Información, comunicación y medios. Análisis de propuestas en las conversaciones de paz en La Habana by Joaquín Gómez Meneses

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y MEDIOS. ANÁLISIS DE PROPUESTAS EN LAS CONVERSACIONES DE PAZ EN LA HABANA

Documento de trabajo

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO SEMILLERO PERIODISMO CIUDADANO

Marcela Zuluaga, Katherine Salinas, Andrés Cruz, Janina Acuña, Paola Patiño, Silvana Pontón, Liliana Parra, Fernando Alarcón, Johana Ladino, Angie Bautista, Mayra Pulido, María Paula Pertuz, Yenifer Rivera, Helen Montaña, Yeimi Paola Rozo, Ivon Sarmiento, Joaquín Gómez Meneses (Coordinador), Jeniffer Sáenz.

Noviembre de 2013

Información, comunicación y medios. Análisis de propuestas en las conversaciones de paz en La Habana

Resumen El presente documento es el resultado de los análisis elaborados durante el taller homónimo desarrollado durante la VII Semana Internacional de la Comunicación, como parte de las actividades del Semillero Periodismo Ciudadano en cuyas sesiones de trabajo fueron se complementaron las primeras conclusiones, a partir de los acuerdos entre las comisiones del Gobierno y las FARC-EP, comunicados el pasado 6 de noviembre. Este documento contextualiza las propuestas de las FARC-EP en el marco del segundo punto de discusión del ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, las presenta cada una y, mediante el análisis de los estudiantes participantes, ofrece anotaciones que esbozan el ‘estado de las cosas’ frente a cada uno de los problemas que fundamentan las propuestas planteadas. Este análisis aporta algunas conclusiones que se complementan con otras apreciaciones y elementos de debate que surgen tras la revisión colectiva de la información emitida desde la mesa de conversaciones en La Habana sobre el segundo punto, con el propósito de verificar cuáles propuestas fueron objeto de acuerdos y cuáles no fueron incluidas. A partir de ello, el documento presenta las reflexiones planteadas por los integrantes del equipo de trabajo que ha querido compartir estos apuntes no con la idea de presentar un panorama acabado. En estas páginas está la primera aproximación de algunos de los estudiantes al conflicto, sus causas y el proceso de conversaciones en curso. Esa primera aproximación los acercó a asuntos que antes no habían captado su interés y sobre los cuales no tenían conocimientos. De allí que éste se convierta en un aporte que informa y nutre un debate en pleno desarrollo sobre un tema que interpela directamente el quehacer de los comunicadores, los periodistas y de la Universidad como centro para su formación, en el contexto de los retos provenientes del proceso de superación del conflicto que les reta como parte de la sociedad colombiana.

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Presentación Las conversaciones para llegar a un cuerdo que permita el fin del conflicto con las FARC-EP en La Habana, Cuba, han sido una oportunidad para que la sociedad colombiana asuma el debate de asuntos de interés público que están directamente relacionados con las conflictividades sociales y políticas que conforman el contexto de dichos acercamientos. En cumplimiento del ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, delegados del Gobierno colombiano y las FARC-EP acaban de discutir el segundo punto de la agenda de diálogos, correspondiente a la participación política, compuesto por los siguientes subpuntos (Gobierno de la República de Colombia – FARC-EP, 2012. P.2)1: “2.5.2.1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. 2.5.2.2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas. 2.5.2.3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.”

Específicamente en relación con el ‘Acceso a medios de comunicación’, el pasado 6 de agosto las FARC-EP formularon diez propuestas que, de acuerdo con lo expuesto en su momento por el grupo guerrillero, ‘desarrollan’ las propuestas sobre ‘Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación’ (FARC-EP, 2013)2: “1. Los sub-puntos son Participación social en el diseño, puesta en marcha y control de políticas de información y comunicación 2. Democratización de la propiedad sobre los medios de comunicación y fortalecimiento de la propiedad pública estatal y comunitaria 3. Democratización del espectro radioeléctrico y distribución equitativa de frecuencias de radio y televisión. 4. Derecho a la información veraz y oportuna, responsabilidad ulterior y derecho de réplica 5. Acceso a los medios de comunicación de la oposición política y social 6. Acceso especial a los medios de comunicación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y de sectores sociales excluidos, en especial de las mujeres los jóvenes y la comunidad LGTBI. 7. Financiación estatal y privada de medios de comunicación alternativos y comunitarios 1

Gobierno de la República de Colombia – FARC-EP (2012) Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera [PDF en línea]. Recuperado de: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.p df 2 FARC-EP (agosto 6 de 2013). Desarrollo del punto 4 de 10 propuestas mínimas de participación política. Recuperado de: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farcep/delegacion-de-paz-farc-ep/1390-desarrollo-del-punto-4-de-10-propuestas-minimas-departicipacion-politica.html

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4 8. Acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones 9. Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la información y la comunicación 10. Programa especial de información y comunicación para la reconciliación y la construcción de la paz con justicia social”.

Sobre las cuestiones que conforman la agenda de diálogos acordada es indudablemente necesario el debate público por parte de los actores sociales involucrados; en lo concerniente a este punto adicional y los subpuntos correspondientes, dicha necesidad surge de la manera directa cómo estos planteamientos interpelan el quehacer de los medios, los profesionales y el sector académico de la comunicación y el periodismo. La fortaleza de dicho debate está determinada en gran medida por la participación activa de la mayor diversidad posible de los sectores de la sociedad colombiana. Y aunque específicamente las cuestiones expresadas en los diez subpuntos sobre ‘Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación’ no hizo parte de las discusiones formales, sí constituyen un insumo importante para profundizar y contrastar el debate sobre el asunto que deben liderar sectores como la academia. En consideración con lo anterior, la VII Semana de la Comunicación realizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, como espacio de reflexión y debate sobre los avances y retos asociados al quehacer de la comunicación en sus diferentes expresiones, fue el espacio propicio para que desde la Universidad y, específicamente desde la comunidad académica, se promuevan contribuciones al debate sobre un asunto de interés igualmente publico y altamente vigente y relevante como el que plantean las propuestas de las FARC-EP. La indagación a partir de la Ley vigente en nuestro país, la discusión y la argumentación se convierten de esta manera en herramientas que buscan además fortalecer las capacidades de los profesionales en formación y de la comunidad académica para la búsqueda de alternativas pacíficas para la resolución de uno de las expresiones más notorias del conflicto social y político de Colombia.

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Análisis de las propuestas de las FARC-EP para la democratización de la información, la comunicación y los medios

1. “Participación social en el diseño, puesta en marcha y control de políticas de información y comunicación.” Análisis de Marcela Zuluaga Contreras. Revisión de Mayra Pulido. “Por representar bienes comunes de la sociedad, la información y la comunicación exigen regulaciones especiales que hagan prevalecer el interés público y social sobre la ganancia y el lucro. La información y la comunicación deben promover la cultura, la educación y la recreación; en especial, contribuir al desarrollo y la promoción de una cultura democrática y participativa, política y social, y de defensa de la soberanía nacional. Se requiere diseñar una política de información y comunicación que atienda esos propósitos. Para tal efecto, se conformará el Consejo Nacional de Políticas de la Información y la Comunicación, en el que además de la participación de las instituciones del Estado y de sus medios de comunicación, se garantizará la participación de representantes de los medios de comunicación privados, comunitarios y alternativos, de los partidos políticos, de los movimientos políticos y sociales, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y de otros sectores sociales excluidos, en especial de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGTBI. Así mismo, se diseñarán y pondrán en marcha mecanismos para garantizar la veeduría y el control social y popular sobre los medios de comunicación. Se expedirá la ley estatutaria de regulación democrática y participativa de la información y la comunicación” (FARC-EP, 2013).

