Foto: La Repﾃｺblica Norte
Aﾃ前 12 N.ﾂｺ 129 MAYO de 2011
agroDATA AGROdata
precios internacionales
Empleo rural: población ocupada y pobreza Si bien la importancia relativa del sector agropecuario en el producto bruto interno (PBI) nacional ha venido cayendo en las últimas décadas (de 14.2% en 1950 a 7.5% en 2010) —y, con ello, también en la atención de los gobiernos—, dicho sector continua siendo el mayor generador de empleos en el país, pues acoge al 26.2% de la PEA ocupada1 (PEAO) en 2009, vale decir, unos 3.8 millones de personas. Más aun: en las zonas rurales, su importancia como fuente de ingresos bordea el 73.9% de la PEAO (ver gráfico). Según el último documento sobre indicadores de empleo e ingresos del INEI, el ratio empleo sobre población en edad de trabajar (PET2) en el ámbito rural fue de 82.3%, tasa superior a la registrada en las áreas urbanas (66.9%); es decir, de cada 10 personas consideradas aptas para trabajar, 8.2 se encuentran realizando alguna actividad. Pero, a pesar de este aparente bienestar, la incidencia de la pobreza alcanza el 60.3% en el área rural. Esta aparente distorsión nos obliga a reflexionar sobre la calidad y sostenibilidad de dicho empleo, pues no estaría garantizando los ingresos suficientes para que un hogar pueda acceder a una canasta básica de bienes y servicios, ni la continuidad del mismo. Un perfil de la PEA ocupada rural nos brindará una mejor idea de lo que está pasando en el sector. Primero, el nivel de instrucción en el área rural es bastante bajo, y esto disminuye la probabilidad de tener un comportamiento más empresarial y/o de acceder a puestos mejor remunerados. El 60% de la población rural solo tiene nivel primario, y lo más grave es que la tendencia a largo plazo se mantendría, pues el porcentaje de niños y jóvenes (de 14 a 24 años) que deberían dedicar la mayor parte de su tiempo a la educación está formando parte de la fuerza laboral que registra un 68% en el ámbito rural. Segundo, la vulnerabilidad del área rural es alta, pues solo el 23% tiene un ingreso «asegurado» (ver cuadro siguiente). La mayoría de empleos rurales están bajo la categoría de «cuenta propia» (72%), que incluye a los trabajadores independientes3 y a los trabajadores familiares no remunerados. Los ingresos de aquellos que trabajan «por cuenta propia» dependen no solo de su esfuerzo, sino de factores ajenos como el clima, los conflictos sociales, las fluctuaciones de la demanda interna y externa, entre otros. Más preocupante aun es que de ese 23% asalariado, solo una cuarta parte cuenta con un contrato, lo cual deja a unas 661 mil personas sin estabilidad laboral. Por último, los niveles de subempleo son alarmantes: el 69% de personas está subempleada por ingresos, lo cual quiere decir que estas personas laboran 35 o más horas a la semana, pero su ingreso mensual no llega al nivel del mínimo vital, equivalente a S/.600. En resumen, si bien casi el 74% de la PEA rural se encuentra ocupada, las condiciones en las que accede al empleo siguen siendo desventajosas: sin estabilidad laboral, con salarios bajos, etc. La lucha frontal contra la pobreza que emprenda el nuevo gobierno debe empezar por corregir estos errores y asegurar un empleo de calidad a los miles de pobladores rurales que continúan en situación de pobreza.
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Perú rural. Distribución de la PEA ocupada según actividad, 2009 Total = 4.17 millones
Servicios sociales y recreativos 4%
Otros 12%
Industria bienes consumo 4% Comercio por menor 6%
Agricultura, pesca 74%
Fuente: ENAHO. INEI.
Perú. Perfil de la PEA ocupada según ámbito geográfico Indicador
Urbano
Rural
47%
68%
Ratio de empleo - población ( PEA ocupada/ PET) De 14 a 24 años Nivel académico A lo más, primaria
18%
60%
Secundaria
44%
34%
Superior
38%
6%
Categoría de ocupación Empleador/patrono
6%
5%
Asalariado
55%
23%
Trabajador independiente
32%
42%
Trabajador familiar no remunerado
7%
31%
Empleo adecuado
53%
23%
Subempleada
47%
77%
Nivel de empleo
Por horas
11%
8%
Por ingresos
36%
69%
Con contrato
56%
26%
Sin contrato
42%
73%
Tipo de contrato (PEA asalariada)
Fuente: ENAHO-2009.
Notas 1
PEA ocupada: población económicamente activa que se encuentra trabajando. 2 Para el caso del Perú, la edad mínima en que una persona se considera apta para ejercer funciones productivas es 14 años. 3 Persona que explota su propio negocio, pero que no cuenta con trabajadores remunerados a su cargo.
LA REVISTA AGRARIA / 129
contenido contenido
editorial Elecciones en la recta final: Gana Perú es la mejor opción para el agro
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Transgénicos Mitos y verdades
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Restauración de andenes Mitigando los efectos del cambio climático
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La subasta de tierras en Olmos Congresistas electos se pronuncian
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Asociatividad El desafío de la agricultura familiar
Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales
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Director Fernando Eguren
Comité editorial Javier Alvarado, Laureano del Castillo, David Gonzales, Fanny Jiménez, Juan Rheineck, Beatriz Salazar, Renato Salazar
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MAYO de 2011
E
n pocos días, los ciudadanos del Perú tendremos que volver a las ánforas para elegir entre los dos candidatos que alcanzaron la mayor votación en la primera vuelta electoral. La campaña en los medios de comunicación y las actitudes y declaraciones de las autoridades gubernamentales se han encargado de introducir elementos que generan inquietudes, antes que tranquilidad, entre los electores. Enfrentados ahora a la necesidad de escoger entre los dos aspirantes, es preciso hacer un esfuerzo que nos permita elegir a quien pueda atender los reclamos de los agricultores y campesinos del país. En ese sentido, no puede pasarse por alto la defensa que hizo la señora Keiko Fujimori del gobierno de su padre: lo llamó «el mejor presidente de nuestra historia». Si de historia se trata, recordemos que su elección, en 1990, respondió a la promesa de atender al agro (proyectando la imagen de un candidato en tractor, ex rector de la Universidad Nacional Agraria). La esperanza pronto se esfumó con una política que, lejos de favorecer a la gran cantidad de pequeños agricultores, minifundistas y comunidades, privilegió a las grandes inversiones. Tras derogar la Ley de reforma agraria, se dio paso a la liberalización completa de la propiedad agraria, se cerró el Banco Agrario, se cancelaron la investigación y la extensión agraria; con la nueva Constitución, se relativizó la prioridad del desarrollo agrario y se eliminó el régimen de protección de las comunidades campesinas. El nuevo proceso de concentración de tierras se hizo, precisamente, al amparo de las normas aprobadas en esos años. El boom minero, que ahora afecta a numerosas comunidades campesinas, y los incentivos para la explotación de hidrocarburos tuvieron también su impulso inicial con Fujimori, desconociendo los derechos a la consulta y la participación. Para los agricultores pobres y las comunidades, las políticas asistencialistas y clientelistas fueron la única respuesta. El periodo de Fujimori significó también el desconocimiento de otros derechos. Las organizaciones agrarias y los gremios soportaron esos años, en que todo intento de organización independiente era mal visto. El surgimiento y la posterior consolidación de la Convención Nacional del Agro (Conveagro) es, en parte, respuesta a esa situación de postración. Por ello, debemos destacar la actitud del candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, quien en días pasados se comprometió con los miembros de Conveagro a aumentar la participación de Agrobanco en el mercado financiero y a la inyección de S/.700 millones para generar líneas de crédito por S/.3,500 millones. Días después, el 20 de mayo, el señor Humala suscribió el compromiso de la agenda agraria del quinquenio, que promueve la Junta Nacional de Usuarios de Riego. Tras criticar la importación de alimentos, el candidato se refirió en esa ocasión a la política de aranceles desarrollada en los últimos tiempos, que pone en desventaja a los productores agrarios nacionales. Con base en lo dicho, y sin que signifique un cheque en blanco, LRA no puede sino expresar su apoyo al candidato Ollanta Humala. Junto con este apoyo estaremos vigilantes, si accede al gobierno, del cumplimiento de sus promesas.
