Memoria III Encuentro de Investigacion de Postgrado by Facultad de Ciencias Jurídicas

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¡Hacia el desarrollo... con la investigación científica!

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Contenido 1 Bases del encuentro 2 Presentación 3 Programa 4 Ponencias Panel CAMBIO CLIMÁTICO

06 08 10 14

4.1

Análisis de los efectos de clima futuro en los medios de vida de las poblaciones para la definición de estrategias de adaptación 2011 15 Ing. Steve Bushey

4.2

Efectos del cambio climático en Nicaragua Dr. José Antonio Milán Pérez

5 ÁREAS TEMÁTICAS 5.1 5.1.1

Estudio de prefactibilidad de granja avícola tecnificada para la producción de pollo de engorde 27 Eduardo Antonio Rivera Ortega

5.1.2

“El Patio”: Proponiendo una estrategia para enfrentar el hambre estacional 32 Msc. Guillermo Bornemann

5.1.3

Análisis Estratégico de la Empresa ES* Consultores, S.A. Roberto Javier Bonilla Valerio 38

5.1.4

El ámbito ambiental en una comunidad de extrema pobreza: Terrero Centro, Totogalpa, departamento de Madriz 42 Msc. Luis Gustavo Murillo Orozco

5.1.5

El Fondo Ambiental para las áreas protegidas del subsistema Estelí-Jinotega 46 Msc. Carlos Antonio Narváez Silva

5.1.6

Análisis de la gestión gerencial en la División de Productos Farmacéuticos para Consumo Humano al por mayor de DICEGSA 51 Manuel Alejandro Martínez Selva

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5.1.7

Opciones estratégicas de la Farmacéutica JC, para seleccionar un nuevo canal de distribución en Nicaragua René Vallejo Del Valle 59

5.2 5.2.1

Competencia de los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria para rectificar sentencias 65 Anielka de los Ángeles Morales Sánchez

5.2.2

La modificación unilateral de los contratos administrativos (el ius variandi) Msc. Karina Mercedes Pérez César

5.2.3

Régimen jurídico de la empresa forestal en Nicaragua Erika Raquel López 74

5.2.4

Las limitaciones del Derecho Concursal nicaragüense Sandra Marcela Castillo Salinas 81

5.2.5

El abuso de posición de dominio en el contexto legal nicaragüense 85 Pedro Luis Halleslevens Almanza

5.2.6

Responsabilidad Social Empresarial. Un análisis jurídico Flor de María Zelaya Aguilar 89

5.2.7

Análisis jurídico de las concesiones viales en Nicaragua Msc. Rosa Lastenia Torres Solís 94

5.2.8

La culpabilidad en los delitos societarios Hugo Leonel Merlos Bermúdez

5.2.9

Los pactos parasociales y los sindicatos de acciones: Su posible admisibilidad en el derecho nicaragüense como instrumento de defensa de las minorías en las sociedades anónimas 103 Tania Jetsabel Palacios Blanco

5.3 5.3.1 5.3.2

El voto femenino en Nicaragua: Una historia oculta 108 Rosario Montenegro Zeledón Evaluación del riesgo por incendio/explosión en las zonas de mayor vulnerabilidad urbana de la ciudad de Managua 118 Magaly Argentina Guevara Sáenz

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5.3.3

El nombre y la nacionalidad: Primer paso en el camino de los derechos 124 Georgina López Rordíguez

5.3.4

La gestión de residuos sólidos en barrios precarios: El caso de la Zona Homogénea 18 de Mayo, Managua Héctor Delgado Paniagua y Haizel Sequeira Miranda

5.3.5

Ética empresarial, responsabilidad social empresarial y comunicación: Retos de su aplicación en Nicaragua en el Período 2001- 2010 135 Lubín Orlando Barrera Rodríguez

5.3.6

Estado de la situación de la niñez trabajadora. Caso Nicaragua 2010 Msc. Karla Hernández y Gabriel Rivera

5.3.7

Rutas innovadoras del cambio docente. Sistematización de cuatro experiencias de formación Programa PASEN, Banco Mundial, Ministerio de Educación 145 Dr. Rafael Lucio Gil

5.3.8

Revisión del tipo de evaluación de los aprendizajes en la asignatura de Biología del Instituto Loyola 152 Yalina del Socorro Orozco Sequeira

5.3.9

El éxito o fracaso en el aprendizaje inicial de la lectura. Factores del contexto escolar que ayudan a entenderlo Josefina Vijil y Melba Castillo 157

130

140

5.4 5.4.1

5.4.2 5.4.3

Fortalecimiento de las capacidades para la generación de escenarios de cambio climático, el análisis de sus efectos y la definición de estrategias de adaptación con poblaciones en situación de inseguridad alimentaria en Nicaragua 163 Mauricio Jesús Córdoba Salinas Plan de gestión ambiental para el tratamiento de los desechos sólidos y líquidos del Mercado “Roberto Huembes” 170 Msc. Martín Alfredo Majewsky García Cambio climático: Entre la adaptación y el territorio 175 Msc. Danilo Saravia Téllez

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BASES DEL ENCUENTRO Objetivo General Generar un espacio de intercambio de experiencias investigativas que contribuya a continuar visibilizando el aporte del posgrado a la sociedad nicaragüense.

Objetivos específicos 1. Compartir resultados de investigaciones con la participación de estudiantes activos y docentes de los distintos programas académicos. 2. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la situación ambiental en especial del cambio climático y del programa de calidad ambiental de la UCA.

Áreas temáticas El encuentro abarcó cinco áreas temáticas: a) Administración de Empresas y Economía b) Ciencias Jurídicas c) Ciencias Sociales d) Desarrollo territorial, rural y local e) Ciencias de la Educación

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Metodología Combinó una plenaria general y discusión por áreas temáticas. La plenaria general abordó el tema del cambio climático por un grupo de expertos y seguidamente por áreas temáticas se presentaron las investigaciones de los (as) estudiantes de los programas de maestrías y especializaciones. Se expuso un resumen de cada investigación en un afiche informativo.

Comité Organizador Integrado por Msc. Wendy Bellanger, Directora de Investigación, Dra. Ma. Asunción Moreno,Coordinadora de Posgrado y Formación Continua Facultad de Ciencias Jurídicas,Msc. Romer Altamirano, Coordinador de Posgrado y Formación Continua Facultad deCiencia, Tecnología y Ambiente, Msc. Martha Violeta Trujillo, Coordinadora de Posgradoy Formación Continua Facultad de Humanidades y Comunicación, Msc. Luz Marina Sequeira,Coordinadora de la Maestría en Administración y Dirección de Empresas, Msc.Luis Murillo, Coordinador de la Maestría en Economía y Msc. Sandra Ruiz Almendárez, Directora de Posgrado y Formación Continua.

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PRESENTACIÓN La Universidad Centroamericana se complace en presentarles la memoria del III Encuentro de Investigación del Posgrado, el cual tiene como objetivo contribuir a la difusión del conocimiento científico con el aporte de las investigaciones realizadas por estudiantes egresados de los programas de maestrías y especializaciones. Con la participación de dieciséis programas de estudio y con veintiocho ponencias, ratificamos el compromiso como universidad en la solución de los problemas de la realidad nacional desde una mirada crítica y propositiva. De manera particular decidimos destacar este año nuestra responsabilidad con el medio ambiente, con su cuido y conservación, por ello presentamos en la inauguración de este encuentro un panel de discusión sobre el cambio climático y el Programa de Calidad Ambiental de la Universidad Centroamericana. La educación es la base del desarrollo de una nación. En el mundo actual, todos estamos de acuerdo con esta premisa. Las evidencias que la sustentan son contundentes. Países como Chile en América del Sur, Irlanda en Europa y Corea del Sur en Asia, muestran claramente que la inversión en la educación genera un impacto directo en su nivel de desarrollo. Han impulsado políticas educativas sostenidas que ha tomado en cuenta la inclusión de todos los niños y niñas en el sistema educativo y de manera decisiva la promoción de la calidad de la enseñanza. Los estudios de posgrado son la expresión concreta que sin educación no hay desarrollo. En países como México, Brasil, India, en donde el Estado ha tomado decisiones para invertir en ciencia y tecnología se denota la contribución brindada al crecimiento económico. Una población que se profesionaliza, que desarrolla la formación humana, científica y técnica, que investiga para resolver problemas, propicia profesionales mejor preparados para aportar a la vida pública y al bien común. La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, celebrada en 1998, convoca a las universidades a trabajar con mayor rigor científico e intelectual, por ello la UCA está promoviendo a partir de este año la investigación formativa en los programas de pos-

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grado, como un eje educativo que fortalece las habilidades investigativas del estudiantado fortaleciendo su capacidad de pensamiento analítico, pensamiento crítico y creativo, generando experiencia y conocimiento con el fin de transformar la realidad para aportar a una sociedad más justa y equitativa. El P. Xabier Gorostiaga (q.e.p.d), rector de la UCA entre los años 1991 y 1998, gran impulsor de la construcción de un pensamiento propio centroamericano, ponía especial énfasis en la investigación como el medio más adecuado para hacerlo. En la medida en que interroguemos nuestra realidad de manera analítica y con profundos valores éticos, estaremos aportando de manera decisiva a la erradicación de la pobreza y a la promoción de un desarrollo humano equitativo de nuestros países. Ustedes, estudiantes egresados(as) de los programas de posgrado tienen un rol vital. Desde su quehacer profesional, se les demanda dar respuesta y soluciones a los problemas sociales, económicos, ambientales y políticos. Les instamos a continuar mejorando sus habilidades investigativas para hacer de nuestra Nicaragua un país respetuoso y promotor de los derechos humanos, con mayor desarrollo tecnológico, que vele por la justicia, por el cuido y protección del medio ambiente. Agradecemos a todas y a todos por su asistencia a este encuentro, a los(as) ponentes que asumieron el compromiso de compartir sus experiencias investigativas, a los expertos que nos enseñan sobre el impacto del cambio climático a nivel local y global y nos interpelan sobre nuestras posturas como profesionales frente a los retos ambientales a que nos deparamos, y a todos los que hicieron posible este espacio de intercambio académico. Muchas gracias, Msc. Renata Rodrigues Vicerrectora Académica

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PROGRAMA Actividad

Hora 8:00-8:20a.m.

Himno Nacional Palabras de Bienvenida: Msc. Renata Rodrigues, Vicerrectora Académica

8:20-8:40a.m.

Vídeo Programa Calidad Ambiental UCA

8:40 –8:50a.m.

8:50 –10:00a.m. Panel Cambio climático Ing. Steve Bushey Dr. José Antonio Milan Pérez Dr. Jorge Luis Préndiz Bonilla Moderadora: Msc. María Luisa Miranda Canto a la UCA Receso

10:00– 10:15a.m.

PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES POR ÁREAS TEMÁTICAS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA Local: Auditorio Xabier Gorostiaga 10:20-10.50a.m.

“El Patio”: Proponiendo una estrategia para enfrentar el hambre estacional

10:55-11:25 a.m.

Msc. Guillermo Bornemann

Análisis estratégico de la Empresa ES Consultores, S.A.

Roberto Javier Bonilla Valerio

11:30 a 12:00 a.m.

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El ámbito ambiental en una comunidad de extrema pobreza: Tercero centro, Totogalpa, Dpto. de Madriz.

12:00 a 12:30 a.m.

Msc. Luis Murillo Orozco

Cierre d e la a ctividad y entrega d e Diplomas de Reconocimiento a ponentes.

CIENCIAS JURÍDICAS Local: Aula K-7 10:20-10:50 a.m.

10:55-11:25a.m.

Régimen jurídico de la empresa 11:30-12:00 a.m. forestal en Nicaragua Erika Raquel López Espinoza

Cierre d e la a ctividad y entrega d e Diplomas de Reconocimiento a ponentes.

CIENCIAS SOCIALES Local: Aula K-9 (Grupo A) El nombre y la nacionalidad: Primer paso en el camino de los derechos Georgina López Rodríguez

10:20-10:50 a.m.

memoria El voto femenino en Nicaragua: Una historia oculta

10:55-11:25am.

Rosario Montenegro Zeledón

Estado sobre la situación de la niñez trabajadora 2010. Caso Nicaragua

11:30-12:00 a.m.

Msc. Karla Hernández Roa Gabriel Antonio Rivera Rocha

Cierre d e la a ctividad y entrega d e Diplomas de Reconocimiento a ponentes.

CIENCIAS SOCIALES Local: Aula K-9 (Grupo B) Evaluación del riesgo por incendio/explosión en las zonas de mayor vulnerabilidad urbana de la cuidad de Managua

10:20-10:50a.m.

Magaly Argentina Guevara Sáenz

Ética empresarial, responsabilidad 11:30-12:00 a.m. social empresarial y comunicación: Orígenes, logros, experiencias y retos de sus aplicación en Nicaragua. Periodo 2001-2010 Lubin Orlando Barrera Rodríguez

La gestión de los residuos sólidos en barrios precarios, el caso de la Zona Homogénea 18 de mayo

11:25-11:55 a.m.

Haizel Sequeira Miranda Héctor Delgado Paniagua

Cierre d e la a ctividad y entrega d e Diplomas de Reconocimiento a ponentes.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Local: Aula K-8 Rutas innovadoras del cambio docente. Sistematización de cuatro experiencias de formación programa PASEN, Banco Mundial, Ministerio de Educación Dr. Rafael Lucio Gil

10:20-10:50a.m

memoria Revisión del tipo de evaluación de los aprendizajes en la asignatura de Biología del Instituto Loyola.

10:55-11:25 a.m.

Yalina del Socorro Orozco Sequeira

Cierre d e la a ctividad y entrega d e Diplomas de Reconocimiento a ponentes.

DESARROLLO TERRITORIAL RURAL Y LOCAL Local: Aula K-6 10:20-10:50a.m.

Plan Gestión ambiental de tratamiento de los desechos sólidos y líquidos en el Mercado Roberto Huembes

10:55-11:25a.m.

Cambio climático. Entre la adaptación y el territorio

11:30-12:00 a.m.

Msc. Martín Alfredo Majewsky García

Msc. Danilo Saravia Téllez

Cierre d e la a ctividad y entrega d e Diplomas de Reconocimiento a ponentes.

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Panel CAMBIO CLIMÁTICO

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Análisis de los efectos de clima futuro en los medios de vida de las poblaciones para la definición de estrategias de adaptación 2011 Ing. Steve Bushey

Resumen

Para predecir las variaciones climáticas (precipitación y temperatura) se seleccionó a las comunidades de Sahsa (municipio de Puerto Cabezas) y Tuskru Tara (municipio de Waspam) donde a través de la combinación de tres modelos de circulación general (ECHAM5, BCM2 y CNCM3) con tres escenarios de emisiones (A2, A1B y B1) se simuló el comportamiento del clima para épocas pasadas (1951 al 2010) y el futuro (2011 a 2099). Para efectos de este análisis, se han tomado en cuenta únicamente las simulaciones provenientes de la combinación del modelo ECHAM5 (provee información hasta 2099) y el escenario A1B (que es el que presenta un equilibrio en las emisiones). Los dos estudios de caso evidencian variaciones insignificantes en temperatura y precipitación en el pasado y en la predicción de escenarios futuros, aunque los datos recolectados a través de los grupos focales (percepción de los participantes) indican que las repercusiones asociadas al clima son cada vez más frecuentes y severas, las que se materializan en una mayor presencia de fenómenos naturales (huracanes, depresiones tropicales, sequías prolongadas, entrada y salida tardía o temprana del invierno y verano, e inundaciones constantes) que ponen en riesgo los sistemas productivos, la economía y los estilos de vida de las poblaciones locales.

Introducción En el marco de ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la generación de escenarios de cambio climático, el análisis de sus efectos y la definición de estrategias de adaptación con poblaciones en situación de inseguridad alimentaria en Nicaragua”, que el Área de Desarrollo Agrario y Rural (ADAA) de la Universidad Centroamericana (UCA) ejecuta en alianza con el Instituto de Estudios del Hambre (IEH), la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) y el Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapan-UCA), se llevó a cabo el proceso de generación y de recolección de información desde tres enfoques básicos: la investigación documental, la utilización de programas computarizados para el análisis retrospectivo de la precipitación y temperatura en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (RAAN), donde se utilizaron registros históricos de las estaciones meteorológicas existentes en el Instituto Nicaragüense de

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Estudios Territoriales (Ineter), y la aplicación de técnicas de grupos focales en las comunidades de Sahsa y Tuskru Tara. Se aplicaron cuatro grupos focales por comunidad, según criterios ocupacionales y generacionales (i. mujeres amas de casa, ii. productores-productoras, iii. adultos mayores hombres-mujeres y iv. jóvenes hombres-mujeres). La información generada fue complementada con la realización de entrevistas grupales e individuales a líderes, autoridades y pobladores comunales (participaron en total 82 personas; 56% hombres y 44% mujeres ). De forma paralela, a través de los escenarios del clima generados de las simulaciones computarizadas, se logró reconstruir las tendencias de variaciones de precipitación y temperatura ocurridas entre 1951 y 2010, así como realizar una proyección de los posibles cambios que se puedan presentar hasta 2099. Los resultados generados fueron presentados en talleres de validación con los pobladores locales de las dos comunidades (participaron un total de 89 personas ), donde se realizó un análisis de los cambios que se habían dado y que se podían presentar en el futuro, desde la óptica local, tomando como referencia los conocimientos y saberes ancestrales acumulados, los cuales han facilitado los mecanismos de adaptación y de respuesta ante eventualidades climáticas.

Objetivos Realizar un análisis sobre las percepciones que tienen los pobladores locales de las comunidades de Sahsa y Tuskru Tara sobre el Cambio Climático y sus repercusiones en sus estilos de vida.

Percepción local sobre el cambio climático y sus efectos Para los participantes en los grupos focales de las comunidades Sahsa y Tuskru Tara, el cambio climático hace referencia a variaciones en el clima y en la temperatura, que se materializan con las lluvias constantes o sequías prolongadas, que repercuten negativamente en las poblaciones locales y en sus sistemas productivos, generando pérdidas de la producción, deterioro de los suelos, de los cultivos y de las plantaciones. Se evidencia que las repercusiones adversas son consecuencias del mal uso que los seres humanos le vienen dando a la naturaleza (deforestación, quemas constantes, cambios de uso de suelos). Un análisis retrospectivo realizado dentro de los grupos focales evidencia que en estos dos sitios se han venido dando (i) cambios significativos en la entrada de la época de lluvia, donde ha pasado de ser estable e iniciar por lo general en la primera semana de mayo (Talleres comunales de

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Sahsa y Tuskru Tara, 2011) a inestable, y presentarse los patrones de lluvia en la actualidad entre la cuarta semana de mayo y la tercera de junio. Las (ii) precipitaciones eran más regulares y constantes, en la actualidad las lluvias se producen de forma copiosa por varios días y luego desaparecen, así sucesivamente (Taller Sahsa, 2011). En consecuencia, también se han visualizado (iii) variaciones en los niveles de temperatura, pasando de ser cálidos y frescos a calientes y húmedos, lo que contribuye negativamente con el desarrollo de las plantas, que se estresan, se marchitan, retardan su crecimiento y presentan malformaciones que conllevan a la disminución de los rendimientos (Taller Tuskru Tara, 2011). Variaciones en salida del (iv) salida del invierno, la que ocurría en noviembre o diciembre, en la actualidad es inestable, debido a que los patrones de lluvia se mantienen durante todo el año, “no deja de llover a finales de año, sino que se mantiene aún lloviendo en enero, febrero…, no en abundancia, pero siempre hay lluvia” (Participante en Taller Tuskru Tara, 2011). Los cambios producto de las variaciones climáticas en los sistemas productivos han ido obligando a las poblaciones locales a realizar adaptaciones internas propias, fundamentadas en experiencias anteriores acumuladas, y que se materializan en los saberes tradicionales, donde se ponen en práctica, entre otros aspectos: la tardanza en el inicio de las actividades y labores de preparación agrícola, la utilización de nuevas variedades de semillas y materiales vegetativos, la adopción de las iniciativas de economías de patio, que permiten y facilitan un mayor control de las especies, cultivándose hortalizas y cucurbitáceas, las que complementan la dieta alimenticia de las familias de la comunidad.

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Cuadro No. 2. Análisis futuro de la incidencia del clima y posibles estrategias de adaptación en las comunidades de Sahsa y Tuskru

Conclusiones A nivel de los sitios de análisis, existe conciencia sobre lo que implica el cambio climático, el cual es asociado comúnmente con la mayor o menor incidencia de fenómenos naturales en la zona (huracanes, lluvias continuas, sequías prolongadas), que generan distorsiones y desequilibrios en los sistemas económicos de las comunidades, los cuales se materializan básicamente en la disminución de los rendimientos y pérdidas de las propiedades nutritivas de los suelos, escasez de alimento, migraciones de especies nativas; terrestres–acuáticas, proliferación de especies endémicas (plagas y enfermedades). Los escenarios de clima (precipitación y temperatura) generados, a pesar de no haber aportado evidencias significativas (científicamente) sobre las variaciones climáticas que han ocurrido y que puedan presentarse en el futuro en las comunidades de Sahsa y Tuskru Tara,

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desde la percepción comunitaria, estos cambios sí se han dado, cada vez más frecuentes y con mayores niveles de repercusiones adversas en los estilos de vida de los habitantes locales. Los principales cambios identificados son: el alargamiento de la entrada y salida de la época de lluvia (invierno y verano), cambios en los patrones de precipitaciones (no son tan constantes ni regulares), así como aumento en los niveles de temperatura. Es evidente que las poblaciones locales, a pesar de disponer de los conocimientos ancestrales, carecen de los elementos necesarios para hacer frente a los cambios que se presentan, por lo que es necesario desarrollar y aportar a la generación de nuevas técnicas y tecnologías de producción, ordenamiento de las áreas disponibles según potencialidades, recuperación de semillas autóctonas, establecimiento de medidas–normas de protección y control del territorio (indígena–no indígena), formación de recursos humanos, y aportar a la ganadería intensiva de bajo impacto y amigable con la naturaleza.

Referencias bibliográficas Alcaldía Municipal de Waspam. (2008). Plan Estratégico de desarrollo Municipal. Cunningham, Mairena, D, Mairena, E. (2010). Guía sobre cambios climáticos y pueblos indígenas. Nitlapan–UCA. Conadeti. Diagnóstico Territorial Wangki Maya (2007). Conadeti. Diagnóstico Tasba Pri. (2006). Ley 445. Ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicos, de los ríos Bocay, Indio y Maíz. OJO…. Faltan datos Marena. (2008). Guía para comprender los cambios climáticos. Milán, Pérez, A, Martínez. (2010). Impacto del cambio climático. Ocampo, J. (2010). Estrategia de Adaptación al medio en comunidades indígenas después del huracán Félix: los casos de Butku y Awastigni. Managua: Nitlapan. Cuaderno de Investigación número 23. Wilson, C. (2010). Tenencia y acceso forestal en el territorio Tasba Raya. Sitios Web: http://www.inifom.gob.ni/municipios/documentos/ATLANTICO%20NORTE/waspam. pdf Fotografías de grupos focales - Presentación de resultados, 2011.

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Efectos del cambio climático en Nicaragua Dr. José Antonio Milán Pérez Por su posición geográfica, Centroamérica y Nicaragua --como parte ella-- están expuestas a un severo régimen climático inducido por eventos que se originan en el Océano Pacífico (el Niño, la Niña, huracanes y tormentas tropicales), pero también por aquellos eventos cada vez más recurrentes e intensos que se originan en el Mar Caribe o Atlántico Oriental, que son propios de la zona de convergencia intertropical: los huracanes, los frentes fríos del Norte, las ondas o tormentas tropicales, y el complejo sistema de circulación de las corrientes marinas. Nicaragua está sufriendo los efectos adversos de los eventos climáticos extremos con mayor recurrencia, lo que significa mayor exposición. Gran parte de la plataforma continental del Caribe centroamericano y sus islas son territorios bajos (alturas menores de 5 metros sobre el nivel medio del mar), los cuales, ante el aumento previsto del nivel del mar de 5 mm al año en los próximos 100 años, unido a los efectos recurrentes de las mareas de tormentas, se verán afectados. Así mismo, se están haciendo evidentes las elevaciones temporales del nivel del mar, con fuertes oleajes, en muchas regiones del Pacífico centroamericano, durante las fases de desvanecimiento de la Niña, afectando playas y esteros en toda la región (Cruz Roja Nicaragüense, 2011) El cambio climático, al cual se refiere la mayoría de la literatura de este siglo, es un efecto acumulativo desde que la humanidad inició la Revolución Industrial (se toma como referencia 1750), y con ella se iniciaron las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles. Por ello, se habla de un cambio climático de origen antropogénico (ocasionado por el ser humano), sin dejar de reconocer una serie de componentes naturales que también influyen. (Milán, 2010) Nicaragua produce una muy mínima parte de las emisiones GEI globales (estimada en menos de 0.3% de las emisiones sin cambio de uso de tierra), pero ya es uno de los países más vulnerables a los embates del cambio climático. Los impactos sobre la economía, los recursos naturales y la calidad de vida de la población son ciertamente significativos, a pesar de las incertidumbres que se originan debido a la interacción que se producen entre las variables económicas, las condiciones del clima y los aspectos sociales, políticos y culturales. (Marena, 2010)

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Nicaragua está sufriendo las consecuencias del cambio climático, lo cual se manifiesta en los siguientes resultados: • En los últimos 50 años se registran en todo el país aumentos de temperatura que varían de 0.2°C a 1.6°C, valores que se encuentran dentro de los rangos de calentamiento pronosticados en el pasado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático • En los últimos 100 años se registra en el país disminución de las precipitaciones entre un 6 y un 10% en dos estaciones meteorológicas del Pacífico, cuyos rangos coinciden con las predicciones realizadas en el pasado por el IPCC (2000) • En los análisis estadísticos se demostró que existe correlación entre el Índice de Oscilación del Sur (SOI) y las precipitaciones registradas en estas dos estaciones, lo que coincide con las predicciones del IPCC, donde se estima que el fenómeno de El Niño es más frecuente de lo normal al final del siglo XX, y que esta inusitada frecuencia está ligada con el cambio climático. • Según los registros del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), en los últimos 33 años se aprecia un considerable aumento de incidencia de huracanes. El IPCC (2007) ha afirmado que a medida que se calienta el planeta es probable que se incrementen los fenómenos extremos en algunas regiones. El estrés ambiental generado por este fenómeno se ve incrementado por los efectos muy recurrentes de la variabilidad climática natural, que en Nicaragua se manifiesta a través de persistentes condiciones de El Niño y La Niña, los cuales llevan implícito ciclos de sequías e inundaciones con sus desastrosas secuelas Este fenómeno se demuestra de forma sistemática al comparar el régimen de precipitación media anual durante periodos normales, en comparación con el régimen de pricipitación media anual durante los periodos de El Niño. (Ineter, 2008) También se registran aumentos en la cantidad de días y noches calientes y disminución del número de días y noches frescas (Cepal, 2010) Según evaluaciones recientes de la modelación del clima, hasta 2100, sobre la base de los estudios científicos realizados en Nicaragua se podrían presentar los siguientes cambios del clima (Marena, 2010): • Se espera que la temperatura media del aire pudiera incrementarse de manera sustancial, y para finales de siglo ser superior a los 3.0°C. El cambio podría ser mucho más intenso en las temperaturas máximas, con incrementos mayores a 4.0°C. En algunas zonas del país, el cambio en la temperatura mínima puede ser más agudo, indicando una posible reducción en la oscilación térmica diaria y el consecuente aumento del estrés térmico en la población.

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• Para la precipitación, los resultados muestran una mayor discrepancia. El modelo ECHAM4 tiende a producir, durante casi todo el año, incrementos que varían entre el 10 y el 70%, principalmente en la mitad occidental de Nicaragua. En el modelo HadCM3, las proyecciones para los escenarios A2 y B2 muestran una reducción de los volúmenes de lluvia en casi todo el país, con el predominio de valores que están entre -30% y -50%. • A pesar de la discrepancia entre las proyecciones de la precipitación, los resultados de ambos modelos coinciden en mostrar un incremento de las precipitaciones anuales en la zona sur del país y sobre la costa del Mar Caribe. Esta coincidencia es más evidente durante el período lluvioso del año. • El número de días con lluvias superiores a 10 mm muestra un patrón bastante consistente con los obtenidos para los totales anuales de precipitación. A pesar de esto no se apreció la existencia de una mayor frecuencia en los días con precipitaciones superiores a 50 mm, lo cual podría estar relacionado con un incipiente incremento en la intensidad de las precipitaciones, es decir, no resultaría importante. El costo que está pagando Nicaragua debido a los efectos de los eventos climáticos requiere una cuantificación minuciosa y detallada, pues no toda la información en este ámbito se encuentra documentada. Por ejemplo, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados de evaluaciones de desastres ocurridos en Nicaragua, que han sido realizadas por la Comisión Económica para América Latina (Cepal, PNUD, 2007).

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Cepal, PNUD, 2007. Un breve comentario de las cifras anteriores se traduce en: • Al menos, uno cada de cinco nicaragüenses ha sido damnificado de forma directa por un evento climático en los últimos 27 años.

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• Las pérdidas totales en estos 27 años representan el 53% del PIB de 2006. • Los daños (destrucción total del capital) duplican a las pérdidas. Tomando en cuenta el rol que juegan la temperatura y el régimen de precipitaciones como variables determinantes sobre las distintas formas de vida, se han predicho para Nicaragua los siguientes impactos del cambio climático: 1. El sector agropecuario será uno de los más afectados por el cambio climático, estimándose una reducción del 9% (agropecuario) y 13% en el pecuario al 2011, afectando la producción de maíz, frijol y arroz (Cepal, 2010). 2. Se prevé que el cambio climático producirá una disminución en el rango del 33-58% del Índice de Biodiversidad Potencial, y en países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras representará pérdidas entre el 70-75% (Cepal, 2010). 3. Se prevé que la demanda de agua pueda incrementarse en un rango del 20-24% al 2100, con una disminución de la disponibilidad total del agua en un rango de 35-63%, rangos que son superiores al 20% de estrés hídrico aceptado internacionalmente (Cepal, 2010). 4. Degradación de los suelos que afectarían las posibilidades de otras alternativas de producción (Milán, 2010). 5. Inundaciones en las zonas costeras bajas, que afectarían los humedales, esteros y la riqueza de los recursos hidrobiológicos --camarones, conchas, ostras, etc.-- (Milán, 2010). La Cepal (2010) ha estimado que el costo económico acumulado del cambio climático en Centroamérica para 2100 oscila entre US$44,000 millones y US$73,000 millones (de acuerdo con los diferentes escenarios). En términos del producto interno bruto representarían un rango del 32-54% del PIB regional. El gran reto que tenemos por delante es la Adaptación, el cual no deja de ser altamente preocupante porque exige redoblar esfuerzos para reducir la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, y aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa de las sociedades y ecosistemas conexos. Esto significa: 1. Cambiar de actitud ante un problema real 2. Elevar la productividad 3. Mejorar la Investigación y transferencia de tecnologías 4. Crear capacidades 5. Tener voluntad política

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Referencias bibliográficas Comisión Económica para América Latina. ONU, CEPAL. (2007). Impacto del huracán Félix en la Región Autónoma del Atlántico Norte y de las lluvias torrenciales en el Noroeste de Nicaragua. Managua. LC/MEX/R.915 Comisión Económica para América Latina. ONU, CEPAL. (2010). La economía del Cambio Climático en Centroamérica. México: Versión digital. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. (2008). Atlas Climático de Nicaragua. Managua: INETER. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. (2010). Segunda comunicación nacional de cambio climático. Managua: MARENA. Milán, J. A. (2010). Apuntes sobre el cambio climático en Nicaragua. Managua: Pascal Chaput. Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, IPCC. (2002) Tercera evaluación del Panel de Expertos Intergubernamentales del Cambio Climático. Ginebra. Suiza. Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, IPCC. (2007) Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Four Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. enhen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2007). Human Development Report 2007/2008, Fighting Climate Change: Human solidarity in divided world- PNUD. Mearns, C. G., Menéndez y otros. (2007). Regional Climate Projections, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribución del Grupo de trabajo I al Cuarto Reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Solomon, S., D. Qin y otros (eds.). Nueva York. Agencia de Administración Oceanográfica y Atmosférica de los estados Unidos de América. (2011). Recuperado en www.noaa.gov. USAID-CATHALAC. (2008). Potential Impacts of climate change on biodiversity in Central America, Mexico and Dominican Republic. Panama City.

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ร rea temรกtica

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Estudio de prefactibilidad de granja avícola tecnificada para la producción de pollo de engorde Eduardo Antonio Rivera Ortega Tutor: Msc. Roberto Bermúdez Tip Top Industrial, S. A. erivera78@hotmail.com

Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MADE)

Resumen En Nicaragua se necesita asegurar la alimentación de los habitantes con el objetivo de propiciar un desarrollo social y económico sostenible. El proyecto de inversión en una granja dedicada al engorde de pollos surge de la necesidad de incrementar la producción de dicha carne para suplir una demanda creciente. Asimismo, se busca una alternativa de inversión para el sector privado dispuesto a establecer una alianza de negocios con empresas ya establecidas. Al realizar la evaluación económica del establecimiento de una granja avícola tecnificada para la producción de pollo vivo, para venta a empresas procesadoras y comercializadoras, y considerando una Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada (Trema) del 25% sin financiamiento, se obtuvo que el Valor Actual Neto (VAN) es de US$265,689.79, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 17.81%, por lo que el proyecto no es rentable. Al evaluarse el proyecto con un financiamiento del 70% de la inversión total y manteniendo la misma Trema, se alcanza un VAN de US$127,512.37; una TIR de 35.13%, y un período de recuperación de 5.71 años. Para que el proyecto tenga un VAN negativo, el precio de venta de la libra viva de pollo debe disminuir a menos de US$0.0888, o la producción debe bajar a menos de 4032,275.84 libras vivas. Al cerrar el primer año de operación de la granja, el Estado de Resultado reflejará una utilidad neta de US$98,366.03, mientras que el Balance General mostrará activos totales por US$1078,786.96, con un capital social de US$221,408.71. Palabras clave: granja tecnificada, pollo, procesadoras, impacto ambiental, comercializadoras.

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Introducción En nuestro país se necesita asegurar la alimentación de los habitantes y exportar el excedente a otras naciones, con el objetivo de propiciar un desarrollo social y económico sostenible, lo que se puede lograr mediante la utilización eficiente de nuestros recursos para obtener ventajas competitivas en el sector agropecuario, con una participación oportuna y preponderante de la iniciativa privada. El proyecto de inversión en una granja dedicada al engorde de pollos surge de la necesidad de incrementar la producción de dicha carne para suplir la demanda creciente de una fuente de proteína de alto valor nutritivo y de bajo costo. Asimismo, se busca una alternativa de inversión para el sector privado dispuesto a establecer una alianza de negocios con empresas ya establecidas, que quieren disminuir sus inversiones en activos fijos y establecer contratos de compra de aves vivas a particulares dispuestos a producir pollos de engorde de acuerdo con sus requerimientos. En el presente trabajo se determina la factibilidad técnica y económica del establecimiento de una granja avícola dedicada a la producción de pollo de engorde para venta a una empresa procesadora establecida en el sector, llegando hasta la determinación de su ubicación, del tamaño de la granja, del equipo que se utilizará, del precio de venta de libra viva, de la cantidad que se producirá, de la estructura organizativa, de las condiciones del contrato, de los años de plazo para recuperar la inversión, de los aspectos legales, y de las recomendaciones sobre estudios adicionales necesarios antes de la implementación del proyecto. El tiempo y el acceso limitado a información de costos para la elaboración de dicho estudio fueron las principales limitantes. La metodología que se utilizó fue la obtención de información a través de fuentes secundarias que nos permitieron estimar las inversiones, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto.

Objetivo Elaborar un análisis de prefactibilidad para determinar la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una granja avícola tecnificada dedicada a la producción de pollo de engorde, para la venta a las empresas procesadoras y comercializadoras en Nicaragua.

Desarrollo del trabajo El mercado del pollo vivo está enfocado principalmente en el segmento de las empresas procesadoras y comercializadoras de carne de pollo. En Nicaragua existen cuatro grandes empresas productoras, procesadoras y comercializadoras de pollo, con una participación de mercado distribuida de la siguiente manera: Tip Top Industrial, S.A.,

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33.32%; Indavinsa, 29.40%; Avícola La Estrella, 17.64%, y Monisa, 17.64%; los pequeños productores y granjas artesanales tienen un 2% de participación en el mercado. De las cuatro empresas grandes, solo Indavinsa y Tip Top Industrial, S.A. tienen la modalidad de trabajar con productores integrados. La producción avícola en el período 2000-2010 ha tenido un crecimiento promedio anual de 8.61% en cuanto a libras vivas enviadas a procesamiento. Según la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimento (Anapa), para 2011 se estima un crecimiento de alrededor del 10% con respecto al año pasado, y de acuerdo con la tendencia lineal, para el mismo año se podría tener un incremento de 4.52% en la producción de libras vivas, lo que representaría una necesidad adicional de entre 1.1 y 1.2 millones de pollos para las empresas que trabajan con productores integrados. El proyecto será establecido en la comarca Campuzano, ubicada al noroeste de la ciudad de Nindirí, Masaya. La granja será establecida en un área de nueve manzanas de terreno, con el objetivo de tener suficiente espacio para la construcción de cinco galeras, la oficina administrativa y los baños, el pozo, el tanque de agua y la compostera; asimismo, se considera espacio para que el cerco perimetral esté a una distancia prudencial de los galpones, lo que permitiría la arborización de los alrededores de la granja. Cada galera tendrá una superficie útil de 1,890 m² (12.6 m de ancho por 150.0 m de largo), lo que a una densidad de 16 pollos por m² da una capacidad de 30,200 aves por galera y 151,000 aves totales en la granja por cada parvada o ciclo de producción. Cada parvada dura alrededor de 52 días, considerando 38 días de producción más 14 días de período abierto, tiempo durante el cual la granja permanece sin aves. Tomando en cuenta los 52 días que dura cada ciclo, al año se podrán producir siete parvadas, con una colocación de 1,057,000 aves, la que con una mortalidad de 4.50% daría un total de 1,009,435 pollos a cosecha y una producción de 4,542,457 libras vivas anuales. El precio para la realización de este estudio es de US$0.100 por libra viva, el cual es una estimación precisa de los precios que las empresas procesadoras y comercializadoras de pollo deberían pagar a un productor integrado que trabaje con las condiciones antes descritas. Durante la etapa de construcción y de operación de la granja, los principales desechos serán aguas residuales, residuos sólidos, desechos orgánicos domésticos, sólidos suspendidos y ruido. Los desechos sólidos pueden ser de origen inorgánico, tales como plástico, sacos, etc., los que serán trasladados al vertedero municipal. Los desechos sólidos inorgánicos son los pollos muertos durante el período de engorde, los que tienen como destino final el compostaje, que se utiliza como abono orgánico. El otro desecho sólido orgánico es la pollinaza, que incluye la cama de las galeras (cascarilla de arroz), residuos de alimento, excretas y plumas de los pollos. Esta es vendida y puede ser utilizada como alimento para ganado y como abono. Las aguas residuales y los desechos orgánicos domésticos son generados por los servi-

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cios sanitarios utilizados por los trabajadores de la granja. Para su recolección y tratamiento se construirá una fosa séptica de doble cámara con un pozo de absorción. Al realizar la evaluación económica del establecimiento de una granja avícola tecnificada para la producción de pollo vivo para venta a empresas procesadoras y comercializadoras, y considerando una Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada (Trema) del 25% sin financiamiento, se obtuvo que el Valor Actual Neto (VAN) es de US$-265,689.79 con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 17.81%, por lo que el proyecto no es rentable. Al evaluarse el proyecto con un financiamiento del 70% de la inversión total y manteniendo la misma Trema, se alcanza un VAN de US$127,512.37, una TIR de 35.13% y un período de recuperación de 5.71 años. Para que el proyecto tenga un VAN negativo, el precio de venta de la libra viva de pollo debe disminuir a menos de US$0.0888, o la producción debe bajar a menos de 4032,275.84 libras vivas. Al cerrar el primer año de operación de la granja, el Estado de Resultado reflejará una utilidad neta de US$98,366.03, mientras que el Balance General mostrará activos totales por US$1078,786.96, con un capital social de US$221,408.71. Se recomienda continuar con estudio de factibilidad e iniciar acercamiento formal con empresas procesadoras y comercializadoras para determinar fecha de inicio de operación de la granja.

