Memoria Seminario Taller Administración Pública y Gestión Migratoria by Instituto Nacional de Migración (INM RD)

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

Instituto Nacional de Migración INM RD

“Año del Fomento de la Vivienda”

MEMORIA Seminario-Taller Administración

Pública

y Gestión

Migratoria UNA VISIÓN DE FUTURO

Con el auspicio de

PUCMM Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Santo Domingo 18

20 Noviembre 2015

Ministerio de Interior y Policía

Instituto Nacional de Migración INM RD

Memoria Seminario Taller Administración Pública y Gestión Migratoria: Una visión de futuro Santo Domingo: Instituto Nacional de Migración, 2016 56 p.

Edición a cargo:

División Relaciones Internacionales División de Comunicaciones Diagramación:

Pía Menicucci & Asosc. Imágenes: AC Video

Impresión: Egraf

Las opiniones expresadas por los expositores

no necesariamente reflejan la posición del Instituto Nacional de Migración.

ÍNDICE GENERAL PRESENTACIÓN.....................................................................................................................................................1 INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD...................................................................................................................3 TEMÁTICA Y SESIONES.......................................................................................................................................7 ¿Qué elementos debemos considerar para diseñar y gestionar una política migratoria de futuro?............................8 Módulo I: Regulación de las migraciones Regímenes migratorios y políticas de inmigración...................................................................................................11 Hacia un sistema migratorio iberoamericano: Algunos avances..............................................................................13 Sociedades inclusivas: ¿Qué son y cómo se construyen?.........................................................................................14 Módulo II: Nuevos modelos de gestión pública y mejora de la gobernanza en las políticas migratorias Propuestas de innovación pública.............................................................................................................................16 Módulo III: Estudio comparado de políticas migratorias: Modelos regionales Cambio de paradigma normativo en México 2011: Política de protección de derechos de las personas migrantes en zonas fronterizas.................................................18 Política de integración de migrantes y refugiados en Costa Rica: Nuevo marco normativo de 2010......................20 Módulo IV: El accionar del estado en relación a la migración en República Dominicana Una visión integral de la política migratoria desde la perspectiva de desarrollo sostenible.....................................22 Módulo V: La gestión de la migración en República Dominicana: Lecciones aprendidas y perspectivas de futuro Política migratoria dominicana después del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular: ¿Hacia dónde nos dirigimos?.........................................25 Políticas públicas para los dominicanos/as en el exterior.........................................................................................27 Contexto político e institucional del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y la Ley 169-14.................28 Elementos de discusión en torno al PNRE: Desafíos futuros y sostenibilidad.........................................................31 Debate .....................................................................................................................................................................34 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................................................35 Conclusiones ............................................................................................................................................................36 Recomendaciones ....................................................................................................................................................39 ANEXOS .............................................................................................................................................................43

PRESENTACIÓN

“El primer paso no te lleva donde quieres, pero te saca de donde estás” Anónimo1

Ilustrativa cita introducida por un participantes durante uno de los debates de la actividad.

En su primer año de funcionamiento, en el marco de su mandato y compromiso, el Instituto Nacional de Migración (INM RD) hizo posible la celebración de un evento innovador en la gestión pública y el manejo de la migración en la República Dominicana: el Seminario-Taller Administración Pública y Gestión Migratoria: Una visión de futuro. Éste tuvo lugar en Santo Domingo los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2015. El seminario-taller tuvo como objetivo principal generar un espacio de diálogo sobre la compleja situación de la migración en nuestro país, misma que comparten muchos otros en la región y a nivel global. Este espacio pretendía generar recomendaciones basadas en la experiencia de los participantes, informadas por las mejores prácticas regionales e internacionales para orientar a las autoridades en el establecimiento e implementación de políticas públicas sobre el control de flujos, así como la recepción e integración socio-económica de la población migrante, que favorezcan el desarrollo y la cohesión social y garanticen los derechos humanos de las personas migrantes. Se incluyeron en la discusión análisis conceptuales de vanguardia, buenas prácticas regionales y las medidas de política migratoria tomadas recientemente por el Estado dominicano. En el diálogo participaron ponentes y panelistas, expertas/os y académicas/os nacionales e internacionales, todos especialistas en temas de migración, así como un nutrido grupo de representantes de entidades públicas vinculadas con la gestión migratoria. También participaron representantes de la sociedad civil organizada, al igual que académicas/os nacionales vinculados con población migrante y la gestión migratoria. Su activa y comprometida participación permitió que la actividad cumpliera con los objetivos trazados; así, se generó un espacio de discusión que se ampliará a través de próximas actividades académicas y estudios migratorios que permitan al INM RD dar seguimiento a las recomendaciones planteadas. Finalmente, quiero agradecer a las autoridades del gobierno, a los participantes y a los colaboradores de este evento. En particular, a los honorables miembros de la mesa principal representantes de la Presidencia; de los Ministerios de Interior y Policía, Administración Pública, Relaciones Exteriores, Economía, Planificación y Desarrollo. Quiero también agradecer a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMyM) por darnos acogida en su recinto para la celebración de la actividad. A la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por su coauspicio y compromiso de apoyo al INM.. De la misma manera, agradezco a las/los expertas/os académica/os nacionales e internacionales, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos con las/los participantes (funcionarias/os públicos, académicas/os y miembros de las ONG especializadas en la materia). Sus aportaciones nos enriquecieron y estimularon para continuar en este proceso de modernización de la gestión migratoria en la República Dominicana.

Florinda Rojas Rodríguez Directora Ejecutiva Instituto Nacional de Migración República Dominicana

INTRODUCCIÃ&#x201C;N A LA ACTIVIDAD

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Mesa principal del Acto Inaugural: Lic. Elso Segura, viceministro de Servicios Públicos del Ministerio de Administración Pública; Lic. Luis Fernández, viceministro para Naturalización y Migración del Ministerio del Interior y Policía; Dr. Ricardo García Vegas, investigador Universidad Rey Juan Carlos; Dra. Florinda Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración; Lic. Nelly Pérez, viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores; Lic. Henry Molina, viceministro de la Presidencia de la República; Luciana Mermet, representante del PNUD; Jorge Baca Vaughan, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones.

La Ley General de Migración y su reglamento asignan al Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD) la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones sobre las causas, consecuencias e impacto económico, político, social y cultural de las migraciones en la República Dominicana, así como la organización y programación de actividades técnicas nacionales e internacionales sobre la materia migratoria. Asimismo, se dispone que para la preparación, diseño, promoción y ejecución de estudios sobre las migraciones desde y hacia la República Dominicana, el INM RD será el órgano de enlace con instituciones académicas nacionales e internacionales para el estudio de la materia migratoria. En ese contexto se organizó el presente seminario-taller.

La actividad fue organizada con el objeto de dar cumplimiento al mandato del INM RD, el cual se inserta, como toda la acción estatal, en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) contenida en la Ley Orgánica No. 1-12. La misma establece en su segundo objetivo que se deben ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional, decretando en sus objetivos específicos reordenar y modernizar el marco legal e institucional, asegurando que sea compatible con las mejores prácticas internacionales y con el respeto a los derechos de la población migrante. Todo ello con fines de fortalecer el sistema de registro, gestión y control de los flujos migratorios; regularizar, conforme a las disposiciones legales, la situación de la población extranjera que se encuentre en condiciones de irregularidad o no autorizada en el país; establecer un sistema de cuotas y/o incentivos para permiso temporal o de residencia, que defina la cantidad de inmigrantes requeridos según las demandas del desarrollo nacional; fortalecer mecanismos eficaces de prevención y sanción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, estableciendo sistemas integrales de atención a las víctimas, especialmente para la niñez y la adolescencia; alinear los cuerpos y órganos del orden público con el marco jurídico existente para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y asegurar el respeto a los derechos humanos de la población inmigrante y su protección frente a toda forma de violencia. El INM RD se propuso los siguientes objetivos a través de esta actividad: a) contribuir a un análisis académico de alto nivel sobre los modelos de gestión migratoria desde la óptica de la administración del Estado con una perspectiva integral, de coherencia e integralidad de las políticas públicas y su implementación en relación a la población migrante; b) otorgar a las personas participantes las herramientas que contribuyan a afrontar los desafíos que el manejo del tema puede plantear de una manera eficaz, moderna, responsable y eficiente; c) entender la migración como un factor de desarrollo económico y social; y d) fomentar el manejo ordenado de los flujos con base en las necesidades del país en un marco de irrestricto respecto a los derechos humanos, las buenas prácticas y las normas internacionales sobre el fenómeno. Teniendo en cuenta que la República Dominicana es un país emisor, receptor, de tránsito y de retorno de migrantes, la temática del seminario-taller trató de orientarse a estas características que definen el sistema migratorio dominicano. El mismo taller inició con una aproximación a temas de innovación en la gestión pública, a marcos conceptuales presentes en los debates académicos internacionales sobre políticas migratorias, continuó con iniciativas regionales de gestión del fenómeno y terminó con un diálogo sobre nuestra experiencia como país.

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TEMÁTICA Y SESIONES

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Los funcionarios participantes en el acto inaugural, tanto del Estado dominicano como de los organismos internacionales que acompañaron, reconocieron la importancia, relevancia y oportunidad de este seminario, en momentos en los cuales el país se encuentra en un proceso de reordenamiento de su política migratoria. Se resaltó que el manejo adecuado de las migraciones no es tarea sencilla, pues se enmarca en una realidad mundial muy compleja, que recibe de parte de los Estados respuestas mixtas y muchas veces poco comprensibles. Se destacó que existen en la actualidad más de 250 millones de migrantes internacionales, lo que constituye un 3% de la población mundial. De éstos, un estimado de dos millones son ciudadanas/os dominicanas/os que residen en el exterior, lo que constituye aproximadamente el 16% de nuestra población.

¿Qué elementos debemos considerar para diseñar y gestionar una política migratoria de futuro? Durante la conferencia magistral titulada “Administración pública y gestión migratoria: desafíos, oportunidades y tendencias”, el Dr. Ricardo García-Vegas brindó una perspectiva comparada de diferentes políticas públicas en el manejo de migraciones, en un contexto de nuevos desafíos marcados. Indicó, por ejemplo, que el 66% de la población mundial será de carácter urbano para el año 2050. Es por ello que los gobernantes deben tener en cuenta que toda acción y decisión en materia de políticas públicas genera consecuencias a largo plazo para el conjunto de la población. La incapacidad de muchos gobiernos de atender crisis de distinto orden, ya sea social, económico o político, ha generado una gran pérdida de la confianza pública en los gobiernos. Lo anterior puede tener como consecuencia que los ciudadanos se posicionen al margen del sistema político. En el marco específico de la migración, la gestión pública afronta importantes desafíos caracterizados por flujos multidireccionales. El tema migratorio presenta características complejas, dinámicas y diversas, por lo que una buena gestión migratoria requiere de un enfoque colaborativo entre todas las instituciones y actores involucrados y/o responsables. Además, lo que debe

permear en el diseño de toda política migratoria es el papel del Estado como ente regulador, cuya función principal en la gestión y puesta en marcha de tales políticas es la protección de los derechos de la ciudadanía y de los individuos bajo su jurisdicción. En el manejo de políticas públicas, se ha identificado una variable que juega un papel predominante en la efectividad y eficiencia de la administración: a más democracia, mayor conocimiento y mayor uso de nuevas tecnologías. La administración pública es el ente llamado a desarrollar las capacidades de todas/os las/os actoras/es que, de acuerdo a sus posibilidades y roles, puedan promover la transformación de las relaciones sociales.

migrantes en todos los aspectos de la vida comunitaria son claves.

En cuanto a la región, más de 30 millones de latinoamericanos viven fuera de sus países, lo que equivale al 5.2% de la población total. La mayor parte de ellos reside en los Estados Unidos; en segundo lugar, la migración latinoamericana se produce entre países de la región. Es responsabilidad de todas/os hacer que estos enormes flujos de personas contribuyan al desarrollo de los países involucrados, tanto el de origen como el de destino y, en muchos casos, los de tránsito. Para ello, las políticas de integración de las/os

• Liderar una visión y un marco común, en el que la migración contribuya al desarrollo, con absoluto respeto de los derechos humanos y otorgando justo valor a las percepciones, las cuales deben afrontarse conscientemente.

Se constató que el Estado no es el único actor en la gestión del fenómeno. Sólo es posible poner en marcha políticas migratorias si se desarrollan capacidades de gobernanza, dentro de un modelo que contenga un marco estratégico, un modelo de organización y recursos humanos adecuados, que realice gestión del entorno y que tienda a la construcción de redes que permitan conectarse con otros. Es posible innovar, siempre y cuando el Estado logre:

•

Promover la participación tanto de las/os ciudadana/os dominicana/os como de las/os inmigrantes.

