DOCUMENTO DE ANÁLSIS ____________________________________ La sucesión del rector y la democratización de la UNAM
Juntas Defensivas Universitarias
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La sucesión del rector y la democratización de la UNAM Juntas Defensivas Universitarias
El rectorado de José Narro Robles se aproxima a su fin. Dada la profunda crisis que vive el país, el creciente autoritarismo y el avance de la ofensiva capitalista en casi todos los ámbitos de la vida nacional, este no será un proceso de sucesión cualquiera. Enrique Peña Nieto se ha convertido en el primer presidente en privatizar la renta petrolera, en conseguir la aprobación de la reforma laboral más reaccionaria en toda América Latina y en imponer una contrarreforma educativa que es la antesala de la privatización de toda la educación pública. Por este motivo lo que se debate no es sólo la disputa de tal o cual grupo por el máximo cargo de gobierno de la UNAM, sino todo su carácter público. La fecha límite para que la Junta de Gobierno anuncie quién será el sucesor de Narro es el 12 de noviembre, luego de que sus integrantes se hayan entrevistado con todos los candidatos y hayan tomado una resolución en secreto. Todos los sectores de la burocracia y los grupos de poder de la Universidad ya han empezado a disputarse entre sí el control de la institución, a sabiendas de que el grupo ganador la tendrá bajo su control por al menos por cuatro años. ¿Cuál debe ser la política de los estudiantes y de todos los universitarios en este proceso de sucesión? La demanda de una Universidad pública y democrática constituye una bandera histórica del movimiento estudiantil: desde la huelga de 1966 que derrocó al despótico rector Ignacio Chávez, hasta las luchas históricas de 1968, 1971, 1986 y 19992000, los estudiantes de la UNAM siempre han enarbolado la necesidad de democratizar la institución y poner su conocimiento y recursos al servicio del pueblo trabajador. Con el fin de contribuir al actual debate sobre la sucesión del rector y democratización de la UNAM, las Juntas Defensivas Universitarias (JDU), organización universitaria de reciente creación, pone al alcance de todos los estudiantes el presente documento de análisis, con el fin de tener una idea más precisa de todo lo que se encuentra en riesgo, así como la política que desde nuestro punto de vista es conveniente seguir.
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1. Una estructura de gobierno medieval La actual estructura de gobierno de la UNAM fue instituida por la Ley Orgánica de 1945 que decretó el Congreso de la Unión y que expidió el presidente derechista Manuel Ávila Camacho. Diseñada para una Universidad con apenas 21,300 estudiantes, dicha norma instituyó un sistema de gobierno extremadamente autoritario, excluyente y cupular, que ha asegurado que una pequeña elite mantenga el control de la Universidad por décadas. Hasta la primera mitad del siglo XX la UNAM fue una institución profundamente conservadora y elitista. Sólo con las luchas estudiantiles de los años sesenta el Estado y las élites universitarias se vieron obligadas, muy a su pesar, a abrirla a los jóvenes procedentes de familias trabajadoras y campesinas y a tener que incrementar de manera sustancial su matrícula y sus recursos. Sin embargo, con la entrada del capitalismo neoliberal en los años ochenta, la Universidad se fue quedando cada vez más rezagada de las necesidades sociales: no sólo su presupuesto fue recortado tajantemente sino que su matrícula se estancó y quedó muy por debajo de la demanda de los aspirantes. El Estado mexicano y las elites universitarias la convirtieron nuevamente en una institución altamente excluyente. Progresivamente la Universidad ha descuidado sus objetivos sociales, de generación de conocimiento crítico y transformador. En su estructura de gobierno se han instalado representantes que en tono con las políticas capitalistas, han socavado su autonomía, al mismo tiempo que han pasado a ser administradores gerenciales
que toman decisiones con
criterios
discrecionales y clientelares.
Estructura Orgánica
Con la Ley Orgánica de 1945 se creó una estructura de gobierno compuesta de tres órganos principales: la Junta de Gobierno; el Consejo Universitario y el rector. 1) La Junta de Gobierno. Es un órgano cupular compuesto por 15 personas elegidas al antojo del rector y que no rinden cuentas ante ninguna instancia. Entre las funciones de este órgano se encuentran nombrar al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos de la UNAM; designar a las personas que conformarán el Patronato de la Universidad; así como resolver los conflictos que surjan entre autoridades. La Junta de Gobierno está facultada para crear su propio reglamento
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interno, para sesionar de manera secreta y no tiene ninguna obligación de hacer públicas las minutas de sus sesiones. En síntesis, es un órgano del cual jamás se saben los criterios que toma para nombrar al rector, un cuerpo de funcionarios de estilo medieval, seleccionados de manera arbitraria y que tiene poder de decisión inapelable sobre una comunidad de más de 350 mil personas.
2) El Consejo Universitario: es el máximo órgano de decisión de la Universidad. Está capacitado para expedir normas y aprobar todas las disposiciones generales encaminadas al funcionamiento técnico, administrativo y docente de la institución. Está compuesto por el rector, los directores de Escuelas y Facultades, por los representantes de profesores y estudiantes de todas las dependencias de la UNAM y por los trabajadores, ¡pero con un pequeño detalle!: la burocracia en el Consejo Universitario se encuentra sobrerrepresentada. Para empezar el rector es el presidente del Consejo Universitario y la Ley Orgánica lo faculta para vetar los acuerdos del Consejo Universitario, en caso de que estos sean contrarios a sus intereses. Luego, los directores de Escuelas y Facultades, que suman casi 50 votos, tienen garantizada de manera directa su representación ante el Consejo Universitario, sin siquiera someterse a elecciones, como sí lo hacen los estudiantes y los profesores.
3) El rector. Según la Ley Orgánica, el rector será el jefe nato de la Universidad y su representante legal, además de que podrá ser reelecto una vez. El rector de la UNAM, además de concentrar una amplia cantidad de funciones administrativas y controlar al Consejo Universitario, tiene la capacidad exclusiva de proponer las ternas de quienes conformarán la Junta de Gobierno, así como las de los candidatos a ser directores de Escuelas y Facultades. La figura del rector fue hecha a imagen y semejanza del Presidente de la República; una figura política preeminente que mueve todos los hilos de la política universitaria, que otorga recompensas pero que reprime brutalmente cuando lo considera necesario.
En resumidas cuentas: la Junta de Gobierno elige al rector en forma secreta y no rinde cuentas a nadie; a su vez, el rector propone los perfiles de quienes conformarán la Junta 4
de Gobierno y los turna al Consejo Universitario, donde tendrá la mayoría asegurada con el voto de los directores, que dicho sea de paso, no se someten a elecciones. Por si no fuera poco la Junta de Gobierno será la instancia que a propuesta de las ternas del rector, elija a los directores de todas las Escuelas y Facultades de la UNAM. En el plano local, los Consejeros Técnicos son el máximo órgano de decisión y funcionan del mismo modo. ¿Se entiende ahora cuáles han sido las causas de los principales conflictos en la historia de la Universidad? Además de lo arriba mencionado, debe tenerse en cuenta que en la UNAM tienen un peso decisivo cinco gremios universitarios. Cinco grupos de poder que tienen múltiples conexiones con el poder político-empresarial y que haciendo uso de los recursos de la Universidad en su propio beneficio, han consolidado su poder sobre la propia institución y en diversas instituciones del Estado mexicano. Estos gremios son los médicos, los ingenieros, los abogados, los químicos y los científicos de llamadas “áreas duras”. Desde 1929 a la fecha, todos estos grupos se han turnado sucesivamente la rectoría y sólo como excepción, en 1970, permitieron que un sociólogo llegara a la Rectoría: Pablo González Casanova. Las élites de la Universidad se reproducen también de manera sanguínea. No es una coincidencia que un reducido grupo de familias hayan detentado el control de importantes sectores de la Universidad por décadas: los Sierra; los Chávez; los Soberón; De la Fuente; etcétera. Son estos mismos sectores los que durante el Congreso Universitario de 1990 y el intento de reforma democrática de la poshuelga de 1999 se opusieron una y otra vez a la idea de un Congreso que las despojara de sus privilegios. Tal y como las castas sacerdotales de la antigüedad, las elites universitarias se sienten dueñas y depositarias de la ciencia y la cultura mexicanas, y la historia nos demuestra que antes que pensar en ceder su control, estarán dispuestas a pelear hasta el fin para defender sus privilegios.
