Correo Del Sur No 474

Medios, realidad e imágenes

Inflación baja con mucha pobreza: una paradoja mexicana de hoy La trampa fiscal “Transición democrática” La historia de un concepto

EUA Proceso de selección de los candidatos

Reino de España: ¿Nuevo escenario político?

Número 474 Enero 17, 2016

2 Domingo 17 de enero de 2016

CORREO del SUR

“Transición democrática” La historia de un concepto

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Ricardo Becerra

“T

ransición democrática”. La expresión dejó de ser un raro concepto académico en México para usarse profusamente a partir de 1988, cuando millones de personas (al regreso de unos comicios seriamente cuestionados) comprendieron que el cambio político era posible por la vía del sufragio, las elecciones, los partidos, la democracia. Fue una asimilación social masiva y compleja. El fraude de aquel año no desanimó a millones de personas y por el contrario, las convirtió en ciudadanos muy conscientes del derecho y del poder de su voto. Algo estaba pasando: un evidente desgaste del régimen autoritario, una transformación política que tenía años madurando en el país (desde 1977) y en paralelo, un inmenso cambio cultural. Los mexicanos no encontramos concepto que describiera mejor ese proceso que el de “transición democrática”.

Uno de los primeros textos en emplear el término con un significado político concreto la definió así “…un proceso profundo de cambio, en el cual cada una de las partes que actúan como sujetos y protagonistas hace uso de su fuerza relativa para ampliar y fortalecer una nueva institucionalidad más justa. Se concibe la transición democrática como el periodo de sustitución pacífica y negociada de los viejos mecanismos verticales y autoritarios de control político, por un auténtico régimen de partidos plural, representativo, sustentado en elecciones libres, transparentes, capaces de devolver al elector el principal derecho del ciudadano: elegir a sus gobernantes” .

Esas palabras, tomadas del primer cuaderno editado por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, parecen obviedades porque se volvieron sentido común, porque el viejo sistema sustentado en el predominio de un solo partido (por fortuna) no existe más. Hay nuevas leyes mucho más abiertas, elecciones competidas, pluralidad y alternancia en casi todos los gobiernos federal, estatales y municipales aunque siga pendiente la tarea de construir “una nueva institucionalidad más justa” y un régimen político que se haga cargo de las consecuencias que provocó ese mismo torrente de novedades, por no hablar de la deuda jamás pagada con los pobres y la desigualdad rampante que desvanece cualquier ilusión triunfalista y que amenaza de muchas formas -y todos los días- los propios avances democráticos.

Aquí es donde conviene adelantar una de las conclusiones principales de este Informe: las instituciones políticas y los mecanismos de nuestro régimen político vigente no son resultado de una obra pactada y pensada para gobernar el pluralismo y la democracia; más bien, nuestro edificio político es la suma de soluciones contingentes que se asimilaron, se aceptaron o se adoptaron para poder salir lo antes posible del viejo régimen .

Los origenes de un concepto útil Transición democrática. Anotábamos al principio que su uso amplio y extendido comenzó entre nosotros en 1988.

Fue una importación directa de la noción que se había utilizado en España y que se utilizaba entonces en América Latina para describir procesos similares de “salida” de las dictaduras o de los autoritarismos; pero “transición democrática” tenía una raigambre teórica de larga data que lo acreditaba como instrumento analítico poderoso y pertinente. Necesitábamos un concepto para aludir y entender una situación que se desplegaba ante nuestros ojos… y la ciencia política lo había estado elaborando hacía muchos años.

Fue Dankwart A. Rustow, en el lejano año de 1970, con su estudio de 23 democracias en Europa, América, Turquía, Filipinas y Ceilán, quien reconoció por primera vez la índole de un proceso político original que estaba ocurriendo en muchas partes del planeta . Era un tipo de transformación inédita que cursaba en países que ya habían sedimentado un fuerte sentido de unidad nacional y que sin embargo no dejaban de escenificar al interior recurrentes y serios conflictos entre fuerzas muy arraigadas. Rustow vio que esas contradicciones normalmente cuajaban en partidos políti-

cos enfrentados y que, a pesar de su antagonismo, lograban articular acuerdos parciales. La suma de esos arreglos acababa forjando un acuerdo mayor, un nuevo entramado político, cuya base subyacente era la convivencia pacífica de los intereses y las fuerzas en cuestión.

Era una visión realista, o mejor, materialista, de las condiciones que hacen “surgir y florecer” a las democracias, y en esa línea apareció otro texto imprescindible, en 1978, ahora del español Juan Linz , quien comparaba cinco democracias europeas y siete iberoamericanas para desentrañar las condiciones típicas, sociales y políticas de quiebra de la democracia resumiendo al final, “los 10 compromisos de todas las fuerzas políticas internas” para hacer duradero un régimen pluralista.

Samuel P. Huntington, después, llamó la atención sobre el insólito cambio del mundo que se escenificaba en la última parte del siglo XX. En La tercera ola democratizadora , constataba ya “un movimiento global hacia la democracia”, pues se había visto emerger 35 nuevas democracias de 1974 a 1990, a partir de la revolución de los claveles en Portugal, siguiendo por Latinoamérica y con ruta al sudeste de Asia.

El fenómeno era inocultable: decenas de países embarcados en una lucha interna que no adoptaba la forma violenta y precipitada de una revolución, sino la de una “transición”.

Merced a estudios comparados cada vez más sofisticados, amplios y precisos, “transición democrática” se instaló como concepto clave en la ciencia política, pero lo más importante era la confirmación empírica de que la democracia no constituía un régimen excepcional, exclusivo de Europa o de Norteamérica, sino una necesidad compartida de la modernización social a escala universal.

Dankwart A. Rustow

En 1986 se edita el texto clásico: Transiciones desde un gobierno autoritario, de Guillermo O’Donell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead. Un respetuoso estudio de 13 países (Italia, Grecia, Portugal, España, Turquía, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela) en el que se narraban los hechos políticos de los periodos de cambio y de lo que se extraían lecciones generalizables. Las características comunes de la democratización eran cuatro: 1) el proceso se desencadena por factores internos, no como consecuencia de guerras inter-

nacionales o intervenciones; 2) se plantea como solución, luego de una prolongada lucha político-social; 3) típicamente se desencadena a partir de cambios pequeños y 4) normalmente se desenvuelve en fases sucesivas, conforme se acumulan los pactos y los cambios.

Esa obra ofrece la que es, a nuestro modo de ver, la definición clásica de “transición”: “Intervalo que se extiende entre un régimen político autoritario y otro democrático, lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas, se hallan en flujo permanente y son objeto de una ardua contienda” , y lo mejor para nosotros: esa definición encajaba perfectamente con lo que sucedía en México desde 1977.

Mientras tanto (y por supuesto), en nuestro país se construyó un especial corpus intelectual que anunciaba o que acompañaba ese periodo de cambio. Bien fuera revelando las coordenadas esenciales del funcionamiento de nuestro peculiar autoritarismo (Daniel Cosío Villegas, La sucesión presidencial ó Jorge Carpizo El presidencialismo mexicano); argumentando la superioridad política de la democracia sobre el régimen precedente (Enrique Krauze, La democracia sin adjetivos); explicando y colocando a la democracia como elemento central del programa histórico de la izquierda mexicana (Carlos Pereyra, Sobre la democracia); ubicando a las leyes electorales como piezas centrales y no accesorias del engranaje autoritario (Juan Molinar, El tiempo de la legitimidad); observando el cambio político en sus momentos estelares y personajes centrales (Jesús Silva Herzog Márquez, El antiguo régimen y la transición en México); ubicando el cambio político dentro de un cambio histórico más amplio (Héctor Aguilar Camín, Después del Milagro) o mediante el recuento del proceso (Woldenberg, Salazar, Becerra. La mecánica del cambio político en México).

Esta elaboración no demostraba ninguna “excepcionalidad mexicana”, pero si ubicaba sus tareas particulares, aquellas que hacían de México un caso distinto al de otras naciones en América Latina. Un autor asiático, Don Chul Sin, en otro estudio internacional comparado mostró que el nuestro, era un “proceso político atípico, porque estuvo centrado en la lucha por unas instituciones electorales fiables, aceptadas por los contendientes y sin grandes modificaciones en la Constitución” .

