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CRÍTICA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA La Jornada Aguascalientes / Aguascalientes, México. MAYO 2018 / Año 9 No. 143

La participación ciudadana y su potencial

para abonar a la consolidación de la democracia mexicana Sofía González Ponce

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os estudios latinoamericanos han aportado significativamente a la discusión de la lucha por la participación ciudadana debido a que ésta no se restringe a que las personas sean reconocidas como miembros plenos de la sociedad sino que, en democracias como Brasil, ha implicado la participación en la definición de esa misma sociedad y su sistema político, el establecimiento del tipo de sociedad de la que se quiere formar parte (Dagnino, 2005, p.

8). Aunque desde luego, éste no es un tema acabado ni en Brasil ni en ninguna parte del mundo como lo explicaré a continuación.

Existe, además, un énfasis relativamente reciente sobre el concepto de ciudadanía que se ha abocado en desarrollar qué implica o cómo se define; para Evelina Dagnino hablar de que una persona alcanzó el estatus de ciudadanía es tan solo el primer paso ya que lo consecuente es “participar, luchar y ejercer el derecho de participar para conseguir, materializar y garantizar otros derechos” (Dagnino, 2005, p. 9). La autora se refiere a un aspecto de la ciudadanía activo, a una práctica de personas vigilantes de sus derechos y que pueden y están dispuestas a luchar por ellos.

Según Isin y Wood (1999), el énfasis está en el derecho a reclamar derechos y no tanto en la materia misma de esos derechos, pero además la ciudadanía continúa siendo un campo en disputa y la democracia asegura su permanencia, pues “la ciudadanía es un estatus legal y práctico que progresivamente amplía su esfera para incluir varios derechos” (Isin y Wood, 1999, p. IX).

Traigo a tema a los últimos autores porque desde su estudio del concepto de ciudadanía buscan apuntalar las bases para la apertura de los derechos de grupo, ya que, desde la modernidad, se contempla a la ciudadanía como un término y práctica de occidente, pero Isin y Wood argumentan que la membresía para pertenecer a una comunidad política ha sido desde luego aplicada por todas las culturas desde sus formas particulares de concebirla.

Sin negar las tensiones actuales que se aplican sobre la ciudadanía, podemos resumir que el cúmulo de derechos y obligaciones dadas al obtener el estatus de ciudadanía en los sistemas democráticos se suman a los contextos sociales y políticos que fuerzan a las y los miembros de una comunidad a revisar sus marcos legales para garantizar el respeto a los derechos humanos y así podríamos hablar de que la participación ciudadana tiene el margen de acción requerido para definir su

rumbo y posibilidad de ejercicio en cada región con las características mencionadas.

Breve esbozo del caso mexicano La participación ciudadana tiene el potencial de ser un elemento clave para el avance de la democracia en México, ya que existe una gama muy diversa y amplia de mecanismos institucionalizados y no institucionalizados que las y los ciudadanos pueden utilizar dependiendo del contexto social y político en el que la comunidad esté viviendo, de tal manera que le resulten efectivos para hacer escuchar su voz e influir en la toma de decisiones gubernamentales, e inclusive poder llegar a definir el proyecto o proyectos políticos y sociales nacionales.

Al respecto, Isunza y Olvera (2006) ponen sobre el debate los elementos de participación ciudadana que clasifican en rendición de cuentas, transparencia y control social o accountability, como mecanismos que han surgido desde la sociedad misma y a los cuales se recurre para tener presente la actuación de los gobiernos como representantes populares y el gasto de los recursos públicos, todo ello con el fin ulterior de aportar a la consolidación del sistema democrático. Dicho sistema es encuadrado en un contexto de profunda desigualdad social que recorre toda América Latina, cuyos gobiernos no han sido capaces de generar condiciones de bienestar social ni de propiciar la efectiva participación ciudadana. Isunza apela por un proyecto político democratizador en el cual la participación ciudadana sea vista como la forma de compartir el poder (Isunza, 2006, p. 22).

Mediante dichos mecanismos se puede presionar a que se tomen mejores decisiones desde las esferas gubernamentales, debido a que no sólo implica visibilizar y evidenciar el mal uso de los recursos públicos, sino exigir el deslinde de responsabilidades adecuado como medidas de reparación del daño y una forma de acceso a la justicia. (Isunza y Olvera, 2006); al mismo tiempo esto requeriría acciones por parte de la sociedad civil organizada, a través del diálogo y la articulación.

Todo esto de la mano con el fortalecimiento y la modernización de las instituciones sobre todo las políticas, los parlamentos y la seguridad jurídica, son algunas de las propuestas para mejorar la calidad de las democracias en el mundo (Tommasoli y Zovatto, 2014, p. 24).

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Otro tipo de participación ciudadana tiene que ver con los mecanismos de democracia directa (MDD) que, como las elecciones periódicas para renovar puestos de representación popular, implican la incidencia directa de la ciudadanía a través del voto, pero que son utilizados para la toma de decisiones de temas o problemáticas específicas.

De acuerdo con Altman, los MDD “son medios de decisión política por medio del sufragio directo y universal” (2005, p. 204).

Entre dichos mecanismos se encuentran el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, las iniciativas populares y otros más, los cuales no siempre son reconocidos en la ley de cada región o no en su totalidad, es necesario subrayar además que su legalidad no necesariamente implica su utilización, ni su utilización involucra necesariamente un avance de la democracia. Altman (2005, p. 204) señala que, con todo y sus deficiencias o peligros, los MDD tienen potencial para efectuar cambios políticos. A pesar de ello, es necesario destacar que casi la mitad de los miembros de la OEA (15 o 42.8%) no han utilizado nunca ningún MDD en al ámbito nacional: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Honduras, México, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago, y los Estados Unidos de América. (Altman, 2005, p. 218).

CONTENIDO: La participación ciudadana y su potencial para abonar a la consolidación de la democracia mexicana.

SOFÍA GONZÁLEZ PONCE Fomento y promoción de la participación ciudadana en la elección de 2018. Cuando el voto razonado convive con el voto emocional.

ALEJANDRO SOLÍS HERNÁNDEZ Participación ciudadana o el ocaso de la democracia.

ALARICO S. Retos de la participación ciudadana en México: la necesidad de generar agencia política.

ALFREDO HERNÁNDEZ PÉREZ

Además de estos recursos, existen otras maneras de participar mediante consejos ciudadanos o ejercicios en los que se convoca a la sociedad civil para participar en la toma de decisiones en temas públicos. Sin embargo, Isunza critica los ejercicios de corte consultivo y destaca que la rendición de cuentas implica que los consejos sean decisorios, apelando siempre a una perspectiva de derechos.

Otra forma que se ha suscitado en México es mediante la presión mediática hacia las autoridades, ya que, por medio de la pugna de sociedad civil, existen esfuerzos que buscan y han logrado hacer un contrapeso a las acciones u omisiones de las autoridades en los diferentes niveles del gobierno mexicano. Un ejemplo de ello es la demanda social de legislación necesaria en materia de derechos humanos que organizaciones de la sociedad civil como las originadas por familiares de víctimas de diversos delitos graves han empujado desde el inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico” correspondiente al periodo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006 pero que en la actualidad continúa como violaciones graves a los derechos humanos y que pueden clasificarse como crímenes de lesa

humanidad por su continuidad y con la tolerancia o complicidad por parte del estado mexicano.

Dicha demanda social podría clasificarse como un subtipo de iniciativa popular, ya que Altman (2005) lo define como un proceso que se desarrolla cuando la ciudadanía presiona a las autoridades a establecer sus demandas en leyes. “Este mecanismo se asemeja más a un poder de transformación de la agenda que a una herramienta de cambio político” (Altman, 2005, p. 215).

También en nuestro país, como en el resto de América Latina, existe el ejercicio del litigio estratégico con el cual se busca mediante la defensa legal de casos paradigmáticos que implican violaciones a derechos humanos contra particulares, la aplicabilidad de las sentencias favorables para los demás casos análogos y lograr con ello cambios sociales de alto impacto.

La diversificación, amplitud y aplicación de estas herramientas de participación ciudadana implican movimientos y reacomodos constantes de la sociedad civil que a su vez se presentan como retos al status quo y a los grupos de poder fáctico que impiden el avance de la democracia mexicana.

Referencias Altman, D. (2005). Democracia directa en el continente americano: ¿autolegitimación gubernamental o censura ciudadana? Recuperado de: http://www. redalyc.org/articulo.oa?id=60327291001 .

Dagnino, E. (2005). Meanings of citizenship in Latin America. Institute of Development Studies. Recuperado de: http://www.drc-citizenship.org/system/ assets/1052734448/original/1052734448-dagnino.2005-meanings.pdf.

Isin, E. y Wood, P. (1999). Citizenship and identity. Londres: Sage publications.

Isunza, E. (2006). Interfaces socioestatales y proyectos políticos. La disputa entre rendición de cuentas y participación ciudadana desde la perspectiva de la igualdad compleja. Recuperado de: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/democ_rend_cuen.pdf.

Tommasoli, M, y Zovatto, D. (2014). Introducción, en Morlino, L. (2014). La calidad de las democracias en América Latina. Informe para IDEA Internacional.

Recuperado de http://www.remap.ugto.mx/index. php/remap/article/view/2/2.

Fomento y promoción de la participación ciudadana en la elección de 2018 Cuando el voto razonado convive con el voto emocional Alejandro Solís Hernández1 I

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omentar la participación ciudadana no es un asunto de soluciones mágicas, ni tampoco de copiar modelos que fueron exitosos en otros lares pero que no son los idóneos para estas latitudes.

Los esfuerzos debemos encaminarlos a señalar que la participación ciudadana trasciende la mera promoción del voto. Invitar a votar a los ciudadanos sólo persigue un fin: que la gente vaya a emitir el sufragio y ahí se agota.

Por lo regular la promoción del voto camina en dos vías: la que hacen las instituciones electorales (nacional y locales, administrativas y jurisdiccionales), las que se enfocan al voto libre e informado; por lo que sus esfuerzos comunicacionales deben ser neutrales y eventualmente disruptivos, pero siempre apelando a la razón. La otra vía es la que hacen los partidos políticos y las personas en las que recaen las candidaturas. En ésta se apela más a la emoción, al sacar ventaja de los sentimientos de la población electoral mediante mensajes sensacionalistas, calculados y perfectamente focalizados.

Más allá de estas vías, la participación ciudadana es un concepto más amplio, ya que engloba a un conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos, tanto así que merece una legislación específica. La participación ciudadana es hacerle saber a la sociedad que debe utilizar siempre y en todo momento: el acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental, la protección de sus datos personales, la asistencia a marchas y mítines por todas las causas ciudadanas; es decirles a las y los ciudadanos que ésta se 1

Puede comunicarse con el autor por medio de twitter en: @AlexSolHer y en el correo: alejandro.solis@ine.mx

vive y práctica, inclusive, en temporadas no electorales. Y por supuesto, la participación ciudadana es también dar el seguimiento a las promesas (y compromisos) de campaña, el seguimiento al trabajo legislativo, medir la productividad y eficacia de las y los legisladores.

II A mi entender, la elección de 2018 se ha convertido en una elección fundacional. Considero que será punto de inflexión obligado para comprender la evolución del sistema político mexicano; inclusive será más significativa que la elección del año 2000; la elección de la primera alternancia en nuestro país.

Vemos a tres coaliciones y dos candidaturas2 independientes yendo en pos de la Presidencia de la República. Para lo cual echarán mano de todo lo que esté a su alcance para hacerse de la victoria. Para votar por ese cargo somos casi 89 millones de electores en la lista nominal, más 181,000 mexicanas y mexicanos que podrán hacerlo desde el extranjero.

Por lo que la promoción del voto es la prioridad de los partidos políticos, así que en ésta centran sus esfuerzos y a esto dedican sus recursos.

En esta elección las redes sociales han tomado su lugar por cuenta y méritos propios. Son una herramienta más en el “cuarto de guerra” y un instrumento adicional en el diseño de las estrategias, su empleo merece un lugar especial y particular en la coordinación de una campaña.