2. ¿Una Universidad populista? Uno de los argumentos favoritos de la burocracia para rechazar la democratización de la Universidad es la acusación de que los estudiantes pretendemos convertirla en una institución “populista”. Según esta idea, elegir democráticamente al rector, a los diferentes
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directores y representantes de los principales puestos de administración, terminaría sumiendo a la UNAM en un caos donde abundaría el enfrentamiento y la violencia; donde los criterios para elegir a los funcionarios serían políticos antes que académicos; y donde los
partidos y grupos empresariales
intervendrían
descaradamente
en
asuntos
universitarios. Recientemente el ex rector De la Fuente declaró con indignación para El Universal: “Eso no puede ser, los temas de la universidad tienen que ser resueltos por universitarios”. (24/08/2015). Viniendo de Juan Ramón De la Fuente estas palabras no pueden resultar más hilarantes. De la Fuente llegó a la Rectoría de la UNAM en noviembre de 1999 por mandato del presidente Ernesto Zedillo y con el único propósito de acabar por medio de la fuerza con la huelga estudiantil de ese año. De la Fuente hasta entonces desempeñaba el cargo de secretario de Salud del gabinete presidencial y su designación se hizo con todo menos con apego a la autonomía universitaria o a criterios académicos. Fue apoyado por el PRI, por el PRD, por el PAN, por el clero y hasta las cúpulas empresariales, pero no por la comunidad universitaria que desde un inició rechazó su imposición. La burocracia y los grupos de poder que se han enriquecido a costa del presupuesto de la Universidad afirman no querer que la institución se politice, pero lo que en realidad quieren decir es que no desean que miles de estudiantes, profesores y trabajadores que la componen, interfieran con sus intereses políticos, con sus privilegios, ni que cuestionen el modo en que conducen los asuntos de la institución. En buena medida esto se debe a que la historia de las elites de la UNAM re remontan a la época porfirista y hasta colonial. No es por ello novedad que las elites universitarias miren con desprecio el modelo de universidad de masas, pues desde su punto de vista la Universidad Nacional debería ser una institución amurallada y de vanguardia (en el sentido de las universidades elitistas estadounidenses), orientada a educar sólo a los estudiantes con mejor solvencia económica y donde llegar a sus aulas sean una excepción para los hijos de los trabajadores. Dicho sea de paso, el movimiento estudiantil de la UNAM jamás ha defendido un modelo de universidad “populista”, si se entiende por esto, un esquema de universidad donde se tomen decisiones con base en criterios políticos y no académicos, donde sólo domine una corriente ideológica o donde todas las decisiones deban tomarse de modo asambleario, sin normas claras u órganos de gobierno. Esta es una burda caricaturización que las elites han difundido en innumerables ocasiones para acusar de insensatos a quienes luchamos por una reforma democrática. 6
¡Por el contrario! Los estudiantes sabemos lo relevante que es la Universidad para el desarrollo nacional y queremos una institución educativa de alta calidad científica y humanista, que pueda poner todo su potencial al servicio del pueblo trabajador y de las necesidades sociales más apremiantes. Sin embargo, los estudiantes también somos conscientes de que, para que ello sea posible, es necesario extirpar la estructura de gobierno autoritario encabezado por la Junta de Gobierno y es por ello que demandamos que la Universidad se democratice, se modernice y se expanda. Que sin reducir su calidad académica abra sus puertas a los hijos de los trabajadores y sirva como modelo para abrir más espacios universitarios públicos, científicos y de alta calidad por todo el país.
