Correo Del Sur No 361

Número 361 Noviembre 17, 2013

Bachelet ganará hoy la presidencia en Chile ¿Federalismo o centralismo?

Morir de olvido. León García Soler Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. UNAM Corrido de Emiliano Zapata

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de noviembre de

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CORREO del SUR

Bachelet ganará hoy la presidencia en Chile

L

as elecciones presidenciales en Chile éste domingo no solo arrojan la certeza de un triunfo contundente de Michelle Bachelet. También aseguran una maduración de una sociedad lista para apoyar cambios históricos, como la reforma educativa y constitucional. Según todas las encuestas, Michelle Bachelet se va a imponer con comodidad en las elecciones presidenciales de Chile. A pesar de que en los últimos días de campaña se publicaron sondeos que mostraban una leve baja de la candidata de centro izquierda, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que por tamaño de muestra y metodología es el estudio de opinión con más prestigio en Chile, mostró números que hablan de una gran consolidación de la intención de voto de Bachelet, llegando al 45 por ciento en la respuesta espontánea y superando el 50 por ciento con la proyección total de los votos. De darse este resultado, Bachelet se convertiría automáticamente en presidenta electa, sin necesidad de ir a segunda vuelta.

Sin embargo, este dato no es el único que sobresale en el escenario electoral. La sociedad chilena parece enfrentada a una serie de cambios que vienen acumulándose desde tiempo atrás y que en esta coyuntura parecen haber encontrado un espacio político para representarse. En primer lugar, la gran elección que probablemente haga Bachelet, vendrá acompañada de un desastre electoral para la coalición de derecha. Son muchos los que advierten que el próximo domingo, la alicaída candidatura oficialista de Evelyn Matthei podrá tener el peor desempeño de los últimos 20 años. En 1993 Arturo Alessandri apenas logró el 24,4 por ciento de los votos contra Eduardo Frei. Hay quien dice que esta vez podría no llegar ni al 20 por ciento.

Las razones para semejante debacle son varias. En primer lugar, el gobierno de Sebastián Piñera termina con una magra aprobación social, que puede rastrearse cuando las protestas educativas superaron el cerco de la comunidad universitaria y alcanzaron el respaldo de la mayoría de la población (hoy un 74 por ciento de los chilenos está a favor de la universidad gratuita). Pero parece ocurrir algo más

profundo: el sentido común conservador de una buena parte de la sociedad chilena que tan buena retaguardia le brindó al pinochetismo aún durante el período democrático entró en crisis terminal. Este año se cumplieron 40 años del golpe de Estado y en un marco de extendido repudio a la figura del general Augusto Pinochet, el discurso de Piñera no advirtió el cambio y continuó con la tradicional estigmatización al gobierno de Allende: “En mi humilde opinión también tienen responsabilidad quienes no respetaron el estado de derecho y promovieron la intolerancia y el odio en nuestro país”. Mientras este discurso persiste en gran parte de la dirigencia conservadora, la sociedad civil transita otros caminos, más modernos. Además del apoyo a la educación gratis, cobró fuerza la idea de reformar la Constitución, redactada en 1980 por la dictadura. La propia Bachelet anunció una reforma. Aunque aún no queda claro su alcance, ni su forma, que dependerá en buena medida de cómo quede conformado el Congreso.

Otro elemento importante de la elección (que podría tener un impacto en el resultado) es un cambio en el sistema de votación. Por primera vez para elegir presidente, el voto será optativo, y la inscripción en los padrones automática. Hasta ahora, era obligatorio, pero el votante tenía que inscribirse para figurar en las actas. Este cambio, que a priori eleva la cantidad de posibles votantes, necesita de un electorado que salga por decisión propia a ejercer su derecho. La derecha teme de que su base social, desanimada ante la evidencia de una victoria de Bachelet, no vaya a votar y aumente el desastre electoral. Un tanto paradójicamente, para contrarrestar este fenómeno, desde las tribunas conservadoras se escucha hablar de la necesidad de “acarrear votos” el día de la elección (es decir, hacer una logística con transporte y militantes para incentivar que los votantes vayan a las urnas), en una suerte de punterismo electoral un tanto alejado del discurso tradicional de estos sectores.

Finalmente, aparece el cambio dentro de la centroizquierda. Después de más de dos décadas de Concertación,

donde fungían como aliados principales y casi excluyentes el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, Bachelet eligió conformar una nueva coalición. La Nueva Mayoría, contiene ahora al Partido Comunista y otras expresiones de izquierda. Lo notable es que esta incorporación, que no mucho tiempo atrás hubiera espantado a las franjas moderadas del electorado, en este caso reverdeció el discurso de oposición al gobierno de Piñera y le dio una plataforma diferenciadora. Sin ir más lejos, la reforma educativa, la constitucional y la electoral son tres banderas histórica del PC y que durante esta campaña formaron parte del discurso de Bachelet. Como sanamente ocurre en los últimos años, el resultado electoral de un país sudamericano no se agota en su frontera y tendrá un impacto regional. Una victoria de Bachelet y la coalición de centroizquierda en Chile vendrá a mostrar que el “fin de ciclo” de los gobiernos progresistas no parece estar a la vuelta de la esquina. Una lectura acentuada por el hecho de que Piñera había sido el experimento más sólido de un retorno a gobiernos “market frendly”, en un país que parecía reunir todas las condiciones para su éxito. Sólo duró un mandato.