Referencias bibliográficas Aguilar, J. (2006). Marco Teórico 5 Fuerzas de Porter. Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Banco Central de Nicaragua. Memoria Anual 2009. Consultado en: http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/anual/memoria/Memoria_Anual_2009.pdf Banco Central de Nicaragua. Nicaragua en cifras 2009. Consultado en: http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/economicas_anuales/nicaragua_en_cifras/2009/ Nicaragua_en_cifras_2009.pdf Banco Central de Nicaragua. Tasas de Interés. Consultado en: http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/financieras/index.html?&val=1 Banco Mundial. Nicaragua Informe sobre la pobreza 1993-2005. Consultado en: http:// siteresources.worldbank.org/INTNICARAGUAINSPANISH/Resources/NInfPobreza08.pdf Carvajal, G. (2001). Valor nutricional de la carne de: res, cerdo y pollo. San José, Costa Rica: Corporación de Fomento Ganadero. Ministerio Agropecuario y Forestal. (2010). Informe de Producción Agropecuaria. Mana-

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gua, Nicaragua. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. (2008). Ficha de pollo y partes. Managua, Nicaragua. Porter, M. (2009). Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. En: Economía Empresarial. Managua: UCA.

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“El Patio”: Proponiendo una estrategia para enfrentar el hambre estacional Msc. Guillermo Bornemann Decano Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UCA gmartine@ns.uca.edu.ni

Resumen Ante la situación de pobreza que viven actualmente diversos territorios de Nicaragua, particularmente ubicados en zonas rurales, es de gran importancia la producción de alimentos para autoconsumo como estrategia de sobrevivencia. Esta estrategia, basada en una serie de decisiones, permitirá enfrentar el hambre mediante el suministro periódico de alimentos, apoyándose desde la despensa familiar que es conocida como “El Patio”. Este puede ser una herramienta útil para mitigar el avance de los sistemas de tumba, roza y quema (agricultura tradicional), y, por ende, se podría contribuir a disminuir el impacto de la agricultura en zonas de ladera y en áreas de vocación forestal, contribuyendo con la protección del suelo, y con la captura de carbono y de humedad. Así mismo, un patio bien planificado y desarrollado es menos vulnerable a los efectos del cambio climático, ya que es posible atenderlo con menos esfuerzo en la tarea de provisión de agua para los cultivos, y en la dotación de recursos para la producción de alimentos de manera estable. Palabras clave: patio, territorios, estrategia, pobreza.

Introducción La situación de pobreza es cada vez más preocupante en el mundo. Está vinculada con situaciones de desigualdad y de hambre, las cuales son más dramáticas en zonas rurales, reforzada por la adversidad de diversos fenómenos naturales y por las acciones de desestabilización ecológica de distintos agentes. Diferentes teorías y tendencias de pensamiento han surgido desde instituciones internacionales, organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, en pro de contribuir con el planteamiento de distintas acciones para mitigar los efectos de la proliferación de la pobreza en regiones y en territorios fuertemente deprimidos.

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Como parte de ese aporte importante por contribuir no solo a mitigar la pobreza, sino a crear e implementar estrategias sostenibles y de efectos verdaderamente impactantes, se propone “El Patio” como un esquema integrador con efectos claros en la autosostenibilidad, el desarrollo social y la autosuficiencia. El concepto “Patio” adquiere cada vez más importancia, ya que este funciona como un amortiguador de la escasez estacional, dado que el núcleo familiar puede manejar pequeñas superficies con inversiones modestas de aporte en trabajo familiar y recursos monetarios, así mismo, “El Patio” es un sistema de “construcción social”, donde participan el núcleo familiar y la comunidad, apoyándose en los recursos que la propia localidad puede proporcionar, por ejemplo: pie de cría, semillas, materiales vegetativos, disponibilidad de agua y de mano de obra, entre otros.

Objetivos generales • Demostrar la situación actual que afrontan territorios como Ticuantepe y San Francisco Libre en relación con la situación de pobreza y de desigualdad. • Proponer “El Patio” como una estrategia de desarrollo, que tendrá un efecto cualitativo y cuantitativo en la mitigación del hambre estacional y de promoción del empleo.

Desarrollo Cuando hablamos de desigualdad en la región centroamericana, afirmamos que es una de las regiones más heterogéneas del mundo. En promedio, los países centroamericanos mantienen coeficientes de GINI de entre 0.4 y 0.5, y Nicaragua --al igual que sus vecinos-- ha venido declarando de manera reiterada en sus programas de gobierno, un interés sostenido en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. El Gobierno de Nicaragua, con la intención de mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses, ha venido promoviendo en el ámbito redistributivo reformas fiscales para la obtención de recursos que, mediante transferencias directas a los más pobres, por medio de programas de apoyo --Bono Productivo, Usura Cero y Vaso de Leche, entre otros--, tratan de mitigar la pobreza y el hambre en las zonas rurales. No obstante, independientemente del alcance de estos programas de protección social, y de la formulación de políticas públicas adecuadas, los gobiernos de turno con los escasos recursos que quedan disponibles y que podrían ser asignados a la lucha contra la pobreza y el hambre, también se deben a la tarea de enfrentar las distintas expresiones de violencia social, que prospera en una región marcada por la pobreza, la desigualdad y las necesidades no satisfechas.

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Marco territorial de análisis Con el fin de ilustrar dos realidades diferentes en Nicaragua, tomaremos como marco empírico territorial dos municipios: a) Ticuantepe, municipio adyacente a la capital, Managua, con una población estimada en 27,009 habitantes, y con una dinámica económica (comercio y servicios) muy vinculada al área comercial de la capital, con una participación significativa en la producción agropecuaria, y b) San Francisco Libre, municipio ubicado al noreste de la capital, con una población estimada en 9,416 habitantes, y con una dinámica económica muy dependiente de la producción agropecuaria. Sobre la base de los resultados del estudio de medición de condiciones de vida y de pobreza en ambos municipios, llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Centroamericana (UCA), de Managua, se aprecia que existen diferencias muy pronunciadas respecto a la desigualdad en ambos municipios, siendo San Francisco Libre, respecto a Ticuantepe, más desigual. Buena parte de estas diferencias de concentración del ingreso podrían ser explicadas al estar más concentrado el recurso tierra, ya que el sistema predominante en San Francisco Libre es el latifundio ganadero. Sin embargo, tanto en San Francisco Libre como en Ticuantepe se obtiene una producción campesina de baja productividad, debido a problemas comunes de tecnología y de acceso al crédito, entre otros. Dado que cada vez es más difícil incorporar nuevas tierras, no es posible expandir el área de producción. En este sentido, los gobiernos locales de ambos municipios han dispuesto una serie de medidas y de controles: en Ticuantepe, por ejemplo, la protección del bosque para preservar las zonas de recarga del agua, y, en San Francisco Libre, la reducción del comercio y la extracción de leña. Los retos en la producción de alimentos no solo deberían plantearse como un problema de suficiencia (oferta), sino de también de disponibilidad ante los efectos del cambio climático. Mediante una adecuada zonificación de la pobreza y del desarrollo de programas focalizados a la población en condiciones de pobreza, tanto de San Francisco Libre como de Ticuantepe, podrían ser significativas las estrategias de reducción de la pobreza. Mediante el mapeo de pobreza, zonificación de la vulnerabilidad y obtención de perfiles de pobreza, es posible el diseño de intervenciones más adecuadas dado lo escaso de los recursos. Nuestra hipótesis preliminar plantea en qué medida las estrategias de los núcleos familiares --tanto en las áreas rurales de Ticuantepe como en San Francisco Libre-- enfrentan el hambre estacional y regulan el consumo del hogar.

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Para explicar las estrategias de los hogares rurales en ambos territorios, retomamos el concepto de “Patio” como un espacio agrosocioeconómico que atenúa el efecto cíclico y restrictivo provocado por la estacionalidad en la producción, y, por ende, en la disponibilidad de alimentos. Consideramos que deben profundizarse mucho más los patrones culturales de consumo sin despreciar las siguientes hipótesis finales: 1. “El Patio” permanece como despensa que amortigua tanto la estacionalidad de la producción como situaciones de desempleo, suministrando alimentos que, regularmente, forman parte de la cultura alimenticia local, en cualquier caso, una disminución o un aumento de la renta se traslada al consumo o disminución de otros bienes, considerados como superiores, y no de los alimentos, considerados como esenciales. Por ejemplo, se podrá mejorar “El Patio” produciendo mayor cantidad y calidad de los alimentos, pero difícilmente podrán ser medibles en su relación ingreso/alimentación. 2. Las relaciones de solidaridad de los grupos poblacionales en el campo compensan los momento de mayor dificultad (pérdida de trabajo y sucesos naturales, entre otros) ante la escasez de alimentos. Por lo general, son transferencias en especie, entre los núcleos familiares, y no están asociadas al ingreso. Lo expresado en la hipótesis anterior es de acuerdo con la tesis de Beberman &Wolfe (1977).

Conclusiones “El Patio”, al ser una superficie socioconstruida desde el hogar, donde convergen los aportes de trabajo de los grupos más vulnerables del mismo (ancianos y niños), podría ser considerado como un espacio de dignificación de los miembros de edad avanzada, mediante su aporte en trabajo, transferencia de experiencia y de entrenamiento y de preparación para la vida de los niños y de los jóvenes. Finalmente, abordar el problema alimentario de nuestros países como una cuestión pública, sin tener que referirnos al dilema ético, es condenar a la desnutrición casi a una tercera parte de nuestra población. Podría ser cierto lo expresado de que quien no trabaje que no coma, ¿pero qué sucede con aquellos miembros de la PEA que buscan trabajo en el día a día y no lo encuentran? ¿Quién se está ocupando de ellos? ¿Podríamos concluir apresuradamente si afirmamos que la oferta alimentaria tiene poco o nada que ver con el hambre? ¿Qué pasa con la interdependencia de los mercados? ¿Y la mano invisible? ¿O no hay tal mano invisible porque los pobres son invisibles (no cuentan, porque no compran)? Parece que ante el mercado no existe el pobre ni su construcción social, que es “El Patio”. No hay posibilidad de maximizar el propio interés. Entonces, ¿cómo hay que vivir? El problema exige un análisis mucho más riguroso y profundo.

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A lo largo de este breve ensayo nos hemos ocupado de la dimensión del hambre y de su combate en forma muy limitada, basados en el propio enfoque “técnico”, el que en muchos de los casos está disociado de lo normativo, de lo ético.

Referencias bibliográficas Bardham, P. (1999). Entendimiento el subdesarrollo: retos de la economía institucional desde el punto de vista de los países pobres. California: Berkeley. Bases para un Plan de Desarrollo Rural de Nicaragua. Una propuesta para la discusión y para la acción. Grupo Tepeyac. Bornemann, G. (2005). La aplicación de modelos multivariantes en sistemas de producción agropecuarios del municipio de Cárdenas, Rivas, Nicaragua. Cuaderno de investigación. Managua: Universidad Centroamericana. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (2009). Diagnóstico socioeconómico de Ticuantepe. Managua: Universidad Centroamericana. Frans, G. (2000) Estrategias campesinas. Marco de análisis para el desarrollo rural. Tegucigalpa. Green, D. (2008) De la pobreza al poder. Cómo pueden cambiar el mundo ciudadanos activos y estados eficaces. España: Intermon Oxfam. Lora, E. (1991) Técnicas de medición económica. Metodología y aplicaciones en Colombia., Colombia: Tercer Mundo Editores. Muler, S. (1996) ¿Cómo medir la sostenibilidad?: una propuesta para el área de la agricultura y de los recursos naturales. San José: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Pérez, M., Bornemann, G. & otros. 2003. Biodiversidad y producción en sistemas silvopastoriles de América Central. Cuaderno No. 15. Managua: Universidad Centroamericana. Pritchett, L. (2006). Sigue la búsqueda. Tras investigar el crecimiento durante décadas, ¿qué pueden aportar los teóricos a la política económica? Ray, D. (1998). Economía del desarrollo. España: INO Reproducciones, S.A. Sachs, J. D. (2003) El fin de la pobreza. Sen, A. (1997). Ética y economía. México: Fondo de Cultura Económica.

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Sen, A. (1992). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza Editorial, S.A. Tekelenburg, T., Ríos, A. (2009). Vínculos entre pobreza y biodiversidad. Netherlands Enviromental Assesment Agency. Thirlwall, A. P. (2003). La naturaleza del crecimiento económico. Un marco alternativo para comprender el desempeño de las naciones. México: Fondo de Cultura Económica. Viveros, P. J. L. (2010). Protección social contra el hambre estacional. Programas de protección social ante eventos climáticos recurrentes en Guatemala. Zagha, R., Nankani, Gobind, Gill, Indermit. (2006). Los economistas se replantean qué saben sobre el crecimiento y cómo formular políticas a falta de modelos fidedignos.

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Análisis Estratégico de la Empresa ES* Consultores, S.A. Roberto Javier Bonilla Valerio ES*Consultores, S.A. rbonilla@esconsultores.com.ni

Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MADE)

Resumen En este trabajo se realizó un análisis estratégico de la empresa ES*Consultores, S.A. que permitió determinar las mejores estrategias a seguir para enfrentar los retos impuestos por la situación económica actual, amenazas de nuevos ingresos, crecimiento obtenido en el mercado local, y el que se espera obtener al explorar nuevos mercados en la región centroamericana. Las empresas nicaragüenses de desarrollo de sistemas de gestión empresarial tienen que competir en el mercado con empresas extranjeras, cuyos productos tienen un buen nivel funcional, es por ello que se necesita determinar las principales características diferenciadoras de sus productos y servicios, lo que permitirán ofrecer un mayor valor a los clientes, y, en consecuencia, obtener mayor participación de mercado. Este valor agregado consiste en proporcionar todos los elementos necesarios para que las empresas puedan desarrollar una plataforma tecnológica capaz de soportar las necesidades de información que se requiere para la toma de decisiones a todos los niveles organizacionales. Al realizar el análisis estratégico se evaluaron los factores de éxito y la cadena de valor, y con base en objetivos trazados y en los resultados de las distintas matrices de evaluación, se recomendó que la estrategia más apropiada para las condiciones de ES*Consultores es la penetración de mercado, que permitirá aumentar la participación a través de mayores esfuerzos de mercadotecnia, ya que los productos ofrecen un buen nivel competitivo en cuanto a funcionalidad y calidad. También se recomendó soportar la estrategia con un proceso de fortalecimiento institucional en cuanto a organización y sistema de control de gestión. Palabras clave: estrategia, tecnología, control de gestión

Introducción ES*Consultores es una empresa de desarrollo de aplicaciones (software) de gestión empresarial, fundada en 1997, con el fin de ofrecer tecnología de punta apropiada a

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las empresas nicaragüenses. Para ello ha desarrollado el software denominado Sistema Integrado Administrativo Financiero (SIAF), el cual es su principal producto a comercializar, el que ha tenido mucha aceptación a nivel local, y que ha permitido obtener un crecimiento en sus ventas y operaciones. Este crecimiento se puede ver limitado por la crisis económica nacional, por la competencia agresiva de empresas extranjeras y por la falta de estrategias a largo plazo, que determinen las acciones a seguir para hacerle frente a estos retos que se plantean. Esta problemática la experimentan en su mayoría las empresas nacionales, que ven con los tratados de libre comercio nuevas oportunidades de mercado, pero también, se enfrentan al ingreso de las empresas extranjeras que están mejor preparadas para competir en un mercado internacional cada vez más globalizado. Es imprescindible que las empresas desarrollen y ejecuten estrategias que les permitan establecer mejores niveles de competencia, y, por consiguiente, crear una red de cadena de valor donde todos los participantes obtengan mayor rentabilidad, y que esta redunde en beneficio para todos los participantes (clientes, consumidores, socios, empleados, proveedores y comunidad en general). Al realizar un análisis estratégico se pretende estudiar la industria, describir a sus integrantes, diagnosticar las debilidades y fortalezas internas, las oportunidades que brinda el mercado interno y regional, y presentar las mejores alternativas en cuanto a la estrategia a seguir en el corto, en el mediano y en el largo plazos, determinando la estructura organizativa, el sistema de control de gestión y el sistema contable apropiado para soportarlas.

Objetivos Definir las estrategias y planes de acción para la empresa ESConsultores, que le permitirán ser más rentable y mantenerse como la empresa líder a nivel nacional, capaz de soportar los retos que plantean la dinámica del mercado nacional y regional. Para determinar las estrategias se tomaron en cuenta los siguientes objetivos de la empresa: • Aumentar las utilidades de la empresa brindando a los clientes productos y servicios con calidad y eficiencia. • Ampliar la participación de mercado a nivel nacional, y máximo en dos años ingresar al mercado regional. • Establecer una infraestructura técnica y organizativa con personal altamente capacitado, motivado y comprometido con la satisfacción de los clientes.

Desarrollo Tomando como base la misión y la visión de la empresa para la definición de las estrategias, se analizaron los factores externos macroambientales y de la industria que afectan la industria de los desarrolladores de software de gestión empresarial, utilizando los

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modelos: Marco de Análisis Ambiental para el estudio del macroambiente; Análisis de Organización Industrial para la caracterización de la industria; y el modelo de Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas para el análisis estructural de la industria. Como resultado de la aplicación de dichos modelos se determinaron las oportunidades y amenazas, así como la rentabilidad actual y futura de la industria. Posteriormente, se realizó un análisis interno de la empresa, tomando en cuenta sus perspectivas, estructura organizativa, desempeño de los últimos cinco años, situación financiera, eficiencia de los procesos productivos, de marketing y de control de gestión para determinar las fortalezas y debilidades que están aportando para el incremento de los beneficios de los stakeholders de la empresa, o impidiéndolos. Una vez identificadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) se determinaron las opciones o estrategias factibles de implementar, haciendo uso del esquema analítico para la formulación de estrategias, seleccionando para la etapa de aportación de información las matrices: Evaluación de Factores Externos e Internos (EFE y EFI), en la etapa de Ajuste las matrices: matriz Interna y Externa (IE) y la matriz FODA, y en la etapa de decisión la matriz de planeación estratégica cuantitativa (MPEC). Como resultado del análisis se evaluaron las estrategias de penetración de mercado, desarrollo de productos, diversificación concéntrica y desarrollo de nuevos mercados, seleccionándose, en primera instancia, la estrategia de penetración de mercado, por ser la más inmediata, la de menores costos y la más factible de desarrollar en el corto y en el largo plazos. De igual forma, es factible implementar en el mediano plazo una estrategia de crecimiento fundamentada además de las estrategias de penetración, en la de nuevos productos y diversificación concéntrica, ya que se puede ofrecer además de un sistema SIAF mejorado y de un SIAF para empresas medianas, una oferta integral en las tecnologías de información, al diversificarse con productos y servicios de hardware, redes y consultorías en evaluación, y mejoras de procesos de las empresas, que aunque se ofrecen con los proyectos actualmente, estas pueden tomarse como líneas de negocio. En el largo plazo, la estrategia de crecimiento se debe basar en una estrategia de desarrollo de mercados a nivel regional, ya que esto necesita de mayor preparación técnica en el SIAF y en los procesos productivos, además de mayores recursos financieros para promoción y ejecución de proyectos a distancia. Se puede recurrir a una estrategia de alianzas con empresas locales para distribución y venta de productos SIAF para reducción de costos. Para apoyar la estrategia seleccionada, se recomendó realizar una estrategia de fortalecimiento institucional capaz de desarrollar una estructura organizacional con procesos eficientes y recursos humanos altamente capacitados. Finalmente, se presentan las actividades generales para la implementación de la estrategia tanto de penetración de mercado como de fortalecimiento institucional, siendo esta última la base para poder lograr las metas establecidas de un incremento en la participación de mercado y de la rentabilidad de la empresa.

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Conclusiones Toda empresa que busca mantenerse en el mercado y obtener mejores márgenes de utilidad, que redunden en mayores beneficios para sus stakeholders, debe prepararse estratégicamente para enfrentar los retos que implican la dinámica de los mercados cada vez más competitivos y globalizados, versus los limitados recursos económicos provocados por las crisis económica internacional, y, principalmente, por la crisis económica nacional. En el estudio se determinó que ES*Consultores posee ventajas competitivas con respecto a las empresas tanto nacionales como internacionales, y que puede maximizarlas para obtener mayor participación de mercado a nivel nacional. Esto depende, en primera instancia, de acuerdo con los resultados del análisis estratégico realizado, de la implementación de las estrategias de penetración de mercado y de fortalecimiento institucional, así como del seguimiento, control y evaluación de las actividades planteadas. Así mismo, se determinó como factible en el mediano plazo (dos años), las estrategias de desarrollo de nuevos mercados, nuevos productos, con miras en la incursión en mercados de la región centroamericana.

Referencias bibliográficas Gitman, L. (2007). Principios de administración financiera (11ª ed.). México: Pearson Education. Goodstein, L., Nolan, T. & Pfeiffer J. W. (1998). Planeación Estratégica Aplicada: Cómo desarrollar un plan que realmente funcione. Colombia: McGraw-Hill. Kotler, P. & Keller, K. (2006). Dirección de Marketing. (12ª ed.). México: Pearson Education. Porter, M. (2010). Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior (6ª ed.). México: Grupo Editorial Patria. Porter, M. (2009). Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. (39ª ed.). México: Grupo Editorial Patria.

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El ámbito ambiental en una comunidad de extrema pobreza: Terrero Centro, Totogalpa, departamento de Madriz Msc. Luis Gustavo Murillo Orozco Coordinador Maestría en Economía Dpto. de Economía Aplicada luisgmo@ns.uca.edu.ni

Resumen

Terrero Centro es una comunidad en extrema pobreza, alejada del casco urbano municipal (Totogalpa), cuenta con recursos naturales que en los últimos 30 años han sufrido un rápido deterioro, lo que ha conllevado un evidente problema ambiental, el cual, a su vez, se traduce en un obstáculo al desarrollo.

Introducción

El presente artículo es parte de un diagnóstico territorial participativo que un grupo de estudiantes pertenecientes al Diplomado Superior en Gestión de ONG, realizaron en una de las comarcas más pobres de Totogalpa, denominada “Terrero Centro”. En este artículo, quiero dar crédito a los siguientes alumnos/as del Diplomado Superior en Gestión de ONG, promovido por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Álvaro José Calderón; Byron Rivas Figueroa; Bianka Esther Mendoza Arosteguí; Brenda Suyapa Soza; Daysi González; Juan Carlos Espinoza Salas; Lidia Azucena Molina; Mary Elsy Caldera; Omar David Izaguirre; Ramón Iván Bertrand; Ruth Figueroa y Tatiana Martínez, pues, ellos recopilaron la información y elaboraron el diagnóstico territorial, en el marco del módulo “Modelos y enfoques del Desarrollo Territorial”, por lo que mi aporte fue sistematizar y dar énfasis al ámbito ambiental.

Ubicación y descripción geográfica del territorio La comunidad “Terrero Centro” se encuentra ubicada en el municipio de Totogalpa, departamento de Madriz, al norte de Nicaragua (a 10 km del casco urbano de Totogalpa), y de manera más específica en la sexta microrregión denominada “Terrero Grande”, perteneciente al municipio de Totogalpa.

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Sus límites político-administrativos son: al Norte con la comunidad de El Horno; al Sur con la comunidad Sabana Grande; al Este con la comunidad de Las Marías, Palacagüina, y al Oeste con la comunidad de El Salto. Terrero Centro presenta una topografía irregular, con pendientes superiores a 30 grados; su terreno es accidentado, caracterizado por cerros con vegetación de tipo secundaria; existe una quebrada que se seca en período de verano y se llena en época de invierno. Reseña histórica y elementos de contexto Según pobladores de la comunidad, Terrero Centro fue habitada desde hace unos cien años. Al respecto, el Sr. Pedro Sánchez Muñoz, de 63 años, nativo de esta comunidad, refiere sobre el lugar, que “su nombre nace a raíz de que el ganado bovino se comía todo el pasto, quedando el suelo al descubierto. Una vez que no había nada que comer, los animales lamían la tierra en algunos lugares específicos que había en los paredones de la quebrada y en los potreros”. Lo que se puede inferir de dicho relato, es que en esos puntos existen bancos de sales minerales, a los que el ganado es atraído para alimentarse de salitre. Esto da la impresión de que los semovientes comían tierra o, como decían los antiguos pobladores, de que “el ganado terreaba”. La comunidad se ha ido poblando paulatinamente. Existen 14 casas construidas inicialmente con techo de zacate jaragua en forma de cono; con paredes de varas con barro, conocidas comúnmente como casas “henchidas o taquezal”, y con piso de tierra. Sin embargo, la infraestructura de dichas viviendas ha ido mejorando poco a poco, desde hace unos diez años. Luego del paso del Huracán Mitch, tanto el diseño como la composición de las viviendas se modifican, pues se utilizan nuevos materiales. Hoy, se ven viviendas de ladrillo cuarterón, de paredes de adobe repelladas con cemento o con tierra, de piso embaldosado, de techo de zinc o de teja, y de puertas de madera.

Recursos naturales de la comunidad Vegetación En la comunidad, la vegetación que predomina es la perteneciente a bosques bajos, en un área aproximada de 300 manzanas, donde se encuentran especies de árboles como: pimienta, quebracho, jiñocuabo, manzana verde, guapinol, alibruco, jagua, candelilla, cortés, neem, matasano, madero negro, jocote, roble de bajillo, gualiqueme. Los árboles de pimienta, manzana, quebracho y candelilla son destinados, principalmente, para el uso de leña, se estima que un solo hogar de la comunidad consume un promedio de seis rajas por día, a este ritmo se calcula que se destinan 1.5 mz de bosque por año, por lo cual dicho recurso forestal no es sostenible, debido a que los pobladores no tienen la conducta de reforestar las áreas despaladas, a esto se le suma un rápido

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aumento poblacional (3% anual, según el V Censo de Vivienda y Población de Nicaragua 2005-2006 Inides). También existen alrededor de 40 manzanas de bosques de galería, los cuales, por su ubicación, se destinan a la protección de la quebrada que atraviesa la comunidad. La especie de árbol que más predomina es el jiñocuabo, no obstante, al área de recarga no se le da un manejo sostenible, lo que repercute en los serios problemas de agua que presenta el territorio.

Fauna Según los datos proporcionados por una muestra de 25 personas de la población de Terrero Centro, las especies de animales silvestres y domésticos son: burros, caballos, cerdos, cabros, chompipes, ganado bovino, perros, gallinas, venados, guatusas, armadillos, garrobos, conejos, ardillas, etc. En la actualidad, la cantidad de animales silvestres se ha ido reduciendo por diversos factores: la caza furtiva ha sido común en la comunidad, principalmente por visitantes y por pobladores de la misma localidad. La deforestación ha obligado a la mayoría de los animales silvestres a buscar zonas más protegidas, donde exista mayor vegetación, alimento, agua y tranquilidad. La mayor parte de las especies de animales silvestres se encuentran en peligro de extinción, por la caza indiscriminada, razón por la cual su densidad y población son muy bajas, agudizando la problemática la falta de un plan de protección de la fauna.

Recursos hídricos Por su ubicación a lo largo de cinco kilómetros de la cuenca Quebrada Larga, la comunidad tiene recursos hídricos tanto superficiales como fuentes subterráneas, sin embargo, como producto de la deforestación y de las malas prácticas productivas agropecuarias, la fuente de agua superficial se seca casi completamente durante el período de verano, y genera inundaciones en invierno. En cuanto a las aguas de fuentes subterráneas, también han bajado su capacidad de carga producto del descuido forestal de la parte de carga hídrica, como consecuencia también de la deforestación y de las inadecuadas prácticas productivas, flagelos que afectan, como se dijo con anterioridad, las fuentes superficiales de agua.

Problemática ambiental En los últimos 30 años, la deforestación en la comunidad de Terrero Centro se contabiliza en 150 manzana (lo que representa el 44% del área total de bosques existente), siendo la principal causa la tala de árboles promovida por finqueros que vienen de otros municipios del departamento de Madriz, pero que tienen propiedades en los límites de la comunidad, que destinan estas aéreas antes cubiertas por árboles de porte bajo para

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pastos que permitan alimentar ganado vacuno. Una segunda causa de deforestación es el avance de la frontera agrícola, ya que los suelos cada vez son menos productivos debido a inadecuadas prácticas de producción (prácticas de quemas y la no rotación de cultivos), por lo tanto, los pobladores se ven obligados a talar zonas cubiertas por árboles para establecer sus cultivos tradicionales de maíz, frijol y maicillo. El tercer motivo de la deforestación actual es la extracción de leña para uso domiciliar, las personas no realizan un uso adecuado de este recurso, ya que los fogones que emplean son tradicionales y consumen mucha leña, a esto hay que agregarle que no existe el hábito de sembrar árboles en áreas comunitarias.

Conclusiones Sobre Terrero Centro se pude concluir que: • Es una comunidad en extrema pobreza, alejada 10 km del casco urbano de la cabecera municipal (Totogalpa). • Su topografía es accidentada, con pendientes superiores a 30 grados de inclinación, con zonas muy deforestadas producto de las incorrectas prácticas productivas, y de la tala indiscriminada para uso doméstico, sin contar con planes de manejo forestal. • Las fuentes hídricas se han venido deteriorando, tanto en la parte superficial como en la subterránea, debido la deforestación y a las inadecuadas prácticas productivas. • Se observa un deterioro del recurso fauna y hay prevalencia de animales domésticos, debido a la deforestación y a la caza indiscriminada.

Referencias bibliográficas Alcaldía de Totogalpa. (2005). Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de Totogalpa, 2005 – 2015. Managua: Alcaldía. Material de Módulo “Modelos y Enfoques del Desarrollo Territorial” ; Curso Diplomado Superior en Gestión de ONG III edición 2011. González, Román Rodrigues. (1998). La escala local del desarrollo - definición y aspectos teóricos. Departamento de Geografía. Universidad de Santiago de Compostela. Revista de Desenvolvimento Económico, Salvador-BA, ano I, n. 1. Vinuesa, M. A. T. (1999). El diagnóstico y la valorización del territorio. Instrumentos para el desarrollo local. Santa Cruz de Tenerife.

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El Fondo Ambiental para las áreas protegidas del subsistema Estelí-Jinotega Msc. Carlos Antonio Narváez Silva Docente del Dpto. de Economía Aplicada

Resumen En este artículo se pretende presentar una visión de las diferentes alternativas de creación del Fondo Ambiental, que funciona como un mecanismo de financiamiento e incentivo para la protección de áreas protegidas, tomando en cuenta que estos espacios contienen recursos naturales prioritarios para un equilibrio ambiental que genere desarrollo en territorios con recursos naturales, pero con alta vulnerabilidad ambiental, como es el caso del subsistema Estelí – Jinotega.

Introducción Los seres humanos estamos claros de la importancia que tiene el medio ambiente en la vida de todos nosotros, no obstante, este bien público a la hora de su preservación presenta altos grados de externalidad, razón por la cual, de manera individual, los agentes o no tienen los recursos suficientes o no tienen incentivos financieros para preservarlo. Es así como el Fondo para áreas protegidas se convierte en un mecanismo básico para canalizar dichos recurso e incentivar a los agentes en el cuido más pertinente de las áreas protegidas.

a) Naturaleza del Fondo Ambiental El Fondo Ambiental es una herramienta diseñada para movilizar e invertir recursos financieros en la conservación de áreas ambientales estratégicas, con un alto valor por la concentración de diversos recursos naturales. Dicho Fondo funciona a través de la implementación de mecanismos financieros, basados en el manejo y aprovechamiento de diferentes bienes y servicios ambientales: Oferta Hídrica; Belleza; Escénica; Elementos de Biodiversidad; Fijación de CO2, o producción de oxígeno, etc.

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Para fines prácticos, el Fondo inicia con mecanismos vinculados a un servicio más tangible para los usuarios (por ejemplo: la Oferta Hídrica). De alguna manera, la problemática del agua es más comprensible, urgente y cuantificable. Sin embargo, al igual que todos los bienes y servicios ambientales su importancia es alta, pero dependiendo de cada sitio y problemática hay que priorizarlos en función del contexto de cada territorio. En fin, la conservación de un área es responsabilidad de todos los actores (usuarios actuales y/o potenciales) de diferentes bienes y servicios ambientales, aunque no se puedan implementar mecanismos financieros para todos ellos al mismo tiempo. Para garantizan el éxito del Fondo se requiere dar respuesta a las siguientes interrogantes: a) ¿Cómo identificar e implementar los mecanismos financieros que sean más apropiados para el contexto del área de conservación (recaudación)? b) ¿Cómo proponer un esquema operativo que permita captar la participación de todos los sectores en la decisión sobre el manejo del Fondo, y además garantice una administración eficiente? c) ¿Cómo garantizar la reinversión de los recursos financieros movilizados en el manejo y conservación del área de interés? En otras palabras, por un lado, en función de diseño del fondo, el reglamento debe indicar cómo se lograría la movilización de recursos financieros a través de los diferentes mecanismos propuestos, y, por otro lado, el reglamento debe garantizar que el desembolso de dichos fondos sea exclusivamente para el mantenimiento del área de conservación, manteniendo los flujos de bienes y de servicios ambientales específicos. Además, para fines de credibilidad, el Fondo debe ser administrado de la manera más transparente posible. Esto implica un esquema operativo que garantice: i) participación sectorial, ii) autonomía, ii) versatilidad en la movilización y manejo de fondos, iv) y facilidad de auditar la gestión del fondo, entre otros. En síntesis, los fondos movilizados pueden ser utilizados para los siguientes propósitos: • Financiar, directamente, obras de conservación; • Compensar a los dueños de áreas sensibles para evitar usos inapropiados o incentivar usos apropiados; • Invertir o apalancar el capital del fondo para obtener recursos adicionales que permi-

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tirán la ejecución de las obras de conservación en el corto plazo, y realmente garantizar el éxito de la iniciativa de conservación. • Promover prácticas productivas sostenibles.

b) Los tipos de fondos como herramienta financiera Los fondos ambientales son adecuados cuando los asuntos abordados requieren una respuesta continua a lo largo de un número de años. Se pueden estructurar como fondos de capital, fondos extinguibles, fondos revolventes o una combinación de estos. Los fondos ambientales son adecuados cuando las agencias existentes no pueden manejar de manera efectiva la cantidad de fondos y las actividades necesarias para tratar el problema, cuando existe la necesidad de nuevos procedimientos o de una nueva institución que cuente con la participación de los gestores, y sean estos responsable ante las partes interesadas. Debe existir una comunidad de organizaciones capaz de implementar la variedad de actividades necesarias para lograr el objetivo. Dichos fondos no pueden alcanzar el éxito sin el apoyo activo del gobierno y sin la amplia participación de una comunidad de agencias y de organizaciones que puedan trabajar juntas a pesar de sus diferencias. Además, solo pueden operar en un ambiente de riguroso control de registros y de transparencia, y con sistemas confiables de contratos bancarios y de auditoría. A lo largo de la década pasada se establecieron fondos ambientales en muchos países, como una forma de proporcionar financiamiento a largo plazo para la conservación de la biodiversidad y de otras actividades ambientales. Por lo general, los fondos ambientales son creados y administrados por organizaciones privadas, y se capitalizan a través de subsidios de los gobiernos y de agencias donantes, de ganancias de intercambios deuda-naturaleza, y con los impuestos y cuotas asignadas específicamente para la conservación. Los fondos buscan proporcionar un financiamiento más estable para los parques nacionales y otras áreas protegidas, o bien, subsidiar organizaciones privadas y grupos comunitarios, para proyectos que expandan la comprensión de la conservación y que conserven la biodiversidad, utilizando recursos de manera más sustentable. Una reciente evaluación llevada a cabo por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Experiencia con los Fondos de Capital para la Conservación, encontró que la mayoría de los FAN de éxito eran más que simples mecanismos financieros. Estos FAN tenían la capacidad de actuar como organizaciones independientes al ejercer influencia sobre su ambiente para crear programas efectivos, sensibles y enfocados.

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c) Estructura del Fondo Ambiental Como se mencionaba en el punto anterior, es necesaria una organización fuerte de diferentes actores para implementar y hacer funcionar un Fondo Ambiental que propicie la conservación de áreas específicas de interés. El fondo debe constituirse en una personalidad jurídica y autónoma, capaz de tomar decisiones y de ejecutar recursos financieros en función de las medidas de conservación. La personalidad jurídica debería tener una Junta Directiva que tome las decisiones estratégicas y diseñe los planes operativos, y una Gerencia que ejecute las tareas programadas y los fondos presupuestados. De hecho, la gestión del fondo se divide en tres fases clave: La Recaudación, que es la etapa de alimentar el fondo con nuevos recursos financieros, utilizando el sistema de recaudación de otras instituciones / empresas. La Administración/Gestión, que es la fase donde se planifica y se monitorea la ejecución de los programas de conservación. La Ejecución, que es la fase de ejecución de los fondos a través de terceras partes, especializadas en las diferentes tareas propuesta. Considerando nuevamente la necesidad de una organización local fuerte, se presenta la composición tentativa de la Junta Directiva, garantizando así la participación activa de todos los actores calve en la toma de decisiones. Para garantizar la transparencia, es importante la participación de la Sociedad Civil vinculada con el uso y aprovechamiento de las áreas protegidas, las Autoridades Locales Municipales, las ONG locales encargadas de diferentes actividades conservacionistas, las instituciones públicas territoriales, y, finalmente, el Sector Privado Organizado, el cual, generalmente, hace funcionar financieramente la implementación de iniciativas de esta naturaleza. Ya se mencionó que para que este Fondo pueda agrupar a estos actores, y tener la potestad de ejecutar fondos, habrá de constituirse como una personalidad jurídica. Existen diferentes alternativas de personalidades jurídicas, que son válidas en diferentes contextos observados en la región mesoamericana. Hay que analizar cuál de estas alternativas es más viable para el caso en particular, entre estas personalidades jurídicas tenemos: asociación de comunidades de microcuenca, asociaciones urbanas, municipalidad, entes asesores (instituciones públicas), sector privado, etc.

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Generalmente, por motivos de credibilidad, no se utiliza el manejo de los fondos directamente a través de las municipalidades. Como una alternativa mucho más viable se ha observado la promoción de empresas municipales descentralizadas, que si bien se aprueban por Acuerdo Municipal, tienen su propia Junta Directiva conformada por diferentes sectores sociales. En ocasiones, los fondos se manejan a través de alguna asociación local muy fuerte y representativa, o de alguna empresa privada que depende directamente del uso y del aprovechamiento de algún recurso natural relevante (embotelladoras, empresas hidroeléctricas, empresas de riego, etc.).

Conclusiones • El Fondo Ambiental es un mecanismo más allá del incentivo meramente ambiental de preservación de la biodiversidad, tiene un interés financiero para los que utilizan los recursos. • Existen diferentes alternativas para crear un Fondo Ambiental: fondos de capital, fondos extinguibles, fondos revolventes o una combinación de estos. • Existen diferentes alternativas de personalidades jurídicas: asociación de comunidades de microcuenca, asociaciones urbanas, municipalidad, entes asesores (Instituciones públicas), sector privado, etc.

Referencias bibliográficas Martín Y., Ramírez E., Fernández M y Barzev R. (2006). Valoración Económica de los recursos hídricos de la microcuenca “La Golondrina”, y Formulación de un Esquema de Pago de Servicios Ambientales para el Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Rio Blanco, Nicaragua”, Revista Encuentro No 76. Managua: UCA. PASOLAC. (2006). Elementos Metodológicos para la Implementación de Pagos por Servicios Ambientales Hídricos a nivel Municipal en Centroamérica. Documento No. 496, Serie Técnica 2/2006. Tegucigalpa: Litografía López. UNEP/CBD/SBSTTA. (2005). Incentivos y su Integración a las Políticas, Programas o Estrategias Pertinentes. Montreal: UNEP.

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Análisis de l a gestión gerencial en la Division de Productos Farmacéuticos para Consumo Humano al por mayor de DICEGSA Manuel Alejandro Martínez Selva DISTRIBUIDORA CÉSAR GUERRERO LEJARZA, S.A. manuelmartinez017@gmail.com

Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MADE)

Resumen En esta investigación se analizó la gestión gerencial de la División Fármaco de Dicegsa dentro de la industria de las distribuidoras de productos farmacéuticos para consumo humano al por mayor en Nicaragua. Asimismo, se analizaron los factores que afectan a dicha industria tales como: económicos, políticos y legales, demográficos, y factores socioculturales, entre los más relevantes. Igualmente, esta investigación también incluyó, grosso modo, el estudio del panorama general de la industria, las principales variables del mercado y los aspectos más importantes que inciden en el desarrollo de las empresas dedicadas a la distribución de medicinas en Nicaragua. Se evaluó también la relación con los proveedores y compradores y el poder de negociación de ambos, el análisis de la rivalidad competitiva, las amenazas de nuevos ingresos al sector y la influencia del gobierno, la presión de productos sustitutos y el grado de atractivo en términos de rentabilidad actual y futura del sector. Y por último y más importante, se realizó un análisis interno de Dicegsa, determinando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), y a través de dicho análisis se elaboraron recomendaciones sobre la estrategia competitiva que debería implantar la División de Fármacos para lograr los objetivos planteados por la alta gerencia, es decir, crecimiento en la participación de mercado y en la rentabilidad.

