrimonio y las historias de alrededor de 40 familias han quedado atrapadas entre los escombros de la injusticia. Y es que como Don Juan, poco más de setenta personas ya han visto sus viviendas destruidas bajo la orden de la construcción de un nuevo aeropuerto. No es la primera vez que las comunidades cercanas a los terrenos —próximamente comerciales— se ven afectadas tras el decreto de un proyecto que promete ser innovador. Durante el año 2001, el anuncio de la construcción de un aeropuerto en la ciudad de México, con una inversión inicial de 18 mil millones de pesos y la expropiación de casi cinco mil hectáreas sobre las tierras de Texcoco, detonó un movimiento social en Atenco, que terminó por cancelar la edificación de dicha base aérea. Y en esta ocasión con el nuevo plan para construir el "Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” —anunciado el pasado 03 de septiembre por el presidente Enrique Peña Nieto bajo la sombra de Los Pinos— se planea nuevamente la utilización de 4, 430 hectáreas de tierras que comprenden parte de Texcoco, Atenco y Ecatepec. Mismas tierras que abarcan el suelo del cual la comunidad "El Barco" fue desalojada. Cerca de 300 elementos uniformados entre Policía Municipal, y elementos antimotines de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, arribaron durante la mañana del viernes 03 de octubre a los campos de la comunidad ubicada en el kilómetro 12 a un costado de la autopista Peñón- Texcoco; con el fin de saquear a los habitantes del predio que supuestamente se encontraba fincado de manera irregular. En el comunicado de prensa del Ayuntamiento de Texcoco, Nazario Fotografía: Javier Salinas, “La Jornada”, Gutiérrez Martínez, secretario del Ayuntamiento y encargado del operativo, mencionó: “Las personas fincaron sus viviendas sin permiso alguno, ya que desde su procedencia, los terrenos no podían contar con permiso de construcción ni a nivel estatal, ni municipal. Por lo que siguiendo una demanda de hace más de un año formulada por la Dirección de Desarrollo Urbano, finalmente el juzgado da la razón al ayuntamiento y lo que se hace es ejecutar simplemente la sentencia".
Elementos uniformados, cercaron el costado de la autopista Peñón-Texcoco y extendieron sus máquinas de carga para desalojar de sus casas a alrededor de 40 familias que habitaban en el predio “El Barco”, derribando su único patrimonio y sus muros de esfuerzo, con maquinaria pesada. Casas de concreto, lámina y de viviendas de hasta dos pisos y con una inversión de más de 150 mil pesos, se vieron en ruinas en minutos. Con contratos de compra-venta en las manos, los supuestos invasores se opusieron a la extracción violenta de su mobiliario, mismo que no sólo fue saqueado de la tranquilidad de sus hogares, sino maltratado e incluso destruido a pesar de las contrastantes declaraciones de las autoridades ante el suceso. Los habitantes de la zona afectada, buscaron entre los escombros del abuso, algunas de sus pertenencias y objetos de valor, que yacían amontonados en el pasto frente a lo que fueron sus viviendas. Además, aseguraron que desde Fotografía: Javier Salinas, “La Jornada”, sábado 4 de octubre p. 27 hace poco más de 10 años pagaron por esos terrenos a Ejidatarios de Tocuila, — entre ellos Felipe González, Teresa Herrera Deheza y José Daniel Ruiz— a quienes dieron una cantidad de entre 60 a 100 mil pesos para construir en las tierras no sólo sus casas, sino sus vidas. “Quieren construir aquí su pinche aeropuerto por eso nos desalojan. Nosotros compramos, no somos invasores, somos compradores y contamos con toda la documentación; quieren estos terrenos para su terminal aérea”, dijo una de las vecinas afectadas al periódico La Jornada durante la mañana del suceso. El Ayuntamiento de Texcoco, sin embargo declaró en su comunicado de prensa que aquél acto de autoridad nada tiene que ver con Fotografía: Javier Salinas “La Jornada”. asuntos como el Aeropuerto, sino que es un acto completamente municipal, donde buscaba una regulación del uso de la tierra. Luego de una demanda de hace poco más de un año formulada por la Dirección de Desarrollo Urbano, el juzgado dio la razón al ayuntamiento por lo que los representantes legales de la
Una de las viviendas destruidas aún conserva un documento de amparo pegado sobre su puerta. Fotografía: Paola Ascencio
Asociación de Vecinos del Barco, solicitaron un amparo. El amparo, mismo que la comunidad del “El Barco” asegura, cuentan con él, fue ignorado por las autoridades. Por su parte, el Ayuntamiento de Texcoco señaló que dicho juicio no entró en vigor “como tal”, dando pie a la ejecución de la sentencia. Luego de presentarse la orden por parte del Ayuntamiento de Texcoco, un aviso en papel les informó un 29 de septiembre. En no menos de cinco días el personal del municipio trasgredió las barreras de su privacidad. Más de setenta personas entre adultos mayores, jóvenes y niños, quedaron sin hogar después de que 60 viviendas fueran destruidas. Ahora con los tabiques de cemento que construían sus ilusiones y los proyectos de vida en sus manos, buscan el consuelo y el refugio entre sus seres queridos y piden explicación al gobierno. Juan Vidal de 77 años, actualmente renta un pequeño cuarto para vivir junto a su esposa y señala que no puede alojar con él a sus viejas mascotas tras perder su vivienda. Y es que “el espacio no les da”. Este hombre, asegura que adquirió el Juan Vidal Hernández, sentado dentro de su casa recientemente demolida por las autoridades. Fotografía: Paola Ascencio terreno en 45 mil pesos, luego de que la ejidataria Teresa Herrera Deheza se lo vendiera, aunque con ayuda de Felipe Gómez, logró consumar la deuda en pagos de 1,250 pesos al mes. Además añade que utilizó el dinero de su pensión para invertir en la construcción de su ahora casa derrumbada. Vivienda que en total tuvo una inversión de alrededor de 200 mil pesos. “Yo fui el primerito que empezó a fincar hace 13 años. Ahora que si me hubieran dicho en ese momento que no podía hacerlo, iba directo con el señor Felipe González con el que me arreglé y me vendió, y que me regresara mi dinero, pero nunca nos dijeron nada. No es justo que hagan esto”, menciona. Aún cuando las autoridades derribaron alrededor de 60 inmuebles presuntamente irregulares, algunos de los afectados corrieron con suerte momentánea. Y es que personas como Carmen Zamudio no fueron desalojados tras no poder concluir