3. Lo que la burocracia entiende por Autonomía
Otro de los argumentos preferidos de la burocracia para oponerse a la democratización de la UNAM es que “la Junta de Gobierno brinda estabilidad a la institución”. Lo que nunca nos han podido explicar estos señores es por qué toda la historia de la Universidad demuestra precisamente lo contrario. Todos los conflictos más sobresalientes desde que se expidió la actual Ley Orgánica (de 1945 a 2015), han sido producidos por el autoritarismo y la forma antidemocrática con que una pequeña cúpula de funcionarios toma decisiones. Los conflictos derivados por el intento de los distintos rectorados de imponer cuotas; las luchas contra las reformas verticales a los planes y programas de estudio; las movilizaciones para erradicar el porrismo; los conflictos laborales y académicos; todos estos conflictos sin excepción, han surgido o han sido agravados por la estructura medieval de gobierno que prevalece en la UNAM. La élite universitaria encabezada por el grupo de ex rectores, Guillermo Soberón, José Sarukhán, Francisco Barnés y Juan Ramón De la Fuente, han salido en innumerables ocasiones a decir que la Junta de Gobierno garantiza y da estabilidad a la institución y evita que se hunda en un caos, pero bajo el actual modelo autoritario de gobierno ¡eso es precisamente lo que no sucede! Cada que se aproxima la designación de un rector, los distintos grupos políticos y empresarios intervienen abiertamente en la vida universitaria y generan inestabilidad movilizando a grupos porriles para favorecer a candidatos específicos. La reciente reactivación de los porros del “3 de marzo” en CCH Vallejo, 7
históricamente sostenidos por funcionarios perredistas de la delegación Gustavo A. Madero, es el ejemplo perfecto de que los partidos políticos y el ejecutivo federal son los primeros en intervenir en la elección de directores y del mismo rector, por lo que la Junta de Gobierno en absoluto es una garantía de estabilidad. Los principales partidos políticos tienen representación en la Junta de Gobierno a través de la red de nexos que los principales grupos de poder de la Universidad han creado con el aparato estatal; a su vez los grupos empresariales tienen injerencia directa por medio de los vastos negocios y jugosos contratos que han entretejido con los institutos de investigación. Durante la administración de José Narro Robles, un extenso territorio de la Universidad ubicado en Avenida del Imán, recibió el nombre del empresario y banquero Alfredo Harp Helú. Pagado exclusivamente con recursos de la Universidad, las elites decidieron homenajearlo de esta manera sin que el poderoso multimillonario, rescatado con el fraude del Fobaproa en 1995, pusiera un solo centavo. Este último ejemplo, nos brinda una idea clara del sentido que la burocracia y las elites le dan a la autonomía. Para ellos la autonomía significa el margen de independencia que tienen del aparato estatal para poder conservar sus privilegios y realizar jugosos negocios en nombre de la Universidad. Además, como fiel reflejo del sistema presidencialista mexicano, en la UNAM el grupo de ex rectores no sólo siguen siendo mantenidos con pensiones vitalicias por el presupuesto de la institución, sino que además forman parte de una camarilla que sigue teniendo injerencia en la vida universitaria.
4. El rectorado de José Narro Robles No puede entenderse a los rectorados de Juan Ramón De la Fuente (1999-2007) y José Narro (2007-2015) sin tomar en cuenta que el grupo de poder que ellos representan, tomó las riendas de la Universidad luego de la huelga universitaria de 1999-2000. Este grupo de poder si bien no plantea una privatización tan acelerada como en su momento lo hizo el sector más derechista de la burocracia (los ex rectores Barnés y Sarukhán), sí ha hecho importantes concesiones a la iniciativa privada y a las grandes empresas transnacionales en la Universidad, cediéndole atribuciones cada vez más amplias. En sintonía con las necesidades de abaratar y tecnificar la educación superior, las autoridades han promovido programas que son diseñados desde las corporaciones
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empresariales, formando estudiantes que en lugar de luchar por la transformación social, son mano de obra barata, sin conciencia de su capacidad creadora, humanista y científica. El lucro que se hace a través de los crecientes cobros de los centros de investigación, facultades y posgrados, ha ido desdibujando el carácter gratuito de la Universidad. Asimismo, la renta de espacios a compañías privadas, así como los acuerdos con empresas de dudosa actuación ética, que las autoridades justifican como necesaria para obtener recursos adicionales, rompe el carácter público de la institución. Los representantes de esta casa de estudios deberían estar demandando un incremento del presupuesto, conforme a las necesidades de la comunidad universitaria y luchando por la expansión de la misma, pero en su lugar han puesto la Universidad cada vez más al servicio de los intereses del mercado.