Introducción El objetivo de la investigación es analizar la gestión gerencial de la División de Distribución de Productos Farmacéuticos para Consumo Humano al por mayor, de Dicegsa, para determinar debilidades u oportunidades de mejora, y, según éstas, de encontrarse, generar recomendaciones o alternativas para alcanzar dichas mejoras.

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Se seleccionó este tema debido al gran impacto o incidencia de la División de Fármacos de Dicegsa, en toda la compañía, tanto en lo administrativo como en lo financiero. El alcance de esta investigación consistió en el estudio de todos los objetivos establecidos por la alta gerencia, y el seguimiento a la ejecución de dichos objetivos por parte de la Gerencia de la División de Fármacos. El análisis se limitó al sector industrial de las empresas que se dedican a la distribución de medicamentos al por mayor, para consumo humano, en el territorio nicaragüense. Entre las limitantes en la investigación se encontró la falta de apoyo en la obtención de información. Sin embargo, para solucionar este problema, la información recabada se sustituyó con proyecciones o estimaciones, tomando como base datos reales. De igual modo, se hizo uso de información obtenida de internet, tales como leyes y reglamentos que se refieren a la regulación de la actividad de comercialización de medicinas, además de datos estadísticos del IMS (Intercontinental Marketing Services), y de los obtenidos de la página web del Banco Central de Nicaragua. La metodología aplicada fue la formulación de cifras proyectadas o estimadas a partir de datos financieros de Dicegsa, los cuales permitieron determinar si las operaciones financieras de esta empresa en la División de Fármacos eran las adecuadas. Igualmente, se indagó sobre las características de la empresa.

Desarrollo Esta investigación abarcó el estudio de factores que tienen mucha incidencia dentro de la industria de distribución de medicinas al por mayor en Nicaragua, desde la internacionalización que da como fruto la creación de tratados de libre comercio como el TLC México-Nicaragua, que entró en vigor en 1998 y el DR-CAFTA (tratado de libre comercio entre EE.UU, Centro América y República Dominicana), que inició en 2004, para citar algunos ejemplos, así como factores económicos, como el estudio del PIB, ver Tabla 1, que define que Nicaragua ha ido mejorando económicamente al pasar de -1.5% en 2009 a un 4.5% en 2010, producto del incremento de las exportaciones y de las inversiones privadas en energía, comunicaciones y zonas francas.

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1/: Datos del PIB para el período 1960-1993 calculados con año base 1980, y el período 1994-2010 con año base 1994. Fuente: Elaboración propia a través de datos del BCN. Dentro de los factores económicos también se hizo énfasis en la inflación y su efecto en la industria de la distribución de medicinas. La tendencia de esta se adjunta en la tabla 2, donde se observa que la inflación ha ido creciendo durante todo 2010, y aunque en enero 2011 inició con dígitos porcentuales negativos, ha incrementado en los meses subsecuentes, ya sea por causas estacionales o recurrentes. Entre las estacionales tenemos la carga por los gastos escolares, y entre las recurrentes tenemos el incremento en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, alojamiento, agua y electricidad, y gas licuado de petróleo, entre otros. De igual manera, se analizaron los factores legales, que incluye el análisis de las leyes que rigen directamente a esta industria, tales como: la ley 292, Ley de Medicamentos y Farmacias y su Reglamento, el Código Laboral o Ley 185, en lo referente a lo laboral, el Código de Comercio en lo referente a la legalidad de las empresas (inscripción), la Ley de Equidad Fiscal, adiciones y modificaciones (Ley 453 y 712) en lo concerniente a lo tributario, entre las más representativas. Otros factores relevantes incluidos en esta investigación son los demográficos y los socioculturales, relacionados con el empleo y el desempleo, la tendencia de la población, las tasas de natalidad y de mortalidad, etc. A continuación se presenta la Tabla 3 con información sobre el empleo y el desempleo en Nicaragua, en 2007, 2008, 2009 y 2010, en la cual se determina que el desempleo para 2010 disminuyó con respecto a 2009, y fue debido al incremento de la fuerza laboral. La tasa de desempleo pasó de un 8.2 a un 7.8%. Por otro lado, en esta investigación se determinó que respecto a la variable demanda, esta industria posee las siguientes características: inelasticidad precio-demanda, ya que en la economía de mercado de Nicaragua, los medicamentos son considerados artículos

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de primera necesidad; el tipo de mercado de esta industria es competencia monopolística, ya que es una combinación de competencia perfecta y monopolio; sustitutos para medicamentos elaborados mediante procesos químicos son los medicamentos naturales, pero sin mucha incidencia en esta industria; es una industria con tendencia creciente, ver Tabla 4 sobre dicha tendencia. Los productos medicinales son de alta rotación, por lo que se requiere de un mes en stock para proveedores nacionales, y hasta tres meses para proveedores extranjeros; existen alrededor de 2000 clientes o compradores, que abarca desde una pulpería (detalle) hasta un centro hospitalario (mayorista).

Respecto a la variable oferta, las distribuidoras no requieren materia prima ni alta tecnología, solo la indispensable para el control de su inventario; los productos tienen fecha de caducidad, y de acuerdo con dicha fecha se enmarca el período de solicitud de reposición ante los laboratorios. En cuanto a los orígenes históricos, se destaca que el primer laboratorio fue Laboratorios Rarpe, S.A., fundado por el Lic. Renato Arguello Peñalba, en Managua, en 1937, y que la primera distribuidora que entró en funciones fue Corporación Cefa, empresa de capital costarricense fundada el 1 de febrero de 1955 por Norval Garnier Oreamuno. Según la estructura de mercado, el total de empresas y su distribución por Grupos Estratégicos (GE) se muestran en la figura 5.

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Dicegsa pertenece al Grupo estratégico “A”, con una participación de mercado del 30.15%, donde su más cercano competidor, Corporación Cefa, posee el 18.86 %. El Grupo estratégico “B” está conformado por ocho empresas con una participación de mercado mayor al 2%, pero menor al 8%, y el Grupo estratégico “C” está conformado por 46 empresas con una participación de mercado menor al 2%. En cuanto a la diferenciación de los productos, existen tanto medicamentos éticos como genéricos, cuya similitud se encuentra en que ambos poseen el mismo principio activo, pero difieren en la presentación, gusto, sal, etc. También se determinó que existen barreras de entradas, tal es el caso del capital para invertir, y barreras de salidas como el alto costo de liquidación de personal, siempre y cuando se piense en crecer en la industria. La integración existente puede ser integración vertical hacia adelante o hacia atrás, y depende de si un laboratorio crea su propia empresa de distribución o viceversa. Según el análisis de las fuerzas competitivas, ver figura 6, se determina que la rentabilidad queda en manos de los compradores, ya que tienen el poder de decisión debido a:

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la alta rivalidad entre las distribuidoras del mismo grupo estratégico (guerra de precios), baja amenaza de nuevos ingresos y de productos sustitutos, la amenaza media del poder de negociación de los proveedores porque necesitan de las distribuidoras para su crecimiento dentro del país, y la alta influencia del Gobierno en este tipo de industria. Asimismo, en esta investigación se identificó el FODA de Dicegsa, ver Tabla 7, y fue a través del análisis de este FODA y de la elaboración de matrices como la IE que se determinaron las propuestas estratégicas a seguir. Fuente: Elaboración propia a través de los resultados de las matrices EFI y EFE. Según el resultado de la matriz IE, se puede recomendar que la estrategia que debe seguir Dicegsa es una estrategia intensiva, penetración o desarrollo de mercado. Esta se puede lograr mediante negociaciones con los laboratorios para nuevos acuerdos de exclusividad, mediante la implementación de un presupuesto de ventas y de operación en la División de Fármacos, de estricto cumplimiento, y a través de la diversificación en la distribución (nuevas marcas de un mismo medicamento). Ver Tabla 9 para el plan operativo del primer año de ejecución.

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Fuente: Elaboración propia a través de indagaciones con la Dirección de Comercialización Fármaco.

Conclusiones 1. Dicegsa es líder del mercado con una participación del 30.15%, por lo cual pertenece al mismo grupo estratégico de Corporación Cefa Nicaragua, la cual posee el 18.86% de participación de mercado. Dicegsa fue fundada en 1955 por el Dr. César Guerrero Lejarza, con capital nicaragüense. A nivel nacional, Dicegsa cubre alrededor de 1,288 farmacias, 734 clientes mayoristas, 104 autoservicios y 12,572 pulperías. 2. El resultado del análisis de las fuerzas competitivas y la acción del gobierno, indica que la rentabilidad se encuentra en manos de los compradores, ya que existe una competencia feroz por la gran cantidad de medicamentos que se ofrecen (diversas marcas) para una misma enfermedad. Al existir mayores opciones para los clientes, estos tienden a amenazar con irse con la competencia de no cumplirse sus solicitudes (mejores promociones o bonificaciones). Adicionalmente, el análisis muestra que existe una fuerte incidencia del gobierno como cliente y posible competidor (compras de medicamentos para instituciones médicas públicas y previsionales a través del Minsa y del INSS, respectivamente). 3. Se determinó que para la penetración y el desarrollo de mercado, estrategias intensivas establecidas para la consecución de los objetivos establecidos por la alta gerencia de la compañía, se debe combinar propuestas estratégicas que incluyan: negociaciones con los laboratorios para nuevos acuerdos de exclusividad (medicamentos altamente rentables), la implementación de un presupuesto de ventas y de operación

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en la División de Fármacos, de estricto cumplimiento (mejorar en la eficiencia de la comercialización), y la diversificación en la distribución (nuevas marcas de un mismo medicamento) aunque esta última tenga sus desventajas, como el posible descuido de las marcas ya distribuidas.

Referencias bibliográficas Banco Central de Nicaragua (BCN). (2011). Informes mensuales de inflación octubre, 2010 – mayo, 2011. BCN. Recuperado el 15 de junio de 2011 de http://www.bcn.gob.ni/ publicaciones/mensuales/index.html?val=1 Banco Central de Nicaragua (BCN). (2010). Nicaragua en cifras 2010. BCN. Recuperado el 20 de junio de 2011 de http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/economicas_anuales/nicaragua_en_cifras/2010/Nicaragua_en_cifras2010.pdf Código del Comercio de Nicaragua. (1916, 20 de octubre). La Gaceta, pp. 35-38. Decreto No. 6-99: Reglamento de la Ley de Medicamentos y Farmacias. (2000, 5 de junio). La Gaceta, pp. 1-31. Distribuidora César Guerrero Lejarza, S.A. (Dicegsa). (2010). Cobertura y Distribución. Dicegsa. Recuperado el 20 de marzo de 2011, de http://www.dicegsa.com.ni/ Intercontinental Marketing Services (IMS). (2010). Principales Distribuidores en Valores Mercado Total 2007-2010. Managua: Autor. Ley No. 185: Código del Trabajo. (1996, 30 de octubre). La Gaceta, pp. 1-94. Ley No. 292: Ley de Medicamentos y Farmacias. (1998, 4 de junio). La Gaceta, pp. 1-20. Ley No. 453: Ley de Equidad Fiscal. (2003, 6 de mayo). La Gaceta, pp. 1-55. Ley No. 712: Ley de Reformas y Adiciones a la Ley n.º 453, Ley de Equidad Fiscal y a la Ley n.º. 528, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Equidad Fiscal. (2009, 21 de diciembre). La Gaceta, pp. 1-10.

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Opciones estratégicas de la Farmacéutica JC, para seleccionar un nuevo canal de distribución en Nicaragua René Vallejo Del Valle Farmacéutica JC. renejaviervallejo @gmail.com

Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MADE)

Resumen En este trabajo se evalúan las opciones estratégicas de la Farmacéutica JC para seleccionar un nuevo canal de distribución en Nicaragua. Se realiza un estudio de las alternativas estratégicas que tiene la empresa para aumentar su participación en el mercado nicaragüense y seguir con su ritmo de crecimiento. La industria farmacéutica en Nicaragua es un mercado perfecto, donde se encuentran más de 100 compañías farmacéuticas comercializando sus productos, lo cual hacen por medio de distribuidores nacionales, que a su vez, propician que los medicamentos sean distribuidos a todas las farmacias del país. Cada día el mercado farmacéutico nicaragüense se hace más competitivo. Por el hecho de vender salud, el acceso y la calidad de los medicamentos debe ser primordial. Se realizaron varios análisis: macroambiental, de la industria farmacéutica humana en Nicaragua, análisis interno de la compañía farmacéutica JC y de las opciones estratégicas. La aplicación y resultados de algunas matrices estratégicas recomendaron: el desarrollo de estrategia de penetración de mercado, en primer lugar, y la estrategia de desarrollo de productos, en un segundo lugar. El fortalecimiento de los distribuidores a nivel institucional y el lanzamiento de más productos por año, con mejor nivel tecnológico y diferenciado, son algunas de las acciones que se recomiendan. Palabras clave: estrategia, crecimiento, diferenciación.

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Introducción En 1991, con el cambio de gobierno y luego de la guerra de los 80 y de la inestabilidad económica de la época, comienzan a regresar a Nicaragua las compañías farmacéuticas extranjeras, y, consecuentemente, se inicia una nueva etapa en la comercialización de medicamentos. Ese año, la Farmacéutica Janssen (una compañía de Johnson & Johnson) comienza a participar en el mercado Nicaragüense, inicia en un mercado farmacéutico muy pequeño y no muy competitivo. En los últimos cinco años, la compañía farmacéutica Janssen en Nicaragua ha tenido un desempeño muy bueno en su crecimiento acumulado. Esto es debido a la excelente implementación de las estrategias de marketing, el lanzamiento de nuevos productos y tecnología, y a la existencia de un equipo de trabajo sólido y estable, con un fuerte liderazgo local. Sin embargo, el ingreso de más competidores cada año, el desarrollo tecnológico y el avance de la medicina mundial, hacen que nos detengamos un momento y pensar. Preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien, y plantearnos nuevos objetivos que beneficien a las personas que utilizan y toman nuestros medicamentos (médicos, enfermeras, pacientes, etc.). Para esto, la universidad nos forma, nos enseña herramientas y desarrolla habilidades para la toma de decisiones en la búsqueda de un bien común, de una manera ética, humanista y con responsabilidad social, tanto para los objetivos de la empresa como para sus clientes internos y externos. El análisis estratégico es una de las herramientas más utilizadas para hacer una evaluación, para encontrar las opciones estratégicas y la aplicación de estas en una empresa. En este trabajo se realizó un análisis estratégico por medio de la utilización diversas matrices.

Objetivos 1. Realizar un análisis estratégico de la Industria farmacéutica nicaragüense. 2. Tomar medidas asertivas para la selección de un nuevo canal de distribución para la farmacéutica JC en Nicaragua. 3. Incrementar la posición de mercado de la compañía en el mercado farmacéutico nicaragüense.

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Desarrollo Luego de revisar la misión y visión de la empresa, se plantearon objetivos generales, los cuales sugerían hacer una evaluación actual y ver cómo mejorar en la participación del mercado farmacéutico nacional. Para iniciar el diagnóstico se realizó un análisis macroambiental, el cual consistió en valuar los factores económicos, sociales, culturales, demográficos y políticos de nuestro país. Resultado del análisis de los factores antes mencionados, se determinó que el ambiente es estable. Posteriormente se efectuó un análisis de la industria farmacéutica humana en Nicaragua, haciéndose una caracterización general y tomándose en cuenta las condiciones básicas, conducta y ejecutoria. También se incluyó el análisis estructural de la industria, tomándose en cuenta las cinco fuerzas competitivas: amenaza de nuevos ingresos, rivalidad interna, poder de negociación del proveedor, propensión a sustituir y la acción del gobierno sobre la industria farmacéutica humana. Se efectuó un análisis externo evaluando a los actuales y futuros clientes, proveedores y competidores. El análisis interno comprendió el estudio de la estructura, rendimiento y habilidades del negocio; refuerza el proceso de la toma de decisiones y ayuda a determinar las estrategias de la empresa, si son viables y si el diseño administrativo, organizativo, debe modificarse o no para adaptarse a la estrategia de la compañía. En el análisis interno se incluyó los antecedentes de la empresa, desempeño de los últimos cinco años, situación actual, perspectivas, análisis organizacional y análisis de procesos financieros. Basados en el conocimiento de la empresa y de su entorno, se buscó las ventajas competitivas que se podrían desarrollar. Una ventaja encontrada y con posibilidad de desarrollo es la diferenciación de sus productos, basados en el lanzamiento de nuevas moléculas y desarrollo tecnológico. Una vez identificadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) se implementaron las matrices de Evaluación de Factores Externos e Internos (EFE y EFI). La matriz de factores externos (EFE), con la valoración de las oportunidades y amenazas detectadas y su clasificación de acuerdo a la percepción de los directivos de la empresa, obtuvo un resultado ponderado total de 2.89, lo que indica que la empresa está respondiendo bien a las oportunidades y amenazas.

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La matriz de factores internos (EFI), con la valoración de las fortalezas y debilidades detectadas y su clasificación de acuerdo con la percepción de los directivos de la empresa, obtuvo un resultado ponderado total de 2.78, lo que indica que la empresa mantiene una posición interna fuerte. Y en la etapa de Ajuste, tomando como base las matrices EFE y EFI, se realizó la matriz IE --interna y externa--, para determinar en qué posición está la empresa y cuáles serían las posibles estrategias según sus factores externos e internos. La empresa se encuentra en el cuadrante V, por lo tanto, sus esfuerzos deberían ser dirigidos a estrategias de conservar o de mantener, siendo la penetración de mercado y desarrollo de productos, dos estrategias que se emplean con frecuencia en estos tipos de divisiones. Al hacer un análisis de estos resultados y contrastando con las debilidades encontradas, vemos que la empresa en Nicaragua, para aprovechar al máximo las oportunidades presentadas y minimizar las amenazas, deberá desarrollar estrategias de marketing y aumentar la inversión en algunos productos con oportunidad de crecimiento. Como resultado del análisis, se evaluaron las estrategias de penetración de mercado, desarrollo de productos, diversificación concéntrica y desarrollo de nuevos mercados. Para ayudar a la elección y decisión de esta estrategia se tomó como base la Matriz de Planeación de Estrategia Cuantitativa (MEPC). Esta matriz con puntajes muy cercanos recomendó, en primer lugar, la penetración de mercado, y, en segundo lugar, el desarrollo de productos como segunda estrategia. Finalmente, luego de identificar la estrategia se diseñó una estructura organizativa que se adaptara a esta, y la mejor forma de implementación. También se hizo sugerencias para la ejecución operativa.

Conclusiones El análisis estratégico es fundamental para obtener éxito en todo lo que hacemos. Conocer el entorno es clave para la toma de decisiones de cualquier empresa. La realización de este trabajo nos dio una visión general de dónde estamos y hacia dónde debe ir la empresa. El conocimiento de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas nos permite anticiparnos y obtener ventajas competitivas sobre las demás compañías. Las tareas que se realizarán son: fortalecer a los distribuidores a nivel institucional; lanzar más productos por año con mejor nivel tecnológico y diferenciado; mejorar el proceso interno de asuntos regulatorios, para poder registrar más rápidos los nuevos productos; aumentar el número de supervisores para asegurar la implementación de las estrategias, y fortalecer y capacitar a la fuerza de ventas en los productos nuevos que tiene la compañía para sus próximos lanzamientos.

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Referencias bibliográficas Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2008) Sistemas de Control de Gestión. (12ª ed.) McGraw-Hill Interamericana. Hernández Sampieri, R.; Fernández- Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la Investigación. (4ª ed.). McGraw-Hill Interamericana. Porter, M. E. (2009) Ventaja Competitiva. (8ª reimpr.). Grupo Editorial Patria. Porter, M. E. (2009). Estrategia Competitiva. (39ª reimpr.). México: Grupo Editorial Patria. Stanton, W. J. & Walker, M. J. (2007). Fundamentos de Marketing. (14ª ed.). McGraw- Hill Interamericana.

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Competencia de los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria para rectificar sentencias Anielka de los Ángeles Morales Sánchez Tutor: Msc. Róger Alfaro Cortez anielkamorales@ns.uca.edu.ni

Especialización en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal

Resumen En julio de 2008 entró en vigencia el nuevo Código Penal, Ley 641, este Código trajo consigo sustanciales reformas al ordenamiento jurídico penal que a esa fecha teníamos en Nicaragua, al incorporar nuevas figuras jurídicas al mismo, una de ellas es el objeto del presente trabajo: la Rectificación de Sentencia, por lo que se abordó su fundamentación jurídica, ya que esta figura nace producto del precepto constitucional establecido en el Art. 38 Cn. de retroactividad de la norma penal. Así mismo, se aborda su aplicación en aquellos casos en que entra en vigencia una ley posterior más favorable, tomando como fundamento el fin de la norma penal: la resocialización de los condenados para su posterior reinserción en la sociedad; también, la diferencia que presenta este incidente con la Acción de Revisión, y la mala aplicación que, de la misma realizan los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria. Se abordaron los aspectos doctrinarios más relevantes que estudian el tema de la retroactividad de la norma penal, la protección constitucional que se le da a este principio, y cómo se determina la ley más favorable, tanto en la doctrina como en nuestra norma penal. Dándose así cumplimiento a lo establecido en el Art. 38 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo.

Introducción Este trabajo tiene como objetivo fundamental definir claramente las atribuciones de los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria, y analizar si dentro de estas facultades se encuentra la de rectificar sentencias una vez que entra en vigencia una ley posterior más beneficiosa.

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Para la realización del mismo fue importante el estudio del principio de retroactividad de la ley penal cuando favorece al reo, porque es de este principio del cual se desprende la aplicación del incidente de Rectificación de Sentencia, incidente que en la práctica presenta algún grado de dificultad en su aplicación, por existir dos normas (una procesal y una sustantiva) que regulan la aplicación de la misma. Consideré relevante este estudio, porque me permitió observar si dentro de las atribuciones dadas a los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria se encuentra la facultad de rectificar sentencias, y hasta qué punto les es permitido reformar las mismas.

Objetivo General Analizar la figura jurídica de la rectificación de sentencia a nivel doctrinario y normativo, y determinar las facultades de los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria a la luz de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, Ley 641.

Objetivos Específicos Estudiar la rectificación de sentencia en materia penal y los alcances que tiene esta figura en el cumplimiento de la sentencia de los condenados que la solicitan. • Analizar las competencias de los jueces de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria en Nicaragua, en forma general, y en particular el ejercicio de dicha competencia en materia de rectificación se sentencia. Efectuar un análisis comparativo entre la acción de revisión y el incidente de rectificación de sentencia.

Desarrollo La Constitución Política establece dentro de su articulado el reconocimiento a la retroactividad de la norma penal en su artículo 38, que dice “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo”. Por su parte, el Código Penal, Ley 641, aborda de manera más amplia los preceptos, garantías y principios que contiene la Constitución Política, en este sentido el Art. 2 del Código Penal establece que “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando favorezca al reo”. La prohibición de la retroactividad tiene estrecha relación con el principio de legalidad, y le pone límites al Estado de actuar con arbitrariedad en determinados casos, así mismo, representa una seguridad o garantía para el ciudadano, quien tendrá el derecho de que ante la entrada en vigencia de una ley más favorable o beneficiosa, le sea aplicada. Este principio es de vital importancia para el derecho penal, ya que le pone un límite a las pretensiones que cualquier legislador pueda tener de introducir o agravar una pena a posteriori, con intención de aplacar clamores populares o por presiones políticas.

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Así pues, que la figura de la retroactividad de la norma penal se estudia como una excepción al principio de irretroactividad, por lo que las leyes penales que establezcan circunstancias eximentes, atenuantes, o que disminuyan la gravedad de las penas y todas aquellas que despenalicen conductas, pueden ser aplicadas a hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia (Conde, 1996), incluso en aquellos casos en los que exista sentencia firme, siempre que la ley posterior sea mas favorable al reo. Para la determinación de la ley más favorable se requiere una comparación concreta de las dos situaciones legales surgidas producto de la reforma legal posterior a la comisión del hecho, teniendo en cuenta únicamente el caso que se juzga, las penas principales, las consecuencias accesorias, modificaciones del tipo penal, y las reglas de la parte general: Arts. 3 y 567 Pn. El Código Procesal Penal, en su Libro Cuarto, Título I, de la Ejecución de las Sentencias, establece las facultades y atribuciones de los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria, así como derechos a los cuales podrán acceder los condenados una vez que exista sentencia firme. El control y vigilancia del que es rector el juez de ejecución se manifiesta a través de las facultades que tiene de mantener, sustituir, modificar o hacer cesar las penas y las medidas de seguridad impuestas a los reos, y las condiciones de su cumplimiento, las que deberán estar en fiel observancia al respeto a los derechos fundamentales del privado de libertad: Arts. 402 y 407 CPP. Una vez que el privado de libertad es conminado a una pena y la sentencia está firme, la vía para que se logre aplicar una ley posterior en beneficio del reo, es la del incidente de rectificación de sentencia, cuya tramitación se hace a través de los jueces de ejecución. Considero que el juez de ejecución de sentencia está facultado para valorar las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, y no por esto se rompe el principio de inmediación, regulado en el Art. 13 del Código Procesal Penal, ya que este se da cuando el juez ante quien se ha practicado la prueba es quien dicta la sentencia. Como vemos, para solicitar el incidente de rectificación de sentencia se parte de que ya existe una sentencia condenatoria firme, la que contiene la pena a cumplir por el delito cometido, y la justificación de la misma con base en las circunstancias agravantes y atenuantes que se dieron al momento de la comisión del hecho. Cuando se tramita la rectificación de sentencia, el juez de ejecución debe tomar los elementos de esa sentencia condenatoria y valorar si la ley posterior que se está solicitando como más favorable contiene esas mismas circunstancias, y, si n o es así, se rectifica la pena con base en lo establecido en el Art. 78 de la Ley 641, que gradúa las penas con base en la concurrencia de estas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Conclusiones El Código Penal, Ley 641, reconoce la retroactividad penal siempre y cuando beneficie al condenado o procesado, es por esto que plasma en las disposiciones transitorias la

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figura de la rectificación de sentencia, incidente por medio del cual todo condenado tiene el derecho de solicitar ante el juez de ejecución que se le rectifique la sentencia, teniendo como fundamento la entrada en vigencia de una ley posterior más favorable. Tanto el Código Procesal Penal como el Acuerdo 111 dictado por la Corte Suprema de Justicia, le conceden atribuciones a los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria, para conocer de todos aquellos incidentes relativos a la ejecución de las penas de los privados de libertad, y, por ende, los faculta a conocer del incidente de rectificación de sentencia establecido en el Código Penal, Ley 641. Después de haber hecho un pequeño recuento de lo establecido en nuestro cuerpo normativo penal, vemos que los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria están facultados para conocer del incidente de rectificación de sentencia, y una vez que conozcan del mismo deben hacer uso de todas las herramientas legales que les proporciona el Código Penal, Ley 641, para rectificar las penas, esto significa que están facultados para valorar las circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes, si fuere el caso, para graduar las penas.

Referencias bibliográficas Bacigalupo, E. (1996). Manual de Derecho Penal. En E. Bacigalupo, Manual de Derecho Penal (pág. 54). Bogotá: Temis. Berdugo Gómez de la Torre, I. (1999). Lecciones de Derecho Penal, Parte General. En L. A. Berdugo Gómez de la Torre, I. Lecciones de Derecho Penal, Parte General (pág. 50 y sig.). Barcelona: La Ley. Conde, F. M. (1996). Derecho Penal, Parte General. En F. M. Conde, Derecho Penal, Parte General (pág. 146). Valencia: Tirant Lo Blanch. Constitución Política de la República de Nicaragua, (1987, 05 de enero) La Gaceta. Ley Nº 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua (2001, 21 y 24 de diciembre). La Gaceta. Ley Nº 641, Código Penal de la República de Nicaragua (2008, 05, 06, 07, 08 y 09 de mayo). La Gaceta. Rosal, M. C., & T, S. V. (1987). Derecho Penal, Parte General. En M. C. Rosal, & S. V. T. Derecho Penal. Parte General (págs. 130, 131). Valencia: Tirant lo Blanch. Roxin, C. (1997). Derecho Penal. Parte General. En C. Roxin. Derecho Penal, Parte General (pág. 166). España: Civitas.

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La modificación unilateral de los contratos administrativos (el ius variandi) Msc. Karina Mercedes Pérez César Tutor: Dr. Karlos Navarro Ministerio de Transporte e Infraestructura karinaperezcesar@yahoo.com

Maestría en Derecho de las Contrataciones (MDC)

Resumen

En esta investigación estudiamos una de las potestades que tiene el Estado para la consecución del interés público, tal es la modificación unilateral de los contratos administrativos, doctrinariamente conocida como ius variandi. Abordamos la conceptualización del contrato civil y del administrativo, partiendo de que el contrato es una institución común a diferentes sectores del Derecho, por lo que al constituir una categoría general del Derecho, su esencia permanece inalterable a pesar de las notas que caracterizan la modificación del contrato civil y del administrativo. Destacamos la dinámica relación que existe entre el principio de lex inter partes y el derecho de variación del contrato que tiene el Estado, lo cual nos impone considerar el principio de pacta sunt servanda frente al rebus sic stantibus, para entender el ejercicio de esta potestad. Analizamos los elementos objetivos y subjetivos del contrato a la luz del ius variando, al igual que sus límites y efectos, indicando las formas de modificación del contrato administrativo, mostrando que no son el procedimiento idóneo para que la Administración ejerza el ius variandi. Se exponen diversos criterios doctrinales, jurisprudenciales y legislativos del Derecho comparado, que intentamos relacionar con nuestra Ley de Contrataciones Administrativas, con el objeto de lograr una comprensión teórica de esta potestad, articulándola con la realidad. Ello nos permite expresar que es necesario contar con un procedimiento administrativo que no propicie interpretaciones ambiguas, sino que favorezca el efectivo y eficaz ejercicio de esta potestad orientada a la consecución del interés público. Palabras clave: contratos, potestad, modificación, unilateral.

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Introducción Este artículo investigativo procura estudiar y analizar una de las potestades exorbitantes de la Administración Pública: la de decidir unilateralmente sobre el contrato administrativo o ius variandi, que es el poder exorbitante que, por excelencia, tiene la Administración Pública en materia de contratación (García de Enterría & Fernández, 1986). Para ello, precisamos las aristas definitorias de este derecho de variación y realizamos una prudente labor exegética basada en criterios doctrinales, haciendo una concordancia con la legislación patria frente al tratamiento legislativo que el Derecho comparado le otorga a esta potestad, y considerando los criterios jurisprudenciales vertidos en numerosas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de España, sin que nuestro esfuerzo pretenda ser exhaustivo.

Objetivos a) Elaborar un producto académico que coadyuve a una adecuada comprensión y a un eficaz ejercicio del derecho de modificación unilateral que ostenta la Administración Pública. b) Precisar las aristas definitorias del ius variandi puntualizando sus límites, la materia objeto de modificación y las consecuencias de su ejercicio considerando la Doctrina, el Derecho comparado y la legislación nacional. c) Presentar un estudio que contribuya a evitar abusos de la Administración, interpretaciones equívocas o actos reñidos con el Derecho, que pueden propiciar reacciones lesivas al interés público o impedir la satisfacción de ese interés.

Desarrollo La Administración Pública, como entidad contratante, tiene potestades administrativas exorbitantes con el objeto de proteger el interés público en los contratos administrativos. En la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público nicaragüense (LCASP), estas potestades están recogidas en el artículo 71, junto a la de modificar unilateralmente el contrato. El contrato civil y el administrativo comparten elementos, en tanto institución común a diversos sectores del Derecho, mas la inmutabilidad es un principio contractual imperante en el Derecho Privado, pero no en el Derecho Público, por la necesidad de adaptar el contrato al interés general. De manera que “la inmutabilidad del contrato cede su lugar a la inmutabilidad del fin” (Campolieti, 2009, p. 30). La modificación unilateral o ius variandi descansa en la teoría del rebus sic stantibus, la cual consiste en que no es dable compeler al cumplimiento de la obligación convenida

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en circunstancias normales si, a la fecha de su ejecución, hechos imprevisibles hacen que la prestación resulte gravosa para el obligado. Inversamente, la regla de los contratos civiles-mercantiles es que las obligaciones nacidas del contrato tienen fuerza de ley, por lo que este principio, llamado de pacta sunt servanda, se flexibiliza en el contrato administrativo. La potestas variandi, o potestad de la Administración Pública para modificar el contrato, pero quedando obligada a soportarlo, solo es aplicable durante la ejecución del contrato, y no es admisible alterar sus elementos esenciales (López Jiménez, 2010). Entonces, es un acto de poder público como ejercicio de un derecho que ostenta la Administración, por el cual se rebasa el principio de pacta sunt servanda, en pos de la mutabilidad del contrato, El artículo 71.1 LCASP concuerda con esta definición. Las leyes de contrataciones deben establecer reglas y requisitos del procedimiento a seguir para hacer una modificación unilateral, pues una deficiente enunciación de ellas equivale a un débil control de la actividad administrativa y a una frágil garantía de los derechos del contratista. Solo los elementos objetivos, que son las prestaciones a que se han obligado los contratantes, pueden ser modificados unilateralmente si no generan nuevos contratos. La LCASP no establece la imposibilidad de alterar los elementos esenciales del contrato. Respecto a los elementos subjetivos, referidos al cambio de sujeto contratista por cesión del contrato, notamos que su artículo 73 no relaciona la cesión de contratos con esta potestad. Los límites fundamentales de esta potestad se resumen en no variar el objeto del contrato, mantener el equilibrio económico, no articular contratos nuevos, imposibilidad de que la Administración ceda el contrato, vinculación al interés público, existencia de necesidades imprevistas, control de un órgano superior sobre su conveniencia, y obligación de acreditar en un expediente administrativo los motivos de su ejercicio. Nuestra ley no concibe este derecho como discrecional, sin embargo, para un efectivo ejercicio es precisa la minuciosidad de que carece en cuanto a límites. Las limitaciones son garantías para el contratista, con el propósito de evitarle la asunción total del interés común (García de Enterría & Fernández, 1986). Esta potestas tiene efectos no económicos relativos al reajuste del plazo y de las fianzas o garantías, pero la LCASP no dispone preceptos que aludan a tales efectos. Como efecto económico, tenemos la indemnización que procede ante consecuencias económicas perjudiciales por la modificación (Garrido Falla, 2002). Otras causas, como la fuerza mayor, el caso fortuito y la alteración del contrato por causas externas a este dan lugar a la indemnización, pero el artículo 76 solo se refiere a la terminación del contrato por las dos primeras, sin que se regule la mutabilidad del contrato por estas dos causas.

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La modificación puede ser cualitativa si sustituye una clase de bienes por otros incluidos o no en el contrato, operando principalmente en contratos de bienes (Arríen Somarriba, 2005), y cuantitativa si alude al incremento, disminución o eliminación de las prestaciones objeto del contrato, y se supedita al porcentaje que cada legislación dicta (Ayala, 2007). El artículo 71.2 LCASP permite ampliar unilateralmente el contrato, sin exceder en un 20% del valor original. En cuanto a las formas de modificación del contrato administrativo, conocidas en la doctrina y el Derecho comparado, notamos que disienten de la unilateralidad que le es inherente a esta potestad, imponiéndose el deber de cuidado en su ejercicio, al no contar con un procedimiento que dicte la forma de ejercerlo en nuestra novel ley. La LCASP y su Reglamento carecen de un procedimiento claro que imponga a la Administración ajustarse a ellos para la modificación unilateral de los contratos administrativos, aunque en su espíritu subyace la intención de instituir un debido proceso buscando que se respeten los derechos del contratista.

Conclusiones • El ius variandi y la inalterabilidad de lo pactado se concilian a través del mantenimiento del equilibrio económico en el contrato. Las necesidades imprevistas permiten modificar el contrato, relativizando el principio de que los contratos son ley entre las partes. • El interés público, la eficiencia y la calidad, son presupuestos básicos para una modificación unilateral válida. Su aplicación debe estar sujeta a límites, ser razonable, mesurada y obedecer al interés público. Los principales límites a la modificación unilateral son el objeto del contrato y el principio de legalidad. • Las carencias normativas y procedimentales, en Nicaragua, junto al desconocimiento e incomprensión de esta potestad administrativa, provocan que no se ejercite efectivamente.

Referencias bibliográficas Arríen Somarriba, J.B. (2005). La modificación de los contratos administrativos (el ius variandi). Managua: UCA. Ayala Ayala, J. (2007). Modificación unilateral en los contratos públicos. Ecuador: Área de Derecho. Universidad Andina Simón Bolívar. Recuperado el 15 de marzo de 2011 de http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/772/1/T518-MDE-Ayalaodificaci%C3%B3n%20unilateral%20en%20los%20contratos%20p%C3%BAblicos.pdf Campolieti, F. (2009). Los límites del Contrato Administrativo. En Jorge Fernández Ruiz y Javier Santiago Sánchez (Coordinadores). Contratos Administrativos Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados (pp. 21-34). Recuperado el 15 de febrero de 2011 de http://www. bibliojuridica.org/libros/5/2447/5.pdf

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García de Enterría, E. & Fernández, T. R. (1986). Curso de Derecho Administrativo I. (4a. ed.). Madrid: Editorial Civitas, S. A. Garrido Falla, F. (2002). Tratado de Derecho Administrativo. (11a. ed., volumen II). Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S. A.). López Jiménez, E. (2010). Mantenimiento del equilibrio económico y financiero de los contratos administrativos. Costa Rica: Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. Recuperado el 15 de marzo de 2011 de http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/tesis/2010/Mantenimiento%20del%20equilibrio%20economico%20y%20 financiero%20de%20contratos%20administrativos.pdf Legislación Ley No. 737: Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (2010, 8 y 9 de noviembre). La Gaceta, Diario Oficial. Decreto No. 75-2010: Reglamento General a la Ley n.º 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (2010, 15 y 16 de diciembre) La Gaceta, Diario Oficial.

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Régimen jurídico de la empresa forestal en Nicaragua Erika Raquel López Tutor: Msc. Róger Alfaro Cortez erikaraquell@yahoo.es

Maestría en Derecho de Empresas (MDE)

Resumen

La creciente preocupación ambiental planteada lleva a examinar el Derecho Agrario desde una óptica ambientalista, conjugándolo con temas sobre biodiversidad, diversificación de la agricultura, el agricultor como guardián de la naturaleza, agricultura sostenible, resumido en lo que se llama la multifuncionalidad de la actividad agraria. Esta intrincada red de normas está dirigidas en doble dirección: a reforzar los efectos del ejercicio de la práctica forestal respecto a su impacto en el ambiente y a reducir los efectos desfavorables para su progreso, motivando al sector agrario a incursionar en este pujante rubro, encaminadas a la conservación y protección de los bosques. El régimen legal del ejercicio empresarial de la actividad forestal abarca diferentes actividades: en áreas protegidas, aprovechamiento en bosques naturales, concesiones de explotación forestal y plantaciones con fines comerciales, con reglas generales y particulares que cumplir. Este trabajo introductorio intenta exponer de manera simple la ruta legal a seguir para formalizar una empresa forestal, y hace una invitación a futuras investigaciones especializadas que aborden con más detalle las instituciones que presento a grosso modo y contribuyan al mejoramiento de la regulación de la actividad forestal nacional.

Introducción El año internacional de los bosques (AIB2011) invita al estudio de la empresa agraria nacional y de manera especial al subsector forestal, dentro de un marco de manejo sostenible, que hoy día se promueve como una iniciativa empresarial, aprovechando de nuestro país las condiciones naturales idóneas para su crecimiento. Y es que al referirnos a esta modalidad de empresa, no se discute sobre una empresa común, regulada por las normas de comercio en general, sino que además incluye un marco interdisciplinario, donde intervienen normas de Derecho Agrario, Ambiental, Administrativo, Constitucional, todo encuadrado en la especial protección al bien jurídico colectivo que es el recurso natural bosque, con diversos tratos, entre privilegios y restricciones, de tal manera que esta empresa se mueve en un régimen disperso en diferentes cuerpos normativos, que lo vuelven una verdadera especialidad. La regulación de la empresa forestal encuentra su cimiento en el Derecho Agrario, identificado como derecho de la naturaleza; la influencia del Código Civil italiano (1942) y teorías de

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connotados iusagraristas, liderados por Antonio Carrozza, creador de la “teoría de la agrariedad”, identifica la participación en un ciclo productivo biológico, fundamento de la empresa agraria y las diferentes facetas de importancia de estudio jurídico de la misma. El concepto de agrario es, entonces, un concepto amplio, que abarca el ejercicio de la actividad agrícola, las relaciones sociales, económicas y jurídicas que surgen del aprovechamiento del suelo fértil.

La empresa agraria La configuración del concepto de empresa agraria, resulta de la conjunción de dos elementos: la actividad típica de la empresa mercantil, con el rasgo característico de incidir en el ciclo biológico natural, lo que aumenta el riesgo de la empresa, y que, por ende, justifica el trato especial que la norma hace respecto de la empresa agraria frente a la mercantil, factor determinante para la exclusión del empresario agrario de la regulación mercantil y gozar de un régimen laboral y fiscal menos gravoso. Es frecuente que el empresario forestal, dentro del ejercicio de su empresa, no se limite a la obtención simple del producto agrario, sino que llegue a transformarlo y traficarlo, pudiendo emplear en ambas operaciones las técnicas más complejas de industrialización y comercialización, actividades carentes de naturaleza jurídica agraria, pero que siguen siendo agrarias por conexión, siempre que sean practicadas por el mismo empresario. Operaciones conjuntas que están siendo reguladas y promocionadas por la administración pública de los estados, y constituyen uno de los lineamientos de la Política de Desarrollo Forestal Nacional, con el propósito de que la mayor utilidad obtenida del producto forestal no pase a manos de empresarios transformadores o intemediaros comercializadores, sino que quede al mismo productor.

La empresa forestal El conocimiento de la naturaleza de los bosques, la forma en que crecen, se reproducen y responden a los cambios del ambiente, constituye el dominio de la rama de la ingeniería forestal denominada: sílvica. La silvicultura, entonces, se destina a la formación y cultivo de bosques y los métodos de ordenación de estos, en vista de sus sílvicas (Daniel, Helms, & Backer, p. 4) siendo una modalidad de cultivo agrario, cuyo objeto es un bosque. Los bosques y áreas silvestres siguen siendo un recurso natural fundamental, y su uso racional es de vital importancia, incluso en las sociedades industrializadas. En los últimos tiempos se han evidenciado cambios en la evolución de la profesión del silvicultor, para quien su principal objetivo sigue siendo la producción continua y eficiente de la madera, pero ahora en simultaneidad con el manejo forestal. Conservar la biodiversidad en el fundo fortalece la competitividad, la sostenibilidad del turismo y la actividad forestal; comprende las buenas prácticas de manejo, premiadas con un sello certificador de gestión sostenible, también llamado “sello verde”. Esta certificación es un proceso voluntario que cada vez gana más terreno. Hoy, los consumidores están cada vez más conscientes e interesados en los problemas ambientales y sociales que rodean la producción y el comercio de lo que consumen, y la

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certificación es una garantía por escrito del mismo, que permite resaltar el producto “verde” de otros, lo que será fructífero al momento de promocionarlo y comercializarlo sobre todo en el mercado internacional (FAO, 2003). Forest Stewardship Council (FSC) es el principal certificador mundial de bosques, cuenta con el apoyo de las principales organizaciones ecológicas internacionales como Rainforest Alliance, para certificar a productores en Costa Rica, en Nicaragua y en Panamá. Para llegar a conseguir este sello de calidad, el empresario forestal somete a su bosque por diversos controles, que van desde la protección del entorno natural, almacenamiento, transporte y aplicación de agroquímicos, manejo integrado de plagas y desechos, hasta la seguridad de los trabajadores y los derechos de la localidad rural. Lo más innovador de este tipo de empresas forestales intensivas, ecológicas y sostenibles, es la posibilidad de desarrollar actividades intersectoriales, así los propietarios de ecosistemas forestales tienen la posibilidad de ofrecer no solo bienes maderables, también bienes no maderables y servicios ambientales. Esto cambiará la percepción del productor, que con frecuencia considera que el bosque es un obstáculo para el despegue económico de su unidad productiva (Toval Herrera, 2003).

Régimen legal de la actividad forestal en Nicaragua Nicaragua es un país con un enorme potencial para el desarrollo del sector forestal (Felicani Robles). Sin embargo, la persistente debilidad normativa existente frena el interés de invertir en un negocio con frutos a largo plazo, por temas como la inseguridad en la propiedad, la falsificación de títulos, que la zona con mayor potencial no está catastrada, y el auge de los grupos precaristas “toma tierras”, entre otros. Sin embargo, la Política de Desarrollo Forestal y la Ley forestal, han dado los primeros pasos para paliar esta incertidumbre, al reafirmar la seguridad jurídica respecto del derecho de propiedad y ordenar la protección especial a las plantaciones forestales en caso de invasión. En orden de supremacía y generalidad, el marco legal de la actividad forestal, está orientado conforme la Constitución Política y la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. El primer gran paso para orientar en una misma dirección, la normativa forestal, se logró con la política de desarrollo forestal (Decreto 50-2001), convirtiéndose en un eje de desarrollo para la actividad económica forestal nacional. La Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal (Ley Nº 462, 2003) y su Reglamento (Decreto 73-2003) --conocidos como Ley y Reglamento forestal-- constituyen la legislación básica de administración de la actividad forestal. La Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Régimen Forestal (Ley Nº 585, 2006) ha venido a dar un sano giro a la actividad, estableciendo una veda para el corte, aprovechamiento y comercialización de determinadas especies de árboles, y a pesar de los discursos en contra de la misma, no cabe duda de que esta ley promueve las empresas sílvicas, que son las únicas cuya actividad está exenta de la veda. Fruto de estas leyes mencionadas devienen una serie de normativas administrativas, las cuales, junto a específicas regulaciones dispersas en leyes municipales y regionales, terminan

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de formar el engranaje normativo de la actividad. En cuanto a los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua en materia forestal, destacan: la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (Cites); el Convenio sobre Diversidad Biológica; La Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Incentivos fiscales a la inversión en silvicultura Con el fin de fomentar la inversión dentro de la cadena productiva forestal, la Ley Forestal, ofrece a las empresas de plantaciones forestales con fines comerciales, interesantes exoneraciones en pago de impuestos municipales, Impuesto sobre la Renta, IR, y de impuestos por importación de equipos y de maquinaria de “tecnología limpia”, así como prioridad en contrataciones dentro de licitaciones de adquisición de bienes del Estado. Por otra parte, la Ley de Equidad Fiscal (Ley Nº 453, 2003, arts. 52.22) exonera del IVA las ventas realizadas en ferias centroamericanas e internacionales que promuevan al sector agropecuario (incluido el subsector forestal), y la Ley de reforma a la Ley de Equidad Fiscal (Ley Nº 712, 2009) exonera del pago mínimo definitivo de IR a las inversiones sujetas a un plazo de maduración de sus proyectos, como es el caso de las plantaciones con fines comerciales. Además de los beneficios tributarios y bajo los mismos objetivos de impulsar el rubro, existe el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonadefo), una instancia dedicada a gestionar financiamiento para créditos blandos a través mecanismos fiduciarios forestales.

Obligaciones generales en el ejercicio de la empresa Siendo indiferente la forma de constitución de la empresa forestal, el empresario puede optar por constituirse de manera individual, en una Sociedad Mercantil, Asociación o Cooperativa, el único requisito a cumplir será registrar la misma ante el Registro Nacional Forestal y contar con un regente forestal acreditado por Inafor, encargado de dar seguimiento a la ejecución de los Planes de Manejo Forestal. Basado en el principio técnico forestal de que “todo monte que se explote sin previsión anual de aprovechamiento corre hacia su depredación” (Hernández Martínez, 1979, p. 9), soporta la obligación de que toda actividad forestal, para su ejecución, deberá contar con un Plan de Manejo Forestal con sus respectivos Planes Operativos Anuales (POA). Este es un documento técnico que describe las operaciones a ejecutar en materia de inventario, silvicultura, protección, aprovechamiento y transporte de materia prima forestal, en una propiedad determinada en tiempo y espacio, dentro del marco del aprovechamiento sostenible y el mantenimiento del ecosistema boscoso. El ejercicio empresarial de la actividad forestal nacional abarca diferentes actividades: en áreas protegidas, y aprovechamiento en bosques naturales, concesiones de explotación forestal y plantaciones con fines comerciales.

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El aprovechamiento en bosques con fines comerciales constituye el ejercicio empresarial forestal más notorio en el país, y consiste en el corte, extracción, almacenamiento y transporte de clases de madera determinada, en una superficie específica, proveniente de bosques naturales. Para su ejecución, es necesario contar con una licencia forestal, pasando de previo por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que formará parte del Plan General de Manejo. Por este derecho de aprovechamiento, la empresa se encuentra obligada a pagar un porcentaje del precio de referencia por metro cúbico de madera en rollo extraída, tributo mal llamado por el Reglamento Forestal y la Resolución Administrativa interna como “impuesto forestal”, porque este pago obligatorio lleva una contraprestación directa de parte de la administración, como es el permiso de aprovechamiento, y no persigue un interés colectivo, tiene un destino previsto en la ley, de tal manera que estas características identifican a este tributo como una tasa de régimen parafiscal. Las plantaciones con fines comerciales consisten en el ejercicio forestal más fomentado por la legislación forestal, y, por ende, con menos requisitos formales y técnicos que cumplir. Consiste en el cultivo de árboles para comercializar sus productos (maderables, no maderables y servicios ambientales). Las plantaciones que se realicen en cualquier terreno privado no requieren permiso para su establecimiento, mantenimiento, raleo y aprovechamiento, pero deben cumplir con los requisitos de registro, y gestionar ante el Inafor lo correspondiente a la certificación de origen del producto, para fines de su transporte y beneficios fiscales. Este certificado forestal es expedido de manera gratuita, a diferencia de los permisos por aprovechamiento. Aunque la Ley Forestal y la Ley de Veda Forestal prohíben el corte y extracción de árboles de especies protegidas, en caso de plantaciones debidamente registradas, esta prohibición no aplica. La única restricción legal que existe para esta actividad es la sustitución del bosque natural por plantaciones forestales. Las concesiones forestales son actos administrativos por los cuales se faculta la explotación y el aprovechamiento exclusivo de tierras que son del dominio del Estado y que no han sido declaradas áreas protegidas, ya sea para aprovechamiento forestal o para plantaciones. Para su obtención, es menester presentar una solicitud de concesión sumada a un Plan General de Manejo, respectivos Planes Operativos Anuales (POA) y una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pasando por un proceso de aprobación que culmina con el acuerdo ministerial de aprobación. Infringir lo establecido en la normativa forestal trae consigo la apertura de un procedimiento administrativo que acarrea sanciones administrativas, que van desde retenciones, suspensiones o cancelaciones de permisos, decomiso y multas, hasta responsabilidad civil por reparación de daños causados, y penales, por la comisión delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, que trae consigo penas que van de seis meses hasta 10 años, sumado siempre a una multa pecuniaria determinada. Curiosamente, el Art. 20 de la Resolucion Administrativa 81-2007 habla de una ejecución de garantía financiera, que no tiene referencia legal, pues en el resto de normativa forestal no se menciona la exigencia del pago de garantía alguna.

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Conclusiones La empresa forestal de hoy se identifica como una empresa agraria de actividad forestal, preocupada por el desarrollo rural sostenible, para cuyo impulso el apoyo institucional es determinante, sobre todo en el tema de los incentivos tributarios, reenfocándolos en la actividad primaria forestal, y equiparando el trato de beneficios fiscales al de otros rubros que asumen menores riesgos, y en el tema del financiamiento a este tipo de producción. Centra esfuerzos para que el Fonadefo, funcione con el rendimiento previsto, siguiendo los lineamiento definidos en Política de Desarrollo Forestal, sobre la cual aún queda pendiente desarrollar aspectos como: el ordenamiento territorial del sector rural, la remuneración por servicios ambientales, el uso de la figura de prenda forestal, el establecimiento de normas técnicas y disposiciones administrativas diferenciadas por ecosistemas forestales. Hay evidentes incongruencias entre las legislación especial y las disposiciones específicas de menor rango, que se justifica en la escasez de estudios jurídicos dedicados a este tema, lo que invita a jornadas de discernimiento científico multidisciplinario sobre el mismo, que coadyuven a corregir los errores normativos e incongruencias que se observan, llenar los vacíos legales que aún presenta este régimen, y dar el seguimiento adecuado a las normativas técnicas que guían la actividad forestal.

Referencias bibliográficas Casella, A. P. (1983). La esencia del fenómeno agrario y el método para su tratamiento jurídico. En E. A. Pigretti, A. Carrozza, F. P. Brebbia, E. E. De Arenaza, D. E. Chami, & A. P. Casella, Derecho agrario y recursos naturales (pp. 70-86). Buenos Aires: Abeledo-Perrot. Cortes, G. Manual de Derecho Agrario. [archivo word].(2008).Managua: XEROX. Daniel, T. W., Helms, J. A., & Backer, F. S. (s.f.) Principios de Silvicultura. (E. M. Ramón, Trad.) México: McGraw-Hill. Decreto Nº 106-2005. (5 de 01 de 2006). Disposiciones que Regulan las Concesiones Forestales. La Gaceta Diario Oficial (4). Decreto Nº 50-2001. (11 de 05 de 2001). Política de Desarrollo Forestal. Gaceta Diario Oficial (88) . Decreto Nº 73-2003. (3 de 11 de 2003). Reglamento de la Ley Nº 462, Ler de Conservación, Fomento y Desarrollo Sosteible del Sector Forestal. La Gaceta Diario Oficial (208). FAO. (2003). Página principal de FAO. Recuperado el 08 de 10 de 2010, de ¿Es la certificación algo para mí?: http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s00.htm#Contents

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Felicani Robles, F. (s.f.). Política y marco jurídico sobre el desarrollo de la industria forestal. Recuperado el 9 de 12 de 2010, de FAO: www.fao.org/forestry/12889-0551f7906417edd3e80 Ley Nº 453. (06 de 05 de 2003). Ley de Equidad Fiscal. La Gaceta Diario Oficial (82). Ley Nº 462. (4 de 09 de 2003). Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal. La Gaceta Diario Oficial (168). Ley Nº 585. (21 de 06 de 2006). Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización de Recursos Forestales. La Gaceta Diario Oficial (120). Ley Nº 712. (21 de 12 de 2009). Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 453 y a la Ley 528. La Gaceta Diario Oficial (241). Massart, A. (2001). El nacimiento de la empresa. En A. Massart, & Á. Sánchez Hernadez, Manual de Instituciones de Derecho agroambiental euro-latinoamericano (pp. 131-136). Pisa: ETs. Pérez Castellón, E. (2005). Propuesta de estrategia de fomento forestal (Vol. VI). Managua. ProNicaragua. (s.f.). Agroindustria y forestal. Recuperado el 08 de 10 de 2010, de www.pronicaragua.org/index.php?view=article&=30&itemid=102&lang=es Resolución administrativa Nº 81-2007. (2007). Disposiciones administrativas para el manejo sostenible de los bosques latifoliados, coníferas, plantaciones forestales y fincas. Inafor . Toval Herrera, A. H. (2003). Ecosistemas Vol. 12. Recuperado el 08 de 10 de 2010, de Hacia una silvicultura sostenible en el trópico seco: el caso de la finca Piedra Rala: um.es/gtiweb/ adrico/.../tropicoseco.htm Vattier Fuenzalida, C. (2001). Desarrollo Rural, empresa agraria y explotación agrícola. En A. Massart, & A. Sánchez Hernandez, Manual de Instituciones de Derecho agroambiental eurolatinoamericano (pp. 185-198). Pisa: ETs. Vattier Fuenzalida, C. (2001). La Empresa Agraria. En A. Massart, & Sánchez Hernández, Á. Manual de Instituciones de Derecho agroambiental euro-latinoamericano (pp. 138-184). Pisa: ETs.

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Las limitaciones del Derecho Concursal nicaragüense Sandra Marcela Castillo Salinas Tutor: Dr. Jesús Herrera smcs25@hotmail.com

Maestría en Derecho de las Contrataciones (MDC)

Resumen El presente trabajo de investigación pretende identificar algunas limitaciones del Derecho Concursal Nicaragüense vigente, con la intención de señalar la forma en que estas inciden negativamente en las empresas, su desarrollo, en la solución de crisis empresariales, así como tratar de explicar por qué ha sido ineficaz. Se ponen de manifiesto algunas de esas limitaciones, las más evidentes y las más perjudiciales, separándolas en dos grupos: el primero aborda aquellas que son transversales al Derecho Concursal nacional, y, el segundo, otras específicas, propias de ciertas temáticas de esta disciplina. Se quiere poner en evidencia aquellos aspectos más neurálgicos de la legislación concursal, con la idea de motivar una reforma, que conduzca al Derecho Concursal patrio por los senderos de la modernidad, y se brinda, además, algunas ideas que guíen tal modificación. Palabras clave: concursal, quiebra, liquidacionista

Introducción En Nicaragua, el desarrollo de las empresas ha sido más lento en comparación con otros países, lo que se debe a muchos factores, uno de ellos, la legislación. En este contexto, las garantías para el empresario y la empresa, cuando atraviesan por situaciones patrimoniales complejas, desempeñan un papel primordial de cara al fomento de las inversiones. Normas pertinentes en materia concursal (rama del Derecho que regula las situaciones de quiebra y suspensión de pagos) se integran en el elenco normativo idóneo que se requiere para el fomento de las inversiones extranjeras, entendido como una parcela dentro de aquel universo, cuya misión es ofrecer garantías y procesos expeditos ante situaciones de insuficiencias patrimoniales, en aras de buscar restructuraciones empresariales o liquidaciones menos nocivas para el mercado y el empresario.

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Conclusiones a. Nicaragua cuenta con un conjunto de normas aisladas y dispersas, formando la disciplina del Derecho Concursal, que no son coherentes entre ellas, y, por tanto, carecen de sistematicidad. Son, además, la mayoría de ellas, normas muy antiguas, y las que no lo son, están basadas en una filosofía arcaica y vetusta. Tienen una visión liquidacionista, con la idea de acabar con la empresa que está en crisis. b. En materia de convenios hay una incoherencia que salta a la vista, los convenios permitidos por la legislación para cada una de las instituciones concursales en materia mercantil, quiebra y suspensión de pagos, se contradicen con el objetivo que cada una persigue, mientras en el procedimiento de suspensión de pagos la idea es lograr convenios, en el de quiebra la idea es liquidar la empresa; sin embargo, nuestra legislación otorga libertad de convenios a la quiebra, y le permite un único convenio a la suspensión de pagos, el de espera, el que además se encuentra limitadísimo. En materia de calificación, no está claro quién debe calificar, y las normas exigen requisitos de calificación previos en instancias que se supone deben calificarlas. Finalmente, en materia de prelación, cada ley especial trata de llevarle la delantera a la otra, casi orillándonos a que decidamos en dependencia de la materia de que se trate. c. La actual legislación concursal nicaragüense se encuentra lejos de las modernas tendencias en la materia, última esta en las cuales prima la conservación de la empresa cuando sea pertinente, mayor relevancia de los convenios, dulcificación de las causales de calificación de las quiebras fraudulentas, separación de conceptos de insolvencia e iliquidez, y mayor respeto de los derechos fundamentales del deudor. El objetivo no es castigar. d. Las actuales limitaciones de nuestro Derecho Concursal no le permiten a esta disciplina lograr sus objetivos, y la hacen en muchos casos inentendible e inaplicable. Provoca que, prácticamente, nadie confíe en ella, y la hace ineficaz para solucionar un problema de insolvencia, provocando que las situaciones de crisis empresariales por insolvencia se encuentren sin una solución legal que brinde real seguridad jurídica a los empresarios. Luego de concluir lo anterior, como una recomendación general, más que obvia, es preciso destacar la necesidad de reformar todo nuestro Derecho Concursal. Esta reforma debe estar sentada sobre las bases de las tendencias modernas de este Derecho, tomando en cuenta experiencias de otros países que han tomado la decisión de actualizar a la situación social y económica del momento y del mercado, con un estudio de sus legislaciones y experiencias para tener la oportunidad de valorar las que han sido positivas y negativas en dichos países, que permitan una mejor decisión. Claro está que no se trata de crear normas aisladas como solución a un problema macro, como es el tema de las inversiones en el país, de lo que se trata es de que el conjunto de

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normas, entre las que se incluyen las concursales, sean óptimas e idóneas, sistemáticas y coherentes al menos para propiciar un ambiente de inversión que otorgue al empresario seguridad y transparencia. La reforma debe ir dirigida a emitir un solo cuerpo normativo que regule las situaciones de insolvencia, tanto de empresarios como de no empresarios, lógicamente, salvando las diferencias existentes entre ellos, pero estableciendo un único, sencillo y flexible procedimiento para ambos, el cual debe ser lo más expedito posible, y debe darle preponderancia a la celebración de convenios. De igual forma, la reforma debe acabar con las contradicciones existentes en la legislación, para que les permita a los jueces y a los profesionales del Derecho una mejor interpretación y aplicación del mismo, de tal forma, que el trabajo de cada uno sea realizado con mayor tranquilidad y seguridad en el respeto de las normas. En una nueva ley deben establecerse principios rectores, los cuales, consideramos, deben estar encaminados a darle el lugar que el sistema socioeconómico tiene como bien jurídico susceptible de ser protegido, reconociendo los intereses privados sí, pero sometidos al interés general, así como encaminados a buscar la salvación de las empresas, siempre que tenga lugar y sea sano y propio para el mercado. Por último, hay que decir que una legislación novedosa debe apuntar al Derecho Penal de última ratio, sancionando en última instancia y por causales de previo y claramente establecidas.

Referencias bibliográficas Abboud Castillo, N. L. (2010). El Derecho Concursal. La insolvencia del empresario. Presentación de conferencia de Derecho Concursal en Maestría de Derecho de Empresas con Especialización en Asesoría Jurídica de la Universidad Centroamericana, Managua, 1 a 9 de marzo. Albert, R., & Cabrillo, F. (2004). Un análisis de la reforma concursal española. Revista Valenciana de Economía y Hacienda, II (11), pp. 114-132. Cerdá Albero, F., & Sancho Gargallo, I. (2000). Curso de Derecho Concursal. Madrid: Colex. Fernández, A. I. (2004). La reforma concursal: ¿un diseño eficiente? Universia Business Review (2), pp. 94-103. Font Galán, J. I. (2000). La empresa en el Derecho Mercantil. En G.J. Jiménez Sánchez, (Coord.). Derecho Mercantil (p. 54). Barcelona: Ariel Derecho. Herrera Espinoza, J. (2009). “El empresario y su estatuto. El orden público económico.”,

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El abuso de posición de dominio en el contexto legal nicaragüense Pedro Luis Halleslevens Almanza Tutor: Msc. Gustavo Tórrez Hernández

Maestría en Derecho de Empresas (MDE)

Introducción Cuando consideré estudiar el tema del Abuso de Posición de Dominio, lo hice desde un punto de vista analítico, ya que es un tema novedoso en Nicaragua, y también el sector del Derecho al que pertenece “El Derecho de Competencia”. La regulación lleva consigo una interrogante básica del porqué el Estado ha tomado la decisión de intervenir en la regulación del mercado, protegiendo las relaciones de competencia. Y es que se dio cuenta que desarrollando normas tendientes al buen funcionamiento del mercado, beneficia a la empresa privada, a los consumidores y al Estado. Una de las prácticas anticompetitivas que se intenta de regular a través de una ley de protección y defensa de la competencia, es el Abuso de Posición de Dominio, objeto de nuestro análisis, al cual dedicaremos un capítulo para su estudio, con el fin de poder determinar cómo en Nicaragua se regulan las prácticas anticompetitivas, y, en especial, las que constituyen Abuso de Posición Dominante en el Mercado. Aprenderemos a diferenciar las prácticas y conductas anticompetitivas como conductas de competencia desleal, concentraciones, prácticas colusorias y abuso de posición de dominio, para ello es necesario que se desarrolle brevemente cada una de esas prácticas y conductas, reconociendo los elementos que perfeccionan cada práctica y que inciden de forma negativa en el mercado, porque limitan la competencia, de forma tal, que se necesita una buena regulación e intervención del Estado, creando normas para dar seguridad jurídica al orden público económico.

Objetivo • Analizar cómo nuestra legislación regula la conducta abusiva de las empresas que tienen una posición de dominio en el mercado, y si es correcta la técnica legislativa al incluirla en su cuerpo normativo.

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Desarrollo del trabajo A. Constitución Económica y el orden público económico Por Constitución Económica podemos entender aquellas normas constitucionales que velan por el buen funcionamiento de la Economía y el Mercado, ya lo decía Viciano (1995) así: Se define como Constitución Económica el conjunto de normas que, con rango constitucional, establecen la legitimación para ejercer la actividad económica, el contenido de las libertades y de los poderes que derivan de esta legitimación, las limitaciones que afectan a los mismos y a la responsabilidad que agrava su ejercicio, así como los instrumentos y medidas con los cuales el Estado puede actuar o intervenir en el proceso económico (p. 106). Sin embargo, existe también una constitución económica más profunda, que no se refleja necesariamente en la Constitución Política, “pero que comprende un conjunto de principios y de líneas de inspiración sobre las cuales la actividad económica de la sociedad se desarrolla. Es a este conjunto de principios al que llamamos en sentido estricto orden público económico” (Diez-Picazo, 1996, p. 44).

B. Prácticas y conductas anticompetitivas “Por lo que respecta a las ‘Prácticas Colusorias’, buena parte de la doctrina entiende que son tres los elementos que configuran este tipo de prohibición” (Garrigues, 1976, p. 225): “La existencia de un ‘acuerdo’, el efecto restrictivo de la competencia y la afectación del mercado Nacional” (Espinoza, 2008, p. 59). En ese sentido, vamos a advertir que para poder sancionar una práctica colusoria es necesario que concurran esos tres elementos.

C. Abuso de Posición de Dominio en un mercado relevante Para hablar de Abuso de Posición Dominante es necesario que se cumplan tres elementos, el primero, que tenga posición de dominio, el segundo que abuse de esa posición dominante, y, por último, que afecte al mercado relevante. En ese sentido, “el mercado afectado por el comportamiento objeto de interés se conoce, indistintamente, por mercado relevante, por mercado en causa o mercado pertinente. Se trata, en definitiva, del mercado «a tener en cuenta»” (Vicente, 2002, p. 1342). Por otro lado, es importante destacar que la posición de dominio de manera per se no es prohibida, lo que se trata de regular es que las empresas que lleguen a tener una posición dominante no abusen con conductas restrictivas de la competencia.

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La Ley de Promoción de la Competencia Nicaragüense en sus artículos 19 al 22, regula de una manera combinada los acuerdos colusorios verticales y el abuso de posición de dominio. Establece como presupuesto que se prueben los criterios de comprobación, esto significa, que tenga posición de dominio y que se afecte al mercado relevante de que se trate, que es propio de la práctica de Abuso de Posición de Dominio, pero luego se lee que “se consideran prácticas entre agentes económicos no competidores los actos, contratos, convenios o combinaciones, sean estos expresos o tácitos, escritos o verbales, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser”, que se traduce, como vimos antes, en un acuerdo (en sentido amplio), propio de las Prácticas Colusorias, entonces mezcla ambas prácticas, ya que como se sabe, en el Abuso de Posición de Dominio el acuerdo no es requisito porque no hay capacidad de negociación. Piénsese en todas aquellas prácticas colusorias que se den de manera vertical, y por no tener uno de los agentes económicos --Posición de Dominio en el mercado relevante--, no se le podrá condenar como una práctica colusoria vertical, aun teniendo un acuerdo que limite la competencia y afecte al mercado. Tendrá, entonces, que sancionársele por la Prohibición General. O en una práctica que sí cumple con los requisitos de Abuso de Posición de Dominio se le sancionará con un nombre que en derecho no le corresponde, ya que de las Prácticas entre Agentes Económicos no Competidores, según sea el caso, puede ser un acuerdo Colusorio o Abuso de Posición de dominio, dependiendo de los elementos que se den: de forma sencilla, si cumplen los requisitos de que tenga posición de dominio y afecte al mercado, pero si hubo acuerdo, entonces será acuerdo colusorio y no abuso de posición de dominio, ya que no hay abuso porque hay un concierto de voluntades, a contrario sensu, si no hay acuerdo, sí se sanciona como Abuso de Posición Dominante. En el Abuso de Posición de Dominio se sanciona al operador que está abusando y no al operador débil o sometido, ya que lo que se sanciona es ese “abuso” que le permite la posición de dominio, en cambio, en los Acuerdos Colusorios Verticales, se sancionan a los dos operadores económicos, porque lo que se sanciona es ese “acuerdo”, esa manifestación de voluntades. Entonces, observo una deficiencia en la técnica legislativa para regular lo concerniente al Abuso de Posición de Dominio y a los Acuerdos Colusorios, por lo que urge una reforma para no tener que sancionar solo con la prohibición general, aquellas actos o conductas que no encuadren con el articulado, además, se debe de advertir que la lista de prácticas no debe ser cerrada, ya que sabemos que la actividad económica es dinámica, y se tiene que buscar cómo dar seguridad jurídica a ese tráfico de bienes y servicios, a la libertad de empresa, promoviendo la defensa de la competencia.

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Conclusiones a) La posición de dominio de manera per se no es prohibida, lo que se trata de regular es que las empresas no abusen con conductas restrictivas de la competencia. La determinación de la posición de dominio es un punto de diferencia entre prácticas colusorias y abuso de posición de dominio. b) La Ley de Promoción de la Competencia no prohíbe de manera expresa el abuso de la posición de dominio, no separa los acuerdos colusorios verticales del abuso de posición de dominio, se infiere de la ley que regula el abuso de posición de dominio, porque mezcla los requisitos doctrinales. Entonces, observamos una deficiencia en la técnica legislativa para regular lo concerniente al Abuso de Posición de Dominio y los Acuerdos Colusorios.

Referencias bibliográficas Diez-Picazo, L. (1996). Fundamentos del derecho civil Patrimonial (5ª ed., vol. 1). Madrid: Civitas. Espinoza, J. J. (2008). El Derecho de la Competencia en el Ordenamiento Jurídico Nicaragüense. Managua: EJ-Edupoli. Garrigues, J. (1976). Curso de Derecho Mercantil (7º ed.). Madrid: Imprenta Aguirre. Viciano Pastor, J. (1995). Libre competencia e intervención pública de la economía. Valencia: Tirant lo Blanch. Vicente, J. P. (2002). El Abuso de Posición Dominante. Derecho Mercantil.

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Responsabilidad Social Empresarial. Un análisis jurídico Flor de María Zelaya Aguilar Tutor: Msc. Fernando Malespín Martínez Inascail dmarizela gmail.com

Maestría en Derecho de Empresas (MDE)

Resumen

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es más que filantropía, cumplimiento de leyes y no tiene nada que ver con publicidad. El interesante tema que se aborda a continuación nos lleva a esperar que las empresas entiendan que, en esencia, RSE es ir más allá de lo que está en la ley, es decir, la ley es la base mínima que deben cumplir, y lo que hagan más allá de la ley es lo que le da el sello a una empresa socialmente responsable. Podrá observarse que algunas de las empresas miembros del organismo que promueve la RSE en Nicaragua, tienen serios problemas con el cumplimiento de leyes, lo que nos hace preguntarnos: ¿Qué parámetros usan para afirmar que la empresa es socialmente responsable? ¿Le dan seguimiento a las empresas que forman parte del organismo? La RSE debe ser parte de la visión y misión de la empresa, solo de esa manera estará presente en las dimensiones internas y externas de la empresa, que al fin y al cabo vienen a beneficiar a todos los involucrados en la empresa, sin olvidar que la empresa como tal se ve favorecida al operar con trabajadores estables que han sido capacitados para buscar el beneficio de la empresa y del país. La empresa socialmente responsable debe trabajar tomando en cuenta lo social, lo económico y lo ambiental. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es, actualmente, un principio básico que poco a poco se va integrando en las estrategias y en los planes de desarrollo de las empresas. Ha evolucionado de tal manera, que ha logrado cambiar la concepción que se tenía de que las empresas eran simplemente generadoras de empleos y de ganancias, para convertirse en empresas que equilibran lo económico, lo social y lo ambiental. El método utilizado en mi trabajo investigativo fue el analítico, porque pretendía conocer las causas, efectos, características, incidencia y grado de cumplimiento de la RSE, y consideré que era el idóneo para mi estudio. La fuentes consultadas fueron variadas, entre otras, detallo las páginas oficiales de la Organización Internacional del Trabajo, de la Asamblea Nacional, del Ministerio del Trabajo, y de la Red UniRSE; además de revistas científicas, libros, documentos electrónicos y periódicos.

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El trabajo lo estructuré en cuatro capítulos, tomando en cuenta los ejes fundamentales de la RSE: libertad de empresa; función social de la empresa (les muestro cómo ha cambiado esa función social en la actualidad); origen y conceptos de RSE, refiero iniciativas voluntarias, que sirven de guías a las empresas que quieren desarrollar empresas socialmente responsables. Agrego el caso de dos empresas escogidas al azar que pertenecen al organismo que promueve la RSE en Nicaragua, pero no han cumplido algunas leyes laborales.

Objetivos 1. Conocer los aspectos más relevantes que existen en la actualidad sobre la RSE. 2. Señalar los parámetros que se requieren para considerar que una empresa es socialmente responsable.

Desarrollo En la actualidad, los legisladores no solo se preocupan por regular lo político o social, sino que han agregado aspectos que regulan lo económico, y han dado vida al concepto de Constitución Económica, que no es más que el marco jurídico fundamental de la actividad económica, la cual se contiene en la nuestra Constitución, y puede verse reflejada en sus Arts. 5, 99, 99, 103 y 104, que garantizan la libertad de empresa, la propiedad privada en sus distintas formas, la cual está supeditada a los intereses superiores de la nación y cumple una función social. Considero que las normas planteadas son demasiado generales, y que para mayor claridad de la norma el constituyente debió establecer parámetros para cada limitación o regularla en leyes especiales. De aquí se desprende que la libertad de empresa no es absoluta. La doctrina sostiene que el contenido de la libertad de empresa es la libertad de creación y de acceso al mercado, la libertad que tiene el empresario para organizarse, la libertad de gestión y de dirección de la empresa. Sin embargo, agregaría la libertad de disponibilidad de ganancias con las cuales podría aportar a la RSE. Martínez Herrera (2005) refiere que hace más de tres décadas se propuso la teoría de que la RS de los negocios consistía en maximizar la rentabilidad para los accionistas dentro del marco de la ley, y que la principal responsabilidad de la empresa era mantener los empleos (teoría conocida como shareholders). Luego surgió la teoría de los stakeholders, que plantea que la RS en los negocios abarca más que a los accionistas, expectativas económicas, legales, éticas y filantrópicas que tiene la sociedad en un momento dado. En la actualidad, se ha cambiado el pensar que la finalidad de la empresa es obtener utilidades económicas, y se expresa que una de las finalidades de la misma es contribuir de manera activa en el crecimiento económico de la sociedad en general.

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La OIT concibe la responsabilidad social de la empresa (RSE) como “una iniciativa de carácter voluntario, que solo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la legislación”. Existen iniciativas mundiales y regionales que regulan la RSE, las que promueven y orientan a las empresas para que puedan tomar decisiones de sociedades responsables. A nivel mundial, contamos con iniciativas como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Global Reporting Initiative (GRI), la OCDE y el Libro Verde. Existen varias normas relativas a las RSE, que se centran en la internacionalización de las normas sociales, la información pública y la elaboración de informes sociales, entre las que detallo: Norma SA 8000 (Social Accountability Standard 8000) y Norma EFR (Empresa Familiarmente Responsable). UniRSE es la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, y fue fundada el 29 de abril de 2005. Pretende promover, divulgar y profundizar el tema de la (RSE), tomando en cuenta: calidad de la vida laboral, ética en los negocios, relación entre empresa y comunidad, marketing responsable y la defensa del medio ambiente. El año pasado (2010) presentó un sistema de medición basado en el cumplimiento de una serie de indicadores sobre la RSE, con el objeto de que las empresas se sometan al mismo para mejorar cada año. Con el ánimo de materializar todo lo que se dice de la RSE, tomé como referencia dos empresas nicaragüenses que pertenecen a la red UniRSE, y que prometen ser empresas socialmente responsables. Las empresas escogidas son: Cargill y Gildan. Cargill en América Central. Está conformada por la integración de empresas líderes en la elaboración de productos cárnicos, frescos y congelados para todo el mercado de la región. Conocí de una consulta realizada al Ministerio del Trabajo, Mitrab, y por la Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua, Adipronic, en la que pretendían que por el tipo de trabajo que realizan las empresas que pertenecen a la Asociación (entre ellas Cargill), se les permitiera aplicar políticas distintas de las de los demás empresarios, por ejemplo, políticas salariales con base en comisiones (es decir, el salario de los trabajadores es con base en comisiones, no existe un salario básico ni salario mínimo) y jornadas de trabajo sin horarios establecidos (según el empleador, lo importante es que mientras más se trabaja, más salario obtiene el trabajador). El Mitrab señaló que no era posible acceder a tal petición, ya que independientemente del tipo de trabajo que realicen los distribuidores, hay regulaciones que protegen el salario y las condiciones laborales de los trabajadores. La ley regula jornadas máximas de trabajo y un salario mínimo, que es también el salario básico mensual. No es legal el pago solamente por comisiones, máxime cuando estos

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trabajadores ganan salarios variables, y aunque en ocasiones ganen más del mínimo, habrá otras donde ganen menos. Gildan. Es una empresa en pleno crecimiento en el sector de la fabricación y de la comercialización de ropa sport, comprometida con la protección del medio ambiente y con la conservación de los recursos naturales. Constaté que la mayoría de los principios adoptados por Gildan, son normas legales, laborales y ambientales que deben cumplirse, por el hecho de ser una empresa que tiene sus operaciones en nuestro país. A pesar de ser uno de los miembros del grupo UniRSE, que promueve la RSE, ha incumplido las leyes laborales. Por medio de Acta de Reinspección realizada por inspectores del Trabajo de Rivas, el 16 de julio de 2010, pude comprobar que ya habían realizado otras inspecciones, y que la empresa Gildan no cumplió con las orientaciones dejadas, pero, además, se señalaron nuevos incumplimientos y se dejaron nuevas orientaciones. Algunas de las infracciones de la empresa consistían en contratos con cláusulas que violentan algunas disposiciones legales, jornadas de trabajo continuas que semanalmente sobrepasan las 48 horas de ley, modalidades de contratos con horas extras permanentes (obligatorias), horas extras mal pagadas, no concede vacaciones descansadas y con goce de salario a sus trabajadores.

Conclusiones 1. La función social de la empresa no solo es generar ganancias, sino buscar el equilibrio entre las exigencias legítimas de los grupos de intereses de la empresa y su entorno. 2. Los indicadores de RSE le permiten a la empresa que los toma, conocer sus avances y desafíos. 3. La RSE no es filantropía, cumplimiento de leyes, ni debe verse como una forma de publicidad. Es adoptar normas más estrictas que las existentes en la ley, invertir en los trabajadores, quienes son los que hacen posible con su trabajo la sostenibilidad de la empresa. 4. Las empresas cuentan con legislación y normativas suficientes en materia ambiental, fiscal y laboral, que sirven de base para ser socialmente responsables.

Recomendaciones 1. Consultar a los representantes de los trabajadores sobre las necesidades de los mismos para que la empresa cumpla su función social. 2. Investigar, por parte de las empresas, las normas oficiales sobre RSE, y que elijan las que orienten en los aspectos que necesitan ser mejorados por la empresa.

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3. Utilizar, luego de prepararse, los indicadores de RSE de manera anual. 4. Cumplir como mínimo --como parte de sus políticas-- con la normativa interna del país.

