Boletín Virtual INCP No. 186

Abril 2022

Edición 186

BOLETÍN

Comentarios del INCP al proyecto de reforma a la profesión contable Definiciones clave en la regulación del ejercicio profesional contable Concepto de Fe Pública en el ejercicio de la Ciencia Contable Campo de acción del Contador Público Formación profesional del Contador Público: problemática y regulación Formación y desarrollo profesional continuo del Contador Público Cómo definir y estructurar la gobernanza de la profesión contable

Comentarios del INCP al proyecto de reforma a la profesión contable El pasado mes de febrero, el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia – INCP envió sus comentarios sobre el proyecto de reforma a la profesión contable que lidera el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP). El documento para discusión pública denominado “Régimen de la Contaduría Pública” fue elaborado por el Comité Nacional Ley 43 de 1990. El INCP, apoyado en un equipo de especialistas, realizó un riguroso análisis a cada uno de los títulos del proyecto, profundizando en aspectos fundamentales y claves como la fe pública y el riesgo social; el concepto de confianza pública, formación, competencia y desarrollo profesional, la modernización del Código Disciplinario, entre otros. El resultado se entregó al CTCP para que fuese considerado en el correspondiente análisis que deben adelantar los miembros del Consejo frente a un proyecto de reforma a la profesión, procurando aportar en un momento tan importante de nuestra profesión.

El INCP reiteró en la comunicación oficial enviada al CTCP su compromiso por participar en el proceso de análisis, deliberación y formulación de propuestas para la modernización de la regulación de la Contaduría Pública.

El INCP proporciona un resumen de los principales temas analizados en el Título I – Disposiciones generales y Título III – Gobierno de la profesión, los cuales reposan en la carta de comentarios enviada al CTCP; todo con el fin de dar a conocer de manera detallada los comentarios y observaciones que realizó al proyecto de reforma a sus socios, partes interesadas y a la comunidad contable en general. En la siguiente edición de este Boletín, se abordarán los temas clave del Título II – Principios generales.

A continuación, encontrará la estructura del documento sometido a discusión pública y la estructura propuesta por el INCP, en lo que respecta al Título I. Estructura del Proyecto Título I

Disposiciones Generales

Capítulo I

Definiciones

Artículo 1

De las definiciones

Capítulo II

Campo de acción del ejercicio profesional

Artículo 2

De las actividades relacionadas con la profesión contable en general

Artículo 3

De la calidad de Contador Público

Capítulo III

Formación Profesional

Artículo 4

De la competencia profesional

Artículo 5

De la formación profesional del Contador Público

Artículo 6

De las categorías de inscripción

Estructura propuesta por el INCP Título I

Disposiciones Generales

Capítulo I

Objeto, definiciones, ámbito de aplicación

Artículo 1

Objeto

Artículo 2

Definiciones

Artículo 3

Ámbito de aplicación

Capítulo II

Autorización, formación del Contador Público, retiro de autorización

Artículo 4

Autorización para ejercer la Contaduría Pública

Artículo 5

Formación Profesional

Artículo 6

Examen de competencia profesional

Artículo 7

Formación práctica

Artículo 8

Formación continua para auditorías financieras bajo normas NIA

Artículo 9

Prohibición para el ejercicio de la Contaduría Pública

Artículo 10

Casos en los que se necesitará la calidad de Contador Público

Artículo 11

Autorización para que sociedades ejerzan la Contaduría Pública

Capítulo III

Registro Nacional de la Contaduría Pública

Artículo 12

Créase el Registro Nacional de la Contaduría Pública (RNCP)

Artículo 13

Renovación

Artículo 14

Causales de cancelación o suspensión del Registro

Redacción INCP

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AÑOS

Este año es especial para nosotros: el Instituto Nacional de Contadores Públicos - INCP cumple 70 años al servicio de los contadores colombianos.

Son siete décadas construyendo juntos un mejor presente y trabajando por el futuro de la profesión contable en el país.

Definiciones clave en la regulación del ejercicio profesional contable Título I – Disposiciones Generales - Definiciones Observaciones del INCP al Título I, capítulo I, artículo 1 referente a las definiciones para el ejercicio de la Contaduría Pública en Colombia.

Observación 1. Se recomienda precisar el objeto y alcance de la ley, según el INCP debería ser “regular el ejercicio de la Contaduría Pública”.

Observación 2. En la definición de “Contador Público”, se incluyen aspectos de regulación como la expresión “la acreditación de saberes y competencias profesionales en los términos de la presente ley”, que son ajenos al concepto objeto de definición, se sugiere que sean tratados con suma precisión y detalle en artículos posteriores. Según el INCP, en términos generales, el contador es el que ejerce la Ciencia Contable, no se considera oportuno mencionar en la definición las condiciones legales para el ejercicio de la profesión.

En lo que respecta a la definición de Ciencia Contable, el INCP menciona que es necesario tener en cuenta que en los últimos cien años no ha habido un consenso en la materia. Por lo anterior, no es aconsejable tratar de crear una nueva definición, sino redactar una que logre unir las definiciones mayormente aceptadas internacionalmente. En este sentido, el INCP sugiere las siguientes tres definiciones: Ciencia Contable: Ciencia aplicada de índole social que, mediante el uso de marcos técnicos de referencia, analiza, mide, valora, registra y da aseguramiento respecto de los recursos, hechos económicos y financieros de una empresa o de un individuo, para comunicar información comprensible y útil acerca de la dinámica de los negocios y el apoyo en la toma de decisiones.

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Contador Público: Se entiende por Contador Público la persona natural, nacional colombiana en ejercicio de derechos civiles, o extranjera domiciliada en Colombia con no menos de tres (3) años de anterioridad a la respectiva solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Contaduría Pública, que ejerce en los términos de la presente ley la Contaduría Pública.

Contaduría Pública: La Contaduría Pública es la profesión que ejerce la Ciencia Contable.

Observación 3. Dado que en el proyecto se pretende regular el ejercicio de la profesión de las personas naturales y jurídicas, el INCP considera importante definir qué se entiende por sociedad de contadores. A nivel internacional, se habla generalizadamente del concepto de “firmas de contadores”, el cual incluye agrupaciones de personas naturales o de sociedades de contadores públicos. Teniendo en cuenta lo anterior, el INCP menciona que es importante introducir el concepto de firma en el ámbito jurídico nacional y con ello facilitar la aplicación de las normas internacionales.

De acuerdo con lo anterior, el INCP propone la siguiente redacción: Firma de contadores: Un profesional independiente (persona natural) o una sociedad (persona jurídica) con autorización legal para ejercer la Contaduría Pública.

Sociedad de Contadores: Persona jurídica domiciliada en Colombia, autorizada con arreglo a la presente ley para el ejercicio de la Contaduría Pública.

Redacción INCP

Concepto de Fe Pública en el ejercicio de la Ciencia Contable Título I – Disposiciones Generales – Definiciones – Fe Pública Observación 4. A juicio del INCP, se presentan una serie de problemas conceptuales en la definición de fe pública propuesta en el proyecto. En primer lugar, la definición confunde la naturaleza jurídica de la fe pública con el riesgo social que se deriva del ejercicio de dicha función. Tal como se indica en el artículo 26 de la Constitución Política, toda persona es libre de escoger profesión u oficio y la ley puede exigir título de idoneidad para el desempeño de determinadas profesiones. Asimismo, dicha norma constitucional establece que las ocupaciones, artes y oficios que impliquen riesgos sociales no son de libre ejercicio, sino que deben ser objeto de regulación estatal a fin de salvaguardar el bien común. Respecto de la Contaduría Pública, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el ejercicio de la profesión entraña riesgos sociales, debido a que el contador público ejerce la función de dar fe pública.

Por otra parte, se indica que la fe pública genera “una presunción de legalidad y valor probatorio de la información contable”. La presunción de legalidad es una característica de los actos administrativos, estos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En este sentido, la expresión utilizada puede inducir al error de que las certificaciones emitidas por Contador Público solo pueden ser invalidadas previa declaración judicial.

Adicionalmente, se señala que la atestación es un “testimonio”, siendo este término un asunto totalmente ajeno al ejercicio de la Contaduría Pública, el cual hace referencia a un medio de prueba regulado en los artículos 208 a 225 del Código General del Proceso. Se precisa que en el desarrollo de la Ciencia Contable se utiliza el vocablo “atestiguar”, que tiene una connotación diferente a la de testimonio.

Por último, se requiere tomar en consideración que constitucional y legalmente la fe pública es un concepto polisémico: en derecho penal hace referencia a un bien jurídico tutelado que busca preservar la confianza pública en el tráfico jurídico; mientras que en el derecho constitucional y administrativo general es una función pública en cabeza del Estado que se delega en determinadas condiciones a particulares. La función de dar fe pública es ejercida por particulares o servidores públicos en diversos ámbitos como lo son el judicial, notarial, registral, mercantil, consular, marítimo y eclesiástico. En todos los ámbitos, la fe pública se materializa en una presunción de hecho, susceptible de prueba en contrario, la cual garantiza que la información objeto de declaración corresponde a la realidad. No obstante, es importante resaltar que la fe pública no se manifiesta de igual forma en todas las profesiones que la profesan. Por lo tanto, a la hora de regular la fe pública en el ejercicio de la Ciencia Contable, es necesario tener en consideración particularidades propias del ejercicio de la profesión, en tal sentido es importante precisar: El contador no se relaciona directamente con los hechos económicos que afectan patrimonialmente a una empresa, sino que interactúa con soportes contables suministrados por los administradores de la empresa o la persona natural a la que le presta los servicios. De modo que la responsabilidad sobre la autenticidad de la información suministrada para ejercer la Ciencia Contable recae principalmente en los administradores de las empresas o personas a las cuales presta sus servicios el Contador Público, ya sea como preparador o revisor fiscal.

La labor del Contador Público, en general, y del revisor fiscal, en particular, se centra en realizar aseveraciones respecto de la integridad y exactitud de la información financiera, con base en la aplicación de un marco de referencia legal.

Por lo que, a diferencia del resto de particulares investidos de función de fe pública, en el ejercicio de la Ciencia Contable se da fe pública sobre un marco de referencia.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el INCP propone la siguiente definición de fe pública: Fe Pública en aplicación de la Ciencia Contable: Función pública desempeñada por el contador o el revisor fiscal, en virtud de la cual se presume, salvo prueba en contrario, que los estados financieros preparados o auditados, y los demás hechos contables susceptibles de certificación, reflejan razonablemente la información, con base en la aplicación de un marco de referencia contable.

En relación con la definición de confianza pública se presentan algunas dificultades conceptuales que a consideración del INCP requieren ser aclaradas.

Para comenzar, es necesario advertir que la confianza pública no se encuentra dentro de los fines del Estado reconocidos en el artículo 2 de

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la Constitución Política de 1991. Igualmente, es pertinente advertir que el concepto de confianza pública presenta dos acepciones que deberían ser tratadas en la definición presentada en el proyecto.

Por una parte, en el ámbito contable, este concepto se asocia con el especial reconocimiento que le otorga la sociedad al profesional contable, en virtud de su idoneidad, integridad y confiabilidad, para expresar opiniones de manera real, fidedigna, razonable y ajustada a la verdad. Bajo otra perspectiva, más afín a los orígenes del derecho penal, la confianza pública se define como un bien jurídicamente tutelado y estrechamente ligado con el concepto de fe pública. En este contexto, se entiende por bien jurídico un interés jurídicamente protegido por el Estado, que confiere credibilidad respecto de la integridad y exactitud de la información preparada, certificada y asegurada por provenir de un profesional contable, que profesa la Fe Pública.