5. La amenaza de privatización y la democratización de la UNAM
Es sabido que existen dos candidatos enviados por Peña Nieto para contender por el cargo de rector, mismos que de llegar a la Rectoría acelerarían las reformas privatizadoras y atentarían contra la autonomía de la UNAM: por una parte Bolívar Zapata, investigador bioquímico que recientemente fungió como coordinador de Ciencia y Tecnología de Peña Nieto; y por otra, Sergio Alcocer Martínez, ex secretario general de la rectoría de la UNAM y quien recientemente fungió también como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El gobierno de Peña Nieto está muy interesado en acabar de una vez por todas con el carácter nacional y público de la UNAM. La amenaza de la Secretaría de Hacienda de recortar los fondos de las tres principales instituciones de educación superior del país (UAM, IPN, UNAM) es una advertencia seria de lo que están pensando estos señores. El peligro de una restauración conservadora en la UNAM que aniquile todos los derechos estudiantiles y su carácter público, es una amenaza real y el gobierno y sus lacayos ya están preparándose para ello. Sin embargo, estos sectores también saben que avanzar contra la Universidad pública tampoco será una tarea fácil. La experiencia de la huelga de 1999 les dejó un amargo sabor de boca que todavía no se pueden quitar y saben que es necesario utilizar una táctica más inteligente. Durante los últimos 15 años la conciencia sobre la importancia 9
de la universidad pública se ha fortalecido sustancialmente entre amplios sectores de los estudiantes, trabajadores y familias de los universitarios. No por casualidad tanto Sergio Alcocer como Bolívar Zapata han estado diciendo que no implementarán cuotas en la UNAM o que defenderán la autonomía universitaria. La presión mediática en su contra ha sido mucha en los últimos días. Sin embargo una vez en el poder, bien podrían cambiar su discurso sin el menor empacho y decir que es necesario implementar reformas urgentes, “modernizar a la UNAM”, etcétera. Todos ellos son conscientes que a corto plazo será difícil asestar un golpe abierto contra el carácter público de la Universidad, que primero tendrán que debilitar a
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organización estudiantil, incrementar el nivel del porrismo, arrebatar espacios estudiantiles y acelerar reformas secundarias de modo que puedan asegurar las condiciones para entonces sí, plantear el incremento de cuotas, la reducción agresiva de la matrícula y otras tantas medidas que en el pasado hemos visto. Para asegurar la desarticulación y privatización de la UNAM, Peña Nieto necesita poner primero una cuña en la Universidad, es decir, un candidato afín a sus intereses. Un candidato que se distancie abiertamente de anteriores rectorados que han estado maniatados para cumplir su agenda. Peña Nieto no ha sido perezoso en esta tarea y desde que inició su sexenio se ha aproximado a los integrantes de la Junta de Gobierno ofreciéndoles puestos de primer nivel y premios, con el fin de tener asegurado su voto. Un ejemplo de ello es la integrante de la Junta de Gobierno Teresita Corona Vázquez, a quien Peña Nieto le concedió la condecoración “Dr. Eduardo Liceaga” el pasado 7 de abril de 2015. Similares acercamientos han ocurrido con los demás integrantes de dicho organismo, que han ocupado diversos puestos en la administración pública o que tienen diversos vínculos con el poder político empresarial.
6. ¿Qué posición debemos defender los universitarios?
Por supuesto debemos rechazar la intervención del régimen derechista, antinacional y oligárquico en la UNAM. Debemos decir claramente: ¡No queremos a Bolívar Zapata ni a Alcocer en la Rectoría! Debemos enviar un mensaje claro y contundente a todos los integrantes de la Junta de Gobierno de que si se atreven a imponer a los candidatos de Peña Nieto se enfrentarán desde el primer día a un movimiento estudiantil decidido a luchar enérgicamente por la defensa del carácter público y gratuito de la Universidad.
