ASESORÍA EN LÍNEA

La evaluación ambiental de proyectos de transmisión eléctrica tiene diversas complejidades técnicas, sociales y territoriales que ameritan un apoyo de alto nivel por parte de las empresas consultoras. Especialistas las analizan y proyectan los desafíos.

El proyecto atravesará cinco regiones, entre las de Antofagasta y Metropolitana, abarcando unas 28 comunas con una extensión cercana a los 1.350 kilómetros. Y no se trata de una nueva línea de tren y tampoco de una carretera. Los datos aportados pertenecen al proyecto de transmisión eléctrica (PTE) de mayor envergadura que tendría Chile: la línea de corriente continua Kimal-Lo Aguirre, cuyo estudio de impacto ambiental se presentaría en 2023, proyectándose su puesta en marcha para 2029. Para dimensionar la importancia de este tipo de infraestructura, Javier Tapia, Director Ejecutivo de Transmisoras de Chile, la asociación que reúne a las empresas del rubro, expresa: “La transmisión eléctrica es la principal condición habilitante para lograr que nuestro país cuente con una matriz renovable en el menor plazo posible. Existe un amplio consenso en la industria acerca de la importancia crucial de este sector para los procesos de descarbonización y electrificación hacia los cuales como país queremos avanzar”

En ese marco, en un reciente seminario, la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, indicó que “en el SEA nos estamos preparando de manera proactiva para enfrentar los desafíos que implica evaluar proyectos de transmisión de diversa complejidad técnica, social y territorial. La evaluación ambiental debe ser de excelencia y las empresas y las comunidades necesitan tener reglas claras y certezas. Debemos ser dialogantes, ágiles y eficientes, sin que ello signifique sacrificar el necesario cuidado de nuestro medio ambiente”

PLAZOS, CRITERIOS, TRAZADOS

Como se puede suponer por su amplia extensión, los proyectos de transmisión eléctrica presentan complejidades no solo técnicas, sino que también socio-ambientales. De ahí que la asesoría especializada que prestan las empresas encargadas de la elaboración de las declaraciones (DIAs) y

María Isabel Manzur Bióloga, PhD Chile Sustentable

Proyecto SBAP y concesiones en áreas protegidas

Chile posee una biodiversidad única en el mundo, pero la legislación vigente es incompleta y dispersa. En 2014, Michelle Bachelet ingresó al Senado el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que lleva casi 9 años sin poder ser promulgado. Sus objetivos son: 1) Crear una institución pública, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, radicado en el Ministerio del Medio Ambiente, con lo cual se completa la institucionalidad ambiental del país; 2) Establecer regulaciones para la conservación de la biodiversidad; y 3) Crear un Sistema Nacional de Áreas Protegidas públicas y privadas, terrestres, marinas y acuáticas. El actual Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado a cargo de CONAF, sería trasladado al Servicio de Biodiversidad. El proyecto SBAP fue aprobado por el Senado donde pasó por una consulta indígena. Luego pasó a la Cámara de Diputados a las Comisiones de Medio Ambiente, Agricultura y Hacienda y fue aprobado el 24 de enero de 2023.

Para evitar conflictos en etapas posteriores, los PTE deben socializarse en forma oportuna y participativa con la comunidad.

estudios de impacto ambiental (EIAs), para su calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sea fundamental para sortear con éxito esta crucial etapa.

Sobre el tema, Carolina Giacaman, Líder del Área Cumplimiento Ambiental de Gestión Ambiental Consultores (GAC), sostiene que “las líneas de transmisión eléctrica son proyectos que generan cargas ambientales, ya que suelen extenderse por una diversidad de ambientes y territorios. Por eso, pueden acarrear impactos sobre la avifauna y el paisaje; intervienen de manera permanente bosques y vegetación que requiere ser removida para la habilitación y mantención de la faja de seguridad; generan molestias y preocupación por emisiones de ruido y campos electromagnéticos; y suelen ser mal recibidos por los grupos humanos que han observado problemas en la tramitación, construcción u operación de otros proyectos similares”

Unos de los temas claves del proyecto ha sido las concesiones dentro de áreas protegidas. El proyecto solo permite concesiones para educación, investigación científica y turismo de baja escala, lo cual está muy bien. Pero adicionalmente, el texto del Senado permitía concesiones sectoriales para actividades industriales en áreas protegidas, como minería, salmonicultura, centrales hidroeléctricas, que destruyen la biodiversidad. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara logró excluir dichas concesiones, pero la Comisión de Agricultura las aprobó. Estas dos versiones fueron votadas en la Sala de la Cámara y se aprobaron textos contradictorios, que permiten y que no permiten actividades industriales en áreas protegidas. Asimismo, aprobaron textos que reconocen y que no reconocen los 334 sitios prioritarios establecidos antes de esta ley. Por esta razón el proyecto deberá pasar a una comisión mixta para resolver estas incoherencias.

Este proyecto representa un tremendo avance que nos permitirá contar con un servicio dedicado exclusivamente a la conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Chile Sustentable espera que la Comisión Mixta pueda resolver las incoherencias y que la Ley SBAP definitivamente excluya actividades productivas dentro de áreas protegidas.

66 Kilovoltios (kV) es el voltaje mínimo con el que operan los sistemas de transmisión en Chile, llegando a un máximo 500 kV. Sus componentes principales son subestaciones eléctricas y líneas de transmisión.

No obstante, asegura que el mayor problema son los acotados plazos que se imponen para todas las etapas de su desarrollo, “incluida la tramitación ambiental, la cual, en ocasiones, debe desarrollarse incluso antes de tener un acceso garantizado a todos los predios que albergarán la infraestructura del proyecto”

Coincidiendo en varios puntos, Javier Tapia asevera, en primer lugar, que las complejidades socio-ambientales de los PTE derivan de su propia naturaleza: infraestructuras lineales que, a diferencia de otras (como las de generación eléctrica o de un proyecto minero), generalmente se extienden en una gran dimensión de territorio y se relacionan con una enorme cantidad de comunidades.

