Correo Del Sur No 461

Número 461 Octubre 18, 2015

Las candidaturas independientes | Necesitamos unas Naciones Unidas refundadas | El caso Volkswagen | Cataluña: Panorama después de la batalla | El espejismo de las reformas estructurales | La pantomima del TPP

2 Domingo 18 de octubre de 2015

CORREO del SUR

Las candidaturas independientes Víctor Orozco

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eí una entrevista a Jaime Rodríguez, El Bronco, convertido en flamante gobernador de Nuevo León y me impactó. No porque me cautivara el personaje, sino por la pregunta que me asaltó de inmediato: ¿Este hombre ganó por el desprestigio de los partidos políticos y la enorme desconfianza que provocan entre los electores? O bien, ¿Ganó porque el uso del lenguaje populachero o incluso procaz, es el que la población considera más adecuado para los actores políticos, -igual que los partidos, ubicados en el pozo del descrédito público-?. Pensemos, sobre este punto, que a pocas figuras se les aceptaría una parrafada como ésta, consignada en una entrevista de prensa: “El político recuerda que luego de concluir su presidencia municipal y sobrevivir a dos atentados, su actual esposa le pregunta qué sigue: “pues disfrutarte, mamacita, tienes 20 años menos que yo y todavía estás disfrutable, prepárate porque te voy a poner una chinga, todos los días, la que nunca te había dado, hoy te la voy a dar”. Luego diría: “Y si le puse a mi mujer una chinga le hice 3 huercos en 3 años, no sé si alguien me ayudó pero se parecen mí”. [1] Un actor o una actriz, un deportista, un científico, un escritor, etc, con seguridad provocaría la repulsa de la opinión pública y caería de su gracia, si se expresara de esta manera.

Pero al Bronco-político, al Bronco-gobernador, al parecer incluso le fortalece. ¿Por qué?.

La causa más segura, estriba en que la gente juzga estas hablas como las cualidades necesarias que una persona debe tener para sacudirse las lacras de los partidos, con sus camarillas enquistadas y reproduciéndose sin parar, como la polilla.

Tuvimos a Vicente Fox en el pasado, un candidato ignorante y marrullero, postulado por un partido, pero con todo el tipo de “independiente” que les ganó con mucha anticipación la carrera a los candidatos internos y más típicos o tradicionales del panismo. Igual que ahora, con un lenguaje menos florido, se nos presentó el ranchero franco y jocoso. Su presidencia no cambió para bien nada en el país. La corrupción siguió tan campante como siempre, pero tuvimos en Los Pinos a un despistado que ofreció erradicarla con unas cuantas bravatas, entre otras la de meter a la cárcel a puros peces gordos.

En el 2000, los regímenes priístas colmaron la paciencia ciudadana y ganó el de las botas. Ahora, la desconfianza y la decepción colectivas, alcanzan a todos los partidos y a la generalidad de los políticos y altos funcionarios. Nunca estuvo tan puesta la mesa para las candidaturas independientes como en esta coyuntura, cuando los partidos políticos padecen de males que parecen incurables. En sus orígenes, en una sociedad heterogénea, como la mexicana, en la cual coexisten múltiples y

encontrados intereses económicos, ideologías, cultos religiosos, visiones culturales, estos partidos tendieron a identificarse con algunos de ellos y aproximarse a su representación, disputando en los comicios su primacía. Otra de las funciones asignadas y asumidas fue la de servir como un primer filtro para abonar la capacidad e integridad de los aspirantes a los puestos.

Con el tiempo, les aquejó la enfermedad de todas las burocracias: desarrollaron sus propios y exclusivos intereses y aspiraciones. Al final acabaron por representarse sólo a ellos mismos. Cuando esto sucedió, su único empeño fue el de mantenerse en el poder y reproducirse, a través de familias consanguíneas o de círculos de socios, cómplices o compadres. Se esfumaron proyectos de nación, principios ideológicos, compromisos sociales. Lo que quedó de todo esto fue una pura fraseología hueca, sin contenido y a la que nadie toma en serio, ni le cree un ápice, menos que nadie los propios candidatos. Pero, subsistió y se fortaleció, eso sí, un poderoso aparato propagandístico, controlado por élites recurrentes cuyos miembros saltan de un puesto a otro y disfrutan de altísimos ingresos. El cedazo partidario, se llenó de enormes agujeros y por allí se colaron los charlatanes y sinvergüenzas, que ocuparon el edificio estatal.

Los partidos triunfaron, se alzaron con el poder y …perdieron su alma, como el Doctor Fausto, con la diferencia que a este personaje lo animaba su sed de conocimiento, mientras que los dirigentes políticos, son acicateados por la sed de dinero y poder. Ante la separación de sus bases sociales, desde hace rato se habla de la cri-

sis de los partidos. No faltó, sin embargo, alguna perspicaz observación: ¿Pero cuál crisis, si nadan en dinero y sus cúpulas deciden a su antojo la suerte del país?. Tal vez debe decirse con mayor propiedad que al desnaturalizarse, los partidos pusieron en crisis el modelo sobre el cual fueron concebidos.

Hasta ahora, ningún desafío o competencia serios habían tenido en su carrera al poder. Las últimas elecciones, sin embargo, plantaron en pie una opción conocida, pero nunca puesta en acto, esto es, las candidaturas llamadas independientes, porque no surgen de un partido. Algunos las han visto como la gran puerta a través de la cual saldremos del muladar en que se ha convertido la actividad política, para dignificarla y lograr que los mejores hombres y mujeres conduzcan el Estado. Otros, más precavidos advierten los muchos “asegunes” que las empañan.

Veamos dos de las virtudes primero. Hacen posible que ciudadanos con vocación de servicio público, puedan llegar a los puestos de elección popular y desde allí hacer mejores leyes, vigilar las cuentas y la conducta de los gobernantes, calificar las políticas públicas, nombrar jueces probos, entre otras cosas. Puesto que se les supone “independencia”, es decir ausencia de compromiso con camarillas enquistadas en el gobierno y en los partidos, se infiere que orientarán la acciones del Estado en beneficio de la sociedad exclusivamente.

Examinemos ahora al menos unos de sus riesgos. Salta a la vista el implicado en la forma de financiar las campañas. Si se abren las cajas oficiales, sobrarán candidatos independientes, como moscas sobre

la miel. Si no se les entrega dinero público, entonces cualquier millonario, cuya fortuna provenga de donde sea, o alguno de sus agentes, estaría en condiciones de encaramarse en los puestos del gobierno y nadie más.

Hay mucho de inédito e imprevisible en los próximos tiempos. No sabemos si el patrón acuñado por el neolonés y sus estrategas publicitarios marque a los futuros independientes. Es posible. Al fin, dobló a sus opositores juntos y eso hace probable que nos esperen varios “Broncos” en el futuro. Son los signos de los tiempos y no hay porque asombrarse…demasiado. Tal vez quien aspire a ser un candidato viable tendrá que escuchar muchas letras de las nuevas canciones interpretadas al son de las bandas y comunicarse con los electores hablando de las pedas, los cabrones y las chingas. Tanto han descendido los políticos en la escala de calificaciones que éste es el léxico asignado para ellos por el criterio público.

Varios analistas, incluso líderes partidarios, han dicho que las candidaturas independientes llegaron para quedarse. De hecho, si el sistema político no abre válvulas de escape como éstas, de la frustración y el desengaño de los electores, con seguridad emergerán las confrontaciones políticas violentas. Y de violencia, los mexicanos ya estamos hasta el copete. Hoy existen varias iniciativas de ley para normar estas candidaturas en la propia Constitución. Esperemos que las nuevas reglas sirvan para estimularlas y al mismo tiempo proporcionen certeza en su conducción, sobre todo para saber de dónde provienen las fuentes de su financiamiento.

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Necesitamos unas Naciones Unidas refundadas Federico Mayor Zaragoza*

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iremos a los ojos de nuestros descendientes, de los niños y de los más menesterosos y procedamos, con gran firmeza, a actuar frente a quienes, en la vorágine de las irresponsables políticas económicas actuales, podrían conducir a la humanidad a una situación inadmisible desde todos los puntos de vista. Tanto el Papa Francisco en su valiente Encíclica “ecológica” –“… es ahora tiempo de acción”- como el Presidente Barak Obama -“nuestra generación es la primera que hace frente al cambio climático… y la última que puede reducirlo y resolverlo” (¡)- han alertado sobre los riesgos de la situación y perspectivas futuras y han urgido la adopción de medidas.

Es especialmente inaplazable una gran acción educativa, a todos los niveles, para tomar conciencia de las responsabilidades actuales, para pasar de súbditos a ciudadanos plenos, y para anticiparse, ahora que la tecnología digital ya lo permite; para lograr total igualdad de género, auténtica piedra angular de la nueva era. Esta debería de ser la gran misión a encomendar a las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, para conseguir, tanto en las escuelas como en los parlamentos, en los consejos municipales y en los gobiernos, personas “educadas”, es decir, “libres y responsables”, como establece el artículo primero de la Constitución unesquiana. Educación para ser, educación para aprender a ser y no a tener, como preconizan con tanta insistencia informes, como los PISA, derivados de organizaciones estrictamente económicas y comerciales. Hay que inspirarse en las reflexiones de Paulo Freire, Edgar Morin… que son las que afianzan la autoestima, la creatividad, el pleno ejercicio de las facultades distintivas de la especie humana.

Lo que hoy acontece a escala mundial (escasas ayudas a Haití, Nepal…, desatención a los refugiados, a los inmigrantes, reducción de la ayuda al desarrollo, la amenaza nuclear, la impunidad internacional en los tráficos de toda índole…) sólo podría resolverse con unas Naciones Unidas refundadas, plenamente respetadas por todos los países.

La guerra de Siria, de Yemen, de Somalia,… la situación en Ucrania… la reacción frente al llamado Estado Islámico, que requiere una contundente y concertada acción a escala mundial, en lugar de las opacidades (ayudas a los terroristas por razones “intra-religiosas”) son realidades absolutamente insostenibles. Por otra parte, unas Naciones Unidas eficaces y “torres de vigía” hubieran permitido que la “primavera árabe” hubiera desembocado en situaciones muy distintas a las actuales.

Las Naciones Unidas han debatido y aprobado en diversas ocasiones Estrategias internacionales para la reducción de desastres naturales (1989, 1994, 1999, 2005, 2012…); se han utilizado como espacio de estudio y discusión, pero las recomendaciones han caído siempre en el saco roto de la sociedad de los “mercados”. Lo que debemos tener en cuenta es que entre 2002 y 2011 se produjeron 4130 desastres registrados, resultantes de riesgos naturales, en todo el mundo, en los que fallecieron 1.117,527 personas…

Desde hace dos décadas, por primera vez en la historia, los seres humanos han dejado de ser invisibles, anónimos, silenciosos, obedientes… confinados tanto territorial como intelectualmente en espacios muy limitados y, de forma progresiva, están haciendo realidad el principio de la Carta de las Naciones Unidas: “Nosotros, los pueblos”…

Ahora ya es posible la refundación del Sistema de Naciones Unidas, basado en la representación de la sociedad civil, en la representación de los Estados junto con la representación popular. Sí, ahora ya es posible la transición a una economía solidaria basada en el conocimiento para un desarrollo global sostenible y humano.

Las grandes prioridades a escala global establecidas por las Naciones Unidas: alimentación, acceso al agua potable, salud, cuidado del medio ambiente, educación para todos, paz, no pueden llevarse a la práctica si no existe una gobernación local e internacional genuinamente de-

mocrática. Además de terminar con la amenaza nuclear, sería muy conveniente que se garantizara la seguridad a través de las pertinentes alianzas siguiendo las directrices de un Consejo de Seguridad ponderado en composición y funciones, y fuera posible poner en práctica lo que constituye el gran proyecto patrocinado por el International Peace Bureau de Ginebra: desarme para el desarrollo (“disarmament for development”). Bastaría con un “recorte” del 35% del presupuesto bélico actual para que se produjera, en muy pocos años, esta gran transformación social a escala global. Hoy ya es posible la transición de una cultura secular de imposición, violencia y guerra (“si vis pacem, para bellum”) a una cultura de encuentro, conciliación, alianza y paz. Hoy ya es posible la gran transición histórica de la fuerza a la palabra, por las voces unidas en un gran clamor popular a escala planetaria, para que el siglo XXI sea, por fin, el siglo de la gente. Voces unidas para que pronto concluya la actual contradicción entre democracias a escala local y una plutocracia recubriendo el espacio internacional, en la que los tribunales internacionales, generales o específicos, no son reconocidos, o lo son sólo en determinadas ocasiones, por lo poderes hegemónicos.

James A. Paul, fundador de la NGO Working Group on the Security Council, ha escrito en un artículo reciente sobre el 70 aniversario que ha llegado el momento en que la humanidad requiere la adopción de medidas muy enérgicas y que, en lugar de esperar los desastres que

se avecinarían por la ausencia de una sabia gobernación mundial, los ciudadanos deben “pedir ahora un organismo efectivo y fuerte a escala mundial, democrático y proactivo, que proteja el medio ambiente, asegure el adecuado tratamiento de los conflictos y mejore la situación del mundo en su conjunto”.

El profesor Juan Antonio Carrillo, que fue un gran valedor del Derecho Internacional y hoy sigue iluminando con su obra los caminos que debemos recorrer sin demora, advirtió ya en 1998: “… es indispensable contribuir a la búsqueda de un orden internacional basado en la equidad, la solidaridad y la noción de comunidad internacional. Estos propósitos, que recuerdan los expresados en el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas, pueden parecer ingenuos y utópicos. Pero constituyen la base de mi firme convicción de que cada ser humano, cada comunidad humana, tiene la obligación positiva de ser el guardián de su hermano en el mundo injusto, desbocado y convulso que nos ha tocado vivir”. La realización histórica de este ideal exige, como es obvio, la institucionalización de la comunidad internacional en su conjunto, esto es, el tránsito de un orden internacional basado en la dependencia de los Estados soberanos a uno orden de interdependencia, basado en el totus orbis de la comunidad internacional. Está claro que no han faltado referentes. No han faltado lúcidas alertas, iniciativas, propuestas. Lo que sucede es que, hasta ahora, los “pueblos” estaban silentes. Ahora pueden hablar. Y van a hacerlo. Se avecinan cambios radicales.

Hace algunas semanas envié al Presidente Barack Obama, una carta en la que expresaba mi convicción de que, especialmente en concertación con el Papa Francisco, podía desencadenar un rápido movimiento a escala mundial en favor de la celebración de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se adoptaran las medidas apropiadas para evitar alcanzar puntos de no retorno, tanto en procesos medioambientales como sociales. En la misma sesión se decidiría una “hoja de ruta” para, en el menor tiempo posible, refundar un multilateralismo democrático, unas Naciones Unidas que hicieran realidad el principio de la Carta -“Nosotros, los pueblos”- mediante una Asamblea General que constaría de un 50% de representantes de Estados y un 50% de representantes de instituciones de la sociedad civil, al tiempo que al Consejo de Seguridad actual se añadiría un Consejo Socioeconómico y un Consejo Medio Ambiental.

No existiría veto pero sí voto ponderado. En cuestiones especializadas, se tendrían en cuenta el rigor científico. Así, en materia de medio ambiente se atendería al Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC).

En estos momentos estamos procediendo, con varias instituciones de gran prestigio, a elaborar una propuesta que catalice, mediante el apoyo de la comunidad artística, de la comunidad científica, de la comunidad docente y universitaria, y con gran clamor popular, la puesta en marcha de un Sistema de Naciones Unidas capaz de asegurar una gobernanza mundial a la altura de los desafíos actuales.