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Transgénicos: rompiendo el mito de la alta productividad
Con el argumento de garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes, desde mediados de los noventa se inició una agresiva campaña, en varios países del mundo, para impulsar la siembra de cultivos transgénicos, que, se afirmaba, aseguran mayores rendimientos. Más de quince años después, varios estudios coinciden en que esa promocionada productividad no es más que un mito. En el ámbito internacional existe la figura legal del principio precautorio, según el cual, si hubiera argumentos científicos razonables para creer que un proceso o producto nuevo puede no ser seguro, este no debe ser introducido hasta que se cuente con evidencia convincente de que los riesgos son pequeños y están compensados por sus beneficios. Supone tener una respuesta para, al menos, estas dos interrogantes: ¿cuál es el objetivo del proceso que se quiere implementar? y ¿cuál es la manera menos perjudicial (para el ambiente) de lograrlo? Para la primera pregunta, en el caso de los transgénicos, la respuesta más recurrente de quienes defienden su ingreso es la necesidad de incrementar los rendimientos en la producción de los cultivos. Y, si ese es el objetivo, ¿es la promoción de la siembra de este tipo de semillas la manera menos perjudicial para lograrlo? Alta productividad: ¿mito o realidad? Un informe realizado en EE.UU. en 20091 —que analiza 24 estudios científicos— concluye que el uso de semillas modificadas genéticamente no ha producido ningún aumento de rendimientos en la soya —que es, de lejos, el cultivo transgénico con mayor área sembrada en el mundo—, y solo en el caso del maíz BT (maíz resistente al ataque de varios insectos) se re-
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Foto: Archivo Cepes
A poco más de dos meses de terminar su mandato, el gobierno aprista publicó —el pasado 15 de abril— el D.S. 003-2011-AG, que permite el ingreso de organismos vivos modificados agropecuarios o forestales y/o sus productos derivados. No han tardado en aparecer denuncias que vinculan a funcionarios y asesores con las empresas comercializadoras de este tipo de semillas. Hasta el mismo Rafael Quevedo tuvo que renunciar a su cargo de ministro de Agricultura, al ser involucrado con una empresa importadora.
La enorme expectativa generada por el uso de semillas genéticamente modificadas ha quedado grande frente a los modestos resultados que, en la práctica, se están obteniendo.
«Otra forma de lograr mejores rendimientos es a través de la rotación de cultivos, policultivos, cultivos de cobertura y el uso del control biológico para regular, efectivamente, las poblaciones de insectos y malezas que están siendo elegidas como blanco por la industria de la biotecnología.»
gistran aumentos, pero en mucho menor proporción que los que pueden conseguirse con el uso de prácticas de manejo convencionales. Es decir, la expectativa enorme que se ha generado por el uso de semillas genéticamente modificadas ha quedado grande frente a los modestos resultados que en la práctica se han obtenido. Según Josefina Oldani —ingeniera agrónoma de la empresa argentina comercializadora de semillas, PLA S.A.—, a pesar de que el objetivo final de la siembra de transgénicos sea siempre lograr mayor rendimiento, no están mejorados directamente en este sentido. Es decir, si se siembran dos cultivos —uno transgénico y el otro no— uno al lado del otro y no se presentaran plagas, el rendimiento seguramente sería el mismo en la mayoría de los casos. El potencial de rendimiento lo LA REVISTA AGRARIA / 129
Buscando otras opciones En el Perú, a través del INIA, se ha trabajado, por ejemplo, en el desarrollo de variedades de maíz híbrido, como el INIA 611, de alta calidad proteica, que ha demostrado rendimientos de hasta 16 toneladas por hectárea, ubicándose por encima del promedio nacional de maíz amarillo duro, que es de 3 toneladas por hectárea, y superando a los que se obtienen en regiones como Lima e Ica, que registran rendimientos de 8.7 y 8.5 t/ha, respectivamente. Esta variedad demostró, además, su capacidad para resistir el ataque de plagas y enfermedades, así como de adaptarse en diferentes lugares de la costa. Entonces, ¿por qué no invertir recursos en la promoción e investigación de este tipo de híbridos, en lugar de promover el ingreso de semillas que ponen en riesgo la biodiversidad del país? Varios especialistas coinciden en afirmar que los métodos de aplicación de pocos insumos, como los utilizados en la producción de cultivos orgánicos, pueden mejorar los rendimientos de manera significativa. Dichos métodos tienen la ventaja de estar basados en el conocimiento de los agricultores —aunque muchas veces se encuentren influenciados por la presión que ejercen las casas comerciales para que adquieran insumos agrícolas costosos— y, por lo tanto, son más accesibles a los agricultores pobres, en comparación con tecnologías más caras, que con frecuencia no han ayudado en el pasado. El ingeniero Abelardo Calderón —jefe del Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Agraria La Molina— señala, por ejemplo, que se debe capacitar a los agricultores en el uso de abonos orgánicos. «La planta se enferma cuando hay un desbalance en su nutrición. Pero si hay un MAYO de 2011
Foto: Archivo Cepes
da la mejora genética y la creación de híbridos; con condiciones ambientales apropiadas y un correcto manejo del cultivo (riego, fertilización, control de plagas) se puede alcanzar o no ese potencial, sea o no transgénico ese cultivo. El objetivo que argumenta el gobierno para permitir el ingreso de semilla transgénica —lograr mayor productividad en los cultivos— deja de tener sentido en vista de los resultados prácticos. El esfuerzo para alcanzar mayores rendimientos debe concentrarse en buscar alternativas que no causen daños colaterales.