En efecto: para algunas naciones, la democratización requirió de una transformación íntegra de su Constitución y de su régimen político (por ejemplo, España); en otros, se necesitó un cambio completo en el Estado (redefinición del territorio y de las nacionalidades que lo integran, otro sistema jurídico y de propiedad), al mismo tiempo que se desmantelan los instrumentos de la planificación central.

Es decir, democratización implicaba necesariamente un cambio radical, incluso, en el funcionamiento de su economía (la Rusia postsoviética, por ejemplo). Otras naciones, vieron nacer su democracia mediante una vasta y decisiva ampliación de su comunidad política (la conquista del voto por la población negra, en el caso de Sudáfrica); en el sur del continente americano el proceso transicional llamó a un retorno, a la restauración de una democracia que había estado ahí, vivía, antes de los golpes militares que la violaron y suspendieron (vbg. Brasil, Chile ó Argentina). En México, construir la democracia significó otra cosa: establecer unas reglas electorales limpias y confiables por un lado, y paralelamente, construir auténticos partidos políticos nacionales. En eso residió nuestra singularidad y eso definió la agenda de la democratización.

Como quiera que sea, “transición democrática” se convirtió en el concepto clave tanto para la lucha política y para el análisis histórico. Como se ve, no era un término caprichoso o arbitrario, sino una generalización del análisis comparado que resultó extraordinariamente útil para entender y acometer lo que ocurrió realmente, durante más de un cuarto de siglo en nuestro país.

1El presente texto forma parte de una obra inédita y más amplia: “Informe de la democracia en México: 1989-2014”, elaborado por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y de próxima publicación, por Siglo XXI Editores.

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Inflación baja con mucha pobreza: 1 una paradoja mexicana de hoy Fernando Chávez

L

a recaptura del célebre “Chapo”, la semana pasada, opacó la noticia de que en el 2016 se registró la tasa anual de inflación más baja de los últimos 45 años.

El presidente Peña Nieto de inmediato hizo lo que tenía que hacer, celebrar el dato sobre esta inflación de 2,13% y hacer unas ligeras comparaciones intertemporales e internacionales para adornarse y, de pasadita, elogiar al banco central por el trabajo que hizo para alcanzar este resultado.

La noticia es buena, sin duda, pero hay que hacer matices y entrar en detalles, por que la opinión pública y cierto grupos y personas -presuntamente informados sobre estos temas- se muestran bastante incrédulos al respecto. Y hay razones para ello, comprensibles, por supuesto, pero hay que escarbar más en este tema para darle la debida dimensión a este dato monetario, tanto en el terreno social y en el de la política económica.

La medición de la inflación es necesaria y se tiene que hacer de modo permanente.

El capitalismo funciona mejor con una tasa inflacionaria “baja y estable” y procurar estar en ella es pertinente y correcto. El ejercicio de medirla sistemáticamente debe ser riguroso, consensado y libre de toda sospecha. Pero aquí comienzan los problemas. Esta tarea es compleja en términos científicos, a la vez que puede ser torcida por los intereses del gran poder político, especialmente del poder Ejecutivo.

Maquillar las cifras incómodas de inflación fue y es una tentación (inocente e idiota) de muchos presidentes latinoamericanos en el siglo XX. En la época del presidente López Portillo (1976-1982), éste

le pidió a “su” banquero central que bajara un poco el dato de inflación de cierto año.

Sin escrúpulo alguno, Romero Kolbeck se dobló y publicó el dato oficial de inflación al gusto del presidente imperial. Pero la realidad se impuso a ese capricho presidencial: la inflación real fue inocultable, se fugaron capitales por la obvia y evidente sobrevaluación del peso y vino una catástrofe nacional de todos conocida.

Ese festejado dato inflacionario anual de 2,13% surge del índice nacional de precios al consumidor (INPC) con el que se mide oficialmente la inflación en México, labor que corre a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) desde 2011. Pero este INPC, como está diseñado actualmente, no es quizá el mejor índice de precios para medir la evolución del costo de la vida de las mayorías en un país marcado severamente por la desigualdad social y la pobreza masiva.

Por lo mismo, la actual canasta de bienes y servicios del INPC (no confundir con la canasta básica) no es hoy la mejor herramienta para calcular acertadamente una inflación que marque la pauta para una nueva política salarial que rehabilite el poder adquisitivo de millones de trabajadores, la cual ha sido punitiva desde hace más de tres décadas para los asalariados de bajos ingresos y para un considerable contingentes de ciudadanos de ingresos fijos y semi fijos, donde destacan casi todos los jubilados.

La medición de la inflación tiene componente técnico-científico duro, pero en la medida que existan varias formas de hacer esta tarea, la decisión última de con qué instrumento hacerlo cae en el terreno social que, en última instancia, no es políti-

camente neutral. Son ingenuas y ridículas algunas críticas a los resultados que arroja la actual forma de medir la inflación, pues subrayan que son inverosímiles y amañadas. No hay tales cosas. El INPC actual, mejorado constantemente desde 1968 (cuando apareció en un forma moderna), es el mismo instrumento que sirvió para medir la inflación salvaje de 1987 y el mismo brote inflacionario de 1995. No se puede descalificar al instrumento cuando los datos inflacionarios registrados son bajos y ser complaciente con éste cuando son altos.

Esto es infantilismo puro.

Pero la baja tasa de inflación actual no ha sido de gran cosa para mitigar la pobreza masiva y el bajo poder adquisitivo de vastos sectores de la población mexicana, como pregona la derecha (liberal y miope).

Una baja y estable inflación es una condición necesaria, pero no suficiente, para mejorar el nivel de vida de los trabajadores de bajos ingresos y de las empobrecidas clases medias. Eso no lo se lo explicaron a Peña Nieto y los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son más que elocuentes en ese sentido.

Y en un sector de la izquierda (refinada y confundida) hay un prejuicio absurdo contra la inflación baja y estable: solamente beneficia al capital financiero (sic). Metidos en una economía de mercado con cierta regulación e injerencia estatal, el sistema de precios es el mecanismo más importante (no único) para distribuir ingreso y riqueza, y éste funciona mejor con una inflación baja y estable. De ello hay muchas pruebas históricas en varios países. ¿Por dónde hay que comenzar a hacer la crítica de la medición actual de la infla-

ción? Lo básico e inaplazable sería: a) revisar a fondo el INPC como instrumento para medir la inflación oficial; b) vincular esta medición con el seguimiento del costo de la vida de la mayoría de la población; c) establecer un mecanismo automático que enlace la evolución de los salarios mínimos con el costo de la vida así estimado (reconociendo éstos como un derecho social en los términos de la vigente Constitución de 1917); d) fijar por consenso político y social la canasta básica de bienes y servicios que deba adquirirse con los salarios mínimos.

Las tareas pendientes en este terreno son complejas y urgentes. Comencemos pronto a revertir las políticas de ingresos basadas en una medición sesgada e inútil de la inflación.

1Publicado en América económica, 11 de enero de 2016.

Medios, realidad e imágenes Raúl Trejo Delarbre Identidades y estereotipos La sociedad se organiza en grupos. Los medios de comunicación, que pretenden propalar mensajes a toda la sociedad, hipotéticamente tendrían que reflejar perfiles, inquietudes y singularidades de todos esos grupos. Como sabemos, no ocurre así. Los medios no solamente no dan cabida a todos los grupos de la sociedad. Además suelen ofrecer imágenes parciales de los segmentos de la sociedad de los cuales se ocupan.

La agenda de los medios es definida en un proceso de depuraciones y definiciones por parte de las empresas de comunicación. Cada medio elige temas y personajes a los que dará notoriedad en sus diversos espacios. Ningún medio podría ocuparse de todo lo que ocurre en toda la sociedad porque lo desbordaría el torrente de acontecimientos que se suscitan cotidianamente. Cada medio de comunicación elige los asuntos que difundirá de acuerdo con sus intereses y contexto, así como tomando en cuenta la relevancia y el interés específicos de cada tema.

En ese proceso, los medios privilegian a algunos grupos sociales y marginan a otros. Los ricos y famosos, para mencionar un lugar común, suelen recibir más espacio mediático que las personas de ingresos y visibilidad modestas.

Para que un ciudadano de a pie aparezca en televisión es necesario que haya tenido algún éxito o experiencia relevantes, o que haya padecido una desgracia intensa.

Los medios venden contenidos en un mercado de

mensajes poderosamente orientado por el sensacionalismo y las extravagancias. Para jugar en ese mercado, los medios privilegian el escándalo y lo insólito, así como los temas y situaciones que se han vuelto clichés a fuerza de ser eficaces en la disputa por la atención de las audiencias.