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Establecer mecanismos institucionales que fomenten la colaboración entre todos los actores involucrados con la temática migratoria.

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Apoyar la capacidad organizativa de las redes sociales, reconociendo que la sociedad civil es un actor clave en el proceso.

•

Contar con sistemas de medición de impacto y establecer canales adecuados para compartir información.

Según el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), los elementos esenciales que debe contener toda política pública en el siglo XXI son la gestión por resultados, orientación al ciudadano, transparencia activa, gobierno electrónico y participación ciudadana. En consecuencia, según esta doctrina, los mayores desafíos que debe enfrentar una política migratoria son: que sea gestionada de acuerdo a parámetros de transparencia y modernidad; que contribuya al desarrollo social y económico, y que garantice una efectiva participación de la ciudadanía.

Módulo I Regulación de las migraciones Regímenes migratorios y políticas de inmigración La conferencia a cargo del Dr. Joaquín Arango Vila-Belda se orientó a un análisis comparativo de los sistemas migratorios a nivel global, seguida de un análisis de la perspectiva latinoamericana presentada por el Dr. Joaquín Eguren. Arango Vila-Belda establece que la promulgación y puesta en marcha de políticas de inmigración han proliferado en las últimas décadas, en respuesta a la creciente importancia que se atribuye al fenómeno de la migración. Los más recientes intentos se enfocan no sólo en la regularización de flujos, esto es, la admisión y control de poblaciones migrantes, sino que prestan gran importancia a la integración de la población inmigrante en la sociedad receptora, incluyendo la eventual adquisición de la ciudadanía. A pesar de las peculiaridades propias de cada país y región, se pueden identificar “tipos ideales” o “familias” de políticas migratorias, entendiendo como tales al conjunto de normas, políticas y prácticas mediante las cuales el Estado trata de regular los flujos migratorios y sus implicaciones. Las dos principales variables de esta ecuación son, por un lado, las orientaciones y actitudes sociales hacia la migración y hacia la/el inmigrante, y por el otro, el modo en el cual el Estado se relaciona con la inmigración y trata de moldearla. Estas dos variables se reflejan en la naturaleza del sistema político del país, es decir, si se trata de un gobierno en democracia o autoritario. Mayoritariamente, los gobiernos democráticos reconocen derechos y definen obligaciones de forma amplia a sus ciudadanas/os, mientras que los gobiernos autocráticos reconocen derechos limitados, tanto a sus propias/os ciudadanas/os como a la población extranjera. Por otro lado, se analiza la variable de las actitudes sociales hacia la inmigración y la/el inmigrante, es decir, si éstas son abiertas o cerradas. Muchas veces estas actitudes son tributarias de la historia y de cómo la migración ha definido, a través del tiempo, la “personalidad social” de la nación.

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La combinación de estas dos variables da como resultado los grandes tipos de políticas migratorias: 1. Aquellas en que se conceden amplios derechos y existe alta aceptación social de los inmigrantes, lo que constituye el modelo post-clásico. Estas son las democracias desarrolladas del grupo de Estados Unidos, Australasia o Canadá donde la inmigración es una faceta natural del paisaje social e incluso fundacional del mismo. Estos países se caracterizan por políticas de admisión amplias de inmigrantes, aunque de forma controlada y selectiva. Funcionan con base en objetivos numéricos anuales, por lo que la inmigración deviene en un proceso permanente. La naturalización es facilitada y es desvinculada del mercado de trabajo, que está por sí sólo preparado para absorber la inmigración, también apoyada por extensos vínculos familiares. 2. Los países exportadores de petróleo del Golfo Pérsico se caracterizan por el modelo de “contract labor”. Estos países están encabezados por monarquías fuertemente autocráticas y son receptores de excepcionales números

de inmigrantes, aunque la admisión es mayoritariamente limitada a trabajadoras/es temporales reclutadas/os en los países de origen. Existe un rechazo radical de la incorporación de las/los inmigrantes en la sociedad y a la naturalización; la temporalidad se implementa drásticamente. 3. Un tercer grupo representado por Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong-Kong, Malasia y Tailandia son países en que existen fuertes, aunque variables, reticencias a la admisión de inmigrantes y a su plena incorporación. Las tasas de inmigración son bajas y tienen una clara preferencia por inmigrantes temporales con el modelo “contract labor”, donde impera una legislación que contiene importantes limitaciones de derechos e importantes obstáculos a la naturalización. La inmigración humanitaria es mínima o nula. En general, en Asia Oriental encontramos que la inmigración se regula según consideraciones económicas y los números son exiguos. En Japón se impuso el Nikeijin que favoreció la inmigración de brasileñas/os y peruanas/os de ascendencia nipona.

Hacia un sistema migratorio iberoamericano: Algunos avances El Dr. Eguren inició su presentación definiendo lo que entiende por sistema migratorio, para después abordar el tema de sistema migratorio iberoamericano. Siguiendo a Oliver Bakewell (2013) Eguren define el sistema migratorio como un conjunto de elementos interactuantes, incluyendo flujos de personas, ideas y bienes, instituciones en el sentido de discursos y prácticas asociadas (por ejemplo, “cultura de la migración”), tráfico de personas y desigualdad. A éstos, se suman estrategias tales como los planes para la acción por agentes particulares, por ejemplo, estrategias individuales y familiares; políticas de los gobiernos, negocios privados y las organizaciones de la sociedad civil, las cuales relacionan a la migración entre localidades. Por último se encuentra la dinámica que gobierna la manera en que los flujos, instituciones y estrategias varían en relación a los cambios del sistema (mecanismos de retroalimentación) así como del contexto más amplio. En cuanto a la posibilidad de un sistema migratorio común iberoamericano, el Dr. Eguren expuso que se ha ido gestando, a través de políticas migratorias específicas, un sistema relativamente organizado y consensuado en la región. Abarca distintos niveles, desde el nivel micro o nacional, hasta el nivel macro-regional del espacio iberoamericano. Han existido importantes progresos en el avance hacia la creación de un sistema iberoamericano, como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS) firmado por la Comunidad Iberoamericana de Naciones y auspiciado por la Secretaría General Iberoamericana en el año 2011, que proporciona el reconocimiento de derechos de las/os trabajadoras/es migrantes en el espacio iberoamericano2. Por otro lado se está avanzado en la región del MERCOSUR en la creación de un espacio de libre circulación de ciudadanas/os y trabajadoras/es similar al modelo europeo de integración regional. Para ello, se ha puesto en marcha el Acuerdo de Regularización Migratoria Interna del Mercosur y el Acuerdo de Residencia para los Nacionales de Estados Partes. Sin embargo es necesario aún avanzar en temas tan relevantes como la creación de un sistema unificado estadístico sobre los flujos migratorios y la unificación de criterios para el reconocimiento de los estudios y competencias profesionales de la población migrante. 2 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, ver http://www.bps.gub.uy/bps/file/1459/1/convenio-iberoamericano-deseguridad-social-y-convenio-de-cooperacion-de-seguridad-social.pdf; http://www.oiss.org/IMG/pdf/BIOISS_ESPECIAL_Noviembre_1-3.pdf, entrada en vigor el 1 de mayo de 2011.

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El Dr. Eguren plantea que sería necesario avanzar hacia una gestión de las migraciones en las fronteras a nivel iberoamericano, para garantizar el respeto a los derechos humanos para las poblaciones que las cruzan. Indica que cuando se ha avanzado en este tema ha sido a nivel “meso”, entre dos o tres países, pero es necesaria una estrategia “macro”, a nivel regional, para resolver, por ejemplo, los asuntos relacionados con violaciones a los derechos humanos de los migrantes que cruzan las fronteras terrestres en la región. La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene una sensibilidad muy marcada en materia de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido muy vigilante del tema, lo cual es un paso adelante para fijar pautas regulatorias a nivel regional.

Sociedades inclusivas: ¿Qué son y cómo se construyen? El experto internacional Daniel de Torres, adscrito al Club de Madrid3, comenzó con una reflexión sobre qué se entiende por una sociedad inclusiva. Ésta, comparte el experto, se define como una sociedad estable, segura y tolerante, en la que se respeta la dignidad de las personas y los derechos humanos. Generalmente es pacífica, democrática y próspera, a pesar de las diferencias de identidad étnica, religiosa o lingüística que pudieran existir entre sus miembros. Este tipo de sociedades se ha construido con una visión pragmática por parte de las administraciones públicas y de la propia sociedad, es decir: “No importa cómo llegaron, ya están aquí”. Es un hecho que siempre habrá diversidad; lo importante es diseñar los mecanismos para que ésta no sólo no perjudique a la sociedad en su conjunto, sino que contribuya a su desarrollo de manera positiva. Para ello, se requiere de un fuerte compromiso y liderazgo para la promoción de la igualdad de oportunidades para todas/os, migrantes y ciudadanas/os, en el marco de los parámetros legales y de convivencia que consideren sus diferentes condiciones sociales, económicas, legales y de acceso a oportunidades. 3

La World Leadership Alliance-Club de Madrid ayuda a los líderes y gobiernos de hoy a identificar soluciones políticamente viables mediante estrategias, recomendaciones y planes de desarrollo prácticos. La capacidad de los miembros para relacionarse con los líderes actuales de una manera directa y su habilidad para poder entregar el mensaje adecuado en el momento justo, constituye una parte esencial del trabajo y el motor de su impacto. El valor agregado de esta organización se confirma a través de la creciente demanda y reconocimiento del apoyo de la World Leadership Alliance-Club de Madrid. Para conocer sobre su Proyecto Sociedades Inclusivas, consultar http://www.clubmadrid.org/es, (último acceso 15 de enero 2016).

Para que puedan diseñarse políticas inclusivas es necesario que el enfoque sea transversal; que se desarrolle de forma muy clara una coherencia y fortaleza en el discurso público de respeto, y el cumplimiento por parte de todas/os las/ os sujetos de sus derechos y deberes. Las experiencias de diferentes países han comprobado que los mayores obstáculos a la interacción positiva tienden a ser elementos subjetivos. Por ello, en Barcelona y otras ciudades europeas

se han puesto en marcha iniciativas sociales para el manejo de rumores, a través de las cuales se fomenta la construcción de una sociedad informada en cuanto a las características e impacto real de la migración en la sociedad y en la economía. Se ha puesto de manifiesto que en la mayoría de los contextos sociales estudiados, el discurso xenófobo y de antiinmigración lo constituye una minoría social y política que, aunque con poco respaldo, se hace muy visible.

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Módulo II Nuevos modelos de gestión pública y mejora de la gobernanza en las políticas migratorias Propuestas de innovación pública Tema presentado por el Dr. Ricardo García-Vegas conferencista principal, venezolano, especialista en temas de gestión pública. Pertenece al Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid. El Dr. García-Vegas realizó una introducción al tema de gobernanza y políticas migratorias. La gobernanza ayuda a potenciar la relación entre la administración y la sociedad; sirve para definir objetivos comunes y demandas sociales y brinda el marco explicativo para desarrollar soluciones exitosas. Las políticas públicas deben ser eficaces y efectivas y no deben concentrarse en procesos, sino en contenidos. La política pública debe tender al cambio y al desarrollo social porque el rol de las organizaciones públicas debe derivarse de la legitimidad democrática. Por ello, las administraciones públicas deben velar por el bien común y estar conscientes de los desequilibrios de poder en la toma de decisiones y en la obtención de recursos. Las prioridades para legislar y gestionar los asuntos públicos deben orientarse a la cohesión social y la equidad, evitando en todo momento la discriminación. Existe un claro reconocimiento de que el Estado no es el único actor en las políticas públicas y en mayor medida, de las políticas migratorias. Sin embargo, esta es la pieza principal de gobernanza, aunque su responsabilidad sea materializar las redes de colaboración público-privadas en la acción pública. El liderazgo se aprecia a menudo en pequeños cambios en el diseño de las políticas públicas. Es fundamental, además, romper la percepción negativa que se tiene del funcionario público como corrupto y ocioso. A través de las reformas de la administración del Estado, el funcionario debe retomar la confianza de las/os ciudadanas/o, demostrando compromiso y servicio a la comunidad. También es necesario el reconocimiento de la sociedad civil como un interlocutor valioso y confiable, para promover la transparencia y la plena participación ciudadana.