El uso de semillas transgénicas puede afectar seriamente la biodiversidad del país; de allí la fuerte oposición a la norma.
balance entre las proteínas que produce y las proteínas que degrada, la producción será uniforme. Esa es una forma, también, de mejorar sus rendimientos». Otra forma de lograr mejores rendimientos se da a través de la rotación de cultivos, policultivos, cultivos de cobertura (plantas que se siembran para cubrir el suelo) y el uso del control biológico para regular, efectivamente, las poblaciones de insectos y malezas que están siendo elegidas como blanco por la industria de la biotecnología. Una desventaja en el uso de semilla transgénica es que promueve el monocultivo —se siembran extensas áreas de un solo cultivo, para garantizar que se obtenga la rentabilidad esperada—, y bajo esas condiciones será más difícil para los agricultores utilizar métodos alternativos. Según el informe anual 2009 del ISAAA2, hasta el año 2009, la superficie ocupada por cultivos transgénicos era de 134 millones de hectáreas: 2.7% de un total de 4,900 millones de hectáreas de tierras agrícolas en todo el mundo. En Europa, la superficie de tierras agrícolas dedicadas a los cultivos transgénicos se redujo en un 23% entre 2008 y 2010. Hoy por hoy, más del 60% de la población de este continente está en contra de la siembra de este tipo de cultivos3. En la recta final de la campaña electoral, los candidatos a la presidencia se han pronunciado al respecto. Durante su presentación en la Convención Nacional del Agro (Conveagro), el candidato Ollanta
Humala calificó la autorización del ingreso de estas semillas como una «dependencia peligrosa que beneficia a cinco grandes transnacionales», y manifestó su franca oposición a la norma. Por su parte, la candidata Keiko Fujimori planteó una moratoria de tres años para prohibir los transgénicos en el Perú, como medida para preservar la biodiversidad nacional hasta conocer los verdaderos efectos de este tipo de cultivos. Así las cosas, que el gobierno de García haya autorizado el ingreso de estas semillas entre gallos y medianoche, y cuando ya está de salida, resulta, por lo menos, sospechoso. El pedido de moratoria hecho por diversos especialistas —ingenieros, abogados, dirigentes agrarios, médicos, gastrónomos, etc.—, y por el mismo sindicato del INIA, se sustenta en lo poco que conocemos de los efectos de la siembra de esta semilla y en el hecho de que, como se ha señalado líneas arriba, no es la solución al problema de baja productividad para los agricultores, ni mucho menos garantiza la seguridad alimentaria en el país. Notas 1
Failure to yield: Evaluating the performance of genetically engineered crops. Doug GurianSherman. EE.UU., 2009. 2 Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones AgroBiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés). EE.UU. 3 ¿Quién se beneficia con los cultivos transgénicos? Una industria fundada en mitos. Amigos de la Tierra Internacional. Holanda, 2011.
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El Inventario Nacional de Andenes realizado en 1996 por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) señala que en el Perú existen 256,945 hectáreas de andenes. Esta cifra aumenta a casi un millón si se incluyen los llamados «andenes populares» o terrazas de tierra1. Quince años después, un nuevo proyecto —financiado por el BID y ejecutado por Agrorural— busca realizar un inventario nacional que permita saber el número y estado real de los andenes; la ejecución de un proyecto piloto de recuperación de 60 hectáreas de andenes en la comunidad de Matucana, en la sierra de Lima, y la formulación de un proyecto grande que permita la recuperación de por lo menos medio millón de hectáreas de andenes. Tarea nada fácil, si tenemos en cuenta que el costo de recuperar una hectárea ha sido estimado en US$3 mil. Abelardo Rodríguez2, economista de recursos naturales, señala que los agricultores en los sistemas de andenería enfrentan decisiones en el manejo de suelo y agua, en la selección de cultivos, en las prácticas agrícolas y en el acceso al mercado. En ese sentido, la recuperación de sistemas de andenería tiene un enorme potencial para reducir la pobreza rural y la migración a las ciudades. El rol de las comunidades campesinas es esencial para la recuperación de los sistemas de andenería, debido a la naturaleza sistémica de los andenes. Las parcelas dentro de un sistema de andenería están interconectadas a través de la distribución de agua y canales de drenaje. Si un andén no se mantiene y colapsa, contribuye al deterioro de andenes más abajo. Si un agriculConstrucción del andén
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Recuperación de andenes: una alternativa para mitigar el cambio climático Los andenes constituyen el sistema de ingeniería hidráulica que permitió a los antiguos pobladores enfrentar los problemas de escasez de agua, erosión de suelos y presencia de heladas, así como la posibilidad de ampliar zonas agrícolas. Sin embargo, a pesar de su importancia para los medios de vida de los campesinos en la sierra —en donde prevalecen elevados niveles de extrema pobreza—, es muy poco lo que se ha hecho para conservarlos. tor aplica un agroquímico, esto puede afectar la certificación de productos orgánicos en las parcelas de otros agricultores en el mismo sistema de andenería. Adaptándose al cambio climático Las labores agrícolas en el imperio Inca estaban altamente organizadas, lo que permitió la producción de excedentes alimentarios para enfrentar periodos de baja producción debido a factores climáticos. Hoy en día, todos los especialistas coinciden en afirmar que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, por lo que resulta imprescindible demostrar los beneficios de acciones colectivas en la conservación de suelo y agua, que garanticen la producción agrícola. El énfasis del proyecto piloto que ejecuta Agrorural, desde mediados de marzo, prioriza la implementación
de un sistema de riego tecnificado —por aspersión o goteo— en los andenes que serán recuperados. «Nos interesa el manejo del recurso hídrico», señala Leoncio Rodríguez, responsable del proyecto. Si bien los andenes constituyen parte importante de la forma de producción de agricultores en la sierra, la pregunta que persiste es qué tan rentable resulta invertir en su recuperación y, finalmente, qué garantiza que, una vez recuperados, las comunidades puedan mantenerlos. Si los campesinos no obtienen mayor rentabilidad con los andenes, preferirán abandonar el trabajo grupal que se requiere para hacerlos producir. En este sentido, es esencial involucrar a las propias comunidades campesinas, tanto en el diseño como en la ejecución y seguimiento de los proyectos de reconstrucción de andenes. Para ello, se necesita de una estrategia integral que incluya no solo al comunero, sino también a su entorno. Así, el proyecto piloto en la comunidad de Matucana contempla actividades que tienen que ver con la formación de cadenas productivas que fomenten la siembra y comercialización de productos rentables y competitivos. Con ello se asegura la alimentación de las familias de los comuneros y, a la vez, se generan ingresos a la economía familiar. Este proyecto contempla una inversión de US$280 mil en infraestructura de riego, para garantizar el traslado de agua desde la parte alta de la cuenca; de esta manera, 90 campesinos comuneros podrán realizar los riegos en el momento oportuno. LA REVISTA AGRARIA / 129
Estructura final del andén
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Foto: gestionsostenibledelagua.blogspot.com
Incluye, además, un componente importante de capacitación y asistencia técnica en la producción y certificación de productos. Los comuneros aportarán la mano de obra no calificada a través de los núcleos ejecutores. Es fundamental, también, el compromiso en inversión por parte del gobierno local y el regional. Así por ejemplo, siguiendo la lógica de que todos los andenes están relacionados con un camino inca que servía para el traslado de los productos que se cosechaban, el municipio de Matucana se ha comprometido en la rehabilitación de los caminos y la construcción de la infraestructura necesaria, como almacenes para la selección y certificación de los productos. Sin embargo, la sostenibilidad de esta recuperación no pasa solo por el hecho de que los campesinos se integren al mercado. Para Abelardo Rodríguez, el turismo puede jugar un rol importante en la mejora de los estándares de vida de los habitantes altoandinos si se promueve la reinversión local; para ello, es necesario realizar mejoras también en infraestructura local: agua potable y alcantarillado, vivienda, electrificación, hospitales, limpieza y seguridad, entre otros servicios. Asimismo, los beneficios a los habitantes locales podrían incrementarse si se promueve el consumo de productos alimenticios locales para fortalecer los enlaces económicos entre los turistas y los comuneros. El proyecto, aprobado por el BID, tiene un costo inicial de US$1 millón 325 mil
La restauración de andenes es una alternativa para mitigar los efectos negativos del cambio climatico, sobre todo en comunidades campesinas pobres.