Eso vale tanto para las producciones dramáticas como para la difusión de noticias.

Los medios suelen utilizar una y otra vez los esquemas de producción de mensajes que les han sido redituables.

En telenovelas y programas de concurso, la televisión ha repetido argumentos, situaciones y rutinas durante décadas. Solo de manera ocasional ese medio se arriesga a nuevos formatos, como ocurrió con reality shows al estilo de “Big Brother” en los primeros años del nuevo siglo. A diferencia de las series organizadas de acuerdo a un guión, en donde cada escena había sido previamente imaginada por un grupo de argumentistas, en esos shows de nuevo cuño se identifica a la realidad con la apariencia espontaneidad y la improvisación. Sin embargo hay poco más distante de la realidad que esos programas realizados bajo circunstancias extravagantes, o excepcionales, muy distintas a la vida cotidiana.

La radio, con menos versatilidad formal, depende únicamente de voz, música y efectos de sonido para convocar a la imaginación de sus oyentes. Tertulias y radiodramas, así como abundantes segmentos musicales, son la fórmula casi única para difundir contenidos en ese medio.

La prensa, con excepciones, también apuesta por la ortodoxia desde la jerarquización de sus contenidos en

las primeras planas hasta los formatos convencionales – notas informativas, reportajes, comentarios, etc. – a los que ha acostumbrado a sus lectores.

En busca de la espectacularidad Todos esos formatos tienden a destacar la centralidad de algunos actores sociales en demérito de otros. Los medios son escaparates de personajes. Los individuos de carne y hueso, con historias y atributos específicos, interesan mediáticamente más que los grupos y colectividades.

Cuando la televisión quiere referirse a “los diputados”, mostrará imágenes del salón de sesiones del Congreso y, muy posiblemente, el testimonio expreso de algunos de ellos. Para ocuparse de “los universitarios”, reproducirá escenas del campus y acercamientos a varios estudiantes o profesores. Pero cada grupo social tiene individualidades que, a su vez, lo singularizan o con las cuales ese grupo es identificado. En los medios, a los grupos sociales se les personifica con individuos que tienen rostros, nombres y apellidos. A esas personas se les exhibe porque son protagonistas de algún hecho relevante, o como prototipos de un grupo social específico. Pocas veces esa generalización es capaz de describir la diversidad y las identidades que se congregan dentro de cada grupo. Pero en los medios, habitualmente la fidelidad a la realidad se encuentra subordinada a la búsqueda de la espectacularidad.

Tanto a los grupos como a las personas emblemátiA PÁGINA 6

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JAIME ROS Durante el segundo semestre del año pasado la colección Grandes problemas, editada por El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, puso en circulación un nuevo libro de Jaime Ros, profesor de la Facultad de Economía, ¿Cómo salir de la trampa del lento crecimiento y alta desigualdad? En el ensayo, el autor se dedica a proponer salidas y acciones de política con base en una sólida e ilustrada argumentación empírica y conceptual.

Reflexiones como ésta debieran ser la base para profundizar la deliberación nacional sobre una economía con poca o nula eficacia social y una política insensible a las señales profundas que emanan de un subsuelo que abarca a más de la mitad de la población.

El siguiente texto es una parte del capítulo II, “La trampa fiscal: la baja carga tributaria como obstáculo al crecimiento y a la redistribución” donde el autor busca responder a las razones que explican la baja carga fiscal.

Los determinantes próximos de la carga fiscal Empecemos por los determinantes próximos de la baja carga fiscal. Los analistas del problema coinciden en que la mayoría de las tasas impositivas en México son similares a las de la OCDE. La tasa estándar del impuesto al valor agregado (lVA) (16%) es solo un poco inferior al 18% promedio de la OCDE. La tasa del impuesto sobre la renta (ISR) a las empresas (30% uniforme) es de hecho superior al promedio de la OCDE . Ello ha lleva do a muchos analistas a concluir que los principales problemas son la limitada base impositiva, reflejo de numerosas exenciones impositivas y regímenes especiales, y el alto nivel de informalidad que ha ce que la base impositiva efectiva sea muy limitada (véase, entre otros, Estudios económicos de la OCDE , México, Edebé, 2007).

Examinemos con más detalle la cuestión de que si las tasas impositivas no son muy distintas, ¿por qué entonces son tan reducidos los ingresos fiscales en México? Una primera observación es que en aspectos importantes las tasas sí son distintas. Estos aspectos tienen que ver con el reducido monto recaudado por el ISR a las personas físicas y los impuestos a la propiedad. La tasa máxima del ingreso a las personas físicas es considerablemente menor que el promedio de la OCDE (43.4% comparado con 30% en México, antes de la reforma reciente, y 35% después de ella). Esta es una excepción a la afirmación anterior sobre la similitud de las tasas impositivas. A ello se agregan gastos fiscales importantes (de cerca de 2% del PIB) por concepto de exenciones en la recaudación de los impuestos sobre la renta (deducciones por gastos médicos y donaciones, por ejemplo).

Algo similar ocurre con los impuestos a la propiedad. El impuesto a la riqueza heredada es inexistente en México, mientras que alcanza el 40% a las grandes fortunas en países desarrollados. Otro ejemplo es el limitado impuesto predial, que representa la mayor parte de los ingresos de los municipios mexicanos (59%). Sin embargo, su aplicación es dispareja y sus recaudaciones son mucho más modestas que en la mayoría de los países de la OCDE (véase el cuadro). Los anticuados registros de la propiedad representan una limitación importante , a la que se suman capacidades de administración local poco sólidas, valores catastrales obsoletos y

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La trampa tratamientos especiales, como los que se aplican a la propiedad ejidal, comunal y parte de la propiedad agrícola que están exentas de este impuesto.

Otro aspecto se refiere al impuesto al valor agregado (IVA), donde el problema es diferente. Este impuesto contempla una tasa cero para alimentos y medicinas, además de exenciones - como en los servicios educativos y médicos- y tasas reducidas en la frontera (hasta antes de la reforma reciente).

La magnitud de estos gastos fiscales se aprecia en la tasa efectiva de recaudación por IVA calculada por la OCDE, la cual mide los ingresos efectivos obtenidos por el IVA como porcentaje de los ingresos que podrían obtenerse si se aplicara una tasa estándar de IVA a todo el consumo final.

Esta medición, que contempla el impacto combinado de los gastos fiscales, la debilidad administrativa y la evasión, es más baja en alrededor de 30% en México que en cualquier otro país de la OCDE . Para el promedio de la OCDE esta tasa efectiva de recaudación es de aproximadamente 60% (alcanzando 100% en Nueva Zelanda). Esta medición sugiere implícitamente que los gastos fiscales asociados al régimen del IVA y la evasión de este impuesto alcanzan juntas alrededor de 7% del PIB.

el gobierno no podría realizar más que las funciones clásicas del Estado guardián. ¿Cómo explicar está situación? Vale la pena reiterar que la explicación no está en el nivel de desarrollo económico alcanzado. México tiene una carga fiscal más reducida que muchos países con menor nivel de ingreso per cápita (Bolivia y Nicaragua entre otros). Cuando los países hoy desarrollados alcanzaron el nivel de ingreso per cápita que México tiene actualmente, tenían una carga fiscal muy superior a la mexicana de hoy: la de Estados Unidos en 1940, Gran Bretaña en 1951, Suecia en 1953 y Francia en 1959 era de entre 25 y 30% cuando llegaron al nivel de ingreso actual de México. Es decir, todos estos países superaron la carga fiscal actual de México con niveles de ingreso inferiores a los que tiene hoy el país.

Tampoco es evidente que la explicación radique en la muy alta concentración del ingreso que prevalece en México y que concede un poder económico y una influencia política descomunal a los estratos más ricos de la población.2 La concentración del ingreso antes de impuestos y transferencias (el Gini del mercado) es en México similar a la que tienen varios países desarrollados, menor que la de Italia y no mucho mayor que la de los

Veamos ahora el ISR a las empresas. El impuesto es alto, como ya se mencionó, de 30% uniforme. Sin embargo, existen regímenes especiales para empresas maquiladoras,1 empresas agrícolas y de transporte, cooperativas, así como empresas pequeñas y medianas, las cuales se benefician de tasas reducidas, regímenes de contabilidad simplificada , disposiciones de impuestos diferidos, depreciación acelerada y otras formas de desgravación fiscal. Además de causar la pérdida directa de ingresos, los regímenes especiales complican el código fiscal y facilitan que las compañías emprendan una planeación fiscal agresiva o la evasión fiscal declarando indebidamente que tuvieron menos ingresos. Las pérdidas de impuestos se calculaban para 2009 en 0.5% del PIB (OCDE, Estudio económico México,2011, París). ¿Cuáles son los determinantes más importantes de la baja carga fiscal? Al respecto cabe observar en primer lugar que éste es un rasgo ancestral y persistente. México tiene hoy la misma carga fiscal que hace más de 70 años, cuando apenas estaban surgiendo las instituciones del Estado moderno de bienestar. México tiene la carga fiscal que tenían Estados Unidos, Gran Bretaña , Suecia y Francia hace 100 años, cuando no existía un Estado social sino uno guardián del orden y protector de los derechos de propiedad. De no ser por la renta petrolera, que eleva los ingresos públicos en alrededor de 5 a 8 puntos del PIB,

países nórdicos, que presentan las distribuciones del ingreso más igualitarias del mundo (antes y después de impuestos y transferencias). La alta concentración del ingreso en Estados Unidos en los años treinta del siglo pasado no impidió que Roosevelt elevara considerablemente la tasa máxima del impuesto al ingreso en plena depresión.

La tasa marginal máxima del impuesto federal al ingreso subió a más de 80% sobre los ingresos extremadamente altos, mientras que la tasa máxima bajo Hoover había sido de solo 25% (véase Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, Belknap Press, 2014, p. 473).

Ello no impidió la recuperación de la economía estadounidense a partir de 1934.

Se puede entender que durante el periodo autoritario del sistema político mexicano, lo que Roger Hansen llamó la “Alianza por los beneficios”, entre la élite económica y el poder político, fuera un factor decisivo. Pero ¿por qué seguimos igual en la democracia? ¿Por qué ni siquiera la izquierda, que ha acariciado la victoria en las dos últimas elecciones presidenciales, ha sido capaz de levantar la bandera de una reforma fiscal redistributiva?

La existencia de una gran renta petrolera tampoco explica cabalmente la baja carga fiscal. Sin duda, como ya se mencionó, sin esa renta el Estado mexicano se vería reducido a sus funciones clásicas de Estado guardián. Esto es inviable en el mundo

actual, pues forzaría a que la carga fiscal sea mayor de lo que es. Pero aun si incluimos el petróleo en los ingresos públicos, el panorama no cambia mayormente: estos siguen bajos. El hecho de que el panorama se modifique es, sin embargo, significativo: alude a que la alta participación del petróleo en los ingresos públicos contribuye a posponer la elevación de la carga tributaria.3 Cabe creer que la verdadera explicación radica en que, por varias razones, México ha estado entrampado en un equilibrio fiscal de bajo nivel (o trampa fiscal): la provisión de servicios públicos es mala e insuficiente y la baja carga tributaria impide mejorarla, al tiempo que la carga fiscal se mantiene baja porque la mala provisión de servicios públicos hace políticamente inviable aumentarla. Es decir, esos malos servicios públicos socavan la confianza en el gobierno, lo cual vuelve más difícil incrementar significativamente los impuestos.

Y como señala Carlos Tello en la cita inicial de este capítulo, la baja carga fiscal perpetúa la precariedad de los servicios públicos. De acuerdo con la OCDE,4 “la población en México que confiaba en la legitimidad fiscal en 2005 era tan solo de 15%, mientras que en Venezuela y Chile era cercana a 40%” (Tello, 2014, p. 429).

Otra manera de ver el problema es ha-

fiscal ciendo una comparación con los países del norte de Europa. Ahí los servicios públicos son de tan alta calidad que, pese a la elevada carga fiscal, nadie se atreve a sugerir reducirla. Esto corresponde a un equilibrio fiscal de alto nivel.

Tan importante o más es que ese círculo vicioso de bajo nivel interactúa con el estancamiento económico.

Si la economía creciera los ingresos públicos aumentarían, p e r miti e n d o que la provisión de servicios públicos mejore, lo que facilitaría la elevación de la carga fiscal. Además, el estancamiento conlleva altos y crecientes niveles de informalidad y, por lo tanto, limita la base impositiva efectiva, perpetuando así la baja carga fiscal. Esta, a su vez, limita las inversiones que el gobierno puede hacer para promover el crecimiento. ¿Cómo salir de esta trampa fiscal, con estancamiento económico? Como toda situación que presenta equilibrios múltiples (en este caso un equilibrio fiscal de bajo nivel y otro equilibrio de alto nivel, es decir, con servicios públicos de alta calidad y una carga fiscal elevada) hay un problema de coordinación involucrado. Como argumenta Tello (La economía política de las finanzas públicas: México 1917-2014, Mé-

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xico, UNAM, 2014), ningún agente está dispuesto a dar el primer paso sin la garantía de que los demás también lo darán.

De ahí que los intentos por desplazar a la economía del equilibrio bajo produzcan efectos de retroalimentación negativos que nos regresan a la posición inicial. El resultado es una sucesión de “misceláneas fiscales” que conducen a que los cambios en la estructura impositiva se vean negados por otros que dejan la carga fiscal sin una alteración significativa.

Una vía de solución es el propio crecimiento por medio de otras políticas. En efecto, el equilibrio de bajo nivel descrito apunta a la importancia del crecimiento para salir de la trampa fiscal y a la necesidad, que discutimos en otros capítulos de este libro, de políticas orientadas a la recuperación del crecimiento. Un mayor crecimiento, más allá de un cierto umbral, conduciría a una creciente formalización de la economía y a elevar, como resultado de la expansión de los recursos públicos que traería consigo, la cantidad y calidad de los servicios públicos. Otra vía, quizá más difícil de implementar por las razones ya discutidas, consiste en una reforma fiscal más ambiciosa que la que se llevó a cabo en 2014.

Hacia una reforma fiscal redistributiva La reforma fiscal aprobada a fines de 2013 contiene aspectos positivos y otros que constituyen serias limitaciones. Haciendo un balance, se puede considerar que entre las dos grandes opciones -la generalización y elevación del IVA y el incremento de la recaudación mediante la reforma al ISR -la elección de esta segunda opción es la que, por su carácter progresivo, enfrenta la falla mayor de nuestro sistema fiscal: su ineficiencia redistributiva analizada anteriormente.

Al mismo tiempo, el monto de la recaudación adicional que traerán consigo los cambios es claramente insuficiente.

Veamos en detalle los aspectos positivos asociados a una mayor progresividad del sistema fiscal. Las medidas más destacadas son el aumento del ISR a las personas físicas y la eliminación de exenciones y deducciones del ISR personal y empresarial. Destaca en particular el aumento de la tasa máxima a 35% en el ISR a las personas físicas. Más precisamente, se adicionan tres renglones a la tarifa de ese impuesto, para que paguen 32% a partir de $750000.01, 34% a partir de $1000000.01, y 35% a partir de $3000000.01.

La introducción de un impuesto de10% a las ganancias de capital y el fin del régimen de consolidación fiscal son otros pasos orientados a una mayor progresividad. Además, el fin del presupuesto equilibrado (déficit cero en todo momento) y la introducción de una regla de presupuesto estructural refuerzan la función de estabilización de la política fiscal al corregir el sesgo procíclico que en las últimas décadas caracterizó a la política presupuestal.

Al mismo tiempo , la reforma tiene serias limitaciones. Como se muestra en el cuadro siguiente los recursos adicionales re-

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presentan solo 1.4% del PIB 2014. 5 El efecto del aumento de la tasa máxima en el ISR a las personas físicas representa sólo 0.3% del PIB y el fin de la consolidación fiscal aporta 0.7% del PIB adicional en el ISR a las empresas que se cancela por la desaparición del impuesto empresarial a tasa única (IETU). Estas magnitudes son claramente insuficientes.

Se prevé que para 2018los recursos adicionales se elevarán a 2.9% del PIB, pero ello obedece en su mayor parte a mayores ingresos petroleros previstos.

tema impositivo se complementara con incentivos al ahorro nos moveríamos en la dirección del impuesto ideal para hacer frente a la desigualdad, sin al mismo tiempo desincentivar el ahorro y la inversión. Este impuesto ha sido propuesto desde hace mucho por dos de los más grandes economistas del siglo pasado: lrving Fisher y Nicolás Kaldor7. Se trata de un impuesto progresivo al gasto de consumo, un impuesto sin duda muy difícil de implementar. Pero movernos en esta dirección nos permitiría enfrentar

¿Que hacer ante esta situación? Empecemos por realizar un ejercicio en utopías irrealizables que ilustra el fondo del problema: lo limitado de la carga fiscal y la falta de progresividad del sistema fiscal en México. Imaginemos que se eliminan todos los impuestos (IVA, IETU, ISR a las personas, ISR a las empresas, etc.) y se sustituyen por un impuesto único y progresivo de 50% en promedio al ingreso del l% más rico. ¿Que sucedería? El l % más rico de la sociedad mexicana se apropia aproximadamente de entre 21 y 30% del ingreso total, según una estimación reciente que ajusta por la subestimación de las encuestas de ingreso y gasto de los hogares.6 Dejando de lado deducciones, cambios en la conducta de los agentes y evasión fiscal, el impuesto recaudaría en consecuencia entre 10 y 15% del ingreso total.

En otras palabras, con un impuesto al ingreso inferior al que pagan los superricos escandinavos y después de abolir todos los demás impuestos, podríamos mantener o elevar la actual carga fiscal.

Tal propuesta es desde luego políticamente inviable y seguramente también social y económicamente injustificable.

No obstante, ilustra muy bien que con sólo un poco más de progresividad en el ISR a las personas, elevando la tasa máxima al nivel promedio de la OCDE (43.4%, como vimos anteriormente) pueden conseguirse varios puntos del PIB en recaudación adicional. Y, por cierto, la tasa máxima de la OCDE es en promedio más o menos la misma que la de México en tiempos anteriores a la crisis de los ochenta antes de que empezara n las reducciones en las tasas al ISR. Desde luego, una mayor progresividad en el impuesto sobre la renta a las personas físicas no es el único aspecto que debe ser reformado.

En México, los impuestos a la riqueza son extremadamente bajos y los que gravan a las grandes fortunas heredadas simplemente no existen. Estos son, entre otros, aspectos que deben ser modificados para darle una mayor progresividad al sistema fiscal en su conjunto.

Si esta mayor progresividad en el sis-

simultáneamente los grandes desafíos de la política fiscal: 1] elevar la recaudación tributaria ; 2] reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, y 3] promover el crecimiento económico.

1De acuerdo con la OCDE, el régimen de las maquiladoras (Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, lmmex) en particular debe delimitarse y evaluarse, puesto que es probable que algunas de las concesiones fiscal es sean ya en exceso generosas.

Se han introducido cambios en esta dirección con la reforma reciente.

2Para una explicación en estos términos véase Tello, op. Cit., p. 214) “La explicación de la baja y estable carga tributaria de los últimos años en México, en buena medida se encuentra en la concentración de la riqueza y del ingreso en el país durante décadas, que les da a unos cuantos poderosos un enorme margen de influencia en las decisiones que los gobiernos toman. Esto ya lo había advertido Adam Smith a finales del siglo XVIII”.

3Como plantea Carlos Tello: “la riqueza petrolera de los últimos treinta años, que ha proporcionado considerables recursos al Estado (el promedio de la mezcla mexicana de exportación pasó de 16 dólares por barril en 1995 a más de 100 dólares en 2012), lo ha llevado a continuamente posponer una reforma tributaria” (Tello, op. Cit., p. 404).

4Con base en datos de Latinobarómetro de 2005: OCDE, Pespectivas económicas de América Latina 2008, París, 2010.

5Según KPMG después de las modificaciones efectuadas por el Congreso, el porcentaje adicional por recaudar será sólo de 1% del PIB. Ver KPMG, Reforma fiscal 2014.

6Este tema se trata con mayor detalle en el capítulo VII. Véase Campos R., E. Chávez y G. Esquivel, “Los ingresos altos, la tributación óptima y la recaudación posible”, mimeo, 2014.

7Fisher I., Constructive Income Taxation, Nueva York, Harper and Bros, 1942; N. Kaldor, An Expenditure Tax, Londres, Unwin University Books, 1955.

6 Domingo 17 de enero de 2016 DE PÁGINA 3

cas de ellos, los medios los muestran a grandes rasgos, en descripciones que suelen ser esquemáticas. Buenos y malos, esforzados y holgazanes, héroes y villanos, pueblan el imaginario en blanco y negro de los medios de comunicación. La complejidad intrínseca a todos los individuos difícilmente libra el tamiz simplificador de las industrias mediáticas. Por eso uno de los criterios para aquilatar la calidad de los medios es la exactitud con que presentan situaciones o semblanzas de aquellos a quienes otorga notoriedad.

El manejo escrupuloso, capaz de distanciarse de las fórmulas maniqueas, es poco frecuente en los medios. La regla, tanto en el negocio del espectáculo como el de las noticias, es destacar situaciones y habilidades singularizadas por la excepcionalidad. Una cantante de voz portentosa, una chica bellísima o una concursante de memoria notable, serán más mediáticamente atractivas que quienes no tengan esos atributos. Pero como no siempre cuentan con tales participantes, los medios suelen abultar las cualidades de aquellos a los que promueven como emblemas ante la sociedad. Lo mismo hacen con los acontecimientos. Los medios, especialmente la televisión y la radio, acostumbran decirnos a cada momento que nos encontramos ante hechos históricos, inéditos, trascendentales o únicos. Hay una sensación de urgencia constante en el tono imperativo habitualmente empleado para presentar las noticias.

Retazos de la realidad Los medios no pueden reflejar toda la realidad, sino imágenes parciales de ella. Con frecuencia se discute si la realidad que difunden los medios es impostada por ellos o si es auténtica.

Cuando se trata de contenidos que no son ficción, los medios difunden fragmentos de ella. La realidad transcurre en escenarios poliédricos, intensos en detalles y constantemente cambiantes. Los medios rescatan escenas de dicha realidad y las muestran de acuerdo con sus criterios de selección y jerarquización.

La discusión entre el carácter inasible que tiene la realidad y la exposición que los medios hacen de ella ha sido interminable, además de muy antigua.

Antes de la comunicación moderna, Platón describió el contraste entre la realidad y sus representaciones en el conocido mito de La Caverna. Las imágenes reflejadas al fondo de la cueva no son la realidad sino expresiones parciales e imperfectas de ella. Los medios de comunicación pretenden una constante reconstrucción de algunos episodios de la realidad que nos circunda.

La fotografía por ejemplo, recoge y fija visualmente momentos de la realidad. Cuando tales momentos quedan plasmados en la placa, el archivo digital o la impresión fotográfica, esas imágenes se convierten en nuevos elementos constitutivos de la realidad. No son toda la realidad. Pero forman parte de ella: esas imágenes no son ficticias sino, precisamente, reales.

Los medios recuperan y ordenan, a la vez que usufructúan, retazos de la realidad. Tales fragmentos nos los ofrecen acomodados en relatos que son, a su vez, parte de esa tornadiza circunstancia. Es decir, los medios calcan parte de la realidad que nunca es

CORREO del SUR del todo aprehensible. En ese empeño, contribuyen a incrementar con nuevos contenidos los rasgos y expresiones de dicha realidad.

Violencia, fascinación y transgresión Las imágenes mediáticas de la violencia despiertan en la sociedad reacciones combinadas, a la vez que contradictorias, de expectación y animadversión.

Cuando miramos el video de la paliza que sufre una persona podemos experimentar sentimientos variados, desde la compasión y la indignación hasta el horror y el salvajismo, pero difícilmente apartaremos la mirada de la pantalla. La violencia, igual que otras situaciones límite, exhibe el discutible pero a menudo intenso encanto de la transgresión.

Los medios, especialmente la televisión, acostumbran reclamar la atención de sus públicos con escenas violentas.

Es ampliamente sabido que los niños, en el transcurso de su infancia, habrán contemplado millares de situaciones agresivas tanto en caricaturas como en series de formatos variados. El cine nunca ha dejado de aprovechar la fascinación que puede suscitar la violencia, lo mismo que el periodismo amarillista.

El cerco de mensajes e imágenes de violencia que establecen los medios en torno a nuestra vida cotidiana, puede ocasionar reacciones diversas.

Cuando se trata de contenidos que son presentados sin el contexto que sea capaz de ubicarlos y explicarlos, se puede correr el riesgo de que los medios contribuyan a una suerte de legitimación social o cultural de la violencia. En otros casos la observación de abundantes hechos de violencia, tanto en representaciones o simulaciones dramáticas como en los noticieros, puede conducir a menospreciar la gravedad de las conductas agresivas e intolerantes o a la indiferencia frente a ellas. Todo depende del entorno y la experiencia que, a su vez, tenga cada espectador de tales contenidos.

Las escenas violentas no forjan, de manera automática, televidentes violentos. Pero es posible que, cuando se encuentran en un ambiente permeado por la violencia, los espectadores hagan de tales escenas una suerte de certificación mediática y, entonces, un aliciente para comportarse también de forma violenta. Eso puede suceder especialmente entre los niños y jóvenes que son más impresionables por los contenidos de los medios.

Una caricatura o una serie policiaca en donde se muestran escenas agresivas, no hacen automáticamente violentos a los niños o jóvenes que las miren.

Pero si se trata de menores que viven en familias o en barrios en donde son habituales las conductas violentas, es posible que tales contenidos refuercen la propensión a la agresividad.

El atemperamiento de la violencia, su presentación con el contexto que permita explicarla y entenderla e incluso el rechazo a difundir contenidos que reflejen la violencia de grupos criminales, son temas centrales en los códigos de ética que adoptan algunos medios de comunicación. Pero sobre todo acotar los contenidos violentos, entenderlos en su contexto, reconocer su inevitable presencia en nuestra cotidianeidad pero no por ello aceptar que sean detonadores de nuevas conductas agresivas, forma parte de la educación que requerimos para leer a los medios de comunicación.

Reino de España: Jordi Borja

N

i el nuevo año ni la aparición de nuevos actores no garantizan una nueva obra, ni tampoco un escenario diferente. Pero algo novedoso empieza, solamente empieza. Ciertamente al PP decadente y lacónico le ha salido una copia, Ciudadanos, de arrogancia juvenil y de intenciones vetustas. Y al PSOE, cainita y desorientado hace todo lo posible que le llegue el “sorpasso”, que se le pase por encima un Podemos que parece bastante dispuesto a prepararse para ser una alternativa posible.

A corto plazo es probable que los cambios si los hay no sean ni numerosos ni profundos. Pero el sistema establecido a partir de la transición ha entrado en su ocaso. El escenario ya no es ni será el de antes.

El PP quizás podrá gobernar ahora pero será muy probablemente por poco tiempo.

Ciudadanos lo apoyará, luego procurará debilitarle y finalmente soñará en ganarle en las siguientes elecciones, lo cual no le garantiza ni mucho menos que pueda hacerse cargo del gobierno. El PSOE arrastra un fuerte lastre del pasado y una confrontación interna fratricida, lo cual le paraliza y deja un ancho espacio a Podemos. Éste y las nuevas fuerzas de base local, regional o nacionalitaria aparecen los actores del cambio aunque están “en construcción”. Pero el cambio o el continuismo lo garantizan no tanto los partidos políticos sino de la “sociedad política”. Es decir nos referimos al conjunto de movimientos, organizaciones y colectivos sociales y culturales que han expresado su malestar y su indignación, los están afectados por la crisis y no se sienten representados por los gobernantes, la ciudadanía no soporta la corrupción y los privilegios de las oligarquías políticas y económicas y sienten que se les despojan de sus derechos y de sus esperanzas. Han emergido generaciones que no conocieron la dictadura y que a penas saben como fue la transición. La incipiente y no desarrollada democracia en la postransición, pero con avances importantes respecto el pasado, ha sido “natural” para los nacidos entonces. Sin embargo han percibido que el marco político-jurídico les oprime más que los libera y la democracia ha sido secuestrada por corporaciones de intereses de clase política y financiera. Cómo no una parte importante de la juventud y de generaciones anteriores frustrados en sus expectativas no van a ser “antisistema” si el sistema les excluye. Difícilmente pueden confiar en partidos institucionales, esperan algo nuevo y limpio.

Pero necesitan utopías posibles, el independentismo en el caso de las nacionalidades, la conquista de los ayuntamientos por parte de candidaturas nuevas, la exigencia de transparencia y control popular sobre los gobiernos. Incluso Podemos y los colectivos aliados deberán demostrar que son diferentes. Sin embargo la “sociedad política” necesita tener representación política que conquiste las instituciones para convertir las demandas de cambio en normas, programas y estilos al alcance de toda la ciudadanía.

Una prueba de la fuerza potencial de la aspiración al cambio es la reacción conservadora que se expresa en la “triple alianza” tan poco santa como la de Metternick que nos envió hace casi dos siglos para restablecer al infausto Fernando VII. El “gran pacto de gobierno” entre PP, Ciudadanos y PSOE recuerda también a los “7 magníficos” que reunió Fraga con López Rodó y otros personajes del franquismo. El PP lo propone, a Ciudadanos le complacería y al PSOE fuera cual fuera la parte del pastel sería veneno.

Sería un regalo a Podemos que aparecería la única alternativa y generaría un muy amplio rechazo social. Las otras salidas a la situación actual parecen cerradas. El PP puede intentar gobernar en solitario con la abstención de Ciudadanos y algunos votos de grupos minoritarios lo cual parece muy difícil o el voto a favor de Ciudadanos. Otra posibilidad es un pacto con el PSOE, lo cual marcaría a éste una vez más su opción prioritaria conservadora. Entre PP y PSOE los cambios serían para que nada cambiara.En cualquier caso la legislatura terminaría pronto, solo servirá para debilitar más al PP. El PSOE en teoría podría ser ya una alternativa pero no cuenta con el apoyo de Ciudadanos y rechaza a Podemos por su posición favorable a la consulta catalana, algo inevitable si se quiere buscar una vía dialogante que redujera las tensiones. El PSOE tiene su principal enemigo dentro del partido, los que hacen lo posible para debilitar a su actual líder.

Nos referimos a algunos sus barones y parte de su aparato y principalmente la líder de Andalucía, la versión “aznarista” en mujer, andaluza y según dice socialista. A Podemos el rechazo le va ahora de rositas, ni tan solo debe decir no.

Pactar con el PSOE en posición subordinada aparecería como un parte de la “casta”. Además las coaliciones periféricas que le han proporcionado un tercio de los votos le dejarían casi medio desnudo. Su momento será las próximas elecciones.

Veamos pues el lastre o las limitaciones que arrastran los dos partidos del sistema y Ciudadanos por su vocación manifiesta. El PP es profundamente conservador como corresponde al registrador de la propiedad que lo lidera. No se ha querido enterar de la emergencia de las jóvenes generaciones. Su conservadurismo nos hace recordar al Juan de Mairena de Antonio Machado, “no estoy en contra de los conservadores pues hay mucho que conservar, pero nuestros conservadores me recuerdan al sarnoso que lo que quería conservar es la sarna”. El PP se caracteriza por el inmovilismo, ha intentado momificar la Constitución, previo largo proceso de interpretación regresiva. El tancredismo de Rajoy y su gobierno ha sido clamoroso ante la “cuestión catalana”, incapaz de tomar alguna iniciativa que hubiera abierto caminos de díalogo. Es incapaz de hacer pactos, de ponerse en algún momento en el lugar del otro, no ha buscado aliados y ahora está solo.

No sabe que en democracia tan importante o más tener muchos votos como no tener muchos muy en contra (Popper, un filósofo de la política, al que sus “pensadores” debieran conocerlo). Quisieran andar hacia atrás, cuando no había crisis, ni independentismos, ni escándalo social debido a la corrupción, ni nuevas formas de la acción política, inconscientes que volver a viejas aguas nos traerán mañana los mismos lodos que tenemos hoy, de nuevo el maestro Mairena. El único cambio que quieren es garantizar el sistema de poder oligárquico actual.

CORREO del SUR

Domingo 17 de enero de 2016

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¿Nuevo escenario político?

Ciudadanos no ha gobernado nada y nunca, podría ser innovador. Es crítico con el bipartidismo y se declara de centro. Recuerdo una clase del profesor de la Sorbonne Duverger que decía: el centro es una posición inestable que siempre cae hacia la derecha.