Referencias bibliográficas Álvarez Hidalgo, W. (2010, 24 de julio). Empresas podrán medir su nivel de responsabilidad social. La Prensa, p. 4B. Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, recuperado el 23 de julio de 2010 en (http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/) Fuentes, F., Núñez, J. y Veroz, R. (2005), Alternativas de cumplimiento de Responsabilidad Social Corporativa en gestión de recursos humanos. Universia Bussines Review. Actualidad económica. Recuperado el 20 de julio 2010, de http://ubr.universia.net/pdfs/ UBR0032005068.pdf Herrera, J. J. (2008). Nociones Generales del Derecho de la Competencia. En J. Herrera Espinoza. El Derecho de la Competencia en el Ordenamiento Jurídico Nicaragüense (pp. 15-40). Managua: EJ-Edupoli Herrera, J. J. (2004). Análisis de la Constitución Económica Nicaragüense con especial referencia a la Libertad de Empresa. Revista de Derecho, 9, pp. 81-104. Martínez Herrera, H. (2005). El marco ético de la responsabilidad social empresarial. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Nieto, M. y Fernández, R. (2004). Responsabilidad Social Corporativa: La última innovación en management. Universia Bussines Review. Actualidad Económica. Recuperado el 20 de julio de 2010 de http://ubr.universia.net/pdfs/UBR0012004028.pdf

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Análisis jurídico de las concesiones viales en Nicaragua Msc. Rosa Lastenia Torres Solís Ministerio de Transporte e Infraestructura lastenia.torrez@mti.gob.ni

Maestría en Derecho de Contrataciones (MDC)

Resumen El propósito de este artículo es dar a conocer desde el punto de vista jurídico la viabilidad que tienen las concesiones viales para realizarse en un futuro cercano en Nicaragua, partiendo de la premisa de que el Estado, conforme lo estipula la Constitución Política de la República, es el encargado de promover y garantizar los avances del carácter social y político para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses. En ese sentido, siendo la infraestructura vial un eje fundamental para el desarrollo económico y social del país, es de suma importancia contar con los recursos para cumplir este mandato, y siendo que cada día estos recursos se tornan más escasos, el Estado tiene la oportunidad de poner en práctica la modalidad del otorgamiento de contratos de concesión, para continuar desarrollando la infraestructura vial, y así brindar a los usuarios la oportunidad de contar con carreteras con la calidad técnica y con el confort que la población demanda, y hacer de Nicaragua un país más competitivo en el comercio internacional. La normativa jurídica en materia de concesiones está dada, sin embargo, a la fecha, el país no ha incursionado en este campo por factores sociales, políticos y económicos, entre los que se pueden señalar los siguientes: i) La actitud desfavorable del entorno político, ii) La opinión negativa de la sociedad hacia las concesiones de obras, pues las consideran privatizaciones, y de ello se ha tenido muy mala experiencia en otros sectores, iii) La ausencia de las concesiones de la agenda política del Gobierno. Palabras clave: concesiones, peaje, red vial, Estado, normativa

Introducción No hay duda de que existe todo un marco jurídico y regulatorio que hace posible el otorgamiento de concesiones viales en Nicaragua, como una alternativa para atraer financiamiento y gestión privada, y avanzar en el desarrollo del sector de infraestructura de transporte, y como una oportunidad para alterar los paradigmas de la política pública en bien del interés general.

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Hace falta que los distintos sectores políticos tomen esta modalidad y la incluyan en sus agendas de trabajo, y el gobierno la incluya como una política pública en el Plan Nacional de Desarrollo, para que el sector la retome en sus planes de desarrollo de mediano y de largo plazos, como una alternativa de financiamiento ante las limitaciones de recursos externos que cada vez se tornan más escasos, lo cual se convierte en un obstáculo a la competitividad del país, ante la carencia de una adecuada infraestructura vial. El principal obstáculo a la competitividad del país, lo constituye el estado de su infraestructura vial y la falta de recursos para financiar obras que se están realizando. Por ello, bajo el esquema de concesiones se puede continuar avanzando con el desarrollo de la Red Vial, tanto de las vías principales como de los caminos rurales, generando gran satisfacción en los usuarios de esas vías que así lo demandan. Para ello, Nicaragua cuenta con todo el marco legal e institucional para implementar esta modalidad.

Conceptualización de las concesiones viales La concesión es un contrato mediante el cual el ente regulador concede a un particular el derecho para la contratación, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento, reconstrucción y/o explotación de obras viales y de las instalaciones conexas, a cambio de percibir un pago determinado por peaje de los usuarios, por el servicio brindado, de conformidad con las leyes y normas jurídicas del país. En este sentido se puede decir que la Concesión es un acto jurídico de derecho público mediante el cual el concedente concede al concesionario un poder jurídico sobre una parte de su actividad administrativa, con el propósito de que éste realice bajo su propia cuenta y riesgo, las inversiones necesarias para ejecutar la obra o el bien público concedido, sin que el concedente pierda el control ni la pertenencia del mismo, porque el Estado sigue siendo el dueño del bien, y es el que define los lineamientos y señala las reglas del juego en que se otorga la concesión. Al finalizar el período de operación, la infraestructura regresa a manos de la entidad estatal en perfectas condiciones de operación. Este nuevo enfoque hacia el desarrollo de la infraestructura, con la participación del sector privado como financiador, constructor y operador de la infraestructura vial, a cambio de obtener por un plazo determinado el derecho de cobrar una determinada tarifa de peaje a los usuarios de la infraestructura, se diferencia de la contratación de obra convencional, porque en esta, es el Gobierno el que financia, diseña, paga y organiza el funcionamiento estructural del servicio, en cambio en la modalidad de concesión, aunque igual que en la anterior es otorgado a través de licitación pública, el concesionario es el que financia la obra y tiene la libertad para proponer el plazo de la concesión, tarifas de peaje, garantías por mayores cantidades de obra y de riesgo mínimo, procedimiento de ajuste de las tarifas y alcances adicionales.

Naturaleza jurídica de las concesiones

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La concesión, como institución jurídica, se concreta en una serie de obligaciones y de derechos recíprocos para la administración y el concesionario, que adopta la forma de un contrato administrativo, que en último grado, se resuelve en un acto jurídico complejo que crea, según Bielsa “dos situaciones jurídicas distintas: una legal reglamentaria y la otra contractual de Derecho Administrativo”. El concepto de concesión de obra pública se ha aproximado al de privatización, a causa de la participación del capital privado en el financiamiento de la obra, sin embargo, ambos conceptos están muy lejos, pues la obra pública concedida sigue siendo pública, de propiedad fiscal, y se va incorporando al patrimonio fiscal en la medida en que se va construyendo. El concesionario de la obra pública, que es un particular, se encuentra animado por una posición interesada, y, por consiguiente, acepta la realización de la obra, su conservación y prestación del servicio a cambio de un interés pecuniario. En ambos casos, los caminos siguen siendo públicos, y el Estado tiene un papel regulador. Sin embargo, la principal característica de este tipo de contratos es que el concesionario está sometido a un estricto régimen de Derecho Público, que no es objeto de debate ni de negociación entre las partes, sino impuesto por la Ley, el Reglamento y las bases de licitación.

Consideraciones para facilitar las concesiones El establecimiento del proceso de concesiones implica tener en cuenta diversos factores, entre ellos: contar con una política de Gobierno a favor de las concesiones, identificar las vías concesionables, definir una razonable exposición del Estado al riesgo, otorgar a los potenciales concesionarios garantías adecuadas, disponer de un marco legal apropiado, y, desde luego, tener suficientes conocimientos teóricos y prácticos acerca de las concesiones. Es importante aclarar que la dimensión del proceso de concesión es muy diferente de un país a otro, ya que algunos han aplicado extensamente este mecanismo, mientras que otros --como es el caso de Nicaragua--, a pesar de contar con todos los mecanismos legales, aún no han incursionado en este campo. Los principales factores que condicionan esta factibilidad son: 1) Por el lado de los ingresos, el volumen de tránsito inicial y su evolución futura, el valor del peaje y el plazo del contrato, lo cual configura un potencial de ingresos totales, y 2)Por el lado de los costos, el monto total a gastar en inversión, conservación y operación, y la tasa de interés relevante de los recursos empleados por el concesionario. En este contexto, podemos decir que desde el punto de vista jurídico, en Nicaragua no

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existen barreras legales para otorgar concesiones de obras viales, porque se cuenta con una Ley específica, la Ley No. 264 (Ley de Concesiones de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas) y su Reglamento, lo cual constituye un marco regulatorio adecuado, tanto para el desarrollo de sus obras viales como para llevar el proceso de concesión de obras. Igualmente, la Ley No. 737 (Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público), que en su Art. 4, Ámbito de Aplicación y Régimen Jurídico, establece “que dicha Ley se aplicará en su totalidad, a las contrataciones administrativas celebradas por los organismos y entidades que conforman el sector público”, y en su Art. 80, segundo párrafo, “expresa en relación al contrato de concesión de obra pública, que éste se regirá por las leyes especiales existentes según el tipo de obra de que se trate”, es decir, que regula el proceso de concesiones de forma complementaria. Sin embargo, es también importante señalar algunas debilidades que se observan, como son: a) El desarrollo de proyectos viales a través del modelo de concesiones no está en la agenda política del Gobierno. b) El sector privado nacional tiene muy poca capacidad para financiar este tipo de proyectos c) La capacidad de financiamiento de la banca nacional es muy limitada, su actividad la orientan hacia el crédito de consumo. d) La dependencia de financiamiento externo proveniente de organismos internacionales e) La práctica del otorgamiento de créditos por parte de los organismos financieros internacionales ha creado una cultura de resistencia al pago en el país. f ) Los inversionistas privados han orientado sus inversiones hacia la vivienda, los sectores comercial y turístico, y las zonas francas. g) La opinión de la sociedad hacia las concesiones de obras es muy negativa, pues las consideran privatizaciones Cabe destacar que es importante romper los esquemas mentales que se tienen en relación con este tema, y pensar --sin marcos ideológicos-- cómo contribuir con el desarrollo de la infraestructura vial del país, sobre todo, que los recursos que el Estado no invertiría en infraestructura al distribuir las obras viales a concesionarios, se destinarían a fortalecer el gasto social.

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Además, se cuenta con la institucionalidad para otorgar y regular las concesiones, que conforme el Art. 4 de la Ley n.º 264 (Ley de Concesiones de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas), el ente regulador es el Ministerio de Transporte e Infraestructura.

Referencias bibliográficas Bielsa, R. (1937). Derecho Administrativo, Buenos Aires Camacho, M. A. & Bohórquez, L. (2002). El Contrato de Concesión. Tesis de Grado no publicada. Universidad Pontificia Javeriana. Colombia. Dromi (2009). Contrataciones Administrativas. Fraga, G. (1998). Derecho Administrativo. (37ª ed.). México: Porrúa S.A. Rufián Lizana, D. M. (2002). Políticas de Concesión Vial: análisis de las experiencias de Chile, Colombia y Perú, Santiago de Chile. Valle, D., Arríen, J.B., & Navarro, K. (2009). Contrataciones Administrativas. Managua: UCA. Legislación Ley 737: Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. (2010, 8 y del 9 de noviembre). La Gaceta, Diario Oficial. Decreto Ejecutivo n.º 75-2010: Reglamento Ley General de Contrataciones Administrativas del Sector Público. (2010, 15 y 16 de diciembre). La Gaceta, Diario Oficial. Ley 264: Ley de Concesiones de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas (1997, 2 de octubre). La Gaceta, Diario Oficial. Decreto Ejecutivo n.º 65-97: Reglamento Ley de Concesiones de Obras Viales a Sociedades Privadas o Mixtas. La Gaceta, Diario Oficial (1997, 27 de noviembre), pp ______.

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La culpabilidad en los delitos societarios Hugo Leonel Merlos Bermúdez Tutor: Msc. Karolinda Vásquez Mejía leomerlos_1@hotmail.com

Especialización en Derecho Económico

Los delitos societarios son el “Nido Ideal” donde se encuentran el Derecho Penal Económico y el Derecho Societario. Atravesar la moderna Teoría del Delito y las nuevas figuras de los delitos económicos, hasta el estudio de la configuración y de la regulación de las sociedades mercantiles provoca la creación de las más poderosas normas del Derecho Penal Económico, aquellas capaces de castigar y de reprimir resultados tan cuantiosos y dañinos que podrían perdurar a través de años, mediante pérdidas difíciles de reparar. Son acciones tan notables, que pueden emanar desde un enorme salón lleno de accionistas hasta la más ostentosa sala de reuniones precedida por personajes tan famosos, en una nación que jamás imaginaría que en una sesión extraordinaria se estaría tejiendo el próximo gran negocio de Gran Empresa, un delito societario. ¿Qué es un delito societario? Es la pregunta más difícil de responder en mi investigación, sin embargo, pude responder a ella con el más frío positivismo: los delitos societarios no son más que los mismos que están contenidos en el Código Penal titulados de la misma forma. Esta respuesta es mi conclusión en cuanto que no todos los delitos realizados en una sociedad o por una sociedad serían delitos societarios, pues el Derecho aún rechaza aceptarlo así. Al escoger mi tema me propuse a hablar sobre la Culpabilidad de los Delitos Societarios. Hablar de culpabilidad en algún tipo de delitos es hablar de la parte general del Derecho Penal, y atrapar una figura tan admirable en los límites de una categoría no era aceptable, así que decidí ampliar el horizonte de la indagación, y recurrí a un argumento menos estrecho, la culpabilidad desde un punto de vista procesal, aquel que me permitiera atravesar todo el recorrido hacia la destrucción de la inocencia, el que analizara estos delitos en búsqueda de la coherencia con los fines más modernos de las penas. Para ello estudié los mismos como un todo, desde sus elementos hasta la más atrevida teoría en búsqueda de la justicia, la Teoría del Levantamiento del Velo.

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Objetivos • Analizar los delitos societarios con un método comparativo mediante una precisa legislación extranjera. • Estudiar la Teoría del Levantamiento del Velo y fabricar su aplicación a los delitos de naturaleza societaria si cabe esta. • Estudiar los delitos societarios en el Código Penal de Nicaragua desde la culpabilidad en sentido amplio. • Formular críticas constructivas que nos ayuden a mejorar estas figuras para una mejor estructuración de las mismas.

Resumen El presente trabajo de investigación trata sobre la culpabilidad en sentido amplio de los delitos societarios, los cuales aparecen como una novedad en nuestra legislación penal, y surgen como una necesidad ante la nueva criminalidad económica, en donde los tipos tradicionales no pueden responder satisfactoriamente. El trabajo es enfocado desde la perspectiva de la culpabilidad en sentido amplio, debido a lo cual se estudia la estructura de estos delitos y diversos elementos que logran dotar a los destinatarios de la norma de seguridad jurídica y concordancia con los fines del Derecho Penal, dando así mayor importancia a la culpabilidad misma, ya que en esta se resuelve, además, la responsabilidad civil y el resarcimiento de estos delitos. Es por ello que realizo un estudio de la Doctrina del Levantamiento del Velo, también conocida como la Doctrina de la Desestimación de la Personalidad Jurídica, la cual es una herramienta en la búsqueda del resarcimiento económico. Al final, logro encontrar ciertos elementos que, a mi juicio, pueden ser reformados en la legislación nacional, siempre en relación con la estructura de los delitos societarios y los fines del Derecho Penal.

Conclusiones 1. Los delitos societarios han significado un gran avance en nuestra legislación, sin embargo, la regulación que se encuentra en nuestro Código Penal no castiga conductas societarias que afecten los derechos políticos ni económicos de los socios, ya sea por obediencia a los principios limitantes del ius puniendi, o por los límites que el contexto socioeconómico de entonces permitía al legislador, reservando ciertas figuras solamente para la regulación de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.

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2. El delito de gestión abusiva en el primer párrafo utiliza el elemento normativo “grave perjuicio”, que condiciona la tipicidad de la conducta, considero que crea inseguridad jurídica y lleva a consecuencias no deseadas y contradictorias, como sería la posibilidad de castigo o impunidad para casos similares, donde se pueda causar el mismo perjuicio y beneficio nominativamente hablando, pero cuyo castigo dependerá de la riqueza de la empresa, lo cual no considero conveniente. 3. La Teoría del Levantamiento del Velo puede ser una herramienta muy útil en el proceso penal cuando, con el fin de buscar el resarcimiento económico, se necesite encontrar y decomisar las ganancias para la respuesta económica del responsable, y esta se encuentre escondida en otras sociedades pertenecientes a autores y partícipes del delito de naturaleza societaria. 4. La culpabilidad, en sentido amplio, se puede considerar afectada negativamente, y deben corregirse los elementos de los tipos societarios que se señalaron durante el desarrollo y recomendaciones de esta investigación.

Referencias bibliográficas Libros: Faraldo Cabana, P. (2000). Los delitos societarios, aspectos dogmaticos y jurisprudenciales. Valencia: Tirant lo Blanch Gomez, E., Herce, V. (1968). Derecho Procesal Penal (6ª ed.) Madrid: Artes Graficas y Ediciones S. A. Guzmán, J. (2005). Lecciones de Derecho Civil, Derecho de Obligaciones. Managua: Impresiones Helios, S.A. Herrera Espinoza, J. (2009). Derecho Mercantil I. Educación a distancia UCA: Managua. Luzón Peña, D. (1997). Curso de Derecho Penal, Parte General. Managua: Hispamer. Ortiz Urbina, R. (s.f.). Derecho Procesal Civil (tomo I). Managua: Editorial Jurídica, S.A. Robleto Arana, C. (2006). Derecho de Sociedades Mercantiles. Managua: Grupo Editorial Acento S.A. Vives,T., Boix, J., Orts, E., Carbonell, J., González, J. (1999). Derecho Penal Parte Especial. (3ª ed.) Valencia: Tirant lo Blanch.

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Tesis: Blandón, C., Moncada, T. (2009). La Doctrina del Levantamiento del Velo y su viabilidad de aplicación en el régimen jurídico Nicaragüense. Tesis de Licenciado no publicada, Universidad Centroamericana, Managua. Carrión Gutiérrez, G., Úbeda Cruz, S. (2002). Delitos societarios en la legislación nicaragüense vigente y la legislación comparada. Tesis de Licenciado no publicada, Universidad Americana, Managua. Vega Gutiérrez, J. (2001). Tratamiento doctrinal sobre autoría y participación en el Derecho Penal. Tesis de Licenciado no publicada, Universidad Centroamericana, Managua. Artículos: Arauz, I., Moreno, A. (2003). Delincuencia Económica. Revista de Derecho, pp. 215-230.

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Especialización en Derecho Económico

Resumen

Con este trabajo de investigación, se pretende realizar un estudio jurídico a los pactos parasociales, una figura cuyo origen no es reciente, pero que en la actualidad ha ido ganando importancia debido al rápido desarrollo de la actividad jurídico-comercial de nuestros días. Auxiliados de la doctrina y de la jurisprudencia internacional, se abordan temas tales como su naturaleza jurídica, ámbito de acción, efectos, el régimen legal aplicable tomando en consideración su base contractual, y su admisibilidad en el derecho positivo nicaragüense como un instrumento de defensa de los derechos de las minorías dentro de las sociedades anónimas. En vista de la importancia y evolución de los acuerdos parasociales instrumentados en muchas ocasiones mediante los sindicatos de acciones, también se plantea en este escrito la necesidad de una reforma al ordenamiento jurídico mercantil, en el cual se aborde el tema y se establezcan regulaciones que sirvan, al menos, como un parámetro para su tratamiento. Palabras clave: sociedades anónimas, pactos parasociales, sindicato de acciones En la actualidad, en el seno de las sociedades anónimas, conocidas en el mundo de los negocios como el tipo societario capitalista por excelencia, resulta muy frecuente la celebración de los denominados acuerdos parasociales o extraestatutarios, los que tienen como fin primordial regular aspectos que no han sido contemplados en los estatutos sociales. En Nicaragua, a pesar del nulo tratamiento jurídico que se le ha dado

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a los temas de la celebración de acuerdos parasociales y de la creación de sindicatos de acciones, estas figuras se han venido convirtiendo en necesidades comunes de los empresarios, ya que en la práctica se consideran instrumentos de mucha utilidad para los accionistas de una entidad jurídica. Con este trabajo se pretende brindar al lector, auxiliándonos de la doctrina y de la jurisprudencia internacional, una noción básica de la figura de los pactos parasociales, su naturaleza contractual, sus efectos respecto de los socios que los suscriben y de la sociedad vista como un tercero. Asimismo, se propone la utilización de los sindicatos de acciones como una herramienta de defensa de los derechos de los socios minoritarios, y se sugiere que, debido a la importancia del tema en el tráfico jurídico-comercial, la legislación mercantil nicaragüense los aborde en una futura reforma. Para definir qué son los acuerdos parasociales nos auxiliamos del concepto ofrecido por Paz-Ares (2003), quien establece que “esta expresión ha sido acuñada doctrinalmente para designar los convenios celebrados entre algunos o todos los socios de una sociedad anónima o limitada, con el objetivo de completar, modificar o concretar, en sus relaciones internas, las reglas legales y estatutarias que la rigen” (p.19). De las muchas definiciones que los estudiosos han brindado sobre el tema, se desprende que la naturaleza jurídica de los pactos parasociales o extraestatutarios es eminentemente contractual, siendo que constituyen manifestaciones lícitas de voluntad que producen relaciones obligatorias queridas, conforme el proyecto previsto por el consentimiento formado; postulado completamente congruente con lo establecido en el artículo 2435 de nuestro Código Civil, asimismo, es posible afirmar que tienen su base fundamental en la autonomía de la voluntad y la libertad contractual que suelen consagrar los códigos civiles desde su inspiración decimonónica; en nuestro caso, en el artículo 2437 C. Atendiendo a sus características, este tipo de contratos se pueden clasificar como: privados, bilaterales o plurilaterales, accesorios, parasociales o extraestatutarios, innominados, atípicos, de organización, consensuales e informales. Generalmente, los pactos parasociales, y en especial los de organización, se instrumentan mediante sindicatos de acciones, encontrando en ellos el otro tema principal del presente trabajo de investigación. Los pactos de sindicación de acciones o sindicatos de acciones, tal como lo establece Hocsman (2010), son contratos parasocietarios, celebrados entre los accionistas, principalmente, de una sociedad anónima, para ejercer sus derechos en forma unificada, tratando de influir sobre los restantes accionistas en el gobierno de la vida societaria o en el control y/o la transmisión de las acciones. Estos, en virtud de su finalidad y objeto, pueden ser clasificados en sindicatos de bloqueo, de mando o de voto y financieros.

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Por otro lado, uno de los objetivos de esta investigación es determinar cuáles son los efectos de los acuerdos parasociales, los cuales pueden manifestarse únicamente entre los socios o frente a la sociedad, considerada como un tercero. Respecto de los efectos entre las partes suscriptoras del acuerdo, traemos a colación la opinión de Paz-Ares (2003), quien expone que si un pacto social es válido, se convierte en ley entre las partes, por tanto, los interesados podrán ejercer las acciones que pone a disposición el Derecho Civil para exigir su cumplimiento, e incluso para reclamar los daños y perjuicios en casos de incumplimiento. Por otro lado, cuando trata el tema sus efectos frente a la sociedad, es inevitable hacer referencia a dos tesis: la que defiende la inoponibilidad de estos frente a la sociedad y aquella que defiende el postulado contrario. La doctrina y jurisprudencia española, respecto de los efectos frente a la sociedad, ha concluido que si se cumplen determinados requisitos, los pactos parasociales son totalmente oponibles y ejecutables frente a la sociedad. La conclusión de este debate no es unívoca, ya que habrá que realizar un análisis dentro del contexto, pero siempre bajo la premisa de que en estos casos el principio de la relatividad contractual se verá redimensionado, en cuya virtud los contratos no son siempre una res inter alios acta, sino que habrá que determinar si se ha actuado con mala fe, en fraude o en abuso del derecho, en cuyo caso, el efecto parasocial vinculará el contrato a la sociedad, a efectos de exigir responsabilidad. Como instrumento de defensa de las minorías: Tal como lo plantean Mora & Jassir (2002), al constituirse las sociedades y a medida que se van suscribiendo más acciones por nuevos accionistas, se va haciendo notoria la conformación de dos grupos de socios: aquellos que detentan el control de la sociedad (mayoría) y los que no lo tienen, y, por lo tanto, no participan de la gestión social (minoría). Los socios minoritarios de una sociedad anónima, en aras de proteger sus derechos, encuentran en los pactos parasociales la posibilidad de suscribir acuerdos con los demás socios, que les permitan regular aspectos que, en muchas ocasiones, no son contemplados en los documentos sociales. No obstante, el ordenamiento jurídico nicaragüense no reconoce expresamente la existencia de acuerdos parasociales en una sociedad anónima, sin embargo, articulando los artículos 32 de nuestra Carta Magna, 3427 y 3185 del Código Civil, podríamos encontrar un marco jurídico que diera cobija a esta figura. Lo anterior, aplicando general y supletoriamente la libertad contractual regulada por el Derecho Civil, y tomando en consideración que al no contar con una regulación expresa estaríamos en presencia de contratos atípicos, que si bien no son admitidos legalmente, tampoco se encuentran prohibidos. Sin embargo, reconocemos que la ausencia de las normas específicas ordenadoras de esta figura, demandadas por su complejidad, hace extremadamente frágil esta visión

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estrictamente positivista, ya que el sistema no está pensado ni articulado para pactos de esta naturaleza, de forma que difícilmente superviviría en su aplicación dentro de los moldes legales actuales Nuestra propuesta es que en aras de la modernización de nuestra legislación mercantil, es pertinente la regulación de los pactos parasociales en una próxima reforma, considerándolos como una herramienta encaminada a procurar no solo la regulación de las relaciones internas entre los accionistas, sino la consagración y protección de los derechos de aquellos minoritarios. Sin embargo, cualquier estudio de pactos parasaociales a los fines de una plasmación legislativa, exigirá un estudio pormenorizado de la jurisprudencia acumulada en este tema, con el objetivo de incorporar a la norma la experiencia de ordenamientos que contemplan la figura, tal es el caso del Derecho español y las Sentencias del Tribunal Supremo, y el Derecho portugués y su Código de las sociedades mercantiles. Consideramos que al momento de preparase una futura reforma mercantil, se debería tomar en cuenta la regulación específica de los pactos parasociales, ello estaría a tono con las demandas del tráfico moderno, y permitiría ofrecer a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, una mayor transparencia, seguridad jurídica y protección a sus derechos. Una regulación oportuna de esta materia evitaría una multiplicidad de interpretaciones legales que podrían ser catalogadas como caprichosas, tal como ha sucedido en España, en donde el tema se encuentra exclusivamente en manos de los jueces, a quienes, en muchas ocasiones se ha señalado de ser extremadamente intuitivos al momento de formular sus resoluciones.

Referencias bibliográficas Broseta-Pont, M. (1971). Manual de Derecho Mercantil. España: Tecnos. Chulia, F. V. (2004). Introducción al Derecho Mercantil. Valencia: Tirant Lo Blanch. Garrigues, J. (2007). Manual de Derecho Mercantil. España: Universidad Pontificia Comillas. Hocsman, H. S. (2010). Buscador Jurídico. Recuperado el 28 de octubre de 2010, de:http://webcache.googleusercontentwww.justiniano.com/revista_doctrina/SINDICACION_DE_ACCIONES_CLASE2010.ppt Paz-Ares, C. (2003). El enforcement de los pactos parasociales. Actualidad Jurídica Uría & Menéndez , 19-43.

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El voto femenino en Nicaragua: Una historia oculta Maestría en Comunicación y Periodismo Rosario Montenegro Zeledón Tutora: Msc. Marissa Olivares Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) rosario.rmontenegro@gmail.com

Resumen

A través de este artículo se reconstruyen algunos aspectos relevantes sobre la conquista del voto femenino en Nicaragua. Desde inicios del siglo XX, las primeras feministas nicaragüenses alzaron su voz y su pluma para reclamar sus derechos civiles y políticos, entre ellos, el derecho al voto. La figura central de este movimiento fue la profesora Josefa Toledo de Aguerri, quien también reclamaba derechos laborales y a la educación para las mujeres. Con este artículo pretendemos visibilizar un hecho que durante sus 56 años de existencia se ha mantenido oculto. Palabras clave: sufragio, voto femenino, mujeres, Toledo, Nicaragua.

l. Introducción El objetivo de este artículo es visibilizar el sufragio femenino en Nicaragua, un acontecimiento histórico que durante sus 56 años de existencia ha permanecido oculto tanto por la historiografía, el movimiento de mujeres y la sociedad nicaragüense en general. Para ello, se ha reconstruido la historia del sufragio femenino en Nicaragua, una historia no contada Cincuenta y seis años del voto femenino en Nicaragua, así como la proximidad de las elecciones nacionales, constituyen una oportunidad para destacar la importancia de este acontecimiento histórico, y evaluar los avances y retrocesos en materia de derechos de las mujeres. También es un momento propicio para conocer y reconocer a nuestras precursoras del voto femenino, como Josefa Toledo de Aguerri, nuestra primera feminista, Angélica Balladares de Argüello, María A. Gámez y María Cristina Zapata Malais, quienes aunque no protagonizaron grandes marchas o protestas, como en otros países, sí alzaron su voz para defender los derechos de las mujeres, en una época en donde la costumbre y el espacio “natural” asignado era el hogar. La exclusión por razones de sexo, de raza, de clase social, de edad, fue una de las características que acompañó el nacimiento de las democracias modernas. El surgimiento

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del liberalismo, que suponía la universalización de los principios de igualdad, justicia y fraternidad, dejó a las mujeres fuera del ámbito público, del poder, reduciendo su participación al espacio privado, al cuido del marido y de los hijos. Las mujeres nicaragüenses fueron reconocidas legalmente como ciudadanas en 1950, sin embargo, para ejercer el derecho ciudadano de votar tuvieron que esperar hasta 1955. Hablando en términos históricos, es un hecho reciente y un reconocimiento tardío, si lo comparamos con los 130 años de historia electoral, que tenía el país, y los 62 años de haberse aprobado el voto “universal” para los hombres nicaragüenses. A pesar de la importancia y trascendencia de la conquista del voto femenino, es un acontecimiento ignorado por la historiografía nacional, y la poca información existente, nos lo muestra como una concesión de Anastasio Somoza García (1896-1956), obviando la lucha de nuestras sufragistas. Nuestro planteamiento es que el voto femenino no fue ninguna concesión de Anastasio Somoza García, quien durante décadas se opuso a este derecho, por el cual nuestras sufragistas iniciaron una larga lucha desde inicios del siglo XX.

II. Antecedentes del sufragio femenino La conquista del sufragio femenino fue un largo y complejo proceso en el mundo. La negativa para que las mujeres ejercieran su derecho a elegir y ser electas fue el común denominador en todos los países, incluso en aquellos más desarrollados como Francia, cuna de la emblemática Revolución Liberal de 1789, en donde se aprobó hasta 1944, o Suiza que lo hizo en 1971. La discriminación para ejercer el sufragio no solamente fue por razones de género, sino por clase, estado civil, raza, edad y educación. La comunidad moderna de ciudadanos en el mundo se fundó sobre la base de la exclusión, no solo por razones de sexo, sino también por raza y condiciones económicas. La misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) evidencia esa exclusión. El documento fundamental de la Revolución Francesa propugnaba por la igualdad, fraternidad y libertad, pero estos principios solo cubrían a los hombres que contaban con bienes. Esta exclusión enfrentó la lucha de destacadas mujeres en el mundo por el respeto de sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al voto, por lo que fueron denominadas las sufragistas.

III. Movimiento sufragista nicaragüense Para las sufragistas, tener derecho a votar era una parte incuestionable de la plena ciudadanía; mientras que para la clase política criolla, la aprobación del voto femenino no constituyó una prioridad. Las primeras voces demandando el voto femenino en Nica-

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ragua datan de inicios del siglo XX, y su principal abanderada fue la Profesora Josefa Toledo de Aguerri (1866-1962), quien, además, propugnaba por derechos laborales y educación universitaria. La abogada Guadalupe Salinas señala que también se destacaron en esta lucha las sufragistas nicaragüenses Angélica Balladares de Argüello, María A. Gámez, hija y discípula del historiador José Dolores Gámez, y María Cristina Zapata Malais, todas de tendencia liberal. (Entrevista realizada el 24 de febrero de 2011). Toledo de Aguerri, en 1938 planteaba: “Una de las características del feminismo es considerar a la mujer idónea para encontrar en ‘sí misma su medio y su fin’. Poder vivir con independencia del hombre si así lo quiere, y ganarse la vida”. (Toledo, 1938, Citada en La Boletina, Edición N° 22, 1995). Para demandar sus derechos políticos y civiles, las nicaragüenses se organizaron desde inicios del siglo XX. En las dos primeras décadas, grupos de mujeres de clase media y de la elite formaron el Club de Señoras de la Capital (1916) y la Junta Femenina de Beneficencia (1918), quienes combinaban labores de caridad con sus demandas por el sufragio femenino y el derecho a la educación. (Del Cobo, s.f., p.156). En 1932 surgió la Liga Feminista Nicaragüense, filial de Liga internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas (LIDMI) y en 1933 la Cruzada de Mujeres Nicaragüenses. (Del Cobo, 2006) Victoria González (1996) señala que, en 1937, Josefa de Toledo, durante un evento cultural en honor a Anastasio Somoza García y a su esposa, Salvadora Debayle, quien además era presidenta honoraria de LIMDI y la Cruzada, expuso los objetivos de ambas organizaciones. 1º- Fundar escuelas… (incluyendo) escuelas técnicas que preparen a la mujer para bastarse a sí misma (y) escuelas de campesinas para el analfabetismo, ya que estas forman la mayoría del país. 2º- Liberación política y social de la mujer. Enseñanza práctica de los deberes sociales y políticos de la ciudadanía; pues sin voz ni voto no pueden prestar su cooperación política y social. 3º- Autonomía nacional. Nuestros antepasados nos legaron una Patria que debemos conservar y defender. 4º- Cultura intelectual por medio de conferencias sobre Ciencias, Artes y Literatura, que capaciten a la mujer a mayor comprensión, para exigirle mayor responsabilidad. González refiere que en los primeros años del siglo XX, las feministas simpatizaban con

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el liberalismo “porque contrariamente al Partido Conservador, el Partido Liberal Nacionalista (PLN) había prometido ya para 1916 apoyar el sufragio femenino”. (El 93, Diario político y de variedades, 1916, citado en González, 1996, p. 4). Confiada en el supuesto apoyo del somocismo al voto femenino, en 1939, Toledo de Aguerri presentó una petición ante la Asamblea Constituyente para reclamar los Derechos de la Mujer como Ciudadana de la República: “…En nombre de la justicia y de la razón venimos un grupo de mujeres nicaragüenses, como representativas de las mujeres del país, a pediros interpretéis fielmente nuestra manera de pensar y sentir respecto a nuestros derechos como ciudadanas de la República… Pedimos que sean incorporadas a la Constitución los siguientes derechos de la mujer: a. A igual tratamiento político que el hombre b. A gozar de igualdad en el orden civil c. A las más amplias oportunidades y protección en el trabajo y d. Al más amplio amparo como madres Esto lo demandan: la mujer del pueblo…, la mujer de la clase media…, la mujer intelectual o de alta clase” (Toledo, 1939, citada en González, 1997, p. 59). En la redacción del documento también se involucraron otras organizaciones como la Delegación Nicaragüense de la Liga Internacional Pro Paz y Libertad; Liga Panamericana Femenina de Educación; Comité Interamericano de Mujeres y el Centro Femenino de Cultura Obrera, según registra Victoria González en 1997. Contrario a lo esperado por las feministas, la petición contó con el respaldo del Partido Conservador, y fue rechazada por la mayoría de los diputados somocistas, según Del Cobo (2008). Aunque por primera vez en la Constitución de ese año se menciona el voto de la mujer, quedó sujeto a la aprobación de leyes posteriores, que nunca fueron discutidas ni aprobadas. El régimen somocista se oponía a la aprobación del sufragio femenino por temor a que la Iglesia Católica ejerciera influencia para que las mujeres votaran a favor del Partido Conservador, en otras palabras, solo lo aprobaría si este le beneficiaba. Pero la petición planteada por las feministas en 1939 no fue la primera, ya que según Teresa del Cobo, en 1932 la líder feminista María Gámez planteó al Almirante Clark. H. Woodcard, entonces jefe de la misión Electoral Norteamericana en Nicaragua, que se permitiera a las mujeres votar en las elecciones de ese año. (Del Cobo, 2008). Sin embargo, en esa época era muy difícil, casi impensable, que una petición de esta naturaleza tuviera éxito, ya que había una oposición férrea de los sectores más influyentes. Por ejemplo, Cristiana Chamorro (2002) refiere que su abuelo, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, se refirió al tema del voto femenino en un artículo que escribió en La Prensa en 1932, cuando era su director:

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“No estamos de acuerdo con semejante paso. No son esos los problemas que debe resolver en estos momentos Nicaragua. Lo que importa es alejar de las masas el interés político para que lo sustituya otro más productivo y menos apasionado. La mujer es siempre más ardiente que el hombre en sus intereses. Si la política ha llegado al extremo que todos lamentamos con solo la participación de los hombres. ¿Qué no será cuando también tengan que ver en ella las mujeres? Esto es echar leña al fuego, cuando lo que queremos es apagar la hoguera, cita Cristiana a su abuelo, de quien manifiesta que era un influyente ideólogo conservador de sus tiempos, y que nosotros suponemos que al ser el dueño de La Prensa, su opinión tenía mayor trascendencia. (Chamorro Zelaya, citado en Chamorro, La Prensa, 8 de marzo 2002, edición N° 22664).” Teresa del Cobo (2008) señala que un año después de la petición de Gámez --en 1933-el diputado liberal Ildefonso Palma Martínez presentó un proyecto de reforma de la Ley Electoral para aprobar el derecho al voto de las mujeres, pero también fue rechazado. Además de las organizaciones netamente feministas, con la irrupción en 1931 del Partido del Trabajo Nicaragüense, se fundó en 1934 el Frente Obrero Femenino del PTN, “para incorporar a las mujeres en la lucha revolucionaria” (Del Cobo, 2008, p. 156). Lo mismo pasaría posteriormente con la aparición del Partido Socialista Nicaragüense (1944), que a su vez contó con la sección femenina integrada por la Alianza Patriótica de Mujeres del PSN. La historiadora Teresa del Cobo (2008) refiere que, en los años 40, el movimiento se amplió con nuevas organizaciones, filiales de la Unión de Mujeres Americanas y de la Mesa Redonda Panamericana. En 1949, los diferentes grupos se organizaron en torno al Comité Pro Voto o Liga Feminista de Nicaragua, quienes también se unen con mujeres de los diferentes partidos políticos, con el fin de aunar esfuerzos para la consecución del voto femenino. Igualmente, destaca que entre 1940 y 1950 las mujeres se incorporaron en las principales centrales sindicales como la Central de Trabajadores Nicaragüenses (CTN), Federación Sindical de Maestros de Nicaragua y la Confederación General de Trabajadores, en donde ocuparon cargos directivos la socialista Rosa Amelia Pereira y la somocista Matilde Barreto. Como podemos ver, a lo largo de la primera mitad del siglo XX hubo diferentes expresiones de lucha de las mujeres nicaragüenses para defender sus derechos políticos, laborales, derechos a la propiedad, acceso a la educación, y especialmente para obtener el derecho al voto. También vemos que en los principales momentos de lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, y especialmente por el derecho al voto, siempre estuvo presente la figura de Josefa Toledo de Aguerri, quien además fue fundadora de las primeras organizaciones feministas, la Revista Femenina Ilustrada: Mujer Nicara-

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güense, y miembro de organizaciones internacionales como Liga Internacional de Mujeres Ibéricas Hispanoamericanas y Unión de Mujeres Americanas. Teresa del Cobo (2005) plantea que tanto liberales como conservadores mantuvieron una concepción estereotipada sobre el papel de las mujeres, en la que consideraban que su “misión” era la de ser madre y esposa, invisibilizando su participación en las actividades económicas, productivas y en el ámbito público. Esto hace más meritoria la lucha de estas primeras mujeres, quienes a pesar de las restricciones propias de la época, se atrevieron a alzar su voz y su pluma para demandar acceso a la educación universitaria, derechos matrimoniales, políticos, a la propiedad y en particular el derecho al voto.

IV. Aprobación del voto femenino en Nicaragua La aprobación del voto femenino, sin ninguna restricción, quedó establecida en Nicaragua el 20 de abril de 1955, al reformarse la Constitución de 1950, la que ya había reconocido la ciudadanía de las mujeres, pero sin derecho al sufragio, el que quedó sujeto a la aprobación de una ley posterior, que debía dictar la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes. La Constitución de 1950 también abrió el espacio a las mujeres nicaragüenses para ser electas en cargos públicos, aunque en su redacción se le dejaron impedimentos, de tal forma que podemos afirmar que fue una ciudadanía limitada. El artículo referido a los derechos ciudadanos señalaba: La mujer puede ser elegida o nombrada para el ejercicio de cargos públicos, salvo los casos expresamente exceptuados por la Constitución” (op. cit. 18) Fue con las reformas constitucionales de 1955 cuando quedó libre el camino legal para que las mujeres nicaragüenses pudieran elegir y ser electas en cargos públicos. Aunque el fin de dichas reformas no fue la aprobación del sufragio femenino, sino eliminar las restricciones para la reelección de Somoza García. El sufragio femenino nunca fue una prioridad para Somoza, y cuando decidió no seguir oponiéndose, lo hizo como una medida populista, fue una acción calculada de Somoza, pues un año antes, en 1954, impulsó y apoyó la conformación del Ala Femenina, que aunque defendían derechos civiles y políticos de las mujeres, se identificaban plenamente con la dictadura somocista, que las utilizó para mediatizar la lucha de las sufragistas. Aunque el Partido Conservador no se oponía al derecho del voto de la mujer, esta organización política consideraba que el rol fundamental de las mujeres eran las faenas del hogar. Así que su apoyo no era para reivindicar la igualdad de sus derechos, sino, posiblemente, porque consideraba que su voto les podría favorecer, dada la influencia de la Iglesia Católica, que se identificaba con los conservadores.

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La campaña electoral de 1950 se distinguió por la presencia activa de las mujeres en los partidos tradicionales, de tal forma que el Partido Conservador conformó el Comité de Propaganda Femenina y el Partido Liberal Nacionalista, el Frente Femenino Liberal, lo que podríamos intuir como una preparación de las paralelas históricas para captar la simpatía de las mujeres, y, posteriormente, su voto. También Somoza García y el somocismo intensificaron su discurso populista a favor del sufragio femenino, mientras que algunas mujeres liberales empezaron a escribir y a apoyar abiertamente su candidatura. La aprobación del sufragio femenino no fue una iniciativa surgida de la clase política, menos de la dictadura somocista, sino que fue una demanda sostenida de las feministas nicaragüenses desde inicios del siglo XX. Somoza García no podía seguir atrasando el voto femenino, ya que para 1955 la mayoría de países latinoamericanos lo habían reconocido, y en Centroamérica solo quedaban Honduras y Nicaragua. La historiadora Teresa del Cobo (2008) señala que el reconocimiento del voto a las mujeres fue presentado como una conquista y un mérito personal “del General Anastasio Somoza y del Partido Liberal Nacionalista, sobre todo después del Mensaje de Somoza al Congreso Nacional, en abril de 1954, en que anunciaba que iba a presentar un proyecto de ley que capacitaba a las mujeres para ejercer el voto activo” (p. 161). Después de la aprobación del voto femenino se reforzó el discurso “que presenta a Somoza como defensor de los intereses y de los derechos políticos de las mujeres, invisibilizándose la lucha de las feministas que desde principios del siglo XX se habían construido como Sujeto Político en el discurso liberal-ilustrado”(Del Cobo, 2008, p.154). Las dirigentes del Ala se encargan de otorgarle a Somoza la paternidad del voto femenino. He aquí un ejemplo de un artículo publicado en Novedades, un día después de aprobarse las reformas constitucionales. “El voto femenino hoy día una de las más grandes aspiraciones de la mujer se ve cumplido bajo el más amplio gobernante que nuestra patria ha tenido, cobijado por una bandera de paz y una época que va marcando cada vez una ruta de progreso mejor, para el engrandecimiento de la patria y este Gobernante no puede ser otro que nuestro gran Presidente Gral. Somoza que siempre fiel cumplidor de su palabra, nos ofrece una patria mejor. En Nicaragua este voto es de gran importancia, las mujeres con esa institución (intuición) y esa fe propia de su sexo, votará por un ciudadano noble, leal y digno que sepa mantener, la paz, el progreso y la libertad, pero las mujeres saben que eso lo encontraron en un solo hombre, y ese es el Gral. de División Anastasio Somoza (Lilyan Giacomán, El Voto Femenino y el General Somoza, artículo publicado en Novedades el 21 de abril de 1955). “

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V. Elecciones 1957 Pero el 21 de septiembre de 1956, Rigoberto López Pérez terminó con las pretensiones reeleccionistas del entonces Presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza García, al realizarle varios disparos con un revólver 38, mientras celebraba su nominación como candidato, en una nueva reelección desde que asumió el poder en 1937. (Esgueva, 2000). Este hecho desató una fuerte represión en contra de los opositores, encarcelamientos, y se impuso una Ley Marcial en el país. En este contexto se realizaron las elecciones de 1957 (3 de febrero), en las que fue electo Presidente de la República el hijo del jefe de la dinastía somocista, Coronel Luis Somoza Debayle (Guevara, 2011, El Nuevo Diario). De tal forma que cuando el país se encontraba bajo fuertes restricciones de los derechos y libertades ciudadanas, las mujeres nicaragüenses ejercieron por primera vez su derecho al voto y tres fueron postuladas como candidatas a diputadas: Olga Núñez de Saballos (propietaria); Mary Cocó Maltez de Callejas y Mina Hüeck de Matamoros, como suplentes, todas destacadas dirigentes del Ala Femenina.

VI. Conclusiones El reconocimiento de la ciudadanía y el derecho al sufragio femenino fue un hecho tardío en Nicaragua. Es un evento que ha sido ignorado completamente por la historiografía nacional, y por el cual no han mostrado mayor interés la academia, los políticos, gobernantes, y la sociedad en general, incluyendo los mismos movimientos feministas. Mientras en muchos países el aniversario de la aprobación del voto de las mujeres es un acontecimiento nacional, que se aprovecha, para conocer y reconocer a sus precursoras, reflexionar sobre los avances, retrocesos y retos pendientes en la conquista de sus derechos, en Nicaragua es un hecho que se mantiene oculto. Diríamos que incluso existe una especie de vergüenza, dada la creencia que el voto femenino fue gracias a la buena voluntad de Anastasio Somoza García, idea que ha sido alimentada debido a la falta de información sobre la lucha de nuestras sufragistas y el contexto en que se dio este acontecimiento. Pero la aprobación del voto femenino no fue ninguna concesión de la dictadura somocista. El mérito y el reconocimiento pertenecen a nuestras primeras feministas y sufragistas, a cuya cabeza se encontraba la profesora Josefa Toledo de Aguerri. Existen suficientes evidencias de la oposición del somocismo a esta demanda, que desde inicios del siglo XX, iniciaron las primeras feministas y sufragistas nicaragüenses. Somoza únicamente “apoyo” el sufragio femenino en sus discursos populistas. Si Somoza García tuvo algún mérito, fue su habilidad para mediatizar la lucha de las feministas de la época, mediante la conformación de este fuerte movimiento partidario, integrado por destacadas mujeres, que aunque propugnaban por el derecho a

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la educación y a la participación política, centraron su lucha en la defensa y fortalecimiento de la dictadura. Más allá de las circunstancias y de la manipulación que se ha hecho de este acontecimiento histórico, lo más importante es que desde inicios del siglo XX, en momentos totalmente adversos, un grupo de mujeres alzaron su voz y su pluma para defender la igualdad de sus derechos civiles y políticos, y la conquista del voto fue una de sus principales banderas. Independientemente de las circunstancias en las que se aprobó el sufragio femenino, sin duda es un hecho significativo para la sociedad nicaragüense, y en particular para la conquista de los derechos de las mujeres. Mi reflexión final es que este es un hecho histórico, que por su trascendencia merece ser visibilizado. La sociedad nicaragüense, y en especial las mujeres, estamos en deuda con nuestras primeras feministas y sufragistas, de quienes debemos sentirnos no solo orgullosas, sino que debemos promover el conocimiento de sus luchas para poder enfrentar los retos y conquistas pendientes.

Referencias bibliográficas Arce Juan M.C. (s.f.) El Voto Femenino. Recuperado el 10 de marzo de 2011 en :http://mayores.uji.es/proyectos/proyectos/elvotofemenino.pdf Asamblea Nacional de Nicaragua. (2010), La evolución histórica de los derechos de las mujeres en Nicaragua. Managua. Baltodano Marcenaro, R. (2008). Ciudadanas por y para la dictadura: el Ala Femenina Liberal de Juventud Liberal Nicaragüense, 1954-1961. Boletín AFEHC. Recuperado el 20 de agosto de 2010 En: http://afehc-historia centroamericana.org/index.php?action=fi_ aff&id=1826. Chamorro Barrios C. (2002, 8 de marzo) Mujeres “ardientemente” periodistas. La Prensa, p. 11. Chamorro, E. (1962). El último caudillo de América. Revista Conservadora, 1962, 203. Cobo del Arco, T. (2008) Populismo, somocismo y el voto femenino: Nicaragua, 19361955.Barcelona: Ediciones Universidad Barcelona. Cobo del Arco, T. (2006) La exclusión de las mujeres de Nicaragua durante la primera mitad del siglo XX. Barcelona: Ediciones Universidad de Barcelona. Esgueva Gómez, A. (comp.) (2000), Las constituciones políticas y sus reformas en la historia de Nicaragua. Managua: Editorial IHNCA-UCA. Esgueva Gómez, A. (comp.).(1995). Las Leyes Electorales en la historia de Nicaragua. Ma-

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Evaluación del riesgo por incendio/explosión en las zonas de mayor vulnerabilidad urbana de la ciudad de Managua Magaly Argentina Guevara Sáenz Tutora: Arq. Andrea Lorito

Maestría en Gestión Urbana y Vulnerabiidad Social

Planteamiento del problema Las gasolineras prácticamente han “invadido” Managua. En algunas zonas se puede observar hasta dos estaciones en un radio de 200 metros, y en otros sectores, como la carretera a Masaya, podemos encontrarlas a escasos 50 metros una de otra. Lo que crea mayor vulnerabilidad urbana en Managua, Las autoridades competentes aseguran que no existen mayores riesgos, argumentando que si se cumplen con todos los requisitos que exigen las normas y reglamentos no hay motivo para alarmarse. Un estudio realizado en 2002, denominado “Actualización del Mapa de Fallas Geológicas” de Managua, (INETER, 2002) reveló que en Managua hay 106 kilómetros lineales de fallas sísmicas y 69 kilómetros de fallas sospechosas para un subtotal de 175 kilómetros lineales de fallas sísmicas. La relación radica en que esto hace de la capital un territorio altamente vulnerable a actividades sísmicas y por ende crea la amenaza por incendios y explosiones en las estaciones de servicio poniendo en riesgo las construcciones de los asentamientos aledaños a dichas instalaciones y las vidas de quienes los habitan.

Objetivos • Evaluar el riesgo tecnológico en las zonas de mayor riesgo sísmico de la ciudad de Managua, con el fin de disminuir el riesgo y prevenir las afectaciones a la calidad de vida de los ciudadanos. • Determinar cuáles son las gasolineras de la ciudad de Managua ubicadas en zonas de mayor riesgo sísmico. • Describir cuantitativamente la población afectada y los posibles daños causados por incendio/ explosión ante la presencia de la amenaza de una estación de Servicio Automotor ubicada en estas zonas de mayor riesgo sísmico en caso de accidente tecnológico. • Determinar la cobertura y la capacidad de respuesta y/o recursos con los que cuentan

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las áreas cercanas a las gasolineras en caso de riesgo accidental para enfrentar las afectaciones. • Formular un plan de acción local de mitigación ante riesgo tecnológico en la ciudad de Managua.

Delimitación del área de estudio

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona6

Petronic Santa Ana Ministerio de Trabajo Loyola Carretera Norte Quinta Nina Unidad de Propósito Gancho de camino–Mercado Oriental

Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 Zona 11

Siete sur Colonia el Periodista Cristo Rey – Plaza el Sol Centroamérica Rubenía

ANÁLISIS DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD

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HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS

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Síntesis de Hallazgos encontrados Se analizó las condiciones de riesgo de 16 de las 79 gasolineras contabilizadas por el INE las que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo sísmico lo que se traduce a que el 19% del universo total de gasolineras existente a la fecha, representa una amenaza mayor para el medio urbano de Managua, esto bajo la lógica de que un evento sísmico podría desencadenar un accidente por incendio y/o explosión. Ocho de las estaciones en estudio son de alto y severo nivel de riesgo, exponiendo en términos cuantitativos a: • Efectos y daños directos,(muerte por quemadura y sobrepresión, daños estructurales en inmuebles), un área urbana de intervención de 27.66Ha ocupada por 2,930 habitantes, 530 viviendas y • Un área de intervención por daños y efectos indirectos, (quemaduras en la piel, lesionados por impactos de objetos en proyección y ruptura de vidrios en inmuebles), de 72.12Ha ocupada por 8,597habitantes y 1,642viviendas. Tres de estas gasolineras en nivel de alto riesgo tecnológico quedan fuera de la cobertura espacial de centros de asistencia del sector salud lo que agrava la situación por falta de mecanismo de respuesta en caso de desastre. A pesar de que las cifras son alarmantes solo representan las estimaciones de consecuencias de 8 de las 79 gasolineras existentes del área urbana de Managua, por lo que no debemos olvidar el riesgo que representan el 90% de las estaciones de servicio automotor restante.

Conclusiones En Managua existen diversas actividades de manejo de sustancias combustibles, que sin dejar de reconocer su peligrosidad, son a su vez insumos vitales de algunos procesos económicos que se gestan, de allí la necesidad de desarrollar esfuerzos permanentes destinados a conocer cuáles son los niveles de riesgo tecnológico propios de cada espacio urbano y que mecanismos deben ser implementados a fin de propiciar la reducción de los mismos. Las gasolineras invadieron los espacios urbanos en Managua de manera súbita e incontrolada. Se hace erróneo señalar a la gasolinera como la única culpable del problema que implica la coexistencia espacial de estaciones de servicio automotor y asentamientos humanos dada la dinámica urbana de Managua tanto en parámetros de crecimiento físico como de complejidad de las actividades sociales. Se evidenció que aún cuando las gasolineras hayan sido ubicadas en zonas de tipología urbana y usos compatible, el ritmo desbocado y la forma comúnmente desordenado

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del crecimiento urbano hacen que, en pocos años, los asentamientos urbanos ocupen los espacios previstos como franjas de seguridad o amortiguamiento (retiros), creando hoy en día vulnerabilidades por incompatibilidad de usos de suelo y difícil acceso por la morfología urbana en muchos casos desarticulada de las vías principales. En este sentido conviene destacar que estos procesos de ocupación son protagonizados con frecuencia por dinámicas de la “informalidad” urbana, que en su búsqueda de formas alternativas de supervivencia, desconocen o/y omiten los lineamientos de planificación y gestión territorial y ambiental . La otra situación identificada que da lugar al origen del riesgo tecnológico urbano es que se evidenció en el estudio que una vez asentada una nueva gasolinera ella misma se transforma de inmediato en un polo de atracción para el desarrollo de actividades económicas y comerciales. Existe un divorcio entre los entes institucionales legalmente facultados (pero a menudo deficientemente equipados y capacitados) para caracterizar y gestionar amenazas urbanas y los actores sociales y científicos que, contando con importantes capacidades para emprender trabajos en estos temas, se empeñan en trabajar aisladamente, ignorando o minimizando un riesgo de esta naturaleza. Se concluye a partir de revisión jurídica, institucional y cultural que los planes de contingencia y programas de capacitación no incluyen a los habitantes e instituciones aledañas a las gasolineras, que desconocen las consecuencias que, desde el punto de vista del riesgo, tiene el compartir el espacio urbano con fuentes de amenaza. Se hace sumamente necesario promover una cultura de gestión del riesgo con los diferentes actores tanto públicos como privados que permita a los mismos asumir de manera responsable una cultura de prevención y gestión del riesgo.

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El nombre y la nacionalidad: Primer paso en el camino de los derechos Georgina López Rodríguez Save the Children glopez@sc.org.ni

Maestría en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de Niños, Niñas y Adolescentes

Resumen Este artículo científico aborda los aspectos más relevantes de la problemática generada por el incumplimiento del derecho a un nombre y una nacionalidad a niñas y niños; analiza el rol de los garantes de este derecho y presenta recomendaciones que contribuyan a su efectivo cumplimiento. A nivel mundial cada año quedan 51 millones de niñas y niños sin registrarse (UNICEF, 2008) se considera que en Nicaragua el porcentaje de sub registro de nacimiento es del 35% (Plan, 2007), se estima que de los nacimientos anuales quedan sin inscribirse 50,000 niñas y niños (Programa Amor, 2008), lo que significa que no existen legalmente y no tienen vinculación a ningún Estado. Las principales causas de la vulneración de este derecho son: la pobreza, escasa valoración social a la inscripción, limitaciones de acceso al Registro Civil, disfuncionalidad jurídica por la inexistencia de una ley específica en la materia y la normativa incluida en el Código Civil de 1904 (tiene 107 años), judicialización de las inscripciones tardías, falta de identificación de madres y padres de familia. Conclusiones: Adoptar un marco jurídico y normativo ágil, moderno, eficiente, seguro que garantice el derecho de forma gratuita, oportuna y permanente; incluir en la nueva legislación procesos administrativos normados para la inscripción tardía, asignar el presupuesto requerido para la aplicación de la nueva ley; promover mayor presencia institucional en los territorios más alejados de las cabeceras municipales; asegurar en los procesos de formulación de Políticas Públicas Municipales de Niñez, la integración de este derecho; fortalecer los Registros Civiles Municipales; acercar el Registro a la población; articulación del Registro Civil con las otras instituciones; campañas permanentes de comunicación social. Palabras clave: derecho, nombre, nacionalidad, ley, niñas y niños.

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Introducción Este artículo científico: “El nombre y la nacionalidad, el primer paso en el camino de los derechos” se realiza en el marco del trabajo de graduación de la Maestría en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de Niños, Niñas y Adolescentes, impartida por la Facultad de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Centroamericana de Nicaragua de Marzo 2009 a Marzo 2011. Este artículo abreviado fue preparado para el III Encuentro de investigación La investigación bibliográfica abordará una aproximación a la problemática generada por el incumplimiento del derecho a un nombre y una nacionalidad y elementos fundamentales que deben ser tomados en cuenta para contribuir al cumplimiento de este derecho. El derecho a un nombre y una nacionalidad, permite a la niña y al niño a ser conocido y a conocerse, a pertenecer a una familia, a una sociedad, a tener reconocimiento jurídico y social, a integrarse como sujeto de derechos en un Estado. El derecho a un nombre va de la mano con el derecho a una nacionalidad, a la identidad y a la personalidad jurídica. La elaboración del artículo científico se ha realizado tomando fundamentos de las Ciencias Jurídicas, la disciplina de derechos humanos, la práctica profesional en el ámbito de la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, el análisis de documentos elaborados por organizaciones internacionales y nacionales sobre esta temática.

Objetivos • Analizar los aspectos más relevantes de la problemática generada por el incumplimiento del derecho a un nombre y una nacionalidad a niñas y niños. • Analizar el rol de los garantes. • Presentar una propuesta que contribuya al efectivo cumplimiento de este derecho para niñas y niños de Nicaragua.

Desarrollo Planteamiento del tema El derecho a un nombre y una nacionalidad, es el primer paso en el camino de los derechos, es un derecho fundamental de los seres humanos y como tal, es inherente a la dignidad humana y pertenece a todas las personas sin discriminación, siendo el Estado el garante de este derecho, madres y padres también tienen una responsabilidad importante en el cumplimiento del mismo. Es un derecho clave que le permite a niñas,

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niños y adolescentes el acceso a los otros derechos, por lo tanto, podemos decir que es un derecho habilitador del resto de derechos. La construcción de identidad, el desarrollo de la personalidad y la formación de la autoestima en niñas y niños inician desde el nacimiento con la adquisición de un nombre, una familia y una comunidad, a la que está ligado por el resto de la vida. Se puede afirmar que si una niña o niño no es inscrito en el Registro Civil, se le está violando su derecho a tener un nombre, una nacionalidad, una identidad y se están violentando otros derechos, como es el de su integridad personal, estar protegido. No puede dar constancia de su edad, de donde nació, de cuándo nació, de quien es su familia, afecta su autoestima, está expuesto a ser adoptado de forma ilegal, a ser víctima de trata y a que le sean violados sus otros derechos. Además cuando aprueba sexto grado, nunca tendrá su diploma de primaria, ya que es un requisito para obtenerlo, tampoco puede obtener un pasaporte. Cuando cumpla 16 años no tendrá cédula de identidad y por consiguiente no podrá: adquirir propiedades, recibir herencias, casarse, trabajar en el sector formal de la economía, gestionar licencia de conducir, abrir cuenta en el banco, realizar trámites judiciales. A nivel mundial cada año quedan 51 millones de niñas y niños sin registrarse (UNICEF, 2008) se considera que en Nicaragua el porcentaje de sub registro de nacimiento es del 35% (Plan, 2007), se estima que de los nacimientos anuales quedan sin inscribirse 50,000 niñas y niños (Programa Amor, 2008), lo que significa que no existen legalmente y no tienen vinculación a ningún Estado. Según investigaciones que se han realizado a nivel regional y mundial sobre esta problemática, es considerando el sub registro de nacimiento como el inicio de un proceso de exclusión social y por lo general, quienes no están registrados son niñas y niños que sus madres y padres pertenecen a los sectores más pobres, zonas rurales, poblaciones indígenas y afro descendientes. También hay sub registro en las zonas urbanas cuando se dan problemas de acceso a la institución que es responsable del registro o no pueden cumplir con los requisitos establecidos para realizar el registro del nacimiento. Principales causas de la vulneración del derecho a niñas y niños • Pobreza y extrema pobreza. • En la Región Autónoma Atlántico Norte y Región Autónoma Atlántico Sur el derecho consuetudinario no contempla inscribir el nacimiento de sus hijas e hijos. • Limitaciones de acceso al Registro Civil: Nicaragua tiene 153 Registros Civiles y 28 Registros Auxiliares (181) para atender 5,000 comunidades. • Disfuncionalidad jurídica: inexistencia de una ley específica de la materia y la normativa incluida en el Código Civil de 1904 (tiene 107 años).

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• La derivación al sistema judicial para la inscripción tardía de nacimientos, a través de juicios de reposición de partidas de nacimiento. • Resistencia de madres a inscribir a sus hijas e hijos cuando no son reconocidos legalmente por el padre. • Falta de identificación de un porcentaje de madres y padres de familia.

Conclusiones 4.1. Es urgente adoptar un marco jurídico y normativo ágil, moderno, eficiente, seguro que garantice el cumplimiento del derecho a un nombre y una nacionalidad para todas las niñas y niños, inmediatamente después de su nacimiento de forma gratuita, oportuna, permanente, y que cada institución garante cumpla con eficiencia su rol. 4.2. Un aspecto relevante de la nueva legislación debe ser el establecimiento de procesos administrativos debidamente normados para la inscripción tardía. Se requiere desjudicializar la reposición de partidas de nacimiento, para realizarlos a través del Registro Civil, en base a una normativa específica. 4.3. Asignar el presupuesto requerido para la inscripción de niñas y niños en todo el país y para la aplicación de la nueva ley. 4.4. El Estado de Nicaragua, como principal garante de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, debe hacer esfuerzos y destinar recursos para una mayor presencia institucional en los territorios más alejados de las cabeceras municipales. 4.5. Asegurar en los procesos de formulación de Políticas Públicas Municipales de Niñez y Adolescencia la integración del derecho a un nombre y una nacionalidad, tanto en el compromiso del Gobierno Municipal de cumplir este derecho, como en la realización de campañas de comunicación que contribuyan a la sensibilización de madres y padres de familia a cumplir con la responsabilidad que les corresponde y a elevar los niveles de conocimiento de los procedimientos de inscripción y la valoración social de la misma. 4.6. Fortalecer los Registros Civiles en cada municipio, tanto en capacitación (legal, normativa y de derechos humanos) al personal, como en equipamiento, que permita potenciar el Registro Civil como la instancia garante del cumplimiento del derecho a un nombre y una nacionalidad y generador de información que contribuya a la planificación del desarrollo del municipio. 4.7. Acercar el registro a la población, por ejemplo a través de apertura de ventanillas de hospitales, brigadas de inscripción móviles a zonas alejadas de la cabecera municipal asociadas a brigadas de salud o ferias de la salud. 4.8. Establecer una mayor articulación del Registro de nacimiento con las instituciones que cumplen los derechos de protección, salud, educación, para tener una perspectiva

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integral del cumplimiento del derecho a un nombre y una nacionalidad de niñas y niños. 4.9. Realizar campañas permanentes de comunicación social que estén dirigidas a transformar el imaginario social de la población, principalmente de madres y padres de familia sobre el significado que tiene la inscripción de nacimiento para la vida de sus hijas e hijos y la obligación de ellas y ellos en relación a cumplirles este derecho inmediatamente después de su nacimiento. 4.10. En las Regiones Autónomas Atlántico Norte y Sur en relación a la inscripción de nacimientos, es necesario visibilizar la importancia de armonizar el Derecho consuetudinario local con el Derecho positivo nacional. 4.11. Promover y asegurar la participación de niñas, niños, adolescentes y sus organizaciones, en la promoción y demanda del cumplimiento de este derecho, tanto por parte del gobierno local, como de sus madres y padres de familia. 4.12. Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones locales, gremiales, medios de comunicación, en la promoción y demanda del derecho a un nombre y una nacionalidad de niñas y niños. 4.13. Para asegurar el cumplimiento del derecho a un nombre y una nacionalidad de niñas y niños en Nicaragua se requiere la participación del principal garante que es el Estado, expresado en el Consejo Supremo Electoral y la Alcaldía Municipal; la Asamblea Nacional que es quien tiene la responsabilidad de elaborar y aprobar la Ley de Registro Civil; también de madres y padres de familia a quienes les corresponde la obligación de realizar la inscripción de sus hijas e hijos; organizaciones de niñas, niños, adolescentes, Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones locales, gremiales, medios de comunicación en la promoción y demanda del cumplimiento del mismo. 4.14. La restitución del derecho a un nombre y una nacionalidad de niñas y niños permite un cambio inmediato y duradero en sus vidas, obtienen su personalidad jurídica y les da su pertenencia a una familia, una comunidad, un municipio y un Estado, es el primer paso en el camino de los derechos.

Referencias bibliográficas Banco Interamericano de Desarrollo. (2009). Gobernabilidad Democrática, Ciudadanía e Identidad Legal: Vínculo entre la Discusión Teórica y la Realidad Operativa. Documento de trabajo. Washington, D.C. BID. Consejo Supremo Electoral de la República de Nicaragua. (2007). Manual del Registrador del Estado Civil de las Personas. Managua. Consejo Supremo Electoral. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2005). Caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana. Sentencia de 8 de Septiembre de 2005. San José. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Organización de los Estados Americanos. (2010). Diagnóstico del Marco Jurídico – Institucional y Administrativo de los Sistemas de Registro Civil en América Latina. Washington, D.C. OEA. Plan Internacional, UNICEF, Organización de Estados Americanos. Documento Conceptual de la Primera Conferencia Regional de América Latina sobre el Derecho a la Identidad y Registro Universal de Nacimiento. (Agosto 2007). Primera Conferencia. Asunción. Plan Internacional, UNICEF y OEA. Plan Nicaragua, ¡Hazme Visible! Diagnóstico sobre el Registro de niñas y niños en América Latina. (Julio 2007). Primera edición. Managua. Plan Nicaragua. Save the Children Canada. (2003). Programa Regional de Derecho a un nombre y una nacionalidad de los niños y niñas de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). Managua. Save the Children Canada. Save the Children Canada, Plan Internacional y Centro de Derechos Humanos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos (CEDEHCA). (2007). Derecho a un nombre y una nacionalidad de niñas, niños y adolescentes de la Región Autónoma Atlántico Sur. Managua. Save the Children Canada, Plan Internacional y CEDEHCA. UNICEF. (2002) Centro de Investigaciones Innocenti, Digest No. 9. El Registro de Nacimiento: El derecho a tener derechos. Florencia. UNICEF. UNICEF. (2006). Estado Mundial de la Infancia 2006, Excluidos e Invisibles. New York. UNICEF.

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La gestión de residuos sólidos en barrios precarios: El caso de la Zona Homogénea 18 de Mayo, Managua Héctor Delgado Paniagua y Haizel Sequeira Miranda Tutoras: Arq. Andrea Lorito y Arq. Rita de Franco hjdelgado@habitarnicaragua.org

Maestría en Gestión Urbana y Vulnerabilidad Social

Los barrios precarios enfrentan problemas de disposición inadecuada de residuos sólidos, producto de una conducta ambiental negativa y movilización comunitaria insuficiente en sus habitantes. Cambiar esta situación supone elevar la participación ciudadana en la gestión pública e implementar acciones no convencionales.

Resumen La Zona Homogénea 18 de Mayo, un conjunto de barrios precarios cuyo proceso de consolidación ha dependido de la gestión y el esfuerzo de sus pobladores, presentaba a inicios de 2008 una serie de problemas ambientales asociados a la disposición inadecuada de residuos sólidos. Por ello fue intervenida por un programa financiado por la cooperación holandesa, que promovió acciones de fortalecimiento a la organización comunitaria, educación ambiental y proyectos de manejo de residuos. Durante la ejecución del programa surgieron preguntas: ¿Por qué el manejo inadecuado de residuos sólidos no hacen que las organizaciones comunitarias se movilicen para encontrar una solución a la problemática, como lo hicieron por otras carencias en años pasados? ¿Qué tiene que hacerse para motivar esa movilización? Esta investigación intenta responder esas preguntas, y para ello identifica áreas de mayor afectación por microbotaderos, y consulta a residentes de la Zona sobre prácticas, conducta ambiental y visión de los residuos sólidos. Actualmente el Gobierno promueve la participación ciudadana y ha dinamizado las organizaciones comunitarias, esto es retomado en una propuesta para continuar las acciones iniciadas y contribuir al involucramiento de la ciudadanía en la gestión pública, a través de un programa institucionalizado de mejoramiento de la gestión de residuos sólidos en barrios precarios.

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Introducción El servicio municipal de recolección de residuos sólidos de Managua refleja la segregación urbana de la ciudad: las zonas atendidas presentan mayor nivel de consolidación, y en ellas reside población con mayores ingresos, mientras las no atendidas tienen un alto nivel de precariedad urbana y son habitadas por población pobre. Los habitantes de barrios no atendidos por este servicio municipal depositan sus residuos en sitios inadecuados, generando microbotaderos que afectan a la población y al entorno urbano. Vista de un tramo del cauce con basura frente a viviendas en el barrio “Walter Ferrety”. Entre 2008 y 2010 se ejecutó el programa “Iniciativa Integrada para el Ambiente Urbano Sostenible–2 (por sus siglas en inglés ISSUE-2), por un consorcio de instituciones públicas, no gubernamentales, privadas y académicas, con el objetivo de promover la modernización de la gestión de residuos sólidos y líquidos, apoyando el mejoramiento de las condiciones de vida en la Zona Homogénea 18 de Mayo. La Zona Homogénea se caracteriza por el alto nivel organizativo de sus habitantes, elemento clave para su consolidación, ya que con trabajo comunitario y esfuerzo solidario fue posible la dotación de servicios básicos, el mejoramiento habitacional y la provisión de equipamiento e infraestructura. Paradójicamente, se observa una actitud pasiva ante la problemática de los residuos sólidos, a pesar de las acciones de sensibilización y de capacitación realizadas desde distintas instancias. Esta investigación toma como referencia la línea base inicial de la situación de manejo de residuos y estudios técnicos, que sirvieron para elaborar propuestas de proyectos, además, pretende contribuir a la sostenibilidad de las alternativas de manejo integrado de residuos sólidos promovidas, y consolidar las plataformas de diálogo establecidas durante la ejecución de ISSUE–2.

Objetivos General Aportar elementos para mejorar la gestión de residuos sólidos en barrios precarios con problemas de manejo de los mismos.

Específicos - Identificar características y afectaciones espaciales de los microbotaderos de residuos sólidos en la Zona Homogénea 18 de Mayo

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- Descubrir elementos de la conducta ambiental de habitantes de la Zona, sobre la gestión de residuos sólidos. - Describir las diferentes expresiones de participación ciudadana y plataformas de gobernabilidad existentes en relación con alternativas de solución frente a la disposición final de residuos sólidos. - Proponer una estrategia participativa para la promoción de la gestión integrada de residuos sólidos, que contribuya al mejoramiento urbano de los barrios.

Desarrollo Los microbotaderos de la Zona y las afectaciones que generan La mayoría de los microbotaderos se ubica en ramales del Cauce Las Cuaresmas, su formación y permanencia se debe a la acción de los vecinos. En torno a ellos se ha generado una dinámica social particular entre agentes que obtienen ingresos económicos, pero que no establecen una relación estable prestatario-usuario, y que carece de regulación de la municipalidad.

La conducta ambiental de sus habitantes La utilización del cauce como punto de disposición final de residuos sólidos es realizada en todos los barrios, a pesar de que algunos cuentan con cobertura del servicio de recolección municipal. Se realiza de forma directa o bien por contratación de personas. En los barrios con cobertura irregular, es frecuente el arreglo informal entre el propietario de la vivienda y una persona para el traslado de los residuos. Los residentes que tienen menor tiempo de vivir en ella se muestran más interesados en la búsqueda de solución a la problemática. Se aprecia en los hombres una ligera tendencia hacia una actitud pasiva hacia la permanencia de los microbotaderos. Ejercicio de participación ciudadana en la gestión urbana Las plataformas de diálogo promovidas por el Gobierno Municipal se caracterizan por tener un sentido de comunicación vertical de arriba hacia abajo, con espacio limitado para la participación en la toma de decisiones. Son utilizadas para informar de acciones sociales o de proyectos de infraestructuras, promovidas y financiadas por la municipalidad. El rol activo del liderazgo comunitario disminuyó cuando los barrios tuvieron acceso a servicios de agua y de electricidad, pero recientemente se ha reactivado con la conformación de los CPC.

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La gestión social se ha limitado a la demanda ante la municipalidad para que camiones recolectores ingresen a los barrios. Ha dependido de procesos de consulta e información promovidos por la Alcaldía, y no se ha identificado una movilización comunitaria masiva ante la problemática. La ejecución de ISSUE-2 contribuyó a fortalecer las capacidades autogestionarias del liderazgo comunitario, las que constituyen un potencial para el desarrollo de procesos de educación ambiental. Opciones identificadas por los habitantes de la Zona Homogénea 18 de Mayo para solucionar la problemática de los microbotaderos. Fuente: Elaboración Propia.

Propuesta de mejoramiento de la gestión de residuos sólidos Existen condiciones para mejorar la gestión de residuos sólidos, retomando las soluciones tecnológicas promovidas por ISSUE-2 e involucrar al liderazgo comunitario en la ejecución de acciones que promuevan un cambio de conducta en la población, así se proponen las siguientes acciones: - Creación de condiciones en la Delegación Territorial del Distrito V de la Alcaldía de Managua para la coordinación interinstitucional y el ejercicio de la participación ciudadana. - Fortalecimiento de la organización comunitaria apuntando a ser activa, incluyente, pluralista y apropiada de los principios de gestión integral de residuos. - Consolidación de soluciones tecnológicas transferidas por ISSUE-2 a la municipalidad, asegurando complementariedad entre el sistema municipal de recolección de residuos sólidos y uno alterno. - Diseño de programa de educación ambiental para promover prácticas de gestión integral de residuos sólidos en los habitantes de la Zona.

Conclusiones Los microbotaderos del Cauce Las Cuaresmas generan afectaciones sanitarias, sociales, económicas y ambientales a la población residente en la zona aledaña y a la infraestructura de la ciudad, específicamente, Hospital Manolo Morales y la intersección entre las pistas Juan Pablo II y El Dorado. Los habitantes de la Zona están conscientes de los daños generados por los residuos sólidos, entre los que destacan: las afectaciones a la salud, principalmente en niños y

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en ancianos, el deterioro de la imagen urbana y de las relaciones vecinales; pero su conducta denota que satisfacen la necesidad primaria de proteger su salud, sacando la basura de su entorno inmediato: la vivienda, en detrimento de su entorno secundario: el barrio. Habitantes de la Zona y técnicos municipales tienden a considerar que la solución a la problemática de los residuos sólidos debe ser resuelta por la municipalidad mediante el servicio público de recolección con camiones.Se requiere promover un cambio hacia la búsqueda de soluciones alternativas con el involucramiento de la comunidad. Actualmente existe un contexto favorable por la reactivación de las estructuras organizativas comunitarias en los barrios, que puede ser aprovechado y potenciado para institucionalizar espacios de gobernabilidad que permitan una efectiva participación en la gestión pública.

Referencias biblográficas Arnold van de Klunder, M. M. (2001). Gestión Integrada y Sostenible de Residuos, Herramientas para los tomadores de decisiones. Gouda. Berenguer J. & Corraliza J. (2000). Preocupación ambiental y comportamientos ecológicos. Universidad de Castilla La Mancha, Universidad Autónoma de Madrid. 2000. Recuperado el día 12 de Febrero 2009 de www.psicothema.com/psicothema.asp?id=338 - 52 k Mac Donald, J. (2005) La otra agenda urbana. Tareas, experiencias y programas para aliviar la pobreza y precariedad en las ciudades de América Latina y el Caribe. Serie Medio Ambiente y Desarrollo No 117. Santiago de Chile .Recuperado el 11 de junio 2009 de http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/agrupadores_xml/ ages20.xml&xsl=/ agrupadores_xml/ agrupa_listado.xsl. OMS. (2002). Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de los Residuos Sólidos Municipales en Nicaragua. Nicaragua. Recuperado el 25 de julio del 2010 de http:// www.bvsde.paho.org/bvsars/fulltext/informes/nicaragua.pdf Stuart, R., Castro, I. & Mairena, R. (2009). Consejos de Poder Ciudadano y gestión pública en Nicaragua. Nicaragua: Centro de Estudios y Análisis Político. Política nacional sobre gestión integral de residuos sólidos (2005). Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. La Gaceta No. 63. Recuperado el 5 de junio 2009 de http:// legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/%28$All%29/D132318726051846062570A B0064017D?OpenDocument.

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Ética empresarial, responsabilidad social empresarial y comunicación: Retos de su aplicación en Nicaragua en el Período 2001- 2010 Lubín Orlando Barrera Rodríguez orlandobarrera@cablenet.com.ni

Maestría en Comunicación y Periodismo

Resumen El tema de la Responsabilidad Social Empresarial ha adquirido carta de ciudadanía en la mayoría de los países industrializados, donde el debate entre ética empresarial y RSE se da desde los campos de la filosofía, la administración, y empieza a tomar fuerza desde las teorías de la comunicación. Sus prácticas son positivas e incluyen al sector académico y científico, al empresarial, gubernamental y a la sociedad civil como expresión de la comunidad. En Nicaragua y en la región centroamericana desde hace poco más de una década se empezó a desarrollar programas de RSE en propiedad, en diferentes ámbitos del quehacer social, económico y medioambiental, cuyos resultados son obvios en unos casos y realmente dudosos en otros. Los medios de comunicación y los periodistas asignados al área aún no desarrollan el suficiente conocimiento teórico y empírico para poder abordar con propiedad la cobertura de estos temas, separando los auténticos proyectos de RSE de las estrategias de mercadeo con que algunas empresas buscan proyectarse y ganar prestigio institucional. Se requiere que las universidades y centros de investigación integren en sus programas y proyectos el tema de la RSE dotándolo del necesario sentido de imparcialidad y rigorismo científico con que debe ser asumido para contribuir a un debate que debe ser multilateral, amplio y procedente. Palabras clave: ética empresarial, responsabilidad social empresarial, estrategias de comunicación, reporte social, medios de comunicación

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Introducción Hace aproximadamente una década, en Nicaragua se comenzaron a desarrollar programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y se comenzaron a utilizar distintas formas de comunicación para difundirlos. En el público existe la percepción de que algunos de ellos son genuinos, pero otros, son una argucia de mercadeo. La definición de RSE no es homogénea. Los elementos comunes son el alineamiento con el giro del negocio, su articulación en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas centrados en el respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio ambiente, asumidos de forma voluntaria, y que deben superar el cumplimiento de las leyes del país. Desde un enfoque de la ética empresarial, cabe preguntarse si es realista tener otras expectativas respecto a las empresas, diferente de la de generar riqueza y utilidades para sus accionistas, o si estas pueden rebasar el marco de su personalidad jurídica, en una época en que las expectativas y exigencias de los públicos y de las propias organizaciones han cambiado de manera importante. Los medios de comunicación masiva y los periodistas tienen un papel trascendente en la auditoría social de los programas y acciones empresariales en la materia, y requieren pensar el tema como algo de primer orden en el terreno económico, social y ambiental, y no verlo en la perspectiva de “notas empresariales de mercadeo”, pues se pierde la oportunidad de tener una mirada más reflexiva, crítica y propositiva sobre esta temática que ha llegado al país para quedarse.

Objetivo del Estudio Realizar un análisis desde el campo de la comunicación y la ética empresarial de los retos de los programas de responsabilidad social empresarial en Nicaragua, en el período 2001-2010.

La Rse desde la Ética y la Comunicación La RSE es la política organizacional que mayor interés ha suscitado en la última década en Centroamérica, y especialmente en Nicaragua, debido a su insistente presencia en los discursos de los dirigentes empresariales, gremiales y políticos. Genera interés por la forma difusa en que se interpreta y por la cobertura ambigua por parte de los periodistas y comentaristas de los principales órganos de información del país. Asimismo, llama la atención la escasa repercusión que ha tenido en los círculos académicos, sobre todo en las universidades, donde su debate ha sido mínimo, y se concentra en un par de instituciones de formación en posgrado.

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Para una mejor comprensión de la dinámica de desarrollo de las políticas de RSE, es necesario indagar sobre sus orígenes a nivel internacional y nacional, su ubicación en las teorías de la administración empresarial y su valoración desde la óptica de la ética empresarial y de la comunicación, de tal manera que nos permita estimar su aporte al desarrollo social y económico de los países de la región, y de manera focalizada al progreso de nuestra sociedad. Varios autores ubican el tema o al menos sus prolegómenos en los albores del siglo XX, específicamente en la década de 1920, cuando surgen las primeras interrogantes sobre el papel de las empresas en el desarrollo económico y social, cuestiones que se plantean en profundidad desde el terreno de la denominada Business Ethics, que es la corriente estadounidense de la ética empresarial. Como afirma Lozano (1999: 82) “[…] podemos encontrar una raíz de los planteamientos propios de la responsabilidad social de la empresa en los pasos que se empiezan a dar a principios de los años veinte hacia lo que podríamos llamar la filantropía empresarial”. Otros autores consideran que es más realista hablar de Responsabilidad Social Empresarial a partir de 1979, cuando el Comité para el Desarrollo Económico (Comitee for Economic Development) analiza el desempeño de las empresas en el entorno social, y cómo ajustan sus políticas a las nuevas exigencias de las sociedades donde operan. En Centroamérica, la RSE comienza a tomar fuerza hace poco más de diez años, pero desde entonces ha venido creciendo en importancia y figuración en el ambiente empresarial, político y social. Por ello, se hace necesario conocer mejor las interrelaciones e intersecciones que se presentan en tres terrenos que hasta ahora han sido analizados por separado y desde su propio objeto de estudio: la Ética Empresarial, la RSE y la Comunicación. Hay unas fructíferas interacciones entre estas tres disciplinas. La ética empresarial nos permite tener una aproximación diferente a la comprensión de las organizaciones, su filosofía y su aporte al desarrollo económico, social y cultural, en tanto, la RSE posibilita mirar en el terreno de las acciones prácticas el desenvolvimiento y proyección del nuevo paradigma empresarial. Por su parte, la comunicación juega un papel de pivote entre estas dos áreas, pues promueve una mayor apertura y transparencia de la organización, de tal forma que la opinión pública conozca mejor su quehacer, sus programas y su forma de desenvolverse, ampliando su credibilidad y aceptación. A través de una dosificada estrategia de comunicación la empresa puede, preservar los secretos empresariales necesarios para su operación y competitividad, al tiempo que hace tangibles sus programas e inversiones sociales y el grado de compromiso que tiene con el desarrollo de la comunidad y con la preservación de los recursos del ecosistema, mediante una operación sustentable y amigable con el entorno. El tema de la RSE en Nicaragua es muy reciente, y, por tanto, no abundan los estudios sobre su desarrollo e implementación, y la cobertura de los medios aún es muy esporádica

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y anecdótica, excepción hecha de publicaciones regionales que han logrado desarrollar productos informativos de relevancia. No obstante hay interesantes estudios realizados por el Incae y uniRSE, que nos brindan un primer diagnóstico sobre el estado actual del tema en el país. Para una mejor comprensión del tema, para validar su trascendencia social y para depurar los programas legítimos de RSE otras formas de beneficencia social o filantropía, es necesario que las universidades y centros de investigación se sumen al esfuerzo de análisis del tema, pues hasta ahora toda la fundamentación teórica se está haciendo desde el campo empresarial (uniRSE es una agremiación de empresas, y el Incae se caracteriza por su óptica 100% pro empresa privada, lo cual no les disminuye ni su prestigio ni su credibilidad), y se requiere que existan otras narraciones y otras formas de entender la problemática, desde la sociedad civil, los gobiernos centrales y locales, la comunidad de base, los medios de comunicación, y, obvia y reiterativamente, desde la academia.

Conclusiones 1. Existe una fuerte e imbricada relación entre ética empresarial, responsabilidad social empresarial y comunicación. 2. La ética empresarial se ha desarrollado como disciplina autónoma en Europa y Estados Unidos, mientras que tiene un incipiente nivel de conocimiento y prácticamente nulo debate en Centroamérica y específicamente en Nicaragua. 3. En Estados Unidos y Europa el debate ha sido asumido desde la academia, lo que le da mayor profundidad, neutralidad y credibilidad. En contraposición con lo que sucede en nuestro continente, que este debate se ha evitado o abortado al plantearse desde la óptica muy particular de la empresa. 4. En Nicaragua es necesario que las universidades y centros de formación superior dinamicen el conocimiento de la ética aplicada a las empresas y no sólo se queden en la ética de las profesiones. 5. Solo una ínfima parte de las empresas que operan en Nicaragua han adoptado un código de ética público, escrito y asumido por la dirección de la empresa y por sus colaboradores, mientras que para la amplia mayoría son solo verbalizaciones de intenciones o deseos de mostrarse actualizado, pero sin ningún soporte real. 6. Diariamente, los medios de comunicación en sus notas informativas y denuncias de la población develan hasta qué punto muchas empresas siguen sin adoptar prácticas éticas en su relacionamiento con la comunidad y el medio ambiente.

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7. No obstante, el importante papel que juegan en el proceso de auditoría social, una amplia mayoría de los medios de comunicación, pierde el necesario equilibrio y refleja en su cobertura solo los aspectos negativos, dejando para notas curiosas las prácticas positivas y el compromiso ético que han asumido y realizan diferentes empresas en este tema, o cobijan con el manto de la RSE acciones de filantropía (muy necesaria, pero que no resuelve los problemas de una maneras sostenible) o de mercadeo social que buscan conseguir prestigio institucional a sus ejecutores.

Referencias Bibliográficas Artavia, R. (2009). Responsabilidad Social de las empresas y el contrato social. Mercados y Tendencias: El libro de los proyectos de RSE en América Central y el Caribe. (volumen I) San Salvador: Grupo Cerca Editores. Cortina, A. (2001). Alianza y Contrato, Política, ética y religión. Madrid: Editorial Trotta, Incae. (2003). Walking the Talk: Simposio sobre Empresarialismo, Filantropía y Desarrollo. Managua. (paper) Lozano, J. M. (1999). Ética y empresa, Madrid: Editorial Trotta. Organización de Naciones Unidas, Red Argentina, (s.f.). Naciones Unidas Pacto Global: los 10 principios, recuperado el 23 de febrero de 2011, de http://www.pactoglobal.org. ar/content.asp?id=3 Ramos, E., Villanueva, M. T., Peinado-Vara, E. (2007). Empresas Privadas y creación de oportunidades económicas para micro y pequeñas empresas. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, Biblioteca Felipe Herrera. Sen, A., Klikskberg, B. (2007). Primero la gente: Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del mundo globalizado. Barcelona: Deusto. Unión Nicaragüense Para la Responsabilidad Social Empresarial, uniRSE. (2005). Guía de la Responsabilidad Social Empresarial: Qué es la RSE: su papel para mejorar la situación socioeconómica en Nicaragua. Managua, (paper)

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Estado de la situación de la niñez trabajadora. Caso Nicaragua

Investigación impulsada por Save the Children Canadá y la Red Latinoamericana de Maestrías sobre Derechos del Niño y Políticas Públicas de Infancia Msc. Karla Hernández Coordinadora de Maestría en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de Niños, Niñas y Adolescentes maestriainfancia@ns.uca.edu.ni Gabriel Rivera Consultor en Derechos Humanos nicaraguainclusiva@yahoo.com

Maestría en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de Niños, Niñas y Adolescentes

Resumen

El trabajo infantil es una realidad nacional que debe ser dimensionada desde una perspectiva amplia que enhebre lo social con lo económico, los discursos del desarrollo y sus tensiones --ruralidad-urbanidad, desarrollo económico- persistencia de la inequidad y la exclusión--, y el discurso jurídico, con los imaginarios sociales que definen las coordenadas en que las personas hilvanan sus vidas. La principal respuesta del Estado frente al trabajo infantil ha consistido en la creación de instancias encargadas de articular la respuesta nacional y municipal, y aprobación de un conjunto de leyes y de políticas públicas orientadas a prevenir el trabajo infantil, erradicar los trabajos peligrosos y proteger al adolescente trabajador. Esta investigación indaga sobre los avances (jurídicos, institucionales) registrados en la última década en la lucha contra el trabajo infantil, el estado actual de la niñez trabajadora (magnitud, dinámicas, situación educativa, estado de salud, etc.), las lecciones aprendidas y los retos pendientes. El trabajo infantil responde a las condiciones de pobreza y exclusión social, en consecuencia, es necesario ahondar en sus causas estructurales y proponer estrategias integrales de mediano y de largo plazo.

Objetivos 1. Conocer el estado actual de la niñez trabajadora en sus variables: demográfica, laboral, educativa, salud, organización y participación.

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2. Reconocer el estado actual y los efectos de las políticas, planes y programas públicos y privados, nacionales e internacionales, respecto a la niñez trabajadora. 3. Identificar las principales recomendaciones, lecciones y prácticas pertinentes como línea de base al 2010, en los países estudiados y comparativamente en lo global.

Introducción La persistencia y magnitud del trabajo infantil en Nicaragua, que tiene mayor incidencia en las zonas rurales, se encuentra relacionada con las condiciones de pobreza endémica en que vive más de la mitad de las familias, las deficiencias institucionales en los sistemas educativos y de protección social, y la ausencia de políticas públicas de Estado que aborden de forma integral y con solución de continuidad la prevención del trabajo infantil y erradicación de sus peores formas.

Trabajo infantil en Nicaragua La magnitud del trabajo infantil en Nicaragua es amplia. La Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil y de Adolescentes, ENTIA 2005, estimó en 238,827 la cantidad de niños, niñas y adolescentes trabajadores, equivalentes al 13.2% de la población en ese rango de edad. Aunque la legislación nacional prohíbe el trabajo de las personas menores de 14 años, la ENTIA 2005 registra que “el 36.1% de los niños, niñas trabajadores [activos] son menores de 14 años”. En el discurso jurídico, estos niños y niñas no deberían estar trabajando, pero la realidad social indica lo contrario. La realidad del trabajo infantil se perfila en el ámbito rural, lo que se corresponde con la vocación agrícola del país. Es claro que aunque la pobreza en el campo incide de forma significativa en la existencia del trabajo infantil, no explica “completamente la aparición y persistencia del fenómeno” (Salazar y Alarcón: 1996), hay otros factores institucionales, sociales y culturales que contribuyen en la configuración del fenómeno. Un ámbito poco estudiado son los imaginarios rurales, las formas en que las comunidades rurales organizan su vida material y el sentido que otorgan a su actuar, la forma en que interpretan las circunstancias que les toca vivir y sus estrategias de supervivencia Dos terceras partes del total de la niñez y la adolescencia trabajadora se concentra en el campo. Más de la mitad de la niñez y adolescencia trabajadora labora en las ramas agropecuarias (56.6%) y poco más de 1/5 en las ramas del comercio y servicios (21.6%). Los datos de la ENTIA 2005 reflejan que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes trabajadores son del sexo masculino. Diversas investigaciones consideran que el trabajo de las niñas se encuentra invisibilizado, principalmente, el que se realiza en el ámbito doméstico.

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Las dinámicas del trabajo infantil registran una clara filiación de género, los varones laboran en el campo en actividades agrícolas y las mujeres en el sector del comercio y servicios. Las condiciones de pobreza y las no pocas inequidades sociales, configuran el entorno en que se ubica el fenómeno del trabajo infantil en Nicaragua. El Análisis de Resultados de la ENTIA 2005 evidencia que los niños y las niñas trabajan para sobrevivir. Frente a las condiciones de pobreza en que viven sus familias, ellos se incorporan (frecuentemente a instancias de la familia) al mundo del trabajo, y contribuyen en llevar comida a sus hogares, vestirse, estudiar, etc. El 76% de los niños y de las niñas trabajadores se desempeñan en el sector informal de la economía, lo que se corresponde con la tendencia en la población adulta. Un rasgo destacado del trabajo infantil en Nicaragua es el predominio del trabajo familiar no remunerado. En efecto, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son trabajadores no remunerados, 3 de cada 10 son asalariados, y el 6.4% trabaja por cuenta propia. Del total de niños que trabajan y reciben remuneración, la mayoría destina sus ingresos a comprar vestuario y comida, a ayudar a los padres y a pagar sus estudios. Situación educativa La ENTIA 2005 evidencia que el 12.3% de los niños, niñas y adolescentes trabajadores no sabe leer y escribir, cifra que es superior en los hombres (13.3%) que en las mujeres (9.7%). En las zonas rurales el porcentaje es mucho mayor (17.0%) que en las zonas urbanas (5.0%). Además del analfabetismo, resulta particularmente preocupante que el 85% de los niños, niñas y adolescentes que no saben leer y escribir no se encontraban asistiendo a clases, lo que indica que su condición no cambiará. De los niños, niñas y adolescentes trabajadores que declararon que no asisten a la escuela, el 27.4% refiere que no tiene recursos para estudiar, seguido del 15.8% que expresa que no tiene interés en estudiar. Estos datos nos indican que la principal limitación es de tipo económica, pero, además, inciden las deficiencias del proceso educativo: limitaciones en el acceso a la educación --lejanía de los centros-- y aspectos relacionados con la calidad --empirismo docente-- y pertinencia --currículo poco atractivo para los estudiantes y los padres-- del proceso educativo. En la población de entre 7 y 17 años, el 59.6% niños, niñas y adolescentes trabajadores (activos e inactivos) manifestó tener algún nivel de primaria, el 27.4% tenía algún nivel de secundaria, y solo el 0.1 % de los adolescentes había tenido una formación técnica.

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Situación de salud El 82.8% de los niños, niñas y adolescentes trabajadores manifestaron que no conocen los riesgos o problemas de salud que podía ocasionarles el trabajo que realizan, es decir, no están conscientes de que su trabajo puede incidir de manera negativa en su salud. Los riesgos laborales están determinados por la naturaleza del trabajo y por las condiciones en que este se realiza. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes trabajadores realizan su trabajo expuesto al sol y a la intemperie, temperatura y humedad, polvo, etc., o manipulan herramientas de trabajo (machete, azadón), que pueden afectar su estado de salud a lo inmediato y en el largo plazo.

Normatividad jurídica y política El Estado nicaragüense cuenta con un amplio sistema jurídico de protección y promoción de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, que prohíbe el trabajo de los menores de 14 años y protege los derechos de los adolescentes trabajadores. A nivel internacional se han ratificado todos los instrumentos del sistema de naciones unidas para prevenir el trabajo infantil, erradicar sus peores formas, y proteger a la adolescencia trabajadora. En el ámbito local se han aprobado un conjunto de leyes, reglamentos y disposiciones administrativas en el mismo sentido. A nivel institucional se han formulado e implementado políticas públicas.

Marco organizacional El ámbito de la regulación del trabajo de los y las adolescentes y la prevención del trabajo infantil se encuentra circunscrito al Ministerio del Trabajo (Mitrab) a través de la Comisión Nacional para la Erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores (Cnepti).

Lecciones aprendidas y retos pendientes En el transcurso de la última década se han obtenido grandes aprendizajes en la prevención del trabajo infantil, erradicación de las peores formas de trabajo infantil y protección del adolescente trabajador. 1. El abordaje al trabajo infantil debe tener un enfoque holístico que permita dar una respuesta integral. 2. La participación y el desarrollo de sinergias de todos los actores es indispensable para el cumplimiento de las políticas.

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3. La voz y el sentir de la niñez trabajadora y sus familias deben escucharse. 4. El reconocimiento normativo del derecho de la niñez a vivir libres del trabajo infantil no basta. Es necesario destinar recursos financieros para implementar leyes y políticas. 5. La cosmovisión rural es un factor importante a considerar en las estrategias de prevención del trabajo infantil. 6. La prevención del trabajo infantil, requiere fortalecer la capacidad de las familias, para generar ingresos y salir de la pobreza. 7. La formulación de políticas públicas municipales es necesaria. 8. La ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación es fundamental en la lucha contra el trabajo infantil. 9. El sistema estadístico para recopilar información confiable sobre la magnitud y dinámicas del trabajo infantil se debe fortalecer.

Referencias bibliográficas Comisión Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador. (2000). Plan estratégico nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de los y las adolescentes trabajadoras 2001-2005. Managua: CNEPTI. Instituto Nicaragüense de Información para el desarrollo. (2001). Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente. (2000). Managua: ENTIA. Organización Internacional del Trabajo (2008). Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Síntesis. Diagnóstico de situación del trabajo infantil y sus peores formas en Nicaragua. Managua: OIT.

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Rutas innovadoras del cambio docente. Sistematización de cuatro experiencias de formación Programa PASEN, Banco Mundial, Ministerio de Educación Dr. Rafael Lucio Gil Instituto de Educación UCA (IDEUCA) gil@ns.uca.edu.ni

Resumen

Este trabajo se centra en sistematizar la experiencia de formación docente de cuatro cursos dirigidos a asesores pedagógicos, a maestros de escuelas multigrados, y a profesores de Matemáticas y de Español de 4º y de 5º años. Fue desarrollado por el Ministerio de Educación, con apoyo del Banco Mundial, y concretada por especialistas universitarios y facilitadores institucionales, en el período 2009-2010. Se propuso rescatar experiencias exitosas, aprendizajes e innovaciones, y formular propuestas de mejora. Los resultados obtenidos en sus ejes, y positivamente valorados por los actores, evidencian niveles de resonancia e incidencia para los actores: la importancia de la participación como requisito para mejorar la implicación y significación del aprendizaje; la percepción de calidad de la formación como centro de interés educativo; el sentido de pertinencia y de utilidad de lo aprendido, la autovaloración de los cambios de concepciones y de prácticas; y los facilitadores y los obstaculizadores presentes. La reflexión crítica de los resultados obtenidos evidencia que los educadores en formación, a partir de la reflexión crítica de su práctica y de la interacción cooperativa de experiencias vividas, despliegan capacidades y voluntades, comprometiéndose a transformar concepciones, visiones y prácticas. Resalta el papel que juegan los obstáculos epistemológicos, y la dificultad evidente para superarlos en la formación. El rescate de experiencias exitosas y aprendizajes e innovaciones habidas en el proceso, muestra un conjunto complejo de lecciones aprendidas en: organización, planificación general y didáctica, diseño de módulos, valores e incidencia de decisiones. Estos resultados movilizan, al final, una propuesta de mejora de la formación docente, que alentará su transformación.

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Palabras clave: formación docente, metacognición, obstáculos epistemológicos, cambios prácticos. La sistematización de las cuatro experiencias de cursos de formación docente (asesores pedagógicos, maestros multigrado, profesores de Matemáticas y de Español de 4º y 5º años), desarrolladas por la Dirección General de Formación Docente del Ministerio de Educación, y apoyada por el Banco Mundial, abre nuevas rutas de cambio e innovación por las que transita la formación docente de Nicaragua. Su objetivo se centró en rescatar la experiencia vivida por los actores, extrayendo las vivencias, experiencias exitosas, nuevos aprendizajes e innovaciones, y formulando una propuesta de mejora. Con los resultados obtenidos, la experiencia rescatada abre nuevos horizontes que enriquecen la fundamentación y las estrategias de formación docente, en un contexto de país dinámicamente cambiante y empeñado en convertir la educación en la fuente de derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Los cuatro capítulos, progresivamente, van devanando los hilos de la experiencia, no solo en la descripción de su proceso, sino en desentrañar en ellos el sentido y el significados que los actores participantes atribuyen a su inmersión en una formación compartida entre especialistas, facilitadores, maestros, maestras, en la que todos han aprendido y compartido la riqueza de sus experiencias, saberes y sentires. Se cumple, así, que quien enseña, aprende al enseñar, y que quien aprende, enseñar al aprender (Freire, 2004). El recorrido realizado ha pasado revista a los rasgos de la experiencia vivida y relatada por los actores, con la reflexión crítica que de ella se desprende. Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas presentan las riquezas principales que se derivan de ellas, no solo en términos de experiencias innovadoras que merecen ser transferidas, sino de aquellas experiencias no exitosas que requieren ser superadas y no repetidas ni transferidas. En su conjunto, la sistematización demuestra la relevancia del proceso en cuanto al concurso de varias instituciones articuladas para efectos de llevar a cabo esta experiencia de formación, lo que ha posibilitado acuerpar saberes, experiencias y recursos humanos y financieros. Además, ha hecho posible crear sinergias con experiencias y conocimientos de todas ellas. En los planos técnico, científico y pedagógico, este gran esfuerzo demuestra que sí es posible desarrollar propuestas de formación docente, que prioricen la formación científica, pedagógica y didáctica con acierto, y con un enfoque orientado a provocar cambios de concepciones y de prácticas en el personal docente. Esta estrategia de formación planificada y llevada a efecto, con el diseño de módulos, los cursos nucleares, los cursos réplica y las visitas de monitoreo y de asesoría, ha sido notablemente valorada como excelente por todos los actores involucrados, pues este tendido nacional, en el que no se contaba con experiencias antecedentes similares, encerró aprendizajes signi-

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ficativos a partir de dificultades y tensiones que se lograron resolver de forma gradual. Tal estrategia ha contraído, para la DGFD y el Ministerio de Educación, en general, mayores fortalezas, experiencia y disposición para dar nuevos pasos. A la par, también la sistematización presenta los nuevos conocimientos y saberes construidos por los actores implicados, los que constituyen una riqueza singular, capaces de contribuir a complementar y a mejorar los planteamientos teóricos habituales, que sirven de base a las instituciones educativas para orientar la formación del personal docente. Transferir e incorporar tales saberes innovadores a otras prácticas de formación, seguramente, aportará nueva savia a la formación docente, de manera que responda más y mejor a la complejidad que refleja el país en sus territorios, culturas e historias. El Capítulo I se introduce mostrando los propósitos y riqueza que se deben desprender de esta sistematización de experiencias, con los ejes que atraviesan el análisis y la reflexión crítica. Presenta, en su desarrollo, un balance de las percepciones expresadas por los actores en cuanto a los distintos ejes de la sistematización, con sus indicadores correspondientes, tanto del Curso Nuclear, como diseminador de la experiencia, como de sus réplicas en el terreno local. Todos los actores implicados en este proceso reconocen que el proceso de formación ha dejado en ellos profundas huellas, tanto en el campo científico, pedagógico y didáctico, como en el humano y de los valores que se han evidenciado y transferido. El diseño de los módulos, realizado por personal experto de universidades e instituciones de gran experiencia en formación docente, unido al aporte y asesoría experta de la Coordinación Nacional, ha posibilitado un producto orientado al autoaprendizaje de los alumnos participantes, altamente valorado por ellos, elaborado en corto tiempo y con pocos recursos. Este material de estudio se convirtió en la columna vertebral del éxito de los encuentros realizados, así como en el mejor recurso para el estudio autónomo de cada alumno. El análisis de las valoraciones de los actores en relación con su participación en todo el proceso de los cursos, arroja un balance muy positivo, ubicando en esta participación amplia y diversa, una clave fundamental de los aprendizajes obtenidos como producto de los intercambios realizados. La percepción de los actores respecto a la calidad de esta experiencia, en sus diversos componentes, arroja un balance profundamente positivo. El eslabón más débil en la calidad de esta participación, paradójicamente, se ubica en los delegados y delegadas de los departamentos y de los municipios, en tanto tuvieron una implicación muy débil en apoyar de forma efectiva su desarrollo. En el plano científico, pedagógico y didáctico, desde la percepción de los participantes, los resultados los valoran como muy exitosos. Tanto la cientificidad y la actualización de los contenidos, como los métodos pedagógicos y didácticos utilizados para activar el aprendizaje, también han sido ampliamente valorados en forma muy positiva.

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Los niveles de pertinencia y de utilidad de los contenidos y de las metodologías empleadas en los encuentros, son reconocidos con excelente valoración por la casi totalidad de docentes participantes, como de gran trascendencia para su práctica docente, en tanto consideran que responden a la problemática de su quehacer cotidiano, lo que les hace verlos de gran utilidad para ser aplicados. Es de gran interés examinar la autopercepción alentadora que expresan sobre las posibilidades e interés de que tienen de aplicar lo aprendido en sus contextos de desempeño cotidiano. Al valorar en qué medida lo están aplicado, realmente, ellos y sus directores reflejan que están aplicando mucho de lo aprendido a la par del desarrollo del curso, y confían en su aplicación total, una vez concluidos los cursos. Resulta de gran interés apreciar que los resultados del Curso Nuclear y los de las réplicas son ampliamente coincidentes, lo que hace ver que sí es posible aplicar, con éxito, este tipo de estrategia. El Capítulo II se detiene en desentrañar de forma reflexiva y crítica, las experiencias y nuevos saberes que se han generado, así como experiencias negativas que merecen ser superadas. Esta reflexión tiene su anclaje en varios puntales que muestran la experiencia de formación como exitosa. La participación en la formación se muestra como el principal activador y dinamizador del involucramiento en aprendizajes situados y significativos. La calidad de la formación se expresa como un tema relativo, multifactorial y dinámico, en su expresión de Calidad Total, en tanto se nutre de la equidad, pertinencia y eficiencia. La pertinencia y la utilidad de los aprendizajes se expresan como las que dan sentido y significado a la aplicación de lo aprendido por los docentes, en medio de facilitadores y de obstaculizadores que acompañaron dichos procesos de cambio. Los cambios conceptuales y prácticos mostrados, se analizan desde la perspectiva que muestran los obstáculos epistemológicos propios de todo proceso de formación (Lucio, 2001), los que evidencian la complejidad del cambio docente, los que deben dar pie a nuevas estrategias de acompañamiento para lograr cambios efectivos en la práctica. El Capítulo III avanza un peldaño más, desentrañando experiencias exitosas y nuevos saberes construidos. Si importantes son los datos y las valoraciones recogidas al recuperar la experiencia, también lo es la reflexión crítica sobre lo actuado. De ella se desprende una variedad de experiencias innovadoras exitosas que tocan con los ámbitos siguientes: a) organizativo, b) planificación, c) diseño de módulos, d) pedagógico y didáctico, e) valores, y f ) incidencia en decisiones. Cada uno de estos campos encierra un conjunto de elementos innovadores, que contribuyen a que dicha experiencia merezca ser no solo valorada como exitosa, sino como transferible. Lo importante de la sistematización se muestra también como una oportunidad al externalizar experiencias negativas, en la perspectiva de que sean superadas, tales como: a) la discontinuidad en los eventos planificados, b) la poca disponibilidad de las TICS, c) la precariedad de locales para los encuentros, d) el desinterés de autoridades educativas locales, y e) la gestión inadecuada de capacidades y de conocimientos del personal preparado.

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Entre las lecciones aprendidas o conocimientos construidos en el proceso de desarrollo de la experiencia, sobresalen los relativos a los ámbitos siguientes: a) planificación y organización, b) diseño de módulos, c) realización del curso nuclear y desarrollo de las réplicas, d) comunicación, divulgación y transferencia de la experiencia, e) gestión de capacidades y de conocimientos docentes; f ) definición y priorización de políticas de formación con los recursos adecuados para mejorar la calidad de la formación docente, como la mejor inversión de futuro para mejorar la calidad de la educación, y g) participación docente y de la sociedad en la formación. Cada uno de ellos se describe con la amplitud y la profundidad que merecen. El Capítulo IV presenta la síntesis de grandes conclusiones y recomendaciones. Este ramillete sintético se muestra notablemente práctico para tener una visión general de lo vivido y de lo aprendido, pero, sobre todo, de aquello que merece ser mejorado o transformado. La matriz de cambio y mejora de la formación docente recoge, en términos proactivos, un conjunto de ámbitos, objetivos y estrategias, surgidos de los afluentes de cambio que sugieren los resultados obtenidos, así como la reflexión crítica, experiencias exitosas y lecciones aprendidas que se desprenden de ellos. Pretende trazar pautas a seguir por la Dirección General de Formación, las que también pueden ser compartidas y transferidas por otras instituciones de formación nacionales y regionales. Los ámbitos aludidos son: políticas de formación, planificación y organización de la formación, perspectiva conceptual de la formación, formación científico-pedagógico-didáctica; participación en la formación, formación contextualizada, pertinencia y situada; reconocimientoacreditación-evaluación de la formación; comunicación de la formación, utilización de las TICS, y gestión del conocimiento y de las capacidades; énfasis en la formación docente en la Costa Caribe, formación del personal directivo y técnico de la DGFD; enfoque de género- generacional y nuevas sensibilidades; optimización de la red de capacitación, y diversificación de modelos de formación docente. En el documento complementario de la sistematización: “Relatos de algunas experiencias innovadoras de docentes”, se muestra un ramillete de lecturas de vivencias directamente contadas por docentes, participantes en el curso, distribuidos en todos los rincones del país. De su lectura detenida, se extraen lecciones relevantes frente a cualquier posición negativa que pretendiera negar al magisterio la capacidad y la voluntad de emprender cambios. Por el contrario, tales vivencias son un indicativo del potencial de cambio expreso o cautivo que tienen las instituciones educativas. Hace falta animar al docente a realizar tales cambios, a la vez que se le proporcionen oportunidades de formación, debidamente dirigidas, hacia el logro de cambios efectivos. La capacidad de gestionar el conocimiento y de cambio, de parte de quienes dirigen la educación a nivel nacional y local, desempeña un rol estratégico, para que los cambios logren ser debidamente canalizados, potenciados y transferidos a otros contextos.

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Un análisis sencillo del contenido de estos relatos evidencia cinco grandes ejes fundamentales, que es importante tomar en cuenta, al emprender procesos de cambio: a) Oportunidades de formación orientadas al cambio de concepciones y prácticas: los cambios docentes no se generan fácilmente, y no todo tipo de formación docente invita al cambio. Los cursos desarrollados y sistematizados demuestran que el factor principal que reconocen sus facilitadores y el alumnado mismo, es que todo lo actuado ha estado orientado a modelizar, motivar y ejercitar cambios en concepciones y prácticas. b) Condiciones del contexto educativo y de motivación intrínseca que favorezcan los cambios: la concreción de los cambios en los centros educativos no resulta fácil, sobre todo en contextos rurales, donde hay gran escasez de recursos básicos. Los relatos de maestros rurales demuestran que, en tanto la motivación intrínseca lograda en los cursos ha madurado, las condiciones y las insuficiencias del contexto son superadas por los autores. c) Siempre están presentes facilitadores y obstaculizadores de los cambios: los autores resaltan como facilitadores fundamentales las estrategias y los contenidos aprendidos en el curso, además de la conciencia de lograr su contribución a una educación de calidad. En cuanto a los obstáculos habidos, muchos nacen de la desconfianza de los propios autores de alcanzar sus logros, siendo lo que más les ha empujado a continuar en esta empresa, sentir y apreciar que los alumnos y los padres de familia reaccionan positivamente a estos esfuerzos. d) La fecundidad de los cambios: en tanto todos se refieren a que están logrando incidir y proyectar sus experiencias de cambio hacia los compañeros docentes, sentando como principal escenario para divulgarlos, no sólo el centro educativo en que trabajan, sino, y sobre todo, los Tepces, que se comportan como puntos de encuentro y como oportunidades innegables para hacer saber, compartir y extender los cambios más allá de los propios autores. Finalmente, evidencian que, tales experiencias de cambio son comprometedoras, en tanto parecen empujarles a la aventura de nuevos cambios. Todos los relatos, al final, se enfocan hacia la necesidad que sienten de no quedarse aislados en sus experiencias de cambio, por el contrario, refieren compromisos de avanzar en dos dimensiones: una dimensión personal, de mayor compromiso para profundizar en los cambios, y una dimensión social, de mayor compromiso para contribuir a que otros se animen, también, a cambiar.

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Referencias bibliográficas Antúnez, S., Imbernón, F. (Coords). (2009). La formación permanente de docentes en la región centroamericana y República Dominicana. Barcelona: Colección IDER. Arríen, J. B.; Lucio, G, R.; De Castilla, U, M. (2009). Activando la educación. Managua: IDEUCA. Freire, P. (2004). Pedagogía de la autonomía. Paz e Terra AS, Sao Paulo. Lucio, G, R. (2009). Estrategia metodológica de los cursos, Programa PASEN, Banco Mundial. Managua. Lucio, G, R. (2008). Informe del Sistema Nacional de Formación Docente. Mined, Managua. Lucio, G.R. (2001). La actividad metacognitiva y autorreguladora en los procesos de cambio de profesores de ciencias experimentales. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, Barcelona. Medina, J. L., Carnicero, P. (Coords). (2009). La formación inicial de docentes para la Educación Primaria en la región centroamericana y República Dominicana. Barcelona: Colección IDER. Mined. (1997). Políticas Educativas. Managua. Mined. (1999). Proyecto Cursos de Formación del Programa PASEN, Banco Mundial. Managua. Mined. (2010). Estrategia Nacional de Educación. Managua. Mined. (2010). Plan Estratégico del Ministerio de Educación. Managua.

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Revisión del tipo de evaluación de los aprendizajes en la asignatura de Biología del Instituto Loyola Yalina del Socorro Orozco Sequeira Especialista en Psicopedagogía Instituto Loyola yaleniv@hotmail.com

Maestría en Educación y Aprendisaje

Resumen Con el objetivo de determinar la forma de evaluación que se realiza en la asignatura de Biología, y de aportar elementos que permitan a los docentes realizar una evaluación auténtica y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, se llevó a cabo la presente investigación, con una metodología definida, basada en un diseño descriptivo, de tipo cualitativo. Los sujetos de la investigación fueron dos docentes de Biología y 45 estudiantes de V año de secundaria. A los docentes se les aplicó una entrevista y a los estudiantes una encuesta; ambos instrumentos fueron realizados por diferentes especialistas de la docencia para evitar sesgos en el diagnóstico, ya que uno de los docentes entrevistado es el investigador, y así, recolectar datos más precisos. Entre las conclusiones del estudio, puede mencionarse que la evaluación que se aplica en la asignatura de Biología se basa más en paradigmas tradicionales, aunque se hacen esfuerzos por encaminarse poco a poco hacia tendencias constructivistas, contribuyendo así a desarrollar capacidades, competencias, habilidades y destrezas. Por otra parte, se refleja la falta de criterios de evaluación unificados y enfocados en cómo evaluar la asignatura a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de observar más a fondo los avances y logros alcanzados mostrados en el desempeño y progreso de cada estudiante. La situación anterior motivó a recomendar que debe haber criterios de evaluación unificados y enfocados hacia una evaluación auténtica, así como la aplicación de herramientas didácticas que ayuden al docente a regular y a valorar niveles progresivos de dominio relativo al desempeño que el estudiante muestra en una producción determinada.

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Introducción La evaluación ha sido visualizada en forma muy tradicional y rígida, lo que ha provocado que muchas innovaciones en lo curricular no lleguen a sus mejores logros. Uno de los reclamos fuertes que se le ha hecho a la evaluación tradicional es la preocupación por evaluar saberes descontextualizados por medio de situaciones artificiales, pero en las investigaciones sobre aprendizaje situado (Brown, Collins y Duguid, 1989) citados por Barriga ( ), se ha llegado a la conclusión de que existe una relación entre los saberes y los contextos donde estos aparecen. Sin embargo, es bueno reflexionar sobre que “una evaluación se caracteriza en función de una serie de dimensiones, como el objeto de evaluación, la finalidad, y el momento de realización” (Nevo, 1997). Por lo tanto, no se deben aislar las dimensiones más relevantes de la evaluación educativa, las cuales se refieren a las técnicas, instrumentos y procedimientos que suelen utilizarse en las distintas prácticas educativas. En el ámbito educativo, el Instituto Loyola se preocupa por adoptar una visión actual y dinámica de la educación, promoviendo el desarrollo de capacidades y de competencias en la formación de los estudiantes. Sin embargo, el sistema de evaluación se caracteriza por un enfoque más tradicional, donde el énfasis se hace más en el aspecto cuantitativo, sumativo, que en el formativo, es decir, ha demostrado una inclinación al conocimiento y a la práctica de nuevas estrategias y técnicas en el aula, pero no se ha enfocado en cómo evaluar los aprendizajes desarrollados a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este problema ocurre, en la práctica, cuando hay falta de articulación y de coherencia entre los métodos pedagógicos y el sistema de evaluación, lo cual afecta el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los docentes comparten niveles, y no hay un criterio unificador para evaluar de forma auténtica los aprendizajes, además, se carece de aplicación de rúbricas y de estrategias de evaluación que permitan realizar una evaluación pertinente y formativa. Por lo anterior, surgió la necesidad de una revisión del tipo de evaluación de los aprendizajes en la asignatura de Biología, en el Instituto Loyola, con el fin de lograr una evaluación menos subjetiva y más auténtica. Por ello, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los procedimientos, estrategias y tipos de evaluación y que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Biología del Instituto Loyola?

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Objetivos Objetivo general Determinar la forma de evaluación que se realiza en la asignatura de Biología, con el fin de aportar elementos que les permitan a los docentes realizar una evaluación auténtica y, así, mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Objetivos específicos 1. Establecer el tipo de evaluación que utilizan los docentes para el desarrollo de la asignatura de Biología. 2. Analizar si la evaluación realizada por los docentes en la asignatura de Biología contribuye al desarrollo de capacidades y competencias. 3. Elaborar rúbricas orientadas hacia una evaluación auténtica, de manera que se establezcan procesos evaluativos coherentes, prácticos y pertinentes.

Desarrollo La evaluación constituye un elemento fundamental en la práctica educativa, porque además de recoger información realiza los juicios de valor necesarios para la orientación y la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de identificar las necesidades educativas de los estudiantes, y, en función de ello, llevar a cabo las mejoras pertinentes en la actuación docente. La evaluación, bajo un enfoque tradicional, ha traído como consecuencia estudiantes desmotivados ante las tareas de evaluación, con niveles inadecuados de ansiedad, que repercuten en su ejecución y ajustados a una evaluación fácil con tareas que les brindan acreditación (Batalloso, 1995. Citado por Barriga, 2003. p. 358). El enfoque constructivista nos brinda una evaluación formativa, la cual los estudiantes utilizan como herramienta para mejorar su aprendizaje, de tal forma que se trata de superar una visión sancionadora, elitista y punitiva de la evaluación, para convertirla en la mejor estrategia que permita lograr aprendizajes auténticos y significativos. El modelo moderno de evaluación se construye a partir del enfoque constructivista, el cual contribuye a que el estudiante cada día se vuelva más dueño de sí mismo, reflexione haciendo metacognición sobre sus conocimientos y saberes, para comprender qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, en qué medida lo que aprende lo está mal aprendiendo y qué debe desaprender (Lucio, 2008). Así mismo, un enfoque de evaluación basado en competencias es adecuado para asegurar que la enseñanza y la evaluación estén al servicio de los resultados requeridos, y no en fun-

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ción de los cursos realizados o del tiempo utilizado; para facilitar el otorgamiento de créditos por la competencia adquirida en otros contextos; para ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que se espera de ellos; y para informar sobre una calificación determinada (McDonald y Col., 2000). La asignatura de Biología es una disciplina en constante cambio. Los conocimientos de esta área avanzan de manera constante y vertiginosa en todos sentidos, por lo que tienen un impacto social importante en campos tan diversos como la política, la religión, la economía, etc. El conocimiento de aspectos biológicos ya cotidianos de organismos transgénicos, la clonación, la producción de fármacos basados en nuevas tecnologías, el conocimiento de los ecosistemas, son fundamentales para sustentar iniciativas para legislar las aplicaciones y el uso de esos conocimientos. Según Díaz Barriga (2002), una evaluación auténtica centrada en el desempeño busca evaluar lo que se hace, así como identificar el vínculo de coherencia entre lo conceptual y procesual, entender cómo ocurre el desempeño en un contexto y en una situación determinados, e implica una autoevaluación por parte del alumno. En este sentido, es una evaluación de proceso y formativa, donde son prácticas relevantes la evaluación mutua, la coevaluación y la autoevaluación. Según el estudio realizado acerca de “Revisión del tipo de evaluación de los aprendizajes en la asignatura de Biología del Instituto Loyola”, se pudo constatar a través de los resultados obtenidos, que los docentes tienden a aplicar más la evaluación diagnóstica y sumativa, que la evaluación formativa, puesto que esta queda a criterio del docente. Los resultados confirman que en todas las actividades evaluativas que se realizan a lo largo del aprendizaje en Biología (pruebas, trabajos individuales y colectivos, etc.) se evalúan los objetivos, el contexto, procesos y resultados, como también los contenidos, procedimientos y actitudes. Sin embargo, no existen criterios unificados para evaluar la asignatura, ni se conocen elementos pertinentes de cómo evaluarla a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se percibe la ausencia de la implementación de rúbricas para definir con más claridad los parámetros a evaluar. Por otro lado, en algunas ocasiones cuando se han aplicado rúbricas, no se ha dado a conocer con anticipación a los estudiantes para así verificar los aspectos a evaluar en las diferentes actividades evaluativas de la asignatura.

Conclusiones Según el estudio realizado, se puede afirmar que son diversos y variados los instrumentos que utilizan las profesoras para evaluar la asignatura, pero aún no son con el fin de detectar el grado de aprendizaje en relación con las diferentes capacidades, facilitando

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procedimientos y actitudes, si se dispone de escalas de distintos grados de dificultad para cada uno de los conceptos. Por tal motivo, es necesario cambiar las prácticas de evaluación para hacer un seguimiento de los progresos y dificultades de cada estudiante a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje, con un enfoque de evaluación basado en competencias, donde implique la participación del estudiante (autorregulación y reflexión sobre su propio aprendizaje), como también establecer criterios con su respectiva descripción, a través de rúbricas como guía de evaluación auténtica centrada en el desempeño real del estudiante en la asignatura de Biología.