Los medios de comunicación “tradicionales” acordes a la temporada electoral, llenan su pro2 Después de la renuncia de Margarita Zavala, ya sólo queda una candidatura independiente (n. del ed.).

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gramación con barras de opinión, espacios para el análisis y discusión, segmentos para las entrevistas y le dedican amplio tiempo en sus noticieros.

Por su parte, lo que otrora fueron los medios impresos ahora también comparten sus contenidos en las plataformas digitales o portales que habilitan para tal fin y que comparten también en las redes sociales.

Las y los comunicadores que fueron expulsados o ya no tuvieron cabida en la radio y televisión comerciales, ahora nos informan desde sus propios espacios en la internet, lugar en el que son más críticos e incisivos.

No podemos dejar de mencionar a las consultorías políticas y empresas de mercadotecnia electoral, ya que también se han vuelto imprescindibles en las campañas para ganar un cargo de elección popular.

Toda esta abundante información es para señalar que la población electoral es el objetivo a conquistar de las y los contendientes por los más de tres mil cargos en juego para esta elección. Por lo que en el diseño de sus campañas, para la conquista de las preferencias ciudadanas, recurren a provocar las emociones y con esto apelar a los sentimientos de esa población, dejarles una sensación, pero cuya finalidad es ganar simpatía o provocar antipatía hacia alguna de las candidaturas. Este es el quid: el manejo (o manipulación) de las emociones, quedarse en el inconsciente colectivo. Para esto se creó la mercadotecnia y se ganó un lugar muy específico en lo electoral, un excelente mercado cada vez más especializado.

Total, la cuestión es ganar la elección: que la química cerebral se imponga al pensamiento racional. Provocar un voto emocional, no un voto emocionado.

III El Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (política pública construida desde abajo, desde adentro y transversal) se plantea la recuperación del espacio público, entendido como el hecho de que la ciudadanía se vuelva a apropiar de lo que originalmente es suyo: las cuestiones públicas y los asuntos del gobierno –de los tres órdenes y de los tres poderes. Con lo que se trata de disminuir el bajo aprecio por los asuntos públicos; es decir, que la ciudadanía deje de percibir los asuntos públicos como algo lejano, o peor aún: ajeno a ellas y ellos.

El INE construye y diseña campañas institucionales para impulsar la participación ciudadana y para la promoción del voto, en este orden. Se trata de desarrollar la capacidad de agencia de la ciudadanía –entendida como agentes del cambio– para, de esta manera, abatir el déficit democrático.

Todos los grupos etarios de la población merecen atención por parte de la autoridad electoral.

Pero estos grupos, por sus características muy propias, por esas circunstancias particulares que distinguen a unos de otros, por sus comportamientos específicos, merecen una atención enfocada y, a veces, prioritaria. Veamos: no se ejercen de igual manera los derechos humanos, civiles y políticos en el medio rural como en el medio urbano. Esta es una diferencia insoslayable. El acceso a servi-

Participación ciudadana o el ocaso de la democracia Alarico S.

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l ocaso en un extremo del mundo, es el amanecer en el extremo contrario. Esto mismo puede decirse de la participación ciudadana.

El presente texto tiene como objetivo analizar el significado de la participación ciudadana, pero no en el campo de las repercusiones que pueda traer al actual sistema político en el que vivimos, sino en el campo de las condiciones que llevaron al surgimiento de la así llamada participación ciudadana, y en lo que nos dice de la, también así llamada, clase política.

De antemano, la hipótesis de este ensayo no es nada halagüeña con ninguno de los dos actores principales, es decir, los funcionarios públicos y los propios ciudadanos, dado que, la tan vitoreada y ensalzada participación ciudadana, en realidad es la develación de dos importantes vicios políticos, por no decir que son pecados políticos: el desinterés del ciudadano y el elitismo del político. Pero detallemos con precisión lo que le toca a cada uno de ellos.