como fondo no reembolsable. Los resultados de esta primera etapa permitirán una nueva inversión de US$100 millones, de los cuales US$80 millones serán entregados como donación y el Estado deberá aportar US$20 millones. La condición para el acceso a estos recursos es que puedan servir de apalanque para obtener recursos de los gobiernos regionales hasta por el 50% de lo que se necesite invertir en cada región. Así, con estos US$100 millones se pretende obtener US$500 millones, producto de este apalancamiento; situación complicada si tenemos en cuenta las particularidades de cada gobierno regional. Las culturas en la costa y en la sierra del Perú, así como en el altiplano Titicaca, se adaptaron a cambios climáticos, contrayendo o expandiendo sus fronteras agrícolas. Ahora bien, si los cambios que predicen los climatólogos apuntan hacia menos lluvia, con variaciones del clima todavía más extremas y con posibles calentamientos, los andenes continuarán siendo un sistema de conservación de suelo y agua por excelencia en medio ambientes semiáridos. La productividad por unidad de agua en los sistemas de andenería se podría incrementar con irrigación
por goteo de bajo costo, sin sacrificar los principios del manejo tradicional. «Si a la eficiencia técnica se le agrega la eficiencia de los andeneros organizados, para enlazar con mercados de exportación, se crearían incentivos económicos fuertes para que los campesinos permanezcan en sus comunidades», señala Abelardo Gutiérrez. En suma, la recuperación de sistemas de andenería es una alternativa de mitigación al cambio climático y la desertificación, con potencial para el alivio de la pobreza rural y la preservación del legado ambiental y cultural de las comunidades campesinas. Notas 1
Efraín Gonzales Olarte y Carolina Trivelli. Andenes y desarrollo sustentable. IEP, 1999. 2 Abelardo Rodríguez es coautor del libro: Desarrollo y perspectivas de los sistemas de andenerías en los andes centrales del Perú. 2009. Los esquemas han sido tomados de la publicación «Agricultura de laderas a través de andenes, Perú». Javier Blossiers Pinedo, Ing. Agr., Sistemas de Riego no Convencional; Carmen Deza Pineda, Ing. Forestal, Ecología Botánica; Bárbara León Huaco, Ing. Industrial, Tecnologías Apropiadas al Ámbito Rural; Ricardo Samané Mera, Ing. Agr., Conservación de Suelos y Aguas. TECNIDES (http://www.rlc.fao.org/es/ tierra/pdf/capta/siste5.pdf).
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La subasta de tierras en Olmos en el debate:
opinan los congresistas electos
La fecha de la subasta de las 38 mil hectáreas del proyecto Olmos, en el departamento de Lambayeque, ha sido reprogramada: ya no será el próximo 24 de junio, sino una semana después, el 3 de julio. Algunos aseguran que la postergación podría alcanzar a un mes; pero, más allá de la fecha en que finalmente se adjudicarán, preocupa el hecho de que no haya modificaciones sustanciales en la dimensión de los lotes —30 lotes de mil hectáreas; 10 de 500; 8 de 250; 2 de 260, y uno de 287, a un valor de US$4,250 por hectárea—, que eviten que las tierras de este viejo anhelo lambayecano terminen en manos de un puñado de grandes inversionistas. A falta de un pronunciamiento de la sociedad civil lambayecana, acerca del destino de la irrigación de Olmos, La Revista Agraria entrevistó a tres de los cinco congresistas electos por la región Lambayeque, para conocer su opinión sobre la forma en que se viene realizando la subasta de las 38 mil hectáreas del proyecto.
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Virgilio Acuña Peralta: Solidaridad Nacional
¿Cuál es su opinión sobre la próxima subasta de las 38 mil hectáreas del proyecto Olmos? Considero que, si existe voluntad de diálogo, se podrían modificar algunas cláusulas. El diseño actual contempla 30 lotes de mil hectáreas, 10 de 500 y 4 de 250. Mi propuesta es que el área máxima sea de 100 hectáreas —pudiendo, incluso, haber lotes de 50—, lo que permite facilitar la asociatividad de empresarios de la clase media peruana. Si no tenemos una visión de largo plazo para que nuestro empresariado se desarrolle, toda la vida vamos a depender de la economía y del empresariado extranjero.
posibilidad de reducir el área. Pero yo creo que cuando uno es autoridad y tiene compromiso con su pueblo, lo que tiene que hacer es tomar decisiones, sobre todo con una óptica de largo plazo. ¿Cómo toma usted el argumento de quienes se oponen a cualquier cambio en Olmos, de que esta obra creará cuarenta mil empleos? En efecto, se proyectan cuarenta mil puestos de trabajo. Yo, con esa lógica y tal como está planteada la subasta, lo que puedo decir es que Olmos, como proyecto, se convertiría en un galpón único de cuarenta mil obreros lambayecanos.
¿Es viable esa modificación? Sí es viable, porque el diseño del proyecto está ahora a nivel de planos; no hay, físicamente, nada construido. Como está en planos, se puede ampliar, modificar o reducir el diseño; lo que se necesita es una decisión política que permita estos cambios. No hay que olvidar que las tierras de Olmos serán las más fértiles del Perú y, en consecuencia, su productividad será altísima. Si reivindicamos conceptos como los de asociatividad y trabajo conjunto, podríamos, incluso, apostar a lotes de diez hectáreas, porque así facilitamos que se junten diez personas de clase media y compren un lote de cien hectáreas.
¿Le parece justo que se convierta en un galpón de obreros? No me parece justo que después de ochenta años de lucha de varias generaciones de lambayecanos permitamos que Olmos se convierta en un galpón de obreros. Si dejamos las bases como están, eso es lo que va a suceder: un solo postor comprará uno o varios lotes disponibles y convertirá a los lambayecanos en obreros de estas grandes corporaciones internacionales. En cambio, si promovemos la modificación en el tamaño de lotes, les daríamos a los lambayecanos la opción de convertirse en propietarios.
¿Qué respuesta ha recibido su solicitud de reducción del tamaño de los lotes? Oficialmente, no he recibido ninguna respuesta. A través de los medios he escuchado que el presidente regional ha solicitado a la comisión de ventas que estudie la
Varias voces en Lambayeque vienen solicitando la postergación de la subasta. ¿Eso ayudaría a tener reglas de juego favorables para los pequeños y medianos agricultores lambayecanos? Hay una razón muy importante que perLA REVISTA AGRARIA / 129
Foto: GR Lambayeque
El tan esperado proyecto Olmos por fin se concreta. Desafortunadamente no serán los lambayecanos quienes sembrarán estas tierras.
mite la postergación de la subasta, y es el hecho de que las obras de desvío o trasvase de las aguas no están concluidas. Esa obra debió terminarse en junio de 2010, pero —un año después— siguen pendientes de ejecutarse como dos kilómetros, y podría haber una demora de uno o dos años. Tenemos el tiempo suficiente para revisar, redefinir y hacer nuevos planteamientos, porque la lotización está solo en planos, y en ese nivel todavía se pueden hacer cambios. El beneficio de este proyecto debe ser, básicamente, para los lambayecanos, que lo han esperado por más de ochenta años. ¿Cuál es su expectativa personal de aquí a la fecha de subasta de las tierras de Olmos? Espero que la postergación de esa fecha ayude a que el presidente regional reflexione y tome la decisión de que estas tierras se promuevan para la comunidad lambayecana, dándole además facilidades para obtener financiamiento mediante las distintas líneas de crédito que existen en el mercado. De esta manera, esas tierras serán accesibles para las pequeñas y medianas empresas lambayecanas. MAYO de 2011
Martín Rivas Texeira: Gana Perú ciendo posible que ese número se reduzca a 50 hectáreas. De todos modos, esa disposición afecta principalmente a las personas que deseen invertir en Olmos y que no podrán hacerlo porque supone una inversión de US$200 mil como monto inicial para la compra de 50 hectáreas de terreno. ¿Cuál es su opinión sobre la próxima subasta de las 38 mil hectáreas del proyecto Olmos? El diseño inicial de Olmos se hizo sobre una base de proyección social y de beneficio al sector rural. Han transcurrido más de ochenta años desde entonces, y hoy nos encontramos con que se pretenderían vender las tierras del proyecto en lotes de mil hectáreas, aunque la presión de los trabajadores estaría ha-
Más allá de que los lotes tengan una dimensión de mil o de 50 hectáreas, ¿quiénes accederán a ellos? Aquellos que tienen una gran capacidad económica y que en términos de poder estarían en una situación similar a la de los antiguos gamonales: los famosos hacendados que tenían acceso a la tierra. Poner la tierra en unas cuantas manos significa retornar a ese pasado.
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¿Se refiere usted a volver a la época de los latifundios? Sí, mi opinión es que con Olmos volveremos a la época de los latifundios. Se quiere retomar el gamonalismo, que ya había quedado relegado en la historia, cuando este proyecto estaba destinado a pequeños agricultores que tendrían que generar una fuente productiva de trabajo sobre la base, evidentemente, de rangos pequeños de adquisición de tierras. ¿En qué situación quedarán los pobladores? Se convertirán en obreros, en jornaleros, a quienes se les paga un jornal y a quienes, por ser el agro una actividad de temporadas, no se les asegura ni estabilidad económica ni estabilidad social ni beneficios. Todo eso nos indica que no hay una participación equitativa ni racional basada en la generación de empleo, la fuente de producción y la redistribución de la riqueza económica que va a generar la producción de estas tierras. ¿Qué propone para que la participación de los agricultores en Olmos sea equitativa? Yo creo que procede hacer una revisión inmediata de las reglas de la subasta. Hay que defender la necesidad de atender a un sector de la población que quiere participar del beneficio económico de este proyecto, que —no está de más decirlo— se trabajó y se ejecutó con una intención: generar crecimiento y desarrollo sostenible para un sector y para una determinada región. Mi propuesta es que se reduzca el tamaño de los lotes a 5 o 10 hectáreas. Dejar que se subasten 50 o mil hectáreas, afecta al que menos tiene. Sin embargo, quienes promueven la venta de estas tierras aseguran cuarenta mil empleos directos para los lambayecanos. ¿Esto no es suficiente? Yo lo veo como una cuestión utópica, porque se han ofrecido cuarenta mil empleos directos y 200 mil indirectos. Ignoro cómo lo van a hacer. Necesariamente, va a tener que haber migración. La población económicamente activa de Lambayeque no alcanza. ¿Cuál es su expectativa personal de aquí a la fecha de subasta de las tierras de Olmos? Ahora estamos en una etapa electoral, en la que cada quien va a tener una opi-
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nión. Pero pienso que es necesario sentarnos a conversar, pues se trata de un proyecto de envergadura que tiene que ver con el crecimiento de la región.
Alejandro Aguinaga Recuenco: Fuerza 2011
¿Le parece justa la forma como se subastarán las 38 mil hectáreas del proyecto Olmos? No me parece justa. Por eso, nuestra agrupación política ha pedido reevaluar la subasta, para que los pobladores de Lambayeque se sientan partícipes de esta gran inversión que se ha hecho.
tará el flujo laboral de algunos otros distritos y regiones vecinas. ¿Olmos está en condiciones de acoger a esa gran cantidad de migrantes? Solo si los pobladores que vienen de las regiones vecinas, para la época de siembra, trabajan y se van. Eso se ve en Ica, donde hay un flujo de trabajadores que no necesariamente viven allí. En cualquier caso, para tener un flujo adecuado de trabajadores es impostergable contar con un hospital y puestos de salud en Olmos. ¿Existe la posibilidad de que Olmos reproduzca algunas características del proyecto Chavimochic, donde han surgido asentamientos pobres, insalubres, con escasez de servicios y algunos problemas de delincuencia? No, porque en Olmos habrá una migración transitoria. Una verdadera migración interna supone asentarse y vivir en un nuevo lugar. Además, en Olmos tienes los sitios muy cerca.
¿En qué consistiría la reevaluación? En que se disponga de un porcentaje de las tierras en lotes menores, para que puedan ser adquiridas por agricultores o inversionistas de Olmos o de la región Lambayeque.
¿Cuál es su opinión sobre la suspensión de la subasta de las tierras de Olmos? Todo se puede hacer, pero con acuerdo de las partes. Mi opinión es que no se puede tomar una decisión precipitada en estos momentos.
Se ha prometido la creación de cuarenta mil empleos para los lambayecanos. ¿Es eso posible? En mi opinión, serán cien mil puestos de trabajo, tomando en cuenta que habrá de 2 a 3 trabajadores por cada una de las 38 mil hectáreas de Olmos. Además de generar fuentes de trabajo directo, Olmos posibili-
¿Cuál es su expectativa sobre el proyecto Olmos? Estoy convencido de que va a ser el boom agroexportador para el crecimiento de Lambayeque, que va a generar muchísimos puestos de trabajo, yo calculo unos cien mil directos, y esto va a provocar una reactivación multisectorial.
Las declaraciones de la mayoría de los nuevos congresistas de la región Lambayeque coinciden en un punto: reducir las dimensiones de los lotes en oferta, para permitir que pequeños y medianos agricultores accedan a estas valiosas tierras. La fecha de la adjudicación de los lotes ha sido postergada, pero si ello no va acompañado de una reducción del tamaño de estos, poco se habrá avanzado en satisfacer las expectativas de la población lambayecana, como afirman sus representantes elegidos. Nota. LRA deja constancia de que intentó en varias oportunidades obtener la opinión de los otros dos congresistas electos por Lambayeque: Yehude Simon y Javier Velásquez. Ambos se excusaron, argumentado falta de tiempo. LA REVISTA AGRARIA / 129
Al toro por las astas: urge una solución efectiva a los conflictos por el uso de recursos naturales En los últimos días de abril, un nuevo conflicto estalló: los pobladores y las comunidades de los distritos de Secclla y Lircay (Angaraes, Huancavelica) se manifestaron en contra de la presencia de la minera Pampamali, que opera en la zona desde hace años, contaminando las aguas de los ríos Sicra y Atuna y sin haber presentado su proyecto de impacto ambiental.
Foto: Archivo Cepes
Las denuncias y soluciones propuestas para estos conflictos parecen sacadas de un libreto común: la actividad minera, contaminante; la prepotencia de las empresas mineras, que inician sus actividades sin respetar los derechos de las comunidades; el Estado, que pretende solucionar a destiempo el conflicto y se parcializa a favor de la empresa minera; la instalación de una mesa de diálogo; la firma de un acta, para el cese de hostilidades; fotos de por medio; y listo: conflicto solucionado. ¿Solucionado? Las autoridades solo salen al frente una vez que el caos aparece, y buscan desesperadamente la firma de un acta como salida al problema. No hay ningún trabajo de prevención para evitar los conflictos. La suscripción de un papel no es la solución, pero las autoridades insisten en ello. La minería es una actividad económica importante para el país, pero es necesario que opere cumpliendo reglas que incluyan el respeto de los derechos de las poblaciones que se encuentran en su área de influencia, sean comunidades, pequeños agricultores o habitantes de los pueblos. Sin embargo, en una muestra más de falta de visión y voluntad para evitar este tipo de problemas, el gobierno aprobó el 12 de mayo el D.S 23-2011-EM, Reglamento del derecho a la consulta para actividades mineroenergéticas, contraviniendo lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT, que establece que cualquier medida administrativa o legislativa que afecte a los pueblos indígenas debe ser consultada. Puesto que el reglamentó no se consultó, es ilegal y, por tanto, nulo ipso jure. Nos preguntamos, entonces, por la responsabilidad del Estado frente a los conflictos sociales. ¿Acaso es proponer e impulsar medidas que vulneren derechos de poblaciones menos favorecidas, como el reglamento recientemente aprobado? La respuesta es no. Su deber es proponer y ejecutar políticas públicas que, con una mirada al futuro, garanticen que los derechos de todos los actores —empresas y comunidades— sean respetados por igual. Ello supone decisión, programas concretos, procedimientos, asignación de responsabilidades y medidas que garanticen el
ejercicio pleno y sin restricciones de derechos por igual. Respetar el derecho de las comunidades a ser consultadas sobre decisiones del Estado que afecten sus derechos —especialmente los concernientes al aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras o cercanos a ellas— es medular si se quiere una solución real a los conflictos que surgen por su explotación. En este contexto, y estando cerca la elección de un nuevo presidente de la República, es necesario recordar que fue el go-
bierno de Alberto Fujimori el que diseñó las políticas que favorecen —en desmedro de las comunidades— a las empresas mineras hasta el día de hoy. Pero ¿cuáles son las propuestas de los candidatos para evitar que continúen estos conflictos? Fujimori pretende repetir lo hecho por su padre en los noventa, mientras que Humala plantea respetar los derechos de las comunidades. En Huancavelica se firmó, el 4 de mayo, una nueva acta y la instalación de una mesa de diálogo. El libreto común de los conflictos no debe continuar.
Artículo elaborado en el marco del Proyecto “Capacitando comunidades para el ejercicio de sus derechos sobre los recursos naturales en Huancavelica”, con el apoyo de HEIFER PERÚ.
MAYO de 2011
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Foto: Archivo Cepes
Los mercados agropecuarios Mejorar el abastecimiento de alimentos y mejorar las condiciones en que productores y consumidores interactúan en el mercado merece una política clara e integral. Si bien existen normas al respecto, la comercialización y la formación de precios no están funcionando bien en los extremos de la cadena agroalimentaria. Como se observa en el cuadro 1, más de la mitad del gasto total de alimentos de los peruanos está en manos de mercados oligopólicos, es decir, controlados por un reducido número de empresas (trigo y harinas; leche, aceite y aves) o con tendencias a formar cárteles de concertación de precios (azúcar y arroz). Si bien este gasto puede diferir según las regiones (en la sierra, el gasto en harinas es mayor, por ejemplo), la tendencia es que el consumo se oriente a los productos procesados: estos representan aproximadamente el 40% del gasto total a nivel nacional. El segundo rubro, en orden de impor-
tancia en el gasto, es alimentos frescos y sin procesar, que representa 26% en la costa, 32% en la selva y 40% en la sierra. A diferencia del grupo anterior, estos productos están en los tradicionales circuitos de comercialización (productor-acopiadormayorista-minorista), su oferta es variada y se caracterizan por la estacionalidad de la producción. La dieta serrana está concentrada en los alimentos frescos que produce: tubérculos, granos y menestras, en donde concentra su mayor gasto, pero también alerta sobre las deficiencias del proceso de comercialización en la región y el bajo acceso a servicios públicos clave,
Cuadro 1. Principales gastos en alimentos, según región y tipo Tipo
Rubros
Frescos/ sin procesar Tubérculos, granos y menestras
Procesados
Costa
Sierra
Selva
Nacional
10.5%
26.3%
14.3%
17.4%
Hortalizas y frutas
15.1%
13.6%
17.5%
15.1%
Trigo y derivados
12.0%
17.3%
10.9%
14.1%
Arroz, azúcar, leche, aceite
24.0%
26.1%
25.1%
25.1%
Aves, huevos
12.5%
10.4%
12.2%
11.9%
Fuente: GRADE, Shock de precios y vulnerabilidad alimentaria de los hogares peruanos, 2007.
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como vías de comunicación, que hace que en determinada época del año algunos productos suban de precio e incrementen el gasto. Los mercados de productos agropecuarios Parte importante de los precios señalados está condicionada por los mercados, espacios y relaciones comerciales en los que se accede, escogen, venden y compran estos productos. En general, los mercados mayoristas son los agentes relevantes, pues abastecen a las grandes ciudades, que concentran a la mayor parte de consumidores, y enlazan la oferta de las principales zonas productoras con las redes minoristas. Pero en términos de formación de precios, es en el segmento minorista donde se forma parte importante del precio que se paga en ciudades como Lima. Un estudio realizado por Cepes para Prosaamer1 indica que, en el caso de la papa, el 29% del precio lo forman los minoristas, porcentaje que es 31% en el caso del pollo y 44% en el del arroz. LA REVISTA AGRARIA / 129
Cuadro 2. Normas e iniciativas de mercados agropecuarios (últimos veinte años) Nombre
Periodo
Descripción
04652/2010-CR (En Comisión)
Ley marco de promoción y desarrollo para los mercados de abastos del Perú
2006-2011
Propone establecer el marco legal que facilite la promoción, desarrollo, formalización y consolidación de los mercados de abastos, a fin de mejorar la calidad de los servicios que prestan en beneficio de los consumidores, e incrementar el empleo sostenible que generan y su rentabilidad
04623/2010-CR (En Comisión)
Promoción y desarrollo de los mercados populares
2006-2011
Promueve y desarrolla los mercados populares, entendiendo como tales al mercado local, abierto o cerrado, que se encuentra dividido en puestos o módulos, permanente o no, en el que expenden prioritariamente productos alimenticios y se desarrollan, complementariamente, actividades de servicios; y modifica los artículos 2 y 9 de la Ley 28976, Ley marco de licencia de funcionamiento
03639/2009-CR Promulgado
Fomento y promoción del desarrollo de mercados campesinos
2006-2011
Propone Ley de fomento y promoción del desarrollo de los mercados campesinos, como una contribución a la seguridad alimentaria de las familias peruanas
2681 Promulgado
Ley del sistema de alimentos: mercados mayoristas
2001-2006
Propuesta de Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos
26569 y 27001 Promulgadas
Ley de privatización de los mercados públicos
1995-2000
Ordena la privatización de los mercados públicos: los locales o centros autorizados por la autoridad competente para realizar toda clase de operaciones comerciales mayoristas y/o minoristas de cualquier clase de los municipios provinciales o distritales de la República
Norma/situación
Fuente: web del Congreso de la República. Elaboración: Cepes.
En las zonas urbanas hay un importante avance de los supermercados en la cadena de abastecimiento, cuya oferta incluye, además de productos transformados, productos sin procesar. Por otro lado, si bien aún tenues, las ferias ecológicas aparecen como una opción interesante para unir productores especializados con consumidores exigentes; lo peculiar de este esquema es que acorta las cadenas de comercialización, pero se limita a algunos productos y pocas ciudades. En las zonas rurales, si bien se repite en algunos casos y productos el esquema anterior —sin supermercados ni ferias especializadas—, existen también las ferias locales, espacios tradicionales y a veces ancestrales de intercambio donde los productores son, al mismo tiempo, consumidores. Finalmente, compradores institucionales como el Estado, exportadoras y agroindustrias, completan el abanico de los mercados agropecuarios. Estos compran grandes volúmenes de producción y tienen un rol preponderante en la formación de precios; además, norman el proceso (establecen calidades, envases, volúmenes, etc.). En los casos de exportación de café, cacao y banano, tienen relevancia las certificaciones de denominación de origen, orgánico y/o comercio justo, que elevan el precio final del producto al consumidor, garantizando un mejor precio para el productor. Esto no se hace necesariamente extensivo al resto de exportación y no se da en el caso agroindustrial orientado al mercado interno, donde molinos y desmotadoras suelen tener posición de dominio soMAYO de 2011
bre los productores e imponen sus condiciones. Un laberinto de leyes El pasado 11 de abril, el Congreso promulgó la Ley de mercados campesinos, que promueve las ferias tradicionales con la participación asociada de los productores. Con tal fin, se involucra a las instancias locales para que, conforme a su ámbito (distrito, provincia, región), organicen los espacios que acerquen los productores a los consumidores. Si bien se trata de un fin deseable, no necesariamente es la solución al complejo proceso de comercialización y formación de precios, pues, por un lado, no se considera que los productores no siempre tienen productos todo el año como
«Parte importante de los precios está condicionada por los mercados, espacios y relaciones comerciales en los que se accede, escogen, venden y compran estos productos. En general, los mercados mayoristas son los agentes relevantes, pues abastecen a las grandes ciudades, que concentran a la mayor parte de consumidores, y enlazan la oferta de las principales zonas productoras con las redes minoristas».
para organizar ferias semanales, y, por otro, existen mercados que son más relevantes —como los mercados mayoristas, las agroindustriales, las desmotadoras—, donde también se tiene que trabajar. El cuadro 2 detalla algunas de las principales normas y proyectos referidos a la comercialización y mercados de productos agropecuarios. Se aprecia que las más recientes están relacionadas con los mercados campesinos (tres iniciativas y el proyecto en mención). El gobierno de Toledo dejó como herencia la norma de mercados mayoristas y, hace quince años, el gobierno de Fujimori promovió la privatización de los mercados municipales. En la práctica, estas normas no han sido aún implementadas; mientras tanto, otros procesos, como los supermercados, ya han cambiado parte de los sistemas de abastecimiento de alimentos en las principales ciudades. En tanto, en Lima se avecina la modernización del comercio mayorista con la próxima apertura del mercado Santa Anita. Debe recordarse que ya en 2003 se había promulgado la Ley del sistema de mercados mayoristas, definiendo el comercio mayorista de alimentos como un servicio público. La norma establecía un plazo máximo de cinco años para establecer estos modernos mercados en las principales ciudades del país, y brindaba un conjunto de procedimientos para que los gobiernos provinciales comenzaran el proceso. Nota 1
Desarrollo de la metodología de encuestas de márgenes y canales de comercio y su implementación en siete cadenas productivas agropecuarias, Lima, 2010.
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ionespublicacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicaciones Transiciones Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes). Lima, 2011. Las crisis del cambio climático, la crisis alimentaria y la crisis energética evidencian serias limitaciones del modelo de desarrollo extractivista, basado en la sobreexplotación de los recursos naturales. Un conjunto de expertos reflexionan sobre las alternativas al extractivismo en el Perú. Desde el enfoque de las transiciones, nos proponen pasar del modelo extractivista depredador hacia un extractivismo sensato, como primer paso para enrumbarnos a un escenario post extractivista. Una propuesta innovadora, que surge desde la reflexión crítica de América Latina. El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú. Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Oxfam. Lima, 2011. Muestra los rasgos fundamentales de la situación del derecho a la consulta previa en los países, su contenido y alcance, su realidad y la necesidad urgente de contar con mecanismos para que los pueblos indígenas y tribales no solo sean partícipes de las decisiones que afectan sus derechos, sino también de su progreso como propietarios reales y —en muchas ocasiones— ancestrales de las tierras donde habitan. El texto puede ser descargado en http://es.oxfamamerica.org/wp-content/uploads/ 2011/04/INFORME_DERECHO_CONSULTA_2011.pdf Manual de elecciones comunales. Castillo Castañeda, Pedro. Heifer. Lima, 2011. Este manual constituye un esfuerzo de Heifer Perú y tiene como objetivo facilitar el proceso de elecciones en las comunidades campesinas del país. El documento pone énfasis en cuatro temas: la actualización del padrón comunal, la elección del comité electoral, la convocatoria a elecciones y la inscripción registral de la directiva comunal. Presenta, también, modelos de documentos que considera imprescindibles para la realización del proceso eleccionario y que se encuentran en relación directa con los cuatro temas mencionados.