De acuerdo con las anteriores observaciones, el INCP propone la siguiente definición de confianza pública: Confianza Pública: Interés jurídicamente protegido y regulado por el Estado, que confiere credibilidad a la información preparada, certificada y asegurada, por provenir de un profesional contable.

En cuanto al principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, este reviste la naturaleza de un mandato de aplicación directa a los particulares y a las autoridades públicas, en virtud del cual se impone un deber moral y legal de ajustar todas sus actuaciones a los postulados de lealtad y honestidad. Así pues, en la relación profesional entre el Contador Público y el usuario del servicio debe primar la buena fe, materializada en deberes de lealtad y honestidad. El INCP menciona que, en desarrollo de la buena fe, los administradores de las empresas o personas naturales a las que se prestan servicios de Contaduría Pública deberían cumplir con: Diseñar, implementar, operar y documentar sistemas de control interno que permitan asegurar hasta donde sea razonablemente posible la generación de información financiera fidedigna y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Informar oportuna y detalladamente de cualquier error, irregularidad, fraude, acto ilegal, deficiencia significativa o condición reportable, que sea material y haya sido advertida por los administradores. Suministrar oportunamente y abstenerse de ocultar al revisor fiscal la información que requiera para establecer a través de ella un control permanente sobre los valores sociales.

Responder civil y penalmente por la legalidad de los actos, operaciones y veracidad de la información financiera suministrada para la preparación de los estados financieros, certificaciones o dictámenes que deban ser remitidos a terceros.

Permitir y garantizar el desarrollo de procedimientos de auditoría necesarios para obtener y documentar evidencia válida y suficiente sobre cada uno de los asuntos sujetos a la revisoría fiscal.

Consentir el examen de áreas, operaciones, actos, declaraciones de la empresa o de terceros que se encuentren en poder de libros de contabilidad, libros de actas, libro de registro de accionistas, otros registros de información, comprobantes de cuentas, soportes, correspondencia y demás papeles de la sociedad.

Realizar investigaciones y rendir informes que den oportuna atención a quejas, denuncias y reclamos relacionados con la conducta de los administradores, el desarrollo de las operaciones de la empresa y la calidad de sus bienes o servicios.

Avisar oportunamente respecto de planes, proyectos, decisiones de los órganos sociales, hechos y contingencias que pudieran afectar la información financiera o el desarrollo de sus negocios.

Al margen de lo anterior, en desarrollo del principio de la buena fe y de la protección de la confianza pública, el INCP considera que se debería penalizar la conducta de los administradores que fraudulentamente induzcan en error al Contador Público. En ese sentido, se deberían tipificar penalmente conductas en las que el usuario del servicio ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya o manipule información financiera, o que por cualquier otro medio fraudulento induzca en error a un Contador Público para la preparación de los estados financieros, o para la elaboración de certificaciones o dictámenes.

Redacción INCP

Campo de acción del Contador Público Título I – Disposiciones Generales - Campo de acción del ejercicio profesional Observaciones del INCP al Título I, capítulo II, artículos 2 y 3 referentes al campo de acción del ejercicio profesional.

Artículo 2 – De las actividades relacionadas con la profesión contable en general. El proyecto de ley realiza una lista de actividades que hacen parte del ejercicio de la contaduría pública, entre las cuales se encuentra el dirigir y preparar la contabilidad en todos sus enfoques, dimensiones o ámbitos de aplicación; y los encargos de revisoría fiscal. En este punto, el INCP propone trasladar ese listado a la definición de Ciencia Contable.

Artículo 3 – De la calidad de Contador Público.

En el literal f se señala que se requiere tener la calidad de Contador Público para ejercer las siguientes actividades: “desempeñar un cargo de jerarquía de mando con las siguientes denominaciones:

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presupuesto, contabilidad, control interno, contralor, costos, fiscalización, auditoría, oficial de cumplimiento, entre otras expresiones afines a estos cargos”.