En lo que respecta a los ciudadanos, revela la falta de interés por la vida pública, la molicie a la que se han entregado, y la completa incapacidad para decidir y discernir entre lo que le conviene y lo que no, entre las políticas públicas que le traen un verdadero beneficio y aquellas que sólo son “pan y circo”.

Del lado del político el diagnóstico no es más esperanzador, porque el funcionario público se ha convertido en una casta aparente, alejada de la sociedad y sus problemas cotidianos, y a quien re-

cuerdan únicamente en tres momentos: para pagar impuestos, para buscar culpables y para ganar votos. En otras palabras, el político ve al ciudadano como un instrumento y no como un fin. Y los fines que tiene son siempre egoístas.

Poco productivo es, sin embargo, indagar qué fue primero, si la molicie de los ciudadanos o el elitismo de la clase política, pues ambos fenómenos caminan de la mano, incentivándose mutuamente, al grado de que tienen una relación de co-implicación más que de causa y efecto: la indiferencia del ciudadano propició la actitud elitista del político, quien, en el poder y con el objetivo de conservar sus privilegios exclusivos para ellos, las personas lidiaban con sus problemas, sin tener tiempo para profundizar en las condiciones del país o de la comunidad , sin conocer el marco legislativo en el que vivían. Así, por décadas, más que vivir en una democracia, vivimos en una oligarquía, una estructura feudal insertada en un sistema económico capitalista, y uno político que simulaba la democracia nacida en la Ilustración y la Revolución Francesa.

Pero, sostener, e incluso suponer, que la participación representa un cambio esencial en el sistema político es algo bastante errado, precisamente porque le devuelve a los ciudadanos algo que nunca se les tendría que haber quitado: el poder, la capacidad de intervenir directamente en la forma de decisiones, o bien, rechazarlas o impulsarlas.

Todos estos son derechos que estaban contenidos ya en la definición misma de democracia: el poder del pueblo.

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cios públicos (educación, salud, esparcimiento), las oportunidades laborales (eventual, informal, subcontratación), el entorno social (calidad de vida) confluyen para crear condiciones y éstas detonan conductas o comportamientos. Y estos factores son los que se toman en cuenta para el diseño de las campañas institucionales; es decir, atender y entender al medio social en el que viven las personas destinatarias de nuestras acciones y mensajes. Se trata de que a partir de estas intervenciones –enfocadas a la resolución de problemáticas identificadas– entiendan su realidad para que luego la puedan transformar.

En este apartado éste es el quid: darles información, apoyarlos para que aprendan a discernir, darles elementos para que usen y empleen su razón, para que prime el razonamiento. Asimismo, dotarles de herramientas para que apliquen sus habilidades, conocimientos previos y experiencia de vida, reforzar su capacidad crítica. De esto se trata la promoción de la participación ciudadana: informar para razonar, razonar para actuar, actuar para transformar.

El voto razonado y el voto emocional tienen algo en común: la participación ciudadana en la jornada electoral, no es tautología; es la finalidad de la autoridad electoral y es el objetivo de los partidos políticos: llevar a la gente a las urnas. Una empeñada en el ejercicio crítico, los otros enfocados en la rentabilidad.

Además de poner en evidencia el hecho de que a la ciudadanía se le fueron quitando derechos, muestra la indolencia y el cinismo de la clase política: en lugar de tomarlas decisiones correctas, emanadas del contacto constante con la comunidad, ahora tendrán que ser los ciudadanos quienes tengan que echar a andar toda una serie de mecanismos jurídicos y burocráticos para hacerle saber a los funcionarios si su decisión fue la adecuada o no, si satisface realmente una necesidad de la comunidad o sólo es un elefante blanco que adorna más de lo que resuelve. Éste es otro problema que devela la participación ciudadana: el funcionario actúa más como señor feudal, disponiendo a su antojo de los recursos estatales, en lugar de verse a sí mismo como un gestor que tiene que estar pendiente de lo que sucede en la comunidad.