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Módulo III Estudio comparado de políticas migratorias: Modelos regionales Cambio de paradigma normativo en México 2011: Política de protección de derechos de las personas migrantes en zonas fronterizas Caso presentado por el Dr. Ernesto Rodríguez, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), quien a su vez fue director del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México y jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México. El Dr. Rodríguez introdujo el caso de cómo la aprobación de la Ley de Migración de 25 de mayo de 2011, en vigor desde noviembre de 2012, constituyó un “cambio en el paradigma normativo con relación a la gestión migratoria en México”. Esta ley, afirma el Dr. Rodríguez, complementa las normas en vigor sobre refugiados y sobre trata de personas, así como la reforma constitucional que tuvo lugar en materia de derechos humanos. Así, en México se pasa de una política migratoria restrictiva a una política de apertura basada en el reconocimiento del/la migrante como sujeto de derechos y que propugna la simplificación del régimen migratorio. Los principios de la política migratoria incluyen el respeto a los derechos humanos, la unidad familiar, la equidad de género, la importancia de la documentación y la cooperación interinstitucional. Asimismo, se respeta el sistema de protección internacional de personas refugiadas4. El gran desafío que se le presentó a la administración pública mexicana fue hacer cumplir el marco normativo. Para ello, se puso en marcha una reforma institucional que se inició en 2012 y se concretó con el establecimiento de un Programa Especial de Migración en el año 2014.

4 Ver http://www.inm.gob.mx/static/marco_juridico/pdf/Ley_de_ Migracion_y_Reglamento.pdf.

El Estado mexicano se encuentra en este momento en un proceso de construcción de una política de Estado con cinco objetivos declarados: establecer una cultura de legalidad, enmarcar la migración en la estrategia de desarrollo nacional, consolidar una gestión pública eficaz, facilitar los procesos de integración de las/los inmigrantes en la comunidad y fortalecer el acceso a la justicia como mecanismo protector de derechos. La estrategia inicial fue gestionar los flujos cotidianos de la vida fronteriza. Con ese fin, se facilitó la documentación migratoria en zonas de frontera y se buscó la protección de los derechos de las personas migrantes, particularmente los laborales, pero también se trató de garantizar la seguridad fronteriza, función primordial del Estado. De esta forma, se fueron dando pasos progresivos y graduales hacia una mejor gestión de la migración, al tiempo que ésta se iba regulando. A manera de reflexión, es importante resaltar que las normas tuvieron que ir adaptándose poco a poco a la realidad de las fronteras para lograr su aplicación. A pesar de ello, el éxito fue tan claro que el programa de fronteras ha pasado de ser aplicable a trabajadoras/es del sector agrícola en el estado de Chiapas, a proteger a trabajadoras/

es migrantes de cualquier sector productivo en todos los estados del sur de México. Los retos concretos de implementación giran en torno a la necesidad de atender integralmente las demandas derivadas de la vida transfronteriza, en cuanto a la facilitación de movilidad, los derechos y la seguridad. Ello no se pudo lograr sin acuerdos, en relación a los distintos aspectos de la migración, con el país de origen. Así, para la implementación de esta política, fue indispensable una agenda bilateral México-Guatemala. Para concluir, el Dr. Rodríguez remarca que este nuevo enfoque evidentemente se logró gracias a la voluntad política de reconocer a las personas migrantes como sujetos de derechos por parte del Estado y de tomar medidas para hacer efectivos esos derechos, insertándoles en un modelo de desarrollo que incluyera los diferentes sectores productivos. Es necesario, asimismo, tomar nota de la importancia de los diferentes niveles de participación que tuvo la sociedad civil en el debate de la norma, pues fue ésta la que generó la discusión que a largo plazo llevó al cambio de política migratoria en el país.

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Política de integración de migrantes y refugiados en Costa Rica: Nuevo marco normativo de 2010 Caso presentado por la Sra. Millaray Villalobos. La Sra. Villalobos es investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de Costa Rica y funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), así como de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano (DIDH), donde se diseñan y ejecutan las estrategias intersectoriales de integración socio-económica y cultural de la población migrante y refugiada. A manera de introducción, la Sra. Villalobos compartió un análisis de los cinco puntos que, a su entender, compartieron todas las presentaciones durante el presente simposio: 1. La estrecha relación entre migración y desarrollo . 2. La necesidad de contar con un enfoque de absoluto respeto de los derechos humanos. 3. El reconocimiento de que un cambio de paradigma conlleva necesariamente las reformas institucionales necesarias para la implementación de la nueva política. 4. La constatación de que las políticas migratorias no son responsabilidad única de la Dirección General de Migración, sino del conjunto del aparato estatal y de la sociedad en su conjunto (por lo cual se deben poner en marcha mecanismos participativos). 5. La necesidad de contar con un buen sistema de estadísticas, no sólo para tener un diagnóstico claro de la situación, sino también para desmitificar percepciones erróneas sobre la migración. La Ley General de Migración 8764 de Costa Rica, en vigor desde el 1 de marzo de 2010, introdujo los cambios que dieron pie a un giro radical en la política migratoria del país, en un momento en el cual existía un 8% de población extranjera en el país. El cambio de paradigma migratorio se debió, entre otras razones, a la estabilidad política, social y económica que disfruta Costa Rica. La Sra. Villalobos mencionó algunos datos característicos de la inmigración en el país a manera de presentar el contexto. El 96% de inmigrantes proviene del continente americano; el 12% de fuerza laboral está ocupada por extranjeras/os, los cuales trabajan en su mayoría en el servicio doméstico, en el sector agrícola y en la construcción. Muchos son o fueron refugiadas/ os. Sin embargo, el proceso de integración económica parte del concepto que la población extranjera aporta mucho más

que mano de obra no calificada a la economía productiva del país, constatándose que existe una gran diversidad de mano de obra calificada, donde destacan profesionales en las diferentes áreas de la salud. El papel fundamental de la reforma migratoria consistió en la introducción de un cambio de paradigma que tiende hacia la integración de las personas inmigrantes y las/ os refugiadas/os en los procesos económicos, científicos, sociales, laborales, culturales y deportivos de la comunidad de acogida. Se reconoce a las/os inmigrantes los mismos derechos que a las/os ciudadanas/os de Costa Rica, debido a que la promoción de la integración se declara de interés público. Para la implementación de la ley se creó la Comisión Nacional de Migración, un órgano multisectorial en el que también participa la sociedad civil, así como el Fondo Social Migratorio en forma de fideicomiso. Particularmente relevante es el sistema de coordinación inter-institucional encargado de hacer actuar al unísono a todas las entidades encargadas de los diversos aspectos del proceso de integración, unidos por un mismo desafío: aplicar la política a la realidad. Para ello, se acordó un Plan de Acción que consolida una alianza público-privada, con el objetivo de

mejorar los servicios migratorios, así como la integración y desarrollo de las/os inmigrantes, con un foco especial en los grupos vulnerables. Como parte del esfuerzo para lograr un acercamiento a las comunidades vulnerables, se estableció el Programa “Migramóvil”; éste lleva servicios migratorios a los lugares más alejados del país, especialmente en zonas fronterizas, brindando atención personalizada y seguimiento legal a los casos. La comunicación pública es clave como parte del esfuerzo conjunto. La integración incluye acceso a empleo, sistema nacional de seguridad social y cobertura de salud, así como a educación y a una vivienda digna. La política social para la población inmigrante tiene además un enfoque etario, contando con programas de defensa de la niñez y adolescencia, así como programas sociales orientados a la tercera edad.

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Módulo IV El accionar del Estado en relación a la migración en República Dominicana Una visión integral de la política migratoria desde la perspectiva de desarrollo sostenible Tema presentado por la Dra. Magdalena Lizardo, funcionaria del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, directora de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social. La Dra. Lizardo introdujo el tema de la migración en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030), adoptada por la Ley Orgánica 1-12, que establece metas y objetivos ambiciosos que, en muchos casos, resultan difíciles de alcanzar. Sin embargo, muestran el camino a seguir en la incesante búsqueda por lograr que el deber ser y el ser sean uno mismo5. La END 2030 tiene una visión a largo plazo de la migración, en un contexto de desarrollo sostenible. Aunque se trata de un marco legal claro, el diseño y aplicación de la política migratoria están aún en proceso de elaboración. Así, el tema migratorio aparece en varios documentos temáticos en la END 2030, con el valor de orientación que ello conlleva y, aunque se reconoce la ausencia de una política migratoria como una de las diez grandes limitantes del desarrollo de República Dominicana, la END 2030 se alinea con el marco constitucional vigente que define al país como un estado social y democrático de derecho. Esto significa que la END 2030 refuerza la concepción del país en el marco del respeto y garantía de los derechos de todos los individuos, sin distinción y promueve la equidad e igualdad de oportunidades como marco de convivencia pacífica y cohesión social. 5

Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo y su Reglamento de aplicación 134-14 de abril 2014, http://economia.gob.do/mepyd/ wp-content/uploads/archivos/end/marco-legal/ley-estrategia-nacional-de-desarrollo.pdf y http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/ archivos/end/marco-legal/decreto_134-14.pdf.

La Dra. Lizardo hizo hincapié en los vínculos entre el fenómeno migratorio y los ejes de desarrollo contenidos en la END 2030: Eje 1: 1. Fomento de la cultura de la democracia, la tolerancia y el uso correcto del poder público 2. Fortalecimiento del sistema estadístico nacional 3. Capacitación y sensibilización del personal judicial en protección de los derechos humanos 4. Fortalecimiento de mecanismos de orientación a la población sobre sus derechos y acceso a la jurisdicción constitucional 5. Cumplimiento de los convenios internacionales relativos a equidad, género y grupos vulnerables 6. Universalización del registro de población 7. Promoción de espacios de diálogo Eje 2: 1. Ordenar flujos migratorios a. Reordenamiento y modernización de los marcos legal e institucional b. Regularización de la población extranjera c. Establecimiento de un sistema de cuotas para permisos laborales d. Sanción de trata y tráfico de personas e. Garantía de cumplimiento de la ley f. Respeto a los derechos humanos 2. Población de ciudadanos de la República Dominicana en el exterior a. Mejora en el servicio consular b. Fortalecimiento de vínculos económicos, sociales y familiares c. Reinserción a su retorno d. Enfoque de derechos humanos y fortalecimiento del sistema de gestión y control de flujos migratorios acorde con las mejores prácticas internacionales Se reforzó la idea de que las metas mencionadas son, en sí mismas, declaraciones de principios, por lo que es necesario concretarlas. Para ello, se han dado los pasos iniciales hacia la concreción de algunas de ellas, entre las que se encuentra la regulación del ingreso de trabajadores temporeros, la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) en 2012, la creación de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería en 2014 y la creación del Instituto del Dominicano en el Exterior en 2015, entre otras. Se trata de un proceso de consolidación de una política migratoria con visión de desarrollo y respeto a los derechos de la población migrante. La Sra. Lizardo afirma que el gobierno tiene una visión clara de la importancia del ordenamiento de flujos migratorios como elemento esencial para el desarrollo sostenible. La respuesta a este desafío debe darse a través de una estrecha coordinación interinstitucional que tenga por objetivo incrementar el acceso a oportunidades, particularmente para la población inmigrante haitiana. Esta población se encuentra, en su mayoría, en edad productiva y, por tanto, constituye un aporte para la economía nacional.

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A modo de contexto, en el panel sobre la ponencia de la Sra. Lizardo se discutió el hecho de que las políticas migratorias en la República Dominicana han estado influenciadas por la inmigración de personas de nacionalidad haitiana, considerada como un grave problema por un sector de la esfera política y social, a pesar de su indiscutible aporte al desarrollo económico del país en sectores claves relacionados con la agricultura, infraestructuras y servicios. Se argumenta que históricamente se ha cambiado de política según el momento, aunque siguiendo una misma regla esencial por parte de la clase política, es decir, evitar una supuesta oposición política a ambos lados de la frontera6. Protección social Durante las discusiones se evaluó asimismo el hecho de que no existe una estrategia de protección social del inmigrante en el país, como tampoco existe una política social para los dominicanos en el exterior. Se estimó que resultaría complejo poner en marcha esta última política debido a la dificultad de obtener la información de la diáspora dominicana, vacío provocado a menudo por la situación de informalidad de las/los inmigrantes en los países de acogida. Lo anterior no permite al migrante formar parte del sistema de seguridad social ni de la República Dominicana ni del país donde se encuentra. A su vez, se hizo alusión a la necesidad de implementar un sistema de reinserción social de ciudadanos dominicanos deportados, muchos de ellos después de haber vivido en Estados Unidos de América o en Europa durante años.