Cruzando la cordillera, la agenda reformista de Bachelet tiene signos inocultables de un clima que la Argentina conoce desde hace años. Entre otras cosas, la futura presidenta prometió impulsar un sistema de pensión estatal, la negociación salarial a partir de convenios colectivos de los sindicatos, una mesa tripartita de gobierno, empresarios y trabajadores para fijar el salario mínimo y el matrimonio igualitario. Como frutilla del postre, anunció que “una ley determinará los límites de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social?”. Por si fuera poco, para la oposición política argentina, más allá del previsible trabajo de apropiación que intentarán hacer con Bachelet, mostrándola como un antónimo de Cristina Kirchner, habrá una advertencia muy concreta: un liderazgo, si conserva el apoyo social, puede subsistir fuera del gobierno y retornar vigente en el próximo período electoral. http://www.lacapital.com.ar/el-mundo

CORREO del SUR Víctor Orozco

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o parece que en México demos pie con bola en la instauración de un régimen óptimo dentro del cual se desarrollen y complementen las funciones de las autoridades centrales y las de estados y municipios. Nos movemos entre los monarcas sexenales de Los Pinos y los caciques de cada capital estatal, a cual más pernicioso. Unos con sus odiosas imposiciones y prepotencia, los otros, con su comportamiento de dueños de las ínsulas bajo su mando.

En los días presentes, la llamada reforma educativa, la casi vigente que somete a una ley general los registros de la propiedad así como los catastros municipales y la anunciada según la cual desaparecerán las autoridades electorales de las entidades federativas para integrarse en una sola nacional, son otros tantos avances del centralismo, dentro de este estira y afloja entre regiones y centro, cuyos hitos marcan la historia patria.

Esta pugna entre federalistas y centralistas ocupó buena parte del siglo XIX mexicano. Comenzó apenas se instaló el sistema republicano que sustituyó a la efímera monarquía encabezada por Agustín de Iturbide. La caída del imperio, centralista por definición, fue provocada por un malestar general en las entonces llamadas provincias, algunas de las cuales realizaron una verdadera rebelión en contra del dominio de la capital. El acta constitutiva, redactada a las volandas por Miguel Ramos Arizpe en febrero de 1824, garantizó a los disidentes que la constitución próxima, establecería inequívocamente el régimen federal. Se detuvo de esta manera la diáspora que hubiera llevado a la formación de varios estados independientes. La solución sin embargo no llegó con la rapidez necesaria para detener la separación de las cinco provincias centroamericanas, unidas inicialmente al flamante imperio mexicano. Sí se evitó en cambio la escisión de Zacatecas, Guadalajara (no se llamaba todavía Jalisco) y Oaxaca, quienes ya habían anunciado formar rancho aparte si no se instauraba el sistema federal.

Cada vez que se implantó el centralismo, léase básicamente la designación de autoridades locales por los poderes radicados en la capital del país, sobrevinieron insurrecciones e inconformidades. En 1836 pusieron en vigor aquellas infortunadas Siete Leyes, como se llamó a la constitución general super centralista. Se produjo entonces la rebelión de Zacatecas, vencida a sangre y fuego, para luego castigar a la entidad rebelde quitándole los fértiles distritos del sur, con los cuales se formó el departamento de Aguascalientes. En Texas, los primeros movimientos de oposición que desembocarían en el separatismo, se hicieron bajo la bandera del federalismo, a la cual se unieron no pocos mexicanos residentes en aquel departamento. Años después, la revolución de Ayutla pudo derrocar a la última dictadura clerical-militar de Santa Anna, en buena medida porque se apoyó en la inconformidad generalizada contra la imposición de autoridades locales por el gobierno central. El proyecto oficial era liquidar el

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¿Federalismo o centralismo? federalismo en definitiva, de manera tal que “no volviera a retoñar”, según lo aconsejaba el historiador y político Lucas Alamán en la carta dirigida al dictador para ofrecerle el apoyo del partido conservador. Durante la guerra de reforma, entre 1857 y 1861, parte del triunfo liberal se debió de nueva cuenta a la participación de los estados, temerosos de verse otra vez apabullados o sometidos por el gobierno desde la ciudad de México. Y lo mismo sucedió en la subsecuente guerra contra la intervención francesa, pues el estatuto propuesto por Maximiliano, no sólo desparecía a las entidades federativas, sino que las fragmentaba para formar cincuenta departamentos para cada uno de los cuales nombraba un prefecto. La división territorial obedeció, según se dijo, a criterios científicos. Sin embargo, olvidó o hizo caso omiso de las historias y vínculos regionales. Ello explica el rechazo concitado y la integración en los ejércitos republicanos de las milicias representativas de los estados. “Libres de Chihuahua” o “Libres de Nuevo León”, etcétera, se nombraban a los batallones republicanos.

Vinieron luego los años de la restauración de la república y del porfiriato. Durante los treinta del segundo, se mantuvo el federalismo, pero al igual que en muchos otros temas, fue solamente en la forma. El presidente convirtió en subalternos suyos en el mejor de los casos y en verdaderos peones de estribo en los peores, a gobernadores, diputados locales y presidentes municipales. Todos ellos pasaron de ser funcionarios electos legalmente a oficiales designados o nombrados en los hechos. No hubo entonces ninguna región del país en donde no se expresaran inconformidades, ya por la vía de las antiguas “representaciones” o peticiones a los congresos o por la vieja senda de las armas. Al último, la revolución de 1910 obedeció en un alto grado al repudio ganado por el centralismo. Diez años duró el ciclo de las guerras civiles, que consumieron muchas de las fuerzas regionales. Al final, se impuso de nuevo un sistema parecido al anterior: federalista de los dientes para afuera, centralista de facto. Tampoco hubo acuerdo con tal situación, según lo revelan oposiciones constantes venidas de las regiones indispuestas contra las autoridades sometidas al poder ejecutivo federal. Las derrotas electorales sufridas por el PRI, durante las últimas décadas reconocieron orígenes,

de nuevo, en la repulsión a este centralismo asfixiante.

