Destacarte
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DESTACARTE es un proyecto del INCP en el cual se pretende resaltar sucesos coyunturales y/o profesionales de la contaduría pública que han tenido una incidencia significativa dentro de la profesión.
Revisoría fiscal, estándares de calidad en la
educación y cambios en la regulación contable: necesidades que no dan espera Por Hugo Francisco Ospina - Presidente INCP, y el Área Técnica En esta época en que, gracias a su día, abundan las felicitaciones para los profesionales que se desenvuelven en los distintos campos de acción de la profesión contable, aún existen opiniones de algunos que los señalan, en medio de su desinformación y opinión sesgada, como los culpables de cuanto problema de corrupción surge al interior de las compañías. Por esta razón, desde el Instituto Nacional de Contadores Públicos - INCP se hace necesario analizar los riesgos que afronta la profesión; donde, precisamente, la revisoría fiscal sigue mostrándose como uno de los más latentes. La revisoría fiscal y su inminente reforma Como ya se ha mencionado en otras de nuestras publicaciones, son muchas las opiniones sobre este tema y aún más las inquietudes que surgen desde distintos sectores, por lo que el presidente del INCP, Hugo Francisco Ospina, voz experta y de gran autoridad que analiza este panorama hace varios años, no solo dio algunas consideraciones sobre la reforma que pide a gritos la revisoría fiscal en Colombia, sino que fue más allá y abrió el debate frente a un ‘necesario’ cambio en la regulación de la profesión. Lo de la revisoría fiscal no es nuevo porque, como lo recuerda el doctor Ospina, este órgano societario que tiene su origen en la Ley 58 de 1931, posteriormente modificado por la Ley 73 de 1935 y otras muchas normas, en principio buscaba proteger los bienes de terceros e inversionistas: En ese momento (1935) era importante tener el control sobre los administradores de la empresa, por parte de los dueños o inversionistas y el control del tema financiero no era de mucha importancia. Sólo en 1956 la función de la revisoría fiscal se asignó a los contadores públicos y hasta 1971, con la reforma del Código de Comercio, se le dieron funciones de aseguramiento al revisor fiscal. «La importancia era proteger los bienes de terceros y de los inversionistas». Pero en 2018, y desde hace ya varios años, «no solo en Colombia sino en todo el mundo» su papel ha cambiado, ahora ha pasado a ser protector del interés público. Es importante, para lo que atañe, considerar cómo la labor de ‘revisor fiscal’ le fue asignada a los contadores públicos y no nació como un servicio intrínseco de la profesión, sino como una serie de funciones que debe cumplir un órgano El Contador Público
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interno de las sociedades, “porque esa era la necesidad del momento”. Mediante el deber de colaboración, ordenado en nuestro Código de Comercio (Art. 207º), las autoridades han ‘intervenido’ la profesión y usan los servicios de los revisores fiscales para recoger información de los entes vigilados, aunque, en muchos casos, la información solicitada sea de tipo administrativo. La DIAN, por ejemplo, ha abusado de la función de este órgano al imponerle la obligación de ‘firmar’ las declaraciones tributarias (trabajo netamente administrativo), para posteriormente imponerle sanciones si se encuentra algún error o una posible evasión de impuestos: la preparación de una declaración y su presentación ante la autoridad respectiva son labores eminentemente administrativas y la forma del revisor fiscal no significa que su contenido sea correcto. Es por eso que la revisoría fiscal es percibida por entidades del Gobierno, y por el público en general, como un cuerpo policivo dentro de la sociedad encargado de descubrir fraudes, sobornos, contrabando, operaciones sospechosas u otros ilícitos. Al decir de muchos empresarios, que parecieran no equivocarse, el Gobierno es el mayor beneficiado de los servicios de los revisores fiscales. Es claro que los intereses que tienen las entidades del Gobierno sobre la revisoría fiscal son diferentes a los de los empresarios e inversionistas y, además, nada tienen que ver con lo que consideran los contadores públicos que debe ser su trabajo. Esta diversidad de percepciones termina por agravar aún más el ejercicio profesional de los contables en su labor de revisores fiscales.