En este punto, el INCP considera que la norma puede llegar a vulnerar el principio de igualdad.

Puesto que hay otras profesiones, como la de economista, que pueden desempeñar los cargos mencionados. El INCP señala que no existe un argumento constitucionalmente aceptable que justifique la limitación propuesta. Por lo tanto, se propone incluir otras profesiones (como economista o administrador de empresas) o suprimir la disposición del proyecto de ley.

Adicionalmente, el INCP indica que, para preservar la independencia, los cargos de jerarquía de mando no pueden ser desempeñados simultáneamente con el ejercicio de la profesión al interior de la empresa, pues el “mando” supone actos de administración.

Redacción INCP

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Formación profesional del Contador Público: problemática y regulación Título I - Disposiciones Generales - Formación profesional Observaciones del INCP al Título I, capítulo III, artículo 5 referente a la formación profesional del Contador Público. Con este artículo, el proyecto de ley busca establecer estándares de calidad para la formación profesional del contador. A nivel internacional existen estándares respecto de cómo se debe formar a un Contador Público. Dentro de los más relevantes se encuentran los de la Unión Europea y las Normas Internacionales de Formación (IES, por sus siglas en inglés). Las IES son estándares de referencia, dirigidas a los organismos miembros de miembros de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), para cumplir con la formación y el desarrollo continuo de los contadores profesionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el INCP sugiere tomar en consideración los estándares IES y parte de la regulación adoptada en la Unión Europea. En este punto, es importante tener presente que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la autonomía universitaria no es absoluta, pues esta se encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común.

Por lo que el legislador tiene plena capacidad de regular estándares de calidad para preservar el derecho fundamental a la educación.

Por otra parte, el INCP hace referencia al problema de la heterogeneidad de la calidad del sistema de educación superior en el país. Coexisten instituciones bien organizadas y reconocidas por su excelencia, con instituciones caracterizadas por sus Boletín Edición 186

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bajos niveles de calidad. El INCP considera que para hacer frente a la anterior problemática y garantizar niveles mínimos de competencia e idoneidad profesional, es necesario introducir una nueva condición para el ejercicio de la Contaduría Pública en Colombia. Con esta nueva condición se debería aprobar un Examen de Estado una vez sean terminados los estudios universitarios de pregrado, con el fin de obtener la matrícula y ejercer la profesión.

Finalmente, con respecto a este examen, el INCP plantea lo siguiente: Su elaboración podría estar a cargo del ICFES en conjunto con el órgano rector de la profesión, directamente o a través de una Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate para tal fin.

Se entendería aprobado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba.

Al egresado o graduado que no apruebe el examen se le debería garantizar la oportunidad de presentarse en las siguientes convocatorias, hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.

La certificación de su aprobación debería ser condición necesaria para la obtención de la matrícula profesional.

Redacción INCP

Formación y desarrollo profesional continuo del Contador Público Título I - Disposiciones Generales - Desarrollo y competencia profesional

considera necesario que el Estado exija una actualización periódica.

Observaciones del INCP sobre el desarrollo profesional continuo y la competencia profesional del Contador Público.

Además, el INCP menciona que la certificación obtenida luego de aprobar el programa de formación continua debería ser condición exigible para renovar la inscripción de la matrícula profesional, periódicamente, cada tres años. En este sentido, según el INCP, las sociedades de contadores y las instituciones privadas debidamente homologadas por la Junta Central de Contadores (JCC) deberían poder brindar servicios de formación continuada y de actualización.

En primer lugar, el INCP trae a colación la obligación que tienen los contadores públicos de mantener los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la formación profesional con el fin de asegurar plena confianza de un óptimo servicio a las empresas o personas a las cuales presta sus servicios. Para ello, los contadores públicos deberían realizar actividades de formación continua y de actualización permanente. En cuestión de algunos servicios complejos o altamente especializados, como lo es la elaboración del informe de los revisores fiscales, así como en el caso de avaluadores, tasadores y ajustadores, el INCP

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Finalmente, por lo que se refiere al ejercicio profesional, el INCP indica que si bien la formación profesional es uno de los elementos necesarios, este no es el único.