A esta Asamblea General se sometería, en un breve plazo, el texto final de una Declaración Universal de la Democracia, único contexto en que es posible el pleno ejercicio de los derechos humanos, de la igual dignidad de todos ellos. Sería el “nuevo comienzo” que preconiza en su último apartado la “Carta de la Tierra”. Sería legar a las generaciones venideras un mundo en que las horrendas y ensangrentadas imágenes de mujeres, niños y hombres abandonados a su suerte no volvieran a repetirse. En que la habitabilidad de la Tierra seguiría en condiciones aceptables para una vida digna. En que la cooperación y no el enfrentamiento sería la norma. Sería celebrar los setenta años con el inicio de la transición histórica de la fuerza a la palabra. *Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, ex Ministro de Educación de España, ex director general de la UNESCO, presidente de la Fundación

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El caso Vo

y la responsabilidad so Mónica Melle Hernández

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uando más se habla y se presume de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), asistimos escandalizados a malas prácticas de compañías emblemáticas que nos hacen cuestionarnos el modelo de gobierno corporativo que impera en la economía capitalista actual.

La práctica de Volkswagen de instalar un software en 11 millones de vehículos diésel para esquivar controles medioambientales, y al mismo tiempo adquirir una buena reputación en materia de RSE, así como ayudas gubernamentales, ha vuelto a poner en cuestión una vez más las prácticas deleznables que en muchas ocasiones se esconden detrás de una falsa RSE. El impacto económico podría ascender a 18.000 millones de dólares, resultado de multiplicar la multa máxima para estos casos (37.500 euros) por coche. A lo que se debe sumar el grave daño a su reputación a nivel global y a la confianza de sus clientes, que han sido engañados porque Volkswagen presentaba estos vehículos diésel como eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Este fraude empresarial seguramente es sólo la parte visible del iceberg. Cientos de grandes corporaciones no actúan para nada con responsabilidad ante la sociedad, llevando a cabo prácticas despreciables.

Tan sólo en Alemania, ejemplo de modelo empresarial que considera a los trabajadores para la cogestión de las empresas, están los recientes casos de Siemens, a quien a finales de 2006 la fiscalía de Munich acusó a diez altos cargos de su división de Comunicación de malversación de fondos; de Deutsche Telekom, investigada en 2008 por la fiscalía de Bonn por espionaje a sus propios directivos y a los periodistas que mantenían contacto con ellos; o de Deutsche Bank, involucrado desde 2012 en litigios por manipular tasas de referencia interbancarias, como el Libor.

Una empresa es socialmente responsable cuando en el desarrollo de su actividad considera sus impactos en la sociedad, y tiene además en cuenta los intereses de los agentes involucrados en su gestión, ya sean accionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, clientes,… Ello implica llevar a cabo una gestión activa de esos impactos -actuales y futuros- de la empresa ante la sociedad, mitigando los negativos y potenciando los positivos.

Casos como el de Volkswagen y otros escándalos empresariales se deben a comportamientos nada responsables ante la sociedad. Son motivados por deficiencias en el gobierno corporativo de estas empresas, falta de transparencia e incapacidad para determinar eficazmente la cadena de responsabilidades dentro de la organización.

No funcionan los mecanismos de control de las posibles decisiones oportunistas de los directivos de las grandes empresas. Éstos actúan en muchas ocasiones en beneficio propio, en contra de los intereses de los propietarios y causando perjuicio a los demás grupos de interés. Sus objetivos a corto plazo, a menudo ineficientes, dan lugar a resultados insostenibles para las empresas, y al propio tiempo debilitan la cohesión social y agravan el deterioro medioambiental del planeta.

La mala gobernanza corporativa (ineficiente y especulativa) está en los fundamentos de éste y otros casos, que desgraciadamente repercuten en la sostenibilidad de las empresas, en el empleo y en la generación de riqueza. Urge poner en marcha mecanismos que protejan a los inversores y resto de partícipes en las empresas, especialmente los trabajadores, del riesgo de abuso de los direc-

tivos. El modelo económico y empresarial debe evolucionar hacia un modelo medioambientalmente sostenible y socialmente responsable; lo que obliga a una reforma del gobierno corporativo actual. En el caso de Volkswagen, ha dimitido su CEO, el mejor pagado de Europa en 2014, con un salario cercano a los 15 millones de euros y con derecho a una pensión de 28,6 millones de euros. Sin embargo, ¿quién asume las consecuencias de sus decisiones, orientadas a su propio interés, y claramente en contra del interés general?

El problema no es la RSE, sino la falta de RSE. Existe una gran discrecionalidad por parte de las empresas sobre cuál

es su responsabilidad ante la sociedad. Es imposible fijarla para que no deje lugar a dudas. Y lo que es más importante, existen carencias sobre cómo medirla y evaluarla.

Algunas empresas buscan manipular su reputación realizando pequeñas actuaciones ante la sociedad y el medioambiente, como plantar árboles o realizar donaciones, que comunican eficazmente a través de potentes departamentos de Comunicación e informes de RSE, pero ello no significa que sean empresas socialmente responsables. Buena parte de las regulaciones del Gobierno Corporativo y la RSE son “indicativas”, y de ahí que se esté a resultas de la autorregulación de las empresas y de lo que

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olkswagen

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ocial empresarial (RSE)

quieran trasladar sus departamentos de Comunicación.