En la agencia de noticias Nueva Colombia, ANNCOL (2013), se analizan la importancia y la coherencia del sub-punto 1, así: “Por representar bienes comunes de la sociedad, la información y la comunicación exigen regulaciones especiales que hagan prevalecer el interés público y social sobre la ganancia y el lucro. La información y la comunicación deben promover la cultura, la educación y la recreación; en especial, contribuir al desarrollo y la promoción de una cultura democrática y participativa, política social y de defensa de la soberanía nacional”.

Es esta participación propuesta en el marco de los diálogos de paz en el segundo punto de la agenda, fundamental para relacionar las tecnologías de la información, abiertas a la sociedad como veedoras, reguladoras y, en términos generales, elementos importantes para generar una verdadera democracia. Este ejercicio de “democratización de los medios” está contemplado en el apartado 10, del Artículo 20 en la Constitución Política de 1991, el cual reza: “La democratización de los medios de comunicación es condición indispensable para la democratización de la sociedad, puesto que la restricción de su ejercicio limita el pluralismo ideológico, las posibilidades de acceso al poder de los sectores minoritarios o excluidos”. No obstante lo anterior, no queda en evidencia el mandato específico para la participación social en el diseño de políticas que regulan la información y los medios

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6 de comunicación. El cuestionamiento inevitable para acercar la propuesta de las FARC a la legislación existente es: ¿Existe participación social en el diseño, puesta en marcha y control de políticas de información y comunicación? El Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación implementa la Ley 1341 DE 2009 denominada Ley TIC, en la cual se hace referencia el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. Y sobre esta ley, entre los objetivos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el artículo 17 refiere: “Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos”(MinTIC, 2013). Y lo reafirma a través del artículo 18 y sus funciones, pero no contempla estas actividades vinculadas a ejercicios, por ejemplo de veeduría ciudadana o, en general, de participación social en la realización de estos planes y políticas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene como misión promover la libre y leal competencia y la inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con fundamento en un marco regulatorio orientado a maximizar el bienestar social y la protección de los derechos de todos los usuarios colombianos, pero en las funciones de este ente regulador no existe un rol de la sociedad como determinante de ese actuar, más allá de ser beneficiario de su gestión de defensa de las garantías asociadas a los ciudadanos en las funciones del sector. Una revisión del marco normativo, regulatorio y de política social (MinTIC, 2013) asociado a la participación de la ciudadanía no especifica este ejercicio en relación las políticas de información y comunicación en el país, luego de que se revisaran el Documento Conpes 3649 de 2010 (Política Nacional de Servicio al Ciudadano), la Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana, la Ley 182 de 1995 por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión. También se revisó la Ley 472 de 1998 con la cual se regulan las acciones populares y las acciones de grupo para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos; decreto 2618 de 2012, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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7 La búsqueda debe enfocarse posteriormente a la revisión del estado de avance hacia una política pública de comunicación. Desde los organismos del Estado vinculados al sector de la información y la comunicación, se ejecutan planes, programas y proyectos, priorizando el ejercicio de información en algo meramente técnico, como fuente de valor agregado y desarrollo mediante la inversión económica. A partir de este panorama, pueden reconocerse los vacíos existentes respecto de la propuesta desde las FARC que se basa en la conformación del Consejo Nacional de Políticas de la Información y Comunicación que contemple la participación de las instituciones del Estado y medios de comunicación de toda índole (privados, públicos, alternativos y comunitarios), así como sectores normalmente no incluidos en la dinámica y regulación del sector de información y comunicación, a través de la ley estatutaria de regulación democrática y participativa en la materia, la cual actualmente no existe.

Bibliografía: Colombia (1991) Constitución Política de Colombia, Bogotá. Legis. ANNCOL. “Las FARC profundan el punto 4 de 10 propuestas Mínimas de Participación política”, [en línea]. Creado Agosto 07 de 2013. Septiembre 3. , Consultado [03 de Septiembre de 2013]. Disponible en la Web:http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/farc-ep/comunicados-de-lasfarc-ep/3533-ago-7-las-farc-profundan-el-el-punto-4-de-10-propuestas-minimas-de-participacionpolitica Comisión de Regulación de Comunicaciones. “Misión y objetivos Ahora revisando Consultado [04 de Septiembre de 2013]. Disponible en http://www.crcom.gov.co

la Comisión”

Ministerio TIC. “Normatividad: Leyes, Acuerdos, Circulares, Documentos Conpes” Consultado [03 de Septiembre de 2013]. Disponible en http://www.mintic.gov.co/index.php/docs-normatividad Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) “Normatividad” Consultado [04 de Septiembre de 2013]. Disponible en http://www.antv.gov.co/normatividad/index.html Agencia de Noticias Prensa Rural. “FARC proponen democratizar medios de comunicación” Consultado [02 de Septiembre de 2013]. Disponible en http://prensarural.org/spip/spip.php?article11582 DNP, (2010). Documento Conpes 3649. Política Nacional de Servicio al Ciudadano. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=7f7IVjJgZSQ%3D&tabid=1063

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2. Democratización de la propiedad sobre los medios de comunicación y fortalecimiento de la propiedad pública estatal y comunitaria. Análisis de Katherine Salinas.

“La democratización de la propiedad sobre los medios de comunicación y el acceso a ellos por parte de los partidos políticos, de los movimientos políticos y sociales y de los sectores sociales excluidos constituye uno de los pilares de la participación política y social. Por tanto, se emprenderán medidas tendientes a su desconcentración y se establecerán regulaciones especiales para impedir que grupos económicos monopolicen la propiedad y abusen de su posición dominante. Se promoverá el fortalecimiento de los medios de comunicación del Estado, en nivel nacional y regional. Para tal efecto, se dispondrán los recursos necesarios. Se proveerán las condiciones tecnológicas del caso y se garantizará que su programación y contenidos respondan a propósitos nacionales y no a intereses propagandísticos del gobierno de turno. Se estimulará la propiedad comunitaria y de sectores sociales excluidos sobre los medios de comunicación.” FARC-EP, 2013).

De acuerdo con el Estudio General de Medios, correspondiente al segundo trimestre de 2012, el panorama entre los medios con mayor audiencia está descrito de la siguiente manera, teniendo en cuenta su pertenencia: Radio: 1. Caracol Radio – Prisa 2. RCN Radio – Organización Ardila Lulle 3. W Radio – Caracol Radio. Prisa. Prensa: 1. El Tiempo – Casa editorial El Tiempo. Mayoría Organización Sarmiento Angulo. 2. El Colombiano (Medellín) – El Colombiano S.A. & CIA. Flia. Gómez Martínez. 3. El Espectador – Comunican S.A.. Participación Grupo Valorem (Santodomingo). Televisión abierta: 1. Caracol Televisión – Valoren S.A. (Santodomingo). 2. RCN TV – Organización Ardila Lulle. 3. Canal UNO – Canal de propiedad pública. Ahora bien. Además de los canales regionales y locales de propiedad pública (gobernaciones y alcaldías), Colombia tiene un sistema nacional de medios públicos que, evidentemente no figura en este panorama. Ahora bien, la propiedad de los medios en Colombia se caracteriza por la relación entre medios de comunicación y grandes grupos económicos. En esa circunstancia, adquiere valor la propuesta de fortalecer los medios públicos y los medios comunitarios.

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3. Democratización del espectro radioeléctrico y distribución equitativa de frecuencias de radio y televisión. Análisis de Andrés Felipe Cruz. “La democratización de la propiedad y del acceso a los medios de comunicación conlleva la provisión de condiciones estructurales efectivas para hacerla realidad. Ello implica la implementación de medidas para la democratización del espectro radioeléctrico, esto es del medio por el cual se transmiten las ondas de radio electromagnéticas, las cuales permiten hacer uso de medios de comunicación. De manera especial se garantizará la participación social en la definición del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias-CNABF, instrumento clave de la gestión, la administración y el control del espectro radioeléctrico. Las frecuencias de radio y televisión se distribuirán por partes iguales entre el sector público, el sector privado y el sector social, entendiendo por éste los medios comunitarios y alternativos, los medios de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y de sectores sociales excluidos, especialmente de mujeres, jóvenes y de la comunidad LGBTI. Este propósito se alcanzará de manera progresiva. Se reservarán las frecuencias todavía libres para los sectores público y comunitario y se reutilizarán frecuencias donde sea posible. En todo caso, deberá impedirse la concentración de frecuencias; éstas serán intransferibles y su uso no podrá ser arrendado. (FARC-EP, 2013)”.

Una de las primeras experiencias en procura de la regulación del espectro radioeléctrico a nivel mundial, data de 1912, cuando surgió el interés por ordenar su uso y así evitar el deterioro de la calidad de la comunicación, mediante la asignación de licencias con fines específicos como los de carácter oficial (UNAD, 2013). En los años de 1970. La organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) creó la comisión de estudios de la comunicación (CIC) que emitió un informe final aprobado en la asamblea general de 1980, donde planteó la necesidad de lograr una comunicación de masas de manera democrática en todos los países del mundo. Los medios de comunicación se han convertido en eje de poder ¿Quién determina hoy en día que hay que informar? ¿Qué influencia tienen los ciudadanos en los contenidos de dichos medios? Las FARC-EP afirman que es muy difícil que una verdad de interés de la ciudadanía, del pueblo o de la sociedad, se muestre en los medios masivos de comunicación. La propuesta busca hacer justicia social en torno a los medios de comunicación. Al inicio de las conversaciones sobre el segundo punto de la agenda de diálogos, Andrés París, miembro de la delegación de las FARC-EP señaló que “en la mayoría de los países del mundo, el espectro radioeléctrico ha estado bajo el control de empresarios con poder adquisitivo, no permitiendo un acceso a los espacios de comunicación a aquellas personas que no gozan de dicho poder económico”. La ANE, la Agencia Nacional del Espectro, tiene entre sus funciones ejercer la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, con excepción de lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución según el cual la intervención estatal estará a un cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, en respaldo de lo que establece el Articulo 75, según el cual el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.

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10 En definitiva, democratizar el espectro radioeléctrico y distribuir equitativamente las frecuencias de radio y televisión es poner en tela de juicio la propiedad de sus actuales dueños. La pregunta es ¿Quiere y puede el gobierno hacer esto? Bibliografía: Universidad Nacional Abierta a Distancia – UNAD-. Módulo de Redes y Servicios Telematicos. Lección 11. Ondas de Radio. Recuperado de: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/208017/ContLin2/leccin_11_ondas_de_radio.html

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4. Derecho a la información veraz y oportuna, responsabilidad ulterior y derecho de réplica Análisis de Janina Acuña y Paola Patiño. Revisión de Angie Bautista.

“Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz. Se pondrán en marcha medidas tendientes a garantizar la responsabilidad sobre la información y la comunicación, incluida la responsabilidad ulterior, sin perjuicio alguno de la libertad de expresión y opinión. Se fortalecerá el derecho de réplica, cuando a ello hubiere lugar, en las mismas condiciones en las que se produjo la información” (FARC-EP, 2013)

El derecho de la información veraz y oportuna funciona como instrumento para garantizar el cumplimiento de otros derechos esenciales del ser humano. Las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas dictaminaron que “la libertad de información es un derecho fundamental”. A partir de ello, se establece la puesta en marcha de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para el fortalecimiento del acceso universal a la información y conocimiento. En Colombia, el Artículo 20 de la Constitución Política dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Frente a este aspecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T391/07, aclaró que una cosa es informar sobre hechos y situaciones de carácter factico y otra la libertad de expresar las opiniones sobre esos acontecimientos. La veracidad e imparcialidad de hechos o situaciones narrados o informados a partir de la realidad, son fundamentales. En caso de que no se pueda comprobar la información, la persona o el periodista que hace el ejercicio informativo debe demostrar que obró de manera correcta en la búsqueda de la verdad. Así mismo, el Artículo 23 de la Constitución, apoya el derecho de la libre expresión diciendo que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución, es de ahí la importancia que posee el derecho de la libre expresión. Por responsabilidad ulterior entendemos que, es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias jurídicas posteriores (Vargas, C. s.f.). En ese sentido, debe recordarse que la responsabilidad se vincula a la consecuencia nociva de haber causado un perjuicio, que se concreta en la obligación de repararlo o de indemnizarlo (Ídem). El derecho de réplica dice que: “el afectado responde en el medio de comunicación a los señalamientos que se le formulan, ejerciendo así la defensa de su buen nombre y de sus actos o aclarando alguna situación que puede tergiversar los hechos” (Ídem).

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12 Según la Constitución, en Colombia el derecho de réplica no es legalmente necesario para los medios de comunicación, pero en algunos casos se asigna como algo primordial para la ética y moral periodística. Ya se mencionó, la imparcialidad que debe tener un periodista, se debe decir entonces, que el derecho de réplica es totalmente sano en la búsqueda de la objetividad, imparcialidad y en el equilibrio de la información. Esto le da la oportunidad a la ciudadanía de crear su propio juicio o criterio frente a la información que es elemento de debate en determinado momento, determinada problemática social o hecho que afecte la opinión pública. Lo que se quiere con esta propuesta que plantean las FARC es que exista un derecho pleno a la libre expresión que va ligado a la libertad de informar, libertad de opinar, libertad de prensa, libertad para fundar medios de comunicación, libertad de manifestarse, libertad de recibir información y por ultimo libertad de pensamiento. Lo que se quiere con esto es que los profesionales en el oficio del periodismo se responsabilicen de lo que publiquen incluso si se trata de algo que puede dañar al otro, por esto se plantea la responsabilidad ulterior y el derecho de réplica.

Bibliografía: Vargas Jácome, Camilo. (s.f.) Hacia un sistema de responsabilidad civil moderno para los medios de comunicación social. Biblioteca Virtual Luis Angel Arango. Recuperado el 4 de noviembre del 2013 de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/medios/medios10a.htm.

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5. Acceso a los medios de comunicación de la oposición política y social Análisis de Silvana Pontón. Revisión de Liliana Parra. “Se proveerán condiciones especiales a la oposición política para el acceso a la propiedad sobre medios de comunicación impresos, de radio y televisión, y de internet. Tales condiciones se refieren a la asignación de frecuencias, en el caso de los medios que hacen uso del espectro radioeléctrico, así como al otorgamiento de créditos blandos y a la cofinanciación estatal, especialmente a través de las pautas publicitarias, entre otros. Se garantizará el acceso a los medios de comunicación del Estado, radio y televisión, nacional y regional, mediante la asignación de franjas de programación. Se definirán espacios en cadena en los medios concesionados a operadores privados” (FARC-EP, 2013).

El 23 de marzo de 1994 se aprobó la Ley 130, el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, que incluye normas sobre su financiación y la de las campañas electorales. El artículo 22 contempla la publicidad, la propaganda y las encuestas políticas: TÍTULO VI. DE LA PUBLICIDAD, LA PROPAGANDA Y LAS ENCUESTAS POLÍTICAS ARTÍCULO 22. UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Los partidos, movimientos y candidatos a cargos de elección popular podrán hacer divulgación política y propaganda electoral por los medios de comunicación, en los términos de la presente ley.

Por su parte, el artículo 25 se encarga de legislar el acceso a los medios de comunicación social del Estado de la siguiente manera: ARTÍCULO 25. ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tendrán derecho a acceder gratuitamente a los medios de comunicación social del Estado, siempre y cuando el pago por la utilización de los espacios se hará con cargo al Presupuesto General de la Nación, para lo cual se apropiarán anualmente las partidas necesarias, las cuales formarán parte del Fondo 3 de que trata el artículo 12 de esta ley .

La legislación deja claro que la Autoridad Nacional de Televisión o el organismo que le represente, determinará el tiempo y los espacios en los cuales es factible emitir su propaganda para la campaña presidencial. Además, también se ocupa de comentar las garantías de la información; de tal manera que se regule el derecho a ser tratados por igual y así lograr la equidad en todo sentido. El artículo 28 trata el uso del servicio de la radio privada y los periódicos, busca imparcialidad en el tratamiento de la información de todas las partes. Ahora bien, la ley estatutaria que tiene por objetivo establecer las normas a seguir en el proceso electoral la estipuló el Congreso de la República, el 14 de junio del 3

ARTÍCULO 12. FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS. El Estado financiará el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o con representación en el Congreso, mediante la creación de un fondo que se constituirá anualmente con un aporte de ciento cincuenta pesos ($150), por cada ciudadano inscrito en el censo electoral nacional. Al fondo se incorporará también el producto de las multas a las que se refiere la presente ley.

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14 2013, con el nombre de Ley de Garantías Electorales que cuenta con 45 artículos que regulan diferentes asuntos, entre ellos la financiación estatal, el acceso igualitario a medios de comunicación, el derecho a réplica de los candidatos, las prohibiciones a funcionarios públicos para participar en política, la duración de las campañas y el manejo de la nómina de las mismas, entre otros. La ley determina que el Estado financiará las campañas publicitarias al 100%, y también garantiza espacio en los canales de televisión públicos, privados y comunitarios para los partidos políticos. El tiempo que tienen que suministrar es de tres minutos en horario triple A y la radio tendrá que suministrar seis, para distribuirlos equitativamente entre los candidatos. De igual manera, se implementó una veeduría para los medios, cuyo encargado es el Consejo Nacional Electoral, que tendrá una comisión encargada de vigilar que el trato sea igualitario. El informe de esa vigilancia se debe entregar semanalmente y los medios están obligados a corregir las fallas e igualar el trato cuando sea necesario. De haber falencias en el trato igualitario a los partidos, existe el derecho de réplica, regulado por el Consejo Nacional Electoral pues éste será el que autorizará o no ese recurso durante las 48 horas siguientes a que se produzca la denuncia. La Constitución Política de Colombia en el Capítulo II, artículo 107, habla acerca de los partidos y de los movimientos políticos. La norma modificada por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2009 señala que: “Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”. En definitiva, aunque los instrumentos legales existen, en nuestro país falta más información que permita al ciudadano poder conocer con profundidad acerca de la intervención de los partidos políticos en los medios de comunicación. Además, vale la pena mencionar que, a pesar de la implementación de la Ley de Garantías Electorales, todavía falta mucho para la participación equitativa de los movimientos y partidos políticos en los medios de comunicación.

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6. Acceso especial a los medios de comunicación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y de sectores sociales excluidos, en especial de las mujeres los jóvenes y la comunidad LGTBI Análisis de Liliana Parra. Revisión de Silvana Pontón. “Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y los sectores sociales excluidos organizados, en especial las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGTBI, gozarán de condiciones especiales para acceder a la propiedad sobre medios de comunicación impresos, de radio y televisión, y de internet. Tales condiciones se refieren a la asignación de frecuencias, en el caso de los medios que hacen uso del espectro radioeléctrico, así como al otorgamiento de créditos blandos y a la cofinanciación estatal, especialmente a través de las pautas publicitarias, entre otros. Se garantizará el acceso a los medios de comunicación del Estado, radio y televisión, nacional y regional, mediante la asignación de franjas de programación. Se definirán espacios en cadena en los medios concesionados a operadores privados” (FARC-EP, 2013).

En Colombia las condiciones para el acceso privilegiado de las comunidades y sectores sociales, mencionados anteriormente, no están dadas de manera igualitaria para todos. En el caso de la población indígena, según lo estipulado en la Ley 1381 del 25 enero de 2010, para el reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes, “el Estado debe adoptar y realizar los pasos necesarios para la propagación de la realidad a través del valor de la diversidad lingüística y cultural de la nación en los medios de comunicación públicos. Además y en acuerdo con las autoridades de estos grupos étnicos se llevará a cabo el impulso de la producción y emisión de programas en lenguas nativas a través de los distintos medios tecnológicos de información y comunicación buscando así la protección y conservación de las lenguas nativas. En apoyo para la realización de estos programas con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión Nacional de Televisión, los departamentos, los distritos y los municipios con comunidades que hablen lenguas nativas”.

El artículo 18 de la misma Ley señala que: Se impulsaran iniciativas y se aportaran recursos destinados a la producción, en lenguas nativas, de materiales de audio, audiovisuales y digitales con el apoyo del Ministerio de Cultura y de otras entidades públicas o privadas en compañía de los pueblos y comunidades de los grupos étnicos y sus respectivas autoridades. Fomentando, mediante la capacitación, la producción de materiales realizados por integrantes de las mismas comunidades. Se dará facilidad a los hablantes de lenguas nativas para el acceso a los nuevos medios tecnológicos y de comunicación mediante el uso de los documentos en lenguas nativas y la creación de portales de Internet.

Esto establece en complemento el artículo 19: El Ministerio de Cultura hará impulsos para la recolección, conservación y difusión de materiales escritos, de audio y audiovisuales de las lenguas nativas fortaleciendo sus tradiciones orales. A través de la utilización del Archivo General de la Nación, Instituto Caro y Cuervo, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Biblioteca Nacional, centros culturales y archivos documentales nacionales, regionales, locales y de grupos étnicos y demás entidades competentes.

Lo que permite concluir que la ley ampara el privilegio y trato especial para la participación de las diversas comunidades indígenas en los distintos medios de

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16 comunicación en Colombia, permitiendo, además, la protección de sus tradiciones culturales. En cuanto al tema del acceso privilegiado de los jóvenes a los medios de comunicación, ésta población se encuentra respaldada por la Ley Estatutaria 1622 de 2013 que promueve la participación de los jóvenes en los diferentes escenarios políticos y públicos, mediante la formulación de estrategias de inclusión basada en el reconocimiento de la diversidad, la integralidad que consiste en el abordaje de los jóvenes en los distintos contextos sociales y finalmente de participación con la cual se garantizaran instrumentos y estímulos necesarios para el fortalecimiento de la población joven. Para la población campesina se han adelantado proyectos de inclusión en los medios de comunicación en lo cual un antecedente fundamental fue el de Radio Sutatenza, cuyos contenidos le dieron reconocimiento al campesinado y abrieron posibilidades como las participación de esta población en las escuelas radiofónicas. “La experiencia de Radio Sutatenza indica que logró en sus cuarenta años de existencia cumplir con estos sueños y que enseñó a muchas familias campesinas a soñar con la posibilidad de que su existencia podía ser mejor. La historia por escribir de la forma como esta emisora dio vida a esos sueños iniciando con un transmisor de radioaficionado en un pequeño pueblo de Boyacá y terminando con uno de los más poderosos sistemas de amplitud modulada que existió en Colombia” (Gómez, s.f.). En lo que toca a la población afro descendiente, son numerosos los proyectos e iniciativas que promueven su acceso a los medios de comunicación, con la idea de cambiar el imaginario a su alrededor. Un ejemplo es el proyecto Medios de Comunicación y Población Afro – Colombiana: Visibilidades, Voces y Asuntos de los temas Afro colombianos en los medios de comunicación colombianos, un escenario en el que se duscutió la exisrtencia de procesos de exclusión mediática en la que los afro colombianos se convierten en temas invisibles que no pasan por las agendas de los medios, en especial para radio y televisión y, cuando pasan, existe una marcada tendencia de asociación con temas de corrupción, malversación de fondos y poca capacidad para manejar recursos dando paso solo a estereotipos negativos de comunidades pobres, corruptas, víctimas, exóticas y abandonadas Tamayo et al. 2009). A su turno, la comunidad LGBT también ha sido protagonista de proyectos que promueven su acceso a los medios de comunicación y la construcción adecuada de representaciones fieles a su realidad, que no refuercen estereotipos que profundizan procesos de exclusión hacia ella. “Periodismo para la diversidad”, una investigación liderada por Colombia Diversa (2005) que, mediante análisis cuantitativos de los contenidos de los principales medios, evidenció como son abordados en relación con la comunidad LGBTI los temas ‘espectaculares’ y que se banalizan con enfoques “ de farándula”. De acuerdo con el estudio, la precisión y concisión en las noticias que involucran a estas personas, mediante el manejo del uso correcto de la denominación a la comunidad LGBTI; evitando términos negativos, no radicalizado el tema, y permitiendo en última