Este argumento sólo tiene sentido bajo la tesis de la supuesta “fusión” de la República Dominicana y Haití y de otorgar igualdad de derechos a dominicanos y haitianos en toda la isla La Española. Algunos intelectuales plantean que fue el propio Joaquín Balaguer (1906-2002) y otro educador, filósofo de ideas liberales y músico, Ramón Rafael Casado Soler (1917-1997), quienes acuñaron esta idea y coincidieron por separado en diversas épocas en plantear la creación de una federación o confederación de estados entre la República Dominicana y la República de Haití para mejorar las relaciones políticas y comerciales, el ejercicio de derechos a los ciudadanos y la administración de gobierno a ambos lados de la isla compartida por dominicanos y haitianos. Se argumenta que el dirigente político y escritor, Joaquín Balaguer, plantea el gobierno federado entre República Dominicana y Haití en su libro La realidad dominicana, publicado en 1941 y lo retomó con mayores detalles en La isla al revés, publicado en 1983. El filósofo Ramón Rafael Casado Soler, perseguido por su oposición a la dictadura trujillista, lo planteó como una tesis más elaborada en 1949 en un documento que escribió como parte de sus estudios de filosofía en la Universidad de Santo Domingo y luego lo retomó con motivo de la reunión de los dictadores Rafael Leónidas Trujillo Molina, dominicano, y Paul E. Magloire, haitiano, celebrada en Elías Piña en 1951. Se argumenta que en su libro La isla al revés (1983) fue Joaquín Balaguer quien retomó la idea de la federación dominico-haitiana y propuso la redacción, aprobación y proclamación de una sola constitución para la República Dominicana y la República de Haití. Esta idea de la fusión no ha prosperado, pero forma parte del imaginario de algunos intelectuales y políticos de relevancia cuando se trata de la construcción de la identidad nacional y de abordar los asuntos haitianos, lo que en gran medida ha condicionado las relaciones bilaterales y la gestión de la migración en el país, que es mayoritariamente haitiana desde mediados del siglo pasado.

Modulo V La gestión de la migración en República Dominicana: Lecciones aprendidas y perspectivas de futuro Política migratoria dominicana después del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular: ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tema presentado por el viceministro del Interior para Migración y Naturalización, el Sr. Luis Manuel Fernández Valerio. El Sr. Fernández expuso que la República Dominicana es un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, por lo que la migración forma parte intrínseca de la realidad nacional y por ello resulta necesario profundizar en la elaboración de políticas migratorias en el país. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular (PNRE) forma parte de una reorganización a largo plazo hacia una política coherente y respetuosa de los derechos humanos que garantice la correcta aplicación de la legislación nacional7. En conjunto, afirma el Sr. Fernández que el PNRE ha beneficiado a 304,006 personas. También menciona que a través de este programa, se ha otorgado un estatus migratorio regular vigente entre 1 y 2 años a los beneficiarios. La mayoría de la población extranjera en el país es originaria de Haití, cuyos nacionales representan el 87.3%; no obstante, existen 105 nacionalidades representadas. Entre ellas se encuentran: la italiana, norteamericana, venezolana, canadiense, española, alemana y peruana, entre otras. El 30% de ellos reside en el Distrito Nacional. El Sr. Fernández subraya que el PNRE constituye un paso en la dirección correcta, ya que es la primera experiencia de este tipo que el Estado dominicano ha puesto en marcha y constituye un hito en la gestión de la migración en el país. 7

Aprobado por Decreto Presidencial 327 de 29 de noviembre de 2013, previsto en el artículo 151 de la Ley General de Migración 285-04. Fue finalmente impulsado por sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional que no reconoció la nacionalidad dominicana de origen a Juliana Deguis Pierre, así como a toda persona nacida en la República Dominicana de padres en situación migratoria irregular desde 1929. El Plan entró en vigor el 1 de junio de 2014 y culminó el 17 de junio de 2015 a partir de cuya fecha se reiniciaron las sanciones, interdicciones y deportaciones de inmigrantes irregulares que no hayan solicitado los beneficios del PNRE. Dichas medidas de control fueron suspendidas durante la vigencia del Plan en aplicación del Decreto 327-13.

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4. En relación al PNRE se ha de concluir el proceso de expedición y entrega de los carnés que acreditan regularidad migratoria temporal y se ha de dar seguimiento a las aproximadamente 250,000 personas que se regularizarán al final del proceso.

Además, afirma que de cara al futuro, para diseñar y poner en marcha las políticas migratorias de Estado, se debe reconocer la importancia de todos los actores, tanto nacionales como internacionales, sosteniendo además un enfoque multisectorial de la gestión pública. Señala asimismo que no se debe olvidar tampoco el multilateralismo en la política exterior en relación a la migración, la cual debe tener un enfoque en la región del Caribe ya que se trata de una zona de importante movilidad humana que afecta a la República Dominicana. Entre los desafíos a corto plazo para lograr una política migratoria, con las características descritas, que contribuya a la consolidación del Estado de Derecho en este ámbito de la gestión pública, destacan: 1. El apoyo que se debe prestar al Consejo Nacional de Migración y a la puesta en marcha de estudios sobre migración que realice el Instituto Nacional de Migración (INM RD), para que constituyan una base sólida de las políticas públicas relacionadas con el fenómeno migratorio. 2. El establecimiento de políticas bien definidas para la reinserción de dominicanas/os deportadas/os, los cuales ascienden a más de 1,200 personas desde los EEUU en 2015, así como para el retorno voluntario de dominicanas/os en el exterior. 3. Es perentorio dar cauce a la gestión de la población fronteriza haitiana, los llamados transfronterizos de día.

De igual forma, es de suma importancia la consolidación del trabajo a nivel regional, como elemento clave en la construcción de la política migratoria. Un ejemplo de ello es la reunión de viceministros de Interior que tuvo lugar en México, donde se discutió el tema de las políticas de reinserción de retornados. El Sr. Fernández reiteró el compromiso de la República Dominicana de reformar su política migratoria para ordenarla y lograr que contribuya al desarrollo nacional. Como primer paso para la integración, destacó el otorgamiento de un estatuto migratorio, aunque la persona requiere además obtener un permiso de trabajo y, una vez regularizada su situación, la inclusión en el Sistema Nacional de Seguridad Social. A la población inmigrante que no se ha acogido al PNRE se le aplicarán –cuando sea necesario– los procesos sancionatorios y/o de control que establece la Ley General de Migración para toda persona en situación migratoria irregular en el país. Éstos tendrán lugar en las mejores condiciones posibles y aunque la situación en la zona fronteriza continúa siendo difícil, hay avances en cuanto al respeto a los derechos de las/os inmigrantes y el seguimiento al Protocolo de Repatriaciones que establece las debidas garantías. Finalmente, se afirmó que para que la regularización constituya un verdadero cambio en la situación de la población inmigrante y sea sostenible, la medida regulatoria básica debe estar acompañada de medidas de carácter socioeconómico.

Políticas públicas para las/os dominicanas/os en el exterior Durante el panel de discusión, la Embajadora Kenia Ángeles, directora de Asuntos Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores, expuso que la emigración dominicana se incrementó a partir de la década de los años 70, donde existía una diversificación de destinos y cuyo objetivo ha sido siempre la mejora de las condiciones de vida. En la actualidad, la mayor parte de las/os migrantes dominicanas/os se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque también en Puerto Rico, México, Canadá, España, Holanda, Suiza, Grecia, Italia, Argentina, Uruguay y Chile, así como también en las islas de San Martín, Curazao, Antigua y Guadalupe. No obstante, en los últimos años se ha incrementado la migración hacia países del sur de América Latina y se observa con ello un proceso de exención de visados. Así, la nueva dinámica y características de la migración dominicana obligan a redefinir las funciones de las secciones consulares dominicanas en el exterior. Entre otras iniciativas públicas, se ha creado el Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX), cuya sede central estará establecida en el Ministerio de Relaciones Exteriores y con oficinas en Nueva York, Puerto Rico y Madrid. El Instituto cuenta con un programa de asistencia legal, humanitaria y migratoria, cuyos objetivos son facilitar un retorno digno, seguro y ordenado; asistir a poblaciones vulnerables y víctimas de trata; ayudar a las/os emigrantes dominicanas/os a tener acceso a servicios de salud adecuados, así como preservar la identidad nacional y cultural dominicana. La población emigrante dominicana generalmente se integra con facilidad en el mercado laboral del país de acogida, particularmente en el sector servicios, en actividades tales como ayuda doméstica, cuidado de ancianos, de menores, en el área de la construcción, agricultura y prostitución. El perfil académico general del/de la emigrante dominicano/a es medio y bajo, aunque también se encuentran personas en los países de acogida en calidad de inversionistas o estudiantes universitarias/ os y de postgrado. Las demandas de las/os dominicanas/os en el exterior tienen como prioridad el fomento de su desarrollo, como la extensión del programa Quisqueya Aprende Contigo y no únicamente de asistencia social. Finalmente, uno de los temas más álgidos en las discusiones sobre la diáspora dominicana se trata del retorno de personas deportadas, a menudo sometidas a penas desproporcionadas en relación a los delitos cometidos en los países de acogida. En otros casos, un indeterminado número de nacionales dominicanas/os se encuentran en situación de irregularidad, sin lograr integrarse en la sociedad de acogida, por lo que al final regresan al país en condiciones de extrema vulnerabilidad.

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Otro aspecto que es importante priorizar es el conocimiento sobre el fenómeno de la trata y tráfico de personas, ya que se ha difundido la idea de que la República Dominicana ocupa el tercer lugar en incidencia de este fenómeno a nivel mundial8. Aunque el Estado dominicano cuenta con la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata y el Plan Nacional de Lucha contra la Trata, en estos momentos en proceso de reforma, será importante que el INM RD –auspiciador de este evento– ponga en marcha las investigaciones científicas necesarias para poder diseñar una política pública eficaz, sostenible e integral, basada en el conocimiento profundo del fenómeno con el objeto de combatirlo y prevenirlo, con base en la realidad social, económica e institucional dominicana.

Contexto político e institucional del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y de la Ley 169-14 Durante el panel de discusión, el embajador ante los Organismos Internacionales de la Presidencia de la República, el Sr. Josué Antinoe Fiallo, inició su intervención compartiendo una reflexión sobre cómo se llega al PNRE y a la normativa sobre naturalización de las/os descendientes de inmigrantes nacidas/os en el país.

El Embajador apunta que estas medidas de política pública fueron el resultado de la reciente Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que desconoce la calidad de nacional dominicana a la Sra. Juliana Deguis, debido a que su madre y padre eran inmigrantes de nacionalidad haitiana en situación irregular y por tanto ella no tenía acceso a la nacionalidad dominicana de origen por el régimen ius soli al momento de su nacimiento en 1984. El TC además aplicó la condición de no-nacionales a todas las personas nacidas de inmigrantes en situación irregular desde 1929, año en que inicia el régimen de nacionalidad vigente en 1984 según el Tribunal. La sentencia ordenó además que se anule el acta de nacimiento de la Sra. Deguis y que se le otorgue un estatuto migratorio temporal, en 8

Son múltiples los estudios que se han realizado sobre el tema, en torno al cual se ha desarrollado un debate sobre las fuentes utilizadas para la cuantificación de las víctimas y los criterios utilizados para la definición del propio fenómeno, en tanto una situación de irregularidad migratoria y abuso no es necesariamente un caso de trata en sentido estricto, de acuerdo a la definición del fenómeno dada en derecho internacional. Por otro lado, el hecho de que una persona responda a un perfil de víctima de trata o no, no significa que no requiera atención integral a su regreso. Entre los múltiples estudios sobre el tema encontramos, por ejemplo, un estudio reciente realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), La trata y el tráfico ilícito de mujeres dominicanas en el exterior: realidades y lineamientos de políticas públicas, septiembre 2012, que ilustra sobre posibles líneas de política pública a seguir, disponible en http://countryoffice.unfpa.org/dominicanrepublic/drive/TratayTrafico.pdf (último acceso 5 de febrero 2016).