Así, la conseja repetida durante mucho tiempo según la cual el sistema federal carece de antecedentes en México, siendo una simple copia del norteamericano, es sencillamente eso, una fábula, que ahora casi ningún historiador se atreve a sostener.

Si bien las demandas e ideario federalistas encuentran sus títulos en las raíces hincadas a lo largo de dos siglos de luchas contra el despotismo del centro, también es verdad que a su sombra han crecido las malas yerbas del caciquismo, las oligarquías locales y los abusos de poder. A veces no sabemos si era mejor el sistema cuyos usos ocasionalmente servían para meter al orden a los gobernadores aprovechados o el actual, que les ha permitido convertirse en sultanes, verdaderos depredadores de los fiscos estatales. Algo similar puede decirse de los presidentes municipales. ¿Cómo olvidar que apenas tuvieron cierta autonomía los ayuntamientos la utilizaron para asignar insultantes sueldos de gerentes y empresarios a regidores y alcaldes?. ¿Y las extravagantes compras o rentas efectuadas por estos últimos (según el sapo...) para transportarse en ostentosos vehículos de lujo y hasta en helicópteros?.

Aunque sea muy manida la frase, hemos de aprender de las lecciones venidas de la historia. En la capital de la república muchos dirigentes de esta malhadada plutocracia partidaria padecida por el país, suponen que restringiendo o de plano liquidando las autonomías locales, desde sus poderosos sitiales podrán organizar el Estado y hacer eficientes a sus instituciones. Las resultantes ya son conocidas: la hipertrofia y autoritarismo de la burocracia federal, la inopia política en las entidades federativas, el país de una metrópoli concentradora de recursos económicos y culturales. Previsiblemente, inconformidades y conflictos en la escala de la protesta hasta la rebelión. Al último es lo que se consigue.

El pacto federal no es eso. Implica establecer unas pocas reglas claras y generales donde se prescriban facultades, se distribuyan los recursos disponibles con equidad, se obligue a la austeridad y se proscriban la impunidad y el despilfarro. Acompañadas estas normas por otras en las cuales se prevean sanciones a los funcionarios ineficientes, abusivos o ladrones.

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Morir de olvi L eón G arcía S oler

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n la antesala de la secretaría de Gobernación, una galería de fotos mostraba a los visitantes los rostros de quienes habían despachado en la casona de Bucareli a lo largo del siglo XX. Saltaba a la vista la ausencia del rostro torvo y ceñudo de Victoriano Huerta, el traidor, el autor del golpe de estado que concluyó con el asesinato del Presidente Francisco I Madero y del Vicepresidente José María Pino Suárez. Y con la usurpación del poder: Huerta en la Presidencia y el estallido de la Revolución. De una revolución

constitucionalista, en defensa de la norma suprema, de la soberanía nacional arrebatada a la voluntad ciudadana y la suspensión de los derechos individuales en todo el país.

Revolución que concluyó con la derrota del régimen huertista y la restauración del orden constitucional.

En 1917, el Congreso Constituyente reunido en Querétaro abrazó los derechos individuales de la Constitución de 1857, incorporó los derechos sociales a la estructura liberal de la Reforma; fijó las bases institucionales de el Estado moderno mexicano. Se había constituido en poder la

revolución social que avizoró Venustiano Carranza en su famoso discurso de Hermosillo.

Al llegar el tercer milenio, la Revolución Mexicana se mantenía en la memoria colectiva como rasgo de identidad nacional: única entre las grandes revoluciones sociales del siglo XX , nos dice la sobria y soberbia palabra de Friederich Katz.

Y lo ratifican los trazos del muralismo, la fuerza del mestizaje que supo redescubrir y exhibir con orgullo sus raíces indígenas. La formidable simbiosis del zapatismo, del espíritu del agrarismo que sobrevivió a las derrotas militares y a la muerte misma del

calpulelque de Anenecuilco para transformarse en el espíritu victorioso de la Revolución Mexicana que hizo suya la frase de los narodniki rusos del siglo XIX y la hizo símbolo de lo mexicano, de la libertad y de las revoluciones todas: “Tierra y Libertad” es hoy y siempre expresión de México, grito de ¡viva Zapata! Su muerte, su asesinato, corrobora el dramático contraste de el círculo de sangrientos sacrificios y ausencia de odios de clase que distingue a nuestra revolución. En México murieron violentamente todos los cuadillos, todos los jefes revolucionarios: Francisco I. Made-

ro, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón al frente de un centenar que incluye a Felipe Carrillo Puerto y a Lucio Blanco, a Felipe Ángeles y a Granito de Oro. Victoriano Huerta, como Francisco Franco, murió en su cama.

Las revoluciones devoran a sus hijos. No sin antes haber juzgado y eliminado sometido a sus enemigos de clase.

La Revolución Francesa llevó a la guillotina tanto a Danton como a Robespierre; Joseph le Maistre predicador de las virtudes del verdugo como instrumento del poder, respondería a quienes le grita-

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ban ¿tu qué hiciste durante el Terror?: “Sobrevivir”. Pero los aristócratas fueron perseguidos, desterrados, despojados y muertos por las fuerzas revolucionarias. Luis XVI fue guillotinado. El Zar Nicolás moriría violentamente con toda su familia, al triunfar la Revolución Rusa y tomar el poder los bolcheviques.

En México no. En la Revolución morirían más de un millon de mexicanos. Pero los hacendados, los ricos porfirianos, perdieron sus tierras y huyeron del país. Y al consolidarse el poder constituido volverían a reclamar sus latifundios, hacer negocios con la nueva clase burocrática y casar a sus herederos con los recién llegados al poder. Ahí están, entre nosotros, imagen viva de la persistencia del ancíen régime, de la desigualdad infamante que impera y fuera expuesta por el Barón Von Humboldt. ¿Todo sigue igual? Desde luego que no. Pero en la antesala de Gobernación aparece la fotografía de Victoriano Huerta en la galería de la antesala del cada vez más ministerio del interior. Lo incluyeron durante el sexenio del reformismo salinista.

Después de todo, Huerta fue secretario de Gobernación, diría Patrocinio Gonzáles Garrido.

Nos habíamos infectado de la pestilente desmemoria que corroe el presente y aspira a rediseñar el futuro tendiendo un velo de mentiras o revelando verdades a medias. A modo, como la del breve, precipitado paso del chacal Huerta por el despacho de Gobernación para cubrir con manto leguleyo su asunción al poder, a la dictadura con galas de oropel, con distinguidos talentos en el gabinete y brillantes parlamentarios en el Congreso, donde no podría pronunciar Belisario Domínguez el discurso que le costaría la vida. Una pequeña fotografía en blanco y negro. Y la apertura al libre comercio condicionada por la hegemonía global de la extrema derecha, por el despre-

cio al estado y la glorificación de la doctrina Reagan-Thatcher. Neoliberalismo como sinónimo del capitalismo financiero en el primer mundo al que Carlos Salinas de Gortari ofrecía incorporar al México de la desigualdad, donde se llamó “nostálgicos del nacionalismo revolucionario” a los disidentes que abandonarían al PRI y se opondrían abiertamente al sistema. La memoria como malestar; la inversión de la frase ilustrada de Luis Cabrera, de los dos partidos únicos a lo largo de la Historia: el conservador y el progresista.

En el vecino imperio del norte desaparecían la figura y obra revolucionaria de Thomas Payne: “Rights of Man” reducida a pieza de museo, a la curiosidad de librepensadores. Entre nosotros, Benito Juárez era todavía figura señera, Benemérito de las Américas, de mármol, como la frase en letras de oro: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Pero llegaría la hora de la oligarquía decidida a ocultar que hubo de venir desde Chile Salvador Allende para recordarnos la sentencia formidable del oaxaqueño: “La victoria de la reacción es moralmente imposible”. Del olvido surgieron los indios de Chiapas, los marginados, los despojados de sus tierras y del futuro. Imposible arrojar al mar a los millones de mexicanos hundidos en la pobreza. La rebelión armada del espíritu, el recuerdo imborrable de la explotación

y, paradójicamente del olvido, abrió la caja de Pandora.

Y la generación del reformismo modernista se refugió en la desmemoria, reinició la marcha de los cangrejos: Cedió el poder a los conservadores que combatieron la Reforma y salieron de las sacristías para oponerse al instante luminoso del cardenismo que repartía la tierra a los peones acasillados, daba voz y sustento legal al sindicalismo, se enfrentaba a las empresas petroleras que se negaban a obedecer las sentencias de la Suprema Corte de la Nación: expropiaba a las empresas extranjeras y nacionalizaba el petróleo. El PAN de la vía legal al poder, sin más objetivo que combatir al Estado moderno mexicano y las instituciones del poder constituido, la educación pública gratuita y laica, la salud pública y la seguridad social, la reforma agraria y la propiedad soberana de las riquezas del subsuelo, la energía eléctrica, del espacio por el que fluyen las telecomunicaciones. En 1997 el PRI de la sana distancia perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y Ernesto Zedillo tomó el último tren de los ferrocarriles en fuga hacia la terca realidad.

Tuvimos por fin sufragio efectivo. Y asumió la Presidencia de la República un ejemplar modelo de amnesia histórica. Vicente Fox, convocó a “una revolución como la cristera”; pregonó un gobier-

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no de, para y por empresarios. El abogado Felipe Calderón emborronaría los textos constitucionales. Impuso el estado ficticio de excepción y la violencia desatada que ensangrentó al país; la desmemoria en festejos del bicentenario de la Independencia con exhibición de reliquias mortuorias y tardía erección de monumentos manchados por el fraude; en el desdén con el que se relegaron los actos conmemorativos de la Revolución Mexicana. Y la insultante alteración del calendario cívico; ausencia del titular del Ejecutivo en los actos más representativos.

El 6 de enero se conmemora en Veracruz la Ley Agraria emitida por Venustiano Carranza. Este año asistió al acto Enrique Peña Nieto. Su presencia permitió creer que el retorno del PRI al poder sería algo más que la tan temida como imposible restauración del cesarismo sexenal. Pero tras los meses de contención del gasto público y de dar un paso adelante y dos pasos atrás, de paralizarse ante la menor señal de discordia al interior del Pacto, llega el 20 de noviembre y no habrá desfile. En política, lo que parece, es. La desmemoria no es mal endémico, es cultivo intencionado de la extrema derecha; intención expresa de imponer la voluntad del capital libre de regulación y rechazar la rectoría del Estado. Es la marcha de la locura, caminar de sonám-

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bulos rumbo al precipicio.

Lejos de aquí, en la Unión Soviética hacía implosión el totalitarismo al que José Stalin impuso características de satrapía oriental. Dispuso borrar toda memoria de León Trotski; erigir monumentos a Lenin y ocultar sus últimas palabras y decisiones. Cayó el muro de Berlín. Desapareció la Unión Soviética. Gorbachov perdió el poder y ganó la Historia, escribiría en sus memorias Francois Mitterrand. Las fotografías, cuadros y murales de los que se había eliminado toda imagen de Trotski, no cambiaron los hechos; los que confiaron en la desmemoria han visto multiplicarse los libros de historia, las biografías de Lev Davidovich Trotski; viven, sobreviven, las obras de Isaac Babel, de Mayakovski, de Pasternak, de los Mandelstam, de Anna Akhmatova.