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Pero esto no es suficiente. Además de tener una posición frente a los candidatos de Peña Nieto, es también necesario tener una posición frente a otros sectores de las autoridades que en otras ocasiones han sido cómplices de medidas privatizadoras y de represión contra el movimiento estudiantil. Desde las JDU consideramos que la mejor forma de defender a la Universidad de la injerencia del gobierno es mantener una posición completamente independiente de toda la burocracia, incluso aquella que se dice progresista o de izquierda. Hace algunos días los consejeros universitarios de la FCPyS dijeron ante el pleno del Consejo “no queremos que el PRI vuelva a la Universidad”. (La Jornada en línea, 18/09/2015). Lo que no saben estos compañeros es que el PRI no tiene necesidad de regresar a la Universidad, ¡porque nunca se fue! El PRI controla los principales cargos de la UNAM desde hace varias décadas y ha podido sostenerse en ellos gracias a la colaboración de diversos funcionarios ligados al PRD y a otras formaciones políticas. De hecho durante los dos sexenios panistas, los históricos funcionarios priístas y perredistas tuvieron la oportunidad de afianzar sus cotos de poder y adquirir relativa independencia del aparato estatal. ¿Cómo explicarían que Sergio Alcocer fuera Secretario General de la UNAM en el rectorado de Narro? Por otra parte, quienes han estado defendiendo la candidatura de Rosaura Ruiz, bajo el argumento de que es una candidata progresista, bajo la cual la universidad estaría a salvo de la privatización y la injerencia del gobierno federal, olvidan toda la clase de ataques que su grupo de poder cometió contra el movimiento estudiantil universitario de 1999-2000. De hecho el grupo de Rosaura Ruiz no se encontraba del todo en contra de las cuotas en 1999. Sus diferencias con el rector Barnés residían en los tiempos para implementarlas y en la necesidad de llegar a un consenso entre una comunidad universitaria muy elitizada. Rosaura Ruiz asumió más tarde la Secretaría de Desarrollo Institucional con De la Fuente y fue cómplice de masivas expulsiones contra activistas estudiantiles. En todo caso debe tenerse en cuenta que si este grupo de poder no pudo imponer reformas privatizadoras en su momento, no se debió a su benevolencia o a sus buenas intenciones, sino a que la correlación de fuerzas que el movimiento estudiantil de 1999 los ató de pies y manos para pensar nuevamente en ello. La autonomía que defendemos quienes participamos en las JDU, dista sustancialmente de la que defienden los burócratas. Con autonomía nos referimos por supuesto a la capacidad que tiene la Universidad de gobernarse a sí misma, de definir sus planes y programas de estudio y la forma cómo se vincula con la sociedad; pero nosotros a 11
diferencia de la burocracia, pensamos que la defensa de la autonomía implica también la defensa de su carácter público y gratuito frente a un régimen voraz que dilapida todas las conquistas sociales y que desde hace más tres décadas entrega todos los recursos estratégicos a los capitalistas nacionales y extranjeros. Consideramos que la Universidad debe ponerse acorde con los retos que implica la gran crisis en la que se encuentra sumergido el país. En este sentido pensamos que en lugar de un programa privatizador y excluyente, nuestra universidad debe fortalecer su carácter nacional-público y abrir las condiciones que permitan que sus integrantes tomen parte activa de las decisiones que más les afectan, como la modificación a los planes de estudio, los proyectos de investigación y difusión, la elección de sus representantes –que incluyen a su rector-, la difusión cultural, entre muchas otra tareas importantes para el país. La UNAM es una conquista de los jóvenes y del pueblo trabajador mexicano, y debe estar a su servicio. Es momento de defenderla de la rapacidad del régimen y los capitalistas. Para ello es necesario democratizarla y acabar con los privilegios de la casta de burócratas que durante décadas la han gobernado. ¡Que toda la comunidad universitaria se ponga en pie! ¡Todos a luchar en defensa de su carácter público y gratuito! ¡No a la imposición de los candidatos de Peña Nieto en la UNAM! ¡Abajo la Junta de Gobierno!
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