“Además, los sistemas de evaluación no son adecuados a su infraestructura, sino que están pensados para proyectos de inversión localizados en un sitio determinado. Esto se manifiesta en distintos aspectos, como que los plazos resultan muy acotados y casi imposibles de cumplir en el caso de la transmisión. Por ejemplo, es muy difícil para los equipos del SEA abarcar en 60 días de participación ciudadana todos los sectores y localidades por donde estos proyectos pasarán”, indica.

Otra dificultad para los PTE, a su juicio, es la obtención de permisos sectoriales, toda vez que se presentan “disparidades de criterios entre unidades regionales de un mismo servicio o iteraciones excesivas, lo que dificulta y ralentiza toda la evaluación. Sin bajar estándares, debemos ser capaces de hacer un esfuerzo conjunto por reducir los tiempos de tramitación”

También lamenta la imposibilidad que existe en el SEIA de priorizar algunos proyectos de transmisión eléctrica que, por su envergadura, producen un beneficio e impacto muy alto para el país. Más aún si la infraestructura de transmisión, a diferencia de la de generación, es planificada y mandatada por el propio Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, resalta el anuncio del SEA sobre la formación de un equipo interno especial para efectuar el proceso de calificación de la línea Kimal-Lo Aguirre, así como la creación, en el Coordinador Eléc- trico Nacional, de una subgerencia enfocada en los grandes proyectos de transmisión.

Iván Honorato, socio de ECOS Chile, aporta otro dato al debate: entre el 2020 y 2022 solo se evaluaron y aprobaron 30 proyectos del rubro en el SEIA, muy lejos de los 285 visados entre 2011 y 2019. “Los motivos de tal reducción pueden ser variados, sin embargo se ha reconocido que hoy existe una mayor complejidad en los procesos de diseño, evaluación y construcción de líneas de transmisión debido a conflictos con comunidades y otros sectores económicos por el uso del territorio”, plantea.

Añade que las principales preocupaciones de los desarrolladores de PTE están relacionadas con la identificación, en etapas tempranas de prefactibilidad y en plazos acotados, de los trazados que tengan el menor impacto sobre las comunidades y las áreas con alto valor en biodiversidad y/o de desarrollo turístico.

Lo anterior, considerando que los proyectos de transmisión al ser mandatados por el Estado y estar definidos en el plan de expansión por el Coordinador Eléctrico, “ya tienen indicados desde las bases de licitación los puntos referenciales a considerar para la o las conexiones de la línea de transmisión, debiendo configurar en base a éstas las alternativas posibles de trazado. Además, los plazos exigidos para el funcionamiento de los proyectos son generalmente difíciles de cumplir, puesto que se deben considerar todas las etapas asociadas a la evaluación ambiental, obtención de permisos, construcción y puesta en marcha”, especifica.

Dificultades En Tr Mite

Respecto a las dificultades específicas que enfrentan las iniciativas de transmisión durante la evaluación ambiental y cómo se suelen resolver, Carolina Giacaman las atribuye, justamente, a que no se considera la variable socioambiental en las etapas tempranas de los PTE. Esto, “ya sea como información de entrada para la definición del trazado o cuando no ha sido socializado en forma oportuna y participativa con la comunidad, o cuando la ralentización de los procesos de concesión y negociación de servidumbres dificulta el adecuado desarrollo de los estudios ambientales que nutrirán el instrumento que se someterá a tramitación en el SEIA, pues no se contará con la autorización de acceso a predios por parte de los propietarios, mermando la representatividad espacial de las líneas de base respecto del trazado total de la línea. Es algo que aumenta el riesgo de que durante la tramitación sea necesario complementar estudios y, en casos más extremos, puede llegar a traducirse en que EIAs o DIAs no satisfagan todos los requerimientos mínimos que establece el Reglamento del SEIA para evitar su no admisión a trámite o el término anticipado del proceso”, advierte. Por lo mismo, la profesional de GAC asegura que los titulares de los proyectos deben contemplar la realización de estudios socioambientales en etapas tempranas del diseño “que puedan aportar información adicional valiosa a aquella de índole técnico-económico, todo lo cual podría contribuir a la definición de trazados viables. Además, deben integrar a la comunidad en la optimización de éstos mediante procesos de relacionamiento oportunos y participativos, lo que ayudará a disminuir los riesgos de oposición, conflictividad y judicialización una vez emitida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”

Por su parte, Vivian Hernández, senior de ECOS Chile, enumera los principales problemas que, de acuerdo a su experiencia, surgen durante la calificación de los PTE:

• Largos procesos de levantamiento de información de líneas de base, los que además suelen presentar falta de precisión, ya que en la mayoría de los casos no se logran obtener los permisos para acceder a la totalidad de los predios por donde se extenderá el proyecto. Esto provoca que se busque apoyo en antecedentes referenciales o de menor rigurosidad, sobre todo en aspectos asociados a los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, recursos naturales renovables y patrimonio cultural. “Tal inconveniente se suele resolver, durante la tramitación ambiental, con la obtención de los permisos a los accesos faltantes y ejecución de nuevas campañas que levanten información. Así se fortalecen los antecedentes, aunque en algunos casos se extrapola la información a las áreas donde definitivamente no se logra entrar”, revela la geógrafa.

Iván Honorato revela que el 88% de los proyectos de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones se han evaluado en el SEIA a través de una DIA.

Largos procesos de levantamiento de información de líneas de base están entre los principales problemas que deben enfrentar los titulares de proyectos, comenta Vivian Hernández.