La memoria es la vida misma de los pueblos. Terca que es la realidad, acaba por imponerse en el recuerdo, en la identidad nacional. El 20 de noviembre desfilarán en toda la Nación los imborrables recuerdos de los hombres y mujeres que lucharon y dieron la vida para instaurar el poder constituido que transformó al país y erigió las instituciones fundamentales del Estado moderno mexicano. Mucho pasó, mucho se hizo en el siglo XX. El hubiera, dice el historiador Orlando Figes, no es materia de la Historia, sino de la metafísica.

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1) Sobre las propuestas de reforma energética

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n diversos textos el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo ha dado a conocer opiniones sobre la reforma energética como parte de una posición más amplia sobre la estrategia nacional de desarrollo.

Tras revisar las iniciativas de reforma presentadas al Congreso de la Unión y atentos al debate que han suscitado, los integrantes de dicho Grupo, expresamos las siguientes consideraciones.

Es evidente la necesidad de reformar la política energética nacional en el contexto de una estrategia nacional que garantice una oferta suficiente y diversificada de fuentes sustentables y seguras de abastecimiento energético, que además tengan un uso eficiente en todas las fases desde la producción al consumo, y que, sobre todo, maximice el impacto del aprovechamiento del petróleo, gas y otras fuentes de energía sobre el desarrollo y el bienestar nacional.

La necesidad de fortalecer PEMEX también es indiscutible, y debe ser atendida acudiendo a las mejores opciones para el desarrollo cercano y a largo plazo. Sin embargo, el criterio rector de una reforma energética no puede ser la continuidad de un enfoque que privilegia la extracción y exportación de petróleo crudo, en especial de yacimientos en aguas profundas o de nuevo tipo, ni las consideraciones inmediatas de atracción de capitales.

La reforma debe garantizar la seguridad nacional, vincular la política energética al fortalecimiento del aparato productivo y a un desarrollo tecnológico, regional e industrial que aproveche las capacidades nacionales. Las disponibilidades probadas y potenciales de combustibles fósiles potenciarían la transición hacia una matriz energética diversificada con fuentes alternativas.

No ha quedado demostrada la necesidad de la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo, que resulta especialmente preocupante porque se propone privar a la industria petrolera nacional de su carácter estratégico, con todas sus consecuencias, incluidas las derivadas del TLCAN, así como eliminar la exclusividad del Estado en la industria sin precisar en forma explícita e inequívoca el resto del entorno jurídico.

Los alcances y modalidades de la iniciativa carecen de una argumentación que corresponda a la magnitud de los cambios propuestos. El debate ha comenzado en una situación de insuficiente información sobre las implicaciones de las reformas constitucionales, en especial en lo que se refiere a la transformación del régimen de propiedad y distribución de la renta petrolera, de las figuras de contratación y de los otros aspectos clave que se encuentran en debate.

No es recomendable emprender una reforma energética sólo a partir de las iniciativas de cambios constitucionales propuestas, y sin presentar o al menos ofrecer una idea suficientemente clara de los contenidos de la legislación secundaria y de sus implicaciones reglamentarias.

Como se ha hecho en otros temas, en este caso conviene que los cambios constitu-

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Grupo Nuevo Curso cionales se decidan con conocimiento suficiente de las modalidades concretas que adoptará la política petrolera, y más en general la energética, en todas las etapas de su ciclo, y en las interrelaciones con el sistema eléctrico y en general de todas las fuentes de energía, es decir, con una clara definición de las rutas y los alcances de la legislación secundaria que se derivaría de las reformas constitucionales.

Lo anterior está lejos de tratarse de un prurito de técnica legislativa, pues deja en duda mecanismos concretos tan importantes como aquéllos por los que se decidirá la distribución de la renta petrolera entre el Estado y los particulares que podrían acudir a los mecanismos de contratación que eventualmente se adopten, poniendo en juego las valiosas fuentes de ingresos con los que, a causa de nuestra precaria fiscalidad, se siguen financiando tantos programas de desarrollo.

También está ausente una clara definición de las acciones de transparencia, de un manejo adecuado de la industria, y de la forma en que se aplicarían las eventuales nuevas modalidades de contratación.

Se requiere conocer con detalle el contenido, limitaciones y características de los contratos o las concesiones, a las que abrirían la puerta las iniciativas de reforma constitucional. Este requisito es vital, porque en la discrecionalidad y opacidad reside el origen de la corrupción.

Como manifestación de la estrecha relación entre la reforma hacendaria y la energética se presentó también, por parte del Ejecutivo, una iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que incluye el cambio del régimen fiscal de PEMEX, pero sin aclarar el nuevo contexto de política petrolera y energética. Entre otras características, el nuevo régimen consiste en la introducción de figuras de contratación que no pueden admitirse en tanto no se conozcan sus detalles, y se debatan a fondo sus ventajas o desventajas.

Sería necesario precisar, entre otros aspectos, cuál sería la secuencia y los mecanismos para cubrir el retiro paulatino de PEMEX del esquema fiscal actual, cómo se garantizaría la canalización efectiva de los beneficios del petróleo al desarrollo del país, y qué salvaguardas se adoptarían para evitar la dilapidación de los beneficios.

