PERSPECTIVAS DE POLÍTICAS

Los efectos de la incertidumbre generada por la pandemia, en la infancia y la adolescencia, expuestos en este estudio, dan cuenta de tres principales aspectos a considerar al abordar políticas públicas orientadas a ese sector de la población. En primer lugar, que no hay una sola forma de experiencia de la infancia y adolescencia, sino que la desigualdad social afecta especialmente a los hijos de familias de clases desfavorecidas exponiéndolos a situaciones críticas de incertidumbre en escenarios de riesgo; lo que significa que la pobreza y la precariedad los excluye del ejercicio de derechos fundamentales y sin la intervención pertinente y oportuna, las estructuras persistentes de vulnerabilidad someterán a la postración a generaciones enteras de niños y adolescente. En segundo lugar, la debilidad institucional del poder público para implementar las políticas de superación de esas condiciones, lleva a dejar en manos del mercado o de las estrategias comunitarias de las clases desfavorecidas la resolución de los problemas de interés público, en este caso, la promoción del ejercicio integral de los derechos para la población infantil y adolescente. En tercer lugar, la pandemia generó las bases para reforzar la desigualdad social y sostener los rasgos históricos de la estructura de clases, lo que, atendiendo el transcurso del bienestar a lo largo de los últimos setenta años, sienta las bases para la continuidad de estructuras de vulnerabilidad asociadas a modelos autoritarios del poder público.

En este sentido, tres líneas de sugerencias de políticas se desprenden de este estudio. La primera es de articulación de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de los sectores sociales más desfavorecidos y del poder público, tanto a nivel central como local, para establecer líneas de cooperación de apoyo a las infancias rezagadas y relegadas en el ejercicio de sus derechos. La inversión en estrategias de promoción, tanto educativas, de sanidad y de protección, es crucial y no puede restringirse a una lógica de transferencias de recursos –lo cual es necesaria– sino también al establecimiento de redes de protección, que

priorice acciones en favor de los sectores más desprotegidos y siente las bases de construcción del capital social.

También es necesario un sostenido fortalecimiento de los niveles locales. Con respecto a esto, los procesos de descentralización deben ir aparejados a las especificidades propias de los territorios. Ello significa que tanto las instituciones como la oferta de servicios públicos no deben reducirse a instalaciones en las cabeceras de distritos, sino que deben atender a criterios de distancias geográficas, modos de ocupación y movilidad espacial, medios de comunicación y de transporte, entre otras condiciones que delinean la probabilidad objetiva de alcanzar una apropiación social de las políticas por parte de toda la población. Para cumplir este propósito, además, deben asegurarse las condiciones necesarias para impulsar la participación activa de la colectividad en las intervenciones públicas destinadas a promover el bienestar.

La segunda línea concierne al Estado, tanto en su instancia gubernamental central como en las instancias regional y local, respectivamente, sensibilizando sobre el carácter fundamental de la inversión, resguardo y promoción de la niñez y adolescencia. La necesidad de transversalizar las políticas orientadas a este sector de la población es urgente, ya que supone la concepción de que la construcción de capacidades, derechos y del porvenir de la toda la sociedad, inicia y se sustenta en los niños y adolescentes.

La inversión en educación, por ejemplo, dotando a los establecimientos educativos de sistemas de apoyo comunitario a las familias para acompañar a sus hijos en el proceso de escolarización (que incluye dotación de ingresos mínimos, para enfrentar la extrema pobreza), así como la dotación de las condiciones tecnológicas y pedagógicas para enfrentar un escenario de distanciamiento físico, asegurarían una mutación del sistema educativo a la modalidad virtual sin la consecuente presión y malentendido entre familias y autoridades institucionales, imputándose mutuamente la responsabilidad del rezago. Por su parte, la línea asistencial requiere involucrar también los dispositivos educativos con los de salud pública, haciendo que el cuidado de niños, adolescentes y mujeres (actores más vulnerables de la población) haga parte de un modelo sistémico de seguimiento y monitoreo de las condiciones de salud y prevención, en todas sus formas y estrategias. De la misma manera, la articulación de los niveles asistenciales (primario, secundario y terciario) a través de la optimización de recursos según los perfiles territoriales, logrando una eficiencia de la inversión pública en la dotación de infraestructura, recursos humanos y programas especializados, podría elevar las condiciones de vida de la población en un lapso no muy extenso. Con estas medidas posibles se atenuaría, e incluso controlaría, el riesgo del aislamiento asistencial, la desatención médica por la segregación de

las urgencias, así como la autorelegación de los sujetos, que buscan alternativas de tratamiento en instancias no institucionales debido a la incertidumbre sobre la atención.

Asimismo, en lo que concierne las perspectivas de políticas orientadas al poder público, es crucial considerar los riesgos que un escenario de emergencia y de confinamiento físico antepone a la sociedad: la indigencia, el aislamiento social y la afrenta contra la integridad. Como en ninguna otra dimensión, la necesidad de construir el capital social y apuntalar la cohesión se hace patente como en la protección social de la población. En efecto, las estrategias de reciprocidad, articulación y coordinación, requieren la movilización de la sociedad, con el apoyo del Estado. El fomento de la seguridad alimentaria, en primer lugar, supone asegurar los medios de vida más básicos para la reproducción social, sin lo cual no habría cohesión. Así también, el establecimiento de sistemas de apoyo solidario, basado en las reciprocidades locales con sustento del poder público y la sociedad civil, asegura que nadie quede librado a su suerte. Como corolario, estos sistemas pueden operar también como instancias de alerta y control de maltratos y abusos contra la población infantil y adolescente, especialmente en sus hogares.

Finalmente, la tercera línea de perspectivas, como criterios de recomendación para enfrentar la incertidumbre en situaciones similares de emergencia, es fortalecer la sociedad civil para organizarse y demandar el financiamiento del Estado, específicamente de sus políticas públicas de igualdad: modelo progresivo de la estructura fiscal y sistemas redistributivos de los ingresos fiscales, fortaleciendo los sectores institucionales estratégicos: educación, salud y protección.