Tampoco están funcionando las agencias de calificación de la sostenibilidad empresarial, responsables de evaluar la RSE a través de la información que las empresas aportan y dictaminar sobre las calificaciones para los índices bursátiles de sostenibilidad. Evalúan actividades en temas medioambientales, sociales, de gobernanza, homogéneas para todas las empresas. Y a la vista de sus resultados, con necesidad de mejorar. Igual que ocurrió con British Petroleum, calificada aparentemente modélica en materia medioambiental justo antes del derrame en el Golfo de México, Volkswagen unos días antes de que el

escándalo del fraude de los medidores medioambientales instalado en los motores diésel saliera a la luz pública había sido calificada como empresa número 11 entre las más responsables del mundo por parte del Reputation Institute en la calificación Global CSR Top Companies: 2015 Most Reputable Companies. Cierto es que esa calificación se determina con base en entrevistas a personas sobre sus percepciones sobre la RSE de las empresas.

ditoria y la verificación de este tipo de información no financiera que se incorpora en los informes RSE. Sin olvidar que en este ámbito, al igual que en el de las auditorías de información financiera, se pueden producir conflicto de intereses en las firmas auditoras si éstas desarrollan también negocio de consultoría a empresas en esas mismas materias.

La reciente Directiva 2014/95/UE sobre Transparencia

Queda mucho por mejorar en materia de reporting de la RSE. Se debe exigir mayor transparencia en materia de Responsabilidad Social de las empresas y mayor rigor a las Agencias de calificación. Éstas aportan un gran valor de síntesis de toda la información pero deberían difundir sus metodologías y hacer mayores esfuerzos en explicar qué quieren decir sus calificaciones, qué no quieren decir, cómo se pueden interpretar. Quizás deberían venir con una advertencia al estilo de las declaraciones de las auditorias financieras, que permitiera asegurar o no la sostenibilidad social y medioambiental de las empresas y su buen gobierno corporativo. Urge avanzar en la au-

y Responsabilidad Social (2014), exige mayor transparencia a las empresas, que han de proporcionar no sólo información económico-financiera, sino también informes de sostenibilidad, que incluyan información social y medioambiental. Y ésta debe estar igualmente sujeta a los principios de fiabilidad, claridad, relevancia, comparabilidad y verificabilidad, de acuerdo con lo contenido en la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI).

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Cataluña: Panorama después de la batalla Josep Fontana

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Es preciso adaptar la legislación española a esta Directiva 2014/95/UE sobre Transparencia y Responsabilidad Social de las grandes compañías (2014) para legislar sobre la determinación de los indicadores sociales, ya que en la actualidad existe mucha retórica al respecto. Porque las empresas han de gobernarse satisfaciendo las expectativas de todos los grupos de interés -trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y sociedad en general-. El objetivo de maximizar beneficios está socialmente obsoleto.

Lograr una mayor participación y una mayor implicación de los grupos de interés o “stakeholders” en la gestión de las empresas, especialmente de los trabajadores. El modelo de participación en la gestión empresarial está implementado en Alemania, Austria, Holanda, Francia y los países nórdicos (consideran una participación más pequeña, de 2 o 3 trabajadores), entre otros países de nuestro entorno. Se demuestra que ha sido muy importante para consolidar la sostenibilidad de las empresas, su apuesta por la industria, la investigación, desarrollo e innovación, la formación de su capital humano y el establecimiento de unas relaciones laborales cooperativas alejadas de la cultura del conflicto. Todo ello redunda en una mayor productividad de las em-

presas y también en una mejora de su competitividad.

En Alemania, los trabajadores forman parte de los Consejos de Administración de las empresas (conforme a la ley de cogestión que exige en las grandes empresas que los sindicatos tengan el mismo número de asientos en los Consejos de Dirección que el equipo de gestión de la empresa). Y en muchas decisiones, los sindicatos tienen el poder de veto. Habría que investigar en el escándalo de Volkswagen, qué postura mantuvieron los trabajadores ante esta decisión, si es que fueron informados de la misma. Es posible que no se les comentara porque su postura debería haber sido contraria, dados los efectos negativos que este tipo de fraudes pueden tener sobre los resultados y el empleo cuando se descubren.

En definitiva, el caso de Volkswagen se debe más bien a un fracaso del modelo de empresa actual en el que existe ausencia real de responsabilidad social, aunque se comunique y trate de vender otra cosa. El modelo RSE o “multi-stakeholder” de empresa implica que las decisiones que afectan al futuro de la empresa se adopten no sólo por los gestores-directivos empresariales, que pueden adoptarlas en función de sus propios intereses, sino que en tales decisiones se consideren y participen to-

dos los agentes involucrados en la gestión de la empresa (“stakeholders”). Y al propio tiempo, establecer políticas redistributivas en las empresas para lograr un reparto real y justo de los excedentes en función del valor que se aporta y del riesgo que se asume cada uno de los “stakeholders”. Un pacto de rentas para equilibrar salarios de los trabajadores, beneficios empresariales y remuneraciones de altos directivos.

Porque el modelo de empresa capitalista ha de revisarse si queremos avanzar hacia un sistema económico social, económica y medioambientalmente sostenible.