También hay una actitud cínica en el hombre de política por el hecho de que, en efecto, ahora el ciudadano puede fiscalizarlo, revisar su ejercicio financiero, y esto por la miríada de casos de corrupción y desvío de fondos por parte de la casta política que, curiosamente, en lugar de cambiar su forma de actuar, en lugar de seguir los lineamientos jurídicos que sí impone y exige a los ciudadanos – muchas veces a través de la violencia–, prefiere pasarle la responsabilidad al ciudadano, lo pone a que lo vigile, en lugar de guiar sus acciones a partir de los principios éticos de la honestidad y sinceridad.

Si bien la participación ciudadana puede abrir nuevas puertas y llevarnos a nuevas condiciones sociales, lo cierto es que abre puertas que nunca tendrían que haberse cerrado; si las legislaciones que estimulan participación nos encaminan a una sociedad en la que no haya una separación entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, una que borre la línea que divide a quienes toman las decisiones de quienes padecen los efectos de esas mismas decisiones, todo es está por verse: aún es difícil determinar si estamos en el extremo del mundo que está viendo el amanecer o el atardecer, si lo que sigue es una mañana resplandeciente o la más oscura de las noches.

Retos de la participación ciudadana en México: la necesidad de generar agencia política Alfredo Hernández Pérez

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finales del siglo xx, Chantal Mouffe, autora de múltiples obras concernientes a la filosofía política, insertaba la duda en el imaginario colectivo y académico sobre la efectividad de los consensos políticos ideales, a la vez que ponía sobre la mesa la concepción sobre “la política” como aquello que institucionalmente es convencional y de “lo político” como la vía para construir sociedad y agencia ciudadana; ambos conceptos los presentaba como solución o matriz de posibilidades para impulsar un modelo democrático antagónico.

Lo anterior presupone, de inicio, un distanciamiento entre la persona y los modelos democráticos representativos que acaparan la toma de decisiones; a la vez que, contrasta el estereotipo idílico de ciudadano responsable: aquel que reconoce su realidad y la de los otros con relación a sus derechos y obligaciones. Es decir, una visión utópica presentada por los cánones románticos de una relación sintética entre democracia y representatividad; entre el Estado y las personas que lo conforman, que solamente son reflejo de una abstracción descontextualizada de la realidad social y del momento coyuntural por el que actualmente atraviesa México, así como la mayoría de los Estado modernos, los cuales afrontan desde sus propias particularidades, diversas crisis en torno al modelo democrático representativo-liberal.

Las crisis que atraviesan los Estados modernos, tales como: la falta de una representación popular real y efectiva; la ausencia de legitimidad del poder público; la desviación y tergiversación de lo políticamente relevante al interés público se han permeado y apropiado de las verdaderas razones que abonan a comprender la realidad social que transita de “la política” al ejercicio de “lo político”.

El mal uso de la política y la limitación de la acción de lo político se da con el objeto de instrumentalizar ideológicamente el desarrollo de los diálogos antagónicos que requiere una sociedad democrática, lo que conlleva a la nulificación de la sociedad civil y de las personas en sí mismas, como entes políticos capaces de participar en la agenda pública.

Ante estos males endémicos es menester preguntarse: ¿cuál es el estado actual de las personas que conforman la sociedad mexicana? y ¿cómo repercute esta situación en la construcción de “lo político”? Ya que abocándonos a este cuestionamiento podremos tener un panorama más amplio para replantear los mecanismos de participación que se pueden generar desde la sociedad; los cua-

La Jornada Aguascalientes PÉNDULO 21 Publicación mensual Mayo 2018 Año 9, No. 143

les, más que contar con la aquiescencia y anuencia del Estado, deben plantearse como un fundamento o pilar antagónico que permita el desarrollo democrático de los pueblos.

En México se decidirán 18,311 cargos de elección popular. Este histórico proceso de elección de representantes debería ayudarnos a reflexionar más allá de la política institucionalizada que se ha caracterizado por la nula voluntad deliberativa que, amparada únicamente por voto ciudadano, encuentra una zona de confort en la construcción de políticas públicas que emanan de modo unilateral. Por ello, este ánimo electoral debe ser utilizado de manera alternativa para poner sobre la mesa la necesidad de transitar de una restringida democracia representativa, entendida como “la política” imperante, hacia la construcción de una sociedad participativa que evidencie no sólo el desarrollo de la sociedad civil organizada, sino la construcción de una democracia basada en “lo político”, es decir, en la posibilidad real de generar agencia política en las personas y en los grupos que componen a la sociedad mexicana que, por cuestiones materiales, se les ha negado su capacidad de participación en la vida pública.