El propósito de fortalecer la inversión propia y la capacidad económica de PEMEX es indiscutible, pero la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos contiene previsiones que pueden terminar debilitando a la paraestatal al dar un trato más favorable a las empresas privadas que se beneficien con contratos, y puede ir relegándola a un lugar marginal en la actividad petrolera, al menos en la más rentable.

También introduce nuevas figuras que pueden volver más compleja, opaca y onerosa la actividad, con el fideicomiso y la comercializadora propuestas.

No puede haber una reforma al régimen fiscal de PEMEX que lesione su capacidad operativa y financiera.

Frente a una tendencia inercial de crecimiento económico a la baja, se postula que la reforma energética daría un aumento adicional del producto interno bruto de 0.7 por ciento anual en promedio de 2015 al 2018, como resultado de la inversión adicional esperada y de una mayor producti-

DOS DOCUMENTOS Publicamos en ésta entrega del Correo del Sur, dos textos de indiscutible valor analítico producidos por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, constituido al más alto nivel por maestros, investigadores y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ambos estudios se refieren a temas de extraordinaria actualidad, cuya importancia merece que sean conocidos y discutida por un público más amplio y no sólo por los representantes políticos en el seno de los partidos o el Congreso y el gobierno. Las decisiones sobre la reforma energética y la recién discutida reforma hacendaria tienen que ventilarse con rigor y prudencia en y por la sociedad, a fin de que la deliberación permita separar los aspectos propagandísticos, mediáticos, de sus consecuencias de fondo sobre la vida nacional.

Estamos seguros de que la aportación universitaria al debate ayudará a enriquecer la vida nacional. ASR vidad. Estos y otros resultados esperados de la reforma energética, además de insuficientes, no están demostrados ni argumentados, ni contienen previsiones para apoyar a la inversión privada nacional.

La expectativa de más crecimiento y empleo con las reformas propuestas, en este caso la del sector energético, pasan por alto la dinamización económica mediante opciones alternativas de fortalecimiento productivo; conocidas otras experiencias, es posible que se esté sobreestimando el potencial de atracción de inversiones y de generación de empleo.

En todo caso, para los fines fiscales resulta riesgoso aventurar una reforma energética en condiciones de tan elevada incertidumbre, y de cálculos insuficientes sobre sus posibles beneficios, sobre todo cuando no se contrastan con otras alternativas. Más en general, el respaldo a las iniciativas de reforma constitucional requiere soportes rigurosos y transparentes.

Adicionalmente, no pueden dejar de considerarse los posibles riesgos a largo plazo de la transición y articulación entre la reforma tributaria y la energética. La debilidad fiscal mexicana podría ser mayor si no se cumplen las expectativas de atracción de inversiones, de volúmenes de producción y exportación y de precios internacionales del petróleo, ya que según las mismas proyecciones de los Criterios Generales de Política Económica para 2014, las finanzas públicas dependerán más del petróleo hacia 2018.

Pensamos que las propuestas de reforma energética y la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos deben ser debatidas con otros ritmos y modalidades, y por lo tanto solicitamos al Congreso que no precipite sus decisiones. Resulta imprescindible subsanar omisiones en asun-

tos medulares y disponer de propuestas completas que no estén sujetas a interpretación interesada, a fin de poder conocer el contenido, alcance, divergencias y posibles coincidencias entre las distintas iniciativas y tener un debate serio y articulado.

Son bienvenidos los foros que se realizan en el Congreso, pero la deliberación pública debe ser mejor y más amplia, con un calendario acotado pero más flexible.

Es necesario, por ejemplo, abordar con más cuidado las implicaciones ambientales de una reforma energética, sobre todo en la explotación de gas y petróleo de yacimientos asociados a lutitas y especialmente en el uso y el costo del agua en estos procesos, buscando la sustentabilidad de toda la cadena.

También se impone profundizar en los requerimientos tecnológicos y las capacidades nacionales para cubrirlos, y abordar otros elementos que no deben quedar fuera del debate, incluyendo la urgente necesidad de fortalecer los organismos especializados de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con la energía, y de incorporar mayor valor agregado nacional a la cadena de inversión y producción de petróleo y gas y su procesamiento industrial. El debate, en síntesis, debe abrir espacios para reflexionar y discutir de manera plural e informada sobre una estrategia integral de transición energética.

Eugenio Anguiano, Ariel Buira, Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, Mauricio de María y Campos, Saúl Escobar, Gerardo Esquivel, Mario Luis Fuentes, Carlos Heredia, David Ibarra, Leonardo Lomelí, Juan Carlos Moreno, Ciro Murayama, Jorge Eduardo Navarrete, Enrique Provencio, Jaime Ros, Norma Samaniego, Jesús Silva Herzog Flores, Carlos Tello.

18 de octubre de 2013

CORREO del SUR

de Desarrollo. UNAM INDISPENSABLES 2) Acerca de la propuesta hacendaria para 2014 En documentos previos, el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM ha dado a conocer sus opiniones sobre la reforma hacendaria que México requiere para impulsar el desarrollo, mejorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza de forma acelerada y sostenida. En este marco realiza los siguientes comentarios sobre las propuestas presentadas al Legislativo por el Ejecutivo Federal, junto con las iniciativas de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica para 2014, así como sobre algunos ajustes introducidos en el curso de su consideración por el Legislativo.

En lo que se refiere a las reformas tributarias, fue positivo que en la propuesta no se incluyera la generalización del IVA en alimentos y medicinas, pues hubiera provocado un incremento considerable de la pobreza, incluso en los grupos medios, y una mayor inequidad en la distribución del ingreso. También se valora favorablemen-

te el incremento de la tasa marginal del ISR a las personas físicas, el impuesto a las ganancias en Bolsa y a la distribución de dividendos de las empresas, el impuesto al carbono, a las empresas mineras, así como las iniciativas de reforma constitucional para la pensión generalizada para adultos mayores y el seguro de desempleo. El resultado de uniformar la tasa del IVA en 16 % en todo el país es también favorable para las finanzas públicas nacionales.