tanto se resuelve su situación legal. El TC ordenó también la puesta en marcha de un PNRE, pendiente desde la Ley General de Migración de 2004. La situación de irregularidad e incertidumbre en que quedaron las/os descendientes de inmigrantes haitianas/os, provocó una grave crisis política e institucional. El gobierno –apunta el Embajador– no contaba entonces con las herramientas para afrontar la situación, por lo que tuvo que crear un equipo técnico ad hoc y elaborar nuevos instrumentos normativos para aplacar el impacto social y legal de la situación en torno a las/os descendientes de inmigrantes. Adicionalmente, el gobierno se encontró con una multitud de situaciones que afectaron la toma de decisiones: a) Estadísticas. No existe un sistema nacional de estadísticas de población extranjera. Los censos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) nunca capturaron información sobre la población extranjera en el país hasta que tuvo lugar la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) en el año 2012, pero ésta no sustituye la información que un censo de población provee. b) Capacidad estratégica. Falta capacidad estratégica por parte de las autoridades dominicanas para responder a la crisis. No había una base teórica ni de argumentación para responder a los ataques nacionales e internacionales provocados por el manejo de la política migratoria por parte del Estado dominicano. Nadie en el gobierno estaba pensando sobre lo que se debía hacer. Tampoco en la sociedad, salvo algunos grupos que trataban de avanzar políticamente sus posiciones, pero al nivel académico este tema aún no se había desarrollado. c) Grupos de presión. En el exterior no se consideró la política doméstica que el Estado dominicano tenía que manejar. Actores políticos de los extremos ideológicos del país (tanto grupos de extrema derecha como de extrema izquierda) presionan para tomar posición y el gobierno ha de balancear todas las posiciones.

d) Comunicación. El tema de la comunicación fue muy relevante en todo este contexto, ya que el gobierno no tenía preparado un discurso para dar explicaciones en relación a lo que estaba haciendo y tuvo que acudir a asesoría externa para mejorar la imagen del país tras los escándalos en torno al tema migratorio en la República Dominicana. e) Implementación. Hay funcionarias/os públicas/os que a lo largo del proceso fueron dificultando los esfuerzos del gobierno, lo cual provocó graves problemas de implementación de las normas creadas, es decir, del Decreto 327-13 sobre regularización de extranjeras/ os, así como de la Ley 169-14 y su reglamento sobre naturalización. Otro problema para la implementación fue la falta de protocolos para que las/os funcionarias/ os públicas/os supieran qué tenían que hacer y cómo implementar estas normas.

Actualmente se trata de avanzar en la profesionalización de los cuerpos de seguridad del Estado que trabajan este tema y en la elaboración de protocolos de actuación. También es cierto que los países amigos han sido reticentes a compartir sus protocolos para ayudarnos a mejorar nuestras prácticas de interdicción migratoria y deportaciones, con la excepción de Chile. Es muy importante el intercambio de buenas prácticas a nivel internacional, sobre todo en lo que se refiere a métodos operativos e instrumentos de implementación.

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f) Por otro lado, no es que las malas prácticas en la República Dominicana sean justificables, pero cabe señalar que a nivel regional e internacional existen malas prácticas en temas de interdicciones y manejo de políticas migratorias, en particular con relación al tema de interdicciones de inmigrantes haitianas/os. Por esta razón, no se le debe aplicar un doble estándar a la República Dominicana.

Migración y discriminación. Expuso el Embajador que uno de los temas de fondo detrás de la gestión de la política migratoria es la lucha contra la discriminación, no sólo hacia la población inmigrante, sino hacia otros grupos minoritarios y poblaciones vulnerables. Esto constituye un gran desafío para la integración de las/ os inmigrantes y la cohesión social en la República Dominicana.

A pesar del mandato constitucional contra la discriminación, no existen mecanismos efectivos para protegerse contra ella. En la actualidad se está discutiendo un borrador de ley contra la discriminación y el tema migratorio tiene un papel importante en la redacción de la misma. A pesar de que socialmente se acepta la diversidad, no existe una política de Estado dirigida a combatir las manifestaciones de discriminación, de cualquier índole que ésta sea, y es un hecho que existen prácticas violatorias de los derechos de las personas provocadas por prácticas discriminatorias que vacían de contenido los derechos formulados en la Constitución y las leyes. Asimismo, son evidentes las distintas percepciones sobre discriminación y aunque la realidad legal y social está cambiando de forma positiva, se debe continuar profundizando en los cambios. De hecho, la discriminación ha sido abordada a través del Plan Nacional de Derechos Humanos, impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dedica uno de sus ocho pilares al tema migratorio. El Plan es importante para la puesta en marcha de las políticas estatales en torno a los derechos humanos en los próximos cinco años.

Reconociendo que nuestras prácticas son perfectibles y que hay situaciones injustificables que no pueden aceptarse en el siglo XXI, hemos de asumir un verdadero compromiso de realizar las reformas necesarias y lograr un cambio en la imagen que proyecta la República Dominicana en relación al tema migratorio. Un aspecto de la Ley 169-14 que ha sido muy criticado es el hecho de que las/os hijas/os de las/os inmigrantes en situación irregular nacidas/os en el país no son inmigrantes en el sentido habitual, en cuanto a inmigrantes que cruzan una frontera internacional y provienen de otro país, sino que la condición legal de inmigrante es heredada también por sus descendientes, de acuerdo a la Sentencia 168-13 del TC y la jurisprudencia dominicana reciente. La Ley 169-14 también ha sido criticada en relación a su aplicación al llamado grupo B, esto es, las/os hijas/ os de inmigrantes irregulares nacidas/os en el país sin un registro civil, ya que entre otros temas de procedimiento, se consideró que el plazo para la inscripción de seis meses fue excesivamente corto, plazo que concluyó en febrero de 20159. No obstante, estas medidas demuestran que podemos cambiar el modo de hacer las cosas y que podemos velar por los derechos de todas las personas en territorio dominicano, incluidas las personas extranjeras. No debe olvidarse, finalmente, la precariedad en que viven en este momento las/os descendientes de inmigrantes haitianas/os en los bateyes de la República Dominicana, quienes no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Como funcionarios tenemos la responsabilidad de ver que son personas que forman y han formado parte de nuestra comunidad, y que han dejado los mejores años de sus vidas en nuestro país, dedicando sus energías al desarrollo de la República Dominicana. Por ello, merecen que les mostremos gratitud y reconocimiento. 9

La Ley 169-14 estableció un procedimiento acelerado hacia la naturalización; aunque debido a los plazos del procedimiento de regularización migratoria y de naturalización de acuerdo a la Ley Sobre Naturalización 1683 de 1948, el impacto real del programa de naturalización de las 8,755 personas que accedieron a él, no se verá en los próximos dos años, si antes no se modifica la legislación pertinente sobre la materia.

Elementos de discusión en torno al PNRE, desafíos futuros y sostenibilidad El profesor e investigador Frank Báez, sociólogo dominicano y experto en migraciones, realizó algunos comentarios a la ponencia del viceministro Luis Fernández sobre la base del proyecto de evaluación del PNRE que está realizando bajo la coordinación del INM RD. El profesor Báez explicó que la ponencia del Sr. Fernández se dividió en dos partes, la primera se trata de una presentación de datos generales y la segunda de un análisis de los retos que presenta el PNRE en este momento. Señaló que el Plan ha representado un hito para la política migratoria en la República Dominicana, aunque algunos sectores lo han criticado por ser una medida reactiva ante la crisis migratoria suscitada por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Plan de Regularización ha sido muy criticado en los ámbitos nacional e internacional por conectar los temas de regularización migratoria con los de nacionalidad. Señala además que al ser tan fundamental el tema de la nacionalidad, se tiende a minimizar el análisis del impacto en temas migratorios. Implementación de la Ley 169-14 La Ley 169-14 ya mencionada afecta a unas 55,000 personas nacidas en el país inscritas en el registro civil de inmigrantes en situación irregular, de acuerdo a las cifras proporcionadas por la Junta Central Electoral (JCE). Estas personas son susceptibles a que su nacionalidad dominicana sea revalidada a través del procedimiento establecido por dicha ley. Desde ese punto de vista, según el Dr. Báez, la misma no plantearía grandes problemas en relación a este grupo si no fuera por las dificultades de implementación; principalmente, debido a las obstrucciones al procedimiento administrativo denunciadas por la sociedad civil y, en concreto, por el movimiento llamado Reconocido. El segundo y más grave aspecto de la Ley 169-14 está relacionado con las/os hijas/os de inmigrantes en situación migratoria irregular que no pudieron ser inscritas/os en el registro civil. La iniciativa estatal para corregir los efectos de la Sentencia 168-13 del TC coloca a estas personas en enorme desventaja porque les obliga a inscribirse en el registro civil de extranjería, les remite al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, con lo cual se le estaría asignando una categoría migratoria, calificándoles de emigrantes internacionales cuando no lo son. Además, de esta manera se les estaría incluyendo en un eventual proceso de naturalización.

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El Dr. Báez indica que lo grave no es sólo eso, sino el procedimiento en sí; es decir, sólo se permitieron operativamente tres meses en un periodo inicial con una extensión de tres meses más10, iniciando a finales de agosto y concluyendo a finales de febrero de 2015. De tal suerte que hubo muy pocas personas que finalmente tuvieron acceso al proceso, si se comparan esos números con los que arrojarían las personas que potencialmente estarían en esa situación, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2012). Es importante apuntar que esta encuesta es probablemente la aproximación cuantitativa más fidedigna en la actualidad del número real de las/os inmigrantes en la República Dominicana.

La implementación de la Ley 169-14 comenzó para las personas hijas de inmigrantes en situación irregular nacidas en el país que nunca fueron inscritas en el registro civil, un mes después de la aprobación de su reglamento de ejecución, Decreto 250-14 de 29 de julio y finalizó seis meses después, tras un procedimiento interrumpido a finales de octubre, fecha en que cumplían los primeros tres meses de vigencia.

Implementación del PNRE En este tema, el aspecto más importante sobre el que debemos reflexionar gira en torno a una pregunta clave: ¿La regularización migratoria ha supuesto solamente un hito en términos de la inexistencia de antecedentes o va a suponer un cambio en la población inmigrante con respecto a su estado antes y después del PNRE? Lo cierto es que el cambio dependerá de muchos factores. Una regularización migratoria es una medida básica que debe estar acompañada de otras. En general, un proceso de regularización migratoria persigue un reordenamiento migratorio para facilitar la integración de la población inmigrante; es decir, el funcionamiento adecuado del mercado de trabajo y garantía de los derechos laborales, así como la inserción de las/os trabajadoras/es inmigrantes en el Sistema Nacional de la Seguridad Social y el acceso a los servicios públicos, entre otros. Estas medidas deben ser indicadores de sostenibilidad que señalen si existe una ruptura o si el proceso culminará en una situación igual o similar a la que las/los inmigrantes se encontraban al inicio.

Un punto crítico sobre el cual reflexionar, plantea Báez, es el reto de dar seguimiento a las/os 155,000 regularizadas/ os, según las cifras que comparte el Ministerio del Interior. El proceso debe ser asumido en este momento por la Dirección General de Migración, lo que nos coloca en una situación delicada para la renovación de los documentos migratorios si no se adapta la normativa migratoria a través de un mecanismo de excepción para las/os inmigrantes que tuvieron acceso al PNRE. En efecto, la categoría otorgada para las personas que recibieron un carné de regularización es de no residentes, estatus previsto para las/os trabajadores temporeros, el cual sólo puede ser renovado en una ocasión. Además, para cambiar su categoría migratoria estas personas han de salir del país, lo que puede representar un problema para la estabilidad del estatuto legal de las personas regularizadas. ¿Qué solución se le puede dar a esta situación? La sostenibilidad del plan se enfrenta a un desafío más inmediato: a partir del mes de junio de 2016 habrá un número importante de personas con un carné de regularización que debe ser renovado y existe el riesgo de que se produzca un desbordamiento similar al producido en las oficinas gubernamentales dedicadas al PNRE en algunas etapas del proceso. ¿Se ha preparado la Dirección General de Migración para afrontar el desafío? Sin duda, la adaptación más importante ha de ser normativa; es decir, se necesita crear un mecanismo de excepcionalidad al menos para facilitar la renovación de los carnés de regularización después del primer año de vigencia. Por otro lado, existen obstáculos no solamente legales, sino en torno a las propias condiciones de la mayoría de inmigrantes que se acogió al Plan. A estas personas les será casi imposible reunir todos los requisitos para la renovación, tales como pasaporte vigente por 18 meses o contrato de trabajo, entre otros. Este escenario en torno a los problemas con los documentos de las/os inmigrantes no tiene relación sólo con la persona, sino con la dificultad en la emisión o renovación de sus documentos de viaje y de identidad por parte del país de origen de la mayoría, Haití, así como la emisión de los contratos de trabajo por parte de las/os empleadores.