Las empresas del rubro “deben tender, tras la firma del Acuerdo de Escazú, a generar mejores y más procesos de participación temprana”, asegura Javier Tapia.

• Falta de entendimiento de los proyectos por parte de las comunidades: por su extensión, abarcan usualmente más de una región, dificultando los procesos de participación ciudadana, cuyos plazos son acotados y complejos para el desarrollo y presentación de los PTE a todas las comunidades y grupos presentes en su área de influencia. Esto genera altos niveles de rechazo, toda vez que las personas no quieren líneas de alta tensión cerca de sus hogares. Para contrarrestar los inconvenientes, los titulares buscan difundir y ampliar los canales de información de las iniciativas, así como optimizar una parte del trazado a partir de las observaciones que levanta la ciudadanía. Lo anterior incide en los plazos de la evaluación y, en algunos casos, gatilla la presentación de compromisos ambientales voluntarios por parte de las empresas.

• Falta de análisis preventivos mediante prefactibilidades ambientales y sociales que permitan definir estratégicamente corredores o franjas. Esto impide reconocer todos los riesgos potenciales del proyecto, los que luego son relevados en el proceso de evaluación ambiental a través de las observaciones de las comunidades, lo que hace que el titular deba comprometerse a un número importante de compromisos y costos no considerados.

• Dificultad para definir los sectores donde se ejecutarán las medidas de compensación a causa de la gran extensión de los proyectos: muchas veces no se pueden realizar dentro de la misma franja de intervención, lo cual se va definiendo en la tramitación de los mismos y en el proceso iterativo y de consulta con los organismos administradores del Estado con competencia ambiental.

Superando Falencias

Iván Honorato pone de relieve que el 88% de los proyectos de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones que han pasado por el SEIA (541 de 610 a diciembre de 2022) se han evaluado a través de una DIA, “por lo que uno de los principales problemas que han presentado los procesos de evaluación es la falta de información precisa de las componentes que potencialmente pueden impactar los PTE. Esto ha hecho que los tiempos de tramitación, en algunos casos, sean más largos que otros, y que luego se presenten varias dificultades durante la construcción, las que han sido identificadas y relevadas por la Superintendencia del Medio Ambiente a través del inicio de procesos de fiscalización y sanción”

El ingeniero ambiental manifiesta, sin embargo, que hoy muchos desarrolladores de líneas de transmisión se están preocupando de definir varias alternativas para someterlas a una evaluación de riesgos preliminares, y de esta forma reducir incertidumbres en las etapas posteriores. “También se ha visto un interés en establecer contrapartes técnicas y legales en los procesos de evaluación ambiental (preparación de DIAs y EIAs) que desempeñen un rol de test de admisibilidad previa, para mejorar tanto el robustecimiento de la información a presentar como los tiempos de elaboración y tramitación de los procesos de evaluación de impacto ambiental”, afirma el experto de ECOS Chile.

Apoyo Experto

¿De qué manera las empresas consultoras desarrollan las capacidades necesarias para asesorar adecuadamente los PTE?

Carolina Giacaman responde asegurando que GAC “cuenta con un amplio equipo de profesionales altamente calificados, que abarca gran parte de los alcances requeridos para el desarrollo óptimo de la evaluación ambiental. Ellos son responsables de mantenerse al día de los criterios, metodologías y técnicas que permiten un adecuado asesoramiento a proyectos de diversa índole. Además, dispone de un área legal y un Comité Directivo de Proyectos, que sesiona sema- nalmente, los cuales contribuyen al resultado exitoso de su evaluación ambiental”

En el caso de ECOS Chile, Iván Honorato explica que “focalizarnos en la gestión del cumplimiento ambiental y social en toda la vida de un proyecto, desde que es una idea hasta su cierre, nos ha puesto la tarea de sistematizar, revisar y analizar los procesos de evaluación, fiscalización y sanción ambiental. Esto ha permitido fortalecer el conocimiento de nuestro equipo”

Resalta, asimismo, la expertis de los profesionales de la consultora en materia de evaluación y cumplimiento ambiental, “lo que nos permite tener una mirada objetiva, estratégica y sistémica de este tipo de proyectos. Así apoyamos a nuestros clientes en la identificación de riesgos y toma de decisiones, reduciendo las incertidumbres en los procesos de evaluación ambiental”

Javier Tapia, a nombre de Transmisoras de Chile, subraya que las consultoras “son nuestros socios estratégicos, una pieza central para el desarrollo adecuado de los proyectos. Mientras más unido, coherente y coordinado sea el trabajo entre la empresa y su respectivo consultor, más probabilidades habrá de tener una experiencia exitosa en la evaluación que se haga de un proyecto, tanto por parte de la autoridad como de las comunidades involucradas”

Enseguida comenta: “Actualmente, nos parece que hay bastante conocimiento, experiencia y seriedad dentro del mercado. Esperamos, por cierto, que la oferta se siga ampliando a futuro; que se diversifique y especialice más aún; y que la competencia genere más y mejores productos e innovación. Como industria, nuestro foco es contar y operar siempre con los estándares más altos posibles e ir empujando hacia una mejora continua”

Nuevos Desaf Os

¿Qué nuevos criterios o aspectos socio-ambientales se deberían considerar o reforzar en la evaluación de estos proyectos?

Carolina Giacaman ve necesario, primero, incluir la variable cambio climático en el diseño, “por ejemplo, desde la perspectiva de la seguridad de las instalaciones y respecto a la cantidad y estacionalidad óptima de esfuerzos de terreno para línea base de fauna”. Asimismo, espera “una mayor tecnificación de la evaluación ambiental, lo que obligará a los titulares y consultores a implementar nuevas metodologías y herramientas para robustecer tanto los estudios de caracterización ambiental como la evaluación de impacto ambiental de los proyectos”

Iván Honorato concuerda con la importancia de incorporar el factor cambio climático y reitera la necesidad de que las líneas de transmisión inicien su desarrollo mediante análisis de prefactibilidad ambiental y social, “para poder reconocer en base al análisis de una serie de información y criterios cuáles son las opciones de trazados que presentan menores niveles de riesgo ambiental y social”, sentencia. Además, plantea la relevancia de potenciar el análisis de variables sociales (mapa de actores), de conflictividad y potencial desarrollo poblacional.