De mi alumno alemán, quien obtuvo para la clase de Economia, de la FCA-UNAM, la tesis doctoral del genio financiero de Hitler, Hjalmar Schacht, creador de los mercados spot del petróleo de Rotterdam, donde la SHELL se convirtió en la socia estratégica de Pemex (de por vida), impulsó la moneda única para Europa (hoy el Euro), el Banco Central Europeo, antes en Basilea, Suiza hoy en Frankfurt, las maquiladoras (con trabajo forzado de judíos, eslavos, gitanos y griegos), el apalancamiento o leverage de los derivados financieros, y las autopistas.

La autora es es Profesora Titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense.

na primera ojeada al panorama que se empieza a ver una vez terminadas las elecciones [catalanas del 27S] parece indicar que el resultado ha sido un auténtico desastre. Había una posibilidad de dar un paso serio adelante en la consolidación de un consenso nacional en torno a la demanda del derecho a decidir, un objetivo que pudo conseguir un amplio apoyo de los votantes, y se eligió embarcarse, sin haberlo razonado adecuadamente, en la fórmula de “la independencia en quince días”, una propuesta que desveló bastante ilusiones en un sector amplio de nuestra sociedad, aunque olvidando inconvenientes tan serios como el de las fuerzas policiales antidisturbios que estaban estacionadas en Zaragoza, esperando a ver qué pasaba en Barcelona.

Que la independencia en quince días no fuera un objetivo realista se habría podido perdonar si el conglomerado de JxS hubiera sido capaz de obtener un voto suficientemente mayoritario como para demostrar a la opinión española la fuerza del sentimiento reivindicativo de los catalanes. Pero ha fallado también en este objetivo.

Las razones que lo explican derivan del hecho de que esta propuesta, que debería necesitar de un período previo de discusión para alcanzar un consenso más amplio, tenía que asustar a un sector de la población inmigrante a la que no se había explicado suficientemente cuál sería su situación en estas nuevas circunstancias. Sobre todo cuando este programa no venía acompañado de medidas concretas que se ocuparan de sus problemas económicos y sociales, que son bastante angustiosos (el caso de la CUP, que asocia independencia a un cambio social revolucionario, es diferente).

El resultado ha conducido a un hecho tan aberrante como ha sido el de tirar los votantes del viejo “cinturón rojo” de Barcelona, incluyendo el Hospitalet, en brazos de Ciudadanos, el simulacro de partido inventado por el Banco Sabadell (un partido representa normalmente una opción política propia y diferenciada, y ya me diréis qué distingue C’s del PP en materia de doctrina).

Que los trabajadores, muchos de ellos en situación precaria, de estas poblaciones hayan optado por votar una formación que les garantiza la continuidad de una línea política que perpetuará el paro, la inseguridad en el trabajo y los recortes en los servicios sociales es una muestra elocuente del desconcierto que han producido estas elecciones.

Ahora vendrá el problema de ponerse de acuerdo para gobernar un conglomerado que no tenía más programa en común que el del “proceso” y que se verá obligado a redefinirse.

Y quedará todavía otro problema bastante angustioso: ¿Qué vamos a votar en las elecciones generales del próximo mes de diciembre? No pediré tanto como cordura, que no parece abundar en nuestra sociedad, pero un poco de reflexión sobre lo que ha pasado sí que nos hace falta.

Josep Fontana miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, es catedrático emérito de Historia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Fuente: http://lamentable.org/panorama-despres-de-la-batalla/ Traducción: Roger Tallaferro

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El espejismo de las reformas estructurales Dani Rodrik

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esde que golpeó la crisis financiera en 2009, cada programa económico impuesto a Grecia por sus acreedores, se ha hecho bajo un supuesto central arrogante: que las reformas estructurales concebidas enérgicamente y aplicadas sin desfase, ofrecerían una rápida recuperación económica. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional anticiparon que la austeridad fiscal sería costosa y afectaría los ingresos y empleos –aunque subestimaron significativamente cuán costosa sería. Sin embargo, señalaban que las reformas orientadas al mercado tanto tiempo postergadas y muy necesarias resultarían en un impulso compensatorio para la economía griega.

Cualquier evaluación de los resultados actuales arrojados por las reformas estructurales en todo el mundo –sobre todo en América Latina y Europa oriental desde los años noventa– enfriaría dichas expectativas. La privatización, la desregulación y la liberalización producen típicamente un crecimiento a largo plazo, en el mejor de los casos, pero tienen efectos a corto plazo que con frecuencia son negativos.

No quiere decir que los gobiernos no pueden generar un aumento rápido de crecimiento. De hecho, dichas aceleraciones de crecimiento son muy comunes en todo el mundo. Sin embargo, están asociadas con una eliminación bien focalizada y selectiva de obstáculos importantes, y no con una liberalización general e iniciativas de reforma en la economía.

La teoría detrás de las reformas estructurales es simple: abrir la economía a la competencia incrementará la eficiencia con la que se asignan los recursos. Al abrir las profesiones reguladas –como por ejemplo, farmacias, notarios y taxis– los proveedores ineficientes serán eliminados por empresas más productivas. La privatización de empresas estatales hará que la nueva gestión racionalice la producción (y eliminará los trabajadores excedentes cuyo empleo responde a clientelismo político).