C’s es un caso más, incluso consigue situarse a la derecha del PP sobre la violencia de género, el aborto, la participación en las malditas guerras del Próximo Oriente y de África, neoliberalismo a ultranza, etc. Y además un rechazo visceral a las nacionalidades y autonomías que ya se lo han cobrado en las recientes elecciones no solo Catalunya (ha sido

el partido menos votado), también en el País Vasco, Galicia y País Valenciano. Proclaman su voluntad de transformar España, pero no dicen nada concreto o regresivo y muchas veces solamente retórica. Es el modelo de partido gatopardesco: cambiar para que nada cambie. Su divisa implícita es “váyase señor Rajoy que en las próximas elecciones me quiero poner yo”. No parece que el futuro vaya a ser suyo. Habrán pasado de jóvenes a viejos sin conocer la edad adulta. ¿Y el PSOE? Uno quisiera que fuera un partido serio y que recuperara algo visible del socialismo que hay o hubo en sus genes.

Ya sabemos que a pesar de la O su dedicación a las clases obreras no es su prioridad, excepto cuando se trata de hacer clientelismo como en Andalucía y Extremadura.

Y sobre la E, su españolidad, no es republicana ni federalista ni de democracia social, es patrioterismo rancio. Su líder se reviste con la bandera que fue de Franco y la líder catalana que encabezó la candidatura en las recientes elecciones infligía fragmentos en sus discursos relativos a Catalunya que parecían copiados del PP después de un lamentable ejercicio de nulidad como ministra de la vivienda y facilitadora del boom inmobiliario. En gran parte de España ha ido perdiendo gran parte de su base popular y más aún en los territorios periféricos. Su centrismo es hueco, ni derecha, ni izquierda, nada. Sin embargo por su historia y su vieja cultura política, por algunos aspectos de sus políticas en los 80 y en los primeros años de Zapatero, por tener aún muchos militantes y electores republicanos y de izquierdas, no hay que desesperar. Hoy, su cúpula y sus

intereses, están mucho más cerca del sistema oligárquico que de una nueva transición democrática. Ni Podemos ni las fuerzas de izquierda y nacionalistas de la periferia hoy no lo pueden apoyar. Pero más adelante pueden ser un aliado necesario si fuera posible una mayoría renovadora y progresista, en sintonía con las organizaciones populares y los movimientos sociales.

Podemos y sus potenciales aliados son por ahora las únicas fuerzas que pueden hacer posible esta mayoría alternativa a un sistema político agonizante. No tanto por sus ideas, liderazgos y organización como por ser los que conectan más directamente con la ciudadanía activa, las generaciones jóvenes y los movimientos sociales.

Pueden hacer el “sorpasso” al PSOE pero deben sustituir la arrogancia por la generosidad, como ya se ha hecho en Catalunya, Valencia y Galicia. Un acuerdo con Izquierda Unida les hubiera probablemente situado por encima de los socialistas. El magma actual requiere tiempo tanto para estructurar la organización de Podemos como consolidar y ampliar las alianzas y las coaliciones ante las corrientes o colectivos de izquierdas, ecologistas y nacionalitarios. Hay que suponer que en los próximos años se consoliden o aparezcan nuevos liderazgos a nivel de todo el Estado y que complementen los actuales que a penas son dos o tres. Ya los hay, Xosé Beirás, Ada Colau o Alberto Garzón, por ejemplo. Y seguramente otros aparecerán en el escenario político. También hay que perfilar un programa de verdad no una mezcolanza de propuestas radicales propias de grupos minoritarios que luego pasan a la letra pequeña y se substituyen por formulaciones más o menos socialdemócratas más vagas o con lenguaje antiguo. El programa para ganar debe ser radical siempre que sea comprensible y deseable para gran parte de la ciudadanía como el control público de la banca y de las grandes empresas de servicios, medidas potentes de transparencia y contra la corrupción, no participar en guerras neocoloniales que son a la vez negocios para los armamentistas, supresión de los privilegios de la llamada “clase política”, recuperación de los derechos laborales y sociales, etc. Pero también debe ser un programa que sea viable y proporcione seguridades, como el lema de Mitterrand en la campaña que le llevó a la presidencia: la fuerza tranquila. Los programas son para aplicarlos no para dejarlos de lado por inviables. El cambio no debe ser propaganda sino una reforma del Estado que incluya el reconocimiento de la plurinacionalidad y una reorientación de las políticas económicas y sociales que garanticen la sostenibilidad del territorio y reduzcan las desigualdades. En resumen, se trata de democratizar la democracia.

Por último, last but not least, la cuestión catalana. No nos vamos a referir a la específica situación política en Catalunya sino a como esta cuestión cuenta mucho en la próxima evolución política española. El gobierno del PP ha mantenido una posición absolutamente rígida desde el inicio del movimiento popular catalán que explotó una vez pronunciada la provocadora sentencia del Tribunal Constitucional. La dureza frente al catalanismo le pareció al gobierno del PP que era una minoría amplia y ruidosa que iría a la baja merced a la intransigencia. Por otra parte el anticatalanismo podría proporcionarle rentas en forma de votos en el resto de España. Un mal cálculo. El movimiento cata-

lán se amplió y se radicalizó, ya no se trataba de pacto fiscal o de respeto por la lengua, ni tampoco por la consulta fuera o no vinculante. El catalanismo político optó, mayoritariamente, por la independencia. En cuanto a los réditos en votos españolistas tampoco le fue bien, ni al PP ni a Ciudadanos. El PP no pudo evitar la hemorragia de votos ni C’s no pasó de ser la cuarta fuerza en las recientes elecciones. La movilización catalana obviamente no ha despertado ningún entusiasmo en el resto de España, excepto en sectores muy minoritarios, pero sí que ha contribuido a poner en cuestión al sistema político y ha debilitado fuertemente al gobierno del PP. Sin embargo el bloque independentista ha cometido dos errores infantiles. El primero ha sido la sustituir la política por la demagogia. Una hoja de ruta destinada a proclamar la independencia en un año y medio, a sabiendas que esto no era posible, es una irresponsabilidad que solamente puede conseguir una gran frustración popular. Había una gran mayoría social y política que exigía la consulta o referéndum. El 80% de la población consideraba legítimo y necesario el “derecho a decidir”. La Asamblea Nacional Catalana (emanación de la sociedad civil o mejor dicho “política”) y los partidos de centro, a la derecha Convergencia y hacia la izquierda ERC, junto con las CUPs, organización independentista, pancatalanista y de extrema izquierda, optaron por un atajo a sabiendas que no iba a ninguna parte: la independencia ya. El resultado ha sido previsible. El bloque independentista ha derivado de movimiento político incisivo a movimiento ideológico expresivo, de mayoritario a no serlo y de estar unido a no estarlo. CiU se ha roto y Convergencia se ha debilitado, hay divisiones internas e inicia un proceso de transformación no se sabe para donde. Esquerra deja pasar el tiempo para sustituir a Convergencia para liderar el independentismo. A todo lo más puede aspirar a una victoria pírrica, una fuerza importante seguramente pero minoritaria, emparedada entre el Bloque de izquierdas (En Comú, Iniciativa, Podem, EUiA y otros) y la CUP. Respecto a esta organización lo más sensato es no hacer previsiones, su dinámica a corto plazo es imprevisible. Sin embargo prioriza su “ser esencial” que intervenir en las. Una a permanecer, con o sin rupturas, como alternativa radical. Prefiere mantener su perfil partidario estético que intervenir en la política real. Aunque sea bajarse de la ruta después de haberse comprometido. Es un partido incapaz de asumir responsabilidades de gobierno, quizás inspirados por una inscripción en un muro de Oaxaca (México): “nos quieren obligar a gobernar, no vamos a caer en esta provocación”.

El otro error ha sido excluir a las izquierdas. La movilización social tiene una base popular y en gran parte orientada hacia la izquierda. Las elecciones y los estudios confirman que la gran mayoría de la población se sitúa entre el centro izquierda y las diversas izquierdas, soberanistas o partidarias del derecho a decidir. El resultado está a la vista. La opción independentismo exprés lleva a un callejón sin salida. Se agudizan las divisiones y las contradicciones en un bloque cuyo gobierno va a la deriva.

Han facilitado a los socialistas que se descolgaran (con mucho gusto) de la hoja de ruta independentista y excluyente. Les hubiera resultado más difícil rechazar la consulta. El Bloque de izquierdas, firme en el derecho a decidir, ha ganado las recientes elecciones en Catalunya. Es posible que el

independentismo consiga levantar un gobierno catalán, pero cada vez más roto por dentro y más débil por fuera.