4 Clasificaciones de líneas de transmisión existen en nuestro país de acuerdo a la Ley 20.936 del año 2016: nacional, zonal, polos de desarrollo y dedicados.

98% De la población que habita entre Arica y Chiloé es iluminada por la energía eléctrica que transporta Transelec, el principal proveedor de sistemas de alta tensión del país con 10.045 km. de líneas y 69 subestaciones de 500 kV y 220 kV.

Javier Tapia, junto con valorar el que se incluya la variable cambio climático en la evaluación, comenta que las empresas del sector deben tender, tras la firma del Acuerdo de Escazú, “a generar mejores y más procesos de participación temprana, velando porque las comunidades puedan conocer los alcances de los proyectos y estar permanentemente informadas sobre sus etapas”

En relación al Convenio 169 de la OIT, señala que si bien es un instrumento implementado hace una década por el sector privado, “aun nos desafía a entender las dinámicas sociales y culturales propias de los pueblos indígenas, las que no deben verse afectadas producto de la llegada de los proyectos de transmisión. También nos llama a analizar iniciativas que permitan una mejor convivencia de la infraestructura con las personas que viven en los territorios donde se instalan”

Por último, el ejecutivo considera fundamental que “la visión y los lineamientos que impone la autoridad ambiental sean incorporados en los procesos de licitación de obras. Las bases hoy no recogen estas variables y, por tanto, los plazos exigidos siguen sin conversar con los lineamientos ambientales”.

Miguel Ángel Astudillo Socio y Director de proyectos

La ruta de evaluación de proyectos

Chile presenta condiciones favorables en términos de “infraestructura administrativa de evaluación de proyectos”, sin embargo, durante los últimos 20 años, ha existido una brecha digital y procesal entre la evaluación ambiental y la evaluación sectorial de proyectos. Hoy, esta diferencia ha disminuido con la implementación de la Plataforma SUPER (Sistema Unificado de Permisos), herramienta lanzada en junio de 2019 por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), perteneciente al Ministerio de Economía. Este hito ha hecho posible, de forma paulatina, digitalizar los procesos de evaluación de algunos permisos sectoriales. Contar con una “Ruta de evaluación de proyectos” contribuye a incentivar y potenciar su ejecución. Hoy los tiempos de desarrollo permisológico y la obtención de los permisos ambientales y sectoriales de un proyecto mediano varían entre los 3 y 5 años en promedio, lo que hace que, sin duda, el concepto de “Ready to build”, sea una meta cada vez más compleja y difícil de alcanzar.

Como se mencionó anteriormente, la digitalización de los procesos de evaluación de los permisos sectoriales es un paso importante, pero no es suficiente. Existen otras variables no tecnológicas que permitirán contar con una “Ruta de evaluación de proyectos” de alto estándar. Entre éstas destacan la uniformidad de criterios y la definición de plazos reales de evaluación, por mencionar sólo aquellas demandas que históricamente han sido exigidas entre los usuarios de los sistemas.

Desde la vereda ambiental, también existe una discusión abierta respecto a las modificaciones que se deben implementar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Vincular la evaluación y opinión técnica de las OECAs (Órganos de la Administración del Estado con competencias ambientales) en las decisiones de las Comisiones de Evaluación Ambiental, es una tarea prácticamente ineludible, sobre todo, si el país quiere dar señales de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental.

La conclusión positiva de estas discusiones públicas y privadas permitirá avanzar hacia una “Ruta de alto estándar”, abriendo mayores oportunidades en el desarrollo y materialización de proyectos.

Durante 2022 hubo participación ciudadana en el 11% de los proyectos presentados al SEIA. Revisamos estrategias para elevar esa cifra y mejorar estos procesos.

Una de las condiciones fundamentales para el desarrollo sostenible de todo proyecto de inversión es contar con la denominada “licencia social”, lo que en términos simples significa lograr la aprobación de la comunidad con la que convive.

En ese contexto, los procesos de participación ciudadana (PAC) en las iniciativas que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) juegan un rol muy relevante.

A continuación, revisamos el alcance de este instrumento, así como algunas estrategias y acciones para ampliar y mejorar estos procesos.

Pac En Alza

De acuerdo a la Ley 19.300, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es el organismo encargado de coordinar el desarrollo adecuado de la PAC en el SEIA, lo que incluye el establecimiento de los mecanismos necesarios para asegurar que la comunidad tome parte de manera informada en los procesos de calificación de los estudios de impacto ambiental (EIA), y también de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) con carga ambiental en las que se solicite abrir espacio para la consulta pública.

¿Cuánto se ha avanzado en esta materia?

Juan Cristóbal Moscoso, Jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA, responde: “En los últimos años, han aumentado los niveles de participación en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Por ejemplo, durante 2022, hubo participación ciudadana (PAC) en el 11% de los proyectos presentados a evaluación en el SEIA. Esta cifra es mayor que los años anteriores donde, desde 2014 a 2021 en promedio, se realizó PAC en el 8% de los proyectos”

Esta evolución se puede apreciar en el gráfico adjunto.