Estos cambios no inducen directamente crecimiento económico, pero incrementan el potencial de la economía o los ingresos de largo plazo. El crecimiento por sí solo ocurre cuando la economía empieza a converger con este nivel alto de ingresos de largo plazo.

Numerosos estudios académicos han mostrado que la tasa de convergencia tiende a ser de alrededor de 2% anual. Es decir, cada año, una economía tiende a disminuir la diferencia entre sus niveles de ingreso actuales y potenciales.

Estas estimaciones nos ayudan a entender la magnitud de crecimiento que se puede esperar de las reformas estructurales. Seamos súper optimistas y supongamos que las reformas estructurales permiten a Grecia duplicar su potencial de ingreso en los siguientes tres años –presionando el ingreso per cápita griego más allá del promedio de la Unión Europea. Al aplicar cálculos de convergencia, se produciría un impulso de crecimiento anual de tan solo 1,3% en promedio en los siguientes tres años. Para poner estas cifras en perspectiva, recordemos que el PIB griego se ha contraído en 25% desde 2009.

Así pues, si las reformas estructurales no han sido productivas en Grecia, no es porque las administraciones griegas hayan bajado el ritmo. De hecho el récord de implementación de Grecia es muy bueno. De 2010 a 2015, Grecia escaló casi 40 lugares en la clasificación de los países con el mejor ambiente de negocios, realizada por el Banco Mundial. En cambio, la decepción actual tiene que ver con la lógica intrínseca de las reformas estructurales: gran parte de los beneficios surgen mucho después, no cuando realmente los necesita el país.

Hay una estrategia alternativa que podría producir un crecimiento significativo más rápido. Un enfoque selectivo que se centra en las “obligaciones normativas” –

aquellas áreas donde los beneficios del crecimiento son mayores– maximizaría temprano los beneficios. También garantizaría un gasto valioso de las autoridades griegas en capital humano y político en estas batallas que verdaderamente importan.

Así pues, ¿específicamente cuáles obligaciones normativas en la economía griega deben abordarse?

El mayor impulso de la promoción de las reformas se obtendría del incremento de la rentabilidad de los bienes comerciables –lo que estimularía la inversión y las iniciativas empresariales en las actividades de exportación, nuevas y existentes. Claro, para lograrlo, Grecia carece del instrumento más directo –la depreciación de la moneda– debido a que es parte de la eurozona. No obstante, la experiencia de otros países ofrece una larga lista de herramientas alternativas para promover las exportaciones –desde incentivos fiscales hasta zonas especiales para realizar proyectos de infraestructura específicos.

Lo más urgente en Grecia es la creación de una institución cercana al primer ministro que tenga como tarea fomentar un diálogo con inversionistas potenciales. La institución necesita la prerrogativa de eliminar los obstáculos que identifique en lugar de dejar languidecer dichas propuestas en varios ministerios. Típicamente dichos obstáculos son demasiado específicos –normas de zonificación o programas de capacitación, entre otros– y es poco probable abordarlos de forma directa mediante reformas estructurales generales.

La falta hoy en día de un enfoque específico para bie-

nes comerciables ha sido costosa. Distintas reformas han tenido efectos contradictorios en la competitividad de las exportaciones. Por ejemplo, en el caso de la manufactura, los beneficios de la competitividad de los recortes salariales (“devaluación interna”) se vieron contrarrestados por aumentos en los costos de la energía derivados de medidas de austeridad fiscal y ajustes de precios de las empresas estatales. Una estrategia de reformas más focalizada podría haber protegido las actividades de exportación de dichos efectos perjudiciales.

Las reformas estructurales convencionales tienden a sesgarse hacia las “mejores prácticas” –políticas remediales que se suponen son universalmente válidas. Sin embargo, como han descubierto los casos de éxito de países en todo el mundo, un enfoque que retoma las mejores prácticas no ayuda mucho a promover nuevas exportaciones. Al no tener su propia moneda, el gobierno griego tendrá que ser especialmente creativo e imaginativo.

En particular, la experiencia de otros países indica que es probable que una respuesta rápida de proveedores necesite de políticas selectivas y discrecionales a favor de los exportadores, en lugar de políticas favoritas “horizontales” de los partidarios de reformas estructurales. Y aquí radica la paradoja: entre más ortodoxa es la estrategia macroeconómica y fiscal de Grecia, más heterodoxa tendrá que ser su estrategia de crecimiento.Dani Rodrik es Professor of International Political Economy at Harvard University’s John F. Kennedy School of Government. Traducción de Kena Nequiz. Tomado de Eldiario.es.

La pantomima del TPP Joseph Stiglitz*/Adam Hersh**

L

os negociadores y ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la cuenca del Pacífico se reúnen en Atlanta en un esfuerzo por ultimar los detalles del nuevo Trans-Pacific Partnership (TPP, Partenariado Trans-Pacifico), y es necesario un análisis sobrio de su contenido.

El mayor acuerdo de comercio e inversión regional de la historia no es lo que parece.

Se ha hablado mucho sobre la importancia del TPP para el “libre comercio”.

En realidad se trata de un acuerdo para gestionar las relaciones comerciales y las inversiones de sus miembros. Y hacerlo en nombre de los grupos de presión empresariales más poderosos de cada país.

No nos equivoquemos: es evidente por la naturaleza de las principales cuestiones pendientes, sobre las que los negociadores siguen regateando, que el TPP no tiene que ver con el “libre” comercio.