Jürgen Habermas, por su parte, nos invita a la implementación de una democracia deliberativa construida a través de una comunidad ideal de comunicadores. El gran problema de esa comunidad ideal, en tanto irreal, es comprender a la sociedad y a las personas que la componen como una unidad homogénea. Es decir, una visión moderna, universalista y abstracta del ser humano que niega sus condiciones materiales e históricas, asumiendo la posibilidad mediata de participar en la agenda pública, cuando la realidad sociocultural de nuestro país, ha permitido el rezago y la exclusión de grupos económicos y étnicos concretos.

Sin embargo, la falta de una democracia que además de viable, en el plano de lo legal y de lo ideal, se ve contrastada con la realidad. Como en su tiempo lo señaló Norbert Lechner, la tarea pendiente por alcanzar estabilidad democrática se ha cernido en los patios interiores de los gobiernos latinoamericanos, que esconden tras bambalinas las condiciones económicas y sociales adversas para el ejercicio de “lo político”. Por ello, hablar de un proceso democrático abierto a la participación de las personas, como sujetos de derechos humanos civiles y políticos y, principalmente, como agentes de (re)construcción de la esfera pública, es una tarea inconclusa, la cual no puede ser dejada de lado

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EDITOR Enrique Luján Salazar DISEÑO Genaro Ruiz Flores González

COMITÉ EDITORIAL Ignacio Ruelas Olvera Lucía Carolina Muñiz Leal Cynthia Ramírez Félix Walkiria Torres Soto Verónica Muñoz C.

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o asumida únicamente bajo las consignas y directrices que el Estado otorga.

En este marco de ideas, la generación de “lo político”, además de ir de la mano de la construcción de mecanismos y vías socioestatales que permitan el diálogo, la deliberación y la vigilancia de las políticas públicas a todos los niveles de gobierno; también debe ir aparejada en la construcción del ejercicio de “lo político”, entendido como el fomento y consolidación de una agencia ciudadana en los sectores prioritarios que, por su situación de vulnerabilidad, abandonan cualquier posibilidad de introducirse en la toma de decisiones.

No podemos hablar de una ciudadanía participativa sin abordar las causas de fondo que niegan la agencia de “lo político”. La sociedad mexicana percibe el salario mínimo más bajo de los países miembros de la OCDE, siendo éste insuficiente para adquirir la canasta básica individual. Lo anterior se ve reflejado en los indicadores del CONEVAL con más de 53 millones de personas en pobreza y más de 9 millones en pobreza extrema, situación que niega de tajo la suficiencia alimentaria de la mayoría de los ciudadanos. Ante la precariedad económica de más de la mitad de la población mexicana, es ingenuo suponer que la vía del desarrollo democrático consiste únicamente en la apertura de espacios de diálogo socioestatales. Las condiciones materiales en las que se reproduce la vida son insuficientes, lo que conlleva inevitablemente a la invisibilización y la exclusión de un amplio espectro de la población.

En este momento los reflectores están centrados en los mecanismos electorales como la única manera de alcanzar una sociedad democrática; pareciendo abandonar la idea de generar una cultura democrática y una agencia de “lo político” que integre la voz de aquellas personas que históricamente han sido acalladas directa o indirectamente en la construcción de las decisiones e instituciones estatales. Sólo llevando a cabo procesos verdaderos de liberalización material de sectores sociales excluidos a través del acceso a derechos económicos y sociales, así como una situación salarial que garantice un mínimo vital, podremos vislumbrar el desarrollo de una sociedad capaz de producir condiciones de vida digna y, consecuentemente, edificar un proyecto democrático de nación que integre y organice en el debate público a la mayor cantidad de personas que componen a la sociedad mexicana, dando así, una paso franco a la democratización del Estado.