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Cómo definir y estructurar la gobernanza de la profesión contable Título III – Gobierno de la profesión Con relación a la gobernanza de la profesión contable es preciso mencionar que una de las principales falencias que el INCP ha identificado es la falta de claridad de la conformación y estructuración del gobierno corporativo en las instituciones que representan a la comunidad contable. Es así que en el documento del proyecto se plantea el concepto de gobernanza sin ninguna definición, la cual podría diferir del concepto de gobierno corporativo. En este aspecto, el INCP considera importante establecer una definición y estructuración en el gobierno de la profesión a la luz de los avances en el gobierno corporativo.

Con respecto al Artículo 36, en el cual se establece que el nuevo órgano de gobierno de la profesión será de carácter privado, el INCP menciona que se debe incluir una exposición de motivos que permita comprender y justificar las razones por las cuales se quiere convertir una entidad de carácter público en una de carácter privado. De lo anterior, se expone que, en relación con el Artículo 35 “De los principios de la gobernanza de la profesión”, el gobierno de la profesión no puede desligarse de la participación del Gobierno (Estado), hay funciones que deben ser desarrolladas exclusivamente por el ente estatal por lo que una propuesta de una auto regulación de la profesión tampoco sería pertinente.

Adicionalmente, frente a la conformación de esta nueva entidad integrada por los contadores públicos reconocidos por el Gobierno Nacional, el INCP propone un escenario alternativo en el que se reestructuren y fortalezcan los organismos que hoy dirigen la profesión. Lo anterior se daría a partir de una junta directiva con participación mayoritaria de los contadores públicos y una estructura organizacional con énfasis en la independencia y autonomía de varios comités que reporten a la junta directiva. Acerca de la afiliación obligatoria o no a esta nueva entidad, el INCP considera que no debe ser obligatoria dado que el vínculo entre este órgano y los contadores públicos se establecería por medio de la tarjeta profesional (como se hace actualmente) y se mantendría en el tiempo a través de la renovación periódica en las diferentes actividades del ejercicio profesional.

En lo que respecta a las funciones del órgano de gobierno de la profesión, establecidas en el Artículo 37, el INCP considera que no se plantea una estructura que permita segregar las funciones atendiendo a los principios de independencia y autonomía. Por lo tanto, es necesario desarrollar y establecer de forma clara y concisa la estructura y funciones de los comités que se establezcan para cumplir con los objetivos de la nueva entidad.

Además, el proyecto establece la conformación de comités seccionales con funciones de tribunal disciplinario, el INCP considera que se deben definir claramente las responsabilidades de los tribunales disciplinarios y de los comités seccionales, con el propósito de disminuir el riesgo de conflicto de intereses o amenazas a la independencia.

Sobre los artículos 38 al 42, relacionados con la estructura del órgano de gobierno de la profesión, el INCP considera que el plantear instancias seccionales y nacionales conlleva a carga burocrática y procesos repetidos y extensos que van en detrimento del Contador Público. Asimismo, no se establecen estatutos o mecanismos de reglamentación que son necesarios para aclarar dudas acerca del nivel de dedicación que tendrán los miembros de cada tribunal y si estos cargos serán ad honorem o remunerados. En concepto del INCP, una de las problemáticas del actual tribunal disciplinario es que sus miembros no son remunerados y destinan un número limitado de horas para desarrollar la función. Adicionalmente, el INCP realizó las siguientes observaciones: Junta directiva: se recomienda plantear el mecanismo o mecanismos para su elección, en particular la forma como se va a dar cumplimiento al principio de participación democrática. Además, se sugiere señalar las cualidades que debe tener la persona que ejercerá este cargo y demás aspectos reglamentarios que se requieren en este punto.