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17 instancia la participación activa de toda la comunidad dentro de los medios masivos de comunicación, son retos por lograr aún. En términos generales, si bien en lo que corresponde a comunidades indígenas y jóvenes existe un marco legal que ampara su acceso a los medios masivos de comunicación, en relación con la población afro, los campesinos y la comunidad LGBTI este marco legal no existe. En todos los casos hay avances adelantados a través de proyectos e iniciativas específicas, pero no con el peso de una política pública en la materia que construya una dinámica permanente alrededor del reto de la inclusión de estos grupos poblacionales en los medios de comunicación.

Bibliografía GÓMEZ, G. (s.f.) Sutatenza: retos y sueños de un proyecto radial. En línea. Recuperado de: www.banrepcultural.org/radio-sutatenza/textos/sutatenza-retos-y-suenos-de-un-proyecto-radial TAMAYO, C. et al. (2009). Resumen investigación: “Medios de comunicación y población afrocolombiana. Visibilidades, voces y asuntos de los temas afrocolombianos en los medios de comunicación”. En línea. Recuperado de: http://www.afrodescendientesundp.org/FCKeditor_files/File/MEDIOS_Y_POBLACION_AFROCOLOMBIANA_CAMILO_TAMAYO.pd f COLOMBIA DIVERSA (2005). Periodismo para la diversidad. En línea: recuperado de: http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/images/stories/que/3_1_INVESTIGACION/3_1_2_OBSER VATORIO_DE_MEDIOS/Periodismoparaladiversidad.pdf

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7. Financiación estatal y privada de medios de comunicación alternativos y comunitarios Análisis de Fernando Alarcón y Yeimmi Paola Rozo. Revisión Ivonne Sarmiento.

“Los medios de comunicación alternativos y comunitarios gozarán de especial atención y apoyo por parte del Estado. Con el propósito de promover el acceso a la propiedad y garantizar la información y comunicación alternativa y comunitaria, además de la asignación de frecuencias, en el caso de los medios que hacen uso del espectro radioeléctrico, se creará el Fondo especial de financiación de medios alternativos y comunitarios. El Fondo estará conformado por aportes del Gobierno nacional provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa y de la contratación de un tercio de la pauta publicitaria de las instituciones del Estado con dichos medios. El sector privado contribuirá con la contratación del diez por ciento de su pauta publicitaria” (FARC-EP, 2013).

Los medios de comunicación alternativos y/o comunitarios se han ido estableciendo en el país desde hace mucho tiempo. Uno de sus principales pilares fue el proyecto radial comunitario Radio Sutatenza, que nació en los años 50´s como una propuesta educativa para el campesinado colombiano. Este, como muchos otros ejemplos no solo radiales, sino también televisivos y con el auge de las redes sociales en internet, han planteado una apuesta comunicativa con responsabilidad social, enfocada siempre a servir como fuente informativa de comunidades que buscan fortalecerse, donde estos medios se sienten más propios. La ley establece los criterios por los cuales se puede crear emisora comunitaria e incluso parámetros para funcionamiento y, específicamente, su financiación. El artículo 27 reza: “Comercialización de espacios en emisoras comunitarias. Por las estaciones de radiodifusión sonora comunitaria podrá transmitirse propaganda, exceptuando la publicidad política, y podrá darse crédito a quienes hayan dado patrocinios, auspicios y apoyos financieros para determinada programación, siempre que no se trate de personas cuyas actividades o productos esté prohibido publicitar.” La problemática radica en que, en gran parte de los casos, el Estado no hace parte de esos patrocinadores. Por ende, no se ve reflejado un apoyo estatal que muestre un verdadero interés en estas propuestas que son realmente importantes para los procesos de desarrollo de las comunidades en general. En un análisis sobre la Gestión Integral de la Radio Comunitaria, que hace Ernesto Lamas (2003), se plantean dos formas en las que es posible el sostenimiento de estos medios se logre sostener: organizaciones como las Agencias de Cooperación Internacional y la Iglesia, son fuentes que pueden financiar y sostener estas propuestas, con proyecciones de crecimiento más realistas. Pero, como esto no sucede muy a menudo, la otra opción que plantea el autor es que los promotores, a pesar de los auspicios locales, se mantengan con recursos propios, lo que dificulta en gran parte su trabajo porque el factor económico se ve en altibajos constantes al no generar ingresos suficientes. “La televisión es uno de los principales medios de comunicación masivos de Colombia. Fundada el 13 de junio de 1954, se ha caracterizado históricamente por sus altos índices de consumo por parte de la población nacional, ocupando un

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19 espacio importante en la vida de los ciudadanos. En la actualidad se calcula que más del 95% de los hogares posee al menos un televisor en su hogar y más del 70% de los Colombianos acostumbre ver al menos una hora diaria de programación. Las licencias y títulos para prestar el servicio en cada modalidad son otorgadas por la Autoridad Nacional de Televisión.” Encontrar estos datos básicos en Wikipedia (s.f.) es tan sencillo como corroborar la realidad de la penetración de este medio en las rutinas cotidianas de los hogares colombianos. La televisión es uno de los medios masivos de comunicación más importantes en el rol del colombiano, en el que las propuestas comerciales son las más fuertes y cumplen un papel destacado los canales regionales y algunos locales con financiación estatal. En el ámbito comunitario, todos los servicios de televisión local prestados por operadores de este tipo (asociaciones de antenas parabólicas por ejemplo) deben contar con un canal local, no obstante la organización y administración es el criterio que se impone para financiar la actividad de estas organizaciones y la falta de ingresos suficientes afecta el desarrollo de propuestas de televisión comunitaria. En definitiva, para los medios alternativos y comunitarios no existe, en la práctica, un respaldo económico que fomente sus sostenimiento y desarrollo por parte del Estado.

Bibliografía: Decreto 2805 de 2.008, que expide Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora. (2008, 31 de Julio).[Base de Datos]. Colombia: Alcaldía de Bogotá. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31747 [2013,03 de Septiembre]. Lamas, E. (2003, noviembre). Gestión Integral de la Radio Comunitaria.LIBRARY.FES [en línea].Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/04202.pdf [2013, 04 de Septiembre]. Wikipedia.org.(s.f.). La televisión en Colombia. Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_en_Colombia

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8. ACCESO UNIVERSAL A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Análisis: Johanna Ladino & Angie Bautista. Revisión de Elen Montaña. “Se garantizará el acceso universal y gratuito a las tecnologías de información y comunicación, especialmente con conectividad a internet de banda ancha y uso de software libre, a través de un programa especial de instalación de puntos de acceso público, que privilegiará los sectores populares y marginados de los centros urbanos, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, los niños, niñas y jóvenes, estudiantes de educación básica, media, tecnológica y universitaria. Se emprenderá dotación masiva y gratuita o subsidiada, según el caso, de computadores portátiles a estos sectores de la población” (FARC-EP, 2013).

Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Organización de las Naciones Unidas establece como octavo y último objetivo: “Fomentar una alianza mundial para el desarrollo” (ONU, 2013. P. 52). En este objetivo se agrupan seis metas y una de ellas corresponde a dar Acceso Universal (AU) a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La Meta 8.F dice: “En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, principalmente a los de la tecnología de la información y las comunicaciones” (Ibídem, p. 56). Esta meta plantea como aspectos fundamentales el afianzamiento de infraestructura tecnológica para información y comunicación, redes de banda ancha fija y móvil y telefonía móvil. El año 2015 es la fecha fijada por la ONU para alcanzar el cumplimiento de la mayoría de los ODM (la fecha en la que se definió el plazo fue 1990). Sin embargo, de acuerdo con los estudios de AU realizados por la ONU, en los países en desarrollo, el 31% de la población usa Internet, mientras que en los países desarrollados lo usa un 70%. Con el objetivo antes mencionado se pretende superar estas cifras y cerrar la brecha digital que hay en los países desarrollados y en desarrollo. Es por esto que Colombia, como país miembro de la ONU desde el 5 de noviembre de 1945, debe tomar medidas para alcanzar las metas propuestas por los ODM. El 30 de julio de 2009 se consolidó en Colombia la Ley 13414, ésta busca darle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), promueve el acceso y uso de las TICs como un derecho de todos y garantiza la libre competencia y el uso eficiente de la infraestructura y el espectro. De los diez títulos que contiene esta ley, en el título IV se decreta: “promoción al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. En el Artículo 34, se establece la naturaleza y el objeto del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al

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21 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Congreso de la República de Colombia, 2009). Esta ley acoge a todas las personas que no puedan tener un acceso propio a Internet, los mayores beneficiados son los ciudadanos que están alejados del sector urbano y que de alguna u otra manera no cuentan con la infraestructura para acceso a este tipo de tecnologías. Por lo tanto, el propósito del Fondo es financiar los planes, programas y proyectos que facilitarán el acceso universal de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es decir, que en Colombia se deben promover recursos para que todas las comunidades no sólo tengan acceso a Internet, sino que sea un buen servicio y a precio justo. De modo que, en el marco de los diálogos de paz y de las diez propuestas que presenta la Delegación de las FARC-EP frente al gobierno colombiano con respecto al Acceso Universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país, propone particularmente la meta de promover el acceso y los beneficios de las TICs, junto a la democratización de la información y la comunicación, y así mismo de los medios masivos de información, que está vigente en la Ley 1341 en Colombia, y que el ODM fomenta como alianza mundial para el desarrollo.

Bibliografía: Organización de Naciones Unidas (ONU). (2013, junio).“Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 2013”. Objetivo 8. Nueva York. Disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report2013-spanish.pdf.Pág. 52. Congreso de la República De Colombia. (2009, julio 30). Senado de la República de Colombia. Ley 134. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html Congreso de la República de Colombia. (2009, julio 30). Senado de la República de Colombia. Ley 134. “Título IV: Promoción al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. “Artículo 34: Naturaleza y objeto del fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html

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22 9. Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la información y la comunicación Análisis de Mayra Pulido y Helen Montaña. Revisión de Yeimi Paola Rozo.

“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala” Albert Camus “Se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores de la información y la comunicación. Se propenderá por el trabajo digno y bien remunerado, así como por el acceso al aseguramiento en salud, pensiones y riesgos profesionales; prevalecerá la contratación laboral. Se proveerán por parte de los patrones los recursos económicos, técnicos y materiales suficientes para el adecuado ejercicio de la profesión y de las tareas periodísticas encargadas, así como para las labores de investigación. Se promoverá el desarrollo profesional y la capacitación técnica, para lo cual se darán las facilidades del caso. Se garantizará la protección del Estado en caso de amenazas derivadas de la actividad como comunicadores. Se proveerán coberturas de riesgo a cubrirse con seguros privados de vida, de accidentes, de daños a terceros, de asistencia jurídica, de pérdida o robo de equipos.” (FARC- EP ,2013).

El 27 de agosto del 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciaba que el gobierno estaba desarrollando diálogos exploratorios con las Farc. Desde el periodismo, los medios empiezan el cubrimiento de las negociaciones, pero mientras los periodistas hablan del proceso, en las mesas de negociación se habla de los medios (Véase Anexo 1). Un tema que se encuentra en discusión allí hace referencia al mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la información y la comunicación, pero ¿qué significa esto? Las épocas de más violencia hacia los periodistas es entre 1986 y 1996, donde 55 periodistas fueron asesinados por razones de oficio en Colombia. El año más crítico fue 1989, con 12 asesinatos (FLIP, 2007). Un hecho que mostró los efectos de la confrontación con la guerrilla de las FARC-EP sobre la labor de la prensa en Colombia durante 2012, fue el secuestro del periodista francés Romeo Langlois. A partir del episodio, según un informe de la Fundación para la Liberta de Prensa (FLIP, 2012), al respecto, en el Congreso de Colombia hubo un debate de control político a la labor de la Cancillería que anunció la construcción de un protocolo para orientar el trabajo de periodistas especialmente extranjeros en estas circunstancias, pero a la fecha de publicación no había resultados concretos al respecto. El anterior caso, trae a la discusión el tema del riesgo del oficio periodístico, que desde 2011 con el decreto 4912 en el artículo 6, coloca a los periodistas y comunicadores sociales como personas que por su oficio necesitan protección por riesgo extraordinario o extremo. Como herramienta para dar soporte legal a la protección de periodistas y comunicadores sociales, el Decreto 1592 de 2000 afirma que: “Es necesario garantizar la seguridad de los periodistas que asuman la difusión, defensa, preservación y restablecimiento de los derechos humanos y aplicación del Derecho

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23 Internacional Humanitario y que, por tal circunstancia, se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno que padece el país, toda vez que éstos, en cumplimiento de dicha labor, se constituyen en verdaderos defensores de los derechos humanos”.

Diferentes organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre ellas la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Medios para la Paz, Andiarios y la FLIP, entre otras, han combinado esfuerzos con estamentos del Estado como el Viceministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República, han emprendido programas de protección a periodistas que permiten que los profesionales en riesgo reciban medidas de protección, que van desde ayudas económicas para abandonar la región donde se encuentran hasta vehículos blindados, chalecos antibalas y escoltas, entre otros. Estas organizaciones realizan monitoreo sobre la libertad de expresión y acceso a la información pública, por medio del Proyecto Antonio Nariño que en su primera edición “se ubicó a Colombia en un 50% de su ideal estado de libertad de prensa, siendo impunidad la dimensión con calificación más baja, que sólo alcanzó un 12% de cumplimiento del ideal” (PAN, 2012). (Véase anexos 2 y 3). Otro tema de las condiciones laborales del periodismo es el “acceso al aseguramiento en salud, pensiones y riesgos profesionales” (Pazfarc-Ep, 2013) esto no es nuevo en el país, el decreto 1281 de 1944 en el Capítulo II establecía el régimen especial de pensiones de invalidez de sobrevivientes y de vejez para periodista, con esto, seguramente estos beneficios con respecto a la protección laboral y social darían a los comunicadores más tranquilidad y dignidad. Pero esta situación cambió cuando se deroga esta resolución con el decreto 2090 de 2003: "Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades" y donde el periodismo no está a consideración. Como conclusión, los temas que se tocarán en La Habana no son nuevos en el país ni en la legislación, pero se colocan en la opinión pública gracias a los diálogos, el periodista por su papel social debe estar repensando su oficio y haciéndose preguntas frente a él, sobre la protección del quehacer, la relación entre independencia y financiación, los derechos sociales como la salud y las pensiones, el papel del periodista y los derechos humanos, y un sin fin de cuestionamientos que por ahora nos permiten estar más atentos a eso que se está diciendo de nosotros en este proceso de paz. Anexo 14:

Fuentes (En orden del collage) •http://www.adnmundo.com/contenidos/politica/guerrilla_farc_pide_democratizacion_medios_de_comunicacion_fuerzas_armad as_revolucionarias_colombia_medios_comunicacion_080813.html • http://www.diario-octubre.com/2012/08/22/pablo-catatumbo-farc-ep-debate-sobre-las-libertades-de-informacion-y-prensa/ • http://www.laprensa.com.ni/2013/08/07/planeta/157701-farc-piden-medidas-desconcentrar • http://www.eluniversal.com.co/colombia/farc-pide-democratizacion-de-prensa-y-participacion-social-en-la-politica-130497 • http://elgratuito.com.mx/2013/08/08/rechaza-prensa-colombiana-regulacion-propuesta-por-las-farc

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Anexo 25:

Fuente: PROYECTO ANTONIO NARIÑO (2012). Índice de libertad de expresión y acceso a la información pública en Colombia. Índice Agresiones Directas. Recuperado de: http://www.pan.org.co/acciones/primer-%C3%ADndice-de-libertad-de-expresi%C3%B3n-y-acceso-lainformaci%C3%B3n-p%C3%BAblica

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Anexo 36:

PROYECTO ANTONIO NARIÑO (2012). Índice de libertad de expresión y acceso a la información pública en Colombia. Índice Impunidad. Recuperado de: http://www.pan.org.co/acciones/primer%C3%ADndice-de-libertad-de-expresi%C3%B3n-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica

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Bibliograf铆a: FLIP (2013). Informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia, 2012. Recuperado de: http://www.flip.org.co/resources/documents/informe-2012.pdf

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27 10. Programa especial de información y comunicación para la reconciliación y la construcción de la paz con justicia social Análisis de María Paula Pertuz y Yenifer Gordo Rivera. “Se diseñará e implementará de manera conjunta un Programa especial de información y comunicación para la reconciliación y la paz con justicia social orientado a la población en general. Tal programa tendrá como contenido principal la difusión y explicación amplia de los Acuerdos entre las FARC-EP y el Gobierno, así como la promoción de una cultura para la reconciliación nacional y la paz con justicia social en medios impresos, en radio y televisión e internet. En el caso de la radio y la televisión estatal, nacional y regional, se definirán franjas especiales de programación. En el caso de la radio y la televisión privada se realizarán programas en cadena nacional. En el caso de los medios comunitarios y alternativos se harán diseños especiales considerando sus condiciones técnicas y tecnológicas. Se diseñarán separatas para los medios impresos y se promoverá la difusión amplia en internet. El Programa especial tendrá un componente destinado a las instituciones de educación, públicas y privadas, en el nivel básico, medio, tecnológico, y universitario. Se establecerá de manera permanente una cátedra de Cultura política para la reconciliación y la paz con justicia social” (FARC-EP, 2013).

En la actualidad en Colombia existen los Programas Regionales de Desarrollo y Paz (PDP), en los cuales se asocian actores regionales para generar más participación ciudadana, todo esto con el objetivo de generar condiciones de desarrollo y paz desde un enfoque de desarrollo humano integral. Además del impacto de su labor, la creación de estos programas requiere de una excelente comunicación entre sus integrantes, y de canales adecuados que faciliten las relaciones del Gobierno Nacional con los departamentos y municipios. Conscientes de que uno de los obstáculos para el desarrollo y la implementación de los programas de gestión social es la dificultad para acceder a herramientas de comunicación en las regiones, se definió una estrategia enfocada a fortalecer este aspecto. A pesar de que existen diferentes formas de comunicación se han generado varios problemas a nivel nacional, departamental y municipal los cuales han dificultado tradicionalmente las relaciones que se establecen entre los distintos niveles de gobierno. La falta de canales por los que fluye de forma directa la información sobre la oferta institucional y por los que se socializan las estrategias de trabajo de los diferentes actores sociales en las regiones, se convierte en una gran debilidad para el desarrollo e implementación de los programas sociales. Con el objetivo de orientar a los gestores sociales en el uso de la comunicación para el desarrollo social en las comunidades, se publicó la ‘Guía de Comunicación para la Gestión y el Desarrollo Social’ , la cual es el resultado de los aportes de 122 líderes comunales de 51 municipios del Oriente Antioqueño y Magdalena Medio, que participaron en el taller ‘Estrategias de Desarrollo para la Gestión Social’, espacio en el que se generó una reflexión sobre la creación e implementación de proyectos para el desarrollo local. Este manual cuenta con cinco unidades que muestran la importancia de la relación entre comunicación, gestión y desarrollo: Gestión para el Desarrollo Social, Comunicación para la Gestión del Desarrollo Social, Estrategias de Comunicación

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28 para la Movilización y el desarrollo Social, Comunicación para la Gestión de lo público, y Redes y Alianzas para Gestionar el Desarrollo Social. También es importante resaltar que dentro de los PDP, la comunicación juega un papel importante. Por eso, uno de sus objetivos principales es fortalecer los medios de comunicación comunitaria y educativa en su capacidad técnica, esto mejoraría la calidad en los servicios y se podrían liderar fácilmente dinámicas de construcción de políticas públicas gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, departamentales y locales en la materia. Lo anterior, permitiría la sostenibilidad de medios de comunicación comunitarios y educativos. La gestión de los PDP en relación con la comunicación, en diferentes escenarios ha buscado mejorar la capacidad técnica para producir mejores trabajos tanto radiales, televisivos como impresos, todo esto como parte de la proyección y el quehacer de empresas comunicativas para, por y de la comunidad. Específicamente, los PDPs en Colombia, organizados bajo una red denominada Redprodepaz, han establecido en materia de comunicación un plan operativo que puede ser referencia para lo que las FARC proponen, pues está ligado al fortalecimiento de los medios de comunicación: 1. Proyecto de fortalecimiento de los medios de comunicación comunitaria y educativa de los municipios Fronterizos. 2. Proyecto Encuentro Regional para el análisis y construcción de propuestas y lineamientos de políticas públicas dirigidos al mejoramiento de las condiciones de los medios comunitarios de comunicación. 3. Proyecto Construcción de dos centros de servicios editoriales orientados a la producción de comunicación que apoye procesos de movilización comunitaria en los Municipios fronterizos. 4. Proyecto para la operatividad del Departamento de comunicación del PDP. 5. Proyecto para el Diseño, Producción y Distribución de boletín informativo impreso y radial que comunique las acciones y avances de cada PDP. Hasta ahora, pensar en una comunicación para la superación del conflicto ha sido una iniciativa fundamentalmente de la sociedad civil, pues desde los PDP se han implementado los esfuerzos más regulares y estructurados al respecto. Los esfuerzos desde el gobierno han estado vinculados a otras políticas más generales de desarrollo que han variado de acuerdo con las directrices de las administraciones de turno. Tener las experiencias de los PDP es importante. Implementar acciones como las que proponen no solo mejoraría la comunicación entre los sectores de la sociedad colombiana sino que aportaría crecimiento a nivel comunitario.