Pero no confundamos la representación política con el sustrato social. En Catalunya hoy por lo menos la mitad de la ciudadanía es favorable a la independencia. Y la otra mitad es heterogénea, no toda es radicalmente en contra ni mucho menos. Lo cual no significa que una oferta de díalogo por parte de un gobierno de España podría cambiar la opinión pública de Catalunya.

Sería suficiente que se aceptara la posibilidad de una consulta, que se reconociera la especificidad nacional y en consecuencia constitucionalizaran un conjunto de competencias (principalmente en cultura, lengua y educación) y se aprobará un pacto que mejorará el trato fiscal probablemente sería aceptable para una gran mayoría de la ciudadanía catalana. Pero para ello hacen falta por lo menos unas elecciones en España y otras en Catalunya. Será el momento de Podemos y aliados en España y del Bloque de izquierdas en Catalunya.

El Bloque de izquierdas catalán puede consolidarse y ser una alternativa real de gobierno. Las contradicciones entre Convergencia, ERC y CUP hacen muy difícil gobernar juntos la Generalitat y el previsible fracaso de la hoja de ruta por la independencia hará que se culpabilicen los unos a los otros y se agudizaran las tensiones. No parece que la mayoría soberanista pueda tener futuro. El Bloque de izquierdas sin embargo tiene que consolidar una coalición que no sea únicamente una alianza electoral entre colectivos desconfiados y mal avenidos. La suma de egoísmos no multiplica, sino resta y mucho. Nadie es mejor que nadie, no pueden haber vetos a los que proceden de organizaciones partidarias históricas antiguas, ni tampoco se pueden menospreciar a los recién llegados a la complejidad de la política. Pero no basta. Este bloque debe atraer o hacer acuerdos a ERC, socialistas y CUP, o sectores de éstos por lo menos. Las propuestas deben ser innovadoras, que respondan a demandas sociales, comprensibles, viables y que no generen muchos anticuerpos. Un ejemplo positivo y confirmado es el discurso que practica la alcaldía de Barcelona.

Hay que asumir que difícilmente se podrá avanzar en Catalunya sin tener una proyección política y aliados en el conjunto de España. Para lo cual hay que tener un discurso para el Estado español, sea cual sea el gobierno español y sea más tarde cual sea el resultado de la futura consulta. Hay que generar y promover liderazgos que no se limiten al ámbito catalán. Ada Colau ya lo es, como alcaldesa de Barcelona y como posible candidata a la Generalitat o a gobernar España. Otros ya en parte lo son o pueden serlo pronto como Joan Herrera o Xavier Doménech y otros y otras que emergen desde las organizaciones nuevas o con pasado y desde los ayuntamientos y el Parlament. Como en España es muy posible que la actual legislatura catalana puede tener una vida corta.

El cambio a penas ha empezado. Las elecciones municipales primero y las generales ahora han abierto una brecha en un sistema político inmovilista y caduco. Ha llegado el momento de las alternativas, el momento de Podemos, En Comú. Izquierdas históricas renovadas y organizaciones y movimientos sociales. Las próximas elecciones, más pronto que tarde, el cambio puede confirmarse.

Estados Unidos se prepara: inicia el proceso de selección de los candidatos a la Presidencia ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ

C

abe empezar estas notas con una pregunta. ¿Porqué los comicios que se llevarán a cabo a principios del mes de febrero en dos estados, cuya población es menor en comparación con la de otros, han atraído una atención inusual de los medios de comunicación, y de los electores en general, en los EUA? Es difícil saber las razones de ello. Lo que sí está claro es que con esos comicios se inicia un largo periodo en el que los estadounidenses paulatinamente incrementarán su escrutinio sobre los precandidatos que se disputarán el derecho a representar su partido en las elecciones del mes de noviembre.

Las campañas de los precandidatos demócratas y republicanos culminarán su primera etapa en dos semanas.

En su totalidad el proceso, que durara seis meses, es largo y abigarrado debido a la peculiar democracia en ese país.

Cada estado elige su método de selección y la fecha en la que se celebra la elección.

El 1º de febrero, en el estado de Iowa se llevará a cabo la elección mediante el proceso conocido como Caucus. Y el 9 de febrero en New Hampshire mediante elecciones primarias. En el primer caso, los electores celebran reuniones en cada uno de los condados (municipios) del estado para deliberar y elegir al candidato que representará a su respectivo partido en las Convenciones de las que saldrán los candidatos a la Presidencia. La mecánica del Caucus es elemental, los asistentes de cada partido se reúnen y levantan la mano para votar por el candidato de su predilección.

En la reunión se eligen también los delegados que representaran a los estados en dichas Convenciones, quienes serán portadores del mandato para votar por el candidato que ganó en el estado. En la actualidad se celebran Caucus solamente en los estados de Alaska, Colorado, Hawái, Kansas, Maine, Minnesota, Nevada, North Dakota, Wyoming y Iowa. En el resto de la Unión Americana se

efectúan elecciones primarias.

En las elecciones primarias el voto es directo en urnas que se colocan a lo largo de todo el estado. Hay dos modalidades en las elecciones primarias: abiertas, en las que pueden participar todos los votantes registrados, independientemente del partido al que pertenezcan, y cerradas en las que votan solamente los afiliados a uno u otro partido. En este último caso, quienes estén registrados como votantes independientes podrán votar solo por el candidato de uno u otro partido. Las elecciones primarias y los Caucus deben concluir a más tardar en el mes de junio para dar paso a las Convenciones en las que se reúnen todos los delegados para nominar formalmente a los candidatos de cada instituto político. La del Partido Republicano del 18 al 21 de julio en Cleveland, Ohio y la del Partido Demócrata en Philadelphia, Pennsylvania del 25 al 28 del mismo mes.

Si se considera que de los 538 votos totales del Colegio Electoral, que es a fin de cuentas donde se determina al ganador de las elecciones generales, los estados de Iowa y New Hampshire tienen solamente 6 y 4 votos respectivamente, no parece estar del todo claro el por qué las elecciones en ellos despiertan tanta expectación a nivel nacional. Hay una pasión desbordada en la mayoría de los medios de comunicación por realizar encuestas sobre cuál será el candidato que gane en esos estados. Pareciera que ahí se congelará el proceso y de esos resultados dependerá en definitiva quien será el candidato en las elecciones generales de noviembre.

La realidad es que no siempre los ganadores en esos dos estados han sido los nominados. En Iowa el precandidato republicano que ganó, Mike Huckabee, no representó a su partido en las elecciones generales celebradas en 2008 y tampoco John McCain quien ganó en New Hampshire en ese proceso. En ese mismo año, Barack Obama, precandidato demócrata gano en Iowa pero no en New

CORREO del SUR Director General: León García Soler

Hampshire donde perdió frente a Hillary Clinton quien, a final de cuentas, no obtuvo la candidatura de su partido.

Queda entonces la duda del porque hay tanta expectativa sobre el inicio de un proceso que culminará en seis meses, durante los cuales en 22 fechas diferentes se celebran las elecciones correspondientes a los 50 estados que integran la Unión Americana.

Para tratar de responder la pregunta con la que se inician estas notas, vale dar cuenta de algunas de las conclusiones a las que han llegado algunos estudiosos del fenómeno. La inercia que genera un precandidato que gana al inicio del proceso de selección, se traduce en la “viabilidad” que tiene para ganar la nominación de su partido, y desde luego al candidato del partido contrario en la elección general. (En México coloquialmente se le llama “la cargada”) En el pasado, las propuestas, y sobre todo el estilo del ganador han sentado, en algunos casos, la norma para las etapas posteriores. También se deriva de ese primer triunfo la posibilidad que tiene de reunir más fondos para las etapas posteriores de su campaña.

Otra no menos importante, es la atención que recibirá en las semanas posteriores por parte de los medios de comunicación lo que magnificará la imagen del precandidato que avanza en el primer lugar del proceso. En el caso particular de Iowa su importancia se deriva también de que el Caucus es considerado como un medio “en esencia más democrático” debido a que la mayoría de los que asisten al sitio en que se efectúa se conocen, su voto se hace en forma abierta y a la vista de los otros electores.

En conclusión, hay muchas más razones, pero también sin razones por las que esta primera etapa despierta tantas expectativas. Pero, en cualquier caso, los estadounidenses, tan afectos a convertir cualquier evento en una competencia, estarán muy pendientes sobre el resultado de la primera etapa del proceso de selección, al margen de la relativa importancia de sus resultados.

Suplemento dominical de Director: Adolfo Sánchez Rebolledo

Diseño gráfico: Hernán Osorio