Entre los cambios introducidos por el Congreso, consideramos que fue útil para la salud de la población gravar algunos alimentos de alto contenido calórico. En cambio, pensamos que se debieron aprobar otras medidas, como el IVA a colegiaturas.

Sin embargo, la recaudación adicional derivada de las propuestas es insuficiente en relación a las necesidades que México enfrenta. Una reforma hacendaria debería tener como guía y horizonte principal los requerimientos de gasto público, sobre todo en inversiones de infraestructura y desarrollo social, bajo condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y la protección social universal. Necesitamos ejercer mejor el presupuesto, pero también necesitamos gastar más. Conforme a las estimaciones presentadas, en 2018 el gasto gubernamental mexicano, como proporción del PIB, seguirá estando a niveles inferiores en comparación no solo con los países de la OCDE sino también de la mayoría de los países de América Latina.

Desde este punto de partida y con base en las estimaciones sobre el presupuesto a ejercer de forma transparente y vigilada, se debería determinar tanto el esfuerzo tributario a realizar como las necesidades de financiamiento.

Ahora estamos procediendo con una secuencia incorrecta. Las iniciativas de reforma para incrementar los ingresos públicos no han estado a la altura de nuestro rezago social, que en muchos casos sigue siendo lamentable, por ejemplo en las tasas de mortalidad materna o en la precaria atención sanitaria a diversos grupos prioritarios, al grado tal que no cumpliremos varios de los Objetivos del Milenio definidos por la ONU para el 2015.

Pese a los atrasos y las ingentes necesidades, seguiremos en la precariedad hacendaria, y como uno de los países de menor carga tributaria del mundo. No se han dado a conocer las estimaciones oficiales del presupuesto que nuestro país requerirá en los próximos años para alcanzar un sistema completo e integrado de salud y de protección universal, para la reforma educativa, la generación de empleos y para las demás urgencias nacionales, que suponen incrementar progresivamente el gasto público, quizá incluso duplicando los niveles actuales de inversión social y de infraestructura.

Es claro que, de cumplirse el escenario previsto en las reformas, apenas mejoraríamos nuestra capacidad de financiamiento público, y que seguiríamos con una captación fiscal endeble, no solo insuficiente sino también más petrolizada.

De hecho, los ingresos tributarios aumentarían solo en poco más de un punto porcentual del PIB hacia 2018, y el resto de los ingresos adicionales previstos depen-

de de factores externos inciertos. Para ese año continuaremos como uno de los países con menor carga fiscal en relación al producto, aun si los demás permanecen con los niveles que ahora tienen.

La reforma sería mejor si se elimina la devolución del IVA a las grandes empresas productoras de alimentos; el ISR se vuelve más progresivo con mayores tasas para segmentos de más alto ingreso; la consolidación fiscal se elimina por completo y se restringe solo a casos excepcionales; el impuesto a las ganancias de capital no tiene un régimen cedular y se acumula a los demás ingresos; se eliminan todos los tratamientos especiales a personas morales; se revisa el amparo fiscal; se anulan las facultades fiscales discrecionales del Poder Ejecutivo y se fortalecen los ingresos de estados y municipios.

También avanzaríamos en una mejor dirección de reforma si se adoptan medidas explícitas para hacer más eficiente la recaudación; se amplía la base fiscal con incentivos efectivos para reducir la informalidad; se erradica el trabajo precario (que no contribuye a la seguridad social) en las grandes y medianas empresas; y, sobre todo, se acude a tributos que sí se consideran en muchas naciones, como sobre herencias y legados, transacciones financieras e impuestos al patrimonio y la propiedad, que elevarían la recaudación y tendrían un sentido redistributivo.

La parte correspondiente a la reforma energética y al régimen tributario de PEMEX que está planteada en la propuesta hacendaria debería discutirse solo hasta que se resuelva plenamente la nueva situación jurídica del sector. En todo caso, se debe buscar fortalecer a las empresas públicas.

En su sentido amplio, la reforma hacendaria tendría que haber incorporado también la revisión de la composición del gasto público, su mejor asignación a los programas prioritarios, la supresión de partidas injustificadas o de bajos resultados, la eliminación del gasto en publicidad gubernamental, la introducción de reglas más efectivas para el control presupuestal, incluyendo el del gasto federalizado, la corrección de asignaciones regresivas que no benefician a los grupos pobres y medios, entre otros aspectos que atañen al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

El beneficio social y productivo del incremento previsto de ingresos públicos no se aprecia suficientemente. Por un lado, las condiciones para ser beneficiario de la pensión para personas de 65 años y más, aunque están destinadas a ayudar a la población de menores recursos, son muy restrictivas y el monto de la pensión es muy bajo. En cuanto al seguro de desempleo, aún se debaten sus fuentes de financiamiento. Tanto para la pensión como para el seguro de desempleo, es necesario revisar sus coberturas, características y montos, así como la organización institucional vinculada.

El proyecto presupuestal para 2014 mantiene la inercia de las últimas décadas.

La reforma del presupuesto puede iniciarse ya, y debe ser concebida como una tarea permanente no solo del Poder Ejecutivo sino también, y quizá sobre todo, de la Cámara de Diputados, con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación y los organismos de evaluación de las políticas.

