2 minute read

Mesa de saberes agrarios

Propuesta

Mesa de saberes agrarios

Advertisement

Durante su visita a Guatemala, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, constató la creciente incidencia de desalojos forzosos y el abuso en el uso de procedimientos penales contra los pueblos indígenas que defienden sus tierras.

Coincidimos plenamente con la apreciación de la Relatora, que el país no ha adoptado legislación ni mecanismos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales. Muchos son dejados en situación de vulnerabilidad total frente a intereses en conflicto y a numerosos proyectos que se llevan a cabo sin el consentimiento de los Pueblos interesados.

La criminalización de las y los líderes indígenas y campesinos, solo aumentará las tensiones en la sociedad. Es necesario que Guatemala identifique, asuma y comience a trabajar para resolver dichos problemas estructurales.

Es condenable que en el contexto de inestabilidad y falta de rumbo del país continúen los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes campesinos, como el caso de Luis Arturo Marroquín del Comité de Desarrollo Campesino (San Luis Jilotequéque, Jutiapa, 9/05); José Xol Can del Comité Campesino del Altiplano (comunidad Choctún Basilá, A.V. 10/05) y Mateo Chamam Paau (comunidad Tres Ríos, A.V. 13/05).

Preocupa que el país continúe en este contexto de confrontación, especialmente por las amenazas constantes de algunos altos

miembros de los poderes del Estado contra la función de la CICIG y el procurador de Derechos Humanos.

De igual forma preocupa el intento de expulsión d los embajadores Andersen Kompass del Reino de Suecia y Elena Salcedo de la República Bolivariana de Venezuela; ambos connotados diplomáticos que representan a países que han tenido políticas de cooperación y amistad con Guatemala desde hace mucho tiempo.

Manifestamos nuestra solidaridad con las organizaciones campesinas e indígenas; así como nuestro respaldo y reconocimiento a la función que desempeña Iván Velásquez al frente de la CICIG y Jordán Rodas al frente de la PDH como garantes de la lucha anti-corrupción y de los derechos humanos en Guatemala.

Desde la Mesa de Saberes Agrarios rechazamos la sistemática criminalización de líderes y lideresas por parte del Estdo, y el ejercicio de la violencia coercitiva con fines de reprimir las demandas agrarias y territoriales en el país.

Por lo anterior proponemos:

• Que el Ministerio Público contribuya de inmediato al esclarecimiento de los casos de asesinatos denunciados.

• La depuración de las instituciones estatales que estén siendo afectadas por la corrupción, especialmente las instancias ubicadas en los departamentos; así como aquellos ministerios y entidades responsables de dilucidar la conflictividad agraria y ambiental en los territorios.

• Asumir de inmediato las recomendaciones de la Relatora

Especial de Pueblos Indígenas de la ONU:

1. Que el Estado inicie a trabajar de manera urgente la resolución de problemas estructurales que impiden acciones en favor de los pueblos indígenas.

2. Dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y el Convenio 169 de la OIT en su lectura integral y en resguardo de los estándares internacionales.

3. Detener la criminalización de los indígenas que luchan por su tierra, territorios y recursos naturales y proveerles los derechos sociales fundamentales.

• Que la Corte de Constitucionalidad instruya a las instituciones del Estado sobre su obligación de respetar y aplicar los

Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales; así como la

Constitución de la República en materia de derechos humanos y derecho internacional.

Guatemala, 17 de mayo de 2018.

This article is from: