Trabajo y Seguridad Social en América Latina by ISCOD UGT

Trabajo y Seguridad Social en AmĂŠrica Latina XII Encuentro Internacional ISCOD - UGT - CSA Madrid, 30 y 31 de marzo 2009

Trabajo y Seguridad en AmĂŠrica Latina XII Encuentro Internacional ISCOD - UGT - CSA

Edita: ISCOD-UGT Depósito Legal: M-48082-2009 Diseño y adaptación: Área de Comunicación ISCOD-UGT. Fotografías cedidas por La Escuela Nacional Sindical de Medellín (14º Concurso fotográfico “Los trabajos y los días”). - De profesión Chófer “Autor: Mario Alfonso Hernández Romero”. - Trabajadora de frigorífico “Autor: Pablo Raúl Oliveri Vert”. Imprime: JM Proyectos 5, S.L. C/ Albasanz, 14 bis, 2.ª Planta Nave C 28037 MADRID Queda rigurosamente prohibido, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las acciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Índice Presentación Manuel Bonmati Secretario Confederal de Relaciones Internacionales UGT José Manzanares Núñez Director Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT) Intervenciones

7 9

Víctor Báez Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)

Soraya Rodríguez Secretaria de Estado de Cooperación Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Octavio Granados Secretario de Estado de Seguridad Social Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ponencias

La crisis económica mundial y su impacto en la Seguridad Social Latinoamericana Carmelo Mesa-Lago Catedrático Distinguido Emérito de Economía Universidad de Pittsburg

Globalización, migraciones y empleo Santos Ruesga Catedrático de Economía Aplicada Universidad Autónoma de Madrid

SINDLAB. Laboratorio Iberoamericano sobre Trabajo Autónomo y Economía Informal Antecedentes y trabajos previos a SINDLAB Luis Miguel Monje Delegado ISCOD - Perú

Álvaro Orsatti Experto de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) Migración y desarrollo a través de los sistemas de Seguridad Social Álvaro Orsatti Experto de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)

Crisis social y actualidad política Víctor Báez Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)

La experiencia de EUROSOCIAL : Asistencia técnica para la mejora de la protección social en América Latina Florencio Gudiño Oficina de Coordinación de EUROSOCIAL

Experiencias Sindicales sobre Seguridad Social y Economia Informal en América Latina Luis Miguel Monje Delegado ISCOD - Perú

Álvaro Orsatti Experto de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) Experiencias de Seguridad Social América Latina Situación en Honduras Israel Salinas Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUT-H)

107 109 109

Situación en Perú Julio Cesar Bazán Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Perú (CUT-Perú)

115

Situación en Latinoamérica Laerte Teixeira Secretario de Políticas Sociales de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)

119

Seguridad Social y Trabajo Autónomo en España

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Trabajadores autónomos y el Estatuto del trabajo autónomo Juan José Barrera Director General de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) Ministerio de Trabajo e Inmigración

123

Economía Informal y regularización Sebastián Reyna Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT)

129

Estrategias Sindicales Iberoamericanas en Seguridad Social para América Latina

135

Declaración Final

137

Suscriptores de la Declaración

143

Listado de Participantes

147

Programa del Encuentro

153

Galería Fotográfica

161

Presentaci贸n

Manuel Bonmati Secretario Confederal de Relaciones Internacionales UGT

La Unión General de Trabajadores, conjuntamente con Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo – ISCOD-, y la Confederación Sindical de las Américas – CSA-, hemos organizado este XII Encuentro Internacional sobre “Trabajo y Seguridad Social” por dos motivos principales: en primer lugar porque todos los sistemas de protección social son la base de una sociedad que tiene que cohesionarse en términos progresistas, un principio éste cuyo desarrollo se intenta cuestionar en los países europeos, y para el que hay dificultades en muchos países del mundo. En segundo lugar porque en el marco de la Cumbre Iberoamericana se ha tratado este tema y desde España el Gobierno está muy involucrado en el desarrollo de los posibles acuerdos que pueda haber en el ámbito iberoamericano en relación con estos temas.

Desde la Secretaría de Política Internacional de UGT quiero agradecer la participación siempre entusiasta de la CSA y de su Director el compañero Víctor Báez, y del ISCOD en toda la organización y preparación del evento. También agradecer especialmente a las organizaciones que han hecho posible financieramente que pudiéramos tener este encuentro: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto Nacional de la Seguridad Social; la Fundación Friedrich Ebert; la Secretaría de Estado de Cooperación a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones Públicas (FIIAP). Y en este caso agradecer tres colaboraciones especiales: el Centro Internacional de Formación de la OIT de

Turín con su proyecto de Seguridad Social para Organizaciones SindicalesSSOS (OIT-MTI); la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). En estos momentos no estamos afrontando una crisis económica más, estamos ante una crisis de legitimidad y ante una crisis del sistema, con un aumento de la población sin cobertura social alguna, un aumento de la economía informal, un aumento de la pobreza a nivel mundial. Estamos en un momento de deterioro de las administraciones del trabajo, de aumento de las restricciones a la libertad sindical, de deterioro de la capacidad recaudatoria del Estado y por tanto de los sistemas de protección social: con graves problemas en los sectores de la educación, la sanidad y los servicios públicos. También es un momento de debilidad del sistema social europeo, por ejemplo con la batalla sobre la directiva del tiempo de trabajo. Esta es una crisis del sistema económico capitalista que está poniendo en cuestión los valores del nuevo capitalismo basados en la individualidad, con menos derechos para todos y mayores ganancias para unos pocos. Nuestros valores no son los valores individuales, nuestros valores son colectivos en términos de derechos sociales. A ellos, el movimiento obrero contrapone la solidaridad de los derechos, basada en el concepto de la solidaridad, contra el viejo concepto religioso de la caridad. Y una solidaridad mundial, con la que afrontar el gravísimo problema de la economía informal, e incrementar la cobertura en pensiones, en la atención a la infancia, en la atención sanitaria. Y

siempre con una visión amplia, que permita reforzar el movimiento sindical internacional superando visiones locales que buscan enfrentar a los países entre sí aflorando los sentimientos más perversos que en términos nacionales podamos tener. La sociedad humana nunca en su historia ha creado tanta riqueza en el mundo como en los últimos 30 años con la globalización, pero nunca se ha distribuido proporcionalmente de manera tan injusta. Por tanto estamos ante la crisis de un sistema económico capitalista que ha dado el gran salto del capitalismo local, nacional o regional al capitalismo globalizado y lo que se está planteando en esta crisis es la recomposición del sistema capitalista a nivel planetario, incluso reconvirtiendo el concepto de la plusvalía, con la imposición de los intereses de las empresas multinacionales a nivel global. Como ejemplo vale el dato proporcionado por Naciones Unidas el pasado noviembre, de que lo que los países ricos dedican en todo un año a cooperación internacional al desarrollo suponía el 10% de la inyección financiera que los bancos centrales introdujeron en el sistema financiero internacional en quince días de septiembre de 2008. Por ello es la importancia de la unificación del movimiento sindical internacional y de que los trabajadores vayamos abordando estos problemas no sólo desde el problema local, que continuará existiendo, sino en su dimensión global. La crisis ha estallado por algo que ya desde hace 20 años se viene diciendo desde la vieja CIOSL, que este modelo económico de globalización nos lleva al desastre. Se ha impuesto la reordenación del sistema desde unos valores que

iban en contra del interés colectivo del ser humano y a favor del interés individual de la persona. Ese modelo cultural es el que ha fracasado. Los trabajadores tenemos que mirar con ojos de esperanza hacia el futuro porque no podemos olvidad que muchas de nuestras organizaciones nacieron para defender valores que indican esperanza de poder avanzar. La crisis puede ser una oportunidad, si contraponemos que hay otras formas posibles de hacer las cosas más en beneficio de la colectividad y no del individuo en términos de justicia, del papel del estado democrático, de grandes áreas horizontales de protección de la sociedad en su conjunto y especialmente de los trabajadores y de las capas más desfavorecidas: la educación, la sanidad, las pensiones, el derecho al desempleo como batallas que tenemos que dar con el objetivo de que la estructura económica se parezca más a una estructura redistributiva socialista en términos democráticos que no a este darwinismo social y económico que nos está produciendo esta situación que tenemos. Quiero decir a las organizaciones sindicales que el movimiento obrero tiene que interiorizar que estamos en una crisis de valores, económica y social provocada por una minoría de gente que detentan el poder económico y financiero en el mundo. Y frente a eso tenemos que for-

talecer la democracia y hacer nuestro papel que es ganar correlación de fuerzas, ganar terreno, luchar por un nuevo modelo, más próximo a los principios del socialismo democrático que defendemos y que significan estados democráticos redistribuyendo riqueza para dar cobertura a las grandes necesidades que el ser humano tiene a nivel planetario. Tenemos que trabajar en fortalecer nuestras organizaciones, es clave en el plano nacional y tenemos que trabajar en la correlación de fuerzas fortaleciendo nuestras organizaciones internacionales porque en ese escenario vamos a tener que dar mucho la batalla. Hay que apoyar incondicionalmente, de manera democrática, a la Confederación Sindical de las Américas. Los trabajadores latinoamericanos no tienen otro instrumento continental para defenderse y debilitar a la CSA es debilitar al conjunto del movimiento sindical americano. Desde ella se están articulando respuestas más globales, mas colectivas, más consensuadas para defender las estructuras sindicales que es el único instrumento que tenemos los trabajadores para defendernos. Porque nadie nos va a regalar nada, y todo lo que se tiene donde hay mucha protección, donde hay menos o donde hay poca protección, incluso ahí, ha sido gracias a la lucha y el convencimiento en valores del movimiento sindical.

José Manzanares Núñez Director Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT)

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) de la Unión General de Trabajadores (UGT), se siente orgulloso de haber promovido la asistencia y participación de un cualificado panel de ponentes y de un nutrido y comprometido grupo de sindicalistas, asistentes al XII Encuentro Sindical internacional sobre “Trabajo y Seguridad Social” que, conjuntamente con UGT y la Confederación Sindical de las Américas (CSA), venimos realizando desde hace varios años y cuyos debates y conclusiones se recogen en la presente publicación. Pretendemos, como en anteriores Encuentros, que estos trabajos realizados en la Escuela Julián Besteiro de UGT en Madrid durante los días 30 y 31 de marzo de 2009 con la participación de más de 100 asistentes provenientes de 20 países, fruto de interesantes debates críticos a partir de la constatación de la

profunda crisis económica y financiera que emerge con dureza estos meses, se traduzcan en una herramienta de análisis y alternativas eficaces a los graves problemas que padecen la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de América Latina y Caribe, inmersos en el “agujero negro” de la denominada “economía informal”. Se trata de que, tanto los Documentos de referencia, como la Resolución final de este XII Encuentro, sirvan de referencia útil para la acción sindical nacional e internacional en esta materia de Trabajo y Seguridad Social, tanto para los sindicatos de España y Portugal, como para los de cada uno de los países de América Latina y Caribe (América Latina y Caribe), coordinados por la CSA, ya que los temas que se tratarán estarán focalizados en torno al “Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social”,

aprobado por la VI Conferencia de Ministros de Trabajo y S.S. en Iquique (Chile) los días 5 y 6 de Julio de 2007 y ratificado en la XVII Cumbre de Jefes de Estado del mismo año en Santiago de Chile. En este sentido, el Documento “Experiencias sindicales sobre seguridad social y economía informal en América Latina” y, sobre todo, la Declaración final del Encuentro, son fruto del trabajo desarrollado en el contexto de otras actividades de Cooperación Sindical y de Proyectos OIT sobre Seguridad Social en ALC, durante varios meses, e incorporan la reflexión-acción y las experiencias del movimiento sindical latinoamericano, a través de la CSA, en el ámbito de la Seguridad Social. Cuando hablamos de acción sindical internacional, de cooperación internacional, damos contenido a diferentes temas de especial importancia en la “agenda sindical” supranacional, con el objetivo último de fortalecer nuestra capacidad propositiva y transformadora, sólidamente fundamentada, para defender alternativas válidas ante múltiples instancias, especialmente, ante los empleadores y los gobiernos. Pero, también, ejerciendo una capacidad comunicativa y pedagógica ante los trabajadores y trabajadoras y ante la sociedad. Nuestra defensa de las políticas públicas de equidad y cohesión social, en el caso de la Protección y Seguridad Social, forman parte de la conquista de derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas y para la construcción del Estado de Bienestar. Ante la tentación de que, en momentos de crisis, los gobiernos y las sociedades de los países ricos puedan reducir las

Ayudas al Desarrollo hacia otros países del Sur, menos desarrollados, es necesario subrayar el carácter anti cíclico de éstas ayudas que actúan de forma solidaria en las poblaciones que más sufren los efectos negativos de la crisis: pobreza, exclusión social, enfermedades, emigración… Para nosotros, el enfoque de Trabajo y Seguridad Social concilia de forma eficaz la “Agenda del Desarrollo y el Trabajo Decente” de la OIT con el fortalecimiento del papel del Estado en el aseguramiento de derechos sociales universales. En este sentido, es necesario destacar el compromiso del Gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social con este Encuentro, refrendando la preocupación porque “en el menor plazo de tiempo posible, permita contar con un instrumento único de coordinación de las legislaciones nacionales en materia de pensiones (y protección social) que, con plena seguridad jurídica, garantice los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de los diferentes Estados Iberoamericanos”. Posición refrendada en la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Salamanca en 2005. Así, el citado “Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social” (2007) en proceso de desarrollo prevé que “la pensión que genere una persona que haya trabajado en varios países de Iberoamérica pueda cobrarla en cualquiera de ellos en el que resida”. Por otra parte, a lo largo del Encuentro hemos podido constatar la importancia que tienen en América Latina y Caribe los procesos de desregulación, privati-

zaciones, tercerización…, dando lugar a grandes bolsas de trabajo informal que generan una gran desigualdad social. En la mayoría de los países de ALC, el crecimiento económico de los últimos años no ha sido acompañado con la creación de empleo y empleo de calidad que es la mejor forma de reparto de la riqueza. La existencia de índices de informalidad de hasta el 70%, donde la cobertura de los sistemas de Seguridad Social no alcanza el 20% de la población y apenas un 5-10% de trabajadores estén protegidos por la negociación colectiva, suponen un reto constante para la acción sindical en favor de la cohesión social y la lucha por el derecho de estos colectivos más vulnerables, con graves riesgos de exclusión sociedad. En este contexto, este XII Encuentro ha cumplido ampliamente sus objetivos, y los compromisos adoptados suponen un nuevo horizonte para continuar el trabajo de cooperación bilateral y multilateral en todo el ámbito de América

Latina y Caribe a través de los Proyectos que desarrolla directamente ISCODUGT y otros con los que colaboramos de forma permanente en la zona (OIT, AECID, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social…), referido tanto al trabajo informal, políticas migratorias o las políticas públicas de Seguridad Social, tomando como referentes las experiencias compartidas de regulación del Estatuto del Trabajo Autónomo en España (2007) o del citado Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, objetivo central de este Encuentro, en proceso de ratificación por los diferentes países que se han adherido y que podría afectar positivamente, a partir de 2010, a más de 5,5 millones de trabajadores de América Latina y Caribe, creciendo de forma progresiva año a año, que se beneficiarán de la complementariedad entre los diferentes sistemas de Seguridad Social de los países en que hayan trabajado. Madrid, Abril de 2009

Intervenciones

Víctor Báez Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)

No es la primera vez que los sindicalistas y las sindicalistas de las Américas estamos aquí en España o en compañía de sindicalistas españoles y españolas ya que los lazos que tenemos son muy fuertes. Ahora tratamos el tema de la Seguridad Social en América Latina, viendo las posibilidades a partir de las debilidades que tenemos dentro del continente y dado que América Latina es el continente con más desigualdad. En esta situación actual de crisis mundial, voy a traer a la memoria a León Tolstoi, quien dentro de una obra suya llamada “Sonata a Kreutzer” escribía que hay dos formas de describir el camino a alguien que está viajando: una es mostrarle las señas del camino, el árbol, la casa, el poste; y otra es darle las señas por las estrellas o darle la brújula. Creo que en esta situación de crisis algunos quieren hacernos creer que nos pueden

mostrar el camino por el árbol, por el faro, por la casa de la playa. Pero el problema es que no estamos viajando por la costa, el problema es que estamos en aguas profundas y en situación de tormenta y ni siquiera vemos las estrellas, solamente la brújula nos sirve. Y en esa brújula nos damos cuenta que durante mucho tiempo nos pasaron un norte falso y ese norte falso era el Consenso de Washington para nosotros en América Latina. Y ese norte falso necesita hoy ser abandonado, dar un golpe de timón y llevar la nave hacia el norte de la igualdad, hacia el norte de la superación no solamente de la crisis financiera y económica, sino también de la crisis social, mediambiental, de la crisis energética y de la crisis alimentaria. Vemos que en muchos países de nuestra América Latina hay gobiernos progresistas y todos ellos, aunque tienen

diferencias, buscan separarse de ese Consenso de Washington, buscan un distanciamiento, y buscan políticas públicas para reducir la desigualdad y la pobreza. Unos más que otros, pero todos en conjunto necesitan de la cooperación, así como el movimiento sindical necesita la cooperación para acentuar el rol del Estado en la seguridad social, en la protección social, en una sociedad con mayor justicia social y mayor justicia económica.

izquierda. Pero nosotros sabemos muy bien cuál es nuestra opción, nosotros sabemos perfectamente que no puede haber sindicalismo de derechas, porque según la definición de Norberto Bobbio son de izquierda todos los sectores que cultivan como virtud la igualdad y son de derechas todos aquellos sectores que cultivan como virtud la desigualdad y nosotros no tenemos dudas al respecto, nosotros cultivamos la igualdad como virtud y la perseguimos como virtud.

De ahí que es fundamental la Cooperación Internacional, la cooperación entre iguales, una cooperación para transcender, una cooperación para ir a una sociedad mejor, y de ahí es fundamental el rol de la Cooperación Internacional española y de ahí que es fundamental el rol de ISCOD, el rol de UGT, el rol del sindicalismo español en general para con nosotros, por lo cual reitero mi agradecimiento y el de mis compañeros y compañeras de América Latina.

Dentro de la CSA lo que queremos hacer es crear una sintonía continental, así como hemos creado en otras instancias, sobre el tema de la integración y de la globalización, también tener una sola política del movimiento sindical en las Américas sobre Seguridad Social, y este encuentro y la Declaración final del mismo va a tener su repercusión en la Cumbre de las Américas, porque de aquí van a salir componentes de las propuestas que nosotros vamos a hacer como movimiento sindical a los presidentes y jefes de Estado.

Al debatir sobre la problemática de la Seguridad Social en América Latina y también ver algunos ejemplos no solamente de lo bueno sino de los problemas de la Seguridad Social en Europa, hemos comprobado que en muchos países la Europa social se ha estado viniendo abajo por obra y gracia de los gobiernos de derecha y en nuestros países nosotros estamos queriendo llegar a unas redes de protección social, idealmente a un estado de bienestar al cual nunca hemos accedido. Pero esta crisis va a hacer mella en los gobiernos progresistas de América Latina y tal vez también de Europa. La crisis que produce la derecha, la derecha pura y dura, después le es cobrada a los sectores progresistas, a los sectores de

Para nosotros la crisis no es solamente financiera y económica, ya antes la crisis ha sido en América Latina una crisis social, alimentaria, energética y medioambiental, y a la crisis hay que combatirla en todos esos aspectos no solamente en lo económico y financiero. Por último quiero destacar aquí y agradecer una cuestión puntual, el proyecto de Seguridad Social llevado a cabo por el compañero Jesús García dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se llevó a cabo con el financiamiento de la Cooperación Española y del Ministerio de Trabajo, y ese proyecto nos ha servido muchísimo al movimiento sindical en las Américas, para coordinar po-

líticas en los países de América Latina, para que el movimiento sindical fuera sintonizando políticas a nivel continental sobre el tema de Seguridad Social. Con eso dar las gracias nuevamente al Gobierno Español, a la Secretaría de Estado de Seguridad Social, a ISCOD y a

todos los compañeros y compañeras de UGT por haber propiciado este escenario y por haber contribuido con ponentes y especialistas para salir de aquí fortalecidos en ese campo y a todos y todas los participantes que han estado colaborando para el éxito de este encuentro.

Soraya Rodríguez Secretaria de Estado de Cooperación Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

El sindicalismo internacional es clave en la defensa de los derechos de los trabajadores en esta época de turbulencia global, en esta época de crisis que podemos denominar crisis humana global, porque no es sólo una crisis financiera, económica clásica, comercial: es una crisis en la que está puesta radicalmente en cuestión, las relaciones internacionales y sociales existentes. Por eso no podemos simplemente contestar de una manera defensiva a la situación, no sólo es defender derechos y salarios, que como siempre es por donde los sectores conservadores abordan la crisis, con recetas fracasadas y absolutamente obsoletas. ¿Es acaso el momento de volver al Consenso de Washington (causante principal de la desigualdad y desprotección social de vuestra región) para abordar la situación latinoamericana? Definitivamente no. Es

el momento de presentar nuevas opciones con valores diferentes y sobre bases renovadas. El paradigma económico-social conservador que ha estallado, nos ha dejado un mundo más desigual, más pobre, más conflictivo, más frágil en definitiva mucho menos humano. Sin embargo la resistencia a abordar un cambio de paradigma es muy fuerte. Hay sectores que se cierran ante la posibilidad de perder una parte pequeña de sus privilegios y depositan exclusivamente en los Gobiernos la responsabilidad de salir de la crisis. Todavía las respuestas son fragmentarias, parciales, pero apuntan hacia la construcción de un nuevo paradigma, por eso es un momento tan decisivo y por eso las aportaciones de organizaciones tan significativas como los sindicatos son decisivas. Estos son tiempos donde la política tiene que situarse en el

puesto de mando e ir mucho mas allá de donde ha ido hasta ahora. Hay, por tanto, que apostar por un nuevo paradigma el del desarrollo humano sino los recursos se consumirán sin impactar en la recuperación. De ahí la enorme confluencia entre los sindicalistas y los que tenemos la responsabilidad directa de combatir la pobreza en el mundo. Vosotros lucháis por los derechos sociales, por el trabajo digno, por la protección social y nosotros trabajamos por otra política social en tiempos de crisis: acabar con la pobreza en el mundo. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son la Agenda Social de la comunidad internacional e igual que las vuestras en vuestros países buscan hacer un mundo más igualitario, libre y seguro. Por eso nuestra confluencia es tan importante, y tiene que ser mucho más fuerte aún. No caigamos en el riesgo que algunos sectores plantean para defenderse de la crisis: el proteccionismo, una crisis global requiere una respuesta local, no habrá islas de bienestar para las sociedades de cualquier país en un mundo azotado por la pobreza y el hambre. En el desarrollo inciden muchos factores y no solo la ayuda, aun mas casi diría que la ayuda es un catalizador de las políticas de desarrollo pero no es el factor determinante. Somos plenamente conscientes de que la falta de acuerdos en las rondas comerciales, que las políticas agrarias, que la explotación de los recursos naturales, que los conflictos territoriales, que los enfrentamientos religiosos, que los estados fallidos, que la falta de institucionalidad democrática, que los conflictos armados, que los gobiernos corruptos…tiene mucho mayor peso, son mas determinantes que nues-

tra voluntad de acabar con la pobreza, que nuestra decisión de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero si hay algo que actualmente aportamos y que forma parte central del mensaje que España quiere dar en la comunidad internacional: solo saldremos de la actual crisis global, reduciendo drásticamente la desigualdad mundial. Esa es la mirada que tiene que aportar la cooperación. En América Latina asistimos a la profundización de una brecha social de enormes características, que provoca la reaparición de fenómenos de hambre y miseria que en algunos lugares habían sido amortiguados y en otros había desaparecido. La llegada de la democracia de forma generalizada en el continente ha supuesto una mejora limitada de las condiciones de vida de las personas, lo que ha debilitado la confianza en los regimenes democráticos y por ende al mismo sistema de valores sobre los que se debería asentar. La aplicación de políticas desreguladoras del mercado laboral, la fragmentación del mismo, las políticas privatizadoras sin mediaciones, la eliminación de políticas de cohesión social hacen que unida a la crisis social se produzca una crisis de los mismos sistemas de convivencia, y es en este marco donde los sindicatos deben cumplir un papel sustancial para la construcción de sociedades mas justas, equilibradas y democráticas. No es casual que en muchas de las crisis políticas y sociales más agudas de los últimos tiempos hayan sido los sindicatos un referente de la articulación de la ciudadanía. Los retos planteados al sindicalismo iberoamericano son de gran dimensión, y requieren de él un gran esfuerzo de

adaptación a un proceso de globalización de mercados y de empresas que genera una enorme preocupación en los trabajadores. Fenómenos que vivimos en todos los países como la desconcentración, la externalización y la deslocalización, se unen en vuestros países a los mas específicos como: el trabajo infantil, la feminización del mercado laboral, la precarización extrema, la emigración, el peso de la economía informal, las maquilas y todo esto en marcos institucionales débiles y capacidad de negociación limitada. Cada uno de los problemas requiere respuestas específicas sin romper la línea general de la solidaridad y la lucha por la distribución igualitaria. Este Encuentro Internacional tiene una agenda que se inscribe plenamente en lo señalado anteriormente: la protección social es el centro de cualquier propuesta que ponga su mirada en el desarrollo humano, sin ella los mas débiles, los mas desprotegidos no sólo no podrán desarrollar sus capacidades y contribuir activamente a la creación de riqueza, sino que nuestras sociedades serán menos integradas, menos seguras y menos libres. Y la protección social va

vinculada a algo que en vuestros países es decisivo para romper el círculo de la pobreza: la reforma fiscal. Sin recursos propios no habrá protección social, la ayuda al desarrollo podemos ayudar y mucho como está haciendo la UGT, pero los desarrollos deben ser liderados por los propios países, por los gobiernos y por la ciudadanía. En estos procesos se puede siempre contar con la colaboración de la Cooperación Española. La política pública de cooperación para el desarrollo constituye para el Gobierno un elemento esencial de su acción exterior. Su principal objetivo, la lucha contra la pobreza, se entiende no sólo como la necesidad de superar la carencia de rentas mínimas, sino también como la de ampliar los derechos, oportunidades y capacidad de la población desfavorecida del planeta. La lucha de los sindicatos por la dignificación de los trabajadores, es un componente destacado de la lucha contra la pobreza que marca la acción de la cooperación española y la política del Gobierno impulsando en NNUU la consecución de los Objetivos del Milenio.

Octavio Granados Secretario de Estado de Seguridad Social Ministerio de Trabajo e Inmigración Soy desde hace ya muchos años un miembro orgulloso de la UGT y además tengo la suerte de pertenecer a una generación de militantes sindicales y políticos que tuvimos que reconstruir las organizaciones de la izquierda en el sindicalismo y los partidos después de la época final de la dictadura del general Franco. Nosotros pudimos reconstruir en el territorio nuestras organizaciones gracias a mucho trabajo, pero sobre todo a mucha solidaridad. Nosotros somos hijos de la solidaridad. Algunas veces cuando los que somos mayores y ya peinamos canas discutimos en qué nos diferenciamos de los más jóvenes que están igual o mejor formados que nosotros, siempre alguno cuenta que esta generación no conoció los aspectos negativos de aquella situación, la cárcel o las detenciones. Yo creo que lo que no conocieron es esencialmente la enorme gratitud que entonces sentíamos las personas que necesitába-

mos de todo. Y gracias a la solidaridad del movimiento sindical, de la CIOSL y de las organizaciones de la Internacional Socialista sacamos adelante organizaciones que luego han gobernado este país. Este país desde que cuenta con democracia ha estado más de la mitad de su tiempo gobernado por socialistas y con un peso del movimiento sindical que en estos momentos es una referencia para Europa y, yo creo, que para buena parte de los países con los que tenemos relaciones. En este sentido en primer lugar quiero traer un mensaje de confianza, manifestando que nuestra apuesta por la solidaridad es una apuesta esencial. Tendríamos que renunciar a ser nosotros mismos para dejar de ser solidarios. Hace cuatro años yo firmé una resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad Social que se envió a los gobiernos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y a las organizacio-

nes, señalando que renunciábamos de forma indefinida a todos los derechos de propiedad intelectual sobre cualesquiera de nuestros procedimientos, de nuestras aplicaciones informáticas, o de los contenidos que pudiera tener un efecto positivo en cualquiera de estos países. Ahora mismo acabamos de hacer una renuncia expresa a favor de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) de una experiencia que estamos realizando en España: un aula de seguridad social, cuyos contenidos se presentan a través de la animación y de soporte telemático, y que son un conjunto de documentos pedagógicos para enseñar a los niños qué es un sistema de seguridad social. Tal vez podamos adaptarlo en algunos países y podamos explicar a los niños por qué se crean los sistemas de seguridad social, para qué sirven y cuál es su fundamento. Y nosotros seguimos teniendo programas de cooperación, no solamente los programas de cooperación internacional, con la OISS, con la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el Banco Iberoamericano de Desarrollo... Tenemos proyectos de cooperación con las propias administraciones de Seguridad Social de muchos países de América Latina, porque afortunadamente en España hemos conseguido tener un sistema de Seguridad Social bastante eficiente en la gestión de sus recursos con relación a los países de la OCDE, somos uno de los que menos gastos de gestión tenemos y que menos tiempo de respuesta damos ante las demandas de los administrados. Esto es fundamental para no perder la perspectiva actual: estamos en la pri-

mera crisis económica que tiene, de verdad, naturaleza mundial. La crisis del 29 no fue una crisis planetaria, como tampoco lo fueron las crisis de los años 70; siempre había un lugar del mundo que quedaba al margen y que podía servir de impulsor que consiguiera lanzar la recuperación económica. Ahora vamos a vivir una crisis en la que no va a quedar ninguna parte del mundo exenta de consecuencias negativas. Esto nos tiene que hacer pensar en global, pensar en cómo salir de la crisis todos juntos. Porque podemos tener la tentación de compartimentar la crisis, la tentación del proteccionismo. La tentación de acomodarnos cada uno en fortalezas de ámbito nacional y de intentar hacernos fuertes en esas posiciones, de intentar expulsar de esas posiciones a todos los elementos que perjudiquen a todos nuestros ámbitos nacionales. Esto sería desastroso; acabaría generando más pobreza en el mundo, acabaría generando probablemente menos desarrollo económico. Y con toda seguridad acabaría destruyendo la posibilidad que tenemos de aprovechar la crisis para construir un mundo menos desigual. En este sentido, estamos acentuando la colaboración. Creo que España ha sido el tercer o cuarto país del mundo que ha anunciando ya que va a aceptar la petición que le realizó la Organización Internacional del Trabajo para aumentar su colaboración en los momentos de crisis. En el Ministerio de Trabajo estamos comprometidos este año 2009 para realizar más proyectos de cooperación que nunca. Y no solamente en el ámbito de la cooperación con el movimiento sindical; fundamentalmente queremos extender también la cooperación al movimiento empresarial.

Queremos que las grandes corporaciones empresariales que trabajan ya en América y en Europa desarrollen proyectos conjuntos para salir de la crisis impulsando inversiones en América y en Europa. No vamos a pelearnos por dónde tienen que invertirse los recursos, queremos compartir proyectos de crecimiento económico basados en la cooperación. Y queremos que las empresas lo hagan y que sean capaces de hacer sinergias en función de los potenciales que cada uno de los países tiene. Esto es fundamental. Pero la crisis nos impone no solo retos ideológicos, el reto de soportar la tentación de gastar el dinero donde más cerca está el problema y donde por tanto, el problema se siente más nítidamente. Y no solamente plantea retos de diseño del futuro, nos plantea retos muy concretos. Por ejemplo, el crecimiento de la economía informal, que en anteriores crisis económicas ha repuntado. En España las cosas no eran muy diferentes hace pocos años. Cuando un español habla de la economía sumergida, que es como nosotros llamamos a la economía informal, no estamos hablando de hace 50 ó de 100 años, estamos hablando de hace 8 ó 10 años. Lo primero que hizo el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero fue sacar de la economía informal a centenares de miles de trabajadores extranjeros que llevaban años en España trabajando en la economía informal. Ello fue positivo tanto para los trabajadores como para la economía española, y supuso el último impulso que tuvo el crecimiento anterior a la crisis, fue lo último que explicó por qué España seguía creciendo un punto o dos puntos más que el resto de los países europeos antes de llegar la crisis económica.

Nosotros sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Es fundamental tener propuestas concretas contra la informalidad que saquen de ahí a los trabajadores autónomos, agrarios, trabajadores que trabajan en áreas del comercio en donde la menor presencia de las organizaciones sindicales hace que se defiendan con mayor dificultad los derechos. Cuando planteemos el combate contra la economía informal es básico que nos demos cuenta de que una de las bases por las cuales la gente cotiza, hace aportaciones a los sistemas de protección social, es porque confía. Al cabo del año a menudo tengo que explicar en foros muy diferentes cómo funciona la Seguridad Social en España. Siempre explico que en estos momentos el mayor depósito de confianza que hace una persona a lo largo de su vida es al sistema de Seguridad Social. Nosotros cobramos cotizaciones a chicos y chicas de 16 años que pagan cotizaciones sociales con la idea de que al cabo de 49 años alguien les va a pagar una pensión. En estos momentos pocas cosas duran en la vida 49 años. Es un depósito de confianza muy importante y esto exige que realmente aseguremos la confianza. Y esto es difícil en época de crisis. En época de crisis los sistemas de reparto como el nuestro tienen dificultades con los ingresos: trabaja menos gente, se cobran menos cuotas, hay mayores dificultades para pagar pensiones. Nosotros hemos podido hacer un fondo de reserva de la Seguridad Social y contamos con un pequeño colchón. Pero eso no es una garantía absoluta. Los sistemas de capitalización que miraron más hacia los mercados de capitales tienen problemas

muy serios; de hecho la última derivada financiera probablemente de esta crisis sea lo que pase con los sistemas de capitalización; porque hay gente que ha perdido el 20 ó 30% de sus aportaciones, que ahora tiene 65 años y que tiene dificultades para que alguien le explique qué ha pasado. En Europa hay países que han apostado por sistemas de capitalización que eran considerados como el futuro; por ejemplo, el sistema sueco. Bien, este año se están planteando compensar a los ciudadanos de las pérdidas que ha tenido la capitalización bursátil. Hay países del Este de Europa en donde la comprensible aversión hacia todo lo que significaba planificación les ha llevado a poner en marcha sistemas de capitalización que han nacido hace cuatro o cinco años. Han nacido muertos, todo lo que han aportado en Estonia, en algunos de los países bálticos, en Polonia, a los sistemas de capitalización, ahora no vale nada. En estas condiciones ¿cómo va la gente a confiar en los sistemas de pensiones? Tenemos que ser capaces de dar confianza a la gente y ofrecer alternativas porque estamos viendo cómo en tiempos de crisis la gente se apunta más a la desesperación que a la esperanza. La izquierda siempre ha sido el partido de la esperanza, de la confianza en una vida mejor. Podemos perder las elecciones y tener retrocesos en la presencia orgánica de las organizaciones sindicales o políticas de la izquierda; pero lo que nunca podemos dejar es que se desarmen los mimbres esenciales del Estado de Bienestar. Si no podemos evitar que en esta crisis los sistemas de protección social se de-

biliten, va a ser un problema. Para esto necesitamos dar alternativas concretas a la confianza y en algunos casos aprovechar todas las ayudas posibles para seguir dando esa confianza que es indispensable. En ese sentido creemos que el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social es el embrión de un acuerdo que tiene que tener naturaleza continental en América, y que querríamos extender al conjunto de la UE el año que viene, en cuyo primer semestre ejerceremos la presidencia de la UE. La principal actividad que va a organizar la Secretaría de Estado de Seguridad Social es una Cumbre entre los países europeos y los países iberoamericanos. Una Cumbre no limitada sólo a gobiernos, si no abierta a organizaciones sociales y empresariales para poner en común nuestras organizaciones de Seguridad Social. El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social es un intento de trasladar al plano social lo que los economistas llaman áreas monetarias óptimas, que son las áreas en las que los capitales, ya sean físicos o humanos, circulan sin restricciones. Tendríamos que ser capaces de crear áreas sociales óptimas, áreas en las que los derechos de los trabajadores y de las personas circulen también sin restricciones. Para esto es fundamental que la gente sepa que cualquier peso, que cualquier euro, que cualquier dólar, que cualquier dinero cotizado en cualquier país, va a servir para generar un estado de protección. En estos momentos, estamos tratando de lograr que el Gobierno Español y la OIT hagan una difusión del Convenio a escala planetaria cuando esté en aplicación, cuando lo firmemos siete países, cuando se apruebe la norma de imple-

mentación, que ya tiene un primer borrador en el que existe un cierto consenso por parte de todos los firmantes. Cuando el Convenio sea una realidad, va a ser sin duda ninguna la mayor de las estructuras sociales del mundo, porque las estructuras sociales normalmente son una de las dimensiones de las estructuras políticas. Es cierto que en la Unión Europea tenemos reglamentos comunitarios que hacen esa función; pero este Convenio es un convenio exento, no tiene detrás de sí una organización de países. Lo que tiene detrás de sí es un reconocimiento mutuo de derechos. Esto es muy importante porque desde la izquierda deberíamos intentar que este reconocimiento mutuo de derechos tuviera naturaleza planetaria. Para ello necesitamos que en todas las partes del mundo haya un sistema de protección social y haya una forma eficaz de que los trabajadores puedan apuntar sus cotizaciones, y en cada sitio ir extendiendo la costumbre de aportar con capitalización, con reparto. Pero que la gente tenga confianza en saber que ese dinero no lo pierde y que le va a garantizar la vejez, la protección en situaciones de invalidez, la ayuda a la familia o todas las contingencias cubiertas. Estas son nuestras tareas en tiempos de crisis, en tiempos muy complicados, en los cuales todos nosotros estamos acuciados porque los problemas nos golpean de todas las formas. Bueno, pues tenemos que sustituir la confianza ficti-

cia en los mercados financieros por la confianza en las instituciones de protección social y conseguir que la gente confíe más en las organizaciones sociales que en las organizaciones de los mercados de capital. Tenemos que fortalecer nuestras organizaciones, lo cual no quiere decir que vayamos a ser más en número ni que vayamos a tener mayor peso. A veces una organización se hace más fuerte simplemente resistiendo o consolidando conquistas y sabiendo que eso es el cimiento y el fundamento sólido a lo que es el trabajo del porvenir. En este sentido espero que estas jornadas os hayan ayudado. No tengáis nunca ninguna duda en recabar toda nuestra colaboración, la de la Unión General de Trabajadores, la de la Administración de la Seguridad Social para cualquiera de vuestros trabajos. Pensad que ninguna de vuestras preocupaciones, ninguno de vuestros problemas, nos es ajeno. Espero que todos nosotros podamos decir que en el futuro lo peor que hayamos vivido sea esto, y espero que todos nosotros podamos decir en el futuro que hemos salido de la crisis gracias a la solidaridad y gracias a la labor que las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda han hecho para consolidar el movimiento obrero en cada uno de nuestros países. Compañeras y compañeros, buen trabajo y muchas gracias.

Ponencias

La crisis económica mundial y su impacto en la Seguridad Social Latinoamericana Carmelo Mesa-Lago Catedrático Distinguido Emérito de Economía - Universidad de Pittsburg

El los últimos cinco años, América Latina creció a una tasa promedio anual de 5%, una de las más altas en décadas, debido entre otros factores al incremento del comercio, la inversión extranjera directa, el crédito con bajas tasas de interés, las remesas externas, el turismo y el alto precio de las materias primas. La exposición al comercio en la región alcanzaba casi la mitad de su PIB en 2006, por lo que una contracción del comercio internacional tiene un impacto muy fuerte. La crisis económico-financiera global, la peor desde la Gran Depresión, ha reducido el comercio mundial, el turismo, las remesas y la demanda de productos latinoamericanos por EEUU, China, Europa y Japón, por lo que su precio mundial ha caído en picado; además hay una enorme contracción mundial del crédito y la inversión externa

ya disminuyó 17% respecto a 2007. Los estimados de crecimiento latinoamericano para 2009 disminuyen según avanza la crisis: en septiembre de 2008 se preveía una tasa de 3,7%, pero 1% en diciembre, el Banco Mundial proyectó cero en febrero, mientras que otras fuentes estimaban entre -0,1% y -3%. Se espera que la crisis revierta en parte los avances logrados en años recientes en reducir la pobreza y aumentar el sector formal de la economía. La OIT proyecta en su escenario más pesimista que el porcentaje de “trabajadores pobres” con un ingreso inferior a la línea de pobreza aumentará de 6,8% en 2007 a 8,7% en 2009; habrá 5 millones de nuevos “trabajadores pobres” más 4 millones de desempleados.1 Esto implica un potencial de seria explosión social en la región.

1- Tomado de Rebeca Grynspan, “La Crisis Global, sus Efectos en América Latina y el Caribe y Reflexiones sobre la Cooperación Internacional”, PNUD 2009.

La seguridad social es procíclica puesto que su ingreso disminuye durante las crisis económicas mientras que sus gastos tienden a aumentar. Por tanto la crisis actual erosionará la seguridad social en América Latina aunque habrá diferencias entre los países. La crisis regional de la deuda en el decenio de los 80s (“la década perdida”) hasta ahora ha sido más profunda que la actual, en parte porque América Latina está mejor preparada que entonces por el fortalecimiento de sus instituciones económicas y sociales, pero la crisis actual comenzó en septiembre de 2008, ha empeorado en 2009 y no se sabe cuanto durará. La experiencia del decenio de los 80s indica que puede tomar largo tiempo y esfuerzo salir de la crisis y recuperar sus efectos nefastos. La crisis actual no fue generada en América Latina u otras economías emergentes sino en los EEUU; durante la Gran Depresión y la recesión de los años 70, tomó diez años a la bolsa de valores estadounidense para recuperar el nivel anterior a la crisis. El plan de estímulo del Presidente Obama aprobado por el congreso recién se está implementando, y no hay consenso sobre la magnitud y velocidad de sus efectos en la banca, el crédito, la vivienda, el consumo y la creación de tres millones de empleos. Cinco países latinoamericanos (los más desarrollados y Perú) también han lanzado planes de estímulo que toman entre 1% y 2,5% del PIB respectivo. Aunque estos planes son positivo para contener la crisis, mientras no ocurra una recuperación en EEUU que se extienda a Europa y Asia, no aumentará la demanda y los precios de las materias primas de América Latina, ni se recuperará la inversión externa y el acceso adecuado al crédito.

El análisis de los impactos probables de la crisis sobre la seguridad social (pensiones y salud) se organizará alrededor de los principios de ésta acuñados por la OIT: unidad e integración, cobertura poblacional, suficiencia y calidad de las prestaciones, solidaridad social, equidad de género, eficiencia administrativa y sostenibilidad financiera. En cada uno de dichos principios se resumirán los aspectos positivos y negativos de los sistemas antes de la crisis, se evaluarán los posibles impactos de ésta, y se harán sugerencias de políticas para atenuar los efectos de la crisis.2 De entrada notamos que las medidas de estímulo macroeconómico para enfrentar la crisis (generar empleo, estabilizar la banca y el mercado de viviendas, mantener los salarios) serán las fundamentales; la seguridad social puede adoptar medidas importantes de protección social pero no atacar las causas de la crisis. Esta cuestiona las políticas de los decenios precedentes que promovieron una reducción del papel del Estado y de la regulación y un aumento del mercado y el sector privado; los EEUU el principal país impulsor de esa tendencia, se propone revertirla, incrementando la intervención estatal y la regulación; lo mismo ocurre en Europa. 1. Unidad e Integración del Sistema La segmentación de la seguridad social es un serio problema en la región y causa notables desigualdades. Los sistemas más integrados de pensiones y sanidad en América Latina y que además otorgan atención contributiva y no contributiva (como Costa Rica), tienen la capacidad de ofrecer prestaciones sani-

2- Para un análisis de la situación de estos principios antes de la crisis véase mi libro Reassembling Social Security: A Survey of Pension and Health Care Reforms in Latin America (Oxford University Press, 2008).

tarias de igual calidad a personas de distinto ingreso, género, etnia y ubicación geográfica. La integración además ayuda a abaratar los costos y desarrollar una política integral. Los países con múltiples programas de pensiones separados enfrentarán desequilibrios financieros severos en aquellos que cubren a grupos reducidos de asegurados de ingreso medio con prestaciones muy generosas y que ya enfrentaban problemas antes de la crisis; las transferencias fiscales a estos grupos se volverán todavía más regresivas. El modelo del sistema de pensiones jugará un papel en el impacto de la crisis: Los de capitalización individual pura y sin solidaridad, como Bolivia, El Salvador y México, serán los más afectados pues están sometidos a los riesgos del mercado de valores y el valor del fondo capitalizado ha caído con fuerza. Los sistemas mixtos, con un primer pilar público de prestación definida y reparto o capitalización parcial colectiva más un pilar de capitalización individual de contribución definida y prestación incierta (Costa Rica, Uruguay) funcionarán como un cojín amortiguador a la crisis porque sus riesgos están equilibrados entre los dos pilares. Los sistemas públicos están más protegidos pero no son inmunes a la crisis, depende de cómo tengan invertida la cartera en aquellos que tienen reservas y del comportamiento del Estado en los de reparto. Los países que tienen sistemas segmentados de sanidad y en que el grupo de mayor ingreso utiliza los servicios privados crean desigualdades notables de acceso y calidad por ingreso. Los más pobres que utilizan servicios públicos serán más afectados que los de mayor ingreso que pagan servicios privados;

pero los de ingreso medio pueden salirse de dichos planes por desempleo o reducción de su salario. Es esencial desarrollar una estrategia para establecer prioridades frente al probable recorte de gastos. En un contexto de sacrificio compartido, sería el momento oportuno para procurar la incorporación de los programas separados de pensiones; los subsidios fiscales destinados a dichos esquemas deben reasignarse para mantener las necesidades prioritarias como programas no contributivos. También debería lograrse una mayor integración de sistemas sanitarios muy segmentados. La crisis debería aprovecharse para crear sistemas integrados de protección social que combinen seguro social contributivo, asistencia social, programas contra la pobreza y de creación de empleo, etc. 2. Universalidad en la Cobertura La cobertura de la seguridad social (que es muy baja en dos terceras partes de los países) disminuirá aún más debido al incremento del desempleo declarado, la expansión del sector informal (generalmente no cubierto por el seguro social), incluyendo cuenta propia, el aumento en la evasión y morosidad de los empleadores, y un repunte de la pobreza después de una disminución hasta 2007 resultante del alto crecimiento económico y programas focalizados. Los países más desarrollados socialmente son los que gozan de mayor cobertura en sanidad y pensiones y también tienen los porcentajes más bajos de la fuerza laboral informal y de trabajadores por cuenta propia (en que predominan las mujeres) los cuales generalmente carecen de cobertura legal obligatoria o la tie-

nen voluntaria y es muy baja; dichos países tienen también la incidencia de pobreza menor. Por el contrario, los países menos desarrollados tienen la cobertura menor, el sector informal mayor, y la incidencia de pobreza más alta, de manera que la crisis los afectará con más dureza. Sólo siete países tienen seguro de desempleo y usualmente cubre a una minoría de la fuerza laboral asalariada; si la crisis se prolonga, los desempleados por largo tiempo podrían perder la cobertura al menos que se extienda el período de la prestación; en los países sin seguro de desempleo el aumento de éste no tendrá protección institucional. Con el posible repunte de la pobreza habrá mayor demanda por cobertura de pensiones y sanidad no contributiva financiada con trasferencias fiscales. Actualmente 85 millones de latinoamericanos pobres reciben transferencias focalizadas, lo que equivale a 15% de la población pero la incidencia de pobreza en la región era 34% en 2007 antes de la crisis.3 El Estado debe mantener y si es posible extender las transferencias fiscales asignadas a las prestaciones no contributivas de sanidad y pensiones, para aliviar la pobreza; desarrollar programas de protección del empleo y generación de éste en obras públicas; ayudar con pequeños créditos a los trabajadores por cuenta propia y PYMES4, y crear programas contra la pobreza en aquellos países en que no existan.

mismos niveles de suficiencia y calidad, por lo que ocurriría un deterioro en los indicadores de sanidad, aunque usualmente hay un retraso en ese efecto. Si en 2009 aumenta la inflación, la pensión real disminuiría al menos que se incremente su monto. Habría que determinar en que medida la actual pensión mínima y la no contributiva satisfacen las necesidades básicas. Los planes de inversión en nueva infraestructura hospitalaria deberían posponerse y asignar los recursos disponibles al mantenimiento de las instalaciones y equipos existentes, así como dar prioridad a la atención primaria, atención a los no cubiertos, etc. 4. Solidaridad Social Los países con un sistema sanitario universal integrado público o de seguro social tienen mayor solidaridad porque los servicios se otorgan a asegurados contributivos y no contributivos (pobres o de bajo ingreso). Pero ya se ha visto que en la región predomina la segmentación que genera desniveles importantes en el acceso y la calidad de la atención sanitaria entre grupos de ingreso, edades, localidades y etnias, contrarios a la solidaridad social.

3. Suficiencia y Calidad de las Prestaciones

Los países que otorgan pensiones no contributivas han reducido la pobreza total y la extrema: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Uruguay. Pero los países que sufren la incidencia de pobreza mayor no tienen pensiones asistenciales.

Si la crisis se prolonga tendrá un efecto sobre la capacidad del sistema de seguridad social para seguir ofreciendo los

Si se reducen los programas focalizados en grupos vulnerables de la población y en áreas geográficas afectadas por índi-

3- Grynspan, cit.; población de CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina 2008 (Santiago, 2009). 4- Pamela Cox, Apertura del Seminario “La Crisis Financiera Mundial: Implicaciones para América Latina”, Centro Woodrow Wilson, Washington, 5 febrero 2009.

ces de salud inferiores al promedio, y se recorta el número y monto de las pensiones no contributivas, se dañará la solidaridad por la expansión de las desigualdades y la desprotección. Por el contrario, si se pone énfasis excesivo en la focalización a desmedro de los programas contributivos, se aumentará la solidaridad y habrá un efecto positivo en contener la pobreza pero disminuirá el nivel de las prestaciones contributivas, lo cual podría incentivar la desafiliación. Para mantener ambas habría que hacer un enorme esfuerzo y es importante lograr un balance óptimo entre las dos. El Estado debe mantener su función solidaria aportando las transferencias necesarias a los programas que mejoran la solidaridad social. 5. Equidad de Género Los sistemas de capitalización individual acentúan las inequidades de género (a más de las derivadas del mercado laboral) porque: (a) aumentaron los años de contribución para la pensión mínima, haciéndola menos asequible a las mujeres; (b) éstas tienen una densidad de contribución menor que los hombres y su pensión resulta inferior porque: salen del mercado laboral para cuidar a los hijos, la pensión se calcula con tablas de mortalidad diferenciadas por sexo, y la edad de jubilación de la mujer es usualmente 5 años menor a la del hombre y ellas tienen una esperanza de vida 5 años superior. Los sistemas públicos atenúan las inequidades de género porque: (a) casi ninguno ha aumentado los años de contribución para la pensión mínima; (b) hay transferencias de hombres a mujeres, y (c) utilizan tablas unisexo para calcular las pensiones. En los sistemas mixtos, el pilar público solidario atenúa la inequidad por género, mientras que el

pilar de capitalización la acentúa. La mujer generalmente es asegurada indirecta del asegurado masculino (padre, esposo) al que pertenece la pensión; en caso de divorcio la mujer dependiente queda desprotegida. La reforma previsional implementada en 2008 por la Presidenta Bachelet en Chile introdujo medidas para aminorar la inequidad de género como un bono de maternidad por cada hijo nacido vivo independiente de su situación socioeconómica de la madre y la posibilidad de compartir el fondo capitalizado entre los cónyuges en caso de divorcio; a ese efecto se han hecho previsiones presupuestarias. Pero la mayoría de los países no estará en situación financiera adecuada durante la crisis para implementar estas medidas, de manera que hay que diseñar programas especiales para las mujeres que se concentran en el trabajo informal y son más afectadas por la pobreza. 6. Eficiencia Administrativa Mi último libro demuestra que tanto en pensiones como en sanidad, los sistemas públicos, unificados, con alta cobertura tienen costos administrativos más bajos que los sistemas privados (porque estos son fragmentados, no gozan de economías de escala, tienen utilidades y gastos de mercadeo por la competencia), y también costos más bajos que los sistemas públicos fragmentados y con baja cobertura. Además, la ocupación hospitalaria es superior en el seguro social que el sector privado. Durante la crisis habrá un aumento de la demanda para los servicios sanitarios públicos y de seguro social, de manera que la ocupación hospitalaria también crecerá y hay que hacer previsiones

para ello; por ejemplo, en algunos países los ambulatorios y hospitales trabajan sólo media sesión y habrá que habilitarlos para extender sus horas, así como ejecutar el horario legal de trabajo de los médicos que muchas veces no cumplen, así como contratar personal extra para hacer frente a la demanda. En los sistemas de pensiones con capitalización no siempre funciona la competencia (Bolivia y El Salvador tienen solo dos administradoras) y predomina una alta concentración en las dos o tres administradoras mayores. Debido a ello los costos administrativos son altos y no se han reducido de manera significativa en la mayoría de los países. Es esencial introducir políticas para aumentar la competencia y reducir los costos administrativos como han hecho Chile y México. La crisis, unida a una caída en los ingresos, desatará presiones contrarias: (a) reducir el personal para equilibrar las finanzas (al tiempo que aumenta la demanda por servicios especialmente no contributivos) o (b) si hay inflación aumentar los salarios y beneficios del personal. El personal de la seguridad social no debería recibir un trato preferente que los asegurados afectados por desempleo y caídas en el salario real. La gerencia de la seguridad social debe aumentar la eficiencia y racionalizar los gastos al máximo en el uso de los recursos físicos y humanos disponibles durante la crisis. 7. Sostenibilidad Financiera Antes de la crisis la mayoría de los seguros sociales en la región sufría de fuerte desequilibrio actuarial y varios incluso desequilibrio financiero que reque-

ría fuertes transferencias fiscales. Unos pocos países, como Costa Rica, introdujeron reformas paramétricas que alargaron el período de equilibrio actuarial y se encuentran en mejor situación para enfrentar la crisis. Los sistemas de capitalización enfrentan el problema de la caída en el fondo acumulado en las cuentas individuales. La crisis tendrá un impacto adverso en las finanzas de la seguridad social. El ingreso se contraerá porque los efectos adversos ya indicados provocarán una reducción de la masa salarial y las contribuciones, también es posible que aumente la subdeclaración salarial por los empleadores y que el Estado reduzca sus aportes a programas contributivos y no contributivos; por último ya ha ocurrido una caída drástica en el valor del fondo de pensiones y de su rentabilidad. Si aumenta la inflación, afectará la rentabilidad real del fondo especialmente si está en instrumentos no ajustados, a más de crear incentivos para el cumplimiento de las obligaciones (los empleadores ganarán en demorar el pago de contribuciones porque lo harán con moneda devaluada). El gasto pudiera aumentar por varias razones: (a) el creciente número de desocupados aumentará el gasto del seguro de desempleo; (b) si crece la inflación habrá presión para el alza de las prestaciones y salarios del personal, a más del precio de los medicamentos, equipos, etc.; (c) el desempleo y la disminución de los salarios hará que parte de los que tienen seguros o atención de salud privados se transfieran a sistemas públicos aumentando la demanda y los gastos públicos al tiempo que el Estado puede recortar los presupuestos de salud pública; y (d) con el aumento de la pobreza parte de

los afiliados a programas contributivos dejará de aportar y podría solicitar cobertura en los programas no contributivos o asistenciales. Estos factores incidirán negativamente en el equilibrio financiero y actuarial de los sistemas de pensiones y salud. Las demandas crecientes para salud pública y asistencia social serán difíciles de satisfacer con ingresos fiscales en declive. La crisis actual ya ha afectado negativamente el valor de los fondos acumulados en las cuentas individuales de los sistemas de pensiones de capitalización individual y su rentabilidad. En octubre de 2008, comparado con un año antes, la rentabilidad del fondo previsional de Chile cayó entre 34% y 45% en los dos fondos con mayor riesgo (Chile tiene un sistema de multifondos), mientras que la rentabilidad del fondo de Argentina cayó 25%, más del doble que durante la crisis económica de 2001. Los mercados de valores en los países desarrollados han perdido la mitad de su valor en el último año; en los EEUU se han esfumado US$400.000 millones o 55%, comparado con 55% entre 1929 y 1932.5 Las pérdidas en el valor del fondo previsional argentino y el riesgo consiguiente se dieron como razones por el gobierno para promulgar una ley el pasado diciembre que cerró el sistema de capitalización y transfirió a todos sus asegurados (9,5 millones), el fondo (US$30.000 millones) y los aportes futuros (US$4.500 millones anuales) al sistema público de reparto, sin separarlo de los recursos anteriores. Bolivia tiene dos proyectos legales para nacionalizar el

fondo privado de pensiones que estaban pendientes de la enmienda constitucional ya aprobada. La nacionalización de los sistemas de cuentas individuales que son propiedad de los trabajadores puede reducir su confianza en la previsión social y se vaticina que habrá miles de reclamaciones judiciales de los asegurados.6 En Chile la CUT ha llamado a una movilización general contra el sistema de capitalización y anuncia una reclamación ante los tribunales por la pérdida en el valor de las cuentas individuales. Los sistemas públicos y parte de los de capitalización que tienen la mayoría de la cartera invertida en valores públicos amortiguarán el impacto de la caída en el valor de las acciones e instrumentos foráneos, pero el Estado no podrá mantener por mucho tiempo altas tasas de interés, especialmente durante la crisis. Los países en proceso de transición demográfica avanzado (caída sostenida de las tasas de mortalidad y natalidad, aumento de la esperanza de vida, y cambio en el perfil patológico en que prevalecen las enfermedades del desarrollo) confrontarán problemas más serios durante la crisis que los menos avanzados en dicha transición. En el programa de pensiones la relación de asegurados contribuyentes por un pensionado aumentará porque disminuirá el número de contribuyentes, y el balance contribuyentes/receptores de transferencias fiscales se volverá negativo o acentuará. En vista al envejecimiento de la población y al hecho de que el grupo mayor de 60/65 es el que más usa los servicios sanita-

5- AISS, “La Seguridad Social en un Momento de Crisis Financiera”, Observador de la Seguridad Social, Ginebra, diciembre 2008; Bloomberg News, 16 marzo 2009. 6- Sobre las reformas de Argentina y Chile véanse mis artículos “La Ley de Reforma de la Previsión Social Argentina: Antecedentes, Razones, Características y Análisis de sus Posibles Resultados y Riesgos”, Nueva Sociedad (Buenos Aires) No. 219 (enero-febrero 2009), pp. 14-30; y “Protección Social en Chile: Reformas para Mejorar la Equidad”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 127, No. 4 (2008), pp. 421-446

rios, ocurrirá un aceleramiento del gasto de salud en los países más envejecidos. La crisis también puede afectar al programa de sanidad del seguro social, por iguales razones que las antes expuestas respecto al programa de pensiones pero, además, el fondo de contingencia es muy pequeño y no puede servir de amortiguador, la caída en el ingreso reducirá la capacidad para comprar servicios privados y aumentará la demanda a los servicios del seguro social, mientras que habrá trabajadores despedidos que dejarán de contribuir y al aumentar la pobreza más personas solicitarán atención del sistema no contributivo; como éste es financiado por transferencias fiscales y el Estado estará sometido a una fuerte presión es probable que reduzca sus aportes y esto cree problemas financieros al programa no contributivo. Los organismos financieros internacionales dicen que el costo de ayudar a las naciones menos desarrolladas durante la crisis (un tercio en América Latina), excederá el monto de los actuales recursos y que es necesario aumentar estos. El Banco Mundial planea aumentar al triple el gasto para asistencia y se ha pedido a los países desarrollados que aporten 0,7% de sus programas de estímulo para crear un fondo de ayuda. La encuesta Américas Barómetro que se tomará a comienzos de 2010 tiene dos

7- Paul Krugman, entrevista en El País 15 marzo 2009.

nuevos módulos para medir el impacto de la crisis en 24 países de América Latina y el Caribe sobre la cobertura, las contribuciones, las prestaciones y confianza en los sistemas de seguridad social (pensiones y salud). Pero no puede esperarse a estos resultados para actuar y la Cumbre de las Américas el próximo 17 de abril presenta la oportunidad para acordar las bases de un plan hemisférico de estímulo económico frente a la crisis que incluya medidas para paliar sus efectos sociales incluyendo a la seguridad social. Las agencias pertinentes de las Naciones Unidas (CEPAL, PNUD, OIT), los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, BID), las entidades de desarrollo de los países avanzados, las asociaciones internacionales de seguridad social (OISS, AISS, CISS), y fundaciones como la Friedrich Ebert deberían colaborar en el diseño y financiamiento de dicho plan. La magnitud del problema exige un nuevo pacto social precedido de un debate nacional en los países y la cooperación internacional. En cuanto al futuro, es esencial “aprovechar la crisis” para efectuar una modificación mundial del sistema regulador de la banca y los mercados de valores, con el fin de evitar que la actual catástrofe vuelva a repetirse.7

Globalización, migraciones y empleo

Santos Ruesga Catedrático de Economía Aplicada Universidad Autónoma de Madrid

El tema de mi intervención, “globalización, migraciones y empleo” es obviamente muy denso y muy amplio. Por lo tanto, como disponemos de poco espacio trataré de lanzar algunas ideas tipo, para luego centrarme en una serie de cuestiones relativas a la inmigración España-Latinoamérica que contribuyan a fijar ideas concretas. La primera de esas puntualizaciones es respecto a la propia idea de globalización. Por enfrentarse a los tópicos, la globalización, en los términos en que la conocemos en este momento, es una parte de un proceso histórico. Es decir, no es ninguna novedad, es algo que se viene produciendo en la dinámica de las sociedades humanas, particularmente en el ámbito de las relaciones económicas, desde hace siglos. La principal novedad del actual proceso reside en algunas de las características que se

han registrado en los 20 ó 30 años; es decir, podríamos hablar de que a lo largo de los últimos 400 años de historia de las sociedades humanas hemos vivido varios procesos de globalización y de que en estos momentos estaríamos viviendo uno que tiene unas singularidades especiales. Una de esas nuevas características es la fuerte carga ideológica que se le ha dado en los últimos años, sobre con el desarrollo de lo que hemos llamado “la economía de corte neoclásico”, el pensamiento neoclásico. ¿Por qué ha influido éste? Porque es un pensamiento que pone el mercado como eje de la organización de las relaciones humanas, no sólo de las relaciones económicas, sino incluso en ocasiones, del conjunto de las relaciones sociales. Y en buena medida ese concepto del mercado como elemento organizador de las rela-

ciones sociales ha sido factor de impulsión importante del proceso de globalización. En segundo lugar, también tenemos que considerar que ha habido una aceleración tanto de los intercambios comerciales como particularmente de los intercambios financieros debido a la disminución importante de los costes de transacción. Las nuevas tecnologías de las comunicaciones favorecen enormemente las transacciones, sobre todo las virtuales, lo que ha supuesto un incremento muy importante de las mismas. La tercera cuestión, por tanto, es que en este contexto de aumento de las transacciones con disminución notable de su coste, sobretodo de las virtuales, el principal crecimiento se ha registrado en las transacciones financieras, en el sector financiero. Aunque no me voy detener en ello con detalle, esta fuerte aceleración de las transacciones financieras en el mundo es un elemento fundamental para entender la crisis que estamos viviendo en este momento, que en buena medida es de origen financiero. Este proceso de globalización cuyas grandes pinceladas acabo de exponer tiene algunas características interesantes. La primera es que es fuertemente asimétrico desde distintos puntos de vista. No es un proceso que geográficamente se produzca igual en todas las partes del planeta, sino que en algunas partes se acelera mucho más que en otras. Y también es diferente en distintas funciones económicas, a alguna de las cuales ya he hecho referencia, como al hecho de que el ritmo más alto de globalización se esté produciendo en el sector financiero.

Además existe otro desajuste desde un punto de vista humano, que tiene que ver con las distintas funciones que jugamos los humanos en el plano económico. Éste sirve para explicar, por ejemplo, cómo en líneas generales se ha producido un incremento de las desigualdades en la distribución de la renta, en general, pero también en particular en el mundo de las rentas del trabajo. Otra importante asimetría tiene que ver con la dimensión local y la global. Estábamos acostumbrados a un mundo bastante más local o más nacional y, al menos en el terreno económico, el mundo de lo nacional pierde importancia frente al mundo de lo supranacional, lo que tiene una repercusión importante en la gestión de las políticas económicas, particularmente de las políticas macroeconómicas. En algún caso, como en la Unión Europea (aunque con carácter voluntario en función del proceso de integración), ha supuesto una reducción o eliminación de las posibilidades de intervenir en la economía por parte de los gobiernos nacionales, como por ejemplo en la gestión de la política monetaria. Además, el resto de las políticas económicas están fuertemente mediatizadas por el ámbito en el que se desarrollan, de tal manera que su aplicación en los espacios nacionales es cada vez más compleja, en la medida en que dependen de volumen cada vez más creciente de intercambios internacionales. Este es un elemento muy importante desde el punto de vista de las cuestiones que estamos hablando, como es la gestión de los recursos para la seguridad social, la gestión de los recursos públicos en definitiva. Por lo tanto esta fase actual de la globalización se caracteriza por un fuerte im-

pulso de la ideología que postula al mercado como elemento básico. Es una fase de la globalización fuertemente marcada por el crecimiento de los intercambios financieros y por el contexto de la supra nacionalización, del peso cada vez más creciente de la toma de decisiones en un marco supra nacional respecto a los marcos nacionales. Las tendencias, obviamente, están hoy muy matizadas por la crisis económica y los resultados de los precios de transformación que se lleven a cabo en estos meses o estos años para hacer frente a la crisis económica, desde la cumbre de mañana del G20 o de estos días a otras que se puedan producir en el futuro. Pero probablemente podemos decir que hay dos elementos que difícilmente van a cambiar en el futuro y que las tendencias que han marcado este proceso de globalización se van a mantener. Una es la apertura comercial, que se mantendrá con los matices o altibajos que se puedan producir en esta crisis. La segunda también importante, quizá más singular en esta fase de la globalización, es la fuerte expansión de la actividad financiera y de los activos financieros. Más allá de las nuevas regulaciones que puedan aparecer en el escenario internacional en el ámbito de las transacciones financieras, parece que este es un fenómeno nuevo o un fenómeno relativamente nuevo en el mundo económico actual que como tendencia se está materializando de una manera clara. La tercera tendencia que hay que tener en cuenta en esta fase de la globalización son las fuertes transformaciones que se han producido en los modelos productivos y que continuarán produciéndose en los próximos años Transfor-

maciones impulsadas por el cambio tecnológico, pero también por importantes cambios en la gestión empresarial, particularmente de las empresas transnacionales. El conjunto de circunstancias expuestas está teniendo, en mayor o menor grado, una incidencia importante en los mercados laborales, en la regulación y en el desarrollo de las relaciones laborales en los distintos países. El eje central que nos permite visualizar esa transformación de las relaciones laborales es que la globalización ha puesto sobre la mesa una competencia entre el trabajo en la escala internacional, o mejor dicho, entre los costes del trabajo en la escala internacional. Con el ánimo de ser breves que nos impone este marco y sin entrar en detalles, los teóricos de la economía han dado distintas interpretaciones sobre qué está pasando. Para los teóricos más convencionales, los de corte neoclásico, lo que ocurriría es que esta fuerte apertura del comercio internacional y de las transacciones financieras entre los distintos países va a llevar, estaría llevando y concluiría con una tendencia a la igualación de los salarios a escala internacional; empíricamente con los datos en la mano, parece que esto al menos por el momento no está ocurriendo. Sin embargo, desde otra perspectiva de análisis lo que estaría ocurriendo es que el producir en mayor escala -es decir, con una escala trasnacional, mundial- y con los procesos de crecimiento que se están dando en distintas áreas del planeta, unidos a las innovaciones tecnológicas, lo que se podría es producir una distorsión importante en los mercados de trabajo, en la medida en que la de-

manda de mano de obra que se produce es de mano de obra cualificada; y en términos relativos, la mano de obra menos cualificada tendría menor demanda. Según esta teoría, el análisis del impacto de la globalización en los mercados de trabajo mostraría una tendencia creciente de dispersión salarial, de desigualdad en los salarios. Este hecho se ha podido contrastar empíricamente, al menos en los últimos años y en los países más desarrollados. Por último, podríamos añadir que, a partir de la consideración de cómo evolucionan las instituciones y las estructuras económicas en este contexto de globalización, tendríamos que analizar qué efectos están produciéndose en los mercados de trabajo para ver los impactos, tanto en los cambios institucionales como en lo que hemos llamado el estado del bienestar, en las prestaciones socia-

les a los trabajadores. Y en última instancia deberíamos analizar también cómo estaría influyendo en los flujos migratorios este incremento del trabajo cualificado, que fundamentalmente, o al menos en los términos más importantes desde un punto de vista cuantitativo, son flujos migratorios de mano de obra menos cualificada, siempre desde la perspectiva de los países desarrollados que reciben los flujos. De manera muy sintética podríamos intentar establecer una cierta relación entre globalización y procesos de cambio en las relaciones laborales tal y como figura en el gráfico 1. El proceso de apertura financiera y de apertura de los mercados, que se viene produciendo desde los años 70-80 del siglo pasado, es un fenómeno importante de descentralización productiva,

Gráfico 1

que da lugar a lo que hemos llamando la empresa flexible. Se trata de una estrategia empresarial que constantemente supone la amenaza de los traslados de las plantas productivas hacia áreas o países donde se puedan encontrar costes de producción más bajos, fundamentalmente en términos de mano de obra. En definitiva la búsqueda de mayor competencia por parte de las empresas en un contexto internacional, puede llevar a continuos desplazamientos, a deslocalización productiva de las empresas. Por el lado de la regulación, nos encontramos también con que la política económica puede reaccionar a este contexto de apertura de globalización planteando procesos de desregulación en mercados de trabajo en los que hasta hace no muchos años, lo sustancial eran las regulaciones de tipo estatal. En este contexto lo que ocurre es que los sindicatos van a tener un peso decreciente en su capacidad de gestionar o regular las relaciones laborales debido a esa presión competitiva internacional que ha supuesto un fenómeno de desregulación importante a través de las empresas y las organizaciones empresariales trasladadas a otros estados; como consecuencia, se produce un cierto

debilitamiento de la posición negociadora de los sindicatos, tanto en los países más desarrollados como menos desarrollados, y en alguna medida trae consigo una cierta precarización de los mercados y una presión a la baja de los salarios, sobre todo en el ámbito de la mano de obra menos cualificada. En ultima instancia, en este contexto fuertemente competitivo, ganar competitividad para las empresas supone reducir costes, supone menos garantías y mayor flexibilidad y probablemente una presión a la baja de las garantías salariales, de las garantías salariales sobre el empleo y de la protección social del conjunto de los trabajadores. Los datos que he presentado contribuyen a desmitificar esa idea de que en estos momentos se esté produciendo una fuerte competencia salarial en la escala internacional; realmente, todavía, la competencia al menos directa, no es tan importante o tan intensa. Este hecho se refleja en el gráfico 2. que refleja el porcentaje relativamente bajo de trabajadores que participan en los sectores transables, que es el término al que se refieren en Latinoamérica para referirse a los que están más sujetos al comercio internacional.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia

En realidad, lo que ocurre es que los sectores productivos que comercian, o que están en el centro del comercio internacional, imponen su dinámica de relaciones laborales al resto de los sectores productivos. En síntesis, podríamos decir que hay una cierta evidencia empírica que corrobora la idea de que la dispersión salarial y el aumento del paro pueden estar relacionados con la reducción de las prestaciones sociales, con la reducción de la densidad sindical y, en definitiva, con la pérdida de capacidad de negociación por parte de los sindicatos y con algún tipo de desregulación que se está produciendo durante los últimos años, como puede ser la importancia del salario mínimo en determinados contextos de regulación. La segunda cuestión que quería analizar es cómo en este contexto de globalización uno de los fenómenos que adquiere una singularidad importante son los flujos migratorios, los flujos de mano de obra. A pesar de que este es uno de los elemen-

tos de la asimetría a la que yo antes aludía, mientras que se ha producido una fuerte liberalización de los flujos comerciales y los flujos financieros, el marco regulatorio para los flujos migratorios y de mano de obra es todavía muy importante. Además, se trata de una regulación de corte proteccionista desde los países del norte hacia los países del sur; es decir, la mano de obra no se mueve con la misma facilidad que se mueven las mercancías o que se mueve el capital financiero. A pesar de eso, Naciones Unidas insiste en que el actual flujo migratorio no tiene precedentes en la historia de la humanidad y está relacionado con esta globalización tecnológica y con el avance de la tecnología, comunicación y transportes. Sin duda, la circulación de información a escala planetaria es un factor esencial el movimiento de la mano de obra y tiene mucho que ver con lo que llamamos el “efecto llamada” de los inmigrantes desde los países desarrollados, o que vienen hacia los países desarrollados: los flujos de comunicación y de informa-

Gráfico 3: Los 20 países con mayor flujo de inmigrantes (2005) (% sobre total inmigrantes mundiales)

* Región Administrativa Especial de China Fuente: ONU-UNFPA (2007:.8)

ción de unos países a otros parecen materializar de una manera plástica y muy visual las diferencias de renta que hay entre unos países y otros. Eso constituye sin duda un incentivo importante al movimiento de la mano de obra desde los países con menor nivel de desarrollo hacia los países más desarrollados. En el gráfico 3 se puede apreciar la distribución de los flujos entre los distintos países y los principales países receptores de flujos de inmigrantes. Como pueden observar España ya está dentro de los 10 primeros países como receptores de flujos migratorios. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que algunos de los países llamados emergentes, o de aquellos que están en proceso de industrialización, empiezan a ser también receptores importantes de esos flujos migratorios; un ejemplo puede ser el caso de India, que recoge flujos de los países del entorno, fundamentalmente muy relacionados con situaciones conflictivas, pero también es un flujo de carácter económico; o países como Pakistán o algunos otros países emergentes.

En este marco general, ¿cómo podemos analizar los procesos migratorios que se están viviendo en España en los últimos años? En primer lugar, hay que decir que el fenómeno migratorio en España es muy reciente. Aparece con fuerza a partir de la segunda mitad de los años 90 y supone un cambio importante en la caracterización de nuestro país en este concepto: España pasa de “expulsar” mano de obra, de ser un país de emigrantes hasta más o menos mediados de los años 70, cuando la emigración se frena bruscamente con la crisis importante de estos años, a ser un país de inmigración en los años 90, con fuerte crecimiento del flujo de inmigración en estos años. El cambio es tal que de los 46 millones de personas año censadas este año, aproximadamente seis millones son extranjeras, han nacido fuera de nuestras fronteras (gráfico 4). El año 1994 dicho volumen no llegaba al millón de personas. Es decir, ha habido un crecimiento muy fuerte de la mano de obra extranjera.

Gráfico 4: Población nacida en el extranjero residente en España

Fuente: Revisión del Padrón Municipal. Instituto Nacional de Estadística, 2008

Por grupos de nacionalidades, el peso de los naturales de otros países de la Unión Europea (UE) en la composición de la población extranjera española es obviamente muy importante, aunque no se trata de un grupo homogéneo: podríamos distinguir hasta tres tipos de flujos Un primero de carácter residencial: se trata de de jubilados de países europeos que vienen a vivir a la costa. Es nuestra particular versión del efecto “sunbelt”, el efecto de cinturón del sol, que no tiene mucho que ver en este caso con el de California, donde se da con población económicamente activa, sino que es un efecto de tipo residencial de población jubilada que viene a vivir en las zonas más soleadas del continente europeo, sobre todo de los países del Norte; de Reino Unido, por ejemplo, tenemos aproximadamente unos 300 mil jubilados viviendo en las costas mediterráneas y en Canarias. Un segundo flujo, que es relativamente reducido, es el que se produce entre los países desarrollados con mano de obra cualificada, sobre todo dentro del espacio de circulación de las empresas trasnacionales. Y el tercer flujo, más representativo de lo que está sucediendo

en los últimos 15 años, es de obra más o menos cualificada procedente de los países del este que ya han entrado en la UE, fundamentalmente de Rumania, Bulgaria y en menor medida de Polonia. El resto, son flujos de mano de obra de baja cualificación donde América Latina aporta el contingente más importante. Una cuestión importante para el tema que nos ocupa –la seguridad social- y que habría que poner sobre la mesa, es la cuestión de la dirección de los flujos. Obviamente, en este momento, es un flujo de Latinoamérica hacia aquí, aunque haya un cierto o escaso volumen de retorno de españoles que emigraron hace años hacia América Latina. Probablemente también están incluidos ahí, porque esto está definido por nacionalidad, españoles no nacidos en España, es decir, que han adquirido la nacionalidad en algún país de Latinoamérica al albur de los cambios relativos que ha habido en este terreno en los últimos años y un flujo pequeño de inmigrantes españoles hacia Latinoamérica que fundamentalmente es mano de obra cualificada y que se mueven también en relación con las empresas transnacionales españolas que operan en ese país.

Afiliados extranjeros a la Seguridad Social - Total

Fuente: Secretaría de la Seguridad Social, 2008

Afiliados extranjeros a la Seguridad Social - Latinoamericanos

Fuente: Secretaría de la Seguridad Social, 2008

Afiliados extranjeros a la Seguridad Social - Por países

Fuente: Secretaría de la Seguridad Social, 2008

Esta precisión es necesaria porque, desde el punto de vista de los acuerdos en materia de seguridad social, observamos que la cifra de retorno de latinoamericanos es muy pequeña en este momento. El programa de ayuda al retorno que ha puesto en marcha el gobierno español en los últimos años tiene escaso éxito, al menos en términos cuantitativos. Las últimas cifras hablaban

de algo más de cuatro mil personas que se habían acogido al mismo. Pero cabe la posibilidad de interpretar que si la situación de crisis en el mercado de trabajo que estamos padeciendo y que trae consigo un rápido y fuerte crecimiento de las cifras de desempleo, continúa en los próximos años, es posible que el flujo de retorno sea importante.

Población nacida en América Latina en España

Fuente: Revisión del Padrón Municipal, Instituto Nacional de Estadística, 2008

Los datos indican como, efectivamente, al menos en los últimos años, el volumen de cotizantes latinoamericanos ha ido creciendo de manera importante; es decir, ya contamos con una cifra importante de trabajadores latinoamericanos que potencialmente podría retornar a sus países de origen en el contexto de la actual crisis, que llevan varios años cotizando a la Seguridad Social española, y que podrían trasladar al albur de estos acuerdos parte de su cotización a Latinoamérica. De acuerdo con la distri-

bución por países que se presenta en el cuadro nº, se observa que la población de Ecuador -o los trabajadores de Ecuador inmigrantes- son la población inmigrante más importante del país, seguidos por los de Colombia y Argentina y Bolivia. De hecho, la población de Ecuador que hay en España es mucho mayor que la que emigra a EEUU, aunque EEUU sigue siendo el país con un mayor volumen de latinoamericanos entre sus flujos migratorios (España ocuparía el segundo lugar).

Latinoamericanos en España y Estados Unidos

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, Instituto Nacional de Estadistica, 2007

Un efecto importante del flujo migratorio para los países de origen son las remesas. Como nos enseña el caso de la experiencia española, éstas pueden ser un elemento importante desde el punto de vista del desarrollo económico y en alguna medida suponen una contrapartida al sacrificio que supone la migración en términos de sangría de capital humano. En el caso español, en los años 60 del pasado siglo el flujo de remesas de los inmigrantes españoles fue un compo-

nente esencial del proceso de desarrollo que experimentó el país, actuando como factor fundamental de capitalización de la industria, pero también del conjunto de la economía española. Como se puede ver en los gráficos que figuran a continuación, la intensidad de las remesas es muy fuerte ya que en torno a dos tercios de los inmigrantes envían dinero a su país al menos una vez.

Remesas de los latinoamericanos en España: frecuencia Santos M. Ruesga

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, Instituto Nacional de Estadística, 2007

Remesas en España (millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial, 2007

Remesas hacia América Latina (millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial, 2007

Remesas hacia América Latina (% PIB)

Fuente: Banco Mundial, 2007

Este es el cambio fundamental que se ha producido en España, donde los ingresos como consecuencia de las remesas de emigrantes tienden a estabilizarse desde el comienzo de este siglo; y sin embargo la salida de remesas de emigrantes a partir del año 2000-2001 hacía los países de Latinoamérica tiene un crecimiento espectacular.

México es, obviamente, el país que más remesas recibe por la migración a EEUU, pero en otros países este concepto empieza a tener ya un volumen significativo, de forma que en muchos de ellos supone la cuarta parte de su PIB (el caso de países pobres como Honduras, Haití o El Salvador, que tienen ya una fuerte dependencia de la remesa de emigrantes);

lo cual, dicho sea de paso, produce distorsiones importantes en sus mercados de trabajo. En cifras concretas, estamos hablando de un volumen de remesas medio de entre 1500 y 2500 euros por

año, que va hacia los países que emiten la mano de obra inmigrante; esta cantidad varía un poco entre unos países y otros, pero en el caso de Latinoamérica su importancia relativa es muy significativa.

Remesas de los latinoamericanos en España: total

Fuente: Banco de España, 2006

Una segunda cuestión sobre la inmigración, que genera un importante debate en el caso de los países receptores, es el impacto que tiene sobre el mercado de trabajo local. Una de las hipótesis típicas que siempre se ha valorado es que la recepción de un fuerte contingente de inmigrantes podría tener un efecto depresivo de los salarios en el mercado local. Se trata de una explicación teórica, en la que no voy a entrar con detalle, pero que habría que decir que es errónea: la entrada de mano de obra inmigrante depende del contexto de la economía receptora y es el momento del ciclo lo que tiende a deprimir los salarios. En realidad, desde mi punto de vista, lo que ocurre es que una segmentación muy fuerte del mercado, donde la mano de obra inmigrante tiene una serie de espacios de ocupación y de puestos de tra-

bajo con escasísima demanda por parte de la mano de obra nacional y que, efectivamente son espacios u ocupaciones con niveles salariales muy bajos, aunque no necesariamente compiten con la mano de obra nacional en términos salariales. Los datos disponibles sí permiten observar que hay diferencias salariales importantes entre la mano de obra inmigrante y la mano de obra nacional. En el cuadro…. se trata de explicar de una manera empírica, con datos construidos a partir de una encuesta, cuáles serían los factores que inciden en la diferencia salarial entre los inmigrantes y la población nativa. Como se aprecia, el factor en el que radica el 20% de los casos de dicha diferencia es la antigüedad. Es decir, la mano de obra inmigrante ha entrado

recientemente en el mercado laboral y cuenta con menos antigüedad respecto a la mano de obra nacional. En segundo lugar, el tipo de contrato hace que la mano inmigrante tenga mucha más rotación que la nacional, con lo cual las posibilidades alcanzar la antigüedad en sus contratos es más escasa. Pero el principal factor es que la mano de obra inmigrante ocupa puestos de trabajo de mucha menor cualificación y por lo tanto con niveles salariales mucho más bajos. Aquí hay una cuestión interesante que puede producir cambios en el futuro; si observamos las diferencias salariales entre la mano de obra, la latinoamericana inmigrante y la mano de obra nacional, las diferencias salariales crecen notablemente a medida que aumenta la cualificación, medida ésta en términos de estudios terminados. De tal manera que las diferencias más grandes de salarios se produce en el grado más alto de nivel de estudios. ¿Por qué ocurre esto?. Hay una parte que podríamos calificar como de discriminación salarial del mercado, que sí que opera; pero la otra es fundamentalmente sobre educación que genera la mano de obra inmigrante latinoamericana respecto a la ocupación que tiene. Esto significa que, la estructura de la población activa en España según nivel de estudios para la mano de obra inmi-

grante latinoamericana y la española es bastante parecida. De hecho la mano de obra femenina latinoamericana tiene un nivel de estudios mayor que la mano de obra femenina española. Sin embargo, en la práctica, su inserción en el mercado de trabajo está muy por debajo de su cualificación, al menos en términos de titulación académica. De esta manera, los que tienen un nivel equivalente al licenciado tienen una diferencia salarial muy alta, primero porque no trabajan, digamos, en la ocupación que les corresponderían esa cualificación o a esa titulación académica; y en segundo lugar porque, además, en todos y cada uno de los puestos de trabajo hay una discriminación en materia salarial que se puede estimar en torno a un 20% con respecto a la mano de obra nacional. Con los datos expuestos, que se complementan en los diferentes gráficos anexos, podríamos concluir que en el mercado de trabajo español se apunta una tendencia a una inserción creciente, a un aumento en la cualificación de los puestos de trabajo que van ocupando los trabajadores inmigrantes.Esta circunstancia sí que podría suponer un aumento de la competencia por el puesto de trabajo. con lo que ello implica, de posibles efectos de aumento de la situación de las xenofobia o del rechazo a la población inmigrante.

SINDLAB. Laboratorio Iberoamericano sobre Trabajo Autónomo y Economía Informal Antecedentes y trabajos previos a SINDLAB Luis Miguel Monje Delegado ISCOD - Perú

Álvaro Orsatti Experto de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)

Antecedentes

El inicio de la cooperación de ISCOD y UGT con el sindicalismo latinoamericano y caribeño en relación a los trabajadores de la economía informal se ubica en 1991, con un primer proyecto de dos años realizado en apoyo a la ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabajadores). Más recientemente, desde 2005, se ha expresado en un proyecto regional denominado Acción Sindical para la Organización y Protección de los Trabajadores/as de la Economía Informal (Proyecto ASEI), con la participación de 14 centrales y confederaciones nacionales (10 permanentemente) de 9 países (Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Rep. Dominicana, Para-

guay), en el marco de un programa cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). En este contexto, el XI Encuentro Internacional “Economía Informal: Respuestas Sindicales (Intercambio de experiencias España-UE y América Latina)”, organizado por ISCOD (Córdoba, España, septiembre de 2007), en cooperación con ORIT, reunió a las organizaciones que participaban de ese programa, así como otras invitadas especialmente (de Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Panamá), aprobándose la “Declaración de Córdoba”, con el subtítulo de “Conclusiones para una política sindical internacional en materia de cooperación al desarrollo en Trabajo Autónomo y Economía Informal”.

De su contenido, se destacan cinco elementos: 1. La complejidad y extendida presencia del fenómeno de la economía informal en las sociedades latinoamericanas, así como las causas desequilibrantes que la originan, requiere que las organizaciones sindicales desarrollen de manera prioritaria estructuras de representación colectiva que tengan en cuenta y canalicen las reivindicaciones e intereses de estos trabajadores y trabajadoras, en especial en materia de organización y protección social. Asimismo, es fundamental el desarrollo, por parte de los sindicatos, de instrumentos comunicativos que visibilicen la problemática existente. Subyace la idea de que el fenómeno de la informalidad además de ser ya-en cualquiera de sus vertientes- la forma predominante de trabajo en América Latina, es también consecuencia de la ausencia de políticas públicas y un freno considerable a la reducción de la pobreza y, por tanto, a la cohesión social. 2. No obstante, la cooperación “debiera incorporar un debate sindical alrededor de la terminología a utilizarse en el sentido de lo inadecuada que sería la expresión de “informal” cuando se aplica directamente a los trabajadores, por considerar que transmite involuntariamente un sentido peyorativo y porque, al momento de adoptarse instrumentos legales, resulta imprecisa o incluso contradictoria. En tal sentido, la expresión “autónomos”, que pertenece a la tradición española, podría ser una alternativa para establecer puentes terminológicos. En ese contexto se puede mantener el término de economía informal cuando aplique”.

3. La valorización del trabajo autónomo: “en los últimos diez años, ha crecido fuertemente la valorización por parte de los Estados de las formas de trabajo autónomo, al considerar que reflejan legitimas vías de resolución de problemas de sobrevivencia por parte de quienes no encuentran otro trabajo, o no desean ocupaciones asalariadas, por preferir las particulares formas que adoptan las independientes, en términos del uso del tiempo y la capacidad de autodeterminación. Como consecuencia lógica, se fomenta la incorporación de estos trabajadores al registro en las distintas áreas de la administración pública, particularmente hacienda y seguridad social. Por esta vía, tales colectivos adquieren el derecho a la protección social y a la promoción productiva desde el Estado, en paridad relativa los trabajadores formales”. 4. El debate sobre modelos organizativos: “debiera ser el principal eje de la cooperación en materia de trabajo autónomo y economía informal, incluyendo la difusión de buenas prácticas observables en la experiencia comparada al interior de ALC. Del Encuentro ha quedado en evidencia el éxito alcanzado en España por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en cuanto a la representación de estos trabajadores y a la promoción del Estatuto del Trabajador Autónomo, pudiendo entonces ser incorporado a las experiencias a difundir”. 5. La cooperación debiera “dedicar un capítulo importante a tareas de recopilación de información y de investigación aplicada sobre la estructura y dinámica de un conjunto amplio de colectivos de trabajadores que pudieran ser objeto de

representación sindical y otras acciones sociopolíticas vinculadas, así como de buenas practicas de políticas públicas y de trabajo organizativo. Estas tareas podrían desarrollarse desde un “Observatorio del Trabajo Autónomo y la Economía Informal”.

diente), como resultado de la Conferencia Europea sobre “Trabajo Autónomo y Semi-Dependiente: Un espacio en el diálogo social europeo” (Madrid, junio 2005), auspiciada por la Comisión Europea, Dirección General de Empleo y Asuntos sociales e Igualdad de Oportunidades

Creación del SINDLAB

La decisión fue entonces disponer de un Laboratorio Iberoamericano sobre Trabajo Autónomo y Economía Informal (utilizándose la expresión resumen SINDLAB), con formato de página web, comenzando por el capítulo referido a América Latina y Caribe.

La cooperación de ISCOD en esta materia con el sindicalismo latinoamericano y caribeño continuó en 2008, con un nuevo proyecto, ahora en el marco de la nueva Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA, Panamá, marzo 2008). Asimismo, como parte de esta relación, CSA y UPTA participaron en el III Encuentro Internacional de Redes EUROSOCIAL (México, junio 2008), bajo el lema “Cohesión Social: punto de encuentro de las políticas públicas”, uno de cuyos ejes era justamente la protección social y la economía informal. En este campo, el encuentro derivó en recomendaciones de los gobiernos del área iberoamericana sobre la conveniencia de recopilar buenas prácticas en la materia, mencionando explícitamente al trabajo autónomo. El Sector Empleo de EUROSOCIAL está a cargo de la OIT, desde el Centro Internacional de Turín. En este marco, ISCOD, UPTA y CSA acordaron comenzar a desarrollar la recomendación de la Declaración de Córdoba por un instrumento de intercambio sobre esta temática. Para UPTA, esta tarea era un reinicio de su trabajo previo a nivel europeo, cuando creó (en 2005) el OTASED (Observatorio del Trabajo Autónomo y Semi-Depen-

Para ISCOD y UPTA, el sitio da la oportunidad de difundir en Iberoamérica la Ley Estatuto del Trabajador Autónomo (LETA), aprobada en el 2007 en España, que es el primer instrumento de este tipo, con una perspectiva integral de políticas públicas, en cuya elaboración UPTA tuvo un claro protagonismo. Para la CSA, el sitio permitirá difundir resultados de su eje programático Autoreforma Sindical, que dan gran importancia a la organización y representación de los trabajadores autónomos y, en general, a los que se desempeñan en la economía informal. Para las tres organizaciones, el sitio también permite vincularse con EUROSOCIAL y, en general, con la OIT, estableciendo links. En particular, SINDLAB destaca en primera página la resolución de OIT del 2002 sobre Trabajo Decente y Economía Informal, que da un marco general apropiado para esta tarea.

Contenidos del SINDLAB El formato de SINDLAB, en cuanto a sus contenidos, destaca cuatro planos: 1. Buenas prácticas; 2. Documentos institucionales; 3. Estudios (incluyendo análisis de estadísticas); 4. Normas (incluyendo los estatutos propiamente sindicales). Los principales contenidos se refieren a los países de América Latina y Caribe. En el capitulo sobre buenas prácticas, se han recopilado experiencias de ocho países latinoamericanos (Nicaragua, Honduras, México, Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), así como otra subregional (en Centroamérica). En el capitulo sobre legislación (que aún no incorpora experiencias propiamente sindicales, en cuanto a sus estatutos), se difunden tres experiencias (Ecuador, México y Argentina), destacándose la del primero de los países mencionados, referidos a la nueva Constitución Política y un proyecto de ley que se basa en la LETA. Además de fuentes propiamente sindicales, se recopilan documentos de OIT y EUROSOCIAL. Finalmente, SINDLAB dedica una particular atención al tema de la Seguridad Social en relación al trabajo autónomo y, en general, los trabajadores de la economía informal, por lo que la realización de este Encuentro es un escenario adecuado para su lanzamiento.

CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL • OBJETIVO DEL CONVENIO El Convenio evita los riesgos que en materia de pensiones suponen los movimientos migratorios para los ciudadanos, puesto que el trabajo fuera del propio país al que se pertenece dificulta, en muchos casos, el mantenimiento de esos derechos. La diversidad y la descoordinación entre los sistemas nacionales impiden computar los periodos cotizados en un sistema de Seguridad Social distinto a aquél en que se produce la jubilación, la invalidez o la muerte. La exigencia de aportaciones y contribuciones por un periodo mínimo para generar derechos contributivos (periodo de carencia) provoca que, en muchas ocasiones, no pueda perfeccionarse el ejercicio del derecho a una prestación. A estas situaciones va dirigido el Convenio. Por ejemplo: Una persona que hubiera cotizado en Colombia y en Panamá. Colombia exige 1075 semanas (20,7 años) para la jubilación y Panamá 180 meses (15 años). Podría ocurrir que con 33 años cotizados (19 en Colombia y 14 en Panamá) no tenga derecho a pensión por no cumplir el periodo mínimo en ninguno de los dos países. El Convenio permitirá que ambos países consideren como cotizados en ellos los 33 años, aunque cada uno pague sólo la parte proporcional de la pensión que corresponde.

• BENEFICIARIOS DEL CONVENIO Serán todas las personas que hubieran trabajado en más de un país iberoamericano y sus familias. La CEPAL estima que en el momento actual se encuentran en esas circunstancias más de 5,5 millones de personas. Y a ellos habría que sumar los que hubieran trabajado en otro país en algún momento anterior y hubieran retornado a su país de origen. • PERSONAS A LAS QUE PROTEGE EL CONVENIO (ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN) A todos los trabajadores, dependientes o no dependientes (autónomos) que hayan cotizado legalmente en cualquier país de Iberoamerica, independientemente de su nacionalidad, y a sus familias. • PRESTACIONES QUE ABARCA EL CONVENIO (ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN) El Convenio se aplica a las pensiones contributivas por vejez, invalidez, viudedad y orfandad, incluidas los que tengan su causa en un accidente de trabajo o enfermedad profesional. • FORMA DE DETERMINAR LAS PRESTACIONES (TOTALIZACION DE PERIODOS “PRORRATA TEMPORIS”) Si una persona ha cotizado en dos o más países iberoamericanos y con las cotizaciones realizadas en cada uno de ellos tiene derecho a pensión según su legislación interna, cada país la calcula y paga según su propia legislación.

Si ha cotizado en dos o más países pero no alcanza en ellas el derecho a pensión, cada país suma a sus cotizaciones las realizadas en otros, como si se hubieran efectuado en él, y paga la pensión que así calculada le hubiera correspondido según su legislación, pero en proporción al tiempo realmente cotizado en ese país. Es decir el pensionista cobrará dos o más pensiones que serán proporcionales al tiempo que haya cotizado en cada país. • PAGO DE LAS PENSIONES (EXPORTACIÓN DE PRESTACIONES) El pensionista podrá cobrar su pensión en cualquier país iberoamericano, aunque la pensión sea de otro país y sin que esa circunstancia le suponga ninguna rebaja (sólo en algunos casos los costos de transferencia). • TRAMITACION DE LAS PENSIONES (COLABORACION ADMINISTRATIVA) El trabajador o su familia podrían solicitar la pensión y hacer todos los trámites en su país de residencia, sin tener que desplazarse aunque el país que pague la pensión sea otro u otros distintos. • GARANTIA DE DERECHOS Cualquier ciudadano podrá reclamar la aplicación del Convenio ante los Tribunales ordinarios. • ESTADO DE SITUACION DEL CONVENIO ▪ El Convenio ha sido suscrito por 14 países, de los que 12 (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela) lo hicieron con oca-

sión de la XVII Cumbre Iberoamericana y dos posteriormente en Madrid, Ecuador en abril de 2008 y Colombia en noviembre del mismo año.

▪ Se ha acordado incluir el Convenio Multilateral Iberoamericano como Programa del Bicentenario de las Independencias en Iberoamérica.

▪ El texto autentificado del Convenio fue remitido a todos los Presidentes, Cancilleres y Ministros de Seguridad Social en febrero de 2008 para, según los casos, instar su firma o iniciar los trámites para su ratificación.

▪ A la vista de todo ello parece factible lograr la aprobación del Acuerdo de Aplicación en 2009 y obtener la ratificación de al menos 7 países (necesaria para su entrada en vigor) en el mismo periodo, con lo que el Convenio podría estar operativo en 2010.

▪ Al menos siete países han informado de que han iniciado el trámite de ratificación: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Portugal y Uruguay. ▪ Se han realizado distintas gestiones en los países que aún no han suscrito el Convenio para instar su firma, singularmente en Colombia, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. ▪ Se ha avanzado en la negociación del Acuerdo de Aplicación del Convenio, del que la OISS ha elaborado hasta la fecha tres borradores y sobre el que se ha realizado una primera Reunión Técnica en Fortaleza (Brasil) en la que se acordó la práctica totalidad del texto, estando prevista una nueva Reunión Técnica en Chile en marzo de 2009 en la que, previsiblemente, quedará definitivamente cerrado a nivel técnico. ▪ Está previsto convocar, en 2009, la VII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Máximos Responsables de Seguridad Social que, en su caso, aprobaría formalmente el texto del Acuerdo de Aplicación del Convenio previamente acordado por los responsables técnicos y elevaría sus conclusiones a la XIX Cumbre Iberoamericana.

• ENTRADA CONVENIO

VIGOR

DEL

Para su entrada en vigor, el Convenio debe ser ratificado por al menos 7 países y haberse firmado su Acuerdo de Aplicación por esos mismos países. Se estima que estos trámites pueden estar cumplidos en un plazo en torno a 2 años. • ORGANISMOS DEL CONVENIO

RESPONSABLES

Las negociaciones entre los 22 países iberoamericanos se han llevado a cabo por impulso de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Ambos organismos tienen el encargo de las Cumbres de continuar el proceso de negociación en esta segunda fase con la colaboración de las instituciones de la Seguridad Social de los 22 países. El Convenio y su Acuerdo de Aplicación, una vez, aprobados y ratificados quedarán depositados en la SEGIB a través de la OISS.

• OTROS ASPECTOS A DESTACAR El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social será el primer instrumento normativo en vigor de la Comunidad Iberoamericana, cuyo cumplimiento será directamente exigible por los ciudadanos ante los Tribunales ordinarios.

El Convenio contribuirá a crear una verdadera conciencia de “ciudadanía iberoamericana”. El Convenio garantiza la plena igualdad de trato en materia de Seguridad Social de todos los ciudadanos, con independencia de su nacionalidad, género o estima.