Nueva Zelanda ha amenazado con retirarse del acuerdo por la manera en que Canadá y los EE.UU. controlan el comercio de productos lácteos. Australia no está contenta con la forma en que los EE.UU. y México regulan el comercio de azúcar. Y los EE.UU. no están contentos con la forma en que Japón gestiona el comercio del arroz.

Estas industrias están respaldadas por bloques de votantes importantes en sus respectivos países. Y estos temas representan sólo la punta del iceberg en términos de cómo el TPP impondrá una agenda que en realidad va en contra del libre comercio.

Para empezar, tenga en cuenta los efectos de un acuerdo que amplia los derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas, como hemos conocido gracias a las versiones filtradas del texto de negociación. La investigación

económica demuestra claramente que tales derechos de propiedad intelectual no sirven para promover la investigación, en el mejor de los casos. De hecho, hay pruebas de lo contrario: cuando el Tribunal Supremo invalidó la patente de Myriad sobre el gen BRCA, se produjo una explosión de innovaciones que se tradujeron en mejores pruebas menos caras. En efecto, las disposiciones del TPP restringirán la competencia abierta y aumentarán los precios para los consumidores en los EE.UU. y en todo el mundo: anatema para el libre comercio.

El TPP regulará el comercio de productos farmacéuticos a través de una serie de cambios de unas reglas aparentemente arcanas sobre temas como “la vinculación de patentes”, la “exclusividad de datos”, y datos “biométricos”. El resultado real es que se permitirá expandir a las empresas farmacéuticas - a veces casi por tiempo indefinido - sus monopolios sobre los medicamentos patentados, excluir a medicamentos genéricos más baratos del mercado, e impedir a competidores “biosimilares” la introducción de nuevos medicamentos durante años. Así es como el TPP regulará el comercio de la industria farmacéutica, si los EE.UU. se salen con la suya.

Del mismo modo, considere cómo los EE.UU. esperan utilizar el TPP para regular el comercio de la industria del tabaco. Durante décadas, las empresas tabacaleras estadounidenses han utilizado mecanismos de defensa para los inversores extranjeros creados por acuerdos similares al TPP para luchar contra regulaciones destinadas a frenar el flagelo para la salud pública que es el consumo de tabaco. Bajo estos sistemas de resolución de controversias inversores-Estado (ISDS), los inversores extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a

CORREO del SUR Director General: León García Soler

los gobiernos nacionales ante mecanismos de arbitraje privados por reglamentos que consideren una amenaza para la rentabilidad esperada de sus inversiones.

Los intereses empresariales internacionales consideran imprescindibles los ISDS para proteger los derechos de propiedad donde no existen el imperio de la ley y tribunales creíbles. Pero este argumento no tiene sentido. Los EE.UU. están exigiendo el mismo mecanismo en un mega-acuerdo similar con la Unión Europea, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), a pesar de que no hay duda sobre la calidad de los sistemas jurídicos y los tribunales de Europa.

Todo el mundo está de acuerdo, los inversores - cualquiera que sea su domicilio fiscal - merecen ser protegidos contra expropiaciones o regulaciones discriminatorias. Pero los ISDS van mucho más allá: imponen la obligación de compensar a los inversores por las pérdidas de beneficios esperados y podría ser invocados incluso cuando las reglas no son discriminatorias y los beneficios se obtienen causando daño a la sociedad.

Actualmente Philip Morris International ha llevado a los tribunales a Australia y Uruguay (que no es socio del TPP) por exigir que los cigarrillos lleven etiquetas que adviertan de su peligro para la salud.

Canadá, bajo amenaza de una demanda similar, se echó atrás de introducir una etiqueta de advertencia igualmente eficaz hace unos años.

Dado el velo de secreto que rodea a las negociaciones del TPP, no está claro si el tabaco será excluido parcialmente de los ISDS. De cualquier manera, la cuestión más amplia sigue estando ahí: estas disposiciones hacen que sea difícil a los gobiernos

ejercer sus funciones básicas: la protección de la salud y la seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y la protección del medio ambiente.

Imagínese lo que habría ocurrido si esas disposiciones hubieran estado en vigor cuando se descubrieron los efectos letales del amianto. En lugar de cerrar las fabricas y obligar a los fabricantes a indemnizar a los perjudicados, bajo los ISDS, los gobiernos hubieran tenido que indemnizar a los fabricantes por no matar a sus ciudadanos.

Los contribuyentes habrían pagado dos veces: primero por el daño causado a su salud por el amianto, y luego para compensar a los fabricantes por sus ganancias perdidas cuando el gobierno intervino para regular un producto peligroso.

No debe sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de los Estados Unidos regulen, en vez de liberalizar, el comercio. Es lo que sucede cuando el proceso de decisión de las distintas políticas se cierra a las partes interesadas no empresariales; por no hablar de los representantes elegidos por el pueblo en el Congreso de los EE.UU. *Joseph Stiglitz premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y Vicepresidente Adjunto y Economista Jefe del Banco Mundial. **Adam Hersh economista en el Instituto Roosevelt y profesor visitante en la Universidad de Columbia.

Fuente: https://www.project-syndicate. org/commentary/trans-pacific-partnership-charade-by-joseph-e--stiglitz-andadam-s--hersh-2015-10 Traducción: G. Buster En: Sinpermiso

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