Incluso facilitando los trámites de la renovación, una vez concluido el segundo año, las/os inmigrantes han de ir a su país de origen para tramitar el cambio de visado, lo cual, dados los antecedentes de tramitaciones anteriores, es altamente improbable. Por tanto, si no existe un cambio en la normativa migratoria actual en cuanto a requisitos y procedimientos, al menos de forma excepcional para este proceso, no parece que el PNRE vaya a proveer una ventaja significativa para la población inmigrante respecto a su situación anterior, al menos no en cuanto a su integración. Por otro lado, el proceso de regularización debe ir acompañado de un control más eficiente de los flujos fronterizos: ¿Cuál es la estrategia que se ha planteado? ¿Cómo se van a regular las relaciones sociales y económicas de la frontera? En lo que respecta a los derechos socioeconómicos y a la integración, ¿cómo se van a regular las relaciones sociales y laborales de las/os trabajadores regularizadas/os, así como su integración en el Sistema Dominicano de Seguridad Social? Esto tiene que pasar, entre otras medidas, por una gestión eficaz y control del mercado laboral. El Dr. Báez concluyó haciendo hincapié en la necesidad de mayor transparencia en los procesos y en la producción de información estadística para fortalecer las instituciones y la democracia en este tipo de procesos. Señaló que se debe evaluar en más profundidad cómo han sido éstos en relación al PNRE y la implementación de la Ley 169-14.

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Debate Durante el debate las/os participantes manifestaron inquietud sobre la falta de acceso al procedimiento, no solamente de las/os no registradas/os, sino que todo parece indicar que el acceso ha sido limitado a todas/os las/os beneficiaria/os de la Ley 169-14, a pesar de las consultas hechas a la sociedad civil. Igualmente, se establece que en muchos casos no se ha logrado que las/os hijas/os de parejas mixtas, en los casos en que la madre es haitiana y el padre es dominicano, puedan ser inscritas/os en el registro civil como dominicanas/os de origen, como establece la Constitución dominicana. Según el embajador Fiallo, el presidente Danilo Medina se ha comprometido a que, a pesar de haber concluido los plazos establecidos en las normas especiales, cualquier caso nuevo que se presente de una persona nacida en el país que no se haya inscrito en el registro civil, se resolverá de acuerdo a la norma

general vigente para los registros tardíos. Para ello, se ha habilitado una oficina especial en la Cancillería a la que no ha llegado aún ningún particular. La

Guillermo Bettoch, Relator.

sociedad civil ha identificado algunos casos, pero es imprescindible individualizarlos para así poderlos localizar y trabajar. En todo caso, dado que los procedimientos establecidos en la normativa general vigente sobre los actos del registro civil son más lentos y complicados, se tiene la voluntad de, si se considera necesario, encontrar una vía normativa para aplicar programas especiales similares a los diseñados para los nuevos casos que se presenten, siempre y cuando sus perfiles respondan a las características establecidas en la Ley 169-14. Finalmente, el Embajador Fiallo menciona que a pesar de que ha sido y sigue siendo necesario abordar el tema de los procedimientos de deportación de personas en situación migratoria irregular, han existido en los últimos meses muy pocas quejas de situaciones irregulares y en general se respetan los derechos humanos de las/os inmigrantes. No obstante, para avanzar en una agenda y por ende, una política migratoria moderna y eficaz, se debe avanzar en la promoción y aceptación de la diversidad de nuestra sociedad, cuya identidad es cambiante y en especial en el establecimiento de un diálogo nacional de lucha contra la discriminación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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De acuerdo a los objetivos de la actividad, se presentan las conclusiones y recomendaciones siguientes, basadas en las presentaciones de las/os ponentes y las discusiones subsiguientes.

Conclusiones Análisis sobre los modelos de gestión migratoria en los ámbitos global y regional desde una óptica integral de la administración del Estado 1. La gestión migratoria en las democracias actuales y Estados modernos requiere de innovación pública para el diseño de las instituciones y las políticas públicas. Esto es debido a la gran complejidad del fenómeno migratorio en la actualidad, el cual presenta grandes desafíos para las administraciones públicas en el diseño de objetivos realizables, la elaboración de indicadores medibles y la consecución de resultados con impacto a largo plazo más allá de un contexto electoral o una legislatura concreta. 2. El liderazgo del Estado como ente regulador de protección de los derechos de la ciudadanía y de los habitantes en el territorio nacional es indispensable para el cambio de paradigma social y político de la inmigración en el país, ya que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de poner en marcha las políticas migratorias. La sociedad civil y las asociaciones de inmigrantes tienen asimismo un papel importante para garantizar que los objetivos de las políticas sean realizables y tengan el impacto deseado. 3. Existe a nivel global una diversidad de sistemas migratorios, los cuales dependen del modelo de sociedad y de Estado. Algunos países tienden a favorecer políticas de integración de inmigrantes porque éstos forman parte de la idiosincrasia de sus sociedades y de su construcción como Estado y como nación. Estos países generalmente coinciden con democracias fuertes y estables. Otros países, sin embargo, evitan la integración de la población inmigrante, promoviendo únicamente la inmigración temporal de trabajadores en sectores productivos específicos y son generalmente, aunque no necesariamente, países autocráticos. Entre estos dos sistemas, el plenamente integrador y el totalmente excluyente, se encuentran la mayoría de los países, y entre ellos, los del entorno latinoamericano. 4. A nivel regional nos encontramos con sistemas mixtos en los cuales ha existido históricamente, por un lado, una tendencia a la integración de inmigrantes y a la adquisición originaria de la nacionalidad por nacimiento en el territorio y, por el otro, se han puesto en práctica políticas de control de flujos relativamente inconsistentes y poco eficientes.

5. Asimismo, Latinoamérica y el Caribe, a pesar de haber sido eminentemente una región receptora de inmigrantes hasta mediados del siglo XX, se convirtió en expulsora desde el último tercio del siglo. Esta tendencia está cambiando en la actualidad, ya que se comienzan a ver flujos importantes de migrantes intrarregionales e inmigración proveniente de países tradicionalmente receptores en Europa o América del Norte. Aunque la región continúa siendo principalmente emisora de migrantes, esta nueva dinámica, que en algunos países se lleva gestando durante décadas, ha obligado a producir

irregular nacidas en el territorio nacional y la regularización de inmigrantes, fueron identificados problemas en la implementación de la Ley 169-14 y en la sostenibilidad del PNRE. Dichos problemas se han de solucionar para garantizar el acceso a los programas, mejorar su impacto, y que efectivamente constituyan el punto de partida de la construcción de nuevos parámetros en la política migratoria del país.

Migración como factor de desarrollo económico y social

Desafíos para el manejo del tema migratorio de una manera eficaz, moderna, responsable y eficiente

1. La política migratoria en la República Dominicana ha estado fundamentalmente basada en el control de flujos y dentro de este tipo de políticas, particularmente en la interdicción migratoria, con expulsiones de inmigrantes de nacionalidad haitiana a través de procedimientos dudosos que han sido criticados internacionalmente. No obstante, se han llevado a cabo acciones de protección y de integración de inmigrantes, aunque éstas no han sido planificadas y diseñadas o ejecutadas de forma integral y coherente. Estas acciones que benefician a la población inmigrante aún no son consideradas en la ejecución de políticas públicas como un factor de desarrollo, maximizando de forma planificada su valor económico y facilitando la protección de sus derechos y la cohesión social. Sin embargo, en el ámbito de los principios y objetivos de desarrollo, el país está dando pasos en esa dirección. En la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) se ha previsto la gestión eficaz de la migración, el control de los flujos migratorios y la integración de los grupos vulnerables como elementos importantes del desarrollo nacional y cohesión social. El desafío en la actualidad es el diseño y ejecución de políticas públicas que hagan realidad la END 2030 en lo que respecta al tema migratorio.

A pesar de los avances realizados en relación a la nacionalidad de las personas descendientes de inmigrantes en situación

2. En cuanto a la política de protección de la población dominicana en el exterior, si bien ha comenzado con

nuevos paradigmas en el diseño de políticas públicas en materia migratoria en algunos países. Tal es el caso en México y Costa Rica en la región Centroamericana, más próximos a la República Dominicana y a su contexto. Estos nuevos paradigmas están basados en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas eficaces, que consideran al inmigrante como sujeto de derechos y ponen en marcha políticas activas de integración y de gestión ordenada de flujos migratorios.

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algunas acciones institucionales y se han venido poniendo en marcha gestiones de protección consular, es aún necesario reforzar los mecanismos de ayuda a la población emigrante facilitando, entre otras medidas, su retorno y protección social al regreso. 3. Se está, además, trabajando en el diseño de una política que, con una visión integral, considere al emigrante dominicano como un factor de desarrollo, tanto para la sociedad de acogida como para la República Dominicana. 4. Entre los desafíos más importantes se encuentra la puesta en marcha de un diálogo nacional sobre discriminación. El diálogo estaría provocado por las opiniones suscitadas en torno a la sanción y existencia o no de conductas sociales y actos discriminatorios, no sólo contra algunos grupos de inmigrantes sino también algunas minorías nacionales, principalmente por su origen étnico. La prohibición de la discriminación está prevista en la norma constitucional, pero aún no se ha aprobado en el país una ley de lucha contra la discriminación, aunque se encuentre ya redactada y esté pendiente de discusión parlamentaria. La identificación de la Republica Dominicana como una

sociedad plural se manifiesta en el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica existente en el país como un elemento distintivo.

Manejo ordenado de los flujos con base en las necesidades del país en un marco de respeto a los derechos humanos, las buenas prácticas y normas internacionales sobre el fenómeno Si bien existen grandes desafíos, los pasos dados por el Estado dominicano en los últimos tres años van encaminados hacia una gestión de la migración moderna, eficaz y respetuosa de los derechos de las personas migrantes. En este sentido, el PNRE es un ejemplo en esa dirección y las acciones que se tomen para garantizar su continuidad y sostenibilidad serán fundamentales para asegurar que los resultados del PNRE tengan un impacto real en la integración de la población inmigrante en la sociedad dominicana. Por ello, la integración legal ha de ir de la mano de otras medidas relacionadas con el mercado laboral, servicios sociales, acceso a derechos y prevención de la discriminación. Por otro lado, la conclusión del proceso de regularización contribuirá a perfeccionar los mecanismos de registro e identificación y, por ende, de control de la población inmigrante en el país.

Recomendaciones Desafíos para el manejo del tema migratorio de una manera eficaz, moderna, responsable y eficiente 1. La República Dominicana debe dirigirse hacia una verdadera política de gestión de la migración y con ello normalizar ésta dentro de la administración de Estado, trascendiendo agendas políticas o contextos electorales. El marco de acción pública común e integral debe comprender elementos coordinados que permitan una adecuada gestión y control de flujos migratorios y la seguridad de las fronteras, así como la plena legalidad e integración de la población inmigrante para facilitar su contribución al desarrollo nacional en un marco de respeto de los derechos humanos. La gestión migratoria debe abordar la múltiple condición de país emisor, de tránsito, receptor y de retorno de migrantes. 2. Debe concluir el proceso de reformas institucionales para adecuarlo a la puesta en marcha de las nuevas políticas migratorias que se deben desarrollar desde una perspectiva integral. La reforma y el fortalecimiento institucional debe incluir a todas las administraciones públicas en lo que afectan o les afecta el fenómeno migratorio. Desde este enfoque, el papel del Consejo Nacional de Migración es fundamental ya que está constituido por representantes de los principales ministerios de la Administración del Estado, incluyendo representantes de la Cámara de Diputados y el Senado. Entre las medidas institucionales más urgentes que se deben poner en marcha se incluye la creación de un sistema de información estadística y gestión de información sobre migración que arroje datos consolidados a nivel estatal. Un mejor conocimiento del fenómeno y de su impacto a través de los elementos objetivos e indicadores verificables arrojados por el sistema de información, favorecerá la toma de decisiones

y el diseño de las políticas públicas más acertadas para el país en materia migratoria. 3. Los temas pendientes relacionados con la ciudadanía dominicana de las/os descendientes de inmigrantes de larga data en situación migratoria irregular, nacidas/ os en el territorio dominicano, deben ser resueltos dando seguimiento a los mecanismos institucionales existentes y creando los que fuesen necesarios para concluir el proceso de implementación de la Ley 16914 y su reglamento, previo estudio e investigación caso por caso. Estas medidas deberían incluir la puesta en marcha de estudios de impacto en la población y la puesta en marcha de las medidas complementarias que se consideren necesarias para alcanzar los objetivos que establece dicha norma.