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Migración y desarrollo a través de los sistemas de Seguridad Social Álvaro Orsatti Experto de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)

Deseo comenzar esta intervención refiriéndome a la presencia en el Encuentro del profesor Carmelo Mesa Lago. Hace veinte años, desde la ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabajadores), aprendimos sobre seguridad social latinoamericana a partir de sus trabajos, que circulaban por la OIT regional y la CEPAL. También hemos apreciado sus estudios sobre modelos económicos comparados, como el que realizó hace algunos años sobre Cuba, Chile y Costa Rica. Por lo tanto, un homenaje del sindicalismo latinoamericano para él, congratulándonos que ISCOD lo haya invitado a este intercambio. Con relación al tema de este XII Encuentro, conviene comenzar recordando que la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y sus organizaciones afiliadas participan actualmente de dos programas, apoyados por la cooperación es-

pañola, a través del Ministerio de Trabajo e Información, que han ayudado a un mayor desarrollo de nuestro enfoque estratégico en la materia: me refiero al Proyecto de Seguridad Social para Organizaciones Sindicales (SSOS), desde la OIT, con apoyo de Comisiones Obreras, y el Proyecto sobre Mercado de Trabajo, desarrollado directamente desde la CSA, con apoyo de UGTISCOD, el cual focaliza en los trabajadores de la economía informal y, en este marco, en la seguridad social. Uno de los temas analizados en las actividades derivadas de estos proyectos ha sido el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Hemos efectuado una encuesta a especialistas (Ernesto Murro, Ariel Ferrari, Fabio Bertranou, Jesús García), comprobamos que existe una opinión unánime sobre las virtudes de esta iniciativa, por lo que la hemos compartido.

La posición sindical favorable a este Convenio ha quedado también registrada en la declaración de la IV Cumbre sindical UE-América Latina-Caribe (Lima, abril 2008). Un aspecto básico a destacar del Convenio es que, aun cuando se centra en la seguridad social, se proyecta hacia otro tema clave: la cuestión migratoria. En un período en que la relación de los países latinoamericanos y caribeños con España y Portugal y, más en general, con la Unión Europea está en una etapa de novedades unilaterales (como la Directiva de Retorno) y de negociaciones bilaterales o subregionales (como los acuerdos de asociación que, siguiendo el modelo del acuerdo ya firmado entre UE y Chile incluye también un capitulo sobre migraciones), el Convenio aporta un “sentido común” positivo. Con ello, se perfecciona el concepto de “codesarrollo”, introducido por UGT-ISCOD en el Encuentro “Migración y Desarrollo” del 2005. Desde esta perspectiva, el Convenio se vincula también con otra línea de trabajo de la cooperación española con el sindicalismo de América Latina-Caribe: el apoyo, en el país de origen, a los trabajadores y trabajadoras que han decidido inmigrar hacia España. En este marco, una primera dimensión positiva del Convenio es directamente su formato: es claro que la condición multilateral (en este caso birregional) va en la dirección correcta en cuanto a superar el plano meramente bilateral. Este es un principio ampliamente consensuado, en relación a los tres principales flujos de las relaciones internacionales, es decir, el comercio, la inversión y las personas.

Justamente, el Convenio se inscribe en la estrategia de instrumentos multilaterales en relación a los migrantes, que ha tenido un gran espaldarazo desde la OIT en 2004, con la aprobación de su propuesta de un modelo de acuerdo multilateral sobre migraciones, que es desde entonces la inspiración para una futura política intergubernamental en este campo. Claro está que los acuerdos multilaterales tienen que ser adecuados simultáneamente para todos los firmantes. Desde la óptica de los países del sur, que es la que utiliza la CSA en atención a la mayor parte de sus afiliados, las iniciativas concretas de multilateralismo han sido polémicas: es el caso de, a fines de los años noventa, el intento de acuerdo multilateral de inversión (en el marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE), así como la actual negociación comercial de la Ronda de Doha, en la OMC (Organización Mundial de Comercio). Un segundo elemento positivo del Convenio es que debiera fomentar una mayor cobertura del trabajador inmigrante latinoamericano-caribeño en su país de destino, teniendo en cuenta que junto al proceso migratorio siempre se encuentran situaciones, minoritarias pero importantes, de irregularidad en el estatus y de consecuente discriminación en materia laboral por parte de los empleadores. En tercer lugar, el Convenio es oportuno para encarar un problema que apareció súbitamente vinculado a la actual crisis económica global, el detenimiento y reversión de flujos migratorios de América Latina-Caribe hacia España y Portugal, como manifestación de los nuevos pro-

blemas de absorción laboral en los países de destino. Este fenómeno será seguramente más duradero que la recesión productiva e, incluso, es razonable plantear que implicará un punto de inflexión duradero en la demanda por mano de obra extranjera, en la medida que la crisis ha puesto sobre la mesa un debate profundo sobre las características del actual modelo productivo. Es decir, el Convenio da a los trabajadores que retornan a sus países una situación relativamente más favorable que en el caso en que no existiera el reconocimiento de sus aportes en el país de destino anterior. Más en general, el Convenio aporta a una dinámica sindical interregional, que ha ubicado con precisión la necesidad de un codesarrollo también en los aspectos organizativos y reivindicativos, a través

de la creación de redes de apoyo sindical en los países de origen y de destino, llegando a concebir instrumentos tan creativos como el “pasaporte sindical”. En este contexto, es imposible dejar de señalar la interacción que tiene con el Convenio con notable reforma que se está concretando en España: la futura Ley de Extranjería seguramente incluirá la eliminación del veto al inmigrante irregular, para que se afilie a las estructuras sindicales locales y realice acciones sindicales como la huelga. En conclusión: el sindicalismo de nuestra región colaborará con el objetivo de que el Convenio entre lo mas rápidamente posible en vigencia, mediante su ratificación por nuevos países, con la expectativa de alcanzar esa meta en las vísperas de la próxima Cumbre UEAmérica Latina, en España en el 2010.

Crisis social y actualidad política

Víctor Báez Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)

Resulta apropiado comenzar esta intervención trayendo una cita de Hedley Bull en su libro “La sociedad anárquica” que recuerda la definición de “orden” que ha hecho San Agustín. San Agustín decía que el orden es la mejor disposición de las cosas discrepantes entre sí ubicadas cada una de ellas de la forma más apropiada. Ahora, la pregunta es apropiada para quién. Esta crisis nos demuestra cuán apropiado ha sido para los que hicieron ese orden. Y cuán inapropiado ha sido ese orden para los trabajadores y trabajadoras, y para los países en general, pero en especial para los países en desarrollo. En el foro sindical previo a la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, vamos a aprovechar para influir en los gobiernos latinoamericanos para que cumplan con los instrumentos que han sido firmados por esos mismos gobiernos.

Ésta es una inmejorable oportunidad para recordarle a los gobiernos, que en este tema se encuentra una cantidad de compromisos de tinte social que ellos deben cumplir. Porque especialmente en América Latina, es importante resaltarlo, antes de esta crisis financiera y económica ya existían otras crisis, entre ellas la crisis social, expresada principalmente en las grandes y graves desigualdades sociales que fueron acentuadas con el modelo neoliberal. De ahí que en el documento que vamos a presentar a los Presidentes de los gobiernos, no hablamos solamente de la salida de la crisis a nivel financiero y a nivel económico. Hablamos de escenarios diferentes porque para los países desarrollados, especialmente para los gobiernos de derechas de los países desarrollados, para el Fondo Monetario Internacional, y para el Banco Mundial, estas intervenciones de los estados que

se dan en las economías no pueden durar para siempre. Lo cual nos lleva a creer que si bien ellos están practicando esas intervenciones, no creen en dichas intervenciones en la teoría. De ahí que es importante que nosotros demos una visión diferente de la salida de la crisis y preparemos documentos que la apoyen, aunque todavía estemos en medio de la crisis. Porque la visión, el escenario de la salida de la crisis nos va a dar instrumentos diferentes que permitan hacer políticas conjuntas que nos saquen, no solamente de la crisis financiera y económica, sino también de la crisis social, medio ambiental, alimentaria y de la crisis energética. Pero aquí vamos a centrarnos en el tema de la crisis social. Nosotros vemos que los efectos de esta crisis en la Seguridad Social han supuesto, en todos los sistemas, menor recaudación, menor afiliación, mayor morosidad, más evasiones, menores prestaciones. También han pasado por una menor recaudación fiscal, por menor actividad económica, por una caída en gastos de salud y de otros campos. En este marco general, ha habido un impacto diferencial de la crisis entre sistemas de reparto y de capitalización, ya que el primero da más tiempo para incurrir en un déficit o redistribución entre los afectados, modulando el aumento de pensiones durante la etapa que dura la crisis. Por eso, este es el momento para que nosotros insistamos en los compromisos institucionales y gubernamentales ante nuestros gobiernos para incidir en el desarrollo de esas políticas sociales. Para insistir en el blindaje social, frente

al blindaje financiero del que hablan muchos gobiernos, sobre todo los de derecha. Este blindaje social del que hablamos los sindicalistas en América Latina significa más seguridad social, en el objetivo de ir superando que América Latina es el continente con más desigualdad. Con los europeos y europeas nos une el hecho de que mientras en Europa se quieren volver a perfeccionar las redes de protección social o volver al estado del bienestar, nosotros jamás hemos llegado ahí, pero sí queremos llegar. Existen evidencias de cambio. Hoy vemos que la situación ha cambiado en Argentina y en Chile. Da la impresión de que todavía se puede avanzar. Se ha roto la imagen creada respecto a la seguridad social de que los sistemas de capitalización individual se consideraban como un automóvil con una caja de cambios sin marcha atrás (en palabras de los compañeros Ariel Ferrari y Ernesto Murro). Existe una resolución de la OIT del año 2001 referida a la Seguridad Social que en gran medida fue obra del movimiento sindical latinoamericano, en conjunto con el sindicalismo europeo, y que ahora se necesita valorar: allí se habla del Estado, del tripartismo, de la participación en el control y seguimiento, de la solidaridad en cualquier modalidad, de la libertad de elección del modelo en función de la realidad nacional, de la campaña de promoción de ratificación del convenio 102 como norma mínima. El punto referido al convenio 102 es central, ya que actualmente se lo intenta relativizar. El sindicalismo tiene que influir en la agenda política de América Latina,

para que avancen las ratificaciones y su cumplimiento y se evite así la actual relativización que se le aplica. Ante las dificultades para que la seguridad social sea universal, no hay que permitir que se vaya a favor de políticas con financiamiento no contributivo. Otro aspecto es el seguimiento de los acuerdos de la “Declaración Iberoamericana sobre Seguridad y Salud en el Trabajo” (“Declaración de Cádiz”), surgida en el seno del II Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, donde se creó un grupo de trabajo de CSA con las centrales españolas, y que nos refrenda en la defensa de que ninguna política nacional de salud o de seguridad social va a ser completa si no cuenta con una política nacional de salud y seguridad en el trabajo. Y es necesario cambiar la situación de que en la gran mayoría de nuestros países en América Latina el tema de seguridad y salud en el trabajo es contabilizado en moneda corriente. Es decir, una mano vale tanto, un dedo vale tanto, una vida vale tanto, cuando todos y todas sabemos que no tienen precio, ni la vida ni los miembros del cuerpo humano. Entonces, si paralelamente a los sistemas y a las políticas de seguridad social, y a las políticas de salud, no se desarrollan medidas y políticas concretas sobre salud y seguridad en el trabajo, estamos hablando en el aire. Porque no podemos seguir cuantificado solamente en moneda lo que vale una vida o los miembros del cuerpo humano. Otro ejemplo es la cumbre sindical europeo-latinoamericana de la CES y la CSI realizada en Lima en 2008. Allí destacá-

bamos el recientemente firmado Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, en el marco de una política integral sobre migraciones. A nosotros como movimiento sindical debe interesarnos este Convenio Multilateral porque evita los riesgos que en materia de pensiones suponen los movimientos migratorios para los ciudadanos y ciudadanas. Los beneficiarios y beneficiarias serán todas las personas que hubieren trabajado en más de un país ibero-americano y sus familias, y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estima que actualmente hay más de 5,5 millones de personas en esa situación. A todos los trabajadores y trabajadoras dependientes o no dependientes es aplicable este convenio y abarca prestaciones de vejez, invalidez, viudedad, orfandad, incluidas las que tengan su causa en un accidente de trabajo o enfermedad profesional. El movimiento sindical debe promover su ratificación por un mayor número de países, para que pueda estar operativo en el 2010. Ha sido importante también el primer Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD) realizado en Cuenca, Ecuador en 2008. Allí se decidió crear una red permanente de contacto y comunicación en camino a un observatorio o comité permanente de seguridad social que facilite el monitoreo y seguimiento de los sistemas de seguridad social de los países miembros de la OISS. Ecuador se ofreció como coordinador central, y ésta debería de ser una tarea de seguimiento especialmente de las centrales ecuatorianas en compañía de la CSA.

Por último, señalo la importancia de la Cumbre Iberoamericana del próximo mes de octubre en El Salvador, donde se reivindicará el trabajo de aplicación del acuerdo ibero-americano de seguridad social y se vincula al tema de los jóvenes, de tal forma asegurar la universalización de la seguridad social y de la protección social. También contemplamos el II Encuentro Iberoamericano de Interlocutores Sociales que tendrá lugar en Portugal en noviembre. Creemos que el tema de seguridad social puede o podría formar parte de la agenda de este futuro Encuentro. Sin embargo, aún no hemos podido llegar a una agenda por la sencilla razón de que la organización internacional de empleadores no aceptó la inclusión de un mecanismo de seguimiento de la cantidad de organizaciones sindicales en los países y de la cantidad de contratos colectivos en cada país. Ésta fue una condición que se introdujo en la negociación sencillamente porque mientras a nivel internacional nosotros estamos hablando de diálogo social, en muchos países específicamente (y por nombrar sólo a dos de ellos, Guatemala

y Colombia) nos siguen matando sindicalistas. Igual en otros países, y entonces se hace muy difícil justificar ante nuestras propias bases cómo nosotros hacemos un diálogo social mientras seguimos sufriendo bajas en vidas o en organizaciones sindicales. Eso es muy difícil de sostener frente a nuestras propias asociaciones afiliadas y fraternales. Así, vamos a asistir a esa reunión y vamos a seguir sosteniendo la necesidad del diálogo social. Vamos a complementar ese diálogo social y a encontrar mecanismos que permitan avanzar, porque queremos tratar el tema de seguridad social, queremos tratar el blindaje social. Queremos tratar cómo salir de la crisis sin que eso cueste más empleos, sin que eso cueste más beneficios sociales. Pero evidentemente también está condicionado a que la organización internacional de empresarios sea coherente en sus decisiones. Concluimos diciendo que el tema de la seguridad social está intrínsecamente ligado a la crisis. Y la salida de la crisis está intrínsecamente ligada al fortalecimiento de la seguridad social en América Latina.

La experiencia de EUROSOCIAL: Asistencia técnica para la mejora de la protección social en América Latina Florencio Gudiño Oficina de Coordinación de EUROSOCIAL

En primer lugar quiero agradecer a la organización, en nombre de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAPP), su invitación para participar en este seminario. Mi intervención se va a centrar en una experiencia concreta de cooperación, en este caso de carácter técnico, entre la UE y América Latina: el Programa para la Cooperación de la Cohesión Social en América Latina EUROSOCIAL. El tema de la “cohesión social” se integró en la agenda de relaciones políticas y de cooperación entre la UE, América Latina y el Caribe hace algunos años nada más, en el año 2003. Se trata de una cuestión relativamente nueva en América Latina, no así en Europa, donde se lleva hablando de ella desde hace mucho tiempo y se ha convertido, de

hecho, en una de las señas de identidad de la construcción de la UE. El concepto “cohesión social” hace referencia, en general, a la promoción de todo aquello que hace que las sociedades se mantengan unidas y avancen en un mismo sentido, en un mismo proyecto de país o de nación. En el caso europeo, el concepto está muy ligado a la búsqueda e implementación de políticas de igualdad real y de igualdad de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía, y también a un papel activo del Estado a través de políticas públicas, liderando los esfuerzos para la promoción de la cohesión social. Evidentemente, cuando se habla de cohesión social se habla también de protección social, pues ambos temas están íntimamente ligados uno con otro.

De hecho, el tema de la cohesión social se ha integrado en el diálogo político y es sistemáticamente mencionado en las declaraciones de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno en la Unión Europea (UE), América Latina y Caribe. Es también discutido en todas las reuniones preparatorias previas, entre ellas en la cumbre sindical de abril del año pasado en Lima; y también se ha integrado en los instrumentos de cooperación entre las dos regiones. De hecho, en lo que voy a centrar mi intervención es de uno de estos elementos, un programa que se llama EUROSOCIAL. En el caso de América Latina, hablar de cohesión y protección social tiene especial sentido, ya que se trata de la región más desigual del mundo; por lo tanto todo aquello que promueva la búsqueda de la igualdad real y de oportunidades es razonable para la región. Una región además donde los estados se han visto reducidos en su capacidad operativa en las últimas décadas, lo que se traduce en que el fortalecimiento estatal sea también una prioridad básica. Otro de los rasgos que distingue a la región es el alto nivel de desconfianza de la ciudadanía, de las organizaciones y de las personas hacia las instituciones del Estado. En consecuencia, todo aquello que contribuya a generar proyectos compartidos desde las instituciones y desde la ciudadanía y a fomentar la participación ciudadana es razonable para América Latina. Aquí simplemente es marcar como una idea política central de la idea de cohesión social, es que el estado tiene la responsabilidad de liderar los esfuerzos de promoción de la cohesión social en los países de que se trate. Y esto requiere

necesariamente capacidad fiscal. Se mencionó el tema del pacto fiscal anteriormente. Es un tema muy tratado por EUROSOCIAL y es un tema central en la agenda de discusión política UE-América Latina. Los datos expuestos nos permiten observar la importancia que adquiere la cuestión de la protección social en América Latina. Es obvio que donde hay baja cobertura de los sistemas de protección y seguridad social hay una mayor exclusión social que incide directamente en los niveles de exclusión social, por lo tanto de falta de cohesión de las sociedades. Consecuentemente, la desigualdad en la distribución del ingreso y del acceso a los servicios públicos se traslada también a la desigualdad en el acceso a la protección. Los asistentes a este seminario conocen bien las reformas de los sistemas de protección social en América Latina llevados a cabo en las décadas de 1980 y 1990. Sin entrar a analizarlos con detalle aquí, sí hay que destacar que la cobertura, que es uno de los grandes problemas de estos países, no se ha visto mejorada y que, incluso, ha resultado altamente segmentada por múltiples factores: localización, urbano, rural, informalidad. En estas circunstancias tenía mucho sentido para la UE y para los países de América Latina impulsar actividades de cooperación en estos temas. EUROSOCIAL, el Programa para la Cooperación de la Cohesión Social en América Latina, es una de estas actividades.

Estructura de EUROSOCIAL

EUROSOCIAL inició sus actividades en septiembre del 2005 y finalizará en marzo de 2010, aunque tendrá una segunda fase a la que me referiré brevemente al final de esta intervención. Su presupuesto total es de aproximadamente 38 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea aporta 30 millones.

Su objetivo es contribuir a la cohesión social en América Latina a través del fortalecimiento de administraciones públicas y de políticas públicas en cinco sectores: salud, fiscalidad, empleo –a cuyas actividades realizadas me referiré a continuación- educación y administración de la justicia.

EUROSOCIAL trabaja a través de intercambios de experiencias, es decir, es un programa de cooperación técnica que pone en contacto administraciones públicas de países que están desarrollando nuevas iniciativas en estos cinco campos con otros países de Europa o de la propia América Latina que tengan experiencias que compartir. Su estructura es relativamente compleja. La subvención es gestionada por más de 50 instituciones públicas, organismos internacionales de Europa y de América Latina, a través de consorcios euro-latinoamericanos. Por lo tanto, hay instituciones latinoamericanas directamente involucradas en la gestión y muchas otras de carácter internacional, entre ellas la OIS, que está implicada en dos de los sectores (salud y fiscalidad), y la OIT que es responsable de todo lo que se hace en el sector del empleo. La complejidad del Programa hace que éste cuente con una secretaría ejecutiva, que la Comisión Europea ha confiado a la FIAPP. Además, hay un comité de orientación estratégica, en el cual participan la Comisión Europea, el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En definitiva, EUROSOCIAL pretende promover la cohesión social a través del acompañamiento a políticas publicas innovadoras en estos cinco terrenos y el fortalecimiento de las instituciones, para que sean más capaces de gestionar estas intervenciones. A punto de entrar en el último año de ejecución, es momento de hacer balance: más de 1300 instituciones públicas de la

UE y de América Latina han tomado parte en las más de 250 actividades celebradas, lo que ha supuesto la participación de casi ocho mil personas, la mayor parte funcionarios públicos, pero también académicos, expertos, miembros de organizaciones sociales, entre ellas sindicatos y organizaciones de empleadores. Dada la importancia para el campo de la protección social, me voy a centrar en las actividades desarrolladas en los tres sectores mencionados. La protección social -la seguridad sociales un tema central en el trabajo de la OIT, por lo debía tener también una dimensión importante en el trabajo dentro del área de trabajo del empleo en EUROSOCIAL; también lo es en materia de fiscalidad, por el tema de la financiación; y finalmente, en el ámbito de la salud por el tema de los sistemas de protección social. La mayor parte de las acciones que hacemos en el campo de la protección social son por lo tanto intersectoriales, involucran a representantes de dos o tres de estos consorcios ejecutores. Específicamente lo que intentamos es fortalecer la capacidad institucional de las administraciones públicas de los países de América Latina para aumentar la cobertura y eficiencia de los sistemas de protección a través de nuestros intercambios de experiencias. El trabajo desarrollado se ha centrado en tres áreas. La primera tiene que ver con el fortalecimiento de la recaudación para las políticas de protección social; la segunda con el diseño y la promoción de medidas o herramientas para el aumento de la cobertura, centrándonos en algunos grupos insuficientemente cubiertos, como población rural, indígenas, inmi-

grantes, trabajadores del servicio doméstico o trabajadores autónomos; y la tercera, con la viabilidad financiera y actuarial. La ejecución de las actividades dio comienzo con la celebración de un taller intersectorial en el cual definimos algunas prioridades en el año 2006, y con ello empezamos a trabajar en los temas de recaudación y en los temas del aumento de cobertura. El conjunto de las actividades que hemos desarrollado puede consultarse en nuestra web (www.programaeurosocial.eu), pero quisiera desatacar tres aspectos. En primer lugar, la acción en torno a la informalidad, que es una cuestión ineludible cuando se trabaja en temas de protección social en América Latina, ya que es un rasgo característico de los mercados laborales de la región y no se puede intentar apoyar políticas sin considerarlo;

y el enfoque en estos grupos que comentaba con anterioridad: agrícolas, inmigrantes, autónomos y trabajadores domésticos… En algunos países de la región, como Honduras, Perú, El Salvador, ya se están alcanzando algunos resultados, que pueden ver en el cuadro adjunto y que tienen que ver con el fortalecimiento institucional, con el aumento de la eficiencia de estas instituciones en términos de su funcionamiento, de recaudación, de implementación de ventanillas únicas, de facilitar procedimientos y de dar algunos incentivos para mejorar la cobertura. No hemos acompañado grandes reformas políticas en la región, en parte porque es un tema altamente sensible y un programa de cooperación no puede intervenir tan rápidamente.

Programa EUROSOCIAL: algunos resultados * Honduras: - Mejora del sistema de cobro. - Implementación de la ventanilla única. - Diseño del régimen de autónomos. * Perú: - Institución de un área de seguridad social en la AFAP. - Desarrollo institucional de funciones y verificación de las condiciones de aseguramiento en ESSALUD. * El Salvador: - Mejora en el sistema de cobro. - Implementación de sistema de verificación del cumplimiento de las obligaciones de la SS para empresas que prestan servicios al Estado. * Panamá: - Diseñio de un sistema de información. * Uruguay: - Cruce de informaciones de BPS con la DGI. - Incorporación de trámites registrales dpor la WEB.

Para concluir, de nuestras experiencias de cooperación de los últimos tres años sacamos cuatro conclusiones generales: - En primer lugar, no hay un modelo de aplicación universal en América Latina. Impulsar un modelo único de protección sociales es inviable, sería ilógico. Si no es así en la UE donde hay modelos diversos, menos puede serlo en una región como América Latina donde no hay un esquema de integración tan potente. Por lo tanto, cualquier programa de cooperación debe considerar la distinta integración de los componentes, los marcos normativos, etc. - En segundo lugar la informalidad es un rasgo ineludible de los mercados de trabajo en América Latina. Cualquier política que se ponga en marcha debe tener en cuenta los requerimientos de los trabajadores en la economía informal y reconocer la gradualidad en el tránsito de la informalidad a la formalidad. - La solidaridad es también un eje central. Los pilares solidarios tienen que ser parte de cualquier sistema que se proponga, sobre todo para el acceso de los trabajadores de la economía informal. Esto requiere siempre incentivos a la afiliación, lo que siempre es un tema complejo y que hay que dotar de acuerdo

con la especificidad de cada país. En gran medida la solución que se puede dar en América Latina recae en los recursos del estado, y para esto los pactos fiscales son sin duda elementos centrales como se comentaba en intervenciones anteriores. Actualmente, en América Latina se presentan algunas oportunidades, como los procesos de reforma que están en marcha y que son interesantes para programas de cooperación como EUROSOCIAL y otros, probablemente con más recursos. Para finalizar, simplemente señalar que habrá una segunda fase del programa EUROSOCIAL que comenzará en el año 2010 y probablemente se extenderá hasta finales del 2013. Esta nueva fase todavía se está diseñando en Bruselas y no sabemos muy bien cómo va a ser; pero sí se sabe que la protección social y las políticas de empleo tendrán un papel central probablemente más importante que el que hayan tenido hasta ahora. Y que además se intentará integrar de manera más activa en las actividades, no solamente la administración pública como fue el caso de EUROSOCIAL 1, sino también a los interlocutores sociales y a la sociedad civil.

CONCLUSIONES * No hay modelo de aplicación universal: - Diferente integración de componentes contributivos y no contributivos. - Marcos normativos diferentes. * La informalidad es un rasgo ineludible de los mercados de trabajo en AL: - Adaptar requirimientos a las posibilidades de los trabajadores informales. - Reconocer gradualidad en el transito de la informalidad a la formalidad (cumplimiento gradual de obligaciones). * Es preciso promover sistemas con la solidaridad necesaria (pilares solidarios) para el acceso de trabajadores informales a las prestaciones de la seguridad social (salud, pensiones), con incentivos para la afiliación. * Gran parte de la solución recae en recursos del Estado (¿Pactos Fisacales?). * Es posible impulsar cambios significativos a partir de refomas institucionales modestas. * Pero queda mucho trabajo: acciones de seguimiento y asistencia técnica para implementar medidas concretas. * Buscar ventanas de oportunidad es países que están emprendiendo procesos de reforma. * El compromiso de la Comisión Europea con este tema no decae: la protección social será una prioridad todavía más importante en la segunda fase de EUROSOCIAL.

Experiencias Sindicales sobre Seguridad Social y Economía Informal en América Latina Luis Miguel Monje Delegado ISCOD - Perú

Álvaro Orsatti Experto de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) Introducción En sus actividades de cooperación sindical al desarrollo en América Latina y Caribe (ALC), tras casi 20 años de actividad, ISCOD ha acumulado una considerable experiencia en relación a un tema clave de la plataforma sindical en el capitulo social: la Seguridad Social para los trabajadores y trabajadoras de la economía informal (en adelante TEI). Dadas las características de las economías y sociedades de esta región, tal aspecto específico es clave al momento de intentarse avanzar hacia el cumplimiento de preceptos básicos en materia de cobertura, como el articulo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que, para mencionarlo una vez más, señala que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Cuando la informalidad económica, en tanto que expresión sintética de los problemas de falta de registro de personas alcanza a 2/3 del total de ocupados, es obvio que este aspecto se convierte en el eje de cualquier estrategia sindical. La fórmula tradicionalmente aplicada ha sido la de incorporar progresivamente a los trabajadores autónomos o asalariados desprotegidos al régimen general de seguridad social vigente en cada país. Más recientemente, en algunos países se ha experimentado con regímenes especiales (como, por ejemplo, los monotributos). Ambos presentan problemas que dificultan un verdadero paso a otro estadio de cobertura, aunque también se observan buenas experiencias de inclu-

sión mediante combinación de regímenes contributivos y contributivos (Brasil, Chile y Uruguay). Las organizaciones sindicales nacionales, por su parte, han actuado ante los gobiernos para mejorar esta situación, incluyendo propuestas específicas y la autogeneración de sistemas de protección social en algunos casos. Este informe ha recopilado distintas expresiones programáticas del sindicalismo latinoamericano en esta materia, en los niveles nacional, subregional y regional. Una parte importante de estos posicionamientos han sido realizados en el marco de actividades con la OIT regional, que tiene entre sus prioridades (como parte del concepto de trabajo decente), el estímulo a una mayor y mejor protección social, con la seguridad social como principal elemento. El informe también ha efectuado una recopilación de experiencias concretas de sus organizaciones de base representativas de los TEI. Para su elaboración ISCOD se ha asociado con la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), con quien desarrolla en la actualidad un importante programa de trabajo en relación a la informalidad, partiendo de los antecedentes al respecto con la antigua ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabajadores). Este documento ha sido redactado por Luis Miguel Monje (ISCOD-UGT) y Álvaro Orsatti (CSA). Los autores agradecen los aportes puntuales dados por dirigentes y especialistas de diversos países: Ernesto Murro y Ariel Ferrari -PITCNT Uruguay-; Guillermo Zuccotti -CGT

Argentina-; Joaquín Viteri –CEOSL Ecuador-; Ruth Díaz (CNTD), Silvana Suero (CASC) y Antonio Aquino (CNUS) -República Dominicana-. Alguna información sobre casos nacionales fue proporcionada por OIT-Regional, por gentileza de Carmen Benítez (formación regional de ACTRAV), con fuente en un estudio sobre buenas prácticas sindicales en economía informal.

PRIMERA PARTE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS ESTRATÉGICOS DEL SINDICALISMO LATINOAMERICANO-CARIBEÑO Esta sección describe, mediante tres apartados, los antecedentes de la última década en materia de elaboración de contenidos estratégicos sobre seguridad social y TEI, como resultado de actividades especializadas, en relación a la cooperación de ISCOD (I), CSA (II) y OIT (III). I. Actividades del sindicalismo latinoamericano-caribeño en relación con la cooperación de ISCOD-UGT Un primer antecedente se remonta a 1991, año en que se desarrolló, con la hoy extinta ORIT, un proyecto que focalizaba temas como la formación para el desarrollo socioeconómico, vinculando el enfoque de la informalidad a la economía social. Sin embargo, pasarían varios años hasta que la economía informal vinculada a la seguridad social se constituyese en un eje prioritario de trabajo para el ISCOD. I.1. Proyecto ASEI En el año 2005 comenzó el proyecto Acción Sindical para la Organización y Protección de los Trabajadores de la

Economía Informal (ASEI), desarrollado con el sindicalismo latinoamericano-caribeño afiliado a la ORIT-CIOSL y posteriormente a la CSA-CSI. La seguridad social fue uno de los ejes temáticos principales, dando lugar a dos actividades regionales específicas (Asunción, 2005; Lima, 2008), 18 talleres nacionales de promotores en seguridad social, propuestas sindicales y una campaña de sensibilización regional. Asimismo, el proyecto estuvo directamente vinculado a un Encuentro internacional ISCODORIT que trató también la cuestión de la protección social (Córdoba, 2007). Las centrales participantes a lo largo de todo el proyecto fueron: CUT Perú, CUT y CTC Colombia, CTV Venezuela, CUSG y CTC Guatemala, CUTH Honduras, COB Bolivia, CUT y CUT-A Paraguay, CEOSL Ecuador, CNTD y CNUS República Dominicana. Por otro lado, se realizaron acciones de intercambio con organizaciones regionales como CONLACTRAHO (Trabajadoras del Hogar) y SEICAP (Red de Sindicatos de la Economía Informal de Centroamérica y Panamá) e internacionales como WIEGO (Mujeres en Empleo Informal) y STREETNET (Comercio Ambulante). El citado proyecto fue cofinanciado por la AECI1 en el marco del Programa de ISCOD-UGT “Acción Sindical para la Consolidación Democrática”. I.1.1. Taller Regional “Alternativas para la Cobertura de Seguridad Social para TEI”, Asunción (Paraguay), julio de 2005. Este evento tuvo como objetivos centrales: 1) Identificar la situación continental de la seguridad social respecto al acceso de los TEI, buscando analizar y describir los aspectos laborales, económicos, sociales y demográficos; 2) Construir arti-

culadamente los lineamientos y estrategias centrales para una acción sindical que permita incorporar de manera efectiva a los TEI, en sus diversas formas, a la Seguridad Social. Participaron delegados sindicales de 17 organizaciones procedentes de 9 países. En este espacio se logró plasmar un avance consensuado de propuestas específicas sobre el acceso a la seguridad social por parte de los TEI y las estrategias sindicales más adecuadas para contribuir a esta actuación propositiva. Así mismo, se pudo conocer la situación de la Seguridad Social en cada uno de los países integrantes del proyecto. Se llegaron a las siguientes conclusiones: Elementos básicos que debe contener un sistema de seguridad social bajo los principios de universalidad, igualdad, solidaridad y participación - Promover reformas estructurales. - Exigir el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales existentes sobre Seguridad Social. - Impulsar la distribución equitativa del valor agregado (IVA). 40% aporte Estado; 40% plusvalía ganancia empresarios; 20% trabajadores. - Crear un Sistema Autónomo de la Seguridad Social. - Financiación y Administración Tripartita. - Desaparición de la privatización y la intermediación financiera.

Principales problemas detectados que dificultan la acción sindical - Aunque existen iniciativas en los diferentes países, se hacen de manera aislada y casi ninguna cuenta con un plan específico y sostenido. - Apenas existe participación de representantes de los TEI en las mesas o equipos de trabajo de la seguridad social, por lo que la representatividad se hace complicada. Existe representación en los consejos directivos de la seguridad social por parte de los TEI en países como Venezuela y Ecuador.

En Colombia, Paraguay y Guatemala, también, pero no se responde a las expectativas de los trabajadores. - Necesidad de desarrollar alianzas estratégicas con otros actores y sectores, no sólo sindicales. Romper el aislamiento. - Unificar la dispersión y las propuestas diferenciadas que apuntan al mismo objetivo (sindicatos de seguridad social, ONGD, parlamentarios).

Estrategias de las Centrales Sindicales

-Estrategia sindical regional única sobre el tema basada en alianzas, organización, acción y coordinación; definición de sus componentes. -Crear secretarías de la Economía Informal en las centrales que no existan. -Utilizar de manera estratégica la sensibilización y los espacios de comunicación para impulsar la idea de la seguridad social como un derecho humano, mediante campañas agresivas. -Formar y fortalecer equipos técnicos y de promotores en las centrales para la formulación de propuestas y realización de diagnósticos por país. Planteamiento estratégico pasa por el propio proceso de fortalecimiento de las centrales.

CUADRO 1. Conclusiones Taller Regional “Alternativas para la Cobertura de Seguridad Social de TEI”, Asunción, Paraguay, 2005. Fuente ASEI (ISCOD-CSA) I.1.2. XI Encuentro Internacional ISCOD-ORIT: “Economía Informal: respuestas sindicales”, Córdoba-Madrid (España), septiembre de 2007 Para esta actividad se invitó a las organizaciones participantes del proyecto ASEI, así como algunas adicionales (CGT Argentina, Forca Sindical Brasil, CROC México, CTRP Panamá). Otros invitados especiales fueron CONLACTRAHO, STREETNET y WIEGO. Siendo

un objetivo central la comparación entre experiencias latinoamericanas y españolas, se destacó participación de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), de UGT, que difundió la recién aprobada Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo (LETA) de España, que entre sus principales contenidos incluye el de la Seguridad Social. Como resultado, se aprobó la Declaración de Córdoba, la cual partía de destacar: - La necesidad de incorporación de los TEI al registro en las distintas áreas de la Administración Pública, particularmente hacienda y seguridad social, bajo el entendido del beneficio otorgado a la cohesión social. - La valorización que realizan los Estados de las formas de trabajo autónomo, derivando en el fomento a la incorporación de estos trabajadores al registro en las distintas áreas de la administración pública, incluyendo la seguridad social. - El análisis y las propuestas efectuadas por la Organización Interamericana de la Seguridad Social (OISS). - La experiencia argentina de “monotributo”, que tiene la característica de vincular de forma directa al sindicalismo, por ser éste quien da los servicios de salud incluidos, aunque, al mismo tiempo, ha sido utilizado por los empleadores para simular relaciones independientes. - El aporte de la LETA al capítulo sobre seguridad social. I.1.3. Taller Regional “Seguridad Social, Alternativas para el acceso de los TEI”, Lima (Perú), junio de 2008

En esta actividad participaron las centrales de base del proyecto más la UGT Brasil, CAT Perú, junto a la CSA, a pocos meses de su creación, representada por su Secretario de Políticas Sociales. Los objetivos fueron: 1) Identificar la naturaleza, características, evolución y situación de la seguridad en los países participantes, especialmente los cambios dados en el transcurso de los tres años pasados desde el encuentro de Paraguay; 2) Analizar las propuestas para el acceso efectivo de los TEI; 3) Describir y sistematizar los avances de carácter sindical que se han producido en los diferentes países, en torno a este derecho fundamental. En esta reunión se diseñó también la Campaña “La seguridad social es un derecho de todos para todos”, concretada el 11 julio 2008 mediante actos públicos para la entrega de propuestas para una seguridad social inclusiva para los TEI a los gobiernos de varios países. Una particularidad de este evento fue la importancia que se le dio al concepto de Trabajo Autónomo, siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Córdoba. A continuación se presenta un cuadro resumen sobre los aspectos trabajados: DEBILIDADES -No existe un plan unificado ni específico en la reforma de la Seguridad Social. -Se denota la ausencia de alianzas estratégicas. -Gran aislamiento e insensibilidad de la sociedad ante la problemática. -Existen secretarías y comisiones encargadas en las Centrales sobre el tema, pero no existe articulación.

-Los TEI no son tomados en cuenta, a veces ni en sus propias centrales. -La mayoría de las legislaciones sobre Seguridad Social no incorporan a los TEI. FORTALEZAS -El tema comienza a ser prioritario en las agendas de las centrales. -Los TEI y Trabajadores Autónomos constituyen, en su conjunto, la primera fuerza laboral del continente y su capacidad de presión podría ser importantísima si hubiera una buena articulación y organización. -Existen secretarías y comisiones de trabajo vinculados al tema que se pueden fortalecer. PROPUESTAS -Elaboración de los censos y mapas de TEI en los países. -Campaña de Sensibilización sobre el derecho a la Seguridad Social. -Alianza con actores clave. -Difusión y sensibilización a través de los medios de comunicación. -Priorizar la participación de las mujeres y los jóvenes en las organizaciones de TEI.

CUADRO 2. Conclusiones Taller Regional “Seguridad Social: Alternativas para el acceso de los TEI”. Lima, Perú, 2008. Fuente ASEI (ISCOD-CSA) Tras el debate de estos días se logró concretar una Plataforma Final: Plataforma Sindical Continental de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos para la Seguridad Social, bajo el lema mencionado.

PLATAFORMA SINDICAL CONTINENTAL DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

Lima, Junio de 2008 • Los trabajadores y trabajadoras de la denominada economía informal constituyen un factor componente fundamental en la vida económica y social de nuestros países, hecho demostrado, en el aporte al producto interno bruto, que emana de la labor que realizamos responsablemente en pro del desarrollo de los países a los que pertenecemos. • Los Gobiernos de nuestros países no toman en consideración el papel y las necesidades y los derechos fundamentales de los trabajadores/as de la economía informal, con el fin de incorporarlos en los beneficios de las políticas públicas definidas en cada una de nuestras naciones. • La seguridad social, definida en nuestras realidades, excluye, de los beneficios de esta, a los trabajadores/as de la economía informal, lo que reclama de nuestras organizaciones sindicales un mayor concurso y compromiso en la lucha para lograr su incorporación en las respectivas legislaciones, en igualdad de condiciones con los trabajadores de la economía formal.

sobre la base del accionar de las centrales sindicales, sustentado en la perspectiva de lograr la consecución de los derechos fundamentales, en la lógica de la igualdad, respeto y aplicación del trabajo digno. 2. Bajo una estrategia múltiple de actuación se han flexibilizado y adecuado estructuras sindicales; se han incorporado contingentes de trabajadores/as de la economía informal en el accionar gremial; asimismo; se ha desarrollado una intensa actividad de formación en aspectos organizativos, legales, económicos y sociales, en especial, con el apoyo de la cooperación sindical al desarrollo, tal cual, es el caso del Proyecto ASEI, coliderado por la CSA y el ISCOD. 3. Se ha fortalecido el trabajo de alianzas sociales, tanto a nivel nacional e internacional, contribuyendo al proceso de incidencia ante el Estado, en la implementación de políticas públicas, que alcancen a la solución de los problemas subyacentes en la economía informal, con resultados diferenciados y relacionados a las mayores o menores fortalezas de nuestro accionar sindical en los países.

En consecuencia: 1. Reconocemos que se ha venido construyendo un referente importante de organización en la economía informal,

4. Hemos avanzado en la proyección de incorporar una política de igualdad de género, que se observa en la mayor y mejor participación de las mujeres en di-

versas acciones, pero no hemos logrado plasmar, acciones conducentes al ejercicio de sus plenos derechos y oportunidades.

no dependiente, no asalariado incorporadas en los distintos países, son las categorías más apropiadas para definir la esencia y el rol de este actor.

5. Constatamos el esfuerzo que vienen desplegando las organizaciones sindicales en torno a fortalecer las redes de organización y acción en la economía informal en el continente, intercambiando diversas experiencias y propuestas, de igual manera, el alto punto alcanzado en la confluencia con problemáticas comunes de la realidad europea, en especial, la española, vía la Declaración de Córdoba “Conclusiones para una Política Sindical Internacional, en materia de cooperación al desarrollo en trabajo autónomo y economía informal”, habiéndose encontrado mutuamente posibilidades de aplicar las buenas prácticas, como, por ejemplo, la Ley Estatuto del Trabajador autónomo (LETA), importante legislación concretada con protagonismo de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

8. Hemos tenido avances en la visibilidad de esta problemática sociolaboral, creando medios de comunicación alternativos para difundirla, siendo aún, insuficiente, en cuanto, a la capacidad de movilización de los actores sociales, respecto a tomar posición, sobre la asunción de soluciones que sean integrales, suficientes y de impacto efectivo en las políticas de desarrollo.

6. Somos conscientes de que debemos incentivar y ampliar la cobertura de la seguridad social a nivel nacional, de tal forma, que este derecho fundamental incluya, bajo los principios centrales de universalidad y solidaridad, a los trabajadores de la economía informal, en las mismas condiciones y posibilidades de aseguramiento. 7. Asumimos que la denominada economía informal, es una variable y/o denominación ligada a la estadística, pero, que no califica la situación y comportamiento laboral de los trabajadores inmersos en este parámetro. Por ende, coincidimos en que otras denominaciones, como: autónomo, auto-empleado,

9. Expresamos nuestra identificación con lo planteado en el programa de acción de la CSA, que a la letra dice:”el Congreso encomienda a la CSA y a sus afiliadas a que se comprometan a una profunda reestructuración y reforma del movimiento sindical”. Esta afirmación, nos compromete, y, renueva nuestra voluntad para impulsar trabajo diario de construcción gremial. 10. A propósito del efectivo proceso de unidad que viene produciéndose entre las organizaciones sindicales, Continentales, que ha dado como fruto, a la CSI y a la CSA, se crean las condiciones para una mejor y mayor atención a las organizaciones y a los trabajadores/as de la economía informal. 11. Reconocemos el importante avance organizativo y de articulación, que se viene dando en Centroamérica, con la construcción de la Red SEICAP, que a la fecha, ha organizado seis Encuentros, con resultados de acumulación y acción que redundará en la unidad y apoyo a las justas causas de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal de la región. Estos ejemplos reclaman

desarrollarlos en las otras regiones del continente, para lo cual, debe constituirse una Coordinadora que planifique, coordine, organice y articule el trabajo en la economía informal, en el marco de las centrales Sindicales y la CSA. Sobre la base de estas consideraciones, nos comprometemos: 1. A partir de que la seguridad social es un derecho humano fundamental, y que reclama una mayor incidencia directa del Estado, tomando en cuenta las Normas Internacionales de la OIT, exige un desafío, para incluir a los trabajadores/as de la economía informal, en los beneficios y asunción plena de estos derechos.

6. Sistematizar adecuadamente la experiencia alcanzada en el Proyecto ASEI, encargando esta tarea, a los coordinadores responsables del mismo, tanto de la CSA como de ISCOD-UGT. 7. Continuar los procesos de formación dirigidos a las compañeras/os del sector, en la perspectiva del mejoramiento de capacidades y potenciación de sus alternativas de plena realización y bienestar.

2. Ratificamos los principios que enmarcan la seguridad social de universalidad, solidaridad, integración, igualdad, con una lógica de financiamiento colectivo y de cumplimiento obligatorio. En esta dirección, debe abarcar servicios de salud, pensiones, seguro de desempleo, vivienda, educación, entre otros aspectos del bienestar humano.

8. Lograr influenciar, en este período inmediato, a través de nuestras centrales sindicales, la asunción, por parte de los gobiernos instalados en los distintos niveles del Estado, de políticas públicas específicas y eficientes que le den una real solución a la problemática de la economía informal, a través de una dinámica de diálogo social auténtico y representativo.

3. Impulsar el cumplimiento de la legislación existente que integra los derechos de los trabajadores de la economía informal, y luchar en los casos de inexistencia de legislación específica por la incorporación de este mayoritario contingente laboral a través de un Plan articulado de acción y organización sindical.

9. Garantizar la práctica de una política de equidad de género donde la organización sindical, en su conjunto, se estructure y de facilidades reales para la incorporación y participación activa de las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades e intereses y los problemas reales y cotidianos que les impiden o dificultan participar.

4. Fortalecer la acción sindical en la economía informal, teniendo en cuenta, los significativos avances realizados, superando las debilidades identificadas en el que hacer organizativo y articulando de mejor manera los espacios nacionales e internacionales.

5. Incorporar en la acción latinoamericana lo alcanzado por UPTA en España referente a la LETA, estableciendo vínculos eficaces de solidaridad y cooperación.

10. Propiciar escenarios nacionales, desde lo local y regional, definidos como tripartitos y/o bipartitos, así mismo, en el ámbito internacional, de diálogo social incluyente, para hacer efectiva las propuestas que integran las alternativas

más convenientes para el acceso a la seguridad social de los trabajadores/as de la economía informal, así como la consecución de otros derechos ligados a la problemática de los trabajadores y trabajadoras del sector.

11. Articular un intercambio de experiencias con la facilitación y dirección de la CSA, de los diversos avances que existen sobre seguridad social, organización, procesos de unidad, formación y capacitación. Fuente ASEI (ISCOD-CSA)

I.1.4. Primera aplicación del modelo LETA (Ecuador).

bia ha manifestado su interés en la misma dirección.

Durante su participación en el Encuentro Internacional de Córdoba, CEOSL (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres), presentó a ISCOD su interés por realizar una aplicación nacional del modelo LETA, lo que fue concretado al año siguiente, mediante la contratación de un especialista, como parte de las actividades del centro de asesoramiento (CEAS), financiado en el marco del proyecto ASEI. El proyecto se denomina Ley de Defensa del Trabajador Autónomo, y está planteado en el contexto de los lineamientos de la reforma constitucional (finalmente aprobada ese año), que reconoce a estos trabajadores.

I.2. El Convenio ISCOD-AECID para América Latina (2008-2012)

En esta propuesta se considera, en el Titulo IV (Protección Social del Trabajador Autónomo) el derecho a la seguridad social, afiliación a la seguridad social, cotización, atención protectora, así como prestaciones económicas en caso de incapacidad. En este mismo proyecto se considera la seguridad y salud en el trabajo, riesgos y enfermedades ocupacionales.

El Convenio, en su línea denominada “Mercado de Trabajo” desarrollará en los próximos años acciones que se llevarán a cabo entre ISCOD, CSA y las centrales sindicales nacionales afiliadas a CSA, orientadas concretamente a la seguridad social mediante la elaboración de planes formativos para los TEI, la elaboración de una agenda sindical en ese sentido o la articulación de una política sindical continental sobre seguridad social.

El proyecto será presentado a partir de mayo 2009, cuando cambie la Asamblea Nacional. Existe también un proyecto similar en manos de la CUT Perú. La CUT Colom-

El Convenio de Cooperación ISCODAECID para América Latina (2008-2012) establece entre sus líneas de intervención la mejora de las condiciones de los TEI como un elemento estratégico de desarrollo en los países. Más concretamente, entre los 5 ejes de trabajo propuestos por ISCOD para la economía informal, definidos previamente en Córdoba (2007), se menciona la “inclusión de los TEI en las normas laborales básicas, priorizando los aspectos de Salud Laboral y Seguridad Social”.

En esta nueva fase participarán organizaciones sindicales de Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, Honduras y República Dominicana.

I.2.1. Creación del SINDLAB (Laboratorio Sindical Iberoamericano del Trabajo Autónomo y la Economía Informal) Una gran novedad relacionada con el Convenio es la creación del Laboratorio Sindical Iberoamericano del Trabajo Autónomo y la Economía Informal (SINDLAB). En el seminario de Córdoba antes mencionado, la Declaración final propuso “dedicar un capítulo importante a tareas de recopilación de información y de investigación aplicada sobre la estructura y dinámica de un conjunto amplio de colectivos de trabajadores que pudieran ser objeto de representación sindical y otras acciones sociopolíticas vinculadas, así como de buenas prácticas de políticas públicas y de trabajo organizativo. Estas tareas podrían desarrollarse desde un Observatorio del Trabajo Autónomo y la Economía Informal”. Posteriormente, la participación conjunta de CSA y UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) en el III Encuentro Internacional de Redes EUROSOCIAL (México, junio 2008), bajo el lema “Cohesión Social: punto de encuentro de las políticas públicas”, permitió presentar estas conclusiones en el contexto de uno de los ejes de la actividad: la conveniencia de recopilar buenas prácticas en materia de protección social para la economía informal, mencionando explícitamente al trabajo autónomo. En este marco, ISCOD, UPTA y CSA acordaron comenzar a desarrollar la recomendación de la Declaración de Córdoba sobre un instrumento de intercambio al respecto. Para UPTA, esta tarea era un reinicio de su trabajo previo a nivel europeo, cuando creó (en

2005) el OTASED (Observatorio del Trabajo Autónomo y Semidependiente), como resultado de la Conferencia Europea sobre “Trabajo Autónomo y Semidependiente: un espacio en el diálogo social europeo” (Madrid, junio 2005), auspiciada por la Comisión Europea, Dirección General de Empleo y Asuntos sociales e Igualdad de Oportunidades. La decisión fue entonces disponer de un Laboratorio Iberoamericano sobre Trabajo Autónomo y Economía Informal (resumido como SINDLAB), con formato de página web. El formato de SINDLAB, en cuanto a sus contenidos, destacada cuatro planos: 1. Buenas prácticas; 2. Documentos institucionales; 3. Estudios (incluyendo análisis de estadísticas); 4. Normas (incluyendo los estatutos propiamente sindicales). Asimismo, diferencia los productos surgidos de la cooperación entre ISCOD y CSA de los generados por otras instituciones (principalmente OIT y EUROSOCIAL). II. La CSA (Confederación Sindical de las Américas) El congreso fundacional de la CSA (Panamá, marzo 2008) aprobó un Plan de Acción que incluye la temática de la seguridad social, reproduciendo textualmente el acuerdo sindical alcanzado previamente entre las afiliadas de ORIT y otras organizaciones, que quedó registrado en la Plataforma Laboral de las Américas (PLA), presentada en la Cumbre Sindical previa a la III Cumbre de las Américas (Mar del Plata, noviembre 2005). El Plan denuncia “la grave situación por la existencia de decenas de millones de trabajadores desamparados, excluidos

de todo sistema de seguridad social, producto de las políticas neoliberales implementadas en el continente que disminuyeron el rol del Estado en diversas políticas públicas, abriendo la puerta a las privatizaciones”. En el plano propositivo, el Plan recomienda “el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial de la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado”. Por otra parte, el Plan también incluye la problemática del trabajo en la economía informal, aunque centrado en el capítulo sobre autoreforma sindical, en cuanto a las tareas de organizar-sindicalizar y, por lo tanto, no directamente vinculado con la seguridad social. En 2008, CSA avanzó en elaboraciones que establecen esta vinculación en el plano programático. Primero participó en el Taller de CSI “La organización de los trabajadores en la economía informal: un reto para los sindicatos” (Bruselas, abril 2008). La iniciativa había sido anunciada en junio de 2007 cuando el Consejo General aprobó el documento “Establecimiento de un nuevo internacionalismo sindical”, en la cual se planteaban seis programas especiales de acción (PEA), dirigidos a aplicar el programa de Viena. Uno de los PEA era “Economía Informal”, tema sobre el cual el Programa había dedicado un importante capítulo (“Sindicalizar”), recogiendo el consenso que sobre ello habían alcanzado CIOSL y CMT en 2004 (que fi-

guraba como anexo en la resolución del XVIII Congreso de CIOSL) y en resoluciones específicas de ambas en sus últimos congresos. Dado el carácter mundial de esta iniciativa, la reunión contó con representantes de todas las regionales (África, Asia Pacífico, América y Europa), tanto de las representaciones de ITUC como de afiliadas nacionales de cada una. La representación de América Latina estuvo integrada por UGT Brasil, CTV Venezuela, CUT Colombia y la CSA. Uno de los temas bajo análisis fue cómo asegurar la protección legal y social para que los TEI tengan los mismos derechos que los trabajadores/as asalariados. El documento presentado por la CSA respondía a esta pregunta de la siguiente manera: - “La CSI (y la CSA) en sus documentos fundacionales han tomado el compromiso sociopolítico de promover que se ponga fin al trabajo no protegido y a formalizar la economía informal. Uno de los objetivos centrales de esta estrategia es la incorporación de estos trabajadores/as a los sistemas de seguridad social existentes”. - “La principal vía de obtención de esa cobertura social es directamente la existencia de un derecho del trabajo más amplio que un derecho laboral, para dar cabida a los trabajadores/as autónomos y para permitir una aplicación directa a los trabajadores/as tercerizados”. - “Asimismo, son importantes las políticas de administración del trabajo que actúan sobre las situaciones simuladas como autónomas, para una categorización correcta como dependientes”, enfoque que ha recibido un espaldarazo

importante de la OIT a través de la Recomendación 198 sobre Relación de Trabajo del 2006. - “Pero entretanto se requiere una protección social universal que los cubra (junto con sus familias) y, en el caso de los trabajadores autónomos, regímenes especiales articulados con el general, atendiendo a sus particulares características”. Un ejemplo de este tipo que viene creciendo en la región latinoamericana es el de las trabajadoras del hogar. Una aproximación parcial experimentada en algunas grandes ciudades de América latina es la firma de acuerdos locales enmarcados en el derecho administrativo. Asimismo, no es menor la importancia de las formas de protección social autogeneradas por las organizaciones de trabajadores autónomos informales (incluidas las propiamente sindicales), mediante fondos de solidaridad entre los propios afiliados. Más adelante, la CSA presentó un informe al seminario del proyecto ASEI en Lima antes mencionado, centrado en estrategias estatales hacia la seguridad social y los TEI, con base en recomendaciones de la OISS, OIT y CEPAL. Este documento había sido presentado, en una versión provisoria, en un seminario FIAEPP-UPTA realizado cuatro meses antes, todavía desde ORIT (Córdoba, febrero de 2008) que se resumen en el cuadro siguiente:

1. Diagnóstico 1. La preeminencia de esquemas de naturaleza bismarkiana en la protección social en general y en la seguridad social en particular con base en los seguros so-

ciales lleva a un sesgo en la organización y financiamiento hacia los trabajadores asalariados y ocasiona una gran brecha de cobertura entre asalariados y trabajadores autónomos. 2. Aún así, existe una tendencia general a incorporar a los trabajadores autónomos a la protección social y la seguridad social, pero de forma fragmentada y con referencias legales dispersas. Inicialmente, esos intentos han seguido el modelo de la incorporación de los TEI al Régimen de la Seguridad Social, siendo los aportes muy altos, con lo que las posibilidades se reducen. Así mismo, para estimular la incorporación de más beneficiarios, frecuentemente se ha mantenido bajo el monto imponible, con lo que el monto ofrecido de pensión es poco atractivo, e incluso no se garantiza la sustentabilidad del régimen. 3. Como reacción al fracaso de este modelo se han incorporado Regímenes Simplificados, a veces denominados “monotributos”, que integran el pago de impuestos con la cotización de seguridad social. También significan los trámites registrales (Chile, 1996; Brasil, 1997-2007; Argentina, 1998-2004; Uruguay, 2001). 4. Pero ello ha llevado a aumentar la dispersión y fragmentación de la seguridad social, al coexistir con los regímenes generales. Ello se agrava por la complejidad que han traído desde la reforma de los años 90, los sistemas mixtos con coexistencia entre regímenes de reparto y de capitalización individual. Otra complejidad adicional es la importancia creciente del trabajo tercerizado o subcontratado, de carácter directamente fraudulento, con simulación de relaciones.

Ejemplos: el falso subcontratista, en realidad dependiente de la empresa, la “pseudo” cooperativa, con “falsos” socios. Por tanto, se encuentran dos subuniversos: los “seudo” o “falsos” independientes y los “independientesdependientes”. Lo novedoso es que la legislación de algunos países ha estimulado la tercerización y la subcontratación, en dirección a una mayor regulación de las relaciones laborales triangulares (Uruguay, Chile, Ecuador, Perú).

Propuestas

1. A pesar de las particularidades del Trabajo Autónomo, que requieren un ajuste de los instrumentos de protección social a sus realidades, hay que contemplar el marco y la lógica generales del sistema, para evitar la perpetuación de posibles fragmentaciones y eventuales inequidades. 2. Es necesario unificar y estandarizar los programas y coberturas, para permitir una adecuada integración o articulación, para evitar fragmentación y dispersión. 3. El régimen especial debe estar articulado el régimen general, para que no haya ineficacias y desincentivos en la participación. 4. Parte del problema a resolver es la contradicción que provocan los regímenes simplificados, que reducen su efecto global. Al integrar el IVA en un solo pago con las otras obligaciones fiscales, los monotributos y sus clientes no pueden reclamar los créditos del IVA, lo que genera encadenamiento de economía in-

formal. Los regímenes simplificados también llevan a un “efecto desplazamiento” y “errores de inclusión” entre quienes hubieran permanecido como asalariados o como autónomos en el régimen general. 5. Es necesario calibrar una combinación entre programas contributivos ya existentes que cubren los asalariados y autónomos de altos ingresos, con los programas no contributivos para autónomos de bajos ingresos. 6. Se requiere introducir un paquete de prestaciones de corto y largo plazo para aumentar la adhesión. CUADRO 3. Informe de la CSA presentado en el Taller Regional “Seguridad Social: Alternativas para el acceso de los TEI”. Lima, Perú, 2008. Fuente: CSA

CSA también aportaba algunas estadísticas comparativas (tomadas de OIT) sobre la cobertura de pensiones alcanzada por los trabajadores autónomos y asalariados: Cobertura de pensiones de trabajo autónomo, % sobre el total (América Latina y Caribe)

Cobertura de pensiones de trabajo asalariado, % sobre el total (América Latina y Caribe)

Costa Rica, 38% Argentina, 37% Uruguay, 36% Chile, 27% Brasil, 20% Panamá, 14% El Salvador, 10% Perú y Colombia, 4% México y Paraguay, 1%

Brasil, 76% Chile, 74% Argentina y C. Rica, 66% Uruguay, 65% Panamá, 64% México, 62% Colombia, 59% El Salvador, 45% Paraguay, 17%

CUADRO 4. Cobertura de pensiones de trabajo autónomo y trabajo asalariado en % sobre totales, América Latina y Caribe. Fuente: OIT, 2008

III. Actividades del sindicalismo latinoamericano-caribeño con OIT En la actual década, existe un ciclo de trabajo conjunto entre el sindicalismo y la OIT en relación a este tema. El primer resultado surgido de esta colaboración fue el “Estudio sobre Alternativas de Cobertura de Seguridad Social para Trabajadores de la Economía Informal”, de 2002, realizado con el apoyo de OIT Regional, la central holandesa FNV, ORIT y los expertos en seguridad social provenientes del sindicalismo uruguayo, a través de su Equipo de Representación de Trabajadores en el Banco de Previsión Social (ERT-BPS), que a partir de entonces tendrá un papel protagónico en estas actividades. En el estudio se tomó en cuenta una docena de países. Posteriormente, se organizó el “Seminario Latinoamericano Sindical de Evaluación y Seguimiento en Seguridad Social” (Montevideo, agosto 2004), con el apoyo del Centro Internacional de Formación de Turín y la Fundación F. Ebert (FES). Más tarde, en 2007, inició sus actividades el Proyecto “Fortalecimiento de la formación en materia de Seguridad Social, en particular respecto de la viabilidad de los Sistemas de Protección Social, de los Agentes Sindicales en América Latina”, mejor conocido como Proyecto SSOS ó “Seguridad Social para Organizaciones Sindicales”. La estrategia básica del Proyecto ha sido la realización de seminarios subregionales dirigidos a fortalecer redes sindicales: en Cono Sur (Montevideo, septiembre 2007), países andinos (Lima, mayo

2008), y Centroamérica y República Dominicana (San José, agosto 2008), además de un buen número de talleres nacionales. En los tres casos, las conclusiones colocan al objetivo estratégico la universalización de la seguridad social en relación con el problema de la informalidad: “reconociendo las economías informales - y los trabajadores sin empleo-“ (Cono Sur), “exigiendo la formalización en el empleo” (Zona Andina), “exigiendo la formalización en base al trabajo decente” (Centroamérica y República Dominicana). En esta última subregión se particulariza sobre la protección del trabajo doméstico y del sector campesino. También debe mencionarse la Reunión Regional Tripartita “El Futuro de la Previsión Social en América Latina” (Santiago de Chile, diciembre de 2007). En esta reunión participaron representantes sindicales de Argentina (CGT), Brasil (CUT), Chile (CUT), Colombia (CUT), Costa Rica (CMTC), Ecuador (CEOSL), México (CTM), Nicaragua (CST) y Perú (CUT). En relación a los TEI, el documento final planteaba, como escenario, que: “los procesos de reforma de los sistemas de seguridad social basados en el ahorro individual llevados a cabo en América Latina, han reducido la seguridad del ingreso de las personas cubiertas, con elevados costos administrativos y bajas tasas de sustitución esperadas, especialmente para las mujeres, trabajadores temporales, trabajadores estacionales, cuentapropistas, y no han dado respuestas a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la Economía Informal”.

En el plano de las recomendaciones se consideraba necesario: - “El apoyo al ingreso de los TEI, para evitar la pobreza en el adulto mayor” (así como un tratamiento específico de la problemática del sector rural y campesinado). - “La construcción de un modelo de seguridad social integral, solidario, redistributivo, universal y de responsabilidad del Estado, que equilibre la sociedad, a través de la garantía de protección de todos los trabajadores, con independencia de la forma de inserción a la actividad laboral (formal o informal)”. - “La formalización del empleo, mediante políticas de trabajo decente que incorporen las oportunidades de acceso a empleo en mejores condiciones de ingreso, seguridad y productividad”. Finalmente, una actividad que ha reforzado los compromisos anteriores ha sido, en el Cono Sur, el V Encuentro de la CCSCS “Hacia la concreción de equipos técnicos sindicales en Seguridad Social” (Montevideo, octubre 2008). La actividad tuvo participación de todas las organizaciones miembro de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (a excepción de Chile): CGT y CTA (Argentina); CUT, UGT, Forca Sindical (Brasil); CUT y CUT-A (Paraguay); y PITCNT (Uruguay). Poco tiempo antes, la CCSCS había creado una campaña contra la informalidad. La resolución general surgida se dirige a las centrales sindicales americanas e internacionales, con los siguientes contenidos en el campo analizado por este informe: - “La incertidumbre de los sistemas de capitalización individual estimula la in-

formalidad en el trabajo y el deterioro de los indicadores sociolaborales (aumento del informalismo, trabajo precario o en negro), lo que hace pensar en nuevas soluciones alternativas que verdaderamente puedan efectivizar el imprescindible aumento de los niveles de cobertura”. - “Ante la nueva realidad del mercado de trabajo, es necesario analizar un nuevo modelo de seguridad social, su forma de financiamiento y captación de recursos, lo que pasa por lograr que nuestros países prioricen el tema de las Políticas de Protección Social (en todos sus ámbitos, salud, pensiones, prestaciones familiares, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y desempleo) buscando un justo equilibrio entre prestaciones contributivas y no contributivas”.

SEGUNDA PARTE EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIONES SINDICALES NACIONALES Esta sección presenta una recopilación de experiencias en relación a la seguridad social y los trabajadores de la economía informal por parte de centrales y confederaciones nacionales en la región. La mayor parte corresponden a la práctica de organizaciones de menor grado propiamente encargadas de estos trabajadores, aunque existen varios ejemplos de acciones propositivas desde el nivel de conducción. De la información disponible se ha seleccionado tres casos nacionales: Perú, Uruguay y Argentina (Apartados IV, V y VI), por encontrarse allí experiencias con un grado mayor de elaboración. Junto a

éstos, un último epígrafe presenta casos correspondientes a una variedad de otros países. Varios de ellos provienen del proyecto ASEI antes mencionado. IV. El caso de Perú En Perú, las cuatro centrales principales (CGTP, CUT, CTP y CATP) constituyeron en 2005 un grupo promotor de un proyecto legislativo Seguridad Social que incluye explícitamente a los trabajadores de la economía informal. Desde ese momento, se ha venido trabajado con expertos de la oficina regional de OIT. A comienzos de 2009, ISCOD ha tomado el relevo iniciando un proyecto con las centrales para relanzar la propuesta de reforma de la seguridad social peruana mediante la formación y la sensibilización. El 16 de marzo se realizó en el Congreso de la República un Foro de presentación de esta propuesta. CUT (Central Unitaria de Trabajadores) La Federación de Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales del Perú (FETTRAMAP) centra su trabajo en las malas condiciones de sus trabajadores en los mercados mayoristas: caídas, golpes, estiramientos musculares, accidentes de trabajo, y propensión a sufrir de enfermedades diversas. Ante ello, la organización ha realizado tres tipos de actividades: planes de prevención basados en estudios sobre sectores de la estiba terrestre, un registro de accidentes de trabajo y la capacitación a través de cursos para promotores de salud ocupacional. Todo ello ha culminado con la creación de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Proyecto PROES, auspiciado por ISCOD, la AECID y la Junta de Extremadura, ha permitido implementar en la Federación un servicio de salud laboral especializado en prevención de riesgos junto a otros planes de formación sindical y personal, así como de reconversión laboral, dirigido a recolocar los trabajadores en el futuro mercado mayorista modelo de Santa Anita. La FETTRAMAP ha firmado, en este sentido, un convenio con la empresa de mercados mayoristas (EMMSA) que propone, entre otras, medidas adecuadas para la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, buena parte de los miembros de la Federación están afiliados al sistema de seguridad social, complementado con fondos de ayuda mutua, provenientes de sus propios aportes, para cubrir seguros de accidentes, gastos de sepelio y un fondo de retiro. Algunos sindicatos de base están construyendo iniciativas de crédito solidario, micro negocios, y fondos de inversión colectiva en bienes y servicios, encontrándose en la primera fase de su implementación. Otro eje de su estrategia es la obtención de normas favorables al sector, lo que obtuvo en 2007 con la Ley 29088: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales”, que mejora sustancialmente la legislación previa en el capitulo sobre salud y seguridad en el trabajo de quienes utilizan su fuerza física o una herramienta auxiliar para levantar, mover o transportar una carga, aplicada a actividades de producción, transporte y comercialización de la cadena agro-productiva. El productor, el comerciante, el transportista o conductor de vehículos con carga de productos agrarios desti-

nados a la comercialización mayorista será responsable de diseñar las estrategias de promoción y supervisión de la seguridad y salud en el trabajo de estos trabajadores, con el asesoramiento del Ministerio de Salud. Se establecen también medidas de protección en cuanto al máximo peso que puede levantarse o llevar sobre los hombros, así como la prohibición de este trabajo para adolescentes menores a 16 años. Un aspecto normativo que también ha sido apoyado desde ISCOD a través de algunas actividades es la creación de un grupo multisectorial encargado de elaborar el proyecto de reglamentación de la Ley 25047: Ley de Seguridad Social para Estibadores Terrestres. En el plano institucional, la Federación participa, a través de la CUT, en áreas especializadas en protección social: la Comisión de Seguridad Social (y la de Economía Informal) del Consejo Nacional del Trabajo, vía las Comisiones de Seguridad Social y Economía Informal, la Comisión Especializada de Salud en el Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA), y en la mesa de trabajo Intersectorial de Salud Laboral y Prevención de Riesgos de Trabajo. CATP (Confederación Autónoma de Trabajadores Peruanos) La Federación de Trabajadores y Lustradores de Calzado y Afines del Perú (FENTRALUC), centra su acción en empadronar a sus afiliados en las municipalidades, con el fin de aumentar la efectividad y alcance de la Caja de Protección y Asistencia Social, CAJAPATRAC, (de 1946, reformulada en 1969),

cuya aplicación es resistida por muchos de esos gobiernos locales, obligando a la Federación a presionar por la emisión de ordenanzas y normas. La Caja cubre varios campos de la protección social: salud (compra de medicamentos, gastos de hospitalización, servicios médicos, análisis), alimentación en comedores populares, capacitación orientada a reconversión laboral (principalmente industria del calzado, gastronomía, sastrería, diseño gráfico), albergues, esparcimiento, créditos a bajos intereses, programas de vivienda popular, abaratamiento de consumos, cobertura de gastos vinculados a los hijos (útiles escolares, juguetes). Se financia básicamente con un impuesto del 1% del valor de los artículos empleados en el lustrado de calzado, que es depositado en el Banco de la Nación, junto con aportes de los afiliados por el uso de los servicios, e incluso del público en general (en el caso de los comedores, que son abiertos). El Fondo es administrado por un Comité (renovado cada dos años) integrado por cuatro delegados sindicales, y dos más por el Ministerio y los empleadores. Otras áreas publicas participan en las acciones del Fondo, en materia de salud (SIS, Seguro Integral de Salud), alimentación (PRONAA, Programa Nacional de Apoyo Alimentario) y educación (OBEC, Oficina de Crédito Educativo). También colabora la USO (Unión Sindical Obrera), de España. CTP (Confederación de Trabajadores Peruanos) La Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías del Perú (FENVENDRELP) trabaja (desde el 2000) en relación a la protección social mediante aportes voluntarios de sus afi-

liados y pagos efectuados por las empresas periodísticas, habiendo construido locales que le permiten combinar una serie de acciones. Se han obtenido convenios con el Estado y entidades privadas para realizar campañas de salud. También se proporciona hospedaje (para afiliados residentes en el interior, que van a Lima), y formación profesional. V. El caso de Uruguay El trabajo del sindicalismo uruguayo en relación a la seguridad social y la economía informal se ha centrado desde hace tiempo en el Equipo de Representación de Trabajadores en el Banco de Previsión Social (ERT-BPS), creado en 1992 para concretar la participación sindical en la política nacional sobre el tema. Posteriormente, también se organizó la Comisión de Seguridad Social (COSS) (1996), integrada por miembros del secretariado, junto al ERT. Luego, el VIII Congreso (1999) aprobó una Propuesta Alternativa de Reforma de la Seguridad Social de los Trabajadores.

Para ello, deberán establecerse mecanismos efectivos en el plano institucional, ya que la figura jurídica existe, pero muy escasamente se persigue el delito. 2. Trabajadores Independientes:

- Investigar con mayor detalle el universo de microempresas, discriminando situaciones, con el objetivo de instrumentar políticas generales -crediticias, tributarias, capacitación- con la finalidad de formalizar a este sector y amparar a los trabajadores en sus derechos a la seguridad social.

Se diferencia entre trabajadores independientes que son profesionales y directivos, ya que estos están cubiertos por la Caja de Jubilaciones Profesionales. Para el resto, a su vez, hay que distinguir entre los cuenta propia con y sin local. Para los trabajadores cuenta propia sin local, resulta claro que la normativa no se adecúa a los efectos de su incorporación a la seguridad social. La formalización bajo las actuales condiciones implicaría que los tributos que deberían aportar alcanzan el 40% de sus ingresos promedio, con lo que su incorporación es objetivamente imposible. Son trabajadores con más de 40 años y con dificultad para generar causal jubilatoria, dada la falta de acumulación de créditos laborales. La ley exige 35 años de cotización efectiva.

- Dotar de flexibilidad al programa actual, moderando rigideces en cuanto: 1. A la adquisición de derechos, en particular la

Se propone: 1. Reconocer que son trabajadores y no empresas, como ocurre con la legislación actual; 2. Exigir responsabi-

Sobre la economía informal, el ERT-BPS ha diseñado una estrategia que diferencia dos situaciones: 1. Asalariados precarios:

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exigencia de 35 años de trabajo, así como 15 años de trabajo y la edad de 70 años por la causal jubilatoria por edad avanzada. También se plantea bajar la edad de jubilación a 65 años. 2. A la demostración de sus servicios por otros medios de prueba fehacientes, y no exclusivamente por lo que declara el patrón en la historia laboral, que tiene plazos excesivamente perentorios de impugnación por parte del trabajador; 3. A dar cumplimiento de una manera eficaz a los delitos de apropiación indebida que realiza el patrón de los aportes de los trabajadores.

lidad contributiva de acuerdo a sus ingresos y otras condiciones de estructura familiar, pero en todos los casos las prestaciones deberán tener un componente de subvención estatal; 3. Exonerar del impuesto a las pequeñas empresas; 4.Establecer un mínimo de cotizaciones anuales, dada la variabilidad de sus ingresos mensuales. Por ejemplo, un aporte cuatrimestral, como se lo hace actualmente con el sector rural; 5. Incorporar prestaciones de actividad, en particular asignaciones familiares; 6. Asegurar la cobertura de salud; 7. Flexibilizar los años de cotización efectiva para los derechos jubilatorios, considerando el punto de partida individual de la incorporación al sistema y estableciendo un compromiso contributivo a partir de ella. Los trabajadores por cuenta propia con local son un grupo heterogéneo, por lo que se requieren pruebas de ingreso y de actividad, para discriminar situaciones, de forma que quienes se ubican cerca del colectivo de trabajadores por cuenta propia sin local, reciban un tratamiento igual. Sobre esta base, el PITCNT ha influido fuertemente en las reformas ocurridas en Uruguay antes y, sobre todo, a partir del gobierno asumido en el 2005. En particular, ello se ha alcanzado mediante la ampliación del régimen del monotributo, creándose normas especiales para trabajadores del campo y trabajadoras del hogar, garantizando el gozo de los derechos del régimen de trabajo, incluyendo la negociación colectiva. También se ha ayudado a definir situaciones particulares, como las trabajadoras sexuales; asimismo, se ha promovido la seguridad social entre los trabajadores ambulantes y semifijos au-

tónomos, desestimulado la utilización indebida del régimen de Empresas Unipersonales (creado en 1995). El sindicalismo fue quien presentó el proyecto original de norma regulatoria de la subcontratación (en el 2000), finalmente aprobado en 2008, y ha ayudado a crear (también en el 2008) el régimen de asignaciones familiares que innova al ubicar este beneficio como un derecho del niño, derivando en que la madre sea la titular, lo que en sí mismo implica apoyar situaciones laborales precarizadas e informales, al vincular el derecho a la vulnerabilidad socioeconómica. Un resultado general obtenido desde 2005 es la incorporación de 300.000 cotizantes al sistema, lo que implica un aumento de 30% respecto del total (1.260.000), cifra nunca alcanzada (900.000 en el extremo anterior, en 1999). VI. El caso de Argentina En este país el sindicalismo es protagonista de la atención medico-asistencial, por ser el titular de la prestación que se obtiene a través del régimen de obras sociales sindicales. Algunas organizaciones han permitido la incorporación de trabajadores autónomos de su sector a estos servicios (por ejemplo, en la metalurgia y la construcción). La única organización que afilia a trabajadores autónomos, el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA, afiliada a la CGTRA), tiene su propia obra social desde 1991. En cuanto a la jubilación, la incorporación del trabajador autónomo al régimen general ha enfrentado los mismos problemas que en otros países, es decir, la

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escasa (e inestable) afiliación, motivado en la alta cuota requerida para cubrir el costo sin ayuda de un segundo aporte (del inexistente empleador). En 1998 se creó el Régimen Especial del Monotributo, que combina, por un monto de alrededor de 30 dólares mensuales, el aporte jubilatorio y el de cobertura de la salud, a través de las obras sociales. Los monotributistas eran alrededor de 1.400.000 en el 2008. Por lo tanto, por esta vía, una cantidad importante de sindicatos se ocupan de la salud de los autónomos, entre los cuales figura la propia SIVARA. Desde 2005 se han incorporado al monotributo tratamientos específicos para determinados colectivos atípicos, incluyendo los independientes. El caso más exitoso ha sido el referido a las trabajadoras del hogar, para quienes, a fines de ese año una ley anti evasión permitió a quienes emplean personal doméstico la deducción de su declaración jurada del impuesto a las ganancias el salario y las contribuciones sociales, hasta un máximo de 2000 dólares en el año. El aporte patronal se deposita en el banco, sin identificar al dador de trabajo. La medida fue un gran éxito. Otro caso destacado es el de los recicladores de basura (que se calcula son alrededor de 100.000), quienes aumentaron su número a partir de la crisis del 2008. En aquel entonces, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un plan de empadronamiento, como resultado de un diálogo de varios meses con cooperativas, agrupaciones y cartoneros independientes, agrupados en el Movimiento Cartoneros, Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros, Recicladores y Organizaciones

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Sociales (MNTCRYOS) y representantes de las cámaras de cartón, plástico, papel y vidrio. La medida consiste en la inscripción de los, formalmente llamados ahora, “recicladores urbanos” en el monotributo. Como primer paso se está registrando a todos los actores de la cadena del material con el que trabajan los recicladores, entre los cuales quienes realizan la primera compra de material deben emitir un documento con carácter de factura de venta, con las características de la operación y los datos del vendedor. Además deberá informar a la AFIP la nómina de los recolectores involucrados. El financiamiento del programa se logra mediante un mecanismo de retenciones a cuenta del impuesto a las ganancias y al IVA en todas las compraventas que se realizan en la cadena de valor vinculada con el reciclaje de la basura. Los compradores del material de los recicladores tendrán dos opciones: hacerse cargo del pago del monotributo de aquéllos o efectuar un pago a cuenta del impuesto a las ganancias por cada venta del producto reciclado. El empadronamiento se llevaría a cabo a través de cooperativas y agrupaciones que nuclean a los recicladores, con la colaboración de los municipios. Otra de las medidas en este período es la creación del Monotributo Social, concebido para trabajadores autónomos individuales (o en grupos de hasta tres) o cooperativistas, con actividades productivas enmarcadas en el desarrollo local y la economía social) con ingresos menores a 4000 $US anuales. El régimen tiene una vigencia de 24 meses, con derecho a facturar, la misma cobertura de salud que el resto de monotributistas, y

beneficio de acciones de capacitación y asesoramiento. El pago mensual es muy pequeño (4 $US mensuales), cubriendo al grupo familiar por un pago equivalente al doble. Si un monotributista reúne las condiciones para este nuevo régimen, es automáticamente recategorizado. También se ha creado la categoría de Monotributista Social Eventual, para aquellas actividades que se desarrollan irregularmente o con carácter temporario/estacional, con derecho a facturar aunque sin cobertura de salud. En 2009 se estudia una utilización de este programa de forma vinculada a SIVARA.

Asimismo la COB ha presentado en 2008 el Proyecto de la Ley General de Pensiones, documento que contiene una serie de propuestas para que las pensiones lleguen a todos los bolivianos y bolivianas. VII.2. Colombia CUT (Central Unitaria de Trabajadores) Participa en la Junta Administrativa de la Seguridad Social, con el objetivo de lograr un Fondo Social compensador de la cuota del trabajo independiente. CTC (Confederación de Trabajadores Colombianos)

VII. Otros casos VII.1. Bolivia COB (Confederación Obrera Boliviana) La Federación Nacional de Trabajadores del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB) presentó en 1992 el proyecto de Ley de la Trabajadora del Hogar, siendo la base de la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, aprobada en 2003. La ley protege la relación laboral de estas trabajadoras, aunque deja por fuera, considerándolo contrato civil, los trabajos realizados sin horario o de manera discontinua. En ese sentido, refleja la estrategia de laboralización de las trabajadoras del hogar que incluye, en el campo de la seguridad social, una reafirmación explicita de su cobertura de salud, que era anterior (1977). En 2008 el gobierno reglamentó este capitulo, mediante la afiliación de las trabajadoras a la Caja Nacional de Salud.

El Sindicato de Vendedores Informales Estacionarios de Santiago de Cali (SINTRAVIECALI) Afiliado a CTC, ha creado un fondo de salud, con aportes individuales y parte de lo recolectado en la economía colectiva del sindicato. Tiene una Cooperativa de Ahorro y Crédito que incide en “Capitales Semilla” destinados a dinamizar y hacer más operativos pequeños negocios. VII.3. Costa Rica CMTC (Confederación Movimiento de Trabajadores Costarricenses) La Federación Costarricense de Trabajadores Autónomos (FECOTRA) ha suscrito un acuerdo con la Caja del Seguro Social para dar acceso a sus afiliados a una cobertura de atención médica, maternidad y discapacidad, para lo cual se encarga de recaudar sus cotizaciones, en carácter de administrador intermediario. La cotización incluye un pequeño porcentaje para un fondo de solidaridad

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destinado a compensar la posible falta de pago de trabajadores que atraviesan circunstancias difíciles. Durante un período (2002-2005), organizó la Guardería Solidaridad para los hijos de los afiliados, con apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Confederación de Sindicatos Cristianos de Bélgica, y OIT-IPEC. Una línea importante de actuación de la Federación es la construcción de viviendas para los afiliados en general y programas especiales para mujeres trabajadoras de la pesca y mujeres trabajadoras jefas de hogar solitarias (en las cercanías de la guardería), así como un pequeño plan de viviendas, también para mujeres solas, cercana a la guardería. La Federación también desarrolla actividades en materia educativa (primaria, secundaria, de formación profesional en gestión de servicio al cliente, y en microempresas (con la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA y la Universidad de Costa Rica, UCR). Además, desarrolla un programa de microcréditos (con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal). VII.4. Honduras CUTH (Confederación Unitaria de Trabajadores Hondureños) La Federación de Organizaciones del Sector Social e Informal de la Economía de Honduras (FOSSIEH) proporciona servicios básicos de salud. Integra el comité tripartito del Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL). Como resultado de las actividades del proyecto ASEI se han desarrollado dos propuestas: la primera (Soluciones para el Desarrollo) tiene un carácter integral,

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incluyendo el componente de programas de salud y programas de atención. El segundo (Estrategia de Comercialización, Mercadeo, Higiene y Seguridad Social busca dar soluciones a diversas problemáticas. En la misma se menciona que se deben establecer acciones de capacitación sobre medidas y regulaciones de higiene y seguridad social, establecer convenios con autoridades locales, nacionales y regionales, crear empresas responsables de la protección de seguridad social de los TEI, entre otros. VII.5. México CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) La Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores No Asalariados de México (FNOTNA) tiene un convenio con el Instituto Mexicano de Seguridad Social desde 1998, por el cual se compromete a promover la incorporación de sus afiliados al régimen, y acreditar a los que tomen la decisión, así como a ayudarlos a que se mantengan en el sistema. La Federación reporta 50,000 incorporados plenamente. VII.6. Nicaragua FNT (Frente Nacional de Trabajadores) La Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP) cuenta con dos mutuas en Managua y un puesto de venta social de medicamentos, beneficiando a más de seis mil trabajadores. Este programa oferta atención médica especializada, venta social de medicamentos genéricos, exámenes de laboratorio, servicios funerarios y capacitación sobre prevención de en-

fermedades. Se ha planificado tener un centro de capacitación mutual. La Confederación también ha formado la cooperativa de servicios múltiples “Vida Nueva”, que apoya financieramente a los trabajadores con créditos blandos y con tasas de interés accesibles. El programa “Yo Si Puedo” alfabetiza con una metodología especial, ofrece bachillerato básico y técnico; y formación técnica, con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y del Instituto de Formación y Capacitación (INFOCAP).

VII.7. Paraguay

La Asociación de Trabajadores del Campo ha creado también “La Mutua”. La carencia de protección al campesinado y obreros agrícolas cafetaleros nicaragüenses por parte del seguro social tradicional, motivó a la dirigencia de la Asociación a buscar un sistema de seguridad social alternativo, con cinco clínicas localizadas en la ciudad de Estelí, El Tuma, La Dalia, La Sorpresa y la Fundadora, brindando atención médica , entrega de medicinas, control prenatal y post-natal. Cuentan con las especialidades de pediatría, ginecología, exámenes de papanicolau.

VII.8. República Dominicana

Los afiliados realizan un aporte mensual de 15 córdobas, complementado por un aporte equivalente por el empleador, cuando éste es el caso. Paralelo a la cotización que realizan los afiliados, la Mutua del Campo recibe el apoyo financiero a través de fondos revolventes que aporta el Fondo de Cooperación de Bélgica (FOS). Tiene personería jurídica y una junta directiva funcional integrada por beneficiarios del sistema, quienes asumen la conducción general, a través del personal administrativo. Los beneficiarios son un promedio de 18.000 al año.

Confederación Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUTA) Ha creado un Centro de Asesoramiento (en 2005) para los trabajadores de la economía informal, que busca respaldar sus derechos en materia regulatoria y previsional. Al respecto, ha elaborado una propuesta para el Parlamento. También participó de la promulgación de la ley que incorpora a los estibadores en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Las tres centrales : CNUS (Confederación Nacional de Unidad Sindical) CASC (Central Autónoma Sindical Clasista) y CNTD (Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos) trabajan juntas en relación al tema de la informalidad, para obtener que se aplique el régimen no contributivo subsidiado creado a comienzos de la década, sin que haya entrado en vigencia por la falta de contribuciones del gobierno. Para ello han realizado la campaña masiva Seguridad Social de la Economía Informal, recomendando que los trabajadores hagan sus aportes a través del sindicalismo, actuando éste en carácter de instancia intermedia de la seguridad social. La CASC ha desarrollado este enfoque, que implica afiliación, mediante la Mutual de Servicios de Salud (AMUSSOL). La Comisión de Mujeres de las tres centrales también actúa en relación a las trabajadoras domésticas, para que sean incorporadas al sistema de seguridad social, dado que conforme como está diseñado quedan excluidos automáticamente. La coordinación inter-sindical

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abarca también el trabajo con los secretariados de la juventud, para garantizar la debida inserción en el mundo laboral.

Ley Orgánica de Trabajo, concretamente sobre los trabajadores no dependientes, que ha sido retomada por la reforma constitucional de 1999.

VII.9. Venezuela CTV (Central de Trabajadores Venezolanos) y CGT (Central General de Trabajadores) Activan en relación a la reglamentación del capitulo sobre seguridad social de la

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El Proyecto de Ley de Seguridad Social para el Trabajador Informal contiene 14 artículos en los que se plantean diversas propuestas para mejorar la situación de los TEI.

Experiencias de Seguridad Social

América Latina

Situación en Honduras Israel Salinas Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUT-H)

Cuando se me dijo que mi participación en este Encuentro era un intercambio de experiencias traté de documentarme con las reverencias de mi país, qué es lo que está pasando en Honduras. Y en base a eso trataríamos de compartir con ustedes las realidades que vivimos en Honduras. Aunque cuando hablamos de nivel de la región centro americana cualquier país es reverente porque tenemos bastante similitud en toda la problemática que vivimos los trabajadores centroamericanos. En Honduras tenemos una seguridad social que no es un regalo de nadie, es producto de la lucha de los trabajadores. En 1954 surgió un acontecimiento histórico, una huelga que se inició en las bananeras internacionales, en las compañías

trasnacionales. Se convirtió en un conflicto nacional, en un conflicto patriótico, donde se enfrentaron las fronteras que en ese momento dominaban el país. Y producto de eso entonces surgieron tres conquistas, tres leyes, la ley de seguridad social, el código de trabajo y la reforma agraria. Eso significa que hasta hoy los trabajadores hemos seguido dándole secuencia a todo ese proceso y a partir de ahí hemos logrado algunos avances con las limitantes y las dificultades que nuestro país, por su condición, enfrenta. Nuestro país está situado en la región centro americana, contamos con 7,5 millones de habitantes. Un 51% corresponde a las áreas rurales. Tenemos un área territorial de 112.492 km2. Una po-

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blación económicamente activa de aproximadamente 3 millones de ciudadanos. Con una mortalidad de 108 por cada 100 mil que nacen. Una mortalidad infantil del 36 por mil. La cobertura de los servicios de salud está distribuida de la siguiente manera: la Secretaria de Salud un 60%, el Instituto Hondureño de Seguridad Social un 18%. El sector privado un 5%. Y hay otra población de la sociedad que no recibe asistencia directamente. Tenemos en Honduras un Instituto Hondureño de la Seguridad Social. Pero también hay diversidad de instituciones de previsión, algunas mejores que otras, pero con intereses particulares o de sectores que corresponde cada una de esas instituciones. Tenemos las instituciones, tenemos el seguro social, tenemos el instituto de jubilaciones y pensiones de los empleados públicos. El IMPREMA, es el instituto de previsión del magisterio nacional. Y el IPM que es el instituto militar. Nuestro sistema de cotización establece que el patrono paga un 2%, el trabajador 1%. En el INJUPE, que se consideran sectores que tienen un mayor privilegio, el 11% paga el Estado y el trabajador el 7%. El IMPREMA igual, es el Estado el que paga el porcentaje mayor y los maestros pagan un 7%. Y así sucesivamente. Esto denota de inmediato que los trabajadores que están afiliados al seguro social tienen las menores ventajas para sus pensiones. El Instituto Hondureño de Seguridad Social fue fundado en 1959. Fue creado por el Estado, y algunos partidos se lo arrogan como que fue una regalía que hicieron ellos para los trabajadores, porque fue en ese tiempo, en ese gobierno, que se instituyó.

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Luego, el primero de marzo del 72 con el régimen de enfermedad y maternidad comenzó a funcionar el seguro sólo con este rubro. En octubre del 72 se extiende la cobertura al régimen de invalidez, vejez y muerte. Y en junio del 2005 se pone en vigencia el régimen de riesgos profesionales. Este último costó mucho, ya que en Honduras tenemos una forma de debatir, discutir en la mesa del diálogo, es un diálogo poco productivo. Generalmente los empresarios tratan de utilizarlo más bien para alargar tiempo y sacarle ventaja a ese diálogo. Sin embargo los trabajadores también sacamos algunas veces resultados y logramos que por lo menos asumieran esa responsabilidad. Estas incapacidades, estos beneficios se venían pagando del fondo de enfermedad y maternidad. Por eso ellos no querían asumir una responsabilidad directa que les corresponde por accidentes de trabajo. El sistema financiero, parte de cotizaciones del patrono, cotizaciones por trabajador, y también hay cotizaciones por el estado. El estado debe cotizar como patrono y como estado, debe de aportar un 0,5%. El seguro social en Honduras se instituyó con un techo permanente de 600 lempiras. Y con una tasa baja también de 13,5% para el trabajador. Lo que implica que el máximo que se ha venido cotizando en el seguro social era 21 lempiras por cada trabajador. Lo que significa en estos momentos casi 1 dólar mensualmente. Mientras los empresarios pagaban el 100% arriba de lo que pagan los trabajadores. En ese sentido el seguro entró en una etapa de crisis. Casi llegó al colapso, soportando malas

administraciones, soportando politización de los distintos gobiernos de un partido y de otro. Hacían negocio con los recursos del seguro social, clientelismo político ofreciendo empleo, ofreciendo salarios elevados a través de la partida del seguro social. Sin embargo por una lucha logramos nosotros romper ese techo y propiciamos las reformas a la ley del seguro social a través de una concertación, que en un momento determinado los empresarios se retiraron de la mesa de negociación, y los trabajadores con medidas de presión, con movilizaciones, con la toma del congreso nacional logramos hacer las reformas sólo con el Estado, sólo con el Congreso Nacional y los trabajadores. En el 2001 se hizo el segundo intento en el cual los trabajadores y el Gobierno pudimos llegar a un acuerdo. Y los trabajadores que trabajan en el seguro social, que también son sindicalizados, promovieron una huelga que duró más de 40 días, para lograr el objetivo que nos planteamos. El 5 de junio de 2001 mediante decreto, el Congreso Nacional aprobó la reforma a la ley y se estableció una nueva forma de cotización. De junio de 2001 a mayo de 2002 los techos se elevaron a 2400 lempiras el equivalente a 120 dólares. De junio de 2002 a mayo de 2003 se incrementó una escala de 3600 lempiras, o sea 180 dólares. Y en junio de 2003 a la fecha con techo de cotización de 4800 lempiras, 240 dólares. Esto significa que ahora, en una etapa de crisis económica generalizada, sectores de población que cotizaban el seguro pero preferían irse a las clínicas privadas ahora van al seguro, lo que significa que la carga se ha hecho más pesada.

A través de las reformas los sindicatos impulsamos un proceso de extensión de cobertura, tanto en la poblacional, como en lo geográfico y en los servicios. El seguro inició en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, donde durante muchos años concentraron el servicio de seguro social. Sin embargo, con este proceso se ha logrado ampliar en 17 ciudades y tenemos en perspectiva cuatro ciudades más para profundizar. El servicio que presta el seguro social está dirigido a tres niveles. El primer nivel promoción y protección de la salud, medicina general, salud oral y preventiva, consultas programadas, urgencias médicas, pediatría general, ginecología, obstetricia, cirugía menor. El segundo nivel comprende las especialidades médicas disponibles en el Instituto y prestar establecimientos de salud debidamente certificados de la institución. El tercer nivel comprende todos los cuidados médicos. En ese sentido el fondo de riesgos profesionales, los empresarios apenas han asumido un 0,2 de responsabilidades para cubrir esas obligaciones que tienen con los trabajadores. A estas alturas estamos abocados a una confrontación con ellos porque deben asumir un porcentaje mayor y deben cubrir sus obligaciones. En este momento las demandas de los trabajadores por accidente de trabajo tienen que complementarse con recursos de enfermedad y maternidad, situación que no debe seguir ocurriendo.

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En Honduras los requisitos para el reconocimiento de pensiones por vejez son de edad, entre hombres 65 años y mujeres 60 años, con un mínimo de 180 cotizaciones para que tenga derecho a la jubilación. Por accidente de trabajo profesional el reconocimiento es por un grado superior al 15%, o sea que la evaluación de la incapacidad del trabajador debe ser de un 15% como mínimo. Y tiene derecho a la indemnización con una sola cotización que haya efectuado. Igualmente, para enfermedad común, invalidez en un grado superior al 65% determinado por una comisión técnica de invalidez. Para este derecho debe de haber cumplido un mínimo de 38 cotizaciones. Por accidente común, invalidez en un grado superior al 65% bastan 8 cotizaciones que haya realizado el trabajador en 24 meses. Tiene derecho a una suma igual al 40% del salario base mensual, una suma formada por el 1% del salario base, por cada 12 meses de cotización en exceso de los primeros 60. En ningún caso la pensión podrá ser menor de 50 ni exceder al 80% de la base. Respecto al sector informal destacar que tanto ISCOD como UGT y como CCOO han estado apoyando este trabajo al nivel de la región centroamericana. Este es un sector importantísimo que crece de manera acelerada de acuerdo a que van desapareciendo los medios de producción. En la medida que desaparecen empresas, en esa medida crece este sector. En Honduras desde 1980 nosotros venimos trabajando con este sector y comenzamos con un sindicato, el Sindicato

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único de Vendedores Ambulantes de Honduras (SUVAMH). Este sindicato fue la base para comenzar a trabajar en ese sector. Actualmente en las tres centrales obreras del país hay un trabajo organizativo concreto y se puede afirmar que un 80% de los trabajadores de la calle están organizados. A nivel de la CUT-H, que es nuestra confederación, tenemos una federación, la Federación de Organizaciones del Sector Informal de la Economía, que aglutina 20 organizaciones en su interior. Valoramos que tienen entre 40 y 50 mil afiliados sólo en nuestra organización, a los que sumar los de otros sindicatos. Se ha avanzado enormemente en el protagonismo de este sector y esto ha sido útil no sólo para hacer las actividades propias del sector, sino que han jugado un papel también respaldando las acciones políticas de las organizaciones en otras áreas: respaldando la lucha contra la explotación de la maquila, defendiendo los trabajadores de la maquila, acompañando sus movilizaciones. Y se ha logrado un reconocimiento de este sector hasta lograr que participen con alto protagonismo en decisiones importantes: en las municipalidades están negociando espacios, se están negociando construcciones de mercado, están instalando guarderías para sus hijos, etc. En este momento en Honduras se acaba de emitir un decreto del salario mínimo. Antes, todos los gobiernos anteriores siempre sus decisiones en esta cuestión del salario mínimo se han inclinado siempre en la posición del empresario. La ley del salario mínimo determina que habrá una negociación por un espacio de tiempo, pero se llega a un término y

no se ha llegado a ninguna conclusión, será el Presidente de la República quien decida. Por primera vez hoy este gobierno decretó un incremento del salario mínimo arriba del 60%, 5.500 lempiras para los trabajadores urbanos y 4.055 para los trabajadores que están en el área rural. Eso implica que este sector informal ha tenido una beligerancia extraordinaria.

En este momento se está debatiendo un anteproyecto de ley, elaborada por ellos, acompañados por las confederaciones. Una ley para protección del sector informal de la economía. Nosotros somos optimistas sobre este sector que creemos que avanza, se organiza, se especializa, se educa, se capacita. Estos compañeros se organizan en cooperativas, en empresas asociativas, en empresas productivas, y vemos en Honduras ese avance.

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Situación en Perú

Julio Cesar Bazán Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Perú (CUT-Perú)

En el Perú hay un colectivo muy importante de trabajadores sin protección, que carecen de todos los derechos, en parte producto de las nuevas formas de educación de las empresas, de los sectores de tercerización y de formas nuevas de organización. En conjunto, todo este colectivo representa realmente alrededor del 58,6% de la población activa en el país, dejando básicamente un 15-20% de trabajadores con algunas protecciones, y un 20% de profesionales independientes que se desarrollan de manera adecuada en sus respectivos quehaceres. En esta realidad la Central Unitaria de Trabajadores del Perú - CUT Perú- encara el problema de manera integral. En principio para que todos puedan tener la cobertura de la seguridad social y entendiendo como una gran alianza a favor de los trabajadores asalariados, que

iban siendo reducidos en su participación en la economía y en la organización, y de la inmensa cantidad de trabajadores no regulados que están en la economía. CUT Perú a partir del año 90 asume ese rol de alianza del conjunto del espectro laboral peruano. Por un lado los trabajadores asalariados de la empresa privada y de la administración pública, y por otro lado los trabajadores auto empleados. Para los tres sectores la central entonces planteó la necesidad de regulación para incorporarlos a todos en el beneficio y en la conquista de sus derechos. Por el lado de los trabajadores asalariados se planteó la Ley General de Trabajo. En este sector se ha avanzado, se ha consensuado con el empresariado aunque el poder económico ha impedido que la ley finalmente salga como tal.