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Conclusiones al ejercicio de análisis Como cierre al trabajo adelantado por los integrantes del equipo de trabajo en cada una de las 10 propuestas y para concluir el taller adelantado durante la VI Semana Internacional de la Comunicación, se llevó a cabo una sesión plenaria para la socialización de los puntos y sus análisis, a partir de lo cual se recogieron conclusiones que se resumen a continuación: Cada propuesta contiene elementos que apuntan a la protección, participación e inclusión de las comunidades más vulnerables, especialmente en el escenario de lo público. Se trata de propuestas que buscan mesurar las actuales problemáticas del país en relación con el acceso a la información alrededor del cual se originan dinámicas de exclusión. Aunque en relación con los asuntos planteados en la mayoría de las propuestas existen elementos legales y escenarios institucionales para avanzar frente a los problemas planteados, no existen condiciones efectivas, hechos cumplidos que resuelvan las necesidades planteadas. En cuanto al acceso privilegiado de las comunidades vulnerables a los medios de comunicación, no hay políticas que establezcan mecanismos y especialmente compromisos para dar garantías suficientes a ese ejercicio. Un principio es una mayor financiación para promover los medios y la producción de la comunidad, pero hay otras condiciones en las cuales se debe intervenir para que no solo sea una cuestión de medios, sino que esos medios sean visibles. Legalmente, la situación de los medios, especialmente los comunitarios y de los trabajadores de la prensa es buena, pero en la práctica ese respaldo no es lo suficientemente efectivo. Esta situación deteriora las condiciones de trabajo de los medios en aspectos específicos como el acceso a la información, las condiciones laborales, la financiación, que tienen impacto en otros aspectos como la responsabilidad social de la labor informativa, sujeta actualmente en gran medida a intereses económicos y políticos diversos. Es importante tener en cuenta que las propuestas de las FARC están condicionadas por problemáticas históricas del país y su conflicto político y social que ha hecho que exista un clima de apatía alrededor de las cuestiones que plantean, hecho que impide que haya esfuerzos efectivos para resolverlas. Los acercamientos son bienvenidos, pero hay que asumir que no son una tarea fácil. Es necesario por ejemplo revisar con cuidado todos los puntos de discusión y los acuerdos a los que se llegue, que todos como ciudadanos estemos atentos al desarrollo del proceso de paz para, entre otras cosas, fortalecer la comunicación y a discusión pública alrededor del mismo. Como parte de lo anterior y en cuanto al acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia, es claro que hay planteamientos que beneficiarían a muchas personas a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, hace

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30 falta no solo lograr avances en infraestructura, sino educar y fomentar el buen uso de estas herramientas. De alguna manera, todos los planteamientos de las FARC están contemplados en la Constitución, inclusive especificados como leyes. Sin embargo estos avances no se conocen o no son efectivos. Hace falta entonces generar más espacios de participación, expresión, reto que incluye a los medios de comunicación. La paz parte del Estado pero, con él, de toda la sociedad. La información es un ejemplo: es importante conocer todo lo que nos rodea e identifica de alguna manera, conocer incluso la historia reciente del país. Conclusiones y análisis tras la comunicación del acuerdo El 6 de noviembre de 2013, las comisiones negociadoras de las FARC y el gobierno nacional emitieron un comunicado conjunto sobre los acuerdos en torno al segundo punto de la Agenda contenida en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". En las sesiones de trabajo del Semillero Periodismo Ciudadano, posteriores a la VII Semana de la Comunicación, se llevó a cabo una revisión de los análisis adelantados y, en su momento, de cada uno de los puntos incluidos en resumen de los acuerdos comunicados desde la mesa de conversaciones. De esta revisión y de las discusiones en torno a ella, se desprenden las conclusiones y observaciones que se resumen a continuación, teniendo en cuenta que se ha anunciado sin fecha establecida la publicación del ‘segundo informe periódico conjunto de la Mesa’, que puede ofrecer mayores detalles sobre los acuerdos alcanzados. Es por eso que el cierre del presente documento se apoya en el Comunicado Conjunto número 27. De acuerdo con él, los acuerdos que explícitamente se refieren al tema de democratización de la información, los medios y la comunicación corresponden al subpunto 1 del punto 2 de la agenda, sobre participación política: “Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación” (FARC-EP, 2013): Dice el comunicado oficial (Mesa de conversaciones, 2013)7: “Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana. Así mismo, se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.” 7

Mesa de Conversaciones (2013). Comunicado Conjunto número 27. Recuperado de: https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-noviembre-6-de-2013

Información, comunicación y medios. Análisis de propuestas en las conversaciones de paz en La Habana

El acuerdo también contempla el establecimiento de medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización “lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos” (Ídem). Esto podría suponer el desarrollo de políticas, planes o programas de comunicación, pero no necesariamente o no exclusivamente. Aunque las 10 propuestas de las FARC no eran parte integral de la Agenda de conversaciones, es claro que apuntalaban sus posturas como parte involucrada en la discusión del punto correspondiente. Vale la pena entonces, a modo de balance, señalar que lo que al momento se ha divulgado sobre los acuerdos no incluye avances en los temas de derecho a la información ni principio de responsabilidad ulterior en la labor informativa. Tampoco hay pronunciamientos en torno a la propiedad de los medios de comunicación, si sobre políticas de información y comunicación. Igualmente, no están incluidos asuntos sobre el uso del espectro electromagnético ni la distribución de frecuencias. Entre tanto, los acuerdos para el acceso de los sectores de oposición política a los medios de comunicación son explícitos, pero no hay especificidad en torno al acceso de comunidades excluidas, pues solo hay referencias en relación con los movimientos producto del acuerdo. En tanto se afirma que habrá apoyo a los medios comunitarios, no se indica cómo. No hay, por tanto, alusiones a financiación por ejemplo, ni se especifican otros mecanismos. El acceso universal a las TICs no se indica explícitamente en el acuerdo, así como no hay menciones sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la prensa. En virtud de lo anterior, parecen mantenerse posturas, especialmente desde el gobierno, frente a los límites en relación con los actores e intereses privados. No se puede desconocer el conjunto de presiones sobre ambas partes en la mesa para llegar a un justo medio al respecto. Los vacíos percibidos en los acuerdos alcanzados, dejan la sensación de que no solo faltan respuestas, sino más preguntas que pueden surgir de dinámicas reales de participación, una postura que ha sido incluso esgrimida por directores de medios nacionales al respecto. ¿Qué alternativas quedan para las propuestas frente a las cuales no se comunicaron acuerdos? Ya se indicó que existe un marco normativo e institucional que las rodea. Es deseable que la superación de un conflicto con las FARC cambiara el desconocimiento y la desconfianza en torno a ellas. Se trata de poner en marcha los dispositivos existentes, pero ¿qué haría que ahora sí funcionaran? Más específicamente, ¿qué cambiaría en la forma de hacer política a partir de la aparición en el escenario y la incidencia de nuevos movimientos que vienen alimentados con estas propuestas? ¿Realmente habría un cambio?

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32 Uno de los punto de mayor acuerdo en la discusión es que Colombia no necesitaba vivir la guerra que ha vivido por décadas para que se desarrollaran los planteamientos contenidos al menos en las 10 propuestas sobre democratización de la información, la comunicación y los medios, que las armas y la violencia no eran el vehículo adecuado para hablar de comunicación. Prueba de la pertinencia de los asuntos planteados en dichas propuestas son los avances en la materia y cómo la discusión apunta a la participación de los ciudadanos como una fuerte alternativa de solución. Sin embargo, es valiosa la oportunidad que se presenta ahora que comienza a parecer la disposición para hacer las cosas de otro modo. Los acuerdos, superficiales y generales en opinión de gran parte del equipo de trabajo, dejan dudas sobre la solidez de los avances en La Habana. En relación con lo anterior, a partir del conocimiento de las cuestiones en debate, se generan posturas frente al proceso que van más allá de estar o no en desacuerdo, de los dos polos que han sido recurrentes en estos casos y, teniendo en cuenta los antecedentes, inútiles. La diversidad de posturas es más parecida a lo que realmente pasa en el escenario de la opinión pública y, en esa medida, el grupo cree haber experimentado un proceso que debería involucrar a toda la sociedad colombiana. Una tarea, que a juicio del grupo de trabajo involucrado en el debate final de este documento no es fácil. El acuerdo con las FARC no eliminará el conflicto político y social de nuestro país y menos la violencia armada que lo caracteriza. De hecho, que se hable de una serie de movimientos políticos como resultado del proceso de paz, es la evidencia de que, superada la confrontación, aún queda un proyecto de país por dilucidar y construir. ¿Qué tarea corresponde a la comunicación allí?

Nota importante: el presente ejercicio académico es el resultado de la primera aproximación de muchos estudiantes al proceso de paz y a los temas en discusión. Este documento queda abierto entonces a los aportes y complementos de quienes consideren importante sumarse a este ejercicio de discusión que se espera siga en proceso en otros espacios y escenarios. Bogotá, D.C. noviembre 29 de 2013.

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