Porcentaje de PAC en relación a proyectos al SEIA

Según el abogado, esta mejoría se podría explicar, en parte, por “la publicación del Instructivo PAC N° 202299102470, de fecha 2 de junio de 2022, el cual amplía la interpretación sobre cargas ambientales, lo que permite solicitar PAC en declaraciones de impacto ambiental (DIA), reconociendo una demanda creciente, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema”

En este escenario, se espera que el porcentaje de participación ciudadana en los proyectos de inversión siga al alza, para lo cual en el SEA ya se están preparando. “Durante enero de 2023, realizamos una reestructuración que implicó, entre otras cosas, crear un nuevo Departamento de Participación Ciudadana, Medio Humano y Consulta Indígena. Esto es un paso de transformación institucional muy importante, porque vamos a poder contar con profesiona- les dedicados, exclusivamente, para fortalecer estas instancias y cumplir con los estándares comprometidos por Chile al adherir al Acuerdo de Escazú, y su mejora continua dentro del SEIA”, comenta Moscoso.

En los últimos años, ha aumentado la PAC en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos, señala Juan Cristóbal Moscoso.

Añade que las principales funciones de dicho Departamento serán generar y mantener estadísticas de participación ciudadana y consulta indígena a nivel nacional, y velar por la adecuación de la gestión documental apegada a la normativa y de manera transparente. “Contar con estas estadísticas de participación más detalladas, nos permitirá diseñar e implementar mejores metodologías para realizar actividades acordes con las características de la comunidad”, explica.

CAPACITACIÓN, GUÍAS Y MÁS

Al fortalecimiento institucional mencionado anteriormente, el SEA suma estrategias y herramientas para fomentar la participación ciudadana.

En ese marco, uno de los lineamientos principales es la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú suscrito por Chile en 2022. Al respecto, una de las primeras acciones que adoptó el Servicio “fue realizar un diagnóstico para evaluar su incorporación en el SEIA junto con una encuesta en el servicio. Estos son insumos relevantes a la hora de tomar decisiones y poder llevar a cabo un plan de acción concreto para mejorar los estándares en la participación pública, acceso a la información y justicia ambiental”, dice Juan Cristóbal Moscoso. Agrega que ya se han dado pasos importantes para facilitar el acceso a la información, con el uso de algunas herramientas como las capacitaciones: “Durante 2022, se capacitaron más de 7.000 personas, a través de las plataformas del SEA y partimos el año 2023 con un buen pie, porque luego de la publicación de la ‘Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA’ hicimos, inmediatamente, dos capacitaciones iniciales, tanto a las y los funcionarios del servicio, como a la ciudadanía. En total participaron más de 1.000 personas”, detalla.

El especialista asegura que estas instancias permiten entregar insumos importantes para que titulares, consultores, organismos con competencia ambiental y la ciudadanía en general, sean parte activa de los procesos de la evaluación ambiental y de las instancias de participación ciudadana. “Esperamos seguir creciendo en esta línea de acción y, para lograrlo, por ejemplo, tendremos una oferta de alrededor de 13 cursos, a través de la plataforma elearning ‘SEA Capacita’ que incluye uno de consulta indígena en el SEIA”, acota.

Moscoso añade que, en paralelo, el Servicio está desarrollando dos guías: una con estándares para la participación ciudadana y otra para impulsar la participación anticipada de la comunidad en los proyectos que se presentan al SEIA. En relación a ello, recuerda de manera más general que “estamos recibiendo comentarios a las guías y documentos técnicos, a través de comentarios.documentos@sea.gob.cl, lo cual nutre nuestro quehacer, unificando criterios y actualizando estos documentos”

Luego concluye: “Estamos diseñando estrategias de participación acordes a las características de la ciudadanía y estamos enfocados en atender a la población en la temática, y prepararlo permanentemente para que domine la legislación pertinente (como el Acuerdo de Escazú), la normativa del Servicio de Evaluación Ambiental, así como las técnicas, metodologías y perspectivas adecuadas a aplicar en estos casos, entre otros aspectos.

El acercamiento temprano de la autoridad a las comunidades podría facilitar el proceso, sostiene Mónica Reyne.

En línea con el Acuerdo de Escazú, el SEA está diseñando estrategias de participación acordes a las características de cada comunidad.

“Además, durante la investigación de línea base en terreno hacemos capacitación a las comunidades de los mecanismos formales de participación. Del mismo modo, informamos a los clientes de los beneficios de la participación temprana, con tecnologías sociales adecuadas y abierta a la incorporación de los tópicos de consenso que se abren como oportunidades”, detalla.

Otra consultora conocedora del tema es Equilibrio Triangular, que reúne a profesionales que han gestionado más de 100 proyectos ante el SEIA con una calificación ambiental favorable. A partir de esa experiencia, su gerente general y socia directora, Mónica Reyne, no duda en señalar que la principal dificultad que han enfrentado con respecto a la PAC es “el desconocimiento de la comunidad respecto a los temas ambientales que se tratan en este tipo de consulta, su alcance y cómo deben participar. Muchas veces, la comunidad confunde este proceso con una negociación con el titular del proyecto para entregar solicitudes de diverso tipo, cuando en realidad, es una reunión informativa de difusión del proyecto, sus partes y obras, para colocar en antecedentes, aclarar dudas e informar, en el caso de una DIA, que no se afectarán aspectos ambientales del área de influencia del proyecto o, en el caso de un EIA, explicar el mismo alcance más los aspectos afectados y cómo el titular los compensará o mitigará” más vulnerable para que se sientan parte de este proceso, que tiene que ver con los estándares que exige Escazú. Por lo mismo, facilitaremos, anticipadamente, los cronogramas de participación, usando un lenguaje comprensible, simple y claro. Es decir, estamos haciendo los monitoreos y mejoramientos para garantizar una participación efectiva en la evaluación ambiental”

Dificultades Y Soluciones

Otros actores relevantes que pueden aportar al adecuado desarrollo de los procesos de participación ciudadana son las empresas consultoras que asesoran a los titulares de los proyectos que ingresan a evaluación ambiental.

Un ejemplo es Orbe Consultores, compañía con 30 años de experiencia y más de 200 proyectos aprobados en el SEIA, desde donde comentan las principales dificultades que han enfrentado en los procesos de consulta a las comunidades: “El desconocimiento por parte de los ciudadanos de los mecanismos institucionales, sus plazos e instancias formales. Las personas usan los medios locales, las redes sociales, asambleas y otros mecanismos para expresar sus preocupaciones e inquietudes. Muchas veces los procesos de evaluación ambiental terminan y las comunidades interpretan que aún no han comenzado el proceso de evaluación”, señala Javiera Luco, jefa del área de comunidades de la empresa.

Al mismo tiempo, advierte que los mandantes de los proyectos desconocen las oportunidades que abre para la legitimidad del negocio una participación oportuna y abierta al co-diseño y la participación efectiva de las comunidades. “Lo anterior lleva muchas veces a enfrentar los procesos de participación como un check list instrumental, en vez de una acción estratégica”, plantea.

La especialista comenta también que como la participación ciudadana no es vinculante y la data social, de tipo cualitativa (aunque científicamente producida), suele tener menor valoración que la data cuantitativa o exacta, muchas conclusiones de estos procesos son desechadas en perjuicio de los proyectos y las comunidades.

Javiera Luco indica que para intentar superar estas trabas y concretar una adecuada participación de las comunidades en dichos procesos, Orbe Consultores decidió tener un equipo interno de comunidades, especialista

¿Cómo abordar esta problemática? “Primero, lograr una coordinación y definir bien los objetivos de cada consulta junto al SEA, que son los responsables de convocar, organizar, dirigir y dar los contenidos para este tipo de consultas”, responde la ingeniera civil químico, con un diplomado en medio ambiente y conflictos ambientales. Agrega que la capacitación y/o acercamiento temprano de la autoridad a las comunidades también podría facilitar el proceso.

Luego, Mónica Reyne sostiene: “De acuerdo al conocimiento que hemos desarrollado en nuestros más de 25 años de experiencia en los procesos de tramitación ambiental, se trata de realizar una presentación más bien educativa del proceso en sí, lo más gráfica y visual posible, que introduzca los conceptos de forma simple y visual, de manera que el proyecto se explique por sí solo y a la vez se dejen establecidos y repasen los conceptos básicos, el alcance de la consulta, las definiciones y regulaciones del proceso de tramitación ambiental. De este modo, las personas que participan de la consulta se pueden ir capacitando y entendiendo mejor el proceso en que están involucrados y, al mismo tiempo, se pueden ir respondiendo sus dudas, incorporando sus observaciones y aportes. Todo ello facilita el diálogo, genera confianza y cercanía, y permite colocar el foco en el tema ambiental y su tramitación”

Desde el SEA, Juan Cristóbal Moscoso plantea que más que dificultades, existen múltiples desafíos para seguir avanzando. Según señala, esto parte por dejar de ver la participación ciudadana solo como una etapa y entenderla más bien “como un proceso que debe generar espacios de diálogo, transparentes, con información accesible e inclusiva y considerando la perspectiva de género, de manera de implementar de forma gradual, pero sostenida el Acuerdo de Escazú en Chile”

También considera necesario preguntarse cuánto tiempo nos vamos a demorar en cumplir con esos estándares. Y en relación a eso, concluye: “Para responder a dichos desafíos, estamos mejorando la diversidad de herramientas que tenemos como SEA. Por ejemplo, estamos actualizando plataformas electrónicas, revisando procedimientos de procesos participativos, y fijándonos fechas concretas y realistas para, por una parte, cumplir con la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú y, por otra parte, entregar certeza jurídica y técnica dentro del SEIA. Como he señalado en otras oportunidades, la implementación del Acuerdo de Escazú debe ser progresiva y debemos avanzar paso a paso, responsablemente, y, al mismo tiempo, sin retroceder en los estándares de derechos humanos a los que nos hemos comprometido”

Felipe A. Larraín Director Asociado de Investigación del Centro de Transición Energética Universidad Adolfo Ibáñez

Innovar reduciendo emisiones de CO2 en Chile

La realidad nos indica que no dejaremos de emitir CO2 en el corto ni mediano plazo, lo que nos exige implementar medidas que compensen esas emisiones de manera costoefectiva para provocar el impacto deseado. ¿Cómo hacerlo?

Para responder aquello, lo primero es saber cuántas emisiones debemos compensar. Según la comunidad científica, el calentamiento global no excedería los 1,5 °C si se emiten, como máximo, 510 giga toneladas de CO2 adicionales (1 giga tonelada son mil millones de toneladas). Si en vez de 1,5 °C permitimos que la Tierra se caliente hasta 2 °C, el número se incrementa a 890 giga toneladas. ¿Podemos respetar estos límites en el tránsito a las cero emisiones netas? Difícil.

Consideremos por un momento sólo la operación –hasta el final de su vida útil– de la infraestructura actual basada en combustibles fósiles. Esta infraestructura emitiría 660 giga toneladas de CO2. Si sumamos toda la infraestructura comparable en construcción, aprobada y en planificación, las emisiones totales se incrementarían a 850 giga toneladas. Es decir: no tenemos presupuesto para emisiones adicionales de CO2

¿Será que las consecuencias de la crisis climática no son tan catastróficas?

El calentamiento global de hasta 1,5 °C en las próximas décadas acarreará un incremento en la frecuencia, severidad y duración de eventos climáticos extremos. Chile se enfrentará a crecientes riesgos en seguridad hídrica y alimentaria debido a sequías extremas y degradación de ecosistemas costeros. Esto sin contar los daños por inundaciones, aluviones, erosión costera, etc.