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En el sector de la administración pública también se impulsó la necesidad de una Ley General del Empleo Público, con la finalidad de resolver los problemas de trabajadores sin derechos en todos los sectores de la administración pública. Y a nivel de los auto empleados la propuesta de una Ley General de los Trabajadores Autoempleados. En este tema se ha avanzado, y se ha realizado la presentación de una propuesta que toma muchos aspectos de la ley que hay aquí en España del auto empleo, o del trabajador autónomo. Respecto a la seguridad social se ha trabajado en varios temas. Uno primero que tiene que ver con una reforma integral de la seguridad social en el país porque prácticamente está descompuesta a raíz de la presencia de los sistemas privados de capitalización individual tanto en salud como en pensiones, con niveles de cobertura sumamente bajos, más o menos llega al 26% de manera global. Esa reforma nos llevó a plantearnos la necesidad de un trabajo conjunto de las cuatro las centrales sindicales que existen en Perú, comenzando con la elaboración de un estudio y de una propuesta conjunta. Se ha llegado hasta ese nivel con el respaldo de técnico de la OIT y se ha presentado a las instancias del Congreso de la República, con el apoyo de ISCOD en esta última etapa, lo que ha puesto en la agenda política el tema de la seguridad social integral, con el objeto de incorporar a todos los trabajadores, particularmente a los autoempleados que no tienen esa cobertura en ningún nivel. Por la necesidad que implica de cambios profundos, cambios estructurales, se necesita una adecuada correlación política para que estos se produzcan, por lo que

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se ha trabajado también desde el sector de los auto empleados en otros niveles de avances particulares, sobre todo en el tema de la seguridad social en salud. Se han realizado trabajos específicos dependiendo de las características de los colectivos en el sector de los autoempleados, es decir agrupados en sectores dentro del autoempleo. En la CUT-Perú están organizados por el lado del comercio, que son los ambulantes y los trabajadores de mercados, que representan una federación dentro de la central. También en los servicios donde están y destacan sobre todo la federación de los trabajadores de estibadores terrestres de los mercados mayoristas. Y también en la micro industria. En el comercio hemos avanzado en alianzas con otras organizaciones involucradas en el tema de la salud, con una propuesta de aseguramiento universal en salud. Esto nos ha llevado a participar en lo que se denomina ya el Foro Salud, que ha significado una elaboración de una propuesta de ley y la presentación al Congreso con 100 mil firmas que se necesitan para la iniciativa ciudadana. Eso se está debatiendo y el Gobierno ha respondido también con una propuesta que acaba de aprobar pero que no ha sido muy positiva para nosotros y hay que seguir trabajando en ese terreno. En el caso de los servicios y particularmente en la Federación de Trabajadores Terrestres y Transportistas Manuales del Perú (FETTRAMAP) se ha trabajado en dos temas, uno de seguridad social y otro de salud ocupacional. En ambos casos se ha conseguido la participación directa a nivel del ejecutivo en el Ministerio de Trabajo para hacer en primer lugar los reglamentos de las leyes de se-

guridad social que habían conseguido ya los trabajadores de estiba pero que nunca se reglamentaron, por lo que tampoco nunca entró en vigencia. Ahora se está a la espera de que se publique ese reglamento para que entre en vigencia. Y el otro tema de la seguridad y salud en el trabajo que ahí han participado de manera mucho más concreta partiendo de estudios técnicos, donde hay que reconocer la participación de ISCOD en ese trabajo. Y se ha formulado una propuesta de ley que ha sido consensuada, que ha sido aprobada, incluso en el Congreso de la República de manera consensual también, pero para que entre en vigencia está a la espera porque el reglamento que han elaborado también los propios trabajadores no es hasta aprobado. Entonces nuestra participación como central ahí es básicamente como acompañamiento y participación directa con nuestra afiliada. Lo mismo ha venido a pasar con los trabajadores de la micro industria. Y hablo de trabajadores individuales que no tienen trabajadores en realidad y son ellos mismos sus empleados. Sin embargo hay un manejo muy permanente de parte del empresariado y del gobierno en la utilización de la micro empresa como el sector informal, que es el que afecta todo, entonces no se puede mejorar ninguna condición, porque entonces el sector informal crecería y crecería y ese argumento permanente. Y aprovechan

precisamente para reducir los derechos. Y a la propuesta de ley general de trabajo que nosotros planteábamos para restablecer todos los derechos que habían sido quitados por Fujimori, han respondido desde el gobierno con una ley de mipes, donde se ha ampliado el número de trabajadores para considerarlo mipes, de 10 trabajadores a 100 trabajadores. Ahora una mipe en Perú son las empresas que tienen hasta 100 trabajadores, que han permitido entonces en lugar de resolver el problema de los auto empleados o de la micro empresa, más bien resolver el problema de las medianas empresas con recorte de derechos a los trabajadores. Sin embargo en esta ley mipes se han incorporado temas de seguridad social con aportes no contributivos de parte del estado que recoge ciertamente también una exigencia de la necesidad de la incorporación de los trabajadores auto empleados en este terreno. Entonces nosotros, de manera muy sintética, creemos haber transmitido todo lo que hemos hecho para este sector. Y obviamente son tareas todavía pendientes de un cambio significativo sobre la base de una compresión real del problema y de deslindar clara y tajantemente con todos los paradigmas y todas las terminologías que el modelo ha creado precisamente para excluir y favorecer a las grandes empresas. Gracias.

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Situación en Latinoamérica

Laerte Teixeira Secretario de Políticas Sociales de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)

Es muy estimulante dividir la mesa con Joseba Echevarria, Julio Cesar de la CUT-Perú e Israel Salinas de la CUTHonduras. Desde la década del 90 a nuestras organizaciones, antes CLATE, antes OIT, ahora la CSA, están desde el momento que se agudizó y también se ha hecho la concienciación de que había un proceso de desorganización del mercado de trabajo, que hay encuentros, reflexiones, intercambios, experiencias, observaciones, y que resulta que hay una preocupación que se mezclan en los objetitos de la CSA, que es la promoción y la construcción de un modelo de desarrollo sostenible para las Américas. Y que naturalmente implica en la eliminación del desempleo, del subempleo, de la informalidad y de la precariedad.

También como objetivo la eliminación de la indigencia y de la pobreza. Y el acceso universal de los trabajadores a servicios públicos, educación, salud, agua, avituallamiento y otros. Dentro de ese aspecto total de recuperación de la dignidad de los trabajadores está un capitulo importante de seguimiento de la seguridad social. Con pilar publico, con instrumentos diversos. Y estos instrumentos son técnicos y políticos. Los técnicos son contributivos, no contributivos, solidarios. Y los instrumentos políticos continúan siendo los mismos, nuestra lucha sindical y nuestra lucha política. Esto es nuestra preocupación. El reconocimiento de la resistencia de una economía informal o de un sector diferente de la economía con tantas ca-

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racterizaciones de naturaleza conceptual, ahora hay una preocupación de promover las leyes de defensa, las leyes de reglamentación, las leyes generales, el estatuto de trabajadores autónomos, código de trabajadores, ley especifica. Toda esta preocupación que está a cargo de la secretaria de promociones de políticas sociales de la CSA. Y estos son diferentes conceptos. Y hay también diferencias conceptuales entre el individual, colectivo, el pleno, el semicontratado, los verdaderos, los falsos, la economía informal. Los trabajadores autónomos tienen una amplitud especifica y general que representan un gran desafía. Nuestro desafío más grandes es eliminar el trabajo sin riesgos, sin protección, sin sindicato de representación, sin ley, y un trabajador aun sin identidad. Esta es nuestra preocupación. Dentro de esta preocupación la CSA tiene como principal eje principal la auto reforma sindical, que ahí incluye la preocupación con los jóvenes, con las mujeres, con la formación sindical. Y como un desafío también organizar y sindicalizar los informales, o al menos tener en cada una de nuestras organizaciones afiliadas una sesión, un departamento, una asociación, como se resulta políticamente el mejor camino en términos nacionales. En esto queremos hacer que la economía informal es un proceso de desorganización de la economía. La organización de la economía es una conquista de la sociedad moderna. Estos días de la revolución industrial que vemos, organizando la economía, que yo llamo la burocracia estatal, establecemos mecanismos democráticos. La economía está

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organizada, se paga impuestos, tiene sus reglas etc. La economía informal representa la desorganización de una economía organizada. Esto es muy importante porque en este momento de desorganización hay flexibilizaciones, hay precarizaciones, hay situaciones que confrontan a nuestros trabajadores, es un sistema que tradicionalmente se venía organizando para un sistema que se está desorganizando. Entonces nosotros tenemos que trabajar esta cuestión. En una región como la nuestra que tenemos gobiernos corruptos, en que cada tres presupuestos probablemente uno se perca. En que inició como una economía muy precarizada y sobretodo de extractiva, predatoria, la dificultad de organizar esta economía en nuestros países es más difícil de que en Europa que ve como un proceso de organización creciente. Todo esto representa el desafío de la CSA, afortunadamente tenemos este convenio con ISCOD y UGT, que nos permite realizar este tipo de seminarios, encuentros. Vamos a imprimir una cartilla. Estamos incrementado una página web. Está en funcionamiento el observatorio de América Latina sobre economía informal y trabajo autónomo. Todo eso viene a contribuir para que tengamos un proceso de organización mejor. Y sobretodo ahora, en el momento de la crisis, que es una crisis sistémica. Que es una crisis que creo yo que va a aumentar la precarización, a aumentar el número de trabajador informal, aumentar todo. Porque estamos hablando de un momento en que la situación de desempleo es más grande que en otros momentos. Por eso la crisis no es sólo una crisis del sistema, la crisis del modelo que todos hablamos. Pero específicamente tene-

mos que nombrar esta crisis. Porque es una crisis del capitalismo, es una crisis financiera, es una crisis ambiental, está ahí el cambio climático y otros. Es una crisis alimenticia. No estamos produciendo lo suficiente para toda la población del planeta. Pero eso eleva a otra crisis que es la crisis distributiva. Desde mediados de la década de los 50 del siglo pasado, se aumenta la concentración de rendas, se aumenta el número de millonarios, se aumenta el número de personas que tiene mucho y aumentan las personas que no tienen nada. Entonces es una crisis distributiva. El sistema determinó un proceso redistributivo absolutamente fracasado y un futuro en el que nosotros tenemos que intervenir.

representa el triunfo del procedimiento anti-ético, los escándalos de todo. Y que todo lo que hacemos hoy estamos haciendo para recuperar este modelo. Nuestros gobiernos, todos, invierten, gastan y están aplicando fortunas inimaginables en la recuperación de este modelo. Un dinero, una plata, que serviría para resolver el problema, tal vez, de la mayor parte de los pobres del mundo. Esta es nuestra situación. Estos son nuestros desafíos.

Y hasta es una crisis social. Una crisis que no tenemos si quiera agua potable, no tenemos energía eléctrica, no tenemos todo lo relacionado a saneamiento básico, que es elemental.

Para finalizar, tenía acá alguna cosa para decir más técnicamente sobre la economía informal. Pero voy a decir que hay un disquete que podéis reproducir y que tiene los pensamientos de la CSA en términos de la justificación y abordaje del trabajo en economía informal. Es bastante extenso y completo, y hay también una esquematización sobre trabajo decente que ustedes pueden después pegar a la mesa.

Más es sobretodo creo una crisis moral. Una crisis de principios. Una crisis que

Agradezco a todos e invito a todos a enfrentar con más fuerza este desafío.

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Seguridad Social y Trabajo Autónomo en España Trabajadores autónomos y el Estatuto del Trabajo Autónomo Juan José Barrera Director General de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) Ministerio de Trabajo e Inmigración Muchas gracias Simón. Yo he sido miembro de la UGT, como muchos de los aquí presentes, y hasta era cotizante, lo que pasa que ahora es incompatible mi cargo público con pertenecer a casi todo. Es una incompatibilidad pero también era uno de los cotizantes a la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos, por lo tanto organización vinculada a la UGT. Bueno, la facilidad que tienen las cosas de haber tenido la ocasión de que me han precedido dos personas en la palabra y han dicho gran parte de las cosas que las han dicho muy bien, y además gran parte de las cosas que uno se pueda ahorrar, entonces haré que mi intervención sea corta, espero, y después tengamos ese debate e intercambio de opiniones. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión inicial. Sobretodo porque nos ha llevado

a nosotros al gobierno socialista, entró en el 2004, y ahora ha renovado otra vez la confianza del pueblo español y sigue gobernando a partir del 2008, entramos con un programa importante en muchas materias, pero en una en particular. Que para la izquierda era como raro. Había siempre una distinción de decir bueno, estos son los partidos políticos que son de los trabajadores de mono azul, como decimos en España, es decir, del asalariado. Y no tiene nada que ver con los trabajadores o con los empresarios que se decía por cuenta propia. Y no es así. nosotros teníamos un programa bastante potente que lo hemos llevado a cabo, y hemos tenido la gran fortuna de una legislatura como la anterior muy complicada hasta llegar en el Parlamento a que la propia oposición y la derecha votara a favor, de determinadas leyes muy importantes. Y entre una de ellas el estatuto del trabajo autónomo.

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Pero siguiendo con la reflexión, nosotros consideramos que trabajadores no son solamente los asalariados, sino los trabajadores por cuenta propia. En España antes decía Fernando que el régimen especial de trabajadores autónomos, nomenclatura de RETA, pues hay algo más de 3 millones de personas en España. Claro, el concepto que se tenía de esas 3 millones de personas eran que todos eran empresarias. Pero cuando uno rasca en las estadísticas, observa que de esos 3.200.000, 2.100.000, es decir, una parte muy importante, son personas que se dan de alta en hacienda, donde se pagan los tributos y en seguridad social, y se ponen a trabajar. No tienen ninguna figura jurídica, no están en una sociedad anónima, no están en una sociedad limitada. Se ponen a trabajar. Y se ponen desde fontanero, en la electricidad, hasta en un despacho en una oficina con un ordenador o en cualquier actividad. Y de esos 2.100.000, 1.700.000 largo no tiene ningún asalariado a su cargo. Entonces qué ocurre, que son trabajadores. El concepto trabajador no lo pueden quitar. No son empresarios entendidos tradicionalmente en esa figura del empresario que contrata trabajadores y que por lo tanto no tiene pensamientos de mejoras sociales para él, sino de obligaciones frente a trabajadores asalariados. Nos dimos cuenta de que también son trabajadores. Es más, yo que he tenido la ocasión de patearme todo el estado español y hablar muchas veces en reuniones convocadas por empresarios, cuando hablábamos del estatuto del trabajo autónomo, las preguntas que se dirigían a mi eran “oiga, ¿va a mejorar la protección social de nosotros?”. Y era gente con corbata. “¿va a mejorar mi protección?”, “¿por qué yo no puedo

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tener la misma protección social que el asalariado?”, “¿por qué si mañana cierro el negocio no tengo un mecanismo de protección, como tiene el asalariado con el desempleo?”, “por qué tengo que tener mi negocio artificial con sesenta y tanto años si ya no me puedo mantener y necesito jubilarme con 65, cuando un trabajador asalariado con ciertas condiciones puede llegar a jubilarse anticipadamente”. Bueno, hay una serie de reflexiones que se mezclan y observamos que efectivamente aun siendo el colectivo del trabajador autónomo muy heterogéneo, hay nexos comunes. Y esos nexos comunes nos llevó a elaborar un estatuto del trabajo autónomo. El primero a escala mundial, porque creo que no existe otro en ningún otro país, que hoy por hoy lo tenga. Creo que me decía Sebastián que en América Latina ya están trabajando sobre esa línea, y que en Europa lo estaban viendo, es decir, en la órbita donde nos estamos moviendo “haber dónde llegan los españoles”. Y ahí pues cambia un poco esa teoría que muchas veces se decía en España hace muchos años “para inventar que inventen otros, y nosotros copiamos”. No, aquí ya empezamos a sacar nosotros nuestras propias medidas. Y sacamos este estatuto. ¿Qué contempla este estatuto? No lo voy a explicar entero, lo tenéis. Cuatro elementos fundamentales. Primero reconoce los derechos individuales y colectivos de todos los trabajadores autónomos. Esto es importante, un reconocimiento de derechos. Si ven ustedes es como el estatuto de trabajadores, que se llama así, no de autónomos, en España, que lleva ya 28 años funcionando, y que recoge una carta de derechos individuales y colectivos de los

trabajadores. Bien, segundo elemento que recoge; avanzar en la equiparación del nivel de protección social con el que mayor nivel de protección social tiene en España, que son los asalariados. Bueno, pues avanzar en ese nivel. Tercer elemento importante; una política de fomento del trabajo autónomo. Por qué fomentar el empleo asalariado, que muchas se dice a los empresarios, por qué no también fomentar a ese trabajador individual, a esa actividad emprendedora que luego además genera empleo. Y cuarto elemento fundamental, una figura que la hemos llamado trabajador autónomo económicamente dependiente. Aquel trabajador autónomo que aunque tiene un contrato mercantil con una empresa, casi fundamentalmente sus ingresos depende de esas empresa. Alguien podría decir “hombre, pero eso es un asalariado”. Bueno pues no, hay figuras que en España hemos determinado porque hay en leyes, por ejemplo en el tema del transporte, en el tema del seguro, que tienen relación mercantil. Bueno, pues a esos les hemos querido decir que son un trabajador autónomo con una condición no de tan autónomo, de tan que puede facturar a todo el mundo y que por lo tanto hay que darle una cierta protección mayor al que tienen otros trabajadores. Bien, en este contexto es en el que se aprueba un estatuto, consensuado con las organizaciones de autónomos. Entre una de ellas UCTA. Un estatuto consensuado con los interlocutores sociales, entre ellos la UGT. Un estatuto consensuado en el ámbito del parlamento, votado por unanimidad por todas las fuerzas políticas. Nadie se quiso descolgar de esa historia en el futuro decir “usted no votó para el autónomo”. Nadie,

todos los partidos, derecha e izquierda, todos votaron a favor. Y es un estatuto que no es un punto final. Es el gran cambio del sentido que a partir de aquí hay que aprobar toda una serie de medidas que van avanzando en el desarrollo del estatuto del trabajo autónomo. Algunas de ellas ya se han mencionado aquí. Por hablar del tema de protección social, hoy en día todos los trabajadores autónomos tienen derecho a jubilación. No es que antes no la tuvieran, el derecho a la prestación, pero la tienen reconocida en el propio estatuto. Tienen ahora todos los trabajadores autónomos derecho a que cuando se ponen enfermos, por enfermedad común o tienen un accidente que no es laboral, todos tienen derecho a una prestación. Es verdad de que estas condiciones son todas pagadas con prestaciones. Antes se decía que esto se financia. Porque el sistema de la seguridad social en España es un sistema contributivo. Uno contribuye para tener derecho a una prestación. Sino se contribuye no se tiene derecho a una prestación. Y eso lo que nos lleva que estas dos que son obligatorias, hay otras que son voluntarias. Antes se decía por parte de otros miembros de la mesa de que hay otras que son voluntarias. A mi, yo pienso, y traslado el mensaje a todos que considero que para mejorar el sistema de protección todas las personas obligatoriamente deberíamos de contribuir. Porque además en la obligación de la contribución está la universalidad de un sistema. Y la universalidad de un sistema permite dos cosas, abaratar los costes de un sistema y mejorar el nivel de protección del sistema. Claro, qué ocurre, nosotros tenemos otro tipo de contingencias que no están cubiertas, están hechos de una forma voluntaria.

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Los costes de esas contingencias son mayores y el nivel de protección es menor porque la masa de personas que participan es menor. Y esto nos lleva por ejemplo a un sistema como el que se mencionaba en la mesa. Pretendemos una de las grandes reivindicaciones de los autónomos. Tener derecho a como tienen los asalariados a la prestación por desempleo cuando pierden involuntariamente la actividad. y alguien dice, en el debate que tenemos, “pero cómo se puede reconocer una prestación por desempleo si no hay una contraparte en la relación entre ese trabajador autónomo y otra persona que le obligue a perder el empleo involuntariamente”, como ocurre en la relación asalariada. Y uno se tiene que plantear; para proteger a un trabajador, el elemento central es la relación contractual, o la inasistencia del trabajo después de haber contribuido y no poder seguir trabajando porque no tienes acceso a poder trabajar. Bueno, esto es una filosofía nueva, que nos ha llevado a considerar de que también el autónomo puede tener sino igual el sistema, que lo tienen los asalariados, por diversas razones, no hay una contraparte que rescinde la relación, los costes son excesivos, el sistema tiene mayor recorrido por parte de los desempleados. Al menos tengamos un mínimo de protección en aquellas personas que involuntariamente, por razones propias del mercado, han tenido que cerrar su actividad y tienen derecho a una prestación. Pero claro, ese derecho de la prestación tiene que nacer también no solamente de que se produzcan las condiciones objetivas, a perder esa actividad, es que ahí ya has financiando esa prestación. Y por lo tanto tienes que contribuir. Y aquí tenemos en España un debate, que en gran parte uno de los profesores que tenemos aquí ha participado en él,

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porque es uno de los firmantes o de los elaboradores con otros expertos de un documento que nos va a servir a la administración, a los interlocutores sociales y a las organizaciones de autónomos, y hasta al propio parlamento, pero en concreto al gobierno, para hacer una oferta de un sistema de protección por cese de actividad, que así lo hemos llamado para los autónomos. ¿Y cuál ese tema? Si tiene que ser un sistema universal, contributivo de todos, por lo tanto obligatorio, o si tiene que ser un sistema voluntario como algunos decían. Se decía de que el autónomo tiene una opción de cotizar en España, entre una base mínima y una base máxima de cotización. Y que esa base mínima o esa base máxima normalmente, un 80% de los autónomos opta por cotizar por la minima. Si no cambiamos la mentalidad de los trabajadores de que la prestación va correlacionada con la contribución, y que a más contribución mayor mejora de la prestación, no conseguiremos hacer un sistema como tienen los asalariados. Que es un sistema donde se contribuye en función de los ingresos que se perciben. Y por lo tanto, cuando se da la situación de una incapacidad, de una jubilación o hasta la prestación por desempleo, lo que llamaríamos el salario de sustitución, es decir, la parte de prestación que se daría, tiene una mayor correlación con lo que se ha contribuido. Y eso hay que hacerlo cambiar al autónomo. Porque yo que voy a muchos foros me dicen los autónomos por qué la pensión es baja del autónomo. Porque usted cotiza por la base mínima de cotización, que son 800 euros, por lo tanto su pensión se va a correlacionar sobre 800. ¿Cuánto gana usted. 2000 euros? Cotice usted por 2000 euros, y si usted cotiza por 2000 euros, cuanto usted se

tenga que jubilar tendrá una correlación mayor en relación a los ingresos reales. Es decir, no habrá un santo tan tremendo entre lo que venía ganando ese trabajador a cuando tiene que recibir una prestación, sea la de jubilación, sea la de invalidez o en su futuro una prestación por cese de actividad. Y claro, así se financian los sistemas por otra parte. Si hay menos contribución, hay menos prestación. Si contribuye una masa menor y solamente contribuye la de mayor riesgo, por ejemplo la prestación por cese de actividad que hablo, evidentemente ante una contingencia con mayores posibilidades de caer esos trabajadores en desempleo, los costes son mayores, por lo tanto la contribución es mayor.

creo que nosotros hemos dado un gran giro y nos queda mucho por recorrer. Pero yo creo que sobretodo ha habido un elemento fundamental, ha habido un cambio de mentalidad en España al considerar al trabajador autónomo. No solamente considerarlo como un empresario, sino como un trabajador. Y la gran parte, como daba los datos antes, son trabajadores individuales. Que hoy son autónomos, y mañana pueden ser asalariados, o al revés. Y a veces hasta se da la pluriactividad. Se es trabajador asalariado y después realizas una actividades por cuenta propia. Todo eso, toda esa reflexión nosotros la hemos en España, hemos trabajado sobre ella, y ahora queremos también exportar nuestra experiencia en lo positivo que tenga.

Bueno, esto es un poco el debate en el que estamos en España. Concluyo. Yo

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Economía Informal y regularización

Sebastián Reyna Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT)

Agradezco la oportunidad de hacer un comentario general sobre lo que consideramos o cómo vemos desde la perspectiva de la experiencia desde la Unión General de Trabajadores (UGT) la realidad de la economía informal, no solamente en América Latina y el Caribe, sino en todo el ámbito internacional. Y hablar de cuál debe de ser el proceso de regularización de esa economía que no ha emergido. Por otra parte, también tener la oportunidad de mostrar lo que ha sido la experiencia organizativa de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), que es posiblemente la experiencia más consolidada de organización del trabajo autónomo, o independiente, del trabajo auto empleado, del trabajo no asalariado, según sea en cada país la normativa o de la cultura de denominación. O como tam-

bién es conocido este colectivo en muchos países, los “cuenta propias”. Yo quería vincular mi intervención desde la perspectiva organizativa. Es decir, yo creo que si tenemos un modelo de protección social del trabajo autónomo de España adecuado, en gran parte precisamente proviene de que hemos tenido una estructura asociativa capaz de conseguir ese modelo de protección social. En ese sentido no sabemos muy bien si primero se crea la necesidad y luego la organización, o primero la organización y después la necesidad. En este caso es evidente que la necesidad existía, pero que la existencia de la organización es lo que ha permitido avanzar en que se cubra esa necesidad. Y por lo tanto mi llamada fundamentalmente y mi tema hoy en particular pues es el de la llamada a la organización.

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El sistema de la Seguridad Social se convierte en un referente básico de regularización. Partimos de la base de la existencia, en algunos países de América Latina de más de un 40 o 50%, bien en términos de población activa, bien en términos de PIB, que están dentro de lo que llamamos economía de supervivencia. Una economía no regularizada. Estoy de acuerdo con algunas de las reflexiones existentes sobre la utilización o no adecuada del concepto de informalidad, o del concepto de informal. Porque evidentemente es un término que probablemente no aclara absolutamente el concepto. En todo caso yo tampoco utilizaría en el momento actual el concepto que conocimos en nuestro país que era el de economía sumergida. Entiendo que el concepto de economía sumergida nos lleva más a un análisis de fraude, y por lo tanto es una terminología más apropiada desde la perspectiva de la empresa contratadora, es decir, de la empresa que no regula la situación de sus trabajadores, y por lo tanto que está haciendo un fraude de ley a las normativas tanto fiscales como laborales de los países o de los Estados. El término de economía informal nos acerca más a lo que podríamos llamar una economía de supervivencia. Es decir, aquella economía inevitable que se tiene que desarrollar para mantener la supervivencia de determinadas poblaciones. Y en la que no existe formalmente una voluntariedad de fraude a la hora de ejercer esa economía, sino simplemente es la necesidad la que obliga. Y en ese sector de la supervivencia, en ese sector de la necesidad, es donde se encuentra lo que podríamos llamar el colectivo al que nosotros nos vamos a dirigir.

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Es ese el colectivo que ejerce una actividad económica por cuenta propia, pero que esa no es una actividad que sea regularizada en términos fiscales y de acuerdo con la normativa de protección social que haya en cada uno de esos países. Y por lo tanto el proceso de regularización no es un proceso que venga dado por la obligatoriedad de un empresario de cumplir las normas legales, sino que es una regularización que viene dada por la propia voluntad: por una parte, de la persona para regularizar su situación de acuerdo a las normas; pero también, por otra parte, con una incentivación por parte del Estado para que esa regularización se pueda llegar a producir. Es decir, lo que llamaríamos pasar de una economía no regularizada o informal a una economía independiente, una economía de trabajadores independientes, de trabajadores por cuenta propia. Hoy, en la mayoría de los trabajadores de América Latina y el Caribe, esta realidad de trabajo autónomo no regular es una actividad muy centrada fundamentalmente en la venta en la calle, lo que en España llamamos el comercio ambulante. Y por otra parte también muy generalizada en lo que llamaríamos la actividad a domicilio. Es decir, actividades que se desarrollan en el propio domicilio, bien sean manufactureras, bien sean de comercialización, pero que se hacen desde el domicilio particular sin ningún tipo de normativa de aplicación regular. Todo este ámbito de una economía de supervivencia, evidentemente, tiene que tener un proceso de emerger en la economía real. No se trata de una economía paralela, es una economía que tiene que emerger en el conjunto de la economía general del país. Pero que tiene que ser incentivada por parte del Estado.

Lo primero que habría que indicar es que es imposible un proceso de regularización razonable sin un esfuerzo público y un ideario público dirigido a ese objetivo. Por mucho esfuerzo que hagamos desde las organizaciones sindicales, por mucho esfuerzo que se haga desde organizaciones mutualistas que se han constituido, por mucho esfuerzo que hagamos desde la sociedad civil, da la impresión de que es imposible sin una clara apuesta de los Estados. Y por lo tanto en ese sentido tan importante es el papel de los sindicatos como de las administraciones públicas, de los cuerpos de inspección, de los cuerpos que han desarrollado esas funciones. Para explicar brevemente lo que ha sido la experiencia española comenzaría indicando que cuando en los años 60 y 70 teníamos un alto nivel de actividad que llamábamos economía sumergida, en el sistema de régimen de autónomos se ideó la puesta en marcha de dos vías que fueron claves para que hoy tengamos tres millones y medio de autónomos en España. Fue por una parte que lo que se vino a crear es la figura del monotributo. De un monotributo de fácil gestión administrativa, de poco valor contributivo, de poca aportación, y con un nivel bajo de prestación al cambio pero suficiente como para que fuera incentivador del pago. Se ideó así un sistema fiscal para cubrir las obligaciones con Hacienda con un solo pago y unas cantidades módicas, que es lo que denominábamos entonces y seguimos denominando el “módulo objetivo”, sobre el cual se pagan los impuestos genéricos. Los dos impuestos básicos de España, que es el impuesto de la renta y el impuesto del IVA, van unidos en un solo

pago de carácter trimestral que marca el Estado de acuerdo a unos criterios objetivos. El Estado analiza y dice de una pequeña cafetería o un pequeño restaurante que tenga 50 m2 y que tenga tanto gasto de luz y que tenga un trabajador, pues paga un módulo de una cantidad sobre la cual se cumplen todas las obligaciones tributarias por parte del interesado, en conjunto. Y además con una gestión administrativa mínima. Es decir, es un solo pago que no exige ni una contabilidad compleja ni una regulación contable compleja. Al mismo tiempo se pone en marcha un sistema de cobertura de Seguridad Social, de cumplimiento de la obligación y al mismo tiempo de cobertura, por el cual se articula un sistema que llamamos de base mínima. Es decir, el Estado marca una base mínima para todo trabajador autónomo. Sobre esa base mínima se contribuye, prácticamente en el origen del proceso el 100% de todas aquellas personas que se regularizan pagan sobre esa base mínima, con independencia de los ingresos reales que tengan. Y de alguna forma se articula un sistema que con un solo pago fiscal y un solo pago en el sistema de Seguridad Social el autónomo prácticamente tiene cubierta todas sus obligaciones para con la Administración Pública. Este es muy resumidamente el sistema que se articula en España, que también se articula en parte en Italia, con otros modelos. Y que en algunos de otros países se está estudiando esa fórmula pero incluso con la forma de incorporar el pago a Seguridad Social en el propio pago fiscal. Es decir, en lugar de hacer dos pagos, uno por protección social, otro por contribución fiscal, se hace en un solo pago fijo.

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Nosotros entendemos que esta es la única fórmula posible para empezar a normalizar determinadas situaciones en los países donde hay un nivel alto de economía informal. Pero evidentemente, para que esto avance necesitamos crear un incentivo. Ese incentivo tiene que ser que a cambio de esa cantidad tan módica, el Estado tiene que hacer el esfuerzo de ofrecer un incentivo de prestación superior a lo que puede aportar esa aportación en carácter contributivo. Es decir, inevitablemente si partimos de la base que con un monotributo muy pequeño el autónomo que va a regularizar su situación prácticamente no va a recibir ni sanidad siquiera, no hablemos de prevención de riesgos laborales, ni siquiera de desempleo, sino que no va a recibir ni siquiera una cobertura sanitaria, evidentemente el monotributo no va a funcionar. Por lo tanto hay que partir de la base de que tiene que haber un pago muy módico que permita un proceso regulatorio, y una identificación estadística para saber de qué sector estamos hablando, de qué personas estamos hablando. Es decir, es tan importante o más el pago del monotributo como registro que como contribución. Fundamentalmente como registro para ser el colectivo en el que estamos actuando. Y a cambio de ello el Estado tiene que buscar un incentivo dando un mínimo de coberturas como respuesta a ese esfuerzo. Aunque ese nivel de respuesta, ese incentivo sea superior en coste a la aportación. A partir de aquí, una vez normalizada esta situación, una vez que vamos creando un colectivo concreto es donde cabe la respuesta organizativa. Es donde nuestras Confederaciones tienen

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que estar preparadas para articular la fórmula, promoverla, conseguir que el Estado la incentive, y a cambio de eso organizar al colectivo. Porque posteriormente puede haber dos discusiones organizativas: Una, que estos colectivos nuevos estén articulados a través de nuestras confederaciones sindicales. Dos, que creen movimientos propios, que podrían resultar incontrolables. Tres, que se consideren en su proceso de evolución empresarios y por lo tanto de alguna forma articulen su actividad al mundo de las Cámaras de Comercio o al mundo de las patronales. Evidentemente lo último no sería tan malo si realmente detrás de ese autónomo hay una verdadera unidad empresarial. Pero habría que evitar la fórmula intermedia de que se busquen articulaciones independientes porque eso puede producir nacimientos de movimientos sociales no controlables y fácilmente controlables por los poderes políticos determinados. Por lo tanto en ese sentido yo entiendo que tiene que haber un gran esfuerzo de que las confederaciones sindicales en América Latina den respuesta a ese colectivo que vaya regularizándose a través de este sistema. Pero sin confundirnos. Se entiende que no se puede organizar a esos nuevos trabajadores independientes solamente como secciones de gremios o como secciones de sectores. Hay que crear estructuras organizativas propias que respondan a lo que le es común al conjunto. Es decir, hay más diferencia de un comerciante indepen-

diente a un trabajador de una gran superficie comercial, que de un comerciante independiente a un transportista independiente. Es decir, un transportista independiente o un comerciante independiente tienen más puntos de conexión en sus necesidades que el que tiene un comerciante independiente con un trabajador de una gran superficie. Por lo tanto si ese comerciante independiente lo articulamos con los trabajadores de grandes superficies no vamos a solucionar el problema, tenemos que unirlos a sus colectivos.