Migración como factor de desarrollo económico y social 1. Deben existir mecanismos claros y efectivos de participación social para la implementación de una política migratoria transparente, democrática y eficaz. Para ello, es necesaria la puesta en marcha de mesas sectoriales de diálogo con participación de los diferentes sectores sociales, incluidos los medios de comunicación más relevantes y los grupos más representativos de migrantes. Entre los temas más acuciantes a tratar se identifica el diálogo sobre una alianza público-privada para favorecer la integración económica y social de la población inmigrante a través de la protección de los derechos de las/os trabajadoras/es migrantes en el mercado de trabajo nacional. Se debe asimismo dar un diálogo nacional sobre el modelo de integración más apropiado para el país y el manejo de la diversidad en la sociedad dominicana, incluyendo temas de discriminación.

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2. Se deben promover acuerdos internacionales y mecanismos institucionales que fortalezcan y complementen la política migratoria de la República Dominicana, los cuales deben apoyarse en las normas e iniciativas regionales sobre la materia. Por ello, debe continuar fortaleciéndose el diálogo migratorio intra-insular y regional, a través de los mecanismos institucionales creados, tales como la Comisión Mixta Binacional entre la República Dominicana y la República de Haití, y la creación de otros mecanismos técnicos que apoyen los procesos de toma de decisiones y la suscripción de acuerdos internacionales. Por otro lado, la implementación plena de medidas ya desarrolladas, como el Tratado Iberoamericano de Portabilidad de la Seguridad Social y las iniciativas sobre la unificación de los criterios para el reconocimiento de los estudios y competencias profesionales de las personas migrantes, deberían ser priorizadas. 3. En relación a las/os ciudadanas/os dominicanas/os en el exterior se debe fortalecer el servicio consular y la transnacionalidad de esta población, en particular de las/os emigrantes de primera y segunda generación, reconociendo los vínculos económicos, sociales y familiares de las personas migrantes, tanto con la comunidad dominicana como con la comunidad de acogida, potenciando –entre otras medidas– el retorno de migrantes dominicanas/os. Se deberían asimismo crear programas sociales de apoyo a las/os emigrantes dominicanas/os retornadas/os al país que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Además, se deben facilitar los mecanismos para el ejercicio del derecho al voto de las/os dominicanos/as en el exterior. 4. Finalmente y no por ello menos relevante, se deben impulsar investigaciones que ayuden a evaluar en todo su rigor la magnitud y dimensiones del fenómeno de la trata de personas en y desde la República Dominicana.

Manejo ordenado de los flujos con base en las necesidades del país en un marco de respeto a los derechos humanos, las buenas prácticas y normas internacionales sobre el fenómeno 1. En el marco de una política de regulación y control de flujos migratorios, a corto plazo es importante garantizar la sostenibilidad del estatus de legalidad de la población inmigrante regularizados a través del PNRE que acaba de concluir, con las reformas normativas o reglamentarias necesarias, sin obviar el régimen de excepcionalidad de la medida. Por otro lado, trabajando por el combate contra la inmigración irregular, es preciso adoptar políticas pragmáticas como un elemento más de la política migratoria y considerar, más allá del PNRE, la regulación de la población migrante irregular que se encuentra en el territorio nacional y tenga un alto grado de arraigo, para la cual su devolución o retorno es altamente inviable. 2. Respetando la legalidad establecida y priorizando los factores de desarrollo de la zona fronteriza, es de gran importancia enfocarse en la movilidad transfronteriza y la migración en tránsito, facilitando la documentación migratoria y la protección de los derechos de las personas migrantes. Al mismo tiempo, se debe garantizar la seguridad fronteriza, función primordial del Estado. Para ello, el establecimiento de un diálogo regional con agentes sociales y económicos sería uno de los primeros pasos para abordar de forma eficaz y sostenible los temas de desarrollo y de protección de los derechos de la población inmigrante en la zona.

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ANEXOS

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Resultados Evaluación Satisfacción Participantes en Seminario-Taller Administración Pública y Gestión Migratoria: Una visión de Futuro, realizado del 18 al 20 de noviembre de 2015 Como parte de las actividades realizadas en el marco del Seminario-Taller Administración Pública y Gestión Migratoria: Una visión de Futuro, los 18 al 20 de noviembre de 2015, se llevó a cabo una evaluación del evento, con el objetivo de medir la satisfacción de las/os participantes, e incorporar mejoras en el diseño y ejecución de los eventos que desarrolle el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, INM-RD. Esta evaluación midió tres dimensiones: la temática, metodológica y logística. A continuación se presenta un resumen de los principales resultados: Valoración promedio (%) de las dimensiones: temática, metodológica y logística del SeminarioTaller: Administración Pública y Gestión Migratoria, 2015

100.0

93.6

97.9

94.5

95.3

Temática

Metodológica

Logística

Promedio global del seminario/taller

80.0 60.0 40.0 20.0 0

Tamaño de la población encuestada: 48 personas. Instrumento aplicado: cuestionario escrito. Nota metodológica: las escalas y sus respectivas valoraciones son: muy insatisfecho (25%), insatisfecho (50%), satisfecho (75%) y muy satisfecho (100%).

De las tres dimensiones abordadas (temática, metodológica y logística), la estrategia metodológica implementada durante el seminario-taller obtuvo la mejor valoración, alcanzando aproximadamente un 98% en las respuestas de satisfacción de las/os participantes. Asimismo, las categorías: temática y logística, fueron valoradas con puntuaciones de un 93.6% y 94.5% respectivamente. En sentido general, la actividad consiguió una calificación promedio de 95.3%, lo que evidencia un excelente nivel de valoración tomando en cuenta las escalas escogidas. Aunque las categorías temática y logística recibieron una alta calificación, están por debajo del promedio general, lo que pone de manifiesto oportunidades de mejora para futuras actividades. A continuación, se presentan el resumen de las calificaciones por dimensión. Valoración de las sesiones temáticas del seminario Aspectos Valoración (%) Promedio general (%) Pertinencia de los contenidos 91.7 Aplicabilidad posterior de los contenidos 97.9 93.6 Interacción facilitador/aparticipantes 87.5 Labor de la facilitación 97.9

La valoración de las sesiones temáticas en término promedio fue de 93.6%, lo cual corresponde a la escala “muy satisfecho”. No obstante, dentro de esta dimensión, los aspectos concernientes a la pertinencia de los contenidos fue valorado con aproximadamente un 92%, mientras que la interacción de las/os facilitadoras/es con el público, obtuvo

alrededor de un 88%. Estas cifras por sí solas revelan una alta satisfacción por parte de las personas que acudieron a la actividad, sin embargo, en términos comparativos se colocan por detrás de la valoración promedio en cuanto dentro de esta misma categoría. Los elementos recogidos y expresados en las puntuaciones obtenidas por estos dos aspectos antes señalados, bien pudiesen ser fortalecidos para lograr resultados más óptimos en futuros encuentros de carácter académicos que se desarrollen por parte del INM-RD. Por otra parte, los aspectos: labor de facilitación y aplicabilidad posterior de los contenidos, ambas valoraciones se colocaron sobre el promedio en 4 puntos porcentuales, siendo estos dos atributos los que mayores fortalezas mostraron del evento. Valoración de los aspectos metodológicos del seminario Aspectos Valoración Promedio (%) general (%) Cumplimiento del programa 93.8 Cumplimiento de los objetivos propuestos 100.0 Balance entre teoría y práctica 91.7 Adecuación y variedad de estrategias metodológicas 100.0 Nivel de aprovechamiento alcanzado 100.0 Nivel de sensibilización alcanzado 100.0 97.9 Actualidad de los contenidos 100.0 Uso apropiado de aplicaciones y casos reales 95.8 Clima o ambiente del Seminario 100.0 Aprovechamiento del tiempo 97.9 Satisfacción en general con la actividad, respecto a sus expectativas iniciales 97.9

En cuanto a la dimensión metodológica, ésta logró una calificación promedio de 97.9%, superior al promedio general de la actividad que fue calificada con un 95.3%. De los 11 aspectos valorados en esta dimensión, 6 de ellos obtuvieron la más alta calificación por parte de las/os participantes que acudieron a la actividad. Las oportunidades de mejora se encuentran en la necesidad de equilibrar la teoría con la práctica. Esto quedó

evidenciado en la calificación de los atributos Balance entre teoría y práctica que obtuvo un 91.7% y el Uso apropiado de aplicaciones y casos reales con un 95.8%. Otro elemento de mejora es el cumplimiento de los horarios del programa, que recibió un 93.8%, por debajo del promedio general de la dimensión metodológica. Valoración de los aspectos logísticos del seminario Aspectos Valoración (%) Promedio general (%) Organización del Seminario 95.8 Puntualidad 89.6 Material didáctico 95.8 94.5 Espacio físico 97.9 Alimentación 93.8

En cuanto a la dimensión logística se puede destacar que la valoración, al igual que las demás dimensiones, ha obtenido un buen desempeño al alcanzar un 94.5% dentro de las escalas de satisfacción planteadas en la evaluación del evento. Además, dentro de los aspectos considerados en el componente logístico, se advierte que la puntualidad tiene una valoración que se coloca a 5 puntos porcentuales por detrás del promedio, lo cual repercute en el cumplimiento del programa, y por lo tanto, ambos, pudiesen ser objeto de mejoría para futuras actividades. Por otra parte, el factor alimentación, fue valorado de muy satisfecho con 93.8%, colocándose a menos de un punto porcentual del promedio, lo cual indica que tiene una valoración alta, pero también requeriría de algunas análisis más detallados para ser mejorados.

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Folleto Informativo

Programa

Invitación y Afiche

Miércoles 18 noviembre Acto Inaugural

9:00 a.m. - 9:30 a.m. | Inauguración-Mesa Principal • • • • • • • • • •

Arq. Andrés Navarro García. Ministro de Relaciones Exteriores Ing. Juan Temístocles Montás. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Lic. Henry Molina. Viceministro de la Presidencia de la República. Lic. Luis Fernández. Viceministro para Naturalización y Migración, Ministerio de Interior y Policía. Lic. Elso Segura. Viceministro de Servicios Públicos del Ministerio de Administración Pública. Dr. Pedro Silverio. Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Sr. Lorenzo Jiménez de Luis. Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sr. Jorge Baca Vaughan. Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones. Mayor General Rubén Darío Paulino Sem. Director General de Migración. Dra. Florinda Rojas. Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Migración.

9:30 a.m. - 10:15 a.m. | Conferencia Magistral Administración pública y gestión migratoria: Desafíos, oportunidades y tendencias Dr. Ricardo García Vegas

Investigador Universidad Rey Juan Carlos. España Grupo de Investigación sobre Innovación Pública y Gestión Social Coordinador programa GOBERNA-América Latina I.U. Ortega y Gasset. España

10:15 a.m. - 11:15 a.m. | Panel de discusión Participantes: • Lic. Elso Segura. Viceministro de Servicios Públicos del Ministerio de Administración Pública. • Mayor General Rubén Darío Paulino Sem. Director General de Migración. República Dominicana. • Dr. Rubén Silié. Embajador Plenipotenciario y Extraordinario de la República Dominicana ante la República de Haití. • Dr. Joaquín Arango Vila-Belda. Catedrático experto en migraciones internacionales. España

11:15 a.m. - 11:30 a.m. | Preguntas y respuestas a panelistas y conferencistas 11:30 a.m. - 11:45 a.m. | Conclusiones y cierre 11:45 a.m. - 12:00 p.m. | Refrigerio 12:00 p.m. - 12:30 p.m. | Registro de participantes en el seminario 12:30 p.m. - 1:30 p.m. | Almuerzo para los participantes en el seminario-taller

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SEMINARIO Relator: Dr. Guillermo Bettocchi 1:30 p.m. - 5:00 p.m. Módulo I Regulación de las migraciones: Regímenes migratorios y políticas de inmigración 1:30 p.m. - 2:30 p.m. Ponencia

Regímenes migratorios en el mundo actual: Tipología y características Dr. Joaquín Arango Vila-Belda

Catedrático de Universidad, Departamento de Población y Ecología Humana, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid Director de los programas de doctorado y postgrados sobre migraciones del Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid. España

2:30 p.m.- 2:40 p.m. | Comentarios y preguntas 2:40 p.m. - 3:30 p.m. | Ponencia

Sistema migratorio latinoamericano: Avances y perspectivas Dr. Joaquín Eguren Rodríguez

Investigador Coordinador del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID) Instituto de Estudios sobre Migraciones. Universidad Pontificia de Comillas, España.