Algunas viviendas del predio “El Barco” tras el desalojamiento. Fotografía: Paola Ascencio
con el operativo. La afectada señaló que no la desalojaron por tener a su hijo enfermo adentro, pero recibió un plazo uno no mayor a 15 días para retirarse de su hogar. “El gobierno aquí nos ha dejado sin la tierra, vamos a ser quitados. Nosotros llevamos desde el 92 en esta casa. Yo apenas tengo para mis medicinas porque me atropellaron y estoy malo, ahora dígame ¿cómo vamos a sobrevivir?,” menciona José Jorge Silva Zamudio, hijo de Carmen y quien reside en una de las veinte casas que aún quedan en pie. Durante el incidente, algunos de los locatarios mencionaron que tras encontrarse inconformes bajo el desalojo, policías de la movilización respondieron con agresiones y golpes a los habitantes de la comunidad, dejando a su vez algunas de sus pertenencias obsoletas. Por lo que de acuerdo al periódico la Jornada publicado el 05 de octubre, las familias afectadas “hicieron un llamado al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas para que se les reubique en otro sitio o se les indemnice”, además durante las semanas posteriores, señalaron que buscarían con la forma de proceder contra los ejidatarios por el “robo descarado”. No sería sorpresa encontrar rastros de corruptela donde los funcionarios contribuyen a actos de impunidad, mientras en casos como este, los desalojados —temerosos ante un grupo de 300 uniformado que saquean sus viviendas—, apagan sus voces ante el miedo a las autoridades locales. Y es que además de tener contratos de compra-venta, los habitantes de la zona contaban con servicios públicos brindados por el mismo Ayuntamiento, tales como electricidad, limpieza de letrinas y pago del impuesto predial. Pago que al ser realizado, acepta a un inmueble como parte del territorio por un municipio. Los ejidatarios en respuesta a sus peticiones de inconformidad, aseguraron a los afectados que se ha hablado de una indemnización “por valuación de casa”. Sin embargo sobre el terreno del predio “El Barco”, sólo reposan las ruinas del atropello y la parcialidad a un gobierno autoritario. “Estaban diciendo que todos los ejidatarios estaban de acuerdo en dar una indemnización. Y ahora Juan Vidal Hernández mostrando su identificación oficial con la dirección marcada como el predio “El Barco”. Fotografía: Paola Ascencio. nos piden dos mil pesos que para valuación. Eso era antes, ahorita qué si ya no hay nada, si ya nos las tiraron. ¿De dónde saco yo dos mil pesos, si todo se me fue ahí?. Yo la verdad, a mis años me doy cuenta de que es pura tranza”, explica Juan Vidal Hernández.
Ahora, a un mes desde el anuncio oficial de la base comercial aérea que se encontrará entre los tres más grandes del mundo, — y que tendrá una zona de impacto en 11 municipios del Estado de México y tres delegaciones del Distrito Federal—, los campos ubicados dentro del territorio donde se visualiza la construcción, recibieron en menos de dos semanas cientos de camiones de carga que han comenzado a aplanar el espacio para dar la bienvenida a un nuevo aeropuerto y su nueva infraestructura. Misma que comprende la ampliación de ocho carriles de la autopista Peñón-Texcoco y que ocupará gran parte del predio donde la comunidad de “El Barco” habitaba. A pesar de las exhaustivas declaraciones que Delfina Gómez, alcaldesa de Texcoco realizó sobre su preocupación por poner en riesgo el desarrollo urbano del municipio, y el no otorgamiento de permisos para la edificación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta conocer el proyecto, las órdenes de construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México han llegado a su territorio.
Fuente: Proyecto Nuevo Aeropuerto D.F
La pregunta sería, ¿Tenemos que quedarnos con los brazos cruzados ante un gobierno que desaloja a sus habitantes por el interés de una política neoliberal? El gobierno del país se ha mantenido bajo una respuesta autoritaria y violenta que sacude los intereses de sus habitantes por los políticos. La ineficacia sigue siendo una forma de autoridad ante el pueblo que lucha por sobrevivir en un mar de peces gordos que se comen a los suyos. Cerca de 15 comunidades aledañas y dentro de las tierras —que pronto serán utilizadas para escuelas, hospitales y comercio privado bajo la orden del nuevo aeropuerto de la ciudad de México—, se verán desalojadas y quebrantadas desde sus humildes cimientos. Cambiando sus vidas de un momento para otro, bajo la promesa de un proyecto innovador que se plantea como una solución a la economía del país. Maquinaria pesada ha ingresado a las tierras de Atenco en las últimas semanas. Fotografía: Paola Ascencio
Lejos de la edificación de un aeropuerto nuevo en la Ciudad que “cambiará el futuro del país”, poniéndolo bajo el desarrollo de un país como una plataforma logística con infraestructura de transporte multimodal que genere costos competitivos y de valor agregado, el proyecto fortalecerá únicamente a un ambiente de negocios de empresas privadas, aún cuando México sigue sosteniéndose de actividades primarias donde la expansión de los alimentos agrícolas impulsan la economía.