Normas legales Normas legales Normas legales Normas legales Agricultura Mediante R.M. 0150 -2011-AG (20 abr.) se aprueba el nuevo Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad. A través del D.S. 004 -2011-AG (27 abr.) se aprueba el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. Ambiente A través del D.S. 007-2011-MINAM (11 may.) se modifica el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por D.S. 038-2001-AG, en lo referido a los contratos de administración. Economía y Finanzas A través de la R.Vicem. 009-2011-EF/15.01 (21 abr.) se dispone publicar los precios CIF de referencia para la aplicación del derecho variable adicional o rebaja arancelaria a que se refiere el D.S. 115 -2001EF a las importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo.
Energía y Minas El D.S. 020-2011-EM (27 abr.) declara de interés nacional y social la construcción de veinte centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón. Por D.S. 023-2011-EM (12 may.) se aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Mineroenergéticas. A través del D.S. 024 -2011-EM (13 may.) se modifica el Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles.
PCM Mediante el D.S. 044-2011-PCM (17 may.) se establecen medidas para culminar las transferencias de competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales.
Autoridad Nacional del Agua La R.Jef. 196-2011-ANA (20 abr.) declara la terminación del proceso de implementación de la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha (Código II). La R.Jef. 272-2011-ANA (17 may.) prorroga la reserva de recursos hídricos a favor de los proyectos especiales Chavimochic y Chinecas.
Sunarp Mediante la Resolución 126-2011SUNARP/SN (11 may.) se aprueba la Directiva que regula la calificación de los actos de saneamiento de posesiones informales ubicados en propiedad de comunidades campesinas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29320 y en el D.S. 004-2009-VIVIENDA.
Poder Legislativo Ley 29678 (26 abr.). Establece medidas para viabilizar el régimen de las empresas agrarias azucareras. Ley 29683 (13 may.). Ley del acto cooperativo.
Visite: www.larevistaagraria.org
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Asociatividad: el gran reto de la agricultura familiar
Foto: Archivo Cepes
En números recientes de LRA hemos resaltado experiencias exitosas de asociaciones de pequeños agricultores, que muestran la viabilidad de la agricultura familiar y cuestionan la interesada tesis de que la agricultura a gran escala es la única viable; entre ellas: la de las cooperativas cafetaleras (LRA 103), la de la Central de Pequeños Productores Organizados del Valle de Jequetepeque (Ceprovaje) (LRA 119), la de la Central de Productores Multisectoriales de Cabana (Ascempromul) en Puno (LRA 128) y la de la Central de Pequeños Productores de Banano Orgánico (Cepibo) del valle de Chira en Sullana (LRA 124). Pero también hay casos de fracaso. ¿Qué tienen en común los que tuvieron éxito? Los expertos, las mismas organizaciones y otras entidades involucradas coinciden en que el factor determinante para el éxito asociativo es vencer la desconfianza entre los propios productores y la de estos hacia los compradores. Federico Tenorio —de la ONG Cedepas Norte— afirma que esto depende, en gran parte, de la capacidad de la organización para balancear los intereses colectivos y los privados y aceptar que los miembros que producen más y con mejor calidad reciban mayores beneficios. También es necesario prevenir que los compradores incumplan los contratos, así como sancionar a los asociados que no cumplen con sus compromisos. La profesionalización de la gestión es otro factor determinante. Por ejemplo, en un estudio auspiciado por la organización Veterinarios Sin Fronteras (VSF), sobre el impacto del comercio justo en organizaciones bananeras, se resalta que la Asociación de Productores de Banano Orgánico de Samán (Appbosa) es un referente en crecimiento organizativo, y que incluso ha ayudado a otras organizaciones a mejorar sus sistemas de contabilidad y administración. Según otro estudio, sobre factores de éxito en empresas asociativas —apoyado por la Alianza Interaprendizaje Perú—, para las organizaciones cafetaleras Cocla y Cepicafé, dicho factor ha sido esencial. En el mismo sentido se expresan los asociados a Ascempromul, en Puno. Para David Gonzales —investigador de Cepes—, la profesionalización es necesaria en los distintos momentos del proceso productivo total, que incluye la producción propiamente dicha, la administración y la comercialización. El pequeño agricultor individual normalmente se dedica a la producción y no incursiona en labores parale-
La Central de Productores de Banano Orgánico (Cepibo), en Piura, es un buen ejemplo de que la agricultura familar es viable.
las, como gestión de nuevos mercados y contratos. «Vender bien es algo muy distinto a producir; implica manejar mucha información, contactos, conocimiento del mercado y de los proveedores», precisa. El valor agregado del producto es otro factor. Es más factible la asociatividad en torno a productos de exportación, como el café, que exigen alcanzar volúmenes y niveles de calidad que son difíciles de lograr individualmente, por lo que existe un incentivo para que el agricultor se asocie. Es diferente en los casos de mercados masivos y sin mayor valor agregado, como la papa o el arroz. El apoyo externo, por lo menos al inicio, también es importante. Por ejemplo, la asociatividad en muchas cooperativas cafetaleras fue impulsada por la cooperación in-
«El mejor incentivo para asociarse no necesariamente es económico; en muchos casos lo es la capacitación y asesoría técnica.»
ternacional o por oportunidades como el ingreso al mercado de comercio justo. Cabe destacar que el mejor incentivo para asociarse no necesariamente es económico; en muchos casos, es tan o más importante la capacitación y asesoría técnica y de gestión empresarial. No menos importante es la disposición que muestren los directivos y asociados a pasar de modelos repetitivos a aquellos innovadores que impliquen tener una visión de largo plazo, capacidad de evaluar estratégicamente la conveniencia de determinados mercados, clientes o proveedores, y la disposición de asumir sacrificios iniciales en la perspectiva de éxitos posteriores. En síntesis, la confianza entre los agentes económicos; la aceptación de que quien mejor produce debe beneficiarse más; la separación de funciones —producción, administración, comercialización— y su manejo profesional; el apoyo externo inicial; la capacitación técnica y en gestión, y la visión de mediano y largo plazo, son todos factores que contribuyen al éxito económico e institucional de las asociaciones de la agricultura familiar. Nota. Para mayor información sobre las experiencias de asociatividad en el agro, visite www.larevistaagraria.info/exito_asociatividad
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