3:30 p.m.- 3:45 p.m. | Comentarios y preguntas 3:45 p.m. - 4:00 p.m. | Refrigerio 4:00 p.m. - 4:45 p.m. | Presentación Proyecto por una sociedad inclusiva: Club de Madrid Sr. Rafael Moreno López Sr. Daniel de Torres

Expertos internacionales en Inclusión y Desarrollo Económico Club de Madrid, España.

4:45 p.m.- 5:00 p.m. | Conclusiones y cierre de la actividad Socialización de la relatoría de la jornada INM

Jueves 19 de noviembre 8:45 a.m. - 11:30 a.m. Módulo II Gestión pública para la innovación pública y políticas migratorias 8:45 a.m. - 9:00 a.m. | Registro de Participantes 9:00 a.m. - 10:00 a.m. | Ponencia

Nuevos modelos de gestión pública y mejora de la gobernanza en las políticas migratorias: Propuestas de innovación pública Dr. Ricardo García Vegas

Investigador Universidad Rey Juan Carlos. España

Grupo de Investigación sobre Innovación Pública y Gestión Social Coordinador programa GOBERNA-América Latina I.U. Ortega y Gasset. España

10:00 a.m. -11:00 a.m. | Discusión grupal Moderador: INM RD. Conclusiones 11:00 a.m. -11:15 a.m. | Refrigerio 11:15 a.m. - 3:30 p.m. Módulo III Estudio comparado de políticas migratorias: Modelos regionales 11:15 a.m. – 12:15 p.m. | Ponencia

Modelos de políticas migratorias: Especificidades y derechos afectados. Estudio comparado de buenas prácticas.

12:15 p.m. - 1:15 p.m. | Almuerzo 1:15 p.m. - 3:30 p.m. | Presentación de casos prácticos y trabajo en grupos

Se recogerán dos casos prácticos: uno relacionado con la gestión de flujos y otro con políticas de integración y gestión de la diversidad. 1:15 p.m. - 1:45 p.m | Caso práctico 1 Presentación de la política de gestión de flujos migratorios en México Dr. Ernesto Rodríguez Chávez Investigador

Centro de Estudios y Programas Interamericanos

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 1:45 p.m. - 2:15 p.m | Caso práctico 2 Presentación de la política integración de inmigrantes y refugiados en Costa Rica Lic. Millaray Villalobos Dirección de Integración y Desarrollo Humano Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica

2:45 p.m. - 3:30 p.m. | Discusión grupal y conclusiones de la actividad 3:30 p.m. - 3:45 p.m. | Refrigerio 3:45 p.m. - 5:45 p.m. Módulo IV El accionar del Estado en relación a la migración en República Dominicana 3:45 p.m. – 4:15 p.m. | Ponencia

Una visión integral de la política migratoria desde una perspectiva de desarrollo sostenible Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD)

4:15 p.m. - 5:30 p.m. | Panel de discusión Moderador: Dr. José del Castillo Pichardo

Sociólogo, escritor e historiador República Dominicana

49 Participantes: • Sra. Rosa María Suárez. Directora técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República • Dr. Joaquín Arango Vila-Belda. Experto internacional

5:30 p.m. - 5:45 p.m. | Conclusiones y cierre de la jornada Socialización de la relatoría de la jornada INM RD

Instituciones Participantes •

Cuerpo Especializado de la Seguridad Fronteriza

•

Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria

8:45 a.m. - 12:00 m. Módulo V La gestión de la migración en República Dominicana: Lecciones aprendidas y perspectivas de futuro

•

Consejo Nacional de la Persona Envejeciente

•

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo

8:45 a.m. - 9:00 p.m. | Registro de Participantes

•

Viernes 20 de noviembre

9:00 a.m. - 9:45 a.m. | Ponencia

• •

Terrestre, CESFRONT

y de la Aviación Civil, CESAC

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Defensoría del Pueblo

Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica

Política migratoria dominicana después del Plan Nacional de Regularización: ¿Hacia dónde nos dirigimos?

•

Dirección General de Migración

Lic. Luis Fernández

• •

Fiscalía del Distrito Nacional

Viceministro para Naturalización y Migración Ministerio Interior y Policía República Dominicana

9:45 a.m. - 10:00 a.m. | Refrigerio 10:00 a.m. - 11:15 a.m. | Panel de discusión Moderador: Instituto Nacional de Migración INM RD Participantes: • Dr. Frank Báez. Sociólogo dominicano especialista en migraciones. República Dominicana • Embajador Josué Fiallo. Ministerio de Presidencia. República Dominicana • Embajadora Kenia Ángeles. Directora de Asuntos Migratorias del Ministerio de Relaciones Exteriores. República Dominicana.

•

Dirección General de Presupuesto Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO

•

Ministerio de las Fuerzas Armadas

•

Instituto Nacional de Administración Pública, INAP

•

Ministerio de Administración Pública, MAP

•

• • • • • • •

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la República Dominicana

Universidades

Ministerio de Deportes

Ministerio de Educación, MINERD

Ministerio de Industria y Comercio Ministerio de Interior y Policía Ministerio de la Mujer

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPyD

11:15 a.m. - 11:45 a.m. | Comentarios y preguntas de los participantes

•

Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX

11:45 a.m. - 12:00 m. | Conclusiones y cierre de la actividad.

•

Ministerio de Turismo

Socialización de la relatoría de la jornada INM RD

12:00 m. - 12:30 p.m. | Acto de clausura. Palabras del Director de la Dirección General de Migración, Mayor General Rubén Darío Paulino Sem. Palabras de la Directora del Instituto Nacional de Migración, Dra. Florinda Rojas. República Dominicana

12:30 p.m - 1:30 p.m. | Entrega de certificados 1:30 p.m. - 2:30 p.m. | Almuerzo de despedida

• • • •

Ministerio de Trabajo

Observatorio Migrantes del Caribe, OBMICA Oficina Nacional de Estadística, ONE

Organización Internacional para las Migraciones, OIM

•

Programas de las Naciones Unidas para el

•

Policia Nacional

•

Procuraduría General de la República

•

Unión Nacional de ONG Incorporadas, UNADONGI

•

Desarrollo, PNUD

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Tribunal Superior Electoral

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Perfiles Expositores

JOAQUIN EGUREN

RICARDO GARCÍA VEGAS

ESPAÑA

Doctor en Gobierno y Administración Pública Universidad Complutense de Madrid-Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (España); Máster en Estudios Políticos Aplicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (España); Gestor de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible por la Universidad Complutense de Madrid; Especialista en Gerencia Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (Venezuela). Desde 2008 se desempeña como investigador en el Departamento de Derecho Público y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Ha participado en proyectos de investigación y de asistencia técnica en el sector público.

JOAQUÍN ARANGO ESPAÑA

Catedrático de Sociología, Universidad Complutense de Madrid, y Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Director del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales (GEMI), Co-Director del Anuario sobre Inmigración y Políticas de Inmigración en España, miembro de los Consejos Editoriales de revistas internacionales de prestigio y miembro de consejos científicos de varios proyectos internacionales. Autor de más de un centenar de publicaciones. Anteriormente, fue Presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, Subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno de España y Vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Investigador y docente del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (IUEM). Doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Coordinador del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID) donde participan varias universidades y entidades de Iberoamérica. Dentro de sus líneas de investigación están: Sociología Cultural (Relaciones interétnicas), Antropología Social (Redes sociales, familia y parentesco) y Antropología de las Migraciones (Multiculturalidad, Comunidades inmigrantes, Migración y Desarrollo, Segundas Generaciones y gestión de la diversidad religiosa). Eguren ha escrito varios artículos y capítulos en libros sobre integración de la inmigración en España.

DANIEL DE TORRES ESPAÑA

Licenciado en Economía General por la Universidad de Barcelona, postgrado en Interculturalidad y Educación. Fue asesor del Gabinete del Alcalde de Barcelona en políticas innovadoras de cohesión social. Es Miembro del Panel de Expertos del Proyecto por una Sociedad Inclusiva del Club de Madrid. Especialista en políticas innovadoras de gestión de la diversidad e interculturalidad del Consejo de Europa. Director de la Red Española de ciudades interculturales (RECI) y co-fundador de Imacity, organización especializada en el desarrollo global de las ciudades. También ha sido analista y colaborador de varios thinktanks y fundaciones sobre los temas de diversidad, liderazgo e interculturalidad.

ERNESTO RODRÍGUEZ

RAFAEL MORENO

MÉXICO

Investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Fue director del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México y jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de ITAM e investigador invitado en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, así como de diversos diplomados en la Universidad Iberoamericana. Entre sus publicaciones están: Migración centroamericana en tránsito por México hacia Estados Unidos: Diagnóstico y recomendaciones, 2014. Construyendo estadísticas. Movilidad y migración internacional en México, 2012, entre otros.

MILLARAY VILLALOBOS ROJAS COSTA RICA

Licenciada en Antropología Social con énfasis en Migraciones. Labora en la Dirección de Integración y Desarrollo Humano de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), donde diseñan y ejecutan estrategias intersectoriales e interinstitucionales para la integración socio-económica y cultural de la población migrante y refugiada. Investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y cursa la maestría académica en Antropología Social en la Universidad de Costa Rica (UCR). Sus esfuerzos académicos y laborales se enfocan en el tema de las migraciones indígenas miskitas (desde Nicaragua y Honduras) hacia Costa Rica.

ESPAÑA

Máster en Relaciones Europeas e Internacionales, Universidad de Estrasburgo (Francia). Candidato a PhD en Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla. Oficial de proyectos de “Sociedad Inclusiva” en el Club de Madrid. Su experiencia profesional se enfoca en el desarrollo internacional. Ha trabajado como encargado de proyectos para la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en cultura, género y capacidades institucionales de Mauritania y Nigeria. En 2013 fue Coordinador del Proyecto para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en México. En 2009 fue oficial del Programa Adjunto en Madrid de Casa Árabe (Ministerio Español de Asuntos Exteriores).

MAGDALENA LIZARDO

REP. DOMINICANA Doctora en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, con áreas de concentración en Econometría y Organización Industrial. También cuenta con Maestría en Economía Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro y Maestría en Ciencias Políticas para el Desarrollo Democrático del Programa Universidad de Salamanca/Funglode. Realizó sus estudios de Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Directora de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana y Profesora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

MEMORIA | Seminario Taller Administración Pública y Gestión Migratoria: Una visión de futuro

FRANK BÁEZ EVERTZ

FLORINDA ROJAS

REP. DOMINICANA Investigador principal de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2012) en República Dominicana. Sociólogo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; con Maestría en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudios de Doctorado en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Con una amplia y fructífera carrera docente en universidades como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Investigador académico y autor de varios libros y artículos sobre la industria cafetalera, mano de obra haitiana, migración internacional, entre otros temas.

REP. DOMINICANA Doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha realizado cursos de especialización con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos de América. Su trayectoria profesional la realizó en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), en América Latina, África y Europa, en diversos cargos de oficial de protección, programa, y jefa de misión, hasta concluir en la posición de Representante Regional para los países de América del Sur. Tiene una vasta experiencia en el área de capacitación en Derechos Humanos, Migración y Género. Actualmente es miembro del equipo de capacitadores de la Fundación para la Educación en Derechos Humanos, y Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Migración.

Relator

LUIS FERNÁNDEZ

REP. DOMINICANA Viceministro de Asuntos Migratorios y de Naturalización, Ministerio de Interior y Policía, República Dominicana. Licenciado en Comunicación Social. Fue Regidor por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Sub- director de INESPRE y Sub Director General de Migración. Ha sido Coordinador Nacional del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), responsable de la Juramentación de los ciudadanos extranjeros que adquieren la nacionalidad dominicana. Ha participado en la Conferencia Regional de Migración (CRM), del Programa de Comunicación de los Aeropuertos (AIRCOP) y de la Comisión Bilateral domínico-haitiana.

GUILLERMO BETTOCCHI (RELATOR) PERÚ

Abogado, Master en Legal Institutions de la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos y Doctor en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, España. Delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ante la Unidad Inter-Agencial de las Naciones Unidas Especializada en Desplazamiento Interno. También fue Director Adjunto para el Bureau de Europa, Representante para Somalia, Asesor Especial de la Directora de la Protección Internacional, Representante Adjunto en Pakistán, Asesor Legal para el Bureau de las Américas, entre otros. Participó en misiones de apoyo operacional y estratégico en diversas situaciones de refugiados y desplazados internos.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

Instituto Nacional de Migración INM RD

“Año del Fomento de la Vivienda”

MEMORIA Seminario-Taller Administración

Pública

y Gestión

Migratoria UNA VISIÓN DE FUTURO

Con el auspicio de

PUCMM Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Santo Domingo 18

20 Noviembre 2015