En este panorama, ¿podemos generar valor económico y, al mismo tiempo, reducir emisiones? Chile es responsable de alrededor del 0,3% de las emisiones globales, pero es líder regional en acción climática. Adhirió al Acuerdo de París, se comprometió a reducir emisiones de CO2 con la ONU y está clasificado por dicha organización entre los 20 primeros en el indicador de “protección del clima”. Esto nos pone en buen pie para ejecutar acciones que crean muchísimo valor.

Acciones de mitigación que cuestan 100 dólares/tonelada o menos pueden reducir la mitad de las emisiones de efecto invernadero al 2030. De hecho, medidas que cuestan 20 dólares/tonelada o menos representan más de la mitad de dicho potencial, y su implementación suele generar ahorros. Ejemplos son la implementación de energía solar fotovoltaica y eólica en gran escala, medidas de eficiencia energética y otras similares.

La innovación no se queda atrás. El uso de combustibles limpios, ya sea hidrógeno verde o hidrocarburos sintéticos, podría reducir las emisiones en hasta 2 giga toneladas por año, a partir del 2030, con precios competitivos en el mediano y largo plazo. Considerando la envergadura de la tarea y el potencial de creación de valor, desde el Centro de Transición Energética de la U. Adolfo Ibáñez les invitamos a explorar ideas disruptivas y atreverse a innovar.

Revisamos cómo está en Chile la formación y desarrollo de capacidades para comprender y enfrentar adecuadamente el cambio climático y sus efectos.

Mujeres y hombres; adolescentes, de mediana edad y ancianos; de Estados Unidos, Australia, España, Argentina, Japón… Una gran mayoría de los habitantes del mundo opina igual: el cambio climático es una emergencia global y, por lo tanto, se debe enfrentar con medidas urgentes y efectivas.

Así lo reflejó una mega encuesta, que consultó a 1,22 millones de personas en 50 países, realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford en 2020.

En Chile, la percepción de los entendidos y de aquellos que no saben tanto del tema es similar, aunque no hay datos concretos respecto a la comprensión que se tiene del problema y sus consecuencias. En ese escenario, cabe preguntarse, ¿cuánto se ha avanzado en la formación y desarrollo de capacidades, principalmente en la educación superior, para entender y enfrentar adecuadamente al cambio climático y sus efectos?

A juicio de Macarena Salinas, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, el progreso es muy limitado, ya que “si bien existen programas de postítulo, como aquellos vinculados a temas de energía, estas iniciativas son escasas y están orientadas a la mitigación del cam- bio climático, por lo que es importante avanzar más y poner especial foco en la adaptación. En los programas de pregrado se han comenzado a impartir asignaturas sobre este fenómeno, pero los esfuerzos son aún insuficientes. En todas las carreras se debería incorporar información de este tipo, puesto que el cambio climático es un problema que afecta e involucra a todas las profesiones”

Cristian Salas, director del Centro de Cambio Global UC, valora que a nivel de pregrado se observen avances en la formación en esta materia, “con mayor oferta y énfasis en carreras con un enfoque más interdisciplinario para entender los desafíos y buscar soluciones para enfrentar el cambio climático”.

En un análisis global, Francisco Urquiza, presidente de la Red Campus Sustentable (RED) y académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica (PUC), resalta “los múltiples esfuerzos que buscan formar a nuevas generaciones con nociones esenciales de sustentabilidad, con el cambio climático como contenido ineludible. En ese sentido, sobresalen iniciativas como el curso sobre cambio climático, uno de los más antiguos del país, que han impartido académicos del Centro de Cambio Global UC a miles de alumnos. En la Universidad Tecnológica Metropolitana hay avances similares, incorporando el tema en su modelo educativo a través de un curso mínimo, además de un Magíster en Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático. Y a nivel de educación continua ya son varias las instituciones que han creado diplomados que abordan este fenómeno, lo que da cuenta de un interés creciente y una oferta

Nfasis Y Herramientas

Respecto a los aspectos de la formación en que se debiera poner énfasis en las instancias de capacitación en esta área, Rocío Riveros, Vicepresidenta de la RED y coordinadora del

Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Educación Superior Sustentable” en la Universidad de la Frontera, plantea tres aspectos clave:

• Se debe hacer entender la gravedad de la emergencia climática en base a la evidencia científica, reconociendo las principales fuentes de emisiones, las posibilidades de mitigación y los impactos socio-ecológicos que se generarán inevitablemente, así como aquellos que pueden aún evitarse con una respuesta adecuada de la sociedad. “Un tema clave es el pensamiento sistémico para abordar la complejidad socio-ecológica del problema. En este sentido, la herramienta Endroads es muy interesante para entender y proyectar los escenarios climáticos que vienen y como éstos se relacionan a distintas estrategias que podemos promover como sociedad”, expone.

• Hay que centrarse en las dificultades socioeconómicas, políticas y culturales que han impedido hasta ahora articular respuestas adecuadas en escala y pertinentes a distintos contextos, para orientarnos hacia una sociedad carbono neutral. También es fundamental abordar en conjunto los desafíos de desigualdad y pobreza, los cuales son determinantes para dar la estabilidad institucional que demanda la transición a una sociedad carbono neutral.

• Proveer herramientas para dilucidar de qué forma cada institución y las personas pueden contribuir a avanzar hacia una sociedad carbono neutral, que sea simultáneamente más justa y equitativa.

Por su parte, Anahí Urquiza, también investigadora del CR2, afirma que las iniciativas de formación deberían centrarse en las consecuencias del cambio climático, que ya son visibles en la actualidad, para luego comprender los escenarios

Ejemplos de diplomados y magister sobre cambio climático

Centro de Educación Superior Nombre

Universidad Adventista de Chile Diplomado en Educación Ambiental para el Cambio Climático

Universidad Adolfo Ibáñez Diplomado en Hidrología e Impactos del Cambio Climático

Universidad Alberto Hurtado Diplomado en Cambio Climático

Universidad Católica de Valparaíso Diplomado en Acción Climática

Universidad de Chile Diplomado en Cambio Climático y Desarrollo Bajo en Carbono

Universidad de Chile Diplomado en Cambio Climático y Gestión Local Universidad de Concepción Diplomado en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Silvoagropecuario

Instituto del Medio Ambiente Diplomado en Cambio Climático, Marco Normativo y Planes de Acción Comunal

Universidad de La Frontera Diplomado en Cambio climático y Redd+ Universidad Tecnológica Metropolitana Magíster en Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio climático

Universidad Viña del Mar Diplomado en Mitigación y Adaptación al Cambio climático proyectados al corto, mediano y largo plazo. Agrega: “Se deben establecer, asimismo, sinergias entre estos temas y la formación de profesionales, de manera que cada estudiante pueda comprender cuáles son las consecuencias que traerá el cambio climático en su quehacer profesional. Y se deben entregar herramientas que contribuyan a que los profesionales desarrollen un pensamiento crítico, colaborativo, con capacidad de trabajar colectivamente y de adaptarse a contextos de incertidumbre”

Nota: Algunos de estos programas aún no confirman su realización durante el 2023.

39 Instituciones de educación superior agrupa la Red Campus Sustentable, cuyo objetivo mayor es la promoción de la sustentabilidad en la educación superior.

La experta releva, además, la importancia de generar competencias para que los estudiantes desarrollen capacidades en la interpretación de documentos científicos y contribuyan a la disminución de las brechas de desigualdad y del riego de desastres, entre otros aspectos.

Para Cristian Salas, en tanto, “hay que poner énfasis en el enfoque interdisciplinario para enfrentar la problemática del cambio climático. La formación debe tener un componente de ciencias básicas, ciencias sociales y aspectos económicos-financieros. Se deben entregar conocimientos adaptados al segmento de la población que se quiere capacitar, ya que el nivel de profundidad en contenidos requerido para una carrera de pregrado o un magíster es distinto que para un diplomado, que está pensado para personas que trabajan en una empresa, por ejemplo”

Ejemplos De Iniciativas

Si de resaltar iniciativas de formación se trata, en el (CR)2 mencionan el Diplomado en Cambio Climático y Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono, “el cual constituye un hito en temas de mitigación y adaptación a este fenómeno, ya que anteriormente no existía ningún programa que capacitara en estos asuntos. Alrededor de 100 personas de los sectores público y privado lo han cursado, y este año se impartirá su séptima versión”, revela Macarena Salinas.

Añade que el Centro también ofrece una escuela de verano, cuyo foco son los estudiantes de magíster, doctorado y postdoctorado que comienzan su carrera científica, así como también investigadores y profesionales con experiencia e interés en las temáticas que trate la escuela, las cuales van cambiando cada año.

En la Universidad de Chile, los investigadores del CR2 realizan cursos de cambio climático y guían tesis de estudiantes de pre y posgrado de diversas carreras. También se dicta el curso de formación general “Cambio Climático y Sustentabilidad”, que cualquier estudiante de pregrado puede tomar.

El mismo CR2 forma parte de la iniciativa UAbierta de la Casa de Bello, la cual ofrece un curso de cambio climático de manera gratuita, abierto a todo público y en formato virtual. Lo han completado ya más de 8.500 personas.

También ha realizado capacitaciones enfocadas en organismos públicos y ha entregado herramientas para fortalecer capacidades en la implementación de la Estrategia Climática de Largo Plazo, entre otras iniciativas.

A su vez, el Centro de Cambio Global UC dicta desde el año 2010 el Curso Interdisciplinario sobre Cambio Climático, dirigido a alumnos de pregrado de la PUC. “Aborda las causas de la problemática y sus efectos e impactos en el largo y corto plazo. Tiene una mirada desde distintas disciplinas y sectores, poniendo énfasis en el rol de cada una de éstas, las maneras de mitigar los efectos y causas del fenómeno, y en las posibles medidas de adaptación al mismo”, detalla Cristian Salas.

Tomando como base la experiencia recogida en el curso, el Centro publicó el libro “Cambio Climático en Chile, Ciencia, Mitigación y Adaptación”. Además, pretende impartir próximamente un diplomado sobre el tema.

También dentro de la PUC, la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales busca “formar profesionales capaces de desarrollar análisis de impactos y adaptación al cambio climático, seleccionar acciones de mitigación que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evaluar el desempeño de la sustentabilidad de un sistema basado en recursos naturales, considerando aspectos sociales, económicos y ambientales”, especifica el especialista.

Aparte de las instancias formales de capacitación existentes, Salas valora aquellas que se ofrecen durante el desarrollo e implementación de políticas públicas vinculadas al cambio climático. Además, pone de relieve todas las actividades de difusión más informales, como seminarios, charlas o entrevistas “que contribuyen a levantar y orientar inquietudes sobre este tema”, asegura.

Comunidad Y Docentes

Desde su vereda, la Red Campus Sustentable busca incentivar a las instituciones socias a generar instancias de formación para toda su comunidad, poniendo el foco en la integración de la sustentabilidad a los planes de estudio.

En ese sentido, Francisco Urquiza cree que este proceso formativo debe abarcar a los docentes, administrativos y profesionales que son parte de las casas de estudio. “Por eso realizamos actividades de vinculación con el medio asociadas a sustentabilidad, incorporando temas de perspectiva de género, inclusión y trabajo justo”, resalta.

Otra iniciativa destacada de la RED, en colaboración con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, es el segundo Acuerdo de Producción Limpia: Educación Superior Sustentable, que al año 2024 permitirá que 29 establecimientos de educación superior implementen cursos transversales de sustentabilidad para los alumnos nuevos, así como cursos y capacitaciones para académicos y colaboradores.