Domingo 10 de noviembre de 2013

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En medio de la actual coyuntura recesiva, es adecuado que se imprima al gasto una orientación anticíclica. La adopción del criterio de equilibrio estructural de las finanzas públicas representa un paso en la dirección correcta, aunque sus reglas deben ser más claras y sin márgenes para un posible uso discrecional por parte del Ejecutivo. El ejercicio de 2014 debería contar con más asignaciones para proyectos de infraestructura prioritaria en áreas más sensibles para la recuperación económica, debe ser más oportuno y efectivo, y debe contar con controles más estrictos.

Ante el alcance modesto y parcial de la reforma propuesta, estimamos que será necesario adoptar nuevos cambios en los próximos años, tanto para fortalecer los ingresos como para mejorar la orientación y la aplicación del presupuesto. La que se ha propuesto no puede ser considerada como la reforma hacendaria definitiva, pues ni está a la altura de la que requerimos ni cambia nuestras debilidades tributarias históricas.

Para generar condiciones más propicias para reformar de forma sustantiva nuestra hacienda pública, se requiere procesar un acuerdo político de mayor alcance que ponga por delante el interés nacional y no los privilegios particulares o de grupo que marcan nuestras costumbres tributarias. Los partidos políticos deben hacerse cargo de esta tarea en virtud de su carácter de organismos de interés público, y no confundirla con sus objetivos electorales de corto plazo.

Como parte de la reforma, proponemos la realización de un ejercicio de presupuesto base cero para alinear el gasto a las prioridades nacionales y corregir inercias y distorsiones clientelares. El presupuesto debe tener una orientación explícitamente redistributiva y promotora del empleo.

En una perspectiva de largo plazo y con orientación regional, se debería lanzar un programa nacional de inversiones vinculado a los sectores de mayor rezago y también de mayor potencial detonador. El gasto corriente, por su parte, aunque debe ordenarse y ejecutarse correctamente, no puede ser satanizado pues de él dependen muchos servicios públicos indispensables.

En el centro de un nuevo pacto fiscal debe colocarse la mejora de la distribución del ingreso y la riqueza, la superación de la pobreza y el estímulo al desarrollo. En las semanas recientes lo que se ha observado en el debate hacendario, sobre todo de los representantes de las empresas y grupos de presión, es un extremado conservadurismo político y una defensa de intereses parciales en nombre de valores que delatan la falta de solidaridad con el bienestar colectivo y el desprecio por los bienes públicos.

En tal sentido, tanto los partidos como el Congreso, pero también las instituciones académicas y los organismos ciudadanos, podemos poner en marcha una tarea política y pedagógica que propicie una verdadera reforma hacendaria.

Proponemos al Congreso de la Unión iniciar de inmediato un proceso de discusión nacional sobre los próximos pasos que deben darse para alcanzar la reforma hacendaria que necesita nuestro país, tanto en lo que se refiere a los ingresos públicos necesarios para financiar un sistema universal de salud y protección social, como a la reforma presupuestal y el federalismo hacendario.

Eugenio Anguiano, Ariel Buira, Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, Mauricio de Maria y Campos, Carlos Heredia, Saúl Escobar, Gerardo Esquivel, Mario Luis Fuentes, Juan Carlos Moreno, David Ibarra, Leonardo Lomelí, Ciro Murayama, Jorge Eduardo Navarrete, Enrique Provencio, Jaime Ros, Norma Samaniego, Carlos Tello.

Cuando arreciaron los dolores en la tierra, y los espinares desolados fueron la herencia de los campesinos y como antaño, las rapaces barbas ceremoniales, y los látigos, entonces, flor y fuego galopado ...

Borrachita me voy hacia la capital Se encabritó en el alba transitoria la tierra sacudida de cuchillos, el peón de sus amargas madrigueras cayó como un elote desgranado sobre la soledad vertiginosa, a pedirle al patrón que me mandó llamar Zapata entonces fue tierra y aurora.

En todo el horizonte aparecía La multitud de su semilla armada.

En un ataque de aguas y fronteras el férreo manantial de Coahuila, las estelares piedras de Sonora; todo vino a su paso adelantando, a su agraria tormenta de herraduras.

Corrido de Emiliano Zapata AUTOR: PABLO NERUDA, CON MÚSICA DE TATA NACHO

Que si se va del rancho muy pronto volverá Reparte el pan, la tierra; Te acompaño.

Yo renuncio a mis párpados celestes, Yo, Zapata, me voy con el rocío de las caballerías matutinas, en un disparo desde los nopales hasta las casas de pared rosada. cintitas pá tu pelo no llores por tu Pancho...

La luna duerme sobre las monturas, La muerte amontonada y repartida yace con los soldados de Zapata.

El sueño esconde bajo los baluartes de la pesada noche su destino, su incubadora sábana sombría.

La hoguera agrupa el aire desvelado; grasa, sudor y pólvora nocturna. ... Borrachita me voy para olvidar...

Pedimos patria para el humillado.

Tu cuchillo divide el patrimonio y los tiros y corceles amedrentan los castigos, la barba del verdugo.

La tierra se reparte con un rifle.

No esperes, campesino polvoriento, después de tu sudor la luz completa y el cielo parcelado en tus rodillas.

Levántate y galopa con Zapata.

Yo la quise traer dijo que no...

México, huraña agricultura, amada tierra entre los oscuros repartida; de las espaldas del maíz salieron al sol tus centuriones sudorosos.

De la nieve del Sur vengo a cantarte.

Déjame galopar en tu destino y llenarme de pólvora y arados. ... Que si habrá de llorar pa que volver.

Fuente: Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana. Tomo IV Por Valentín López González, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1991, p. 676-677.

CORREO del SUR Director General: León García Soler

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