Referencias bibliográficas Álvarez, Y. & Villardón Gallego, L. (2006). Planificar desde competencias para promover el aprendizaje. Asignatura 9 Posgrados y formación continua: Universidad Centroamericana. Castillo, S. & Cabrerizo, J. (2003). Evaluación educativa y promoción Escolar. Asignatura 9 Posgrados y formación continua: Universidad Centroamericana. De Maio, F., Díaz, H., Luque, H., Martínez, M. (2005). La evaluación: ¿cómo enfrentar el desafío? Buenos Aires: Santillana. Margalef. (2005) Características de una evaluación auténtica. Recuperado el 28 de abril de 2010, dehttp://www.slideboom.com/presentations/99072/Caracter%C3%ADsticasde-una-Evaluaci%C3%B3n-Aut%C3%A9ntica Hammond, L. (2006). La evaluación auténtica centrada en el desempeño: una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. En Díaz Barriga, F. Enseñanza Situada: Vínculo entre la escuela y la vida. (pp. 125-163). México: McGraw Hill. Coello, J. E. (1995). La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Recuperado el 23 de junio de 2010, de http://meltingpot.fortunecity.com/alberni/698/revista_docente/ii_iv/b9.html Lucio Gil, R. (2008, 29 de agosto). Aprendizaje y evaluación, el nudo más crítico de la calidad. Nuevo Diario. Pimienta, J. (2008). Evaluación de los aprendizajes. México: Pearson Educación.

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El éxito o fracaso en el aprendizaje inicial de la lectura. Factores del contexto escolar que ayudan a entenderlo Dra. Josefina Vijil Dra. Melba Castillo Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases). Managua

Resumen La aplicación de pruebas EGRA (Early Grade Reading Assessment) a estudiantes de los primeros grados de primaria en el Pacífico y en el Caribe de Nicaragua, ha permitido confirmar las dificultades que enfrentan los niños y niñas en el aprendizaje de la lectura comprensiva. Para encontrar los factores del contexto escolar que ayudan a explicar esas dificultades, se seleccionó una muestra de contraste constituida por diez escuelas, cinco de cuyos estudiantes obtuvieron resultados por encima del promedio nacional en la aplicación de la prueba EGRA 2008, y cinco, cuyos resultados estuvieron por debajo del promedio nacional. Se aplicó un enfoque mixto combinando metodología cuantitativa y cualitativa, que permitió establecer una categorización de escuelas en Exitosas, de Mediano Desempeño y en Problemas. El análisis comparativo entre categorías de escuelas permite afirmar que las variables que están contribuyendo positivamente en los aprendizajes de la lectura en las escuelas estudiadas son: la disponibilidad, calidad, variedad y utilización de recursos y materiales didácticos; la función de asesoría y supervisión que desarrolla el director/a; el apoyo financiero o técnico que el centro educativo recibe para mejorar la enseñanza de la lectura; el tipo de estrategias metodológicas que los y las docentes utilizan para enseñar a leer y a escribir; y la participación de padres y madres de familia en actividades y en procesos pedagógicos. Los resultados del estudio muestran que es posible remover los obstáculos y potenciar

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los factores que facilitan el éxito en el aprendizaje de la lectura para contribuir a elevar la calidad de la educación nicaragüense.

Introducción Hacer realidad el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes implica garantizar que tengan acceso a una educación de calidad, la que está íntimamente vinculada con los aprendizajes efectivos, oportunos y pertinentes que construyen los y las estudiantes a lo largo de su escolaridad. El aprendizaje de la lectura comprensiva es clave para garantizar los demás aprendizajes. Tal como se menciona en los Informes EGRA, 2008 y 2009 (Castro, Laguna y Mayorga, 2008, y Castro, Laguna y Vijil, 2010), aprender a leer, comprendiendo lo que se lee, es fundamental para la formación de un ser humano, puesto que constituye una habilidad fundamental para aprender, comunicarse, socializar, divertirse, comprender el contexto en el que se vive, desempeñar diversos roles sociales eficazmente, y ser un ciudadano o ciudadana capaz ejercer sus derechos plenamente (Reimers y Jacobs, 2008).

Objetivo Profundizar en el análisis de diferentes factores del contexto escolar que inciden en el aprendizaje de las destrezas básicas del proceso de lectura comprensiva, pilar fundamental de la calidad educativa. Desarrollo del trabajo Diferentes investigaciones (Castro, Laguna y Mayorga, 2008, y Castro, Laguna y Vijil, 2010) han permitido conocer la importancia de que niños y niñas aprendan a leer tempranamente, puesto que si no adquieren un nivel de fluidez y de comprensión en los primeros grados de primaria, se les dificulta seguir en la escuela, tienden a repetir grados y corren el riesgo de desertar. Por ello, es importante conocer los factores que facilitan u obstaculizan el aprendizaje de la lectura. Según los estudios ya mencionados, esos factores son: manejar un conjunto de destrezas básicas, desarrollar y aplicar diferentes estrategias, estar en capacidad de utilizar los sistemas lingüísticos y contar con oportunidades para leer y para escribir. Las destrezas básicas que se deben desarrollar son: conciencia fonológica, capacidad de entender el código alfabético, fluidez lectora, comprensión y vocabulario. El éxito en el aprendizaje de la lectura está influido por un conjunto de factores tanto externos como internos a la escuela (Braslavsky, 2004; INEE, 2008; CERCA, 2004; Montero, 2010; Barber y Mourshed, 2008). Entre los factores internos fundamentales encontramos: la formación inicial y en servicio de los docentes, sus competencias lectoras

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y las percepciones que ellos y ellas tienen acerca de las habilidades fundamentales a promover con la enseñanza de la lectura; el acompañamiento, asesoría pedagógica y supervisión de los directores; la participación de los padres y madres de familia; las prioridades y enfoque establecido en el currículo nacional, en tanto este es un documento normativo con valor de política pública, tal como lo establece la Ley General de Educación (en adelante LGE) de Nicaragua; las estrategias metodológicas que se implementan en la sala de clases; la calidad y la pertinencia de los materiales didácticos y recursos para el aprendizaje con que se cuenta en el aula y la escuela, así como el uso que se hace de ellos; y el apoyo externo que recibe el centro. La investigación realizada mostró la influencia que estos factores tienen en el éxito del aprendizaje de la lectura en las escuelas estudiadas, así como aquellos que están funcionando como obstaculizadores para los mismos.

Conclusiones • Los factores que están impactando positivamente en el aprendizaje de la lectura en los primeros grados de primaria parecen ser: • La asistencia puntual de niños y de docentes, y el contar con maestros (o padres y madres) sustitutos en caso de que el docente tenga que ausentarse. Vinculado a lo anterior, la no interrupción en las sesiones de clase. • La interacción de la maestra con sus estudiantes. Así mismo, encontramos que la organización del aula juega un rol importante. • El estímulo verbal permanente que el docente le da a los niños frente a los avances en el aprendizaje o por las tareas cumplidas exitosamente. • La formación específica en lectoescritura de los y las docentes, durante su formación en servicio, impartida por instancias especializadas en la materia. • Aún cuando el manejo de estrategias metodológicas por parte de los docentes parece similar, en las escuelas exitosas los/as docentes impulsan actividades más dinámicas y divertidas, proporcionan mayor atención, retroalimentación y estímulo a niños y a niñas, y, sobre todo, ofrecen mayores oportunidades para leer. • Parece muy importante que el centro educativo cuente con una biblioteca organizada y bien dotada con bibliografía apropiada para la lectura, y que sea accesible a los niños y a los maestros. Mejor todavía si cuenta con bibliotecaria que apoya el trabajo independiente de los niños y de las niñas. También resulta importante contar con materiales didácticos variados, y material bibliográfico de calidad.

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• Se observó como un factor fundamental el acompañamiento y la supervisión realizada por el director del Centro, aportando a los planes de clase, visitando las aulas, retroalimentando a los docentes de manera directa, o anotando propuestas de mejora en los planes, hablando con los padres, madres y niños de los problemas de aprendizaje, dando apoyo en el cumplimiento de las normas de funcionamiento del centro, y asegurando materiales y oportunidades de formación de los docentes. • La participación de padres y de madres en la vida de la escuela, apoyando a los docentes ante ausencias o en la elaboración de material didáctico parece, asimismo, importante. Es especialmente relevante que se ofrezca a los niños y niñas oportunidades para leer en la escuela y en el hogar. • Encontramos un conjunto de variables que podrían estar actuando como obstaculizadores de un mejor aprendizaje de la lectura en los centros educativos estudiados. Entre ellas, el poco desarrollo de las competencias lectoras de los y de las docentes; la limitada participación de la mayoría de padres y de madres de familia, particularmente, en lo referente al aprendizaje de lectura de sus hijos; y las percepciones de los y las docentes sobre los problemas de aprendizaje. Es preciso que se mejoren algunas prácticas encontradas en las escuelas estudiadas, entre ellas: • Poco aprovechamiento de libros de cuentos disponibles para promover y para trabajar la lectura en el aula y en la casa. • El poco uso de Centros de Recursos de Aprendizaje y rincones de aprendizaje. El estudio realizado muestra luces para comprender los factores del contexto escolar que están facilitando u obstaculizando un aprendizaje exitoso de la lectura en los primeros grados de la primaria. Muchos de estos factores pueden ser potenciados o mejorados por las propias comunidades educativas, una vez que se comprenda la importancia del desarrollo de las competencias lectoras, y los factores y las estrategias que lo facilitan. Otros factores requieren de la reflexión y de la atención de la sociedad nicaragüense y del Estado, asignando los recursos y otorgando la prioridad que por su importancia este tema requiere.

Referencias bibliográficas Castro, V., Laguna, J. R. y Mayorga, N. (2008). Informe de Resultados: EGRA 2008. Report on the Results of the EGRA 2008 Pilot Assessment. EdData II Asistencia Técnica y Gerencia, Orden de Trabajo Número 5. Castro, V. y Laguna J. R. (2008). Honduras: Diagnóstico de capacidades de lectura. Informe sobre resultados del estudio en escuelas PROHECO. Banco Mundial, RTI y Ciases.

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Castro, V., Laguna, J. R. y Vijil, J. (2010). Informe de Resultados: ELI 2009 Caribe. Reporte de Investigación. Managua: RTI-Ciases. Carnoy, M., Gove, A. y Marshall, J. (2007). Cuba’s Academic Advantage. Why students in Cuba do better in school. Stanford: Stanford University Press. Ferrer, G. (2007). Enseñanza de la lectura y la escritura, aportes para un marco teóricometodología. Perú: CECU. USAID. Perú. Mined. División General de Currículo y Desarrollo Tecnológico. (2009). Programas de Estudio Educación Primaria Primer Grado, Segundo Grado y Tercer Grado. Tomo No. 2. Lengua y Literatura y Expresión Cultura y Artística. Serie Educativa: Educación Gratuita y de Calidad, Derecho Humano Fundamental de las y los nicaragüenses. Managua: Mined. Disponible en la WEB. Consultado el 1ero de diciembre 2010 en el sitio: http://www. nicaraguaeduca.edu.ni/uploads/ RTI. (2009). Manual para la evaluación inicial de la lectura en niños de educación primaria. Washington: RTI. (Traducción al español por Juan E. Jiménez). Segada, F., Alfaro, I., y Cortés, J. (2003). Leer es fácil: fundamentos psicopedagógicos del aprendizaje de la lectura. Ciencias de la Educación Preescolar y Especial. Madrid: CEPE editorial.

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ร rea temรกtica

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Maestría en Desarrollo Territorial

Introducción

Existe un consenso unánime en la comunidad científica sobre la evidencia del cambio climático: las observaciones de las últimas décadas evidencian un cambio moderado ya registrado, y las proyecciones de futuro alertan de cambios severos, que afectarían notablemente los sistemas socioeconómicos y naturales. Esas proyecciones muestran un futuro con cambios en los valores medios (mayores temperaturas medias, menores precipitaciones anuales), y también un aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos (olas de calor, inundaciones). Nicaragua es un país con elevada vulnerabilidad a los cambios extremos del clima, lo que se ha evidenciado en los impactos de recientes eventos climáticos, como huracanes y sequías persistentes sobre los medios de vida de la población. Por lo que se refiere a las implicaciones de los cambios en el clima, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), aunque en la próxima década no se perciban importantes variaciones en Nicaragua, a más largo plazo casi todos los modelos utilizados prevén que el cambio climático tendrá implicaciones en la reducción de las lluvias, en un 0.25% anual. A nivel de Centroamérica y de Nicaragua se están diseñando estrategias y planes de acción para prever y abordar los efectos del cambio en el clima. Las organizaciones internacionales, los donantes y las ONG han priorizado el apoyo a los gobiernos nacionales y locales en definir estas estrategias, y muchas de las acciones de desarrollo contemplan ya la mitigación y adaptación al cambio climático como dos de las principales áreas de trabajo en los próximos años. Sin embargo, las acciones previstas, y las que ya están en marcha, se están diseñando con base en el cambio climático percibido, y no realmente en relación con el cambio que se prevé en el largo plazo, y en los casos en que se llega a utilizar cierta predicción, se realiza con información a nivel macro, sin tener en cuenta las características climáticas propias de cada zona.

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El gran reto es, por tanto, lograr evaluar el impacto del cambio climático a escala local, y, específicamente, la definición de estrategias de adaptación a nivel de las comunidades más vulnerables. Para responder a este desafío, la Universidad Centroamericana (UCA), el Instituto de Estudios del Hambre (IEH) y la Fundación para la Investigación del Clima (FIC), implementaron en 2010 y 2011 el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la generación de escenarios de cambio climático, el análisis de sus efectos y la definición de estrategias de adaptación con poblaciones en situación de inseguridad alimentaria en Nicaragua”. Esta iniciativa contó con la participación y apoyo del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Objetivos del proyecto Objetivos generales • Fortalecer las capacidades técnicas de investigadores, docentes, gobiernos locales y comunidades para analizar el cambio climático y sus efectos en la situación de inseguridad alimentaria de poblaciones nicaragüenses de áreas de mayor vulnerabilidad. • Proponer políticas y estrategias para la adaptación al impacto provocado en las comunidades rurales.

Objetivos específicos  Fortalecer las capacidades de investigadores, docentes, gobiernos locales y comunidades para la generación y discusión de escenarios locales de clima futuro en Nicaragua.  Analizar los cambios climáticos esperados, sus efectos en la situación de inseguridad alimentaria y las estrategias de adaptación de poblaciones nicaragüenses en áreas de mayor vulnerabilidad.

Desarrollo La metodología utilizada supone una importante innovación en la aplicación de herramientas de adaptación en procesos de desarrollo. El aspecto más relevante consiste en que las comunidades rurales puedan definir sus estrategias de adaptación con base en información científica contrastada, y convenientemente tratada para poder responder a sus demandas. Responde a uno de los grandes retos planteados en los estudios y en la práctica del desarrollo: el de reducir la brecha existente entre ‘los generadores de información científica (en este caso sobre el clima) y los profesionales del desarrollo. Este proceso metodológico responde a las tres etapas necesarias para afrontar la adaptación al cambio climático: 1) la descripción de las posibles condiciones del clima futuro; 2) la evaluación de los impactos que ese clima futuro tendrá en la población y en diferentes sectores afectados, y 3) la definición de medidas y de políticas de adaptación, que minimice los impactos negativos que se identifiquen, y aproveche los positivos. Estas etapas deben afrontarse a escala local, ya que es a este nivel donde se definen las actuaciones de adaptación.

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La metodología siguió los pasos que se detallan a continuación: a) Selección de las áreas de actuación. Estas fueron las comunidades de Sahsa y Trusku Tara, en la RAAN; Potrerillos y Dulce Nombre de Jesús, en Ciudad Darío, y Susulí y El Zarzal, en San Dionisio. b) Análisis de la vulnerabilidad al cambio climático. Para tener una percepción comunitaria más amplia y completa, el proceso de análisis se realizó con cuatro grupos focales, con percepciones, a priori, muy diferentes: • jóvenes menores de 30 años (hombres y mujeres) • mujeres amas de casa • adultos mayores de 50 años (hombres y mujeres) • adultos productores y productoras agropecuarios En cada comunidad se realizaron cuatro eventos, uno por cada grupo focal. c) Información del clima futuro. Para la generación de los escenarios locales de clima futuro en Nicaragua se utilizaron tres Modelos de Circulación General (MCG) de los usados en el IV Informe de Evaluación del IPCC (Echam5, alemán; BCM2, noruego, y CNCM3, francés), ejecutados, cada uno, bajo tres escenarios de emisiones: A2 (elevadas emisiones), A1B (emisiones controladas) y B1 (bajas emisiones). En el desarrollo de escenarios locales para Nicaragua, se empleó la metodología de downscaling, denominada “Método de Análogos en Dos Pasos” desarrollada por la Fundación para la Investigación del Clima (FIC). Se trata de una metodología ya verificada y utilizada con éxito en diversas zonas del planeta, que ha sido adaptada a las particularidades del clima centroamericano, con la colaboración de los especialistas del Ineter. La figura 1 muestra los resultados de verificación de la metodología de la FIC para temperatura máxima diaria en Nicaragua (se muestra el promedio de los 17 observatorios utilizados) para el período 1951-1999. Los resultados son excelentes, ya que se simula la temperatura de todos los meses de forma casi perfecta. Estos resultados son notablemente mejores que los que se han obtenido en otras zonas del planeta, como en Europa. Una vez verificada la metodología y validados los MCG, se aplicó dicha metodología a las salidas de los MCG para un período del futuro (2010-2100), obteniendo los valores de precipitación y de temperaturas simulados para dicho período, en cada uno de los observatorios en estudio, y para cada una de las nueve salidas de los MCG (3 MCG x 3 escenarios de emisiones de GEI). Fig. 2: Representación de la evolución de la temperatura máxima (ºC) para el trimestre diciembrefebrero, para el período 2000-2100 por treintenas, proyectado por el escenario de emisiones de GEI A1B para los tres MCG empleados (Echam5, BCM2 y CNCM3).

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Fig. 1: Resultados de la verificación de la metodología de la FIC.

Se observa la simulación de la posible evolución de la temperatura máxima para Nicaragua durante el trimestre diciembre-febrero para el período 2000-2100 (dividido en treintenas: 2000 a 2030, 2010 a 2040...), según el escenario de emisiones A1B de los tres modelos (Echam5, BCM2 y CNCM3), indicando un aumento gradual de las máximas (entre 1 y 1.5 ºC para mediados de siglo). Los resultados se muestran como la diferencia entre los valores de las series obtenidas por downscaling del futuro que ofrece el MCG (promedios para cada una de las treintenas del período 2000-2100) y los valores de las series obtenidas por downscaling del 20C3M (promedio del período 1951-1999) de ese mismo MCG. Es decir, se representa el calentamiento esperado para cada treintena, con respecto al clima actual que simula el MCG. d) Análisis del impacto del clima futuro en la seguridad alimentaria. A partir del análisis de medios de vida, se concluyó que existían una serie de cultivos y de situaciones, a lo largo del año, en las que los cambios en el clima podían tener importantes implicaciones en los activos de la población. Con dicha información y con los escenarios se procedió a analizar los impactos sobre los medios de vida más críticos (básicamente relacionados con la agricultura). Para ello era necesario obtener, a partir de la información climática (precipitación y temperatura simuladas para el futuro), información relevante para los cultivos que más influyen en los medios de vida y en la seguridad alimentaria. Con este objetivo se construyeron de manera participativa una serie de indicadores de seguridad alimentaria relacionados con el clima. La identificación y definición de los indicadores y subindicadores clave utilizados (Tabla 1) se realizó con la información aportada y con la participación activa del Ministerio de Ambiente y los Recursos

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Naturales (Marena), el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). Los indicadores clave están relacionados con los períodos agrícolas relevantes (período de cultivo de primera, canícula, período de postrera). Así, se han construido programas informáticos que, a partir de la serie de precipitación diaria de un año, identifica el día cuando ese año empezó el período lluvioso de primera, cuando acabó dicho período (y por tanto comenzó la canícula), acabó la canícula (y, por tanto, empezó el período de postrera), etc. Aplicando esos programas informáticos a cada uno de los años, tanto del pasado usando observaciones, como del futuro usando escenarios locales, se puede ver la evolución temporal de esos indicadores, y, con ella, las implicaciones agrícolas. Los indicadores definidos se muestran a continuación:

Indicadores

e) Análisis de los impactos del clima futuro y las estrategias de adaptación. La técnica de investigación utilizada para debatir sobre los escenarios y sus efectos fue el taller comunitario que se realizó en todas las comunidades. Participaron los mismos grupos focales, integrados por las mismas personas que estuvieron presentes en el análisis de vulnerabilidad.

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Para discutir sobre los impactos del cambio climático (escenarios) en los medios de vida, se utilizaron los resultados obtenidos con los indicadores. Se realizaron reuniones donde se efectuaron preguntas orientadoras del tipo: ¿Qué piensan ante los cambios que se han previsto? ¿Qué les puede pasar a nuestras actividades económicas principales si no hacemos algo ante los cambios previstos en el clima?, seguido de un debate sobre los escenarios y sus efectos.

Conclusiones • Se generaron escenarios locales de cambio climático con la metodología de Downscaling Estadístico promovida por la Fundación para la Investigación del Clima (FIC). Dicha metodología se adaptó con mucha robustez a las condiciones climáticas de Nicaragua, la verificación de los resultados logró simular la evolución de la precipitación y de la temperatura. Se cuenta con escenarios para todo el país usando los modelos BCM2 (noruego), CNCM3 (francés) y Echam5 (alemán) para los escenarios A2, B1 y A1B. • Se generó un estudio de análisis de medios de vida y percepción comunitaria del cambio climático en las comunidades de acción, donde se confirma que las actividades comunitarias principales están relacionadas con los sistemas de producción agropecuarios. El maíz, el frijol y el arroz fueron los granos básicos predominantes, por lo cual es importante destacar el arraigo cultural a este tipo de rubros. La percepción más clara de las comunidades sobre el cambio climático está relacionada con la variabilidad climatológica de los últimos años, materializada en sequías prolongadas, tormentas tropicales (exceso de lluvias) y desastres naturales. Los comunitarios perciben que estas variaciones climáticas son eventos que se vienen presentando cada vez con mayor frecuencia, ante los cuales no se encuentran preparados, atribuyendo esta situación a eventos sobrenaturales y antropogénicos, influenciados por su cultura. Hay que destacar que los cambios paulatinos en las precipitaciones y en la temperatura pasan inadvertidos. • Un paso metodológico novedoso fue la vinculación de escenarios de clima futuro y medios de vida de las poblaciones de los territorios de acción. Se definieron indicadores y subindicadores climáticos que influyen en los medios de vida agrícola. • A partir de los indicadores, se observa que el clima ha estado cambiando paulatinamente, y dicha tendencia continuará para los siguientes años. Los resultados advierten de un incremento significativo de la vulnerabilidad alimentaria, principalmente, si estas comunidades continúan dependiendo de los granos básicos (maíz y frijol). • Es interesante que a pesar de análisis como el anterior, los comunitarios opten por estrategias de adaptación para los medios de vida actuales, demostrando el arraigo cultural a estos sistemas de producción, sin embargo, es optimista que, en el proceso, algunos productores integraron a la reflexión estrategias de diversificación, y la necesidad de experimentación-acción participativa para “nuevos” rubros, y adaptación de variedades de ciclo más corto. • De manera general, el proyecto ha logrado respaldar científicamente la experiencia comunitaria a través de la relación clima futuro y medios de vida, validando una metodología para la definición de estrategias locales de adaptación, sin embargo, estamos conscientes de que este es un primer paso, y que aún queda mucho camino por recorrer en la lucha contra el cambio climático.

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Referencias bibliográficas Hellmuth M.E., Osgood D.E., Hess U., Moorhead A. and Bhojwani H. (eds). (2009). Index insurance and climate risk: Prospects for development and disaster management. Climate and Society No. 2. International Research Institute for Climate and Society (IRI), Columbia University, New York, USA. Agrawala, S. and Van Aalst, M. (2008). ‘Adapting development cooperation to adapt to climate change’, Climate Policy 8.2: 183-193

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Plan de gestión ambiental para el tratamiento de los desechos sólidos y líquidos del Mercado “Roberto Huembes” Msc. Martín Alfredo Majewsky García arqruitectura@ns.uca.edu.ni

Maestría en Gestión Urbana y Vulnerabilidad Social

Resumen Se presenta una propuesta de Gestión Ambiental, conformada por dos programas, uno técnico y otro participativo. Se elaboró mediante talleres participativos como estrategia de reducción a la vulnerabilidad ambiental existente. Incluye como tema de investigación las condiciones actuales de vulnerabilidad ambiental, en términos del tratamiento de los desechos sólidos y líquidos, y el rol de los diversos actores sociales que inciden, en el Mercado “Roberto Huembes” de la ciudad de Managua. Expresiones claves: vulnerabilidad ambiental; gestión ambiental; tratamiento de desechos; mercado municipal

Introducción La elaboración de esta propuesta responde al requisito de graduación de la Maestría en Gestión Urbana y Vulnerabilidad Social (Primera Edición), que pretende contribuir con el conocimiento de la problemática para la formulación de una propuesta de intervención, que permita garantizar una actividad comercial eficiente en el Mercado “Roberto Huembes”, el que se denominará MRH. Lo referido al tratamiento de los desechos sólidos y líquidos, y el rol de los distintos actores, se obtiene de una investigación de campo, y se constituye en el sustento de una propuesta de gestión ambiental para la reducción de la vulnerabilidad existente. Se realizaron talleres participativos con la colaboración de un proyecto específico del organismo no gubernamental Habitar, lo que facilitó construir alternativas de solución, que permiten elaborar un marco estratégico de intervención.

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La vulnerabilidad ambiental en el sitio está relacionada con la gestión que realizan los distintos actores, los que interactúan en correspondencia a sus intereses, frente a los problemas ambientales.

Objetivos 1. Comprender la vulnerabilidad ambiental producto del tratamiento de los desechos sólidos y líquidos en el MRH, para la contextualización de la problemática. 2. Reconocer el nivel de articulación entre las diversas organizaciones e instituciones que inciden en las condiciones de vulnerabilidad existentes, con miras a la concreción de mecanismos de negociación entre actores, para promover la gestión ambiental. 3. Determinar acciones que orienten una propuesta de gestión ambiental para el tratamiento de los desechos sólidos y líquidos, que permita la participación de los diversos actores que intervienen en el funcionamiento del MRH.

Desarrollo del trabajo Contexto espacial urbano Las instalaciones físicas del MRH se ubican dentro del Centro Comunitario “Eduardo Contreras”, en el Distrito V de Managua. Este centro de compras forma parte de la red de mercados públicos municipales de la ciudad. Por su connotación, se identifica como un sector urbano contenido dentro de una “Gran Manzana”, con un área de 22.3 ha, la cual se constituye en el “Área de Influencia Ambiental” a incidir.

Escenario actual Si las instancias tomadoras de decisiones de carácter ambiental, en consenso con los comerciantes y con los diversos usuarios del equipamiento mercado municipal, no toman medidas correctivas sobre la vulnerabilidad ambiental detectada, se perciben efectos negativos, que de no ser tratados de manera inmediata, pueden deteriorar en el corto plazo la buena imagen que la población en general tiene de los servicios que ofrece el MRH. Según el 72.4% de comerciantes y el 90.2% de compradores, se considera como primer efecto las consecuencias referidas a la salud humana y a la calidad ambiental (Investigación Vulnerabilidad Ambiental y Actores Sociales. Estudio de Caso en el MRH de Managua, durante 2008). La acumulación de desechos genera enfermedades y malos olores; aparición de puntos focales de contaminación; inundaciones a lo interno del mercado, por la obstrucción del alcantarillado sanitario o por el deficiente sistema drenaje pluvial perimetral a las instalaciones físicas del edificio.

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Los actores entrevistados manifestaron que la problemática se ha agudizado producto del crecimiento de la actividad comercial, sin el correspondiente aumento del personal de limpieza, por la escasez de recursos económicos de la gerencia del mercado.

Escenario deseado El mercado deseado será producto de la transformación del “escenario actual tendencial”, derivado de las consecuencias de la vulnerabilidad ambiental encontradas, y donde los diversos actores aportan soluciones a priori desde sus ámbitos de actuación, los que se constituyen como puntos de partida para concebir alternativas de solución a la problemática ambiental. Tanto los comerciantes, como la gerencia del MRH y las instancias distritales, tienen como visión ser “modelos de gestión” en la ciudad de Managua, respecto al óptimo desempeño de sus actividades.

Selección de alternativa Como producto del primer taller participativo, se considera prioritario intervenir la problemática ambiental, tomando en cuenta el manejo de recursos técnicos para el tratamiento de los desechos; la promoción de la educación ambiental y el desarrollo organizacional. La identificación de estos ejes de actuación respalda los objetivos de una propuesta de gestión ambiental; al mismo tiempo, organizar las prioridades, en términos de programas y de proyectos. Lo que permite formular un Plan de Gestión Ambiental para el tratamiento de los desechos sólidos y líquidos generados en el MRH. (Ver Figura 1). Figura 1. Formulación de una propuesta de Gestión Ambiental a partir de los ejes de actuación seleccionados por los actores locales

Fuente: Talleres Participativos (2009).

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Plan de Gestión Ambiental (PGA) Se presentan los elementos a considerar en la propuesta de gestión ambiental, producto concertado por los distintos actores sociales del MRH, en el marco del segundo taller participativo. Se plantean en orden de prioridad los objetivos, a fin de generar una propuesta organizativa que vele por la conciencia ambiental en la formulación de proyectos técnicos participativos: • Promover la gestión ambiental mediante una estructura organizativa interinstitucional participativa, para la reducción de la vulnerabilidad producto del tratamiento de los desechos sólidos y líquidos generados. • Fomentar la cultura de la sostenibilidad, mediante la sensibilización permanente a trabajadores, comerciantes y compradores del MRH, respecto al manejo adecuado los desechos generados, para la reducción de la vulnerabilidad ambiental. • Formular proyectos de rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias en el MRH, con la participación los actores pertinentes, encaminados a crear condiciones de calidad de vida para operarios, comerciantes y usuarios. Dentro del PGA se destacan dos programas, y cada uno de ellos con dos proyectos específicos, a fin de resolver las condiciones de vulnerabilidad en el corto plazo, como se puede observar en la Figura 2. Figura 2. Presentación del Plan de Gestión Ambiental con programas y proyectos concertados en los talleres participativos

Fuente: Talleres Participativos 2009.

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Conclusiones Es evidente la vulnerabilidad ambiental en el entorno urbano del MRH, producto del tratamiento de los desechos sólidos y líquidos, generados por la actividad comercial y de servicios. En el marco de la experiencia organizativa de los comerciantes se impulsa la gestión ambiental, como estrategia de intervención para reducir la vulnerabilidad detectada, sin embargo, se comprueba que las acciones ambientales desarrolladas hasta el momento, son de carácter coyuntural y no preventivo, con una participación diferenciada de los actores sociales. Las organizaciones de la sociedad civil son consultadas por las instancias distritales y por la gerencia, pero son estas últimas las que toman las decisiones, comprobando la falta de un espacio permanente y sostenido, que propicie propuestas de carácter ambiental de manera concertada. Se realizaron talleres participativos, y se comprobó que los espacios de concertación entre actores facilitaron una propuesta de gestión ambiental. Se priorizaron los problemas y se brindaron acciones para aminorar la vulnerabilidad en el tiempo, destacando como principios rectores: la participación, la mejora continua y la sostenibilidad, como contribución de la intervención de los diversos actores.

Referencias bibliográficas Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad. Ministerio de Economía y Desarrollo (2001). Norma Técnica Ambiental para el Manejo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Sólidos No- Peligrosos. NTON 05 014- 02. Decreto n.º 33-95: Disposiciones para el Control de la Contaminación Provenientes de las Descargas de Aguas Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias. (1995, 26 de junio). La Gaceta. García, L. (1993). Materiales de Estudio y Trabajo. Serie Descentralización y Desarrollo Municipal n.º 10. Managua: Fundación Friederich Ebert y Asociación de Municipios de Nicaragua, Amunic. Habitar (2009). Estudio de Caracterización de Desechos Sólidos en el Mercado Roberto Huembes. Managua: Habitar. ISO (2004). Norma Internacional ISO14001: Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para uso. Ginebra: ISO.

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Cambio climático: Entre la adaptación y el territorio Msc. Danilo Saravia Téllez Coordinador Maestría en Desarrollo Territorial dsaraviat@gmail.com

Resumen El modelo de desarrollo impuesto a nuestros pueblos, ha causado el deterioro y empobrecimiento de sus ecosistemas y su gente. Desde el contacto de los conquistadores españoles, la Colonia, hasta nuestros días, se repite el mismo patrón: la explotación de nuestros bienes naturales y nuestra fuerza de trabajo. Las mitas y las encomiendas, pasando por la hacienda señorial, los enclaves y actualmente las zonas francas, presentan el mismo esquema, y los efectos sobre el territorio y sus procesos, cada vez es más devastador. El territorio es el lugar donde suceden los procesos sociales, económicos, ecológicos, culturales y políticos, y es también expresión concreta de la formación social y de su historia económica. Son esta historia y estos procesos los que han modelado el territorio y definido sus patrones de ocupación. Los causantes del calentamiento global, base del cambio climático, los países industrializados, no asumen sus responsabilidades ni se proponen asumir compromisos serios, y por más reuniones, foros, cumbres y acuerdos políticos asumidos, la situación se sigue profundizando y la vulnerabilidad aumenta más y más, reduciendo las posibilidades y capacidades de países como los de Centroamérica, para enfrentar los acuciantes y recurrentes problemas heredados de ese modelo: la pobreza generalizada, la seguridad ciudadana, la salud, la seguridad alimentaria y nutricional, la vulnerabilidad y riesgos La deforestación, el avance de la frontera agrícola y las prácticas inadecuadas de producción, han incidido en la degradación y en el deterioro de la base material para el desarrollo, y amenazan seriamente el sustento de la vida. Solamente con acciones serias de gestión territorial que promuevan procesos de adaptación es como podremos enfrentar esos graves problemas, adaptación que tiene en la recuperación de la resiliencia ecológica, social y económica su base y sus mejores opciones de futuro. Palabras clave: cambio climático, gestión, adaptación, resiliencia

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Introducción En la historia del Planeta Tierra, siempre han existido los cambios climáticos. A través de los millones de años han ocurrido diferentes eventos que han significado, a veces, cambios drásticos del clima, como las glaciaciones. Sin embargo, estos cambios han ocurrido en tiempos y ritmos que han permitido a las especies que poblaban el planeta procesos de adaptación a las nuevas circunstancias, o desaparecer. El problema con el cambio climático actual es que su ritmo y velocidad han sido acelerados drásticamente por los procesos de deterioro y degradación ecológica, social y económica, derivados de los modelos económicos aplicados a nuestros pueblos. El cambio climático ha venido a acelerar y a acrecentar esos procesos, generando altos niveles de vulnerabilidad y pérdida de potenciales y ofertas económicas del territorio y de sus ecosistemas, profundizando los problemas de pobreza, marginalidad e inseguridad en la población.

Objetivos Explicar cómo en las condiciones de países como Nicaragua, la adaptación es el camino a recorrer para reducir la vulnerabilidad ecológica, social y económica, y enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el territorio y sus procesos. Desarrollo del trabajo: (planteamiento, experiencias, formulación teórica, resultados, interpretación). El modelo de desarrollo y el cambio climático han reducido las capacidades y ofertas de los ecosistemas, amenazan seriamente los soportes de la vida y las condiciones para un desarrollo sostenible. Recuperar esas capacidades y ofertas es una tarea que debe ser asumida por la sociedad en su conjunto, por sus organizaciones, por sus instituciones y por las personas, es una tarea de todos. Para ello, una de las principales tareas es realizar una gestión sostenible del territorio, de manera que propicie la recuperación de la resiliencia social, ecológica y económica. Esto se traduce en una serie de medidas e instrumentos de gestión que permitan a los actores sociales y económicos, desarrollar sus actividades, revirtiendo el deterioro y restaurando las condiciones básicas del territorio. Demanda una nueva visión de la gestión ambiental y productiva, nuevos paradigmas del desarrollo y un nuevo orden climático internacional, en donde las partes asuman sus compromisos de manera seria, no solo políticamente vinculante, sino con acuerdos concretos legalmente vinculantes. Los países pobres y vulnerables no son emisores netos de gases de efecto invernadero GEI, y tampoco son responsables del calentamiento global. Son responsables de hacer

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un uso adecuado de la tierra, de adoptar prácticas productivas amigables, de impulsar economías con tecnologías bajas en carbono, de propiciar procesos de restauración y reducción de la fragmentación de los ecosistemas, una de las principales causas de la pobreza ambiental y social. Las instituciones y organizaciones sociales tienen la responsabilidad de formular políticas y compromisos que permitan a los actores económicos y territoriales desarrollar procesos que restauren los ecosistemas, que recuperen la conectividad del paisaje, y que signifiquen el establecimiento de espacios y de estilos de vida saludables. Para ello será imperativo romper los paradigmas y modelos importados de los países ricos, en donde las preocupaciones principales están dirigidas a la acumulación de capital y concentración de riqueza, y a una visión muy “verde” de la conservación, dejando al mercado la responsabilidad de resolver los problemas ambientales, cuando por su propia naturaleza, el mercado privilegia aquello que es ganancia y utilidades, dejando por fuera los costos ambientales y las llamadas externalidades económicas. Es importante romper estos paradigmas que sostienen la dependencia y las condiciones de empobrecimiento, no se puede seguir pensando en una conservación al estilo de los países ricos, cuya preocupación es por las especies, por la conservación de la biodiversidad, fuera del contexto social y económico en que esta se encuentra. Los países pobres tienen preocupaciones más concretas, seguridad alimentaria, pobreza, salud y educación, entre otros, y una tarea orientada a lograr justicia ambiental, del Norte con el Sur, y de la sociedad con los bienes naturales de la Madre Tierra, es decir con justicia ambiental. Por todo ello, abordar los temas del cambio climático, no debe ser solo tarea de la ciencia y de las instituciones, es tiempo de bajar el tema del cambio climático del cielo a la tierra, y procurar enfrentar los impactos y efectos de este fenómeno planetario, con medidas de diferente naturaleza, pero, sobre todo, con una gestión ambiental y territorial que reoriente los procesos productivos hacia prácticas sostenibles y amigables, agroecológicas. El tema del cambio climático, además, es una cuestión de Estado y de seguridad nacional, no se pude dejar semejante responsabilidad en manos de una sola institución. Se trata de una gestión del territorio de carácter transversal e intersectorial, se trata de que todos los sectores de la vida económica y social se orienten a trabajar para enfrentar y reducir sus efectos, recuperar resiliencia y sobrevivir en medio de un clima cambiante y de fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y de mayor intensidad. Es importante, entonces, desarrollar una nueva visión del territorio, un proceso de reordenamiento de la población y de la producción, que permita aprovechar los mejores potenciales y ofertas de bienes y servicios ecosistémicos, basado en nuevas prácticas

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productivas y en un uso del territorio de acuerdo con sus capacidades y potencialidades productivas y económicas, reducir la deforestación y restaurar áreas degradadas, incorporándolas a la vida económica nacional.

Conclusiones De todo esto, destacan tres elementos conclusivos, tanto hacia afuera como hacia adentro, estos son: a) Un proceso de negociación internacional que propugne por una justicia ambiental y por compensación por deuda ecológica. Esto quiere decir, que los países que son emisores netos de GEI, reduzcan sus emisiones y estabilicen a unas 350 ppm. De esta manera, si bien es cierto que no se revertirá el deterioro en el corto plazo, al menos se evitará seguir profundizando los daños causados al planeta y a la sociedad. b) Un proceso de sinergia y de alineamiento al interior de los países, de manera que la gestión ambiental y territorial, contribuyan a reducir la alta vulnerabilidad social, ecológica y económica, desarrollando procesos de adaptación al cambio climático, contribuyendo así a la necesidad global de reducir emisiones de GEI. c) Un desarrollo territorial y una gestión socioeconómica que reviertan el deterioro ambiental y social, y genere procesos que permitan a las comunidades sobrevivir en medio de un clima cambiante y de un territorio degradado, a través del establecimiento de formas de conectividad y corredores, de nuevas prácticas productivas y de nuevos marcos de políticas públicas, integrales, integradores, incluyentes e intersectoriales.

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13 de agosto de 2011 Local: Auditorio Xabier Gorostiaga S.J.

Sin medio ambiente no hay futuro...conservĂŠmoslo