Comités técnicos: llama la atención la creación de comités seccionales, lo cual conlleva a la descentralización de algunos aspectos administrativos y técnicos que no se encuentran definidos en el proyecto de ley. Asimismo, se plantea un comité técnico de normalización que parece reemplazar al CTCP. Sin embargo, estos entes coexisten en el proyecto, lo cual origina

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confusiones al no desarrollar los objetivos y funciones de cada comité.

Comité disciplinario: se recomienda establecer las funciones de carácter general por cuanto una de las discusiones actuales es la separación de las funciones del Tribunal Disciplinario y las de la JCC. Se debe dejar claro la diferencia entre los dos, las funciones de control, inspección y vigilancia deben ser del tribunal “comité disciplinario”, mientras que las funciones administrativas las debe ejercer la JCC. Tribunal de conciliación: en el proyecto no se explican las razones para su creación. Se recomienda considerar y evaluar los potenciales conflictos de interés que se podrían desatar al tener dentro del mismo órgano de la profesión un tribunal que sanciona y otro que concilia. Por otra parte, se plantea que dentro de las funciones de este tribunal estaría la prestación de servicios de arbitraje, conciliación, entre otros. Lo cual indica que se convertiría en un prestador de servicios, desvirtuando los objetivos del gobierno de la profesión y entraría a competir con firmas de contadores o contadores independientes que presten los mismos servicios.

En cuanto al patrimonio de la entidad de gobierno de la profesión, se plantean varias fuentes de recursos, al respecto el INCP considera que los relacionados a la prestación de servicios no están definidos. Lo anterior podría indicar que esta nueva entidad entraría a competir con las firmas y los contadores públicos independientes, lo que desvirtúa una función independiente de registro y función disciplinaria. En este mismo sentido, las donaciones que vengan de los mismos afiliados pondrían en riesgo la independencia en el caso de que estos donantes deban ser investigados por la entidad.

Por otro lado, el INCP considera una buena iniciativa la creación de la Defensoría de la Contaduría Pública; no obstante, se observa un posible conflicto al tener dentro del mismo órgano el comité disciplinario. En opinión del INCP, la defensa debe asumirla cada profesional por lo que una alternativa sería proveer a la profesión de un consultorio jurídico que apoye al Contador Público con direccionamiento. En cuanto a las consideraciones finales, el proyecto menciona las autoridades de inspección, las cuales se entienden diferentes a la nueva entidad de gobierno, sin embargo, no se da claridad al respecto.

Finalmente, el INCP plantea algunas recomendaciones generales para la nueva entidad en el planteamiento de la gobernanza bajo los siguientes 4 pilares: Claridad en el propósito. Este sirve como condición previa para orientar la creación de programas y la estrategia, y también la construcción del sistema de gobernanza. Cada aspecto de la organización debe estar alineado con la misión organizacional para que el sistema de gobernanza sea efectivo.

Composición adecuada. Dada la importancia del directorio o junta directiva en las organizaciones (o la asamblea, en el caso de las asociaciones), es fundamental contar con una composición adecuada de personas que lo conformen para una gobernanza efectiva. El desempeño organizacional dependerá del número y perfil adecuado de los miembros y también de sus habilidades y compromiso.

Funcionamiento eficiente. Una gobernanza efectiva cuenta con una adecuada división de tareas, un liderazgo comprometido y una estructura del directorio bien definida. Para lograr un sistema efectivo, es necesario que exista un entendimiento común de los diferentes roles que cumple el directorio y la gerencia, en este proceso tiene sentido delegar ciertas tareas de gobernanza a la dirección ejecutiva.

Legitimidad y relación con el entorno. Para alcanzar sus objetivos, una organización debe contar con una validación de la sociedad, por lo cual es importante que sus actividades sean percibidas como legítimas. Para ello, se debe actuar con altos estándares éticos y de transparencia, asimismo, rendir cuentas sobre el impacto de sus acciones.

Redacción INCP

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