Este fue el origen de la experiencia de crear una organización intersectorial de trabajadores autónomos como UPTA, pero articulada a través de un vínculo político de identidad con una organización sindical tan importante como la Unión General de Trabajadores - UGT. Una vez conocida esta experiencia y en la línea de la declaración de Córdoba, que gran parte de las organizaciones sindicales iberoamericanas firmaron y apoyaron, sería el proceso en que deberíamos avanzar en el ámbito de América Latina y el Caribe.

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Estrategias Sindicales Iberoamericanas en Seguridad Social para AmĂŠrica Latina

DECLARACIÓN FINAL Escuela Julián Besteiro. Madrid, España, 31 marzo 2009

Reunidos en Madrid, en la Escuela Julián Besteiro, los días 30 y 31 de Marzo de 2009 en el XII Encuentro Latinoamericano sobre “Trabajo y Seguridad Social” organizado por ISCOD-UGT-CSA, representantes sindicales de 28 organizaciones nacionales de 17 países de América Latina-Caribe (ALC), junto a la Union General de Trabajadores (UGT) de España y otros invitados especiales. Tomando como base los trabajos realizados recientemente en Lima, Perú (1620 marzo), en el marco del Taller Regional “Fortalecimiento de Redes Sindicales en materia de Protección Social en América Latina”, organizado por el proyecto SSOS (Seguridad Social para Organizaciones Sindicales) de la OIT, con la cooperación del Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en los que han participado buena parte de las Organizaciones aquí presentes.

Teniendo en cuenta, con relación a los/as trabajadores/as autónomos, los productos generados por ISCOD-UGT y el sindicalismo latinoamericano a través de la Plataforma Sindical Continental de las Trabajadoras/es Autónomos para la Seguridad Social (Lima, Perú, junio 2008), dentro del marco del Proyecto ASEI (Acción Sindical para la Organización y Protección de los Trabajadores de la Economía Informal), cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); el documento “Experiencias Sindicales sobre Seguridad Social y Economía Informal en ALC”, y el SINDLAB (Laboratorio Sindical Iberoamericano de Trabajo Autónomo y Economia Informal), estos dos últimos presentados en el Encuentro. Recordando las conclusiones del Encuentro ISCOD-UGT y ORIT sobre “Migración y Desarrollo”, de Mayo de 2005

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Considerando, en la misma temática, otros antecedentes provenientes de la experiencia española: la acción de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA). Valorizando la experiencia de EUROSOCIAL sobre Pacto Fiscal. Hemos llegado a las siguientes Conclusiones: I. Diagnóstico de Situación: 1. El panorama estructural económico y sociolaboral en ALC en materia sociolaboral se caracteriza, en la mayoría de los países por: - Un crecimiento económico con bajos niveles de productividad y tecnología, con un atraso endémico del sector agrícola, y una muy inequitativa distribución de la renta (con los peores indicadores a nivel mundial). - Muy altos índices de informalización laboral, tanto entre los trabajadores/as dependientes como entre los trabajadores/as autónomos, junto a extendidos procesos de desempleo, subempleo, tercerización y pobreza. La vulnerabilidad laboral es especialmente alta entre las mujeres, los jóvenes, la población migrante, y los trabajadores/as del campo. - Una debilidad Institucional y de políticas públicas en Protección Social y en Salud y Seguridad en el Trabajo. - Limitaciones, e incluso eliminación, del ejercicio de la libertad sindical, incluyendo la persecución de dirigentes sindicales y hasta su asesinato (en Guatemala y Colombia); insuficiente

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desarrollo de la negociación colectiva y escasa utilización del tripartismo y el diálogo social como instrumentos de legitimación social. 2. En el campo de la Protección Social, se encuentran escasos niveles efectivos de cobertura, representando apenas el 25% de la población, fundamentalmente como resultado de la alta informalidad. A ello se agregan los efectos del desempleo sobre la densidad de cotización y los problemas complementarios ocasionados por la rotación laboral, como producto de las políticas de flexibilización. Se observa también: - Limitada capacidad de recaudación, control y sanción de las administraciones, generándose altos porcentajes de evasión y percepción de impunidad. - Ausencia de sistemas fiscales progresivos. - Escaso nivel de ratificación y aplicación de las normas internacionales en esta materia, como el Convenio 102 de OIT. 3. La falta de acceso a la Seguridad Social fuerza a gran parte de los/as adultos/as a seguir trabajando hasta edades muy avanzadas, y condena a la marginación y a la pobreza a aquellos/as que por incapacidad física no pueden hacerlo. Las malas condiciones de trabajo y de vida de importantes segmentos de la población, provocan el deterioro y el desgaste de los/as trabajadores/as en forma prematura, adelantando las necesidades de cobertura. La carencia de políticas de Salud y Seguridad en el Trabajo, o las dificultades de acceso a servicios preventivos de salud durante la vida laboral; así como la existencia de subempleo y exceso de jornadas, va en

detrimento de la integridad física, en general para el caso de la mujer y, en particular, para los trabajadores agrarios. 4. La actual crisis está afectando a la Proteccion Social en general, y la Seguridad Social en particular (en todos los sistemas), introduciendo un conjunto de fenómenos negativos adicionales: menor recaudación por menor afiliación, mayor morosidad, mayores abusos de los empleadores y menor tasa de sustitución. También se observa la elusión, es decir, la subvaloración de los aportes. 5. La crisis también ha puesto en evidencia, de manera definitiva, las grandes carencias de los regímenes de capitalización individual operados por fondos privados de pensión, que se han expandido en los últimos veinte años en ALC como parte de las reformas neoliberales, afectando a las pensiones, salud y riesgos profesionales. También están presentes en algunos de los países recientemente incorporados a la Unión Europea, quedando igualmente afectados. Tales regímenes tienen en su interior un conflicto entre el principio de rentabilidad que persiguen, con eje en altas comisiones y colocaciones riesgosas en el negocio bursátil, y la promesa de cobertura ante la contingencia social, no habiendo establecido mecanismos suficientes que garanticen la seguridad de los fondos previsionales. 6. Las pérdidas de ahorro de los trabajadores cotizantes de los fondos de pensiones en ALC –según expuso el experto Carmelo Mesa Lago en el presente Encuentro-, representan entre el 25 y el 45% en Argentina, Brasil, México y Chile. Las pérdidas son también de al menos 20% en los países europeos. En para-

lelo, los administradores no han visto afectadas mayormente sus ganancias. El comportamiento de los fondos privados de pensión ha sido uno de los factores generadores de la crisis, al haber colaborado con la sobre-expansión del negocio financiero. 7. La crisis en los países industrializados ocasiona problemas adicionales para la Protección Social en América Latina-Caribe, al generar un flujo de migracíon de retorno, que presionará sobre las necesidades de tales políticas en los países de origen. En igual sentido juega la reducción de remesas de inmigrantes, en cuanto a la menor capacidad de recursos de quienes permanecen en el país de destino, frecuentemente afectados por la crisis en mayor medida que los nativos, por su mayor fragilidad. 8. En América Latina-Caribe, la crisis ha iniciado o fortalecido un proceso de reacciones nacionales en la Protección y Seguridad Social, centrado en la recuperación y ampliación del papel del Estado en las políticas públicas. Este es el caso de las reeformas chilena y argentina. En la mayor parte de los países que cuentan con fondos privados se desarrolla actualmente un debate público y se elaboran nuevas propuestas, como es el caso de Bolivia y Perú. II. Propuestas 9. Ni la salud, ni las pensiones son una mercancía, por lo que rechazamos el modelo mercantilista de fondos privados de Seguridad Social y nos ratificamos en la defensa del sistema de reparto. Este sistema es superior a aquel durante la crisis, otorgando un margen de ma-

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niobra superior a su resolución. Pero nuestra defensa es por una razón superior: permite avanzar hacia la Seguridad Social como derecho humano fundamental, lo que es violado en su esencia por los fondos privados. El Estado debe ser garante, gestor y administrador de los Sistemas de Seguridad Social, desarrollando las políticas de Protección Social, que los complementen, garantizando una adecuada participación de los trabajadores. En tal sentido, reafirmamos el contenido de la Plataforma Laboral de las Américas (PLA), acordada por el sindicalismo de la región, y que fuera presentada ante la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, noviembre 2005). En esta PLA se llama a participar en la construcción de un modelo de Seguridad Social integral, solidario, redistributivo, universal y con la responsabilidad del Estado que equilibre la sociedad con las garantías de protección a todas las trabajadoras y los trabajadores con independencia de la forma de inserción laboral o de su localización geográfica, así como del origen nacional y que siente las bases del modelo de sociedad que todos nos merecemos. 10. Defendemos el Convenio 102, en tanto norma mínima de Seguridad Social, es el referente normativo internacional, al establecer criterios y reglas claras para la cobertura de las nueve contingencias de la Seguridad Social: Asistencia Médica, Enfermedad, Desempleo, Vejez, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Asignaciones Familiares, Maternidad, Invalidez y Viudez. También ratificamos la plena vigencia de la Resolución de la 89° Conferencia de 2001, relativa a la Seguridad Social.

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11. En ALC, además de diversos problemas a resolver en términos de calidad de prestaciones y la propia gestión del Sistema, el problema estructural que urge enfrentar es la ampliación de la cobertura de pensiones y de salud para el gran número de trabajadores no registrados. En primer lugar, se necesita modificar la situación referida al no registro de relaciones de dependencia, habitualmente denominado empleo precario, en empresas formales, incluyendo aquellas simuladas como autónomas en relaciones tercerizadas. Las instituciones públicas y las organizaciones sindicales deben ejecutar procesos de fiscalización para detectar la evasión en las aportaciones, aplicar sanciones y recuperar los recursos provisionales, planteando acciones penales en contra de los empleadores por el delito de fraude de recursos públicos. Junto a ello, el segundo y mayor problema que se presenta en la región es el no registro de los/as trabajadores/as autónomos (también denominados independientes, autoempleados, autogenerados, cuentapropistas, no dependientes, no asalariados o trabajadores de la economía informal) que debe encararse mediante regímenes contributivos y no contributivos adecuados a sus particularidades e ingresos, integrado en un sistema solidario que garantice una cobertura mínima. Ello requiere políticas fiscales que graven fundamentalmente las ganancias y el patrimonio, con énfasis en los capitales financieros de carácter rentista y especulativo, reduciendo el peso de los impuestos indirectos sobre el consumo, en especial el de bienes y servicios básicos.

12. La extensión de la cobertura de la Seguridad Social tiene, además, como consecuencia, un impacto positivo en la afiliación de los trabajadores a las estructuras sindicales. En España, UPTA ha demostrado las posibilidades que tiene el diseño de una estrategia integral hacia los trabajadores autónomos, incluyendo los económicamente dependientes, enlazando la acción sindical con la cobertura de la Seguridad Social, mediante la promoción de legislación adecuada, como la LETA. 13. El fenómeno de repatriación de inmigrantes ubica en toda su magnitud la importancia del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, para invalidez, vejez y supervivencia. Un convenio similar ya vigente (desde 2005) en el Mercosur, facilitará avances en su aplicación. Estos son instrumentos imprescindibles, para poder totalizar los años de trabajo de cada ciudadano, con independencia de su residencia, evitando la pérdida de derechos. Las centrales sindicales de Iberoamérica se comprometen a trabajar para que sus países ratifiquen el Convenio Iberoamericano, de forma que entre en vigencia a partir de 2010. Asímismo, es imprescindible que desde el convenio se creen ámbitos de participación social y se potencien sus posibilidades en materia de representación sindical, que se proyectaría hacia ALC. Al respecto, el enfoque sobre codesarrollo presentado por ISCOD en el citado Encuentro sobre “Migración y Desarrollo” de 2005 mantiene toda su vigencia. Así mismo, el reciente desarrollo de la Ley de Extranjería española, garantizará el derecho a la sindicalización de los tra-

bajadores inmigrantes, aún en situación irregular, atendiendo las Normas Internacional de Trabajo de OIT. 14. De acuerdo al diagnóstico que señala la vulnerabilidad laboral, especialmente alta entre las mujeres y los jóvenes, resaltamos la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan su protección y desarrollo. En particular, respecto de la igualdad de género, se requieren indicadores socioeconómicos que permitan conocer la dirección y magnitud de los impactos negativos sobre las inequidades. 15. La participación social es fundamental en la gestión de la crisis, por lo tanto debemos reclamar que, previamente a la toma de cualquier resolución estatal en materia de Seguridad Social, deban ser consultados los actores sociales. Asimismo, es imprescindible que los Estados introduzcan la educación en Protección Social, ya que existe un alto desconocimiento sobre los sistemas en cuanto a sus modalidades y oportunidades, por parte de los cotizantes y ciudadanos en general. 16. Ante la crisis, además de medidas activas de creación de empleo, como el estímulo a las Pymes, también son necesarias otras políticas de Seguridad Social en el campo del desempleo, vía prestaciones e Impulso de programas de capacitación profesional, con el fin de reinsertar a los desempleados en el mercado de trabajo. 17. La defensa de los derechos colectivos de libertad sindical, huelga y negociación colectiva, en tanto cuestiones de “ser o no ser” para el movimiento sindical, se mantiene y refuerza durante la crisis. La negociación colectiva puede

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ser una vía de decisiones consensuadas entre empresarios y trabajadores, en la coyuntura de crisis, preservando el equilibrio entre las partes. 18. Hacemos un llamado a los países desarrollados a respetar sus compromisos de cooperación y a mantener o incluso ampliar los recursos destinados a la ayuda al desarrollo, no utilizando la crisis como un motivo de recorte. 19. Acordamos que las Organizaciones Sindicales solicitarán a la organización de la III Cumbre Iberoamericana de Interlocutores Sociales, a realizarse en

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septiembre de 2009 en Portugal, la inclusión de la Seguridad Social dentro de la agenda. 20. Consideramos que el tema del próximo Encuentro ISCOD-UGT-CSA , con el apoyo de EUROSOCIAL, podría referirse a la necesidad de una “nueva fiscalidad” como puente con los contenidos y conclusiones de esta reunión y, en general, para avanzar en la estrategia de CSA por una redistribución del ingreso, asignatura pendiente en ALC.

En Madrid, el 31 de marzo de 2009

Suscriben esta Declaración las siguientes Instituciones

Argentina: • Central de los Trabajadores de Argentina (CTA): Rubén Garrido y Jorge Acedo. Bolivia: • Central Obrera Boliviana (COB): Ramiro Condori. Brasil: • Central Única de Trabajadores (CUT): Severo Quintino. • Forca Sindical: Ortelio Palacio. • Unión General de Trabajadores (UGT): José Francisco de Jesús Pantoja. Colombia: • Confederación General del Trabajo (CGT): William Millán. • Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC): Apecides Alviz; CUT, Alfonso Velásquez. Costa Rica: • Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN): Tyrone Esna. Chile: • Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT): José Manuel Díaz.

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• Unión Nacional de Trabajadores (UNT): Diego Olivares. Ecuador: • Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL): Jaime Arciniega. El Salvador: • Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS): Francisco Quijano. • Central de Trabajadores Democráticos de El Salvador (CTD): Rudy Nelson Castellano. Guatemala: • Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG): José Pinzón. • Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG): Noé Ramírez. Honduras: • Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH): Mauro González. • Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH): Israel Salinas. México: • Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC): José del Valle. • Confederación de Trabajadores de México (CTM): Salvador Medina. • Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Félix Perusquia. Nicaragua: • Frente Nacional de Trabajadores (FNT): José Antonio Zepeda. Panamá: • Convergencia Sindical: Kaira Reece. Paragüay: • (Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A): Bernardo Rojas.

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Perú: • Confederación General del Trabajo de Peru (CGTP): Auris Melgar Olmedo. • Central Unitaria de Trabajadores de Peru (CUT): Julio César Bazán. Uruguay: • Plenario Intersindical de Trabajadores –Confederación Nacional del Trabajo (PIT-CNT): Marcelo Abdala y Ariel Ferrari. Venezuela: • Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV): Manuel Cova. • Confederación Sindical de las Américas (CSA): Víctor Báez y Laerte Teixeira. • Unión General de Trabajadores de España (UGT): Manuel Bonmati, José Manzanares, Joseba Etxebarria y Sebastián Reyna. • Comisiones Obreras de España (CCOO): Javier Doz, Carlos Bravo y Marisol Pardo. XII Encuentro Internacional ISCOD-UGT-CSA. “Trabajo y Seguridad Social en América Latina”.

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Listado de Participantes

LISTADO DE PARTICIPANTES • Marcelo Pablo Abdala Ponciano - Plenario Intersindical de Trabajadores - Confederación Nacional del Trabajo (PIT-CNT) - Uruguay. • Jorge Gerardo Acedo - Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) - Argentina. • Silvia Aladro - Federación de Comercio, Hotelería - Turismo y Juego (CHTJ-UGT) España. • Xenia Alekseeva - Fundación Friedrich Ebert - España. • Dalila Del Carmen Alemán - Central Sandinista de Trabajadores (CST) - Nicaragua. • Apecides Alviz Fernández - Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) Colombia. • Mª Jesús Aranda - Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación - España. • Jaime Arciniega Aguirre - Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) - Ecuador. • Almudena Asenjo - Fundación Largo Caballero UGT - España. • Olmedo Auris Melgar - Confederación General del Trabajo de Peru (CGTP) - Perú. • Víctor Báez - Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) Brasil. • Vanesa Barco - Federación de Comercio, Hotelería, Turismo y Juego (CHTJ-UGT) España. • Margarita Bárez - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD Baleares) España. • Juan José Barrera - Director General de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Ministerio de Trabajo e Inmigración España. • Julio César Bazán - Central Unitaria de Trabajadores de Peru (CUT) - Perú. • Marta Bona - Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT) España. • Manuel Bonmati - Secretario Confederal de Política Internacional (UGT) - España. • Miguel Ángel Bordoy - Unión General de Trabajadores de Baleares (UGT BALEARES) España. • Gerardo Borrachero - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) España. • Carlos Bravo - Comisiones Obreras (CC.OO) - España. • Rudy Nelson Castellano - Central de Trabajadores Democráticos de El Salvador (CTD) El Salvador • Kasisa Charif - UGTSARIO. • Ramiro Condori MENA - Central Obrera Boliviana (COB) - Bolivia. • Manuel Cova Fermín - Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) - Venezuela.

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• Laureano Cuerdo - Comisiones Obreras (CC.OO) - España. • José Francisco De Jesús Pantoja - União Geral dos Trabalhadores (UGT) do Brasil Brasil. • Enrique Del Olmo - Secretaria de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación - España. • José del Valle Pérez - Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) - México. • José Manuel Díaz Zavala - Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) - Chile. • Lisardo Domínguez - Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT) España. • Javier Doz - Comisiones Obreras (CC.OO.) - España. • Tyrone Esna - Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) - Costa Rica. • Joseba Etxebarría - Secretaría Confederal de Política Internacional (UGT) - España. • Antonio Fernández Poyato - Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAPP) - España. • Ariel Ferrari - Plenario Intersindical de Trabajadores. Confederación Nacional del Trabajo (PIT-CNT) - Uruguay. • Fidel Ferreras - Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración - España. • Enrique Flores - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) - España. • Jaime Frades - Comisión Ejecutiva Confederal. Unión General de Trabajadores (UGTCEC) - España. • César García - Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT) España. • Jesús García - Centro Internacional de Formación de Turín. Organización Internacional del Trabajo (OIT) - España. • Rubén Garrido - Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) - Argentina. • Julio Gómez Díaz - Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración - España. • Mauro Francisco Gonzáles - Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) Honduras. • Almudena González - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) España. • Pedro González Padilla - Instituto de Formación y Estudios Sindicales (IFES) España. • Octavio Granados - Secretario de Estado de Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración - España. • Florencio Gudiño - Oficina de Coordinación de EUROSOCIAL - España. • Elena Hidalgo - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) - España. • Juan Hunt - Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Madrid España.

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• Carlos Iribarren - Fundación Friedrich Ebert - España. • Francisco Jacob Sánchez - Vicesecretario General de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) - España. • Mila Lacanal - Secretaría Confederal de Política Internacional UGT - España. • Antonio López - Secretaría Confederal de Política Internacional UGT - España. • Pilar López Rioboo - Instituto Sindical de la Marina. Ministerio de Trabajo e Inmigración España. • Marta Manrique - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) - España. • José Manzanares Núñez - Director del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) - España. • Fernando Martínez López - Unión General de Trabajadores de España- La Rioja (UGT La Rioja) - España. • José Ricardo Martínez - Secretario General-Unión General de Trabajadores de España-Madrid (UGT Madrid) - España. • Enrique Martín-Serrano - Comisiones Obreras (CC.OO.) - España. • Salvador Medina Torres - Confederación de Trabajadores de México (CTM) - México. • Cándido Méndez - Secretario General de la Unión General de Trabajadores de España (UGT) - España. • Juan Mendoza - Director de la Escuela Julián Besteiro (UGT) - España. • Manuel Merayo - Secretaría Confederal de Política Internacional UGT - España. • Carmelo Mesa-Lago - Catedrático Distinguido Emérito de Economía-Universidad de Pittsburg - España. • Willian Millan Monsalve - Confederación General del Trabajo (CGT) - Colombia. • Luis Miguel Monje - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-Perú) España. • Joaquina Moreno - Fundación Friedrich Ebert - España. • Francisco Obrador - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) España. • Diego Olivares - Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) - Chile. • Álvaro Orsatti - Confederación Sindical de las Américas (CSA) - Brasil. • Luis Osorio - Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT) España. • Ortelio Palacio Cuesta - Força Sindical - Brasil. • Marisol Pardo - Comisiones Obreras (CC.OO.) - España. • Jesús Pérez - Secretario Confederal de Empleo y Protección Social UGT - España. • Félix Perusquia Castillo - Unión Nacional de Trabajadores (UNT) - México. • José E. Pinzón Salazar - Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) Guatemala. • Francisco Arturo Quijano Clara - Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS) - El Salvador.

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• Severo Quintino Marqués - Central Única de Trabajadores (CUT) - Brasil. • Noe Antonio Ramírez Portela - Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) - Guatemala. • Kaira Rosaura Reece Bernal - Convergencia Sindical - Panamá. • Sebastián Reyna - Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT) - España. • Aida Rodríguez - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) - España. • Soraya Rodríguez - Secretaria de Estado de Cooperación. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación - España. • Nicolás Rodríguez - Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT) España. • Bernardo Rojas Da Costa - Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) Paraguay. • Isidoro Romero - Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT) Andalucía España. • Santos Ruesga - Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid - España. • Israel Salinas - Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) Honduras. • José Sánchez Cuenca - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-Madrid) España. • Marta Seara - Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT) - España. • Sebastián Serena Expósito - Federación Agroalimentaria UGT - España. • Manuel Simón - Ex-Director ACTRAV OIT / Colaborador ISCOD-UGT - España. • Jaume Soler - Fundación Comaposada - España. • Laerte Teixeira - Confederación Sindical de las Américas (CSA) - Brasil • Ciro Tovar - Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) - Venezuela • Javier Urbina - Federación de Metal, Construcción y Afines MCA-UGT - España • Fernando Valdés Dal-Ré - Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad Complutense - España • Enrique Valero Martín - TSEWIN Sistemas - España • Alfonso Velázquez Rico - Central Unitaria de Trabajadores (CUT) - Colombia • Reyes Velilla - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) - España • Asunción Villalba - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo-Cantabria - España. • Lothar Witte - Director en España de la Fundación Friedrich Ebert - España • Ángeles Yáñez - Directora de la División de Asuntos Sociales de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación - España. • José Antonio Zepeda López - Frente Nacional de Trabajadores (FNT) - Nicaragua.

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Programa del Encuentro

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PRESENTACIÓN El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) de la Unión General de Trabajadores (UGT), conjuntamente con la Confederación Sindical de las Américas (CSA), vienen organizando, desde los años 90, diferentes Encuentros de reflexión e intercambio de experiencias sindicales en diferentes temas de interés mutuo: Mujer y Sindicato, Juventud y Empleo, Multinacionales Españolas en América Latina y RSE, Migración y Desarrollo, Economía Informal, entre otros. Ahora, con este XII Encuentro sobre “Trabajo y Seguridad Social en América Latina”, se pretende activar la “agenda sindical” sobre este tema, aprovechando las sinergias de las Intervenciones y Actuaciones de Cooperación Sindical al Desarrollo que ISCOD mantiene con la CSA y sus afiliadas en América Latina y Caribe, financiadas principalmente por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y por diferentes CC.AA. y Ayuntamientos españoles. La problemática de la Seguridad Social forma parte de las agendas y compromisos de Jefes de Estado y de Gobierno en las diferentes Cumbres Iberoamericanas, especialmente en la XVII Cumbre de Santiago (Chile), de Noviembre de 2007, que por unanimidad se acordó: “Avanzar en el desarrollo progresivo de sistemas de Protección Social de cobertura universal, recurriendo a instrumentos contributivos, no contributivos y solidarios, según sea el caso. En consecuencia con lo anterior y en cumplimiento de los acuerdos de las XV y XVI Cumbres Iberoamericanas, los países miembros adoptan en esta ocasión el texto del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y se comprometen a impulsar los procedimientos internos para su pronta entrada en vigencia”. Este proceso, gestionado por la SEGIB y por la OISS, también será analizado en el Encuentro. Además, el Programa EUROSOCIAL viene desarrollando diferentes actividades sobre Empleo y Seguridad Social en el ámbito de la economía informal y el trabajo autónomo en el que han participado activamente, tanto la CSA como la UPTA-UGT y el ISCOD. Al tiempo, las Confederaciones Sindicales nacionales, vienen realizando diferentes propuestas y alternativas en el marco del Diálogo Social, a través de la OIT con el apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España, con el Proyecto sobre “Seguridad Social para Organizaciones Sindicales (SSOS)”, referido al papel de los trabajadores y sus sindicatos en los Sistemas de Seguridad Social en América Latina, cuyos resultados se analizarán en el Encuentro. Especialmente, en un momento de crisis económica con incidencia en los procesos migratorios y que está afectando, además, tanto al “modelo de Seguridad Social pública” como, a los sistemas privados o mixtos en diferentes países. Por todo ello, resulta necesario profundizar, desde la CSA y los sindicatos españoles y portugueses, en una “estrategia compartida” para dar un impulso a este importante tema que, sin duda, forma parte de las Agendas Sindicales “de aquí” y “de allí”.

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LUNES 30 DE MARZO 9,00 h. Acreditación asistentes y recogida de documentación. 9,15 h. Inauguración del Encuentro: Ponentes: - Juan Mendoza. Director de la Escuela Julián Besteiro-UGT. - José Ricardo Martínez. Secretario General UGT Madrid. - Víctor Báez. Secretario General CSA. - Soraya Rodríguez. Secretaria de Estado de Cooperación. - Cándido Méndez. Secretario General UGT. 10,00 h. “La crisis económica mundial y su impacto en la Seguridad Social latinoamericana”. - Carmelo Mesa-Lago. Catedrático Distinguido Emérito de Economía. Universidad de Pittsburg. Mesa Redonda 1: “Panorama de los Sistemas de Seguridad Social en América Latina: El Convenio Multilateral”. Ponentes: - Francisco Jacob Sánchez. Vice-Secretario General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). - Álvaro Orsatti. Experto de la Confederación Sindical de las Américas (CSA). Moderador: Lothar Witte. Director en España de la Fundación Friedrich Ebert. Debate. 11,30 h. Pausa/Café. 12,00 h. Mesa 2. “Compromisos institucionales y gubernamentales de América Latina-UE : La Seguridad Social en la agenda política”. Ponentes: - Florencio Gudiño. Director Programa EUROSOCIAL-FIAPP. - Fidel Ferreras. Director General INSS. - Víctor Báez. Secretario General de la CSA. Sao Paulo. Moderadora: Ángeles Yáñez -Barnuevo. Directora de la División de Asuntos Sociales de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). Debate. 14,00 h. Comida. 15,30 h. Mesa 3. “El Diálogo Social sobre Seguridad Social: la experiencia en América Latina y España-UE sobre la importancia del fortalecimiento sindical”. Ponentes: - Ariel Ferrari. Director del Banco de Previsión Social (BPS) de Uruguay, en representación de los trabajadores (PIT-CNT). - Rubén Garrido. Coordinador de Seguridad Social CTA. Argentina. - Jesús Pérez. Secretario de Empleo y Protección Social. UGT. Moderador. Jesús García. Centro de Formación OIT Turín y Coordinador del Proyecto SSOS. Debate. 17,00 h. Pausa/Café.

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17,15 h. SINDLAB. Observatorio Sindical Latinoamericano de la EI/Trabajo Autónomo: Ponentes: - Laerte Teixeira/Álvaro Orsatti. CSA-Sao Paulo. - Perú: Luis Miguel Monje. Delegación ISCOD. - Sebastian Reyna. UPTA-UGT España. 18,15 h. Presentación del Documento Base del Encuentro. Trabajo en Grupos. Final de la Sesión.

MARTES 31 DE MARZO 9,00 h. “Globalización, Migraciones y Empleo”. - Santos Ruesga. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Mesa 4. “Experiencias de Seguridad Social en colectivos de la Economía Informal/Trabajo Autónomo en América Latina-UE”. Ponentes: - Israel Salinas. Secretario General CUT-H. Honduras. - Julio Cesar Bazan. Secretario General. CUT. Perú. - Laerte Teixeira. Secretario de Políticas Sociales de la CSA. Moderador: Joseba Etxebarria. Responsable para América Latina y Caribe. Secretaría de Política Internacional. UGT. Debate. 11, 15 h. Pausa/Café. 11,45 h. Mesa 5. “El desarrollo de la Seguridad Social/Protección Social del Trabajador Autónomo en España y en la UE”. Ponentes: - Sebastian Reyna. Secretario General de UPTA-UGT. - Juan José Barrera. Director General de Economía Social, Trabajo Autónomo y RSE. - Fernando Valdés Dal-Re. Catedrático de Derecho y Seguridad Social. UCM. Modera: Manuel Simón. Ex-.director ACTRAV OIT.Ginebra. Debate. 13,00 h. Documento Base del Encuentro. Aportaciones finales de Grupos de Trabajo. 14,00 h. Comida. 15,30 h. Validación del Documento Base del Encuentro. Declaración final. Proyección DVD sobre la Economía Informal en América Latina/Experiencia ASEI. 17,30 h. Clausura del Encuentro: Ponentes: - José Manzanares. Director de ISCOD UGT. - Fidel Ferreras. Director General INSS. - Manuel Bonmati. Secretario de Política Internacional UGT. Copa de Vino español.

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OBJETIVOS DEL ENCUENTRO • Analizar el “estado de la cuestión” de los principales avances en los sistemas de Seguridad Social (tendencias) en América Latina y Caribe (ALC) referidos, principalmente, al desarrollo del “Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social”. • Intercambiar experiencias (“buenas prácticas”) entre diferentes países de ALC y España/UE, especialmente ante el reto de la extensión de la cobertura de Protección Social referida a la Economía Informal/Trabajo Autónomo. • Contribuir a la elaboración de una estrategia compartida ante la Seguridad Social en ALC que permita mejorar la capacidad de propuesta de los sindicatos en el desarrollo de políticas públicas en este campo.

PARTICIPANTES • Dirigentes sindicales de América Latina y Caribe, afiliadas a la Confederación Sindical de las Américas (CSA), responsables de Empleo y Protección Social en las Centrales Sindicales de América Central y Caribe, Comunidad Andina y Cono Sur, dando especial atención a la participación de mujeres responsables en el tema. • Sindicalistas españoles con experiencia en materia de Seguridad Social en sus organizaciones: UGT, CC.OO. y, especialmente, referidas al Trabajo Autónomo (UPTA)... • Expertos de instituciones públicas sobre la materia de España: Ministerio de Trabajo e Inmigración, de UE (EUROSOCIAL-FIIAPP...), OIT y de Iberoamérica: SEGIB, OISS...

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Trabajo y Seguridad Social en América Latina XII Encuentro Sindical ISCOD - UGT - CSA

Edición financiada por:

Organizan:

Colaboran:

- Centro Internacional de Formación OIT. Turín. Proyecto de Seguridad Social para Organizaciones Sindicales - SSOS (OIT-MTI) - Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) - Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)